Patriotismo constitucional: El Patriotismo que necesitamos, 2020
La Constitución Dominicana nos describe como un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado b... more La Constitución Dominicana nos describe como un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado bajo el respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales, con el objetivo de crear una nación que permita a cada ser humano desarrollarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva (Art.8). Esta noción de la construcción de un Estado igual para todos, no siempre logra un traspaso efectivo en el ejercicio práctico del respeto e igualdad de los derechos fundamentales de las personas. Distintos excesos patológicos, de ciertas ideologías, han afectado directamente el ejercicio de los principios democráticos. Entre estos, resalta uno de los más atroces: el patriotismo/nacionalismo irracional. Durante cientos de años, el patriotismo ha sido utilizado para dividir y marcar diferencias entre distintas sociedades, mientras el nacionalismo se confirma en el siglo XVIII como un concepto que exalta la población y nación soberana frente a la monarquía absoluta, con inspiraciones de libertad bajo el ejercicio de derechos inherentes a las personas, y la idea de promoción de las libertades de los pueblos. Sin embargo, este concepto ha sido utilizado por distintas ideologías como eje central para encaminar una política divisoria basada en la etnia, xenofobia y el odio. El profesor Rolf Stemberger propone el concepto de patriotismo constitucional como una respuesta que recupera los valores del republicanismo y la concepción ilustrada del nacionalismo racional (Barba Martínez, 2003). El filósofo Jürgen Habermas en 1986 desarrolla y difunde el concepto de patriotismo constitucional, como mecanismo para fortalecer la idea de patria hacía la defensa de la Constitución y las normas, las cuales deben funcionar para todas las personas sin ninguna distinción de origen religioso, cultural y étnico. Se presenta como una superación al nacionalismo y patriotismo excluyente, que vuelve a la idea ilustrada de respeto a la Constitución y las normas; principalmente por lo que implica el entendimiento de esta idea, ante el crecimiento de un mundo cada vez más globalizado y multicultural. El patriotismo constitucional ha venido a plantear, que la nueva identidad generadora de cohesión para un proyecto colectivo de nación, debe ser la lealtad a la Constitución y la aceptación de los valores y de las reglas de juego constitucionales, no en su caso, la identidad racial, étnica, religiosa u cualquier otra que pueda utilizarse para la lucha "patriótica", puesto a que como apuntaba La Bruyére "no hay patria alguna en el despotismo". Esta concepción del patriotismo nos permite convivir en mayor armonía en un Estado Social y Democrático de Derecho. La Constitución es el principal pacto social de la nación, y es donde se encuentra la garantía a las
Basándonos en la jurisprudencia comparada, caso Great Western Railway v. London and County Banki... more Basándonos en la jurisprudencia comparada, caso Great Western Railway v. London and County Banking Co. (1901), se afirmó que un cliente debe tener una cuenta corriente o una cuenta de depósito o alguna relación similar con el banco. Sin embargo, no todos los "clientes" de los bancos depositan dinero y pueden, depositar objetos de valor, pero los bancos consideran a esas personas como clientes. En el caso Woods v. Martins Bank Ltd y otro (1959), se consideró que Woods se convirtió en cliente cuando realizó una inversión en una empresa por consejo del gerente, aunque su cuenta no se abrió durante algunas semanas a partir de entonces. Sin embargo, en República Dominicana algunos ni siquiera se les permite tener la opción de ser cliente. La protección del consumidor se encuentra en el corazón de muchas iniciativas regulatorias y leyes bancarias, que a menudo buscan abordar o reequilibrar la posición superior de negociación de los bancos en la relación banco-cliente. Las fuentes públicas de regulación de la ley en la regulación bancaria van desde la regulación internacional hasta la nacional. De este modo hemos visto como el superintendente de Bancos de República Dominicana, Alejandro Fernández, anunció que impulsará en su gestión "un proyecto de norma para regir las cuentas de nómina y evitar viejas prácticas como la negación a un exconvicto o a una persona morosa de tener una cuenta bancaria de este tipo". Podemos justificar la intervención del Estado de modo que se logre un equilibrio que privilegie el auge económico de su sociedad. El Tribunal Constitucional en su sentencia TC/0396/19, de fecha 1 de octubre de 2019, en la cual estableció que: "al no existir en el expediente ningún documento que pruebe que la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación haya solicitado directamente dicha cuenta nominal a la institución de intermediación financiera, y el mismo recurrente admitir que ha cobrado sus salarios por cheque hasta el momento, y según la comunicación de la Superintendencia de Bancos, las entidades de intermediación financieras tienen la facultad de reservarse el derecho de realizar negocios con las personas que ellos consideren no aptas para tales fines, y quien debe de realizar dicha solicitud de apertura de manera formal es la institución empleadora, sin discriminación alguna". El Tribunal Constitucional consideró que es función esencial del empleador solicitar la cuenta nominal en donde el empleado recibirá el pago por el trabajo realizado, ya que: "las cuentas nominales, a diferencia de las cuentas personales, deben de ser solicitadas por el empleador, en este caso, el Ministerio de Educación de la República Dominicana, por tanto, este tribunal estima que a diferencia de lo alegado por el recurrente, no se confirma violación de derechos fundamentales, tales como, el derecho al trabajo". El rol de subordinación laboral que existe es entre el empleado solicitante de la apertura de una cuenta nominal y el empleador, por lo que la vulneración a derechos fundamentales comienza por quien debe de garantizar condiciones de igualdad
El acceso a la electricidad tiene un impacto en la calidad de vida y desarrollo de las personas p... more El acceso a la electricidad tiene un impacto en la calidad de vida y desarrollo de las personas para obtener una educación de calidad, comunicación, salud y la preparación de alimentos sin la contaminación medioambiental por el uso de la leña o el carbón vegetal. El acceso a la electricidad es, un recurso clave para mejorar nuestras vidas y satisfacer nuestras necesidades. Es razonable, encontrar formas de proteger y promover dicho acceso a la población, sobre todo que dicha energía sea una energía limpia y no contaminante, como se ha establecido en el ODS7 para el año 2030. Defendemos la posición de que la electricidad es un derecho humano derivado, cabe destacar que un derecho derivado, es lo que Jaakko Kuosmanen "Repackaging Human Rights: On the Justification and the Function of the Right to Development", considera un derecho basado en otros derechos. Los derechos derivados son necesarios para proteger o satisfacer lo que Henry Shue llama derechos básicos, que en nuestra Constitución se catalogan como Derechos Fundamentales. Un derecho básico está directamente relacionado con la protección o promoción de una necesidad humana, como la vida o la vivienda. Esta es la posición de Stephen Tully (The Human Right to Access Electricity), quien afirma: El acceso a la electricidad ya está bien establecido en el marco de los derechos humanos, ya sea como un atributo implícito de un derecho preexistente (no discriminación, vida digna, vivienda, salud y desarrollo sostenible) o en el único acuerdo internacional que menciona explícitamente la electricidad que es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), dicha convención especifica que las mujeres deben tener condiciones de vida adecuadas, incluido el acceso a la electricidad y el agua. Los beneficios de esta posición es que el acceso a la electricidad puede protegerse adecuadamente en una sociedad que concibe una vivienda digna como un derecho humano y que la vivienda incluye acceso a electricidad. Podemos destacar la Resolución 66/288 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulada "El futuro que queremos", la cual copia de manera íntegra el documento final de la Conferencia de la ONU Río + 20, el párrafo 125 de la disposición final del documento acentúa claramente la importancia del acceso a la energía para el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, el derecho al más alto nivel de vida posible y el derecho al desarrollo. Nuevamente es digno de mención que la atención se centra en la importancia derivada de la energía. Entonces: ¿se puede concebir el acceso a la electricidad como un derecho? Es comprensible concebir el acceso a la electricidad como una especie de derecho, ya que es coherente con la terminología actual. En segundo lugar, ¿qué tipo de concepción de los derechos es la más apropiada para tal derecho? He argumentado que el acceso a la electricidad como derecho comienza con la consideración de derechos sobre otros recursos, como el agua. Por tanto, debemos entender la electricidad como un derecho derivado. El derecho a la electricidad a menudo es necesario para proteger nuestros derechos básicos, por ejemplo, a la vida y a cosas materiales como una atención médica y educación. Aun así, lo esencial es la vida, la vivienda, la atención médica y la educación, no la electricidad. Esta distinción es importante ya que la búsqueda de los derechos humanos básicos es un objetivo digno. Esta búsqueda no debe de esperar tomando en cuenta la disponibilidad actual de energías asequibles y no contaminantes.
Una mirada a la Constitución Económica dominicana, 2020
Si bien el Derecho y la Economía a simple vista parecen ser los clásicos disidentes, lo cierto es... more Si bien el Derecho y la Economía a simple vista parecen ser los clásicos disidentes, lo cierto es que el desarrollo integral de una sociedad requiere sin duda de la sinergia de ambas ciencias, y el constitucionalismo moderno no es ajeno a esta realidad. En ese sentido, uno de los aspectos más notables del constitucionalismo de hoy, es la presencia de los principios rectores de la actividad económica. En consonancia con esta idea, las constituciones actuales, por lo general, además de su contenido político y social tradicional, poseen un contenido a veces explícito y otras derivado, dirigido a ordenar la actividad económica pública y privada. Hablamos entonces de constitución económica. El concepto de constitución económica se estima nació en Alemania a final del sigo XIX y principios del XX permeando sucesivamente la doctrina constitucional europea e influyendo en el resto de las constituciones del mundo. Este concepto en sí mismo suscita grandes discusiones, por ello la doctrina constitucionalista sigue sin ponerse de acuerdo. Nosotros de manera formal llamaremos constitución económica a todos los postulados expresados en la constitución que guardan relación con el quehacer económico de la sociedad. Normalmente al hablar de constitución económica surge la expectativa de que el modelo económico de la sociedad en cuestión y que va a regir la actividad estatal, esté definido en la Constitución; así como la forma en que el Estado va a intervenir desde el aspecto regulatorio, lo cual hace renacer el debate en torno al esquema que otorga el mejor funcionamiento de la economía. En este texto no pretendemos abordar ese debate, sino más bien observar la presencia de este fenómeno en la Constitución dominicana. En la tesitura anterior, a nuestro entender la Constitución dominicana vigente, no define expresamente la forma de intervención económica a seguir, sin embargo, tampoco es ajena al fenómeno del constitucionalismo económico, pues consagra en su texto varios derechos, entre ellos, la Libertad de empresa (artículo 50), Derecho de Propiedad (artículo 51), y Derecho al Trabajo (artículo 62) de contenido y trascendencia indiscutible para la vida económica de la sociedad. El hecho de que, a nuestro juicio, la Constitución económica dominicana no defina expresamente el tipo de intervención económica a seguir, lo cual la hace flexible y esto lejos de ser un defecto, es más bien una ventaja, pues sin dejar de preservar libertades y derechos fundamentales, permite que sin reformas constantes a la Constitución, el Estado se pueda ajustar a las necesidades socioeconómicas del momento, así como al grado de intervención que sea requerido en cada sector económico, tomando en cuenta la situación de los distintos mercados. Así, coincidimos con Brewer (Madrid, 1991) quien en resumidas cuentas entiende que, en materia económica, "la flexibilidad en la formulación de los postulados es la que permite la actuación sucesiva de gobiernos democráticos, cada uno con sus propias concepciones económicas e ideológicas, sin que para implantarlas se hagan necesarias reformas constitucionales". Pese a lo indicado, no se puede ignorar que la Libertad de empresa mencionada precedentemente es uno de los pilares de la vida económica de nuestro país y se podría decir es la base de todo modelo económico que se pretenda implementar, el cual permanece invariable salvo reforma constitucional. Lo anterior provoca que el dilema siempre gire en torno al grado de intervención estatal que requiere determinada actividad económica, tarea entonces remitida a las leyes y controlada por los jueces constitucionales, cuya tarea será velar porque la intervención estatal no conculque los
Ni una más: Ni una menos
La violencia contra la mujer y el Covid-19 son las dos pandemias contra... more Ni una más: Ni una menos La violencia contra la mujer y el Covid-19 son las dos pandemias contra las cuales lucha nuestra sociedad, una-el Covid-19-con más éxito que la otra. La violencia contra la mujer no es un problema de los tantos con los que nos ha golpeado el 2020, pues es irrefutable que venimos luchando contra la discriminación, los tratos inhumanos y degradantes hacia la mujer desde hace siglos, cómo olvidar que en 1879 Gustave Le Bon afirmaba que una mujer inteligente es tan rara en su existencia como un gorila de dos cabezas; Maquiavelo por su parte, consideraba que "es preferible ser impetuoso y no cauto, porque la fortuna es mujer y se hace preciso, si se le quiere tener sumisa, golpearla y zaherirla". El artículo 1 de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, considera "violencia contra la mujer" a todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Este 25 de noviembre al conmemorarse el Día de la Eliminación de la No Violencia contra la Mujer, conforme la Resolución de las Naciones Unidas A/RES/54/134, propuesta por la entonces Embajadora de República Dominicana, Cristina Aguiar, dicha resolución arribó a 20 años y continuamos con el mismo problema: LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. Actualmente, todos demandamos el cese en todas sus manifestaciones, por constituir una vulneración, no solo a la Constitución de la República, sino, a todos los instrumentos internacionales de los cuales la República Dominicana es signataria. La sociedad sigue solicitando al Congreso Nacional la aprobación del proyecto de ley que crea el Sistema Integral para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Al igual que como con el Código Penal, necesitamos una ley contentiva de un plan de protección con normas penales específicas que eliminen este fenómeno, no podemos quedarnos enfrascados en una discusión para lograr un acuerdo sobre el tema "Violencia contra la mujer o Violencia de Género", porque mientras tanto, nuestras mujeres están sufriendo maltratos que por lo general terminan en la muerte de éstas. La violencia contra la mujer incide en el ejercicio de la mayoría de los derechos fundamentales y lesiona gravemente la dignidad humana, es un problema que exige una tutela especial, específica de la mujer, aunque sean estas menores de edad, así ha sido previsto por la comunidad internacional al tutelar a la mujer contra la violencia en dos convenciones de las cuales República Dominicana es parte: (i) Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y (ii) Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Estamos a falta de un protocolo que garantice la atención a víctimas de violencia de género, violencia intrafamiliar y delitos sexuales. Debe de ser un compromiso estatal la reducción de los niveles de violencia a los fines de combatir y erradicar toda forma de violencia contra la mujer en el marco del Estado social y democrático de derecho. No solo el 25 de noviembre debemos como Estado reiterar un compromiso con los valores, principios y normas constitucionales de igualdad entre mujeres y hombres,
Patriotismo constitucional: El Patriotismo que necesitamos, 2020
La Constitución Dominicana nos describe como un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado b... more La Constitución Dominicana nos describe como un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado bajo el respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales, con el objetivo de crear una nación que permita a cada ser humano desarrollarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva (Art.8). Esta noción de la construcción de un Estado igual para todos, no siempre logra un traspaso efectivo en el ejercicio práctico del respeto e igualdad de los derechos fundamentales de las personas. Distintos excesos patológicos, de ciertas ideologías, han afectado directamente el ejercicio de los principios democráticos. Entre estos, resalta uno de los más atroces: el patriotismo/nacionalismo irracional. Durante cientos de años, el patriotismo ha sido utilizado para dividir y marcar diferencias entre distintas sociedades, mientras el nacionalismo se confirma en el siglo XVIII como un concepto que exalta la población y nación soberana frente a la monarquía absoluta, con inspiraciones de libertad bajo el ejercicio de derechos inherentes a las personas, y la idea de promoción de las libertades de los pueblos. Sin embargo, este concepto ha sido utilizado por distintas ideologías como eje central para encaminar una política divisoria basada en la etnia, xenofobia y el odio. El profesor Rolf Stemberger propone el concepto de patriotismo constitucional como una respuesta que recupera los valores del republicanismo y la concepción ilustrada del nacionalismo racional (Barba Martínez, 2003). El filósofo Jürgen Habermas en 1986 desarrolla y difunde el concepto de patriotismo constitucional, como mecanismo para fortalecer la idea de patria hacía la defensa de la Constitución y las normas, las cuales deben funcionar para todas las personas sin ninguna distinción de origen religioso, cultural y étnico. Se presenta como una superación al nacionalismo y patriotismo excluyente, que vuelve a la idea ilustrada de respeto a la Constitución y las normas; principalmente por lo que implica el entendimiento de esta idea, ante el crecimiento de un mundo cada vez más globalizado y multicultural. El patriotismo constitucional ha venido a plantear, que la nueva identidad generadora de cohesión para un proyecto colectivo de nación, debe ser la lealtad a la Constitución y la aceptación de los valores y de las reglas de juego constitucionales, no en su caso, la identidad racial, étnica, religiosa u cualquier otra que pueda utilizarse para la lucha "patriótica", puesto a que como apuntaba La Bruyére "no hay patria alguna en el despotismo". Esta concepción del patriotismo nos permite convivir en mayor armonía en un Estado Social y Democrático de Derecho. La Constitución es el principal pacto social de la nación, y es donde se encuentra la garantía a las
Basándonos en la jurisprudencia comparada, caso Great Western Railway v. London and County Banki... more Basándonos en la jurisprudencia comparada, caso Great Western Railway v. London and County Banking Co. (1901), se afirmó que un cliente debe tener una cuenta corriente o una cuenta de depósito o alguna relación similar con el banco. Sin embargo, no todos los "clientes" de los bancos depositan dinero y pueden, depositar objetos de valor, pero los bancos consideran a esas personas como clientes. En el caso Woods v. Martins Bank Ltd y otro (1959), se consideró que Woods se convirtió en cliente cuando realizó una inversión en una empresa por consejo del gerente, aunque su cuenta no se abrió durante algunas semanas a partir de entonces. Sin embargo, en República Dominicana algunos ni siquiera se les permite tener la opción de ser cliente. La protección del consumidor se encuentra en el corazón de muchas iniciativas regulatorias y leyes bancarias, que a menudo buscan abordar o reequilibrar la posición superior de negociación de los bancos en la relación banco-cliente. Las fuentes públicas de regulación de la ley en la regulación bancaria van desde la regulación internacional hasta la nacional. De este modo hemos visto como el superintendente de Bancos de República Dominicana, Alejandro Fernández, anunció que impulsará en su gestión "un proyecto de norma para regir las cuentas de nómina y evitar viejas prácticas como la negación a un exconvicto o a una persona morosa de tener una cuenta bancaria de este tipo". Podemos justificar la intervención del Estado de modo que se logre un equilibrio que privilegie el auge económico de su sociedad. El Tribunal Constitucional en su sentencia TC/0396/19, de fecha 1 de octubre de 2019, en la cual estableció que: "al no existir en el expediente ningún documento que pruebe que la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación haya solicitado directamente dicha cuenta nominal a la institución de intermediación financiera, y el mismo recurrente admitir que ha cobrado sus salarios por cheque hasta el momento, y según la comunicación de la Superintendencia de Bancos, las entidades de intermediación financieras tienen la facultad de reservarse el derecho de realizar negocios con las personas que ellos consideren no aptas para tales fines, y quien debe de realizar dicha solicitud de apertura de manera formal es la institución empleadora, sin discriminación alguna". El Tribunal Constitucional consideró que es función esencial del empleador solicitar la cuenta nominal en donde el empleado recibirá el pago por el trabajo realizado, ya que: "las cuentas nominales, a diferencia de las cuentas personales, deben de ser solicitadas por el empleador, en este caso, el Ministerio de Educación de la República Dominicana, por tanto, este tribunal estima que a diferencia de lo alegado por el recurrente, no se confirma violación de derechos fundamentales, tales como, el derecho al trabajo". El rol de subordinación laboral que existe es entre el empleado solicitante de la apertura de una cuenta nominal y el empleador, por lo que la vulneración a derechos fundamentales comienza por quien debe de garantizar condiciones de igualdad
El acceso a la electricidad tiene un impacto en la calidad de vida y desarrollo de las personas p... more El acceso a la electricidad tiene un impacto en la calidad de vida y desarrollo de las personas para obtener una educación de calidad, comunicación, salud y la preparación de alimentos sin la contaminación medioambiental por el uso de la leña o el carbón vegetal. El acceso a la electricidad es, un recurso clave para mejorar nuestras vidas y satisfacer nuestras necesidades. Es razonable, encontrar formas de proteger y promover dicho acceso a la población, sobre todo que dicha energía sea una energía limpia y no contaminante, como se ha establecido en el ODS7 para el año 2030. Defendemos la posición de que la electricidad es un derecho humano derivado, cabe destacar que un derecho derivado, es lo que Jaakko Kuosmanen "Repackaging Human Rights: On the Justification and the Function of the Right to Development", considera un derecho basado en otros derechos. Los derechos derivados son necesarios para proteger o satisfacer lo que Henry Shue llama derechos básicos, que en nuestra Constitución se catalogan como Derechos Fundamentales. Un derecho básico está directamente relacionado con la protección o promoción de una necesidad humana, como la vida o la vivienda. Esta es la posición de Stephen Tully (The Human Right to Access Electricity), quien afirma: El acceso a la electricidad ya está bien establecido en el marco de los derechos humanos, ya sea como un atributo implícito de un derecho preexistente (no discriminación, vida digna, vivienda, salud y desarrollo sostenible) o en el único acuerdo internacional que menciona explícitamente la electricidad que es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), dicha convención especifica que las mujeres deben tener condiciones de vida adecuadas, incluido el acceso a la electricidad y el agua. Los beneficios de esta posición es que el acceso a la electricidad puede protegerse adecuadamente en una sociedad que concibe una vivienda digna como un derecho humano y que la vivienda incluye acceso a electricidad. Podemos destacar la Resolución 66/288 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulada "El futuro que queremos", la cual copia de manera íntegra el documento final de la Conferencia de la ONU Río + 20, el párrafo 125 de la disposición final del documento acentúa claramente la importancia del acceso a la energía para el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, el derecho al más alto nivel de vida posible y el derecho al desarrollo. Nuevamente es digno de mención que la atención se centra en la importancia derivada de la energía. Entonces: ¿se puede concebir el acceso a la electricidad como un derecho? Es comprensible concebir el acceso a la electricidad como una especie de derecho, ya que es coherente con la terminología actual. En segundo lugar, ¿qué tipo de concepción de los derechos es la más apropiada para tal derecho? He argumentado que el acceso a la electricidad como derecho comienza con la consideración de derechos sobre otros recursos, como el agua. Por tanto, debemos entender la electricidad como un derecho derivado. El derecho a la electricidad a menudo es necesario para proteger nuestros derechos básicos, por ejemplo, a la vida y a cosas materiales como una atención médica y educación. Aun así, lo esencial es la vida, la vivienda, la atención médica y la educación, no la electricidad. Esta distinción es importante ya que la búsqueda de los derechos humanos básicos es un objetivo digno. Esta búsqueda no debe de esperar tomando en cuenta la disponibilidad actual de energías asequibles y no contaminantes.
Una mirada a la Constitución Económica dominicana, 2020
Si bien el Derecho y la Economía a simple vista parecen ser los clásicos disidentes, lo cierto es... more Si bien el Derecho y la Economía a simple vista parecen ser los clásicos disidentes, lo cierto es que el desarrollo integral de una sociedad requiere sin duda de la sinergia de ambas ciencias, y el constitucionalismo moderno no es ajeno a esta realidad. En ese sentido, uno de los aspectos más notables del constitucionalismo de hoy, es la presencia de los principios rectores de la actividad económica. En consonancia con esta idea, las constituciones actuales, por lo general, además de su contenido político y social tradicional, poseen un contenido a veces explícito y otras derivado, dirigido a ordenar la actividad económica pública y privada. Hablamos entonces de constitución económica. El concepto de constitución económica se estima nació en Alemania a final del sigo XIX y principios del XX permeando sucesivamente la doctrina constitucional europea e influyendo en el resto de las constituciones del mundo. Este concepto en sí mismo suscita grandes discusiones, por ello la doctrina constitucionalista sigue sin ponerse de acuerdo. Nosotros de manera formal llamaremos constitución económica a todos los postulados expresados en la constitución que guardan relación con el quehacer económico de la sociedad. Normalmente al hablar de constitución económica surge la expectativa de que el modelo económico de la sociedad en cuestión y que va a regir la actividad estatal, esté definido en la Constitución; así como la forma en que el Estado va a intervenir desde el aspecto regulatorio, lo cual hace renacer el debate en torno al esquema que otorga el mejor funcionamiento de la economía. En este texto no pretendemos abordar ese debate, sino más bien observar la presencia de este fenómeno en la Constitución dominicana. En la tesitura anterior, a nuestro entender la Constitución dominicana vigente, no define expresamente la forma de intervención económica a seguir, sin embargo, tampoco es ajena al fenómeno del constitucionalismo económico, pues consagra en su texto varios derechos, entre ellos, la Libertad de empresa (artículo 50), Derecho de Propiedad (artículo 51), y Derecho al Trabajo (artículo 62) de contenido y trascendencia indiscutible para la vida económica de la sociedad. El hecho de que, a nuestro juicio, la Constitución económica dominicana no defina expresamente el tipo de intervención económica a seguir, lo cual la hace flexible y esto lejos de ser un defecto, es más bien una ventaja, pues sin dejar de preservar libertades y derechos fundamentales, permite que sin reformas constantes a la Constitución, el Estado se pueda ajustar a las necesidades socioeconómicas del momento, así como al grado de intervención que sea requerido en cada sector económico, tomando en cuenta la situación de los distintos mercados. Así, coincidimos con Brewer (Madrid, 1991) quien en resumidas cuentas entiende que, en materia económica, "la flexibilidad en la formulación de los postulados es la que permite la actuación sucesiva de gobiernos democráticos, cada uno con sus propias concepciones económicas e ideológicas, sin que para implantarlas se hagan necesarias reformas constitucionales". Pese a lo indicado, no se puede ignorar que la Libertad de empresa mencionada precedentemente es uno de los pilares de la vida económica de nuestro país y se podría decir es la base de todo modelo económico que se pretenda implementar, el cual permanece invariable salvo reforma constitucional. Lo anterior provoca que el dilema siempre gire en torno al grado de intervención estatal que requiere determinada actividad económica, tarea entonces remitida a las leyes y controlada por los jueces constitucionales, cuya tarea será velar porque la intervención estatal no conculque los
Ni una más: Ni una menos
La violencia contra la mujer y el Covid-19 son las dos pandemias contra... more Ni una más: Ni una menos La violencia contra la mujer y el Covid-19 son las dos pandemias contra las cuales lucha nuestra sociedad, una-el Covid-19-con más éxito que la otra. La violencia contra la mujer no es un problema de los tantos con los que nos ha golpeado el 2020, pues es irrefutable que venimos luchando contra la discriminación, los tratos inhumanos y degradantes hacia la mujer desde hace siglos, cómo olvidar que en 1879 Gustave Le Bon afirmaba que una mujer inteligente es tan rara en su existencia como un gorila de dos cabezas; Maquiavelo por su parte, consideraba que "es preferible ser impetuoso y no cauto, porque la fortuna es mujer y se hace preciso, si se le quiere tener sumisa, golpearla y zaherirla". El artículo 1 de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, considera "violencia contra la mujer" a todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Este 25 de noviembre al conmemorarse el Día de la Eliminación de la No Violencia contra la Mujer, conforme la Resolución de las Naciones Unidas A/RES/54/134, propuesta por la entonces Embajadora de República Dominicana, Cristina Aguiar, dicha resolución arribó a 20 años y continuamos con el mismo problema: LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. Actualmente, todos demandamos el cese en todas sus manifestaciones, por constituir una vulneración, no solo a la Constitución de la República, sino, a todos los instrumentos internacionales de los cuales la República Dominicana es signataria. La sociedad sigue solicitando al Congreso Nacional la aprobación del proyecto de ley que crea el Sistema Integral para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Al igual que como con el Código Penal, necesitamos una ley contentiva de un plan de protección con normas penales específicas que eliminen este fenómeno, no podemos quedarnos enfrascados en una discusión para lograr un acuerdo sobre el tema "Violencia contra la mujer o Violencia de Género", porque mientras tanto, nuestras mujeres están sufriendo maltratos que por lo general terminan en la muerte de éstas. La violencia contra la mujer incide en el ejercicio de la mayoría de los derechos fundamentales y lesiona gravemente la dignidad humana, es un problema que exige una tutela especial, específica de la mujer, aunque sean estas menores de edad, así ha sido previsto por la comunidad internacional al tutelar a la mujer contra la violencia en dos convenciones de las cuales República Dominicana es parte: (i) Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y (ii) Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Estamos a falta de un protocolo que garantice la atención a víctimas de violencia de género, violencia intrafamiliar y delitos sexuales. Debe de ser un compromiso estatal la reducción de los niveles de violencia a los fines de combatir y erradicar toda forma de violencia contra la mujer en el marco del Estado social y democrático de derecho. No solo el 25 de noviembre debemos como Estado reiterar un compromiso con los valores, principios y normas constitucionales de igualdad entre mujeres y hombres,
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La violencia contra la mujer y el Covid-19 son las dos pandemias contra las cuales lucha nuestra sociedad, una-el Covid-19-con más éxito que la otra. La violencia contra la mujer no es un problema de los tantos con los que nos ha golpeado el 2020, pues es irrefutable que venimos luchando contra la discriminación, los tratos inhumanos y degradantes hacia la mujer desde hace siglos, cómo olvidar que en 1879 Gustave Le Bon afirmaba que una mujer inteligente es tan rara en su existencia como un gorila de dos cabezas; Maquiavelo por su parte, consideraba que "es preferible ser impetuoso y no cauto, porque la fortuna es mujer y se hace preciso, si se le quiere tener sumisa, golpearla y zaherirla". El artículo 1 de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, considera "violencia contra la mujer" a todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Este 25 de noviembre al conmemorarse el Día de la Eliminación de la No Violencia contra la Mujer, conforme la Resolución de las Naciones Unidas A/RES/54/134, propuesta por la entonces Embajadora de República Dominicana, Cristina Aguiar, dicha resolución arribó a 20 años y continuamos con el mismo problema: LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. Actualmente, todos demandamos el cese en todas sus manifestaciones, por constituir una vulneración, no solo a la Constitución de la República, sino, a todos los instrumentos internacionales de los cuales la República Dominicana es signataria. La sociedad sigue solicitando al Congreso Nacional la aprobación del proyecto de ley que crea el Sistema Integral para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Al igual que como con el Código Penal, necesitamos una ley contentiva de un plan de protección con normas penales específicas que eliminen este fenómeno, no podemos quedarnos enfrascados en una discusión para lograr un acuerdo sobre el tema "Violencia contra la mujer o Violencia de Género", porque mientras tanto, nuestras mujeres están sufriendo maltratos que por lo general terminan en la muerte de éstas. La violencia contra la mujer incide en el ejercicio de la mayoría de los derechos fundamentales y lesiona gravemente la dignidad humana, es un problema que exige una tutela especial, específica de la mujer, aunque sean estas menores de edad, así ha sido previsto por la comunidad internacional al tutelar a la mujer contra la violencia en dos convenciones de las cuales República Dominicana es parte: (i) Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y (ii) Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Estamos a falta de un protocolo que garantice la atención a víctimas de violencia de género, violencia intrafamiliar y delitos sexuales. Debe de ser un compromiso estatal la reducción de los niveles de violencia a los fines de combatir y erradicar toda forma de violencia contra la mujer en el marco del Estado social y democrático de derecho. No solo el 25 de noviembre debemos como Estado reiterar un compromiso con los valores, principios y normas constitucionales de igualdad entre mujeres y hombres,
La violencia contra la mujer y el Covid-19 son las dos pandemias contra las cuales lucha nuestra sociedad, una-el Covid-19-con más éxito que la otra. La violencia contra la mujer no es un problema de los tantos con los que nos ha golpeado el 2020, pues es irrefutable que venimos luchando contra la discriminación, los tratos inhumanos y degradantes hacia la mujer desde hace siglos, cómo olvidar que en 1879 Gustave Le Bon afirmaba que una mujer inteligente es tan rara en su existencia como un gorila de dos cabezas; Maquiavelo por su parte, consideraba que "es preferible ser impetuoso y no cauto, porque la fortuna es mujer y se hace preciso, si se le quiere tener sumisa, golpearla y zaherirla". El artículo 1 de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, considera "violencia contra la mujer" a todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Este 25 de noviembre al conmemorarse el Día de la Eliminación de la No Violencia contra la Mujer, conforme la Resolución de las Naciones Unidas A/RES/54/134, propuesta por la entonces Embajadora de República Dominicana, Cristina Aguiar, dicha resolución arribó a 20 años y continuamos con el mismo problema: LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. Actualmente, todos demandamos el cese en todas sus manifestaciones, por constituir una vulneración, no solo a la Constitución de la República, sino, a todos los instrumentos internacionales de los cuales la República Dominicana es signataria. La sociedad sigue solicitando al Congreso Nacional la aprobación del proyecto de ley que crea el Sistema Integral para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Al igual que como con el Código Penal, necesitamos una ley contentiva de un plan de protección con normas penales específicas que eliminen este fenómeno, no podemos quedarnos enfrascados en una discusión para lograr un acuerdo sobre el tema "Violencia contra la mujer o Violencia de Género", porque mientras tanto, nuestras mujeres están sufriendo maltratos que por lo general terminan en la muerte de éstas. La violencia contra la mujer incide en el ejercicio de la mayoría de los derechos fundamentales y lesiona gravemente la dignidad humana, es un problema que exige una tutela especial, específica de la mujer, aunque sean estas menores de edad, así ha sido previsto por la comunidad internacional al tutelar a la mujer contra la violencia en dos convenciones de las cuales República Dominicana es parte: (i) Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y (ii) Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Estamos a falta de un protocolo que garantice la atención a víctimas de violencia de género, violencia intrafamiliar y delitos sexuales. Debe de ser un compromiso estatal la reducción de los niveles de violencia a los fines de combatir y erradicar toda forma de violencia contra la mujer en el marco del Estado social y democrático de derecho. No solo el 25 de noviembre debemos como Estado reiterar un compromiso con los valores, principios y normas constitucionales de igualdad entre mujeres y hombres,