BANCA Y REGIÓN EN COLOMBIA,
1850-1880
Juan Santiago Correa R.*
U
na de las discusiones más fecundas y de mayores alcances del
siglo XIX giró en torno al sistema monetario y el desarrollo del
sector bancario en Colombia. El comienzo de la vida republicana
debió enfrentar las penurias fiscales derivadas de la independencia y
de los conflictos civiles que pronto se generaron entre las diferentes
facciones políticas. Así mismo, la débil vinculación al comercio internacional y el peso de la deuda externa hicieron aún más difícil la
tarea de organizar un sistema monetario y bancario en el país.
Las soluciones que se propusieron a lo largo del siglo estuvieron
determinadas por el debate político y la lucha de poder dentro de las
élites regionales, y en el ámbito nacional entre los grupos políticos
que se consolidaron en ese período. Más allá de su viabilidad o su
validez técnica, esas soluciones estaban ligadas de manera indisoluble
a la visión de nación que cada uno de esos grupos pretendía imponer
o impuso sobre los demás.
En la primera parte de este artículo se analizan los primeros intentos de emisión monetaria en el país y los esfuerzos por crear un
ordenamiento bancario; en la segunda parte se estudia la forma en
que se amplió el crédito privado a mediados del siglo XIX y el desarrollo de las primeras cajas de ahorro en Colombia; en la tercera se
examinan los efectos de las reformas liberales, en particular las que
* Magíster en historia de la Pontificia Universidad Javeriana, candidato a doctor
en sociología jurídica e instituciones políticas de la Universidad Externado de
Colombia, profesor del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA),
Bogotá, Colombia, [juansc@mail.cesa.edu.co]. La versión original de este texto
se presentó en las XXI Jornadas de Historia Económica (Buenos Aires, 2008) y
en el Congreso de LASA 2009, Río de Janeiro, 2009. Fecha de recepción: 2 de
febrero de 2009, fecha de modificación: 8 de mayo de 2009, fecha de aceptación:
2 de julio de 2009.
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implementó el Radicalismo, sobre la creación de un sistema de banca
libre con profundos efectos en las distintas regiones de Colombia;
por último, se presentan las conclusiones.
LOS PRIMEROS INTENTOS DE EMISIÓN MONETARIA
El inicio de las emisiones de papel moneda en Colombia no coincide,
como se suele pensar, con el advenimiento de la banca libre (18651886), pues hubo varios intentos infructuosos desde 1813, cuando
se ensayó por vez primera esta forma monetaria. En ese año, como
presidente de la Junta Patriótica de Cartagena, Germán Gutiérrez
de Piñeres ordenó la emisión de $300.000 con denominación de
un real. La falta de seguridad de esta emisión, que se hizo en papel
corriente, llevó a que el público tuviera poca confianza y castigara su
valor nominal (Hernández, 2001, 44).
Para proporcionar los medios y arbitrios y socorrer al ejército de
reserva, en 1821 se expidió el decreto del 4 de julio que ordenó al
vicepresidente de Cundinamarca1 que emitiera libranzas por $200.000
en denominaciones de 6, 12, 18 y 24 reales admisibles en pago por la
sal que producían las minas de Zipaquirá, Nemocón y Tausa (Ibáñez,
1990, 34).
Estas libranzas se admitirían en las minas con preferencia a la
moneda en metálico en toda clase de contratos, pago de deudas,
derechos en las oficinas de la República y pagos a los empleados oficiales que no estuvieran a más de dos días de distancia de Bogotá. El
decreto estipulaba que quien se negara a recibir estas libranzas sería
penalizado la primera vez con una multa por el doble del valor de
la transacción, la segunda por el cuádruple y la tercera con la misma
multa y la pena de destierro por un año. Una vez las libranzas se hubieran pagado en las salinas se consideraban amortizadas y no podían
circular nuevamente, salvo que lo autorizara de manera expresa una
ley del Congreso (ibíd., 34).
Más adelante, durante el gobierno de José Ignacio de Márquez,
la ley del 6 de junio de 1838 autorizó a la Tesorería General de la
República para que, según instrucciones del Presidente, emitiera y
pusiera billetes en circulación. Esta emisión, aprobada por el presidente Márquez mediante el decreto 1204 de diciembre de 1839,
con denominaciones de 5, 10, 20, 75, 80 y 100 pesos, se usaría para
pagar la nómina gubernamental y a los acreedores de la República
que los aceptaran voluntariamente. Estos billetes, aunque debían ser
1
Cargo que Antonio Nariño ocupaba en ese momento de manera interina.
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pagados a la vista en moneda metálica, tuvieron poca circulación y
aceptación (ibíd., 35).
Para impulsar estas medidas, el Congreso emitió la ley del 1.°
de junio 1847 que autorizó a Florentino González, Secretario de
Hacienda de Tomás Cipriano de Mosquera, a crear un banco privado que tendría el nombre de Banco de la Nueva Granada y daría
apoyo esencial a todas las operaciones de la industria y el comercio.
Se acordó que no sería un banco de emisión del Estado, por tal razón los particulares se debían encargar de su formación, dirección y
manejo, sólo con la intervención absolutamente indispensable de las
autoridades (ibíd., 37).
Florentino González consideraba que una institución de esta índole debía tener un estatuto especial que la diferenciara de los bancos
“comunes”. El banco se constituiría con siete individuos de conocida
probidad, capital e inteligencia en los negocios, con un capital no inferior a diez millones de reales, y debía gozar de los siguientes privilegios
por un término de 18 años: desempeñar funciones de agente fiscal
del gobierno, ejecutar todas las operaciones de crédito del gobierno, y
emitir de forma exclusiva billetes dentro de las provincias de Bogotá,
Tunja, Vélez, Mariquita y Neiva por una suma igual al metálico en
caja. No obstante, la falta de capital hizo imposible el desarrollo de
este proyecto (ibíd., 38-39).
A pesar de estos problemas, mediante el decreto 1877 L, Tomás
Cipriano de Mosquera facultó a las tesorerías del centro y del sur
del país a emitir dos tipos de billetes redimibles: los representativos
en plata, con valores de 40, 80, 160, 200, 400, 600 y 800 pesos, y los
representativos en oro, de 5, 10, 25 y 50 pesos. Igual que los intentos
anteriores, estos billetes eran de aceptación voluntaria y se podían usar
para pagar las deudas con la nación (Hernández, 2001, 45).
Las leyes de manumisión de esclavos promulgadas en 1821 incluían el pago de indemnización a los propietarios por la mano de
obra liberada. Durante 1851 y 1852, cuando terminó ese proceso, el
gobierno de José Hilario López se vio obligado a permitir la emisión
de billetes para pagar la deuda, que no había sido cancelada, mediante
el decreto 2166 C del 5 de junio de 1852 (ibíd., 45).
En 1855, estando encargado de la presidencia el vicepresidente de
la Confederación Granadina, Manuel María Mallarino, se expidió
la ley “orgánica de bancos de emisión, descuento y depósito”, el 13
de junio. Esta ley autorizó la formación de bancos y la ejecución de
todas las transacciones de interés y las funciones que les pudieran
corresponder conforme a los reglamentos expedidos por el Presidente
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de la República. Los bancos tenían derecho a emitir billetes redimibles en moneda legal de oro o plata de ley 0,900 al momento de su
presentación (Ibáñez, 1990, 41-42).
La guerra civil de 1860 presionó el gasto público, lo que obligó a
una nueva emisión autorizada por el decreto 2591 de 1861. Mediante
este decreto se emitieron billetes de tesorería por $500.000, admisibles
para pagar hasta el 50% de los derechos de importación, el 60% del
valor de la sal comprada en las salinas del Estado y el 100% de los
derechos de exportación (Hernández, 2001, 45).
Los billetes de tesorería se prestaron para que los agiotistas abusaran de viudas, empleados y pensionados, exigiéndoles descuentos
enormes por cambiarlos o recibirlos. Por ello, Mosquera dictó el
decreto del 18 de junio de 1862 que establecía que a todo individuo
que cobrara un descuento superior al 2% o aumentara el precio de
los bienes para depreciar estos billetes el gobierno lo consideraría
enemigo y, en consecuencia, le retiraría la protección de las leyes en
todos los negocios civiles, no sería oído en juicio para ejecutar a otro
e incurriría en multas de $10 a $1.000 por cada acto (Ibáñez, 1990,
44).
Debido a que la Corte Suprema determinó que los billetes de
tesorería no eran de recibo obligatorio para deudas anteriores al 24
y al 31 de agosto de 1861, el presidente Mosquera dictó el decreto
2707 del 11 de agosto de 1862, el cual disponía que su recibo sería
obligatorio para los particulares en cualquier transacción (sin importar
su origen, época o naturaleza), lo que instituyó por primera vez en
Colombia el curso (ibíd., 45).
Para garantizarlo se establecieron, con poco éxito, medidas coercitivas que incluso desconocían los derechos ciudadanos. El gobierno
debió renunciar en 1863 al carácter de moneda legal de estas emisiones y los billetes fueron amortizados como deuda de la nación hasta
retirarlos totalmente de circulación (Hernández, 2001, 45).
En 1866 hubo una nueva iniciativa para establecer un banco que
tendría el nombre de Banco Nacional de los Estados Unidos de Colombia, concebido como una institución de emisión, giro, depósito y
descuento, cuyos billetes serían aceptables en el pago de impuestos,
excepto la parte correspondiente a la amortización de deuda externa.
Igual que las iniciativas anteriores, la falta de capital y las dificultades
internas impidieron que ésta prosperara (ibíd., 47).
En general, hasta ese momento todos los intentos de emisión fueron ordenados para atender los gastos del gobierno y no para regular
la oferta monetaria ni el dinero en circulación. Su impacto sobre la
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economía en general fue muy bajo debido, entre otras razones, a que
eran emisiones muy pequeñas o con fines muy específicos, o porque
el público poco aceptaba ese dinero, lo que las hacía salir rápidamente
de circulación.
LA AMPLIACIÓN DEL CRÉDITO PRIVADO Y LAS CAJAS DE
AHORRO
En la primera mitad del siglo XIX, el mercado de capitales era estrecho por diversas razones. Debido a los efectos de las guerras de
independencia sobre el sistema productivo, al vacío de crédito que
había dejado la Iglesia, a la quiebra de importantes prestamistas
privados y a la desaparición de los primeros bancos británicos, en el
período comprendido entre 1820 y 1850 hubo un escaso desarrollo
del mercado de capitales.
Los gobiernos de este período liberaron las tasas de interés y ocasionaron niveles de usura. La práctica recurrente del agio permitió
que el gobierno cubriera las necesidades fiscales de corto plazo, sacrificando el largo plazo, con grandes beneficios para los particulares,
en contra del Estado, pues en los momentos de dificultades, como las
guerras civiles, el gobierno recurría a prestamistas particulares para
financiar el gasto (Sowell, 1999, 221).
Uno de los prestamistas más notorios de la época fue Judas Tadeo
Landínez, que en 1841 se asoció con Sinforoso Calvo para fundar
la Compañía de Giro y Descuento, una institución de crédito que
realizaba operaciones de depósito, giro, descuento y préstamos a
todos los sectores de la sociedad. La fortuna personal de Landínez
ayudó a sostener al gobierno durante la guerra de Los Supremos
(1839-1842); aquel utilizó sus ganancias para especular en ganado,
transportes, tabaco y algunas industrias nacientes en Cundinamarca y
Boyacá. Cuando la burbuja especulativa explotó muchos capitalistas,
incluido el presidente José Ignacio de Márquez, llegaron al borde de
la quiebra y la oferta de crédito se redujo vertiginosamente (Arango,
1981, 149-159)2.
Para enfrentar esta situación, en la segunda mitad de la década 1840
se fomentó la creación de cajas de ahorros para cubrir las necesidades
de crédito en los principales centros urbanos del país, así como para
fomentar el crecimiento de pequeñas y grandes industrias y el ahorro
de los sectores populares (Sowell, 1999, 218).
2
Algunos sostienen que los pasivos de Landínez eran de dos a tres millones
de pesos, lo que da una idea de la magnitud de los capitales que manejaba
(Arango, 1981, 183).
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En El Neogranadino se llegó a debatir en 1848 si estas cajas –que
cumplían funciones de depósito, crédito y descuento– se podían
convertir en bancos de emisión de billetes pagaderos al descubierto y
respaldados con depósitos en metálico. Pero la propuesta no prosperó
debido a los temores sobre la estabilidad política y económica.
El desarrollo de las cajas de ahorro se enmarcó en las reformas
liberales de los ministros Lino de Pombo y Florentino González.
Estos sostenían que el ideal de progreso estaba imbuido de la creencia
de que el orden social y el progreso económico se podían alcanzar al
mismo tiempo, siempre y cuando las élites fueran capaces de canalizar
las energías y la actividad económica de los sectores populares por
medio de la capacitación técnica de éstas (ibíd., 223).
La primera caja de ahorros que se fundó en Colombia fue la de
Cartagena, en 1843, sobre la que se tiene muy poca información;
luego se fundó la de Medellín en 1844, la de Bogotá en 1846 y la
de Santafé de Antioquia en 1851. Tras la fundación de la Caja de
Ahorros de Bogotá se fundaron otros establecimientos similares en
las provincias de Chocó y El Socorro, así como en las ciudades de
Santa Marta, Popayán, Mompox y Buenaventura, que tuvieron una
vida muy efímera (Botero, 1985, 65, y Arango, 1981, 199).
La Caja de Ahorros de Medellín recibía depósitos semanales de
pequeños artesanos, sirvientes y campesinos a un interés muy bajo.
Los depósitos se destinaban a préstamos con hipotecas. El desarrollo
de la Caja se vio truncado hacia 1867 cuando sus directores, miembros prestigiosos de la élite de Medellín, se vieron envueltos en un
escándalo de manejo de fondos. La Caja funcionó hasta 1874, cuando
se liquidó (Brew, 2000, 91).
Más adelante, en 1890, la Sociedad San Vicente de Paúl fundó otra
caja en Medellín, que hasta 1919 otorgó crédito a los comerciantes
de la ciudad, coincidiendo con el proceso de expansión cafetera e
industrial de principios del siglo XX que aumentó los ingresos de los
sectores populares, lo que permitió el rápido desarrollo de dicha caja
en sus primeros años (ibíd.).
La Caja de Ahorros de Bogotá (1846-1865) tuvo un desempeño
más exitoso, pues durante algunos años cumplió uno de sus objetivos
centrales: reducir la tasa de usura en Bogotá. Antes de su fundación,
las tasas predominantes oscilaban entre el 2% y el 3% mensual por
préstamos de menos de $300, lo que equivalía a tasas superiores al
40% anual. La Caja prestaba a un máximo del 1% mensual y ayudó a
estabilizar la tasa de colocación a un promedio del 9% anual (ibíd.).
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Sin embargo, el propósito de la Caja no era estrictamente financiero, pues Pombo y otros miembros de la junta directiva consideraban
que debía “moralizar” a los sectores populares para que abandonaran
la actitud de “no preocuparse hoy, por el mañana y que produjeran
personas diligentes” (Sowell, 1999, 224).
La Caja prestaba a individuos con buen pasado crediticio o propiedades personales y dos garantes. Usualmente captaba depósitos
pagando una tasa entre el 3% y el 5% anual, y otorgaba préstamos
con períodos de amortización de 6 meses en promedio. Así no podía
cumplir su objetivo, pues los artesanos usualmente no calificaban
para el crédito y, como les pagaban al final de la producción, requerían un capital inmediato. Además, enfrentaba el problema de que
los compradores no aceptaban los costos financieros como costos
del producto, lo que se agravaba por la pena de prisión por deudas
(ibíd., 225-226).
El gobierno nacional prestó apoyo haciendo ciertas concesiones:
eximió a los ahorradores de varias responsabilidades civiles como el
servicio militar y ciertos impuestos personales; calificó los libros de
depósito como documentos públicos y eliminó los costos notariales a
las actividades de la Caja; los fondos eran inviolables y sus operaciones
exentas de impuestos. La Caja gozaba de una sólida confianza y sus
servicios eran utilizados por un gran número de bogotanos (ibíd.,
226-227).
Los cambios y la inestabilidad política, sumados a la creación del
Estado de Cundinamarca, debilitaron el funcionamiento de la Caja.
Los registros se dejaron de considerar documentos públicos y se fijó
un límite del 5% anual a los intereses de los depósitos, lo que desalentó
a los ahorradores. Esta situación se agravó con la fuerte depreciación
de los bonos gubernamentales, que representaban una alta porción
de las inversiones de la Caja, y por profundas diferencias internas en
su manejo que llevaron a liquidarla en 1865 (ibíd., 228-240).
Aunque en general los resultados no fueron negativos tampoco
fueron los que se esperaban, pues los patrones de ahorro bogotanos
no cambiaron con el funcionamiento de la Caja ni se estimuló a la
pequeña industria, aunque sí reguló las tasas de interés en Bogotá. Es
interesante que los dos partidos políticos elogiaran aspectos diferentes
de la Caja: el Partido Liberal exaltaba el valor de las funciones bancarias y su contribución contra la usura, y los conservadores exaltaban
sus beneficios morales (ibíd., 230).
A pesar de lo interesante que pudo ser el desarrollo de las cajas de
ahorros, estas no ampliaron los mercado de capitales ni los de créR EVISTA
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dito y fomento. Sus éxitos y fracasos se limitaron a algunos sectores
y revirtieron las tendencias predominantes. Hubo que esperar hasta
el desarrollo de la banca privada en la década de 1870 para que el
mercado de capitales sufriera una transformación de fondo.
EL RADICALISMO Y LA BANCA REGIONAL
Las reformas liberales empezaron a tomar forma en 1849 con la
abolición de la esclavitud, la división de los resguardos indígenas, la
ampliación de las libertades civiles y de prensa, la abolición de la pena
de muerte por delitos políticos, la descentralización de la administración y de los impuestos, el mayor control de los gobiernos locales
sobre la Iglesia, la supresión de los tribunales eclesiásticos especiales
y el amplio desarrollo del sistema de banca libre en Colombia. Estas
reformas se elevaron a categoría constitucional en 1853 y luego en
1863 (Bergquist, 1999, 41).
No obstante, las medidas políticas que acompañaron a las reformas
económicas librecambistas no estuvieron exentas de conflictos dentro
del naciente Partido Liberal. El conflicto más importante fue el que
protagonizaron los artesanos, arruinados por la difícil competencia
del exterior, cuando se unieron a los militares de vieja escuela –que
perdieron su protagonismo luego de la independencia– y respaldaron
la dictadura de Melo en 1854.
La adopción del librecambio llevó a la unión de los manufactureros y artesanos –los draconianos– contra los comerciantes –gólgotas– dentro del partido liberal, es decir, se enfrentaron las posturas
proteccionistas y librecambistas (Esquivel, 2003, 203). Los defensores de las doctrinas librecambistas llegaron a controlar el poder y
no sólo aprovecharon los ciclos de auge de la quina, el algodón, el
caucho, el añil y, especialmente, el tabaco, sino que se convirtieron
en comerciantes e importadores cuya suerte estaba ligada al mercado
internacional.
La importancia económica de la agroexportación prevaleció sobre
los intereses de los artesanos. La bonanza tabacalera indujo el más
importante flujo de divisas desde la Independencia e hizo posible la
consolidación de una poderosa élite vinculada al comercio externo.
Además, en ausencia de grandes entradas de capital, las importaciones
estuvieron fuertemente correlacionadas con las importaciones, lo que
incrementó los ingresos fiscales aduaneros y, con ello, el gasto fiscal
(ver Ocampo, 1998, cap. 1).
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Así, los miembros de la élite conservadora y liberal llegaron a un
acuerdo relativo sobre la necesidad de vincular el comercio exterior
con el desarrollo económico del país. Acuerdo que no se logró en
otros temas centrales para el liberalismo decimonónico, como las
libertades individuales, la organización del Estado o las relaciones
con la Iglesia.
Las reformas no sólo suscitaron la oposición de los conservadores
sino la oposición dentro del mismo liberalismo. El Partido Liberal
recuperó el control del poder en la guerra civil de 1860-1862, cuando
consolidó su proyecto político en la Constitución de 1863, redactada
en Rionegro, que ratificó las medidas antieclesiásticas de Mosquera,
reorganizó el país en una estructura federal muy descentralizada y
amplió los derechos individuales hasta incluir la libertad de expresión
irrestricta y el derecho a poseer y traficar armas. Con ello se inició el
período del Radicalismo (Bergquist, 1999, 43).
Uno de los desarrollos económicos más importantes de este período fue la creación del sistema de banca libre, que perduró desde 1865
hasta 1886, año en que se inició el curso forzoso. Cubrió entonces el
Radicalismo liberal y el inicio de la Regeneración; lo que no implica
que el sistema fuera idéntico en ambos períodos, pues en el segundo
las intenciones de desmontar el sistema de banca libre fueron explícitas
desde la posesión de Núñez en 1880.
Antes de las reformas de 1846 sólo se registra un intento de crear
una legislación bancaria que organizara y regulara las instituciones
de crédito y la emisión de billetes. El decreto del 5 de abril de 1825
autorizó la fundación de un banco de comercio en Caracas que se
llamaría Banco de Venezuela, entonces parte de la Gran Colombia
(Botero, 1985, 64).
Sólo desde las reformas liberales de mediados de siglo, consolidadas
en la Constitución de 1863, se puede hablar del surgimiento de la
banca privada. Con apoyo de los bancos privados y semioficiales que
surgieron en esa época, las élites regionales ampliaron y fortalecieron su poder político y económico gracias a que captaban metálico y
emitían papel moneda (Díez, 1989, 39).
Esto ocurrió al amparo de la ley del 27 de mayo de 1864, que
autorizó contratar la fundación de un banco nacional, y de la ley 35
de 1865, que confirió privilegios a la sucursal del Banco de Londres,
México y Sudamérica en Bogotá para emitir billetes durante veinte
años. Esta autorización se extendió a todos los bancos que se fundaran
con este propósito a partir de ese momento (Botero, 1985, 68).
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Las instituciones bancarias que se formaron conforme a la ley 35
de 1865 tenían libertad para emitir billetes admisibles como dinero
en pago de impuestos y derechos nacionales y, en general, en todos los
negocios que involucraran al gobierno. Esos bancos también podían
conceder créditos, recibir sumas del tesoro nacional y contratar con
los acreedores del gobierno los pagos mediante el reconocimiento de
una comisión no mayor al 1% (Hernández, 2001, 40).
El privilegio de emisión por veinte años estaba sujeto a la obligación de mantener en circulación billetes al portador por un valor que
no superara el doble de los fondos en metálico que se mantenían en
caja, aceptar la supervisión del gobierno en lo referente a la emisión y
convertir en metálico los billetes que presentaran sus tenedores. Esto
implicó la creación de un sistema de banca libre en el que los bancos
privados podían emitir billetes redimibles en moneda metálica, cuyas
características eran definidas por el Estado (ibíd.).
Esta moneda fiduciaria o moneda de papel representativa de moneda metálica no puede ser considerada técnicamente como papel
moneda sino como “billetes de banco”, pues eran promesas de pago a la
vista y al portador, cubiertas por un depósito en metálico. Los bancos
suscribían el compromiso de convertir sus propios billetes cuando el
tenedor lo deseara sin ningún descuento (Botero, 1988, 86).
La creación de bancos en las regiones más prósperas del país
permitió que las élites regionales y locales controlaran la captación
de metálico y la ampliación del crédito, consolidando su control del
mercado financiero. El crédito quedó representado cada vez más
en billetes de banco, lo que permitió además llenar parcialmente el
vacío que dejó en la circulación monetaria la exportación de metales
preciosos y de numerario metálico al mercado externo para cubrir los
déficits de balanza de pagos (Díez, 1989, 39).
Estos billetes se constituyeron en medios sustitutivos para la circulación, con lo que se liberó al oro y la plata de sus funciones como
moneda interna o mercancía de exportación. Esto sirvió para superar
la escasez de metálico y controlar el predominio de la circulación de
monedas de menor calidad (ibíd., 39).
Por otra parte, el aumento de la capacidad de crédito de la economía se reflejó en una reducción de la tasa de interés, que pasó de
entre un 8% y un 12%, y en ocasiones de un 18%, a un promedio
anual del 6% al 8%. Estas variaciones pueden ser mayores o menores,
como se verá más adelante, dependiendo del período y de la región
que se analice (ibíd.).
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El desarrollo de la banca libre en Colombia tuvo desarrollos
diferentes en las regiones, de acuerdo con su capacidad económica,
la credibilidad de las instituciones que se crearon y, por supuesto, el
apoyo que recibieron del gobierno local y nacional. Es importante
anotar que el cambio de modelo político, del Radicalismo liberal a la
Regeneración, tuvo un impacto determinante en el deterioro de este
sistema aun antes del establecimiento del curso forzoso.
Cuadro 1
Bancos privados fundados entre 1870 y 1886
(Pesos)
Nombre
Banco de Bogotá
Banco de Colombia
Banco Popular
Banco de Cundinamarca
Banco de la Unión
Banco de Crédito Hipotecario
Banco Internacional
Banco de Antioquia
Banco Mercantil
Banco Restrepo & Cía.
Banco de Medellín
Banco Popular
Banco Industrial de Manizales
Banco de Sopetrán
Banco de Oriente
Banco de Vicente B. Villa e Hijos
Banco de Progreso
Banco de Arango e Hijos
Banco del Zancudo
Banco de Barranquilla
Banco de Bolívar
Banco de Cartagena
Banco Popular de Bolívar
Banco Unión
Banco Márquez
Banco Americano
Banco del Estado
Banco de Riohacha
Banco de Santander
Banco del Cauca
Banco del Norte
Banco de Tolima
Banco de Pamplona
Banco Prendario de Soto
Banco de Santander
Banco del Estado
Ciudad
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Sopetrán
Rionegro
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Barranquilla
Cartagena
Cartagena
Cartagena
Cartagena
Barranquilla
Barranquilla
Cartagena
Riohacha
Bucaramanga
Cali
El Socorro
Neiva
Pamplona
Bucaramanga
Bucaramanga
Popayán
Fecha
1870
1875
1877
1881
1881
1883
1885
1872
1874
1875
1881
1882
1882
1882
1883
1883
1883
1883
1883
1873
1874
1881
1883
1883
1883
1883
1884
1885
1872
1873
1881
1881
1882
1883
1883
1884
Capital inicial
235.000
181.400
150.000
22.000
55.700
202.350
n.d.
694.000
400.000
n.d.
15.390.000
100.000
240.000
100.000
125.820
20.000
60.000
n.d.
n.d.
312.500
145.000
100.000
54.000
160.000
125.000
565.000
n.d.
150.000
300.000
300.000
101.600
200.000
86.225
10.000
200.000
102.400
Fuente: Hernández (2001, 51) y Botero (1985, 49).
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LA BANCA EN BOGOTÁ
Bogotá muestra profundas diferencias con otras zonas del país donde
se desarrolló un sistema bancario importante, pues la capital no tenía
recursos naturales de relevancia comercial, excepto las minas de sal
de Zipaquirá y Nemocón que se convirtieron en recursos fiscales
del gobierno. Antioquia y la Costa Caribe poseían una vinculación
temprana al comercio internacional, gracias a sus recursos naturales
o a su infraestructura, y las casas comerciales más importantes solían
tener además funciones bancarias (Romero, 1994, 267).
Desde la Colonia, Bogotá fue el principal centro de poder político y eclesiástico y sede de los principales centros educativos. Esto
le permitió desarrollar una élite sólida que no sólo intervenía en los
asuntos internos de la ciudad sino que tenía una injerencia significativa
en los asuntos del resto del territorio (ibíd., 267).
La élite colonial se fortaleció a lo largo del siglo XIX, consolidándose en actividades como la ganadería, la agricultura comercial, en
especial las haciendas cafeteras, y la producción de papa, maíz, frutas
y cereales. Las casas comerciales se dedicaron a la importación de
diversos bienes, y algunas ampliaron sus operaciones de crédito a
través de giros con letras de cambio a los principales mercados del
mundo (ibíd., 269).
En la década de 1870 la élite comercial y ganadera de la ciudad
aprovechó las oportunidades que ofrecía la nueva legislación bancaria
para fundar y consolidar un sistema bancario local estrechamente
ligado al comercio local y que servía de intermediario con el comercio internacional. Algunos de esos bancos tuvieron altas tasas de
supervivencia y subsistieron como instituciones sólidas en el siglo
XX (ibíd., 269).
En 1870 el presidente Eustorgio Salgar y el ministro del Tesoro,
Salvador Camacho Roldán, alentaron a miembros de la élite capitalina para que crearan el Banco de Bogotá de conformidad con la ley
bancaria aprobada en 1865. El Banco se constituyó en 1871 con un
capital de $500.000 y un capital suscrito de $235.000, del cual sólo
se pagaron $47.000 (Echeverri, 1991, 31).
El Banco estaba regulado por el código de comercio, que lo clasificaba como cualquier otra actividad industrial, y tenía libertad, al
amparo de la ley 35 de 1865, para emitir billetes, hacer préstamos,
recibir depósitos y abrir sucursales o agencias en cualquier parte del
país, con la única limitación de tener en caja un nivel de reservas del
33% sobre el total de billetes en circulación (Romero, 1994, 269).
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En su primer año de funcionamiento, Camacho Roldán llegó a un
acuerdo con el gerente del Banco, Salomón Koppel, para depositar
las cuentas del Tesoro y para que el Banco sirviera como agente fiscal
del gobierno en los próximos 10 años, manteniendo un promedio de
depósitos que oscilaría entre $60.000 y $80.000 (Echeverri, 1991,
31). En comunicación del 10 de agosto de 1871, Koppel agradeció
en nombre de la asamblea de accionistas al presidente Salgar y a Camacho Roldán “por el interés que tomaron en la fundación del Banco
y por la decidida protección que le han prestado; y en la calidad de
Colombianos, presentan al gobierno sus felicitaciones por el auxilio
que en él encuentran todas las empresas útiles”3.
Además, el gobierno se comprometió a usar los billetes del Banco
para pagar sus acreencias y la nómina oficial. Con estos privilegios
el Banco se convirtió en ejecutor exclusivo de los pagos del gobierno
en el exterior, para lo cual se hizo un convenio con Ribon & Muñoz
en Nueva York y con Scholss Brothers en Londres como agentes
extranjeros de la entidad (Echeverri, 1991, 32).
El éxito del Banco de Bogotá motivó a otros inversionistas a incursionar en el negocio bancario. El Banco de Colombia se estableció
en Bogotá en 1874 con un capital suscrito de $181.400; tres años
después se fundó el Banco Popular, que se especializó en préstamos
inferiores a $200. Estos tres bancos contribuyeron a ampliar el crédito
no sólo en Bogotá y el Estado Soberano de Cundinamarca, sino en
los estados de Boyacá, Tolima y Santander (ibíd., 33).
Dichos bancos se organizaron como sociedades anónimas en las
que participaron los comerciantes locales más importantes. A diferencia de otras regiones, la composición accionaria no se concentró
en manos de una sola familia o un grupo cerrado de la élite, sino que
reunió a una amplia variedad de negociantes y comerciantes. Aunque
Bogotá se desarrolló como centro independiente de la región, lo que
aisló a los comerciantes de otros municipios cundinamarqueses de la
participación accionaria en estos bancos (Romero, 1994, 281).
Los negociantes de Bogotá que se involucraron en la creación de
bancos poseían un portafolio diversificado de inversiones que incluía
haciendas, agricultura comercial, casas importadoras, comercio al
por mayor y alta participación en la actividad política. Esto último
generó una estrecha relación entre el gobierno local, nacional y estos
bancos (ibíd., 282).
3
Archivo General de la Nación, Fondo Academia Colombiana de Historia,
colección Salvador Camacho Roldán, caja 8, carpeta 98, folio 6.
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Los bancos de Bogotá y de Colombia gozaron de amplio poder
económico en Bogotá y en el país desde que comenzaron sus actividades. En 1886 el metálico en caja de los dos bancos representaba el
68%, y los billetes en circulación el 46% del sistema bancario local.
Pero estos no fueron los únicos bancos que se fundaron en Bogotá
entre 1870 y 1886 (ibíd., 269).
La creación de dichos bancos amplió notablemente el crédito a
través de operaciones de descuento, apertura de cuentas corrientes en
descubierto y créditos flotantes o directos. Para cumplir estas actividades, los bancos bogotanos desarrollaron una red de agentes en todo
el país y fundaron sucursales en ciudades como Ambalema, Medellín,
Honda, Mompox, La Mesa, El Socorro y Santa Marta. Ello hizo
posible que algunos bancos ampliaran sus operaciones en el país, y en
particular las operaciones del mercado externo (ibíd., 283-284).
Así mismo, la creación de estos bancos llevó a una notable reducción de las tasas de interés en Bogotá. Gracias a la emisión de
billetes de banco, se crearon medios sustitutivos para la circulación
que cumplían la función del oro como moneda, lo que permitió su
mayor utilización como mercancía de exportación; además, con estas
emisiones se pudo amortizar en parte las crisis causadas por la escasez
de numerario y reducir las tasas de interés, de un nivel del 8% al 12%,
a un nivel del 6% al 8% anual (Díez, 1989, 39).
Cuadro 2
Instituciones bancarias en Bogotá, 1870-1886
(Pesos)
Nombre
Banco de Bogotá
Banco de Colombia
Banco Popular
Caja de Propietarios
Banco de la Unión
Banco de Crédito Hipotecario
Banco Internacional
Banco de Cundinamarca
Banco Hipotecario
Banco Prendario
Fundación
1870
1875
1877
1872
1881
1883
1885
1881
n.d.
n.d.
Capital inicial
235.000
181.400
155.000
160.000
24.842
400.000
57.200
22.000
202.350
38.640
Fuente: Romero (1994, 276)4.
Los bancos bogotanos obtenían sus recursos en tres formas: mediante
depósitos de cuenta corriente o depósitos de alta liquidez, sobre los
4
Las discrepacias en el capital entre los cuadros 1 y 2 se deben, entre otras
razones, a las diferencias entre el capital suscrito y el capital pagado.
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que se giraban cheques y se pagaba un interés sobre su valor mínimo;
mediante depósitos a la vista, sobre los que no se giraban cheques y
que se podían retirar en plazos menores a treinta días; y mediante
depósitos a plazos (3, 6, 12 meses), sobre los que se pagaba un interés
conforme a los términos de la operación (Romero, 1994, 289).
El costo del dinero fue estable con el sistema de banca libre y
sólo aumentó durante las crisis de 1876 y 1885 por los gastos en que
incurrían los bancos para hacer uso del mecanismo de protección de
liquidez. Esto se debió a que durante las guerras civiles hubo corridas
de depósitos significativas, que en varias ocasiones llevaron a suspender la convertibilidad del papel moneda. Luego de la fundación
del Banco Nacional, los bancos bogotanos vieron restringidas sus
operaciones y tuvieron que hacer préstamos obligatorios al gobierno
durante la guerra de 1885 (ibíd., 289).
Uno de los mecanismos que desarrolló el Banco de Colombia
para proteger su liquidez fue pagar una tasa del 12%, superior a la del
mercado, que oscilaba alrededor del 7%, lo que evitó la fuga completa
de metálico de la caja y, con esto, una posible inconvertibilidad. El
mecanismo se utilizó en las crisis de 1876 y 1885, y fue copiado por
el Banco de Bogotá (ibíd., 289).
Las tasas de interés estables y bajas y la cobertura de los principales
bancos bogotanos en las operaciones de depósito ganaron la confianza
del público y llevaron a una ampliación del crédito de corto y largo
plazo, lo que benefició a un gran número de comerciantes locales. No
obstante, en el siglo XIX sus actividades no alcanzaron el volumen
suficiente para establecer una red sólida de sucursales; en la mayoría
de los casos sólo se trataba de agencias que permitían ampliar su esfera
de negocios y beneficiarse de las economías de escala.
LA BANCA EN LA COSTA CARIBE
En la segunda mitad del siglo XIX, la Costa Caribe colombiana fue
protagonista de una fuerte ampliación de su actividad económica. En
primer lugar, los dos puertos más importantes, Cartagena y Barranquilla, se beneficiaron del incremento en la actividad de comercio
exterior; en segundo lugar, la región tuvo un aumento importante
del comercio interior y, por último, el negocio ganadero se amplió
notablemente en las sabanas de Bolívar y el valle del Sinú. La combinación de estos factores permitió la consolidación de los capitales
y la diversificación a otros sectores como el bancario.
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LOS BANCOS EN CARTAGENA
En la segunda mitad del siglo XIX, los empresarios de Cartagena,
dedicados principalmente a la ganadería y al comercio, lograron una
acumulación de capital importante, que fue reforzada por el crecimiento de las exportaciones de ganado en pie a Panamá, Cuba y otras
islas del Caribe.
La ampliación del comercio exterior tuvo un impacto directo sobre
el puerto, que incrementó su flujo de carga en la segunda mitad del
siglo XIX y, gracias a ello, modernizó su infraestructura. Para lograr
una mayor vinculación con la carga que provenía del interior del
país, se abrieron vías de comunicación que incluían una línea férrea
de 105 kilómetros que conectaba a la ciudad con el río Magdalena a
la altura de Calamar. Esto permitió, en 1894, superar las dificultades
causadas por la poca navegabilidad del Canal del Dique (Meisel y
Posada, 1994, 230).
Debido al predominio de las ideas librecambistas durante el Radicalismo, la legislación sobre fundación de empresas bancarias que rigió
desde 1873 en el Estado Soberano de Bolívar era bastante laxa. No
imponía ninguna limitación a la fundación de bancos distinta a la de
cualquier establecimiento comercial y, bajo las condiciones generales
para la federación que incluía la ley 35 de 1865, estos bancos tenían los
mismos privilegios y limitaciones de cualquier otro banco en el país.
El primer banco que se fundó en la ciudad fue el Banco de Bolívar,
en 1874, con un capital inicial de $145.000, cuyos dueños hacían parte
de una familia de ricos comerciantes de la ciudad. El Estado Soberano
de Bolívar apoyó vigorosamente al Banco en sus inicios, permitiendo
que manejara los fondos del gobierno regional y que sus billetes fueran
aceptados en el pago de rentas y contribuciones (ibíd., 237).
Sus operaciones fueron bastante exitosas durante el Radicalismo,
pero hacia la segunda mitad de la década de 1880 el Banco Nacional
se negó a aceptar sus billetes, pues sus dueños eran notorios opositores
al gobierno de la Regeneración5. El Banco sufrió un duro golpe y tuvo
que liquidarse en 1890 (ibíd.).
El segundo banco que se fundó en la ciudad fue el Banco de
Cartagena, en 1881, con un capital inicial de $100.000. Este Banco
fue constituido, como la mayoría de los de la época, como un banco
de emisión, giro, descuento y depósito. Su principal accionista fue
5
Núñez se refirió a los directores de bancos como el Bolívar, el Barranquilla, el
Márquez y el Popular como faltos de capacidad financiera y de patriotismo (Núñez,
1888, 1084). Afirmaciones que no sólo eran consideraciones personales sino que
fueron acompañadas de medidas contra esos y otros bancos regionales.
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31
el inmigrante italiano Juan Bautista Mainero y Trucco (ibíd.). Debido a la enemistad política del “Viejo” Mainero (sobrenombre de
su principal accionista) con los líderes de la Regeneración, Núñez y
Caro argumentaron que la licencia del Banco no había sido renovada
adecuadamente en 1885 y que estaba operando sin sanción oficial.
Mainero demandó esa decisión y continuó operando no sólo en Bolívar sino en Antioquia, donde tenía importantes inversiones en la
mina de El Zancudo (Echeverri, 1991, 48).
Los intereses mineros de Mainero no se concentraban todos en
esta mina sino que abarcaban la explotación de otros yacimientos
en Chocó y Antioquia, a partir de los cuales consolidó un cuantioso
capital. También hizo grandes inversiones en negocios de ganadería
y finca raíz. A pesar de la enemistad de los dirigentes de la Regeneración, el Banco sobrevivió a las dificultades que le impuso el régimen y
sólo fue liquidado en 1919, un año después de la muerte de Mainero
(Meisel y Posada, 1994, 239).
En la ciudad se fundaron otros bancos, como el Banco Unión, que
ampliaron la oferta de crédito y circulante en la región. En general,
sus accionistas provenían del negocio ganadero, lo que según Meisel
y Posada posiblemente marcó el carácter poco especulativo de esas
instituciones y una mayor aversión al riesgo. Sin embargo, el cambio
de sistema político y las reformas posteriores a la Guerra de los Mil
Días llevaron a la paulatina desaparición de la banca en Bolívar. En
1925 la ciudad sólo contaba con el Banco de Bolívar, que años más
tarde fue comprado por el Banco de Bogotá6.
LOS BANCOS EN BARRANQUILLA
Igual que Cartagena, su condición de puerto le permitió consolidar
en la segunda mitad del siglo XIX una próspera actividad comercial
que la vinculó con el interior del país y el resto del mundo. Todos los
bancos fundados en este período fueron constituidos por comerciantes
que diversificaron sus actividades a otros sectores de la economía.
El más importante fue el Banco de Barranquilla, que se fundó en
1873 con un capital de $312.000. Fue producto de la asociación de
un grupo de cincuenta y siete empresarios barranquilleros y de otras
regiones que, como Ocaña, poseían fuertes vínculos con la ciudad. En
sus inicios, el Banco servía principalmente a los comerciantes locales
6
Que se fundó en 1907 y no se debe confundir con el banco del mismo nombre
fundado en 1874.
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que se dedicaban a la exportación de ganado vacuno a Cuba, con el
fin de ampliar sus actividades (Meisel y Posada, 1988, 96).
Sus primeros dos años de funcionamiento fueron apenas satisfactorios, pues arrojó una utilidad del 5% sobre su capital, cuando
la tasa de interés semestral de la época era de un 3% a un 4%. No
obstante, el final de la década de 1890 fue más exitoso, con una tasa
de rentabilidad cercana al 9%, y una tasa de interés semestral del 5%.
Los resultados se debieron en buena parte a que la exportación de
ganado vacuno a Cuba desde esta ciudad se financió en gran medida
con créditos del Banco (ibíd., 97).
Los efectos de la depreciación del papel moneda luego de la Guerra de los Mil Días significaron un duro golpe al funcionamiento del
Banco pues, debido a la depreciación del papel moneda y a la subsiguiente devaluación, sus operaciones de comercio exterior fueron
seriamente afectadas porque la entidad negociaba al tipo de cambio
del día anterior. Esto llevó a su liquidación definitiva en 1904, aunque
algunos de sus socios fundaron ese mismo año el Banco Comercial
de Barranquilla (Meisel y Posada, 1994, 250).
El mayor accionista del Banco de Barranquilla, Esteban Márquez,
fundó en 1883 el Banco Márquez, con un capital de $125.000 y un
capital pagado de $62.500. Márquez era un destacado comerciante
de la ciudad y uno de los políticos más influyentes de la región, y su
fortuna provenía principalmente del comercio que estableció con
Jamaica desde 1829 y del negocio de propiedad raíz y construcción
en Barranquilla (ibíd.). El Banco era una sociedad típicamente familiar y, a diferencia del Banco de Barranquilla, tenía operaciones más
restringidas. El Banco sobrevivió pocos años a la muerte de Márquez
y debió ser liquidado en 1893 (ibíd., 1994, 251).
El Banco Americano inició operaciones en marzo de 1883, con un
capital de $565.000. La mayor parte de sus accionistas pertenecían
a las familias De la Torre y Ribón. El Banco debió ser liquidado en
1904, al parecer por los efectos de la hiperinflación de finales del siglo
XIX y comienzos del XX (Meisel y Posada, 1988).
En Barranquilla, los capitales necesarios para la fundación de
bancos provenían del comercio de exportación, con una mentalidad
menos aversa al riesgo financiero y mayor propensión a tomar riesgos. En general, Barranquilla y Cartagena organizaron su actividad
económica a través de los grupos familiares más importantes en el
comercio y la política, lo que llevó a un alto grado de concentración
en pocas familias, aunque en el negocio financiero nunca hubo un
control hegemónico de una sola familia. Los bancos más importantes
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afrontaron duras adversidades durante la Regeneración, lo que llevó
a la disminución de sus operaciones y a la liquidación de algunos de
ellos (Meisel y Posada, 1994, 262).
LA BANCA EN ANTIOQUIA
El proceso de consolidación de la élite antioqueña desde finales de
la Colonia hasta el siglo XIX estuvo ligado íntimamente a las actividades comerciales y mineras. Debido a la significativa producción
de oro se desarrolló una importante red de comerciantes interesados
en capitalizar las ganancias del negocio minero y mantener un flujo
constante de bienes y hombres hacia y desde la región.
El empresario diversificaba sus inversiones para evitar que un revés
afectara la totalidad de la inversión, de modo que la principal actividad
económica, la extracción del oro, se convirtió al mismo tiempo en la
razón de ser del comercio, pues no sólo la complementaba sino que
era una manera de diversificar el riesgo (ver Correa, 2001 y 2004).
Igual que en otras regiones, la acumulación de capital y el marco legal
del Radicalismo permitieron diversificar las inversiones en el ámbito
financiero.
La necesidad de un “banco provincial” se hizo notar desde 1848
pues la escasez de moneda, debido a la compra de oro para la exportación y a las grandes salidas de capital por cuenta del tesoro, hacía
necesaria una institución crediticia que pusiera en circulación billetes
para ampliar la oferta monetaria disponible para las transacciones
económicas (Botero, 1989, 30).
Una década después, en 1859, un grupo de empresarios antioqueños tuvo la iniciativa de establecer un banco semioficial con un capital
de un millón de pesos (suscrito en metálico y en hipotecas de tierras
por dos terceras partes de su valor), para fomentar sus haciendas cafeteras. Pero esta iniciativa no prosperó, quizá porque la guerra civil
se desató al año siguiente (Brew, 2000, 86).
En agosto de 1865 se presentó sin éxito a la Asamblea del Estado
de Antioquia un proyecto de ley que pretendía reconocer a los bancos
establecidos en el Estado el carácter de compañías mercantiles sujetas
al código de comercio vigente. En 1871, luego de haberse fundado
los bancos de Bogotá y de Colombia en la capital, se aprobó la ley
194 que autorizó la creación del Banco de Antioquia en Medellín,
una sociedad anónima con $694.500 de capital y 61 accionistas, en
su mayoría comerciantes de la región (Botero, 1988, 79).
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Juan Santiago Correa R.
Cuadro 3
Bancos en el Departamento de Antioquia, 1888
Entidad
Sede
Banco de Antioquia
Banco del Progreso
Banco Popular
Vicente Villa e Hijos
Botero Arango e Hijos
Banco del Zancudo
Banco de Medellín
Banco Industrial
Banco de Oriente
Totales
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Manizales
Rionegro
Billetes
emitidos
694.500
124.000
355.000
20.090
211.039
127.139
1.024.651
74.000
151.600
2.781.929
Billetes en Existencias
circulación
en caja
684.130
325.593
83.058
71.555
342.559
146.193
1.000
22.204
155.000
90.200
46.437*
473.704
785.943
25.338
62.598
128.437
27.886
1.939.663 1.552.174
* El Banco del Zancudo actuaba como caja de pagos de la mina, por ello no mantuvo
existencias.
Fuente: Botero (1985, 99).
Para garantizar la aceptación del público, una quinta parte del capital suscrito se pagó en dinero metálico y el resto en hipotecas sobre
propiedades dentro del Estado por la mitad del valor fijado por los
avaluadores. Además, el Banco gozó de importantes privilegios que
no se extendieron a los demás bancos, y que lo convirtieron en un
banco semioficial (Botero, 1989, 32).
Los promotores del banco, Julián y Eduardo Vásquez, entre otros,
obtuvieron el derecho a emitir sobre la hipoteca de sus propiedades,
con un aporte en metálico relativamente bajo (Brew, 2000, 87). Así
surgió en Antioquia una visión de lo público y lo privado, en la que
el gobierno debía “administrar” los asuntos generales, y los agentes
privados se encargarían de definir los aspectos “técnicos” del negocio
crediticio. No obstante, cabe resaltar que unos y otros hacían parte de
la misma élite política y económica y con frecuencia ocupaban cargos
en ambos campos, lo que hacía difícil establecer un límite entre estas
dos esferas de la sociedad.
En Antioquia, antes de la fundación del Banco de Antioquia, la
familia era la principal institución para canalizar fondos a las empresas
y suplir las necesidades de crédito7. La familia tenía un carácter bancario y empresarial, y era el núcleo central de la actividad económica;
los intereses familiares se manifestaban en numerosas actividades
que les permitía asegurarse frente a las difíciles condiciones del siglo
7
En su sentido más amplio, como red parental con intereses altamente diversificados que concentraba en sí misma la propiedad de sus activos (Correa, 2004).
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BANCA Y REGIÓN EN COLOMBIA, 1850-1880
35
XIX,
al mismo tiempo que daban seguridad mutua a sus miembros
(Brew, 2000, 81).
Los privilegios del Banco fueron otorgados por la misma ley que
lo creó, la cual no sólo le permitía emitir billetes reembolsables sino
que comprometía al gobierno del Estado a garantizarlos, pagándolos
en moneda metálica y admitiéndolos como dinero corriente en las
oficinas de la Hacienda del Estado. A pesar de estas relaciones con
el gobierno, el Banco era autónomo para tomar sus decisiones y sólo
la junta administradora decidía el monto de las emisiones que se
realizarían (Botero, 1989, 29).
El Banco de Antioquia fue entonces la expresión más definida de
una actividad que se desempeñaba desde tiempo atrás. Debido a los
intereses comerciales de sus accionistas, en su primer año de funcionamiento se tomó la decisión de establecer agencias de cambio y una
sucursal en Manizales. Esta plaza era de gran importancia, pues el
sur de Antioquia era un nodo de comercio entre Antioquia, Tolima
y Cauca; además, conectaba hacia el oriente con el puerto de Honda
sobre el Magdalena, y hacia el occidente, por Anserma la Vieja, con
las minas del Chocó (ibíd., 37).
Cuadro 4
Emisiones realizadas en el Estado de Antioquia, 1884
Entidad
Banco de Antioquia
Banco de Medellín
Restrepo & Cía.
Banco Popular
Banco del Progreso
Total
Billetes en circulación
250.000
280.000
50.000
100.000
600.000
1.280.000
Fuente: Botero (1985, 98).
El Banco convertía sus billetes en moneda metálica en Medellín y
en las agencias que se establecieron para ello, sus accionistas incluso
lo hacían a motu propio sin ningún descuento cuando no existía una
agencia que pudiera realizar la transacción. Además, el Banco de
Antioquia suscribió acuerdos con otros bancos y casas bancarias del
país para el recibo de sus billetes (ibíd., 38-39)8.
8
En 1881 celebró un convenio con el Banco de Cartagena para el recibo recíproco de billetes hasta por $2.000 trimestrales, y en 1882 anunció que recibiría
a la par todas las transacciones del Banco Industrial de Manizales. Para el giro
de letras de cambio y la remisión de fondos, el Banco cobraba una comisión del
1%, aunque podía variar de acuerdo con los términos que se acordaran (Botero,
1989, 39).
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Juan Santiago Correa R.
Uno de los acuerdos más importantes se firmó en 1878 con el
Banco de Bogotá, mediante el cual éste se encargó de pagar en la
Tesorería General de la República las cantidades que adeudaran los
comerciantes de Antioquia por derechos de aduana, previo arreglo
con el Banco de Antioquia. Esos pagos se realizaban en este Banco
el día que se debía efectuar el pago en Bogotá (ibíd., 40).
Debido a las necesidades de comercio exterior de la región, el
Banco firmó un acuerdo de corresponsalía con Stiebel Brothers de
Londres, que funcionaba de tiempo atrás como un vínculo importante del comercio internacional antioqueño. Este acuerdo facilitó las
operaciones entre los comerciantes antioqueños y las casas europeas
que recibían las remesas o las letras de cambio en libras esterlinas
garantizadas por Stiebel Brothers (ibíd., 43).
El nivel de aceptación de los billetes del Banco de Antioquia fue
tal que a veces obtuvieron una prima del 1% al 2% sobre su valor
nominal. Esto es un indicador diciente del nivel de confianza en la
actividad del Banco frente a la posibilidad de pérdida de valor intrínseco de la moneda metálica por desgaste o adulteración (ibíd., 53).
Las tasas de rentabilidad del Banco de Antioquia entre 1874 y 1885
fueron en general bastante buenas, superiores al 12% anual (utilidades
sobre capital desembolsado), con un máximo del 40,67% en 1878 y
un mínimo del 12,04% en 1874 (Botero, 1985, 110).
No obstante, los efectos del decreto 104 de 1886, que estableció
el curso forzoso, y la prohibición en 1887 de emisiones de los bancos
particulares, afectaron seriamente el funcionamiento de los bancos
privados, en especial, los regionales. En abril de 1892 la prensa local
publicó la demanda entablada por el Banco de Antioquia contra el
Departamento, alegando el incumplimiento del contrato. Según el
Banco, el Estado se había comprometido, entre otras cosas, a facultar
al Banco para emitir billetes y recibirlos como moneda corriente en
sus oficinas, y a no gravar a la institución con impuestos municipales o del Estado. Esto se había consagrado en la ley 194 del Estado
Soberano de Antioquia en 1871. Alegaba, además, que hacía más de
cinco años no se cumplían esas obligaciones, que debían durar hasta
marzo de 1883. Pero la demanda no prosperó y el Banco fue liquidado
alrededor de 1893 (Botero, 1989, 91).
En 1883 existían ocho establecimientos bancarios en Antioquia:
Banco de Antioquia, Banco de Medellín, Banco Popular de Medellín,
Banco del Progreso, Banco del Zancudo y tres casas comercialesbancarias: Restrepo & Cía., Botero Arango e Hijos, y Vicente B.
Villa e Hijos. Las últimas tres eran de carácter familiar, a diferencia
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de los primeros que eran sociedades anónimas. Aunque no fueron las
únicas sociedades familiares que ejercieron funciones financieras, sí
fueron las únicas, hasta donde se tiene noticia, que emitieron billetes
(Botero, 1988, 79).
Además, estas casas comerciales se diferenciaban de los bancos en
que se dedicaban al comercio como actividad económica principal
y no trataron de ampliar su oferta a todo el portafolio de servicios
bancarios. En general, eran empresas familiares que se dedicaban a
los préstamos y al comercio exterior (Echeverri, 1991, 41).
El Banco Mercantil de Medellín se fundó en 1875 con un capital
de $40.0009, una cuarta parte de los cuales estaba representada en
moneda metálica. El Banco emitió billetes con denominaciones de
1, 5, 10, 20 y 50 pesos pagaderos al portador en moneda metálica o
en billetes del Banco de Antioquia. Operó por cerca de cuatro años
y a finales de 1878 comenzó a recoger sus billetes. No se tiene información sobre su liquidación (Botero, 1985, 77-79).
El Banco de Medellín comenzó operaciones en 1881 con un capital
suscrito de $1.539.200, del cual se pagó el 20%. El Banco, como todos
los demás, exceptuando el de Antioquia, no recibió privilegios especiales del Estado y tampoco exigió a sus socios que hicieran aportes
en dinero y en hipotecas de bienes raíces. Sus socios ejercían diversas
actividades en el Valle de Aburrá, en especial en Medellín. Aunque
nominalmente participaban muchos accionistas, en la práctica unos
pocos controlaban el Banco a través de coaliciones, apoderados o
delegaciones de poder (ibíd., 79-84).
El Banco Popular de Medellín se fundó en septiembre de 1882 con
un capital suscrito de $60.000. El Banco fue una iniciativa diferente
de las anteriores, pues como indica su nombre, su nicho de mercado
eran los sectores populares de Medellín. Combinaba las actividades
propias de un banco comercial con las de un montepío o monte de
piedad, para contrarrestar las especulaciones de prenderos que prestaban a un interés del 30% al 40% sobre alhajas. Además, cumplía
funciones de caja de ahorros (ibíd., 86).
Fue fundado por Julián Vásquez como banco prendario, de emisión y descuento que hacía más énfasis en el servicio social que en la
actividad comercial. Para ello otorgaba créditos pequeños destinados
a cubrir necesidades apremiantes de los sectores populares (ibíd., 89).
El Banco tuvo una política crediticia más laxa que otras instituciones
de la época, financiando a pequeñas y medianas empresas de Mede9
Tres de sus cuatro accionistas lo eran también del Banco de Antioquia.
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llín, a los agricultores del suroccidente antioqueño y a los pequeños
mineros, hasta su liquidación en 1904 (Brew, 2000, 89).
El Banco del Progreso se fundó en 1883, con un capital de $60.000,
y se especializó en otorgar créditos a los mineros de Marmato. Sus
accionistas principales fueron Bartolomé Chaves, propietario de
minas; Carlos Greiffenstein, importante industrial del vidrio en Medellín, y Julián Vásquez, comerciante y accionista del Banco Popular
de Medellín (ibíd, 90).
Una de las iniciativas más interesante por fuera de la esfera de
influencia del Valle de Aburrá fue la fundación del Banco de Oriente
en 1883. Éste se constituyó como sociedad anónima con un capital
suscrito de $126.420 distribuido entre 6.321 acciones y con 228 socios
ubicados en diferentes poblaciones del oriente antioqueño. Esto lo
ubicaba como el tercer banco más grande de Antioquia, precedido,
por el Banco de Medellín ($1.539.200) y el Banco de Antioquia
($694.500) (Botero, 1988, 80).
Aunque tenía un número significativo de socios, en la práctica
su estructura de propiedad no difería en mucho de la de los demás
bancos antioqueños de 1872 a 1886. La aparente distribución “democrática” de la propiedad no coincidía con la realidad, pues varios
apoderados de la misma persona poseían acciones (socios, representantes o familiares), de modo que la propiedad del Banco era mucho
menos dispersa de lo que aparecía en sus escrituras. Por ejemplo, en
el Banco de Antioquia doce accionistas (el 19,67%) controlaban el
66,73% de las acciones, y en el Banco de Oriente trece accionistas
(doce de Rionegro) controlaban el 60,45% de las acciones (Botero,
ibíd., 82-83).
La primera emisión se efectuó en 1884 por un valor de $21.000,
y en el transcurso de ese mismo año se realizaron tres emisiones adicionales por un valor de $110.000. Las operaciones de descuento y
crédito se restringían al ámbito local y sus clientes eran usualmente
comerciantes de reconocida prestancia en el oriente o los mismos
socios del banco. Sus operaciones del período no se extendieron al
manejo de lingotes de oro ni a las operaciones con el exterior, que
tendían a ser manejadas por bancos de Medellín, en especial por el
Banco de Antioquia. Tampoco hizo acuerdos con bancos de otras
partes del país ni con el gobierno del Estado de Antioquia (ibíd.,
85-89).
En términos generales, la guerra civil de 1885 y las disposiciones
bancarias de la Regeneración afectaron seriamente las operaciones
de los bancos antioqueños. En los contratos entre las instituciones
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bancarias y sus usuarios se estipulaba que el monto de los intereses
y el capital se debían pagar en monedas corrientes de oro o plata
o en billetes de banco que no tuvieran descuentos. Esto último en
clara alusión a los billetes del Banco Nacional que sufrían un fuerte
descuento, a diferencia de lo que sucedía con los bancos privados
antioqueños que gozaban de amplia aceptación y circulaban a la par
con la moneda metálica (ibíd., 90).
Las medidas adoptadas en el decreto 104 de 1886, que se verán
en detalle más adelante, elevaron a categoría de moneda legal los billetes del Banco Nacional; y la ley 87 de 1886, por su parte, prohibió
estipular en los contratos públicos y privados otra moneda diferente
a la del Banco Nacional y ordenó a los bancos privados admitir estos
billetes como moneda legal en todas sus operaciones. Estas medidas
perjudicaron las actividades de la banca privada, pues sus obligaciones en moneda metálica ahora eran pagaderas en papel moneda del
Banco Nacional (ibíd., 91).
Es importante anotar que uno de los objetivos principales de
estos bancos, la reducción de las tasas de interés y la ampliación del
crédito, se logró bastante bien durante el período de banca libre pues,
en general, las tasas de interés oscilaron entre el 6% y el 12% anual;
aunque, por regla general, estos bancos no prestaron a los pequeños
productores ni recurrieron a los ahorros populares para canalizarlos
a la naciente industria textil o al cultivo del café (Brew, 2000, 91).
Así mismo, estos bancos jugaron un papel decisivo en la promoción
del cultivo de café a gran escala en la década de 1880, sin que las emisiones y la ampliación del crédito tuvieran efectos inflacionistas en la
región. No obstante, muchos bancos antioqueños no sobrevivieron a
las medidas de la Regeneración o sus operaciones fueron restringidas,
lo que contribuyó en parte a la animadversión general de Antioquia
contra la Regeneración y sus medidas, ello a pesar de que al menos
Medellín y su área de influencia fue uno de los principales bastiones
del conservatismo decimonónico.
LA BANCA EN SANTANDER
Santander fue tal vez el Estado en el que el liberalismo radical tuvo
mayor influencia. En desarrollo de las ideas liberales más extremas, la
Constitución del Estado Soberano de Santander autorizó al gobierno
provincial a establecer su propia unidad monetaria, independiente del
resto del país; y además, se autorizó a negociar legalmente con toda
clase de monedas de cualquier país (Echeverri, 1991, 50).
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En 1858 se autorizó la emisión de libranzas para ayudar a cubrir
los déficits fiscales. Pero, a diferencia de otros procesos similares, los
acreedores del gobierno y los empleados oficiales no estaban obligados
a recibirlos (ibíd.).
La actividad bancaria comenzó con la fundación del Banco de
Santander en 1873 con un capital de $300.000 y sede en Bucaramanga. Al año siguiente abrió operaciones en El Socorro, capital
del Estado, donde se firmó un contrato que le daba el privilegio de
manejar las cuentas del tesoro, de aceptar sus billetes en el pago de
impuestos, contribuciones y la nómina oficial en los pueblos donde
el Banco tuviera agentes. Debió cerrarse en 1880 tras los desórdenes
políticos y la guerra civil que afectaron la región (ibíd.). Mas reabrió
operaciones en 1883, cuando Bucaramanga se recuperó de la crisis
económica de los años anteriores. El aumento de las exportaciones de
quina fue determinante en la recuperación de la actividad comercial
y de la normalización de las finanzas locales (ibíd., 51).
El Banco del Norte se fundó en El Socorro en 1881 con un capital
inicial de $200.000. Algunos funcionarios gubernamentales utilizaban
el Banco como depositario del tesoro y aceptaban sus billetes en el
pago de impuestos y contribuciones (ibíd., 52).
En 1882 algunos terratenientes se unieron para fundar el Banco
de Pamplona, con el fin de que promoviera la agricultura en la región.
Su capital inicial fue de $80.000 distribuidos entre 70 accionistas. El
Banco no pudo resistir los efectos de la guerra civil de 1884-1885 y
debió ser liquidado tres años después (ibíd., 53).
Al año siguiente de la fundación del Banco de Pamplona se creó
el Banco Prendario de Soto. Éste abrió operaciones en Bucaramanga
con un capital de $10.000; pero, igual que otros bancos de la región, no
sobrevivió a los conflictos civiles del siglo XIX (Galán, 1947, 536).
En general, los efectos de dichos conflictos, la caída de las exportaciones tradicionales y las medidas económicas de la Regeneración
tuvieron un impacto negativo sobre la actividad bancaria santandereana, que no se recuperaría hasta comienzos del siglo XX.
LA BANCA BRITÁNICA
En la segunda mitad del siglo XIX la participación de bancos extranjeros en Colombia era marginal, y sólo se destaca la participación
exigua de la banca británica en el país. Uno de los primeros bancos
británicos en hacer presencia fue el London Bank of Mexico and
South America, en 1864, creado mediante la fusión del London and
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South American Bank (1863) y el Banco de México (1864), con un
capital inicial de un millón de libras, cuya principal área de operación
era Perú, Colombia y México (Luna, 1988, 13).
El Banco comenzó a operar en Colombia con privilegios otorgados por el Congreso, que lo autorizó para emitir y ser banquero del
gobierno. Pero los graves problemas de las exportaciones de tabaco de
finales de la década de 1860 le generaron pérdidas importantes que
lo llevaron a cerrar operaciones en Colombia en 1867 (ibíd.).
Por otra parte, en 1881 dos ciudadanos colombianos, Enrique Cortés y Rafael Parga, establecieron en Londres la firma Enrique Cortés
y Cía., con un capital de 32.000 libras. Sus operaciones se centraban
en el mercado colombiano y centroamericano desde donde podían
exportar productos locales a los mercados europeos e importar bienes
de Europa. La firma se fusionó con el Banco de Nicaragua, cambiando
su razón social a la de Cortés Commercial and Banking Company,
con accionistas nicaragüenses. Dicha firma no actuó como banco local
sino como un banco británico para minimizar los riesgos, hasta su
fusión en 1911 con el Anglo South American Bank (ibíd.).
Esta era una práctica corriente en Colombia en la segunda mitad
del siglo XIX, en especial en la construcción de ferrocarriles, pues las
transacciones internacionales se cotizaban según el precio internacional del oro. Por tal razón, los capitalistas locales que operaban a
través de corporaciones domiciliadas en el extranjero eran inmunes a
las fricciones políticas internas. En especial, eran inmunes al peligro
de confiscación o a las costosas indemnizaciones en medio de las
frecuentes guerras civiles del siglo XIX, pues siempre podían recurrir
a los oficios de las legaciones consulares británicas o estadounidenses
para proteger sus inversiones (Horna, 2003, 1035).
No obstante, el impacto de los bancos británicos que operaron en
Colombia fue pequeño, y los que funcionaron en Colombia lo hacían
con mucha cautela y evitaban convertir el capital en moneda local. Su
principal preocupación era financiar operaciones de comercio exterior
(Luna, 1988, 14).
A MANERA DE CONCLUSIÓN
Desde 1850 el desarrollo del sector bancario en Colombia estuvo
profundamente imbuido de las ideas liberales. En particular, durante
el Radicalismo su visión de nación dictó la manera de concebir los
bancos y sus funciones, de modo que la iniciativa privada, la escasa
interferencia del gobierno central en los asuntos privados y el federaR EVISTA
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lismo fueron las directrices sobre las cuales se desarrollaron los bancos
y se implementó la política monetaria en Colombia.
En esas condiciones, las élites regionales y locales tuvieron una
oportunidad sin igual para consolidar sus bases de poder y desarrollar
un sector bancario que, aunque limitado por las características estructurales de la economía nacional, les permitió ampliar su actividad
económica y consolidar su poder regional. No obstante, estos bancos
tuvieron un impacto positivo en el desarrollo y el apalancamiento de
otros negocios, y cumplieron un papel importante en el crecimiento
de algunas zonas del país.
Sin embargo, las características del sistema impidieron el desarrollo de un mercado de capitales más amplio, se crearon profundas
desigualdades regionales y el impacto sobre la economía del país se
restringió a la capacidad económica de cada región, sin que fuera
posible crear redes más amplias o generar economías de escala. Por
otra parte, los efectos positivos de este sistema no perdurarían y serían
limitados, pues la visión de nación cambiaría dramáticamente con las
reformas introducidas por la Regeneración.
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