A fines del año 2001, Argentina atravesaba una situación socio-económica dificultosa.
El fin de u... more A fines del año 2001, Argentina atravesaba una situación socio-económica dificultosa. El fin de un modelo económico generaba altos niveles de pobreza y desocupación. Ante esa situación, la clase dirigente no implementaba políticas paliativas sino sucesivos ajustes económicos que profundizaban el caos social. Bajo ese panorama, surgieron clubes del trueque, microempresas, asambleas barriales; sin embargo, sólo el fenómeno de las empresas recuperadas logró trascender. A medida que éste crecía, los efectos sociales y económicos negativos menguaban; entonces se incrementaba la incertidumbre de los trabajadores de esas organizaciones con respecto a su fuente de trabajo: no existía una ley que contuviera al fenómeno ni que garantizara la continuidad de las empresas bajo gestión obrera. En ese contexto, este estudio se propone analizar el rol de los trabajadores de las empresas recuperadas en la Ciudad de Buenos Aires en la consecución de un marco legal a través del proceso de políticas públicas, y cómo ha sido su influencia en el resultado final. Para ello fueron designadas dos empresas recuperadas: la Cooperativa Chilavert y Maderera Córdoba. En éstas fueron entrevistados representantes de dichas organizaciones, cuya información fue complementada con una exhaustiva investigación del fenómeno tanto a nivel particular como nacional. El resultado del estudio demuestra que el rol de los trabajadores fue fundamental tanto en la formación del movimiento como en la sanción de la ley de expropiación definitiva como marco legal. Por otra parte, en la etapa de ejecución de la norma, el papel de los obreros disminuyó en intensidad. La sanción de la expropiación conllevó a la moderación del movimiento. Esto se debió a que la implementación significaba contraer la obligación de retornar un crédito indemnizatorio, sumado esto al cambio de enfoque de los trabajadores desde la ocupación hacia la producción intensa y la sensación de seguridad que la existencia de la ley generaba. A pesar de ello, la posibilidad del remate de propiedades reapareció, y los trabajadores reaccionaron nuevamente, demostrando ser necesaria una amenaza real para articular sus intereses. Finalmente, la llegada al gobierno de Mauricio Macri reorientó las acciones hacia el ámbito nacional, tanto por la oposición del oficialismo porteño como por la conveniencia del proyecto nacional que propone garantizar la continuidad bajo gestión obrera sin la necesidad de afrontar la devolución de un préstamo al Gobierno.
Actualmente, las energías renovables en Argentina representan el 1,2% de la matriz energética del... more Actualmente, las energías renovables en Argentina representan el 1,2% de la matriz energética del país. Gracias al Plan RenovAR de 2016 impulsado desde el Ministerio de Energía y Minería, se adjudicaron proyectos que permitirán alcanzar el 12% en 2020, con inversiones que rondan los USD 7 bn. La meta final es lograr una participación del 20% para 2025. Gracias a este objetivo, sumado a los proyectos del Programa de PPP orien-tados a energías limpias, podría llegar a duplicarse el financiamiento requerido.
Con el fin de solventar las necesidades de capital de trabajo, los adjudicatarios podrían recurrir al financiamiento externo. Para ello, una alternativa novedosa disponible en el mercado de renta fija son los bonos verdes, cuyos fondos deben destinarse al desarrollo de proyectos sustentables. Éstos se han constituido en un fenómeno global, ya que han experimentado en los últimos 2 años un crecimiento considerable, con tasas interanuales que se aproximan al 100%. Además, de cara a 2020, la OECD estima que se necesitarán fondos por más de USD 1 trn para cumplir con las metas del Acuerdo Climático de Pa-rís.
En este contexto internacional, se emplazan los programas de políticas públicas del Go-bierno Argentino orientados a las energías renovables. Las necesidades de financiamien-to estimadas para cubrir los proyectos licitados podrían acumular USD 17,5 bn entre 2017 y 2025.
La emisión de bonos verdes en Argentina no se ajusta a los valores de la región. Mien-tras México y Brasil acumulan emisiones por USD 6 bn y USD 5 bn respectivamente, Argentina apenas alcanza los USD 410 millones producto de dos bonos subsoberanos de las provincias de La Rioja y Jujuy. Dado este punto de partida y, trazando un sendero de crecimiento, la proyección a 2025 indicaría que Argentina podría acumular emisiones por un monto de USD 10,75 bn.
A pesar de esa diferencia, el ejercicio de proyección arroja que, a partir de 2021, el sen-dero de nuevas emisiones se ajustaría a las necesidades de financiamiento para la inver-sión en proyectos sustentables. Esto sumado al compromiso político del Gobierno actual y la existencia del marco regulatorio necesario para la difusión de los bonos verdes, han creado un entorno favorable para las inversiones en energías renovables.
Si bien el contexto actual se encuentra marcado por la incertidumbre (sucesivas devalua-ciones, suba del riesgo país, cambio del Ministro de Energía y Minería y las elecciones presidenciales de 2019) que afectaría las inversiones en el corto plazo, existe una posibi-lidad concreta para que los bonos verdes cumplan un rol fundamental en la transforma-ción de la matriz energética local, canalizando el financiamiento necesario para satisfacer las demandas de capital de trabajo y estableciendo definitivamente la utilización de las energías renovables en Argentina en el mediano plazo.
A fines del año 2001, Argentina atravesaba una situación socio-económica dificultosa.
El fin de u... more A fines del año 2001, Argentina atravesaba una situación socio-económica dificultosa. El fin de un modelo económico generaba altos niveles de pobreza y desocupación. Ante esa situación, la clase dirigente no implementaba políticas paliativas sino sucesivos ajustes económicos que profundizaban el caos social. Bajo ese panorama, surgieron clubes del trueque, microempresas, asambleas barriales; sin embargo, sólo el fenómeno de las empresas recuperadas logró trascender. A medida que éste crecía, los efectos sociales y económicos negativos menguaban; entonces se incrementaba la incertidumbre de los trabajadores de esas organizaciones con respecto a su fuente de trabajo: no existía una ley que contuviera al fenómeno ni que garantizara la continuidad de las empresas bajo gestión obrera. En ese contexto, este estudio se propone analizar el rol de los trabajadores de las empresas recuperadas en la Ciudad de Buenos Aires en la consecución de un marco legal a través del proceso de políticas públicas, y cómo ha sido su influencia en el resultado final. Para ello fueron designadas dos empresas recuperadas: la Cooperativa Chilavert y Maderera Córdoba. En éstas fueron entrevistados representantes de dichas organizaciones, cuya información fue complementada con una exhaustiva investigación del fenómeno tanto a nivel particular como nacional. El resultado del estudio demuestra que el rol de los trabajadores fue fundamental tanto en la formación del movimiento como en la sanción de la ley de expropiación definitiva como marco legal. Por otra parte, en la etapa de ejecución de la norma, el papel de los obreros disminuyó en intensidad. La sanción de la expropiación conllevó a la moderación del movimiento. Esto se debió a que la implementación significaba contraer la obligación de retornar un crédito indemnizatorio, sumado esto al cambio de enfoque de los trabajadores desde la ocupación hacia la producción intensa y la sensación de seguridad que la existencia de la ley generaba. A pesar de ello, la posibilidad del remate de propiedades reapareció, y los trabajadores reaccionaron nuevamente, demostrando ser necesaria una amenaza real para articular sus intereses. Finalmente, la llegada al gobierno de Mauricio Macri reorientó las acciones hacia el ámbito nacional, tanto por la oposición del oficialismo porteño como por la conveniencia del proyecto nacional que propone garantizar la continuidad bajo gestión obrera sin la necesidad de afrontar la devolución de un préstamo al Gobierno.
Actualmente, las energías renovables en Argentina representan el 1,2% de la matriz energética del... more Actualmente, las energías renovables en Argentina representan el 1,2% de la matriz energética del país. Gracias al Plan RenovAR de 2016 impulsado desde el Ministerio de Energía y Minería, se adjudicaron proyectos que permitirán alcanzar el 12% en 2020, con inversiones que rondan los USD 7 bn. La meta final es lograr una participación del 20% para 2025. Gracias a este objetivo, sumado a los proyectos del Programa de PPP orien-tados a energías limpias, podría llegar a duplicarse el financiamiento requerido.
Con el fin de solventar las necesidades de capital de trabajo, los adjudicatarios podrían recurrir al financiamiento externo. Para ello, una alternativa novedosa disponible en el mercado de renta fija son los bonos verdes, cuyos fondos deben destinarse al desarrollo de proyectos sustentables. Éstos se han constituido en un fenómeno global, ya que han experimentado en los últimos 2 años un crecimiento considerable, con tasas interanuales que se aproximan al 100%. Además, de cara a 2020, la OECD estima que se necesitarán fondos por más de USD 1 trn para cumplir con las metas del Acuerdo Climático de Pa-rís.
En este contexto internacional, se emplazan los programas de políticas públicas del Go-bierno Argentino orientados a las energías renovables. Las necesidades de financiamien-to estimadas para cubrir los proyectos licitados podrían acumular USD 17,5 bn entre 2017 y 2025.
La emisión de bonos verdes en Argentina no se ajusta a los valores de la región. Mien-tras México y Brasil acumulan emisiones por USD 6 bn y USD 5 bn respectivamente, Argentina apenas alcanza los USD 410 millones producto de dos bonos subsoberanos de las provincias de La Rioja y Jujuy. Dado este punto de partida y, trazando un sendero de crecimiento, la proyección a 2025 indicaría que Argentina podría acumular emisiones por un monto de USD 10,75 bn.
A pesar de esa diferencia, el ejercicio de proyección arroja que, a partir de 2021, el sen-dero de nuevas emisiones se ajustaría a las necesidades de financiamiento para la inver-sión en proyectos sustentables. Esto sumado al compromiso político del Gobierno actual y la existencia del marco regulatorio necesario para la difusión de los bonos verdes, han creado un entorno favorable para las inversiones en energías renovables.
Si bien el contexto actual se encuentra marcado por la incertidumbre (sucesivas devalua-ciones, suba del riesgo país, cambio del Ministro de Energía y Minería y las elecciones presidenciales de 2019) que afectaría las inversiones en el corto plazo, existe una posibi-lidad concreta para que los bonos verdes cumplan un rol fundamental en la transforma-ción de la matriz energética local, canalizando el financiamiento necesario para satisfacer las demandas de capital de trabajo y estableciendo definitivamente la utilización de las energías renovables en Argentina en el mediano plazo.
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El fin de un modelo económico generaba altos niveles de pobreza y desocupación. Ante esa situación, la clase dirigente no implementaba políticas paliativas sino sucesivos
ajustes económicos que profundizaban el caos social. Bajo ese panorama, surgieron
clubes del trueque, microempresas, asambleas barriales; sin embargo, sólo el fenómeno
de las empresas recuperadas logró trascender. A medida que éste crecía, los efectos sociales
y económicos negativos menguaban; entonces se incrementaba la incertidumbre
de los trabajadores de esas organizaciones con respecto a su fuente de trabajo: no existía
una ley que contuviera al fenómeno ni que garantizara la continuidad de las empresas
bajo gestión obrera.
En ese contexto, este estudio se propone analizar el rol de los trabajadores de las empresas
recuperadas en la Ciudad de Buenos Aires en la consecución de un marco legal a
través del proceso de políticas públicas, y cómo ha sido su influencia en el resultado
final. Para ello fueron designadas dos empresas recuperadas: la Cooperativa Chilavert y
Maderera Córdoba. En éstas fueron entrevistados representantes de dichas organizaciones,
cuya información fue complementada con una exhaustiva investigación del fenómeno
tanto a nivel particular como nacional.
El resultado del estudio demuestra que el rol de los trabajadores fue fundamental tanto
en la formación del movimiento como en la sanción de la ley de expropiación definitiva
como marco legal. Por otra parte, en la etapa de ejecución de la norma, el papel de los
obreros disminuyó en intensidad. La sanción de la expropiación conllevó a la moderación
del movimiento. Esto se debió a que la implementación significaba contraer la
obligación de retornar un crédito indemnizatorio, sumado esto al cambio de enfoque de
los trabajadores desde la ocupación hacia la producción intensa y la sensación de seguridad
que la existencia de la ley generaba. A pesar de ello, la posibilidad del remate de
propiedades reapareció, y los trabajadores reaccionaron nuevamente, demostrando ser
necesaria una amenaza real para articular sus intereses. Finalmente, la llegada al gobierno
de Mauricio Macri reorientó las acciones hacia el ámbito nacional, tanto por la oposición
del oficialismo porteño como por la conveniencia del proyecto nacional que propone
garantizar la continuidad bajo gestión obrera sin la necesidad de afrontar la devolución
de un préstamo al Gobierno.
Con el fin de solventar las necesidades de capital de trabajo, los adjudicatarios podrían recurrir al financiamiento externo. Para ello, una alternativa novedosa disponible en el mercado de renta fija son los bonos verdes, cuyos fondos deben destinarse al desarrollo de proyectos sustentables. Éstos se han constituido en un fenómeno global, ya que han experimentado en los últimos 2 años un crecimiento considerable, con tasas interanuales que se aproximan al 100%. Además, de cara a 2020, la OECD estima que se necesitarán fondos por más de USD 1 trn para cumplir con las metas del Acuerdo Climático de Pa-rís.
En este contexto internacional, se emplazan los programas de políticas públicas del Go-bierno Argentino orientados a las energías renovables. Las necesidades de financiamien-to estimadas para cubrir los proyectos licitados podrían acumular USD 17,5 bn entre 2017 y 2025.
La emisión de bonos verdes en Argentina no se ajusta a los valores de la región. Mien-tras México y Brasil acumulan emisiones por USD 6 bn y USD 5 bn respectivamente, Argentina apenas alcanza los USD 410 millones producto de dos bonos subsoberanos de las provincias de La Rioja y Jujuy. Dado este punto de partida y, trazando un sendero de crecimiento, la proyección a 2025 indicaría que Argentina podría acumular emisiones por un monto de USD 10,75 bn.
A pesar de esa diferencia, el ejercicio de proyección arroja que, a partir de 2021, el sen-dero de nuevas emisiones se ajustaría a las necesidades de financiamiento para la inver-sión en proyectos sustentables. Esto sumado al compromiso político del Gobierno actual y la existencia del marco regulatorio necesario para la difusión de los bonos verdes, han creado un entorno favorable para las inversiones en energías renovables.
Si bien el contexto actual se encuentra marcado por la incertidumbre (sucesivas devalua-ciones, suba del riesgo país, cambio del Ministro de Energía y Minería y las elecciones presidenciales de 2019) que afectaría las inversiones en el corto plazo, existe una posibi-lidad concreta para que los bonos verdes cumplan un rol fundamental en la transforma-ción de la matriz energética local, canalizando el financiamiento necesario para satisfacer las demandas de capital de trabajo y estableciendo definitivamente la utilización de las energías renovables en Argentina en el mediano plazo.
El fin de un modelo económico generaba altos niveles de pobreza y desocupación. Ante esa situación, la clase dirigente no implementaba políticas paliativas sino sucesivos
ajustes económicos que profundizaban el caos social. Bajo ese panorama, surgieron
clubes del trueque, microempresas, asambleas barriales; sin embargo, sólo el fenómeno
de las empresas recuperadas logró trascender. A medida que éste crecía, los efectos sociales
y económicos negativos menguaban; entonces se incrementaba la incertidumbre
de los trabajadores de esas organizaciones con respecto a su fuente de trabajo: no existía
una ley que contuviera al fenómeno ni que garantizara la continuidad de las empresas
bajo gestión obrera.
En ese contexto, este estudio se propone analizar el rol de los trabajadores de las empresas
recuperadas en la Ciudad de Buenos Aires en la consecución de un marco legal a
través del proceso de políticas públicas, y cómo ha sido su influencia en el resultado
final. Para ello fueron designadas dos empresas recuperadas: la Cooperativa Chilavert y
Maderera Córdoba. En éstas fueron entrevistados representantes de dichas organizaciones,
cuya información fue complementada con una exhaustiva investigación del fenómeno
tanto a nivel particular como nacional.
El resultado del estudio demuestra que el rol de los trabajadores fue fundamental tanto
en la formación del movimiento como en la sanción de la ley de expropiación definitiva
como marco legal. Por otra parte, en la etapa de ejecución de la norma, el papel de los
obreros disminuyó en intensidad. La sanción de la expropiación conllevó a la moderación
del movimiento. Esto se debió a que la implementación significaba contraer la
obligación de retornar un crédito indemnizatorio, sumado esto al cambio de enfoque de
los trabajadores desde la ocupación hacia la producción intensa y la sensación de seguridad
que la existencia de la ley generaba. A pesar de ello, la posibilidad del remate de
propiedades reapareció, y los trabajadores reaccionaron nuevamente, demostrando ser
necesaria una amenaza real para articular sus intereses. Finalmente, la llegada al gobierno
de Mauricio Macri reorientó las acciones hacia el ámbito nacional, tanto por la oposición
del oficialismo porteño como por la conveniencia del proyecto nacional que propone
garantizar la continuidad bajo gestión obrera sin la necesidad de afrontar la devolución
de un préstamo al Gobierno.
Con el fin de solventar las necesidades de capital de trabajo, los adjudicatarios podrían recurrir al financiamiento externo. Para ello, una alternativa novedosa disponible en el mercado de renta fija son los bonos verdes, cuyos fondos deben destinarse al desarrollo de proyectos sustentables. Éstos se han constituido en un fenómeno global, ya que han experimentado en los últimos 2 años un crecimiento considerable, con tasas interanuales que se aproximan al 100%. Además, de cara a 2020, la OECD estima que se necesitarán fondos por más de USD 1 trn para cumplir con las metas del Acuerdo Climático de Pa-rís.
En este contexto internacional, se emplazan los programas de políticas públicas del Go-bierno Argentino orientados a las energías renovables. Las necesidades de financiamien-to estimadas para cubrir los proyectos licitados podrían acumular USD 17,5 bn entre 2017 y 2025.
La emisión de bonos verdes en Argentina no se ajusta a los valores de la región. Mien-tras México y Brasil acumulan emisiones por USD 6 bn y USD 5 bn respectivamente, Argentina apenas alcanza los USD 410 millones producto de dos bonos subsoberanos de las provincias de La Rioja y Jujuy. Dado este punto de partida y, trazando un sendero de crecimiento, la proyección a 2025 indicaría que Argentina podría acumular emisiones por un monto de USD 10,75 bn.
A pesar de esa diferencia, el ejercicio de proyección arroja que, a partir de 2021, el sen-dero de nuevas emisiones se ajustaría a las necesidades de financiamiento para la inver-sión en proyectos sustentables. Esto sumado al compromiso político del Gobierno actual y la existencia del marco regulatorio necesario para la difusión de los bonos verdes, han creado un entorno favorable para las inversiones en energías renovables.
Si bien el contexto actual se encuentra marcado por la incertidumbre (sucesivas devalua-ciones, suba del riesgo país, cambio del Ministro de Energía y Minería y las elecciones presidenciales de 2019) que afectaría las inversiones en el corto plazo, existe una posibi-lidad concreta para que los bonos verdes cumplan un rol fundamental en la transforma-ción de la matriz energética local, canalizando el financiamiento necesario para satisfacer las demandas de capital de trabajo y estableciendo definitivamente la utilización de las energías renovables en Argentina en el mediano plazo.