C O L E C C I Ó N G R U P O S D E T R A B A J O Serie Movimientos sociales y territorialidades JÓVENES, ESTADO Y ACCIÓN COLECTIVA LECTURAS GENERACIONALES DE LA POLÍTICA EN EL CONTEXTO PANDÉMICO René Unda Lara Melina Vázquez Diego Beretta Olivia Perez [Coords.] JÓVENES, ESTADO Y ACCIÓN COLECTIVA Los trabajos que integran este libro fueron sometidos a una evaluación por pares. Jóvenes, Estado y acción colectiva : lecturas generacionales de la política en el contexto pandémico / Jorge Benedicto ... [et al.] ; Coordinación general de René Unda Lara ... [et al.]. - 1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO ; Cuenca : Abya-Yala, Universidad Politécnica Salesiana, 2024. Libro digital, PDF Archivo Digital: descarga y online ISBN 978-987-813-765-0 1. Jóvenes. 2. Acción Comunitaria. 3. Estado. I. Benedicto, Jorge II. Unda Lara, René, coord. CDD 305.235 Otros descriptores asignados por CLACSO: Juventudes /Acción Colectiva / Movimientos / Pandemia / Política / Estado / Democracia / Comunidad / Participación / América Latina Colección Grupos de Trabajo JÓVENES, ESTADO Y ACCIÓN COLECTIVA LECTURAS GENERACIONALES DE LA POLÍTICA EN EL CONTEXTO PANDÉMICO René Unda Lara, Melina Vázquez, Diego Beretta y Olivia Perez (coords.) Grupo de Trabajo Infancias y Juventudes Colección Grupos de Trabajo Pablo Vommaro - Director Rodolfo Gómez - Coordinador CLACSO - Secretaría Ejecutiva Karina Batthyány - Directora Ejecutiva María Fernanda Pampín - Directora de Publicaciones Pablo Vommaro - Director de Investigación CLACSO - Equipo Editorial Lucas Sablich - Coordinador Editorial Solange Victory y Marcela Alemandi - Producción Editorial Área de Investigación Natalia Gianatelli - Coordinadora de Investigación Cecilia Gofman, Marta Paredes, Rodolfo Gómez, Sofía Torres, Teresa Arteaga y Ulises Rubinschik - Equipo de gestión académica LIBRERÍA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE CIENCIAS SOCIALES CONOCIMIENTO ABIERTO, CONOCIMIENTO LIBRE Los libros de CLACSO pueden descargarse libremente en formato digital o adquirirse en versión impresa desde cualquier lugar del mundo ingresando a www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana Jóvenes, Estado y acción colectiva. Lecturas generacionales de la política en el contexto pandémico (Buenos Aires: CLACSO, junio de 2024). ISBN 978-987-813-765-0 CC BY-NC-ND 4.0 La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO. CLACSO. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - Conselho Latino-americano de Ciências Sociais Estados Unidos 1168 | C1023AAB Ciudad de Buenos Aires | Argentina Tel [54 11] 4304 9145 | Fax [54 11] 4305 0875 | <clacso@clacsoinst.edu.ar> | <www.clacso.org> Este material/producción ha sido financiado por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Asdi. La responsabilidad del contenido recae enteramente sobre el creador. Asdi no comparte necesariamente las opiniones e interpretaciones expresadas. ÍNDICE Prólogo. El protagonismo sociopolítico de los jóvenes en un contexto de complejidad | 9 | 17 | 21 | 41 | 71 Jorge Benedicto Presentación René Unda Lara, Melina Vázquez, Diego Beretta y Olivia Cristina Perez Participación activista de las organizaciones estudiantiles latinoamericanas de siete países durante la pandemia del COVID 19. Un estudio de caso Robert González García y Juan Antonio Taguenca Belmonte Políticas públicas y sentidos de la participación de las infancias y juventudes en contextos digitales durante la pandemia en Argentina y Chile, 2020-2021 Carolina Ciordia, Gabriela Roizen y Yadira Palenzuela Fundora Juventudes de derecha en Brasil, Argentina y Ecuador. Entre el conservadurismo, el neoliberalismo y la antipolítica Olivia Cristina Perez, Melina Vázquez, Dolores Rocca Rivarola y René Unda Lara 7 Las políticas de juventudes en América Latina y el Caribe en la historia reciente. Organismos, leyes y encuestas nacionales (1980-2019) | 103 Alejandro Cozachcow, Diego Beretta, Mariana Liguori, Daniela León, Eduardo Pereyra, Wanda Perozzo y Bruno Colombari El archivo documental en perspectiva regional. Acercamiento a la historia de las políticas públicas de juventudes en América Latina y el Caribe, 1980-2015 | 139 Mariana Liguori, Wanda Perozzo Ramírez y Pablo Vommaro As Políticas Públicas de Juventude no Brasil. Revendo a trajetória recente | 159 Elisa Guaraná de Castro, Raphaella Miranda de Oliveira y Thiago Cruz Rico Sobre autores y autoras 8 | 205 PRÓLOGO El protagonismo sociopolítico de los jóvenes en un contexto de complejidad Jorge Benedicto Una y otra vez encontramos en los medios de comunicación mensajes sobre el escaso interés de los jóvenes en los temas de índole colectivo. Una preocupación que se torna más intensa cuando se habla de la implicación social y política de este colectivo en organizaciones e instancias que forman parte del entramado institucional de nuestras democracias. Estos mensajes, que a menudo se sostienen sin evidencias empíricas ni se comparan con las de los adultos, no suelen ir acompañados de preguntas sobre las posibles razones de ese aparente alejamiento de los jóvenes de las cuestiones colectivas. Y, lo que es más sorprendente, esta aparente preocupación no lleva a preguntarse por posibles razones como, por ejemplo, cuál es la posición que los jóvenes ocupan en la escena pública de nuestras sociedades, qué cuota de protagonismo se les adjudica y, sobre todo, qué espacio les dejamos para expresar sus necesidades, deseos y aspiraciones. La reciente crisis ocasionada por la pandemia de la COVID-19 constituye un ejemplo ilustrativo de esta situación. Aunque con las lógicas diferencias que separan a unos países de otros, en la mayoría ha predominado una narrativa de culpabilización y estigmatización de los jóvenes, acusándoles de no respetar las normas ni de asumir los costes de una crisis sin precedentes. En vez de preocuparse por las consecuencias que los confinamientos primero y las restricciones de 9 Jorge Benedicto contacto después ocasionaron en la mayoría de la población juvenil en el terreno laboral, educativo y relacional, se impuso un discurso culpabilizador, construido con base en los principios de los pánicos morales, en los que no solo se olvidaba el trabajo solidario y de ayuda mutua que durante los momentos más duros de la pandemia llevaron a cabo muchos grupos juveniles, sino sobre todo no se tenían en cuenta las necesidades específicas de un colectivo en el que lo socioafectivo y relacional juega un papel fundamental en su proceso de desarrollo. Al igual que ocurrió con nuestros mayores, muchas de las medidas adoptadas para frenar el avance y consecuencias de la pandemia no tuvieron en cuentas las necesidades específicas y diferenciales de la población juvenil, negándoles el carácter de interlocutor válido y su capacidad para incorporarse al debate público. El adultocentrismo nuevamente fue la nota predominante en el actuar no solo de los poderes públicos sino también de otras muchas instituciones de la sociedad civil. Lo que ocurrió durante la pandemia no puede considerarse una anomalía fruto de una situación excepcional, sino el resultado de una tendencia, sostenida durante las últimas décadas, de pérdida de protagonismo social y político del colectivo juvenil en las sociedades. Con razón, se podría contraargumentar que precisamente en la década anterior se produjo un número muy significativo de movilizaciones sociales en las que los y las jóvenes tuvieron una posición muy destacada, cuando no fueron los actores decisivos. Desde las ya lejanas primaveras árabes y los diversos movimientos que les sucedieron (15M en España, Occupy Wall Street en Estados Unidos, etc.) hasta los más recientes estallidos sociales de Chile o Colombia, pasando por los movimientos de protesta democrática de los jóvenes hongkoneses. Aunque las repercusiones inmediatas que estos acontecimientos tuvieron en sus respectivos contextos sociopolíticos no pueden obviarse, cuando se adopta una perspectiva de análisis sociohistórico más amplia observamos que las bases socioestructurales que dan forma al proceso de producción de la juventud no se han alterado de manera significativa en estos años. Las grandes transformaciones socioeconómicas e ideológicas que vienen sucediéndose desde los años setenta y ochenta del pasado siglo XX, asociadas a la hegemonía del orden neoliberal y las políticas que de allí se derivan, han deteriorado de manera significativa la posición relativa de las personas jóvenes dentro del sistema de distribución generacional del poder social. Los crecientes obstáculos para llevar adelante transiciones en las que las condiciones de vida les permitan construirse como personas autónomas, el fomento del individualismo y la competencia como principios rectores de las estrategias de 10 Prólogo supervivencia o la ideología del emprendimiento como solución idealizada del éxito social individualizado constituyen solo algunas de las referencias imprescindibles para entender cómo la juventud como colectivo ha perdido valor estratégico para convertirse en un grupo vulnerable en unos casos, y problemático en otros. A principios del siglo XXI, y como consecuencia de las transformaciones socioideológicas que venían sucediéndose, empezó a hablarse del surgimiento de un nuevo tipo de juventud en el que las certidumbres sobre las que se construían y desarrollaban los procesos de transición dejaban paso a una nueva situación de extrema incertidumbre, en el que las trayectorias se diluían, los lugares –físicos y sociales– perdían gran parte de su materialidad y los marcadores tanto de la etapa juvenil como de la adulta se difuminaban. La imagen que se delineaba de la juventud era la de unos individuos desorientados que carecían de referencias sólidas para orientarse en un mundo en el que su posición había cambiado radicalmente. Conforme la nueva organización social se ha consolidado y las nuevas generaciones se han socializado en la misma, esta imagen del joven desorientado era sustituida por la de unos jóvenes que están aprendiendo a vivir en un entorno de cambio, inestabilidad y, sobre todo, de complejidad extrema, manejando herramientas y habilidades adaptadas a la situación. Entre los múltiples rasgos que definen hoy este entorno, la idea de complejidad constituye un principio analítico de primer orden que nos ayuda a comprender cómo se organiza el contexto en el que viven y actúan los jóvenes y dónde construyen sus experiencias vitales. Hoy se es joven en un entorno complejo con referencias inconexas que no aseguran un futuro predecible y que exige flexibilidad, innovación, creatividad y capacidad de adaptación a situaciones cambiantes e impredecibles. Todos estos requerimientos del sistema pueden ser leídos desde una perspectiva de competencia individualizada, despreocupada de la acción de las desigualdades estructurales o, por el contrario, como retos a los que los jóvenes se enfrentan para dar sentido a sus vidas y a los que responden de forma diferente, en buena medida dependiendo de su posición en la estructura social Esta segunda perspectiva refleja, sin duda, mucho mejor la pluralización y diversidad de experiencias que hoy caracterizan al mundo juvenil. Si durante mucho tiempo se ha hecho hincapié una y otra vez en la necesidad de abandonar planteamientos que ofrecían una visión homogénea de la juventud, como si se tratara de un colectivo uniforme, en la actualidad el debate no puede reducirse al binomio homogeneidad-heterogeneidad sino a la necesidad de huir de una visión descontextualizada de las experiencias juveniles que permita entenderlas en su singularidad. La idea de las transiciones lineales 11 Jorge Benedicto no constituye hoy una metáfora adecuada para explicar las múltiples y complejas trayectorias que siguen muchos jóvenes en su discurrir hacia la autonomía. Tampoco la imagen de unos jóvenes que viven y actúan de acuerdo con unos parámetros definidos estructuralmente responde a la realidad de proliferación de contextos de acción en los que hoy se mueven, construyendo de forma continua nuevos sentidos de pertenencia. Pero si la complejidad supone diversidad y fragmentación también implica interconexión global. La situación en la que hoy vivimos puede calificarse ciertamente de paradójica: cada vez aumentan más las desigualdades, también entre la juventud, adoptando además nuevas formas y dimensiones que a veces no las hacen fácilmente reconocibles, pero de manera paralela nos encontramos con que la experiencia cotidiana de ser joven cada vez tiene más elementos en común por encima de fronteras y determinaciones socioespaciales. Los procesos sociales y económicos globales impactan la vida de los y las jóvenes independientemente de cuáles sean sus contextos de pertenencia, introduciendo nuevos vínculos de identificación y de relación. Pero son sobre todo las redes sociales en sus múltiples vertientes las que mejor explican este sentimiento de interconexión global que caracteriza las experiencias juveniles en las distintas partes de este complejo mundo. Una interconexión que acerca los horizontes vitales de jóvenes de muy distintas partes del mundo, rompiendo barreras culturales y tradiciones históricas, al tiempo que a otros jóvenes les abre nuevos horizontes hasta ahora desconocidos e impensables. Las redes sociales sitúan a los jóvenes ante la posibilidad de entrar en contacto con otros mundos, creando comunidades e identidades basadas en principios diferentes a los que eran habituales las sociedades nacionales. De alguna forma, para entender en toda su complejidad la repercusión de esta interconexión global, puede decirse que no estamos ante la sustitución de unas perspectivas de futuro por otras diferentes, sino por una ampliación del horizonte de lo posible. Hoy se es joven de múltiples maneras, en múltiples escenarios abiertos a múltiples opciones y estrategias, en los que sigue presente la desigual distribución de las oportunidades, las competencias y las habilidades. Esta situación de complejidad extrema plantea a los jóvenes una necesidad de constante innovación para así poder hacer frente a los desafíos de un entorno en constante cambio y transformación en el que las formas tradicionales de acción personal y colectiva ya no son eficaces. Los y las jóvenes hoy tienen que buscar formas innovadoras de gestionar sus relaciones personales y también afectivas, de plantearse su futuro laboral, de buscar nuevos caminos de emancipación y autonomía, de construir plataformas de expresión de los 12 Prólogo intereses colectivos. Y todo ello sin pretender superar la complejidad y la incertidumbre que dominan su existencia, sino más bien buscando manejarla con las herramientas de las que disponen. Esta capacidad de innovación también resulta imprescindible a la hora de convertirse en actor protagonista dentro del espacio público. Y es que el escenario que de forma esquemática se ha delineado en estas páginas plantea una redefinición de la capacidad de agencia juvenil. Una capacidad menos sustentada en el dominio de una serie de saberes y competencias dirigidas a convertir en realidad práctica un proyecto previamente definido y más centrada en comprender las diferentes opciones que se abren, adoptando caminos de acción muchas veces improvisados, en un proceso continuo de búsqueda de sentido ante las cambiantes circunstancias en las que tienen que moverse. Solo teniendo en cuenta esta reconfiguración de los procesos que llevan a los jóvenes a convertirse en personas activas, capaces de intervenir en los procesos sociales y políticos de índole colectiva, podremos comprender cómo hoy se construye el protagonismo social y político juvenil, sentando las bases de un nuevo sistema de relaciones intergeneracionales. Como viene mostrando la investigación empírica sobre los activismos juveniles, este protagonismo se construye a través de una multiplicidad de prácticas vinculadas en su mayoría a la vida cotidiana que rompen las tradicionales dicotomías entre lo social y lo político, entre lo online y lo offline, entre lo cultural y lo estructural. Estas prácticas juveniles, muchas veces de carácter fragmentario e intermitente, configuran nuevos sentidos colectivos que dejan sin base real los estereotipos sobre la apatía y el desinterés de la juventud actual respecto a todo aquello que rebasa su círculo más reducido de intereses personales. La proliferación de estrategias de acción personalizada donde prima la lógica de construcción biográfica de los individuos y la consecución de unos resultados eficaces e inmediatos son rasgos de unos actores que expresan sus compromisos colectivos de forma mucho más fluida e individualizada, menos vinculada a lógicas organizacionales y más a sus propias vidas cotidianas. Como ha podido comprobarse durante la pandemia, los jóvenes activistas muestran una gran capacidad de adaptación a situaciones cambiantes e impredecibles, reaccionando con grandes dosis de creatividad e innovación a las dificultades que imponían las restricciones de movimiento y contacto para poder, por un lado, mantener su presencia en la conversación pública sobre los principales problemas de nuestra sociedad y, por otro lado, para contribuir con su esfuerzo a la solidaridad y ayuda mutua con los colectivos más castigados por las consecuencias de la COVID-19. 13 Jorge Benedicto Ahora bien, este protagonismo sociopolítico no puede sustentarse exclusivamente en las prácticas activistas de unos jóvenes comprometidos, sino que también es necesario incorporar las acciones del resto de actores e instituciones, muy especialmente del Estado en tanto institución responsable de la formulación y ejecución de las políticas públicas dirigidas a la promoción e integración del colectivo juvenil, así como al desarrollo de su condición de ciudadanía, facilitando el acceso a los recursos necesarios para ejercerla de una manera efectiva. Pero para que estas políticas de juventud permitan a los jóvenes ser actores dentro de la esfera pública es necesario superar los tradicionales planteamientos adultocéntricos donde los jóvenes son meros objetos de la acción estatal, para diseñar estructuras de colaboración entre todos los actores implicados (poderes públicos, sociedad civil, expertos), situando a los y las jóvenes, tanto a título individual como organizados, en el centro de toda la actuación. Este triángulo mágico, como ya hace años lo definieron los expertos de la Unión Europea, constituye la condición de posibilidad para que los jóvenes sean reconocidos como interlocutores válidos en la conversación pública y actores legítimos con capacidad de intervención mediante el fortalecimiento de los espacios de participación juvenil. Acción estatal y prácticas juveniles representan las dos dimensiones centrales de la construcción colectiva del protagonismo social y político de la juventud en nuestras sociedades. Dos dimensiones que habitualmente se trabajan de manera separada, por expertos también distintos, sin reparar que una y otra están íntimamente vinculadas. Allí donde los poderes públicos asumen la obligación de desarrollar políticas que promuevan la ciudadanía juvenil, trabajando para proporcionar los recursos imprescindibles en el ejercicio de su condición ciudadana, los jóvenes dispondrán de una estructura de oportunidades favorable para participar e involucrarse en las cuestiones de índole colectiva. Precisamente, esta estrecha relación entre la acción del Estado en materia de juventud y las prácticas movilizadoras de una juventud comprometida es la que se pone de manifiesto en el libro que aquí se presenta, en el que se vinculan los estudios sobre la evolución de las políticas públicas de juventud en diferentes países de América Latina con análisis sobre las prácticas participativas de diferentes colectivos juveniles. A lo largo de los seis capítulos de los que consta este libro se obtiene una visión muy interesante de la compleja posición que hoy ocupan los jóvenes en diferentes países de América Latina y de la dialéctica que vincula entre sí –no siempre de forma armoniosa– las prácticas participativas juveniles y las acciones estatales dirigidas al desarrollo de su condición ciudadana, reconociéndoles como actores 14 Prólogo con responsabilidades en la marcha de los procesos colectivos de la sociedad. Ambas dimensiones son analizadas en una serie de trabajos que constituye una muestra significativa de la labor que se viene desarrollando en los últimos años en el seno del Grupo de Trabajo sobre Infancia y Juventudes de CLACSO, en el que colaboramos científicos sociales de diferentes países iberoamericanos. Una labor que, además, como pone de manifiesto este libro, se realiza desde una óptica colaborativa de corte comparativo, lo que permite ofrecer una imagen mucho más rica y completa de la realidad juvenil latinoamericana. 15 PRESENTACIÓN René Unda Lara, Melina Vázquez, Diego Beretta y Olivia Cristina Perez “Juventudes, Estado y Acción colectiva. Lecturas generacionales de la política en el contexto pandémico” es el resultado del trabajo colectivo del eje “Participación, movilización, Estado y políticas públicas” en el que participamos investigadores/as del Grupo de Trabajo CLACSO “Infancias y Juventudes”, cuya trayectoria inicia en 2007. Esta referencia no solo remite a un ya extenso camino recorrido en el que los esfuerzos investigativos se han enfocado en los múltiples y diversos aspectos atinentes al campo de la participación social de las infancias y juventudes, sino que también, en el libro que hoy presentamos, coloca tales problemáticas en el contexto de la pandemia, cuestión que supone pensarlas bajo condiciones distintas a las que habían enmarcado las producciones previas. A ello, al estudio de la participación asociativa juvenil en los distintos momentos de la pandemia, apunta el propósito común y compartido de esta obra. En efecto, las temáticas que se problematizan en los seis capítulos que conforman este libro están inevitablemente construidas desde las determinaciones que supone un hecho social total que, como tal, constituye un parteaguas histórico cuyos alcances aún no están suficientemente definidos ni completamente avizorados. En el contexto pandémico, colocar la pregunta acerca de lo que, en materia de niñez y juventud, ocurre con la acción colectiva, las políticas públicas y las 17 René Unda Lara, Melina Vázquez, Diego Beretta y Olivia Cristina Perez reconfiguraciones de las derechas, implica confrontar pasado y presente, pandemia de por medio, como condición para la comprensión y producción de explicaciones en torno de las continuidades y rupturas que produce un acontecimiento de tal calado. ¿Qué sucedió con la acción colectiva juvenil y con sus aspectos constitutivos en los distintos momentos de la pandemia, y qué fue lo que cambió o persistió con su irrupción? Y, en esta dirección, ¿cómo se modificó el carácter de las relaciones de los activismos y las militancias con el Estado y la sociedad? ¿Emergieron o no nuevas formas y modalidades de asociatividad, organización y movilización en los distintos contextos reconfigurados por efecto del confinamiento y de las medidas gubernamentales de cada Estado? ¿Variaron las percepciones que las agrupaciones juveniles tenían acerca de la política y la democracia antes del confinamiento pandémico? ¿Y qué formas adoptaron las tensiones y disputas por el sentido entre organizaciones juveniles de izquierdas y derechas en este tramo de la historia reciente? Las interrogantes planteadas envuelven un conjunto de preguntas específicas de trabajo investigativo que a lo largo de más de dos años de ardua labor, han sido procesadas por los autores/as de cada capítulo con rigor pero asumiendo el carácter siempre provisional y contingente de sus hipótesis y respuestas, más aun considerando que el ubicuo escenario pandémico constituye, en sí mismo, una prolífica fuente de incertidumbre. En gran medida, y teniendo en cuenta estos señalamientos, uno de los atributos comunes a todos los capítulos del libro es el referido a su progresividad, tanto en la manera de ir construyendo conocimiento, cuanto en las modalidades de reflexividad con las que se explica la producción social de juventud en tiempos pandémicos. Se trata, pues, de problematizaciones, análisis y discusiones que retoman elementos de un camino ya transitado y que, además, entran en diálogo y tensión con otros que relevan de las experiencias desplegadas en el periodo de confinamiento, entre estados de excepción y emergencia de redes de solidaridad. De hecho, la mayor parte de capítulos que conforman este libro despliega su análisis a partir de una selección de datos, informaciones y resultados del Informe de investigación (Vázquez et al., 2021) que este mismo colectivo académico había producido entre los últimos meses de 2020 y los primeros de 2021. Desde allí, varias contribuciones ayudan a entender cómo operan los procesos de adaptación o resistencia de los colectivos juveniles a las condiciones que impone la pandemia en una serie de ámbitos y prácticas en los que se hace observable las variaciones que adopta la acción colectiva. Destacan la tendencia hacia el repliegue de la acción colectiva contenciosa frente al vigor que fueron tomando formas de asistencia y cuidados; cierto 18 Presentación incremento del uso de plataformas y conexión a internet con aumento de la participación virtual. Se constata, además, que desde la experiencia colectiva de las organizaciones juveniles, se produjo un debilitamiento de vínculos e interacciones con las autoridades, así como un generalizado consenso en torno a sus percepciones sobre el deterioro de la democracia, tanto por la pandemia como por los efectos de las políticas de corte neoliberal. La posibilidad de observar y analizar similitudes y diferencias en las modalidades de la participación de niños, niñas y jóvenes durante la pandemia en más de un país, como se aprecia en los capítulos 2, 3, 4 y 5, se da, en primer término, gracias a la convergencia de agendas e intereses investigativos de sus miembros, pero también por las características del ciclo político en el que irrumpe la pandemia y, de modo más preciso, por el carácter y alcance de las medidas gubernamentales que, si bien son percibidas con ciertas diferencias en cada país, muestran un núcleo común que sugiere un mayor distanciamiento y desconfianza con respecto a las estructuras de autoridad de los Estados. Cuestión que puede ser leída como una línea de continuidad entre el contexto neoliberal prepandémico y el de la pandemia, donde el estado de excepción no solo se impone de forma estandarizada e investida de legitimidad a nivel regional sino que se extiende y aplica de manera recurrente, incluso hasta perder su carácter de excepcionalidad. El análisis de las formas y modalidades de la participación de niños, niñas y jóvenes, muestra con nitidez las diversas geometrías que el hecho participativo puede adoptar, dependiendo del conjunto de condiciones particulares en cada Estado y sociedad, y según las específicas maneras con las que sus instituciones y sectores de la sociedad afrontaron el embate del COVID-19. Allí podemos encontrar elementos relevantes para pensar y proponer una tipología del Estado, en función de lo que realmente hizo con respecto a la seguridad y protección de la sociedad. De hecho, en los procesos y experiencias participativas que se estudian en este texto, traslucen perfiles de modelos de acción pública estatal proteccionistas, o modelos de gestión estatal desimplicados de la emergencia sanitaria e, incluso, acciones de Estados contra la sociedad, como ocurrió en los casos brasileño y ecuatoriano, bajo el gobierno de Bolsonaro y Moreno, respectivamente. En este orden de cosas, y teniendo en cuenta las morfologías de la participación juvenil, es que podemos levantar el andamiaje analítico para la comprensión del complejo fenómeno de revitalización y expansión de las derechas desde la perspectiva de las juventudes. Queda delineada, por lo demás, una agenda de investigación que apunta hacia la ampliación y profundización de las contribuciones que presenta este trabajo colectivo, el cual no habría sido posible 19 René Unda Lara, Melina Vázquez, Diego Beretta y Olivia Cristina Perez llevarlo a cabo sin la invaluable generosidad de todos sus coautores/ as y, sobre todo, de los niños, niñas y jóvenes que participaron en los distintos tramos de los procesos investigativos de los cuales derivan los capítulos que conforman este libro. BIBLIOGRAFÍA Vázquez, Melina, Unda Lara, René, Benedicto, Jorge, Cozachcow, Alejandro, Pérez, Olivia C., de Castro, Elisa G.,... y Taguenca, Juan A. (2021). Acciones colectivas juveniles durante la pandemia. Un estudio comparado sobre repertorios de acción, formas de organización interna y representaciones sobre la política (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España y México, 2020-2021). Buenos Aires: CLACSO. 20 PARTICIPACIÓN ACTIVISTA DE LAS ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES LATINOAMERICANAS DE SIETE PAÍSES DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID 19 Un estudio de caso Robert González García y Juan Antonio Taguenca Belmonte INTRODUCCIÓN La pandemia del COVID-19 ha trastocado la vida humana en los últimos dos años. Ha supuesto cambios en los procesos económicos, políticos y sociales. Además, parte de la actividad laboral y de ocio ha pasado a ser virtual, propiciando el distanciamiento social y reforzando el aislamiento de los individuos en núcleos mínimos de convivencia. Es el caso, por ejemplo, de los procesos educativos, donde el auge de las plataformas ubicadas en Internet desplazó durante casi dos años (en función del país) al espacio de interacción en las aulas. Esto supuso el alejamiento de las discusiones in situ de los activistas estudiantiles, que pasaron a usar en mayor medida las plataformas de videoconferencia y de Redes Sociales. Estos cambios –todavía en proceso– vinieron acompañados de un contexto restrictivo de la acción estudiantil propiciada por acciones gubernamentales que limitaron la libertad de movimiento y manifestación colectiva en espacios presenciales. Para estudiar estos fenómenos nuevos, que se relacionan con el COVID-19, un grupo de investigadores de la Red de Infancias y Juventudes de CLACSO, dentro de los trabajos que desarrolla el Observatorio Latinoamericano de Juventud y Niñez, se propuso investigar los cambios que la pandemia ha supuesto en las acciones colectivas 21 Robert González García y Juan Antonio Taguenca Belmonte contenciosas de distintos tipos de organizaciones juveniles –incluidas las estudiantiles que son objeto de este capítulo–, y ello para diversos países iberoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España y México. La literatura sobre los efectos de la pandemia en los jóvenes se ha centrado en cuestiones como el incremento de las desigualdades educativas (Bonal y González, 2021), los riesgos en la salud emocional (González, 2021) y otros impactos estructurales de la crisis sanitaria (Tarabini, 2021). Sin embargo, son todavía pocas las investigaciones que han estudiado cómo esta, y especialmente las medidas de restricción de la movilidad y la sociabilidad presencial, han afectado al campo de la acción colectiva juvenil (Fillieule, 2020). De hecho, la pandemia ha venido a frenar el ciclo de movilizaciones en América Latina, con fuerte presencia juvenil, que se estaba produciendo antes de su llegada. Cabe preguntarse, por tanto, cuáles han sido sus efectos en las dinámicas de movilización y organización colectivas juveniles, lo cual es de la mayor importancia (Vázquez et al., 2021). La mayoría de los trabajos realizados sobre los efectos del confinamiento en la vida social no tomaron en cuenta a la acción colectiva como parte esencial (Hermi y García, 2020). Hasta la fecha, algunos trabajos han explorado cómo el confinamiento establecido por las medidas gubernamentales, en algunos países, afectó a la acción contenciosa y a las prácticas de los colectivos sociales, así como a las innovaciones que se estaban introduciendo en el repertorio de la acción colectiva. Todavía falta evaluar con mayor profundidad y en clave generacional las consecuencias que para las organizaciones juveniles (o con participación importante de jóvenes) ha tenido la interrupción del nuevo ciclo de movilización que se estaba desarrollando antes de la llegada de la pandemia y las políticas de restricción social implantadas para combatirla, mismas que afectaron derechos fundamentales como, por ejemplo, el de movilidad, y de reunión y manifestación, impactando profundamente en las formas tradicionales de organización, movilización y acciones reivindicativas de los colectivos juveniles. Existen, al momento de escribir este capítulo, varios trabajos que han abordado exploratoriamente las consecuencias del COVID-19 y las consecuentes medidas gubernamentales tomadas para combatirlo. Entre ellos están: los de Viejo (2020) y Martínez (2020) que abordan lo sucedido en España; el del Observatorio de Protesta Social, que realizó un estudio cuantitativo sobre las transformaciones que el confinamiento produjo en las protestas sociales en Argentina, centrándose en el ámbito laboral (Natalucci et al., 2020). Este se llevó a cabo entre el 16 de marzo y el 7 de junio de 2020. Para el caso de Colombia, 22 Participación activista de las organizaciones estudiantiles latinoamericanas de siete países... encontramos el de Aguilar (2020), quien analizó cómo opera la necropolítica para contrarrestar las movilizaciones juveniles del último ciclo. Por otro lado, Pleyers (2020) abordó cómo la pandemia incidió en las estrategias organizativas de los movimientos sociales y cómo modificó o alteró su agenda de movilización. En concreto, explica como los movimientos sociales crean redes de solidaridad y de ayuda mutua, fiscalizan las políticas de los gobiernos contra la pandemia y realizan trabajo comunitario, informando a las clases populares sobre el virus y como protegerse de los contagios. Su trabajo se llevó a cabo entre marzo y mayo de 2020. En un trabajo similar, centrado en España, Amat, Arenas, Falcó-Gimeno y Muñoz (2020) analizaron los cambios que la crisis produjo en la relación entre ciudadanía y democracia, en un escenario de cierta revalorización de la política formal y de la acción de los gobiernos nacionales, ante la debilidad de una respuesta internacional a la crisis y la necesidad de poderes certeros y fuertes para afrontarla. En una línea parecida, pero para la región Iberoamericana, Martí y Alcántara (2021) analizaron cuál fue el desempeño de los actores políticos frente a la crisis del COVID-19 y cuáles fueron las instituciones que asumieron el liderazgo. Al respecto: indicaron la relevancia que adquirieron los presidentes, el rol de los actores políticos y sociales y, finalmente, el impacto de la pandemia en las democracias de la región. En otro trabajo, el de Calzada (2021), el autor acuñó el concepto de “ciudadanía pandémica”, con el que dio cuenta de un emergente régimen de ciudadanía post-COVID-19, en el que: se ralentizan drásticamente varias rutinas ciudadanas de carácter comunitario; se restringe la movilidad; aumenta exponencialmente la presión profesional, el miedo por la incertidumbre de la vida, la exposición a algoritmos que permiten la manipulación y la inquietud por mantener la propia privacidad. Todo ello genera malestar, al aumentar la percepción de inseguridad y fragilidad de la existencia humana. Las inquietudes se vuelven en angustia sin importar el bienestar económico alcanzado o el lugar donde se habita. Algunos estudios tomaron como sujeto a los movimientos protagonizados fundamentalmente por los jóvenes. Tal es el caso de un estudio que analizó la relación entre activismo online y offline para el movimiento Fridays for Future en el periodo de confinamiento en Barcelona (Soler-i-Martí, Ferrer-Fons y Terren, 2020); y de otro que abordó el impacto del confinamiento sobre el movimiento estudiantil feminista en la Ciudad de México (Portillo y Beltrán, 2020). Para el caso de Argentina, destacan algunos trabajos que trataron los efectos de la pandemia para las acciones colectivas juveniles (Vázquez y Cozachcow, 2020; Vázquez y Vommaro, 2020). Estos estudios tienen 23 Robert González García y Juan Antonio Taguenca Belmonte similares propósitos al de nuestro trabajo, pero se centran en áreas geográficas más delimitadas. El primer objetivo del texto que presentamos -que abarca a las 25 organizaciones estudiantiles de los siete países del estudio generales comprobar si las medidas gubernamentales tomadas a raíz de la pandemia han provocado cambios o, por el contrario, ha habido permanencias en los formatos de acción colectiva y en las formas organizativas de estos colectivos. Por tanto, indagamos sobre cuáles han sido las implicaciones que para las organizaciones estudiantiles han tenido las políticas de confinamiento y restricción de la movilidad que llevaron a acabo los diferentes gobiernos, especialmente entre marzo y septiembre de 2020 cuando la pandemia del COVID-19 creció y se extendió en los países que forman parte de esta investigación. Es por esto que fue fundamental introducir la perspectiva temporal en el cuestionario utilizado en la recolección de datos. En este sentido, se preguntó sobre cuáles eran las formas de acción y de organización, así como los ámbitos de actuación preferidos por las organizaciones, antes y durante la pandemia. Proceder de este modo permitió indagar sobre los cambios, las adaptaciones y las continuidades en la acción colectiva estudiantil. El segundo objetivo es comprender si la pandemia modificó o no, tanto las relaciones con las autoridades como las valoraciones de la democracia de los colectivos juveniles. El tercer objetivo es el de constatar el grado de aprobación o desacuerdo con las medidas restrictivas de reunión que tomaron algunos gobiernos, y ello en la medida en que estas afectan: la vida social, y la actividad económica y cultural, pero, sobre todo, para lo que aquí nos interesa estudiar, a las acciones que emprenden los colectivos estudiantiles. La pregunta de investigación que se pretende responder es la siguiente: ¿cómo se adaptaron los colectivos estudiantiles a las consecuencias que, para la acción colectiva contenciosa, tienen las políticas restrictivas de movilidad y reunión, así como de distanciamiento social, implementadas por distintos gobiernos durante el periodo más álgido del COVID-19? Las hipótesis de investigación son las siguientes: H1: Las restricciones gubernamentales de movilidad, manifestación y reunión, tomadas a raíz del COVID-19, hicieron que los colectivos estudiantiles cambiaran sus formas tradicionales de organización. H2: Las restricciones gubernamentales de movilidad, manifestación y reunión, tomadas a raíz del COVID-19, hicieron que los 24 Participación activista de las organizaciones estudiantiles latinoamericanas de siete países... colectivos estudiantiles cambiaran sus formas tradicionales de acción colectiva. H3: Las restricciones gubernamentales de movilidad, manifestación y reunión, tomadas a raíz del COVID-19, hicieron que los colectivos estudiantiles modificaran su agenda de movilización. H4: Las restricciones gubernamentales de movilidad, manifestación y reunión, tomadas a raíz del COVID-19, hicieron que los colectivos estudiantiles disminuyeran sus acciones en el espacio público. H5: Las restricciones gubernamentales de movilidad, manifestación y reunión, tomadas a raíz del COVID-19, hicieron que los colectivos estudiantiles incrementaran su actividad organizativa y reivindicativa en el espacio virtual. MÉTODO El enfoque de la investigación fue cuantitativo, desarrollándose a través de un diseño que incluyó una muestra no aleatoria, no probabilística y de carácter opinático.1 Se implementó utilizando Internet y mediante una encuesta autoadministrada. Esto fue debido a las circunstancias sanitarias extraordinarias en las que vivían los distintos países en los que se llevó a cabo. Además, los distintos grupos de investigación realizaron versiones que atendían a los giros idiomáticos particulares de cada uno los países, sin que ello implicara que las preguntas cambiaran. Así, por ejemplo, mientras en España se utilizó la palabra “mascarilla” para referirse a la tela que se coloca sobre la boca y nariz, y que sirve para evitar la entrada del virus, en Argentina se la refirió como “barbijo” y en México se usó la palabra “cubreboca”. La realización de un pretest confirmó que la estrategia tomada fue la adecuada y permitió la validación interna del cuestionario utilizado en cada país. Los participantes se eligieron por ser representativos de cada organización considerada. Los colectivos juveniles estudiados fueron de diversa índole: partidarios; vinculados a los derechos de los trabajadores; estudiantes de nivel secundario y universitario –cuyos resultados 1. En ella: “el investigador, según su criterio, selecciona la muestra de forma que sea lo más representativa a los efectos de la investigación que se pretende realizar… Sin embargo, en el diseño de la muestra se pueden introducir sesgos subjetivos, debidos a las preferencias del investigador” (Rodríguez, 1998, pp. 381-382). 25 Robert González García y Juan Antonio Taguenca Belmonte son los que presentamos–; de carácter socio-comunitario o territorial; indígenas o defensa del campo; feministas y ecologistas. La muestra total fue de 165 entrevistados, con la indicación de que cada tipo de colectivo por país tuviera por lo menos 3. Esto debido a que el objetivo principal del diseño de la muestra fue que hubiera diversidad político-ideológica y por género, además de la ya mencionada (tipo de colectivo). Se recogió de esta forma la diversidad de las organizaciones juveniles en los distintos contextos nacionales, así como la variedad de sus opiniones. La muestra realizada permitió alcanzar un nivel de investigación exploratorio, al no ser ni probabilística ni significativa, sino intencional e indagatoria; posibilitando aproximarse al activismo de las organizaciones juveniles durante la pandemia de la COVID-19. La siguiente tabla contiene la composición de la muestra, por país y tipo de organización. Tabla 1. Composición de la muestra por país y tipo en números absolutos Tipo Brasil Argentina Ecuador Colombia España Chile México Total Sindicales 3 3 0 0 3 3 2 14 Partidarias 3 5 4 2 3 4 5 26 Estudiantiles 3 4 3 2 4 4 5 25 Socio comunitarias 3 3 7 5 4 3 3 28 Rural-indígena 3 5 3 2 0 2 4 19 Géneros, feminismos y disidencias 3 4 4 2 3 4 5 25 Ambientalistas 3 4 3 7 4 3 4 28 Total 21 28 24 20 21 23 28 165 Fuente: Vázquez et al. (2021, p. 87). Una vez realizado el pretest, el cuestionario se construyó con 65 preguntas distribuidas en 5 secciones: perfil de los encuestados y organizaciones, cambios producidos en las formas de organización de los colectivos, formas de acción colectiva en la pandemia, opinión sobre la gestión de las autoridades en la pandemia y valoración del sistema político y de la democracia. Es importante resaltar que, para la estrategia de análisis de datos, dadas las dificultades que presentaban las auto adscripciones de los colectivos –que se centraron sobre todo en lo político y lo juvenil, con narrativas vinculadas al feminismo, la defensa del territorio y las 26 Participación activista de las organizaciones estudiantiles latinoamericanas de siete países... cuestiones medioambientales y estudiantiles– y el poco peso de las partidarias, se optó por comparar los colectivos con las adscripciones que les dieron los grupos de investigación de cada país. Esto posibilitó superar el problema que se estaba presentando en torno al establecimiento del tipo de colectivo. Otra cuestión importante que se suscitó fue la de hacer posible que las opiniones expresadas fueran libres, seguras y sin sesgos interpretativos por parte de los investigadores. Para ello, se establecieron diversos filtros durante la fase de validación del cuestionario que permitieron controlar que las preguntas no tuvieran sesgos que indujeran a determinadas respuestas, que estas fueran anónimas y que cada opinión emitida tuviera el mismo peso. En cuanto a las organizaciones estudiantiles, cuyos resultados presentamos, el número de encuestados de ellas fue de 25, siendo México el país en el que más se encuestó a este tipo de organizaciones (5) y Colombia el que menos (2). Los demás países se hallaban entre 3 o 4. Pese ser pocos los miembros de los colectivos estudiantiles entrevistados y no corresponder estos a una muestra aleatoria y representativa, los resultados obtenidos nos permiten explorar cómo se sitúan sus opiniones y valoraciones en torno a las dimensiones de la investigación. Por último, hay que señalar que la investigación no requirió más aspectos éticos en su metodología que el de respetar el anonimato de los que respondieron el cuestionario, así como de los colectivos de los que forman parte. RESULTADOS Los resultados se presentan en cuatro dimensiones de análisis: 1) formas organizativas; 2) formatos de acción colectiva; 3) evaluación de las medidas gubernamentales y 4) valoración sobre la democracia. FORMAS ORGANIZATIVAS En este apartado, se abordan elementos que tienen que ver con la organización interna y externa de los colectivos estudiantiles. Primero se analizan los cambios al interior de los colectivos, tomando especial atención a los conflictos y diferencias y cómo se resolvieron. A continuación, se analizan las formas de vinculación en un contexto marcado por el incremento de la virtualidad, tanto en las reuniones como en la participación, debido a las restricciones a la movilidad y a la presencialidad que se dieron en la mayoría de países. En tercer lugar, analizamos si la pandemia trajo como consecuencia la incorporación de nuevos temas a las agendas de los grupos estudiantiles. En cuarto lugar, se analizan los efectos de la pandemia y las medidas restrictivas 27 Robert González García y Juan Antonio Taguenca Belmonte de la movilidad y la reunión, en la organización externa de los colectivos estudiantiles. En quinto lugar, estudiamos las transformaciones producidas en su vínculo con las autoridades. Pues bien, la Tabla 2 nos muestra que hubo: un aumento en la centralización del liderazgo, la apertura de debates y de lentitud en la toma de decisiones; también se produjo cierto acrecentamiento de las diferencias internas en las organizaciones estudiantiles estudiadas en el periodo de la pandemia del COVID-19. Tabla 2. Cambios en la resolución de conflictos y tensiones en las organizaciones estudiantiles Centralización en mayor liderazgo Apertura de debates Las decisiones se vuelven más lentas Diferencias internas Otras No contesta 15,6% 24,4% 24,4% 8,9% 11,1% 15,6% Fuente: Elaboración propia a partir de Vázquez et al. (2021). En cuanto a las formas de vincularse, la Tabla 3 ofrece datos empíricos de cómo se incrementó la necesidad de hacerlo a través de la virtualidad y de ampliar los márgenes del propio colectivo, buscando coordinaciones más amplias a través de redes de afinidad. Tabla 3. Formas de vincularse de los colectivos estudiantiles durante la pandemia del COVID-19 Números absolutos por forma Frecuencias por forma Protestas virtuales 11 19.30% Protestas presenciales 10 17.54% Firmas solicitadas o manifiestos públicos 10 17.54% Diálogos informales entre miembros de los colectivos 12 21.05% Creación de coordinadoras, redes o grupos más amplios 10 17.54% Otros 4 7.02% Total 57 100% Formas de vincularse Fuente: Elaboración propia a partir de Vázquez et al. (2021). La Tabla 4 nos da cuenta de los cambios que se produjeron en los tipos de financiamiento, en los que las organizaciones estudiantiles se adaptaron a la reducción de los aportes públicos mediante el aumento de los aportes privados, el crowd funding y otros financiamientos. 28 Participación activista de las organizaciones estudiantiles latinoamericanas de siete países... Tabla 4. Tipo de financiamiento (respuesta múltiple) Aportes propios Aportes públicos Aportes privados Crowd funding Otros financiamientos 64,4% 11,1% 6,7% 8,9% 22,2% Fuente: Elaboración propia a partir de Vázquez et al. (2021). Respecto a la incorporación de nuevos temas a las agendas de los grupos estudiantiles, la Tabla 5 nos muestra la emergencia de la educación digital, los temas de salud y el teletrabajo en la agenda de los 25 grupos estudiantiles de la muestra. Tabla 5. Incorporación de nuevos temas a las agendas de los colectivos estudiantiles durante la pandemia del COVID-19 (respuesta múltiple) Nuevos temas Números absolutos por nuevo tema Frecuencias por nuevo tema Tecnología y teletrabajo 5 12.82% Salud y COVID-19 7 17.95% Educación digital 10 25.64% Asistencia social 2 5.13% Mujeres - violencia 1 2.56% Territorio 2 5.13% Ambientalismo 2 5.13% Organización interna 1 2.56% Trabajo 2 5.13% Economía 1 2.56% Otros 6 15.38% Total 39 100% Fuente: Elaboración propia a partir de Vázquez et al. (2021). Finalmente, en la Tabla 6 podemos observar las transformaciones producidas en su vínculo con las autoridades, que si bien no parecen mostrar un patrón, sí denotan cierto distanciamiento para un 36% que suspendieron o redujeron su relación, mientras que el 44% la aumentaron o mantuvieron y un 20% prefirió no contestar. 29 Robert González García y Juan Antonio Taguenca Belmonte Tabla 6. Transformaciones producidas en el vínculo de los colectivos juveniles con las autoridades durante la pandemia del COVID-19 Transformaciones producidas La frecuencia de los diálogos ha aumentado Número Frecuencia 6 24.00% La frecuencia de los diálogos se ha mantenido del mismo modo 5 20.00% La frecuencia de los diálogos ha disminuido 5 20.00% Los diálogos se han cortado o suspendido 4 16.00% No sabe/no contesta 5 20.00% Total 25 100% Fuente: Elaboración propia a partir de Vázquez et al. (2021). FORMATOS DE ACCIÓN COLECTIVA Los cambios que la pandemia del COVID-19 ha producido en las organizaciones estudiantiles encuestadas, respecto a los formatos de acción colectiva, se presentan en la siguiente tabla. Tabla 7. Cambios en los formatos de acción de las organizaciones estudiantiles antes y durante la pandemia Formatos de acción Movilizaciones y protestas Antes Durante 84,09% 70,45% Intervenciones artísticas 65,91% 47,73% Ocupaciones espacio público 47,73% 27,27% Paros y huelgas 81,82% 56,82% Comunicación masiva en RRSS 95,45% 97,73% Acciones socio territoriales 54,55% 54,55% Campañas político-partidarias 29,55% 25% Acciones de solidaridad y ayuda mutua 63,64% 68,18% Fuente: Elaboración propia a partir de Vázquez et al. (2021). Como se puede observar, excepto la comunicación masiva en redes sociales y las acciones de solidaridad mutua que suben, todos los otros formatos de acción tienen fuertes caídas durante la pandemia. En especial los vinculados con acciones presenciales. El que más cae es el formato de paros o huelgas, seguido por el de ocupaciones del espacio público, las intervenciones artísticas y las movilizaciones y protestas. Las acciones socio-territoriales se mantienen exactamente igual y las campañas partidarias solo bajan 4 puntos. El leve aumento en redes 30 Participación activista de las organizaciones estudiantiles latinoamericanas de siete países... y acciones de solidaridad mutua era de esperar, dado el proceso de virtualización y de reconversión de los activismos. En cuanto a las acciones partidarias, siendo las menos utilizadas antes de la pandemia, tampoco caen excesivamente, ya que los colectivos estudiantiles vinculados a organizaciones partidarias siguen con su militancia y existen diversas convocatorias electorales en la mayoría de los países. Los resultados muestran que los formatos clásicos de la acción colectiva, antes y durante la pandemia, siguen siendo los más importantes. Por otro lado, el incremento en las acciones de ayuda mutua o solidaria se debe a la respuesta de los colectivos estudiantiles a los problemas sociales que está generando o agudizando la pandemia. Existen algunas diferencias entre países que debemos analizar, a pesar de que hay que tomarlos como lo que son, percepciones subjetivas de las organizaciones entrevistadas sobre cómo ha afectado la pandemia a su repertorio de acción colectiva y no datos estadísticamente significativos. En México, el uso de ocupaciones cae con la pandemia, lo cual se debe en específico a la finalización de la toma de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por parte del movimiento estudiantil feminista en los primeros meses de la pandemia (Vázquez et al., 2021). En Argentina destaca la caída abrupta de las ocupaciones y de las campañas político-partidarias; las que menos caen son la virtualización y la ayuda social. En Ecuador, el sorprendente descenso de las acciones de solidaridad y ayuda mutua cabe atribuirlo a la nefasta gestión de la pandemia en las primeras semanas, en las que se amontonaban cadáveres en la calle y crematorios improvisados infundieron miedo en el conjunto de la población y también en los activistas estudiantiles. En Brasil, a pesar de que el negacionismo del entonces presidente Jair Bolsonaro implicó pocas restricciones a la circulación y la movilidad, bajaron todos los formatos presenciales. Esto apunta a la hipótesis de que son las propias organizaciones estudiantiles (y no tanto las restricciones gubernamentales) las que disminuyen su actividad callejera, mostrando una concepción del cuidado y de la defensa de la vida mayor que la del propio gobierno. En Colombia sobresale el relativo mantenimiento del formato tradicional de movilizaciones y protestas públicas en la calle, debido al fuerte protagonismo estudiantil en las movilizaciones en contra de los cambios en la política fiscal propuestos por el gobierno conservador de Iván Duque Márquez. En España aumentaron las acciones de solidaridad y la ayuda mutua, así como de formatos artísticos. Por otro lado, resulta lógico el 31 Robert González García y Juan Antonio Taguenca Belmonte fuerte descenso del formato de paros y huelgas, debido a las fuertes restricciones a la movilidad, los cierres de las universidades y al confinamiento total que se adoptaron durante los primeros meses de la pandemia. Finalmente, en Chile antes de la pandemia se observaba un porcentaje elevado de intervenciones artísticas, de la que destacaba la performance feminista “Un violador en tu camino”, del colectivo “Las Tesis”, que se viralizó y extendió por todo el mundo. Estas intervenciones artísticas cayeron abruptamente con la pandemia, así como también las ocupaciones, todas ellas muy ligadas al mundo estudiantil. Los paros también disminuyeron, aunque se mantuvieron en un nivel alto, adoptando un formato virtual, mediante la desconexión a las clases en línea o apagando las cámaras durante las mismas. EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS GUBERNAMENTALES La mayoría de las organizaciones estudiantiles está muy en desacuerdo con las medidas gubernamentales llevadas a cabo durante la pandemia del COVID-19 (44%) o algo en desacuerdo (20%). Los que se muestran muy de acuerdo son el 4% o algo de acuerdo el 20%. Por último, el ni de acuerdo ni en desacuerdo se sitúa el 4%. Existe variación por países, siendo las agrupaciones estudiantiles pertenecientes a Brasil y Colombia (100%), y Chile (66,6%) las que mayoritariamente están muy en desacuerdo; las de España (75%) las que están algo en desacuerdo; las de Argentina (50% para cada posición), Ecuador (ni de acuerdo ni en desacuerdo: 50%; y muy en desacuerdo: 50%) las que tienen una posición igual para el desacuerdo y el acuerdo o él ni de acuerdo ni en desacuerdo; y las de México (60%) las que mayoritariamente están algo de acuerdo. En cuanto a la valoración de las medidas de confinamiento y aislamiento social implementadas en cada país, no las valoran el 4% de las organizaciones juveniles, las consideran muy razonables el 24%, algo razonables el 20% y nada razonables el 8%. Entre países no hay variación importante en estos resultados. El 40% de los representantes estudiantiles encuestados quisieron expresar sus valoraciones de forma abierta. Vemos un ejemplo de lo que dijeron en la Tabla 8. 32 Participación activista de las organizaciones estudiantiles latinoamericanas de siete países... Tabla 8. Valoraciones de las organizaciones estudiantiles de las medidas gubernamentales llevadas a cabo durante la pandemia del COVID-19 Países Opiniones de los representantes de las organizaciones estudiantiles Argentina “El aislamiento debía tener un objetivo específico; preparar el sistema de salud. El gobierno no hizo esto y se quedó muy cómodo en la cuarentena”. Brasil - Chile “El aislamiento tiene sentido, pero si no está acompañado de medidas económicas para las familias más vulnerables termina empobreciendo mucho a la población”. Colombia “Estado de Sitio para perpetrar el capital, poniendo en riesgo la vida e integridad del pueblo”. Ecuador “Si bien es cierto las medidas ayudaron a controlar la infección, no hubo un respaldo eficiente para las clases [menos favorecidas]. Muchos se quedaron sin educación, un derecho fundamental”. España “Algunas están bien, otras están mal pensadas y su aplicación es inútil”. “Se le limita la movilidad para socializar, pero, en cambio, no para producir para el patrón. Es evidente que el Gobierno es sumiso con los intereses de la oligarquía, siendo imprescindible para esta que la producción no se detenga”. México Fuente: Encuesta “Acciones colectivas juveniles durante la pandemia, 2021”. PERCEPCIÓN Y VALORACIÓN DE LA DEMOCRACIA Y LA POLÍTICA Dentro de los objetivos de investigación tenemos el de conocer las modificaciones que se han dado durante el COVID-19 en la valoración de las organizaciones juveniles sobre la democracia. En este capítulo nos centramos en las que se produjeron en los colectivos estudiantiles, quienes piensan que en esta se han dado modificaciones a través de las medidas tomadas para combatir la pandemia, que la afectan negativamente. En este sentido, señalan que los movimientos sociales han sido seriamente afectados por estas políticas, lo que es coincidente con lo que señalan Amat et al. (2020). Se trata, según los encuestados de una profundización de los procesos que ya estaban en marcha antes de que el COVID-19 hiciera su aparición. En el mismo sentido se expresan la mayoría de los representantes de las organizaciones estudiantiles de todos los países –excepto Ecuador, que tiene un significado de cambio de percepción real y positivo– tal y como podemos ver en la Tabla 9. 33 Robert González García y Juan Antonio Taguenca Belmonte Tabla 9. Selección por país de los cambios en la valoración democrática de las organizaciones estudiantiles durante la pandemia COVID-19 Argentina “La brecha social se profundizó y garantizó que haya más miseria para el conjunto de la población mientras que las grandes empresas siguieron manteniendo sus ganancias”. Brasil “Las desigualdades se evidenciaron todavía más y el gobierno brasileño reforzó su comportamiento autoritario”. Chile “Ha aumentado la desconfianza y rabia contra las instituciones supuestamente democráticas del país, ya que establecen un discurso y accionar para proteger exclusivamente los intereses de los poderosos de este país”. Colombia “Se ha exacerbado la crisis capitalista y evidenciado aún más la contradicción de clase”. Ecuador “Nos dimos cuenta qué podemos llegar mediante las herramientas virtuales a los jóvenes del país, para darles a conocer todas las opciones que teníamos para elegir (candidatos a presidentes)”. España “La pandemia ha sido el catalizador de una crisis económica que ya se cernía y, por lo tanto, ha acelerado el aumento de las contradicciones de clase.” “[La pandemia] solo saca a la luz lo que ya se sabe, es una muestra clara de lo que ya pasaba antes”. México “Las medidas sociales que se han tomado en la pandemia no benefician para nada a la clase trabajadora y a la juventud”. Fuente: Vázquez et al. (2021, p. 63). DISCUSIÓN La pregunta de investigación “¿cómo se adaptaron los colectivos estudiantiles a las consecuencias que para la acción colectiva contenciosa tuvieron las medidas implementadas por los distintos gobiernos en el periodo álgido del COVID-19?” dio lugar a distintas respuestas: al interior de aquellos aumentó la centralización de los liderazgos, al tiempo que se incrementaron los debates favorecidos por los medios de comunicación virtuales. Buscaron, además, una mayor vinculación en red con colectivos afines y financiarse con aportaciones propias o externas ante la disminución de la financiación pública. Los resultados obtenidos van en el mismo sentido de H1, ya que el COVID-19 produjo cambios en las formas tradicionales de organización de los colectivos estudiantiles, aumentando la centralización del liderazgo y la virtualización. También, son coincidentes con lo que señalábamos en H2, puesto que hubo cambios en las formas tradicionales de acción colectiva, disminuyendo las que requieren acciones presenciales y aumentando las basadas en las redes sociales de Internet. En cuanto a H3, si bien los colectivos estudiantiles mantuvieron, aunque con otros formatos, su agenda de movilización, incorporaron a ella nuevos temas: educación digital, salud y teletrabajo, específicamente. 34 Participación activista de las organizaciones estudiantiles latinoamericanas de siete países... De los resultados obtenidos no se desprende que estos colectivos modificasen su agenda de movilización, más bien muestran que incorporaron a ella nuevos tópicos. Respecto a H4, los resultados de la investigación van en el sentido que señala, al ser las acciones en el espacio público las que más disminuyeron a raíz de las medidas gubernamentales tomadas por el COVID-19. H5 también está soportada por los resultados obtenidos, dado que muestran que la actividad organizativa y reivindicativa en el espacio virtual se ha incrementado durante la pandemia. CAMBIOS Y CONTINUIDADES EN LAS ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES A la luz de los hallazgos, cabe destacar lo siguiente: (1) los grupos estudiantiles entrevistados se reconocen mayoritariamente en la izquierda política (78,6%); (2) en cuanto a su organización, consideran que, durante la pandemia del COVID-19, la toma de decisiones se concentró en las dirigencias, las decisiones se hicieron más lentas, existió mayor apertura en los debates colectivos y se hizo necesario adaptarse a los entornos virtuales; (3) en este periodo se dieron varios desafíos, de los cuales destacan: hacer frente a la disminución de la participación, las dificultades de incluir nuevos integrantes, encontrar el tiempo para reunirse y hallar los recursos necesarios para financiarse; (4) se mantuvieron los vínculos de los colectivos estudiantiles que se tenían con anterioridad al COVID-19 y no se abrieron otros; (5) las organizaciones estudiadas hicieron diagnósticos, se manifestaron públicamente sobre las medidas gubernamentales tomadas y mantuvieron posiciones públicas con respecto a ellas, y construyeron una agenda propia; (6) los formatos activistas presenciales cayeron, es el caso de: las intervenciones artísticas, las ocupaciones, las movilizaciones, los paros y las huelgas; (7) en estos colectivos crecieron las acciones virtuales y las actividades de ayuda mutua; (8) hubo cambios hacia valoraciones más negativas de la vida democrática, que atribuyeron a la desigualdad creciente, al aumento del autoritarismo gubernamental en algunos países y a la vulnerabilidad de la población. SIMILITUDES Y DIFERENCIAS DE LOS RESULTADOS CON LAS INVESTIGACIONES DE OTROS AUTORES En primer lugar, cabe destacar que en la revisión de la literatura existente no se han encontrado investigaciones específicas sobre los cambios o continuidades que la pandemia del COVID-19 ha originado en colectivos estudiantiles. Sin embargo, sí existen algunas cuyo sujeto son las organizaciones con una fuerte presencia juvenil y, dentro de esta, de estudiantes universitarios y de enseñanza media. Es el caso de 35 Robert González García y Juan Antonio Taguenca Belmonte una investigación llevada a cabo por investigadores de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) sobre la interdependencia del activismo online y offline en la organización Fridays for Future-Barcelona en el contexto del confinamiento por el COVID-19, específicamente durante los primeros meses de la pandemia, primavera de 2020 (Soler-i-Martí, Ferrer-Fons y Terren, 2020). Los resultados de la investigación señalada demuestran que la organización analizada: 1) se adaptó organizativamente (disminuyendo las asambleas presenciales y apostando por las virtuales; 2) repensó su repertorio de acción en función de las restricciones gubernamentales, cancelando las concentraciones y marchas de los viernes y sustituyéndolas por acciones en línea, tales como la Huelga Global en Línea del 24 de abril de 2020; y 3) ajustó su agenda hacia las relaciones entre la pandemia y la crisis climática. Este último punto se tradujo en los tres ejes de la campaña de movilización y de redes sociales que llevó a cabo en esos meses y de los cuales el primero presenta similitudes con los resultados de nuestra investigación, ya que se trataba de reforzar las redes de solidaridad y ayuda mutua, remarcar la importancia de la lucha por servicios de salud públicos de calidad, reivindicar la soberanía global y planetaria en temas de salud y el decrecimiento económico como alternativa a un capitalismo salvaje que estaba en los origenes de ambas crisis: la climática y la de salud. En la misma investigación también se realiza una comparación entre el periodo anterior (normalidad) y el del estricto confinamiento (estado de alarma, entre marzo de 2020 y junio de 2021) –similar a las comparaciones que se realizan en este capítulo– a través de las respuestas de los colectivos estudiantiles a preguntas de opinión sobre distintos temas, que sitúan la opinión en antes y durante la pandemia. Sin embargo, los instrumentos de investigación y los indicadores utilizados son diferentes, por lo que los resultados entre ambas investigaciones no se pueden comparar metodológicamente en sentido estricto. Al respecto, en nuestro caso se realiza un estudio de carácter comparativo y en el de la investigación citada un estudio de caso. No obstante, la investigación de Soler-i-Martí, Ferrer-Fons y Terren (2020) es un claro referente metodológico, dado su uso de distintas técnicas de investigación social.2 En este sentido, estos autores incluyen en su análisis a las redes sociales y a la observación. 2. En la segunda etapa del proyecto de investigación, que se está diseñando en la actualidad, se considera implementar grupos focales y entrevistas semiestructuradas, que se consideran técnicas cualitativas de recolección de información que son adecuadas y complementarias a la metodología cuantitativa utilizada en la primera etapa. 36 Participación activista de las organizaciones estudiantiles latinoamericanas de siete países... Finalmente, la investigación señalada obtiene evidencia empírica sobre la interdependencia entre el activismo juvenil offline y online en un contexto peculiar, cuasi experimental, durante la aplicación de las fuertes medidas de restricción de la movilidad aplicadas por el gobierno español. Con respecto a nuestro estudio, este es más exploratorio y descriptivo sobre los cambios y continuidades de los colectivos estudiantiles, así como en su activismo, que ha provocado la pandemia en siete contextos nacionales distintos y diversos, y en los que se han tomado diferentes medidas restrictivas de movilidad, reunión y manifestación. LIMITANTES DE UNA INVESTIGACIÓN EN CURSO La investigación realizada hace contribuciones que permiten explicar cuáles han sido las permanencias, cambios organizacionales y conflictos de las organizaciones estudiantiles durante la pandemia del COVID-19, los cuales se han centrado básicamente en la pérdida de presencialidad y el aumento de la virtualidad en las reuniones y participación. Asimismo, da cuenta de la incorporación de nuevas temáticas en las agendas de los colectivos estudiantiles, como son: las propiamente derivadas de la pandemia, las medidas gubernamentales en torno a ella y la recomposición de las relaciones con las autoridades. También permite mostrar cómo ha evolucionado su valoración de las instituciones, la política y la democracia. La investigación que se presenta tiene varias bondades: (1) la evidencia encontrada sobre las oportunidades y amenazas que el COVID-19 supone para el activismo de los colectivos estudiantiles; (2) los cambios organizacionales que han tenido estos en este periodo; (3) la virtualización de las formas organizativas y de las acciones colectivas que emprenden; (4) la recomposición de las relaciones con las autoridades; (5) su valoración de las medidas gubernamentales tomadas durante la pandemia; (6) los cambios y permanencias en su percepción de la democracia y de la política. Además, tiene el mérito de ser plurinacional, al ser implementada en siete países iberoamericanos. La limitante mayor del estudio es su carácter estadístico no aleatorio y no representativo, lo que no permite generalizar los resultados obtenidos ni hacer comparaciones entre países, aunque sí nos da una idea exploratoria de los tópicos abordados, misma que es indicativa de los cambios y permanencias de las organizaciones estudiantiles y sus acciones reivindicativas en varios países iberoamericanos, dando pie a futuros estudios de carácter cualitativo. La limitante señalada tuvo su origen en las dificultades de implementar cuestionarios durante la pandemia y en la falta de financiación, que no permitió trabajar con los equipos de trabajo adecuados para realizar un levantamiento 37 Robert González García y Juan Antonio Taguenca Belmonte aleatorio y estadísticamente significativo para los siete países considerados en general y para cada uno de ellos en específico. Se optó, por tanto, por realizar un muestreo no aleatorio y opinático en el que los propios investigadores de los países seleccionaron a los entrevistados de las distintas organizaciones juveniles, también estudiantiles, consideradas. IMPORTANCIA E IMPLICACIONES DE LOS RESULTADOS FRENTE A FUTURAS INVESTIGACIONES SOBRE LA ACCIÓN COLECTIVA ESTUDIANTIL EN PANDEMIA A pesar de tratarse de una investigación exploratoria y de tener las limitaciones señaladas, los resultados indican algunas tendencias: (1) la pandemia del COVID-19 marca un antes y un después en la práctica del activismo estudiantil; (2) la organización de estos colectivos presenta, al mismo tiempo, oportunidades y amenazas; (3) los colectivos estudiantiles han tendido a flexibilizarse; (4) abordan nuevas temáticas, como las relacionadas con la pandemia; (5) han aumentado los modos virtuales de participación y de reunión, mayormente en aquellos momentos de restricciones respecto a las reuniones sociales y de imposibilidad de movilizarse; (6) aumenta la utilización de plataformas sincrónicas y las reuniones híbridas que reemplazan a las reuniones presenciales; (7) empieza a tomar más relevancia en ellos la asistencia social, la educación, la conexión a Internet y a dispositivos electrónicos y la cuestión de salud pública frente al COVID-19; (8) el vínculo con las autoridades fue mayor antes de la pandemia, bajando durante esta; (9) en todos los países iberoamericanos que conforman el estudio crecieron los formatos de acción virtuales durante la pandemia; (10) en todos ellos disminuyeron los formatos presenciales, excepto en Chile, donde se mantuvieron y en México donde incrementaron ligeramente. Este resultado es debido a la naturaleza de las organizaciones estudiantiles encuestadas, especialmente activas durante la pandemia y con acciones como las ocupaciones de edificios públicos (por ejemplo, el movimiento estudiantil de Colima); (11) el descenso en las acciones presenciales durante la pandemia es bajo en Ecuador y Brasil, y fuerte en Colombia y España, lo que parece indicar una asociación positiva entre el aumento de las restricciones a la reunión y la movilización y la disminución de la acción colectiva juvenil, o cuando menos la estudiantil, cuyos resultados de investigación aquí presentamos; (12) la creatividad de las organizaciones estudiantiles y la virtualización de las formas organizativas y de acción han sido herramientas esenciales para responder al reto que la pandemia ha planteado a los movimientos sociales y a la movilización estudiantil en particular; (13) la mayoría de colectivos estudiantiles se mostraron en 38 Participación activista de las organizaciones estudiantiles latinoamericanas de siete países... desacuerdo con las medidas tomadas por sus gobiernos para combatir el COVID-19, si bien existe una gran variabilidad, en este particular, entre los distintos países iberoamericanos que participaron en el estudio. Esto es lógico, pues tienen gobiernos que han tomado medidas distintas; (14) los colectivos estudiantiles encuestados coinciden en señalar que la pandemia significará un retroceso de la calidad de la democracia, si bien con el neoliberalismo ya se estaba produciendo. BIBLIOGRAFÍA Aguilar-Forero, Nicolás (2020). Sin cuarentena: necropolítica y acción colectiva juvenil en Colombia. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 19(1), 1-23. Amat, Francesc; Arenas, Andreu; Falcó-Gimeno, Albert y Muñoz, Jordi (2020). Pandemics meet democracy. Experimental evidence from the COVID-19 crisis in Spain. SocArXiv. 10.31235/ osf.io/dkusw Bonal, Xavier y González, Sheila (2021). Educación formal e informal en confinamiento: una creciente desigualdad de oportunidades de aprendizaje. RASE, Revista de Sociología de la Educación, 14(1), 44-62. https://doi.org/10.7203/ RASE.14.1.18177 Briengel, Breno y Pleyers, Geoffrey (2020). Alerta global. 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Poco a poco, a medida que el período de confinamiento se extendía, las actividades antes presenciales se trasladaron a la virtualidad. Los espacios de encuentro y de juego de niños, niñas y jóvenes se cerraron de forma intermitente, y desde el Estado y otras instituciones se comenzaron a delinear estrategias para que estos no perdieran la interacción entre ellos y ellas, y tampoco con estos organismos. En este escenario, la participación social y política de los niños, niñas y jóvenes subsistió durante la pandemia como una preocupación de los agentes estatales y de las organizaciones sociales e incluso se amplió con la organización de actividades, espacios y formatos digitales diversos. Interesadas en conocer las modalidades que asumieron estas formas de participación social y política a través de espacios virtuales1 1. Utilizaremos el término “virtual” como sinónimo de digital para dar cuenta de aquellas acciones que ocurren en los espacios online. A su vez cuando hablamos de 41 Carolina Ciordia, Gabriela Roizen y Yadira Palenzuela Fundora y cómo distintas agencias estatales y no estatales lidiaron con el contexto pandémico, elaboramos un informe con los resultados de un relevamiento realizado durante los años 2020 y 2021 sobre algunas iniciativas participativas impulsadas por organismos estatales a nivel nacional y subnacionales y organizaciones sociales o movimientos vinculados a las infancias y juventudes que buscaron incidir en las agendas de políticas públicas durante los primeros dos años de pandemia en Argentina y Chile. Dicho Informe, construido desde una perspectiva cualitativa, se titula “Políticas públicas y participación de niños, niñas y jóvenes durante la pandemia desde un abordaje cualitativo. Argentina y Chile, 2020-2021” (Ciordia et al., 2021), y es producto de un trabajo colectivo de las autoras junto con Melina Vázquez, Emilia Arpini y Marcela Alejandra Parra.2 Este capítulo recupera algunas dimensiones planteadas en el informe a fin de, en primer lugar, enlazarlas con las iniciativas y políticas públicas que en ambos países se desarrollaron respecto del fomento de la participación política y social de niños/as y jóvenes, desde la recuperación de la democracia hasta nuestros días; en segundo lugar, profundizar la reflexión respecto de tropos o núcleos de significado en los que se atomizan sentidos de participación que se construyen en torno a las infancias y juventudes; y, en tercer lugar, indagar las valorizaciones respecto de la virtualización de la participación que sostuvieron los actores sociales en los espacios digitales. En el capítulo se sostiene que, durante el período analizado (2020 y 2021), las representaciones de la participación de niños, niñas y jóvenes desde los organismos estatales y organizaciones sociales, estuvo asociada a dos tensiones: una, vinculada con la oposición entre una mirada más proteccionista de las infancias frente a otra que persigue darle mayor protagonismo y lugar a sus voces; otra, que tiene como eje al Estado y que oscila entre una búsqueda por incluir la perspectiva juvenil en la construcción de políticas públicas y la proyección de su formación en la gestión como parte de su preparación como sujeto político. Esta última concepción de las juventudes en tanto sujetos políticos ha aparecido en el trabajo de campo digital en Argentina bajo la figura de redes sociales, nos referimos a redes digitales o plataformas de relacionamiento interpersonal que funcionan en o a través de internet. No nos adscribimos a las diferencias real/virtual de la realidad; o su homólogo offline/online como espacios contrapuestos o inconexos. Asumimos que lo que ocurre en el espacio virtual o digital es tan real como lo que ocurre fuera de él y se encuentran interconectadas sus experiencias como una red en la vida cotidiana. 2. Dicho Informe se produjo en el marco del Observatorio Latinoamericano y Caribeño en primera infancia, infancias y juventudes y el Grupo de Trabajo CLACSO Infancias y Juventudes. 42 Políticas públicas y sentidos de la participación de las infancias y juventudes en contextos digitales... una juventud que se ve a sí misma como militante,3 asociada a formas de activismo y compromiso político. Este reconocimiento de la juventud como activista se encuentra en Chile plasmado en la idea de la participación política diferenciada de la participación social o de voluntariado. Por lo tanto, retomamos en este capítulo parte de lo registrado durante el trabajo de campo virtual y exploratorio en redes sociales (Facebook, Instagram, YouTube) en el que relevamos encuentros, conversatorios, charlas, lives/vivos, spots, publicaciones, campañas, entre otras denominaciones que adquieren estos formatos, en las que diferentes agencias estatales nacionales específicas de las áreas de niñez y juventud (tanto argentinas como chilenas), así como actividades organizadas por sus pares en áreas locales (municipales) de la zona metropolitana de Buenos Aires; y organizaciones sociales de alcance nacional y provincial, específicamente en el área metropolitana de Buenos Aires y en las provincias argentinas de Buenos Aires, Neuquén y Río Negro, que promueven la participación de los niños, niñas y jóvenes en relación con políticas públicas. RECONSTRUYENDO GENEALOGÍAS SOBRE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y JUVENIL: DESDE EL RETORNO A LA DEMOCRACIA HASTA LA ACTUALIDAD, EN ARGENTINA Y CHILE La literatura académica ya señaló in extenso que las categorías de infancia, juventud y adultez se tratan de construcciones sociohistóricas, culturales y relacionales cuyos sentidos son situados. Lejos de tratarse de definiciones biológicas o esencialismos que remiten a un universo homogéneo y ahistórico determinado por un corte etario, dichas categorías son producidas socioestatalmente en contextos específicos y atravesadas por las diferencias de clase, género, etnia y relaciones racializadas. La conceptualización de la participación social y política de esta franja de población no puede comprenderse sin una reflexión en torno a los sentidos atribuidos a esas categorías. Es por ello que en este apartado interesa dar cuenta brevemente de algunas formas de comprensión de las infancias y las juventudes que se construyeron a lo largo del tiempo, al calor de las políticas públicas, de los organismos internacionales, de las transformaciones de la institucionalidad estatal y de las organizaciones sociales, a efectos de identificar sentidos asociados a la participación social y política atribuida a este sector de la población. En ese sentido, tanto en Argentina como en Chile el 3. Optamos por la letra cursiva para señalar que se trata de términos utilizados por los participantes de los eventos virtuales registrados, así como de las páginas web o redes sociales. 43 Carolina Ciordia, Gabriela Roizen y Yadira Palenzuela Fundora retorno a la vida democrática inició un proceso de importantes transformaciones. Por lo tanto, comenzamos desde allí la reconstrucción genealógica. En Argentina, la transición a la democracia a comienzos de los años ochenta inició un proceso singular en el país, en relación con un amplio rechazo a las formas cruentas de violencia de la dictadura, frente a la Guerra de Malvinas y contra la aplicación de recetas económicas que redundaron en una mayor dependencia, entre otros. Este proceso encontró a multitudes movilizadas en las calles en reclamo del retorno a la democracia. En este contexto también se desarrollaron los debates que desde 1979 se produjeron en torno a la redacción de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (de ahora en adelante CDN) –que finalmente fue adoptado en el año 1989 por la Asamblea General de Naciones Unidas– con grandes repercusiones, fundamentalmente en la sociedad civil y, una vez finalizada la dictadura cívico-militar, con una importante participación del movimiento de Derechos Humanos argentino en los debates internacionales (Llobet, 2011). Con el retorno a la democracia, las acciones de un conjunto de activistas por los derechos humanos comenzaron a dar una disputa político-cultural que buscó instalar el problema de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en vistas al circuito de la minoridad –estructurado en la Doctrina de la Situación Irregular– que se encontraba vigente en nuestro país desde principios del siglo XX con la sanción de la Ley de Patronato (Grinberg, 2013). Durante los años ochenta y noventa se debatieron las políticas para las infancias, buscando instalar el enfoque de la protección integral plasmado en la CDN que suponía un cambio sustancial respecto de la matriz tutelar. Nuestro país ratificó la CDN en el año 1990 y cuatro años más tarde fue incorporada en la Constitución Nacional. A la par de estas transformaciones, en Argentina –así como otros países de la región– se comenzaron a sentir los efectos devastadores de los planes económicos que las dictaduras cívico-militares implementaron y que se recrudecieron con las políticas neoliberales de la década del noventa. Como señala Sandra Carli (2006), el reconocimiento de los derechos del niño se dio en un momento de reestructuración social regresiva a través de las políticas de ajuste económico y la flexibilización laboral, que llevó a la precarización de las condiciones de vida de buena parte de la población y a un alarmante aumento de la desigualdad social, acentuando aún más las asimetrías regionales. Esta situación impactó en mayores privaciones para la infancia y la juventud. En ese contexto, surge el Movimiento Nacional Chicos del Pueblo, la primera experiencia de organización nacional con el 44 Políticas públicas y sentidos de la participación de las infancias y juventudes en contextos digitales... objetivo de “luchar por una infancia digna en términos clasistas, y de hacerlo con los niños y niñas como protagonistas de dicho proceso” (Shabel, 2017, p. 5). A su vez, las transformaciones de las políticas destinadas a las infancias tuvieron un punto importante de inflexión cuando en el año 2005 se sancionó la Ley 26.061, que receptó el espíritu de la CDN, denominada “de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”. Con su sanción se derogó la Ley de Patronato y ganó centralidad la consideración del niño como sujeto de derechos, proyectando sus efectos sobre los lineamientos de políticas públicas y promoviendo un proceso de transformación social de construcción de ciudadanía para niños y jóvenes, y de modificación de prácticas de actores gubernamentales y no gubernamentales. Sumado a ello, se dieron cambios en la institucionalidad y, en particular, nos interesa situar la creación de la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (SENAF, de aquí en adelante) que funciona en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y cuya creación respondió al enfoque de protección integral y la inclusión de las políticas de infancia universales (junto con los programas de promoción y protección de derechos destinados a la infancia y la adolescencia) en el campo más amplio de las políticas sociales (Magistris y Litichever, 2013). Ahora bien, si bien desde la vuelta a la vida democrática en nuestro país, la participación fue valorada positivamente en los discursos políticos y en las instituciones (Cerletti, 2008), cobró mayor impulso con la CDN y nuestra legislación nacional receptó el derecho a la participación cuando adoptó el enfoque de la protección integral de los derechos del niño; en términos sociales prevaleció una concepción infantilizadora de niños, niñas y adolescentes que invisibilizaba las prácticas y discursos sobre el bien común que los tiene como protagonistas (Batallán, 2011). En efecto, distintos trabajos han dado cuenta de la neutralización del potencial político –en tanto capacidad transformadora de la realidad social y política– de los niños y niñas (Szulc y Enriz, 2016). Otros estudios vinculados al análisis de los programas que alientan la formación ciudadana en las escuelas (Batallán et al., 2021; Batallán y Campanini, 2008; Rodríguez Bustamante, 2020) y otro conjunto de trabajos que indagan en torno a las demandas y acciones del movimiento estudiantil en nuestro país (Enrique, 2011; Falconi, 2004; Núñez, 2019; Vázquez et al., 2014), también permiten colocar matices respecto del reconocimiento social de los niños, niñas y adolescentes como actores sociales activos y competentes en la (re) producción social y política de nuestra sociedad, según la consideración social hegemónica que nortea las representaciones, relaciones 45 Carolina Ciordia, Gabriela Roizen y Yadira Palenzuela Fundora sociales y cursos de acción en distintas instituciones y agentes a cargo de la implementación de políticas públicas. Por otro lado, otras investigaciones han documentado y analizado experiencias que se desarrollaron en nuestro país en movimientos y organizaciones sociales que reivindican el protagonismo social de los niños y jóvenes en la vida política, tornándolos protagonistas del ejercicio de reclamar por los derechos que les son vulnerados (Padawer et al., 2009; Shabel, 2016). En lo relativo a la participación juvenil en Argentina, esta ha sido abordada desde diferentes enfoques disciplinares –ciencia política, sociología y antropología, por nombrar algunos–, con énfasis en los circuitos de entrada y los motivos de la participación política, como también los repertorios de acción y trayectorias militantes (Quirós, 2011; Roizen, Vázquez y Kriger, 2017; Vázquez, Rocca Rivarola y Cozachcow, 2016; por citar algunos). Otra línea de trabajos se focaliza en políticas públicas participativas orientadas a jóvenes, algunos de los cuales dan cuenta de las reconfiguraciones de los paradigmas de trabajo con jóvenes y otros muestran cómo esas políticas participativas se vinculan con la promoción de la juventud como causa pública por parte de los adultos y en todo el espectro político partidario (Balardini, 1999; García y Liguori, 2015; Krauskopf, 2005; Rodríguez, 2003; 2008; Vázquez, 2013). Los esfuerzos por promover una juventud participativa en los ochenta se pueden entrever en la iniciativa de organismos internacionales y la creación del organismo estatal de juventud –con transformaciones a lo largo del tiempo, que permitieron dar cuenta de un largo itinerario (Vommaro et al., 2018; Vázquez y Liguori, 2018)–. En paralelo a este proceso, las juventudes de diferentes fuerzas políticas comenzaron a ocupar las calles gradualmente y se aglutinaron en lo que fue el Movimiento de Juventudes Políticas (MOJUPO). Sus lemas principales, “democracia” y “paz”, retratan el clima de época (Larrondo y Cozachcow, 2017). El evento más importante en materia de política de juventudes en esta “primavera democrática” es la instauración de 1985 como el Año Internacional de la Juventud. Este evento, impulsado por la Organización de las Naciones Unidas y con una agenda de trabajo tendiente a la promoción de la participación juvenil y su vinculación con instituciones estatales y extraestatales (Vázquez y Liguori, 2018), hizo que el área destinada a juventudes que se hallaba dentro de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia del entonces Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación (1983-1986) se formalizara en la Subsecretaría Nacional de Juventud. La jerarquización de las temáticas juveniles posibilitó, en los años noventa, un mayor reconocimiento 46 Políticas públicas y sentidos de la participación de las infancias y juventudes en contextos digitales... del organismo con consecuentes cambios en su denominación y ubicación en el organigrama estatal, lo que le otorgó mayor visibilidad. Con el correr del tiempo, la mirada socioestatal sobre la participación juvenil osciló entre aquellas tendencias que fomentaban su involucramiento en actividades comunitarias y su compromiso político y posiciones más escépticas que planteaban que la juventud no está preparada para ello o que no tiene interés. Así, encontramos que en los años noventa se hablaba de una juventud “apática” o alejada de la política (Kozel, 1996; Mayer, 2007). En verdad, lo que podría decirse es que esta generación de jóvenes, antes que despolitizada, estaba “alejada” de las formas clásicas de militancia. Es decir, no había una participación generalizada en espacios partidarios o de tipo institucional, pero sí cabe mencionar el surgimiento de organizaciones estudiantiles, barriales y de derechos humanos que se caracterizan por esbozar formas de funcionamiento autónomo y horizontal (Bonvillani et al., 2008). Este ciclo de politización juvenil culmina en el año 2001, fecha en que se abre un nuevo escenario que dará mayor visibilización a estas organizaciones y vinculaciones entre estas y las clases medias movilizadas a partir de su identificación con el discurso “que se vayan todos”. Hacia los años dos mil se observa una consolidación del área de juventud, que se trasladó del Ministerio del Interior a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La nueva gestión se destacó por intentar instalar un nuevo abordaje para las políticas de juventud desde un enfoque generacional. Tras la asunción de Néstor Kirchner en 2003, se vio progresivamente una mayor implicancia juvenil en vías institucionales de participación política en agrupaciones juveniles kirchneristas, aunque no desaparecieron las formas anteriores de participación territorializada (Vommaro y Larrondo, 2013). El conflicto del campo4 en el año 2008 suscitó un evento crítico en la participación política de muchas y muchos jóvenes, que a raíz de este acontecimiento comenzaron a militar o se involucraron de forma más activa en agrupaciones partidarias, ya sea a favor o en contra de esta medida. En los años subsiguientes la juventud se convirtió en “problema público” a la vez que en “causa militante” (Vázquez, 2013), lo que redundó en un creciente impulso de políticas públicas centradas en las problemáticas que, desde la lente estatal, les afectaban; entre ellas se destacan la promoción de acciones participativas (Vázquez, 2015). 4. Episodio que enfrentó al gobierno nacional y los productores rurales en 2008 en torno a las retenciones de la producción agraria. Este tuvo un impacto político que dividió a la opinión pública y contó con amplia difusión mediática, logrando resonancias de otros momentos históricos. 47 Carolina Ciordia, Gabriela Roizen y Yadira Palenzuela Fundora Las fuerzas opositoras reunidas en la alianza Cambiemos asumieron el poder en 2015 y el organismo de juventud vivió un retraimiento en tamaño y presupuesto. La otrora Subsecretaría de Juventud se reconfiguró como Instituto Nacional de Juventud –homologándose al INJUVE de España– con políticas focalizadas, y con lecturas de la participación juvenil restringida a acciones solidarias o de voluntariado. A su vez, en esta gestión de gobierno se construyó un discurso antimilitante, adjetivando a los jóvenes militantes de la gestión anterior como “ñoquis” y parte de la “grasa militante” (La Nación, 2016). Más allá de las producciones socioestatales de la participación juvenil, en el presente se registra una reivindicación de esta figura del joven militante que se enriquece con un común denominador en las agendas de las organizaciones políticas vinculado a temáticas ambientales, de género, sindicales, entre otras (Blanco, 2016; Elizalde, 2018; Wolanski, 2016). En el caso de Chile, la participación infantil y juvenil en el pasado reciente cuenta con una amplia producción académica desde las ciencias sociales. Se destacan, en este sentido, importantes estudios desde finales de la década de los sesenta, en los cuales ya se daba cuenta de la heterogeneidad de la juventud chilena y la imposibilidad de una caracterización única de este grupo social (Mattelart, 1970), aunque la asociaban a una esencia reformista y responsable del cambio. Posteriormente, tras el golpe de Estado en 1973 y la instauración de la dictadura militar, la producción académica se vio suspendida de forma obligatoria en estos temas (Duarte Quapper, 2015), pero años después se retomó y sistematizó la problemática de las juventudes y lo juvenil durante esta etapa. Recién a mitad de década de los ochenta reaparecieron nuevamente las sistematizaciones en torno a las juventudes para aportar heterogeneidad a estas miradas homogeneizadoras y reduccionistas circulantes en los medios de la época, tal como el destacado trabajo “Juventud chilena: razones y subversiones” (Agurto, Canales y De la Maza, 1985), que relevó el papel de las y los jóvenes como actores políticos destacando su accionar en las protestas contra la dictadura y el papel que tuvieron las juventudes pobladoras en la lucha para el restablecimiento de la democracia en el país (Duarte Quapper, 2015; Muñoz-Tamayo, 2004). Hasta ese entonces, poco se podía decir sobre las políticas públicas de juventud en Chile. Lo único que se puede destacar era la expansión de la matrícula educativa, que puede leerse como un fenómeno regional ya que, en Argentina, como en otros países, el contexto favoreció la consolidación de las juventudes y lo juvenil como objeto de interés y de intervenciones de instituciones y del mercado. 48 Políticas públicas y sentidos de la participación de las infancias y juventudes en contextos digitales... Sin embargo, no fue hasta el regreso a la democracia en los años noventa que las políticas públicas comenzaron a enfocar su accionar en las infancias y juventudes y en la importancia de la participación de estos grupos. Entre las primeras acciones que se destacan para lograr este objetivo se encuentra la ratificación por parte del Estado de Chile en 1990 de la CDN. Ratificar por parte del Estado este compromiso implicaba asumir las medidas legislativas y de carácter administrativo necesarias para garantizar los derechos mencionados en la Convención. De esta manera, un importante hito fue la creación del Instituto Nacional de la Juventud5 en el año 1991, mediante la promulgación de la Ley 19042. Este organismo está orientado al trabajo con jóvenes de 15 a 29 años, y tiene el objetivo de coordinar las políticas públicas de juventud que se originan en el Estado para potenciar la participación social, la inclusión y los derechos de los jóvenes (INJUV, 2021). El INJUV en los últimos treinta años viene desarrollando un eje de trabajo vinculado al desarrollo cívico-social orientado a la participación política y social6 como dos espacios de participación diferenciados (como se abordará más adelante), con la intención de garantizar espacios juveniles y fomentar el debate público para la toma de decisión y el cambio social (INJUV, 2021).7 Este organismo reconoce y conceptualiza dos tipos de participación: a) la participación política, que a su vez la subdivide en política convencional y política no convencional; y b) la participación social, que comprende el voluntariado y participación en organizaciones sociales. Dentro de este eje de trabajo desarrolla programas dirigidos mayormente enfocados a la formación, la vinculación y creación de redes, fomento del voluntariado y financiamiento de ideas, proyectos o iniciativas locales con el objetivo de compartir experiencias y replicar buenas prácticas relacionadas con el plano cívico social que se propusieron como eje. Los tres principales programas de este eje son: a) Programa Creamos, dirigido a formar jóvenes con habilidades para el liderazgo y la entrega de herramientas para el desarrollo de proyectos comunitarios enfocados en la 5. Inicialmente INJ supeditado al Ministerio de Planificación y Cooperación, actualmente conocido como INJUV perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y Familias. 6. Esta división en la conceptualización ha perdurado en el tiempo en los estudios y alcances del INJUV y se ha instrumentalizado de forma diferenciada en las distintas encuestas nacionales que ha realizado el instituto hasta la actualidad. 7. Los otros dos ejes son: b) desarrollo vocacional-laboral orientado a crear políticas y programas de empleo y capacitación para la inserción laboral, autonomía y desarrollo de oportunidades para disminuir brechas en este aspecto; y c) desarrollo físico mental para fomentar la autonomía, la salud, el respeto a la individualidad, y el desarrollo integral de las personas (INJUV, 2021). 49 Carolina Ciordia, Gabriela Roizen y Yadira Palenzuela Fundora mejora y cambio social; b) Transforma País que es una red nacional de voluntariado y cuenta con una plataforma digital que tiene el objetivo de conectar a las y los jóvenes, organizaciones sociales y actores que quieren ayudar, con espacios que necesitan voluntarios/as. Por último, el tercer programa es, c) El Fondo Acción Joven OMJ que financia iniciativas locales y buenas prácticas de las Oficinas Municipales de Juventud (OMJ) para promover la vinculación y desarrollo con otros actores juveniles bajo un enfoque territorial. Hasta el momento, llama la atención que todas las acciones descritas de políticas públicas chilenas relacionadas con la participación infantil y juvenil están enfocadas solamente en el área juvenil y muy poco en relación con etapas más tempranas que incluyen niños/as y adolescentes. Esto sucede porque al tener el INJUV su foco de atención acotado a jóvenes entre 15 y 29 años de edad, existe un vacío en materia legislativa con respecto a las políticas públicas para la niñez y adolescencia, pese a que Chile ratificó la CDN en 1990. Si bien en el país se realizaron diversas acciones para contar con una institucionalidad para garantizar los derechos de este sector poblacional y reconocerlos como sujeto de derecho, no fue hasta el año 2015 que ingresó el proyecto de ley para la conformación del Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez, creando a su vez una entidad autónoma para velar por los derechos de los niños y niñas y promover y difundir la protección de sus derechos por parte del Estado. Es así que surgió la conocida Defensoría de los Derechos de la Niñez en 2016, que se convirtió en la Ley 21.067 en el año 2018, que tiene por función promover y observar que se respeten los derechos humanos de los niños/as y adolescentes chilenos/as. En paralelo, en el año 2018 se creó la Subsecretaría de la Niñez, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social bajo la Ley 21.090. Esta se instauró como órgano de colaboración directa para el diseño de políticas, planes, acciones, prevención y protección de derechos, con el objetivo de proponer a la presidencia de la República, una Política Nacional de la Niñez y su Plan de Acción, para difundir, formar, sensibilizar sobre temas de prevención y vulneración de derechos, su protección y potenciar la participación, así como para generar directrices de trabajo y programas para organismos colaboradores. En marzo del 2022 se promulgó la ley 21.430 la ley sobre “Garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia”, de modo que en los últimos años se ha sistematizado el trabajo y accionar en políticas públicas en infancias, en temas de gestión, difusión, protección de derechos, representación judicial y bienestar para garantizar entre otros, los principios fundamentales de la CDN. 50 Políticas públicas y sentidos de la participación de las infancias y juventudes en contextos digitales... LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL EN ACCIÓN: AGENCIAS ESTATALES, ORGANIZACIONES SOCIALES Y FORMATOS DIGITALES DURANTE LA PANDEMIA En este apartado presentamos, en primer lugar, los formatos digitales utilizados por agencias estatales y organizaciones sociales a fin de promover la participación política y social de niños, niñas y jóvenes durante los años 2020-2021; y luego, en segundo lugar, enumeramos algunas de las iniciativas relevadas. En ese sentido, este apartado busca describir cómo se materializan las acciones que promueven dicha participación durante la pandemia. Estas actividades tomaron diferentes formatos digitales y utilizaron distintos medios virtuales y plataformas. En Argentina, se organizaron charlas y conversatorios en los que expusieron distintos influencers, referentes o especialistas sobre diferentes temas; también se compartieron resultados de gestión o relevamientos destinados a conocer las experiencias de niños/as/es, adolescentes y jóvenes durante la pandemia. En algunos de ellos los y las jóvenes tomaron la palabra en tanto representantes de una comunidad más amplia (escuela, organización social, etc.), aunque en la mayoría de los casos fueron personas adultas las que estuvieron a cargo de la coordinación y exposiciones. Las plataformas utilizadas fueron Instagram o Facebook Live, directos de YouTube. En otros casos también se difundió al público la posibilidad de participar vía Zoom o Webex, donde las preguntas se realizaron oralmente. Varios de estos eventos fueron grabados y subidos a las páginas de las instituciones convocantes con posterioridad. También se organizaron foros o plenarios, similares a los formatos anteriores, pero a diferencia de estos últimos, funcionaron como asambleas, es decir, no tuvieron expositores centrales que se diferenciaran del resto de los presentes con base en determinada expertise, sino que las y los participantes estaban en igualdad de condiciones para intervenir en el diálogo. Sin embargo, no tuvieron la pretensión de ser masivos, no fueron abiertos a cualquier persona que deseaba participar, porque el perfil de participantes era más específico, por ejemplo, requería ser estudiante secundario en una escuela del distrito. Un tercer formato que se difundió para involucrar a las comunidades locales y entablar una mayor cercanía fueron las convocatorias desde las redes sociales en el caso de algunas municipalidades del Gran Buenos Aires (GBA) para que los y las jóvenes y sus familias se filmaran a sí mismos dando un mensaje para sus barrios o localidades y colocaran un hashtag. Luego se armaron compilaciones con esos videos. En cuarto lugar, en el GBA hubo espacios que se centraron en la capacitación de jóvenes para formarlas como participantes y referentes 51 Carolina Ciordia, Gabriela Roizen y Yadira Palenzuela Fundora en la comunidad local en ciertas temáticas puntuales. Para esto se utilizó la figura del promotor. Por último, varios municipios del GBA han implementado modalidades virtuales de voluntariado, en los cuales los voluntarios establecieron vínculos con otras personas de forma virtual para apoyarlos en tareas diversas. Las personas que eran ayudadas por los voluntarios eran consideradas personas en riesgo, vulnerables y especialmente afectadas por la pandemia y las políticas de aislamiento. A estos, se los llamó especialmente a quedarse en casa. En Chile, también encontramos esta modalidad de voluntariado virtual presente, con acciones similares a las que se implementaron en Argentina; así como haciendo otro tipo de actividades por Zoom y otras plataformas, con el objetivo de fomentar el aprendizaje y la participación juvenil, que los llevaran a conocer, comprender, valorar y actuar en torno al patrimonio cultural (material e inmaterial). Los formatos predominantes desde el INJUV para la participación e interacción a lo largo de 2020-2021 son los conversatorios, talleres, seminarios y/o webinars en modalidad virtual, realizados a través de la plataforma Zoom y compartidas en la página de Facebook del INJUV donde quedaban registrados en el apartado Videos. Al igual que en Argentina, estos espacios analizados se concibieron desde una modalidad fundamentalmente expositiva. En su mayoría adultos, funcionarios del INJUV moderaban las actividades o bien, eran directamente los expositores responsables de cada una de ellas. Un elemento a destacar es que la mayor parte de estos contaron con traductor/a para lengua de señas promoviendo la inclusión. También se encuentran acciones orientadas a la capacitación de las y los jóvenes. Estos espacios formativos, por lo general, contaron con convocatorias e inscripciones previas y se articularon en torno a temáticas de voluntariado, patrimonio, salud mental, y capacitaciones para postular a iniciativas. El objetivo de estas últimas fue incentivar el emprendimiento juvenil y ponerlo en una plataforma común creada durante la pandemia para dar a conocer los distintos emprendimientos de negocio de las y los jóvenes y contribuir con ellos en su difusión. Una acción novedosa la constituyó la consulta sobre participación que se realizó en mayo del 2021, destinada a las juventudes con la intencionalidad de conocer cuáles eran los temas importantes para las juventudes. Esta consulta de carácter legal se dio a conocer en las redes sociales y sitio web del INJUV y fue autodenominada por la institución como “un hito inédito en este servicio” (INJUV, 2021), pues a través de un link de encuesta con un consentimiento informado a las y los jóvenes se les informó que los recursos con los que se realizaba la consulta eran exclusivamente del INJUV, que perseguía “sistematizar y analizar la opinión de las juventudes, entre 15 y 29 años, respecto a 52 Políticas públicas y sentidos de la participación de las infancias y juventudes en contextos digitales... las temáticas cuyo estudio consideran relevante en relación a la pertinencia de ser abordadas legalmente” (2021), por lo que esta acción responde a uno de los principios de la CDN sobre el derecho a la participación y ser escuchados que tienen NNA y jóvenes. En cuanto a las acciones relevadas, en Argentina, a nivel nacional, respecto a juventudes se registraron actividades llevadas a cabo por el INJUVE, algunas de ellas junto a otros organismos como el Ministerio Nacional de Educación, la Secretaría de Derechos Humanos, entre otros (entre estas cabe se destaca la que se realizó en honor a “La Noche de los Lápices”).8 Asimismo, las áreas estatales de juventud(es) de municipios del GBA –en ocasiones estuvieron presentes los intendentes de las localidades– y agentes provinciales de las direcciones de juventud provinciales también llevaron a cabo acciones a través de las redes sociales, en ocasiones en parcería con organizaciones sociales. En tercer lugar, la SENAF –ya sea como anfitriona o invitada– junto a organismos administrativos provinciales, funcionarios nacionales, así como organismos internacionales y organizaciones sociales con amplia trayectoria en el campo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes llevaron a cabo actividades con el fin de promover el derecho a la participación de ese sector de la población. Por último, también relevamos y analizamos las experiencias coordinadas, o en las que fueron invitadas a participar, por organizaciones sociales vinculadas a familias de niñxs y adolescentes trans y a grupos de familias que tienen entre sus miembros a alguna persona con Trastorno del Espectro Autista, de las provincias de Neuquén y Río Negro, respectivamente. Estas organizaciones se autodefinen como conducidas por familias de infancias y adolescencias, cuyos miembros se reconocen como activistas, e integradas por amigos, aliados y profesionales vinculados a las temáticas. En Chile se consideraron las políticas y actividades participativas impulsadas por medios digitales por el INJUV desde el inicio de la pandemia por COVID-19. Junto al INJUV participaron otras organizaciones, tales como la Corporación Nacional Forestal, la organización no gubernamental Nativos, o la fundación Fútbol Más, cuyos trabajos apuestan por la integración social y el trabajo comunitario con niños/ as y jóvenes en situación de vulnerabilidad, entre otras. Refiere al secuestro de un grupo de estudiantes secundarios de La Plata que había tenido una participación activa en el reclamo por el boleto estudiantil secundario el día 16 de septiembre de 1976. La fecha posee una fuerte carga emotiva para las y los estudiantes secundarios y, por tal motivo, ese día fue designado como el “Día de los Derechos del Estudiante Secundario”. 8. 53 Carolina Ciordia, Gabriela Roizen y Yadira Palenzuela Fundora Cabe destacar que en Argentina, a diferencia de Chile, fundamentalmente en lo que respecta a juventudes, en el caso de los municipios del GBA y de los organismos a nivel nacional, los organizadores, moderadores y participantes que aparecen como oradores tienen en su gran mayoría un perfil militante, categoría que es movilizada por jóvenes y adultos/as. Con el término militante referimos en este contexto a activistas en el ámbito de la política en un sentido amplio, en agrupaciones partidarias u otras agrupaciones políticas.9 Por un lado, se trata de militantes en la gestión pública, que trabajan en el Estado, por ejemplo, en las áreas nacionales y locales de derechos humanos, salud y juventud. También hallamos jóvenes que militan en agrupaciones que apoyan a las gestiones oficialistas en los municipios. Por último, jóvenes que militan en espacios que no necesariamente son en apoyo a las gestiones oficialistas, por ejemplo, en centros de estudiantes, pero que tienen algún tipo de vínculo establecido, más o menos fuerte, con el área estatal de juventud. En estas convocatorias participan además de frentes estudiantiles a nivel local, o de agrupaciones partidarias, también colectivos sociales (de género, socio-ambientales, barriales, entre otras). CONSTRUCCIONES DE SENTIDO EN TORNO A INFANCIAS, JUVENTUDES Y PARTICIPACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA Este apartado está dedicado a plantear algunos tropos o núcleos de significado que construimos a partir del relevamiento realizado y que conforman un universo discursivo que enlaza sentidos asociados a participación, políticas públicas, nociones de infancias, adolescencias y juventudes. En primer lugar, uno de los tropos que identificamos es el protagonismo. Cabe aclarar que dicho término en nuestra región estuvo asociado a experiencias de organización infantil en las que los niños y niñas no actuaron solamente dentro del marco de patrones de participación predeterminados sino que generaron formas de participación propias, auto organizadas y vinculadas a sus circunstancias de vida (Liebel, 2020), alejándose así de perspectivas más individualistas y, en algún sentido, moralistas que enfatizan en la utilidad cívica de la participación ciudadana (Cussianovich, 2013).10 En el caso de los sentidos reconstruidos aquí pueden dialogar con esas experiencias en 9. Esta categoría no tiene, en este contexto, una connotación militarista, como puede tenerlo en otros países de la región. 10. Un antecedente destacable es la agrupación de niños, niñas y adolescentes trabajadores del Perú, llamada MANTHOC que se origina a fines de la década del setenta. Otro ejemplo a destacar desde estos movimientos a favor de organizaciones 54 Políticas públicas y sentidos de la participación de las infancias y juventudes en contextos digitales... algunas de sus dimensiones, pero no surgen del análisis de organizaciones infantiles caracterizadas por su autonomía, sino de espacios en los que los adultos han tenido una participación predominante. Se trata entonces de analizar cómo el protagonismo es un tropo que nuclea un universo discursivo en el que confluyen significados asociados a la infancia, la juventud y la relación y la participación política. Uno de esos significados refiere a la perentoriedad en la toma de la palabra por parte de la población infantil y juvenil y que estas opiniones sean escuchadas y tenidas en cuenta por el mundo adulto. Desde esta perspectiva se cuestiona el paradigma adultocentrista (Duarte Quapper, 2012; Magistris, 2021),11 en el que los adultos se presentan como portavoces de las voluntades y opiniones de los niños, niñas y adolescentes, y del control del sentido del discurso infantil. Por el contrario, expresiones como “en primera persona” u “oír sus voces en forma protagónica” señalan el reconocimiento de la necesidad de escuchar a los niños, niñas y jóvenes no ya a través de las mediaciones de los adultos, sino como personas que poseen su propia perspectiva. Ello se hizo bien explícito en la campaña #YoTeCuento elaborada por la SENAF, el canal de televisión Paka-Paka y UNICEF, que visibilizan las experiencias acerca de la pandemia de COVID-19 que atravesaron niños y niñas en Argentina, ya que se los recorta como un sector específico de la población que no debería permanecer invisibilizado, opacado frente a los adultos. Así, la campaña apunta a valorizar las experiencias y las opiniones de estos actores sociales: “ellos y ellas tienen mucho para decir acerca de este año y tienen derecho a ser escuchados”. En el caso de las juventudes, podemos tomar como ejemplo la campaña #ComunidadTikTokEscobar en la cual la Dirección de Juventud de este municipio de la PBA invitó a jóvenes a enviar videos cortos realizados por ellos mismos, compartiendo experiencias y sentimientos sobre la pandemia. Si bien se patrocina la incorporación de las opiniones, las voluntades y las necesidades que manifiestan los niños, niñas y jóvenes en las políticas públicas y en las decisiones que toman los adultos, ya que es considerada como un derecho, las modalidades en que dicha incorporación se realice no está definida de antemano ni exenta de tensiones. Por el contrario, algunos funcionarios comprenden que es justamente en el cómo se da esa incorporación el punto neurálgico en el que infantiles orgánicamente autónomas es el Movimiento Nacional de Meninos e Meninas da Rua de Brasil (Cussianovich, 2009). Con este término aludimos a una matriz conceptual asentada en un sistema de dominio estructural que limita o pone en duda las capacidades de los niños, niñas y jóvenes. 11. 55 Carolina Ciordia, Gabriela Roizen y Yadira Palenzuela Fundora reside la garantía del derecho a la participación. Algunos de ellos lo plantean de esta manera: “[Las voces de los niños y niñas] tienen que ser incorporados a las políticas, la escucha no solo puede quedar en el espacio de la entrevista en la que los pibes dicen y después nosotros decidimos” (Director Provincial de Tierra del Fuego, comunicación personal, 29 de octubre de 2020). O también: ¿Qué pasa cuando lo que plantea el niño disiente con lo que consideramos que es el mejor interés o el interés superior? (…) Se trata de una decisión política: no se trabaja para ellos, sino con [enfatiza el término] ellos” (Subsecretaria de Niñez y Adolescencia de la provincia de Tierra del Fuego, comunicación personal, 29 de octubre de 2020). Hay una brecha muy grande entre lo que manifiestan socialmente [los niños, niñas y adolescentes] y los escasos espacios de participación institucional para incidir en la política pública. Es decir, pareciera que el único lugar para la voz de los chicos es que vayan a la calle o el centro de estudiantes, pero poca incidencia, poca apertura del mundo adulto para que tengan voces y lugares para incidir institucionalmente” (Director de la SENAF, comunicación personal, 30 de junio de 2020). Estas expresiones expresan una tensión que conforma el tropo protagonismo en tanto colabora en su definición: el ideal de la participación de este sector de la población en las políticas públicas o en la gestión de lo estatal y, al mismo tiempo, el requerimiento de protección de niños/as y jóvenes. Esta tensión se da en el mismo desarrollo de la noción de infancia, dado que la exclusión de los niños de algunas esferas de participación fue significada como una protección respecto de la esfera productiva formal. La tensión se produce entre el derecho a la protección –ya que supone una restricción en la autonomía y la expresión de las necesidades infantiles– y el derecho a la participación, ya que, en su sentido más extremo, también podría significar la injerencia en las esferas económicas y políticas (Llobet, 2012). La consolidación de esa noción hegemónica de niñez conlleva un proceso de infantilización de los niños y niñas que permitió circunscribirlos al ámbito privado y doméstico de la familia, y ello se expresa en la tendencia a considerarlos como una propiedad de los padres o adultos, y a negarles su participación en el espacio político y público (Cussianovich, 2009). Asimismo, podemos sostener –siguiendo a Hannah Arendt (1958)– que el hecho de ocupar un lugar propio en la vida pública implica visibilidad y exposición, pero también vulnerabilidad y, por lo tanto, desde la noción de responsabilidad política, social y ética que tienen muchos adultos con los niños, se entiende que es necesaria que tal participación se desarrolle en un espacio regulado y cuidado. En efecto, ello se observa en la asociación Nueva Crianza, 56 Políticas públicas y sentidos de la participación de las infancias y juventudes en contextos digitales... que fue invitada a participar en un documental producido por la Dirección Provincial de Diversidad de la provincia de Neuquén. En uno de los Foros de Infancias y Adolescencias Trans organizado por otras instancias estatales de la provincia para presentar el documental, al momento de relatar experiencias sobre las identidades trans no surgió en primer plano el testimonio directo de los y las niños y niñas. Antes bien, dicha participación ha sido más bien indirecta o mediada por las voces de las familias. Cuando se trata de hacer público el testimonio de las infancias emerge la tensión entre protección y participación, dado que algunos adultos interpretan que es necesario “resguardar” a lxs niñxs de la exposición: “Hoy, porque son menores, no están acá” (Representante de la organización, comunicación personal, 13 de agosto de 2020). En ese sentido, la participación infantil puede verse mesurada por la protección de los adultos. En otros casos identificamos que, aun reconociendo la importancia de la escucha de las opiniones de esta franja de la población, desde el imaginario adulto poblado de buenas intenciones aparece el proteccionismo que busca anular la libertad de niños/as y jóvenes, fundamentalmente, en aquellos casos en que dichas voces expresan quejas hacia las disposiciones institucionales. En otros encuentros virtuales se registraron experiencias que dan cuenta que los espacios de participación de los jóvenes se ponen en marcha solo ante la presencia de un conflicto, y no como práctica estable en la que adolescentes y jóvenes co-construyen la política pública en su quehacer cotidiano. Además, se identificaron programas y dispositivos que apuntan a promover la participación de los/as jóvenes pero que acaban reificando la división mundo-adulto/mundo-joven y que esto imposibilita vehicular formas de incidencia en la política pública por parte de los más jóvenes. En virtud de lo planteado hasta aquí respecto del análisis de lo relevado en el contexto argentino, podemos sostener que el tropo protagonismo en este escenario es variopinto, despliega un conjunto de sentidos vinculados a la idea de protagonismo, incluso, en algunos casos, de abierta oposición entre ellos. En el contexto chileno, al considerar las acciones virtuales de funcionarios y organizadores del INJUV en Chile, se observa que el tropo protagonismo asume un sentido más uniforme. En las páginas de Instagram y Facebook del INJUV se puede observar que, si bien el término utilizado es “protagonismo”, es la figura adulta institucional la que guía, orienta y dirige la participación. De esta manera, son las y los adultos los que explican los espacios a través de los cuales se puede participar en cada caso (por ejemplo, dejar preguntas en el chat, pedir la palabra al final para preguntar abriendo micrófono, responder preguntas de Mentimeter en momentos determinados, etc.), los que 57 Carolina Ciordia, Gabriela Roizen y Yadira Palenzuela Fundora cuentan sus experiencias, los que ofrecen referencias destacando la importancia de prepararse para el futuro, de conocer estas cosas para sus posibles desempeños en el tiempo, etc. Por lo que, en muchos casos, la participación de las y los jóvenes en estos espacios digitales es limitada y enfocada solamente a esos breves momentos previamente diseñados por las y los adultos. Solo una de las actividades realizadas, el “Encuentro Nacional de Voluntariado”, que se efectuó el 4 de diciembre de 2020 y duró cuatro horas, mostró diferencias en estas lógicas de actuación. Allí las y los jóvenes tuvieron un rol más destacado, abriendo más espacios para que pudieran expresarse, conectarse y compartir en red sus experiencias de voluntariado. Por último, en relación con las interacciones en las actividades virtuales observadas y de las cuales quedaron los registros de los videos de estos encuentros en Facebook, se puede decir que en muchos casos no se hace seguimiento a las sugerencias, preguntas y comentarios que las y los jóvenes dejan en los chats de los videos o actividades, las cuales en ocasiones no son respondidas por el INJUV, incluso pasadas semanas y meses de su realización. Por lo que, a partir de estas observaciones, se puede acotar que no son muchos los espacios de participación activa de las y los jóvenes en estos encuentros. En este sentido, se reafirma una mirada adultocéntrica en el diseño, conducción y realización de estas actividades y las formas de comprender la participación juvenil, ya que las y los adultos proveen, guían, dirigen espacios y las y los jóvenes, aprenden de ellos/as, responden, complementan. El segundo tropo refiere a la participación como forma de habitar el Estado y generar sujetos políticos, en especial en el caso de las juventudes. Esta consideración de la participación vinculada al Estado es postulada como un ideal a alcanzar y se condensa en dos formas. Por un lado, con participación se puede habitar el ámbito estatal con el objetivo de transformar la realidad social. Este objetivo es identificado con la idea de obtener representatividad joven en los espacios más institucionales de la política, como consejos deliberantes, parlamentos o consejos consultivos. “La política tiene que ser el ámbito de los pibes”, manifiesta la joven oradora de uno de los conversatorios de La Matanza, Argentina (Comunicación personal, 29 de septiembre de 2020). Por otro lado, participar es también formarse como jóvenes en la gestión, idea que es enfatizada en el caso de jóvenes militantes en agrupaciones oficialistas y/o con trabajo en el Estado. Algunos encuentros, en esta línea, invitan a “instalar una agenda que recupere las problemáticas de la juventud a nivel federal” (Director del Observatorio de la Juventud de la Cámara de Diputados de la Nación, comunicación personal, 16 de septiembre de 2020) y dar a los/as jóvenes una “voz protagónica”, “colaborar” y “codiseñar” 58 Políticas públicas y sentidos de la participación de las infancias y juventudes en contextos digitales... cambios también en el ámbito de la escuela secundaria, para que esta “los contenga”, “se sientan parte” y quieran “estar en ella” (Directora Nacional en el Ministerio de Educación, comunicación personal, 21 de septiembre de 2020). Algunos/as jóvenes, cuando toman la palabra en los conversatorios, agradecen esta perspectiva, pero también reclaman más lugar en la gestión de la toma de decisiones vinculadas con la pandemia. A modo de ejemplo, uno de los jóvenes sostiene que “el Ministerio Nacional (de Educación) debería tener en cuenta en la toma de decisiones a los estudiantes. No podemos construir la escuela secundaria si no escuchamos a los estudiantes” (Miembro de la mesa de gestión del Parlamento Juvenil del Mercosur, comunicación personal, 21 de septiembre de 2020). En Chile, la participación desde las comprensiones y política institucional del INJUV se encuentra como participación política (convencional y no convencional) y participación social (voluntariado y organizaciones sociales). En los contenidos relevados en las redes del INJUV durante el período no se observan acciones para potenciar la participación política desde las militancias o pertenencia a organizaciones políticas convencionales (partidos políticos) o en espacios formales de participación legitimados por el Estado (voto en elecciones o procesos democráticos como el plebiscito o elecciones de los miembros de la Convención Constitucional); así como tampoco el incentivo o intercambio con aquellos jóvenes con participación política no convencional (iniciativas, movilizaciones o protestas fuera del esquema político electoral e institucional). La participación aparece entonces asociada al hecho de pertenecer y participar socialmente en alguna iniciativa de voluntariado, un espacio reconocido y entendido por el INJUV como una auténtica forma de participación social ya sea para ayudar a personas que lo necesiten o iniciativas territoriales de voluntariado. A su vez, se observan acciones de formación, capacitación y entrenamiento hacia las/los jóvenes en distintas temáticas (emprendimiento, iniciativas locales, recuperación del patrimonio), lo que apunta a la idea de potenciar y fomentar la participación social bajo el entendido de que, más que habitar el Estado, hay que formar a los jóvenes y prepararlos para que puedan desempeñarse en opciones que este reconozca y valore. La atención está focalizada en actividades de entrega de beneficios, cursos y talleres orientados a juventudes emprendedoras y juventudes que realizan voluntariados, así como acciones de carácter individual a jóvenes en acciones de salud mental o entrega de Tarjeta Joven12 si cumplen los requisitos de edad. De esta El INJUV a través de su Tarjeta Joven, pone a disposición de todas las personas entre 15 y 29 años con 364 días de edad, una tarjeta gratuita (solo por ser joven) que 12. 59 Carolina Ciordia, Gabriela Roizen y Yadira Palenzuela Fundora forma, hay una ausencia no solo en el ámbito de la participación política, sino también en diversidad de sujetos jóvenes a los/las que se invitan a participar y se invisibilizan a otras juventudes como son las indígenas, las representantes de luchas estudiantiles, o los activismos militantes por causas sociales específicas (feminismos, ambientalistas, territoriales, etc). CONSTRUCCIONES EN TORNO A LA DIGITALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES Tanto en Argentina como en Chile, los gobiernos nacionales decidieron el aislamiento, el confinamiento en las unidades domésticas y, por lo tanto, muchas de las actividades se pasaron a realizar desde esos ámbitos y virtualmente. En ese escenario, la participación social y política asumió modalidades distintas, producto de la adaptación al contexto de pandemia en el que los encuentros cara a cara no fueron posibles o se vieron restringidos en una primera instancia. Se asistió entonces a una relativa virtualización de las políticas y a una participación online. Es por ello que en este apartado nos abocamos a las maneras en que fue percibido ese cambio en las formas de participar, y si algunas de ellas son modalidades que fueron adoptadas por las políticas públicas y las instituciones estatales, una vez atravesado el período crítico de la pandemia. Una de las valorizaciones respecto de la virtualización de las actividades vinculadas a la participación de niños/as y jóvenes es positiva ya que las charlas, conversatorios, foros, etc. permitieron reunir personas que habitan en localidades muy distantes unas de otras y ello fue considerado como una ampliación de la participación. En Argentina, por ejemplo, una estudiante sostuvo: “En La Federación de Centros de Estudiantes ahora cuando hacemos actividades, gracias a un Zoom, a un live de Instagram podemos llegar a estudiantes que en encuentros presenciales no podían estar porque tenían que viajar kilómetros”. También, en Chile, los participantes mencionan que la virtualidad ha permitido que otros/as jóvenes puedan participar en actividades que solo se concebían para Santiago de Chile o capitales regionales, de modo que el acceso a través de internet potenció la participación de organizaciones y jóvenes que –por encontrarse distantes de tales centros geográficos– les era imposible. Si bien la utilización de medios digitales en abstracto fue valorada positivamente, cuando los participantes de estas actividades busca mejorar las condiciones, otorgando descuentos y beneficios, a un conjunto de servicios y productos en diferentes áreas del mercado nacional y regional. Durante la pandemia esta puede ser descargada digitalmente. 60 Políticas públicas y sentidos de la participación de las infancias y juventudes en contextos digitales... reflexionan respecto de situaciones concretas en las que se llevó a cabo tal virtualización, esa percepción recibe distintos cuestionamientos. Uno de ellos se vincula con las desigualdades sociales que la pandemia expuso con mucha claridad, como lo es la falta de acceso o la mala calidad de la conectividad, y la carencia de un dispositivo de uso personal o exclusivo. En efecto, una de las jóvenes sostuvo “yo puedo acceder a este encuentro con wifi, [pero] hay chicos de escuelas rurales sin esa posibilidad” (exdelegada del Parlamento Juvenil del Mercosur, comunición personal, 21 de septiembre de 2020). Incluso, hay menciones que destacan que el pase a la escolarización virtual hace que los jóvenes consideren este tipo de espacios digitales promovidos por las áreas estatales como obligatorios, por lo que luego se hace difícil lograr la conexión en actividades participativas más allá del horario escolar. A partir de estas apreciaciones podemos ver también cómo la virtualización de la educación durante la pandemia es elaborada como una cuestión problemática. Una de las estudiantes sostiene, en ese sentido, que: Se ha perdido la consideración de la escuela como un servicio esencial. Mi pregunta es qué es lo esencial en este momento. Mi respuesta es claramente repensar una escuela, repensar una nueva escuela, con una nueva dinámica. (...) Esta modalidad de mandar a hacer, corregir, mandar a hacer, corregir, se volvió un ciclo repetitivo de acciones en la que nuevamente recaemos en (...) la pérdida de derechos y la visibilización de la desigualdad. Quería invitar a todos los estudiantes y maestros a plantear nuevas soluciones porque esto no se va a terminar mañana. Y no sé si pinta seguir con esta dinámica medio robótica de construir la escuela (Miembro de la Red Nacional de Centros de Estudiantes, comunición personal, 21 de septiembre de 2020). En vinculación a ese planteo, para los y las jóvenes las condiciones de conectividad (tales como los fallos o las dificultades de la tecnología) y los propios medios virtuales resultaron poco amigables, en distintas ocasiones dieron cuenta de la extrañeza percibida al no comprender del todo lógicas y códigos que los organizan y posibilitan la participación. En el caso de Chile, el encierro originado en las medidas de protección de la población generó sensaciones de cansancio y agobio que fueron expresadas en los encuentros virtuales del INJUV, sumado al deseo de interactuar presencialmente, fundamentalmente aquellos que participan en organizaciones de voluntariado. De esta manera, la virtualidad se valora como un espacio que no les ha permitido perder el vínculo pero que carece de la cercanía que promueven los espacios presenciales. En ese sentido, en Argentina, tanto agentes institucionales de las áreas de juventud como jóvenes activistas plantearon también la 61 Carolina Ciordia, Gabriela Roizen y Yadira Palenzuela Fundora virtualidad de las actividades como una forma de reponer o suplir la presencialidad directa, como una estrategia de segundo orden a la que se vieron obligados por las políticas de aislamiento y distanciamiento, pero no como primera opción. En principio, el mundo online serviría como estrategia de difusión de ideas, para “ponerse al día con los compañeros” (Funcionaria provincial de área de Juventud, comunicación personal, 5 de agosto de 2020), pero no de participación directa. Así, lo virtual es percibido como una falta, una incompletitud en comparación con la participación real que se hallaría en lo presencial. En ese sentido, la participación virtual es vivida como un quiebre con el pasado plagado de modalidades presenciales de participación. “Quisiéramos abrazarnos, estar juntos, marchando por la avenida”, comenta una de las jóvenes (Trabajadora Dirección de Derechos Humanos, Municipalidad de Merlo, comunicación personal, 16 de septiembre de 2020). Una vez atravesada la pandemia, en Argentina, la virtualización de las actividades que promueven la participación social y política de los niños/as y jóvenes, en términos generales, retornaron a la presencialidad. En efecto, este año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estudiantes de escuelas secundarias realizaron tomas de establecimientos educativos como una medida de fuerza para reclamar mejoras en la infraestructura escolar, así como viandas de calidad nutricional superior a la entregada y más cantidad. Si bien las redes sociales siguieron siendo herramientas centrales para divulgar encuentros o actividades, estas fueron utilizadas con esos fines y no ya para suplir el encuentro cara a cara. En ese sentido, entendemos que en el contexto argentino, hay algo del hacer activista –así como del hacer política–, reconocido por los actores sociales que participaron en estos encuentros virtuales, que se vincula con las corporalidades, con las emociones o lo espiritual (que no es solo individual, sino que también es colectivo), que resulta muy difícil de reproducir o suplantar en los formatos digitales. En Chile, con el regreso presencial obligatorio en las escuelas en marzo del 2022, ocurrió algo similar a Argentina. En los primeros dos meses del curso se reactivaron las movilizaciones estudiantiles con paros estudiantiles de actividades y toma de colegios, reclamando mejoras en la infraestructura escolar para cumplir con los protocolos y estándares de salud correspondientes en liceos públicos de zonas vulnerables, así como en otros liceos emblemáticos que reclamaban el derecho a una educación no sexista y a mejoras integrales de la calidad de la educación pública en general. Este accionar de las y los jóvenes no se vio reflejado en las prioridades o accionar prioritario del INJUV que se encontraba, según el análisis del contenido de sus redes, centrado en promover acciones de bienestar y salud mental, así 62 Políticas públicas y sentidos de la participación de las infancias y juventudes en contextos digitales... como la continuidad de fondos concursables, convocatorias a concursos, invitaciones a voluntarios (online en el primer semestre), rendición de cuentas públicas, así como autobservaciones, celebraciones y reflexiones sobre el trabajo realizado en los últimos 30 años por ser el aniversario de su fundación.13 Es así que, durante el primer semestre y a pesar de la vuelta a la presencialidad en espacios educativos y laborales, muchas de las actividades organizadas continuaron en entornos digitales o formatos híbridos y, en menor medida, algunas realizadas de manera presencial en regiones o básicamente relacionadas con otros ejes de trabajo. Hacia el segundo semestre, la participación en espacios presenciales fue aumentando,14 por lo que, si bien los espacios digitales quedaron como estrategias para convocar e incluir en programas y políticas públicas a jóvenes de todas las regiones del país, con la vuelta a la presencialidad se han ido retomando las autonomías de los INJUV regionales con actividades propias presenciales, al mismo tiempo que a nivel nacional ha aumentado la oferta de acciones de participación en espacios presenciales. Todo ello se realiza en el marco de un proceso de cambio institucional que está viviendo el INJUV tras sus tres décadas de funcionamiento y con cambios en su conducción. CONCLUSIONES A modo de cierre, quisiéramos destacar que la participación, lejos de conllevar sentidos precisos y universalizables, es un término polisémico y, por lo tanto, para comprender sus significados resulta necesario insertarla en sus contextos socioculturales de producción. De igual modo, para comprender cabalmente los significados asociados a la participación política de niños, niñas y jóvenes resulta central insertarla en las tramas socioculturales e históricas que fueron generando las condiciones para que tales núcleos de significado tomen cuerpo. En ese sentido, las reconstrucciones genealógicas en uno y otro país permiten advertir el rol central que han tenido los movimientos de derechos humanos y las prácticas políticas sedimentadas –que resistieron los embates de las dictaduras cívico-militares– para poner en En agosto se celebró el mes de las Juventudes y se realizó en un formato 100% online del Encuentro Internacional de Intercambio Técnico sobre Asuntos y Políticas de Juventudes#, donde todos los expositores eran adultos directores de servicios similares en América Latina 13. 14. Tales como el 7mo Encuentro Nacional de Voluntariado, el espacio Reencontrémonos, Charlas con Activistas de organizaciones sociales, actividades de difusión de los resultados de la X Encuesta Nacional de Juventudes o la presencia en ExpoFosis Chile promoviendo el trabajo de mujeres emprendedoras en la plaza de la ciudadanía. 63 Carolina Ciordia, Gabriela Roizen y Yadira Palenzuela Fundora cuestión políticas estigmatizantes, clasistas y autoritarias, y que permitieron generar legislaciones y políticas públicas más respetuosas de los derechos de los niños/as y jóvenes y, entre estas, las que promocionan la participación social y política. Sin embargo, tales procesos no son lineales y, en lo que respecta a las infancias, en Argentina se observa un temprano reconocimiento –en comparación a Chile– de sus derechos y si bien se identifican políticas públicas que promueven la participación social y política de los niños y niñas, aún resultan incipientes. Al igual que en los otros países de la región, en Argentina las experiencias que han sabido reconocer a los niños y niñas como agentes competentes para el cuestionamiento y transformación de la realidad provienen de organizaciones sociales. En ese sentido, entendemos que aún es necesaria una disputa político-cultural que haga tambalear sentidos firmemente afincados respecto de la noción hegemónica de infancia y el adultocentrismo, tal como se pudo observar en los significados aunados en el tropo protagonismo. En el caso chileno, las nuevas legislaciones acordes al espíritu de la CDN, así como la nueva institucionalidad, permiten augurar el inicio de un camino auspicioso respecto de las acciones tendientes a fomentar la participación de niños y niñas. En lo que concierne a las juventudes, a partir del retorno a la democracia, ambos países coinciden en una consolidación de las áreas y las políticas referidas a dicha población, conviviendo con un clima de época que entendía a ese sector de la población como desinteresada o alejada de la política, esto es, de espacios partidarios o de tipo institucional. Sin embargo, las trayectorias de las políticas orientadas a la participación de la juventud en uno y otro país difieren. Mientras en Chile se observa el mantenimiento de líneas programáticas a lo largo de los años –aún en la actualidad–, en Argentina las orientaciones de las políticas presentaron un carácter más fluctuante. A su vez, en este último país se observa el desarrollo de una mayor voluntad política en fomentar la participación política de los jóvenes –fundamentalmente a partir de las gestiones kirchneristas–, al punto de plantear, como sostuvimos en uno de los tropos, la inclusión de ellos y ellas en la gestión estatal. En ese sentido, el relevamiento realizado permite sostener que las agencias gubernamentales chilenas parecen desconocer la activa participación política de las juventudes en la vida social y política, tal como se reflejó en los estallidos sociales que se desarrollaron en el año 2019 y que solo fueron acallados por la pandemia. Ese desconocimiento se expresa en la gestión que recientemente asumió, al mantener las mismas autoridades del INJUV, la virtualización de las actividades a pesar de la suspensión de la cuarentena y en el relegamiento del área de participación política de dicho organismo. 64 Políticas públicas y sentidos de la participación de las infancias y juventudes en contextos digitales... En el caso argentino, como sostuvimos, el activismo político de las juventudes permaneció activo durante la pandemia, aun cuando la virtualización de la participación no necesariamente implicó en todos los casos una ampliación de las bases, ni fue significada por los y las jóvenes como el medio más propicio e idóneo para llevarlo adelante, tal como podría suponer una extendida imagen en torno a ese sector poblacional, que los considera usuarios digitales innatos. Incluso algunos jóvenes se sintieron interpelados por fuerzas políticas de las nuevas derechas y se sumaron a ellas. En ese sentido, nos preguntamos si ello implica el despliegue de nuevas formas de participación que posibilite el cuestionamiento de posicionamientos adultocentristas o si acabará en una propuesta regresiva en materia de avance y conquista de derechos, contraria a la que hemos asistido en las últimas décadas. BIBLIOGRAFÍA Agurto, Irene, Canales, Manuel y De la Maza, Gonzalo. (1985). Juventud chilena. 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Vale aclarar, como antecedente significativo, las protestas de 2015 a favor del impeachment de la expresidenta Dilma Rousseff, integrante del Partido de los Trabajadores (PT), el cual gobernó el país desde el año 2003 y formó parte de los proyectos del espectro progresista en la región. En las mencionadas protestas, comenzaron a tener visibilidad grupos como Movimento Brasil Livre (MBL), liderado por jóvenes, como Kim Kataguiri, cuya bandera principal era la “libertad económica”. MBL promovió el rechazo contra los partidos considerados “de izquierda”, en especial, contra el PT, participó de grandes movilizaciones y contribuyó al ascenso de las derechas, lo cual cobró forma con la asunción de Jair Bolsonaro (Davis y Straubhaar, 2020). 71 Olivia Cristina Perez, Melina Vázquez, Dolores Rocca Rivarola y René Unda Lara En Argentina, la politización juvenil por derecha también se desarrolló, tomando como exterior constitutivo a un gobierno progresista, conducido en este caso por el kirchnerismo (Vommaro, Morresi y Belloti, 2015). En 2008, tras el llamado “conflicto del campo”,1 se advierte una afluencia de nuevos compromisos juveniles que se manifiesta, por un lado, entre las organizaciones afines al gobierno, con el ingreso de una nueva camada de activistas identificados con la posición asumida por el gobierno en relación con el incremento de las retenciones móviles. Asimismo, en la posición opuesta, observamos un proceso lento, pero sostenido, que se nutre y articula con los ciclos de protestas opositoras (sobre todo entre 2008 y 2012), de crecimiento de agrupaciones opositoras al gobierno, en el seno de las cuales muchos y muchas jóvenes hicieron sus primeras experiencias militantes en espacios político partidarios. La literatura tendió a mostrar, sobre todo, los efectos de este ciclo de politización entre las y los jóvenes adherentes al kirchnerismo. Pero resulta fundamental colocar la lupa sobre quiénes comenzaron a movilizarse en las calles y construir una identificación como opositores al kirchnerismo para comprender la sociogénesis de las agrupaciones juveniles que comienzan a visibilizarse como parte de las “nuevas derechas” en Argentina.2 En cuanto a las organizaciones políticas que han constituido en Ecuador el campo de las “derechas ampliadas” (Ramírez, 2022), puede identificarse a los partidos políticos de más larga trayectoria en la política nacional, como el Partido Social Cristiano (PSC) y a aquellos que, aun proviniendo de una matriz político ideológica común, como el Movimiento Político Creando Oportunidades (CREO) –fundado por el actual presidente Guillermo Lasso–, o el Movimiento Cívico Madera de Guerrero, una suerte de expresión política localista del PSC, tienen una trayectoria relativamente reciente. En el espectro de las derechas contemporáneas (Recalde, 2021) se incluye también el Partido Renovador Institucionalista Acción Nacional (PRIAN) fundado por el empresario y tres veces candidato a la presidencia de la República, 1. Este conflicto tuvo lugar tras el lanzamiento de la resolución ejecutiva 125 de “retenciones móviles”, que establecía una alteración en el cálculo de los impuestos a la exportación de soja. La reacción de las cuatro mayores asociaciones patronales de productores agropecuarios se conformó como un emergente del propio conflicto, desarrollando lock-outs (detención de la producción) y cortes de ruta. 2. Esto no quiere decir que todas esas expresiones provengan del PRO o de la alianza CAMBIEMOS, en efecto, las agrupaciones que adoptan posiciones más radicalizadas se reconocen como opositoras tanto al kirchnerismo como al macrismo. Sin embargo, el peso de esta experiencia en la construcción de narrativas y experiencias de militancia en contra del “populismo” resultan centrales para comprender sociológicamente la conformación de las “nuevas derechas” y de sus activistas juveniles 72 Juventudes de derecha en Brasil, Argentina y Ecuador Alvaro Noboa, y varias organizaciones políticas de existencia reciente y limitado alcance territorial como el Movimiento Concertación, el Movimiento Ecuatoriano Unido, Centro Democrático, el Movimiento Político Construye y otros de carácter local que, luego de las elecciones nacionales de abril de 2021, fueron eliminados por no cumplir con los requisitos de reconocimiento como organizaciones políticas. Desde la perspectiva del proceso de reconstitución de las derechas durante el ciclo progresista en Ecuador es importante tener en cuenta al menos dos cuestiones que requieren mayor desarrollo analítico: a) las variaciones y cambios que las derechas muestran en términos discursivos y de acción política como tal, y b) el trabajo político desplegado por actores empresariales, gremiales y mediáticos convergentes en una cada vez más agresiva oposición antiprogresista y anti izquierda (Recalde, 2021). Dentro de la literatura sobre juventudes y participación política, el estudio de las derechas ha tenido un interés marcadamente menor. En efecto, en muchos casos se asume que la participación tiene que ver con dinámicas de cambio social vinculadas con sectores progresistas. Sin embargo, las propias dinámicas de la movilización reciente en América Latina han invitado a repensar esa relación. Esto supone trascender las visiones normativas que asocian el activismo con determinadas posiciones políticas, en lugar de comprender las razones sociológicas detrás del encanto y desencanto, respectivamente, con los proyectos o ideas políticas, sean de izquierda o de derecha. A la vez, supone ir más allá de las visiones que las y los propios activistas sostienen de otros actores sociales. En tal sentido, resulta significativo mostrar cómo, muchas veces, el tratamiento del que es objeto el activismo de derecha tiende a reproducir el punto de vista de otros actores con los que se confronta en el campo político. Así, se considera, por ejemplo, que los jóvenes de derecha son “fascistas”, como si todos abogaran por el ultranacionalismo, la represión o, incluso, abalaran procesos dictatoriales. Esto mismo, como muestra Morresi (2008), podemos decir en relación con las posiciones que adoptan las derechas en torno a posiciones neoliberales en materia económica. Aun cuando haya quienes adhieran a estas ideas, nos interesa mostrar y problematizar el carácter heterogéneo tanto de las derechas como de sus juventudes militantes en los diferentes escenarios nacionales analizados. Este tipo de investigación evidencia el valor de las estrategias de escucha que nos acercan a entender las razones por las que participan o se identifican en términos políticos con determinadas protestas, movimientos o partidos, de manera que podamos identificar sus propias maneras de definir qué significa ser o participar 73 Olivia Cristina Perez, Melina Vázquez, Dolores Rocca Rivarola y René Unda Lara en espacios de derecha.3 Asimismo, intentar comprender el fenómeno considerando la perspectiva de las y los jóvenes supone poner en tensión los lenguajes y las perspectivas asociadas a la visión de los adultos sobre las dinámicas sociales en juego, es decir, sortear las tramas del adultocentrismo. Para abordar similitudes y diferencias acerca de qué significa ser de derecha entre las y los jóvenes, desarrollamos un trabajo comparado entre Brasil, Argentina y Ecuador. La intención es mostrar dinámicas comunes en los tres países, al mismo tiempo que poner foco en las diferencias que organizan y dan sentido a las diversas experiencias. Esto nos permitirá desmitificar la idea de homogeneidad que muchas veces encontramos en los análisis. En la literatura hay diversas maneras de interpretar qué significa la “nueva derecha”. Para Brown (2019), tiene que ver con la defensa y reafirmación de soluciones políticas autoritarias, conservadoras, antidemocráticas y potencialmente fascistas. Según Carapaña (2018), la diferencia con la “vieja derecha” tiene que ver con el rechazo a la democracia liberal. En este texto utilizamos la expresión “nueva derecha” como categoría nativa, es decir, como un término movilizado por las y los actores. Ello no significa asumir en el análisis la idea de novedad en cuanto tal, porque, en términos políticos, la definición de las derechas es relacional y adopta su significado de modo histórico. Por tanto, la definición de qué es derecha varía en diferentes ciclos políticos, aun cuando podamos identificar una trama o puntos en común. Este trabajo recoge los resultados de intereses comunes gestados a partir de la realización de una investigación comparada sobre las acciones colectivas juveniles durante la pandemia (Vázquez et al., 2021), en la que identificamos la relevancia de las dinámicas asociadas a la revitalización de las derechas y que guió una exploración cualitativa en cada uno de los países. Entre el material empírico utilizado para este trabajo, incluimos la entrevista, en Brasil, a un líder juvenil del Partido Demócrata (DEM), autoclasificado como un partido de derecha. En 2022, el DEM se fusionó con el Partido Social Liberal para formar el partido União Brasil. União Brasil es ahora el partido más grande de Brasil y es abiertamente de derecha. Incluso apoyó inicialmente la elección del ahora expresidente Jair Bolsonaro, el mayor representante de la nueva derecha en Brasil. Para Argentina, contamos con observación participante y entrevistas a integrantes de agrupaciones juveniles: Jóvenes Republicanos 3. Véase Grippo (2021) para profundizar el análisis sobre los desafíos metodológicos y epistemológicos del estudio de las extremas derechas 74 Juventudes de derecha en Brasil, Argentina y Ecuador Unidos (parte de Republicanos Unidos, partido liderado por Ricardo López Murphy); Jóvenes Republicanos; y Jóvenes PRO. Estos dos últimos espacios forman parte de Propuesta Republicana (PRO), partido liderado por Mauricio Macri. Sin embargo, los primeros se referencian en figuras que adoptan posiciones radicalizadas hacia la derecha, como la de Patricia Bullrich e, incluso, participan de actividades públicas organizadas por Javier Milei, diputado electo por La Libertad Avanza. Las tensiones internas entre las posiciones más hacia la derecha y hacia la centroderecha se ponen de manifiesto en el reconocimiento de estos sectores en tanto que “halcones”, mientras que la Juventud del PRO se identifica como parte del sector de las “palomas”. Mientras que los primeros se reconocen como “de derecha”, entre los segundos prima una identificación vinculada con las ideas “liberales”. El trabajo de campo también incluyó al colectivo Pibes Libertarios, que acompañó –e incluso algunos de sus miembros integraron– las listas de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2021, así como a Jóvenes del Partido Libertario y de NOS, partidos que fueron parte de la coalición que dio forma a La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, por medio de la cual Javier Milei se convirtió en Diputado Nacional por la Ciudad. Para el caso de Ecuador utilizamos una selección de entrevistas (cuatro) realizadas a jóvenes de partidos políticos de derecha en distintos momentos del proceso político reciente: un joven dirigente de la Democracia Cristiana durante el proceso constituyente impulsado por la Revolución Ciudadana (2008), un joven dirigente del Partido Social Cristiano cuando el “viraje” de Lenín Moreno da pie al giro neoliberal (2018), una joven militante y asesora política del partido CREO (2022), y una joven candidata para las elecciones seccionales de febrero 2023 por el partido Sociedad Patriótica a la Viceprefectura de la Provincia de Bolívar, Sierra Central de Ecuador. EL ASCENSO DE LAS DERECHAS EN BRASIL, ARGENTINA Y ECUADOR Lejos de constituir una novedad en América Latina, el posicionamiento a la derecha ha sido parte de los períodos de dictaduras militares, y muchas características de aquellos regímenes están presentes en las derechas contemporáneas. Aun en los períodos democráticos en la región, las desigualdades se mantienen y refuerzan a través de la reducción del Estado, bajo el manto del neoliberalismo. Incluso los gobiernos más alineados con la socialdemocracia han mantenido las jerarquías sociales, una de las principales banderas de la derecha. 75 Olivia Cristina Perez, Melina Vázquez, Dolores Rocca Rivarola y René Unda Lara Entre aquellas experiencias autoritarias y los años recientes, el recorrido hecho por la derecha en los países que este texto analiza reviste algunas características comunes y particularidades específicas. En Brasil, la dictadura militar se instauró el 1 de abril de 1964 y duró hasta el 15 de marzo de 1985, bajo el mando de sucesivos gobiernos militares. Con variaciones dentro del régimen, el período considerado más duro se dio a partir de la promulgación del Acto Institucional N° 5 (AI-5) en diciembre de 1968, que sumergió a los partidos y organizaciones representativas en la clandestinidad. Las y los jóvenes, y otros sectores de la sociedad, fueron importantes para la movilización a favor de la democracia que resultó en el retorno del régimen a fines de la década de los ochenta. En ese contexto, la derecha se relaciona con la defensa de la dictadura mientras que la izquierda defiende el retorno de la democracia. En la década siguiente, los jóvenes volvieron a jugar un papel importante como protagonistas del Movimento dos Caras-Pintadas, a favor de la destitución del entonces presidente Fernando Collor de Mello, acusado de corrupción. Aunque había jóvenes de derecha, el espíritu de la época giraba en torno a defender el buen funcionamiento de las instituciones democráticas recientes. Sin embargo, los presidentes que gobernaron en los años noventa defendieron los lineamientos neoliberales: Fernando Collor de Mello (electo en 1989) y luego, desde 1994, Fernando Henrique Cardoso (conocido como FHC). La resistencia contra el neoliberalismo se convirtió entonces en la principal lucha de la juventud estudiantil de izquierda. Organizaciones estudiantiles, por ejemplo, denunciaron la privatización, la venta de servicios educativos al mercado privado, así como la pérdida de derechos debido a la adopción de directrices neoliberales. En ese contexto, ser de derecha se asociaba con defender el neoliberalismo. Tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva por el Partido de los Trabajadores (PT) en el año 2002, reelegido en 2006, se instaura una nueva forma de conducción del Estado. Dilma Rousseff, por su parte, fue elegida para continuar el ciclo del PT en el poder y también resultó reelecta en 2014. Solo para enfocarse brevemente en la política estudiantil, el Gobierno Federal creó programas como ProUni, que garantizaba becas en universidades privadas para estudiantes de bajos recursos, además de REUNI, que ampliaba las vacantes en las universidades públicas federales. No obstante, durante las Jornadas de Junio de 2013 (Perez, 2021) miles de brasileños salieron a las calles con diferentes agendas que iban desde el reclamo por el mantenimiento de los precios de los pasajes de bus hasta el pedido de cambios en el sistema político. 76 Juventudes de derecha en Brasil, Argentina y Ecuador Aunque inicialmente fueron consideradas protestas de izquierda, es importante señalar que ya había críticas al sistema político y pedidos de cambios drásticos en la política institucional, con lo que las protestas fueron asumiendo un carácter cada vez más opositor a la entonces presidenta Dilma Rousseff (PT), hasta su impeachment y destitución en 2016. En su lugar, asumió Michel Temer (del entonces Partido del Movimiento Democrático Brasileño - PMDB, ahora Movimiento Democrático Brasileño - MDB). Considerado un período de transición, el gobierno de Temer exhibió posiciones neoliberales e incluso intenciones de implementar reformas estructurales. Las y los activistas de los movimientos sociales progresistas salieron del gobierno federal y los nuevos secretarios y ministros ya demostraron posiciones más cercanas al proyecto autoritario que luego ascendería al gobierno federal con la elección de Jair Bolsonaro en 2018. No hay un consenso en la literatura acerca de la relación entre la ola de protestas de 2013 a 2016 y el ascenso de la derecha. Pero el caso es que la derecha en Brasil empezó a tener más proyección después de esta ola de protestas. En estas protestas se destacan organizaciones como Movimento Brasil Livre y Vem Pra Rua, lideradas por jóvenes que pedían cambios en el sistema político. Estas organizaciones condenaban la actuación del Partido de los Trabajadores en el gobierno federal y abogaban, en términos generales, por una defensa del liberalismo económico. A esta agenda se sumaron grupos conservadores en el campo de la moral y las costumbres en general vinculados a corrientes más ortodoxas de iglesias. Se formó entonces una mayoría que en 2018 eligió a Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal (PSL), quien se oponía abiertamente a la existencia y actuación de movimientos sociales progresistas. El ascenso de Bolsonaro se hizo aún más trágicamente evidente con la expansión de la pandemia provocada por el COVID-19. Para contener la propagación del virus, se esperaba que el presidente brasileño asumiera un papel protagónico en el enfrentamiento a la pandemia. Sin embargo, desde la irrupción de la pandemia, Bolsonaro y sus aliados se han posicionado en contra de las principales recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), especialmente en lo que respecta al distanciamiento social (Perez y Santana, 2020), y luego a las vacunas. Como forma de protesta contra el negacionismo, muchas y muchos jóvenes brasileños salieron a las calles en defensa de la salud pública y pidiendo la vacunación contra el COVID-19. Sin embargo, no todas las protestas durante el contexto de la enfermedad llamaron a la ampliación de derechos. Varias protestas menores cuestionaron las medidas de aislamiento social y el uso de las vacunas contra el 77 Olivia Cristina Perez, Melina Vázquez, Dolores Rocca Rivarola y René Unda Lara COVID-19, alineándose con Bolsonaro y, en gran medida, con el propio proyecto de la derecha en Brasil (Souza y Perez, 2022). En Argentina, la dictadura militar fue de más corta duración (19761983) que en Brasil, pero el terrorismo de Estado implementado por la misma tuvo una mayor sistematicidad y alcance nacional, incluso dividiendo el territorio en zonas de injerencia de cada fuerza para la represión, aunque ello no excluyera conflictos entre estas (Canelo, 2006), y con una sofisticación burocrática que incluyó un sistema clandestino de cientos de centros de detención, tortura y desaparición de personas, modus operandi relativamente estables para esas acciones (Calveiro, 1998; Catoggio, 2010). El modo en que el gobierno autoritario debió entregar el poder en la transición democrática, frente a la crisis terminal del régimen que implicó la derrota en la guerra de Malvinas (1982) y una previa descomposición del poder militar ya en curso (Canelo, 2006), pero también las repercusiones en la sociedad del informe de la CONADEP y del Juicio a las Juntas (1985), configuraron un escenario político en el que, durante las décadas posteriores, la defensa abierta y pública de la dictadura militar no constituyó una opción muy popular ni seguida por la dirigencia política. En el siglo XXI, algunas medidas de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner (2003-2015) en términos de una política de memoria y justicia4 sobre los crímenes de lesa humanidad de la dictadura encontraron algunos gestos de descontento dentro de las Fuerzas Armadas y en ciertos sectores de la sociedad civil que, todavía desde un lugar muy minoritario, reivindicaban el accionar represivo de aquel régimen o bien criticaban los procedimientos de los juicios en curso. Desde el ya mencionado conflicto en 2008 entre el gobierno y la Mesa de Enlace (que agrupaba entidades representantes de productores agropecuarios) por la Resolución 125, que implementaba retenciones móviles a la exportación de soja, la configuración de la oposición al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue modificándose en distintas oportunidades, aunque sin lograr un triunfo en 4. Por ejemplo, la promoción gubernamental de la anulación, en el Congreso, de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final (2003), y la posterior declaración, por parte de la Corte Suprema, de inconstitucionalidad de las mismas (2005), lo cual habilitó la multiplicación de juicios a los responsables de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura en todo el país. Junto con esos procesos de justicia, algunas decisiones y apelaciones discursivas oficiales sentaban las bases simbólicas de una política de memoria que consolidaba la lectura de que lo ocurrido debía ser interpretado como “genocidio” (como aparecía en el dictamen de una de las condenas) y como terrorismo de Estado, imposible de equiparar con el accionar de actores privados (es decir, refutando la denominada “Teoría de los dos demonios”). 78 Juventudes de derecha en Brasil, Argentina y Ecuador las siguientes elecciones presidenciales de 2011, donde el oficialismo ganó en primera vuelta. Sin embargo, desde entonces, pudo advertirse una creciente radicalización y movilización contra el gobierno. Entre mediados de 2012 y mediados de 2013, por ejemplo, la movilización opositora, sobre todo a través de “cacerolazos”,5 se desplegó en varios centros urbanos del país. Se trató de un ciclo caracterizado por la homogeneidad en términos de los actores involucrados, sus demandas y consignas y su puesta en escena pública, así como también por una utilización intensiva de las redes sociales (Annunziata y Gold, 2018). En este último punto, vemos una similitud incluso con organizaciones como Vem para Rua y el MBL en Brasil. Más allá del debate posible acerca del carácter realmente espontáneo o bien organizado tras bambalinas de las movilizaciones, lo cierto es que la dirigencia partidaria opositora no las conducía, aunque algunos de sus referentes comenzaron luego a desarrollar un diálogo más fluido con la misma (Annunziata y Gold, 2018). En 2015, el descontento frente al gobierno kirchnerista acabó por congregarse detrás de una alianza opositora entre el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, que bajo el nombre de Cambiemos, ganó las elecciones ejecutivas en los dos mayores distritos del país, la Ciudad de Buenos Aires (donde ya gobernaba el PRO) y la provincia de Buenos Aires, y también la elección presidencial, con Mauricio Macri como candidato. De ese modo, después de 12 años de gobiernos autoidentificados como progresistas, una fuerza más parecida a “la derecha” llegaba al poder. Algunos elementos que caracterizaron la gestión macrista configuran una escena de giro a la derecha notable. Desde la política económica hasta la discursividad de sus principales referentes en diferentes puntos del debate público. Uno de ellos es la memoria sobre la dictadura militar. Durante el gobierno de la alianza Cambiemos (20152019), puede observarse una retirada oficial discursiva respecto de lo que habían sido algunos puntos clave de las políticas de memoria y justicia en los años previos. Ello se ve, por ejemplo, en la relativización de la cifra de desaparecidos por parte de funcionarios del gobierno y por el propio presidente, que además se refirió al Terrorismo de Estado como “guerra sucia”. Siguiendo a Feierstein (2011), el uso de ese término ha sido indicador, en Argentina, de posiciones políticas y académicas que justifican de algún modo aquel accionar, aunque admitiendo “excesos”, y por ello el adjetivo “sucia”. Asimismo, como muestra Goldentul (2021), el “asociacionismo civil-militar”, que 5. Se denominaron 13S, 8N, 18A y 8A por las fechas de convocatoria (septiembre, noviembre, abril y agosto). 79 Olivia Cristina Perez, Melina Vázquez, Dolores Rocca Rivarola y René Unda Lara cuestionaba los juicios por delitos de lesa humanidad, encontró, durante esos años (por lo menos hasta 2017), espacios de interlocución donde “ser escuchados” por agentes con autoridad para acreditar sus demandas. Y ello tuvo incluso un correlato en los medios de comunicación y el tratamiento del tema. En términos generales, el gobierno de Macri mostró un escaso interés por la memoria colectiva sobre los crímenes de lesa humanidad de la dictadura. Tras la derrota electoral de Mauricio Macri, en su intento de reelección en 2019, y la asunción del nuevo presidente –Alberto Fernández, indicado por la propia expresidenta Cristina Fernández como candidato del Frente de Todos– se produjo la irrupción en Argentina de la pandemia mundial del COVID-19. A raíz de las medidas implementadas por el gobierno ante la emergencia sanitaria, bajo la denominación de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), se construyó un contexto de oportunidad política para la reunión, articulación y visibilización de grupos y agendas de las nuevas derechas, tanto en las redes sociales como en las calles. Las medidas de aislamiento favorecieron la construcción de un discurso anti-gobierno que movilizó adhesiones militantes, así como una estética de la resistencia que buscó disputar la representación política de las juventudes (Vázquez, 2023). Esos grupos y sociabilidades políticas se expresaron, sobre todo, a través de grupos de cuño “liberal libertario”, inspirados originalmente por figuras como Javier Milei, economista ultra ortodoxo con un significativo protagonismo en los medios de comunicación, y quien fuera electo Diputado Nacional en el 2021. En Ecuador, la derecha tuvo una específica gravitación en la política durante los dos periodos de dictadura militar (Rodríguez Lara, 1972-1976 y el triunvirato militar de Poveda Burbano, Leoro Franco y Durán Arcentales, 1976-1979) previa a la transición democrática entre 1978-1979. De hecho, fueron las disposiciones transitorias de aquel triunvirato las que impidieron la participación de Velasco Ibarra, caudillo populista de derecha, en las elecciones de 1979 con las que se abría el retorno al régimen democrático. El ascenso de la derecha en la década de los ochenta se plasma en el triunfo electoral del líder máximo del Partido Social Cristiano (PSC), León Febres Cordero, en 1984, cabeza visible de una derecha que intentaba renovarse a toda costa mediante la imposición de una línea política de “mano dura” ante la irrupción en la escena política de Alfaro Vive Carajo, organización conformada principalmente por jóvenes levantados en armas y que, según su ideario político, buscaban “transformar las condiciones de desigualdad para establecer una democracia plena con justicia social”. Se generó la figura de la “juventud bajo sospecha” (Unda Lara, Bustillos y Chávez, 2023), bajo la 80 Juventudes de derecha en Brasil, Argentina y Ecuador cual jóvenes de sectores medios y populares fueron objeto de estigmatización y de medidas antidemocráticas. Las derechas, entre los años ochenta y noventa, construyeron una imagen dominante de los y las jóvenes como amenaza. El triunfo electoral en 1992 de Sixto Durán Ballén, co-fundador en 1951 de la principal fuerza política de la derecha ecuatoriana (el Partido Social Cristiano), frente a la irrupción del movimiento indígena en 1990 como actor portador de demandas políticas, puede ser leído como uno de los resultados de reorganización de la matriz socio-estatal que propuso la coalición de derecha que apoyó su candidatura. La explicación de tal resultado supone incorporar el desencanto de amplios sectores populares con el periodo gubernamental socialdemócrata (1988-1992) de Rodrigo Borja, sobre todo en el ámbito laboral, que fue el que con más fuerza exhibió las imposiciones de la Agenda del Consenso de Washington en cuanto a las indicaciones de desregulación laboral (Martínez y Soto, 2012). En este escenario, el gobierno de Durán Ballén, apoyado por una coalición de siete organizaciones políticas de derecha, entre ellas el Frente Juvenil de Concertación Nacional, estableció un programa neoliberal con el cual las derechas aseguraron el control gubernamental del Estado y, con ello, la posibilidad de refuncionalizar las instituciones encargadas del control a los intereses del sector especulativo financiero, a través de la Ley General del Sistema de Instituciones Financieras, aprobada en 1994 y que en 1999 durante el gobierno de Jamil Mahuad terminó provocando el feriado bancario, la mayor crisis económica y social desde el retorno a la democracia. En 1998, ya desde la campaña electoral previa a la segunda vuelta, para Mahuad resultó inocultable su vinculación directa con los intereses de los grupos oligárquicos del país. En medio de un persistente clima de malestar social, Mahuad decretó la dolarización de la economía el 9 de enero de 2000 y el 21 de enero de ese mismo año fue derrocado por una masiva movilización popular liderada por el movimiento indígena, algunos militares sublevados y por funcionarios del sistema de justicia. Mahuad, la Democracia Cristiana, así como la crisis económica, política y social generalizada son elementos significativos para entender la configuración de lo que, años más tarde, se llamará la “nueva derecha” y el papel de ciertos segmentos juveniles en dicho proceso, en particular de aquellos que hicieron parte de procesos y experiencias de formación política y de liderazgo juvenil, como podrá advertirse más adelante con el caso de la organización “Ruptura de los 25”, las juventudes demócrata cristianas y las juventudes socialcristianas, entre las principales. 81 Olivia Cristina Perez, Melina Vázquez, Dolores Rocca Rivarola y René Unda Lara Tras una década (1992-2002) de sostenida devastación institucional y de una crisis social tan inédita como agravada,6 se constituyó una alianza de varias organizaciones políticas y sociales de matriz popular, del centro a la izquierda, que decidieron apoyar la candidatura presidencial del Coronel Lucio Gutiérrez, quien triunfó en las elecciones de 2002 en la segunda vuelta frente a Álvaro Noboa, el candidato al que la derecha, en alguna medida, se vio forzada a apoyar. Gutiérrez, con su gobierno carente de dirección y definiciones políticas terminó subordinándose a las estructuras decisionales del frente económico manejado por las élites de matriz oligárquica y la derecha política que aprovecharon la debilidad gubernativa para intentar reposicionarse en el tablero político. Entre el gobierno de Gutiérrez, su derrocamiento y la construcción del proyecto político del Movimiento Alianza PAIS (Patria Altiva i Soberana) un hito importante para el debate sobre la configuración de la “nueva derecha” en Ecuador, constituye la activación del movimiento “Ruptura de los 25”, fundado en septiembre de 2004 en conmemoración de los 25 años de retorno a la democracia. Se había conformado como resultado de un proceso, relativamente acotado, de formación política juvenil impulsado por la Fundación Esquel, organización no gubernamental vinculada a programas financiados, entre otras fuentes, por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La instalación del gobierno progresista de Rafael Correa significó, en razón de las características de su proyecto político y programa de gobierno, un campanazo de alerta sobre el que las derechas en Ecuador iniciaron su proceso de reconstitución. Para ello, la utilización de las corporaciones mediáticas fue su principal estrategia. El “giro a la izquierda” implicó el desacomodo de un conjunto de fuerzas económicas, políticas y sociales para quienes el nuevo escenario institucional equivalía a la pérdida de sus privilegios o de prácticas corporativas que estaban insertas en la maquinaria estatal desde, por lo menos, el retorno al último periodo democrático en 1979. A diferencia de las experiencias brasileña y argentina, que exhiben un funcionamiento sostenido y con cierto grado de organicidad de una militancia juvenil progresista a lo largo de los gobiernos progresistas kirchneristas y del PT, en los tres períodos gubernamentales de Rafael Correa, se aprecia, más bien, una sucesión de momentos de activación política de las juventudes progresistas afines en el marco general de un proceso político en el que los esfuerzos por superar el ciclo neoliberal se concentran, prioritariamente, en la reforma institucional del 6. El feriado bancario de 1999, y la masiva emigración que tal acontecimiento produjo, constituye un hecho sin precedentes en la historia republicana del Ecuador 82 Juventudes de derecha en Brasil, Argentina y Ecuador Estado y dejan, en gran medida, tareas pendientes relativas al robustecimiento del tejido organizativo de las formas asociativas juveniles que apoyaban la voluntad de transformación socio estatal consignada en la Constitución del Buen Vivir, aprobada en septiembre de 2008. Esta observación inicial constituye, a nuestro juicio, uno de los aspectos centrales a considerar en un análisis de la emergencia y despliegue de las fuerzas políticas de derecha en Ecuador, pues la relativa ausencia o débil presencia de una base organizativa se mostró absolutamente insuficiente en la disputa por el sentido común frente al trabajo político convencional y a las diversas estrategias, lícitas o no, que las derechas desplegaron desde el momento mismo que los gobiernos progresistas se posesionaron e, incluso, antes. En efecto, la ausencia de un trabajo político sostenido con las juventudes progresistas articulado de forma orgánica con el proyecto de la Revolución Ciudadana (RC), significó, en el mediano plazo,7 la ocupación de espacios de activismos y contestación ciudadana por parte de grupos opositores. El predominio electoral de la RC se rompió de forma abrupta en 2014 en las elecciones seccionales y, luego entre abril y julio de 2015 en Quito, varios sectores identificados con la derecha ocuparon la calle, encabezaron y protagonizaron movilizaciones contra el gobierno de la RC. A partir de este período, en el que el “trabajo político” de las derechas se intensificó en cuanto oposición antiprogresista, empezaron a hacerse visibles de forma paulatina señales de la emergencia de “nuevas derechas” con presencia de jóvenes. Este es un elemento a tener en cuenta para el análisis del giro neoliberal que se produjo con el gobierno de Lenín Moreno apenas iniciado su mandato, en mayo 2017, y que se radicalizó con el actual gobierno de Guillermo Lasso. 7. Entre 2007-2012 tiene lugar el primer ciclo del gobierno progresista en Ecuador, en el que la conflictividad social, aparte de acusar una sensible disminución con relación al primer lustro del presente siglo, se concentró en la confrontación entre gobierno y actores con intereses vinculados históricamente los grupos económicos más influyentes del país. Entre los principales focos del conflicto sociopolítico, fueron significativas las recurrentes confrontaciones del propio presidente Correa con representantes, accionistas y periodistas de las corporaciones mediáticas que, tras su apariencia de simples escaramuzas propias del conflicto político, constituían la faceta más visible del choque de intereses contrapuestos entre quienes abanderaron la propuesta del “nuevo país” y de quienes veían cómo sus privilegios se suspendían o anulaban. Luego de este primer periodo gubernamental, en el que también se había producido la ruptura con las dirigencias indígenas de la CONAIE, se producen distanciamientos y rupturas con varios sectores que habían apoyado el proyecto político de la RC, todo lo cual será capitalizado por la derecha, sobre todo en términos electorales 83 Olivia Cristina Perez, Melina Vázquez, Dolores Rocca Rivarola y René Unda Lara Durante la pandemia, el papel de las derechas en Ecuador puede ser leído, por una parte, como el de actores protagónicos de las políticas de austeridad que significaron el recorte presupuestario en los sectores de salud y educación (BCE, 2020) y, por otra, en el plano de la acción social, como agentes destructores de lo público que, a la vez, propiciaron iniciativas privadas a través de la activación de comités de emergencia y fundaciones privadas directamente vinculadas con representantes y líderes de organizaciones de derecha que, desplegando acciones de muy amplia difusión mediática pero de muy limitado alcance e, incluso, muy cuestionables por constituir afrentas a la dignidad humana,8 intentaron promocionar la figura pública de potenciales candidaturas frente a las elecciones que se venían en 2021. Considerando el recorrido ya formulado para los tres casos nacionales, es posible sistematizar algunos puntos en común entre las derechas a lo largo de la historia reciente. Primero, la región atravesó varios gobiernos dictatoriales en los que sus actores y propuestas continuaron presentes en la sociedad y en la política institucional. El modelo neoliberal implementado durante las últimas dos décadas del siglo pasado benefició principalmente a las derechas, de ahí la defensa del mismo, incluso bajo gobiernos considerados progresistas. En ese sentido, el ascenso atribuido a la derecha durante el ciclo progresista puede leerse como un marco temporal que empieza con posiciones reactivas, pasa por una reconstitución anclada en el poder corporativo económico-financiero y mediático hasta lograr vencer en las urnas con el voto popular, como en el caso de la extrema derecha elegida en Brasil en 2018 y representada por Jair Bolsonaro. En este trayecto, mirar los cambios y continuidades de la derecha y las “nuevas derechas”, en tanto significante de uso habitual y persistente en lo que va del presente siglo, encuentra en el proceso y trayectorias brevemente descritas algunas vías explicativas y momentos. Primero, la derecha replegada en la fase inicial del ciclo político progresista: Una vez instalados los gobiernos progresistas y en la fase de despliegue desigual de sus políticas públicas, la derecha entra en un momento de reconstitución a través de la disputa en el campo de la institucionalidad política (sistema de representación política), donde se discute el contenido y alcance de las reformas propuestas y en curso de los gobiernos progresistas en su cotidiano trabajo político, 8. En el macabro escenario de tragedia que vivió la ciudad de Guayaquil durante la primera fase de la pandemia, la Alcaldesa y miembro del Partido Social Cristiano-Movimiento Cívico Madera de Guerrero, Cinthya Viteri, entregó ataúdes de cartón a familiares de las víctimas en medio de serios cuestionamientos en torno de la gestión contractual y de compras de estos objetos. 84 Juventudes de derecha en Brasil, Argentina y Ecuador canalizado sobre todo desde los medios masivos de comunicación. Y, luego, la entrada en la fase de las “derechas ampliadas” (Ramírez, 2022) y de las “derechas radicalizadas” (Zanotti y Roberts, 2021), en la cual la confluencia de distintos factores (crisis de commodities, debilidades internas de los regímenes progresistas en el plano de la representación y en el de las articulaciones institucionales con su base social, conflictividad débilmente procesada con otros actores del campo popular) reconfiguran el campo de disputa sociopolítico en razón de las fuerzas que empiezan a imponerse, unas veces mediante la contienda electoral a nivel nacional o local, y otras mediante la instalación y ampliación de un sentido común que, en lo fundamental, identifica al progresismo no solo como el “otro politico” sino como el enemigo a anular. Este trayecto, solo ha sido posible mediante una ampliación diversificada de organizaciones y grupalidades subsidiarias de la derecha política, en las cuales la presencia de jóvenes constituye un elemento a examinar. LA DEFENSA DE LA LIBERTAD Y EL CONSERVADURISMO ENTRE LAS Y LOS JÓVENES DE DERECHA EN BRASIL, ARGENTINA Y ECUADOR Para comenzar la discusión sobre quiénes son las y los jóvenes de derecha en los tres países analizados, volvemos a algunos datos que muestran el número de jóvenes que se definen de esta manera. Sin embargo, nos gustaría hacer algunos comentarios con respecto a estos datos. Primero, recopilamos datos que capturan formas de autopercepción de la juventud. Por lo tanto, los resultados tienen un carácter contextual. Además, es necesario separar el autorreconocimiento como “de derecha” respecto del compromiso militante efectivo en el espacio de la derecha. En este sentido, los datos sirven como indicio de la fuerte presencia de jóvenes que se consideran como de derecha y como base para reflexionar sobre lo que esto significa. Para delimitar la autopercepción de jóvenes como de derecha y de izquierda, se consideró la variable sobre ideología presente en el Latinobarómetro, que trabaja en una escala progresiva en la que el puntaje 0 corresponde completamente a la izquierda y el 10 a la derecha. Agrupamos a quienes puntúan entre 0 y 3 en el espectro izquierdo y entre 7 y 10 en el espectro de la derecha. Quienes se ubicaron entre el 4 y el 6 en la escala ideológica fueron categorizados como del centro. Consideramos jóvenes a las y los encuestados de 16 a 29 años para coincidir con las bases de datos de ambos países. La muestra de la investigación está compuesta por 306 jóvenes de Argentina, 323 jóvenes de Brasil y 413 de Ecuador. 85 Olivia Cristina Perez, Melina Vázquez, Dolores Rocca Rivarola y René Unda Lara Gráfico 1. Distribución ideológica de jóvenes de Brasil, Argentina y Ecuador Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Latinobarómetro (2020). El gráfico 1 muestra que, a pesar de no ser la mayoría, hay una gran cantidad de jóvenes que se clasifican como de derecha. El caso más emblemático es Argentina, donde el 13,9% se clasifican en la derecha y el mismo porcentaje en la izquierda. En Brasil, las y los jóvenes de derecha son un 20,2%, y superados en un 5% por quienes se ubican a la izquierda. En Ecuador la proporción de jóvenes que se catalogan como de derecha es similar a la de Argentina (14%), frente a un 23,7% que se considera de izquierda. Por otro lado, una parte importante de las y los jóvenes se posicionan en el centro (49,2% en Brasil, 29,9% en Argentina y 42,1% en Ecuador). Mientras que una porción más pequeña, pero bastante heterogénea al comparar los tres casos nacionales, decide no tomar una posición (24% en Argentina, 14,8% en Ecuador y solo 5% de los jóvenes brasileños). Estos datos desmienten cierta percepción de que el grueso de las y los jóvenes sería de izquierda o progresista. En segundo lugar, los datos contribuyen a explicar la fuerza que han ido ganando las derechas en América Latina. Este fenómeno ya se ha observado en las calles en grandes manifestaciones con grupos de derecha y también en la ocupación de cargos y representaciones institucionales. Por lo tanto, es interesante comprender el sustrato de esta autoclasificación entre las y los jóvenes como de derecha. También cabe notar una revitalización de la derecha como categoría de autodefinición y en tanto que valor de prestigio. Si consideramos, con Pousadela (2007), que al inicio del siglo XXI, una común y valorada forma de autopercepción en la dirigencia política brasilera era como de “centro” o “centro-izquierda”, y con Goldstein (2019), que 86 Juventudes de derecha en Brasil, Argentina y Ecuador “hasta hace unos pocos años, en Brasil nadie se decía de derecha”,9 esa revitalización puede ser interpretada como una novedad desde el restablecimiento de la democracia. Esa forma de valoración en la autodefinición como de derecha se observa, en particular, entre grupos juveniles también en Argentina. Vázquez (2022) muestra esto último a partir del análisis de una de las consignas utilizadas por Jóvenes Republicanos Unidos: “Somos jóvenes y de derecha”. El autorreconocimiento como parte de la “derecha” modula un lenguaje de resistencia, frente a lo que representan las agendas del progresismo (la agenda de géneros y diversidades, la visión acerca del Estado como agente de la integración social y la oficialización de los relatos sobre la historia reciente). Así, ser “joven y de derecha” representa una manera de oponerse a lo que interpretan como el statu quo y es visto como una forma de incorrección política. Lo que se destacó en las entrevistas cualitativas con jóvenes de derechas realizadas en los tres países fue, por un lado, la defensa de ciertos valores conservadores en el campo de la moral y, por otro, de la “libertad económica” con respecto al rol del Estado. La invocación a la libertad en las derechas ecuatorianas tiene algunos aspectos comunes con lo que ha sucedido en otros países en los cuales se instalaron gobiernos progresistas durante los primeros años del presente siglo. El contenido, significado o uso conceptual que las derechas asignan al significante libertad está directamente referido a las exigencias y reclamos de desregulación que plantean frente a las reformas llevadas a cabo, en mayor o menor medida, por los gobiernos progresistas. Los ejes de tal invocación están referidos a la libertad de mercado, a la libertad de prensa, a la libertad de modalidades de contratación laboral. Puesto que la neoliberalización del Estado y de la sociedad significó, sobre todo durante los años ochenta y noventa, el retiro del Estado como espacio de control y regulación de los mercados (financiero, laboral, etcétera) y de las instituciones sociales (salud, educación) como condición de la maximización de sus tasas de ganancia, las decisiones que adoptaron los gobiernos progresistas en cuanto a reformas tributarias, al retorno del control y regulación de las tasas de interés bancario y crediticio, el restablecimiento de derechos 9. Ilustra esto último el caso de Fernando Henrique Cardoso, líder del PSDB y expresidente comúnmente asociado con las ideas de la derecha neoliberal en la región. Según Goldstein “Pese a haber aplicado políticas más aperturistas en lo comercial, haber declarado al asumir que había que dar vuelta la página de la intervención estatal representada por el presidente populista Getúlio Vargas, y haber privatizado durante sus mandatos empresas estatales como Vale do Rio Doce, él mismo se reconocía como de izquierda” (2019, p. 28). 87 Olivia Cristina Perez, Melina Vázquez, Dolores Rocca Rivarola y René Unda Lara laborales, al desprivatización de los servicios de salud y de educación, etcétera, fueron percibidos como afrentas a su libertad. El despliegue de políticas de corte redistributivo que atenuaron la concentración de la riqueza socialmente producida (CEPAL, 2020) durante aquellos gobiernos progresistas fue relacionado, en esa disputa en la opinión pública con una supuesta pérdida de libertades en distintos ámbitos. Así, en 2018, cuando se produce el viraje neoliberal del expresidente Lenín Moreno, el entonces presidente de las Juventudes Socialcristianas, se refería a la “recuperación de las libertades” que fue parte de la retórica anticorreista enarbolada por las derechas en aquel momento. Según el joven militante entrevistado, 22 años presidente de las Juventudes Socialcristianas de Quito: Sí, es cierto que se respira aires de libertad, como dice Moreno, pero todavía falta destrabar muchas leyes que se hicieron en el correísmo para que podamos tener bonanza económica, el Estado no debe meterse en la economía porque no está para eso (Carlos Chamorro, comunicación personal, 2018). En Brasil, la posición es similar: para las juventudes de derecha, la libertad económica sería una solución a los resultados negativos presentados en la economía y la política por gobiernos interventores considerados de izquierda. En el caso del DEM, el partido más asociado a la defensa de las costumbres en el campo moral, el líder juvenil del partido DEM entrevistado enfatizó que se consideraba de derecha porque creía: “na liberdade de expressão, na liberdade de mercado, na iniciativa privada, no mundo privado”. El entrevistado relató que se afilió al DEM precisamente porque las principales banderas del partido coincidían con la suya, a saber: la libertad económica, de expresión y religiosa. Esta respuesta ejemplifica una de las características mencionadas: la defensa de la libertad. En este sentido, existen paralelismos entre el desarrollo de la derecha en el Brasil actual y el surgimiento del neoliberalismo en la década del noventa. En ambos casos la defensa de las libertades económicas vino como crítica al crecimiento del intervencionismo en la época anterior. El intervencionismo fue considerado por muchos como ineficaz y corrupto en la década del ochenta. En ese contexto, la propuesta neoliberal terminó tomando el aspecto aparentemente progresista de una lucha redistributiva, por mucho que los acontecimientos posteriores (es decir, los resultados concretos de las administraciones neoliberales) tienden a contradecir esta apariencia (Saes, 2001). En tiempos más recientes, las crisis económicas y políticas de principios de la década de 2010 llevaron a la emergencia de críticas 88 Juventudes de derecha en Brasil, Argentina y Ecuador al modelo más intervencionista del PT y de la defensa de medidas de liberalismo ortodoxo. Estudios como el de Pablo Stefanoni (2021) apuntan a dilucidar esas “coincidencias” entre contextos nacionales e invitan a pensar cómo las derechas recientes han adoptado discursos de indignación frente a la realidad social por medio de los cuales se construye una idea de rebeldía y desafío del statu quo. Esto se observa, en particular, en casos como los incluidos en este trabajo, en los que ha habido ciclos de gobiernos que se reconocen como progresistas. El ascenso de la derecha, entonces, está relacionado con cierta crítica con respecto a las políticas redistributivas implementadas por gobiernos progresistas. Según el entrevistado DEM: Todas as medidas do ex-presidente Lula foram populistas, foram medidas que causaram impactos negativos para o Brasil. Até um determinado momento foi bom e com o passar do tempo se mostraram esdrúxulas e decisões que trouxeram péssimos resultados a médio e a longo prazo para o país. Como solución frente a ese malestar, la propuesta es el liberalismo, la reducción del Estado revestida de una supuesta libertad económica. Cabe matizar la novedad de este hallazgo: a pesar de que la libertad está bastante evocada por los nuevos derechos contemporáneos, esta es la principal característica tanto del liberalismo clásico como del neoliberalismo. El neoliberalismo emergió poco después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa y Norteamérica, como una vehemente reacción teórica y política contra el Estado intervencionista y de Bienestar. Su texto original es Camino de servidumbre, de Friedrich Hayek, escrito en 1944 (2010). La obra contiene un ataque contra cualquier limitación de los mecanismos de mercado por parte del Estado, denunciado como una amenaza letal a la libertad, no solo económica, sino también política. Para esta doctrina, la competencia es la responsable de la distribución de la riqueza. En la década del noventa, las y los jóvenes vinculados a organizaciones estudiantiles en Brasil solían criticar a la derecha “neoliberal”. La derecha más reciente se consolida en otro contexto, luego de varios gobiernos del PT, pero mantiene rasgos de aquella derecha neoliberal. Como sucede en otros procesos de cambios sociales e históricos, las nuevas concepciones llevan huellas de concepciones anteriores, al tiempo que añaden nuevos elementos. Pero cabe señalar un elemento: parte de las juventudes de derecha consideran que la libertad económica en realidad brinda más oportunidades, incluso para las y los propios jóvenes. Este argumento está presente en extractos de la entrevista al joven de la DEM, para quien: 89 Olivia Cristina Perez, Melina Vázquez, Dolores Rocca Rivarola y René Unda Lara a desigualdade social é resolvida com economia mais livre. Quanto mais oportunidades nós tivermos, melhor é. E para isso que serve o Estado: para dar liberdade para economia, dar liberdade para a iniciativa privada. Hay entonces un discurso que convence a una parte de la población de que más libertad económica equivale a más oportunidades. En un contexto de crisis política y económica, la libertad defendida por las y los jóvenes de derecha sería entonces una solución justa, al menos para ellos. Otro eje central en la discursividad de las juventudes de derecha se ubica en el campo de la moral. Allí se destacan las posiciones conservadoras en temas como género y sexualidad. Por ejemplo, desde una fuerte crítica en relación con el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, por ejemplo, para interrumpir un embarazo no deseado. En este ámbito, en Ecuador, en 2022, el presidente Lasso, miembro numerario del Opus Dei y que se había manifestado en distintas oportunidades “a favor de la vida desde la concepción”, derogó parcialmente la ley de despenalización del aborto en casos de violación, un mes después de que la Asamblea Nacional lo aprobara (las observaciones rechazaron los diferentes plazos establecidos según región geográfica y edad de la gestante y solicitaron la inclusión de la denominada “objeción de conciencia”). Como se muestra en el testimonio de esta activista, las juventudes de derecha respaldan ese rechazo: No es solo mi convicción personal, la Constitución protege el derecho a la vida desde la concepción y Lasso respeta la vida y las leyes. Hay que reconocer que este tema fue uno de los pocos aciertos que tuvo Correa10 (Melissa P., 24 años, representante de la organización Nueva Esperanza -Movimiento Ecuatoriano Unido, candidata a concejal, comunicación personal, 2019). En Brasil, el conservadurismo en el campo moral es una de las principales características de la derecha representada por el gobierno de Bolsonaro y simboliza la conjunción de las derechas con las posiciones de las iglesias evangélicas en el Brasil contemporáneo. La gestión de Bolsonaro estuvo marcada por la defensa explícita de pautas morales conservadoras. Por ejemplo, además de las declaraciones homofóbicas recurrentes del presidente, su gobierno ha implementado varias iniciativas contra la población LGBTQIA+. Entre ellos podemos enumerar la eliminación del departamento de SIDA en el Ministerio de Salud; la extinción del Consejo Nacional de Combate a la Discriminación y de Promoción de los Derechos de Lesbianas, Gays, Bisexuales, 10. La postura antiaborto del expresidente Correa se expresó con absoluta nitidez durante el proceso constituyente de 2007 y durante el debate del proyecto de despenalización del aborto en noviembre de 2013. 90 Juventudes de derecha en Brasil, Argentina y Ecuador Travestis y Transexuales (CNCD/LGBT); la promoción desde Itamaraty (Ministerio de Relaciones Exteriores) de una defensa del binarismo de género en instituciones internacionales; además de la elaboración, por parte del Ministerio de Educación (MEC), de un proyecto de ley para prohibir la llamada “ideología de género” en las escuelas. Esta última iniciativa está en línea con los lineamientos de sectores conservadores y religiosos que fueron fundamentales en la elección de Bolsonaro. En el mismo sentido, la negación de los derechos de las mujeres va acompañada de políticas que transforman a los movimientos sociales en enemigos políticos en nombre de los “valores familiares” (Biroli Biroli, Machado y Vaggione, 2020). Sin embargo, las y los seguidores de Bolsonaro no siempre están de acuerdo con sus declaraciones, como es el caso del joven entrevistado DEM, quien declaró: “eu apoio às decisões do presidente Bolsonaro sim, mas não na integralidade. Não concordo 100% com ele”. El propio entrevistado defiende a la población LGBTQIA+ y cree que a estos grupos se les debe dar libertad, a diferencia de las directrices de Bolsonaro. Esta información es importante para evitar homogeneizar absolutamente a estas derechas contemporáneas, sobre todo con sus líderes. Y, en ese sentido, también cabe señalar las modalidades de continuidad y reconfiguraciones que la derecha en Brasil puede experimentar luego de la derrota electoral de Jair Bolsonaro en octubre de 2022. En Argentina, entre las juventudes vinculadas con partidos de derecha, la idea de libertad encuentra significativos puntos de contacto con las ideas descritas anteriormente. Pero, además, se advierte un rasgo significativo: junto con la participación en protestas en las calles, la activa intervención en redes sociales y medios, y la participación en sus grupos de referencia, identificamos un elemento transversal en la sociabilidad de jóvenes de derecha que tiene que ver con la lectura, el consumo y la circulación de libros (Goldentul y Saferstein, 2020). Esto se observa, por ejemplo, en la presencia de editoriales libertarias en actos políticos. También en la centralidad que van a tener algunas figuras y producciones en particular, como observamos en el caso de El libro negro de la nueva izquierda de Laje y Márquez (2016), en el que se definen un conjunto de conceptos fuertemente utilizados por las y los activistas de derecha. En particular, la noción de “batalla cultural”, que Laje recupera y resignifica de la tradición gramsciana. Según este, la batalla cultural tiene que ver con combatir en el plano de las ideas a la “izquierda” o al “progresismo” (interpretados como “la corrección política”, es decir, en línea con lo ya analizado sobre la rebeldía frente a un supuesto statu quo progresista) y las agendas del llamado “lobby LGBT”, asociadas centralmente con las agendas de los feminismos y 91 Olivia Cristina Perez, Melina Vázquez, Dolores Rocca Rivarola y René Unda Lara las disidencias sexuales. En el terreno de “la batalla cultural”, tal como es interpretada por estos grupos, involucra la escritura y la lectura de ciertas obras clásicas (en algunos grupos vinculadas con la tradición conservadora, en otros con el liberalismo o con las ideas liberal-libertarias); la definición de los contornos de una “nueva derecha” y la producción de una “lucha” en el terreno de las ideas. Como sostiene Laje, la “lucha cultural” involucra “distintas posiciones, roles, gente que crea ideas, enseña ideas, simplifica ideas, gente que pone la pluma para un libro”. Sin embargo, esta va acompañada de otra que es igual de relevante: “la lucha electoral”. Así, mientras que “La lucha cultural aplasta en un debate, la lucha política aplasta en las urnas” (Spanish Libertarian, 2020). En Argentina, muchas y muchos jóvenes conocen o comienzan a consumir estos y otros contenidos “de derecha” (que son transversales a los diferentes espacios político partidarios) en dos momentos clave. Por un lado, en el año 2018 cuando tiene lugar el debate parlamentario por la legalización del aborto en Argentina. Como sostiene un referente de Pibes Libertarios que había formado parte de una agrupación afín al kirchnerismo: Cuando me manifiesto pro-vida todo lo que era mi círculo kirchnerista me empieza a rechazar fuertemente. (…). Así, en el 2018, empiezo a consumir material que era lisa y llanamente de derecha: Agustín Laje, Gloria Álvarez, [Agustín] Etchebarne. Y me empiezo a dar cuenta que muchas de las cosas que ellos decían eran las cuestiones que yo observaba (J.M., comunicación personal, 24 de noviembre de 2021). Aquí nuevamente, el eje ya analizado para los casos de Brasil y Ecuador, el rechazo al aborto, se torna un elemento central, una inflexión en el recorrido personal hacia el compromiso político de derecha. Por otro lado, las medidas de aislamiento del gobierno de Alberto Fernández son integradas al lenguaje de los sectores opositores al kirchnerismo y movilizan a una nueva camada de jóvenes que comienzan a participar durante la pandemia y articulan el discurso anti-gobierno con la crítica de la gestión sanitaria de la crisis. Según Álvaro Zicarelli, influencer y asesor parlamentario de Javier Milei: “Mi emergente como influencer es por el mal manejo de la pandemia” (comunicación personal, 19 de octubre de 2022). Según F.B., referente joven del partido NOS: “La derecha nunca ha sido rebelde. Esta nueva derecha es rebelde, porque durante la pandemia planteaba una rebelión civil contra el Estado, que era injusto: la cuarentena, la obligatoriedad de la vacunación” (comunicación personal, 18 de octubre de 2022). Según el entrevistado, la pandemia fue una ventana de oportunidad para propiciar lecturas e interpretaciones comunes entre sectores de las 92 Juventudes de derecha en Brasil, Argentina y Ecuador derechas que sostienen posiciones muy diferentes con respecto, por ejemplo, al rol del Estado o en torno a las libertades individuales. Sin embargo, durante la pandemia pudieron articular un reclamo común en contra de lo que interpretan como un “gobierno autoritario”, que “restringe nuestras libertades”. Si en el caso brasilero, la oposición desde grupos de derecha a las medidas de aislamiento frente al COVID-19 se alineaba con la orientación del propio gobierno federal (no así de los gobiernos estaduales, que sí querían impulsarlas y se enfrentaron por ello con el propio presidente), en Argentina constituyó, por el contrario, el eje de disputa contra el gobierno nacional de Fernández, y contra el propio Estado. Por otra parte, es necesario problematizar algunas de estas respuestas de jóvenes de derecha. En el caso del entrevistado, al mismo tiempo que dice ser un defensor de varias libertades, se pronuncia en contra del derecho al aborto y el consumo de drogas, y se muestra conservador y restrictivo en el campo de las costumbres. Entonces, es una derecha a favor de las libertades en el campo de la economía, como ya lo vimos más arriba, pero en contra de ellas en el campo del comportamiento individual. Este último se guiaría por las enseñanzas cristianas, bastante intervinientes. Esto puede parecer contradictorio. Sin embargo, es importante retomar otras reflexiones como la de Bresser Pereira (2006), según la cual los grupos políticos de izquierda están dispuestos a arriesgar el orden en nombre de la justicia social, mientras que los de derecha defienden el mantenimiento del orden, aunque no favorezca la justicia social. En este sentido, defender la libertad económica y el conservadurismo en el campo moral no son paradojas: ambos preservan el orden o el statu quo conservador y desigual. En un campo opuesto, la izquierda favorece la justicia social, que puede significar la intervención económica y la libertad en el campo aduanero. En resumen, la izquierda cambia el statu quo mientras la derecha lo mantiene, y la forma de mantener el statu quo es a través de la ausencia del Estado y la prohibición de cambios en el campo de las costumbres, lo que se hace a través de la defensa de las enseñanzas cristianas. En este sentido, no es contradictorio ser defensor de la libertad económica y el mantenimiento de las costumbres: ambas banderas privilegian y mantienen el statu quo. LA ANTIPOLÍTICA En las entrevistas realizadas, el discurso contra la política institucional, aquí llamado antipolítica, emerge como una característica nuclear de estas nuevas derechas formadas por jóvenes. Como ejemplifica un joven de Ecuador, representante de las cámaras empresariales 93 Olivia Cristina Perez, Melina Vázquez, Dolores Rocca Rivarola y René Unda Lara y candidato a la Alcaldía de Quito para las elecciones seccionales febrero 2023: “No soy político, soy alguien que quiere servir” (Francisco Alarcón, comunicación personal, 2021). Otro ejemplo en un sentido similar es la exasambleísta del partido Socialcristiano, María Cristina Kronfle, que declaró en julio de 2022 al Diario El Universo que “a la política no le gustan los seres humanos, le gusta el robot que busca sus propios intereses”. En Argentina, según los resultados de la investigación de Kessler, Vommaro y Assusa (2022), la franja etaria de los 14 a los 24 es la que reconoce mayores porcentajes de adhesión a la idea de que “los políticos solo piensan en sus intereses” (70,5%) y quienes más acuerdo poseen con la idea de que en Argentina “las leyes no se aplican igual para los ricos que para el resto de la sociedad” (71,7%). Aunque en esos datos no se distingue jóvenes de derecha de jóvenes de izquierda, también es cierto que en Argentina, un portador protagónico dela bandera antipolítica y anticorrupción han sido recientemente los grupos de derecha. La paradoja es que una narrativa similar apareció en la crisis y “Argentinazo” de diciembre de 2001, donde la consigna principal era “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, en alusión a los políticos y a los jueves de la Corte Suprema de la Nación. Y esa misma narrativa se rearticula, años después, incluso también con aires de “rebeldía”, desde sectores de la derecha. Por eso algunas figuras o liderazgos, como Milei en Argentina y Bolsonaro en Brasil, se parecen en tanto se reconocen o autopresentan como outsiders de la política institucional, aun cuando ambos han tenido roles de diverso tipo en las cámaras o como asesores, en lo cual la similitud se extiende a Lasso. En el caso argentino no se puede dejar de lado la centralidad que tuvo la pandemia como escenario donde politizar los discursos anti-estado, anti-kirchnerismo y anti-privilegios de los políticos. Por ejemplo, a la luz del rechazo que generó la fiesta de cumpleaños de la pareja del presidente en la propia residencia presidencial (Quinta de Olivos) en los tiempos en que regían las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. En Brasil, los estudios sobre la participación política de la juventud contemporánea ya han mostrado el desprestigio de las instituciones parlamentarias, como los partidos políticos, entre la población juvenil de distintas ideas políticas (Araújo y Perez, 2020; Perez y Souza, 2020). La insatisfacción con las instituciones parlamentarias se debe a que se las considera demasiado rígidas, jerárquicas y poco inclusivas (Perez y Souza, 2020). Para los jóvenes activistas de izquierda, las instituciones políticas deben incluirse a sí mismas en sus principales decisiones, así como a las mujeres, los negros, la población LGBTQIA+ y los habitantes de la periferia –es decir, la mayoría de la población– hasta 94 Juventudes de derecha en Brasil, Argentina y Ecuador ahora excluida de las grandes decisiones públicas. Como resultado de la incredulidad y desconfianza en el sistema político, parte de la juventud apuesta por candidatos que se hacen pasar por antisistema. Es el caso de Jair Bolsonaro, aunque no se pueda afirmar que Bolsonaro esté apartado de la política institucional, ya que ha pasado por varios partidos políticos y fue diputado durante más de dos décadas. Pero el caso es que parte de los jóvenes apuestan por él precisamente por ese carácter antisistema, como muestra, por ejemplo, el joven vinculado a la DEM: “Acredito que até o momento o melhor presidente que o Brasil já teve foi, sim, presidente Bolsonaro, que tem se mostrado um presidente antissistema. Infelizmente nós temos um sistema que estava acostumado com vícios políticos, muito burocrático”. El discurso antipolítica de Bolsonaro tuvo sentido para muchas y muchos jóvenes que protestaban en las calles en junio de 2013, descontentos con la limitación e insuficiencia de derechos sociales en Brasil y con el rumbo que estaba tomando la política institucional. Estos manifestantes no siempre eran de derecha, pero el discurso antipolítica contribuyó a acumular votos eventualmente para Bolsonaro, con la esperanza de cambios en el funcionamiento del Estado y la política partidaria. Cabe reflexionar sobre el significado de estas consignas antipolíticas. El discurso contra la política institucional en el caso de Bolsonaro estuvo dirigido a sus antecesores, pero no a todos. Las críticas fueron principalmente contra las y los políticos afiliados al Partido de los Trabajadores, el principal partido de izquierda en Brasil y que fue contra el cual apuntaron las diatribas de Bolsonaro, que una vez en el poder negoció con partidos de centro y derecha para constituir una base propia en el Congreso. Por eso es interesante ir más allá del discurso para comprender cómo, a pesar de considerarse muchas veces por encima de los polos del espectro ideológico, la narrativa antipolítica en las juventudes de derecha se conjuga en la práctica con la lucha ideológica izquierda-derecha. Volviendo al Gráfico 1 –presentado en la segunda sección de este trabajo–, allí veíamos lo significativa que era la porción de jóvenes posicionados en el centro (49,2% en Brasil, 29,9% en Argentina y 42,1% en Ecuador). Y que también un sector, bastante variable entre los tres casos nacionales, escogía la no definición de una posición política (24% en Argentina, 14,8% en Ecuador y solo 5% de los jóvenes brasileños). Sumados, ambos resultados indican el peso de no reconocerse en ninguno de los polos ideológicos, lo cual puede comprenderse en un contexto en el que a veces se reprocha el posicionamiento político. También cabe tener en cuenta el peso de las narrativas antipolítica en los espacios de derecha, que podría traducirse en un 95 Olivia Cristina Perez, Melina Vázquez, Dolores Rocca Rivarola y René Unda Lara sub-dimensionamiento del polo de derecha en las encuestas. Es decir, la dificultad de identificar a quienes no se reconocen a sí mismos como “de derecha” pero se vinculan con alguno de los espacios aquí analizados desde una retórica antipolítica. La renuencia a tomar una posición de izquierda o derecha también apareció en algunas entrevistas, como el siguiente extracto de una joven ecuatoriana de 24 años, candidata para la viceprefectura de la Provincia de Bolívar 2023 por el Partido Sociedad Patriótica: He participado en proyectos que benefician a mi cantón desde que estaba en el colegio, pero nunca he estado en la política. A nosotros como jóvenes no nos importa mucho si eres de izquierda o de derecha, yo acepté esta candidatura porque veo que se pueden hacer muchas cosas por mi cantón (Nathy A., comunicación personal, 2021). Estos discursos muestran que existiría una percepción de estar por encima de la disputa ideológica y de la división de clases como orientadora de las filiaciones y percepciones políticas e ideológicas. En ese caso, no se ven como de izquierda ni de derecha, ni de lo que habitualmente se llama “centro”. Se conciben como una alternativa a la política institucional, aunque esta concepción puede ser problematizada, ya que algunas y algunos de estos jóvenes entran o participan en esa arena. Este es el caso de las juventudes que se desarrollaron al interior de Propuesta Republicana (PRO), partido que llevó adelante la gestión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2007 y que llega, por medio de la alianza Cambiemos, al gobierno nacional de la mano de Mauricio Macri. El PRO presenta una concepción pragmática de la política que se postula “más allá de izquierdas y derechas” y se define públicamente como opción superadora de las identidades políticas tradicionales (peronismo y radicalismo). Cabe formular aquí, sin embargo, dos aclaraciones sobre el PRO. Las apelaciones identitarias y el discurso del partido han colocado un énfasis permanente en la gestión, concebida como administración a través de la consigna “pasión por hacer” y despojada discursivamente de definiciones ideológicas explícitas. En otros términos, el PRO se ha inclinado en distintas oportunidades por una postulación de valores pos-materiales, pretendiendo con ello trascender el clivaje izquierda-derecha, a la vez que presentarse como superador de las identidades políticas tradicionales en el país (Vázquez, Rocca Rivarola y Cozachcow, 2018; Vommaro y Morresi, 2015). En ocasiones, el posicionamiento político de izquierda o de derecha se ha considerado negativo en el debate público en los medios y desde un supuesto “sentido común”, asociándolo a una nociva polarización 96 Juventudes de derecha en Brasil, Argentina y Ecuador social. No obstante, negar el posicionamiento político a la derecha o a la izquierda en base a diferencias en el lugar ocupado en las jerarquías sociales es negar que exista desigualdad social. La negación de las desigualdades sociales obstruye la posibilidad de que el Estado las combata, y mantiene el statu quo, principal defensa de las derechas. En ese sentido, una vez más, vemos cómo la narrativa antipolítica y anti-ideológica en la práctica acaba ayudándose, muchas veces, con la propia disputa ideológica, engrosando incluso las filas y votos de la derecha.11 CONSIDERACIONES FINALES El presente texto enfrenta un desafío, que es comprender distintos aspectos de las juventudes de derecha en tres países de la región. Hemos mostrado y examinado aquí algunos de los rasgos que caracterizan a las nuevas, renovadas o radicalizadas derechas: la invocación a la libre iniciativa privada desprovista de cualquier tipo de regulación estatal en el plano económico financiero; el conservadurismo en el campo de la moral, especialmente en temas relacionados con el género y la sexualidad; y la narrativa antipolítica. Otros rasgos, como nativismos, neo-nacionalismos, neo-fascismos, etc., adoptan morfologías particulares y responden, más bien, a las condiciones específicas del proceso político de cada país. Cabe señalar que las posiciones y ejes de identificación y de disputa de las actuales derechas son relacionales y situados, hecho que supone considerar una serie de condiciones y matices que complejizan la comprensión de las mismas. Las similitudes en los casos de Brasil, Argentina y Ecuador pueden explicarse de varias maneras, pero las entrevistas revelaron un factor interesante: la conexión entre jóvenes militantes de derecha en los tres países. El entrevistado de DEM reveló que a través de Instagram sigue lo que sucede en Argentina y que: “Eu pergunto muito para eles como estão sendo as decisões políticas tomadas na Argentina e eles me consultam diretamente sobre o Brasil [CRUL1]”. Como revela este testimonio, Internet facilita los intercambios y los mismos repercuten en las concepciones y acciones de la derecha en ambos países. Las posturas antipolítica, de todos modos, no son extensibles y endosables a todos los y las jóvenes políticos de derechas. Allison Durán, concejal alterna del Municipio de Quito 2018-2022 y asesora parlamentaria del partido Creando Oportunidades (CREO), fundado por el actual presidente Guillermo Lasso, afirma, por ejemplo, “estudié Ciencias Políticas porque tuve el ejemplo de mi abuelito. Hacer política es lo que nos va a sacar de toda la corrupción y el robo que le han hecho al país”. 11. 97 Olivia Cristina Perez, Melina Vázquez, Dolores Rocca Rivarola y René Unda Lara Otro elemento que hemos problematizado es en torno a la definición político-ideológica, que no siempre es explícitamente “de derecha”, aun entre quienes participan o se vinculan con grupos juveniles que sí lo son. A futuro, será necesario seguir estudiando este fenómeno, sin perder de vista que el no posicionamiento puede ser una forma de posicionamiento; que, en ocasiones, las definiciones se construyen como etiquetas asignadas al adversario; y que una comprensión en profundidad de las juventudes de derecha requiere conocer sus dimensiones, más allá de sus formas de autorreconocimiento. Finalmente, en relación a la disputa sobre si las derechas son efectivamente nuevas, viejas o recicladas, hemos mostrado algunos matices, pero también sustratos de continuidad entre la derecha de las experiencias autoritarias del pasado, la neoliberal de los años noventa y las más actuales, como en torno a la cuestión de la desigualdad social. En investigaciones futuras, deberemos continuar indagando sobre estos y otros ejes de la narrativa presente en las juventudes de derecha, así como sobre las reconfiguraciones socio-demográficas y discursivas que puedan experimentar en los años subsiguientes. 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Para tales fines, se recuperan los resultados de un relevamiento de organismos, leyes y encuestas de juventudes en 18 países de la región,1 que forma parte de una investigación colectiva realizada en el marco del GT Infancias y Juventudes de CLACSO. Desde una perspectiva socio histórica, se propone mostrar cómo la juventud se constituyó en 1. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 103 Cozachcow, Beretta, Liguori, León, Pereyra, Perozzo y Colombari asunto de política pública y cómo ello se plasma en las estructuras gubernamentales, en leyes y en la producción de conocimiento sobre las juventudes en distintos contextos y momentos históricos. Esta lectura diacrónica, permite echar luz sobre el derrotero de la producción socio estatal de la juventud marcando hitos significativos, continuidades y rupturas en América Latina y el Caribe. Para ello, se proponen a los fines analíticos cuatro ciclos o momentos históricos con temporalidades específicas: 1980-1989, 1990-2000, 2001-2015, 2016-2019. Desde este lugar se presentan algunas claves comparativas para guiar el análisis en torno a dos cuestiones. En primer lugar, en la difusión y establecimiento de una perspectiva sustentada en un abordaje de las juventudes en tanto sujeto de derechos y actores centrales para el desarrollo. Esta parece volverse predominante a lo largo de este largo período, tanto bajo gobiernos de orientación neoconservadora como neodesarrollista, retomando la caracterización realizada por Rodríguez (2018). Es decir, que más allá de los cambios en la orientación política e ideológica de los distintos gobiernos, así como las consecuentes modificaciones de orientación de las políticas de juventudes en cada coyuntura de corto plazo, es posible observar en el mediano y largo plazo la persistencia de un paradigma que lleva a la creación de organismos específicos, la sanción de leyes integrales y la implementación de encuestas nacionales. En segundo lugar, las potencialidades y desafíos que conlleva el trabajo con fuentes públicas contemplando lo que refiere a la producción de la misma por parte de los Estados nacionales, su acceso y validez. A continuación, el capítulo se organiza de la siguiente manera. En el segundo apartado se presenta la perspectiva teórico-metodológica y descripción de la periodización construida. El tercer apartado analiza en cada uno de los períodos cómo fue producida la cuestión juvenil por los Estados de la región, dando un panorama general de los organismos, leyes y encuestas de juventud, así como también de las principales tendencias a nivel internacional y regional en cada contexto. Finalmente, en el cuarto apartado se presenta una síntesis del recorrido realizado y se concluye señalando las tensiones, reconfiguraciones y heterogeneidades de un proceso de producción de la cuestión juvenil en permanente construcción a lo largo de casi cuatro décadas. ABORDAJE METODOLÓGICO Y PERIODIZACIÓN El trabajo se realizó siguiendo una metodología cualitativa basada en la recopilación, sistematización y análisis de fuentes primarias y secundarias. Por un lado, desde la consulta de las páginas y portales web de los respectivos gobiernos nacionales, se recuperaron documentos oficiales producidos por las instituciones gubernamentales de 104 Las políticas de juventudes en América Latina y el Caribe en la historia reciente juventud. También, se incorporaron documentos elaborados por organismos internacionales y regionales vinculados al abordaje estatal de las juventudes en los diferentes ciclos históricos. Por otro lado, se analizaron materiales bibliográficos correspondientes a investigaciones, publicaciones y estudios específicos realizados desde el campo académico que dan cuenta de ciertos procesos nacionales. Asimismo, en los casos particulares de las leyes y encuestas, se analizaron los textos de las normativas y de los informes oficiales de resultados, respectivamente. El detalle del relevamiento y las dimensiones analizadas puede ser consultado en el informe oportunamente publicado (Beretta et al., 2021). Esta estrategia metodológica cualitativa recuperó los aportes de etnografía del archivo (Nazar, 2010; Rockwell, 2009) y de los estudios sobre gobierno abierto en las discusiones sobre la gestión pública (Oszlak, 2013) con el fin de dar cuenta de los procesos de producción estatal de las juventudes. Esto conllevó un conjunto de desafíos en torno a tres cuestiones. Primero, la definición de criterios de lectura de las fuentes para otorgarles validez académica. Segundo, la construcción de un corpus variado y heterogéneo que integra distintos contextos de producción y distintos actores (tanto académicos, como gubernamentales). Tercero, los tipos de información que los documentos contienen. En algunos casos, resulta contradictoria o arbitraria respecto de las temporalidades que revisten las experiencias de abordaje de la cuestión juvenil relevadas. Estas singularidades propias del trabajo documental implicaron el desarrollo de un ejercicio de deconstrucción de la información relevada asumiendo una posición crítica en la lectura y análisis de las fuentes que permita tomar distancia de la oficialidad y lo instituido. Para ello se recuperaron los aportes de la perspectiva sociohistórica formulados desde la sociología francesa (Noiriel, 2011; Offerlé, 2011). Allí se propone que el origen y desarrollo de un organismo estatal lleva a poner en cuestión y analizar el relato histórico oficial sustentado en las normativas. Desde allí se busca hacer una reconstrucción de aquellos procesos desarrollados previamente a la institucionalización y que funcionan como sus antecedentes inmediatos. En efecto, si bien la formalización de los organismos nacionales de juventud, la sanción de leyes y la realización de encuestas estatales representan hitos clave en la cristalización de la cuestión juvenil, estos hechos no son necesariamente puntos de partida o fundacionales. Para poder comprender cómo y cuándo la juventud se convierte en objeto de interés y de intervención por parte de los Estados nacionales, se hace necesario recomponer todo un conjunto de condiciones de contexto vinculadas con 105 Cozachcow, Beretta, Liguori, León, Pereyra, Perozzo y Colombari acontecimientos y sucesos de época que hacen posible la emergencia de la institucionalidad de la juventud. El enfoque sociogenético resulta productivo en dos sentidos: por un lado, permite desarrollar un ejercicio de asombro ante aquellas prácticas, rutinas y narrativas naturalizadas sobre la institucionalidad identificando aquellos factores, acontecimientos y sucesos que en cada momento histórico configuran un escenario de oportunidad para la conformación de nuevos organismos estatales de juventud en los países de la región. Por el otro, lleva a reflexionar acerca de las lógicas y temporalidades propias con que los Estados intervienen respecto de la cuestión juvenil. Con base en el análisis de las fuentes, proponemos en este capítulo una delimitación de cuatro ciclos históricos que representan periodizaciones específicas que hacen sentido en el marco del propio surgimiento y devenir de los organismos, leyes y encuestas de juventud en la región. El primero (1980-1989), da cuenta de la emergencia de la cuestión juvenil como una temática de interés para los Estados nacionales en un contexto de recuperación de la democracia a nivel regional, en el cual la declaración del Año Internacional de la Juventud por parte de las Naciones Unidas para el año 1985 se destaca en tanto hito que orienta el establecimiento de las políticas de juventud en la región. El segundo (1990-2000), se caracteriza por el pasaje de la problematización de la juventud en asunto de política pública a la consolidación de herramientas institucionales para la gestión estatal de juventudes, un proceso que es acompañado con la consolidación de ámbitos de cooperación internacional y de investigación a nivel regional sobre las juventudes. El tercero (2001-2015), aborda las agendas estatales de juventudes en el nuevo milenio en el marco de un contexto signado por la crisis del paradigma neoliberal y, en consecuencia, el desarrollo de nuevos gobiernos progresistas en la región. El cuarto (2016-2019), remite al ciclo del llamado “giro a la derecha” de los gobiernos a nivel regional, mostrando las reconfiguraciones y virajes que asume el tratamiento estatal de la cuestión juvenil en este contexto. Si bien los 18 países presentan un mapa altamente heterogéneo que limita las posibilidades de un análisis que presente una mirada muy abarcativa y general sobre la región, la perspectiva de la sociohistoria aporta interesantes herramientas para comprender la institucionalización de la cuestión juvenil como parte de un proceso más amplio y complejo. Allí toma especial centralidad la pregunta acerca de la configuración de la “juventud” como tema de agenda de Estado en el escenario regional. En otras palabras: cómo, cuándo y en qué condiciones 106 Las políticas de juventudes en América Latina y el Caribe en la historia reciente tiene lugar la constitución de lo juvenil como un objeto de interés y de intervención por parte de los diferentes estados nacionales. ORGANISMOS, LEYES Y ENCUESTAS DE JUVENTUD. LA CUESTIÓN JUVENIL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE A LO LARGO DE CUATRO DÉCADAS LA EMERGENCIA DE LA CUESTIÓN JUVENIL Y LOS ALBORES DE LA DEMOCRACIA (1980-1989) La categoría juventud toma notoriedad a partir de la segunda posguerra (Chaves, 2009; Reguillo, 2012) como consecuencia de los grandes cambios en la estructura económica, social y política. No obstante, será recién en la década del ochenta donde se configura la cuestión juvenil como asunto de política pública en América Latina y el Caribe, con una agenda de trabajo específica y la que genera una incipiente construcción de conocimiento sobre el tema. Oszlak y O’Donnell (1995), sostienen que una cuestión de política pública –en este caso, la cuestión juvenil– es aquella que logra ser problematizada socialmente y que concentra la atención de los Estados. Así, en la década del ochenta se sitúa el primer ciclo, ya que representó el momento de ingreso formal de la cuestión juvenil en la agenda latinoamericana y caribeña. El inicio de los años ochenta se tiñó de un clima de época en la cual varios países latinoamericanos, especialmente del Cono Sur, recomponían sus Estados de derechos e iniciaban procesos de transición democrática. En el mismo contexto, algunos países de Centroamérica daban por finalizados los enfrentamientos armados. En este marco, el hecho más significativo es la celebración en 1985 del Año Internacional de la Juventud, dando impulso a un proceso institucional que no tiene marcha atrás y que se profundiza en las décadas venideras (Dávila León, 2000). Esta iniciativa promovida a nivel internacional por la ONU bajo el lema de “Participación, Desarrollo y Paz” (Resolución 33/7, 1978 y Resolución 34/151, 1979),2 convirtiéndose así en un hito fundacional de las políticas y de organismos estatales que intervienen en la cuestión juvenil (Beretta y Núñez, 2021; Liguori y García, 2017). Con esta declaración, 2. Este festejo es resultado de un proceso que comienza a gestarse desde la década del ´60 a la luz de la creación de una nueva agenda de trabajo en la cuestión juvenil a nivel internacional que se nutre de distintas iniciativas desarrolladas por organismos como la UNESCO o la CEPAL. En el año 1978 la ONU define la celebración del Año Internacional de la Juventud (Resolución 33/7) y se crea un Comité Asesor para encargarse de la organización y coordinación de los festejos entre los distintos gobiernos miembros de la ONU. Para profundizar sobre estos aspectos, véase: Vázquez y Liguori (2018). 107 Cozachcow, Beretta, Liguori, León, Pereyra, Perozzo y Colombari la ONU fomentó y coordinó redes y coaliciones internacionales con la intención de promover el año de la juventud en los distintos países. Esto significó visualizar a la juventud como un sector poblacional con problemáticas propias, y a constituirse como un problema público, que requería soluciones a través de la implementación de políticas públicas. El programa de acción del AIJ colocó el foco en la creación de procesos institucionales de participación social y política de las juventudes, así como también en la promoción de articulaciones con organismos no gubernamentales y organizaciones juveniles (Resolución 40/14, 1985). Dichos lineamientos son recuperados, redefinidos y potenciados por los Estados nacionales de los diferentes países en el marco de las condiciones sociopolíticas características de sus contextos locales. Así, la emergencia de la cuestión juvenil fue acompañada y legitimada a partir de la construcción de sujetos como objetos de políticas basados en la sistematización de datos estadísticos (Beretta y Núñez, 2021). Se destaca el rol protagónico asumido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en la coordinación de estudios de diagnósticos sobre la situación de las juventudes en las coyunturas específicas de cada país.3 Otro proceso para pensar la emergencia de este primer ciclo en el cual se destaca la construcción de la cuestión juvenil como cuestión de política pública se vincula con la participación y movilización política de las juventudes. Diversos estudios dan cuenta de los rasgos que adquirieron los procesos de participación juvenil en América Latina y el Caribe en este contexto (Alvarado, Borelli y Vommaro, 2012; Vommaro, 2015), como así también, el peso que asumieron en este momento histórico los espacios de militancias juveniles como una muestra de la dimensión y extensión de la organización política de las juventudes (Vázquez y Liguori, 2018). Se hace referencia específicamente a los “Festivales Mundiales de la Juventud y los Estudiantes”4 que tienen lugar en los países socialistas y del Bloque del Este; y a 3. Como parte de estos estudios de diagnóstico de la situación de los jóvenes se reconocen los trabajos de Cecilia Braslavsky (Argentina), Julio Cotler (Perú), Pedro Demo (Brasil); Javier Martínez (Ecuador); Rodrigo Parra (Colombia), entre otros. (Colección de Políticas Públicas de Juventud GEPOJU-CENID). 4. En 1985, coincidente con el AIJ, se lleva a cabo el “XII Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes” en Moscú, con una participación de veintiséis mil jóvenes (su anterior edición se realizó en Cuba con dieciocho mil jóvenes de diferentes países y organizaciones alineados con la posición de los países socialistas). En este encuentro cobran centralidad las manifestaciones de apoyo y solidaridad por parte de las juventudes hacia el mantenimiento de la paz y las posiciones de no a la guerra defendidas por los países socialistas. 108 Las políticas de juventudes en América Latina y el Caribe en la historia reciente las “Jornadas Mundiales de la Juventud” organizadas por la Iglesia Católica,5 iniciativas que resultan coincidentes con la celebración del AIJ. Estas experiencias influyen en la construcción de una agenda de trabajo y una manera específica de tematizar a las juventudes encontrando sus correlatos específicos en los escenarios nacionales-locales. Respecto de los organismos, en este contexto, casi de manera coordinada emergen en la escena regional distintas instancias gubernamentales dedicadas al trabajo con juventudes en Argentina, Uruguay, Colombia y Ecuador que encuentran su formalización entre fines de los ochenta y comienzos de la década del noventa. Un caso singular fue Honduras, en el cual se reconoce el primer antecedente de la institucionalidad de juventud desde el año 1983 cuando se crea el Consejo Nacional de la Juventud (CONJUVE) dependiente del poder legislativo que será reformado recién en 2006 como Instituto Nacional de la Juventud. Entre 1984 y 1987 se registran las siguientes experiencias consideradas como fundacionales de los organismos nacionales de juventud que persisten en la actualidad: en 1984 en Argentina se crea el “Comité de Coordinación para el Año Internacional de la Juventud” en el Ministerio de Salud y Acción Social, antecedente de la Subsecretaria Nacional de Juventud (1987); en Uruguay se conforma la “Comisión Nacional de Juventud (1985) y la “Comisión Coordinadora de Juventud” (1987) en el ámbito del Ministerio de Educación y Cultura, las cuales devienen en 1990 en el Instituto Nacional de Juventud; en Ecuador hacia 1985 se constituye una comisión de juventud dedicada a la organización del AIJ en el país ubicada en el Ministerio de Bienestar Social que se reconfiguró como Dirección Nacional de la Juventud (1987). Finalmente, en Colombia se conforma el “Consejo Coordinador para el Año Internacional de la Juventud” (1984) en la esfera del entonces Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre y más tarde, en 1990 se crea la Consejería Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia. Antecedentes ambos de la institucionalización en 1994 del Viceministerio de Juventud dependiente del Ministerio de Educación de la Nación en el marco del cual se delinean las políticas nacionales de juventud en el país. 5. Los encuentros de las Juventudes Católicas son promovidos durante el papado de Juan Pablo II y plasmados en la Carta Apostólica “DilectiAmici, a los jóvenes y a las jóvenes del Mundo con ocasión del Año Internacional de la Juventud”. En sus primeras ediciones (1985 y 1986) las Jornadas Mundiales de las Juventudes se destacan por su masividad, convocando y movilizando a 350.000 jóvenes de todo el mundo. 109 Cozachcow, Beretta, Liguori, León, Pereyra, Perozzo y Colombari Asimismo, resulta interesante señalar que México, Cuba, Venezuela y Costa Rica tuvieron procesos de institucionalización y de trabajo con las juventudes a través de las políticas públicas entre mediados de los años sesenta y setenta, previo a la designación del Año Internacional de la Juventud. De manera común, los pasos iniciales en el abordaje de la cuestión juvenil se organizan en torno a la creación temprana de instancias gubernamentales con formatos bien disímiles y acordes a las condiciones coyunturales que logran con el correr del tiempo formalizarse. En orden cronológico, las primeras experiencias de institucionalidad en juventud en la región se registran sucesivamente en México, Cuba y Costa Rica. En el caso de México, si bien la conformación del denominado Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud (CREA) data de 1977, desde un tiempo antes se registra la constitución de un área de Estado específica en juventud (Instituto Nacional de Juventud Mexicana). En Cuba, la institución nacional de juventud se inscribe y funciona en el marco del Partido Comunista, pudiéndose identificar diferentes etapas y designaciones hasta la proclamación de la Unión de Jóvenes Comunistas en 1962 (Asociación de Jóvenes Rebeldes, 1959 y la Unión de Pioneros Rebeldes, 1961) la cual se caracteriza por su activa agenda política en relación con las juventudes. Por su parte, el itinerario de las instituciones de juventud en Costa Rica comienza en 1966 cuando se crea bajo la órbita de la Presidencia de la República el llamado Movimiento Nacional de Juventud (Ley Orgánica 3674). Este organismo es redefinido y formalizado en 1971 (Ley N 4788) como Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, en cuya órbita se constituye el Consejo de la Persona Joven como organismo de gobierno específico rector de las políticas públicas de juventud desde el año 2002. Finalmente, en Venezuela se crea en el año 1976 el primer Ministerio de la Juventud el cual puede identificarse como antecedente institucional del Instituto Nacional de la Juventud (año 2003), del Ministerio del Deporte (año 2006) y del Ministerio de la Juventud del año 2011 que persiste hasta la actualidad como muestra de la jerarquización de la cuestión juvenil en el país. En cuanto a las leyes nacionales de juventud, si bien el relevamiento realizado permitió dar cuenta que estas no fueron sancionadas durante los años ochenta, cabe señalar que respecto de los instrumentos normativos relacionados con las juventudes durante este ciclo observamos tres cuestiones primordiales. Por una parte, encontramos la preponderancia de herramientas normativas previas –códigos, decretos–, que en especial a partir de los años setenta (Rodríguez, 2016) tuvieron como foco principal el tratamiento de las infancias y adolescencias como objetos de protección bajo miradas adultocéntricas, muy distanciadas de perspectivas sustentadas en el reconocimiento 110 Las políticas de juventudes en América Latina y el Caribe en la historia reciente de derechos, como también del reconocimiento de la cuestión juvenil propiamente. Dichas normativas se centraron en paradigmas sobre la minoridad y el tutelaje de niños, niñas y adolescentes, perspectivas que ven transformaciones relevantes a partir de dos hitos mencionados antes: la celebración del Año Internacional de la Juventud (AIJ) en 1985 y la aprobación en la escala internacional de la Convención de los Derechos del Niño (CDN) en 1989 (Vommaro et al., 2021). Si bien, la cuestión juvenil como tal emerge en América Latina desde los años sesenta y setenta como producto de cambios epocales en las sociedades más tradicionales de la región en materia social, cultural, política y económica (Krauskopf, 2005) advertimos que, solo a partir de mitad de los años ochenta fueron cobrando relevancia el avance de instrumentos normativos que adoptaron miradas sobre las juventudes reconociendo su carácter de sujetos y no de objetos o meros destinatarios de tratamiento estatal. En este sentido, los instrumentos normativos enfocados hacia las personas jóvenes durante este ciclo van emergiendo a la par de los debates en torno a la relevancia de la instalación del enfoque de derechos y el avance en la elaboración e implementación de políticas, programas y acciones propios para este sector de la sociedad que, en su mayoría, iniciaron bajo enfoques de corte segmentados y sectoriales (Beretta et al., 2022; Rodríguez, 2016; 2018; Vommaro et al., 2021). Una segunda cuestión a señalar bajo este marco de época se vincula con la relevancia de miradas homogeneizantes sobre lo juvenil como etapa de tránsito al mundo adulto (Vommaro et al., 2021), desde las cuales se orientaron acciones estatales focalizadas hacia la educación de cara a la incorporación de las personas jóvenes a los ámbitos laborales. Asimismo, prevalecieron perspectivas sustentadas en enfoques que concebían a la juventud como riesgo, esto es, como un sector de población a contener desde la órbita estatal (Vommaro et al., 2021), todas miradas a partir de las que tuvieron predominio programas focalizados hacia a los sectores juveniles más postergados de la región a partir de acciones orientadas hacia la prevención, en particular, en materia de salud como también en los dispositivos judiciales, que en el caso de las infancias y adolescencias reforzaron las concepciones más tradicionales o conservadoras sobre la minoridad y el tutelaje (Vommaro et al., 2021). Pese a lo anterior, vale mencionar como tercer aspecto a señalar de este período la existencia de experiencias pioneras en materia de sanción de normativas centradas en las juventudes. En esta línea, destacamos los casos de países como Cuba (1968), 111 Cozachcow, Beretta, Liguori, León, Pereyra, Perozzo y Colombari México (1942) y Costa Rica (1966),6 pioneros en materia de elaboración de normativas legales dirigidas a las personas jóvenes a la par de la materialización de programas estatales y organismos orientados a su implementación. En este sentido, consideramos importante reponer en los casos de los países mencionados, la sanción de herramientas normativas que contemplaron, entre otras cuestiones, concepciones de la persona joven en cuanto a rangos etarios heterogéneos que oscilaron entre los 12 y los 30 años de edad en vinculación con perspectivas que combinan enfoques tanto de derechos –como en el caso de Cuba– como de corte más sectorial y/o segmentado –como en los casos de México y Costa Rica–. Sin embargo, tal como veremos en los siguientes ciclos, en términos de sanción de leyes y regulaciones normativas orientadas de manera directa hacia las personas jóvenes tendrá un importante auge en toda la región finalizando los años ochenta e iniciando los noventa. Tal relevancia incluirá transformaciones en aspectos clave como el tránsito hacia el enfoque de derechos y la creación de institucionalidades de juventud que marcarán la construcción de agendas de políticas públicas sustentadas en normativas y leyes en todos los países relevados. En cuanto a las encuestas nacionales, en este período es posible identificar dos producciones desarrolladas por países del Cono Sur. Argentina produce en 1987 el Primer Informe Estadístico de Juventud, el cual, si bien no es una encuesta propiamente dicha, es un informe sobre la población juvenil entre 15 y 24 años, elaborados con base en los registros desarrollados desde los sistemas nacionales de estadísticas estatales. Las temáticas abordadas fueron las siguientes: Características Sociodemográficas; Trabajo; Educación; Participación Social y Política; Salud; Vivienda; Violencia y Victimización. En 1988 Paraguay aplica la Encuesta Nacional de Juventud con un rango etario de 15 a 24 años. No contamos con información para relevar las temáticas abordadas. Si bien resultan antecedentes importantísimos, es a partir del siguiente período que se sentarán las bases para la elaboración de encuestas nacionales de juventud en la región. DE LA CUESTIÓN JUVENIL A LAS POLÍTICAS DE JUVENTUD (1990-2000) La década del noventa se constituye como un posible segundo ciclo o momento histórico del proceso de construcción de la cuestión juvenil en la región latinoamericana y caribeña. En estos años no solo algunos países ponen en agenda la cuestión juvenil, sino que se incrementa 6. Es importante destacar que en los casos de México y Costa Rica estos primeros marcos normativos tuvieron modificaciones totales siendo muy distantes a los que en la actualidad se encuentran vigentes 112 Las políticas de juventudes en América Latina y el Caribe en la historia reciente la discusión y problematización en torno a los lineamientos, orientaciones y escalas de las políticas de juventud. En toda la región estos procesos coincidieron con la intensificación de políticas neoliberales que tuvieron sus orígenes en la década de los setenta, desatándose los procesos de reforma del Estado, la liberalización de la economía, los procesos de desregulación en el mercado laboral, entre otras orientaciones marcadas por el Consenso de Washington. En este escenario, con el denominado resurgimiento de la sociedad civil se dio protagonismo a un sinnúmero de organizaciones (tanto “juveniles” como “para jóvenes”) que no solo emergieron como referentes de una renovada modalidad de vinculación entre el Estado y la sociedad para exigir el cumplimiento de los derechos, sino que también se convirtieron en implementadores de proyectos, en el marco de los cambios paradigmáticos que tuvieron lugar en torno a las políticas sociales, como fueron la descentralización y privatización (Liguori y Beretta, 2022). También durante estos años se dio un proceso de fortalecimiento de la incorporación de la cuestión juvenil en la agenda pública, a partir del interés compartido de diversos países de la región por el funcionamiento de instancias de cooperación que permitieron el apoyo y la asistencia técnica al momento de diseñar políticas públicas de juventud. Así, se puede mencionar el desarrollo de las Conferencias Intergubernamentales de Políticas de Juventud,7 en las cuales participaron una gran mayoría de los países de América Latina y el Caribe. Dichas conferencias dieron como resultado en este ciclo la conformación de la Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ) en el año 1992.8 La OIJ, en tanto organismo de cooperación regional orientado a la promoción de un enfoque de trabajo con las juventudes basado en la integralidad, intersectorialidad y transversalidad, se nutrió especialmente de la experiencia adquirida en la gestión del Instituto de la Juventud (INJUVE) de España como modelo exitoso de política pública de juventud a ser replicado en los países de América Latina y el Caribe. Durante los años noventa, se celebraron numerosas conferencias organizadas por la OIJ, incorporando la perspectiva iberoamericana de las juventudes, las cuales se constituyeron como espacios de encuentro entre funcionarios, profesionales, investigadores y consultores de 7. 1987, Madrid; 1988, Buenos Aires y 1989 San José de Costa Rica. 8. Desde sus orígenes, la OIJ se compone por 21 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Uruguay, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. Llamativamente, algunos de estos países aún en la década del noventa no contaban con áreas estatales de juventud ni tampoco se encontraban transitando por procesos de institucionalización de la cuestión juvenil. 113 Cozachcow, Beretta, Liguori, León, Pereyra, Perozzo y Colombari la región en los que se elaboraron diversos diagnósticos sobre las juventudes y sus principales problemáticas.9 Por otro lado, estas conferencias se convirtieron también en instancias de apoyo técnico con el objetivo de construir programas específicos para fortalecer los procesos de institucionalidad de juventud.10 En paralelo, los años noventa dan cuenta de un desarrollo de investigaciones centradas en las juventudes que contribuyeron a pensar y problematizar la cuestión juvenil, generando un corpus de conocimiento especializado en la temática. Se destacaron los impulsos generados por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y desde fines de los noventa por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) en el desarrollo de equipos de trabajo en la temática juvenil en el marco de los cuales se impulsa un modo de comprender a las juventudes en su pluralidad y diversidad. Se distinguen como campos de interés los rasgos que asume la población juvenil en la región, las formas de politización y participación de los jóvenes en el contexto de auge neoliberal y los consumos culturales, entre otras dimensiones. Este proceso, además, alimenta la formación de perfiles expertos/especializados en la temática que permiten entablar puntos de diálogo entre las áreas estatales de juventud, el campo académico y los organismos regionales e internacionales, como la CEPAL, OIJ y CELAJU. Se conformaron organismos gubernamentales de juventud en Chile, Paraguay, Bolivia, Guatemala, Panamá y Nicaragua. Como rasgo distintivo, para estos países los años noventa funcionan como momento de origen y a la vez, de formalización de la cuestión juvenil. La primera experiencia que tiene lugar en el período, es la creación en 1991 del Instituto Nacional de la Juventud en Chile el cual funciona en el ámbito del Ministerio de Planificación y Cooperación.11 En un contexto de transición democrática, el Instituto tuvo como misión el diseño y planificación de políticas públicas que permitieran generar 9. Un ejemplo paradigmático es el “Primer Informe sobre la Juventud en América Latina 1990” de Ernesto Rodríguez y Bernardo Dabezies, presentado en el marco de la I Conferencia Iberoamericana de Juventud, Madrid. Entre ellos, se destaca el “Programa Regional de Acciones para el Desarrollo de la Juventud en América Latina (PRADJAL) 1995-2000”, en cuyo desarrollo se reconocer interesantes puntos de contactos con la gestión de la cuestión llevada adelante por los países que alcanzan la institucionalidad en la temática en los años noventa. 10. Cabe destacar que durante la dictadura militar del general Augusto Pinochet, se había creado la Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ), como un espacio para congregar y adoctrinar jóvenes leales al régimen, a partir de los valores como el cristianismo y el nacionalismo. Para ampliar, ver González (2015). 11. 114 Las políticas de juventudes en América Latina y el Caribe en la historia reciente una visión más precisa de la situación de las juventudes en el país como un modo de tensionar y deconstruir la visión estigmatizante de los jóvenes como problema instalada durante la dictadura militar (Dávila León, 2003). En el año 1997 el Instituto sufre una gran crisis que puso en duda la necesidad de que exista un organismo estatal dedicado al mundo juvenil. Superada esta crisis, el Instituto logró sostenerse en el tiempo logrando una estabilidad institucional que llega hasta nuestros días. En 1994, se registran las experiencias en Paraguay y en Nicaragua. En Paraguay se conforma el Viceministerio de la Juventud bajo la órbita del Ministerio de Educación y Cultura en tanto instancia gubernamental de juventud, identificándose dos momentos en su devenir: en 2008, mediante una legislación se reformula su estructura dando mayor jerarquía como Subsecretaria de la Juventud; y en 2013 a partir de un decreto del Poder Ejecutivo se consolida e intenta fortalecer un organismo estatal de juventud propiamente dicho con la creación de la Secretaría Nacional de Juventud. En Nicaragua, se constituyó el Instituto Nicaragüense de la Juventud y Deportes con acciones orientadas centralmente al área del deporte y un tiempo más tarde, en 2001 se formaliza la conformación de una secretaria de la juventud en la dependencia de la Presidencia de la República a través de la sanción de la Ley de Promoción de Desarrollo Integral de la Persona Joven (Krauskopf, 1995). Si bien la elaboración de una política nacional de juventud comienza a desarrollarse en este momento, es posible reconocer algunos antecedentes interesantes de trabajo estatal con jóvenes entre 1992 y 1993 a través de las acciones impulsadas por el llamado Consejo de la Juventud de Nicaragua en tanto espacio de concertación juvenil y principal interlocutor de la juventud nicaragüense con el gobierno. En el final de la década se sitúan las experiencias de Guatemala, Panamá y de Bolivia. En Guatemala se crea el Consejo Nacional de la Juventud (CONJUVE) en 1996 bajo la órbita de la presidencia en un momento de cese del enfrentamiento armado tras 36 años y firma de los acuerdos de Paz firme y duradera (Lemus Barahona, 2015). El Consejo es el resultado del fallido intento de puesta en funcionamiento dentro del Ministerio de Educación del Instituto Nacional de Juventud en el año 1977 en un contexto marcado fuertemente por la represión política y del diseño tanto del Plan Nacional de Juventud como de la Ley del Deporte en los años ochenta como parte de las iniciativas impulsadas en el país con motivo del AIJ. En Panamá se creó en 1997 el Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia (MINJUMFA), dando cierta relevancia nacional a la temática juvenil en la agenda de gobierno. En los años posteriores, la gestión estatal de 115 Cozachcow, Beretta, Liguori, León, Pereyra, Perozzo y Colombari la juventud es llevada adelante a través de dos dependencias: el Consejo Nacional de Juventud creado en 1998 y compuesto por diversas organizaciones juveniles; y el Consejo Nacional de Políticas Públicas de Juventud formalizado recientemente el 12 de agosto 2021 como instancia de articulación en el tratamiento de la cuestión juvenil entre diferentes ministerios (Desarrollo Social, Educación, Trabajo y Desarrollo Agropecuario), otros espacios gubernamentales, organismos internacionales y movimientos juveniles. Vale aclarar que en el año 2005 se disuelve el Ministerio de la Juventud y las funciones referentes a las políticas nacionales de juventud pasan a localizarse dentro del Ministerio de Desarrollo Social, sin que exista un organismo específico en la temática hasta la conformación del referido Consejo en 2021. En Bolivia un primer avance en el proceso de institucionalización se registra en el año 1997 cuando desde la Subsecretaria de Asuntos Generacionales en cooperación con el Fondo de Población de las Nacionales Unidas realizan el “Diagnóstico de la Juventud boliviana” y se publica de manera sistemática el documento “Lineamientos para las políticas nacionales de juventud” (Baldivia, 1997a; 1997b). En ambos documentos se hace referencia a la oferta diversa y desorganizada de políticas nacionales de juventud concebidas de miradas adultocentristas, lo cual motiva la constitución del Consejo de la Juventud convirtiéndose la Subsecretaría de Asuntos Generacionales en el espacio estatal más cercano a un organismo nacional de juventud (Ventura Vásquez, 2012). En efecto, entre sus logros principales está la participación en la Conferencia Interparlamentaria sobre legislación y políticas de juventud en Iberoamérica y la elaboración hacia fines de la década del Plan Nacional Concertado de Desarrollo Sostenible de la Adolescencia y Juventud. Posteriormente, en el Informe CEPAL-OIJ del año 2004 se señala la existencia de un Viceministerio de la Juventud, Niñez y Tercera Edad en el Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente; y en 2013 con el gobierno de Evo Morales se crea finalmente la Dirección Plurinacional de Juventud. En cuanto a las leyes nacionales de juventud, en este período nos encontramos que, además de la normativa sancionada por los Poderes Legislativos, un conjunto de decretos emitidos por los Poderes Ejecutivos de algunos países de la región también resultan relevantes. De este modo, fue posible señalar tres tipos de normativas que constituyeron importantes avances en esta década: los decretos de institucionalidad, las legislaciones de institucionalidad y las legislaciones integrales. Los decretos de institucionalidad en su mayoría respondieron a la concreción de áreas y organismos estatales destinados a las juventudes, como podemos ilustrar en el caso de los decretos de Argentina con la creación de la Secretaría Nacional de Juventud y posteriormente la 116 Las políticas de juventudes en América Latina y el Caribe en la historia reciente reconfiguración en Dirección Nacional de Juventud. En esta misma línea encontramos el caso de Uruguay con la creación del INJU por decreto de institucionalidad en 1991. No obstante, los casos de México y Colombia merecen una particular atención, puesto que a mitad del período abordado presentaron los mayores avances en cuanto a la creación de herramientas legislativas y de fortalecimiento de institucionalidad. Así, a la luz del enfoque de derechos y de una concepción sustentada en la noción de la persona joven como sujeto y agente en los espacios de participación política juveniles cabe resaltar en 1997 en Colombia la sanción de la primera ley integral de la región. De otro lado, el caso mexicano muestra el intento de apostar hacia reformas profundas a partir de la legislación de institucionalidad de 1999, que posibilitará el robustecimiento estatal a través de las acciones desarrolladas por el Instituto Nacional de la Juventud, pese a que hasta hoy en día no se haya avanzado en la sanción de una legislación integral de juventudes. Finalmente, cabe destacar en este período la consolidación de una agenda de juventudes en la región, espacios institucionales definidos para la elaboración e implementación de acciones y programas destinados a las personas jóvenes, así como la instalación del enfoque de derechos como punto de partida para la concepción tanto de herramientas legislativas como de política pública, avances que contrastan de manera importante con narrativas y enfoques neoliberales. Tales contrapuntos entre la profundización de la receta neoliberal de los noventa en la región y la producción socio-estatal de las juventudes también se pueden observar en los escasos logros de concreción de políticas integrales, como parte de procesos de debilitamientos estatal (Rodríguez, 2018), en contraste con la proliferación de acciones y programas de política pública de carácter sectorial y segmentado vinculados al tránsito al mercado laboral de las juventudes. En esta década nos encontramos con 9 encuestas nacionales de juventud: Venezuela (1993), Chile (1994, 1997 y 2000), Bolivia (1996), Guatemala (1999), Colombia (2000), México (2000). Es en este período que Chile, Uruguay y Venezuela, tres de los países que cuentan con regularidad en la elaboración de las encuestas, aplicaron sus primeras ediciones. Chile, particularmente, realizó tres encuestas durante esta década. México –país que también aplicó encuestas posteriormente, pero con menor regularidad–, también aplicó su primera encuesta. En resumen, nos encontramos con un panorama de encuestas aplicadas a lo largo de toda la región en las distintas sub-regiones: Cono Sur, Andina, Centroamérica, México y el Caribe. Respecto de las edades que abarcan, nos encontramos con un primer grupo de 4 encuestas que establecen de 15 a 29 años: Uruguay (1990) y Chile (1994, 1997, 2000). Por otro lado, nos encontramos con una dispersión de diversos 117 Cozachcow, Beretta, Liguori, León, Pereyra, Perozzo y Colombari rangos etarios en el resto de las encuestas con un caso en cada categoría: 15 a 30, 13 a 24, 15 a 25, 12 a 29, 16 a 26. Respecto de las temáticas abarcadas, solo contamos con información de 6 de las encuestas elaboradas durante el período. Sobre Bolivia (1996) y las dos primeras de Chile (1994 y 1997) no fue posible relevar información para el presente trabajo. Las temáticas más abordadas son “Trabajo” (en todos los casos), “Características Sociodemográficas” (en todos los casos salvo Guatemala) y “Educación” (en todos los casos salvo Guatemala). En segundo lugar, se presentan las temáticas de “Participación Social y Política” (Uruguay, Guatemala, México y Chile 2000) y “Familia” (Uruguay, Venezuela, Colombia, México). Luego sigue la cuestión referida a “Uso del Tiempo Libre” (Venezuela, Colobia y México) y “Perspectivas Juveniles” (Uruguay, Chile 2000 y Colombia). Las otras temáticas abordadas en menor medida son: “Migración”, “TICS”, “Salud”, “Religión”, “Género y Sexualidades”, “Identidades”, “Violencia y Victimización”, “Consumos Culturales”. Esos temas son abordados por una o dos encuestas según el caso. Las temáticas de “Cuidados”, “Calidad de vida” y “Vivienda”, no son abordadas por las encuestas durante el período. LAS JUVENTUDES EN EL NUEVO MILENIO (2001-2015) Con el inicio del nuevo milenio se evidencia la puesta en crisis de las políticas neoliberales implementadas, abriéndose un clima de descontento ciudadano que se tradujo en movilizaciones sociales con una clara orientación impugnatoria (Borón, 2004). Así, se destacó la protesta urbana en Perú que llevó a la caída de Alberto Fujimori (2000); la denominada crisis de 2001 en Argentina adelantando el fin del gobierno de De la Rúa; las luchas de los médicos y trabajadores de la Salud en El Salvador, entre otras. En este marco, y como correlato directo de este derrotero de movilizaciones, se registró el emplazamiento de nuevos gobiernos nacionales en varios países (Hugo Chávez Frías en Venezuela en 1998; Luiz Inácio Lula Da Silva en Brasil en 2003; Néstor Kirchner en Argentina en 2003, Evo Morales en Bolivia en 2006, Rafael Correa en 2007 en Ecuador) que se propusieron construir una alternativa al neoliberalismo desde proyectos político-ideológicos populista o de izquierda intentando configurar un nuevo bloque hegemónico en la región (Laclau, 2006; Nercesian, 2015). En materia juvenil concretamente, en este período se produce una suerte de renovación de la agenda regional a la luz de la declaración de los “Objetivos de Desarrollo del Milenio” de las Naciones Unidas acordados en el año 2000, recogiendo las formulaciones específicas del Programa de Acción Mundial para los Jóvenes (ONU, 2010). En este proceso, recuperando las producciones de diferentes organismos, 118 Las políticas de juventudes en América Latina y el Caribe en la historia reciente es posible identificar dos grandes cuestiones que se presentan como ejes de atención y de intervención primordiales para el trabajo con juventudes durante los años siguientes: en primer lugar, la mirada es puesta en el accionar de las instituciones y organismos especializados en juventud existentes en la región. Desde la evaluación de diversos programas y modelos de gestión locales, se proponen un conjunto de “buenas prácticas” para guiar el desarrollo de políticas juveniles exitosas que promuevan el desarrollo de las juventudes, al mismo tiempo que se señalan una serie de dificultades y obstáculos que se perfilan como características intrínsecas de la gestión estatal de las juventudes (debilidad e inestabilidad institucional de los organismos de juventud; la fragmentación de las políticas juveniles, su carácter sectorial, focalizado y de bajo impacto; la falta de presupuesto, etc.). En segundo lugar, se realiza un llamado al protagonismo juvenil desde la construcción activa de alternativas y espacios de expresión y participación de los mismos en pos del desarrollo (Rodríguez, 2002). Esto dialoga directamente con los ciclos de movilización y participación juvenil que se desarrollan en la región a través de distintas modalidades y ámbitos (Balardini, 2000; 2004) y encuentra una traducción interesante en las experiencias del denominado “Parlamento Juvenil del Mercosur” en tanto iniciativa impulsada por el Parlamento del Mercosur (PARLASUR) con el objetivo de generar un “espacio de diálogo institucionalizado” para jóvenes estudiantes secundarios de los diferentes países. Los hitos que sintetizan dichas orientaciones en el abordaje regional de la cuestión juvenil serán la designación en 2008 del Año Iberoamericano de la Juventud, la realización de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en San Salvador bajo el lema Juventud y Desarrollo y la Convención Iberoamericana de Derecho de los Jóvenes,12 en tanto base jurídica para avanzar en el reconocimiento de los derechos de las juventudes; y la reedición por parte de la ONU del Año Internacional de la Juventud en 2010, otorgando un nuevo impulso a la lógica de trabajo con juventudes en el proceso de fortalecimiento de las gestiones nacionales de juventud. En paralelo con estos procesos, entre 2000 y 2015 se observa una significativa ampliación de la producción de conocimiento sobre juventudes que se nutre tanto de los informes realizados con el apoyo de organismos regionales e internacionales (UNESCO, CEPAL, CELAJU) a través de diferentes iniciativas, como de los estudios elaborados en el marco de la consolidación del Grupo de Trabajo sobre Juventud La Convención Iberoamericana de Derechos de los jóvenes fue suscrita en 2006 por un gran número de países de la región y entró en vigencia en 2008 a partir de la ratificación de cinco Estados (Secretaría General Iberoamericana y OIJ, 2008). 12. 119 Cozachcow, Beretta, Liguori, León, Pereyra, Perozzo y Colombari de CLACSO.13 Estas producciones no solamente aportan a la definición de planes y programas de gestión, sino que también permiten potenciar el desarrollo local de nuevas líneas de investigaciones en juventudes. De acuerdo con Rodríguez (2018), la instalación de una ola de gobiernos de corte progresista permitió en los inicios del siglo XXI importantes reconfiguraciones sobre las concepciones de las juventudes y de las infancias en la región. Tales reconfiguraciones significaron en el campo de las políticas públicas de juventudes la combinación o mixtura de enfoques sobre las juventudes que han intentado integrar las miradas más orientadas a la prevención con aquellas miradas más centradas en visibilizar la relevancia de la concepción de las personas jóvenes como actores estratégicos de desarrollo capaces de asumir roles de participación en procesos más amplios de movilización (Vommaro et al., 2021). Durante este tercer ciclo, se termina de configurar el proceso de la instalación definitiva del tema de juventud en las agendas gubernamentales de América Latina y el Caribe. En este sentido, se configuran los últimos organismos de juventud en la región a partir de las experiencias de Perú, El Salvador y Brasil. Se trata de casos cuyas gestiones de juventud cobran relevancia en la región por su dinamismo en una búsqueda por recuperar en cierto modo el tiempo perdido. En Perú en el año 2002 se promulga la Ley 27802 del Consejo Nacional de la Juventud en tanto marco normativo para la creación del primer organismo público y descentralizado con rango ministerial dedicado al impulso y coordinación de políticas públicas de juventud en el país, la Comisión Nacional de Juventud (CONAJU). Los lineamientos en el trabajo estatal con juventudes en el país son postulados en el Plan Nacional de Juventud 2006-2011, concebido desde la articulación entre diferentes dependencias del Estado nacional, organizaciones no gubernamentales y actores del sector privado. En 2015 este organismo de juventud pasa a ser constituido como Secretaría Nacional de Juventud en el ámbito del Ministerio de Educación y, retomando los antecedentes en materia juvenil, en 2016 se aprueba la Política Nacional de Juventud con un enfoque multisectorial como nuevo eje rector de las intervenciones en asunto de juventud en el país. Por su parte, en El Salvador hacia el año 2004 se conforma la Secretaría de la De una parte, se hace referencia a las producciones elaboradas por la CELAJU, así como a aquellos estudios que forman parte de las publicaciones de la CEPAL y UNESCO. De otra parte, al Grupo de Trabajo sobre Juventud de CLACSO fundado hacia 1997 y que encuentra una prolífica producción en este período fomentando la construcción de una vasta red de investigadores y de investigadoras de juventud que llega hasta la actualidad. 13. 120 Las políticas de juventudes en América Latina y el Caribe en la historia reciente Juventud y se define el primer Plan Nacional de Juventud para el periodo 2005-2015 como una apuesta no solo por dar visibilidad al tema de juventud sino también por concentrar y articular todo el conjunto de acciones juveniles desarrolladas desde diferentes dependencias gubernamentales en años anteriores (CELAJU, 2015). En los años posteriores, el organismo atraviesa por tres grandes transformaciones: en 2009 se convierte en Dirección Nacional de Juventud; en 2011 se conforma el Consejo Nacional de Juventud y en 2012, ley de juventud mediante, se crea el Instituto Nacional de Juventud como punto de llegada de este derrotero institucional. Vale destacar que las distintas gestiones estatales de juventudes en el país se caracterizaron por contar con un importante respaldo de organismos regionales e internacionales desde su nacimiento –OIJ, BID y CELAJU, por ejemplo–, lo cual contribuye a explicar su productividad. Finalmente, en Brasil el organismo nacional de juventud se constituye en 2005 con la denominación de Secretaría Nacional de Juventud con el doble fin de elaborar y consolidar una política nacional de juventud y promover estudios de diagnóstico sobre las juventudes brasileñas. La Secretaría desde 2019 pasa a funcionar en la órbita del Ministerio de la Mujer, la Familia y Derechos Humanos. La estructura institucional en el país se completa con el Consejo Nacional de la Juventud y el Programa Integrado de la Juventud (PROJOVEM). De acuerdo con informes de consultorías, en este proceso de institucionalización se observa el impacto significativo de algunas de las iniciativas llevadas adelante por la UNESCO –como el impulso de producciones editoriales sobre el tema de juventud– que aportan a instalar la cuestión juvenil en la agenda pública y, luego, en la agenda estatal (Rodríguez, 2010). En este período observamos importantes avances en la sanción de herramientas normativas de juventudes en América Latina y el Caribe. En 14 países avanzaron bajo la sanción de diversas herramientas y normativas hacia una agenda para las juventudes. Así, este ciclo posibilita la sanción de Leyes de Juventudes Integrales de escala nacional en países como Ecuador (2001); Costa Rica (2002); Nicaragua (2002); Venezuela (2002); Honduras (2005); El Salvador (2012); Bolivia (2013); Brasil (2013). En este marco, destacamos como principales características relevadas y analizadas la amplitud en la concepción de la persona joven que cuenta con definiciones etarias heterogéneas que en la mayoría de los países tiende a considerarse hasta los 29 o 30 años, salvo Bolivia y Colombia que consideran hasta los 28, y Costa Rica hasta los 35 años. Respecto a la estatalidad de las normativas analizadas, es relevante destacar en cuanto a las articulaciones del Estado para la gestión de acciones, programas y planes de políticas públicas, 121 Cozachcow, Beretta, Liguori, León, Pereyra, Perozzo y Colombari la diferenciación de enfoques y avances en países con leyes integrales, países con normativas institucionales y los países que en la actualidad se encuentran debatiendo proyectos de ley como es el caso de Argentina y Guatemala. Ahora bien, respecto a los países que cuentan con leyes integrales, cabe destacar la articulación de las leyes nacionales con la creación de instituciones que gestionan articulaciones entre las áreas de gobierno que ejecutan políticas públicas de juventudes con el acompañamiento de espacios de representación de personas jóvenes, tales como consejos locales y nacionales de juventud, entre otros. En lo que refiere a los objetivos de la política que se establecen en las diversas normativas relevadas, encontramos como elemento común la apelación en todas las legislaciones la definición de las leyes como garantes de derechos de las juventudes. En esta misma tesitura encontramos que en todas las legislaciones la dimensión de los objetivos de la política es planteada en tanto principios y lineamientos orientadores del fortalecimiento de marcos institucionales en los cuales las juventudes se instituyen como sujetos de producción de planes, programas y/o acciones de políticas públicas. Respecto a las fuentes de financiamiento, encontramos que en la totalidad de las normativas analizadas se establece una modalidad generalizada de financiamiento asignada de acuerdo con la distribución presupuestaria de los Estados nacionales, sin monto fijo ni porcentaje. También establecen marcos regulatorios de cara a la obtención de posibles articulaciones con organismos internacionales y/o del sector privado realizados por cada institución. Otro aspecto relevante de mencionar se vincula con los mecanismos para el monitoreo de la implementación de la política pública. Al respecto observamos que 9 de los 18 países relevados cuentan con mecanismos para el monitoreo (Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela). Pese a que tales mecanismos son diversos, en algunos casos se nombran de manera general, pero sin descripción de los mecanismos o los entes encargados del monitoreo y seguimiento a la política. En esta dimensión cabe destacar el caso de Uruguay, que contempla dichos mecanismos de monitoreo y evaluación como un conjunto sistemático de prácticas fundadas en el método científico sobre las políticas, planes, programas de juventud que no se limitan a recabar información, sino que van más allá al devolverla a decisores, jóvenes y ciudadanía en su conjunto con el objetivo de mejorar las intervenciones y así la situación de vida de las personas jóvenes (Beretta et al., 2022). Por último, advertimos como principal desafío la definición y avances en lo que refiere a las estrategias de evaluación de la política pública. Esta dimensión permanece ausente de las normativas analizadas, no obstante, en Venezuela, El Salvador, Ecuador, Costa Rica 122 Las políticas de juventudes en América Latina y el Caribe en la historia reciente y Colombia se delega a las entidades nacionales de manera general para que definan tales estrategias de evaluación, lo que da cuenta no solo de vacíos en la implementación, sino también de la falta de seguimiento a la implementación y sus objetivos de retroalimentación de la política. En cuanto a las encuestas, este periodo que abarca quince años es el de mayor expansión en la aplicación de encuestas nacionales por parte de los Estados de América Latina y el Caribe, en coincidencia con el periodo de auge del giro a la izquierda de los gobiernos de la región, recuperando la intervención del Estado en la producción de bienestar, la incorporación en sus agendas de una serie de cuestiones sociales y la efectivización de derechos para una mejor calidad de vida de la población, teniendo a las juventudes como un sector relevante al momento del diseño e implementación de políticas públicas. Durante esta etapa se realizaron el 58% de las encuestas, es decir, treinta y tres de los cincuenta y siete totales desde los ochenta hasta la actualidad. No obstante, se observa que la mayor difusión de este tipo de pesquisas comenzó a partir de la segunda mitad de la presente etapa, ya que entre 2001 y 2007 se efectuaron ocho y entre 2008 y 2015 las restantes veinticinco. Han sido dieciocho los países que implementaron los relevamientos y abarcan las cuatro regiones que se postularon para su agrupamiento: Cono Sur (14 encuestas); Andina (5); Centroamérica (10); México y Caribe (4). En este sentido, siete países implementaron una sola edición en todo el periodo,14 nueve realizaron dos ediciones,15 México realizó tres16 y Chile cinco.17 En términos de regularidad de este tipo de instrumento, solo Chile y Cuba18 marcan una continuidad entre momentos anteriores, este y el siguiente, mientras que la aparente sistematicidad iniciada por la experiencia mexicana en el año 2000 será finalizada en su última edición del año 2012. A su vez, los casos de Uruguay, Costa Rica y Venezuela son los que el inicio de la aplicación de las encuestas en este periodo abre camino a su regularidad hasta el presente. En términos de la 14. Argentina (2014), Bolivia (2008), Colombia (2012), Cuba (2012), Ecuador (2011), Guatemala (2011) y Honduras (2008). 15. Brasil (2003 y 2013), Costa Rica (2008 y 2013), El Salvador (2005 y 2007), Nicaragua (2006 y 2009), Panamá (2004 y 2014), Paraguay (2010 y 2015), Perú (2011 y 2015), Uruguay (2009 y 2013), Venezuela (2013 y 2015). 16. En los años 2005, 2010 y 2012. 17. De carácter trianual, las ediciones 2003, 2006, 2009, 2012 y 2015. Cabe aclarar que, si bien en los relevamientos se indica la edición en 2012 de la 4° encuesta nacional, se ha logrado acceder a las distintas ediciones a través de síntesis y notas periodísticas. 18. 123 Cozachcow, Beretta, Liguori, León, Pereyra, Perozzo y Colombari definición etaria de la juventud a encuestar, la mayor dispersión se encuentra entre los países de la región Andina, Centroamérica y, México y el Caribe. En comparación con los periodos anteriores, en este momento el corte etario fue ampliado tanto en los topes inferiores como superiores. El mayor consenso aparece sobre la limitación de la población joven entre 15 y 29 años con 13 ediciones (11 de las cuales pertenecen a países del Cono Sur: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú; una a Cuba y la restante de Guatemala). Luego, con menores acuerdos, aparecen los rangos entre 15 y 24 años con cinco (cuatro entre El Salvador y Panamá y una de Brasil) y entre 12 y 29 con las dos encuestas de Uruguay y las tres de México. Bolivia es el caso en la que el límite inferior adoptado es el más bajo (10 a 24 años), mientras que Costa Rica es la que mayor extendió el límite superior (15 a 35 años). Los siete relevamientos restantes se encuentran dispersos en diferentes rangos ubicados dentro las edades entre 12 y 30 años. En cuanto a las temáticas indagadas, se observa un crecimiento interperiodo en la diversidad de temas abordados por las encuestas. Mientras que los primeros relevamientos se concentraban en tres o cuatro cuestiones y abordaban de manera dispersa alrededor de diez temáticas, en este periodo los asuntos observados son alrededor de quince. Este crecimiento implicó la incorporación de nuevas secciones e ítems en las encuestas de juventud lo que supuso su complejización. Sin embargo, se observa que existe un bloque de cinco preocupaciones centrales que atraviesan a la mayoría de los relevamientos. Si bien durante este periodo ya se ha expandido el concepto de juventudes como categoría heterogénea, relacional e histórica, superando las visiones biologicistas, este tipo de temáticas relevadas continúan en relación con las perspectivas dominantes que los Estados, en tanto juventud como momento del ciclo de vida y su preocupación por los riesgos presentados en el tránsito hacia la adultez. En primer lugar, se encuentra el abordaje sobre la temática de empleo juvenil. Salvo el caso de Ecuador, que se centra en la participación juvenil, el resto de los países ha indagado sobre las condiciones laborales de las juventudes al menos en una oportunidad, estando presente la cuestión en veintiocho de las treinta y tres encuestas. En segundo lugar, la participación social y política juvenil es un tema presente en veintiocho encuestas de prácticamente todos los países de las regiones (solo en Venezuela estuvo ausente la temática). No obstante, la temática comenzó a expandirse e incluirse en las indagaciones recién en los últimos seis años del periodo. En tercer lugar, la preocupación por las trayectorias educativas juveniles se observa presente en veintisiete pesquisas de todos los países (salvo Ecuador) a lo largo de todo el periodo. Como cuarto tema, aparece la necesidad por parte de los Estados de las cuatro regiones de 124 Las políticas de juventudes en América Latina y el Caribe en la historia reciente realizar una caracterización sociodemográfica de la población juvenil se encuentra presente en veinticuatro encuestas. Salvo Guatemala y Venezuela, los restantes dieciséis países han indagado la cuestión, al menos en una edición. Como quinta temática relevante durante todo el periodo, se encuentra la indagación sobre aspectos de la salud de las y los jóvenes, asunto presente en veintitrés encuestas en quince países. Por otra parte, se observa un bloque de temáticas que, si bien aparecen en varios relevamientos, son cuestiones que aparecen más vinculadas a ciertas regiones. La excepción observada es la indagación sobre el ocio y tiempo libre de las juventudes que se encuentra en quince encuestas de las cuatro regiones, pero sin regularidad ni sistematicidad. Cuestiones vinculadas a la vida familiar y percepciones sobre la familia tienen mayor presencia en Centroamérica y, México y Caribe. El abordaje de perspectivas juveniles está presente en el Cono Sur, especialmente y de manera regular en Chile. Cuestiones de violencia y victimización se presentan mayoritariamente en países del Cono Sur y Centroamérica. Las indagaciones en cuanto a temas de género y sexualidad son más recientes y aparecen incipientemente durante este periodo y tienen mayor presencia en el Cono Sur y México y Caribe. Cabe mencionar que resulta llamativo la poca relevancia en las encuestas del abordaje del acceso y uso de las TICS por parte de las juventudes (solo 5 relevamientos dispersos en tres de las cuatro regiones) y las tareas de cuidado (solo presente en las indagaciones de Uruguay en 2013 y Argentina en 2014). Por último, en cuanto a las características generales del diseño metodológico utilizado en las encuestas durante este periodo, puede señalarse: los relevamientos realizaron un muestreo probabilístico, estratificado, polietápico y por conglomerados a excepción de lo realizado en Panamá 2014 (que implementó una muestra ad hoc) y en El Salvador 2017 (que implementó una muestra aleatoria por oportunidad). Todos tienen representatividad a nivel nacional de residentes urbanos y un poco más del 50% de las encuestas incluyen residentes urbanos y rurales. Del total, solo 9 encuestas tienen representatividad a nivel subnacional por regiones o departamentos. Todas las encuestas se llevaron adelante mediante un cuestionario de forma personal en hogares con jóvenes seleccionados aleatoriamente por cuotas y solo en los casos de Panamá (2014) y Chile (2015) se realizaron entrevistas a adultos (entre 40 y 54 años y entre 30 y 59, respectivamente) con la finalidad de contrastar las percepciones de ambas generaciones. Los tamaños de las muestras construidas en cada relevamiento son muy variables, la mayoría de las encuestas entrevistaron entre 1000 y 3000 jóvenes, otras tienen un rango entre 4000 y 7000, en las ediciones 2015 y 2018 en Chile tuvo 9 393 y 9 700 casos respectivamente, pero cabe 125 Cozachcow, Beretta, Liguori, León, Pereyra, Perozzo y Colombari destacar a México, que en sus relevamientos de del año 2000 y 2005 el tamaño muestra fue todos los jóvenes entre 12 y 29 años que vivieran en el hogar, relevando 55 820 y 56 763 viviendas respectivamente, lo que las ubica en los relevamientos de menor error muestral (1,5% y 1,8%), mientras que el resto obtiene errores muestrales entre el 2% y 3% y todos con un nivel de confianza del 95% (salvo el caso de Chile en 2006 que obtuvo un error muestral de 1,25% con un tamaño de muestra de 6 345 casos y un nivel de confianza del 98%). Cabe destacar que el tamaño de la muestra es uno de los componentes centrales en los costos de realización de una encuesta. Precisamente, son los países que mantuvieron o mantienen regularidad en la aplicación los que contemplan las muestras con mayor cantidad de casos (Chile, Uruguay, Costa Rica y Venezuela). Finalmente, entre los aspectos metodológicos a resaltar de los países que mantienen regularidad de aplicación, se destacan los casos que introducen mayoritariamente aspectos novedosos como parte de la reflexión y evaluación de su sistemática implementación. La decisión de sostener una muestra con adultos a los fines comparativos y aplicación de cuestionarios auto-aplicados aquellas preguntas referidas a sexualidad, drogas, salud mental y violencia son herramientas que Chile introdujo y sostiene hasta la actualidad. Por su parte, en Venezuela el relevamiento cuantitativo se complementa con grupos de discusión de corte cualitativo a los fines de generar discusiones e incorporar análisis desde la perspectiva de las juventudes. RECONFIGURACIONES DURANTE EL POS-PROGRESISMO (2016-2019) A partir de 2016 se puede identificar la configuración de un cuarto ciclo sobre la cuestión juvenil en la región que se extiende hasta la actualidad, con la irrupción de la pandemia de COVID-19 mediante. Este ciclo (en proceso) se caracteriza en sus inicios por el denominado “giro a la derecha” en varios países de América Latina y el Caribe, fundado en la desarticulación de los proyectos progresistas en la región y la puesta en debate del rol del Estado y la gestión de lo público con una importante impronta mediática (Vázquez, 2021). Con profundas transformaciones sociales, políticas y culturales como telón de fondo tiene lugar el fin del ciclo progresista (Svampa, 2016) junto con los ascensos al poder de representantes de las denominadas nuevas derechas, centro derechas y extremas derechas, que expresan un viraje hacia una restauración neoliberal en la política gubernamental en la región (Giordano, 2019). Así se pueden mencionar los gobiernos de Mauricio Macri en Argentina, Sebastián Piñera en Chile; Michel Temer y Jair Bolsonaro en Brasil; Pedro Pablo Kuczynski en Perú: Lenín Moreno y Guillermo Lasso en Ecuador; Iván Duque 126 Las políticas de juventudes en América Latina y el Caribe en la historia reciente en Colombia; Enrique Peña Nieto en México, Luis Lacalle Pou en Uruguay, Juan Orlando Hernández en Honduras, Alejandro Giammattei en Guatemala, Jeanine Áñez en Bolivia y Mario Abdo en Paraguay. En este escenario y en diálogo con los intentos de instalación del neoconservadurismo en la región (Rodríguez, 2018), se reconocen variadas experiencias de movilizaciones juveniles que muestran formas de activismo y participación que irrumpen el espacio público, así como la emergencia de nuevas agendas y repertorios de acciones como expresión de proyectos militantes con orientaciones político-ideológicas diferentes y, en ciertos casos, opuestos (Unda Lara et al., 2020). Algunas de estas experiencias canalizan el descontento popular ante el impacto de las políticas neoliberales en la educación, el trabajo y la salud, como lo evidencia el caso de las sucesivas movilizaciones estudiantiles en Chile (desde 2006 hasta el denominado estallido social en 2019) y en Colombia (el movimiento estudiantil de 2011 hasta las protestas de 2018 y 2019); y otras acciones se enfocan en la conquista y defensa de derechos por parte de las generaciones juveniles, tal como lo ilustran las luchas feministas por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, los derechos del colectivo LGTBIQ+ y la educación sexual integral que comienzan en Argentina y se replican en varios países (Borelli et al., 2020; Elizalde, 2018). Asimismo, se destacan las militancias juveniles de las nuevas derechas con manifestaciones en las calles y fundamentalmente en las redes sociales, movilizando un ideario anti-progresista que engloba adhesiones juveniles (Stefanoni, 2021; Vázquez, 2022).19 En relación a los organismos estatales de juventud, y a diferencia de lo observado en los otros ciclos, en este periodo no se crearon nuevos, aunque sí se reconfiguraron las orientaciones de las políticas, especialmente en el diseño de estrategias para impulsar agendas de trabajo más focalizadas, pero siempre en el marco de la institucionalidad existente, más allá de algunos cambios en sus denominaciones. En este marco de situación, siguiendo a Liguori y Beretta (2022), las políticas públicas en general se configuraron en torno a la Agenda 203020 impulsada por la ONU en el año 2015 como parte de los ODS, la cual delinea un nuevo horizonte de intervención en América Latina 19. Las juventudes de derechas y libertarias en la región muestran de manera común una interesante articulación entre la épica de la resistencia, la rebeldía y un vocabulario “inflamado”, como las bases principales de una narrativa que condensa la indignación, la bronca y la rabia frente a determinadas imposiciones gubernamentales, como la perspectiva de género y diversidades sexuales (Goldentul y Saferstein, 2019; Vázquez y Cozachcow, 2020). 20. Bajo el lema “transformar nuestro mundo: una agenda 2030 para el desarrollo sostenible”, desde la Asamblea General de la ONU se postulan 17 Objetivos de 127 Cozachcow, Beretta, Liguori, León, Pereyra, Perozzo y Colombari y el Caribe. Si bien ninguno de los ODS plantea una relación explícita en materia juvenil, lo cierto es que es posible identificar una preocupación transversal por las personas jóvenes en términos de agentes fundamentales del cambio a partir de sus capacidades de agencia y creación de un mundo mejor (ONU, 2015). Estos postulados internacionales son retomados por la OIJ –que a partir del 2016 transita por un proceso de refundación convirtiéndose en la Organización Internacional de Juventud para Iberoamérica– promoviendo agendas con juventudes con énfasis en la participación en los procesos de desarrollo y en el reconocimiento de los derechos de las juventudes. En el año 2016 se definen dos grandes líneas de acción que orientan el abordaje de las juventudes en la región hasta la actualidad: el Pacto Iberoamericano de Juventud y el Protocolo Adicional para la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. Por su parte, el Pacto Iberoamericano de Juventud surge en el marco de la Conferencia de Ministro de Juventud celebrada en 2016 en la ciudad de Medellín,21 como iniciativa que busca vincular los ODS con la perspectiva juvenil y generacional. Bajo el lema “Juventud, Emprendimiento y Educación”, el Pacto tiene como finalidad otorgar centralidad a las juventudes en las agendas de los gobiernos iberoamericanos que lo suscriben, al mismo tiempo que construir consensos en lo que refiere a la gestión de la cuestión juvenil entre diferentes actores y organismos.22 En cuanto a la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (sancionada en 2008), a partir del 2016 se avanza en la definición de los mecanismos jurídicos formales para su implementación en términos de un tratado internacional. En este sentido, se formula un Protocolo buscando ampliar y especificar derechos de las juventudes, así como actualizar los contenidos en función de los procesos juveniles más recientes en lo referente a la nueva agenda de derechos (géneros, sexualidades y disidencias; la cuestión ambiental y ecológica, entre otras). Desarrollo Sostenible con 169 metas que abarcan un abanico amplio de temáticas. Resolución 70/1 aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. El Pacto es aprobado formalmente en la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en 2016 en Cartagena (Colombia), contando con la adhesión de los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, EL Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay. 21. 22. Como parte de este lineamiento, es interesante señalar que la producción del Pacto estuvo basada en la realización de Foros Nacionales con participación de representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil, como un espacio de expresión, escucha y construcción de acuerdos entre voces diversas. 128 Las políticas de juventudes en América Latina y el Caribe en la historia reciente Los aportes de ambas iniciativas regionales tuvieron una síntesis en el marco del Pacto de Juventud, promovido también por la ONU, como una orientación de las políticas de juventud en los 21 países miembros de la comunidad iberoamericana. Estos esfuerzos, se cristalizaron en distintas acciones en la región latinoamericana y caribeña como estudios de diagnósticos y documentos programáticos, indicadores de monitoreo del cumplimiento de los acuerdos del pacto, todos elaborados en conjunto con los organismos nacionales de juventud. No obstante, podemos observar en este proceso un contraste entre la potencialidad que revestían las acciones impulsadas por los organismos internacionales y los débiles y heterogéneos impactos que encontraron en torno a los organismos de juventud de cada país. Este contraste puede ser explicado a partir de la diversidad institucional de juventud en la región. Esto se pone de manifiesto a partir de las distintas jerarquías que ocupan los organismos de juventud en el organigrama estatal (Ministerios, Institutos, Secretarías, Direcciones, Consejos, etc.), en sus dependencias sectoriales (ministerios sociales, jefatura de gabinete, presidencia, etc.) y fundamentalmente en las concepciones de juventud presentes en sus políticas que estructuran la cuestión juvenil, con predominio de criterios etarios y de miradas normativas vinculadas a la transición a la vida adulta. Tal como hemos visto en apartados anteriores, la sanción de leyes y normativas de juventudes desde la década del noventa hasta 2016 consolidó en la región herramientas de legislación y de políticas públicas de carácter heterogéneo muy vinculadas, además, con ciclos políticos de corte neoconservador, neoliberales como también neodesarrollistas (Vommaro et al., 2021). En esta línea, encontramos en el relevamiento realizado en torno a la sanción de leyes de juventudes un estado de situación en la escala regional caracterizado por: Estados que cuentan con normativas legislativas con carácter integral y transversal para las personas jóvenes; Estados que han avanzado en la sanción de normativas de creación de institucionalidad encargada de políticas públicas de juventudes; y Estados que en la actualidad se encuentran con iniciativas de ley en proceso de debate legislativo, como es el caso de Argentina y Guatemala (Beretta et al., 2022). Pese a la heterogeneidad y estados de avance o superposición en materia de sanción de leyes y normativas de juventudes, nos interesa destacar de un lado, la importancia cobrada por los enfoques integrales y transversales en la construcción de agendas de leyes y de políticas públicas que reponen a las juventudes tanto como sujetos de derecho, como también de sujetos políticos con capacidad de participación en la construcción de herramientas de políticas públicas como es el caso del Plan de Acción de Juventudes sancionado en Uruguay en 2005. 129 Cozachcow, Beretta, Liguori, León, Pereyra, Perozzo y Colombari En este sentido, observamos casos tales como los de Venezuela, Brasil, Colombia, Cuba, Bolivia, Costa Rica y Uruguay, con normativas que, aunque se encuentran en distintas etapas de consolidación, no obstante, propugnan por generar herramientas institucionales –leyes, sanciones, programas, iniciativas de ley– que no solo ponen en el centro a las juventudes sino que buscan acotar los marcadores de desigualdades –estructurales y multidimensionales– que persisten en la región. De otro lado, a pesar del avance de una escena política con fuerte anclaje en narrativas de derecha que se acentuó durante estos años en algunos países de la región, vemos relevante destacar en los debates más actuales sobre legislaciones de juventud y políticas públicas transversalidades emergentes como el género y las disidencias, lo étnico-territorial y los cursos de vida –infancias, juventudes, vejeces–. Tales miradas no solo han ido cobrando centralidad en los debates, sino también van marcando la construcción de agendas legislativas y de producción socioestatal de políticas de juventudes que incorporen en su construcción las perspectivas de género, la interseccionalidad y la mirada generacional como modos de intervención ante las profundas brechas de desigualdades y violencias que atraviesan las múltiples y diversas juventudes latinoamericanas y caribeñas. Este ciclo reúne un total de trece encuestas. Esto da cuenta de la consolidación de este método para el abordaje de las juventudes en ALC, en tanto posibilita recabar información diversa en un mismo relevamiento para describir actitudes, opiniones y comportamientos de grandes poblaciones a partir de muestras probabilísticas. Once países de las cuatro regiones del continente aplicaron encuestas, siendo la región Centroamericana la que más encuestas realizó (5), seguida de la región Andina (4), Cono Sur (3) y México y Caribe (1). En cuanto a los países que reúnen regularidad de aplicación, Chile continuó con el proceso iniciado en 1994, en este cuarto ciclo realizó una encuesta en 2018 que se suma a las anteriores. Cabe señalar que es el único país latinoamericano que sostiene una regularidad inter-periodo y aplicó con la misma frecuencia (tres años entre cada encuesta) durante todo el periodo de análisis (1980-2019). Por su parte, Uruguay y Venezuela también mantuvieron una regularidad de aplicación de la encuesta. Para el caso del primero, sostuvo una regularidad de aplicación cada cuatro años siendo la última aplicada en 2018. Venezuela sostuvo una regularidad (2013, 2015 y 2018) aunque la frecuencia de aplicación varía ligeramente (dos años entre la segunda y la tercera, tres años entre la tercera y la cuarta y tres años entre la cuarta y la quinta encuesta). Respecto de la definición etaria de las juventudes a las que se aplica la encuesta, observamos que el rango con mayor frecuencia es el de 15-29, (acumulando entre ambos límites del rango un total de 130 Las políticas de juventudes en América Latina y el Caribe en la historia reciente 15 años) siendo utilizado por cinco países (El Salvador, Perú, Chile, Paraguay y Venezuela). Uruguay aplicó en 2009 y 2013 a personas de 12 a 29 y en 2018 a personas de 12 a 35, ampliando el tope etario y siendo este el más amplio de la totalidad de países que aplicaron encuestas en el ciclo analizado (1980-2019). Al igual que Uruguay, Cuba amplía el límite de aplicación de 15 a 29 en 2012, y de 15 a 31 en 2016. Uruguay (12-35) y Costa Rica (15-35) son los países con el mayor tope acumulado: para el primero 23 años y 20 para el segundo. De las temáticas abordadas en las encuestas nacionales de juventud, “Educación” (13), “Trabajo” (12) y “Participación Social y Política” (8) continúan siendo las de mayor frecuencia de aparición confirmando la tendencia iniciada en los primeros relevamientos. Luego, con una importante frecuencia se encuentra “Género y Sexualidad” (7) y, sin diferencias, “Salud” (5), “TICS” (5), “Violencia y victimización” y “Uso del tiempo libre” (5). Al igual que en el sub-periodo anterior, se sostiene la diversidad de temas abordados en las encuestas alcanzando en este más de 16 temáticas abordadas. En relación con los aspectos técnicos-metodológicos de las encuestas realizadas identificamos que el diseño muestral utilizado por la mayoría es probabilístico y polietápico, a excepción de lo realizado en El Salvador en 2017 (que implementó una muestra aleatoria por oportunidad). Los tamaños de las muestras construidas en cada relevamiento son muy variables, siendo los de Chile en 2018 (9 700 casos), seguido de Uruguay en 2018 (6 534 casos) y Costa Rica en 2018 (6 509 casos) los que cuentan con mayor cantidad de casos. Cabe remarcar que el tamaño de la muestra es uno de los componentes de mayor peso en los costos de realización de una encuesta. Precisamente, son los países que mantuvieron o mantienen regularidad en la aplicación los que contemplan las muestras con mayor cantidad de casos (Chile, Uruguay y Costa Rica). En relación con el nivel de confianza de las estimaciones, la mayoría ronda el 95%, tiene cobertura nacional e incluye zonas urbanas y rurales.23 Finalmente, observamos que Chile continúa encuestando también a adultos de 30 a 59 años y presenta con formato auto-aplicado aquellas preguntas referidas a sexualidad, drogas, salud mental y violencia, como en 2015. A diferencia de lo sucedido en ese año, en esta última (2018) la encuesta se aplicó con un dispositivo electrónico tipo tablet. Uruguay (2018) inició un estudio longitudinal, el cual forma parte de la primera experiencia en la región en una encuesta de juventud. 23. Las encuestas realizadas en Honduras (2016-18) cubren los departamentos que concentran los mayores movimientos migratorios. Esto se debe a que, precisamente, uno de los propósitos de los relevamientos se centra en dicho tema. 131 Cozachcow, Beretta, Liguori, León, Pereyra, Perozzo y Colombari Como puede observarse, tanto Chile como Uruguay, países que mantienen regularidad de aplicación, son los que incluyen procedimientos novedosos en sus relevamientos. CONCLUSIONES En este trabajo se abordó el interrogante en torno a cómo los Estados nacionales de América Latina y el Caribe hicieron frente a la cuestión juvenil durante las últimas dos décadas del siglo XX y las dos primeras del siglo XXI mediante la creación de organismos nacionales de juventud, la sanción de leyes y la administración de encuestas de juventud. Una general pero no por eso menos válida respuesta que nos ha dado el análisis, es la identificación de trayectos y procesos múltiples, heterogéneos, por momentos inestables, lo que nos lleva a dar cuenta de un proceso en permanente construcción. Esto permite observar un proceso de producción socio-estatal de las juventudes dinámico que supone tensiones, conflictos, y acuerdos poco estables en el tiempo, en los que inciden de manera significativa las condiciones que imponen los contextos sociales, políticos y culturales en cada país de la región latinoamericana y caribeña. El recorrido realizado permitió dar cuenta de que durante los años ochenta, a partir del Año Internacional de la Juventud y la ola democratizadora en algunos países de América Latina, se comenzó a configurar la juventud como cuestión de política pública, fundamentalmente a partir de la creación de organismos estatales de juventud. En este contexto, se iniciaron algunas experiencias de investigaciones y estudios estadísticos que dieron lugar a la construcción de una agenda de investigación sobre la cuestión juvenil que se destacará en los siguientes ciclos a partir de la elaboración de encuestas. Similar es la situación respecto de las herramientas legislativas. Si bien durante estos años iniciales no se sancionaron leyes integrales de juventud, fue un momento que propició la necesidad de debatir el enfoque de derechos y el avance en el diseño de políticas públicas para las juventudes. El segundo ciclo, en un contexto de auge de la implementación de políticas neoliberales, se caracterizó por la orientación sostenida de la cooperación internacional, específicamente a partir de la creación de la Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ), que siguió promoviendo la creación de organismos estatales de juventud y logró consolidar una agenda juvenil a nivel regional. En este marco, con una mayor presencia de organismos de juventud en toda la región, como base de la cristalización de las políticas de juventud, se identifican avances importantes en cuanto a la institucionalización del enfoque de derechos a partir de leyes en numerosos países, como así también 132 Las políticas de juventudes en América Latina y el Caribe en la historia reciente el crecimiento significativo en varios países de realización de estudios de la situación juvenil a partir de la aplicación de encuestas. Durante el denominado tercer ciclo, en los años dos mil, las políticas de juventud tienen su momento de mayor impulso en lo que podemos denominar como la instalación definitiva de la cuestión juvenil en la agenda gubernamental de la región latinoamericana y caribeña. Esto se debe a la creación de organismos en los países que aún no lo tenían, el crecimiento significativo de leyes en distintos países, y el momento de mayor aplicación de encuestas de juventud en toda la región. Finalmente, en el cuarto ciclo, que coincide con el llamado giro a la derecha, se desarrolló un proceso de reconfiguración en las orientaciones de las políticas de juventud especialmente a partir de estrategias más focalizadas. Como en los ciclos anteriores, la agenda impuesta por organismos internacionales también permeó la institucionalidad de juventud especialmente a partir de la Agenda 2030 y el Pacto de Juventud 2030. Así, en un período en el cual no se crearon organismos de juventud, esto impactó en las discusiones legislativas sobre leyes de juventudes con enfoques transversales e integrales, a contraposición de las estrategias focalizadas de las políticas. En relación a las encuestas, en este ciclo se consolidó como método para la realización de diagnósticos y construcción de conocimiento para el abordaje de las juventudes. En definitiva, el artículo permite una aproximación al derrotero de la cuestión juvenil en América Latina y el Caribe a partir de la identificación de la creación de organismos, leyes y encuestas de juventud como mecanismos que tributan a la institucionalidad estatal en materia de juventud. La indagación por períodos permite observar que la cuestión juvenil estuvo presente en casi toda la región desde mediados de la década del ochenta, aunque con distintos recorridos e itinerarios, hasta la actualidad. BIBLIOGRAFÍA Alvarado, Sara; Borelli, Silvia y Vommaro, Pablo (2012). Jóvenes, políticas y culturas: experiencias, acercamientos y diversidades. Buenos Aires: Homo Sapiens Ediciones, CLACSO. Balardini, Sergio (Comp.) (2000). La participación social y política de los jóvenes en el horizonte del nuevo siglo. 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El trabajo es llevado adelante desde el año 2016 por el Grupo de Estudios de Políticas y Juventudes (GEPoJu) del Instituto de Investigaciones Gino Germani (Facultad de Ciencias Sociales, UBA),1 en coordinación con el Grupo de Trabajo en Infancias y Juventudes de CLACSO a partir de la recuperación del fondo documental del Centro Nacional de Información y Documentación Juvenil (CENID), el cual funcionó como un área de Estado específica en el ámbito de la institución nacional de juventud en Argentina. 1. El Grupo de Estudios sobre Políticas y Juventudes (GEPoJu) es coordinado por el Dr. Pablo Vommaro y la Dra. Melina Vázquez en el ámbito del Institutito de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Desde su formación en el año 2011, el GEPoJu ha desarrollado diferentes proyectos de investigación y líneas de trabajo centradas en el campo de las políticas públicas de juventud, en el marco de las cuales se han establecido colaboraciones y vínculos con organismos de la sociedad civil e instituciones de gobierno. Las temáticas vinculadas a la participación política juvenil constituyen el otro eje de abordaje prioritario del GEPoJu. 139 Mariana Liguori, Wanda Perozzo Ramírez y Pablo Vommaro Bajo el propósito de preservar la memoria histórica vinculada con la constitución de la juventud como un campo de política pública y un campo de estudios específicos en las ciencias sociales, y con el compromiso de realizar una organización, sistematización y posterior puesta pública de dicho fondo respetando su coherencia y trama documental, se desplegaron diferentes etapas de trabajo que movilizan acciones y saberes disímiles. En este proceso las y los investigadores fueron transitando un aprendizaje que no solamente consistió en familiarizarse con la materialidad de los documentos, sino sobre todo en adquirir herramientas técnicas y teóricas para su tratamiento en clave archivística. El acompañamiento y el apoyo técnico brindado por el Centro de Documentación y de Información del Instituto de Investigaciones Gino Germani y por la Auditoría General de la Nación (AGN), resultaron fundamentales para guiar y hacer posible la concreción de los objetivos planteados en este ambicioso trabajo documental. De igual modo, es dable destacar el rol central de los trabajadores y trabajadoras que formaron parte de la gestión nacional de juventud al rescatar de su destrucción el archivo y realizar su donación el GEPOJU para su conservación y resguardo. En la actualidad la Colección de Políticas de Juventudes CENID-GEPOJU se encuentra disponible2 para su consulta pública y abierta en el Repositorio institucional de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (UBA). El abordaje realizado en el artículo se nutre de la perspectiva de la socio-historia (Noiriel, 2011; Offerlé, 2011), la cual permite comprender de manera integral aquellos elementos de contexto, lógicas y dinámicas que se ponen en juego en la gestión estatal de las juventudes durante los años recientes en Argentina, América Latina, el Caribe e Iberoamérica. Desde esta mirada es posible dar cuenta de la configuración de un entramado de prácticas, acciones y decisiones que acompaña a la institucionalidad de juventud en las diversas latitudes, al mismo tiempo que reconocer las especificidades que asume cada escenario y territorio en lo que respecta al tratamiento estatal de la cuestión juvenil. En el caso de Argentina, donde encuentra su origen y se inscribe institucionalmente el fondo documental que aquí presentamos, es importante referir que la conformación de los primeros organismos gubernamentales dedicados a atender la cuestión juvenil tiene lugar en la década del ochenta en un escenario sociopolítico nacional signado por la restauración de la democracia y la recomposición republicana (Vommaro et al., 2017). Como ha sido analizado en distintas 2. El fondo documental en soporte papel está resguardado, en condiciones adecuadas de conservación, en el ámbito del Instituto de Investigaciones Gino Germani. 140 El archivo documental en perspectiva regional contribuciones (Liguori y García, 2017; Vázquez y Liguori, 2018), la celebración en 1985 del “Año Internacional de la Juventud” por parte de la ONU, el ciclo de movilización política juvenil en torno a la democracia como causa pública, la producción de las primeras investigaciones y estudios sobre la temática juvenil, y la experiencia de gestión del Instituto de la Juventud (INJUVE) de España representan hechos que inciden favorablemente en el proceso de institucionalización de la temática juvenil en nuestro país. En este particular contexto surge como una necesidad ineludible contar con una política de registro, documentación y recopilación de información sobre la población juvenil que sirva para la elaboración de los diagnósticos iniciales sobre este grupo social, para la promoción de líneas de trabajo y acciones específicas focalizadas en materia juvenil y para tramitar los principales contactos con las juventudes de la época. Así, en 1987 se crea el Centro Nacional de Información y Documentación Juvenil (CENID) con miras a la construcción de un archivo de datos abiertos en el cual concentrar lo concerniente a las políticas de juventudes, desde las ofertas de servicios vigentes hasta las iniciativas impulsadas por diferentes organismos (áreas gubernamentales, organismos internacionales, ONG´s, fundaciones y centros de estudios) que tienen como protagonistas a las juventudes (Vommaro et al., 2022). El declive del CENID en 2006, por causa de diversas reconfiguraciones institucionales, además de significar el abandono y desmantelamiento institucional del archivo, pone en evidencia una tendencia en torno a la gestión de lo público que ya se venía gestando en la administración estatal en general desde un tiempo antes: el pasaje al formato digital y con ello, la falta de políticas de preservación de la cultura institucional. Siguiendo lo señalado en el Informe N° 4 del Observatorio Latinoamericano y Caribeño en Primera Infancia, Infancias y Juventudes-CLACSO (2022), en su devenir histórico la gestión estatal de lo juvenil muestra un rasgo que se perfila como constitutivo y transversal a las instituciones de juventud en Argentina, América Latina y el Caribe, vinculado con sus itinerarios erráticos y sus constantes redefiniciones: cambios de denominación, ubicación sectorial, dependencia institucional, rango, autoridades y competencias.3 A esto se suma, como 3. A modo ilustrativo, en el caso de Argentina desde la formalización de la institución nacional de juventud en la decada del ochenta a la actualidad se suceden doce gestiones: Claudia Bello (1989), Julián Domínguez (1990-1993); Julián Edgardo Duhalde (1994-1998); Marcelo Daletto (1998-1999); Gustavo Fernández Russo (19992002); Mariano Cascallares (2002-2006); Mariana Gras (2006-2010); Laura Braiza (2010- 2014); Facundo Tignanelli (2014-2015); Pedro Robledo (2015-2018); Adriana Cáceres (2019); Macarena Sánchez (2019-2022); y Julia Epstein (2022 –actualidad). 141 Mariana Liguori, Wanda Perozzo Ramírez y Pablo Vommaro característica también compartida, la consolidación de la gestión del Instituto de la Juventud de España como modelo de gestión en juventudes a seguir en Iberoamérica. En diálogo con la mirada sociohistórica, el artículo recupera la perspectiva cualitativa etnográfica desde los aportes de Rockwell (2009) y Nazar (2010), cuyas experiencias con archivo han sido claves para guiar el proceso de trabajo con el fondo documental del CENID. La adopción de este enfoque etnográfico hace posible asumir un rol activo como investigadores/as y llevar adelante el ejercicio reflexivo sobre la práctica documental que se presenta a continuación en un doble sentido. Por un lado, buscar reconstruir los aspectos “no documentados” ni visibles del fondo CENID, interrogándose por sus condiciones de producción y persistencias históricas, sus usos, sentidos y circulación, los actores que participaron en el mismo y las posibles disputas y tensiones que albergó su funcionamiento. Por otro lado, tomar al propio CENID como un objeto de estudio científico y un insumo para la investigación en ciencias sociales con todos los desafíos que ello conlleva. En lo que sigue, en un segundo apartado, proponemos realizar una genealogía del CENID a la luz de los grandes ciclos de gestión históricos que caracterizan a las instituciones nacionales de juventud y sus agendas de trabajo con juventudes en América Latina, el Caribe e Iberoamérica (España). Nos interesa sobre todo mostrar y dar cuenta de aquellos elementos que nos permiten pensar en la configuración de una perspectiva regional en torno a las juventudes que resulta constitutiva del campo de gestión, intervención y abordaje interinstitucionales y académico en la temática. En un tercer apartado, se describen las distintas etapas y momentos en el proceso de construcción de la Colección de Políticas de Juventudes CENID-GEPOJU a partir del fondo CENID, compartiendo algunas reflexiones surgidas de la revisión crítica del trabajo documental y evidenciando los principales desafíos, potencialidades y limitaciones que el equipo de investigadores/as tuvo que sortear como parte de esta labor. Finalmente, a modo de conclusiones, se presentan los aportes de este proceso integral de trabajo para pensar nuevos proyectos y alianzas que a futuro posibiliten dialogar, ampliar y complementar la Colección de Políticas de Juventudes. GESTIÓN ESTATAL DE LAS INSTITUCIONES DE JUVENTUDES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: LA EXPERIENCIA DEL CENID EN ARGENTINA DESDE UNA PERSPECTIVA SOCIOHISTÓRICA La vuelta de la democracia en Argentina con el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín (1983-1989) da cuenta de la apertura de un singular escenario sociopolítico nacional en el cual tiene lugar la incorporación 142 El archivo documental en perspectiva regional de la temática juvenil en la agenda pública. La recomposición de las instituciones republicanas y del Estado de derecho sientan las bases para la conformación de los primeros organismos gubernamentales dedicados a atender específicamente la cuestión juvenil, inaugurando un nuevo de modo de vinculación con las juventudes de la época. En contraposición al accionar represivo focalizado sobre la población juvenil, los nacientes organismos de juventud van a distinguirse por aspirar a concentrar las expresiones, los intereses y también las prácticas políticas de las juventudes movilizadas, orientando sus esfuerzos primordialmente hacia la defensa y construcción de la vida democrática (Vázquez y Liguori, 2017). Este proceso encuentra su correlato en el importante protagonismo político alcanzado por las juventudes en diálogo con una reactivación de la participación juvenil en el período 1982-1987 (Perozzo y Giordano, 2019; Vommaro y Cozachcow, 2015; Vommaro y Daza; 2017). Este activo compromiso político con la democracia durante los primeros años del gobierno alfonsinista se enlaza con la declaración del “Año Internacional de la Juventud” (AIJ) en 1985, acontecimiento promovido a escala internacional que impulsa la constitución de lo juvenil como un asunto de política pública en América Latina y España. Ahora bien, desde una perspectiva sociohistórica (Offerlé, 2011), y centrando la mirada en la configuración de un área estatal específica y diferenciada, identificamos la creación y funcionamiento del CENID como un espacio estatal con lógicas de funcionamiento específicas, dedicado fundamentalmente a la construcción de un archivo en temas de juventudes que cruza transversalmente a las primeras gestiones sectoriales desplegadas durante los años ochenta y noventa, y que atraviesa un proceso de actualización en los años dos mil. La emergencia del CENID encuentra condiciones especialmente favorables en la coyuntura nacional donde la recomposición de las instituciones públicas se articula, a la vez, con una necesidad imperiosa de preservación de la memoria colectiva inmediata de los años de silencio y censura signados por la última dictadura cívico-militar y, en este marco concretamente, la posibilidad de tomar conocimiento de la situación actual de las juventudes en vistas a realizar su diagnóstico. De modo que la recuperación y el acopio de documentación en el ámbito de la restauración de nuevos espacios institucionales se presentan como tareas ineludibles en la reconstrucción democrática para la promoción de políticas públicas de juventud y también para reponer los acontecimientos principales de la historia reciente. Es un momento, además, en el cual se observa una ferviente y profusa producción en América Latina y el Caribe y España, plasmada en papel, libros y revistas que responden al entusiasmo causado por el retorno 143 Mariana Liguori, Wanda Perozzo Ramírez y Pablo Vommaro a la democracia a partir de la consolidación de nuevos circuitos de ideas que acompañan el clima de época, y al impacto positivo del AIJ. En lo que respecta a la puesta en funcionamiento del CENID, otro elemento central será el fluido vínculo entablado con el INJUVE de España. Dicho organismo, desde su creación formal en el año 1985, adoptó como una de sus principales orientaciones de trabajo la construcción de un banco de datos en juventudes conformando un “Centro Nacional de Información y Documentación de la Juventud”. Este mismo modelo es replicado en la experiencia argentina siendo reforzado a partir de la capacitación de los trabajadores para emprender esta novedosa actividad. De esta manera, se llega a la definición de un proyecto de trabajo que servirá de guía para la instalación de este espacio particular con el agregado de fomentar la construcción de conocimiento como herramienta central para la implementación de políticas juveniles. Desde su puesta en funcionamiento, el CENID atravesó por diferentes etapas en las cuales identificamos el desarrollo de tareas y acciones específicas (Vommaro et al., 2022). Dichas etapas, tal como hemos identificado en otros trabajos (Vommaro et al., 2017), las hemos periodizado bajo tres ciclos: un primer ciclo que comprende los años entre 1987 y 1989; un segundo ciclo correspondiente a la década del noventa y un tercer ciclo que va de los años 1999 a 2006. A continuación, profundizaremos en los aspectos más relevantes de la gestión del CENID en consecuencia con la periodización propuesta. PRIMER CICLO: LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN COMO PILARES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUD DURANTE LOS AÑOS OCHENTA De acuerdo con las condiciones institucionales que definen el origen de los organismos nacionales de juventud en la Argentina, la construcción del CENID como archivo documental se caracterizó centralmente por el desarrollo de dos grandes acciones tendientes, por un lado, hacia la configuración de una amplia y variada red de relaciones con actores, instituciones y organismos con procedencias y perfiles disímiles. Esta red de contactos y alianzas hacen posible la recopilación de información sobre juventudes, como también posibilitan comenzar a diseñar mecanismos para su organización y tratamiento técnico en función de una agenda de política pública en juventudes. Por otro lado, destacamos la producción de un conocimiento especializado en la temática que se nutre especialmente de la línea de trabajo orientada a la promoción de investigaciones llevadas adelante por parte de la SSNJ (Liguori, 2019). Las relaciones, alianzas y articulaciones establecidas entre investigadores, consultores, profesionales y especialistas 144 El archivo documental en perspectiva regional dedicados al estudio y trabajo con la cuestión juvenil representan un aporte fundamental a este proceso. En esta primera etapa comprendida entre 1987 y 1989 se realiza la instalación del CENID organizada con base en la recuperación de una serie de criterios de gestión documental desplegados como parte de la experiencia del INJUVE de España. En consecuencia, el trabajo se focalizó centralmente en la recolección, clasificación y difusión de una diversidad de documentos referidos a distintos colectivos juveniles, a partir de información recibida desde países de América Latina y el Caribe y España, además de ámbitos académicos, dependencias estatales de distintos niveles, y organizaciones políticas, sociales y de la sociedad civil a nivel nacional. En lo referido al tratamiento de la información se estableció llevar adelante un conjunto de tareas específicas relacionadas un relevamiento permanente para la incorporación de materiales y fuentes provenientes de organismos, además de aquellos con los cuales se tenían vínculos institucionales más establecidos, la selección y clasificación documental con base en criterios temáticos y temporales, y el procesamiento para la circulación entre usuarios a partir de categorías específicas que hacen a la singularidad de la condición juvenil –como por ejemplo, clase, género, etnia, religión, entre otras–. En este período fundacional, la función documental del CENID se complementa con la realización de los primeros diagnósticos acerca de los jóvenes a través de estudios académicos, como también de trabajos de consultorías. En estas producciones se pondera el rol del CENID como articulador de los apoyos y del acompañamiento brindado por investigadores en formación y por distintos organismos con el desarrollo de líneas de trabajo en juventudes relevantes en la época. De la misma manera, es pertinente señalar que las acciones vinculadas a la divulgación y atención al público quedaron más relegadas por causa, sobre todo, de la falta de recursos humanos y materiales especializados en estas tareas por lo que, si bien la consulta del Centro se mantuvo abierta, su accesibilidad se vio más restringida. SEGUNDO CICLO: PRODUCCIÓN AUTOGESTIVA DEL CENID EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS NEOLIBERALES ESTATALES EN LA DÉCADA DEL NOVENTA Como hemos observado en otros trabajos (Liguori, 2019; Vommaro et al., 2017; Vommaro et al., 2022), durante el período que abarca los años noventa la consolidación tanto de los organismos nacionales como de las políticas juventud se vieron confrontadas por coyunturas como lo fueron la profundización de las políticas neoliberales a nivel regional y, en la escala nacional, como resultado de la reforma al 145 Mariana Liguori, Wanda Perozzo Ramírez y Pablo Vommaro Estado durante los años de gobierno de Carlos Menem (1989-1999). Este cambio de época tuvo implicaciones directas en el funcionamiento del CENID. Pese a la falta de apoyo político para la gestión institucional de este organismo, la ausencia de intereses de carácter estatal se tradujo en una etapa de abundante productividad signada, de un lado, por el reconocimiento interinstitucional del área de juventud como sujeto público de experticia en diversos ámbitos en torno a la cuestión juvenil, así como en su dinámica interlocución con las juventudes del país. De otro lado, esta etapa, denominada por los propios trabajadores del área como de resistencia activa (Vommaro et al., 2017; Vommaro et al., 2022), se caracterizó por la amplitud de los intercambios institucionales y de producción de contenidos relacionados con el campo de lo juvenil. Durante este período la dinámica de trabajo del CENID se caracterizó por una lógica de carácter autogestionario que tensionó con la ausencia de apoyo institucional por parte de los gobiernos de la época. Sin embargo, las múltiples iniciativas movilizadas por los trabajadores del área en relación con la producción de contenidos, dentro de los cuales destacamos la elaboración y difusión del Dossier Hemeroteca (Vommaro et al., 2017), boletines sobre la situación de las juventudes y publicaciones informativas destinadas a circular entre los jóvenes, posibilitaron la consolidación del CENID como un espacio de producción y referencia institucional que trascendió el estricto propósito de funcionar como centro de recopilación documental (Vommaro et al., 2022). TERCER CICLO: EL CENID COMO ESPACIO DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDES Como hemos señalado en trabajos anteriores (Vommaro et al., 2017; Vommaro et al., 2022), los años entre 1999 y 2002 se tradujeron en una nueva etapa de funcionamiento del CENID que hemos caracterizado como de recomposición y afianzamiento. Bajo esta óptica, dentro de los rasgos más relevantes a señalar en este período, identificamos la reubicación del área de juventud y, en consecuencia, del CENID, desde el Ministerio del Interior hacia el Ministerio de Desarrollo Social. Dicha reconfiguración estuvo signada también por el nombramiento de funcionarios que contaran con la especialización y manejo en temas vinculados con las juventudes y, en particular, con experticias en torno a consolidar políticas públicas de juventud. Bajo estas nuevas directrices, el área de juventud dio impulso a procesos orientados hacia el afianzamiento de los ejes de trabajo en torno al archivo 146 El archivo documental en perspectiva regional documental en temáticas juveniles y la articulación de un campo de estudios sobre juventudes a través de la investigación. Resulta relevante señalar que durante este período en el cual el CENID se coloca como espacio institucional de referencia en el campo de las juventudes, se realizaron importantes inversiones en infraestructura, equipamiento y tecnologías –Internet en particular– que posibilitaron la actualización del trabajo de recopilación y producción del CENID. Como hemos profundizado en otros trabajos (Vommaro et al., 2017; Vommaro et al., 2022), estas incorporaciones dieron lugar a procesos y acciones de digitalización, difusión y circulación de producciones elaboradas por el CENID, como fue el caso del mencionado Dossier Hemeroteca y, en especial, del Boletín Electrónico NotiJoven. De este modo, el proceso de actualización y reconfiguración del área de juventud logró dar continuidad al trabajo de recopilación, difusión y archivo de políticas públicas de juventud de toda la región y del país impulsado por el CENID, así como ayudó a ampliar la territorialización de la gestión a través del alcance local de las acciones y producciones elaboradas por sus trabajadores. Finalmente, como mencionamos líneas arriba, el declive del CENID por causa de las reconfiguraciones experimentadas por el área en su devenir histórico, se vio atravesado por el desplazamiento de intereses institucionales sobre la importancia de la información y la documentación de las políticas públicas de juventud, lo que derivó en la pérdida de centralidad del archivo documental hasta su total disolución como espacio estatal en 2006 (Vommaro et al., 2022). A partir de este año, el fondo documental consolidado por décadas de trabajo, atravesó un proceso desmantelamiento institucional con la reubicación física de los materiales fuera de la oficina donde funcionó el Centro de Documentación, quedando suspendido y desarticulado tanto el proyecto como el equipo de trabajadores a cargo. REFLEXIONES Y POTENCIALIDADES DEL TRABAJO CON FUENTES DOCUMENTALES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS EN JUVENTUDES: LA EXPERIENCIA DE LA COLECCIÓN DE POLÍTICAS DE JUVENTUDES CENID-GEPOJU Como señalamos antes, pese al proceso de desarticulación institucional del CENID, una importante cantidad de recursos y materiales documentales considerados valiosos fueron resguardados por los trabajadores en sus residencias, como parte de sus archivos personales. De este modo, y gracias a las relaciones existentes con funcionarios públicos vinculados al fondo documental desde sus inicios, en el año 2016 los materiales fueron donados en su totalidad al Instituto de 147 Mariana Liguori, Wanda Perozzo Ramírez y Pablo Vommaro Investigaciones Gino Germani por intermedio del GEPoJu (Vommaro et al., 2017). A partir de la donación en el 2016, las tareas de resguardo, preservación, organización y puesta a disposición de un repositorio digital en línea de acceso público, gratuito e irrestricto del fondo documental del CENID han constituido un recorrido de trabajo y reflexión del equipo que conforma el GEPoJu (Vommaro et al., 2017; Vommaro et al., 2022). Este camino empírico y reflexivo en torno al trabajo con el fondo documental CENID, en la actualidad, tiene como resultado la construcción y disposición de los documentos en línea de la Colección de Políticas de Juventudes CENID-GEPOJU que se viene realizando a través del repositorio en línea de la Facultad de Sociales de la UBA, con el apoyo del Centro de Documentación e Información (CDI) del Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG-UBA). Hay que destacar, que el camino recorrido hacia la construcción de la Colección de Políticas de Juventudes CENID-GEPOJU involucró diferentes etapas de trabajo, que consistieron en la revisión, ordenamiento y catalogación de las piezas documentales, la elaboración de una base de datos y definición de criterios para la sistematización y el proceso de digitalización de los documentos de cara a la tarea de su puesta en línea. Asimismo, significó un desafío para el grupo de trabajo del GEPoJu en cuanto a los aprendizajes sobre el tratamiento del fondo documental y la construcción de una Colección, lo que conllevó procesos internos de reflexión sobre nuestro trabajo con fuentes documentales y primarias, así como la formación y fortalecimiento de articulaciones institucionales en campos disciplinarios especializados en el tratamiento de fondos documentales, que presentaremos a continuación. RECORRIDOS EN EL TRABAJO CON EL FONDO DOCUMENTAL: DE LA SISTEMATIZACIÓN HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE LA COLECCIÓN DE POLÍTICAS DE JUVENTUDES CENID-GEPOJU Una primera etapa a señalar en la construcción de la Colección se vinculó con el proceso de diagnóstico de las piezas documentales donadas. En este sentido y como hemos señalado en otros trabajos (Vommaro et al., 2017; Vommaro et al., 2022), bajo una mirada etnográfica el trabajo con piezas documentales más allá del reconocimiento de su materialidad, involucra un ejercicio de indagación en torno a aquellos aspectos no explícitos en los documentos. Estos silencios de las fuentes primarias conllevan esfuerzos por recrear los usos de los documentos, de los sujetos que los producen y de los que los preservan (Rockwell, 2009). 148 El archivo documental en perspectiva regional Bajo esta perspectiva, la primera etapa de aproximación y diagnóstico del fondo documental no solo constatamos el estado de conservación de los documentos en el que documentamos la recepción de 22 cajas de cartón y plástico (tamaño aproximado de 36 x 26 cm.), junto con documentos guardados en bolsas de plástico recuperados de las estanterías del extinto CENID, sino también permitió observar la ausencia de un orden temporal-espacial, como de criterios temáticos. Así, el primer diagnóstico del estado físico de la documentación, de revisión y lectura general de la totalidad del fondo documental posibilitó advertir, además de los años que no estaban representados por los documentos, desproporciones en la distribución de las diferentes gestiones que contaban con más cantidad de materiales en contraste con aquellas que, en algunos casos, directamente no registraban documentación. Este ejercicio de aproximación y diagnóstico del fondo documental permitió la organización de los materiales a partir de la identificación de autores, instituciones productoras, temáticas abordadas, países y regiones abarcadas, con lo cual se emprendieron las etapas de catalogación y descripción de los materiales. De este modo, con el objetivo de conservar la estructura de base, se realizó el examen de la totalidad de las piezas documentales respetando aspectos cronológicos, geográficos, temáticos e institucionales. El trabajo realizado en esta etapa se enmarca en un proceso colectivo de relevamiento que en totalidad cuenta con seiscientos cincuenta documentos (650), de los cuales trescientos cincuenta y tres (353) fueron producidos entre 1972 y 2011. Luego del año de 2006, algunos trabajadores del área de juventud continuaron recopilando documentos a pesar del cierre del CENID, de los cuales doscientos noventa y siete (297) corresponden al período 1983-2002. Así, la composición del archivo se trata de piezas documentales que tienen un carácter histórico siendo elaboradas durante el período 1980-2015 y cuya pertenencia geográfica se refiere a la Argentina, América Latina y el Caribe y en menor medida, a Iberoamérica (Vommaro et al., 2017; Vommaro et al., 2022). Durante la etapa de clasificación de los documentos, como se muestra en la Tabla 1, se identificaron cuatro grupos documentales en relación a su procedencia institucional: 1) las producciones de organismos gubernamentales de juventud en la escala nacional y subnacional en Argentina, países de América Latina, el Caribe y España (en el caso de Argentina, esto contempla también las producciones propias del CENID); 2) Los documentos de organismos regionales e internacionales con pertinencia en materia juvenil del estilo de la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la 149 Mariana Liguori, Wanda Perozzo Ramírez y Pablo Vommaro Organización Iberoamericana de Juventud, el Centro Eurolatino de Juventud, Centro Latinoamericano y del Caribe de la Juventud, entre otros; 3) Las producciones bibliográficas y académicas de universidades nacionales (privadas y públicas), instituciones y centros de investigación, fundaciones y ONG (por ejemplo, Universidad Iberoamericana, Centro Latinoamericano de Juventud, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Fundación Friedrich Ebert); y 4) las legislaciones y normativas (Leyes y Proyectos Nacionales de Juventud; Decreto de los ejecutivos nacionales; estatutos, reglamentos y resoluciones ministeriales, convenciones internacionales). Tabla 1. Clasificación de secciones Secciones Descripción Organismos gubernamentales de juventud. Esta sección reúne las producciones de organismos gubernamentales de juventud en la escala nacional y subnacional en Argentina, como también de países de América Latina y el Caribe y España. En el caso de Argentina, contempla también las producciones propias del CENID. Organismos gubernamentales NO juveniles. Esta sección contiene materiales producidos desde instituciones estatales que no se relacionan directamente con la juventud. Organismos Regionales e Internacionales. Esta sección registra documentos de organismos regionales e internacionales con pertinencia en materia juvenil del estilo de la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Organización Iberoamericana de Juventud, el Centro Eurolatino de Juventud, Centro Latinoamericano y del Caribe de la Juventud, entre otros. Producciones bibliográficas y académicas. Contiene las producciones bibliográficas y académicas de universidades nacionales (privadas y públicas), instituciones y centros de investigación, fundaciones y ONG´s (por ejemplo, Universidad Iberoamericana, Centro Latinoamericano de Juventud, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Fundación Friedrich Ebert). Legislaciones/normativas. Reúne las legislaciones y normativas, como Leyes y Proyectos Nacionales de Juventud; Decreto de los ejecutivos nacionales; estatutos, reglamentos y resoluciones ministeriales, convenciones internacionales. Organismos No Gubernamentales (ONGs). Esta sección contempla materiales producidos por Organismos No Gubernamentales a nivel nacional y regional. Fuente: Elaboración propia. Cabe resaltar en cuanto al formato de las piezas documentales que el fondo se encuentra integrado por Antologías, Informes estadísticos, Folletos (díptico/tríptico y hojas sueltas de programas para difusión), Instructivos/protocolos, diarios/periódicos, Guías (Índice), Manuales, 150 El archivo documental en perspectiva regional Normativas, Informes de trabajo, publicaciones académicas, Proyectos y Programas de políticas públicas, Cuadernillos o Cartillas de formación, Memorias de gestión (memorándum), Campañas, Libros y Revistas. En cuanto al proceso descriptivo de la base de datos y la creación de una Colección Digital se procedió a la creación de un glosario que opera de motor de búsqueda por medio de cierta terminología sencilla que facilite a la indexación de determinada documentación por medio de palabras clave que permitan identificar conceptos y términos de búsqueda en cada documento, así como de términos libres, orientados a identificar subcategorías dentro de los materiales. Finalmente, en cuanto a la etapa de desarrollo del portal online y difusión del repositorio digital señalamos que, aunque en la actualidad se encuentra en realización, conllevó el proceso de digitalización de las piezas documentales a partir del año 2016. En total fueron digitalizadas aproximadamente seiscientas (600) piezas documentales en archivos en formato pdf, guardando de un lado, las acciones de ordenamiento, fichaje y catalogación del fondo en soporte papel y, por otro, respetando la unicidad de cada pieza documental y rotulada con la numeración correspondiente a su etiqueta en físico. Cabe destacar que este proceso requirió la transferencia de recursos del equipo a través de diversos proyectos de financiación para la adquisición de escáneres gestionados por integrantes del proyecto, además, de una amplia digitalización externa. En este sentido, el desarrollo del portal online para la difusión de la Colección Digital continúa significando la apuesta colectiva por preservar y brindar acceso público a las piezas documentales para su consulta por investigadores y el público en general, con el objetivo de contribuir a la producción de conocimiento científico, a las investigaciones en el campo de las juventudes, al trabajo profesional con personas jóvenes y al diseño de políticas públicas de juventud que tengan alcances tanto en el país como en la región. En la búsqueda de lograr estos objetivos durante la etapa actual de instalación online de la Colección, cabe resaltar los acompañamientos técnicos y especializados en el tratamiento de fondos documentales brindado por el CDI del Instituto. Asimismo, la incorporación y aprendizaje sobre conocimientos específicos del ejercicio de archivo –archivística– ha constituido una práctica colectiva primordial en la cual resultó primordial la gestión de alianzas con el Archivo General de la Nación de la Argentina. Dicha articulación institucional posibilitó la realización de un curso sobre Introducción a la Gestión de Archivos; capacitación que fundamental para reflexionar en torno a las características del fondo como Colección y, en consecuencia, poder realizar la descripción normalizada, 151 Mariana Liguori, Wanda Perozzo Ramírez y Pablo Vommaro siguiendo la normas ISAD (G), como norma internacional para descripción estandarizada de archivos (Alberch, 2003). POTENCIALIDADES, LIMITACIONES Y DESAFÍOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA COLECCIÓN DE POLÍTICAS DE JUVENTUDES CENID-GEPOJU La construcción de la Colección de Políticas de Juventudes por parte del GEPoJu ha representado el robustecimiento de una línea de investigación que ha posibilitado tanto la apropiación de conocimientos que contribuyen a la ampliación de los intereses y contribuciones del campo de investigación en el cual el grupo se encuentra inscrito, como también a una intensa reflexión con relación al quehacer y el saber hacer del trabajo con fuentes documentales. Si bien, desde la donación del fondo por parte del CENID, la apuesta del grupo ha tenido como meta principal su preservación y, sobre todo, poner el fondo a disposición de los usuarios interesados bajo una política de acceso público, gratuito e irrestricto, el trabajo grupal en torno a estos objetivos ha posibilitado el fortalecimiento de una trayectoria colectiva que en sus diversas etapas nos interesa reponer y visibilizar. En esta línea, los cuestionamientos e interrogantes en torno a cómo gestionar un fondo documental han acompañado el proceso y sus múltiples etapas de aproximación y diagnóstico de las piezas documentales: ¿qué significados tiene la tarea de preservar el fondo documental? ¿Por dónde iniciar la aproximación al corpus? ¿Cómo catalogar? Estos y otros interrogantes, en los cuales hemos venido realizando un ejercicio de reflexión colectiva sistematizada (Vommaro et al., 2017; Vommaro et al., 2022), han interpelado el proceso de construcción de la Colección, como también los roles como investigadoras/es provenientes de múltiples disciplinas de las ciencias sociales, quienes contamos con un acervo de conocimiento en cuanto al trabajo disciplinar con las fuentes primarias y el archivo como parte de nuestros intereses y tareas de investigación, bien sean desde lo colectivo y/o lo individual. No obstante, el desafío colectivo que hasta la actualidad significa la preservación de la donación del fondo documental del CENID, trajo consigo colocarnos en la posición de constructoras/es de una Colección documental (Vommaro et al., 2022). Sin embargo, este proceso de construcción de la Colección confrontó los saberes disciplinares de origen puesto que no contamos con la participación de especialistas en bibliotecología y/o archivística dentro del Equipo, por tanto, ha sido a la luz de la trayectoria recorrida y la gestión colectiva de las dificultades del trabajo con piezas documentales que nos reconocemos como equipo constructor de la Colección. 152 El archivo documental en perspectiva regional Los claroscuros de este recorrido y la apropiación de un lenguaje ajeno a nuestras inscripciones disciplinares dieron lugar a la búsqueda de este saber-hacer en el cual la guía de los trabajadores del CDI del Instituto fueron fundamentales para iniciar las labores de diagnóstico, adentrarnos en las rutas de la catalogación y los principios básicos de la preservación. De la misma manera, resultó central en todo el proceso el diálogo permanente con antiguos trabajadores del CENID quienes nos proporcionaron intercambios fundamentales para reconstruir la socio-génesis del área y comprender el entramado institucional y de época, más próximo a nuestros intereses colectivos como investigadores del campo de las juventudes. Por otro lado, destacamos la permanente búsqueda de sostenimiento del proyecto y el logo de los objetivos trazados como un aspecto clave de la reflexividad implicada al trabajar con el fondo documental. La búsqueda de financiamientos constituyó tanto limitaciones como desafíos que fueron reconocidos en las distintas etapas del recorrido y, a las cuales se hizo frente como colectivo de trabajo a través de presentaciones a concursos destinados a apoyar la línea de trabajo emprendida. Asimismo, destacamos que, en esta búsqueda de apoyos de recursos tanto de financiamiento como de apoyo técnico y especializado, se hicieron cada vez más relevantes las alianzas transversales con distintos ámbitos y actores que contribuyen al sostenimiento del trabajo con los fondos documentales. En este sentido, el desarrollo de estrategias de sostenimiento produjeron la profundización de vínculos construidos al interior de la Institución de pertenencia del GEPoJu –autoridades, investigadores/ as responsables de diferentes archivos; equipo de trabajo del espacio de documentación e información, entre otros– que posibilitó la construcción de un entramado de relaciones y afianzamiento de saberes prácticos para el tratamiento del fondo documental que han potenciado la continuidad del proyecto. Desde los intercambios en instancias de reflexión académica con investigadores/as que se encuentran trabajando con el archivo documental, hasta el apoyo técnico en diversos momentos del proyecto por parte del CDI del Instituto, han generado potencialidades en lo referido a la profundización de alianzas. De la misma manera, las capacitaciones (que nos posibilitaron adquirir herramientas y lenguajes de la archivística) y las articulaciones logradas con el equipo del Archivo General de la Nación fueron claves para consolidar la sistematización del fondo documental. Los conocimientos y apoyos proporcionados por las capacitaciones con el AGN resultaron fundamentales para generar las condiciones propicias para lograr la adecuada normalización de nuestro fondo documental, como también para lograr identificarlo y enunciarlo como Colección. 153 Mariana Liguori, Wanda Perozzo Ramírez y Pablo Vommaro Estos cuestionamientos internos en torno a encuadrar el fondo como Colección realizados a la par de las tareas colectivas para la elaboración del cuadro de descripción archivística bajo las normas ISAD (G) fueron fructíferas en tanto guiaron nuestros debates hasta poder reconocer con mayor profundidad las particularidades y singularidades del carácter histórico del fondo que, bajo el objetivo de ponerlo a disposición del público a través del espacio digital, finalmente conseguimos aprender a pensarlo, trabajarlo y enunciarlo como Colección. El recorrido hasta acá esbozado nos lleva a un tercer aspecto a destacar en lo que tiene que ver con las dificultades y desafíos que supone la concreción de un espacio digital en el cual alojar de manera adecuada y acorde a la potencialidad de la Colección de Políticas de Juventudes. Tales retos en la actualidad del trabajo que venimos desarrollando se orientan a: garantizar copias digitales de calidad que permitan la sostenibilidad, lo que supone la calidad y estabilidad del acceso a la Colección; en segundo lugar, a conseguir los recursos y espacios institucionales para alojar la Colección; y, en tercer lugar, obtener los recursos humanos especializados que faciliten el software adecuado, así como el mantenimiento de la infraestructura digital (Vommaro et al., 2022). Finalmente, como lo hemos mencionado en otras contribuciones (Vommaro et al., 2019; Vommaro et al., 2022), tanto la construcción de la Colección, así como el trabajo con fuentes documentales, representa para el conjunto del GEPOJU una doble apuesta. En este sentido, significa la apuesta intelectual en vinculación con nuestros intereses como grupo de investigación en el campo de las juventudes, pero, a la vez, representa una apuesta política por garantizar el lugar histórico que compone la Colección, el patrimonio material e inmaterial que también lo convierten en un espacio de memoria en torno a la construcción de lo juvenil y las juventudes como campo político, académico e institucional. De esto que materializar el objetivo por colocar la Colección a disposición del público interesado, constituye una apuesta por democratizar el acceso a los documentos, lo cual posibilita la revalorización de las trayectorias de trabajadores estatales que gestionaron el CENID en sus diferentes ciclos institucionales. CONCLUSIONES El objetivo de esta contribución reside en reflexionar sobre la experiencia de trabajo colectivo con el archivo documental referente a las políticas nacionales de juventudes en Argentina, América Latina, el Caribe e Iberoamérica (España) desarrollada desde el año 2016 en el marco del Grupo de Estudios de Políticas y Juventudes (GEPoJu) del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias 154 El archivo documental en perspectiva regional Sociales de la UBA, y el Grupo de Trabajo en Infancias y Juventudes CLACSO. Nos propusimos recuperar el abordaje realizado a partir de la construcción colectiva del fondo documental denominado como “Políticas de Juventudes”, devenido de la donación del archivo documental del CENID, que funcionó como un área de estado específica en el ámbito de la institución nacional de juventud en Argentina desde la década del ochenta hasta el año 2006. En primer lugar, nos planteamos reponer la historia del CENID como un modo de aproximación al propio devenir de la gestión de las instituciones nacionales de juventud y sus agendas de trabajo con juventudes en América Latina, el Caribe e Iberoamérica. En la primeras y segunda parte señalamos los principales lineamientos de acción, intervención y estudio de las políticas de juventudes que emergen durante la época de manera transversal en América Latina y el Caribe, los cuales permiten pensar en la configuración de una perspectiva regional que resulta constitutiva del campo de gestión, intervención y abordaje interinstitucional y académico en torno a las juventudes. Sin embargo, observamos la necesidad de profundizar en la incorporación de la perspectiva Iberoamericana, que consideramos nos permitirá identificar la incidencia de las políticas precursoras en el campo de las juventudes, así como sus reconfiguraciones y singularizaciones en la región latinoamericana y caribeña. En segundo lugar, a la luz de las distintas etapas de trabajo de construcción de la Colección de Políticas de Juventudes, nos propusimos la elaboración de una reflexión crítica sobre nuestra propia labor como investigadores/as desde el trabajo con fuentes históricas mostrando los saberes adquiridos, las dificultades y obstáculos atravesados en el proceso, y la centralidad de las redes de apoyo institucional que posibilitan potenciar y visibilizar el entramado de trabajo colectivo. En este sentido, a modo de cierre y balance proponemos algunas reflexiones que consideramos ponderan de modo interpretativo el trabajo con el fondo documental, su sistematización e instalación. Así, destacamos que las reflexiones trabajadas constituyen una propuesta de revalorización y actualización de la relevancia del “Centro de Información y Documentación Juvenil” como archivo documental en juventudes producido desde el propio Estado. Tal como hemos mencionado en la primera parte, los propios actos formales que marcan el nacimiento o la disolución de instituciones públicas son en sí mismos insuficientes para poder comprender la centralidad y el aporte que un determinado espacio estatal representa. En este sentido, realizar la historización del CENID no solamente responde a una necesidad surgida del contacto inicial con los documentos, sino sobre todo permite reponer su riqueza como lugar de reunión y de 155 Mariana Liguori, Wanda Perozzo Ramírez y Pablo Vommaro producción en el tema de juventudes desarrollada desde el retorno de la democracia en el país por diferentes instituciones y organismos. En esta línea, hemos visto que los procesos de construcción e información promovidos durante este período por el CENID dan cuenta, por una parte, de la instalación de las juventudes en la agenda de las políticas públicas a la par del sostenimiento de acciones a mediano y largo aliento, surgidas desde una línea de compromiso-activismo en torno a la temática por parte de los trabajadores del Centro. Por otra parte, es posible vincular este proceso con las dinámicas y tensiones que supone el inicio y finalización de cada gestión institucional. De acuerdo con lo anterior, planteamos que el CENID inauguró una lógica de gestión en relación con la articulación entre las instituciones nacionales de juventud y el campo académico –entre otros ámbitos– lo cual, como hemos profundizado en otros trabajos (Vommaro et al., 2022), dio impulso a la producción especializada y profesionalizada de un “saber de Estado” en juventudes, especializado y profesionalizado, como complemento del diseño e implementación de políticas públicas, lo que representa uno de los aportes más significativos de esta experiencia. En tercer lugar, como señalamos en la segunda parte del artículo, el tratamiento de documentos requiere una formación y saberes específicos que exceden los campos disciplinares de inscripción, la puesta en práctica de un conjunto de acciones que muchas veces no es reconocida como parte de un proceso académico de investigación y el acceso a infraestructura adecuada para la conservación del conjunto del fondo documental. En este punto destacamos la relevancia de las alianzas, articulaciones y apoyos entre pares como también instituciones –académicas y estatales– que se fueron involucrando en el proceso colectivo de desarrollar tareas en torno al trabajo con el fondo documental. Por último, a modo de cierre, se espera que la experiencia compartida sea una contribución a la reflexión acerca del valor de las fuentes documentales y primarias como insumos que enriquecen la producción de investigaciones y publicaciones sobre juventudes, así como para visibilizar los desafíos que el trabajo con el fondo documental representa como invitación al fortalecimiento del trabajo en red y la apertura de nuevas instancias y/o espacios de construcción de conocimiento colectivo enfocadas en las potencialidades de los recursos del archivo documental. De la misma manera, señalamos la importancia de dar cuenta de la sistematización y reflexiones sobre el trabajo colectivo con el fondo documental como parte de la práctica investigativa, desplazando la relación con las fuentes documentales. En este sentido, en el marco 156 El archivo documental en perspectiva regional del GEPoJu se apuesta por una nueva línea de trabajo vinculada a la ampliación de la Colección de políticas de juventudes, con el propósito de lograr nuevas incorporaciones vinculadas al tema de juventudes y políticas públicas producidas en períodos posteriores al 2006, que permitan forjar nuevas alianzas y articulaciones en el campo de la investigación con eje en la participación política juvenil. BIBLIOGRAFÍA Alberch Fugueras, Ramón. (2003). Los archivos entre la memoria histórica y la sociedad de la información. Barcelona: Editorial UOC. Beretta, Diego; Cozachcow, Alejandro; Liguori, Mariana; León, Daniela; Pereyra, Eduardo; Colombari, Bruno; Perozzo-Ramírez, Wanda; Benedicto, Jorge; Gallo Díaz, Luis Miguel; Jaramillo Ferro, Jhon Edier. (2022). Organismos, leyes y encuestas de juventudes: hacia una cartografía latinoamericana y caribeña. Observatorio Latinoamericano y Caribeño en Primera infancia, infancias y juventudes. Buenos Aires: CLACSO. Dirección de Conservación. (2018). Guía para la conservación preventiva de documentos en soporte papel. Archivo General de la Nación, Argentina. Liguori, Mariana. (2019). Juventudes y Estado durante la recuperación democrática en Argentina: Un estudio acerca de las instituciones nacionales de juventud, 1982-1989. [Tesis de Maestría]. Maestría en Investigación en Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Liguori, Mariana y García, Analía. (2017). Un papel protagónico que cumplir. Las juventudes en las políticas públicas de los ochenta en Argentina. En, Melina Vázquez, Pablo Vommaro, Pedro Núñez y Rafael Blanco (Comps.), Militancias juveniles en la Argentina democrática. Trayectorias, espacios y figuras de activismo. Buenos Aires: Ediciones Imago Mundi. Nazar, Mariana. (2010). “En torno a la especificidad del archivo como territorio para la investigación”. VI Jornadas sobre Etnografía y Métodos Cualitativos. Instituto de Desarrollo Económico y Social, Buenos Aires. Noiriel, Gérard. (2012). Introducción a la sociohistoria. Madrid: Siglo XXI Editores. Offerlé, Michel. (2011). Perímetros de lo político: contribuciones a una socio- historia de la política. Buenos Aires: Antropofagia. 157 Mariana Liguori, Wanda Perozzo Ramírez y Pablo Vommaro Perozzo, Wanda y Giordano, Natalia. (2019). “Aproximaciones a la participación juvenil territorial en el sur del Gran Buenos Aires desde la indagación de fuentes documentales”. XIII Jornadas de Sociología Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Rockwell, Elsie. (2009). La etnografía del archivo. En: E. Rockwell (Eds.), La experiencia etnográfica. Historia y cultura en los procesos educativos (157-182). Buenos Aires: Paidós. Vázquez, Melina y Liguori, Mariana. (2018). La gestión estatal de juventudes durante la vuelta a la democracia en Argentina: agendas, escenarios y actores (1982-1987). Revista Encrucijadas, (15). Vommaro, Pablo y Cozachcow, Alejandro. (2015). “Militancias juveniles en los ‘80: acercamientos a las formas de participación juveniles en la restauración democrática”. XV Jornadas Interescuelas de Historia. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Comodoro Rivadavia, Argentina. Vommaro, Pablo y Daza, Arley. (2017). Jóvenes en territorio. Política y espacialidad colectiva en barrios del sur del Gran Buenos Aires entre los años ochenta y la actualidad. En Vázquez, Melina; Vommaro, Pablo, Núñez, Pedro y Blanco, Rafael (Comp.). Militancias juveniles en la Argentina democrática. Trayectorias, espacios y figuras de activismo (105-131). Buenos Aires: Ediciones Imago Mundi. Vommaro, Pablo; Liguori, Mariana; Roizen, Gabriela; PerozzoRamírez, Wanda y Norman, Viviana. (2017). La historia de los organismos nacionales de juventud en la Argentina desde el archivo documental. Nuevos abordajes y desafíos (1983-2002). Metamorfosis. Revista del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, (7), 50-74. Vommaro, Pablo; Perozzo-Ramírez, Wanda; Liguori, Mariana; Spinzi-Blanco, Claudia y Belén-Hernández, Julieta. (2022). Revisitando el trabajo con archivo documental en perspectiva socio-histórica: la experiencia de la Colección Políticas de Juventudes en Argentina (1980-2015). Revista Cambios y Permanencias, 13(2), 1-18. 158 AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE NO BRASIL Revendo a trajetória recente Elisa Guaraná de Castro, Raphaella Miranda de Oliveira y Thiago Cruz Rico INTRODUÇÃO A pesquisa A Juventude no olho do furacão: identidades, ação política e organizações de juventude no Brasil (Grupo de Pesquisa Juventude e Participação Política, identidades e Representação Social/GPJUVE/ UFRRJ/ GT Infancias y Juventudes-CLACSO) tem por objetivo analisar a construção de identidades políticas das juventudes no Brasil a partir dos anos 2000, no intuito de compreender os sentidos e significados das formas de mobilização política, repertórios de ação, formas de organização e representação social, cultural e política. Para tanto, o projeto estuda a participação juvenil no Brasil por meio de uma análise cruzada que envolve: 1) o mapeamento contínuo de organizações de juventude dos partidos políticos, de organizações de juventude e de movimentos sociais, e suas interfaces; 2) o levantamento das políticas públicas de juventude, com ênfase nas formas de participação nas suas proposições, formulações e gestão públicas; e 3) a análise da representação parlamentar (alinhamento ao governo e/ou oposição, ocupação de comissões, protagonismo em temas de relevo, etc). Os resultados da pesquisa já em curso vêm sendo apresentados em espaços acadêmicos, em congressos, seminários e revistas, e da sociedade civil. 159 Elisa Guaraná de Castro, Raphaella Miranda de Oliveira y Thiago Cruz Rico Nessa contribuição nos deteremos no segundo eixo com um mapeamento preliminar que procura observar os avanços e retrocessos no processo de institucionalização dos direitos e das políticas públicas para as juventudes no Brasil, com especial atenção para as formas participativas. Retomaremos o percurso, ainda recente das políticas públicas de juventude no âmbito federal, tendo como ponto de partida os governos do presidente Fernando Henrique Cardoso. Propomos compreender como a sociedade civil e o Estado percebiam a juventude no final dos anos noventa e começo dos anos dois mil. Em um segundo momento trataremos o período dos governos Lula e Dilma. E em um terceiro momento o período que se inicia com o Golpe,1 que leva ao impeachment da presidente Dilma, o governo Temer, o governo Bolsonaro e a “disputa” do aparato institucional e das políticas públicas de juventude em um governo de extrema-direita. Uma primeira classificação desse mapeamento ordena as políticas públicas de juventude em primeira geração, políticas públicas até o início do primeiro governo Lula, e políticas públicas de segunda geração, governos Lula e Dilma. Compreendemos que os governos Temer e Bolsonaro não consolidaram uma nova proposta de políticas públicas de juventude, como veremos, dois movimentos estão presentes a partir do governo Temer: 1) o desmonte, isto é, extinção, mudanças que descaracterizam, ou redução e/ou suspensão de destinação de recursos para uma política pública; 2) manutenção com disputa de significados de políticas públicas anteriores a esses governos. Temos ainda, mas de forma pontual, novas ações alinhadas com a linha política desses governos. A proposta deste capítulo não é um levantamento exaustivo mas um exercício de análise, que podemos ler como um processo de consolidação de agendas em meio a disputas de rumos e significados. Essa avaliação, ainda em curso na Pesquisa Juventude no Olho do Furacão, propõem observarmos como e o que se consolidou como reconhecimento e redistribuição, no sentido atribuído por Nancy Fraser (2006), tanto na representação das juventudes no âmbito do governo federal, quanto no pacto federativo com estados e municípios, e o Distrito Federal. E, o que permaneceu, após esse percurso da história recente de democracia brasileira, como política de governo e/ou de 1. Benevides et al. (2018) afirma que a definição de golpe se sustenta, tanto pela construção política, quanto pela ausência de argumentos jurídicos e administrativos que teriam imputado à Presidenta Dilma crime de responsabilidade. Após seis anos do processo de afastamento da Presidente Dilma pelo impeachment suas contas foram aprovadas e houve o reconhecimento nas instâncias máximas da justiça brasileira de que a presidenta não incorreu em erro político/administrativo. O contexto político tratado nessa contribuição está ancorado nessa definição de que ocorreu um golpe político no Brasil em 2016. 160 As Políticas Públicas de Juventude no Brasil Estado. Como afirma Eliane Ribeiro (2016), a avaliação de políticas públicas está “próxima da relação entre o esforço para implementá-las e os resultados obtidos” (p. 288), Ou seja, analisar e avaliar políticas públicas é complexo por ser demarcado por uma percepção de eficácia, que esconde, muitas vezes o processo de disputa política para sua implementação. Ao propormos um painel das políticas públicas e direitos das juventudes e sua institucionalização no Brasil, desde 1995, temos uma configuração política e histórica de mais de 25 anos. Nessas quase três décadas o Brasil vivenciou a redemocratização, após 20 anos de ditadura militar, os primeiros governos eleitos democraticamente, a institucionalização dos direitos e políticas públicas previstas na Constituição de 1988, e disputas de rumos do Estado e da economia. Os governos Fernando Henrique Cardoso se identificaram como de política liberal, ou neo-liberal, os governos Lula e Dilma como governos populares ou neo-desenvolvimentistas, o governo Temer e Bolsonaro como o retorno a uma agenda neoliberal, este último com posições de extrema-direita. Se nomear ou identificar esse longo período contribui pouco para a análise aqui proposta, nos aponta com clareza a disputa do aparato estatal para a institucionalização de políticas públicas e dos direitos. Este capítulo pretende contribuir para a configuração na qual as políticas públicas, os direitos dos e das jovens no Brasil e sua institucionalização estiveram imersas. Atravessando esse processo de institucionalização de direitos e das políticas públicas de juventude, dois acontecimentos foram importantes: as Jornadas de Junho e o golpe que resultou no impeachment da presidenta Dilma. A partir dos anos 2011-2013 acompanhamos mobilizações de massa internacionais e nacionais com forte presença da juventude. Uma característica recorrente foi o uso da internet como forma de mobilização, agregada à mobilização de massa em espaços públicos e à agenda anti-neoliberal ou mesmo anti-capitalista. No Brasil observamos um fenômeno que se aproxima das agendas anti-capitalistas, mas também, por mais políticas públicas nas chamadas Jornadas de Junho (Gohn, 2016). No entanto, podemos pontuar uma mudança de configuração ao longo das Jornadas de Junho, com o surgimento da pauta da corrupção, que se fará presente como agenda de mobilização até o golpe, culminando com o Impeachment da presidenta Dilma. Esse período recente, que ainda não se encerrou, se apresenta como um momento extremo de disputa por atuação direta na política, 161 Elisa Guaraná de Castro, Raphaella Miranda de Oliveira y Thiago Cruz Rico que se inicia no tempo da política,2 isto é, nas eleições de 2014 (Palmeira, 1996). Podemos tratar o período e as disputas que se iniciam no período da reeleição da presidente Dilma, até a eleição e/ou governo Bolsonaro, e mais recentemente, em 2022, a eleição do presidente Lula, como um tempo da política alargado, onde a disputa eleitoral e de projetos políticos estiveram, e ainda estão, em cena de forma contínua e impactando as políticas públicas e os direitos já institucionalizados. Observamos a reordenação de pautas e agendas de organizações configuradas em outros contextos, a exemplo do Levante Popular da Juventude,3 e o surgimento de novas organizações como o Movimento Brasil Livre,4 bem como a ampliação de movimentos antifascistas. Esse contexto histórico é marcado pelo aprofundamento do neoliberalismo como agenda política para uma parcela da juventude, da ascensão da extrema-direita nas eleições de 2018, e atravessada em 2020 pela pandemia Covid-19. A configuração tratada, ainda que rapidamente, localiza o painel que ora apresentamos. “JUVENTUDE PROBLEMA/JUVENTUDE SOLUÇÃO” E O INÍCIO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE NO BRASIL. Na década de 1990, antes e durante o governo de Fernando Henrique Cardoso,5 os jovens de baixa renda eram vistos como um problema, um grupo social marginalizado, potencialmente perigosos, especialmente se quando identificados por intersecções de cor e território. Percebidos pelo Estado, em suas políticas públicas e aparatos, a partir de seus desvios de conduta. Enquanto isso, grande parte dos jovens estavam em situação de vulnerabilidade social, desemprego, sujeitos à violência, em um contexto de precariedade da saúde pública e do 2. Moacir Palmeira (1996) utiliza a definição de tempo da política para identificar os períodos eleitorais que tornam a participação e envolvimento na política uma vivência cotidiana. 3. O Levante Popular da Juventude surgiu como um movimento regional do estado do Rio Grande do Sul, com forte associação com a o tema rural e com o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra - MST. Em 2012 ao se nacionalizar amplia sua atuação especialmente para as periferias urbana e em 2011 o movimento assumiu a pauta política dos direitos humanos. 4. O MBL - Movimento Brasil Livre embora não seja uma organização exclusivamente jovem suas principais lideranças são jovens. Surgiu em 2014 durante as eleições com a temática da corrupção e se opondo à reeleição da Presidenta Dilma, defende o “liberalismo econômico e o republicanismo”, e tem nos seus quadros parlamentares jovens, que foram muito ativos no processo de mobilização em apoio ao Impeachment. 5. Os Governos Fernando Henrique Cardoso ocorreram de 1995 a 1998 e de 1999 a 2003. 162 As Políticas Públicas de Juventude no Brasil acesso a educação e lazer. Segundo (Spósito e Carrano, 2003), dos anos 90 ao início dos anos 2000, a juventude, associada a risco social foi considerada como uma fase da vida marcada por instabilidades e identificada com determinados “problemas sociais”. A preocupação com os jovens nos anos 1990/2000 pautou-se pela inserção laboral dos jovens excluídos, ou seja, a inclusão de jovens em situação de vulnerabilidade social. Essa perspectiva de inserção dos jovens no mercado de trabalho constituiu o principal eixo das políticas públicas para a juventude no Governo Fernando Henrique Cardoso. Os jovens foram incluídos na categoria em situação de risco percebido pelas iniciativas de governo enquanto grupo social desamparado, sobre o qual o Estado deve atuar. Segundo Lagree, Os jovens ora são vistos como problemas ou como setores que precisam ser objeto de atenção. Manter a paz social ou preservar a juventude? Controlar a ameaça que os segmentos juvenis oferecem ou considerá-los como seres em formação ameaçados pela sociedade e seus problemas? (Lagree, 1999, apud Spósito e Carrano, 2003). Essa primeira geração de políticas públicas de juventude utiliza a categoria situação de risco para identificar seu público-alvo. Essa categoria carregava na sua identificação de vulnerabilidade social, a percepção de jovens capturados pela delinquência e alvo da violência urbana. Nos Programas de Qualificação do Trabalhador (PEQs) do Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador (Planfor), duas categorias classificavam a população “alvo” das ações: jovens em situação de risco e jovens em busca do primeiro emprego. A priorização dessas categorias apontam para o reforço da representação da situação de ameaçado e do caminho da inserção no mundo do trabalho como uma forma de “resgate” (Castro, 2013). Posteriormente, as políticas públicas de mercado de trabalho para a juventude seguirão sendo expressão de uma continuidade a esse projeto de inserção através da qualificação dos jovens para o mundo laboral (Fernandes, 2019). Para compreendermos a importância desse marco histórico definido como “o início” das políticas públicas para a juventude, vamos acionar o contexto em que essa primeira geração de políticas públicas foram forjadas. O Brasil demorou para incluir o público juvenil na agenda de políticas públicas. Segundo Cordeiro e Clementino (2012), enquanto diversos países seguem as indicações da ONU a partir da década de 1960, reafirmado com o Ano Internacional da Juventude promovido pela UNESCO em 1985, no Brasil somente nos anos 1990, juventude começa a surgir como identificação de um público a ser “objeto” de políticas públicas. Os autores destacam nesse período surgiram os primeiros conselhos estaduais de juventude. Em 1999, a criação do 163 Elisa Guaraná de Castro, Raphaella Miranda de Oliveira y Thiago Cruz Rico Fórum da Juventude da UNESCO, em relação direta com o Fórum Mundial da Juventude (ONU), impacta na produção científica sobre a juventude e abre novas perspectivas de políticas públicas. Trabalhos como Abramovay (2002) representam uma expansão da compreensão da categoria de juventude. Neste mesmo período vemos uma movimentação e ampliação da produção acadêmica sobre a temática juventude problematizando percepções, que reforçavam, até então, o binômio “juventude problema/juventude solução”, isto é que reificavam a representação social da juventude a partir da sua identificação com problemas sociais, e o caminho de “integração social” como uma forma de “solução” para essas mazelas (Abramovay, 2002; Novaes, 1998). Por outro lado, ou articulado com esse movimento temos a identificação cada vez mais recorrente da categoria juventude como articuladora de identidades políticas e culturais (Castro, 2013; 2016; 2022). As políticas públicas de juventude do governo FHC atuaram a partir do controle social do tempo livre e de “prevenção”, havia “problemas da juventude” que precisavam ser enfrentados. No final dos anos 1990 e começo dos anos 2000, havia cerca de 34 programas/projetos articulados pelo Estado e mais três de responsabilidade civil. Dezoito desses projetos eram destinados diretamente aos jovens. Tais programas foram implementados em um período de hegemonia das políticas neoliberais. Eles pautavam, principalmente, a formação e inserção dos jovens no mercado de trabalho (Quadro I). De acordo com o levantamento de Spósito e Carrano (2003) foram identificados 30 programas estritamente governamentais, variando seu foco nas faixas etárias consideradas como jovens (adolescentes de 15 a 19 anos e jovens de 20 a 25). Desses 30 programas/projetos, cinco se localizavam no Ministério da Educação, seis no Ministério de Esporte e Turismo, seis no Ministério da Justiça, um no Ministério de Desenvolvimento Agrário, um no Ministério da Saúde, dois no Ministério de Trabalho e Emprego, três no Ministério de Previdência e Assistência Social, dois no Ministério de Ciência e Tecnologia, dois no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, um no Gabinete do Presidente da República (Projeto Alvorada) e, por último, um de caráter interministerial especificamente voltado para a integração das ações de 11 projetos/programas focados em jovens, localizado no Ministério de Planejamento, Orçamento e políticas Gestão (Programa Brasil em Ação). E três ações sociais não-governamentais de abrangência nacional: Programa de Capacitação Solidária, Projeto Rede Jovem e Programa Alfabetização Solidária, que surgem por indução do Programa Comunidade Solidária (2003). Além desses destacamos os Programas 164 As Políticas Públicas de Juventude no Brasil de Qualificação do Trabalhador para jovens em situação de risco e para jovens em busca do primeiro emprego, perfazendo 31 programas. Os autores identificam como característica dessa primeira fase das políticas públicas para a juventude, a inexistência de uma estrutura institucional de coordenação e articulação dessas ações, e a ausência de métodos participativos de formulação e gestão. As políticas públicas tinham ações fragmentadas, com competição inter-burocrática nos Ministérios e com ausência de mecanismos de participação social. Quadro 1. Políticas Públicas de Juventude no Governo Fernando Henrique Cardoso – 1995 a 2003. Institucionalidade Ação Objetivo Ministério da Educação/ Minist. Relações Exteriores Programa de Estudantes em Convênio de Graduação (PEC-G) Define o compromisso do aluno de regressar ao seu país e contribuir com a área na qual se graduou. Ministério da Educação Projeto Escola Jovem Implementação da reforma e a ampliação da oferta de vagas para o ensino médio. Jogos da Juventude promoção da prática de atividades esportivas entre os jovens para o esporte de rendimento. Olimpíadas Colegiais Fomento do desporto escolar, o intercâmbio sociodesportivo no país e o desenvolvimento do potencial esportivo brasileiro. Projeto Navegar Difundir e democratizar o acesso a esportes náuticos, priorizando os adolescentes moradores em áreas de risco social e matriculados na rede pública de ensino. Serviço Civil Voluntário A preparação do/a jovem para o trabalho e para a cidadania, entendida como uma participação social solidária em uma sociedade democrática. Programa de Reinserção Social do Adolescente em Conflito com a Lei Articular e estimular os esforços do sistema socioeducativo instituído pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Promoção de Direitos de Mulheres Jovens Vulneráveis ao Abuso Sexual e à Exploração Sexual Comercial no Brasil Integra o Programa de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Objetivo promover os direitos das jovens, em situação de risco, visando eliminar a violência cometida contra elas. Ministério do Esporte e Turismo Ministério da Justiça 165 Elisa Guaraná de Castro, Raphaella Miranda de Oliveira y Thiago Cruz Rico Ministério da Saúde Ministério do Trabalho e Emprego Ministério da Assistência e Previdência Social Programa de Saúde do Adolescente e do Jovem Articulação dos diversos projetos e programas do Ministério da Saúde que lidam com questões relativas à adolescência e à juventude, atenção específica aos indivíduos de 10 a 24 anos. Jovem Empreendedor Capacitação profissional e posterior financiamento de jovens de nível técnico, em fase de conclusão de curso ou recém-formados, de 18 e 29 anos, interessados em dirigir o próprio negócio. Programas de Qualificação do Trabalhador (PEQs) Integra o Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador (Planfor) – para a qualificação ou requalificação visando a inserção ou reinserção no mercado de trabalho de jovens em situação de risco e jovens em busca do primeiro emprego. Centros da Juventude Estabelecer conexões entre a oferta e a demanda desses serviços, apoiando a juventude local na busca de soluções para os seus problemas. Informação, o esporte e a cultura são o tripé de sustentação da agenda das atividades Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano Estimular o jovem para o desenvolvimento do seu papel de protagonista na sociedade; mostrar a esse jovem que é possível planejar e construir seu próprio futuro; fazer com que esse jovem se supere e se prepare para atuar de modo cooperativo na transformação da própria comunidade onde vive. Prêmio Jovem Cientista Destina-se a graduados em curso superior até 40 anos e estudantes de escolas técnicas e/ou curso superior até 30 anos. Estimular a revelação de talentos e investir em estudantes e profissionais que procuram alternativas para problemas brasileiros. Prêmio Jovem Cientista do Futuro Exclusivamente a alunos do ensino médio. Concebido nos moldes do Prêmio Jovem Cientista, apresenta a pesquisa como uma fonte de aprendizagem e produção de conhecimento. Despertar o interesse dos jovens na carreira científica e tecnológica. Programa Capacitação Solidária Alternativa para enfrentar o problema de desemprego dos jovens de baixa escolaridade. Capacitação profissional de jovens de 16 a 21 anos, provenientes de famílias de baixa renda residentes nas grandes regiões metropolitanas. Rede Jovem Identificar as condições propícias que subsidiem iniciativas do Estado e da sociedade civil para Integrar jovens - especialmente aqueles em situação de risco social - de forma sustentada e permanente, como protagonistas, por meio da informática e da internet. Ministério da Ciência e Tecnologia (CNPq) Presidência da República Comunidade Solidária Conselho da Comunidade Solidária e do Ministério da Ciência e Tecnologia 166 As Políticas Públicas de Juventude no Brasil Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Brasil em Ação/ Grupo Juventude Coordenação de grupo de programas de atendimento à juventude (jovens na faixa etária de 15 a 29 anos), abrangendo seis ministérios, 11 programas: Educação de Jovens e Adultos, Esporte Solidário, Paz nas Escolas, Qualificação Profissional do Trabalhador, Centros da Juventude, Reinserção do Adolescente em Conflito com a Lei, Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Direitos Humanos, Direito de Todos, Saúde de Jovem, Desenvolvimento do Ensino Médio e Desenvolvimento da Educação Profissional. Programa Comunidade Solidária Prioridades do programa é renda, ensino básico e defesa dos direitos. Fonte: Castro (2013), Spósito e Carrano (2003). A iniciativa de maior repercussão do Governo foi o Programa Comunidade Solidária, criado em 1995 pela antropóloga e primeira-dama Ruth Cardoso, peça chave das políticas de assistência de FHC. As prioridades do programa eram renda, ensino básico e defesa dos direitos. A antropóloga partiu de um novo modelo de ação social na qual a participação solidária da sociedade civil se fazia necessária. Essa iniciativa não deixava claro o que deveria ser responsabilidade do Governo e o que era responsabilidade das entidades da sociedade civil que faziam parte do Programa Comunidade Solidária (Spósito e Carrano, 2003). As análises sobre essa primeira geração de políticas públicas apontam fatores como índices de violência que vão ser associados à população de baixa renda e em especial, jovens negros. Essa leitura dos dados dão sustentação para os rumos das políticas públicas nos governos Fernando Henrique Cardoso, com a reificação da qualificação jovem negro perigoso. No entanto, outra agenda se impõem, seja pela articulação e movimentação das juventudes e sua participação nas disputas políticas e mobilizações pela redemocratização do país, seja pelos caminhos que novas leituras para a temática juventude trazem para a cena. Dessa forma temos uma permanente disputa de significados sobre juventude e políticas públicas para juventudes. Dentre outras contribuições Regina Novaes (1998), traz a percepção da diversidade com a categoria juventudes. Um fator de repercussão para o período Inicial da implantação das políticas públicas de juventude para jovens no Brasil, de acordo com Spósito e Carrano (2003) pode ter sido a morte do indígena Pataxó Galdino de Jesus dos Santos, que foi queimado vivo por cinco jovens e adolescentes de classe média alta 167 Elisa Guaraná de Castro, Raphaella Miranda de Oliveira y Thiago Cruz Rico de Brasília (1997).6 Ou seja, como “explicar” a violência impetrada por jovens de classe média que não estavam “sujeitos à vulnerabilidade social”. Assim, o “início” das políticas de juventude, se apresenta em um contexto de redemocratização do país após 20 anos de ditadura militar. No entanto, não apresenta caminhos participativos ou do debate de direitos da juventude, estaria demarcado por um déficit de propostas públicas visando a participação da juventude no desenvolvimento do país e das próprias políticas públicas. Demandava-se cidadania, entregava-se inserção no mercado de trabalho. O que levanta duas possibilidade de leitura: ser cidadão é estar inserido no mercado de trabalho ou o Governo Federal atuou em descompasso com as demandas da sociedade civil. Nesse sentido, retomando Rua (1998, apud Spósito e Carrano, 2003) as políticas públicas de juventude podem ser analisadas considerando em que medida reproduzem ou rompem com “padrões tradicionais da cultura política administrativa brasileira, traduzidos por Rua (1998) em cinco regularidades: fragmentação, competição interburocrática, descontinuidade administrativa, ações com base na oferta e não da demanda e, finalmente, a existência de uma clara clivagem entre a formulação/decisão e a implantação.” De acordo com Sposito e Carrano (2003), a herança deixada pelo governo FHC reforçaria padrões tradicionais no sentido de que compete mais sobre projetos isolados, sem avaliações e sem participação nos seus processos de construção. Torna-se evidente, que o conjunto de projetos públicos no governo FHC não seguiam uma linha política unificada nem central, não se projetavam buscando uma efetividade a longo prazo, dificultando assim a consolidação das políticas públicas de juventude no Brasil. As políticas públicas de juventude do governo FHC careciam de um direcionamento adequado às necessidades e demandas políticas da categoria de juventude no Brasil. Somamos a essa leitura a não institucionalização dessas políticas e/ou de uma estrutura de governo e da relação com os entes federados, e da ausência de marcos legais de direitos da juventudes no Brasil. Essa primeira geração de políticas públicas, também não estava relacionada com a construção de acesso à direitos. Em uma perspectiva de Nancy Fraser (2006) podemos afirmar que apesar de representarem iniciativas de redistribuição, com a identificação de um “público-alvo”, não configuram a perspectiva de reconhecimento. Ao estarem desvinculados de um aparato legal e, mais ainda, de um reconhecimento que constrói, ao mesmo tempo que rompe com normas 6. Folha de São Paulo – “Índio é queimado por estudantes no DF (com foto) - 21/04/97”, [s.d.] 168 As Políticas Públicas de Juventude no Brasil estruturantes da representação social, temos a ausência da disputa direta dos significados, performados e disputados na materialização de aparatos de governo e do Estado. As políticas públicas de juventude dos governos Fernando Henrique Cardoso trouxeram, pela primeira vez de forma mais ampla, a visibilidade para a categoria juventude a partir de ações de governo. No entanto, a representação da juventude como problema social e a concentração em programas de controle, formação para o trabalho e inserção social reforçaram percepções de tutela, em transição, de desqualificação da possibilidade de ação da juventude na problematização, formulação, gestão e acompanhamento de políticas públicas. E, ainda com intersecções de raça, classe e território que reificaram a construção de uma “juventude perigosa”, sob a qual o aparato de segurança pública deve atuar. A partir dos anos 2000, observamos uma presença importante no cenário político nacional: a juventude como categoria de identificação política (Castro et al., 2009). Essa presença manifestada das mais diversas formas, em coletivos, organizações, expressões culturais e movimentos sociais impactaram as novas formulações de políticas públicas (Castro, 2011). Observa-se uma articulação com novas construções da categoria juventude que se distanciam da classificação problema para uma percepção que contribuiu para forjar a categoria sujeito de direitos. JUVENTUDE SUJEITO DE DIREITOS: A NOVA GERAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, DE/PARA E COM A JUVENTUDE Os governos Lula (2003-2010) e Dilma (2011-2016) deram continuidade à visibilidade do tema juventude como ação de governo, iniciada nos governos Fernando Henrique Cardoso. Com uma nova configuração e priorização no âmbito do governo federal juventude ganha destaque, e temos o início da institucionalização das políticas públicas de/com e para a juventude e da construção de marcos regulatórios. Observamos uma disputa de sentidos e significados sobre a categoria juventude e sobre como construir marcos legais e políticas públicas para essa população. A própria identificação de quem é jovem entra em disputa e é caracterizada nos marcos legais e nas política públicas, a partir de 2005, como sendo a população de 15 a 29 anos, seguindo parâmetros internacionais.7 Podemos apontar três eixos da constituição dessa segunda geração de políticas públicas para a juventude: 1) participação social, com representação daqueles identificados 7. A Organização Ibero-Americana de Juventude foi um dos organismos internacionais que direcionaram o debate etário para a proposta de Política Nacional de Juventude. 169 Elisa Guaraná de Castro, Raphaella Miranda de Oliveira y Thiago Cruz Rico como jovens; 2) institucionalização e reconhecimento de direitos, com a criação de marcos regulatórios, políticas públicas e institucionalizando sua representação e órgãos de execução de políticas públicas no Governo Federal; 3) proposição de um sistema dos três entes federados e a sociedade civil, com iniciativas de fortalecimento das políticas públicas de juventude nos estados, e no Distrito Federal, e nos municípios. Em 2003, com a posse do presidente Lula, o Governo assume uma postura de transformação dos programas e projetos isolados existentes no governo federal, em uma Política Nacional de Juventude. Ou seja, uma consolidação das políticas públicas de juventude no quadro interno do Governo Federal. O governo almejou construir uma outra visão buscando superar o estereótipo de “jovem problema”. O presidente Lula assume o compromisso de promover a participação dos e das jovens na construção democrática e participativa da cidadania. Esta formulação, como veremos, está presente em diferentes contribuições e materializada nos marcos legais que irão compor a institucionalização da Política Nacional de Juventude no Brasil. Portanto, na perspectiva analisada por Spósito e Carrano (2003) sobre as políticas públicas do governo Fernando Henrique Cardoso e seu distanciamento do reconhecimento da participação política dos jovens tanto para sua formulação, quanto para os objetivos de suas ações, podemos afirmar que a segunda geração de políticas públicas muda o sentido, antes fio condutor das políticas públicas de juventude no governo brasileiro. O governo Lula parte da priorização e definição tanto da categoria juventude, não mais juventude problema ou juventude em situação de risco, para incorporar participação, direitos e atuação política na perspectiva de cidadania, na formulação dos seus marcos legais e das políticas públicas. Nesse sentido, é que percebemos o surgimento da categoria sujeito de direitos. Contudo, esse processo não ocorre exclusivamente como ruptura, há continuidades e disputas que vão se configurar como um cenário de consolidação, ou não, da priorização das juventudes como política de governo e sua efetivação como política de Estado. O Projeto Juventude realizado pelo Instituto Cidadania (Projeto Juventude-Documento de conclusão, 2004) é expressão dessa disposição do governo Lula, uma vez que mobilizou debates e seminários centrados na discussão acerca da categoria de juventude, de modo a ouvir a sociedade civil, mobilizando mais de 3000 participantes. Entre 2003 e 2004 o Projeto Juventude realiza um levantamento de percepções, demandas e propostas em diálogo direto com jovens de diversas regiões do país. O Projeto apresenta, como resultado final, um diagnóstico das políticas públicas existentes e da diversidade da 170 As Políticas Públicas de Juventude no Brasil juventude; diretrizes para ação governamental considerando a priorização da juventude; e uma agenda com propostas paras áreas específicas do governo, para avanços no aparato legal e de articulação da sociedade civil. Segundo Regina Novaes, No governo atual [Governo LULA], anuncia-se uma política que tem tanto o objetivo de garantir aos jovens o exercício de direitos universais da cidadania quanto atender demandas específicas dessa geração, considerada em suas desigualdades e diversidades (...). Ou seja, além de reafirmar direitos universais, pela criação social de direitos da juventude, trata-se de multiplicar oportunidades de inserção social dos jovens (Novaes, 2016, p. 255-256). Com essa perspectiva de construção de um novo modelo de políticas públicas para a juventude, o Governo Lula dá início em 2004 a construção de uma proposta de Política Nacional de Juventude (PNJ),8 que tem como objetivo a garantia da cidadania por meio de demandas específicas como a erradicação da desigualdade e respeito à diversidade juvenil. Podemos assumir que esse início de discussão –sobre a relevância da juventude em um projeto política de governo– também impacta o poder legislativo, o Dep. Federal Reginaldo Lopes (PT) apresenta o Projeto de Lei - Plano Nacional de Juventude - PL 4.530/04 (2004).9 O período a partir de 2005 pode ser identificado pela institucionalização das políticas públicas de juventude no Brasil tendo como marco a criação por meio da Lei 11.12910 da Política Nacional de Juventude 8. A Política Nacional de Juventude está caracterizada na Lei 11.129 (2005). 9. Projeto de Lei -Plano Nacional de Juventude- PL 4.530/04 (2004), apresentado pelo Dep. Reginaldo Lopes (PT) em 2004, segue em tramitação no Congresso Nacional. Em 2018 o governo Temer contratou uma consultoria da Unesco para elaborar uma proposta de atualização da minuta do Projeto de Lei nº 4.530/2004 (Plano Nacional de Juventude: proposta de atualização da minuta do Projeto de Lei nº 4.530/2004, 2018). Em 2018 o Dep. Baleia Rossi (MDB), base do governo Temer propõem Requerimento de Urgência sobre a matéria: Aprovação do Plano Nacional de Juventude (Requerimento De Urgência n. 8399/2018, 2018), que não é apreciado pelo plenário. Pelo andamento no portal da Câmara dos Deputados. Em 8 de outubro de 2019 é solicitado pelo Dep. Reginaldo Lopes (PT) a formação de uma Comissão Especial para atualização do Plano Nacional de Juventude, (Requerimento n. 2607/2019, 2019). No dia seguinte, 9 de outubro de 2019, o Dep. Baleia Rossi (MDB) solicita a retirada do requerimento de urgência que ele mesmo encaminhou em abril de 2018. O seu requerimento é aprovado. Já a formação da Comissão Especial é indeferido. Ou seja, o Plano Nacional de Juventude não assume caráter de urgência e volta para a situação de apreciação pela Câmara dos Deputados sem previsão. A Lei 11.129 de junho de 2005 (Lei 11.129, 2005) é a reconversão da Medida Provisória n.238, de fevereiro de 2005 (Medida Provisória, 2005), as medidas provisórias, regulamentadas na Constituição de 88, são um ato unilateral do governo federal, na figura do presidente da república, que pode instituir uma regulamentação 10. 171 Elisa Guaraná de Castro, Raphaella Miranda de Oliveira y Thiago Cruz Rico com a Secretaria Nacional da Juventude, do Conselho Nacional da Juventude, do Programa Nacional para a Juventude (Projovem). No entanto, esse marco legal ainda enfrentava a condição da inexistência da categoria juventude na Constituição Brasileira de 88, o reconhecimento da juventude como população que deverá acessar direitos e ações de políticas públicas vai ocorrer com a Emenda Constitucional nº 65 (2010). Essa emenda altera a denominação do Capítulo VII do Título VIII da Constituição Federal e modifica o seu art. 227, para cuidar dos interesses da juventude, no “Capítulo VII do Título VIII da Constituição Federal de 1988 que passa a ser: “Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso” e da promulgação do Estatuto da Juventude (Castro e Macedo, 2019; Pinheiro, 2016). Essa segunda geração de políticas públicas marca, também, um processo de reconhecimento com a definição de direitos, agendas e disputa de recursos na perspectiva proposta por Nancy Fraser (2006). Entre 2004 e 2006 o governo federal promoveu processos de institucionalizados de levantamento, diagnóstico e proposição de políticas públicas de juventude e acesso á direitos. Em 2004 foi criado, no âmbito da Secretaria-Geral da Presidência da República, o GTI de Políticas Públicas de Juventude (Grupo de Trabalho Interministerial) com 19 ministérios, que diagnosticou que os programas que existiam para a juventude possuíam um caráter de fragilidade institucional, de fragmentação e com superposição de projetos. O GTI recomenda a implantação de um Plano Nacional da Juventude (Guia de Políticas Públicas de Juventude, 2006; Sposito, 2007. Essas políticas públicas deveriam cumprir com as necessidades dos jovens, como a permanência na escola, a qualificação profissional, a segurança e a defesa dos direitos humanos, a cidadania e a participação, incluindo a juventude rural e ribeirinha. As juventudes estiveram presentes de muitas formas nesse cenário com a participação em esferas de representação do Governo Federal como nos conselhos e conferências, criados nesse período, e com a auto-organização como ator político (Castro et al., 2009). O Conjuve se destaca, dentre outros espaços de representação das juventudes no âmbito do Governo Federal. Após a sua instituição em 2005, com 40 membros da sociedade civil e 20 membros representantes do poder público, este se organizou em Câmaras Temáticas que promoveram o levantamento, diagnóstico e linhas de ação para uma Política Nacional por tempo determinado (60 dias prorrogável por mais 60), que deverá ser apreciada e convertida ou não em lei, no decurso do prazo ou perderá a sua validade. A MP 238 que trazia a institucionalização da Política Nacional de Juventude foi convertida em na Lei 11.129. 172 As Políticas Públicas de Juventude no Brasil de Juventude. O Conjuve atuou, também junto ao poder legislativo para o avanço de marcos legais para a juventude que já estavam tramitando e novas leis que garantissem direitos para as juventudes. A Secretaria Nacional da Juventude atuou na coordenação dessas ações, na implantação do Projovem e na preparação, dentre outras ações, da 1ª Conferência Nacional de Juventude que ocorreu em 2008 e que aprovou como prioridade “o enfrentamento do extermínio da juventude negra” e uma moção de apoio a aprovação da EC65. Com essas ações em conjunto podemos afirmar que temos um processo claro de institucionalização no âmbito do Governo Federal de uma nova geração de políticas púbicas agora tratadas a partir da categoria juventude sujeito de direitos, e com a identificação de/com e para a juventude, que reforça o processo participativo das juventudes na identificação de demandas, proposição de políticas e direitos e de gestão de programas e ações. Um dos elementos importantes desse processo foi a inclusão das juventudes no Plano Plurianual do Governo Federal - PPA 2008-2011 (2007). Nessa identificação e deliberação de ações do governo federal juventude aparece no item “Ação Social”, Política Nacional de Juventude (PNJ) serão integradas as iniciativas para a faixa etária de 15 a 29 anos, com foco em três eixos: elevação da escolaridade; qualificação social e profissional e desenvolvimento humano, esse último conjugando ação comunitária, esporte, lazer, cultura e inclusão digital. Será premissa da PNJ assumir o jovem como protagonista, promovendo sua inclusão social. O Programa Bolsa Família, ao estender a faixa etária para até 17 anos de idade, é outra iniciativa que melhora as condições para a permanência do jovem na escola (p. 14). A inserção do Projovem com definição de recursos próprios. E na seção: “Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos”. No ítem “GLBT (Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros)”, juventude aparece no programa “Brasil sem Homofobia”, lançado em 2004 (Plano Plurianual do Governo Federal-PPA 2008-2011, 2007). Esse processo de disputa de significados foi parte integrante desse período inicial de governo, como veremos adiante. Um elemento fundamental foi assegurar a participação como método de formulação e disputa de significados e ações. Como trataremos à seguir. PARTICIPAÇÃO COMO MÉTODO DE GOVERNO - O CONJUVE Nos governos Lula, a questão da juventude foi levada para os âmbitos do Poder Executivo e Legislativo, com a participação da sociedade civil. O Conselho Nacional da Juventude é um dos principais espaços 173 Elisa Guaraná de Castro, Raphaella Miranda de Oliveira y Thiago Cruz Rico de participação social dos jovens para o controle social de políticas públicas. O formato de Conselhos como forma de participação social data do período pós Constituição de 1988.11 O Conselho Nacional de Juventude, instituído em 2005, atua diretamente para a elaboração da Política Nacional de Juventude, a partir de elementos de estudos gerados por suas câmaras temáticas e pelas conferências nacionais de juventude. Uma ponderação importante sobre a composição do Conjuve é que apesar de ser formado por 1/3 de representantes do governo federal e 2/3 da sociedade civil, não havia a previsão de participação do judiciário, como tratado no documento lançado pelo Conselho em 2006: embora não haja representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, este Conselho não engloba apenas as representações de 17 Ministérios do Governo Federal, que tem ações e Programas voltados para a Juventude. Alargando a noção de poder público, estão presentes representantes da Frente Parlamentar de Políticas Públicas de Juventude da Câmara Federal, valorizando o Legislativo e, ainda, do Fórum de Gestores Estaduais de Políticas Públicas de Juventude e de entidades Municipalistas, valorizando o pacto federativo (Política Nacional de Juventude, 2006, p. 8). Um resultado importante da criação do Conjuve foi a criação de conselhos municipais e estaduais. Em 2010 havia 11 conselhos estaduais e 94 conselhos municipais (Novaes e Alvim, 2014). Ainda assim, o caráter consultivo e não deliberativo, como em outros conselhos, pode ser lido como um formato que tem menos incidência nas decisões do poder executivo e mais suscetível à mudanças de rumos de governos. AÇÕES E PROGRAMAS Ao longo dos governos Lula foram criadas inúmeras ações e programas no âmbito federal, e buscou-se fortalecer ações nos âmbitos municipais e estaduais. Contudo, como veremos, o surgimento de coordenadorias estaduais e municipais e o avanço de marcos legais, não garantiu a tramitação da instituição de um Sistema Nacional de Juventude - Sinajuve, como previsto no Estatuto da Juventude, sancionado em Com a Constituição Federal de 1988 se estabelece a participação popular como um direito. No ano de 1990 diversas leis são aprovadas para regulamentar direitos previstos na Constituição, a presença da formação de conselhos nacionais está presente nos textos dessas leis, como na Lei Orgânica da Saúde – SUS (Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990); no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990) e na Lei Orgânica da Assistência Social – Loas (Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993). (Participação Social no Brasil: entre conquistas e desafio, 2014:41) Entre 1990 e 2009 foram criados mais de 26 conselhos (IPEA, 2013). 11. 174 As Políticas Públicas de Juventude no Brasil 2013), como trataremos à diante. No primeiro Governo Lula de 20032006 o foco aparece no processo de institucionalização da estrutura de governo, ação no âmbito parlamentar para o avanço de direitos e readequação de políticas existentes, proposição de novas ações e em especial a implantação do Projovem, principal política pública de juventude dessa segunda geração de políticas de juventude. Em um balanço das primeiras ações de governo, a partir do Guia de Políticas Públicas de Juventude (2006), produzido no âmbito da Secretaria Geral da Presidência, temos 20 programas em destaque, como podemos observar no Quadro 2. Podemos destacar continuidades e diferenças em relação a primeira geração, mesmo com a prevalência de programas com o foco em trabalho e educação, observamos uma mudança de configuração, com maior diversidade de juventudes e com programas na área de cultura, e acesso a terra. Quadro 2. Ações Governo Lula 2003 - 2006 Institucionalidade Ação Objetivo Ministério da Cultura Programa Cultura Viva Potencializar iniciativas culturais já existentes e que reconheçam a cultura popular brasileira em toda sua diversidade. Ministério da Defesa Projeto Soldado Cidadão Preparar os jovens egressos do serviço militar para o mercado de trabalho. A maioria dos que integram o Programa tem perfil sócioeconômico carente. Ministério da Defesa e Ministério da Educação Projeto Rondon Projeto Rondon lançado em 1967, relançado em 2005 - levar estudantes de instituições de Ensino Superior a regiões menos favorecidas do Brasil. Programa Escola de Fábrica A inclusão de jovens de 16 a 24 anos no mercado de trabalho por meio de cursos de iniciação profissional oferecidos no próprio ambiente das empresas. Programa de Integração de Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja) Ampliar a oferta de vagas nos cursos de educação profissional a trabalhadores que não tiveram acesso ao Ensino Médio na idade regular. Direcionado a jovens e adultos que já concluíram o Ensino Fundamental acima de 21 anos. Programa de Melhoria e Expansão do Ensino Médio (Promed) Melhorar a qualidade e a eficiência do Ensino Médio e ampliar a capacidade de atendimento em todo o país. Estruturado em dois subprogramas: Projetos de Investimento das Unidades Federadas e Políticas e Programas Nacionais. Ministério da Educação 175 Elisa Guaraná de Castro, Raphaella Miranda de Oliveira y Thiago Cruz Rico Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM) Distribuição de livros didáticos era feita apenas para os estudantes do Ensino Fundamental. Programa Universidade para Todos (ProUni) Concede bolsas de estudo integrais e parciais em instituições de ensino superior privadas para os estudantes brasileiros de baixa renda. [...]estimular o processo de inclusão social e gerar trabalho e renda aos jovens brasileiros. Ministério da Educação/ SNJ Programa Brasil Alfabetizado Promover a alfabetização dos brasileiros com mais de 15 anos que não tiveram a oportunidade de estudar. Ministério da Educação e Ministério do Trabalho e Emprego Programa Escola Aberta Amplia as oportunidades de acesso a atividades educativas, culturais, de lazer e geração de renda com a abertura das escolas públicas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio nos fins de semana. Ministério da Educação, do Trabalho e Emprego e do Desenvolvimento Agrário Programa Saberes da Terra Escolarização para jovens e adultos agricultores familiares. Fortalecer e ampliar o acesso e a permanência dos agricultores familiares no sistema formal de ensino. Ministério da Educação e Ministério do Meio Ambiente Programa Juventude e Meio Ambiente Ampliar a formação de lideranças ambientalistas e fortalecer os coletivos jovens de meio ambiente nos estados e na Rede da Juventude pelo meio ambiente. Jovens de 15 a 29 anos. Ministério do Desenvolvimento Social Projeto Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano Ação continuada de assistência social destinada a jovens de 15 a 17 anos. Desenvolvimento pessoal, social e comunitário, no contraturno escolar Programa Pronaf Jovem Linha de crédito agrícola para os filhos dos agricultores familiares de 16 a 25 anos. Programa Nossa Primeira Terra linha de financiamento do Prog. Nacional de Crédito Fundiário, para a aquisição de imóveis e investimentos em infraestrutura básica para 18 a 29 anos. Consórcio Social da Juventude Rural Processo de formação para valores humanos, com aulas de ética e cidadania, educação ambiental e gestão para o desenvolvimento. Programa Bolsa-Atleta Apoio financeiro aos atletas com mais de 12 anos, que não contam com o patrocínio da iniciativa privada e que já começaram a mostrar seu alto potencial em competições nacionais e internacionais Programa Segundo Tempo Democratizar o acesso à prática esportiva no turno oposto ao da escola. 7 e 14 anos. Ministério do Desenvolvimento Agrário Ministério do Desenvolvimento Agrário e Ministério do Trabalho e Emprego Ministério dos Esportes 176 As Políticas Públicas de Juventude no Brasil Ministério do Trabalho e Emprego Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego (PNPE) Reforçar a qualificação socioprofissional para assegurar a inclusão social e a inserção do jovem no mercado de trabalho. Jovens de 16 a 24 anos. Secretaria Nacional de Juventude Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem) Conclusão do Ensino Fundamental, o aprendizado de uma profissão e o desenvolvimento de ações comunitárias. Jovens de 18 a 24 anos. Fonte: Guia de Políticas Públicas de Juventude (2006), Política Nacional de Juventude-diretrizes e perspectivas (2006). Nessa primeira fase do governo Lula (2003-2006) observamos uma alta concentração de políticas no Ministério da Educação e ainda uma prevalência do foco em educação e inserção no mercado de trabalho. Sem dúvida dois temas muito relevantes mas que tratados como principais, se não únicos focos de ação reproduzem o binômio juventude problema/juventude solução. Concordando com a análise realizada na Câmara Temática 1 do Conjuve, “Desenvolvimento Integral: educação, trabalho, cultura e tecnologias de informação”, que pode realizar uma análise de políticas públicas, por ser a área de concentração da maioria das políticas existentes então, temos uma concentração no tema inserção no mercado de trabalho (Política Nacional de Juventude-diretrizes e perspectivas, 2006). A análise da inserção da categoria juventude no planejamento estratégico dos governos Lula apontam para uma mudança entre o primeiro Plano Plurianual 2003-2007 o único Programa que trata da juventude, é 0070 Proteção Social à Infância, Adolescência e Juventude, com a ação 9774 Financiamento a Projetos para Inclusão Social de Crianças e Jovens em Situação de Vulnerabilidade Social. Essa linha de ação carrega ainda continuidade clara com ações da primeira geração de políticas públicas, utilize o termo juventude em situação de risco, e traduz na categoria com nova roupagem: juventude em condição de vulnerabilidade social. A ação nos remete ao Programa Brasil em Ação/ Grupo Jovem, do governo FHC que já previa esse público prioritário e construção de Centros de Juventude. Seus objetivos estão explicitados da seguinte forma, Atender às crianças, adolescentes e jovens carentes até 24 anos, em situação de risco pessoal e social, é o objetivo do programa Proteção Social à Infância, Adolescência e Juventude. Sua atuação será em comunidades de baixa renda, por meio de ações complementares e de alto poder de integração intersetorial, que funcionarão como elemento dinamizador da promoção do jovem – a criação de centros de juventude, como locus catalisador das energias juvenis; e a formação de Agentes Jovens de Desenvolvimento Social e Humano, como elemento de preparação para o exercício do seu papel social. Observando-se o perfil dos adolescentes em conflito 177 Elisa Guaraná de Castro, Raphaella Miranda de Oliveira y Thiago Cruz Rico com a lei, constata-se que, na maior parte dos casos, esses jovens são do sexo masculino; não trabalham e não estudam; são afrodescendentes; são usuários de drogas e vivem em famílias pobres, cujo rendimento médio mensal não ultrapassa dois salários mínimos (Plano Plurianual-2003-2207, 2003, pp. 87-88). Segundo Nobre e Souza (2018) observa-se que no “PPA do quadriênio de 2004 a 2007, a juventude não aparece como prioridade das ações, sendo destacados principalmente programas para crianças e adolescentes”. Em uma análise da tabela de ações do Guia de Políticas Públicas de Juventude (2006), observamos uma continuidade de foco em educação e trabalho, diferentes faixas etárias como definição de juventude, e programas incluídos que não citam diretamente juventude. Sobre as faixas etárias, ainda que em alguns casos diga respeito a limitações das próprias ações, a faixa até 24 anos ou de 15 a 29 anos aparece em ações diferentes, o que demonstra já um processo de impacto da discussão nos espaços de representação como o Conjuve e a atuação da SNJ, sob a caracterização mais ampla de juventude. No caso específico do projeto Cultura Viva, parece ser mais uma identificação de um programa que poderia ser agregador a uma nova geração de políticas públicas para a juventude, do que de fato um programa com alguma priorização para a juventude. Portanto, é a partir da centralização e coordenação das ações institucionalizadas com a Lei 11.129 que observamos uma mudança importante nas políticas públicas de juventude no governo federal. Se não havia no PPA de 2003 a 2007 previsão de ações para a juventude que mudassem a forma até então de classificação e atuação do governo federal, com a criação da Lei 11.129 o PPA de 2008-2011 suprime a ação prevista com foco em jovens em situação de risco, para uma percepção mais ampla com o Projovem. Na análise de Nobre e Souza (2018) a mudança de priorização já se dá pelo fato de que Entre as 19 metas prioritárias do governo no Plano, a juventude aparece como uma delas. Isso nos leva a acreditar, que a mesma adquire status de “preocupação” na segunda gestão de Lula da Silva, em que se verifica um significativo aumento das ações voltadas para os jovens (p. 75). Outro fator que demonstra o impacto do processo de institucionalização e participação social na construção do que podemos classificação é a mudança de faixa e etária de 15 a 24 anos, para 15 a 29 anos. Nessa análise preliminar das políticas públicas de juventude dos governos Lula e Dilma temos que dar destaque, pela sua relevância de escopo, ao Projovem. O Projovem foi criado em caráter emergencial, com previsão de 2 anos de existência quando seria submetido a uma avaliação e orçamento próprio (Lei 11.129). O Objetivo “elevação 178 As Políticas Públicas de Juventude no Brasil do grau de escolaridade visando a conclusão do ensino fundamental, qualificação profissional voltada a estimular a inserção produtiva cidadã e o desenvolvimento de ações comunitárias com práticas de solidariedade, exercício da cidadania e intervenção na realidade local” (Lei 11.129), para atender jovens de 18 a 24 anos fora da escola e sem trabalho. Um programa para combater a exclusão de um segmento de jovens e destinava uma bolsa de 100 reais para a qualificação e atuação na comunidade. O foco principal dessa primeira versão do Projovem foram regiões metropolitanas. Temos sem dúvida uma mudança de perspectiva de ação com o Projovem, ainda que possamos, também, ressaltar continuidades na perspectiva de educação para atender jovens em áreas de alto risco social. Como política pública o Projovem traz a marca de um programa com estrutura e recursos próprios e ancorado na Secretaria-Geral da Presidência da República. E tendo como formato de ação a execução nos municípios. Em 2007, o governo federal iniciou uma avaliação da Política Nacional de Juventude, é nesse contexto que o Projovem é reformulado, tendo quatro modalidades: trabalhador, adolescente, urbano e campo. O Projovem integrado, como passou a ser chamado, é resultado da união de programas já existentes, esses programas foram subdivididos entre as modalidades criadas dentro do Projovem. O novo programa entra em vigor a partir de primeiro de janeiro de 2008 com o objetivo reinserir os jovens no processo educacional, na qualificação profissional e a ter acessos a ações de cidadania, cultura, esporte e lazer. Foi nesse período também que a gestão do programa passa a ser compartilhada entre a Secretaria-Geral da Presidência da República (por meio da Secretaria Nacional de Juventude e o MEC). Cada uma de suas modalidades também conta com um comitê gestor instituído pelo órgão responsável por sua coordenação. O Segundo mandato do Presidente Lula traz nessa mudança no formato do Projovem a idéia de que o mesmo jovem pudesse iniciar um percurso no Projovem, como elevação escolar e acessar outros programas. O Projovem integrado, grosso modo, unifica sob o guarda-chuva Projovem programas e ações que já existiam, como podemos observar no Quadro 3. 179 Elisa Guaraná de Castro, Raphaella Miranda de Oliveira y Thiago Cruz Rico Quadro 3. Ações Governo Lula - Projovem Integrado – reordenação de ações – 2007/2008 Institucionalidade Ministério da Educação Ministério da Educação, do Trabalho e Emprego e do Desenvolvimento Agrário Ministério do Desenvolvimento Social Secretaria Nacional de Juventude e Ministério da Educação Ação Nova Nomenclatura e mudanças Programa Escola de Fábrica Migra pro Projovem-Trabalhador Programa Saberes da Terra ProJovem Campo - Saberes da Terra - Delimitou a faixa etária para jovens agricultores familiares de 18 a 29 anos – antes o programa atendia a partir dos 15 anos e não tinha limite de idade; Incluiu Bolsa Auxílio mensal de R$ 100,00 por jovem atendido – antes não concedia auxílio financeiro. Projeto Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano ProJovem Adolescente - Extinguiu o auxílio financeiro de R$ 65,00 – um benefício de R$ 30,00 é pago diretamente às famílias. Priorizou os jovens de 15 a 17 anos integrantes das famílias do Programa Bolsa Família. Ampliou a permanência no programa para até 24 meses. Previu a expansão territorial na lógica dos Centros de Referências de Assistência Social (Cras)/ Sistema Único de Assistência Social (Suas) para 4 mil municípios até 2010 Consórcio Social da Juventude, Juventude Cidadã e Empreendedorismo Juvenil ProJovem Trabalhador - Incorporou o programa Escola de Fábrica, do MEC; Alterou a faixa etária de 16 a 24 anos para 18 a 29 anos Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem) ProJovem Urbano - Ampliou a faixa etária de 18 a 24 anos para 18 a 29 anos. Ampliou a duração do programa de 12 para 18 meses. Foi estendido para as unidades prisionais ou socioeducativas de privação de liberdade. Excluiu a condição de não presença no mercado de trabalho. Fonte: Castro, Aquino e Andrade (2009). Observamos nessa reordenação um esforço de centralização de ações e de padronização na definição do público jovem, agora identificado de 15 a 29 anos. No entanto, essa mudança parece uma perspectiva de pouco avanço em relação ao debate acumulado nas instâncias de representação, tanto o Conjuve (Política Nacional de Juventude, 2006), quanto a 1ª Conferência Nacional de Juventude realizada em 2008, apontaram a necessidade de ampliar as políticas públicas, tanto no público atendido, quanto no tipo de ação. O Projovem Integrado não seria essa resposta. Contudo, O Projovem com essa reformulação passa a integrar o PPA 2008-2011 com previsão orçamentária de cinco bilhões, visando atender mais de quatro milhões de jovens (Cordeiro e Clementino, 2012). Para Dulci e Macedo (2019), as políticas públicas de juventude dos governos Lula (2005 a 2010) foram marcadas pela inclusão social, 180 As Políticas Públicas de Juventude no Brasil com efeito, o Projovem e Projovem Integrado, carros-chefe, têm na inclusão social seu foco de ação. No Governo Dilma (2011-2016) observamos um processo de diversificação das políticas públicas para a juventude. Para as autoras uma ampliação do leque de atuação do governo federal, em especial da SNJ. Projetos como o Juventude Viva, Estação Juventude, Pajur –Programa de Autonomia da Juventude Rural, Participatório– o Observatório Participativo da Juventude, a Agenda Nacional de Trabalho Decente para a Juventude, Comitê Interministerial da Política Nacional de Juventude, Projovem, ID Jovem, Plano Nacional de Juventude e Meio Ambiente, Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural, dentre outros foram elaborados e postos em movimento a partir de um intenso processo de elaboração com participação da sociedade civil, como pode ser observado nas instância de participação da sociedade civil em espaços de formulação de políticas públicas propostas pela Secretaria Nacional de Juventude (Balanço da Gestão 2011-2014, 2014). No início do primeiro governo Dilma a mudança de maior envergadura foi a transferência do Projovem para ao MEC. Das diversas ações do Governo Dilma o Juventude Viva, com foco na redução da violência contra a juventude negra foi a ação de maior envergadura12. A pesquisa contida no Livro “Agenda Juventude Brasil” fornece um quadro sobre a recepção das políticas públicas de juventude no Brasil (Pinheiro et al., 2016). Ainda assim, o Pronatec –voltado para a qualificação profissional para a inserção no mercado de trabalho– foi um dos programas mais difundidos no Governo Dilma e muito associado à juventude.13 12. Ver Dulci e Macedo (2019) para um detalhamento do programa. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) foi criado pelo Governo Federal em 2011, por meio da Lei nº 12.513, com a finalidade de ampliar a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT), por meio de programas, projetos e ações de assistência técnica e financeira. 13. 181 Elisa Guaraná de Castro, Raphaella Miranda de Oliveira y Thiago Cruz Rico Quadro 4. Ações Governo Dilma – 2011-2014 Institucionalidade Ação Objetivo Plano Juventude Viva Ofertar ações nos 142 municípios brasileiros que concentraram, em 2011, 70% dos homicídios contra jovens. [...]Trata-se da primeira resposta à prioridade número 1 votada na I Conferência Nacional de Juventude: enfrentar a violência letal que atinge nossos jovens negros. [...]. 43 programas e ações pactuados pelos 11 ministérios. Parceria com o programa Estação Juventude (SNJ), com 40 projetos para municípios prioritários do Juventude Viva. Lançado em 2012. Estação Juventude Potencializar o acesso dos jovens às políticas públicas e, simultaneamente, disponibilizar para os gestores locais tecnologia para atuação pública na perspectiva de garantia dos direitos dos jovens. Desenvolvido por convênio com Estados e municípios [...] espaço de sociabilidade, expressão e interconexão, com instrumentos e equipe capacitada para informar, orientar e propiciar ações que fortaleçam os jovens em 28 percursos de inclusão, autonomia e participação. O Participatório – Observatório Participativo da Juventude Produção do conhecimento sobre a juventude brasileira, com participação e mobilização social da juventude. SNJ, Ministérios do Desenvolvimento Agrário, das Comunicações, da Cultura, o INCRA e a Companhia de Abastecimento Nacional do Brasil Programa de Fortalecimento da Autonomia Econômica e Social da Juventude Rural – PAJUR Ações conjuntas para a promoção e articulação de ações com foco em acesso a políticas públicas e direitos e o fortalecimento da autonomia e permanência digna dos jovens rurais no meio rural brasileiro. SNJ, INCRA e CNPq Residência Agrária Jovem (compoem o PAJUR) Formação, produção de conhecimentos, capacitação técnico-profissional, produção e disseminação de tecnologias sociais para estudantes de nível médio (15 a 29 anos) dos assentamentos de Reforma Agrária, da agricultura familiar e comunidades tradicionais e extrativistas. Formação Agroecológica e Cidadã de Juventudes do Campo (compõem o Pajur) Inclusão socioprodutiva da juventude Rural articulando o processo formativo com base nos princípios da agroecologia com política de inclusão produtiva, orientado pela assistência Técnica e ao processo de comercialização através do PAA, PNAE e aos mercados públicos e privados. Ministério do Desenvolvimento Agrário e Companhia de Abastecimento Nacional do Brasil Prioridade para a Juventude Rural para as Ações de Comercialização (compõem Pajur) Pontuação diferenciada para projetos de jovens e seleção de projetos nas chamada públicas [...] Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) ou para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), [...] Política de Garantia de Preço Mínimo dos Produtos da Sociobiodiversidade (PGPMBio). [...] capacitações de jovens e organizações de jovens rurais [...] aumento do acesso ao Programa de Aquisição de Alimentos Ministério das Comunicações e SNJ Inclusão Digital (compõem Pajur) Disponibilizar conexão digital por meio de antenas GESAC para comunidades rurais com ações com a juventude rural. SNJ e Ministérios da Cultura, Educação, Esporte, Justiça, Saúde, SecretariaGeral da Presidência da República, Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Trabalho e Emprego, Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS, Secretaria de Direitos Humanos-SDH/PR e Secretaria de Políticas para as Mulheres-SPM. Ministério do Desenvolvimento Agrário, CNPq, SNJ e CONAB. 6 Cursos em parceria com universidades federais: UFVJM, UFRPE, UFPI, UFRRO, UFSPA e UFPB. Um piloto SNJ, UNB e Unilab foi realizado antes dessa versão. 182 As Políticas Públicas de Juventude no Brasil BNDES e FBB Edital para o Fortalecimento da autonomia da Juventude Rural (compõem o Pajur) Apoio a Projetos Produtivos relacionados à inclusão produtiva da juventude rural desenvolvidos por grupos de jovens e organizações da sociedade civil. SNJ Estação Juventude Itinerante Rural (compõem o Pajur) Executar o programa em 9 Estados (AL, BA, MG, ES, RS, CE, TO, PB, SE) - SNJ, integrando políticas públicas nos territórios rurais. Ministério do Esporte Voluntariado – Programa Brasil Voluntário Jovens voluntários para a Copa das Confederações da FIFA em 2013 e Copa do Mundo da FIFA em 2014 Fonte: Balanço de Gestão 2011-2014 (2014). Como aponta Dulci e Macedo (2019) outro fator que demonstra a ampliação e diversificação da Política Nacional de Juventude no Governo Dilma são os Planos Plurianuais (PPA) de 2011-2014 e 2015- 2018, que contaram com ações e adesões de várias áreas do governo. PPA 2012-2015: A SNJ é responsável pelos objetivos e metas a seguir listados, que compõem o Programa 2044-Autonomia e Emancipação da Juventude no PPA: Objetivo 0276: coordenar as políticas de juventude, por meio da articulação das iniciativas governamentais e da intensificação da participação social.; Objetivo 0960: articular a implementação do Plano Nacional de Enfrentamento à Mortalidade da Juventude Negra (Juventude Viva); Objetivo 0988: implementar o programa Estação Juventude no território nacional, voltado para a produção e circulação de informações, a formação de redes sociais de interesse comum e experiências concretas de integração de políticas públicas capazes de modificar e enriquecer a realidade dos jovens, reafirmando a importância da dimensão.; Objetivo 0989: promover a autonomia e emancipação cidadã do jovem, com ações de capacitação e apoio à microprojetos produtivo juvenis. Vinculados a esses quatro objetivos temos também as metas.; O objetivo 0276 possui 21 metas vinculadas, sendo que uma está sob a responsabilidade do MMA para execução e apuração.; O objetivo 0960 possui quatro metas vinculadas, sendo que uma está sob a responsabilidade da SDH para execução e apuração.; O objetivo 0988 possui três metas vinculadas, todas sob a responsabilidade da SNJ para execução e apuração.; O objetivo 0989, possui três metas vinculadas, sendo que uma está sob a responsabilidade de execução e apuração da CODEVASF (Dulci e Macedo, 2019). Nesse PPA Juventude aparece na caracterização da população brasileira na seção demografia e na seção cidadania identificada como sujeito de direitos, tendo o Estado o dever de garantir, dimensões como o trabalho, a educação, o esporte e o lazer, caracterizadas por metas como a implementação das Praças dos Esportes e da Cultura, voltadas especialmente a áreas pobres das grandes cidades, a expansão do acesso às redes públicas e privada de educação profissional e superior e a 183 Elisa Guaraná de Castro, Raphaella Miranda de Oliveira y Thiago Cruz Rico combinação de ações de elevação da escolaridade, qualificação e inclusão digital, proporcionando o efetivo aproveitamento do bônus demográfico (PPA-2012-2015, 2011, p. 89). Na definição das Políticas Sociais as ações para a juventude ganham um destaque no item emancipação da juventude. O PPA 2016-2019 lançado ainda no governo Dilma apontou para a presença da juventude em todo o texto e a identificação do tema na elaboração do próprio PPA. Presente transversalmente em mais de 48 citações, a seção específica passa a ser denominada: Promoção dos Direitos da Juventude. Esse painel ainda em construção, se por um lado demonstra a diversidade, por outro a análise detalhada aponta que a Política Nacional de Juventude carece principalmente de escopo e priorização como política de Estado. Ainda assim, é no governo Dilma, em 2013, que o Estatuto Nacional da Juventude é sancionado, após 10 anos de tramitação no Congresso Nacional. Sem dúvida, a aceleração da aprovação no Congresso e sanção pela presidente Dilma deveu-se as Jornadas de Junho, que contou com importante participação das juventudes. No segundo mandato da presidente Dilma, interrompido pelo Golpe, uma importante ação foi o IDJovem, identidade que regulamenta a meia entrada (desconto de 50%) em atividades culturais, esportivos e assentos em transporte interestadual para jovens de baixa renda.14 Contudo, a mudança em abril de 2016 que alterou a posição da SNJ no Governo trouxe preocupações. Com a Lei n.º 13.266, de 5 de abril de 2016, a SNJ foi delegada ao novo ministério, Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos humanos (Silva, 2021). E principalmente, a não implantação do Sistema Nacional de Juventude-Sinajuve, com um Fundo específico para a Política Nacional de Juventude, ainda nos governos Dilma, apontou para uma estagnação na institucionalização das políticas públicas de juventude. Ou seja, acompanhamos ao longo de todo esse período o avanço no reconhecimento de direitos, no entanto, na estruturação como políticas de Estado, não temos o mesmo processo de consolidação (Cordeiro e Clementino, 2012). 14. Um documento de referência para o segundo mandato da presidente Dilma é Kit do Gestor-Políticas de Juventude (2015). 184 As Políticas Públicas de Juventude no Brasil DAS POLÍTICAS DE/COM E PARA A JUVENTUDE À VIRADA BOLSONARISTA TEMER O GOLPE E SEUS RETROCESSOS: A RETOMADA DA POLÍTICA NEOLIBERAL Após o golpe de 2016, Michel Temer assume uma postura de ruptura com o projeto de democratização das políticas públicas de juventude. Isto evidencia-se a partir do discurso e de ações disputando os rumos das políticas públicas de juventude. A narrativa em favor de políticas de “caráter técnico”, privilegiando ações centradas no empreendedorismo e na formação imediata de mão-de-obra técnica vai ao encontro da Reforma do Ensino Médio que também tomará curso no governo Temer. Se antes, nos governos Lula e Dilma, tínhamos políticas voltadas para a formação continuada e inserção estável no mercado de trabalho, direito à cidadania e participação no próprio Conjuve, no governo Temer, temos políticas voltadas para o empreendedorismo – numa ótica neoliberal– e para esportes. Isto, em cenário de amplo corte orçamentário, ou seja, de uma redução objetiva na capacidade de mobilização efetiva da SNJ e do Conjuve. Assim, em relação às políticas de juventude, o governo Temer, na contra-ofensiva aos direitos sociais, definiu-se pela retirada de direitos expressa nas reformas propostas, criando um cenário favorável aos grandes grupos educacionais na ponta de formação dos jovens com a Reforma do Ensino Médio e relações de trabalho precárias com a aprovação da Reforma Trabalhista (Silva, 2021, p. 161). Com o governo Temer, ocorre um movimento geral de enxugamento de políticas públicas, precedido de uma reorganização estrutural dos ministérios e secretarias federais. A Emenda Constitucional n.º 95 (Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos), apresentada em 2014 e promulgada em 15 de dezembro de 2016 é uma das mais claras expressões desse movimento de desidratação das políticas públicas. A Secretaria Nacional da Juventude foi um órgão especialmente afetado pelo corte de gastos, mas não só por ele. Boa parte das políticas públicas de juventude perdem verba ou são desativadas. Mesmo as políticas públicas de juventude que permanecem mudam de âmbito e escopo político. Porém, com o Projeto de Lei de Conversão Nº 20, de 2016 (após a Medida Provisória 726/2016), a SNJ seria ainda transferida de volta para a Secretaria de Governo da Presidência da República. Em um cenário político onde os gastos públicos foram sistematicamente reduzidos, as próprias políticas públicas da juventude passaram por cortes. O Programa Nacional de Combate ao Analfabetismo, 185 Elisa Guaraná de Castro, Raphaella Miranda de Oliveira y Thiago Cruz Rico por exemplo, foi extinto. Em contramedida, a Reforma Nacional do Ensino Médio, encampada por Temer era defendida enquanto uma formação para o mercado de trabalho. Se no campo da educação as políticas do governo Temer buscavam gerar esse “saldo” orçamentário quase imediato, essa justificação em torno do emprego, não seria diferente no campo das políticas de juventude. O Brasil Mais Jovem é criado e o Inova Jovem, e outros, redirecionam a Política Nacional de Juventude para a qualificação e inserção no mercado de trabalho imediato, ao passo que as políticas de cortes orçamentários e mudanças legislativas como a Reforma Trabalhistas, precarizam os direitos e criam a insegurança quanto ao acesso a empregos formais. O foco na formação de jovens para uma empregabilidade imediata, em detrimento de políticas de inclusão no sentido das ações dos governos Lula e Dilma, e de ampliação do sentido das políticas públicas de juventude, com um leque para além das ações de educação e trabalho, do governo Dilma, não constituem uma terceira geração de políticas públicas de juventude, uma vez que não se reordenam como uma Política Nacional de Juventude. Apesar do retorno à Presidência da República, se observou a diminuição da autonomia da SNJ, percebe-se que as ações das políticas públicas de juventude tornam-se cada vez menores e mais segmentadas. Ou seja, o papel de indutor e articulador político e de políticas públicas que a SNJ assume nos governos Lula e Dilma é esvaziado no período Temer. No caso do Brasil Mais Jovem, a política é implementada enquanto um pacote de ações divididas entre 13 ministérios. A notícia, que é possível localizar no site da Casa Civil, anuncia que o então presidente em exercício Temer em 15 de março de 2018, assinou, juntamente com o secretário nacional de Juventude o programa Brasil Mais Jovem 2018. Segundo o site15 afirma que o programa reúne “91 ações de 13 ministérios voltadas a interesses e necessidades dos jovens brasileiros”. As ações são Destacam-se as seguintes ações: Diagnóstico sobre a Juventude LGBT; Diagnóstico sobre a Juventude Real; Programa Inova Jovem; Implantação de 27 Estações Juventude; Plano Nacional de Startups e Empreendedorismo Juventude; Novo Plano Juventude Viva; Ampliação do Programa Forças no Esporte (Profesp) no Rio de Janeiro. No mesmo evento Temer também assinou o decreto que regulamenta o Sistema Nacional de Juventude (Sinajuve). Ou seja, por um 15. Não foi possível encontrar informações mais precisas até o momento. No entanto, existe uma publicação de 2017. Brasil mais Jovem (2017). Bem diferente do que vai ser registrado no n. 2018 da mesma publicação Brasil mais jovem 2018 (2018). 186 As Políticas Públicas de Juventude no Brasil lado Temer desmonta muitas políticas públicas estruturadas nos governos anteriores, reduz recursos para apenas 50 milhões, e assina um passo importante para a institucionalização das políticas públicas. No entanto, a versão do Sinajuve assinada é a proposta que estava tramitando no governo desde o governo Dilma, e que havia sido criticada duramente por representações juvenis por não apontar no sentido de um sistema, que organiza com recursos e estrutura a relação entre os entes federados e não garantir o Fundo Nacional de Juventude. Contudo, a versão aprovada e que começou a ser implementado em 2018 é, ainda uma versão mais destituído dessas finalidades. Trata-se principalmente de um sistema de informações, como pode ser conferido no documento de referência o subtítulo “uma gestão conectada e interativa” que aponta a linha que atravessa o decreto e os documentos de referência. Bem longe da proposta sustentada no Estatuto de ser um sistema indutor e que iria estruturar uma Política Nacional de Juventude, entre os entes federados, sob coordenação do governo federal. Dessa forma, e apesar de assinar o Sinajuve, a principal expressão das políticas públicas de juventude no governo Temer foi o Brasil Mais Jovem, com ações que se limitaram à produção de empregabilidade dos jovens a curto prazo, de modo alinhado tanto com outros projetos políticos do governo Temer, como a reforma do ensino médio, a reforma trabalhista e a PEC do corte de gastos. Para Silva (2021) o governo Temer foi marcado pela retirada de direitos sociais com as reformas. Podemos citar a Reforma Trabalhista, que retirou direitos assegurados, precarizando e avançando na uberização que tem na mão-deobra jovem seu principal recurso. Mas, também a Reforma do Ensino Médio, que como demonstram os autores, introduziu conteúdos como empreendedorismo e introduzindo mecanismos para as grandes corporações da educação e formação para inserção precarizada. Ao mesmo tempo em que mantinha ações de baixo alcance em relação às políticas públicas de juventude (Silva, 2021, p. 161). BOLSONARO E A DISPUTA DE UM PROJETO DE PAÍS COM A EXTREMA-DIREITA A chegada de Bolsonaro ao poder em 2019 representou não apenas a continuação de uma política econômica neo-liberal, mas uma disputa conservadora de valores e direitos. Uma disputa de sociedade. Como apontamos no início desse capítulo, a mudança com a chegada de um governo de extrema-direita é parte de uma disputa que tem início ainda no processo de reeleição da presidente Dilma. Em 2014 já havia um cenário de disputa de projeto de sociedade, com atores que se apresentaram de forma clara em oposição a processos democráticos e em especial a direitos humanos e sociais conquistados na Constituição de 1988. 187 Elisa Guaraná de Castro, Raphaella Miranda de Oliveira y Thiago Cruz Rico No governo Bolsonaro as políticas públicas da juventude passam a estar ainda mais alinhadas com o projeto de formação imediata de mão de obra técnica e volátil. Este ponto, pode ser considerado como uma continuidade e um desenvolvimento do projeto posto em pauta por Michel Temer. Numa perspectiva que ignora os jovens enquanto um grupo social vulnerável, ou que identificam associando a características que retroagem aos debates dos anos 1990, há um alinhamento discursivo entre a prática de precarização das instituições públicas e o desmonte das políticas de juventude. As consequências do golpe de 2016 atingiu fortemente a população pobre, aumentando a desigualdade e a exclusão social. Essas consequências atingiram principalmente os jovens pobres das periferias que sofrem com a instabilidade presente no mundo do trabalho, ainda mais com uma forte onda conservadora, privatista, visando à destruição de direitos sociais e trabalhistas. A Carteira Verde e Amarela, como exemplo paradigmático da política do governo Bolsonaro, é um símbolo de precarização por instituir uma condição diferenciada para trabalhadores jovens que trabalham nessa “modalidade”, sem os direitos, que ainda vigoram, mesmo após a Reforma Trabalhista, como férias e 13º salário.16 Na perspectiva da institucionalização das políticas públicas e aparato de estado, a Secretaria Nacional da Juventude (SNJ), com o Decreto Nº 9.673, de 2 de janeiro de 2019, foi transferida para da Secretaria de Governo da Presidência da República para o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Esse cenário provocou instabilidade e a descontinuidade das políticas públicas para a juventude que haviam sobrevivido ao período do governo Temer. No primeiro ano do governo Bolsonaro houve uma grande investida no desmonte da estrutura do Conjuve. No que diz respeito a SNJ os projetos propostos para a juventude nesse período consistem novamente no foco na capacitação dos jovens em tecnologia com a criação do projeto Espaço 4.0 com o objetivo de reduzir a exposição à criminalidade, a à dependência química e com objetivo da prevenção da integridade física de pessoas em situação de vulnerabilidade social. O governo retoma um discurso que caracteriza juventude como “público-alvo” quando 16. A Carteira Verde e Amarela, Medida Provisória nº 905/2019, que alterou muitos pontos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), está em vigor até dia 31 de dezembro de 2022. A nova carteira propõem a flexibilização da contratação, possibilita uma mão de obra super-explorada e mal remunerada com trabalhos aos domingos e feriados; privatiza o direito ao seguro acidente, a alimentação dos trabalhadores deixa de ser contabilizada nos impostos trabalhistas e reduzindo a multa trabalhista por demissão sem justa causa de 40% para 20%, etc. Essa nova carteira de trabalho tem na mão de obra jovem seu principal alvo, para trabalhar em situações precárias e insalubres, sem seus direitos garantidos. 188 As Políticas Públicas de Juventude no Brasil identificada com problemas, ou caracterizada como potencialmente em risco. O Empreenda Jovem (urbano e rural), com o objetivo de auxiliar os jovens a abrirem pequenos negócios, aliado à Carteira Verde e Amarela materializam um projeto neo-liberal. A SNJ ganha uma nova identidade, liberal e conservadora, com o objetivo de introduzir os jovens no mundo do trabalho, mas um trabalho precarizado e sem seguridades. Esse governo expressa a redução de direitos sociais da juventude e investe na desmobilização dos movimentos estudantis; promovendo desigualdades e exclusão social diante dos retrocessos impostos as políticas de juventude, principalmente no que diz respeito a disposição de fomentar um ambiente inclusivo para os jovens. A análise do PPA 2020-2024 nos surpreende com a ausência absoluta da palavra juventude que não aparece uma única vez. Já no Relatório de Gestão da Secretaria Nacional da Juventude aparece uma explicação sobre o que chama, de reestruturação: PPA 2020-2023 –Após a reestruturação da pasta, foi elaborado, de forma integrada ao planejamento estratégico descrito, o programa 5034– Proteção à Vida, Fortalecimento da Família, Promoção e Defesa dos Direitos Humanos para Todos, do PPA 2020-2023, que incorpora as novas diretrizes ministeriais, como a integração das perspectivas da família, da mulher, da proteção à vida e da juventude, além da proteção global dos indivíduos (Relatório de Gestão 2019-Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, 2019). As ações do Governo Bolsonaro mapeadas a partir do site da SNJ e o Relatório de Gestão do MMFDH apontam a manutenção do IDJovem, vigorando desde o governo Dilma e outras 3 ações: Quadro 5. Governo Bolsonaro – ações em 2019 Institucionalidade SNJ Ação Objetivo Programa Espaço 4.0 Promoção de ambiente criativo de inovação com instalação de contêineres com recursos tecnológicos de ponta para desenvolvimento de ações com ênfase na modernização tecnológica. Foram atendidos 20 municípios em diversas regiões do país, incluindo o Distrito Federal, executando 81% do orçamento da unidade. Público-alvo jovem que se encontra em áreas de vulnerabilidade social. Programa Horizontes Fomentar e desenvolver o empreendedorismo resiliente e a inovação entre os jovens de 18 a 29 anos, com foco no ser humano, fortalecimento de suas capacidades de lidar com problemas, superar obstáculos, adaptar-se às mudanças e reagir positivamente frente as adversidades. Prêmio de Inovação em Políticas Públicas de Juventude o objetivo de premiar experiências que possam implementar inovações em políticas públicas voltadas para a juventude nos municípios brasileiros. Fonte: Relatório de Gestão 2019-Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (2019). 189 Elisa Guaraná de Castro, Raphaella Miranda de Oliveira y Thiago Cruz Rico O projeto de disputa de projeto de sociedade e a utilização do aparato de governo em uma perspectiva de redução de espaços democráticos de gestão e participação social ficam mais evidente ao olharmos para a trajetória do Conuve e de outras formas de mapear a participação política das juventudes brasileiras, como veremos à seguir. PARTICIPAÇÃO COMO MÉTODO DE GOVERNO O CONJUVE Nos governos Lula, a questão da juventude foi levada para os âmbitos do Poder Executivo e Legislativo, com a participação da sociedade civil. O Conselho Nacional da Juventude é um dos principais espaços de participação social dos jovens para a construção e monitoramento de políticas públicas. O formato de Conselhos como forma de participação social data do período pós Constituição de 1988. O Conselho Nacional de Juventude, instituído em 2005, atua diretamente para a elaboração da Política Nacional de Juventude, a partir de elementos de estudos gerados por suas câmaras temáticas e pelas conferências nacionais de juventude. A Lei Nº 11.129 de 2005 instituiu o Conselho Nacional da Juventude enquanto um órgão consultivo dentro da política institucional da juventude. Sua primeira gestão foi articulada através de um sistema de indicações. Contando com 60 membros, o Conjuve de 2005 funcionou por meio da divisão de tarefas interna ao conselho e da abertura para a sociedade civil, realizando plenárias, enfocando o caráter do Conjuve como órgão consultivo para a elaboração e monitoramento de políticas públicas para a juventude. Internamente, havia membros tanto da sociedade civil (40 representantes) quanto representantes políticos do Poder Público Federal (20 representantes) (Novaes et al., 2006). Desde o ano de 2006 a formação do Conjuve se dá por um processo eleitoral, via edital bianual, onde são eleitas as entidades da sociedade civil que se mobilizam pela pauta da juventude e políticas públicas da juventude. As outras 20 representações do conselho são dadas por indicação e consistem em membros do poder público. Em 2010 havia 11 conselhos estaduais e 94 conselhos municipais (Novaes e Alvim, 2014). Ainda assim, o caráter consultivo e não deliberativo, como em alguns outros conselhos, pode ser lido como um formato que tem menos incidência nas decisões do poder executivo e mais suscetível a mudanças de rumos de governos. Outro ponto central na articulação interna do Conjuve é a sua composição plural, desde a sua fundação, o Conjuve conta com jovens de diversas bandeiras políticas, como da UBES (União Brasileira de Estudantes Secundaristas), da UNE (União Nacional dos Estudantes), trabalhadores rurais, indígenas, negros, LGBTQIA+, etc. Essa diversidade forma uma representação composta por jovens interessados e 190 As Políticas Públicas de Juventude no Brasil engajados no fazer da política, e nas políticas públicas para juventude, sendo assim a participação ativa dos jovens forma o eixo central dos conselhos e do conselho, democratizando o fazer das políticas públicas no Brasil. Há uma relação reflexiva nesse espaço político, pois ao comportar jovens de movimentos sociais da juventude, o Conjuve torna-se um meio de reivindicação dessa nova categoria, que encontra o devido reconhecimento pelo Estado, enquanto sujeito de direitos. PARTICIPAÇÃO E INSTITUCIONALIZAÇÃO DA JUVENTUDE Uma das consequências da institucionalização dos e das jovens como sujeitos de políticas públicas específicas foi a criação de organismos públicos destinados a promover ações no âmbito governamental executivo, em conjunto com a sociedade civil, assegurando uma horizontalidade participativa, buscando uma maior comunicação entre os jovens. Algumas vertentes que contribuíram para que a juventude fosse posta como pauta nas agendas de políticas públicas consistem de organizações de juventudes e partidos declaradamente de esquerda e progressistas, como juventudes de partidos e movimentos negros, LBGTQIA+, culturais em geral, todos imbricados diretamente com as pautas da juventude. Portanto, a institucionalização de direitos e políticas públicas de juventude no Brasil, ocorrida desde o governo Lula foi uma conquista das juventudes, levada a cabo por múltiplos militantes, organizações e coletivos de diferentes bandeiras políticas e repertórios de atuação, que têm como ponto em comum a luta da juventude. As conquistas institucionais da juventude são uma consequência direta da participação da própria juventude nos espaços de deliberação democrática no Brasil, na vida política da jovem democracia brasileira. A criação da Conjuve não é uma deliberação mecânica de um governo particular, de modo a “forçar” a participação, mas o atendimento de uma demanda histórica de uma categoria que tardou a ser reconhecida na democracia brasileira. Como argumenta Ana Luiza Salles Souto, a participação da juventude cresceu no Brasil em vários setores da política, como: participação eleitoral (título de eleitor), organização em partidos, em entidades da sociedade civil e associações. Entre os anos 2000 e 2004, a participação eleitoral dos jovens de 16 e 17 anos teve um crescimento expressivo (chegando a 3.659.265 de votantes em 2004). Se nos atentarmos para o fato de que no Brasil, o voto dos jovens nessa idade é facultativo, ou seja, não-obrigatório, esse crescimento evidencia um aumento social do engajamento na política brasileira, o que significa aumento do interesse e participação política dos jovens em nível nacional. Portanto, as conquistas consolidadas no âmbito do Estado 191 Elisa Guaraná de Castro, Raphaella Miranda de Oliveira y Thiago Cruz Rico para as juventudes são consequências de uma articulação da sociedade civil. Podendo-se argumentar que no Brasil, a participação dos jovens foi a causa e não a consequência da implementação das políticas públicas de juventude. Ainda que, o reconhecimento, a visibilidade e as políticas públicas direcionadas para a juventude tenham potencializado e consolidado juventude como uma categoria política de disputa de direitos e acesso a recursos públicos. Sem dúvida que a disposição dos governos Lula e Dilma, que trataram a participação social como uma proposta de política pública e de direito, permitiu a consolidação de mecanismos concretos de participação das juventudes incidindo na formulação e monitoramento das políticas públicas de juventude. A participação dos jovens na construção do Conjuve se deu, no âmbito federal, e fortaleceu a regionalização das políticas públicas de juventude, como a partir da integração das pautas das juventudes pelas câmaras municipais no Brasil. Wagner de Melo Romão, escrevera, em documento direcionado ao Conjuve que: Pude participar, ainda na Câmara Municipal de São Paulo, da criação de um desses primeiros espaços, a Comissão Extraordinária de Juventude, proposta pelo vereador Nabil Bunduki e que teve em Helena Abramo uma de suas principais articuladoras. A temática da juventude começava a ganhar espaços mais institucionalizados, com a criação da Coordenadoria de Juventude, na Prefeitura de São Paulo (...). Foi com a participação de organizações da sociedade civil, grupos de jovens, militantes de partidos políticos, que conseguimos que ela vingasse e se tornasse um espaço político de referência na cidade de São Paulo e mesmo em outras cidades brasileiras, que criaram também suas estruturas de participação dos jovens e das jovens, no Legislativo e no Executivo. A novidade do Conjuve é que pela primeira vez o governo federal traz para si a responsabilidade de dar funcionamento a um órgão formado majoritariamente pela sociedade civil (Romão, 2006, p. 123). O Conjuve, portanto, concretiza esse duplo aspecto da mobilização política da juventude, tanto no âmbito da sociedade civil organizada, quanto no âmbito do Estado e do governo em prol de políticas públicas e reconhecimento. O que marca a particularidade desse formato, como destaca Wagner de Melo, é a complementariedade entre Governo Federal e Sociedade Civil na efetivação das políticas públicas através da chave central da participação democrática. Não sem tensões e disputas. PARTICIPAÇÃO E FUNDO NACIONAL DE JUVENTUDE Um exemplo da atuação política das e dos jovens através e junto ao Conjuve é a disputa envolvida pelos recursos do fundo público e criação do Fundo Nacional de Juventude que deveria ser a condição 192 As Políticas Públicas de Juventude no Brasil para a implementação do SINAJUVE previsto no Estatuto da Juventude. A reivindicação de um fundo público para uso exclusivo em políticas públicas de juventude trouxe tensionamentos e disputas que envolveram diretamente o acesso e uso de verbas públicas para o financiamento de projetos e políticas públicas para a juventude. A não-existência de um fundo nacional reservado para as PPJ foi, portanto, posta em pauta dentro do Conjuve (Reis, 2018). A saber: a reivindicação pelo fundo público consiste na demanda de um fundo de verbas governamental reservado para o uso exclusivo em políticas públicas da juventude. Está posta a partir do momento em que as políticas públicas da juventude são realizadas com verbas concentradas oriundas de diferentes fontes, de diversos ministérios e setores do governo federal. Contudo, apesar da criação da SNJ, não há ainda uma centralidade no gerenciamento dos recursos destinados às políticas públicas de juventude. A reivindicação pelo Fundo Nacional de Juventude é uma demanda presente desde a primeira Conferência Nacional de Juventude-CNJ (2008), reapresentada na II CNJ (2011) e na III CNJ (2016). Defendida no Conjuve e nas imbricações com outros setores do Estado por diversos agentes políticos e da gestão de Severine Macedo, então Secretária Nacional de Juventude, quando da apresentação para a regulamentação do Sistema Nacional de Juventude. A defesa convergia sob o entendimento de ser esta uma exigência do Estatuto da Juventude, que prevê financiamento federal e dos demais entes federados, para as políticas públicas de juventude. Contudo, a proposta do SINAJUVE enviada ao Congresso Nacional não incluiu o Fundo Nacional de Juventude, e não compõem o Decreto N° 9.306, de 2018, que finalmente regulamenta o SINAJUVE, como veremos à diante. A resistência ocorreu em diversos setores e no próprio congresso. Denise Maria dos Reis (2020) aponta que há dentro desse novo espaço de articulação que une sociedade civil e governo federal, tensões e disputas do projeto nacional de políticas públicas. A luta pelo fundo público não é exceção nesse caso. Como argumenta Reis, A presidenta do CONJUVE afirmou que a criação do Fundo Nacional de Juventude não era uma prioridade naquele momento e assinalou que o parlamento brasileiro havia apresentado pautas legislativas conservadoras e até reacionárias do ponto de vista dos direitos conquistados pelas minorias de mulheres, LGBTs, negros, entre outros, influenciando diretamente o segmento populacional juvenil. Diante desse risco, o CONJUVE passou a combater muito mais os possíveis retrocessos do que lutar por avanços (Reis, 2020, p. 11). 193 Elisa Guaraná de Castro, Raphaella Miranda de Oliveira y Thiago Cruz Rico Reis argumenta que há uma coexistência entre o novo e o velho, por assim dizer, no aparato deliberativo das políticas públicas. Ou seja, de que houve uma democratização dos aparatos do Estado através da participação da categoria de juventude nos anos 1990/2000, no entanto essa ampliação coabitaria com um ambiente de representação verticalizado, o que a autora classifica como “representação da representação” (Reis, 2020, p. 13). Para a autora teria havido, especialmente nos primeiros anos, uma disputa geracional dentro do Conjuve. Entre os antigos militantes, formados no contexto da década de 1990 e os novos militantes, inseridos no contexto da década de 2000. Pois, ideologicamente, haveria duas tendências de reivindicação de políticas públicas no Conjuve, expressas nesse corte geracional da onde os militantes mais antigos tendem a defender políticas de redistribuição –associadas a um caráter de classe, políticas trabalhistas para a juventude– e os mais novos tendem a defender políticas de reconhecimento, ligadas ao debate LGBT de raça, de gênero, enfim, sobre identidades. Considerando essa uma análise preliminar do processo de formação do Conjuve, cabe reforçar a complexidade dos conselhos como espaços de gestão da disputa entre sociedade civil e representação governamental, e das agendas e disputas da própria sociedade civil. Essa disputa interna por percepções de políticas públicas atenua-se num cenário político mais recente de desmobilização da categoria da juventude sobre a pauta das políticas públicas. Desde o Golpe e a ascensão do Bolsonaro abre-se espaço para os setores conservadores e mesmo de extrema-direita da sociedade e do poder público, que subvertem instâncias como o Conjuve, e outros conselhos, para a instrumentalização das suas agendas políticas, como trataremos a seguir. A PARTICIPAÇÃO DA JUVENTUDE E O CONJUVE HOJE Com a eleição do governo Bolsonaro observamos uma desmobilização da participação da juventude nos espaços de representação governamental, e mesmo uma tendência geral de desmobilização dos e das jovens nos últimos 4 anos. Se, como apontou Ana Luiza Salles Souto, tivemos um crescimento expressivo na participação eleitoral dos jovens no Brasil em 2004, chegando a 3.659.265 de votantes (entre 16 e 17 anos), em 2022, esse número está reduzido a menos da metade: 1.754.646. Desmobilização que também se expressa num ponto essencial para a formação da juventude, que é o Enem, vestibular para o ingresso no ensino superior público, que, em 2022 teve a 2ª menor taxa de inscrições desde 2005 (ano de inauguração da política), de 3.396.597, menor que essa taxa apenas a de 2021 (ano pós-pandêmico), com 3.109.762. Assusta ainda a taxa de abstenção, que em 2022 foi de 26,7%. Identificar a queda na participação da juventude no Enem e 194 As Políticas Públicas de Juventude no Brasil a queda na participação eleitoral dos jovens é um primeiro elemento que chama atenção nesse cenário recente. Ambos os dados são expressão de formas de desmobilização das juventudes. Pois, como demonstrado antes, não é apenas a ação governamental a responsável pela ampliação dos direitos, mas a reivindicação ativa da juventude enquanto sociedade civil. Gostaríamos de apontar uma possível leitura do impacto da desmobilização dos movimentos de juventude como tendo consequências políticas expressivas nos órgãos representativos do governo federal como o Conjuve. A ascensão de um governo de extrema-direita é diretamente responsável pelo desmonte e desmobilização desses espaços de representação e mesmo da regressão do debate de políticas públicas a nível nacional. A disputa dos coletivos e movimentos juvenis progressistas, passa a ser de resistência contra retrocessos que remontam aos direitos conquistados na Constituição de 1988. A própria composição interna do Conjuve no governo Bolsonaro consiste num recorte mais à direita de atores políticos da juventude. É claro que ainda permaneceram setores de esquerda e progressistas compondo o Conjuve, mas a disputa se apresentou mais no sentido de resistir às tendências reacionárias, do que pautar um debate de avanços por direitos e políticas públicas de juventude. Como tratado anteriormente, o próprio caráter das PPJ mudou no governo Jair Bolsonaro, mas ressaltamos aqui que isto está diretamente relacionado com a mudança, também, da forma de participação política das juventudes enquanto sociedade civil no aparato público do Estado. Portanto, observada a trajetória histórica da mobilização e reconhecimento da categoria juventude, e a efetivação da participação política como método de governo a partir do governo Lula, há de se ressaltar que a chave para a ampliação dos direitos e garantias da juventude no Brasil hoje, passa, também, pela retomada do Conjuve, como participação política da sociedade civil organizada em órgãos de mobilização e reivindicação-consultivos ou não. CONSIDERAÇÕES DE UM PROCESSO EM CURSO O esforço de construção de um primeiro mapa, observando a institucionalização de direitos e políticas públicas, apontou para uma percepção clara, de que o processo recente no Brasil não se deu de forma linear e acumulativa em uma direção de consolidação de uma política de Estado. Temos sem dúvida, um avanço na visibilidade e no reconhecimento da juventude como um público específico para o qual governos devem apresentar respostas. Contudo, observamos uma intensa disputa de sentidos, ainda em curso, tanto da categoria juventude, quanto dos aparatos ainda muito recentes criados no sentido 195 Elisa Guaraná de Castro, Raphaella Miranda de Oliveira y Thiago Cruz Rico do reconhecimento dos direitos para essa “população”. Sem dúvida o Estatuto da Juventude é um divisor de águas e, talvez, sua inexistência colocasse o cenário de desestruturação de políticas públicas alcançadas nos governos Lula e Dilma, em quadro ainda pior. A permanência IDJovem, mesmo no governo Bolsonaro é um exemplo. Contudo, a análise dos Planos Plurianuais dos governos FHC, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro nos mostra um retrato da intensa disputa em curso. De jovem em situação de risco, sem uma identificação clara; passando pela inclusão como objetivo com programa e orçamento definidos, no segundo governo Lula; para uma ampliação de caracterização e objetivos nos governos Dilma; e para o desaparecimento no PPA do Governo Bolsonaro. Um exercício que nos mostra os avanços e retrocessos da institucionalização, do acesso à direitos, do reconhecimento e do acesso a redistribuição. Esse mapa, ainda incompleto, retoma Fraser (2006) e traz Buttler (2003), para uma percepção de como agendas e construções das políticas públicas estão carregadas de uma permanente disputa. Afirmamos que sim, o reconhecimento da juventude como sujeito de direitos e as políticas públicas construídas nessas mais de duas décadas são fortemente susceptível ao cenário político nacional. Mas é fundamental observar, que quando o cenário foi amplamente favorável, especialmente no segundo governo Lula e primeiro governo Dilma, um processo rico de intensa construção com a juventude pareceu encontrar limites na estrutura governamental, ou ainda, de reconhecimento da sua relevância. A disputa por agendas políticas, como tratado em Butler (2003), por isso mesmo, é importante para compreendermos os avanços marcados por pressões, tensões e negociações entre os diferentes atores envolvidos: gestores e representantes da sociedade civil. Outra sinalização importante apareceu na Pesquisa Agenda Juventude Brasil –pesquisa realizada pela SNJ com amostra nacional, em 2013– perguntados sobre fatores importantes para sua vida, a maioria escolheu como respostas: esforços pessoais e apoio da família. Apenas 2,9% consideraram que as políticas de governo tinham alguma relevância para sua vida. Perguntados sobre quem tem mais importância para garantir direitos, as políticas de governo, apareceu como a principal resposta. As perguntas sobre as políticas públicas de juventude mostraram que a maioria não as conhecia. Ou seja, ao longo do importante processo de institucionalização das políticas públicas e dos direitos das juventudes no Brasil, a percepção para os e as jovens separa direitos e a vida cotidiana (Ribeiro, 2016). No cenário desde o Golpe, outro elemento é parte dessa disputa: a informação. Documentos que registram o processo de construção dessas políticas públicas e outras, desapareceram de repositórios e sites 196 As Políticas Públicas de Juventude no Brasil oficiais. Para buscarmos informações contamos com repositórios que foram criados por ex-gestores e por análises publicadas sobre essa trajetória. Observamos assim que a própria construção de um Estado e seus aparatos com acesso e controle social, com ampla participação social, é parte da disputa de projetos nesse período recente. Uma maneira de materializar a disputa é com o apagamento. Esse primeiro esforço de cobrir a história ainda recente dos direitos e das políticas públicas de juventude no Brasil aponta a complexidade da empreitada. Faz-se necessário um diálogo, mais intenso, com o debate sobre sociedade civil e Estado; com os gestores e aqueles que estiveram na condição de representantes da sociedade civil; com o mapa das organizações juvenis e sua atuação nesse processo; com orçamento e a execução dessas ações elencadas. Ficamos com a percepção de que a grande conquista política foi que juventude é agenda de governo, mesmo nos períodos mais sombrios da nossa história. Contudo, as políticas públicas, como vimos podem potencializar ou interditar a própria representação e participação das juventudes, e sem dúvida essa é uma disputa ainda em curso. No novo cenário de eleição do Governo Lula (2022) essa possibilidade está novamente posta, mas observa-se a importância da organização e mobilização em nível nacional das juventudes, que só é reconhecida como juventude, sujeito de direitos, à medida que se faz juventude na luta política. 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Políticas públicas de juventud en América Latina: políticas nacionales, 1–35. https:// www.scielo.br/j/rbedu/a/dH674czshpNpQDsJ8vsJHLh/?lang=pt 203 SOBRE AUTORES Y AUTORAS ALEJANDRO GERMÁN COZACHCOW Doctor en Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires). Miembro del Grupo de Estudios sobre Políticas y Juventudes (GEPOJU) del Instituto de Investigaciones Gino Germani (Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires). Integrante del Grupo de Trabajo Clacso “Infancias y Juventudes”. BRUNO COLOMBARI Magíster en Desarrollo Territorial y Urbano por la Universidad Nacional de Quilmes. Licenciado y profesor en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Diplomado en Estudios y Políticas de Juventud por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Docente e investigador del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (ICSE/UNTDF). Coordinador de la Licenciatura en Sociología del ICSE/UNTDF (2019-2023). Director de los proyectos avalados y financiados por la UNTDF “Problemáticas y representaciones juveniles en torno al Estado y la política” (20172019) y “Condiciones juveniles insulares. Un estudio sobre las formas de sociabilidad de jóvenes en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur” (2019-2022). Integrante del Grupo 205 Sobre autores y autoras de Trabajo “Infancias y Juventudes” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. CAROLINA CIORDIA Doctora (con mención en Antropología) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), profesora de Enseñanza Media y Superior en Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras por la misma universidad. Es docente e investigadora en las Facultades de Ciencias Sociales y de Filosofía y Letras (UBA), respectivamente. A su vez, es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA, y es integrante del GT Infancias y Juventudes de Clacso. Su campo de estudio es de las políticas públicas de protección y promoción de derechos de las infancias y las juventudes. Publicó numerosos artículos en revistas académicas y capítulos de libros, y es co-compiladora del libro Por una antropología de las políticas públicas. Perspectivas de análisis y cambios de signo de las políticas de la region (2022), Buenos Aires: Teseo. DANIELA LEÓN CASTAÑO Trabajadora social de la Universidad de Caldas, magíster en Educación y Desarrollo Humano del Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud de la Alianza CINDE-Universidad de Manizales, integrante del Grupo de Trabajo CLACSO en Juventudes e Infancias. Actualmente directora de Docencia de la Universidad de Manizales. DIEGO BERETTA Licenciado en Ciencia Política, magister en Gestión Pública y doctorando en Ciencia Política (Universidad Nacional de Rosario). Docente e investigador Facultad de Ciencia Política y RRII (UNR) y Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (UNL). Coordinador Grupo de Estudio sobre juventudes y políticas de juventud del Instituto de investigaciones de la Facultad de Ciencia Política y RRII (UNR). Integrante del equipo Política Social y Condiciones de Vida del Instituto de investigaciones de la Fac. Ciencias Jurídicas y Sociales (UNL), Integrante del GT Infancias y Juventudes de CLACSO. DOLORES ROCCA RIVAROLA Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. Docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 206 Sobre autores y autoras EDUARDO JAVIER PEREYRA Posdoctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud (Universidad Católica de Sao Paulo, CINDE-Universidad de Manizales, COLEF, Universidad Nacional de Lanús y CLACSO). Doctor en Política y Gobierno y licenciado en Ciencia Política de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba UCC. Magister en Diseño y Gestión de Programas Sociales (FLACSO Argentina). Docente e investigador de la Facultad de Ciencia Política y RRII de la UCC. Integrante del GT Infancias y Juventudes de CLACSO. Elisa Guarana de Castro: doutora em Antropologia, professora titular da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro onde leciona na graduação, na Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade (CPDA) e na Pós-Graduação em Ciências Sociais (PPGCS). É integrante do Núcleo de Antropologia da Política. Integra o Grupo de Trabalho Infancias y juventudes - CLACSO. Co-coordenadora do Grupo de Trabalho CNPq- Gênero e Ruralidades. Tem experiência nos seguintes temas: Marcadores sociais, juventude e participação política, questão agrária, juventude, juventude rural, políticas públicas, gênero, sexualidade e identidade política. GABRIELA ROIZEN Profesora en Enseñanza Media y Superior en Ciencias Antropológicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Becaria doctoral de CONICET y doctoranda en Ciencias Sociales por la UBA. Integrante del Grupo de Estudios de Políticas y Juventudes (GEPOJU) del Instituto de Investigaciones Gino Germani (Facultad de Ciencias Sociales, UBA). Miembro del Grupo de Trabajo de Clacso “Infancias y Juventudes”. Docente en la carrera de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales, UBA. JORGE BENEDICTO MILLAN Licenciado en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Sociología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia con Premio Extraordinario. Es catedrático de Sociología en el Departamento de Sociología II de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED donde imparte, desde sus comienzos, la materia de Sociología Política y otras de la misma especialidad. Ha sido profesor visitante en la Universita degli Studi di Firenze y en el Institut National de la Recherche Scientifique de Quebec. Tiene reconocidos cinco quinquenios de docencia y cuatro sexenios de investigación. Actualmente es el presidente del Comité de Investigación en Estudios de Juventud de la Federación Española de Sociología y miembro del equipo de investigación de la UNED de 207 Sobre autores y autoras la Red de Estudios sobre Juventud y Sociedad [Redes de Excelencia CSO2017-90618-REDT]. Ha sido director de Investigación del Centro de Investigaciones Sociológicas, responsable del Comité de Investigación de Sociología Política en la F.E.S. y Director del Posgrado en Juventud y Sociedad organizado por la UNED y el INJUVE. Ha sido consultor de la Organización Iberoamericana de la Juventud y asesor internacional del PNUD-Honduras. JUAN ANTONIO TAGUENCA BELMONTE Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesor-investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Líder del Cuerpo Académico “Estudios Políticos Comparados”. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, nivel 1. Líneas de investigación: juventud, participación ciudadana, cultura política y democracia. MARIANA LIGUORI Magíster en Investigación en Ciencias Sociales y licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. Becaria CONICET (20162022) y doctoranda en la Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Integrante del Grupo de Estudios de Políticas y Juventud (GEPoJu-IIGG, UBA) y miembro del Grupo de Trabajo CLACSO “Juventud e Infancias: políticas, culturas e instituciones sociales”. Docente de grado en la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales –UBA. Asistente académica del Diplomado Superior en Juventudes. Desigualdades, Culturas y Políticas, Red de Posgrado. CLACSO MELINA VÁZQUEZ Posdoctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud (Universidad Católica de Sao Paulo, CINDE-Universidad de Manizales, COLEF, Universidad Nacional de Lanús y CLACSO), doctora en Ciencias Sociales y magíster en Investigación en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Investigadora independiente del CONICET. Profesora adjunta a cargo de la asignatura Sociología de la infancia, adolescencia y juventud de la Carrera de Sociología de la UBA. Co-coordinadora del Grupo de Estudios de Políticas y Juventudes (GEPoJu, IIGG-UBA), del Grupo de Trabajo CLACSO “Juventudes, Infancias” y del Observatorio Latinoamericano y Caribeño en primeras infancias, infancias y juventudes. 208 Sobre autores y autoras OLIVIA CRISTINA PEREZ Doutora em Ciência Política (2010) e mestre em Sociologia (2006) pela Universidade de São Paulo (USP). Professora na Universidade Federal do Piauí (UFPI) nos cursos de bacharelado e mestrado em Ciência Política e mestrado e doutorado em Políticas Públicas. Líder do Grupo de pesquisa Democracia e Marcadores Sociais da Diferença e integrante do GT Infâncias e Juventudes da Clacso. Bolsista produtividade do CNPQ. PABLO VOMMARO Posdoctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud (Universidad Católica de Sao Paulo, CINDE-Universidad de Manizales, COLEF, Universidad Nacional de Lanús y CLACSO). Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Investigador independiente del CONICET. Profesor e investigador en las facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias Sociales (UBA). Co-coordinador del Grupo de Estudios de Políticas y Juventudes (GEPoJu, IIGG-UBA). Integrante del Grupo de Trabajo CLACSO “Juventudes, Infancias”. Director de la Colección Las juventudes argentinas hoy, Grupo Editor Universitario, con 45 libros publicados entre 2015 y 2022. RAPHAELLA MIRANDA DE OLIVEIRA Cursa graduação em Ciências Sociais na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Integra o Grupo de Pesquisa Juventude e Participação Política, identidades e Representação Social (UFRRJ). Atua na pesquisa A Juventude no olho do furacão: identidades, ação política e organizações de juventude no Brasil (UFRRJ/ GT Infancias y Juventudes – CLACSO). RENÉ UNDA LARA Doctor en Ciencias Sociales. Niñez y Juventud por la Universidad de Manizales (Colombia). Profesor investigador de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador. Coordinador del Grupo de Investigación sobre Niñez, Adolescencia y Juventud, CINAJ-UPS. Integrante del Grupo de Trabajo CLACSO “Juventudes, Infancias”. Líneas de investigación: participación ciudadana, acción colectiva y Estado, políticas públicas, juventud e infancia. ROBERT GONZÁLEZ GARCÍA Doctor en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesor-investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México. Profesor asociado del 209 Sobre autores y autoras Departamento de Sociología de la Universitat Autònoma de Barcelona, España. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT (nivel 1). Líneas de investigación: participación ciudadana, políticas públicas, juventud e infancia y movimientos sociales. THIAGO CRUZ RICO Cursa graduação em Ciências Sociais na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Integra o Grupo de Pesquisa Juventude e Participação Política, identidades e Representação Social (UFRRJ). Atua na pesquisa A Juventude no olho do furacão: identidades, ação política e organizações de juventude no Brasil (UFRRJ/ GT Infancias y Juventudes – CLACSO). WANDA PEROZZO RAMÍREZ Socióloga por la Universidad del Rosario (Colombia). Doctoranda en Ciencias Sociales en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Integrante del Grupo de Estudios de Políticas y Juventudes (GEPoJu) del Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG-UBA). Integrante del Grupo de Trabajo de CLACSO “Infancias y Juventudes”. YADIRA PALENZUELA FUNDORA Doctora en Psicología, Universidad de Chile. Psicóloga y máster en Psicología Educativa, Universidad de La Habana, Cuba. Magíster en Análisis Sistémico Aplicado a la Sociedad, Universidad de Chile. Núcleo de Investigación y Acción en Juventudes de la Universidad de Chile y miembro del GT Infancia y Juventudes de CLACSO. 210 C O L E C C I Ó N G R U P O S D E T R A B A J O A lo largo de los seis capítulos de los que consta este libro se obtiene una visión muy interesante de la compleja posición que hoy ocupan los jóvenes en diferentes países de América Latina y de la dialéctica que vincula entre sí –no siempre de forma armoniosa– las prácticas participativas juveniles y las acciones estatales dirigidas al desarrollo de su condición ciudadana, reconociéndoles como actores con responsabilidades en la marcha de los procesos colectivos de la sociedad. Ambas dimensiones son analizadas en una serie de trabajos que constituye una muestra significativa de la labor que se viene desarrollando en los últimos años en el seno del Grupo de Trabajo sobre Infancia y Juventudes de CLACSO, en el que colaboramos científicos sociales de diferentes países iberoamericanos. Una labor que, además, como pone de manifiesto este libro, se realiza desde una óptica colaborativa de corte comparativo, lo que permite ofrecer una imagen mucho más rica y completa de la realidad juvenil latinoamericana. Del Prólogo. 9