Abogado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), actual becario del Programa Fulbright del Gobierno de los Estados Unidos en la Universidad de Texas en Austin e investigador MD Anderson del Instituto de Derecho Transnacional de la misma universidad. Egresado del Programa para el Fortalecimiento de la Función Pública en América Latina y del American Council of Young Polítical Leaders (ACYPL). Columnista en Diario La Tribuna y Criterio.Hn.
Después de las elecciones generales, en un sistema democrático estable, la juramentación formal d... more Después de las elecciones generales, en un sistema democrático estable, la juramentación formal de la presidenta de la República debería ser un evento más en la cotidianeidad para continuar con la administración del Estado con un nuevo enfoque ideológico. Ese no es el caso de Honduras, pues, aunque el proceso electoral de noviembre de 2021 representó una ruptura con el pasado reciente, la crisis permanente que el país arrastra desde el golpe de Estado de 2009 mostró nuevamente la fuerza de los actores e intereses que han controlado el sistema político, por lo menos desde la vigencia de la Constitución de la República de 1982.
La juramentación de Xiomara Castro se produjo en medio de un conflicto político sobre la legitimidad de las autoridades que dirigirían el Poder Legislativo que, después de haberse superado por la fuerza de los hechos, fue relegado por la captura del ex presidente de la República, Juan Orlando Hernández, quien luego fue extraditado a los Estados Unidos de América, dejando un legado de autorita- rismo y violaciones al orden constitucional y a los derechos humanos, que aún se mantienen en la impunidad.
El proceso de selección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para el período 2023-2030, llega para confirmar que el proceso de transición, la ruptura con el pasado, no ha finalizado, y si bien se reconoce que la negociación política segui- rá siendo el factor determinante en la integración de las instituciones, el objetivo de este análisis político prospectivo, impulsado por el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), es reflexionar en torno a las condiciones que pueden in- cidir en el surgimiento de escenarios posibles sobre el desarrollo de este proceso. Sin embargo, el análisis no se agota en la presentación de escenarios posibles, sino en proponer acciones que la sociedad civil organizada puede desarrollar, de forma colectiva, para incidir en el proceso de selección. Anticipar estos escena- rios, no solo con la previsión de los acontecimientos, también puede ser un antes y un después para la participación ciudadana en procesos de selección de altos funcionarios y funcionarias.
La gobernanza electoral debe ser entendida por la forma de gobierno, es decir, la composición dir... more La gobernanza electoral debe ser entendida por la forma de gobierno, es decir, la composición directiva, las reglas y los procedimientos internos, así como el proceso de decisión del órgano electoral, sus efectos, y el rendimiento de los organismos de la administración vinculados con el proceso electoral propiamente dicho.2Este análisis tiene como propósito efectuar una descripción sobre la evolución de la gobernanza electoral hondureña y las condiciones en las que enfrentará las elecciones generales del 28 de noviembre de 2021; el concepto de gobernanza electoral se desarrolla cuatro etapas: legislación, práctica, legitimación y control.
El 14 de marzo del 2021, las tres fuerzas partidarias mayoritarias celebraron elecciones primaria... more El 14 de marzo del 2021, las tres fuerzas partidarias mayoritarias celebraron elecciones primarias en las que participaron dos movimientos internos del Partido Nacional, nueve del Partido Libertad y Refundación (Libre) y tres del Partido Liberal, quienes, a lo interno, compitieron para elegir la candidatura presidencial, 128 candidaturas legislativas y 298 candidaturas a las autoridades de las 298 municipalidades, que les representarán en la contienda general a celebrarse el 28 de noviembre del 2021.
La gobernanza electoral debe ser entendida por la forma de gobierno, es decir, la composición dir... more La gobernanza electoral debe ser entendida por la forma de gobierno, es decir, la composición directiva, las reglas y los procedimientos internos, así como el proceso de decisión del órgano electoral, sus efectos, y el rendimiento de los organismos de la administración vinculados con el proceso electoral propiamente dicho.
Este análisis tiene como propósito efectuar una descripción sobre la evolución de la gobernanza electoral hondureña y las condiciones en las que enfrentará las elecciones generales del 28 de noviembre de 2021; el concepto de gobernanza electoral se desarrolla cuatro etapas: legislación, práctica, legitimación y control.
En este artículo brindamos un análisis sobre las regresiones sufridas por el sistema democrático ... more En este artículo brindamos un análisis sobre las regresiones sufridas por el sistema democrático hondureño a partir del golpe de Estado de 2009 y hechos sucesivos, que han conducio al país hacia una "des-democratización". Se estudia la percepción de la ciudadanía hondureña sobre su satisfacción con la democracia y la diferenciación entre su interés en la política y en los asuntos públicos.
Finalmente, se estudia el proceso de reforma del sistema electoral hondureño como un punto de inflexión siempre y cuando se incluyan reformas profundas que funjan como factores que contribuyan a restituir la legitimidad y confianza en las instituciones democráticas, tomando en consideración los efectos producidos por la pandemia del COVID-19 en el sistema democrático.
Informe de Monitoreo Electoral enero-junio 2020, 2020
El Informe de Monitoreo Electoral enero-junio 2020 tiene como objetivo brindar una perspectiva de... more El Informe de Monitoreo Electoral enero-junio 2020 tiene como objetivo brindar una perspectiva del estado del sistema democrático hondureño, asimismo, ofrece un resumen de las principales actividades desarrolladas en el marco del proceso de reformas al sistema electoral entre 2018 y 2019, así como una exposición cronológica de los avances desarrollados durante enero-junio de 2020. Finalmente, el informe ofrece las alertas a tomar en cuenta sobre los escenarios que se vislumbran para los próximos meses del proceso de reforma electoral, previo a las elecciones primarias de marzo de 2021.
La actual Constitución de la República entró en vigencia el 20 de enero de 19821. Desde entonces ... more La actual Constitución de la República entró en vigencia el 20 de enero de 19821. Desde entonces y 38 años después, la democracia y el Estado de derecho han sufrido rupturas en el orden constitucional: desde un golpe de Estado en 2009 y la destitución ilegal de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional en 2012, hasta la habilitación ilegítima de la reelección presidencial por la misma Sala en 2015, y la imposición de Juan Orlando Hernández en las elecciones generales de 2017. Estos hechos ponen sobre la mesa de discusión el proceso de reemplazo constitucional como alternativa para reedificar el sistema democrático de Honduras. Por ello, el propósito de este artículo es esbozar un análisis a partir de fundamentos doctrinales sobre los elementos esenciales a tomar en cuenta en la convocatoria e instalación de una Asamblea Nacional Constituyente y la consecuente creación de una nueva Constitución Política, a la luz del estado actual del sistema democrático hondureño.
En pleno proceso de reforma electoral, los partidos políticos han focalizado el debate en element... more En pleno proceso de reforma electoral, los partidos políticos han focalizado el debate en elementos del sistema electoral, como la interacción de los partidos políticos, el mantenimiento del poder para unos y el ascenso al mismo para otros, con una excesiva concentración en el nivel electivo presidencial. Entre los puntos de discusión más reiterados, destaca el nombramiento de los altos funcionarios de los órganos electorales, la sustanciación de los reclamos en la justicia electoral, la segunda vuelta y la reelección presidencial. Sin embargo, los partidos políticos y sus representantes en el Congreso Nacional han soslayado la discusión de temas claves para fortalecer el sistema electoral y generar, gradualmente, cambios culturales y sociales. Desde inicios del siglo XX las mujeres emprendieron un largo camino para lograr el reconocimiento jurídico y material de sus derechos humanos. Sin embargo, la igualdad consagrada en la Constitución de la República sigue siendo una promesa sin cumplir. A pesar de que hay una creciente participación y activismo de las mujeres, tanto en los procesos electorales como en diversos temas de interés nacional, todavía persisten las barreras que obstaculizan su acceso al ejercicio de los cargos de representación popular en los diferentes niveles electivos. El propósito de este artículo es analizar los avances históricos de las mujeres en la conquista de sus derechos políticos, el rol de las cuotas de género en la legislación electoral y sus efectos en la participación y representación política de las mujeres en Honduras.
En la novena edición del Sondeo de Opinión Pública (en adelante el Sondeo), el Equipo de Reflexió... more En la novena edición del Sondeo de Opinión Pública (en adelante el Sondeo), el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ) aborda una variedad de temas; entre estos, la desconfianza hacia las instituciones políticas hondureñas. El Sondeo visibiliza el impacto en la percepción ciudadana provocado por la profundización de flagelos como la pobreza, la inseguridad, el narcotráfico y la corrupción, que han erosionado la credibilidad y productividad de las instituciones, provocando un apartheid entre las autoridades gubernamentales y la ciudadanía.
Durante la primera mitad de esta década, Honduras fue catalogada como uno de los países más viole... more Durante la primera mitad de esta década, Honduras fue catalogada como uno de los países más violentos del mundo debido a la cantidad de muertes registradas - sin vivir conflicto armado. Pero en la segunda mitad de esta misma década, la tasa de homicidios se ha reducido en un 50%, llegando a 40 muertes por cada 100,000 habitantes en el año 2018. Esta reducción sustancial de homicidios ha sido celebrada por diferentes sectores. No obstante, la violencia y la inseguridad aún permanecen dentro de los tres principales problemas que afecta a la población hondureña. Esto viene a mostrar que la reducción de homicidios no reducirá la violencia estructural del país o el sentimiento de inseguridad en las personas.
En el año 2015, la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) presentó el “Primer Informe sobre la Impunidad en Homicidios”, en el cual se pudo demostrar a través de casos judicializados de homicidios del 2010 al 2013 en Comayagua, San Pedro Sula y Tegucigalpa que únicamente el 4% de los casos habían obtenido sentencia condenatoria. Este dato llevo a la conclusión que Honduras tenía un índice de impunidad del 96% en lo que respecto al castigo del delito de homicidios.
En este Segundo Informe sobre la Impunidad en Homicidios la APJ presenta las cifras de homicidios y sentencias judiciales de los años 2010 al 2017 a nivel nacional y departamental e, introduce importantes innovaciones como es el análisis comparativo de las tasas de homicidios de los países del Triángulo Norte, el análisis del Índice de Judicialización de Homicidios como un indicador de resultado en materia de investigación y persecución penal y, el Índice de Impunidad Departamental (IID) que permite mayor desagregación y un análisis territorial de los esfuerzos y resultados que se han logrado en los últimos cuatro años.
El trabajo concluye reconociendo el importante avance que se ha tenido en la reducción de impunidad de un 96% a un 87% a nivel nacional. Pero también pone énfasis en la necesidad de estudiar de manera científica y objetiva las causas de la reducción de homicidios para poder prevenir incrementos, neutralizar focos de violencia e incrementar la judicialización de casos –la gran tarea pendiente.
Las recomendaciones enfatizan en la importancia de que los operadores de seguridad y justicia desarrollen e implementen mecanismos de monitoreo y evaluación más rigurosos, con tecnología de soporte y que permitan la rendición de cuentas al público. Esto salto cualitativo en términos de gestión ayudará a producir confianza ciudadana en los resultados en materia de reducción de la impunidad.
A través de este informe, coordinado por el Dr. Lester Ramírez Irías, presentamos un análisis del... more A través de este informe, coordinado por el Dr. Lester Ramírez Irías, presentamos un análisis del contexto histórico del sistema electoral hondureño. Asimismo, exponemos minuciosamente las principales reformas electorales propicias para fortalecer el sistema democrático.
Las reivindicaciones políticas, sociales y educativas de las mujeres en Honduras se han gestado y... more Las reivindicaciones políticas, sociales y educativas de las mujeres en Honduras se han gestado y alcanzado producto del trabajo tesonero de distintos grupos feministas, organizaciones de sociedad civil y mujeres socialmente emprendedoras como Alba Alonzo de Quesada, Alejandrina Bermúdez de Villeda, María Antonia Martínez, Visitación Padilla y muchas otras mujeres y hombres comprometidos con la igualdad real y efectiva de ambos sexos. Estos movimientos sociales, alcanzaron, bajo sendos esfuerzos, el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de las mujeres hondureñas en el año 1955, lo que ha permitido trabajar por consolidar una cultura de igualdad en el ámbito público, privado y doméstico, donde tradicionalmente ha dominado la cultura patriarcal. En ese sentido, el objeto de este ensayo es realizar una breve cronología sobre el desarrollo político y educativo a nivel superior de las mujeres en Honduras, donde la abogada Alonzo de Quesada fue protagonista, partiendo desde los antecedentes del acceso a la educación pública de las mujeres hondureñas hasta la integración de la Comisión de Transición Universitaria que ha marcado el rumbo de la Educación Superior nacional.
Si alguna duda había sobre la legitimidad de la reelección presidencial
en Honduras, basta con co... more Si alguna duda había sobre la legitimidad de la reelección presidencial en Honduras, basta con conocer el reciente estudio de la la Comisión de Venecia, sobre el supuesto derecho humano a la reelección presidencial. En este esclarecedor artículo, a partir del mencionado estudio, se evidencia la falacia esgrimida por la Sala de lo Constitucional para aprobar de facto la reelección presidencial, lo cual ha sumido al país en una inestabilidad política con graves consecuencias para la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho.
The core mission of the Global Review remains is to offer readers systemic knowledge about jurisd... more The core mission of the Global Review remains is to offer readers systemic knowledge about jurisdiction-specific constitutional law that has previously been limited mainly to local networks rather than a broader readership. The Global Review is our contribution to an ambitious weltanschauung: to make the world of constitutional law smaller, more familiar, and more accessible to all.
Like in every other country, the COVID-19 pandemic prolonged its effects in Honduras during 2021. However, the main event of the year was the general election celebrated in November.1 The outcome of the election would have considerable consequences in the country ́s future, considering it represented the end of Juan Orlando Hernandez ́s tenure in the presidency after being reelected in a controversial 2017 election despite constitutional prohibitions regarding term limits. With newly created electoral bodies, the enactment of new electoral legislation occurred one day before the beginning of the general election process, opening the door for constitutional claims concerning some of its provisions.
Parallel to the electoral context, three of the most pressing debates that occurred in 2021 were the constitutional reforms that, on the one hand, prohibited abortion and, on the other, established a voting threshold higher than that already contemplated in the Constitution for the reform procedures. The new amendment threshold was also set for future amendments regarding the existing ban on same-sex marriage. Finally, the debate on the constitutionality of the Employment and Economic Development Zones (ZEDE), a figure included in the constitutional order since 2013, continues to generate controversy. Considering this is the first report about Honduras in the Global Review, it is imperative to start the next section with an introductory context of its constitutional system.
Los derechos humanos en los tiempos de la pandemia Covid-19, 2022
El presente artículo pretende enfocarse brevemente en los efectos de la corrupción ocurrida en el... more El presente artículo pretende enfocarse brevemente en los efectos de la corrupción ocurrida en el contexto de la pandemia en perjuicio del derecho a la salud como parte de los bienes jurídicos más afectados y analizar las obligaciones de los Estados sobre corrupción y derechos humanos en relación con la transparencia y el acceso a la información pública en la gestión de la crisis sanitaria, así como la reacción ante ella por parte de los Estados de Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá y Guatemala.
Después de las elecciones generales, en un sistema democrático estable, la juramentación formal d... more Después de las elecciones generales, en un sistema democrático estable, la juramentación formal de la presidenta de la República debería ser un evento más en la cotidianeidad para continuar con la administración del Estado con un nuevo enfoque ideológico. Ese no es el caso de Honduras, pues, aunque el proceso electoral de noviembre de 2021 representó una ruptura con el pasado reciente, la crisis permanente que el país arrastra desde el golpe de Estado de 2009 mostró nuevamente la fuerza de los actores e intereses que han controlado el sistema político, por lo menos desde la vigencia de la Constitución de la República de 1982.
La juramentación de Xiomara Castro se produjo en medio de un conflicto político sobre la legitimidad de las autoridades que dirigirían el Poder Legislativo que, después de haberse superado por la fuerza de los hechos, fue relegado por la captura del ex presidente de la República, Juan Orlando Hernández, quien luego fue extraditado a los Estados Unidos de América, dejando un legado de autorita- rismo y violaciones al orden constitucional y a los derechos humanos, que aún se mantienen en la impunidad.
El proceso de selección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para el período 2023-2030, llega para confirmar que el proceso de transición, la ruptura con el pasado, no ha finalizado, y si bien se reconoce que la negociación política segui- rá siendo el factor determinante en la integración de las instituciones, el objetivo de este análisis político prospectivo, impulsado por el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), es reflexionar en torno a las condiciones que pueden in- cidir en el surgimiento de escenarios posibles sobre el desarrollo de este proceso. Sin embargo, el análisis no se agota en la presentación de escenarios posibles, sino en proponer acciones que la sociedad civil organizada puede desarrollar, de forma colectiva, para incidir en el proceso de selección. Anticipar estos escena- rios, no solo con la previsión de los acontecimientos, también puede ser un antes y un después para la participación ciudadana en procesos de selección de altos funcionarios y funcionarias.
La gobernanza electoral debe ser entendida por la forma de gobierno, es decir, la composición dir... more La gobernanza electoral debe ser entendida por la forma de gobierno, es decir, la composición directiva, las reglas y los procedimientos internos, así como el proceso de decisión del órgano electoral, sus efectos, y el rendimiento de los organismos de la administración vinculados con el proceso electoral propiamente dicho.2Este análisis tiene como propósito efectuar una descripción sobre la evolución de la gobernanza electoral hondureña y las condiciones en las que enfrentará las elecciones generales del 28 de noviembre de 2021; el concepto de gobernanza electoral se desarrolla cuatro etapas: legislación, práctica, legitimación y control.
El 14 de marzo del 2021, las tres fuerzas partidarias mayoritarias celebraron elecciones primaria... more El 14 de marzo del 2021, las tres fuerzas partidarias mayoritarias celebraron elecciones primarias en las que participaron dos movimientos internos del Partido Nacional, nueve del Partido Libertad y Refundación (Libre) y tres del Partido Liberal, quienes, a lo interno, compitieron para elegir la candidatura presidencial, 128 candidaturas legislativas y 298 candidaturas a las autoridades de las 298 municipalidades, que les representarán en la contienda general a celebrarse el 28 de noviembre del 2021.
La gobernanza electoral debe ser entendida por la forma de gobierno, es decir, la composición dir... more La gobernanza electoral debe ser entendida por la forma de gobierno, es decir, la composición directiva, las reglas y los procedimientos internos, así como el proceso de decisión del órgano electoral, sus efectos, y el rendimiento de los organismos de la administración vinculados con el proceso electoral propiamente dicho.
Este análisis tiene como propósito efectuar una descripción sobre la evolución de la gobernanza electoral hondureña y las condiciones en las que enfrentará las elecciones generales del 28 de noviembre de 2021; el concepto de gobernanza electoral se desarrolla cuatro etapas: legislación, práctica, legitimación y control.
En este artículo brindamos un análisis sobre las regresiones sufridas por el sistema democrático ... more En este artículo brindamos un análisis sobre las regresiones sufridas por el sistema democrático hondureño a partir del golpe de Estado de 2009 y hechos sucesivos, que han conducio al país hacia una "des-democratización". Se estudia la percepción de la ciudadanía hondureña sobre su satisfacción con la democracia y la diferenciación entre su interés en la política y en los asuntos públicos.
Finalmente, se estudia el proceso de reforma del sistema electoral hondureño como un punto de inflexión siempre y cuando se incluyan reformas profundas que funjan como factores que contribuyan a restituir la legitimidad y confianza en las instituciones democráticas, tomando en consideración los efectos producidos por la pandemia del COVID-19 en el sistema democrático.
Informe de Monitoreo Electoral enero-junio 2020, 2020
El Informe de Monitoreo Electoral enero-junio 2020 tiene como objetivo brindar una perspectiva de... more El Informe de Monitoreo Electoral enero-junio 2020 tiene como objetivo brindar una perspectiva del estado del sistema democrático hondureño, asimismo, ofrece un resumen de las principales actividades desarrolladas en el marco del proceso de reformas al sistema electoral entre 2018 y 2019, así como una exposición cronológica de los avances desarrollados durante enero-junio de 2020. Finalmente, el informe ofrece las alertas a tomar en cuenta sobre los escenarios que se vislumbran para los próximos meses del proceso de reforma electoral, previo a las elecciones primarias de marzo de 2021.
La actual Constitución de la República entró en vigencia el 20 de enero de 19821. Desde entonces ... more La actual Constitución de la República entró en vigencia el 20 de enero de 19821. Desde entonces y 38 años después, la democracia y el Estado de derecho han sufrido rupturas en el orden constitucional: desde un golpe de Estado en 2009 y la destitución ilegal de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional en 2012, hasta la habilitación ilegítima de la reelección presidencial por la misma Sala en 2015, y la imposición de Juan Orlando Hernández en las elecciones generales de 2017. Estos hechos ponen sobre la mesa de discusión el proceso de reemplazo constitucional como alternativa para reedificar el sistema democrático de Honduras. Por ello, el propósito de este artículo es esbozar un análisis a partir de fundamentos doctrinales sobre los elementos esenciales a tomar en cuenta en la convocatoria e instalación de una Asamblea Nacional Constituyente y la consecuente creación de una nueva Constitución Política, a la luz del estado actual del sistema democrático hondureño.
En pleno proceso de reforma electoral, los partidos políticos han focalizado el debate en element... more En pleno proceso de reforma electoral, los partidos políticos han focalizado el debate en elementos del sistema electoral, como la interacción de los partidos políticos, el mantenimiento del poder para unos y el ascenso al mismo para otros, con una excesiva concentración en el nivel electivo presidencial. Entre los puntos de discusión más reiterados, destaca el nombramiento de los altos funcionarios de los órganos electorales, la sustanciación de los reclamos en la justicia electoral, la segunda vuelta y la reelección presidencial. Sin embargo, los partidos políticos y sus representantes en el Congreso Nacional han soslayado la discusión de temas claves para fortalecer el sistema electoral y generar, gradualmente, cambios culturales y sociales. Desde inicios del siglo XX las mujeres emprendieron un largo camino para lograr el reconocimiento jurídico y material de sus derechos humanos. Sin embargo, la igualdad consagrada en la Constitución de la República sigue siendo una promesa sin cumplir. A pesar de que hay una creciente participación y activismo de las mujeres, tanto en los procesos electorales como en diversos temas de interés nacional, todavía persisten las barreras que obstaculizan su acceso al ejercicio de los cargos de representación popular en los diferentes niveles electivos. El propósito de este artículo es analizar los avances históricos de las mujeres en la conquista de sus derechos políticos, el rol de las cuotas de género en la legislación electoral y sus efectos en la participación y representación política de las mujeres en Honduras.
En la novena edición del Sondeo de Opinión Pública (en adelante el Sondeo), el Equipo de Reflexió... more En la novena edición del Sondeo de Opinión Pública (en adelante el Sondeo), el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ) aborda una variedad de temas; entre estos, la desconfianza hacia las instituciones políticas hondureñas. El Sondeo visibiliza el impacto en la percepción ciudadana provocado por la profundización de flagelos como la pobreza, la inseguridad, el narcotráfico y la corrupción, que han erosionado la credibilidad y productividad de las instituciones, provocando un apartheid entre las autoridades gubernamentales y la ciudadanía.
Durante la primera mitad de esta década, Honduras fue catalogada como uno de los países más viole... more Durante la primera mitad de esta década, Honduras fue catalogada como uno de los países más violentos del mundo debido a la cantidad de muertes registradas - sin vivir conflicto armado. Pero en la segunda mitad de esta misma década, la tasa de homicidios se ha reducido en un 50%, llegando a 40 muertes por cada 100,000 habitantes en el año 2018. Esta reducción sustancial de homicidios ha sido celebrada por diferentes sectores. No obstante, la violencia y la inseguridad aún permanecen dentro de los tres principales problemas que afecta a la población hondureña. Esto viene a mostrar que la reducción de homicidios no reducirá la violencia estructural del país o el sentimiento de inseguridad en las personas.
En el año 2015, la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) presentó el “Primer Informe sobre la Impunidad en Homicidios”, en el cual se pudo demostrar a través de casos judicializados de homicidios del 2010 al 2013 en Comayagua, San Pedro Sula y Tegucigalpa que únicamente el 4% de los casos habían obtenido sentencia condenatoria. Este dato llevo a la conclusión que Honduras tenía un índice de impunidad del 96% en lo que respecto al castigo del delito de homicidios.
En este Segundo Informe sobre la Impunidad en Homicidios la APJ presenta las cifras de homicidios y sentencias judiciales de los años 2010 al 2017 a nivel nacional y departamental e, introduce importantes innovaciones como es el análisis comparativo de las tasas de homicidios de los países del Triángulo Norte, el análisis del Índice de Judicialización de Homicidios como un indicador de resultado en materia de investigación y persecución penal y, el Índice de Impunidad Departamental (IID) que permite mayor desagregación y un análisis territorial de los esfuerzos y resultados que se han logrado en los últimos cuatro años.
El trabajo concluye reconociendo el importante avance que se ha tenido en la reducción de impunidad de un 96% a un 87% a nivel nacional. Pero también pone énfasis en la necesidad de estudiar de manera científica y objetiva las causas de la reducción de homicidios para poder prevenir incrementos, neutralizar focos de violencia e incrementar la judicialización de casos –la gran tarea pendiente.
Las recomendaciones enfatizan en la importancia de que los operadores de seguridad y justicia desarrollen e implementen mecanismos de monitoreo y evaluación más rigurosos, con tecnología de soporte y que permitan la rendición de cuentas al público. Esto salto cualitativo en términos de gestión ayudará a producir confianza ciudadana en los resultados en materia de reducción de la impunidad.
A través de este informe, coordinado por el Dr. Lester Ramírez Irías, presentamos un análisis del... more A través de este informe, coordinado por el Dr. Lester Ramírez Irías, presentamos un análisis del contexto histórico del sistema electoral hondureño. Asimismo, exponemos minuciosamente las principales reformas electorales propicias para fortalecer el sistema democrático.
Las reivindicaciones políticas, sociales y educativas de las mujeres en Honduras se han gestado y... more Las reivindicaciones políticas, sociales y educativas de las mujeres en Honduras se han gestado y alcanzado producto del trabajo tesonero de distintos grupos feministas, organizaciones de sociedad civil y mujeres socialmente emprendedoras como Alba Alonzo de Quesada, Alejandrina Bermúdez de Villeda, María Antonia Martínez, Visitación Padilla y muchas otras mujeres y hombres comprometidos con la igualdad real y efectiva de ambos sexos. Estos movimientos sociales, alcanzaron, bajo sendos esfuerzos, el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de las mujeres hondureñas en el año 1955, lo que ha permitido trabajar por consolidar una cultura de igualdad en el ámbito público, privado y doméstico, donde tradicionalmente ha dominado la cultura patriarcal. En ese sentido, el objeto de este ensayo es realizar una breve cronología sobre el desarrollo político y educativo a nivel superior de las mujeres en Honduras, donde la abogada Alonzo de Quesada fue protagonista, partiendo desde los antecedentes del acceso a la educación pública de las mujeres hondureñas hasta la integración de la Comisión de Transición Universitaria que ha marcado el rumbo de la Educación Superior nacional.
Si alguna duda había sobre la legitimidad de la reelección presidencial
en Honduras, basta con co... more Si alguna duda había sobre la legitimidad de la reelección presidencial en Honduras, basta con conocer el reciente estudio de la la Comisión de Venecia, sobre el supuesto derecho humano a la reelección presidencial. En este esclarecedor artículo, a partir del mencionado estudio, se evidencia la falacia esgrimida por la Sala de lo Constitucional para aprobar de facto la reelección presidencial, lo cual ha sumido al país en una inestabilidad política con graves consecuencias para la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho.
The core mission of the Global Review remains is to offer readers systemic knowledge about jurisd... more The core mission of the Global Review remains is to offer readers systemic knowledge about jurisdiction-specific constitutional law that has previously been limited mainly to local networks rather than a broader readership. The Global Review is our contribution to an ambitious weltanschauung: to make the world of constitutional law smaller, more familiar, and more accessible to all.
Like in every other country, the COVID-19 pandemic prolonged its effects in Honduras during 2021. However, the main event of the year was the general election celebrated in November.1 The outcome of the election would have considerable consequences in the country ́s future, considering it represented the end of Juan Orlando Hernandez ́s tenure in the presidency after being reelected in a controversial 2017 election despite constitutional prohibitions regarding term limits. With newly created electoral bodies, the enactment of new electoral legislation occurred one day before the beginning of the general election process, opening the door for constitutional claims concerning some of its provisions.
Parallel to the electoral context, three of the most pressing debates that occurred in 2021 were the constitutional reforms that, on the one hand, prohibited abortion and, on the other, established a voting threshold higher than that already contemplated in the Constitution for the reform procedures. The new amendment threshold was also set for future amendments regarding the existing ban on same-sex marriage. Finally, the debate on the constitutionality of the Employment and Economic Development Zones (ZEDE), a figure included in the constitutional order since 2013, continues to generate controversy. Considering this is the first report about Honduras in the Global Review, it is imperative to start the next section with an introductory context of its constitutional system.
Los derechos humanos en los tiempos de la pandemia Covid-19, 2022
El presente artículo pretende enfocarse brevemente en los efectos de la corrupción ocurrida en el... more El presente artículo pretende enfocarse brevemente en los efectos de la corrupción ocurrida en el contexto de la pandemia en perjuicio del derecho a la salud como parte de los bienes jurídicos más afectados y analizar las obligaciones de los Estados sobre corrupción y derechos humanos en relación con la transparencia y el acceso a la información pública en la gestión de la crisis sanitaria, así como la reacción ante ella por parte de los Estados de Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá y Guatemala.
Los derechos de las personas desaparecidas y sus familiares. Una agenda a debate., 2021
En el capítulo se aborda el alcance de las obligaciones de los Estados para dar cumplimiento al r... more En el capítulo se aborda el alcance de las obligaciones de los Estados para dar cumplimiento al respeto y garantía de los derechos económicos, sociales y culturales; a la vez que se analiza la situación de desigualdad en la que se encuentran las personas vulnerabilizadas que no gozan de estos derechos. Posteriormente se introduce el estudio de la desaparición forzada en el marco de los instrumentos internacionales adoptados en el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos y del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos para prevenir, investigar y sancionar la ocurrencia del fenómeno. Finalmente, se efectúa una relación entre la desprotección de los derechos económicos, sociales y culturales como un factor decisivo para la proliferación de episodios de desaparición forzada, la multiplicidad de derechos vulnerados y las obligaciones de los Estados en este contexto.
En mayo de 2023 inició el proceso para elegir al fiscal general y fiscal general adjunto de la Re... more En mayo de 2023 inició el proceso para elegir al fiscal general y fiscal general adjunto de la República para el período 2023-2028. El antecedente inmediato sobre el nombramiento del fiscal general en 2018, con la reelección de Oscar Chinchilla al margen del procedimiento previsto en la Constitución de la República, sitúa la próxima gestión del Ministerio Público (MP) con altas expectativas sobre el perfil de quién debe dirigir la institución.
Con un sistema análogo al previsto para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el proceso para elegir al fiscal general y fiscal adjunto del MP se divide en dos etapas: una dirigida por una Junta Proponente, que tiene a su cargo recibir las carpetas de postulación, la evaluación de las personas postulantes y la presentación de una lista de cinco candidatos ante el Congreso Nacional; y la segunda etapa que corresponde a este poder del Estado, con la celebración de audiencias públicas y el nombramiento del fiscal general y fiscal general adjunto con el voto favorable de las dos terceras par- tes de los integrantes del Poder Legislativo.
A la fecha de redacción de este análisis (agosto 2023), la Junta Proponente ya entregó el listado de cinco candidatos con un trabajo que presentó avances y desafíos, y un Congreso Nacional cuyo ambiente previo a la elección se ha caracterizado por la hostilidad en la interacción de las fuerzas políticas que co- existen en el pleno de los 128 diputados y diputadas.
Este artículo tiene como objetivo exponer una visión integral del proceso de selección a cargo de la Junta Proponente, visibilizando aspectos que, a crite- rio del autor, son claves para comprender los desafíos que presentó el proceso en el preámbulo de la entrega de la lista de cinco candidatos al Congreso Nacional.
El proceso de selección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el período 2023-2030 dejó, en ... more El proceso de selección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el período 2023-2030 dejó, en tér- minos generales, mejores sensaciones que el que se efectuó para la CSJ del período 2016-2023. La Junta Nominadora recibió elogios y respaldo de parte de organizaciones sociales, sin estar exenta de una ne- cesaria crítica constructiva a su trabajo. La etapa del proceso a cargo del Congreso Na- cional se caracterizó, como de costumbre, por las negociaciones entre partidos políticos, en particu- lar por la participación de las tres fuerzas mayo- ritarias en la máxima autoridad jurisdiccional del Poder Judicial. Hay nombres entre los perfiles que conforman la CSJ que dejan un sabor a presencia de tradicionalismo, pero también hay algunos que sí suponen un avance para la administración de justicia en el alto nivel. Como cualquier proceso político, se debe apreciar el vaso medio lleno para conservar una perspectiva progresiva de la dignificación de la CSJ. Este artículo analiza las últimas etapas del proceso de selección, en particular la investigación socioeconómica, la fase de denuncias y tachas, audiencias públicas y llena- do de la matriz de evaluación. También analiza los acontecimientos más importantes ocurridos en la elección realizada por el Congreso Nacional, y fina- liza con una reflexión en torno al próximo proceso de selección de las autoridades del Ministerio Público y las garantías que deben mediar en su desarrollo.
La firma del memorándum de entendimiento entre el Gobierno de Honduras y la Organización de las N... more La firma del memorándum de entendimiento entre el Gobierno de Honduras y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), constituye el primer paso de cara al objetivo de instalar la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CI- CIH), una demanda que se retrotrae al surgimiento del movimiento de las antorchas en 2015.
¿Qué cambios hubo desde las primeras versiones del borrador de memorándum intercambiadas entre la ONU y el Gobierno de Honduras? El objetivo de este artículo es responder a esta pregunta a partir de la evolución del texto del memorándum de entendimiento, tomando como base la primera versión presentada por ambas partes, además de un breve repaso por la fallida negociación para renovar el convenio de la antigua Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH).
En julio de 2022 se publicó la primera parte de este análisis, titulada «Precedentes de los proce... more En julio de 2022 se publicó la primera parte de este análisis, titulada «Precedentes de los procesos de selección de altos funcionarios y su influencia en la integración de la Corte Suprema de Justicia 2023-2030», en la que se describió la evolución de los procesos de selección de altos funcionarios y la formación de una cultura política entre los actores partidarios hegemónicos que intervienen en procesos de esta naturaleza, particularmente en el Congreso Nacional de la República.
Esta segunda parte profundizará en la constitucionalidad de la figura de la Junta Nominadora, los contrastes principales entre la nueva legislación y la que fue derogada, que abordan la regulación y funcionamiento de dicha Junta, los elementos relevantes que caracterizaron los procesos de selección de las instituciones que la integran y la importancia de contextualizar su trabajo bajo el principio de participación ciudadana.
El proceso de selección de las y los magistrados que integrarán la Corte Suprema de Justicia (CSJ... more El proceso de selección de las y los magistrados que integrarán la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del período 2023-2030 se ha posicionado como el tema más relevante después de que se produjo una reconfiguración de fuerzas en los poderes Ejecutivo y Legislativo. Por su papel como máximo órgano jurisdiccional en el Poder Judicial y en garantizar el control de constitucionalidad y de convencionalidad de las leyes, no hay duda de que la integración de la CSJ es clave en la aspiración colectiva hacia un sistema democrático. La relevancia del proceso ha conducido a la presentación de diferentes proyectos de ley tendientes a reformar la Ley Orgánica de la Junta Nominadora para la Elección de Candidatos a Magistrados de la CSJ, que se deriva de las bases procedimentales que la Constitución de la República establece para regular el proceso de selección.
Las propuestas y una eventual reforma adopta- da por el Congreso Nacional son importantes, sin duda; no obstante, este artículo contiene un primer análisis alusivo a este proceso, girando la vista a los precedentes de los procesos de selección de altos funcionarios realizados en los últimos dos períodos legislativos 2014-2018 y 2018-2022, finalizando con los primeros nombramientos efectuados en el presente período de 2022-2026. Se enfatizará en las dinámicas que se producen entre los partidos políticos para efectuar tales nombramientos. La ley es una consecuencia de los consensos que alcanzan los partidos políticos; por ello, este artículo busca visibilizar la forma en que tradicionalmente se han dado esos consensos, y luego, en una segunda publicación, analizar el marco legal y sus consecuencias en el proceso de selección de la nueva CSJ.
Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, 2022
Desde que la democracia se afianzó como forma de organización política y social en América Latina... more Desde que la democracia se afianzó como forma de organización política y social en América Latina, ha enfrentado golpes de Estado, gobiernos autoritarios, desastres naturales e inconformismo social; sin embargo, la pandemia de la COVID-19 rompió los precedentes y visibilizó vigorosamente las debilidades de los sistemas democráticos en la región para garantizar la prestación de servicios públicos y la protección de los derechos humanos. La inmediatez de las consecuencias exigió la misma prontitud en la respuesta gubernamental.
Dos años después de que la pandemia penetró América Latina, este análisis tiene como objetivo analizar el rol de la ética como piedra angular en la toma de decisiones para contener los efectos de la emergencia y los daños colaterales, la apertura de espacios cívicos, la presencia de episodios de corrupción en manos de liderazgos políticos y la solidaridad como alternativa para fortalecer el sistema, los vínculos sociales y los principios éticos.
El 20 de enero de 2022 la Constitución de la República de 1982 cumplió cuarenta años de estar en ... more El 20 de enero de 2022 la Constitución de la República de 1982 cumplió cuarenta años de estar en vigor, hecho que pasó desapercibido por la ciudadanía, los partidos políticos y la academia. Hubo otros acontecimientos que concentraron la atención en el plano nacional e internacional: el primero, y con justa razón, la asunción al poder de Xiomara Castro como Presidenta de la República. Su posicionamiento como titular del Poder Ejecutivo representó la materialización del principio de alternancia en el ejercicio de la Presidencia con 1,716,793 votos, y finalizó con un proceso de transición que no produjo mayores sobresaltos, aun con las suspicacias que rodearon el actuar de Juan Orlando Hernández en su salida del poder político. Sin embargo, unos días previos al traspaso de mando, el 21 de enero de 2022, un día después de la que la Constitución alcanzó su cuadragésimo aniversario, la elección de la Junta Directiva (JD) provisional del Congreso Nacional (CN), y posteriormente de la Junta Directiva en propiedad, mermó las expectativas de una reconstrucción democrática a partir de la transición gubernamental. Este artículo tiene como objetivo contribuir a generar debate con un análisis sobre la evolución de las reformas constitucionales aprobadas después del golpe de Estado de 2009, la elección de la JD del CN, para finalizar con una reflexión sobre si la Constitución de la República de 1982 puede cumplir su espíritu inicial en el marco de la agenda del nuevo Gobierno. El análisis se construirá tomando como referencia las teorías del “legalismo autócrata” (autocratic legalism), “autoritarismo constitucional” (authoritarian constitution) y la caracterización de las constituciones en regímenes autoritarios que han desarrollado autores como Kim Lane Scheppele, Mark Tushnet, Tom Ginsburg y Alberto Simpser.
En este análisis publicado por medio del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina se ... more En este análisis publicado por medio del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina se aborda lo relativo a las elecciones generales celebradas en Honduras el 28 de noviembre de 2021. Particularmente, se analizan los antecedentes del proceso electoral, hechos relevantes de la campaña electoral y los resultados de la elección.
La jornada electoral que se celebró el 28 de no- viembre de 2021 fue una luz en medio de un conte... more La jornada electoral que se celebró el 28 de no- viembre de 2021 fue una luz en medio de un contexto de incertidumbre, expectativas y tensiones. Antes de ese día, nadie habría previsto lo que finalmente ocurrió: una jornada caracterizada por la participación ciudadana masiva, un Consejo Nacional Electoral (CNE) que finalmente generó un grado de certidumbre, y la ausencia de violencia política después de los resultados preliminares. A la fecha en que este análisis fue elaborado, la incertidumbre retornó debido al escrutinio en el nivel electivo de diputaciones al Congreso Nacional, que ha evidenciado las debilidades de conjunto del proceso electoral.
La elección de Xiomara Castro como la primera mujer en ejercer la titularidad de la Presidencia de la República marca un antes y un después en la historia política hondureña y en la reivindicación de la representación política de las mujeres. La administración liderada por Xiomara Castro será el primer gobierno integrado por diferentes fuerzas políticas que estarán obligadas a alcanzar consensos para ini- ciar un proceso de democratización y fortalecimiento del Estado de derecho.
Pese a la derrota por amplios márgenes en el nivel presidencial, el Partido Nacional (PN) y el Partido Liberal (PL) conservan su cuota de poder en el Congreso Nacional, lo que deja vigentes sus posibilidades de entrar en decisivas negociaciones políticas e incidir en el impacto de la agenda legislativa de la coalición opositora, integrada por el Partido Libertad y Re- fundación (Libre), el Partido Salvador de Honduras (PSH) y el PINU-SD.
Su contenido puede ser reproducido total o parcialmente, citando la fuente.
A pocos meses de las elecciones generales, y ante un panorama político poco prometedor, es pertin... more A pocos meses de las elecciones generales, y ante un panorama político poco prometedor, es pertinente reflexionar sobre nuestra condición de ciudadanos – en el marco del cumplimiento de 200 años de independencia política del imperio español – más allá de un proceso electoral, y el rol de los actores políticos nacionales e internacionales que confluyen en el ideal de democracia representativa.
Para cumplir este objetivo, este artículo describe el alcance de la reforma de la Ley Electoral de Honduras y el rol de los partidos políticos opositores en el aseguramiento de cuotas de poder junto con el Partido Nacional; el papel de la cultura clientelar en el desarrollo y desenlace del proceso electoral; la participación de los jóvenes como una apuesta política imperativa a corto y mediano plazo y la necesidad de una diplomacia frontal y de mayor profundidad de la comunidad internacional para promover el cumplimiento del principio de autodeterminación del pueblo hondureño.
En este artículo efectuó un análisis sobre los principales avances y retrocesos en la nueva Ley E... more En este artículo efectuó un análisis sobre los principales avances y retrocesos en la nueva Ley Electoral de Honduras aprobada el 26 de mayo de 2021, un día previo a la convocatoria de las elecciones generales a celebrarse el 28 de noviembre. Esencialmente, la nueva legislación electoral es un reflejo de la reconfiguración del sistema electoral controlado por tres fuerzas políticas mayoritarias. Entre los temas centrales el análisis aborda lo relativo a la irretroactividad de la ley, el censo electoral, el sistema de transmisión de resultados preliminares, la elección de los custodios electorales, la integración de las Juntas Receptoras de Votos, el cálculo del financiamiento público otorgado por el Estado y la inhabilitación de candidaturas por actuaciones judiciales.
El artículo inicia efectuando un análisis del declive en la puntuación de Honduras en el Índice d... more El artículo inicia efectuando un análisis del declive en la puntuación de Honduras en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional y en el Índice de la Democracia de The Economist Intelligence Unit. En este contexto, reflexionamos sobre los mecanismos multilaterales creados para la asistencia internacional en los procesos de vacunación mundial, adentramos en el análisis del caso de Honduras a la par de las proyecciones de centros de investigación internacionales sobre los tiempos en que se alcanzaría la "inmunidad de rebaño" en el país, y la persistencia de riesgos de corrupción en los procesos de adquisición y asignación de las vacunas.
Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, 2021
Publicado por el Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, en este documento efectúo ... more Publicado por el Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, en este documento efectúo un análisis de las elecciones primarias celebradas el 14 de marzo de 2021. El análisis se concentra en los antecedentes de las reformas del sistema electoral a nivel legislativo e institucional, la integración de las candidaturas de los tres partidos políticos que participaron en la elección, la campaña electoral y los resultados de la elección según la declaratoria emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
En este artículo realizo un análisis de cómo la institución Inversión Estratégica de Honduras (In... more En este artículo realizo un análisis de cómo la institución Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) fue creada, los hallazgos de la auditoría social efectuada por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) sobre la adquisición realizada por Inves-H de 450 ventiladores pulmonares mecánicos y 250,000 pruebas de detección de Covid-19, los incumplimientos de Invest-H a su normativa interna sobre procesos de contrataciónes y las vinculaciones de los presuntos actos de corrupción y el derecho humano a la salud protegido por la legislación hondureña nacional e internacional.
La corrupción distorsiona el buen funcionamiento de la democracia y pone en grave riesgo el goce ... more La corrupción distorsiona el buen funcionamiento de la democracia y pone en grave riesgo el goce efectivo de los derechos humanos. Uno de sus efectos más devastadores, es que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones públicas, como lo demuestra de sobra el caso de Honduras. Pese a todo, y como no hay mal que dure cien años, el 78% de la ciudadanía piensa que las personas podemos marcar la diferencia en la lucha contra la corrupción.
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La juramentación de Xiomara Castro se produjo en medio de un conflicto político sobre la legitimidad de las autoridades que dirigirían el Poder Legislativo que, después de haberse superado por la fuerza de los hechos, fue relegado por la captura del ex presidente de la República, Juan Orlando Hernández, quien luego fue extraditado a los Estados Unidos de América, dejando un legado de autorita- rismo y violaciones al orden constitucional y a los derechos humanos, que aún se mantienen en la impunidad.
El proceso de selección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para el período 2023-2030, llega para confirmar que el proceso de transición, la ruptura con el pasado, no ha finalizado, y si bien se reconoce que la negociación política segui- rá siendo el factor determinante en la integración de las instituciones, el objetivo de este análisis político prospectivo, impulsado por el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), es reflexionar en torno a las condiciones que pueden in- cidir en el surgimiento de escenarios posibles sobre el desarrollo de este proceso. Sin embargo, el análisis no se agota en la presentación de escenarios posibles, sino en proponer acciones que la sociedad civil organizada puede desarrollar, de forma colectiva, para incidir en el proceso de selección. Anticipar estos escena- rios, no solo con la previsión de los acontecimientos, también puede ser un antes y un después para la participación ciudadana en procesos de selección de altos funcionarios y funcionarias.
Este análisis tiene como propósito efectuar una descripción sobre la evolución de la gobernanza electoral hondureña y las condiciones en las que enfrentará las elecciones generales del 28 de noviembre de 2021; el concepto de gobernanza electoral se desarrolla cuatro etapas: legislación, práctica, legitimación y control.
Finalmente, se estudia el proceso de reforma del sistema electoral hondureño como un punto de inflexión siempre y cuando se incluyan reformas profundas que funjan como factores que contribuyan a restituir la legitimidad y confianza en las instituciones democráticas, tomando en consideración los efectos producidos por la pandemia del COVID-19 en el sistema democrático.
Estos hechos ponen sobre la mesa de discusión el proceso de reemplazo constitucional como alternativa para reedificar el sistema democrático de Honduras. Por ello, el propósito de este artículo es esbozar un análisis a partir de fundamentos doctrinales sobre los elementos esenciales a tomar en cuenta en la convocatoria e instalación de una Asamblea Nacional Constituyente y la consecuente creación de una nueva Constitución Política, a la luz del estado actual del sistema democrático hondureño.
Entre los puntos de discusión más reiterados, destaca el nombramiento de los altos funcionarios de los órganos electorales, la sustanciación de los reclamos en la justicia electoral, la segunda vuelta y la reelección presidencial. Sin embargo, los partidos políticos y sus representantes en el Congreso Nacional han soslayado la discusión de temas claves para fortalecer el sistema electoral y generar, gradualmente, cambios culturales y sociales.
Desde inicios del siglo XX las mujeres emprendieron un largo camino para lograr el reconocimiento jurídico y material de sus derechos humanos. Sin embargo, la igualdad consagrada en la Constitución de la República sigue siendo una promesa sin cumplir.
A pesar de que hay una creciente participación y activismo de las mujeres, tanto en los procesos electorales como en diversos temas de interés nacional, todavía persisten las barreras que obstaculizan su acceso al ejercicio de los cargos de representación popular en los diferentes niveles electivos.
El propósito de este artículo es analizar los avances históricos de las mujeres en la conquista de sus derechos políticos, el rol de las cuotas de género en la legislación electoral y sus efectos en la participación y representación política de las mujeres en Honduras.
El Sondeo visibiliza el impacto en la percepción ciudadana provocado por la profundización de flagelos como la pobreza, la inseguridad, el narcotráfico y la corrupción, que han erosionado la credibilidad y productividad de las instituciones, provocando un apartheid entre las autoridades gubernamentales y la ciudadanía.
En el año 2015, la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) presentó el “Primer Informe sobre la Impunidad en Homicidios”, en el cual se pudo demostrar a través de casos judicializados de homicidios del 2010 al 2013 en Comayagua, San Pedro Sula y Tegucigalpa que únicamente el 4% de los casos habían obtenido sentencia condenatoria. Este dato llevo a la conclusión que Honduras tenía un índice de impunidad del 96% en lo que respecto al castigo del delito de homicidios.
En este Segundo Informe sobre la Impunidad en Homicidios la APJ presenta las cifras de homicidios y sentencias judiciales de los años 2010 al 2017 a nivel nacional y departamental e, introduce importantes innovaciones como es el análisis comparativo de las tasas de homicidios de los países del Triángulo Norte, el análisis del Índice de Judicialización de Homicidios como un indicador de resultado en materia de investigación y persecución penal y, el Índice de Impunidad Departamental (IID) que permite mayor desagregación y un análisis territorial de los esfuerzos y resultados que se han logrado en los últimos cuatro años.
El trabajo concluye reconociendo el importante avance que se ha tenido en la reducción de impunidad de un 96% a un 87% a nivel nacional. Pero también pone énfasis en la necesidad de estudiar de manera científica y objetiva las causas de la reducción de homicidios para poder prevenir incrementos, neutralizar focos de violencia e incrementar la judicialización de casos –la gran tarea pendiente.
Las recomendaciones enfatizan en la importancia de que los operadores de seguridad y justicia desarrollen e implementen mecanismos de monitoreo y evaluación más rigurosos, con tecnología de soporte y que permitan la rendición de cuentas al público. Esto salto cualitativo en términos de gestión ayudará a producir confianza ciudadana en los resultados en materia de reducción de la impunidad.
Estos movimientos sociales, alcanzaron, bajo sendos esfuerzos, el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de las mujeres hondureñas en el año 1955, lo que ha permitido trabajar por consolidar una cultura de igualdad en el ámbito público, privado y doméstico, donde tradicionalmente ha dominado la cultura patriarcal.
En ese sentido, el objeto de este ensayo es realizar una breve cronología sobre el desarrollo político y educativo a nivel superior de las mujeres en Honduras, donde la abogada Alonzo de Quesada fue protagonista, partiendo desde los antecedentes del acceso a la educación pública de las mujeres hondureñas hasta la integración de la Comisión de Transición Universitaria que ha marcado el rumbo de la Educación Superior nacional.
en Honduras, basta con conocer el reciente estudio de la la Comisión de
Venecia, sobre el supuesto derecho humano a la reelección presidencial.
En este esclarecedor artículo, a partir del mencionado estudio, se evidencia la falacia esgrimida por la Sala de lo Constitucional para aprobar de facto la reelección presidencial, lo cual ha sumido al país en una inestabilidad política con graves consecuencias para la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho.
Like in every other country, the COVID-19 pandemic prolonged its effects in Honduras during 2021. However, the main event of the year was the general election celebrated in November.1 The outcome of the election would have considerable consequences in the country ́s future, considering it represented the end of Juan Orlando Hernandez ́s tenure in the presidency after being reelected in a controversial 2017 election despite constitutional prohibitions regarding term limits. With newly created electoral bodies, the enactment of new electoral legislation occurred one day before the beginning of the general election process, opening the door for constitutional claims concerning some of its provisions.
Parallel to the electoral context, three of the most pressing debates that occurred in 2021 were the constitutional reforms that, on the one hand, prohibited abortion and, on the other, established a voting threshold higher than that already contemplated in the Constitution for the reform procedures. The new amendment threshold was also set for future amendments regarding the existing ban on same-sex marriage. Finally, the debate on the constitutionality of the Employment and Economic Development Zones (ZEDE), a figure included in the constitutional order since 2013, continues to generate controversy.
Considering this is the first report about Honduras in the Global Review, it is imperative to start the next section with an introductory context of its constitutional system.
La juramentación de Xiomara Castro se produjo en medio de un conflicto político sobre la legitimidad de las autoridades que dirigirían el Poder Legislativo que, después de haberse superado por la fuerza de los hechos, fue relegado por la captura del ex presidente de la República, Juan Orlando Hernández, quien luego fue extraditado a los Estados Unidos de América, dejando un legado de autorita- rismo y violaciones al orden constitucional y a los derechos humanos, que aún se mantienen en la impunidad.
El proceso de selección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para el período 2023-2030, llega para confirmar que el proceso de transición, la ruptura con el pasado, no ha finalizado, y si bien se reconoce que la negociación política segui- rá siendo el factor determinante en la integración de las instituciones, el objetivo de este análisis político prospectivo, impulsado por el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), es reflexionar en torno a las condiciones que pueden in- cidir en el surgimiento de escenarios posibles sobre el desarrollo de este proceso. Sin embargo, el análisis no se agota en la presentación de escenarios posibles, sino en proponer acciones que la sociedad civil organizada puede desarrollar, de forma colectiva, para incidir en el proceso de selección. Anticipar estos escena- rios, no solo con la previsión de los acontecimientos, también puede ser un antes y un después para la participación ciudadana en procesos de selección de altos funcionarios y funcionarias.
Este análisis tiene como propósito efectuar una descripción sobre la evolución de la gobernanza electoral hondureña y las condiciones en las que enfrentará las elecciones generales del 28 de noviembre de 2021; el concepto de gobernanza electoral se desarrolla cuatro etapas: legislación, práctica, legitimación y control.
Finalmente, se estudia el proceso de reforma del sistema electoral hondureño como un punto de inflexión siempre y cuando se incluyan reformas profundas que funjan como factores que contribuyan a restituir la legitimidad y confianza en las instituciones democráticas, tomando en consideración los efectos producidos por la pandemia del COVID-19 en el sistema democrático.
Estos hechos ponen sobre la mesa de discusión el proceso de reemplazo constitucional como alternativa para reedificar el sistema democrático de Honduras. Por ello, el propósito de este artículo es esbozar un análisis a partir de fundamentos doctrinales sobre los elementos esenciales a tomar en cuenta en la convocatoria e instalación de una Asamblea Nacional Constituyente y la consecuente creación de una nueva Constitución Política, a la luz del estado actual del sistema democrático hondureño.
Entre los puntos de discusión más reiterados, destaca el nombramiento de los altos funcionarios de los órganos electorales, la sustanciación de los reclamos en la justicia electoral, la segunda vuelta y la reelección presidencial. Sin embargo, los partidos políticos y sus representantes en el Congreso Nacional han soslayado la discusión de temas claves para fortalecer el sistema electoral y generar, gradualmente, cambios culturales y sociales.
Desde inicios del siglo XX las mujeres emprendieron un largo camino para lograr el reconocimiento jurídico y material de sus derechos humanos. Sin embargo, la igualdad consagrada en la Constitución de la República sigue siendo una promesa sin cumplir.
A pesar de que hay una creciente participación y activismo de las mujeres, tanto en los procesos electorales como en diversos temas de interés nacional, todavía persisten las barreras que obstaculizan su acceso al ejercicio de los cargos de representación popular en los diferentes niveles electivos.
El propósito de este artículo es analizar los avances históricos de las mujeres en la conquista de sus derechos políticos, el rol de las cuotas de género en la legislación electoral y sus efectos en la participación y representación política de las mujeres en Honduras.
El Sondeo visibiliza el impacto en la percepción ciudadana provocado por la profundización de flagelos como la pobreza, la inseguridad, el narcotráfico y la corrupción, que han erosionado la credibilidad y productividad de las instituciones, provocando un apartheid entre las autoridades gubernamentales y la ciudadanía.
En el año 2015, la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) presentó el “Primer Informe sobre la Impunidad en Homicidios”, en el cual se pudo demostrar a través de casos judicializados de homicidios del 2010 al 2013 en Comayagua, San Pedro Sula y Tegucigalpa que únicamente el 4% de los casos habían obtenido sentencia condenatoria. Este dato llevo a la conclusión que Honduras tenía un índice de impunidad del 96% en lo que respecto al castigo del delito de homicidios.
En este Segundo Informe sobre la Impunidad en Homicidios la APJ presenta las cifras de homicidios y sentencias judiciales de los años 2010 al 2017 a nivel nacional y departamental e, introduce importantes innovaciones como es el análisis comparativo de las tasas de homicidios de los países del Triángulo Norte, el análisis del Índice de Judicialización de Homicidios como un indicador de resultado en materia de investigación y persecución penal y, el Índice de Impunidad Departamental (IID) que permite mayor desagregación y un análisis territorial de los esfuerzos y resultados que se han logrado en los últimos cuatro años.
El trabajo concluye reconociendo el importante avance que se ha tenido en la reducción de impunidad de un 96% a un 87% a nivel nacional. Pero también pone énfasis en la necesidad de estudiar de manera científica y objetiva las causas de la reducción de homicidios para poder prevenir incrementos, neutralizar focos de violencia e incrementar la judicialización de casos –la gran tarea pendiente.
Las recomendaciones enfatizan en la importancia de que los operadores de seguridad y justicia desarrollen e implementen mecanismos de monitoreo y evaluación más rigurosos, con tecnología de soporte y que permitan la rendición de cuentas al público. Esto salto cualitativo en términos de gestión ayudará a producir confianza ciudadana en los resultados en materia de reducción de la impunidad.
Estos movimientos sociales, alcanzaron, bajo sendos esfuerzos, el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de las mujeres hondureñas en el año 1955, lo que ha permitido trabajar por consolidar una cultura de igualdad en el ámbito público, privado y doméstico, donde tradicionalmente ha dominado la cultura patriarcal.
En ese sentido, el objeto de este ensayo es realizar una breve cronología sobre el desarrollo político y educativo a nivel superior de las mujeres en Honduras, donde la abogada Alonzo de Quesada fue protagonista, partiendo desde los antecedentes del acceso a la educación pública de las mujeres hondureñas hasta la integración de la Comisión de Transición Universitaria que ha marcado el rumbo de la Educación Superior nacional.
en Honduras, basta con conocer el reciente estudio de la la Comisión de
Venecia, sobre el supuesto derecho humano a la reelección presidencial.
En este esclarecedor artículo, a partir del mencionado estudio, se evidencia la falacia esgrimida por la Sala de lo Constitucional para aprobar de facto la reelección presidencial, lo cual ha sumido al país en una inestabilidad política con graves consecuencias para la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho.
Like in every other country, the COVID-19 pandemic prolonged its effects in Honduras during 2021. However, the main event of the year was the general election celebrated in November.1 The outcome of the election would have considerable consequences in the country ́s future, considering it represented the end of Juan Orlando Hernandez ́s tenure in the presidency after being reelected in a controversial 2017 election despite constitutional prohibitions regarding term limits. With newly created electoral bodies, the enactment of new electoral legislation occurred one day before the beginning of the general election process, opening the door for constitutional claims concerning some of its provisions.
Parallel to the electoral context, three of the most pressing debates that occurred in 2021 were the constitutional reforms that, on the one hand, prohibited abortion and, on the other, established a voting threshold higher than that already contemplated in the Constitution for the reform procedures. The new amendment threshold was also set for future amendments regarding the existing ban on same-sex marriage. Finally, the debate on the constitutionality of the Employment and Economic Development Zones (ZEDE), a figure included in the constitutional order since 2013, continues to generate controversy.
Considering this is the first report about Honduras in the Global Review, it is imperative to start the next section with an introductory context of its constitutional system.
Con un sistema análogo al previsto para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el proceso para elegir al fiscal general y fiscal adjunto del MP se divide en dos etapas: una dirigida por una Junta Proponente, que tiene a su cargo recibir las carpetas de postulación, la evaluación de las personas postulantes y la presentación de una lista de cinco candidatos ante el Congreso Nacional; y la segunda etapa que corresponde a este poder del Estado, con la celebración de audiencias públicas y el nombramiento del fiscal general y fiscal general adjunto con el voto favorable de las dos terceras par- tes de los integrantes del Poder Legislativo.
A la fecha de redacción de este análisis (agosto 2023), la Junta Proponente ya entregó el listado de cinco candidatos con un trabajo que presentó avances y desafíos, y un Congreso Nacional cuyo ambiente previo a la elección se ha caracterizado por la hostilidad en la interacción de las fuerzas políticas que co- existen en el pleno de los 128 diputados y diputadas.
Este artículo tiene como objetivo exponer una visión integral del proceso de selección a cargo de la Junta Proponente, visibilizando aspectos que, a crite- rio del autor, son claves para comprender los desafíos que presentó el proceso en el preámbulo de la entrega de la lista de cinco candidatos al Congreso Nacional.
La etapa del proceso a cargo del Congreso Na- cional se caracterizó, como de costumbre, por las negociaciones entre partidos políticos, en particu- lar por la participación de las tres fuerzas mayo- ritarias en la máxima autoridad jurisdiccional del Poder Judicial. Hay nombres entre los perfiles que conforman la CSJ que dejan un sabor a presencia de tradicionalismo, pero también hay algunos que sí suponen un avance para la administración de justicia en el alto nivel.
Como cualquier proceso político, se debe apreciar el vaso medio lleno para conservar una perspectiva progresiva de la dignificación de la CSJ. Este artículo analiza las últimas etapas del proceso de selección, en particular la investigación socioeconómica, la fase de denuncias y tachas, audiencias públicas y llena- do de la matriz de evaluación. También analiza los acontecimientos más importantes ocurridos en la elección realizada por el Congreso Nacional, y fina- liza con una reflexión en torno al próximo proceso de selección de las autoridades del Ministerio Público y las garantías que deben mediar en su desarrollo.
¿Qué cambios hubo desde las primeras versiones del borrador de memorándum intercambiadas entre la ONU y el Gobierno de Honduras? El objetivo de este artículo es responder a esta pregunta a partir de la evolución del texto del memorándum de entendimiento, tomando como base la primera versión presentada por ambas partes, además de un breve repaso por la fallida negociación para renovar el convenio de la antigua Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH).
Esta segunda parte profundizará en la constitucionalidad de la figura de la Junta Nominadora, los contrastes principales entre la nueva legislación y la que fue derogada, que abordan la regulación y funcionamiento de dicha Junta, los elementos relevantes que caracterizaron los procesos de selección de las instituciones que la integran y la importancia de contextualizar su trabajo bajo el principio de participación ciudadana.
Las propuestas y una eventual reforma adopta- da por el Congreso Nacional son importantes, sin duda; no obstante, este artículo contiene un primer análisis alusivo a este proceso, girando la vista a los precedentes de los procesos de selección de altos funcionarios realizados en los últimos dos períodos legislativos 2014-2018 y 2018-2022, finalizando con los primeros nombramientos efectuados en el presente período de 2022-2026. Se enfatizará en las dinámicas que se producen entre los partidos políticos para efectuar tales nombramientos.
La ley es una consecuencia de los consensos que alcanzan los partidos políticos; por ello, este artículo busca visibilizar la forma en que tradicionalmente se han dado esos consensos, y luego, en una segunda publicación, analizar el marco legal y sus consecuencias en el proceso de selección de la nueva CSJ.
Dos años después de que la pandemia penetró América Latina, este análisis tiene como objetivo analizar el rol de la ética como piedra angular en la toma de decisiones para contener los efectos de la emergencia y los daños colaterales, la apertura de espacios cívicos, la presencia de episodios de corrupción en manos de liderazgos políticos y la solidaridad como alternativa para fortalecer el sistema, los vínculos sociales y los principios éticos.
Su posicionamiento como titular del Poder Ejecutivo representó la materialización del principio de alternancia en el ejercicio de la Presidencia con 1,716,793 votos, y finalizó con un proceso de transición que no produjo mayores sobresaltos, aun con las suspicacias que rodearon el actuar de Juan Orlando Hernández en su salida del poder político.
Sin embargo, unos días previos al traspaso de mando, el 21 de enero de 2022, un día después de la que la Constitución alcanzó su cuadragésimo aniversario, la elección de la Junta Directiva (JD) provisional del Congreso Nacional (CN), y posteriormente de la Junta Directiva en propiedad, mermó las expectativas de una reconstrucción democrática a partir de la transición gubernamental.
Este artículo tiene como objetivo contribuir a generar debate con un análisis sobre la evolución de las reformas constitucionales aprobadas después del golpe de Estado de 2009, la elección de la JD del CN, para finalizar con una reflexión sobre si la Constitución de la República de 1982 puede cumplir su espíritu inicial en el marco de la agenda del nuevo Gobierno. El análisis se construirá tomando como referencia las teorías del “legalismo autócrata” (autocratic legalism), “autoritarismo constitucional” (authoritarian constitution) y la caracterización de las constituciones en regímenes autoritarios que han desarrollado autores como Kim Lane Scheppele, Mark Tushnet, Tom Ginsburg y Alberto Simpser.
La elección de Xiomara Castro como la primera mujer en ejercer la titularidad de la Presidencia de la República marca un antes y un después en la historia política hondureña y en la reivindicación de la representación política de las mujeres. La administración liderada por Xiomara Castro será el primer gobierno integrado por diferentes fuerzas políticas que estarán obligadas a alcanzar consensos para ini- ciar un proceso de democratización y fortalecimiento del Estado de derecho.
Pese a la derrota por amplios márgenes en el nivel presidencial, el Partido Nacional (PN) y el Partido Liberal (PL) conservan su cuota de poder en el Congreso Nacional, lo que deja vigentes sus posibilidades de entrar en decisivas negociaciones políticas e incidir en el impacto de la agenda legislativa de la coalición opositora, integrada por el Partido Libertad y Re- fundación (Libre), el Partido Salvador de Honduras (PSH) y el PINU-SD.
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Para cumplir este objetivo, este artículo describe el alcance de la reforma de la Ley Electoral de Honduras y el rol de los partidos políticos opositores en el aseguramiento de cuotas de poder junto con el Partido Nacional; el papel de la cultura clientelar en el desarrollo y desenlace del proceso electoral; la participación de los jóvenes como una apuesta política imperativa a corto y mediano plazo y la necesidad de una diplomacia frontal y de mayor profundidad de la comunidad internacional para promover el cumplimiento del principio de autodeterminación del pueblo hondureño.
de la ciudadanía piensa que las personas podemos marcar la diferencia en la lucha contra la corrupción.