Nuevo consenso contra la violencia machista

Los grupos parlamentarios se han puesto de acuerdo para mejorar las herramientas para combatir una de nuestras mayores lacras, la violencia machista, que desde 2003, cuando comenzó la estadística oficial, suma 1.295 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Este lunes todos los partidos, a excepción del negacionista Vox, dieron luz verde a un informe a partir del cual renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género (aprobado por primera vez en 2017), un documento que recoge más de 460 medidas. Es el resultado de los trabajos que se iniciaron la pasada legislatura y que se retomaron el pasado mayo.

Este acuerdo coincide con el 20º aniversario de la aprobación de la ley integral contra la violencia de género, promovida por el primer Gobierno de Rodríguez Zapatero y que contó en su momento con el consenso de todo el Parlamento. Pese al innegable avance de esta ley —pionera en el mundo—, arrastra carencias como la insuficiente dotación económica, que deriva, entre otros problemas, en la sobrecarga de los profesionales que atienden a las víctimas.

Otro aspecto a mejorar es la atención a los menores que conviven con sus progenitores en hogares donde el padre o la pareja de la madre ejerce violencia machista, a los que el entramado legal actual no logra proteger. El nuevo pacto aborda la conocida como violencia vicaria (ejercida sobre los menores para hacer daño a las madres), y prevé mejoras en la formación de los profesionales que tratan con niños, o la revisión de los protocolos de valoración de riesgo para que tengan en cuenta a las víctimas menores de edad. Desde 2013, la violencia machista ha dejado 474 huérfanos, y 62 menores asesinados.

Este pacto de Estado también incluye medidas en el ámbito educativo, como el impulso de la educación afectivo-sexual impartida por profesionales. La necesidad de sensibilizar a la población sobre las actitudes machistas y las consecuencias en la vida de las mujeres ya se contempló en la citada ley, además de en otras normativas, pero la realidad es que dentro del sistema educativo estos contenidos se imparten de forma muy irregular y escasa. Un 16% de los adolescentes entre 13 y 18 años aseguran no haber recibido ninguna formación afectivo-sexual y otro 52% manifiesta haberlo hecho entre una y cuatro horas en total, según un estudio de Save the Children.

Esta renovación del pacto incluye medidas tan necesarias como tipificar en el Código Penal conductas que buscan “limitar la economía e independencia económica de las mujeres” (por ejemplo, no pagar la pensión alimenticia o prohibirle trabajar). Todo avance es bienvenido, y el consenso debe ser celebrado. No se pueden escatimar recursos para erradicar todas las formas de violencia que impiden aún a muchas mujeres disfrutar de una vida libre y digna.