La guerra de los supremos (1839-1842) Autores varios

La guerra de los supremos (1839-1842) Autores varios

Ediciones LAVP

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La guerra de los supremos (1839-1842) Autores varios

Historia Militar de Colombia Guerras civiles N° 11

©Ediciones LAVP

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Cel 9082624010

New York City, USA

ISBN: 9780463736173

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La guerra de los supremos (1839-1842) Autores Varios

Nota introductoria

Estado central y relaciones provinciales (1832-1840)

Las provincias del Cauca y Santander en el siglo XIX

La guerra de los supremos o los conventos

José Ignacio de Márquez

El poder del discurso religioso en la guerra de los supremos

La guerra de los supremos en el Valle del Cauca

Hacia una lectura tripolar de la guerra de los supremos

La guerra de los supremos en la Costa Caribe colombiana

La guerra de los supremos y la formación de los partidos políticos

Nota introductoria

La Gran Colombia integrada por los actuales Colombia, Venezuela y Ecuador, ideada por el Libertador Simón Bolívar se había disuelto en 1830 a los 11 años de su nacimiento. Como consecuencia de problemas venían arrastrándose desde las mismas guerras de independencia contra la corona española, la Nueva Granada, uno de los estados resultantes de esa división, no había logrado estabilizar su compleja situación política interna plagada de pugnacidades, intrigas, odios y ambiciones de poder.

Desde su propia creación, existían tensiones entre las diferentes corrientes ideológicas: conservadores y liberales, federales y centralistas, religiosos o laicos…

A pesar de eso, los enfrentamientos armados habían sido poco importantes. Sin embargo, todas esas tensiones acabaron desembocando la sangrienta guerra civil de los Supremos, la primera ocurrida en el periodo de la Colombia independiente.

Desde los años de lucha por la independencia, existían dos corrientes principales acerca de la manera de organizar el país. Los partidarios de un Estado federal y los que preferían uno centralizado. Después de la disolución de la Gran Colombia, se generalizó el enfrentamiento político abierto por imponer alguna de esas dos visiones de Estado.

A pesar de la llegada a la presidencia de la república del general Francisco de Paula Santander, quien acababa de regresar del exilio, luego de resultar complotado en el intento de asesinato contra el Libertador la nefanda noche de 25 de septiembre de 1828, ambos bandos pugnaban por hacer valer sus posiciones ideológico-administrativas. En esencia, la disputa se había ampliado a la ideología, ya que los centralistas eran conservadores, mientras que los federalistas eran liberales divididos entre moderados y radicales.

Pronto la pugnacidad política se reflejó en la sociedad. Los comerciantes y profesionales liberales solían ser progresistas. Entre tanto, los terratenientes, miembros del clero y militares pertenecían al sector conservador.

Desde el Congreso de Cúcuta en 1821, en el que se creó la Gran Colombia, los diputados habían promulgado leyes que limitaban el poder de la iglesia católica en el ejercicio de la educación y la vida política del país. Entre las medidas tomadas, estaban el fin de la Inquisición y el cierre de los monasterios que tuvieran menos de 8 personas habitando su sede. Dicha decisión legislativa, contaba con el apoyo del arzobispo de Bogotá. A pesar de esas medidas, la Iglesia conservó apoyo popular, y por lo tanto, siguió siendo actor fundamental en la política del país.

En medio del agitado ambiente político, los candidatos para las elecciones presidenciales de 1837 fueron el liberal José María Obando propuesto por el general Santander, y José Ignacio de Márquez, también liberal pero más moderado.

A pesar de que Obando era favorito, Márquez logró el triunfo. Esto causó mucho descontento entre los partidarios y del propio general de Santander, quien hasta los últimos días de su existencia fue intrigante, ambicioso y enemigo personal del Libertador.

De esta forma, los progresistas se convirtieron en el primer partido de la oposición. En ese momento, a ellos se sumó la Sociedad Católica, ya que consideraba que Márquez era más antirreligioso que Obando.

A los pocos meses de la formación del gobierno, el presidente José Ignacio de Márquez, tuvo que sustituir a los santanderistas que quedaban en su equipo. En su lugar nombró a dos antiguos bolivarianos, Pedro Alcántara Herrán y Tomás Cipriano de Mosquera.

Pocos días después, los partidarios de Santander y de Obando, publicaron en su periódico unos artículos reviviendo la llama del federalismo. Los dirigentes afines de algunas provincias comenzaron a pedir una reforma constitucional en ese sentido.

Cuando Márquez pretendió hacer cumplir la ley sobre los monasterios menores y dispuso su cierre. De acuerdo a la ley, que iba a afectar a la zona de Pasto, la venta de los bienes obtenidos tras el cierre de los conventos se destinaría a las organizaciones educativas, muchas de ellas religiosas.

La medida del cierre de los conventos encontró la férrea oposición del padre Francisco de la Villota y Barrera, superior del Oratorio de San Felipe Neri, quien dotado de habilidades histriónicas instigó a los habitantes de Pasto, que enseguida se pusieron del lado del religioso. La rebelión fue apoyada por José María Obando, quien se declaró Supremo Director de la guerra y obtuvo el respaldo de la guerrilla del Patía, dirigida por Juan Gregorio Sarria.

De inmediato, la población y la iglesia de Pasto reaccionaron violentamente instigados por los santanderistas. Así, se produjo un motín durante el cual se asaltaron las guarniciones militares de la zona. Ese levantamiento, que tuvo lugar en julio de 1839, es conocido como la rebelión de los conventillos y anunciaba la guerra que vendría después.

Según los expertos, el motivo religioso no fue más que la excusa para que esos caudillos se alzaran en armas. Buena parte de sus partidarios eran terratenientes y dueños de esclavos. Por ello, consideraban que la política liberal del gobierno podía perjudicar sus intereses. La guerra se extendió muy pronto. La población de Nueva Granada estaba muy insatisfecha y no respondió a los intentos de negociación de Márquez.

Luego en el sitio, que por tierra y mar, pretendieron poner a Cartagena los rebeldes, buques de guerra ingleses anclados en la bahía, protegían la entrada de remesas enviadas por amigos del gobierno a los sitiados. El final de esta guerra fue obtenido gracias a la mediación del ministro plenipotenciario inglés Robert Stewart, quien convenció a rebeldes y al gobierno de firmar un armisticio. El diplomático murió a los pocos meses en Bogotá de un paludismo contraído durante sus gestiones.

La guerra tuvo muchos partidarios no solo a nivel nacional sino internacional, pero así como tuvo actores también albergo muchas situaciones que prácticamente arrasó con la prosperidad que se estaba buscando y desarrollando en el país.

En su desarrollo, la guerra de los supremos se convirtió en un enfrentamiento entre las distintas facciones existentes en el país ya desde las guerras de independencia. Enfrentó, así, a partidarios de la federación con los centralistas. La victoria fue de estos últimos, que plasmaron su idea centralista en la constitución promulgada en 1843.

La fragmentación territorial y, por lo tanto, de poder político, había sido característica permanente desde la independencia de Nueva Granada. Con sobradas razones, al crearse la Gran Colombia, Simón Bolívar señaló la necesidad de concentrar el poder político en Bogotá, para debilitar a los caudillos regionales, que ya sin la presencia del Libertador pretendían con la guerra de los Supremos, aumentar su poder, debilitando a los centralistas.

Tras los primeros levantamientos armados en Pasto, el gobernador Antonio José Chávez intentó llegar a un acuerdo con los rebeldes. El presidente Márquez, no respaldó la negociación y envió al general Alcántara de Herrán a acabar con la rebelión.

Antes de responder militarmente, ofreció a los insurrectos el indulto. La respuesta fue negativa y declararon su intención de proclamar un estado federal y de independizarse de Bogotá. El gobierno decidió entonces enviar más tropas. Al mando de esta nombró al general Mosquera, secretario de Guerra y Marina. Los sublevados continuaron con sus ataques. Mosquera y Alcántara Herrán pidieron ayuda al presidente de Ecuador, que respondió enviando 2000 soldados a Nueva Granada.

La victoria de Herrán sobre los sublevados de Pasto en la batalla de Buesaco, sucedida el 31 de agosto de 1839, hizo pensar a los progubernamentales que la revuelta había sido derrotada. Durante la persecución de los rebeldes que sobrevivieron al combate, los soldados enviados por Márquez detuvieron a José Erazo, un antiguo partidario del general Obando.

Este ex guerrillero era famoso porque Sucre había dormido en su casa la noche anterior a su asesinato, ocurrido en 1830 y estaba sindicado de haber participado en el complot para asesinar al gran mariscal de Ayacucho. José Eraso era una especie de doble agente, ya que se decía partidario del gobierno a la vez que informaba a los rebeldes sobre los movimientos de las tropas gubernamentales.

Al ser capturado, Eraso pensó que su detención se debía a su participación en el asesinato de Sucre y confesó ser su autor. La situación se complicó porque de inmediato se señaló al general José María Obando como autor intelectual del crimen. En consecuencia, un juez de Pasto dictó una orden de captura contra Obando, quien en ese momento era el candidato con más opciones para las siguientes elecciones presidenciales en 1841.

Al enterarse de la decisión judicial, Obando se dirigió a Pasto con el objetivo de entregarse y afrontar el juicio, pero cambió de opinión en enero de 1840, al sentirse excluido de las decisiones del gobierno central y acusado de la muerte de Sucre, entonces Obando se levantó en armas en Cauca y Pasto. Allí, se proclamó Supremo director de la guerra y afirmó que se rebelaba para defender la religión y el federalismo.

La rebelión de Obando contagió pronto a algunos caudillos regionales que se consideraban perjudicados por el centralismo del gobierno de Bogotá. Durante los meses siguientes, se repitieron insurrecciones armadas comandadas por líderes regionales, los denominados Supremos.

Estos caudillos atacaron a las tropas gubernamentales en diversos lugares. Como Obando, afirmaron hacerlo por los ocurrido con los monasterios en Pasto. Además, el apoyo de las tropas de Ecuador a la causa del gobierno solo aumentó los partidarios de los insurrectos.

La situación del presidente Márquez se convirtió en insostenible. La prensa lo atacaba de manera despiadada. La muerte de Francisco de Paula Santander, jefe de los liberales, hizo que la tensión creciera. Finalmente, Márquez se vio obligado a renunciar al poder.

De manera provisional, Márquez fue sustituido por el general Domingo Caicedo. Este trató de calmar a los partidarios de cada bando, sin obtener ningún éxito. Los seguidores de Santander pedían cambios en la administración y las revueltas siguieron produciéndose en varias provincias.

Para finales de 1840, el gobierno había perdido buena parte del territorio. Solo Bogotá, Neiva, Buenaventura y Chocó seguían prestándole apoyo, frente a 19 provincias rebeldes.

El momento que pudo cambiar el resultado final de la guerra se produjo cuando el Supremo de la provincia de Socorro estuvo a punto de tomar Bogotá con sus 2500 hombres. La capital estaba prácticamente sin defensas y solo la intervención del héroe de la independencia Juan José Neira consiguió detener la ofensiva.

En esos momentos, el gobierno legítimo confió todas sus fuerzas militares a los generales Pedro Alcántara Herrán y Tomás Cipriano de Mosquera. A ellos se unieron los antiguos bolivarianos y los liberales moderados.

En marzo de 1841 acabó el periodo presidencial de Márquez. El elegido para ocupar el cargo fue Alcántara de Herrán, quien en un principio rechazó el nombramiento. Sin embargo, su renuncia no fue aceptada por el Congreso. El nuevo gobierno reorganizó sus tropas para tratar de acabar con los Supremos. Para ello, dividió el ejército en cuatro divisiones. La primera, al mando de Mosquera, fue destinada al Cauca y fue la que protagonizó las victorias más importantes de la guerra.

Tras meses de guerra, Mosquera había conseguido derrotar completamente a Obando. La reacción de este fue tratar de huir a Perú y solicitar asilo político.

El presidente Alcántara Herrán se puso al frente de las tropas para dirigirse al norte del país. Su primer objetivo fue tomar Ocaña, lo que consiguió el 8 de septiembre de 1841. Después, recuperó Puerto Nacional y las ciudades cercanas.

La derrota en Ocaña, además de las acaecidas en otras regiones, hicieron que la guerra estuviera decidida a favor del gobierno central. Los Supremos se entregaron a la justicia y reconocieron la autoridad de Bogotá.

De manera oficial, los historiadores fechan el final de la Guerra de los Supremos el día 29 de enero de 1842. Una semana después, el presidente Pedro Alcántara Herrán amnistió a todos los involucrados en el conflicto.

Historiadores y analistas políticos señalan varias consecuencias directas de la guerra civil en Nueva Granada. La primera, el enfrentamiento entre los caudillos provinciales y el poder central, sin que ninguno de los bandos tuviera la fuerza suficiente para imponerse totalmente. Esta situación continuó vigente durante muchos años con nuevas guerras civiles.

Por último, la Guerra de los Supremos generó muchos odios y ánimos de venganza, poniendo las bases para nuevos conflictos.

Al finalizar la guerra, el gobierno comenzó a trabajar en una nueva constitución que pudiera evitar nuevos enfrentamientos. El resultado fue la Constitución Política de la República de Nueva Granada de 1843, vigente hasta 1853. Esta carta magna fortalecía el poder presidencial. El objetivo era dotarlo de mecanismos suficientes para poder mantener el orden en todo el territorio y disminuir la influencia de los caudillos regionales.

El centralismo se impuso como sistema de organización del país, eliminando autonomía a las provincias.

Tras la decepcionante presidencia de Márquez, el país no volvió a contar con un mandatario civil hasta 1857. Todos los presidentes durante el lapso 1840-1857 fueron militares.

Estado central y relaciones provinciales (1832 – 1840)

Establecido el Estado de la Nueva Granada, la Nación quedó constituida por 19 provincias las cuales se convirtieron en la piedra angular de las relaciones administrativas con el naciente Estado. Su erección como unidad básica de la división territorial político administrativa de la república, manifestó la fuerza de las élites locales que pujaron para que las referencias básicas territoriales se identificaran con la organización territorial colonial¹.

1 Palacios, Marco. "La Fragmentación regional de las clases... Op cit, p 31.

El Estado por medio de las provincias fincó las esperanzas de lograr una administración efectiva, fundamental para el camino de modernización política que se había propuesto con la carta fundamental. Para ello, se dio a las provincias cierto margen de maniobra político administrativa con sus cámaras provinciales, para que junto con el gobernador, se ocupasen de aprobar decretos concernientes a nuevos impuestos para el fomento de obras públicas, organización de colegios y escuelas, manumisión de esclavos y administración de rentas provinciales.

El optimismo del Estado frente a estos cuerpos colegiados fue evidente, como lo manifestó Alejandro Vélez como secretario del interior en 1833, ante el congreso La creación de estas corporaciones ha sido altamente aceptada y popular y las localidades han de ser realmente satisfechas por ellas².

2 Exposición del secretario de Estado, en el despacho del interior y relaciones exteriores del gobierno de la Nueva Granada, al congreso constitucional de 1833, entre los negocios de su departamento, en: AR. Fondo II. Papeles de Estado, rollo 15, vol 5, folios 18 – 19.

Pero rápidamente se presentaron dificultades que pusieron en evidencia la necesidad de elaborar un código de régimen provincial que aclarara muchas de las funciones del gobernador, los funcionarios y los cuerpos colegiados ³.

³ Sobre la diversidad de inconvenientes que se presentaron se puede consultar los informes presentados por los secretarios de Estado y relaciones exteriores. Para el año de 1834 en: AR, Fondo II, papeles de Estado, rollo 18, volumen 6, folio 1 – 6; para 1835, rollo 18, volumen 7, folios 18 – 21; para 1836, rollo 24, volumen 8, folios 13 – 17, para 1837, rollo 18, volumen 9, folios 20 – 30.

Por otra el gobierno nacional al buscar una administración efectiva se percató, que las provincias y sus cámaras provinciales eran los bastiones de los grupos de poder local. De ahí que se viese obligado a concertar con ellos para obtener un margen de gobernabilidad; pero muchas veces también, los poderes locales buscaron imponer sus intereses y los funcionarios ante los del Estado.

Así lo expresó en 1842 el secretario del interior Mariano Ospina Rodríguez, respecto a la lista que enviaba al poder ejecutivo las cámaras provinciales con las posibles personas aptas para que éste eligiera quien debía ser el gobernador provincial

"Las cámaras de provincia pretenden las más de las veces hacer un nombramiento y no una propuesta, para lo cual ponen en su lista la persona que quiera ser elegida, asociándole otras cuya propuesta es de puro honor, pues aunque muchas veces sean sujetos de responsabilidad, son tan inadecuados para el destino, o es tan notorio que no lo aceptaran, que pueden considerarse como no elegibles.

En tales elecciones se tiene con frecuencia miras de la localidad, respetos de familia que no están en armonía con la conveniencia general; y no es raro que dominado en aquellas corporaciones una mayoría poseída de estas antipatías de partido que tan comunes son contra el que manda, quiera darle el poder ejecutivo por agentes a sus declarados enemigos"⁴.

4 AR. Fondo II. Exposición del secretario de estado en el despacho del interior y relaciones exteriores del gobierno de la Nueva Granada al congreso constitucional. el año de 1842. Bogotá. Imprenta. J. A. Cualla. Folio 19. también se puede consultar el trabajo de: Gouzy, Doris (comp.) Antología del pensamiento de Mariano Ospina Rodríguez: Bogotá, Banco de la república, 1990, pp 471 – 576. La Negrilla es mía.

Lo anterior llevó a que el ejecutivo en algunas ocasiones especiales nombrara directamente los gobernadores, obviando la lista que enviaban las cámaras provinciales. Para ello despedía al gobernador de turno por no considerarlo idóneo y enviaba un agente de su entera confianza. Así aconteció en Vélez cuando se destituyó al gobernador Tomás Murray por algunas irregularidades administrativas que cometió y se nombró a José Arenas hombre de confianza del gobierno de Márquez.

En otras ocasiones, como ocurrió en algunas provincias de la costa, se enviaron como gobernadores a personas no nativas de la región, con el objetivo expreso de lograr una administración no comprometida con los poderes locales de las provincias⁵.

⁵ Sobre el particular, la historiografía política en Colombia ha pasado desapercibido ciertos actos de gobierno, que deben ser entendidos como una estrategia de éste para conjurar movimientos centrífugos que estaban presentes en algunas provincias de la Nueva Granada, como por ejemplo Cartagena.

En dicha Provincia el gobierno de Santander envió como gobernador al general José Hilario López, el asunto ha sido interpretado como la búsqueda por parte del Estado de tener a un hombre de confianza en la costa por los inconvenientes diplomáticos con los ingleses, pero la afirmación pasa desapercibido el contexto regional en la cual había