SERGIO TRIANA-E.

This article examines the role of the transitional justice process in promoting sustainable peace processes in Colombia by focusing on the two most recent peace processes and reintegration/reincorporation programmes with the United Self-Defense Forces of Colombia in 2003 and the Revolutionary Armed Forces of Colombia in 2016. The purpose of this article is to describe the evolution of the transitional justice framework using specific mechanisms (principles) within these two processes, as well as to identify the main developments and ongoing limitations in the current framework with the FARC. The methodology of analysis is a comparative law research approach. The key findings of this article are that major improvements have been made in strengthening institutional capacity and ensuring the satisfaction of victims' rights in these processes. However, physical and legal insecurity still present major risks to ex-combatants and, therefore, to the integrity and success of the peace process. This comparative analysis hopes to provide detailed knowledge to enable the ongoing development and improvement of reintegration/reincorporation programmes in Colombia and worldwide.

Armed conflict is one of the key reasons that civilian populations struggle to access basic resources, good and services (RGS) (ICRC, 2001). In these contexts, civilians own take matters into their own hands, negotiating directly with armed groups to regain access to RGS or to improve the protection for their community during conflicts (Kaplan, 2010). While some investigations have examined the key characteristics that are present in communities that have been involved in negotiations with armed actors, it is unclear what factors can influence successful outcomes from negotiations and what tools humanitarian or other external organisations can employ to assist in negotiations. This report presents the main findings of an investigation which aimed to answer the overarching question: i) how do the choices communities make and the techniques they employ to negotiate with armed actors lead to improvements in their access or protection conditions? Furthermore, to support this aim, the following questions were also asked: ii) what is the extent of deprivation and violence? and, iii) what, if anything, do humanitarian actors have to offer/enhance those negotiations and/or dynamics?

This evidence brief present main findings and recommendations from a research funded by the Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA), managed by Save the Children (SC) Civil-Military Engagement and Access Unit, in partnership with the Norwegian Refugee Council (NRC), and in cooperation with Colombia and South Sudan country offices. BACKGROUND (Why?) Communities affected by conflict often struggle to access resources, goods, and services (RGS), and as such, opt to negotiate with armed actors. This study investigated why and how communities negotiate for improved access and protection, and how humanitarian actors can assist in community-led negotiations.

A partir de dos décadas exitosas de experiencia con asociaciones público-privadas (APP) en otras regiones del planeta (Europa y Asia), América Latina empezó a interesarse por sus ventajas para la provisión de infraestructura y servicios públicos de manera integral. El presente análisis se concentra en las APP que involucran al sector privado en la provisión de un servicio bajo un contrato de largo plazo con un agente público. A los fines de desarrollar el estudio, una APP se refiere a contratos entre el gobierno y entidades del sector privado con el objetivo de entregar un proyecto y su servicio, el que tradicionalmente ha sido provisto por el sector público.

(Advisor: Dr. Jose Antonio Ocampo)
El siguiente reporte es el producto final de un proceso de investigación que hizo un grupo de seis estudiantes de maestría de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos (SIPA, por sus siglas en inglés), de la Universidad de Columbia, para la Caja de Compensación Familiar de Antioquia (COMFAMA). Durante la investigación, que tuvo una duración de siete meses (Noviembre 2008‐ Mayo 2009), el equipo analizó el modelo de inserción productiva de COMFAMA para la población en situación de vulnerabilidad a la luz de un convenio celebrado entre COMFAMA, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el cual estaba orientado a la población desplazada. La investigación fue llevada a cabo en 5 fases incluyendo una investigación académica desde la Universidad de Columbia en Nueva York, una visita de campo a Medellín en enero de 2009, un proceso de seguimiento y profundización de la investigación, una segunda vista de campo en marzo y una última fase desde Nueva York donde el equipo formuló sus conclusiones y elaboró el reporte final.
El equipo llegó a sus conclusiones a través una serie de entrevistas, grupos focales, encuestas y una investigación académica en los temas relacionados con el proyecto. Se realizaron entrevistas con varios funcionarios de COMFAMA y otros actores que trabajan en temas de desarrollo en Medellín y su área metropolitana, Washington DC y Nueva York. Se llevaron a cabo grupos focales con beneficiarios del
proyecto de la OIM (PADHES) y una encuesta telefónica con 103 beneficiarios del proyecto, y entrevistó 6 asesores empresariales y psicosociales. Los encuentros y recomendaciones formulados por estos esfuerzos estaban apoyados por una investigación académica en los temas de emprendimiento, vinculación laboral, microfinanzas, desplazamiento y desarrollo económico y social.
Teniendo en cuenta la amplia gama de servicios que ofrece COMFAMA a la población en situación de vulnerabilidad, el equipó decidió enfocar la investigación en 4 áreas de su estrategia de inserción productiva: emprendimiento y fortalecimiento de empresas, vinculación laboral, microfinanzas, y la articulación con servicios sociales del Estado. Los resultados y hallazgos de la investigación sirvieron como base para hacer las propuestas contenidas en el presente documento y que se detallan a continuación. Estas propuestas parten del estudio de caso del proyecto de la OIM, y se espera que permitan el desarrollo de una estrategia efectiva de inserción productiva de COMFAMA.

La Secretaría General Iberoamericana encargó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y al Banco Mundial (BM) –en adelante, los Bancos– la preparación conjunta de un informe que analizara los esfuerzos de modernización del Estado en los últimos años y planteara los desafíos pendientes en esta agenda para América Latina y el Caribe (ALC). La modernización del Estado en América Latina y el rol de los bancos de desarrollo: balance y agenda a futuro es el resultado de ese trabajo, cuyo objetivo inmediato ha sido servir como referencia y material de debate en el Seminario General sobre Transformación del Estado y Desarrollo, y en la XXI Cumbre Iberoamericana realizada en Asunción Paraguay.1 Como objetivo más amplio, este documento aspira a informar el diseño y la implementación de políticas públicas de modernización del Estado en la región.

A partir de dos décadas exitosas de experiencia con Asociaciones Público – Privadas (APP)s en otras regiones del planeta (Europa y Asia), Latino América empezó a tomar interés en sus ventajas para la provisión de infraestructura y servicios públicos de manera integral. Involucrando al sector privado ha podido proporcionar nuevos y novedosos modelos financieros, diseño, operación y mantenimiento con resultados positivos para las economías. Si bien la participación del sector privado en proyectos públicos no es nueva, el modelo APP propone maneras nuevas e ambiciosas metas a la dinámica publica privada tradicional, llevándola a un campo más amplio, participativo y efectivo para la provisión de infraestructura y servicios públicos.
Existen diferentes definiciones y puntos de vista sobre lo que constituyen las Asociación Público – Privadas (APP). El La OECD define una APP como un “acuerdo entre el gobierno y uno o más socios privados (que puede incluir operadores y financiadores) bajo el cual los socios privados proveen un servicio de manera tal que los objetivos de provisión de servicios del gobierno se encuentren alineados con los objetivos de obtención de utilidad del sector privada y donde la efectividad depende en una adecuada transferencia de riesgos del sector privado1. El Fondo Multilateral de Inversiones, FOMIN2 define una APP como un esquema de colaboración de largo plazo entre una autoridad pública y el sector privado para la provisión de un servicio público. Para otros más cercanos al modelo británico, una APP se refiere a un esquema contractual entre el sector público y el sector privado en un proyecto compartido3.
El rango de aplicación de las APPs puede ir desde infraestructura energética y de transporte, provisión de servicios de agua potable y saneamiento, esquemas de irrigación, servicios de educación y salud, entre otros. En tiempos recientes se han empezado a presentar proyectos en temas como registros, manejo de información y recolección de facturas en donde el sector privado puede ser más efectivo. La principal característica de un APP es el esquema de asignación y mitigación de riesgos entre cada una de las partes. Para objeto del presente documento, se utiliza el concepto amplio de APP, como aquellos acuerdos o alianzas que no solo permiten la participación activa del sector público privado, sino establecen un nexo irrenunciable entre la disposición de infraestructura y los servicios para el mejoramiento de niveles de vida en el largo plazo.
A lo largo de las últimas décadas se celebraron APPs en una variedad amplia de sectores, desde infraestructura energética y de transporte, provisión de servicios de agua potable y saneamiento, esquemas de irrigación, servicios de educación y salud. Existe una diversidad de variantes y de esquemas contractuales, que pueden ir desde de concesiones hasta esquemas de incorporar una gama amplia de responsabilidades para el diseño, edificación, mantenimiento, financiamiento y/o operación, donde dependiendo del proyecto y destrezas del sector privado se transfieren sus riesgos al operador del mismo. Las principales modalidades de APPs están descritas en la Tabla No. 1 siguiente.

Since the first implementation of a modern DDR program, implemented in Namibia in 1989, more than 60 programs became the initial stage of a stabilization process in countries, in which national governments and irregular forces have ended hostilities, reached a ceasefire or signed a peace agreement. This document aims to provide a comparative analysis between two of them: the reintegration policy led by Colombia and Indonesia, from a description of these DDR processes and the general experiences that have been accumulated through the DDR processes in both countries. This paper makes a brief analysis of the political contexts that were conductive to the implementation of the reintegration process in both cases, describes the challenges faced and currently being faced by these processes, pointing out the strategies to address them and the role of international cooperation. The analysis will be framed during the peace process and DDR program in Aceh, Indonesia, and the Republic of Colombia, since 2003 until nowadays.

BACKGROUND (Why?)
Communities affected by conflict often struggle to access resources, goods, and services (RGS), and as such, opt to negotiate with armed actors. This study investigated why and how communities negotiate for improved access and protection, and how humanitarian actors can assist in community-led negotiations.
OBJECTIVES (What?)
To better understand the choices that communities make and the techniques they employ to negotiate with armed actors for improvements in their access or protection conditions; and determine what added value, if any, humanitarian actors may offer to community-led negotiations.
METHODS (How?)
This study used a mixed-methodological approach (qualitative and quantitative), involving semi-structured interviews, focus group discussions (FGDs) and surveys conducted between Nov-Dec 2021 in communities in Colombia and in South Sudan, where survey data was used to examine overall patterns on a repeatable scale and interviews/Focus Group Discussions (FGD) provided enhanced contextual information. Qualitative data was analysed thematically under each of the three indicators.
MAIN VARIABLES
1. Protectionthreats
2. Communitysocialfabricandstructure 3. Communityleverageandcapacities