Revista Digital Universitaria 10 de mayo 2008 • Volumen 9 Número 5 • ISSN: 1067-6079 NEGOCIAR O NO EL TLC, EL CASO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN MÉXICO Y CHILE Dra. Ma. Luisa Quintero Soto quinluisa@yahoo.com.mx Mtro. José Francisco Garrido Segura franciscogm@correo.unam.mx. Profesores de la División de Estudios de Posgrado de la FES ARAGÓN-UNAM © Coordinación de Publicaciones Digitales. DGSCA-UNAM Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica. Revista Digital Universitaria 10 de mayo 2008 • Volumen 9 Número 5 • ISSN: 1067-6079 Resumen Mucho se ha discutido en torno a la posibilidad de negociar o no el Tratado de Libre Comercio, en especial para el sector agropecuario, sin embargo, a más de 10 años de su implementación, el tratado sigue su curso sin cambios sustanciales al interior del aparato productivo del sector agropecuario en México; razón por la cual, en este artículo se pretende reflexionar qué tendríamos que hacer para responder a los requerimientos del mercado internacional, tomando como ejemplo el caso de la economía Chilena, que aún con su tratado de libre comercio ha logrado que su sector agropecuario registre un fuerte dinamismo económico. Abstract There is a huge discussion around the possibility of negotiating or not the Free Trade Agreement, especially on the agricultural sector; however, more than 10 years later of its implementation, the Trade is following its course without significant changes into the inner of the productive apparatus of the agricultural sector in Mexico, reason for which the paper has the intention to ponder what we should do to answer the requirements of the international market, taking as model the case of the Chilean economy who having its Free Trade Agreement, they have achieved its agricultural sector registering a strong economic dynamism. © Coordinación de Publicaciones Digitales. DGSCA-UNAM Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica. 3-xx NEGOCIAR O NO EL TLC, EL CASO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN MÉXICO Y CHILE http://www.revista.unam.mx/vol.9/num5/art28/int28.htm INICIO Hablar de desarrollo no es fácil, sobre todo cuando nuestro país por mucho tiempo ha intentado mejorar las condiciones de vida de la población, a través de la educación, niveles de ingresos suficientes e incentivando las actividades productivas necesarias para lograr un crecimiento económico. Evidentemente, uno de los sectores productivos con mayores problemas económicos sociales es el sector agropecuario que se ha caracterizado por una enorme desigualdad social y justamente esta situación nos lleva a reflexionar que requerimos hacer cambios con una visión más humana que minimice la disparidad social que existe en nuestro país. Debemos aceptar que quedan acciones por emprender para transformar esta situación, y para ello abordamos cómo ha sido la integración de apertura comercial de Chile. En los últimos tiempos, dos de los temas centrales de discusión en todos los foros internacionales son la denominada globalización y los procesos de apertura comercial. Un lugar preponderante, lo ocupa la reflexión acerca de las formas como debe cumplirse la meta de la liberalización comercial, en el sentido de reducir las barreras que los distintos países o bloques económicos que se oponen al libre tránsito de las mercancías a nivel mundial. Lo anterior supone un aparente consenso en el ámbito teórico y político, por lo cual, la meta de la liberalización del comercio internacional se muestra como un elemento incuestionable en el desarrollo económico. Sin embargo, la realidad en la arena internacional es otra, y la vieja polémica proteccionismo - librecambio (en el lenguaje de los economistas clásicos), vuelve a estar en vigor continuamente cuando de países o bloques económicos se trata, o de sectores económicos y sociales al interior de los mismos. Desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), a la fecha, podemos decir que la producción agrícola se derrumbó, muchas empresas de la industria manufacturera se fueron a la quiebra económica, no se generaron los suficientes empleos. Un informe de la Auditoria Superior de la Federación señala que, durante 1993-2005, se tuvo una tasa media de crecimiento anual de 4.4%. En información elaborada por la Secretaría de Economía se admite que no se contó con una base de datos que proporcionara datos sobre la generación de empleos y la mejora de las remuneraciones de los trabajadores, de las 19 mil 083 empresas registradas con Inversión Extranjera Directa (IED), en el ámbito del TLCAN1. Resulta contradictorio que sea justamente en los países subdesarrollados, donde las medidas de eliminación de barreras se hayan impuesto con mayor fuerza, en muchos casos, bajo la forma de verdaderas imposiciones de los organismos financieros internacionales; de igual modo, que sea en el mundo desarrollado donde ahora se presentan los mayores conflictos, con diversos bloques o países en pugnas sumamente fuertes; tal vez, uno de los ejemplos más claros sea el conflicto entre los Estados Unidos y el Japón respecto a las restricciones que éste último impone a la entrada de productos norteamericanos; o el de los Estados Unidos y otros países, tradicionalmente productores de artículos agropecuarios propios de los climas templados, con la Comunidad Económica Europea. El asunto es más notorio si se toma en cuenta adicionalmente que los países subdesarrollados son los que a nivel mundial han tendido a una economía más abierta, salvo durante periodos relativamente cortos en los que se ha pretendido desarrollar un sector industrial interno. En efecto, los países subdesarrollados son tradicionalmente exportadores de materias primas y productos agropecuarios, en tanto que siempre han sido fuertes importadores de artículos industriales, producidos, en su mayor parte, en el mundo desarrollado. Incluso el impulso industrial en el mundo subdesarrollado es fundamentalmente dirigido a los mercados exteriores. Se puede decir que en buena parte, la oposición que se puede encontrar entre libre comercio y proteccionismo, es un asunto que mayormente ha originado conflictos a nivel de compraventa entre los países desarrollados, y sólo durante ciertas circunstancias muy específicas, ha sido tema de primordial importancia en el mundo subdesarrollado, el cual, desde los albores del desarrollo capitalista, siempre ha dependido mayormente de los mercados exteriores para la realización de las mercancías producidas internamente y para el abastecimiento de las que no lo son, provenientes, en su mayor parte, de los países desarrollados. 1 4 -xx Egremy Nydia, (2007), TLCAN saldo negativo para México, en http://revistafortuna.com.mx, consultada el 27 de febrero de 2008. © Coordinación de Publicaciones Digitales. DGSCA-UNAM Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica. Revista Digital Universitaria 10 de mayo 2008 • Volumen 9 Número 5 • ISSN: 1067-6079 De la evolución estructural del comercio el mundo , pareciera poder deducirse la tendencia a la conformación de bloques de libre comercio, frente a las pretensiones de instancias internacionales, como el GATT y su sucesora la Organización Mundial del Comercio (OMC), así como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (conocida por sus siglas inglesas de UNCTAD), de crear un flujo más generalizado de bienes. Es un hecho claro que la constitución de bloques, si bien es un mecanismo para incentivar el comercio entre los países integrados a ellos, hacia el exterior se convierten en bloques de protección. Es decir, se privilegia el comercio intrabloque, eliminando las barreras internas (el caso de la Comunidad Económica Europea [CEE], es tal vez el más claro), pero se tiende a poner limitaciones para los productos provenientes del exterior, especialmente en el caso de los que son competitivos con la producción de los países integrados. El propósito es entonces desarrollar una investigación detallada en el campo de las consecuencias para la agricultura mexicana de los procesos de apertura comercial y de integración comercial. Hay que enfatizar que la situación que hoy vive el campo no es producto de la firma del TLCAN, este tratado viene a sumarse a las condiciones de desigualdad que ya tenía el sector agropecuario como consecuencia de una política inadecuada hacia este sector. ANTECEDENTES El origen más inmediato del TLCAN, data de 1974, cuando ocurrió la crisis mundial del petróleo, mediante el embargo árabe de la venta de dicho hidrocarburo, con lo cual manejaron los precios fuera del control de los monopolios fundamentalmente estadounidenses, situación que llevo a éstos últimos a pensar en un MERCADO COMÚN DE AMÉRICA DEL NORTE, que podría darse mediante una integración de México, Estados Unidos y Canadá, a fin de no volver a pasar los problemas de desabasto de petróleo y sus derivados que se dio con el embargo árabe en el referido año. Así, surgió la nueva idea del Mercomún de América del Norte, hacia el cual, tanto en el sector oficial como no oficial, hubo un clima de rechazo absoluto, inclusive por los empresarios. La aceptación de México a los Códigos de Conducta del GATT, fue de la mano con la apertura comercial y con las leyes proteccionistas de los Estados Unidos, por lo cual el TLCAN fue la culminación del proyecto de apertura comercial con el que México entró a la globalización de finales del siglo XX y principios del XXI.2 Al año de haber firmado el Acuerdo de libre Comercio con Canadá y en medio de la discusión interna acerca de las ventajas y desventajas para México del TLCAN, el entonces presidente norteamericano George Bush, aludió a la necesidad de integrar un bloque americano en forma de un área de libre comercio que abarcara a toda América, en réplica a los avances de la integración europea que se definía muy claramente como integración o bloque económico altamente competitivo y desafiante de la hegemonía norteamericana. 2 Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, La integración Comercial México Estados Unidos y Canadá. (Oportunidad o Destino). Editorial siglo XXI México, 1990. © Coordinación de Publicaciones Digitales. DGSCA-UNAM Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica. 5-xx NEGOCIAR O NO EL TLC, EL CASO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN MÉXICO Y CHILE http://www.revista.unam.mx/vol.9/num5/art28/int28.htm La apertura comercial, liberalización del mercado y la agricultura De acuerdo con TRACY (1989), y MCMAHON (1988), los procesos de integración económica tienen una doble faceta, de liberalización comercial hacia el interior y de proteccionismo respecto a los productos provenientes del exterior. Buena parte de la polémica se ha dirigido hacia esa relación. Los abanderados del libre comercio generalizado sostienen que la conformación de bloques conlleva el peligro de imponer restricciones al comercio internacional que luego son muy difíciles de eliminar, y que por lo tanto frenan el avance hacia la creación de marcos más amplios de libre cambio de las mercancías. Por otra parte, los defensores del proceso de conformación de bloques sostienen que éstos representan un paso positivo en la tendencia predominante hacia un comercio mundial más libre y amplio, al incentivar los intercambios intrabloque y crear reglas de comercio uniformes que facilitan las negociaciones hacia el exterior, de forma más expedita que si se tuviera que tratar con todos los países por separado. La apertura comercial es un proceso dentro del fenómeno de la globalización, por el cual se tiende a conformar un mercado mundial más amplio, que es lo que necesitan las grandes empresas del mundo actual, es decir, las grandes empresas transnacionales. No es casualidad, por lo tanto, que el proceso de apertura sea promovido por los organismos financieros internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial), y por las grandes potencias mundiales (Estados Unidos, Europa, Japón, etc.). Una de las cosas por entender es que el proceso de apertura comercial, como se mencionó, es impulsado por esas grandes potencias económicas, dentro de una estrategia que persigue que el mercado internacional se estructure aún más a sus intereses, y no que parta de las necesidades de los países subdesarrollados. Ello no impide que se puedan obtener algunos beneficios de estos procesos, pero en lo fundamental, lo que significa es que cada vez más los países subdesarrollados tienen que desenvolverse dentro de las reglas del juego que han impuesto las grandes potencias y compañías internacionales, en un campo de batalla donde lo fundamental que se dirime son las contradicciones entre esas trasnacionales y potencias económicas. Estamos en un periodo en el que el mundo presencia un desarrollo vertiginoso de la producción y la productividad en la agricultura, especialmente en el caso de los países desarrollados (GRIGG,1992). Tanto en el caso europeo, como en el norteamericano, la producción crece a un ritmo muy superior al del crecimiento de la población, lo que hace que en el transcurso de unos pocos años se pase de una situación de relativa escasez en cuanto al abastecimiento interno de alimentos en Europa (derivada de la situación posterior a la Segunda Guerra Mundial), a una situación que se puede caracterizar primero de autoabastecimiento y luego de sobreproducción (Tracy, 1989), en tanto que en los Estados Unidos la situación es aún más acentuada (GRIGG, 1992). En esta sección nos interesa analizar las transformaciones de carácter más general que han ocurrido en la agricultura del mundo, marco que consideramos imprescindible para ubicar la situación actual de la agricultura de México y Chile, en los procesos de apertura comercial y globalización económica. De lo que se trata es que se tenga claro que estas transformaciones constituyen los límites dentro de los cuales se están dando los procesos actuales, y que la evolución del agro de nuestros países se ve condicionada en alto grado por esa evolución. El objetivo es que se pueda entender el campo limitado en que nos movemos, a fin de comprender que en el marco de una economía globalizada, nuestras opciones son limitadas, de forma que se puedan aprovechar las mismas sin caer en metas de tipo ilusorio o de carácter apologético de las políticas de apertura, en el sentido propuesto por sus defensores de que sólo beneficios podemos esperar de ellas. El análisis parte de considerar tres aspectos fundamentales, el primero se refiere a los grandes cambios que han ocurrido en la producción agropecuaria a nivel mundial; se parte de que las características de la producción actual son radicalmente diferentes de las que existían a mediados del siglo, principalmente en lo que se refiere a la potencialidad de la producción y a los volúmenes producidos en cada una de las grandes regiones del globo. El segundo punto hace hincapié en los cambios estructurales de la producción y de su 6 -xx © Coordinación de Publicaciones Digitales. DGSCA-UNAM Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica. Revista Digital Universitaria 10 de mayo 2008 • Volumen 9 Número 5 • ISSN: 1067-6079 distribución regional, lo que significa el impulso de modificaciones en la estructura del mercado mundial de productos agropecuarios. Esto es importante, ya que supone que las condiciones para la exportación e importación de productos del agro son radicalmente diferentes en los noventa que en los cincuenta, lo que es de gran peso para países cuya economía se basa, gran parte, en la actividad agroexportadora; como los nuestros. Derivado de lo anterior, se establece el tercero, que enfatiza los cambios en la estructura general de los mercados, generando nuevas estructuras en el mercado mundial a partir de los procesos de integración económica y de la formación de grandes bloques regionales (FERNÁNDEZ, 2003). La problemática actual del campo mexicano El sector agropecuario en México se encuentra dentro de un panorama3 que nos muestra una doble problemática, nos referimos a los efectos de una economía cada vez más internacionalizada y rezagos producto de políticas paternalistas hacia el campo. México cuenta con una superficie, aproximadamente, de 200 millones de hectáreas, la manera en que se presenta es la siguiente: 101 para la actividad ganadera, 61 para la silvicultura, 28 para agricultura y 10 para otros usos como el urbano. Sin embargo, el suelo se encuentra en un grave deterioro, el 97% del territorio manifiesta efectos de degradación, como la erosión, la salinización, la compactación, lixiviación, pérdida de materia orgánica (MATA, 2001). En el campo mexicano se desarrolla una agricultura fundamentalmente temporalera y tradicional, en Pequeñas Unidades de Producción Rural, (PUPR) en la zona centro sur, principalmente; y se dedica en un 50% de la superficie agrícola al cultivo de granos básicos. Se estima que existen 3.8 millones de unidades de producción rural, de las cuales 500 mil son empresariales, 900 mil son de subsistencia y 2.4 millones con potencial aún no desarrollado (MATA, 2001). De l994 a 2004, durante el sexenio de Ernesto Zedillo y de Vicente Fox, en el periodo de la apertura comercial manifestada en el TLCAN, el PIB del sector primario sólo registró una tasa de crecimiento anual de 1.9%, obteniéndose un leve crecimiento en una agricultura del tipo comercial de exportación en la zona centro- norte del país. Los principales cultivos de exportación que se encuentran en unidades de producción empresarial han registrado aumentos, tal es el caso de las hortalizas con una elevación acumulada de 68.1% y frutas con un crecimiento del 27.2%. Por su parte, el cultivo del maíz y los 10 cultivos básicos registraron un incremento del 2.5 y 4.5 millones de toneladas respectivamente de 1994 a 2003 (ROSENZWEIG, 2005). Las exportaciones del sector crecieron solamente en una tasa anual del 6.1% y las importaciones lo hicieron a un 6.2%, siendo los principales productos de exportación las hortalizas y las frutas. En el gobierno de Vicente Fox, se gastaron 60 millones de dólares en la importación de alimentos, lo que deja la herencia de una dependencia agroalimentaria superior al 50% de la producción nacional. La demanda nacional de alimentos ha tenido que ser cubierta por esta elevada importación y podría aumentar a partir de 2008 debido a la eliminación total de los aranceles que prevé el (TLCAN). A inicios del TLCAN México reportó una dependencia de 19% en el área de alimentos, pero en los dos últimos sexenios la cifra creció a un 150%. De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en los próximos tres años, las importaciones de maíz se incrementarán 40%, al pasar de 7.3 millones a 10.2 millones de toneladas. En el período de 2000 a 2005 del gobierno foxista, México gastó 9 mil 500 millones de dólares en la importación de cereales, 10 mil 600 millones en carnes y despojos animales, 8 mil 100 millones de dólares en granos y 3 mil 100 millones de dólares en grasas animales y vegetales. En el 3 El panorama actual del campo en México se maniiesta en una agricultura empresarial o moderna, sobre todo en la zona centro- norte del país que se extiende un 30 a 40% del área agrícola nacional, y una agricultura de pequeñas parcelas que va de un 60 a 70% del total de las parcelas del campo mexicano (Calva, 1993). © Coordinación de Publicaciones Digitales. DGSCA-UNAM Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica. 7-xx NEGOCIAR O NO EL TLC, EL CASO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN MÉXICO Y CHILE http://www.revista.unam.mx/vol.9/num5/art28/int28.htm frijol, las compras al exterior aumentaron hasta 60 millones de dólares, las de trigo, a 400 millones y las de arroz, a 125 millones de dólares. Esta situación y los bajos precios de los productos agrícolas agravan la rentabilidad del campo.4 Los efectos del modelo neoliberal no parecen, de primera impresión, lo bastante positivos para lograr justicia social en el campo mexicano, ya que han puesto al sector productivo agropecuario nacional a la voluntad del mercado mundial, sin haber generado bases sólidas en nuestra producción rural, pues, en general, el grueso de las unidades de producción agropecuaria tienen que sortear altos costos de producción y, por el contrario, vender sus productos a precios bajos. La pobreza en el medio rural mexicano se ha agudizado como resultado de la crisis macroeconómica de 1994. La población bajo la línea de pobreza en las zonas rurales pasó de 56.5% en 1994, a 62.5% en 1996. En 2002, registró niveles de 51.2%, aunado principalmente a las remesas5 de los emigrantes mexicanos. Detrás de esta reducción de la línea de pobreza, existe un mayor número de mexicanos que han tenido que abandonar el campo. La pobreza en 2005 afectó a más de 1 millón. 40 mil personas, a nivel nacional, se agregaron a la pobreza alimenticia y 270 mil a la patrimonial. Sólo en un año, a 1 millón 600 mil personas del medio rural no les alcanzaba ni para comer; y 1 millón 680 mil no cubrían el consumo básico de vestido, vivienda, salud, transporte, y educación. Buena parte de la contribución al incremento de la pobreza, viene entonces del medio rural (QUINTANA, 2006). Los ingresos agrícolas de las familias rurales son menores en unidades de producción pequeñas, mientras las no agrícolas son mayores, y el peso que tienen las remesas en estas unidades de producción son más significativas. Solamente en 1997, la población de adultos emigrantes alcanzó un 11% de la población rural y 45% de las familias de los ejidatarios tenía, por lo menos un integrante que emigró (MATA, 2001). Cierto es que el momento por el que atraviesa el campo nacional no es solamente ocasionado por los efectos de la política económica de México en los últimos tiempos, sino que son remanentes de una serie de malas orientaciones del Estado mexicano hacia el campo. Estos rezagos tienen su origen en el apoyo que significaba el sector campesino al sistema político mexicano. La validación del esquema político nacional necesitaba tener una población rural generalmente satisfecha con su gobierno, por lo que éste invirtió fuertes cantidades del presupuesto nacional en esquemas de apoyo a la producción, vía subsidios en semillas, fertilizantes, maquinaria y en la comercialización de los productos agropecuarios.6 De esta forma, la participación del Estado en la producción y comercialización del sector agropecuario fue casi total durante las décadas 50, 60 y parte de los 80, de manera que los subsidios y las empresas paraestatales dedicadas al sector llegaron a crear un espejismo de la verdadera situación que guardaba nuestro campo. Ese espejismo se manifestó en que el trabajador vivía bajo costos de producción ficticios, ya que los precios de los principales insumos eran pagados en buena parte por el Estado, y, por otro lado, en la comercialización, en donde Lo anterior fue expresado por la Confederación Nacional Campesina (CNC) y la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) para que en el sexenio 2006-2012 se garantice la aplicación imparcial del presupuesto para el sector agropecuario. Véase Diario La Jornada, 14 de agosto de 2006 5 La importancia de las remesas en el sector rural radica en el efecto directo que tiene en el ingreso familiar, lo que facilita la compra de bienes de consumo y ofrece el potencial para favorecer al ahorro y la inversión productiva. El impacto de las remesas en las localidades no urbanas cobra mayor importancia si se considera que 25 de cada 100 hogares rurales recibieron remesas, mientras que en las áreas metropolitanas la relación fue de 3 de cada cien. http//: www.infoaserca,gob.mx. Revista Claridades Agropecuarias. “La población rural en México.” octubre 2004 .pp 14 6 Desde la perspectiva de los gobiernos que representaron las políticas de fomento al campo 4 nacional como el de López Portillo se pensaba que el Estado debería obtener beneicio político en las urnas por parte de la población campesina producto de los programas de desarrollo rural. Véase Salinas, Carlos.1991. Producción y Participación Política en el Campo. UNAM. México. p. 24 8 -xx © Coordinación de Publicaciones Digitales. DGSCA-UNAM Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica. Revista Digital Universitaria 10 de mayo 2008 • Volumen 9 Número 5 • ISSN: 1067-6079 el Estado asumía buena parte de la misma, sobre todo en los productos considerados como prioritarios, tal es el caso de los granos básicos y aquellos que requería la agroindustria, como la caña de azúcar y el café. Existía una política estatal que al parecer apoyaba al sector agropecuario, pero que por otra parte solamente eran soluciones a corto plazo para el campo mexicano, que tenían como fin ser reservorios de apoyo al sistema político mexicano. La verdadera problemática del campo mexicano no cambió. La falta de tecnologías apropiadas a nuestra realidad, que lograran mejorar la producción y productividad del país, se dejaron a un lado, por causa de los intereses del grupo político en el poder, que requería de una producción agropecuaria lo suficientemente basta para sostener un mercado nacional, también seriamente“asegurado”con precios subsidiados que se traducirían en apoyo del resto de la población, al Estado. A finales de los años 80 y en la década de los 90, se dio un cambio en el medio rural mexicano, producto de los últimos compromisos adquiridos por el gobierno mexicano en el ámbito internacional, que tuvieron su relevancia más notable con la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estado Unidos y Canadá. La “nueva” política económica de apertura comercial tuvo de inicio la repercusión en el retiro de subsidios al campo, y significa el principio del derrumbe del sector agropecuario nacional y que el país se encuentre en una situación vulnerable frente al exterior, al depender de la importación de productos básicos, en teoría, más baratos. Este esquema representa privar a los campesinos de sus posibilidades reales de subsistencia, de por sí, ya complicadas.7 Así, estamos inmersos actualmente en los principios de los efectos de esa política neoliberal, sin embargo podemos decir que el campo nacional se encuentra en una doble problemática, la primera por los efectos de la economía neoliberal y la segunda por la serie de retrasos en la producción agropecuaria nacional. En los dos últimos sexenios, el futuro del medio rural mexicano se ha manejado desde una perspectiva que favorece a la agricultura del tipo agro exportador, principalmente de hortalizas y frutas, que se localiza en la franja centro- norte del país y que abandonó a su suerte al sector campesinos, donde la descapitalización, pobreza y migración crecientes parecen ser la “política agropecuaria” de los gobiernos neoliberales de México. 7 El objetivo era claro en el momento de las reformas adquiridas por los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, utilizar todo el aparato del Estado para beneiciar a las cúpulas hegemónicas trasnacionales. Véase Espinosa, Luz María et.al. 1999. Sector Agropecuario y Alternativas Comunitarias de Seguridad Alimentaría y Nutrición en México. UAM / Ed. Plaza y Valdés. México. p.28 © Coordinación de Publicaciones Digitales. DGSCA-UNAM Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica. 9-xx NEGOCIAR O NO EL TLC, EL CASO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN MÉXICO Y CHILE http://www.revista.unam.mx/vol.9/num5/art28/int28.htm Quién gana y quién pierde con el TLCAN Los pequeños agricultores han sido de los más afectados con la firma del TLCAN, ya que los precios pagados a los productores se han desplomado 44 por ciento y el mercado nacional se ha visto inundado de maíz barato fuertemente subsidiado, proveniente de Estados Unidos. Lo que mantiene el precio del maíz en ese nivel tan bajo es la política agrícola de Estados Unidos, cuya expresión más reciente es la Ley Agrícola 2002, la cual otorga un apoyo significativo a los productores de maíz. El maíz está considerado como el cultivo que recibe los mayores subsidios en Estados Unidos, los subsidios de los que se benefician los agricultores estadounidenses ascienden a alrededor de 10 mil millones de dólares al año, aproximadamente diez veces la producción agrícola total de México (SCOUT, 2004). Muchos campesinos han abandonado sus tierras, mientras otros luchan para apenas ganarse el sostén de sus familias. No obstante, la crisis del maíz por la que atraviesa México se remonta a antes del TLCAN. El problema comenzó con la entrada de México al GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) en 1986, debido a que el gobierno mexicano comenzó a desmantelar políticas que garantizaban algún apoyo para el precio básico del maíz. Para SCOUT (2004) la firma del TLCAN y la apertura de México a los mercados internacionales, aceleraron la eliminación de aranceles, cuotas y apoyos directos. Entre 1994 y 2002, las exportaciones de maíz de Estados Unidos a México casi se triplicaron: de 2.2 millones de toneladas anuales a seis millones de toneladas. México pasó a ser el segundo mercado de exportación más grande para el maíz estadounidense, representando el 11% de todas sus exportaciones en 2000, lo que equivale a cerca de 550 millones de dólares estadounidenses. Los efectos en el campo mexicano han sido agudos. A medida que los grandes agricultores cambiaban el maíz por otros cultivos, los agricultores más pequeños y más pobres en realidad extendieron la tierra destinada al cultivo de maíz para compensar así la reducción de sus ingresos y poder alimentar a sus familias. No obstante, el impacto del TLCAN en la agricultura de México es decididamente mixto: algunos sectores se han beneficiado claramente, mientras que otros —el del maíz en particular— han encarado un ajuste violento a la apertura de las fronteras a pesar de las protecciones arancelarias que México insertó al acuerdo comercial. Al final, los mayores beneficiados resultan ser los comerciantes de maíz y los consumidores de maíz barato, incluidas las industrias ganaderas de México y EU que utilizan el maíz como forraje. Otros beneficiarios son los productores y consumidores de jarabe de maíz y productos endulzados, al igual que muchos otros consumidores industriales de harina, aceite y jarabe de maíz. El subsidio al campo termina convirtiéndose en un subsidio para los comerciantes y las grandes corporaciones. Es por ello que algunos campesinos mexicanos han exigido la renegociación del TLCAN, reconociendo que el maíz es un cereal importante para la sociedad mexicana, además de que México representa el centro mundial de su diversidad genética hoy en día, el cultivo del maíz no es sólo una forma de ganarse la vida, sino de conservar la identidad cultural del México rural (SCOUT, 2004). 10 -xx © Coordinación de Publicaciones Digitales. DGSCA-UNAM Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica. Revista Digital Universitaria 10 de mayo 2008 • Volumen 9 Número 5 • ISSN: 1067-6079 Qué hay en el fondo de la situación del campo en México NOVELO (2007) señala que en el sector agropecuario se puede observar una prolongada cadena de disfuncionalidades, internas, visibles desde la operación de la etapa de Industrialización Sustitutiva de Importaciones (ISI) que van desde la dualidad de la sociedad y la producción primarias8, hasta una productividad impresentable a la hora de participar en la competencia internacional, pasando por el desvanecimiento del circuito financiero rural, (precios, crédito, aseguramiento y subsidios); por la reducción real del presupuesto agropecuario federal, y por la desaparición de una parte significativa de las instituciones públicas relacionadas con el sector; dichos elementos aparecen como variables explicativas de la ruina agraria, con o sin apertura internacional. Pese a haber suscrito instrumentos de libre comercio con 52 países, México sostiene el grueso de sus relaciones económicas y comerciales, en casi 90%, con uno sólo: Estados Unidos. Así, al iniciar operaciones en el marco del TLCAN, no sólo inaugura una integración sin precedentes entre un país subdesarrollado y dos desarrollados, sino que también le otorga irreversibilidad a un programa económico basado en el progreso preferente del sector externo, en el prioritario combate a la inflación y en la suscripción indiscriminada de instrumentos de libre comercio. Es el TLC culpable de la situación del campo CEBALLOS y QUINTERO, (2007); junto con NOVELO, (2007) coinciden al decir que a estos hechos ya mencionados, se suma un proceso acelerado de integración, no sólo económica, con Estados Unidos, en la que no se prestó la menor atención a la situación de la sociedad rural mexicana, ni se tomó cuidado en las asimetrías entre los sectores primarios de ambas naciones, a los efectos demográficos, tecnológicos y a las políticas públicas específicas, desde la determinación de las subvenciones, hasta la inversión gubernamental en la infraestructura y en la ciencia. Es decir, un tratado de libre comercio, que no puede cumplir con sus iniciales y ambiciosas promesas, entre las que sobresalen, el crecimiento de productividad y el aumento del producto e ingreso per cápita de los mexicanos. NOVELO (2007) indica que, frente a estas circunstancias, se ha vuelto extraordinariamente compleja la labor de repartir culpas, entre las causales internas y los efectos rurales de la apertura económica y comercial, a la hora de lograr cierta eficacia explicativa sobre las condiciones del campo mexicano. No escasean las voces que culpan al proceso de apertura de asuntos económicos y sociales que, con mucho, le anteceden en el tiempo; aunque menos numerosas, no faltan las aseveraciones que convierten a los saldos de ese cambio radical en política económica, dentro de una cadena de éxitos sin precedente, donde también hay que reconocer la poca participación social y la debilidad de los productores en su interlocución con el gobierno nacional y con el entorno internacional. Para NOVELO (2007), una clave relevante consiste en reconocer que la integración con Estados Unidos no “apareció” con las negociaciones del TLCAN, sino como bien informa SIDNEY WEINTRAUB (1994), se venía cocinando desde hace mucho tiempo atrás y de manera silenciosa; otra clave, igualmente relevante, se observa en el notable abandono oficial del medio rural, también con anticipación considerable al inicio de negociaciones sobre el tratado, con su saldo añejo de dualidad improductiva, de gasto público menguado y menguante (extrema y a secas), grande y creciente. La hipótesis que plantea consiste en afirmar que el TLCAN e instrumentos posteriores de apertura económica y comercial, no son los culpables fundamentales de la penuria del campo mexicano; aunque, por supuesto, tampoco son inocentes. En la negociación inicial del primer tratado, se hicieron previsiones y se adoptaron compromisos que no se reflejan en la situación actual. El prolongado periodo de gracia establecido para liberar por completo a la producción agropecuaria, habría de servir para fortalecer a los productores mexicanos, por medio de un gasto extraordinario e infraestructura para experimentar una radical modificación en la organización productiva agrícola de granos y leguminosas a frutales y hortalizas, y para presionar por un comercio más justo, sin subsidios y otras prácticas 8 Con una notable discriminación de la agricultura menos atenta a los llamados del mercado, donde la disponibilidad agraria es escasa y atomizada, y donde se concentra el grueso de la producción orientada al consumo interno 11-xx © Coordinación de Publicaciones Digitales. DGSCA-UNAM Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica. NEGOCIAR O NO EL TLC, EL CASO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN MÉXICO Y CHILE http://www.revista.unam.mx/vol.9/num5/art28/int28.htm desleales, por parte de los socios comerciales de México. Nada de ello se logró y la situación actual tiende a ser mucho más dramática que en aquel momento; el añejo corporativismo, el tatuaje al que se sometió a los productores rurales de la conformación del régimen de la revolución mexicana, y las debilidades estructurales de la producción agropecuaria, han jugado y juegan un papel definitivo en la visible postración del campo mexicano (NOVELO, 2007). Porqué está abandonado el campo El campo reúne la mayor riqueza de nuestra diversidad cultural y, por muchos años, cumplió una compleja conducción de tareas fundamentales: una oferta de alimentos suficiente y barata, materias primas abundantes y económicas para la industria, y captación de divisas, vía exportación, para financiar las importaciones que la industria siempre requiere. Transfirió capital al resto de la economía mediante los instrumentos bancarios fiscales y de precios, y cumplió con la tarea de transferir fuerza de trabajo para las actividades urbanas; el desempeño de esas funciones, y en el marco de una dualidad productiva invencible, el agotamiento del medio rural terminó por ser visible al despunte de los años 70 del siglo XX; su exposición a la competencia internacional arroja un saldo de muy pocos ganadores y muy gruesas filas de perdedores. Los acuerdos corporativos, en deliberada situación de los derechos individuales, la atomización de la estructura agraria, con un minifundismo incapaz de acceder a los insumos y ventajas, que derivan de las economías de escala, y un prolongado tutelaje gubernamental, que convirtió en nada la soberanía de productores y les impidió tomar las decisiones fundamentales (qué, cómo, cuánto y para quién producir), no son datos menores a la hora de buscar a las variables explicativas de la crisis del sector. La incertidumbre sobre los derechos de propiedad, la falta de acceso al crédito, a los mejores insumos, a precios capaces de incentivar la producción, al aseguramiento subsidios y, ahora, a los juzgados y condenados; también desempeñaron su propio e inquietante papel, sin menoscabado de una burocracia incapaz, entrometida y corrupta, que históricamente ha mediado y medrado entre los productores y las agencias gubernamentales (NOVELO, 2008). La no aplicación de una reforma radical –que incentive considerablemente a los productores y le otorgue competitividad internacional al sector-, vale la pena advertirlo, puede representar mucho más que costos materiales y llevarnos a una ingobernable inestabilidad, también social. Las reformas recientes, sin consenso ni suficiencia, resolvieron poco y mal la compleja situación. Percibir al campo como componente de un todo, no sólo económico, nacional, definir y proteger, así como ampliar el espectro de derechos de propiedad, desarrollar el campo de derechos individuales, incentivar la compactación agraria, construir infraestructura de calidad, impulsar las economías de escala y reanimar todo el circuito financiero, son parte esencial de las propuestas institucionales indispensables (AYALA, 2002: 402). 12 -xx © Coordinación de Publicaciones Digitales. DGSCA-UNAM Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica. Revista Digital Universitaria 10 de mayo 2008 • Volumen 9 Número 5 • ISSN: 1067-6079 Cambios y transformaciones del sector Por otro lado, al final de la década de los 80, el sector público contaba con más de cien organismos y empresas involucradas en la regulación o el fomento agropecuario. Al término del siguiente decenio sólo quedó un puñado, esto debido a los procesos de desincorporación, privatizaciones o simplificaciones administrativas o presupuestarias. Los programas de ajuste estuvieron enfocados hacia la mejora de los términos de intercambio de producción agrícola, lo que podría incrementar los ingresos rurales. Al eliminar la reevaluación y los impuestos implícitos a la agricultura, que provienen de la protección efectiva a la industria, se esperaba que se estimulara la producción de transables intensivos en trabajo; en este sentido, dichas políticas podrían reducir la pobreza. Esto fue anulado por el empeoramiento de los precios internacionales de bienes importables y exportables, la reducción en los subsidios y en las inversiones, así como los episodios recurrentes de apreciación cambiaria; relaciones con la trayectoria de los precios de petróleo y la afluencia de capitales golondrinos. Por tanto, los efectos positivos de “establecer los precios correctos” fueron más bajos de lo esperado o nunca se manifestaron. El crecimiento del sector agrícola resulta de un complejo proceso en el cual los agricultores aumentan el uso de los factores productivos: tierra, trabajo y capital, y modifican la tecnología, en respuesta a cambios en las condiciones de rentabilidad de la actividad agropecuaria, que derivan de la interrelación entre los precios, salarios, infraestructura, servicios públicos y desarrollo tecnológico. Lo anterior determina, en el corto plazo, una limitada respuesta de la oferta agrícola agregada al cambio de precios en los productos e insumos. Para productos individuales, la capacidad de respuesta es mayor, ya que puede sustituir cultivos usando los mismos factores de producción. Para todo el sector, es menor. En el largo plazo, la respuesta de la oferta agregada es mayor, pero está condicionada a la expansión de la frontera agrícola; las características naturales de la tierra y las condiciones climáticas y micro climáticas; la oferta de mano de obra y de capital; la disponibilidad de infraestructura; la dirección del desarrollo técnico y a las inversiones que permiten que sea apropiado para todos los productores. Por tanto, no es suficiente con abrir los mercados a la competencia externa para hacer más competitivos los productores nacionales. Es indispensable contar con una infraestructura suficiente que integre los mercados y haga más rentables las inversiones; como puede observarse, este requerimiento está presente con un verdadero sentido de la urgencia, con o sin apertura comercial, y aparece como condición indiscutible de los incrementos en la productividad, que no dependen de la falta de absorción de empleo ni, por tanto, de la viabilidad total del sector. La agricultura mexicana, en el momento de iniciar las negociaciones conducentes a la firma del TLCAN, estaba afectada – y aún lo está- por un marcado dualista y por baja productividad. El dualismo coexiste con un gran universo de pequeños propietarios con parcelas menores a 5 hectáreas; de trabajadores sin tierra y, por otro lado, de un reducido número de productores que poseen una porción superior de tierras. En efecto, la productividad de la agricultura mexicana es menor a la productividad media de la economía nacional, por su limitada capacidad de generar valor agregado. Esta situación se vio agravada por la continua apreciación del peso que se dio a partir de 1954 y culminó con la devaluación de 1976, haciéndose presente aún en periodos posteriores a la fecha. Estos largos periodos de apreciación cambiaria han tenido profundos impactos sobre la estructura productiva nacional. Según lo indica NOVELO (2007) la estructura del Producto Interno Bruto mexicano acusa síntomas del proceso de “desagriculturización y desindustrialización prematura”, conocidos como enfermedad holandesa; ésto es, el retroceso prematuro de los sectores transables, más 13-xx © Coordinación de Publicaciones Digitales. DGSCA-UNAM Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica. NEGOCIAR O NO EL TLC, EL CASO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN MÉXICO Y CHILE http://www.revista.unam.mx/vol.9/num5/art28/int28.htm allá de lo que se justificaría por el grado de desarrollo de la economía. La agricultura participa con 4.9% del PIB, nivel que los países desarrollados alcanzaron cuando arribaron a un PIB per cápita por lo menos cuatro veces superior al actual de México. En los últimos quinquenios, la productividad de la agricultura mexicana creció más que el sector pecuario y cerró un tanto la distancia con la productividad de toda la economía. Este resultado está relacionado con el crecimiento de actividades con mayor valor agregado, como la producción de frutas y hortalizas de exportación, y con el estancamiento de la generación de empleo en la agricultura, el cual resultó ligeramente inferior en 2002 al registrado en 1990. No obstante, aun si la agricultura hubiera absorbido todo el incremento de la fuerza laboral, el crecimiento de su rendimiento se habría producido, aunque menor. La mínima productividad de la agricultura mexicana se presenta también en términos internacionales, especialmente con los socios del TLCAN. En efecto, el valor agregado por trabajador en México es casi siete veces inferior al de los E.U., que tiene una agricultura altamente eficiente en términos globales, que ocupa la tercera parte de mano de obra y que es exportadora mundial de granos. La brecha en la productividad existía antes del TLCAN y se ha ampliado desde su entrada en vigencia, no obstante el avance en la productividad mexicana. El proceso de ajuste resultó muy intenso dadas las brechas en productividad sectorial existentes entre México y sus socios en el TLCAN, y en el volumen de los apoyos que estos otorgaran para fomentar la producción y las exportaciones agropecuarias. La respuesta de los productores ha sido incrementar los rendimientos y el volumen productivo de la mayoría de los operarios transables, incluidos los granos básicos (GORDILLO, et. al, 1999). No obstante, han existido varios factores externos e internos que afectan el funcionamiento del mercado. La caída de los precios internacionales de los productos agrícolas en los últimos años, se debe, en parte, a los apoyos que recibe el sector agropecuario en otros países que son sustancialmente mayores a los que en México se otorgan. Estos países invierten en investigación y desarrollo, lo cual contribuye a elevar la productividad, que da como resultado una mayor oferta. Ésto deprime los precios, dado que la demanda no se expande en la misma magnitud que la oferta (NOVELO, 2008). Las políticas públicas no se desarrollan ni con la magnitud ni con la cobertura requeridas para enfrentar la competencia externa, elevando la productividad en un mayor grado del que se alcanzó, suficiente para reducir la brecha con E.U. y para consolidar la competitividad mexicana en los mercados interno y externo. Desde que se iniciaron las reformas durante el TLCAN, el crédito rural ha sido casi inexistente, lo que ha imposibilitado a los productores agropecuarios la generación de nuevos métodos de producción y la disposición de capital de trabajo suficiente que les permita aumentar la productividad en las actividades tradicionales, así como la reconversión hacia actividades más rentables. El impacto de la insuficiencia del crédito ha sido más agudo para los pequeños y medianos productores. La reducida participación del sector agropecuario en general del PIB y su alta participación en el empleo, la falta de dinamismo de otros sectores para absorber mano de obra, así como la experiencia exitosa de otros países en aumentar la productividad y el empleo en sus sectores agropecuarios, lleva a plantear la conveniencia de una estrategia mexicana encaminada a incrementar la participación de las actividades agropecuarias en el PIB combinada con la generación de empleo rural en actividades no agropecuarias (IBARRA, 2005). 14 -xx © Coordinación de Publicaciones Digitales. DGSCA-UNAM Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica. Revista Digital Universitaria 10 de mayo 2008 • Volumen 9 Número 5 • ISSN: 1067-6079 Cómo esta el sector agrícola en chile La política sectorial 1990-1998 El programa del primer Gobierno democrático, propuso al país una opción de fortalecimiento de su ruralidad. Se reconoce como un espacio de expresión social, cultural y política de la población que vive y trabaja en él, caracterizada por un vínculo más activo de la gente con la naturaleza y con un significado de pertenencia y referencia a lo local. La política agrícola asume la heterogeneidad del sector, tanto desde el punto de vista productivo como socio económico. De acuerdo con BELFOR (2000), al Estado le corresponde apoyar preferentemente a los agricultores más débiles, proporcionándoles los instrumentos para su mejor inserción en los circuitos comerciales, así como al acceso a la tecnología y al financiamiento. A su vez, como la internacionalización de la economía obliga a acuerdos económicos, tecnológicos y financieros, corresponde al Estado generar condiciones para fortalecer la competitividad y la capacidad de gestión de la empresa agrícola. Así mismo, el programa postulaba que, para enfrentar la pobreza rural, deben combinarse las políticas orientadas a la integración productiva y económica, con políticas sociales. Se pone énfasis, en la necesidad de un desarrollo rural ambientalmente sustentable, comprometiéndose a proteger los recursos naturales, incluyendo la restauración de áreas degradadas. La definición de las políticas, ha exigido un incremento, aunque leve, de la participación del presupuesto del Ministerio de Agricultura en el total del gobierno, respecto a las etapas anteriormente analizadas. En efecto, entre 1976 y 1982, el presupuesto ministerial bajó del 2,2 al 0,9% del presupuesto total. Entre 1984 y 1989, el promedio fue del 1,1%, y a partir de 1990 se incrementa del 1,2 al 1,9 en 1996 (BELFOR, 2000). Los planteamientos programáticos que han orientado el quehacer de los dos gobiernos democráticos, originaron un cuerpo de políticas e instrumentos que se podrían diferenciar en las siguientes áreas: a) inserción en los mercados; b) apoyo a la competitividad y eficiencia productiva; c) protección al medio ambiente; d) desarrollo social. Los intentos por revertir el proceso no logran recomponer la situación estructural previa, configurándose una distribución en la cual: a) se incrementa el número de minifundios como resultado de subdivisiones de parcelas asignadas y de parcelaciones en comunidades indígenas; b) se eleva la cantidad de explotaciones familiares como consecuencia de las asignaciones individuales en las tierras expropiadas; c) se multiplican las unidades de tamaño mediano derivadas de la restitución de predios, la constitución de reservas y las hijuelaciones; d) las grandes propiedades no alcanzan a recuperar su anterior importancia relativa. En síntesis, el cambio estructural en la propiedad de la tierra, con sus avances y retrocesos, constituyó una de las bases para el futuro desarrollo de una empresa agrícola apta para responder a las desafiantes condiciones del mercado por la vía de atributos, más vinculados a la productividad y rentabilidad, que al uso extensivo del suelo facilitado por el tamaño de los predios. Los principales lineamientos de la Política Agroalimentaria y Forestal de Chile se agrupan bajo cinco ejes fundamentales: en primer lugar, consolidar a Chile como potencia agroalimentaria. Es decir, apoyar e impulsar el fortalecimiento de los procesos productivos y agroindustriales nacionales, colocando especial énfasis en la incorporación de estándares de calidad, el respeto por el medio ambiente y la responsabilidad social empresarial como elementos diferenciadores de la producción agrícola nacional. En este sentido, la articulación público-privada deberá seguir ejerciendo un rol protagónico en la política agroalimentaria chilena (BACHELET, 2006). En segundo lugar, provocar un desarrollo de carácter inclusivo que contribuya a disminuir la brecha sociocultural y económica de los sectores más postergados del mundo rural. Esto conlleva el reto de crear nuevas oportunidades, acercar los servicios a las personas y esforzarnos por diseñar programas e instrumentos que colaboren en el proceso de inserción de la Pequeña y Mediana Agricultura a los mercados agroalimentarios nacionales e internacionales. El 15-xx © Coordinación de Publicaciones Digitales. DGSCA-UNAM Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica. NEGOCIAR O NO EL TLC, EL CASO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN MÉXICO Y CHILE http://www.revista.unam.mx/vol.9/num5/art28/int28.htm éxito de este proceso pasa, en buena medida, por conseguir un desarrollo de asociatividad y de alianzas productivas, de mejor calidad y en mayor cantidad que la que, hasta ahora, se ha construido, especialmente en lo referido a la producción de pequeña escala. En tercer lugar, adecuar y modernizar la institucionalidad pública silvoagropecuaria, ajustándola a los nuevos escenarios internacionales. Este desafío implica asumir una lógica de carácter sistémico de la cadena agroalimentaria, avanzando en los arreglos institucionales que permitan, por una parte, una mayor coordinación entre los servicios del agro y de estos con sus usuarios, y, por otra parte, la reorientación de las tareas ministeriales, incorporando en ellas funciones propias del sector alimentario (BACHELET, 2006). En cuarto lugar, contribuir a la generación energética de fuentes renovables (agroenergía y biocombustibles). El alto precio de los combustibles fósiles y el avance logrado en algunos países en la obtención de etanol y biodiesel, a partir de biomasa, transforman progresivamente a la agricultura en un sector atractivo para focalizar inversiones en este plano. El avance tecnológico alcanzado en esta materia por países más desarrollados, transforma a los “combustibles verdes”, en una temática que debe ser abordada como uno de los ejes estratégicos más relevantes de los próximos años. En este sentido, las alianzas público-privadas, la atracción de inversiones, la búsqueda, difusión y transferencia de alternativas tecnológicas, y los acuerdos de cooperación técnica entre Chile y los países más avanzados en esta materia, se convierten en el camino correcto para estudiar las oportunidades que esta nueva industria ofrece al desarrollo nacional y, en particular, al sector agrícola. En quinto lugar, promover el uso sustentable de los recursos naturales renovables y la protección de la biodiversidad. Al respecto, será necesario desarrollar actividades destinadas a proteger la estructura, las funciones y la diversidad de los sistemas naturales. Lo anterior significa conservar aquellos procesos ecológicos que mantienen los ecosistemas aptos para la vida. Los recursos naturales renovables, concebidos como capital natural, son una fuente primordial de los insumos en que se basa la producción y se sustenta el sistema económico, además proporcionan servicios ambientales y constituyen nuestro patrimonio de biodiversidad. Chile ha asumido los acuerdos surgidos de la Cumbre de la Tierra, el Programa 21 y las Convenciones de Cambio Climático y de Biodiversidad. Dicho marco jurídico internacional circunscribe el escenario para desarrollar una legislación nacional que considere el uso sustentable de los recursos naturales renovables y la protección de la biodiversidad (BACHELET, 2006). Inserción en los mercados BELFOR, (2000) indicó que no se aprecian diferencias sustantivas respecto a las políticas e instrumentos aplicados en otros sectores de la economía. La agricultura deberá continuar adecuándose a las condiciones de una economía crecientemente abierta y ajustándose a la política macroeconómica. La persistente apertura externa, se acentúa con una serie de acuerdos de liberalización comercial de carácter multilateral. Luego de un agudo debate con los agentes productivos, se incorporan en las negociaciones plazos de aplicación más extensos para determinados productos agropecuarios considerados sensibles. En cuanto a fortalecer la transparencia de los mercados internos, se ha desplegado una amplia gama de iniciativas tendientes a una mayor difusión de información sobre precios agrícolas, los cuales son monitoreados periódicamente por la Oficina de Estudios y Políticas Agrícolas (ODEPA). A su vez, los comportamientos subsectoriales son evaluados a través de comisiones especializadas, las cuales convocan a los distintos agentes involucrados para evaluar problemas y emitir sugerencias de instrumentos políticos. Sin embargo, pese a los esfuerzos, subsisten, tanto en los mercados de insumos, como de productos, situaciones de marcada concentración de la organización industrial, lo cual incide en una determinación de niveles de precios desfavorables para el productor. Un reciente requerimiento presentado por los productores ante la Comisión Nacional Antimonopolio, por conflictos en la cadena de la leche, no ha tenido mayor consecuencia. Situación similar se ha dado entre los productores frutícolas y las empresas exportadoras. 16 -xx © Coordinación de Publicaciones Digitales. DGSCA-UNAM Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica. Revista Digital Universitaria 10 de mayo 2008 • Volumen 9 Número 5 • ISSN: 1067-6079 Medidas para apoyar la competitividad Un cuerpo importante de políticas e instrumentos ha estado orientado a fortalecer la competitividad en una doble y simultánea dirección: por una parte, apoyar aquellos rubros que se consideran más vulnerables ante la competencia externa, y que son justamente los que han recibido un tratamiento especial en plazos de desgravación arancelaria (cereales, carne y leche). Por otra, fortalecer aquellos, cuya inserción internacional está en expansión o que se insinúan con un potencial exportador (frutales, hortalizas, semillas, vinos y otros productos agroindustriales). Infraestructura: riego Una de las medidas más significativas, ha sido retomar las grandes y medianas obras de riego, acompañadas por un impulso a los programas de subsidios a las obras intraprediales, facilitando el acceso a la pequeña agricultura (MRECH, 2008). Simultáneamente, se han apoyado los estudios de validación de riego tecnificado, junto a la introducción de nuevas especies a cultivar, en las áreas de nuevo riego o en aquellas en que las obras han implicado una mayor seguridad en la disponibilidad del recurso. En materia de grandes obras, se han proyectado inversiones del orden de los 380 millones de dólares, que implicarán 135 mil hectáreas de nuevo riego y mejorar otras 186 mil, incluyendo 25,5 mil predios (LÓPEZ, 2002). Simultáneamente, en 1992, se pone en marcha, con cargo al presupuesto del Ministerio de Obras públicas, un programa de Rehabilitación y Construcción de Obras Medianas y Menores de Riego (PROMM), con un monto algo más de 100 millones de dólares. El programa implica que un 35% del presupuesto, se destinará a proyectos de desarrollo agrícola tanto en las 55 mil hectáreas que se incorporarán al riego, como en las 105.000 que se espera mejorar en su seguridad. Lo anterior, se ve potenciado con la manutención e impulso del subsidio a las obras intraprediales con la prórroga de la Ley 18.450, ampliando los beneficios a los pequeños productores. Se propone, además, modificar el DL 11.222 23, en el cual se condiciona la retención por más de cinco años del derecho de aprovechamiento de los recursos hídricos, y a su utilización productiva; se plantea el otorgamiento de personalidad jurídica a las Comunidades de Agua y la creación de los Consejos de Administración de Cuencas. Adicionalmente, se incluyen como obras susceptibles de ser bonificadas aquellas destinadas a mejorar la eficiencia del riego. Políticas hacia la pequeña agricultura Constituyen, quizás, uno de los rasgos más distintivos respecto a las políticas precedentes, dado el propósito explícito de apoyar a la pequeña agricultura, así como a mejorar las condiciones de vida de la población rural que ha venido quedando al margen del desarrollo y que, incluso, como se analizará más adelante, ha deteriorado su posición relativa (LÓPEZ, 2002). La agricultura familiar campesina conforma un conjunto heterogéneo de alrededor de 220 mil pequeñas empresas, que controlan aproximadamente 1,5 millones de hectáreas, generan empleo a 390 mil personas y aportan un cuarto del PIB sectorial. Existe un relativo consenso en aceptar que de dicho total, 100 a 120 mil unidades productivas, aunque están en una constante presión por asegurar su viabilidad, han podido acumular capacidades técnicas y de gestión, así como niveles de capital que permitirían su inserción a las nuevas condiciones del mercado. Las restantes unidades productivas marginadas de este proceso, han experimentado un fuerte deterioro de sus recursos físicos, están bajo la línea de pobreza e indigencia, y sus ingresos tienen un origen mayoritariamente extrapredial. Reconociendo tal realidad, las políticas para el primer grupo, se han orientado a apoyar una mejor incorporación a los circuitos comerciales a la pequeña agricultura, la cual ha recibido los impactos más drásticos de las políticas de ajustes y el cambio estructural. Se han continuado externalizando hacia empresas privadas, los servicios de asistencia técnica que antes ejecutaba el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP). Este proceso fue iniciado en el gobierno anterior a la Concertación, a través de empresas constituidas por profesionales del agro denominadas Empresas de Transferencia Tecnológica. En la orientación actual, se ha tratado de potenciar este mecanismo, ampliando la cobertura temática hacia la gestión y organización, también abriendo el espacio a todo tipo de consultoras, e incluso a institutos y universidades. La política se ha centrado en fomentar la asociatividad 17-xx © Coordinación de Publicaciones Digitales. DGSCA-UNAM Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica. NEGOCIAR O NO EL TLC, EL CASO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN MÉXICO Y CHILE http://www.revista.unam.mx/vol.9/num5/art28/int28.htm como mecanismo básico para una mejor inserción en el mercado. Por lo tanto, se apoya la constitución de sociedades comerciales, fortaleciendo la capacidad de gestión tanto en los aspectos de administración, como al nivel de la producción primaria (BELFOR, 2000). Los recursos del Estado orientados a la principal institución del agro, dedicada a la pequeña agricultura, INDAP, se han incrementado en 2,6 veces desde 1990, y representa algo más del 50% del presupuesto total del Ministerio. Respecto a los sectores más desfavorecidos, resulta evidente que las medidas de políticas deben trascender el ámbito del Ministerio de Agricultura, y que, necesariamente, deben tener una convocatoria multisectorial. Se impulsan, en consecuencia, una serie de medidas coordinadas por la Comisión Interministerial de Desarrollo Rural (1994), y se proponen metas ambiciosas en materia de educación, salud, vivienda, electrificación, agua potable, vialidad y comunicaciones. Se propone “perseverar en las políticas de mejoramiento del acceso de la población rural a los servicios básicos y ocuparse preferentemente de las orientadas a mejorar sus niveles de ingresos, especialmente de los afectados por condiciones de pobreza”. Sin embargo, pese a los avances, las carencias son manifiestamente críticas; los indicadores de pobreza e indigencia en el mundo rural dan prueba de ello (BELFOR, 2000). Los impactos en la economía Los impactos de las políticas, en el conjunto de la economía, se van reflejando, según las etapas, en el comportamiento de los principales indicadores, y resumen el entorno en que se estará desenvolviendo la agricultura. Así, entre 1974 y 1983, la inversión, expresada como Formación Bruta de Capital fijo respecto al PIB, se mueve en torno al 12 a 15%, y el PIB nacional crece al 1,2%, con una fuerte caída en 1982/1983, de un 14%. Este magro comportamiento de la economía, se expresa, en forma aún más crítica, en el sector industrial, cuyo PIB en 1982 cae en 21%; éste último recibe en forma drástica el impacto de la apertura, con quiebres y cierres de numerosas empresas, provocando un deterioro en el empleo y generando un mercado interno fuertemente deprimido. A partir de 1984, y hasta 1989, la inversión crece a más del 19% y el PIB nacional al 6,5%; desde 1990 a 1997, tales parámetros crecen al 27,6 y al 6,2%, respectivamente. Destaca el sector industrial, el cual, a partir de 1984, asume el liderazgo, con tasas de expansión del 17,4%. Como se aprecia, el marco en que se desenvuelve el agro en cada etapa, es marcadamente diferenciado en las tasas de crecimiento de la economía, en la inversión y en el comportamiento del sector industrial (BELFOR, 2000). Lo que muestra la experiencia chilena es que entre 1974 y 1983, tuvo su década perdida antes que el resto de América Latina, y ella está más relacionada con errores de la política económica interna, que con cambios en el escenario internacional. En el periodo 1984/1989, se consolida un modelo exportador, asentado en el mercado y en la inversión privada, con solidez fiscal, baja inflación y sostenidos incrementos en el ahorro, inversión y exportaciones. El pasivo de este período, es la desatención del costo social acumulado, si bien se activó una red de asistencia social bien focalizada, orientada a socorrer a la población en extrema pobreza. Como se indicó precedentemente, aunque con alteraciones en el curso seguido, en definitiva el agro se ve sometido a la misma política global. Se esperaba que la política macroeconómica, la apertura de los mercados, y su operación competitiva fueran condición suficiente para su desarrollo. No se consideran las diversidades de rubros y regiones, la poca flexibilidad de reconversión de los recursos, la concentración de la organización industrial, la estructura de tamaño de las explotaciones, y el mayor riesgo implícito en las actividades agropecuarias por factores biológicos y climáticos. 18 -xx © Coordinación de Publicaciones Digitales. 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Se había previsto que los rubros de consumo interno, que en el periodo precedente habían tenido la más baja protección efectiva, tenían que expresar su dinamismo al generarse condiciones para su mejor rentabilidad por un doble mecanismo: la reducción arancelaria permitiría la importación de insumos y maquinaria a menores costos y, por otro lado, la liberación de precios en el mercado interno, permitiría fortalecer los ingresos. En efecto, el proceso de liberalización de los mercados agropecuarios se da en un marco de desgravación arancelaria, de 105 a 10% entre 1975 y 1982, y de un Tipo de Cambio Real, que luego de un alza moderada se fija por tres años (1978 a 1981), generando una apreciación del peso, facilitando las importaciones en un contexto de baja en los precios internacionales de algunos rubros importantes para el sector, en lo cual, también inciden los fuertes subsidios en los países de origen. El progreso técnico La intensidad de difusión del progreso técnico, ha estado asociada a la heterogeneidad de las empresas agrícolas, a su inserción en las cadenas productivas y a los circuitos comerciales. En efecto, en aquellos rubros en los cuales existe un efecto sistémico, la incorporación de tecnología ha sido más dinámica, de punta, y más persistente en el tiempo. Adicionalmente, se reducen los diferenciales de productividad entre los distintos tipos y tamaños de empresas. En tanto, en aquellos sistemas con mercados incompletos y segmentados, se han acentuado las diferencias y los rezagos en la incorporación de innovaciones. La evolución positiva de los rubros frutícolas, el mantenimiento de la producción en algunos cereales, y el alza significativa en otros, pese a las persistentes disminuciones de superficie, dan cuenta de incrementos sostenidos en la productividad física, lo cual se vincula a las fuentes de generación tecnológica, a las formas como se han transferido, y a los mecanismos en que los agentes las han asimilado desde sus unidades productivas. Los sectores frutícola, agroindustrial y forestal, han incorporado tecnología de punta en todas las fases de la cadena agroexportadora. Se ha demostrado capacidad para generar productos de calidad, a partir de patrones de eficiencia productiva asimilables a los niveles internacionales, con la salvedad de que el impacto ambiental no ha sido suficientemente evaluado. Esto se debe a un proceso sostenido de formación de cuadros altamente calificados por parte del Estado, a través de la Universidades, especialmente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile, y a través del programa de becados del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA). En forma paralela, la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), formula un Plan Frutícola (fines de los 70), en cuyo marco se efectúan los primeros estudios respecto al comportamiento de las distintas especies y variedades en la cadena de frío. Como parte del citado Plan, se construyen las primeras centrales frutícolas (empacadoras, seleccionadoras y frigoríficos) de alcance regional. También se ha fortalecido la difusión del progreso técnico, las empresas proveedoras de agroquímicos y maquinarias, filiales de corporaciones transnacionales que están constantemente ofreciendo al productor nuevos insumos, equipos e instrumentos, los cuales en general han sido eficaces. 19-xx © Coordinación de Publicaciones Digitales. DGSCA-UNAM Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica. NEGOCIAR O NO EL TLC, EL CASO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN MÉXICO Y CHILE http://www.revista.unam.mx/vol.9/num5/art28/int28.htm Los rubros dinámicos La apertura y reformas obligan a los agentes productivos a alinearse forzadamente según las capacidades y flexibilidades de sus recursos, generándose dinamismos claramente diferenciados con desequilibrios en rubros, regiones y agentes. En términos de la inserción externa, las exportaciones, basadas en embarques forestales, frutícolas y agroindustriales, tienen un crecimiento importante del 14,5% anual, entre 1974 y 1980 (300 a 780 millones de dólares); del último año, hasta 1983, pierden dinamismo, bajando a 570 millones de dólares. En años recientes, se aprecian síntomas de vulnerabilidad en las exportaciones ante crisis externas, lo cual obliga a estar constantemente buscando nuevas alternativas de productos y mercados, mejorando calidad y eficiencia en toda la cadena agroexportadora, con el fin de no perder competitividad. Los productos de mayor dinamismo son: carne de pollo congelado, kiwis, uvas, peras, hortalizas frescas excepto tomate, flores, pulpas y jugos de frutas, frutas y legumbres en conserva, vino, leguminosas, pasas y lácteos, harina fina y sémola de trigo, manzanas frescas, ciruelas deshidratadas, nueces, almendras, naranjas, mandarinas, limones, tomates y papas frescas. En cambio los de menor dinamismo: cereales, leguminosas de granos y carne han tenido que enfrentar el impacto de la apertura; son los que manifiestan un menor crecimiento, y se generan precisamente en las zonas de menor flexibilidad de los recursos para acceder a una reconversión productiva. Adicionalmente, la importancia de la pequeña agricultura en su producción es relevante. Hacer de Chile una potencia agroalimentaria La estrategia de desarrollo “agroindustrial-exportador” del sector agrícola ha sido uno de los pilares del crecimiento económico de las últimas dos décadas. Dicha estrategia ha permitido sentar las bases de una segunda fase en este proceso, orientada a posicionar al país como una potencia alimentaria. La mayor expresión de ello ha sido la modernización de la actividad agropecuaria, con notables incrementos de productividad y calidad; el desarrollo exportador de las principales cadenas agroalimentarias, como respuesta a las oportunidades derivadas de los acuerdos comerciales suscritos por el Gobierno de Chile; la capacidad de adecuar la oferta a la evolución de los hábitos y preferencias de los consumidores, en el contexto de la globalización, y la integración público-privada como estrategia para alcanzar nuevos mercados bajo un proyecto común. Los resultados, a la fecha, han sido notables: en el año 2005 las exportaciones de los alimentos frescos y procesados superaron los 8.000 millones de dólares, situando a Chile entre los 20 países de mayor capacidad exportadora. Por otra parte, la industria alimentaria es una gran creadora de riquezas y empleos, generando cerca del 30% del PIB nacional, y ocupando el 20% de la fuerza de trabajo en más de 4.000 empresas distribuidas a lo largo del territorio chileno. Lo anterior ha sido posible gracias al aprovechamiento y desarrollo de las ventajas comparativas y competitivas que entregan las condiciones agroecológicas y fitozoosanitarias del país, las políticas de fomento introducidas durante los últimos 15 años, la calidad y estabilidad de la institucionalidad pública, y el grado de emprendimiento y competitividad del sector empresarial, entre otros aspectos. El éxito alcanzado abre interesantes expectativas de desarrollo a mediano plazo. Las proyecciones indican que, para el año 2010, Chile podría estar entre los diez mayores exportadores de productos alimentarios del mundo, con exportaciones sobre los 17.000 millones de dólares. Ello representaría la generación de empleo adicional del orden de 50 mil puestos de trabajo al año, distribuidos por todas las regiones del país, con efectos positivos sobre la ocupación del territorio y la dinamización de espacios agrorurales, contribuyendo a un desarrollo territorialmente más armónico y socialmente más equitativo. Para estos efectos, las tareas ministeriales se orientarán a apoyar e impulsar el fortalecimiento de los procesos productivos, agroindustriales e industriales, colocando especial énfasis en la incorporación de estándares de calidad; sanidad e inocuidad de los alimentos; fortalecimiento del patrimonio fito y zoo sanitario; el respeto por el 20 -xx © Coordinación de Publicaciones Digitales. DGSCA-UNAM Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica. Revista Digital Universitaria 10 de mayo 2008 • Volumen 9 Número 5 • ISSN: 1067-6079 medio ambiente; la responsabilidad social empresarial; la Innovación Tecnológica y la gestión de mercados; todos ellos entendidos como herramientas que favorezcan la diferenciación de la producción nacional. Del mismo modo, la articulación público-privada deberá seguir ejerciendo un rol protagónico de la Política. La Agricultura Familiar Campesina (AFC) posee un inmenso potencial humano, cultural y productivo. Controla importantes recursos de tierra y agua, y posee experiencias y saberes fructíferos, que constituyen sus activos más valiosos. Es, además, un segmento socioeconómico en el cual conviven diversas realidades, que van desde unidades de producción orientadas a la subsistencia (100.000 unidades productivas, según ODEPA), donde los objetivos económicos van desde minimización del riesgo y aseguramiento de la dotación de alimentos para el grupo familiar, hasta unidades comerciales con objetivos de maximización de utilidades, a través de una inserción competitiva en los mercados (178.000 unidades productivas, según ODEPA). Conclusiones Evidentemente con los temas abordados en este artículo, queda claro lo que se debe y no hacer en torno al sector agropecuario, ya que al contestar la pregunta inicial que se indica en el título del artículo, diremos que efectivamente ya no se puede renegociar el TLC considerando que ya ha pasado el tiempo suficiente para poder evaluar que no hemos tenido consideraciones por parte de nuestros socios comerciales, respecto a nuestras desventajas comerciales internacionales. Este discurso de renegociar obedece más bien a un paliativo que se pretende dar a los grupos más desfavorecidos con la firma del TLC, ya que en el fondo lo que se debe de hacer es ya no perder más el tiempo, en infructuosas negociaciones y mejor tomar medidas concretas para impulsar una política agrícola de apoyo a nuestro sector, una política que atienda de fondo y de manera estructural y sistémica los diversos problemas que tiene el campo, como lo es la insuficiente inversión y financiamiento, mantenimiento de infraestructura, adecuada asistencia técnica, fomento a la investigación entre otros. De no cambiar el modelo y la política que hasta ahora tiene el sector agropecuario, lo que estamos haciendo es simplemente alargar y agravar más su situación de deterioro tanto económico, social, como ecológico y no resolver los problemas de fondo que por muchos años ha tenido. Retomamos el caso de Chile para ejemplificar el conjunto de medidas que se han venido impulsando para fomentar un modelo exportador en ese país, resaltando sus ventajas y desafíos, y que poco a poco ha influido para que se consolide. El rol histórico de fomento por parte del Estado, en el sector frutícola, forestal y agroindustrial, subsectores que marcan el dinamismo, resulta determinante en el impulso inicial. Las políticas aplicadas en materia de aranceles y tipo de cambio, en tendencia, van apoyando la inserción externa. Las ventajas de contraestación, las desregulaciones en las operaciones de comercio exterior y un ambiente propicio para impulsar una mentalidad exportadora, conducen a la fuerte inserción internacional del sector. Simultáneamente, se va verificando un cambio en el patrón de empleo incrementándose el trabajo temporal a expensas del permanente, lo cual va configurando una tendencia que se hará irreversible y que es la que predominaría en la actualidad en amplias zonas del campo. Esta nueva modalidad de las relaciones de trabajo, se hace más notoria en las zonas de expansión frutícola, y además, con una creciente participación de la mujer, la cual se incorpora a faenas asociadas a la cosecha, selección, y empaque de la fruta. Dadas las condiciones políticas imperantes, en la etapa 1974-1984, las reformas y ajustes se aplican en Chile con todo rigor, y sin obstáculos. Se eliminan los controles de precios y el aparato del Estado es desmantelado. Se aumenta el gasto social y se otorga un rol más activo al Estado en la regulación. La política sectorial, postula el fortalecimiento de su ruralidad, reconociendo la heterogeneidad de los agentes productivos. La inserción en los mercados es fortalecida por la vía de acuerdos internacionales. La productividad es reforzada intensificando el subsidio al riego y a la fertilización. Las medidas de estabilización de precios continúan. La política hacia la pequeña agricultura, plantea el propósito explícito de apoyar su inserción a los mercados, con instrumentos que propician la asociatividad. La apertura y reformas, obligan a los agentes productivos a alinearse, forzadamente, según las capacidades y flexibilidades de sus recursos, generándose dinamismos claramente diferenciados con desequilibrios subregionales, en rubros y agentes. 21-xx © Coordinación de Publicaciones Digitales. DGSCA-UNAM Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica. NEGOCIAR O NO EL TLC, EL CASO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN MÉXICO Y CHILE http://www.revista.unam.mx/vol.9/num5/art28/int28.htm En tanto que en la agricultura mexicana se debe generar un sector agrícola viable dentro de un marco de apertura comercial, para que el país también lo sea. Para que esto ocurra, como señala NOVELO (2007) se requiere diseñar una estrategia de desarrollo adecuada como lo demuestra la experiencia chilena y la de otros países. En 1993, el valor agregado agrícola por habitante en México y en Chile eran similares, en 2000 el de Chile era el doble. También otros países en desarrollo como Costa Rica y Guatemala han registrado muchos mayores avances que México. Se requiere, por tanto, reestructurar el sector agropecuario mexicano para poder enfrentar eficazmente los retos y oportunidades que presenta el actual contexto internacional de apertura de mercados para dar empleo a muchos mexicanos que no pueden ser ocupados en otras actividades. Por lo anterior, resulta necesaria una política de Estado para el campo, con gran visión de largo plazo que considere los siguientes criterios con miras a elevar la participación del sector en la generación del PIB, en forma eficiente y competitiva y elevar la productividad sectorial a través de: elevar inversiones destinadas al sector; tipología de productores que incluya combate a la pobreza; coordinación de todos los programas de apoyo al campo; generación de una legislación de apoyos de largo plazo; provisión de vienes públicos y servicios para elevar la productividad de todos los agentes; aplicar plenamente los mecanismos de defensa del sector que contempla el TLCAN y el resto de instrumentos de libre comercio hasta ahora suscritos por el gobierno entre otros. Evidentemente con los temas abordados en este artículo, queda claro lo que se debe y no hacer en torno al sector agropecuario, ya que al contestar la pregunta inicial que se indica en el título del artículo, diremos que efectivamente ya no se puede renegociar el TLC considerando que ya ha pasado el tiempo suficiente para poder evaluar que no hemos tenido consideraciones por parte de nuestros socios comerciales, respecto a nuestras desventajas comerciales internacionales. Este discurso de renegociar obedece más bien a un paliativo que se pretende dar a los grupos más desfavorecidos con la firma del TLC, ya que en el fondo lo que se debe de hacer es ya no perder más el tiempo, en infructuosas negociaciones y mejor tomar medidas concretas para impulsar una política agrícola de apoyo a nuestro sector, una política que atienda de fondo y de manera estructural y sistémica los diversos problemas que tiene el campo, como lo es la insuficiente inversión y financiamiento, mantenimiento de infraestructura, adecuada asistencia técnica, fomento a la investigación entre otros. De no cambiar el modelo y la política que hasta ahora tiene el sector agropecuario, lo que estamos haciendo es simplemente alargar y agravar más su situación de deterioro tanto económico, social, como ecológico y no resolver los problemas de fondo que por muchos años ha tenido. Retomamos el caso de Chile para ejemplificar el conjunto de medidas que se han venido impulsando para fomentar un modelo exportador en ese país, resaltando sus ventajas y desafíos, y que poco a poco ha influido para que se consolide. El rol histórico de fomento por parte del Estado, en el sector frutícola, forestal y agroindustrial, subsectores que marcan el dinamismo, resulta determinante en el impulso inicial. Las políticas aplicadas en materia de aranceles y tipo de cambio, en tendencia, van apoyando la inserción externa. Las ventajas de contraestación, las desregulaciones en las operaciones de comercio exterior y un ambiente propicio para impulsar una mentalidad exportadora, conducen a la fuerte inserción internacional del sector. Simultáneamente, se va verificando un cambio en el patrón de empleo incrementándose el trabajo temporal a expensas del permanente, lo cual va configurando una tendencia que se hará irreversible y que es la que predominaría en la actualidad en amplias zonas del campo. Esta nueva modalidad de las relaciones de trabajo, se hace más notoria en las zonas de expansión frutícola, y además, con una creciente participación de la mujer, la cual se incorpora a faenas asociadas a la cosecha, selección, y empaque de la fruta. Dadas las condiciones políticas imperantes, en la etapa 1974-1984, las reformas y ajustes se aplican en Chile con todo rigor, y sin obstáculos. Se eliminan los controles de precios y el aparato del Estado es desmantelado. Se aumenta el gasto social y se otorga un rol más activo al Estado en la regulación. La política sectorial, postula el fortalecimiento de su ruralidad, reconociendo la heterogeneidad de los agentes productivos. La inserción en los mercados es fortalecida por la vía de acuerdos internacionales. La productividad es reforzada intensificando el subsidio al riego y a la fertilización. Las medidas de estabilización de precios continúan. La política hacia la pequeña agricultura, plantea el propósito 22 -xx © Coordinación de Publicaciones Digitales. DGSCA-UNAM Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica. Revista Digital Universitaria 10 de mayo 2008 • Volumen 9 Número 5 • ISSN: 1067-6079 explícito de apoyar su inserción a los mercados, con instrumentos que propician la asociatividad. La apertura y reformas, obligan a los agentes productivos a alinearse, forzadamente, según las capacidades y flexibilidades de sus recursos, generándose dinamismos claramente diferenciados con desequilibrios subregionales, en rubros y agentes. En tanto que en la agricultura mexicana se debe generar un sector agrícola viable dentro de un marco de apertura comercial, para que el país también lo sea. Para que esto ocurra, como señala NOVELO (2007) se requiere diseñar una estrategia de desarrollo adecuada como lo demuestra la experiencia chilena y la de otros países. En 1993, el valor agregado agrícola por habitante en México y en Chile eran similares, en 2000 el de Chile era el doble. También otros países en desarrollo como Costa Rica y Guatemala han registrado muchos mayores avances que México. Se requiere, por tanto, reestructurar el sector agropecuario mexicano para poder enfrentar eficazmente los retos y oportunidades que presenta el actual contexto internacional de apertura de mercados para dar empleo a muchos mexicanos que no pueden ser ocupados en otras actividades. Por lo anterior, resulta necesaria una política de Estado para el campo, con gran visión de largo plazo que considere los siguientes criterios con miras a elevar la participación del sector en la generación del PIB, en forma eficiente y competitiva y elevar la productividad sectorial a través de: elevar inversiones destinadas al sector; tipología de productores que incluya combate a la pobreza; coordinación de todos los programas de apoyo al campo; generación de una legislación de apoyos de largo plazo; provisión de vienes públicos y servicios para elevar la productividad de todos los agentes; aplicar plenamente los mecanismos de defensa del sector que contempla el TLCAN y el resto de instrumentos de libre comercio hasta ahora suscritos por el gobierno entre otros. 23-xx © Coordinación de Publicaciones Digitales. DGSCA-UNAM Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica. NEGOCIAR O NO EL TLC, EL CASO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN MÉXICO Y CHILE http://www.revista.unam.mx/vol.9/num5/art28/int28.htm vBIBLIOGRAFÍA AYALA, Espino José Luis, (2003), Instituciones para Mejorar el Desarrollo, FCE, México. BACHELET, Jeria Michelle, (2006), Carta a los Chilenos - Programa de Gobierno 2006/2010, Chile. BELFOR, Portilla R. (2000), La Política Agrícola en Chile: lecciones de tres décadas, Santiago de Chile- CEPAL. CALVA, José Luis et.al., (1993), Alternativas para el Campo Mexicano, Tomo I, Ed. Fontamara/UNAM, México. CEBALLOS S, Quintero Ma. Luisa (2007), “Importaciones, Precios y transgénicos: elementos que influyen en el deterioro de la planta productiva del maíz en México”, en Quintero (coord,) Contexto Nacional e Internacional del Sector Agropecuario en México. Limitantes y perspectivas. Ed Miguel Ángel Porrúa. 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DGSCA-UNAM Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica. Revista Digital Universitaria 10 de mayo 2008 • Volumen 9 Número 5 • ISSN: 1067-6079 NOVELO, Urdanivia Federico, (2007). “El diálogo social en el campo mexicano”, en Revista Economiauam, eneroabril. QUINTANA, Víctor. (2006), La agricultura que no entendió el foxismo, La Jornada, 13 de octubre de 2006. QUINTERO, Soto, Ma. Luisa, (2002), Acción Colectiva y proyectos productivos con mujeres en el medio rural, Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales en la UIA. ROSENZWEIG, Andrés., (2005), El debate del Sector Agropecuario Mexicano en el Tratado de Libre Comercio. CEPAL. México. SALINAS, Carlos, (1991), Producción y Participación Política en el Campo. UNAM. México. TRACY, M, (1989), Government and Agriculture in Western Europe, 1880-1988, Londres, Harvester Wheatsheaf. VILLAREAL, René, (1981), La Contrarrevolución Monetarista. 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