Vuelve el bulo negacionista de las presas: de causar la sequía a ser culpables de los destrozos de la DANA

La ultraderecha ha vuelto a recurrir a uno de sus bulos preferidos para señalar que al menos buena parte de lo sucedido en la Comunitat Valenciana se debe a la “criminal voladura de presas” que estaría ejecutando la UE en España.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, respondió el miércoles en X a unas declaraciones de Usula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, que había hablado de “dramática realidad del cambio climático” al hablar de la DANA en España. “Si hay culpables....tú eres la primera con tu ley criminal de voladura de presas”, escribió Abascal.

No fue el único. Bertrand Ndongo, agitador del entorno de Vox, tiró de historia para recordar que tras las inundaciones de 1957 “Franco puso inmediatamente en marcha un plan de embalses y presas, para prevenir catástrofes” como la de estos días, una estrategia que según el ultra “algunos listillos” se cargaron cuando “se pusieron a dinamitar esas obras”. Ambos mensajes fueron replicados y amplificados por la habitual pléyade de medios, personas y bots del entorno ultra dedicados a generar ruido e intentar colar mentiras.

Aun así, varios usuarios y expertos tuvieron la paciencia de responder a ambos: en la Comunitat Valenciana no se ha eliminado ninguna gran presa recientemente, apenas algunos azudes que no tienen capacidad alguna para contener un desbordamiento. Los azudes, pequeñas presas, no retienen agua, solo la embalsan hasta que el río los desborda por arriba y continúa su cauce.

De las presas al “desperdicio” de tirar agua al mar

Abascal y Ndongo estaban tirando de un mantra que ya han utilizado en otras ocasiones y que entra dentro de todo un discurso negacionista en torno a la gestión del agua, que empieza criminalizando la supuesta destrucción de presas y embalses y acaba lamentando que cada día se “desperdicia” agua cuando los ríos desembocan en el mar.

Es un tema recurrente entre negacionistas y ultraderechistas. Empezó, al menos de forma masiva, cuando la sequía azotaba la península en la primavera de 2023. “Sánchez ha destruido 256 presas y embalses”, decía un mensaje que se propagó por esos círculos. “Sin estas presas y embalses hay menos agua y sin agua no hay agricultura ni ganadería”, continuaba el argumentario.

Desde entonces al menos el bulo ha cambiado de destinatario, una vez establecido que la eliminación de estos obstáculos fluviales que sí se está produciendo –“esencialmente obsoletos” y más barreras que presas, no grandes embalses, desde luego– es una obligación que deriva de la Estrategia Europea de Biodiversidad para cumplir la Directiva Marco del Agua. Esta vez Abascal acierta en el destinatario al menos.

No en el mensaje. El objetivo de la Estrategia –que apunta a que para 2030 deben estar liberados al menos 25.000 kilómetros de ríos para que “vuelvan a ser de caudal libre”– es “recuperar los ecosistemas de agua dulce y las funciones naturales de los ríos (...), corregir los efectos muy negativos que producen las obras transversales sobre las especies piscícolas y los desequilibrios del régimen y transporte sedimentario”. Casi la mitad de los ríos españoles están en mal estado, entre otras razones por la existencia de estos obstáculos.

La organización Dam Removal ha recontado que, en los últimos dos años, se han eliminado 241 de estas barreras sobre cursos españoles. “Todos estos obstáculos, en algún punto, se prolongan más allá de su vida útil. Ya no sirven para su propósito económico e incluso presentan problemas de seguridad”, afirma la organización. Transición Ecológica tiene inventariados más de 18.500 obras transversales solo en la cuencas de su competencia –sin contar las que gestionan las comunidades autónomas–. Destacan “azudes y presas con altura media inferior a dos metros”, subraya el Ministerio.

El responsable del área de aguas de WWF, Rafael Seiz, explicaba a este periódico que además eran infraestructuras inútiles. “El 99% de lo que se ha eliminado no tenía función de abastecimiento. Tampoco para regantes. La mayoría son azudes o pequeñas presas y suponen un porcentaje muy pequeño en comparación con todo lo que hay”.

“Las presas pequeñas y azudes no valen para garantizar suministro, ni tienen capacidad para regular un río. Y en pequeños pueblos con pequeñas presas, lo que se está haciendo es conectarlos a un sistema con más capacidad, que es más barato y eficaz. Hay más garantía y seguridad”, remataba el experto.