MINUTA N° X / 2015 / MU LEY RESERVADA DEL COBRE Historia de la Ley Reservada del Cobre Las Fuerzas Armadas en Chile son financiadas a través de dos vías, estas son la ley de presupuesto y la ley reservada del cobre. A través de la ley de presupuesto se financia el personal, las pensiones y las actividades operativas de un año fiscal, mientras la ley reservada del cobre financia la adquisición de armas y pertrechos, a través de un fondo permanente y acumulable provenientes del 10% de los excedentes de CODELCO. La Ley Reservada del Cobre fue creada el 29 de Octubre de 1958 en el segundo gobierno del Presidente Carlos Ibáñez del Campo, esta consistía en gravar con un 15% de impuesto las utilidades de la gran minería del cobre para financiar las Fuerzas Armadas, asegurando un monto mínimo de 8,5 millones de dólares que debía ser completada por el fisco en el caso de obtener una recaudación menor a esta. Academia Politécnica Militar, Ley Reservada del Cobre http://www.acapomil.cl/acapomil.cl/academia/cig/LA_LEY_RESERVADA_DEL_COBRE.pdf Academia de Guerra Naval, Ley reservada del cobre: conflicto e intereses a nivel interinstitucional http://www.acanav.mil.cl/agn/documentos/cinam/publicaciones/LEY_DEL_COBRE.pdf El año 1973, a través de una modificación hecha por el régimen militar, se aumenta la tasa impositiva a un 10% de los ingresos totales de CODELCO por concepto de ventas y exportaciones, estableciendo un mínimo de 90 millones de dólares y dividendo en partes iguales los ingresos entre las tres ramas de las Fuerzas Armadas. El año 1985 se aumentó el mínimo a 180 millones de dólares indexados al índice de precios al por mayor de los Estados Unidos y se incluyó dentro del impuesto a los subproductos del cobre en la base del impuesto. Desde el año 2003 los 180 millones de dólares, el mínimo garantizado, son depositados en partes iguales en las cuentas institucionales de cada rama y el restante es depositado en la denominada cuenta cuatro administrada por la CONSUDENA y en la que se incorporó a los ministerios de Defensa y Hacienda en la toma de decisiones de la adquisición de armamentos. Esta modificación se realizó debido a un dictamen de la Contraloría General de la República como respuesta a una solicitud realizada por la entonces Ministra de Defensa Michelle Bachelet, en este sentido los recursos de la cuenta cuatro dejan de estar en control directo de las Fuerzas Armadas y conforman un fondo concursable. Ante esta nueva realidad desde el año 2005 se crea el Sistema de Evaluación de Proyectos de Inversiones de Defensa, esto implica a las instituciones presentar sus requerimientos en proyectos que justifiquen necesaria su inversión la que es evaluada por la Subsecretaria de Defensa. Proyectos de Ley Desde el 2006 han existido varios intentos de modificación del financiamiento de las Fuerzas Armadas bajo diversas modalidades que no han tenido éxito en su concreción. La primera de estas surgió de un grupo de trabajo entre las Fuerzas Armadas y los ministerios de Defensa y Hacienda que planteo: la creación de un fondo especial, el establecimiento de pisos y techos en la ley reservada del cobre en base al PIB con reajustabilidad cada cierta cantidad de años y aportes a través de la ley de presupuestos Ibid.. La propuesta finalmente no fue acogida. El año 2008 se realizaron dos propuestas de modificación a la ley reservada por el Ministro de Defensa José Goñi. La primera propuesta planteaba 3 escenarios: pesimista, intermedio y optimista; el primero en el peor escenario la propuesta de modificación planteaba una ley cuatrienal sin pisos ni fondos de contingencia, la intermedia una ley especial multianual de más de cuatro años con piso de 417 millones de dólares con reajuste anual y un fondo de contingencia. Mientras que el escenario optimista planteaba la creación de una ley multianual de más de cuatro años, con un piso de 417 millones de dólares y un techo de 832 millones de dólares con reajuste anual y con un fondo de contingencia. Ninguna de estas propuestas fue aceptada. La segunda propuesta presentada ese año fue un proyecto de ley que planteaba una programación financiera para la defensa para un periodo de cuatro años, con un piso mínimo no inferior al considerado en el primer cuatrienio de la ley con reajustabilidad y un fondo especial de contingencia. La primera propuesta no prosperó por tal razón la Presidenta Michelle Bachelet presentó al año siguiente un proyecto de ley que contemplaba incorporar a la administración del Estado los gastos en adquisición de equipamiento bélico y pertrechos a través de la ley de presupuesto, la existencia de una planificación a 12 años a cargo del Ministerio de Defensa y en consulta a los Comandantes en Jefe con la posibilidad de actualizarla cada cuatro años mediante decreto supremo por el Presidente y la creación de un fondo especial para contingencias, guerra externa, desastres naturales y crisis internacionales, con una base inicial por la ya existente mediante la recaudación de la ley del cobre y a futuro mediante aportes por ley. Con la llegada del nuevo gobierno del Presidente Sebastián Piñera se ingresó un nuevo proyecto de ley denominado “que establece un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional” (Boletín 7678-02). El proyecto deroga la ley reservada del cobre y establece un financiamiento plurianual de cuatro años para adquisiciones militares en concordancia a la definición de una Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa que debe ser definida por el Ministerio de Defensa en conjunto a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y las comisiones de Defensa de la Cámara de Diputados y el Senado. El proyecto establece una asignación mínima que corresponde al 70% del promedio de los gastos en operación y sostenimiento entre 2006 y 2010, y al promedio de los últimos 10 años correspondiente a las adquisiciones militares mediante la ley reservada de cobre. Además mantiene el financiamiento de los aspectos operacionales a través de la ley de presupuesto anual y establece un fondo de contingencia estratégico destinado para eventos como guerra externa, crisis internacionales, catástrofes naturales y aprovechar oportunidades en ventaja de adquisición de sistemas bélicos. Actualmente el proyecto se encuentra desde el año 2012 en segundo trámite constitucional en el Senado.