Aspectos prácticos de los procesos matrimoniales y de los expedientes de familia

Aspectos prácticos de los procesos matrimoniales y de los expedientes de familia

Aspectos prácticos de los procesos matrimoniales y de los expedientes de familia

Alberto M. Santos Martínez

Doctor en Derecho y Magistrado

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© AFERRE EDITOR S.L. 2019

© Alberto M. Santos Martínez 2019

Diseño de cubierta: Clara Batllori

Primera edición junio 2019

ISBN: 978-84-949259-8-6 (papel)

ISBN: 978-84-949259-9-3 (digital)

Depósito Legal: B 12169-2019

Edita: AFERRE EDITOR S.L.

Gran Vía de les Corts Catalanes, 510

08015 Barcelona

aferreeditor@gmail.com

Impresión y encuadernación: Ulzama Digital

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A mis padres, alberto y tere

Índice

Introducción

Capítulo I. Concepto y aspectos generales

1. Los procesos matrimoniales

2. Características de los procesos matrimoniales

2.1. Limitación del principio dispositivo.

2.2. Intervención del Ministerio Fiscal

2.3. La actuación de oficio del Tribunal

2.4. Exclusión de la publicidad

2.5. Tramitación preferente

2.6. Estimulación del acuerdo

2.7. Flexibilidad

Capítulo II. Fase declarativa (I). Competencia. Medidas. Demanda y contestación

1. Aspectos competenciales

2. Medidas provisionales

3. Demanda

4. Contestación. Reconvención

5. El sometimiento de la controversia a mediación

6. Peticiones de mutuo acuerdo

Capítulo III. Fase declarativa (II). Prueba. Sentencia. Modificación de Medidas

1. Celebración de la vista

2. Prueba

3. Sentencia

4. Modificación de medidas

Capítulo IV. Recursos. Fase de ejecución. Procesos con elemento extranjero

1. Recursos

2. Ejecución

2.1. Título ejecutivo. Demanda

2.2. Despacho de ejecución. Incumplimientos y medidas ejecutivas.

2.3. Oposición a la ejecución.

3. Procesos con elemento extranjero

Capítulo V. Expedientes de jurisdicción voluntaria en materia matrimonial

1. Aspectos generales

2. Intervención judicial en materia de patria potestad

3. Desacuerdos conyugales y administración de bienes

Introducción

En la presente obra se analizan, desde una perspectiva eminentemente práctica, las cuestiones procesales que en general se suscitan en la tramitación de los procesos matrimoniales. Este análisis se complementa con el examen de los expedientes de jurisdicción voluntaria en materia de familia.

Al tratarse de un estudio de aspectos procesales prácticos, se prescinde del análisis de aspectos de fondo, relacionados con el contenido o sentido de las medidas de naturaleza personal y económica, así como de aquellos otros pronunciamientos que suelen adoptarse por la autoridad judicial en este tipo de procesos.

El trabajo se divide esencialmente en tres partes. En la primera de ellas, de carácter general y coincidente con el Capítulo I, se analizan aspectos conceptuales y cuestiones generales relacionadas con los procesos matrimoniales. El objeto de este apartado es destacar las específicas características de estos procesos, pues en buena parte ello permite entender que los parámetros comúnmente aceptados para el proceso civil difieren en los procesos matrimoniales y que, por sus características, posibilitan soluciones prácticas distintas. La segunda parte, más extensa –motivo por el que se le dedicarán varios capítulos- analiza los problemas prácticos de los procesos matrimoniales en las distintas fases procedimentales. Y, por último, la tercera, se centra en los expedientes de jurisdicción voluntaria que regulan aspectos relacionados con las relaciones matrimoniales y el ejercicio de la patria potestad, en aras a plantear los aspectos que ofrecen más dudas y sus propuestas de solución.

A fin de dotar de agilidad a este trabajo se ha optado por usar un sistema de preguntas/respuestas, de manera que se plantea la cuestión práctica dudosa para, a continuación, ofrecer la respuesta que viene adoptándose por los Tribunales o, en su caso, proponer soluciones cuando la pregunta formulada carezca de un tratamiento específico. En este sentido, aunque buena parte de las respuestas que se ofrecen son el resultado del examen de las resoluciones de los Tribunales, se opta también por ofrecer planteamientos novedosos, fruto de análisis doctrinal y de la experiencia práctica.

Precisamente, la propia metodología del trabajo limita el objeto de análisis, de forma que se prescinde del examen complejo de la tramitación de los distintos procesos matrimoniales. Sin perjuicio de ello, y casi de forma inevitable, el abordaje de las cuestiones sigue la sistemática de la LEC y, en concreto, el trámite procedimental. De ahí que, desde una perspectiva metodológica, se ha considerado conveniente que, sobre la base de un determinado trámite o fase procedimental, se planteen aquellas cuestiones prácticas que de manera reiterativa suelen plantearse en los Juzgados con competencia en materia de familia. Se combinan así explicaciones teóricas con el planteamiento de cuestiones prácticas.

Pese a que el trabajo tiene cierta vocación generalista, resulta lógico pensar que no es posible analizar todas y cuantas cuestiones, aun de forma general o particular, puedan plantearse en la práctica procesal. Por esta razón se plantean solamente aquellas cuestiones que, a juicio del autor y dada su experiencia profesional, suelen repetirse en mayor o menor medida.

El análisis se complementa con la exposición de valoraciones y propuestas tendentes a mejorar el actual sistema y a facilitar herramientas al práctico del Derecho para que pueda disponer de respuestas útiles y eficaces para los problemas procesales ante los que, en general, puede enfrentarse en los procesos matrimoniales y en los expedientes de jurisdicción voluntaria en materia de familia.

Capítulo I

Concepto y aspectos generales

1. Los procesos matrimoniales

La LEC regula en el Capítulo IV del Libro IV, bajo la rúbrica de los procesos matrimoniales y de menores, aquellos procedimientos tendentes en general a regular los efectos personales y económicos producidos como consecuencia de la ruptura conyugal. A través de los procesos matrimoniales se busca acomodar a un nuevo escenario las relaciones entre los que fueron cónyuges y entre estos y los hijos menores o con la capacidad modificada judicialmente, si los hubiere. Acomodo necesario no solamente desde el plano personal sino también desde la perspectiva económica, tratando de buscar el máximo equilibrio entre los cónyuges y sus hijos y también con respecto a la contribución a las cargas del matrimonio.

El carácter especial de los procesos matrimoniales reside en esencia en el interés público presente en estos así como en el significativo carácter de las relaciones familiares, circunstancias que permiten modular el principio dispositivo y facilitar un mayor intervencionismo del Tribunal tanto en la iniciativa probatoria como en la adopción de oficio de las medidas que considere oportunas para regular los efectos de la ruptura en relación a los hijos menores o con la capacidad modificada judicialmente. Estos rasgos característicos son los que probablemente han provocado que el legislador les dedique un capítulo específico.

La especial naturaleza de los procesos matrimoniales tiene reflejo también en su tramitación. Y así, aunque con carácter general según dispone el art. 753 LEC, los procesos matrimoniales se sustancian por los trámites del juicio verbal, el legislador estableció una serie de reglas especiales en su tramitación que en su momento la alejaban del procedimiento verbal, si bien tras las últimas reformas legales se han reducido estas diferencias. En concreto, estaba previsto el traslado para contestar la demanda –cuando en la regulación anterior a la reforma operada ex Ley 42/2015, se citaba directamente a vista en el juicio verbal- al que se sumaba el trámite de conclusiones orales una vez practicada la prueba (en el juicio verbal todavía siguen siendo potestativas). Dichas especificidades son más acentuadas en la sustanciación de las medidas provisionales y en las peticiones de separación o divorcio de mutuo acuerdo, supuestos en los que la tramitación se aleja notablemente de la del juicio verbal¹.

En definitiva, la tramitación de los procesos matrimoniales difiere de la de los procesos ordinarios no solo en cuanto a su sustanciación sino también en aspectos de carácter general. Podría decirse que los principios sobre los que se fundamenta el proceso civil ordinario aparecen modulados y adaptados a la dimensión pública y especial naturaleza del proceso matrimonial. Ello se traduce, en la práctica, en ciertas restricciones en la disposición del objeto del proceso y en un mayor grado de intervencionismo público, al exigir en algunos supuestos la presencia del Ministerio Fiscal y al permitir la actuación de oficio del Tribunal, tal y como analizaremos a continuación.

2. Características de los procesos matrimoniales

2.1. Limitación del principio dispositivo.

A diferencia del, podríamos denominar, proceso civil general u ordinario, donde las partes son las soberanas del objeto del proceso, en los procesos matrimoniales en principio carecen de eficacia la renuncia, el allanamiento y la transacción, requiriendo el desistimiento la conformidad del Ministerio Fiscal en algunos supuestos (art. 751 LEC). Esta limitación no impide que las partes puedan disponer libremente de aquellas materias que según la legislación civil aplicable son susceptibles de renuncia, allanamiento, transacción o desistimiento. Se trata así de encajar la indisponibilidad del proceso con la posibilidad que tienen los cónyuges de solicitar la separación o el divorcio de mutuo acuerdo o por uno de ellos con el consentimiento del otro –art. 777 LEC– pactando aquellos acuerdos para regular las consecuencias de la separación o divorcio que, conforme al art. 90 CC2, debe contener el convenio regulador.

2.2. Intervención del Ministerio Fiscal

Expresamente prevista en el art. 749 LEC, la actuación preceptiva del Ministerio Fiscal va encaminada a la protección en el proceso de los intereses de los hijos menores o con la capacidad modificada judicialmente del matrimonio. En la práctica su intervención se limita a analizar aquellos aspectos del convenio regulador que afectan a los hijos del matrimonio en el procedimiento de mutuo acuerdo, mostrando su conformidad u oposición con los mismos; y a la defensa de los intereses de los menores o personas con la capacidad modificada judicialmente en el procedimiento contencioso, sin perjuicio de la posibilidad que tiene