1 Trayectorias de intelectuales en el Estado Actas de discusión Gabriela Gomes Martín Vicente 2 Trayectorias de intelectuales en el Estado, actas de jornadas de discusión / Martín Castro ... [et al.] ; compilado por Gabriela Gomes ; Martín Vicente. - 1a ed . - San Fernando : Gabriela Gomes, 2016. Libro digital, PDF Archivo Digital: descarga y online ISBN 978-987-42-0278-9 1. Intelectuales. 2. Historia. 3. Argentina. I. Castro, Martín II. Gomes, Gabriela, comp. III. Vicente, Martín, comp. CDD 306.4 3 4 Índice Presentación 7 Eje 1: Abordaje a los idearios de derechas en relación con el Estado 12 Trayectoria política e intervención intelectual: Rodolfo Díaz, del militantismo peronista al Estado neoliberal. Humberto Cucchetti 13 Las trayectorias políticas de los funcionarios nacional-corporativistas del Onganiato. Gabriela Gomes 33 Formación y acción. Idearios e intervenciones públicas en la trayectoria castrense de Juan Francisco Guevara. Elena Scirica 58 ¿La tercera fundación de la República? Ricardo Zinn y las lógicas de la transformación neoliberal en la Argentina (1975-1995). Martín Vicente 88 Eje 2: Exploraciones acerca de los científicos sociales en torno al Estado 101 Raúl B. Díaz: el inspector de Territorios Nacionales. Miradas, recorridos y reclamos de un funcionario viajero (1890-1916). Flavia Fiorucci 102 Estanislao Zeballos: sensibilidad diletante, nacionalismo y Estado, 1906-1912. Martín O. Castro 126 José Luis de Ímaz. Episodios de una trayectoria pública de Onganía a Béliz. Guido Ignacio Giorgi 150 Los denuedos y sinsabores del intervencionismo estatal en la Argentina a través de la trayectoria de Alberto Fracchia. Mariana Heredia 5 178 Eje 3: Análisis sobre actores católicos en entramados sociales vinculados al Estado 194 ¿Todo es Historia? Del Jardín de Infantes de Frondizi a asesor presidencial en los ´90: la trayectoria política de Emilio Perina (Moisés Konstantinovsky). Luis Donatello 195 Los intelectuales católicos y la educación en la segunda mitad del siglo XX. Laura Graciela Rodríguez 214 Los actores católicos relacionados con la Secretaría del Menor y la Familia durante la última dictadura: ¿Cómo pensar los límites entre el Estado y la sociedad? María Florencia Osuna 231 Eje 4: Estudios en escala provincial 249 Lo saludable de tener a mano un intelectual en el Estado: Antonio Del Vas y el Plan de Salud Neuquino. Fernando Casullo 250 La bolsa y la vida. Mario Martínez Casas, un intelectual católico en el mundo bancario estatal (1945-75). Ezequiel GrisendI 272 Por los sinuosos senderos del catolicismo integralista. Una biografía de Juan Ramón Sepich Lange. María Celina Fares 289 Hólver Martínez Borelli, un intelectual en la destrucción del Estado salteño. Salvador Marinaro 319 6 Presentación Martín Vicente (CONICET-UNGS) Gabriela Gomes (CONICET-UNGS/UBA) La primera jornada “Recuperando Trayectorias Intelectuales en el Estado” se llevó a cabo el 15 de setiembre de 2013 en el campus de la Universidad Nacional de General Sarmiento. La invitación al conjunto de investigadores, tanto formados como en formación, se planteaba una serie de puntos centrales, basados en el diálogo interdisciplinario y la circulación de tópicos y metodologías. Así, se buscó la multiplicidad de enfoques a fines de abordar trabajos donde los intelectuales podían aparecer como figuras singulares o como grupos; donde se podía avanzar sobre casos no analizados o rever figuras muy estudiadas; donde el eje podía estar en las ideas y conceptualizaciones o en las peculiaridades del accionar. En ningún momento se entendió a los textos originales como presentaciones cerradas, sino que el ánimo de circulación y el espíritu de apertura marcó la idea de organización de la jornada. El mismo procedimiento fue la base de la segunda edición, también realizada en el campus de la UNGS, el 27 de octubre de 2014. Más allá del ordenamiento de los textos, consecuencia de aunar los resultados de dos eventos con presentaciones que representaron múltiples objetos de análisis y modos de abordaje de los problemas, se apreciará tras su lectura que una serie de líneas atraviesa a los trabajos: la voluntad de poder ir más allá del caso analizado, la necesidad de vincular el caso con otras áreas temáticas y debates conceptuales o metodológicos. Esa pauta dinámica, implicada en los trabajos originales, apareció claramente en los intercambios de ambas jornadas, con lo cual esta edición se ha realizado dando un plazo de trabajo a los autores para poder incorporar parte de los debates que circularon en aquellos eventos. Por diversos motivos, los resultados de la primera jornada aparecieron en la web de la UNGS durante 2014. La buena repercusión llevó a aunar los trabajos de ambas jornadas en un conjunto único de trabajos, a fin de presentar un mapa extenso. El primer eje es “Abordajes a los idearios de derechas en relación con el Estado”, con artículos de Humberto Cucchetti, Gabriela Gomes, Elena Scirica y Martín Vicente. Aquí se buscó analizar cómo las derechas pueden leerse desde los actores que detentan las configuraciones ideológicas, sea con énfasis en las construcciones conceptuales como en el accionar propiamente estatal. El trabajo de Cucchetti, “Trayectoria política e intervención intelectual: Rodolfo Díaz, del 7 militantismo peronista al Estado neoliberal”, se centra en la figura de Rodolfo Díaz, abogado e “intelectual sin obra”, por lo cual atiende centralmente a la trayectoria política del actor en tanto “intelectual de institución”. Militancia política y gestión, así convergieron en Díaz, actor que Cucchetti analiza como prisma de cambios y continuidades en el movimiento peronista. Gomes, por su parte, en “Las trayectorias políticas de los funcionarios nacional-corporativistas durante el onganiato”, se detiene sobre uno de los diversos grupos que convergieron en la experiencia dictatorial iniciada en 1966. Partiendo de la base de un “onganiato” conformado por actores, grupos y visiones dispares e incluso en puja, la autora destaca la convergencia de una serie de actores nacional-corporativistas que “vieron en la figura de Onganía la posibilidad de concretar sus aspiraciones políticas”. “Formación y acción. Idearios e intervenciones públicas en la trayectoria castrense de Juan Francisco Guevara” es el trabajo de Scirica. Allí, la autora estudia al intelectual militar oriundo de Mendoza, figura clave en las décadas de 1950 y 1960. Scirica destaca la “visión nacionalista antiliberal anclada en una matriz católica integrista” como clave para entender las posiciones de Guevara, que son estudiadas hasta su “polémica” baja del ejército en 1970. Vicente aborda la figura del economista Ricardo Zinn, en “¿La tercera fundación de la República? Ricardo Zinn y las lógicas de la transformación neoliberal en la Argentina (1975-1995)”, destacando las continuidades y rupturas de las posiciones de este intelectual “intersticial” ligado tanto a los ámbitos intelectuales como empresariales y gubernamentales. Así, se retoma la trayectoria y las lecturas ideológicas de este intelectual “de múltiples espacios”, desde la última dictadura al neoliberalismo noventista. El segundo eje es “Exploraciones acerca de los científicos sociales en torno al Estado”, donde se presentan trabajos de Flavia Fiorucci, Martín Castro, Guido Giorgi, Mariana Heredia y Gabriel Levita. Este espacio buscó indagar diversos modos en los cuales las Ciencias Sociales (en sentido amplio), se vincularon con el Estado en contextos muy diversos, entre la “organización nacional” y el neoliberalismo de la década de 1990. En el primer trabajo, “Raúl B. Díaz: el inspector de Territorios Nacionales. Miradas, recorridos y reclamos de un funcionario viajero (1890-1916)”, Fiorucci estudia la poco abordada figura del educador y funcionario, en un momento de expansión del Estado nacional. Figura múltiple, el Díaz rescatado por Fiorucci emerge al mismo tiempo como un actor singular y como un “intelectual de Estado”. Luego, es el turno del trabajo de Martín Castro, quien en “Estanislao Zeballos: sensibilidad diletante, nacionalismo y estado, 1906-1912”, aborda al intelectual y político de múltiples caras. La heterogénea figura de Zeballos 8 condensa, en un período breve como el del artículo, muchos de los problemas de su época: el de los notables del Viejo Orden, el de los límites entre las elites y el Estado, el de las confluencias entre los espacios políticos, científicos, periodísticos, el del nacionalismo de principios del siglo XX. “José Luis de Ímaz: intelectual, política y poder. Episodios de una trayectoria de Onganía a Béliz” es el artículo de Giorgi. Allí, el autor analiza al sociólogo católico por medio de sus diversas facetas (investigador, experto comprometido, funcionario, legislador), dando una visión amplia de un autor muchas veces reducido a su clásico trabajo Los que mandan. Mariana Heredia, finalmente, en “Los denuedos y sinsabores del intervencionismo estatal a través de la trayectoria de Alberto Fraccia”. Partiendo de la idea de que “la trayectoria de los ‘economistas de estado’ constituye a la vez un eslabón perdido y un fundamental hilo de Ariadna”, Heredia recupera la trayectoria de uno de los padres de las Cuentas Nacionales, alumbrando tanto los diversos roles de los economistas estatales como los debates en torno a sus figuras en el debate intelectual. Finalmente, Levita aborda el caso de Eric Calcagno. El economista aparece como ejemplo de una familia donde se conjugan universos heterogéneos (de la política a lo técnico) marcados por la internacionalización. Esta clave de internacionalización es central en la construcción del trabajo de Levita, que extiende su análisis desde la infancia de Calcagno hasta su llegada al Congreso: en medio de ambas, aparece una trayectoria tanto en el mundo privado como estatal que permite ver claves que unen y diferencian los tránsitos por ambos espacios. El tercer eje es “Actores en entramados sociales vinculados al Estado”, que presenta trabajos de Luis Donatello, Laura Rodríguez y María Florencia Osuna. Aquí primó la idea de relativizar ciertas lecturas, como la imposición del neoliberalismo noventista y los alcances efectivos del proceso de laicización, en las relaciones de los actores con lo público. “¿Todo es Historia? Del Jardín de Infantes de Frondizi a asesor presidencial en los ´90: la trayectoria política de Emilio Perina (Moisés Konstantinovsky)”, de Donatello, estudia la peculiar figura del periodista y funcionario, buscando hacer inteligible las trayectorias de aquellos actores que se ligaron “a experiencias por demás contradictorias” como el desarrollismo y el neoliberalismo, a fines de rever las “caricaturas políticas” que explican la experiencia neoliberal y reintroducir trayectorias como las de Perina. Rodríguez, por su parte, en “Los intelectuales católicos y la educación en la segunda mitad del siglo XX” se aboca a las trayectorias de un grupo de educadores formados en la década de 1940: Alfredo M. Van Gelderen, Luis J. Zanotti, Luis Ricardo Silva, Roberto Burton Meis y Alfredo J. Tagliabúe. Mediante su análisis, relativiza la idea del normalismo como un movimiento 9 principalmente laico y busca trazar las pautas católicas promovidas por estos actores, que pensaron la política pública tanto dentro como fuera del Estado. En “Los actores católicos relacionados con la Secretaría del Menor y la familia durante la última dictadura: ¿cómo pensar los límites entre el Estado y la sociedad”, Osuna aborda a un conjunto de expertos católicos como manera de analizar los complejos entramados de los vínculos entre lo social y lo estatal. Allí se destaca cómo una serie de ejes conceptuales, con la subsidiariedad del Estado frente a la sociedad, articularon dicha pauta relacional. El trabajo permite, además, iluminar el tránsito entre la dictadura iniciada en 1966 y la que se instauró luego de diez años. Finalmente, el cuarto eje es “Estudios en escala provincial”, con trabajos de Fernando Casullo, Ezequiel Grisendi, María Celina Fares y Guillermo Marinaro. En este apartado se hizo hincapié en casos provinciales, a fin de poder captar cómo el Estado apareció en las experiencias de intelectuales en un nivel sub-nacional. Abre el segmento el trabajo de Casullo, “Lo saludable de tener a mano un intelectual en el Estado: Antonio Del Vals y el Plan de Salud Neuquino”, que analiza la transformación de la localidad patagónica de territorio nacional a provincia, donde la trayectoria del médico y funcionario aparece como “de una excepcional normalidad” dentro del imaginario desarrollista que tuvo en el sur un punto clave, truncado por la última dictadura. “La bolsa y la vida. Mario Martínez Casas, un intelectual católico en el mundo bancario estatal (1945-75)”, de Grisendi, estudia a Martínez Casas como parte de una serie de pautas grupales y temporales (ideología, redes, sociabilidad). La figura “plástica” del abogado es analizada por medio de su preeminencia como intelectual en un espacio de técnicos. En “Por los sinuosos senderos del catolicismo integralista. Una biografía de Juan Ramón Sepich Lange”, Fares se encarga de la figura del ensayista católico. Actor de entramados internacionales, sin embargo el filósofo aparece normalmente asociado con su tarea en la Universidad Nacional de Cuyo, una de las “estaciones” (como las denomina la autora) de su itinerario intelectual, con lo cual el trabajo de Fares permite repensar a su actor más allá de los abordajes previos. La complejidad de la trayectoria de Sepich Lange queda expuesta aquí desde diversos focos: sus tránsitos por diversos países y ciudades, sus distintas etapas filosóficas, las múltiples redes en las cuales se incluyó. Marinaro, en “Hólver Martínez Borreli, un intelectual en la destrucción del Estado salteño”, se centra en la figura del poeta norteño en un contexto local marcado por el peso de las elites. El rol de Martínez Borreli como rector de la Universidad Nacional de Salta, bajo el gobierno de Miguel 10 Ragone, aparece como hito de un momento de (posibles) transformaciones de tales líneas, en medio de un contexto de fuerte impronta militante. Como podrá apreciarse, se trata de trabajos que cubren áreas diversas, bajo ópticas múltiples, efecto del dinamismo buscado desde la organización y las propias pautas de trabajo de los ponentes. En tal sentido, queremos destacar la convergencia de estas investigaciones en un espacio común que aparece no sólo en los ejes propuestos por la convocatoria (intelectuales, trayectorias, Estado) sino en una serie de tópicos que unen a estos artículos de modos profundos y dinámicos. Como se podrá apreciar, muchas de las investigaciones bien podrían figurar en otro de los ejes: ello es resultado de las convergencias de búsquedas distintas que, sin embargo, encontraron diversos puntos de diálogo. Para finalizar, queremos agradecer a tres conjuntos de personas: primero, a quienes han participado como ponentes pero han preferido por diversos motivos no publicar sus trabajos: Andrés Bisso, Diego Mauro, Mariela Rubinzal, Jeremías Silva, Gabriel Vommaro y José Zanca, ya que sus intervenciones enriquecieron las jornadas. En segundo lugar, a los comentaristas que participaron de los dos eventos: Claudia Danani, Daniel Lvovich, Sergio Morresi, Pablo Semán y el propio Vommaro, quienes brindaron bienvenidas lecturas para las ponencias originales. En tercer lugar, expresamos los agradecimientos institucionales al Instituto del Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento y el personal responsable en torno a los eventos y la edición del material, así como a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que ha cubierto parte de los gastos. Invitamos, entonces, al lector a transitar los textos. 11 Eje 1: Abordaje a los idearios de derechas en relación con el Estado 12 Trayectoria política e intervención intelectual: Rodolfo Díaz, del militantismo peronista al Estado neoliberal Humberto Cucchetti (CEIL CONICET) En el capítulo de apertura de la obra colectiva Les intellectuels et le pouvoir, el politólogo François Hourmant retoma dos grandes tipos ideales para circunscribir los perfiles de intelectuales en función de cómo éstos se vinculan con la actividad política. Así se distinguen aquellos cuyo oficio intelectual se legitima en una reputación personal determinada de los que pueden ser identificados con justicia como “intelectuales de institución”, quienes legitiman la actividad desplegada en función de una pertenencia asociativa específica. El autor reconoce que, como suele suceder, la construcción típico-ideal resiste poco el análisis concreto de trayectorias intelectuales que terminan hibridando, finalmente, los modos de intervención de los intelectuales en diferentes entramados políticos (Hourmant, 2012: 9-10). Tal precisión es por demás necesaria cuando se constata que el intelectual no se corresponde necesariamente con la figura del notable que expone sus ideas ante un público lector. Este arquetipo de intelectual, que se confunde en ocasiones con la representación existente sobre el escritor y su obra, probablemente es un caso más específico y menos representativo de lo que implica intervenir intelectualmente en política, en especial, cuando se trata de fenómenos vinculados a la vida partidaria y estatal. A tal arquetipo se ha asociado la figura del intelectual-profeta, llamado a representar, expresar o esclarecer determinados intereses de clase o políticos. A partir de esta salvedad, y de la importancia de reconstruir desde trayectorias individuales la interfaz militantismo-trabajo intelectual-Estado, resulta más clara la importancia de retomar el caso de Rodolfo Díaz. Probablemente se trata de un intelectual sin obra (situación más frecuente de la esperada, lo que para él mismo trasunta menos un déficit que una consecuencia de los aportes generados en varios de sus planos de actuación) y no por ello menos decisivo al momento de reconocer recorridos que fueron desde la militancia revolucionaria a los partidos políticos y la gestión estatal. Por razones de espacio, nos limitaremos a abordar su trayectoria política y cómo ésta se hace legible en gran medida a partir de los significados atribuidos por el autor a su propio recorrido y al rol que el trabajo intelectual ha tenido dentro de sus intervenciones políticas, dejando para otra ocasión el escudriñamiento específico aunque inagotablemente disperso de su producción 13 intelectual. Desde nuestro punto de vista, la reconstrucción biográfica en cuestión nos permite penetrar en dimensiones sociopolíticas más generales que permiten revisitar en términos concretos la relación entre intelectuales, saber tecnocrático y política. Reconstrucción trayectorial Intentaremos pasar por alto varios de los debates metodológicos que rondan alrededor del método biográfico y de las técnicas útiles que pueden utilizarse desde tal perspectiva para adentrarnos en la trayectoria del actor escogido1. Una primera reconstrucción hace hincapié en las características que podríamos denominar, con cierta vaguedad, “objetivas” de éste y de cómo, a partir de los datos disponibles, podemos ver que su trayectoria se construyó atravesando diferentes planos de actuación. Los datos construidos provienen básicamente, para esta presentación, de una extensa historia de vida realizada entre mayo-junio de 2013 y de referencias autobiográficas precisadas en diferentes trabajos del actor 2 . Una última salvedad que conviene precisar es que nuestra presentación habla de una trayectoria política porque creemos que allí se encuentra un dominio central de la actividad desplegada por el caso en cuestión; sin embargo, nuestro enfoque, a diferencia de lo que podría sugerir una perspectiva de corte más institucionalista, verá cómo puede fabricarse una trayectoria política, y esto supone poner sobre la luz un conjunto de dinámicas biográficas más vastas, las que pueden ser aludidas con la idea de sociabilidad y en las que, específicamente para el objeto en cuestión, el trabajo intelectual está lejos de constituir una dimensión accesoria. Rodolfo Díaz nació en Mendoza en el año 1943, proviniendo de una familia anti-peronista en la que miembros de las generaciones anteriores habían estado vinculados activamente al conservadurismo político local. Su escolaridad fue realizada en el Liceo Militar de la capital mendocina, un colegio destinado a cierta burguesía provincial no siempre poderosa en términos económicos. La formación universitaria, después de un efímero paso por la Universidad Nacional de Córdoba, la realizó en la carrera de derecho de la Universidad de Mendoza (privada), formándose posteriormente en ciencias sociales en el ILADES chileno a fines de los años 1960. En 1 Las características heurísticas de lo biográfico han sido retomadas justificadas en diferentes trabajos y disciplinas aunque la utilización metodológica construida no haya sido siempre unívoca. Pueden citarse, entre una innumerable cantidad de referencias, Fillieule, 2001 y 2005; Agriokoliansky, 2001; Ferrarotti, 1981; Grossetti, 2006. 2 Por razones de espacio se ha omitido, prácticamente, la apelación a otras fuentes. 14 1965 se recibió de abogado, lo que le permitió comenzar a ejercer la docencia universitaria y a trabajar en el Consejo Federal de Inversiones. Un poco antes, con algunos jóvenes colegas, había manifestado inclinaciones políticas e iniciado la militancia; su primera participación política, fugaz, fue la Democracia Cristiana. La fuerte impronta mendocina que cobró en 1965-1966 el conflicto Vandor-Perón produjo un contexto que modificó su recorrido inicial. Díaz fue elegido, por su grupo de colegas abogados en vías de politización, para reunirse con Isabel Perón, de paso por Mendoza en 1965. La reunión con Isabel lo puso en contacto, a él junto a sus camaradas, con el peronismo combativo de la provincia de Mendoza, en particular con las redes sindicales. Allí construyó, como puede constatarse desde una simple mirada exterior de su trayectoria, un vínculo inextinguible. Tales jóvenes abogados comenzaron a participar de la vida político-sindical de diferentes gremios3. En su caso, fue el sindicato de la Sanidad un lugar de anclaje múltiple donde cumplió fácticamente funciones de abogado laboralista (ya que no es puntualmente su especialidad jurídica), consiglieri y, posteriormente, de asistencia a los detenidos políticos. Entre las diferentes oportunidades que tal vínculo sindical le permitió, una de ellas, otro gran cimbronazo biográfico, fue entrevistarse con Perón en el año 1971. Los desplazamientos en las coaliciones políticas y los conflictos intra-peronistas lo llevaron a seguir las decisiones de los jefes sindicales locales. Por esta razón, acompañó a las manifestaciones que en Mendoza tuvo la CGT de los Argentinos4 y, años después, el sindicalismo “burocrático” –a principios de los años 1970, la integración FAR– Montoneros resquebrajó su profundo vínculo político con el abogado Juan Carlos Cerutti, desde ese momento incorporado a la superficie política de la Tendencia Revolucionaria. Entre 1973-74 se desempeñó en la secretaría legislativa del senado provincial, donde se alistó, como es fácil prever, con los sectores que impulsaron la destitución de Alberto Martínez Baca 5 (Mellado, 2009), siguió los pasos del antiverticalismo sindical (redactando furiosas solicitadas gremiales contra la intervención de Antonio Cafiero) y fue Secretario de Planeamiento a partir de la caída del elenco loperreguista. Apenas comenzada la dictadura militar, Díaz fue encarcelado y estuvo detenido durante casi un año. Una vez liberado, su situación económica y la de su familia estaba francamente 3 En relación a la relación entre organización sindical y política partidaria, Damín, 2011. Sobre la CGTA, recomendamos: Dawyd, 2008. 5 Por esta razón, la revista montonera El Descamisado incluye a Díaz dentro de los “gorilas”, “peronistas que se sienten oligarcas” y que atacaban al “compañero” Martínez Baca, El Descamisado, n° 24, 30 de octubre de 1973. 4 15 deteriorada 6 . Poco a poco, con la ayuda de abogados compañeros de militancia justicialista, comenzó a retomar la actividad jurídica y, con la progresiva normalización de la actividad sindical, a recuperar casos judiciales que provenían de los gremios. Esto lo llevó a pasar una gran parte de su tiempo en la Capital Federal y, allí, reconstruir viejas redes partidarias y comenzar a pergeñar otras. Una figura clave en su recorrido, situándonos entre fines de los años 1970 e inicios de la década siguiente, fue Ángel Federico Robledo. Dirigente histórico justicialista, Robledo se había rodeado de jóvenes peronistas provenientes de diferentes organizaciones de militancia. Allí Díaz tomó contacto con Jorge Triaca y participó de los embriones de la Renovación junto con Robledo, el mismo Triaca, Juan Carlos Grosso y Roberto Grabois, entre otros. El tiempo político que se abrió con la derrota de 1983 le permitió profundizar sus reflexiones sobre la importancia de democratizar y modernizar al peronismo. En la interna de 1988 se alistó con los dirigentes que apoyaron la candidatura de Antonio Cafiero. En esa época, igualmente, se reincorporó a la Universidad Nacional de Cuyo y retomó con fuerza un proyecto específicamente académico. En 1988 obtuvo una beca Eisenhower que le permitió contactarse con Samuel Huntington e intentar desarrollar un programa de investigación que se propuso, entre otras aristas, analizar el rechazo de la designación de Huntington en la Academia de Ciencias Políticas de los Estados Unidos (Díaz, 2009). A través de Eduardo Bauzá, Carlos Menem lo invitó a participar de la campaña presidencial. Con el cambio presidencial anticipado y la asunción de Triaca al frente de la cartera de Trabajo, Díaz abandonó su proyecto de investigación de Harvard para asumir, en primer lugar, la Secretaría de Trabajo y posteriormente el propio ministerio. Con una intervención en el plano de la gestión que retomaremos posteriormente, dejó el ministerio a fines de 1992, enfrentado con Domingo Cavallo. En 1993, además de ser designado como Director de YPF (la que se encontraba en proceso de privatización), estuvo a la cabeza de la campaña justicialista para las legislativas de ese año (con el resonante triunfo de Erman González en la Capital Federal), y en 1994 fue convencional constituyente por la provincia de Mendoza. Durante la segunda presidencia de Menem el actor se aleja de la política partidaria. Pero no así de la función pública-estatal. De 1995 a 1999 fue procurador del Tesoro, una alta tarea jurídico-burocrática en relación al Estado. 6 Veremos en el apartado siguiente cómo su familia pudo hacer frente a su detención. 16 Con el fin de la experiencia menemista, Díaz inicia un proceso de reconversión en el que, por un lado, se concentra en lo académico-intelectual (pasa casi tres años en Harvard actualizando nuevamente su formación anglosajona en ciencias políticas y escribiendo un trabajo sobre la década de 1990 (Díaz, 2002), retoma puestos de gestión en universidades privadas, es designado en la Academia de Ciencias Políticas y Morales) y en su savoir-faire jurídico-legal abocado al ámbito empresarial (al día de hoy es un alto cuadro de la petrolera transnacional Pan American Energy PAE). Si sus relaciones de pertenencia profesional (alejamiento de sus funciones como dirigente estatal) fueron modificándose, muchos de sus vínculos construidos en el pasado se actualizaron. La permanencia de tales vínculos, la vastedad de los mismos y hasta la utilidad que muchos de ellos pueden seguir comportando contemporáneamente (ej., con un fideicomiso, varias organizaciones sindicales le permitieron efectuar la última gran estadía en Harvard; sus vínculos político-sindicales le permiten contactar figuras empresariales, participar de proyectos de think tank y recalar, finalmente, como asesor legal de PAE) no nos impiden constatar, no obstante, un relativo proceso de des-compromiso (Fillieule, 2005) por parte del actor, asociado altamente a la no-reproducción de una carrera política. Relato biográfico y significación militante Hasta el momento hemos realizado una descripción que se correspondería con la enumeración de rasgos socio-profesionales generales y de momentos salientes de actuación política. Lo versado podría ingresar en una base de datos más extensa y conformar un nuevo elemento estadístico adicional a las reconstrucciones prosopográficas de los elencos políticos elitarios. Sin embargo, el enfoque cualitativo permite ahondar, a diferencia de las generalizaciones prosopográficas, en dimensiones tan diacrónicas como significativas presentes en la construcción de una trayectoria político-intelectual. Ha podido precisarse que Díaz estuvo inserto en el peronismo, en el sindicalismo, en la gestión estatal, en la vida universitaria nacional e internacional, pero no hemos hilvanado el proceso indeterminado de construcción de las diferentes opciones, de las circunstancias externas (oportunidades o bloqueos de las mismas) e internas (decisiones, circunstancias personales, familiares) que estuvieron íntimamente ligadas al recorrido del actor. Esto nos lleva a poner de relieve algo que debería merecer un análisis particular: todo aquello que no ingresa en el currículum. Difícilmente, al momento de querer reconvertirse en 17 gerente de empresa o alto funcionario del Estado, un actor dado explicite la pertenencia pasada a una organización revolucionaria —o, lo que es lo mismo en el caso de otros actores, de haber pertenecido a Guardia de Hierro (Cucchetti, 2013a). Sin embargo, esta pertenencia pasada no está, al menos en principio y desde un punto de vista sociológico, desvinculada del proceso de formación de un dirigente empresarial o político. Y esto trasunta un universo de cualidades individuales que son representadas en el relato autobiográfico las que, a través o más allá de las deformaciones memoriales más o menos intencionales, son un componente de la trayectoria. Muy difícilmente, en sus años de funcionario del gobierno de Menem, Díaz haya hablado del “compañero Mao”, tal cual apareció varias veces en la entrevista parafraseando a Juan Perón. Asimismo la figura de Mao remite a una asunción histórica y generacional del marxismo presente en su formación y en sus lecturas, y sino a una explicación sí, al menos, a una justificación materialista de la opción por el movimiento obrero peronista y sus sindicatos, “sujeto de la historia” según su perspectiva. Sin embargo, tales elementos significativos lejos están de ser simples anacronismos. En este mismo sentido puede precisarse igualmente el rol de la anécdota y lo anecdótico como pieza del relato de los actores. Aquello que es mencionado a título de experiencia banal, pero al mismo tiempo expresivo de lo que quiere transmitirse y constitutivo de la narración política, tiende a tener un estatus inferior a lo que es considerado, por los analistas, como “acontecimiento político puro”. Lo que esas anécdotas pretenden mostrar o deformar (términos que pueden ser prácticamente equivalentes) es una experiencia subjetiva determinante para el actor que sirve para comprobar la “naturaleza” del hecho relatado. En relación al recorrido de Díaz, cabe mencionar algunas singularidades que no le son, sin embargo, exclusivas. Dos de ellas se encuentran íntimamente ligadas: el compromiso duradero en las filas del movimiento peronista y la relación, igualmente duradera, con diferentes actores del mundo sindical. Su trayectoria política está vinculada así a estos dos enclaves con una clara particularidad: él fue un dirigente partidario (tanto en Mendoza como a nivel nacional), y fue un profesional (abogado) con estrechos lazos sindicales. Pero al mismo tiempo fue un intermediario entre los dirigentes políticos y los sectores sindicales —aquí mismo podría hacerse alusión tanto a sus actividades en la política mendocina (años 1970) como a la gestión partidaria de los años 1980 y gubernamental en la primera mitad de la década de 1990. Como cuadro del robledismo y, posteriormente, como dirigente renovador, su apuesta consistió en hacer penetrar en el peronismo 18 la necesidad de una renovación democrática de la cultura política de su partido. Esa opción fue realizada haciendo coincidir sus esfuerzos estrictamente partidarios y específicamente sindicales. Lejos de ser un intelectual-profeta, su conducta se orientó bajo una disciplinada observancia de los caminos seguidos por las organizaciones gremiales. En su relato esta orientación aparece reflejada en acontecimientos que oficiaron como “constantes” dentro de su formación política. La proscripción padecida por el partido peronista en los años 1960 no dejaba mucho más margen de actuación que la militancia en los sindicatos. De sus años iniciáticos sobresale la “profundidad” de los vínculos construidos, que él refleja en dos dirigentes locales, Edgardo Boris (Sanidad, futuro dirigente partidario nacional), y Florentino Cortés (ferroviario, dirigente de la CGT Mendoza). “Primero, nos recibieron, digo, nosotros veníamos “de la estratósfera”. ¿Qué teníamos que ver? No teníamos nada que ver, digamos. Sin embargo, primero los tipos nos recibieron, después nos educaron. Esos tipos nos educaron, nos enseñaron cómo era el tema de la política. No la parte intelectual sino nos enseñaron pero con un respeto y un afecto. Una cosa extraordinaria ese proceso; si no, no se explica lo que pasó. Un proceso de una profundidad y una sofisticación extraordinaria ¿no? Los tipos nos recibieron a nosotros”7. Esta forma de retribución del militantismo (Gaxie, 1977) no excluyó otras, así como la posibilidad que brindaban fácticamente esos espacios al desarrollo de formas de sociabilidad que podían llegar a involucrar la vida afectiva. El peronismo de la época, sea en sus dimensiones territoriales, sea en los espacios propiciados por los sindicatos, o sea en las dinámicas activistas de las agrupaciones universitarias “en búsqueda del pueblo”, supuso una intensa interacción entre actores históricos y “recién llegados”. Y en esos marcos concretos donde se generaban los contactos concretos (reuniones políticas, manifestaciones, actividades de militancia barrial) se podían producir encuentros amorosos. Dato biográfico no menor, en un acto sindical realizado entre 1967-68, “donde los comunistas gritaban unidad, unidad y los peronchos, Perón, Perón”8 encontró otra universitaria recientemente transformada en peronista y quien terminó siendo su esposa. Pero esa retribución, además, le permitió a Díaz encontrar en el sindicalismo un trampolín de poder y clientes jurídicos. Y si en el primer lustro de los años 1970 su función legislativa y su 7 8 Entrevista a Rodolfo Díaz, 22 de mayo de 2013. Ibid. 19 cargo como Secretario de planeamiento le permitieron agregar a sus labores de abogado otras formas de ingreso económico y de protagonismo en el Estado, su detención durante la última dictadura lo enfrentó a un horizonte económico por demás penoso. Un sindicalismo aún proscripto le permitió a su familia hacer frente a tal situación: “Todos los meses el compañero Ángel Herrera9, desde el 30 de marzo a la noche; el 30 de marzo al otro día, no sé, 1º de abril; todos los meses Ángel Herrera llegaba a mi casa. “¿Cómo le va Marga?, ¿cómo está?, ¿qué sabe del Chango?”. Y cuando se iba le había dejado el cheque con mi sueldo. Todos los meses”10. Una vez en libertad, y más precisamente con la recuperación de la actividad sindical bajo el contexto dictatorial, los clientes fueron reapareciendo. Así como nuevos vínculos políticos que le permitieron “nacionalizar” su ámbito de intervención. Allí sus lazos sobresalientes fueron Ángel Robledo y Jorge Triaca, así como un conjunto de interacciones con dirigentes políticos mendocinos igualmente en proceso de nacionalización: José Luis Manzano, José Octavio Bordón, Juan Carlos Mazzón, todos ellos actores de relevancia en la Renovación (en particular, los dos primeros). Eso explica su adhesión a la candidatura cafierista en 1988. Su relato, al mismo tiempo, nos permite matizar una ilustración trillada que ve en la oposición Renovación/peronismo histórico la superposición de un antagonismo de corte más corporativo, y que habría opuesto a los dirigentes partidarios a aquellos de extracción sindical. Además de los sindicalistas que explícitamente apoyaron al proyecto renovador (entre ellos, el propio Triaca, muy próximo a Díaz), el avance de la Renovación supuso que diferentes sindicatos optaran de manera discreta tanto por la conducción renovadora así como por el propio peronismo ortodoxo o el sector duro de la Unión Obrera Metalúrgica11. Ideólogo supeditado a los grupos sindicales, el actor acompañó, con sus propias características biográfico-profesionales (abogado, proclividad intelectual), los corrimientos en la política interna y externa del justicialismo. Por esta razón puede explicarse la continuidad existente entre su participación en redes sindicales combativas de la provincia de Mendoza, su posterior participación en la coalición anti-Montoneros apoyando desde la burocracia legislativa el juicio contra el gobernador filo- Tendencia (allí estuvo aliado circunstancialmente a la Línea Nacional, 9 Dirigente sindical de la Sanidad. Entrevista a Rodolfo Díaz, 27 de mayo de 2013. 11 En relación a la Renovación peronista y las tensiones intrapartidarias durante los años 1980, ver: Gutiérrez, 1998. 10 20 integrante de la OUTG), separándose luego de aquellos quienes hasta hacía poco tiempo habían sido sus aliados anti-Montoneros —Díaz se enroló en un activo anti-verticalismo, lo que casi le costó ser detenido por grupos de la Triple A. Una década después, su concepción de la democratización no le pareció contradictoria son el anclaje sindical de su trayectoria, pensando al peronismo como fuerza política socialdemócrata —lo que, en su caso, por sus vínculos directos con representantes del movimiento obrero le daba un carácter híbrido que integraba elementos socialdemócratas con una inclinación partidaria de fuerte extracción sindical. Un relato sobre la campaña de 1988 le permite graficar, de todos modos, los límites de ciertos dirigentes renovadores y enfatizar, al mismo tiempo, la capacidad política de Menem para incorporar en su proyecto un amplio abanico de organizaciones gremiales: “[…] el Chueco [Juan Carlos Mazón] y yo armamos una reunión con Cafiero y con la dirigencia sindical de lo que era “la CGT traidora” digamos ¿no? Con los más robledistas, los más renovadores; los menos convencionales, Triaca, esa banda que sigue existiendo, que siempre estuvo en eso y hacemos una reunión con los metalúrgicos. Estamos hablando del 80% del sindicalismo argentino […] Estaban sentados Cafiero, el Armando Cavalieri, el Juanpi [Juan Pablo Cafiero]; el Gallego [José Manuel] De la Sota y Jorge [Triaca] ¿no? Y después toda una mesa larga y el Armando le explicaba, lo tenía a Cafiero y le explicaba así: todo por qué ellos lo querían ayudar, lo querían apoyar. No le estaba pidiendo nada. “Usted díganos, nosotros apoyamos, nosotros ponemos; nosotros esto, nosotros lo otro”. Y le dice el Gallego De la Sota, “muchas gracias pero ustedes no digan que nos apoyan a nosotros. Ustedes apóyennos pero no digan…”. Qué sé yo. Se hizo un silencio de la puta que lo parió (…) De ahí [los dirigentes sindicales] se fueron a verlo a Menem y le dieron a Menem lo que Menem no tenía que era una estructura en la provincia de Buenos Aires y chau”12. En la segunda mitad de los años 1980 él se perfila ya con nitidez como technopol. A fines de esa década, fue convocado primero por Menem para la campaña y después por Triaca para integrar el gobierno recientemente electo. Por paradójico que pueda parecer, su relato sobre la reforma del Estado y sobre sus propias contribuciones en el seno de la cartera laboral son interpretados, por el mismo, como una continuidad con sus compromisos con el movimiento obrero. Una de sus ideas en el contexto de avance de reformas de contenido neoliberal consistió en pergeñar el marco legal que permitiera a los sectores trabajadores participar en la propiedad de sus propias empresas. Tal 12 Entrevista a Rodolfo Díaz, 27 de mayo de 2013. 21 idea, ante los proyectos de privatización gestados en los últimos años del gobierno de Alfonsín, había sido elaborada por el propio Díaz en colaboración del diputado Manzano. La aplicación de tal iniciativa no fue posible, “los programas de propiedad participada, yo no implementé ninguno porque no se llegó. Yo me fui del ministerio antes y Cavallo les dio una interpretación a la Cavallo”13. Precisamente un conflicto político con el entonces ministro de Economía desencadenó su salida del gobierno de Menem y su nueva actuación partidaria en las elecciones de 1993, como constituyente en la Convención un año después, y en la campaña presidencial el año siguiente. Su relación preexistente con Bordón lo llevó a intentar evitar la disidencia del ex gobernador de Mendoza, la ruptura de éste con el PJ y el armado de una coalición electoral con Carlos Álvarez (FREPASO). Como puede apreciarse, tal gestión fue infructuosa. La segunda presidencia de Menem lo llevó de la gestión de gobierno y la política partidaria a la alta función burocrático-estatal. Esta nueva designación lo depositó en un encumbrado espacio jurídico y técnico, aunque difícilmente reconvertible en términos partidarios y en un menemismo que comenzaba a envejecer políticamente. Intervención intelectual y modalidad de compromiso político Si 1) la adhesión al Partido Justicialista 2) a través de las organizaciones sindicales, constituyeron los anclajes institucionales y partidarios básicos del compromiso político de Díaz, sus modalidades intelectuales de intervención en la vida política constituyen un rasgo que merece ser subrayado. En una primera de reunión de presentación 14 , y todavía no en un contexto formal de entrevista, señaló que siempre se consideró como militante y que su “militancia pasó por lo intelectual”15. Pero que su producción intelectual, la más significativa, no habían sido los artículos o libros firmados como autor sino sus aportes materializados en proclamas, panfletos, solicitadas, síntesis programáticas. Exagerando ciertamente llega a sostener que “no cambio escribir 13 tomos de Derecho Constitucional por todo lo que hice anónimo y que se ve en otras instancias”16. Ese trabajo, reconoce, no es el fruto de una creación individual sino la síntesis, a título de reflexión, de horas de charlas, de café, de intercambios en unidades básicas y demás espacios de la sociabilidad 13 Entrevista a Rodolfo Díaz, 4 de junio de 2013. Rodolfo Díaz, 20 de mayo de 2013. 15 Ibid. 16 Ibid. 14 22 política. Dicho de otro modo, y nuevamente con Mao, “devolver con precisión lo que se recibe en estado de confusión”17. Salta a la vista que las manifestaciones de esta intervención son por demás dispersas, fragmentadas y, más aún tratándose de aportes insertos en dinámicas institucionales en el justicialismo18, caótica. Algunos de estos trabajos circularon a título colectivo y programático dentro de diferentes espacios político-partidarios. Otros constituyen análisis con una especificidad académica o jurídica en los que, en algunos de ellos, no pueden dejar de atisbarse fundamentos intelectuales de los compromisos políticos desplegados por el actor. Finalmente, pueden situarse atisbos de proyectos de investigación (como sus consideraciones sobre Huntington), análisis específicos sobre la ciencia jurídica constitucional (Díaz, 2008; 2012) e incluso investigaciones realizadas —vale destacar aquí su análisis de las reformas realizadas en los años 1990 (Díaz, 2002). En relación a este último, y producto de una investigación iniciada en Argentina y que se terminó de llevar adelante en el Weatherhead Center for International Affairs de Harvard, dos características deben ser señaladas: tanto la defensa que el autor esgrime de las reformas encaradas durante el gobierno de Menem como la perspectiva académica del trabajo. Las categorías analíticas retomadas parten de diferentes enfoques de la ciencia política y en particular y de las ciencias sociales en general. Una interpretación que oficia como punto de partida para comprender el contexto general en el que son llevadas diferentes transformaciones estatales (Díaz da cuenta de ellas en su totalidad, abordando lo que fue la puesta en plaza de la convertibilidad, el freno del proceso híper-inflacionario, las privatizaciones, las reformas monetaria, tributaria, educativa, constitucional, etc.) consiste en determinar la supervivencia del Estado burocrático-autoritario (EBA) (O’Donnel, 1982) puesto en macha desde el gobierno del General Juan Carlos Onganía, cuyo funcionamiento económico se habría mostrado persistente hasta finales de los años 1980. La inflación y el viejo y gigantesco Estado obsoleto, desde la óptica de Díaz, continuaban con un proceso de transferencia de ingresos de la sociedad (población asalariada y asistida) al sector privado (Díaz, 2002: 23- 41). Siguiendo su testimonio en referencia a los “años noventa”, tres grandes ejes evidencian su contribución político-técnica: la elaboración de un marco legal que permitiera iniciar legalmente las privatizaciones, es decir, a través del debate en el Congreso de la Nación (allí se pretendió 17 Ibid. A lo que debería agregarse el pésimo estado de archivos en Argentina por la falta de documentos, la indisposición de muchos de ellos, el carácter incompleto de diferentes colecciones, entre otras deficiencias que podrían señalarse. 18 23 promover un Programa de Propiedad Participada que le permitiera a los trabajadores participar de la propiedad de la empresas privatizadas); la reforma del régimen laboral (esto significó modificar las condiciones de empleabilidad, reduciendo la indexación por despido y creando un subsidio de desempleo); finalmente, la reforma previsional —su propuesta fue diferente de la que llevó adelante Cavallo, la que propiciaba la desaparición progresiva del régimen de reparto19. Pero si se tienen presente los atributos intelectuales de nuestro actor, un elemento no menor parece distinguir a Díaz de gran parte de la dirigencia justicialista: su relación con la cultura anglosajona —relación cultural que implica fuertes vínculos con universidades y centros de investigación ingleses y, particularmente, de los Estados Unidos; relación cultural que entraña, en particular, el manejo universitario de la lengua inglesa. En el contexto de la campaña presidencial de 1983, e integrando los equipos de campaña del justicialismo, viajó a Washington para participar en un seminario organizado por el economista Ricardo Zinn20. En su labor docente como profesor en la Universidad Nacional de Cuyo, Díaz pudo acendrar vínculos académicos con profesores extranjeros (muchos de ellos, provenientes de los Estados Unidos) de visita por tal universidad. Pero fue la obtención de su beca Eisenhower (Harvard) lo que le permitió profundizar sus lazos con el mundo académico norteamericano, en particular, con el politológico. Allí tomó contacto con, además de con el propio Huntington, con figuras como Giovanni Sartori y Robert Dahl. Si años más tarde pudo vincularse con especialistas de Oxford, las propias redes de Harvard, en particular Jorge Domínguez, le permitieron realizar su estadía de investigación abocada a estudiar las transformaciones políticas y estatales en la Argentina de la década de 1990. A diferencia de otros intelectuales y tecnócratas presentes en la política argentina, la formación universitaria de Díaz fue realizada en el país, realizando una primera formación post-universitaria en el ILADES chileno y, más tardíamente, estadías de investigación en los Estados Unidos. Si en el primer caso pudo incorporar trabajos de corte europeo próximos del pensamiento marxista, en el segundo logró imbuirse de las actualizaciones propias de la Ciencia Política anglosajona. Y aunque pueda pensarse que el actor construyó sus compromisos políticos y académicos en tanto que “campos”, es decir, espacios autónomos e independientes entre sí, las 19 El estudio de todas estas reformas excede los límites de este trabajo ya que las mismas merecerían una discusión en sí y la apelación a otros documentos y bases de datos. El propio actor hace un minucioso balance de las mismas (Díaz, 2002) que conviene interpretar teniendo bien presente su rol jugado como protagonista estatal del gobierno de Menem. 20 En relación a Zinn, ver: Vicente, 2011. 24 interrelaciones allí existentes no son menores. En primer lugar, ya que la reflexión en materia de conocimiento social de fines de los años 1960 le permitió asentar una justificación casi epistemológica de su compromiso en el seno del movimiento peronista. En segundo lugar, ya que el primer proyecto de Harvard incluía, paralelamente a la propuesta de retomar el caso de Huntington, analizar los casos presentes en los Estados Unidos sobre la participación de los trabajadores en la propiedad empresaria; la implicancia política de tales insumos, si bien es difícilmente inmediata, no dejó de ser visualizada dentro de un ámbito de concreciones políticas eventuales. Es por esta razón que un funcionario que participó directamente del gobierno de Menem, justo en los momentos de cimentación de la convertibilidad e inicio de las privatizaciones, puede afirmar sobre la hiperinflación, sin solución de continuidad con sus propios compromisos políticos: “Yo creo que lo que pasó fue la crisis de una formación histórica específica en un modo de producción capitalista ¿no? Es una formación histórica en un modo de producción capitalista. En ese particular momento entró en crisis; crisis terminal y no se pudo aguantar […] Digamos, la crisis terminal de esa formación histórica del modo de producción capitalista se la llevó puesta; no había salida; era eso lo que estaba agotado”21. Reflexiones finales: dimensiones transnacionales y construcción de una carrera político-tecnocrática Es por demás plausible ubicar el caso de Rodolfo Díaz en un conjunto de procesos transnacionales que pueden ser recuperados a partir del análisis de la trayectoria en cuestión. Uno de ellos, que relaciona cuestiones culturales con características propias de la vida política, entraña la problemática de los derroteros militantes considerando la integración político-institucional de ex militantes (reconversiones militantes). El otro nos permite reflexionar sobre el rol de las élites tecnocráticas en la política local durante las últimas décadas, en una dinámica que ha atravesado a diferentes sociedades políticas latinoamericanas. Ambos procesos, que en ocasiones pueden superponerse (el caso de Díaz sería paradigmático) convocan una innumerable cantidad de lecturas y autores. Vamos a centrarnos sólo sobre dos obras. 21 Entrevista a Rodolfo Díaz, 4 de junio de 2013. 25 En relación a las reconversiones militantes, un tipo de abordaje ha hecho hincapié en los destinos seguidos por los miembros de organizaciones revolucionarias. Tales destinos, muy frecuentemente, ha supuesto el abandono del viejo militantismo por consignas hasta contradictorias a las proclamadas en la época de juventud. En un reciente ensayo de corte politológico y neogramsciano, Gaël Brustier y Jean-Philippe Huelin han propuesto una interpretación de las recientes evoluciones vividas en las sociedades occidentales (concentrándose en diferentes países europeos y los Estados Unidos). Para los autores, se habría producido una vasta derechización de los sistemas políticos y de un amplio conjunto de valores sociales. Es interesante destacar que, siguiendo este planteo, tal derechización tuvo un motor más cultural que político, esta idea depende en gran medida de la interpretación gramsciana propuesta: la actual contestación derechista se fundamenta en una modalidad de lectura de los problemas sociales en donde las soluciones de derechas (en términos identitarios, de seguridad, de política migratoria, etc.) generaron debates completamente legítimos. Pero yendo más lejos, tal viraje a derecha se caracteriza por su marcado origen a izquierda: son trayectorias de izquierda (básicamente intelectuales pero también políticas) las que se involucraron de lleno en la fundamentación de una agenda derechizada. En el caso francés, diferentes tendencias de una izquierda anti-totalitaria en fuerte crítica con el comunismo fue preparando, desde finales de los años 1970, el terreno cultural que facilitó el avance de expresiones de derecha o incluso de extrema derecha. En este proceso se comprobaría un marcado enajenamiento entre los partidos de izquierdas y los electorados populares (Brustier-Huelin, 2011). Otro trabajo, en clave estrictamente sociológica, es el enfoque transnacional de las modificaciones en el campo del derecho en Chile, Brasil, México y Argentina y el desplazamiento de antiguas generaciones de notables de tal campo por una nueva generación de economistas formados en la Universidad de Chicago (Chicago Boys). Yves Dezalay y Bryan Garth analizan las élites cosmopolitas de abogados de los cuatros países (juristas reconocidos, bufetes), para dar cuenta de aquellos actores que oficiaron de intermediarios (courtiers, Dezalay y Garth, 2002: 35) en la aplicación de diferentes proyectos de reforma institucional en los estados latinoamericanos citados. En este proceso transnacional, que incluye no sólo el avance de un neoliberalismo fuertemente conceptual sino también el desarrollo de redes humanitarias ancladas en todo un diseño internacional de fundaciones norteamericanas, los Chicago Boys fueron ganando 26 protagonismo, en particular, en la gestión de las áreas económicas22 y en la presión para lograr la imposición de nuevos marcos jurídicos que permitieran el avance de principios democráticos y de libre mercado. El trabajo de Dezalay y Garth, cuya correspondencia, desde nuestro punto de vista, es más nítida en el caso chileno y, posteriormente, el brasileño, se refleja con mayor dificultad en la Argentina de las últimas décadas. No por una supuesta inexistencia de redes transnacionales a partir de las cuales actores concretos se ocupan de importar, pero también retraducir, conocimientos en boga en el primer mundo —nuevamente con los autores, el desplazamiento de la influencia europea por la estadounidense constituye un dato no menor. Pero sí porque conviene matizar cómo se refleja en el campo estatal argentino la existencia de los think tank económicos citados por los investigadores en cuestión y si, todos ellos, son equiparables al neoliberalismo riguroso de la Universidad de Chicago. Volvamos al caso de Díaz. La idea de derechización podría allí confirmarse con notables matices (parece reflejar más una modernización de un antiguo paradigma de cooperación política en un esquema sindical-laborista). Al mismo tiempo, gran parte de las reformas legales de los años 1990 no parece ser sólo la obra de tecnócratas outsiders del sistema de partidos sino que entrañó dinámicas político-estatales elaboradas, igualmente, por cuadros partidarios formados en una notoria continuidad con el militantismo de los años 1970 (Cucchetti, 2013b) así como con redes sindicales con fuerte protagonismo político. Ha sido señalado que, en alusión a los dirigentes territoriales peronistas durante el menemismo, éstos lejos estuvieron de “convertirse al neoliberalismo” (Sidicaro, 2002: 244-246). El caso de Díaz parece ser representativo de la misma tendencia aunque en otro plano de la vida política. Este plano, en él, está constituido por enclaves estatales neurálgicos por donde pasaron diferentes proyectos de reforma —la célebre reducción de la política menemista al área económica sería, tomando en cuenta tales enclaves, una simplificación flagrante. En esta nueva oportunidad política que se abre con la recuperación del gobierno por parte del peronismo, recuperación fuertemente asediada por una crisis económica de alcance extraordinario, Díaz se adapta a los condicionamientos que exige pensar nuevos marcos para consolidar un poder estatal debilitado, repensar el tema del empleo y del estatus mismo del trabajo cuando, y siguiendo su testimonio, 22 En relación a los elencos ministeriales en Economía, ver: Heredia, 2006 y 2011. 27 “Eduardo Curia, que estaba en el Ministerio de Economía en la época que estaba con Néstor Rapanelli, viene y me dice, “mirá, yo vengo a hablar con vos, no quiero tener conflictos con vos, somos amigos desde hace muchos años pero el tema de la flexibilidad laboral no es un problema laboral, es un problema macroeconómico; así que nosotros vamos a empezar a impulsar”, qué sé yo... Y armaron un artículo, mandaron un proyecto de ley de 9 artículos, 8, no me acuerdo, así cortito donde los tipos intentaban con eso generar diríamos una flexibilización bastante desordenada de las relaciones laborales en la Argentina pero que él explicaba desde ese contexto y era el clima intelectual que se empezaba a vivir en el mundo entero dado que estamos hablando de octubre de 1989, noviembre de 1989”23. Si el nuevo orden económico-social se alejaba de los marcos históricos de un supuesto modelo peronista, lejos estaba de corresponderse con algún esquema puro del pensamiento neoliberal. La interpretación esbozada, que permite alejarse de cierta acusación moral o banal de lo que fue el gobierno de Menem, corre el riesgo, sin embargo, de pensar que tal gobierno impulsó el neoliberalismo… sin neoliberales. La incontestable apertura económica durante tal década se habría visto reducida a la influencia de un puñado de Chicago Boys¸ economistas ortodoxos con una fuerte formación tecnocrática, un escaso sentido político y un funcionamiento transversal en términos partidarios. Las consideraciones previas deben completarse a la luz de toda una bibliografía existente sobre la política en la última década del siglo pasado, donde sólo podemos remitir, por razones de espacios y por el inagotable debate que entrañaría, a algunos títulos (Palermo y Novaro, 1996; Pucciarelli, 2011; Sidicaro, 2002; Morresi, 2008). Nos interesa centrarnos sintéticamente, y a título de aporte de estas páginas, en cómo un solo caso biográfico puede cuestionar construcciones tipológicas binarias. Díaz nos muestra los límites de pretender establecer una aporía o tensión entre la figura del militante y la del funcionario-tecnócrata, así como de reducir las posibilidades de reconversiones de trayectorias ante la dicotomía entre profesionalización política y carrera militante. Su biografía nos muestra modalidades de continuidad entre la política profesional, la formación y actividad universitaria y la significación militante que pueden explicarse tanto por la adhesión activa al movimiento peronista así como en dinámicas integrales de vivir lo político por demás extendidas en el militantismo revolucionario presente en los años 1960-1970. El tecnócrata 23 Entrevista a Rodolfo Díaz, 4 de junio de 2013. 28 de los años 1990 no dejó de pensar las ideas que buscaba impulsar desde las reformas como objetivos que había que “militar”, que fueron “explicados y militados” en diferentes espacios políticos y corporativos, muchas veces ante la hostilidad de las diferentes fuerzas políticas y de grupos de presión24. Así hemos podido ver cómo se produce la construcción de una carrera político-tecnocrática, que podría resumirse, aunque de manera muy particular, en la figura anglosajona del technopol. Esta biografía puntual se trata de una charnière, un intelectual-bisagra y articulador de diferentes recursos en los espacios de poder. Así, él pudo enhebrar formas de funcionamiento esenciales para la vida política pública, vincular esferas partidarias y sindicales, jurídicas y políticas, de gobierno y estatales. En este proceso logró transferir conocimientos concretos y técnicos en la función pública, de la ciencia jurídica y el derecho constitucional y público en el funcionamiento del Estado, en los marcos legales y legislativos que requiere cualquier racionalidad político-estatal. Pero esa ubicación intersticial también abarcó actores que sólo una superficial lectura de corte ideologista podría considerar como discontinuos. Contactos sindicales de largo alcance, que podrían ser definidos también por su recorrido menemista, le permitieron construir relaciones diversas —por ejemplo, ser miembro Center for Strategic and International Studies (CSIS)25 y, posteriormente, obtener un alto puesto profesional en un empresa multinacional. Este tipo de conexión entre saber experto, relaciones políticas e intereses empresarios, claro está, excede el simple recorrido de Díaz. Pero tal conexión autorizaría a proponer una mínima discusión, a desarrollar en otra oportunidad, sobre las complejidades del neoliberalismo vernáculo, sobre su supuesta defunción en el año 2003 o si, en todo caso, convendría hablar de una persistencia neoliberal post-convertibilidad que permitiría trazar una línea mucho más coherente de lo que se piensa entre la gestión de Eduardo Duhalde26 y la de Néstor Kirchner. Este debate posible excede lo propuesto por estas páginas. Volviendo a la lectura con la que iniciamos este trabajo, resulta evidente que hemos hablado de un intelectual de institución. El propio actor se reconoce como “subordinado” a sus 24 Ibid. El CSIS es un histórico think tank estadounidense, fundado en 1962, de composición bipartidista y orientado en temas de política internacional y defensa. 26 Nuevamente apelando a la necesidad de profundizar sobre los actores-protagonistas, recomendamos el análisis de la trayectoria de Duhalde realizado por Marcela Ferrari (Ferrari, 2013), donde se aborda todo el período político previo a su protagonismo como gobernador de la provincia de Buenos Aires. 25 29 espacios políticos de referencia y a las decisiones tomadas por los protagonistas directos del poder. Ni esa subordinación ni el carácter orgánico de sus intervenciones intelectuales y expertas implicaron un bloqueo de determinadas intervenciones intelectuales en el seno de la vida política argentina en los años 1980 y que se marcaron mutatis mutandi en la década siguiente. La Renovación era ese chip que debía transformar al peronismo en un actor racional, impulsando la creación y consolidación de una dirigencia diplomada, modernizadora y trasnacional. Bibliografía Agrikoliansky, Eric (2001): « Carrières militantes et vocation à la morale: les militants de la LDH dans les années 1980 », Revue française de science politique, n°1, vol 51. Brustier, Gaël et Huelin, Jean-Philippe (2011): Voyage au bout de la droite. Des paniques morales à la contestation droitière, Paris, Mille et une nuits. Cucchetti, Humberto (2013a): Servir Perón. Trajectoires de la Garde de Fer, Rennes, Presses Universitaires de Rennes. Cucchetti, Humberto (2013b): “¿Toma del poder u ocupación del Estado? Sociabilidades políticas y reconversiones militantes”, en Acha, Omar y Quiroga, Nicolás, Asociaciones y política en la Argentina del siglo XX, Buenos Aires, Prometeo (en prensa). Damín, Nicolás (2011): « Del sindicato al parlamento. 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Cuando renovamos la maquinaria inadecuada del Estado, cuando regresamos al concepto de región para infundir vitalidad y dar vigencia a las autonomías provinciales, cuando alentamos el concepto de la comunidad para fundar en ellas las bases de una auténtica democracia, cuando nos empeñamos en gobernar con eficacia, en elevar el nivel de vida de la población, en mejorar la vivienda, en el cuidado de la salud pública, en promover la cultura y la educación, estamos cumpliendo con nuestro plan político.” (Discurso pronunciado por Juan Carlos Onganía a las Fuerzas Armadas, La Nación, 7 de julio de 1967). Introducción El 28 de junio de 1966 un golpe de Estado derrocó al presidente Arturo Illia, dando comienzo a la autodenominada “Revolución Argentina”. Esta dictadura irrumpió en la escena con una intención refundacional del país “sin plazos sino metas”. A diferencia del quiebre institucional de 1955, el golpe de 1966 no fue dirigido contra un hombre o partido, sino contra la democracia representativa, el sistema parlamentario y la “inoperancia” de los partidos políticos para solucionar la crisis política, social y económica. Entre las primeras medidas adoptadas por la Junta Revolucionaria se destacó el cese en sus cargos de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, gobernadores e intendentes, la disolución del Congreso Nacional, los partidos políticos y las legislaturas provinciales y el reemplazo de la * Este trabajo forma parte de la tesis de maestría en Estudios Latinoamericanos (Gomes, 2013). Agradezco a Ernesto Bohoslavsky, Paula Canelo, Marina Franco, Valeria Galván, Daniel Lvovich, Florencia Osuna, Laura Rodríguez, Martín Vicente y Gabriel Vommaro sus comentarios y lecturas atentas a versiones preliminares de este trabajo. 33 Constitución Nacional por el Estatuto de la Revolución Argentina.27 Inspirados en los militares que habían derrocado a João Goulart en 1964, los Comandantes en Jefe buscaban “eliminar” la política, por considerarla como la causante de “la ruptura de la unidad espiritual del pueblo argentino” y del “crónico deterioro de la vida económico-financiera, la quiebra del principio de autoridad y una ausencia de orden y disciplina”, condiciones que suponía generar un clima propicio para la “sutil y agresiva penetración marxista en todos los campos de la vida nacional”. Por tanto, los militares se arrogaron el derecho de intervenir en la política con el objetivo de “salvaguardar los más altos intereses de la nación”.28 La ambiciosa pretensión de despolitizar el tratamiento de cuestiones económicas y sociales del nuevo Estado burocrático autoritario, dispuso que la gestión de las políticas estuviera a cargo de “técnicos” especializados en cada área, quienes garantizarían la imparcialidad frente a los distintos intereses sectoriales (O'Donnell, 2009). Entre los objetivos iniciales se destacó la pretensión de eliminar las causas del estancamiento económico, consolidar los valores espirituales y morales propios de la civilización “occidental y cristiana”, asegurar el bienestar social de los individuos y elevar el nivel científico y técnico. Tales objetivos no tenían un plazo definido, sino que se articuló en una planificación organizada en tres tiempos en el siguiente orden: el económico, el social y el político. En el tiempo económico se llevaría a cabo la transformación y modernización de los sectores económicos, dado que el Estado garantizaría la libertad de empresa y contaría con la participación del capital internacional. Onganía lo anunció como una etapa de crecimiento y sacrificio para los asalariados.29 El tiempo social, sería el momento de redistribuir el ingreso entre los trabajadores. Por último, el tiempo político, que no estaba claramente diseñado, se implementaría luego de haber alcanzado la integración social, cuando el Estado y la sociedad conformaran una “comunidad orgánica” (O´Donnell 2009). Con el objetivo de subordinar a las Fuerzas Armadas, Juan Carlos Onganía concentró el poder ejecutivo y el legislativo. Para ello, se reestructuró el aparato estatal y los mecanismos de decisión quedaron determinados por una estructura piramidal. 30 Se creó una suerte de estado mayor de la presidencia con tres sistemas institucionales (planeamiento, consulta y decisión) que se complementarían para formular e implementar las políticas públicas. El de mayor importancia era 27 Boletín Oficial, Nº 20.972, 29 de junio de 1966. Mensaje de la Junta Revolucionaria dirigido al pueblo argentino el 28 de junio de 1966 (La Nación, 29 de junio de 1966). En dicho documento se esboza el carácter fundacional del golpe. 29 Véase el discurso de Onganía a las Fuerzas Armadas en: La Nación, 7 de julio de 1967. 30 Art. Nº 5 del Estatuto de la Revolución Argentina, 29 de junio de 1966. 28 34 el sistema de planeamiento nacional31, una estructura jurídica altamente burocrática organizada de manera verticalista y jerárquica, que estaba integrado por el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE)32, el Consejo Nacional de Seguridad (CONASE) al que luego se sumó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) (Rouquié, 1982). El sistema de consulta estaba conformado por asesores y el de decisión por los ministerios que fueron reducidos de ocho a cinco por la Ley Nº 16.956 Orgánica de Ministerios Nacionales (Interior, Exterior, Económico, Defensa). Se creó el Ministerio de Bienestar Social con sus respectivas Secretarías de Estado: de Promoción y Asistencia a la Comunidad (SEPAC), de Seguridad Social (SESS), de Salud Pública (SESP) y de Vivienda (SEV) (Rouquié, 1982:268). Para cubrir los cargos ministeriales, Onganía se abocó a la búsqueda de técnicos y profesionales del servicio social. Esto permitió la entrada de católicos en áreas técnicas del Estado, provenientes de la derecha católica, principalmente del Ateneo de la República, la Ciudad Católica, el Opus Dei y los Cursillos de la Cristiandad (Selser, 1973; Rouquié, 1982:260 y ss.). Asimismo, el golpe fue bien recibido por la UIA, la CGE, la SRA, la CAC y la Bolsa de Comercio, pero también contó la simpatía de algunos líderes sindicales que estuvieron presentes en la ceremonia de juramento en que asumió Onganía como Augusto Vandor (secretario de la Unión Obrera Metalúrgica), José Alonso (representante del sindicato del Vestido), Francisco Prado (secretario de la CGT) y Juan José Taccone (Luz y Fuerza), algunas agrupaciones políticas tales como el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) presidido por Guillermo Acuña Azorena y el Frente Argentino Justicialista. El golpe también contó con el beneplácito de Juan Domingo Perón, quien veía en Onganía la oportunidad de vencer a sus históricos adversarios radicales.33 En este sentido, la base política que acompañó a la Revolución fue heterogénea pues confluyeron liberales, nacionalistas, sindicalistas, socialcristianos, tecnócratas y desarrollistas. Para ciertos sectores, la reorganización en pos del desarrollo económico requería de la subordinación de los sectores populares, otros, en cambio, concebían el reordenamiento de la sociedad al estilo corporativista. Asimismo, la pluralidad de corrientes y aspiraciones que convivieron al interior de la “Revolución Argentina” derivó en profundas pujas entre dos grandes familias ideológicas 31 La Nación, 5 de septiembre de 1966. Sobre la creación del CONADE durante el gobierno de Arturo Frondizi y su reestructuración durante el Onganiato véase: Gomes, 2011b. 33 Sobre la posición de Perón frente al golpe véase Primera Plana, Nº 186,19 de julio de 1966, p. 24. 32 35 –nacionalistas y liberales–, que Carlos Altamirano denominó “las dos almas de la Revolución Argentina”. Pese a que las Fuerzas Armadas debatieron entre el integrismo católico, el corporativismo, el liberalismo antiestatista y el desarrollismo tecnocrático, todos parecían coincidir en su orientación anticomunista, en la necesidad de modernizar la estructura económica del país y en reorganizar la sociedad y el Estado mediante una “nueva institucionalidad” (Altamirano, 2001:81). En ese sentido, es posible afirmar que no existió “una” Revolución, sino diferentes e irreconciliables versiones de lo que “debería ser la Revolución Argentina”. En el presente trabajo nos concentraremos en las familias nacionalistas, que si bien conformaban un grupo heterogéneo con una multiplicidad de diferencias internas respecto a la relación con los gremios, las políticas para atender el problema del subdesarrollo económico, la cuestión social y la seguridad interna hasta las medidas para combatir el comunismo. Sin embargo, dichas diferencias se vieron disminuidas frente a sus oponentes liberales. En este artículo, nos limitaremos reconstruir las trayectorias políticas y redes sociales de un conjunto de funcionarios civiles y militares que preconizaron la versión nacional-corporativista de la “Revolución Argentina”. En cuanto a la definición de corporativismo, optamos por la que ofrece Ludovico quien sostiene que, bajo manifestaciones doctrinales y temporales diversas, el corporativismo aparece como una doctrina que propugna la “organización política y económica de la vida social”, sobre la base del pluralismo de asociaciones representativas de los intereses y actividades profesionales (corporaciones). La doctrina corporativista surgió, históricamente, con una finalidad declarada: la armonía social entre trabajo (obreros) y capital (patronos). Propone, gracias a la solidaridad orgánica de los intereses concretos y a las fórmulas de colaboración que de ellos pueden derivar, la remoción o la neutralización de elementos conflictivos como la competencia en el plano económico, la lucha de clases en el plano social y la diferenciación ideológica en el plano político (Ludovico, 2007:372). Cuando nos referimos al corporativismo no lo hacemos como un fenómeno histórico que se manifestó en un período y espacio determinado, sino como una categoría analítica que designa a determinados sujetos aún cuando nieguen ser corporativistas. Resulta evidente que la selección de dicha categoría implica un desafío metodológico, en la medida en que los sujetos analizados no se denominaron “corporativistas”, e incluso negaron serlo. Probablemente, esto se deba a que no estaban dispuestos a asumir la carga peyorativa de un concepto que quedó muy desprestigiado después de 1945. Más bien, podríamos afirmar que fue la 36 prensa y sectores liberales de las Fuerzas Armadas los que los etiquetaron o denunciaron como “comunitaristas” o “corporativistas”. A los fines de este trabajo, denominamos nacional–corporativistas a quienes despreciaban la tradicional democracia liberal, promulgaban su reemplazo por una “nueva política” basada en la descentralización mediante el fortalecimiento de los cuerpos intermedios y el rol subsidiario del Estado. Consideraban que la “verdadera participación social” era la que se expresaba en los consejos y comisiones integrados por las organizaciones básicas de la comunidad. Entre principales voceros civiles de esta tendencia destacamos a los militares vinculados a la Ciudad Católica como el coronel (R) Juan Francisco Guevara y los generales de brigada Francisco Imaz, Eduardo Señorans (R) y Eduardo Conesa, junto a civiles pertenecientes al Ateneo de la República y la Ciudad Católica como Mario Amadeo, Guillermo Borda, Carlos Caballero, Díaz Colodrero, Roberto Gorostiaga, Martínez Paz, Alberto Federico de Nápoli, Santiago de Estrada y Raúl Puigbó (Gomes, 2011a; 2013). La hipótesis que pretendemos demostrar es que los nacional-corporativistas preconizaron una “nueva” democracia que pretendía sustituir a la “vieja” democracia liberal por un sistema de de “verdadera participación social” o “comunitaria” que incluía la representación de los cuerpos intermedios. Esa pretensión produjo serias tensiones con los liberales. Altamirano (2001) sostiene que la necesidad de implementar el “tiempo económico” fue lo que operó como articulador entre ambas tendencias: nosotros podríamos agregar que el principio de subsidiariedad del Estado también funcionó como articulador entre los liberales y los nacional–corporativistas. El principio de subsidiariedad del Estado, defendido por ambos sectores con fuentes doctrinarias distintas pero conciliables, permitió que no hubiera una oposición decisiva a las políticas económicas liberales. El texto se organiza en dos partes. En la primera se analizan las trayectorias y redes sociales de los funcionarios nacional-corporativistas que ocuparon cargos públicos durante el Onganiato. En la segunda se abordan las principales tensiones entre éstos y los liberales por el control del aparato estatal. Los nombramientos de Onganía: el gobierno de los nacional–corporativistas Desde sus proclamas iniciales, la “Revolución Argentina”, preconizó una sociedad jerárquica, el desprecio por la democracia liberal, la defensa de la tradición católica e hispánica, la erradicación 37 del comunismo y el ateísmo. Esto atrajo la atención de miembros de la Ciudad Católica y del Ateneo de la República. La Ciudad Católica se organizó en Argentina en 1959 por obra del padre George Grasset cuyo órgano de difusión fue la revista Verbo. Se trató de una organización anticomunista, antiprogresista y antiliberal de origen francés, que rechazaba la organización político-partidaria, la masonería y el laicismo.34 Entre los fundadores de la Ciudad Católica en Argentina se destacan Roberto Gorostiaga, Juan Carlos Goyeneche 35 , Roberto Pincemin y el coronel (R) Juan Francisco Guevara (Scirica, 2010). El objetivo de la Ciudad Católica era difundir la doctrina de la Iglesia y formar dirigentes. Se dedicaba al reclutamiento de oficiales mediante la práctica de implantar “células” en los regimientos (Rouquié, 1982). Los generales de brigada Francisco Imaz, Eduardo Señorans(R) y Eduardo Conesa eran miembros de la Ciudad Católica. Este grupo tuvo amplia influencia durante el Onganiato. Su entrada al gobierno de la Revolución Argentina se debió a los vínculos de Georges Grasset36 con Onganía, quienes se conocieron en unos retiros espirituales en la localidad de Gándara. El amigo que tenían en común era Roberto Petracca, 37 titular de la Cámara de vidrio desde 1962, fue ministro de la cartera de Bienestar Social (1966-1967) y militaba en la Ciudad Católica junto a Roberto Gorostiaga (Selser, 1973:226). El Ministerio del Interior fue ocupado por Enrique Martínez Paz, cursillista proveniente de Córdoba y vocero de la derecha socialcristiana. Martínez Paz era íntimo amigo de Onganía y del general Pascual Pistarini (Lewis, 2001:343). Le ofreció la subsecretaría del ministerio a su primo cordobés José María Saravia, también cursillista. Los generales Alejandro Agustín Lanusse y Juan Carlos Onganía recurrían habitualmente a los retiros espirituales de San Ignacio de Loyola, 34 La Cité Catholique fue fundada en 1946 por Jean Ousset, un católico integrista que se inició en la Acción Francesa como secretario de Charles Maurras. Su órgano de difusión era la revista Verbe (Scirica, 2010). 35 Juan Carlos Goyeneche fue un tradicionalista católico admirador del fascismo, el hispanismo y la España franquista. Durante la guerra civil española perteneció al comité editorial del periódico nacionalista Sol y Luna, publicación dedicada a la propaganda franquista. Durante la segunda guerra peleó con los nazis en el frente ruso incorporado como voluntario en la Brigada Azul española. Fue funcionario de Perón pero se distanció de éste tras el conflicto con la Iglesia. Durante el gobierno de Lonardi fue Secretario de Prensa y Actividades Culturales (Rock, 1993: 195; Lewis, 2001:329-330). 36 George Grasset militó como laico en la Cité Catholique francesa. Posteriormente, ingresó a su congregación y se hizo sacerdote. Grasset estuvo vinculado con grupos carlistas y fue guía espiritual de la Organisation Armée Secret, agrupación armada de ultraderecha que brindaba resistencia armada al gobierno de Charles De Gaulle (en Scirica 2010; Rock 1993). 37 La empresa Petracca Construcciones fue auspiciante de la revista Roma (Mallimaci y Giorgi, 2012:126). 38 conocidos como “los Cursillos”, así como otros compañeros de armas que fueron invitados como el coronel Juan Francisco Guevara.38 El general Francisco Imaz, íntimo amigo de Guevara, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires (1966-1969) y en 1969 ocupó el cargo de Ministro del Interior. Francisco Guevara formó parte de la Ciudad Católica hasta 1962, cuando decidió abocarse a la acción política a través de la fundación de su propio movimiento denominado Fuerza Nueva, que en 1965 pasó a llamarse Movimiento Nacional Comunitario, inspirado en lo planteado por Jaime María de Mahieu en El Estado Comunitario.39 El Movimiento, que se planteó como una alternativa al individualismo y al comunismo, pretendía romper con el sistema de partidos y promovía la redacción de una nueva constitución que incluyera los principios “comunitaristas”. Como miembro de la Ciudad Católica, mantuvo fluidos contactos con las fuerzas armadas y la jerarquía eclesiástica antiliberal y anticomunista. Así conoció a Onganía, quien lo designó embajador en Colombia y luego en Venezuela para evitar conflictos con el sector liberal del Ejército. El alejamiento de la Ciudad Católica no implicó una ruptura con esta organización ya que siguió manteniendo estrechos vínculos con Jean Ousset y Grasset. Sin embargo, en junio de 1966 Grasset rompió relación con Guevara por estar de acuerdo con el golpe de Estado. Guevara formó parte del Grupo de Oficiales Unidos y posteriormente, colaboró junto a Lonardi con el golpe de Estado de 1955 y durante su gestión fue secretario con categoría de ministro entre septiembre y noviembre de 1955. Trabajó en las embajadas argentinas de Egipto, Arabia Saudita, Líbano, Turquía, Jordania, Irak e Irán (1956-1958) (Selser, 1973:232; Scirica, 2010:34).40 Eduardo Señorans fue secretario de la SIDE (1966-1970) y Eduardo Conesa ocupó el cargo de presidente de la Lotería de Beneficencia y Casinos desde 1966 (Kraft, 1968). Es probable que el 38 Véase: entrevista inédita del Dr. Daniel Mazzei al coronel (R) Juan Francisco Guevara en 1992. Agradezco a Daniel Mazzei la cesión de la trascripción de dicha entrevista. 39 Jaime María de Mahieu, sociólogo francés, que participó junto a las potencias del Eje en la Segunda Guerra Mundial, en la división Carlomagno (la única de su país en las fuerzas ítalo-germanas). Se desempeñó como Profesor de la Escuela de Altos Estudios Corporativos, donde lo ubicó Pétain (Primera Plana, Nº 210, 3 de enero de 1967, p. 19-20). Con la llegada de Charles De Gaulle en 1945 debió abandonar su país y se trasladó hacia Argentina. Fue autor de numerosas obras: Evolución del porvenir del sindicalismo (1954); La naturaleza del hombre (1955); El Estado Comunitario (1962 y 1973); La economía comunitaria (1964); etc. 40 En 1976 el ministro Díaz Bessone le ofreció al coronel Guevara la asesoría del Ministerio de Planeamiento, creado el 29 de septiembre por la Ley 21.43. Cabe destacar que Díaz Bessone había sido subalterno de Guevara cuando éste se desempeñaba como oficial, a partir de entonces mantuvieron lazos amistosos. El proyecto de Bessone recogía los rasgos corporativistas que lo acercaron a Guevara. En varios de sus documentos, Guevara planteó su propuesta “comunitarista” como una alternativa posible frente al problema de la subversión y otro rumbo económico. Esto le generó discrepancias con Videla y Martínez de Hoz y en marzo de 1978 renunció al cargo (Véase entrevista inédita del Dr. Daniel Mazzei al coronel (R) Juan Francisco Guevara en 1992). 39 ingreso de estos generales en el gobierno de Onganía se deba a la influencia de Jorge Salimei quien era propietario del Banco de Boulogne y manejaba las financias de la Iglesia. Salimei presidía la corporación agroindustrial Sasetru, en la que Señorans y Conesa ocuparon cargos directivos. Salimei estaba vinculado a la CC e invitó a formar parte de tal organización a Evaristo Piñón Figueiras (vicepresidente del Banco de Boulogne y subsecretario de economía de la Compañía Aseguradora de Sasetru), Francisco Aguilar (secretario de finanzas de Sasetru) y Felipe Tami (presidente del Banco Central). Salimei conoció a Onganía en uno de los cursos de Cultura Católica, era un empresario joven y con una fortuna apreciable, obtenida en operaciones financieras y el comercio de oleaginosas. Formó parte del Instituto de Estudios Económicos y Sociales que dirigía Alsogaray (Lewis, 2001:344; Rouquié, 1982:260). Carlos Caballero había sido el primer candidato para ocupar la cartera del Interior pero rechazó ese cargo por considerar que no lograría un buen desempeño por carecer de contactos suficientes en Buenos Aires. Como compensación a su fidelidad, Onganía lo designó gobernador de Córdoba en septiembre de 1967. Caballero era íntimo amigo de Grasset y del coronel Guevara. En 1965 integró el Movimiento Nacional Comunitario. En su juventud Caballero militó en el Partido Nacional Fascista. En los ´40 abandonó dicho partido y se acercó al tradicionalismo católico. Durante el peronismo se desempeñó como juez en Córdoba (1950-1955) y tras el conflicto de Perón con la Iglesia, Caballero fue desplazado del cargo Lewis 2001; Kraft, 1968).41 El ingeniero y empresario de la construcción Roberto Gorostiaga fue presidente de la Ciudad Católica y director de la revista Verbo (1959-1966) hasta que ingresó al Ministerio de Bienestar Social a cargo de la Secretaría de Estado de Promoción y Asistencia a la Comunidad (SEPAC) (1966-1967).42 Gorostiaga era partidario de la descentralización de la vida social a partir de la reconstrucción de los organismos intermedios, ponderando la organización profesional corporativa según la lógica “comunitarista” (Scirica, 2010:36). Junto a su hermano Pablo Roberto Gorostiaga, dirigió la Empresa Argentina de Cemento Armado S.A de Construcción (E.A.C.A), la cual obtuvo la licitación para la realización del Puente Paysandú-Colón (1970) y el nuevo Puente 41 Caballero fue profesor de derecho constitucional y aeronáutico en la Escuela de Aviación Militar y gracias a sus vínculos con Lonardi obtuvo un cargo docente en economía política y doctrina social en la Universidad Católica. Entre 1966 y 1967 fue presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Córdoba (Lewis 2001; Primera Plana Nº 256, 5 de diciembre de 1967, p. 18; Kraft, 1968). 42 Cuando Gorostiaga renunció a la SEPAC en 1967, participó en la revista Roma. Esta publicación eclesiástica, que trataba temas similares a Verbo, se orientó a la crítica del catolicismo progresista (Scirica, 2010:36). Fue autor de Cogestión, tecnocracia y orden social cristiano (1965); Cristianismo o Revolución: para una restauración cristiana de la patria (1977); La misa, la obediencia y el Concilio Vaticano II (1979); Economía para la Argentina de hoy (1982). 40 Pueyrredón (1969) (Castellani, 2008:8 y 25; Scirica, 2010:49). Paul Lewis (2001) señala que la SEPAC fue concebida por la Ciudad Católica C como la oficina ejecutora de sus proyectos comunitaristas. Tras la crisis del gabinete de diciembre de 1966, aumentó el número de miembros del Ateneo de la República en el gabinete. El Ateneo fue creado en septiembre de 1962 por Mario Amadeo y Máximo Etchecopar. Se caracterizó por su orientación antiliberal, anticomunista y por reivindicar la tradición del nacionalismo hispanista y católico. Varios ateneístas simpatizaban con un orden corporativista.43 Los funcionarios ateneístas, partidarios de las ideas “comunitaristas”, llegaron a controlar buena parte de la cúpula del aparato estatal, principalmente en la Presidencia de la Nación, el Ministerio del Interior, la cancillería, el Ministerio de Bienestar Social y algunas gobernaciones. En el área económica su influencia fue menor. Si bien los ateneístas controlaban la cumbre del aparato estatal, O´Donnell sostuvo que no tenían o no podían tener una política económica propia, por lo que debieron ceder esos espacios a los “técnicos” liberales (O´Donnell, 2009:95). Sin embargo, consideramos que la cartera de economía no era precisamente el área más codiciada para buena parte de los ateneístas, ya que dado su perfiles profesionales y saberes técnicos –además de reivindicarse católicos–, estaban interesados en promover su proyecto “comunitarista” por lo que optaron por áreas como educación, Ministerio del Interior, Bienestar Social y principalmente la SEPAC, en lugar de ocupar la de economía. De todos modos, hubo participación de ateneístas en sectores vinculados a los equipos de economía. Por ejemplo, el vicepresidente del Ateneo de la República, Pedro Eduardo Real (1966) fue presidente del Banco Central. 44 Asimismo, Rafael García Mata ocupó la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería. 45 En la cartera del Interior, el ministro Guillermo Borda (1967-1969), fue el principal impulsor de la “participación comunitaria” y la “comunidad organizada”. Borda provenía de un hogar cercano al radicalismo. Cuando se produjo el golpe de Estado de junio de 1943 Borda militaba en el 43 Entre los temas que les preocupaban a los ateneístas se destacó la estructura del Estado, la ubicación del país en el plano internacional, las relaciones entre la Iglesia y el poder civil, la educación, la organización agraria e industrial, la armonía entre los factores de la empresa, la promoción de la clase trabajadora y el régimen sindical, el planeamiento urbano y la vivienda, las comunicaciones, la situación económica y financiera (Selser 1973:26). Véase http://www.ateneodelarepublica.com/2009/05/historia-del-ateneo.html. 44 Pedro Real fue presidente de la industria Metalúrgica IMAR y de CIMET, director del Banco Sur y de Equipos y Materiales (Kraft, 1968; Selser, 1973:37). 45 García Mata durante el gobierno de Frondizi se desempeñó como subsecretario de la Secretaría de Agricultura y Ganadería correspondiente al Ministerio de Economía (Kraft, 1968). 41 Movimiento Renovador del radicalismo con Ricardo Balbín, Alejandro Leloir, Salvador Cetrá y Francisco Marcos Anglada. Luego se pasó al peronismo junto a Cetrá y Leloir. Trabajó en la Municipalidad de Buenos Aires entre 1946 y 1949 junto a Emilio Siri y en 1949 cubrió la Secretaría de Obras Públicas por un breve tiempo.46 La subsecretaría del Ministerio del Interior estuvo a cargo del terrateniente Ernesto Pueyrredón, quien además fue presidente de Financiera e Industrial del Paraná S.A y de INDO (Industria de Oleaginosas S.A) (Selser, 1973:37). Mario Díaz Colodrero, abogado de profesión, ocupó la Secretaría de Gobierno. Fue dirigente de la Juventud de Acción Católica y discípulo de Mario Amadeo, a quien conoció en los Cursos de Cultura Católica. Se formó en el Instituto de Cultura Hispánica en Madrid. Formó parte del consejo de redacción de la publicación mensual chileno-argentino Cuadernos del Sur, vinculada al Opus Dei (Lewis, 2001). En los ´50 fue uno de los fundadores del grupo Unión liderado por Amadeo, que se formó en torno al Instituto Argentino de Cultura Católica Católico de Cultura, regido por el canónigo Luis María Etcheverry Boneo, quien atrajo a numerosas figuras del socialcristianismo y el nacionalismo. En 1962 militó en el Movimiento Socialcristiano que pasó a formar parte de Unión Federal.47 Por su parte, Enrique Pearson fue el subsecretario de la Secretaría de Estado de Gobierno sucedido en octubre de 1968 por Francisco Manuel Uriburu, quien posteriormente fue reemplazado por Ernesto Olmedo Berrotarán. En la década de 1930, Enrique Pearson participó en la organización de una agrupación estudiantil fascista en la Facultad de Derecho de la UBA. En 1943 fue jefe de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Buenos Aires y en 1947 asesor de la Subsecretaría de Instrucción Pública. Poco después fue letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En 1955 ejerció como titular del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y como abogado en la Dirección General de Relaciones Culturales del mismo ministerio. Posteriormente trabajó en la Dirección General de Asuntos Legales de la Municipalidad de Buenos Aires (Kraft, 1968; Lewis, 2001:347). El abogado Francisco Uriburu, era un ferviente católico identificado con el socialcristianismo. En 1948 ocupó la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Justicia a 46 Guillermo Borda nació en un hogar yrigoyenista. Su padre Julio César Borda fue vicegobernador de Córdoba en 1916 y luego gobernador de 1917 a 1920. Estudió abogacía en la UBA y desde 1957 se desempeñó como profesor titular de Derecho Cívico en la Universidad del Salvador y en la Universidad Católica de Buenos Aires. Fue ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de julio a diciembre de 1966 (Kraft, 1968; Primera Plana, Nº 212, 17 de enero de 1967, pp. 13-14). 47 Durante el gobierno de Frondizi, Díaz Colodrero se desempeñó como abogado del Banco de la Nación, véase: Primera Plana, Nº 230, 23 de mayo de 1967, p. 12; Lewis, 2001. 42 cargo de Belisario Gache Pirán y en 1956 se desempeñó como secretario de la Junta de Recuperación Patrimonial.48 El ingeniero civil Ernesto Olmedo Berrotarán, perteneció a la Unión Federal Demócrata Cristiana (UFDC) de Tucumán liderada por Mario Amadeo. Entre 1956 y 1968 fue asesor técnico del Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y del gabinete de la Secretaría de Industria y minería. En 1958 se desempeñó como asesor económico de la Secretaría de Gobierno (Kraft, 1968).49 Los ateneístas vieron en la cartera de Educación la posibilidad de transformar radicalmente la cultura política argentina. El primero en ocupar la Secretaría de Estado de Educación y Cultura fue Carlos María Gelly y Obes (1966-1967), un ferviente admirador de Franco que intentó eliminar el sistema mixto de las escuelas públicas (Rodríguez, 2011). Posteriormente, la Secretaría de Educación pasó a manos del abogado José Mariano Astigueta (nieto), quien tuvo a su cargo a los ateneístas Alberto Espezel50 y Gastón Terán Etchecopar51, ambos ocuparon la Subsecretaría de Cultura. Mariano Astigueta se graduó como abogado en la Universidad de Buenos Aires en 1945. Inició su carrera como fiscal federal en Mercedes (1949-1952) y tuvo a su cargo el juzgado de esa ciudad. En 1952 renunció al cargo debido a su actuación con motivo de una huelga ferroviaria produjo descontento en el gobierno de Perón, quién decidió trasladarlo a Ushuaia. Durante el gobierno de José María Guido tuvo una breve actuación como ministro Defensa Nacional y meses más tarde asumió el ministerio de Educación y Justicia.52 Laura Rodríguez señala que Astigueta presentó un anteproyecto de Ley Orgánica de Educación que fue aprobado por resolución ministerial en octubre de 1968, la cual buscaba la derogación de la Ley Nacional de Educación 1420 y la conformación de un “nivel intermedio” (Cf. Rodríguez, 2011:17-18). La cancillería fue otra de las carteras que estuvo ocupada por miembros del Ateneo de la República. Allí se destacó la actuación de Nicanor Costa Méndez como Ministro de Relaciones Exteriores y Culto (1966-1969) y Jorge Alberto Mazzinghi como subsecretario (1966 y 1969). 48 Francisco Uriburu ocupó la cartera de Hacienda en la Municipalidad de la Capital Federal, durante la gestión del Arquitecto Alberto Prebisch (1962) véase: Primera Plana, Nº 303, 15 de octubre de 1968. 49 Entre 1961 y 1966 Olmedo Berrotarán fue representante ante la Cámara de Comercio Británica y secretario de la Asociación de conjuntos para la Fabricación del Agro y del Transporte (Kraft, 1968). 50 Espezel se desempeñó como secretario de la Intervención Federal en la Provincia de San Juan y director de inspección de sociedades jurídicas de la Provincia de Buenos Aires (1940) (Kraft, 1968). 51 Terán Etchecopar fue abogado y docente de las Faculta de Ciencias y Económicas, Derecho y Filosofía y Letras de la UBA. A lo largo de su carrera, tomó varios Cursos de Cultura Católica (Kraft, 1968). 52 Entre 1953 y 1966 Mariano Astigueta representó a los institutos educativos privados laicos en el Consejo Gremial de Enseñanza Privada. Entre 1958 y 1962 fue consejero en la Facultad de Derecho de la UBA. Fue presidente del Consejo Nacional de Educación en 1963 y en 1966, véase: La Nación, 26 de julio de 2003. 43 Entre 1943 y 1944 Costa Méndez, fue asesor de Estado de la provincia de San Luis. Su trayecto en la cancillería comenzó a en 1961 como asesor del gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y del gabinete de la Secretaría de Comercio en 1962. Poco después fue designado embajador en Chile (1962-1964). Fue un miembro activo del Opus Dei y presidente del Ateneo. Asimismo, fue representante en Argentina de la editorial Pomaire, vinculada al Opus Dei.53 Por su parte, Jorge Alberto Mazzinghi trabajó como colaborador en la revista del sacerdote Julio Meinvielle, Nuevo Tiempo, era miembro del Opus Dei y del Instituto Argentino de Cultura Hispánica. Publicó diversos artículos en La Nación, Balcón y Cuadernos del Sur. Durante el peronismo se desempeñó como secretario del Instituto de Derecho Civil del Ministerio de Justicia (1948-1954) y secretario de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (1955-1956 y 1962-1963) (Lewis, 2001:348; Kraft, 1982).54 Enrique Pelltzer fue asistente de la Dirección de Política Exterior del Ministerio (Lewis, 2001:348). Héctor Obligado trabajó como vocal de la Dirección Nacional de Migraciones y Máximo Etchecopar se desempeñó como director del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (1966-1969). Al igual que Mario Amadeo, Etchecopar fue colaborador de Presencia y perteneció al grupo Balcón. Publicó una numerosa cantidad de artículos y ensayos sobre política, crítica y estética en revistas como Sol y Luna, Nueva Política, Nuestro Tiempo, Balcón y Quincena. Durante el gobierno de Perón fue embajador en la Santa Sede (1950-1951 y 1955), posteriormente en Suiza (1958-1960), en Perú (1960-1961) y en México (1962-1964) (Kraft, 1968). Mantuvo una amistad entrañable del filósofo José Ortega y Gasset, que se convirtió en su maestro. Participó de los Cursos de Cultura Católica, junto con los escritores Leopoldo Marechal y Francisco Luis Bernárdez –y con los dirigentes nacionalistas Mario Amadeo y Marcelo Sánchez Sorondo.55 Durante el Onganiato, Manuel Malbrán ocupó la embajada de Chile, Mario Amadeo fue embajador argentino en Brasil y Eduardo Roca en la OEA. Basilio Serrano fue delegado ante el 53 En 1982, durante la gestión de Leopoldo Galtieri, Costa Méndez volvió a ocupar la cancillería durante la Guerra de Malvinas, véase: Selser, 1973; Kraft, 1968; Clarín, 31 de marzo de 2002. 54 Mazzinghi, abogado y docente, fue miembro del directorio de Empresa Industrial Alimenticia S.A, Síndico de “Nervina” S.A y asesor letrado de “Richmond” S.A y Ultramar desde 1959. Obtuvo varios premios y distinciones entre los que se destaca la Gran Cruz del Cruceiro do Sul en Brasil, Gran Cruz de Leopoldo II en Bélgica, Gran Cruz del Cóndor de los Andes en Bolivia y Gran Cruz al Mérito Civil en Perú y Paraguay, entre otros. Perteneció a la Corporación de Abogados Católicos entre 1962 y 1966, al Círculo de Armas, al Jockey Club y a Buenos Aires Rowing Club (Kraft, 1982). 55 Máximo Etchecopar fue autor de Con mi generación (1946); Una Revolución en frío (1947); De la democracia política a la democracia social (1958); Esquema de la Argentina (1966); Ortega, nuestro amigo (1969); El fin del nuevo mundo: ensayos sobre la independencia de los pueblos americanos (1979); Visto al llegar (1982), véase: La Nación, 22 de marzo de 2002. 44 GATTy Juan Martín Onetto Gaona embajador en ALALC. Los ateneístas también ocuparon algunas gobernaciones como el general (R) Fernando Alizón García en Tucumán y Héctor D`Andrea en Salta56. Mario Amadeo fue un nacionalista de los ´30 que formó parte del grupo Balcón. Fue colaborador de Presencia. Le brindó su apoyo a Perón pero le criticó su incapacidad por romper con el sistema democrático-liberal. Durante el gobierno de Lonardi fue designado Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de septiembre a noviembre de 1955. Con Frondizi se desempeñó como embajador ante las Naciones Unidas entre 1958 y 1962. Amadeo lideró el grupo Unión que pretendía elaborar un programa, basado en los principios doctrinarios de la Iglesia, que contribuyera con la modernización económica del país y con el movimiento “revolucionario” antiperonista. Luego del complot del 16 de junio de 1955, Unión se convirtió en Unión Federal Demócrata Cristiana (UFDC) presidida por Horacio Storni. Con la deposición de Lonardi, Amadeo aceptó ingresar a la UFDC. Así surgieron dos tendencias, la socialcristiana admiradora de la DC alemana y otra de tinte nacional tradicionalista liderada por Amadeo donde militaba su discípulo Díaz Colodrero. En la convención partidaria Mario Amadeo fue desplazado por Basilio Serrano.57 Por su parte, el ateneísta Eduardo Roca era miembro de una tradicional familia terrateniente. En 1943 fue presidente del Centro Argentino de Estudiante de Derecho. Se desempeñó como inspector de justicia (1945 y 1959) y subsecretario de justicia en el Ministerio de Educación y justicia (1962 a mayo de 1963) (Kraft, 1968).Basilio Serrano fue un militante nacionalista que participó en la Alianza Libertadora Nacionalista (ALN). En 1958 fue candidato a la presidencia de la Nación por la Unión Federal, integrando la fórmula con Juan de Zan como vicepresidente (Kraft, 1968).58 En la cartera de Bienestar Social se sucedieron cuatro ministros Roberto Petracca (junio 1966- enero 1967), Julio E. Álvarez (enero 1967- marzo 1967); Conrado Bauer (abril 1967- junio 1969)59 y Carlos Consigli (junio 1969-junio 1970). El abogado Julio E. Álvarez participó en la fundación del Partido Demócrata Cristiano. En 1963 ocupó la Secretaría de Abastecimiento de la Comuna de Buenos Aires (Kraft, 1968). Cuando asumió como ministro de Bienestar Social tuvo 56 D´Andrea fue general de brigada. Obtuvo el cargo de subsecretario del Ministerio de Ejército (1956). Posteriormente fue embajador en la República Federal Alemana (1958-1959) y en España (1959-1962) (Kraft, 1968). 57 Primera Plana, Nº 230, 23 de mayo de 1967, p. 12-13; Kraft, 1968. 58 Basilio Serrano fue presidente del directorio de “Solian”, Compañía Interamericana de Industrias y Comercio S.A y de Establecimientos Metalúrgicos “Uspallata” (Kraft, 1968). 59 Véase “Reportaje al Ing. Conrado Bauer sobre su nueva gestión y la búsqueda de soluciones”, por Julio Lagos el 24 de marzo de 1968. Archivo disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=ATwIMAGo8FA 45 como objetivo la creación de un Consejo Asesor de Bienestar Social integrado por estudiantes, obreros, empresarios, profesionales, consumidores, amas de casa y jubilados.60 En la SEPAC Roberto Gorostiaga permaneció hasta 1967, luego asumió Raúl Puigbó 61 (1967-1969) y Adolfo Critto asumió como subsecretario. Puigbó fue un militante nacionalista que participó en la Alianza Libertadora Nacionalista (ALN) (Lewis, 2001). Trabajó como columnista de las revistas Qué y Mayoría, director del diario El avisador mercantil (1956-62) y miembro de los directorios de las editoriales Abril y Tiempo Argentino, presidente de la revista cultural Pájaro de fuego Puigbó. Fue politólogo, sociólogo, periodista, docente universitario y escritor. Se doctoró en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional del Litoral y se desempeñó como decano y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Salvador (1958-1973) y luego de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica de La Plata hasta su fallecimiento en 2001. 62 A partir de los ´70 comenzó a trabajar como Especialista Principal de la OEA, en cuestiones asesoramiento técnico ante el gobierno de Colombia y como consultor experto en Desarrollo de Comunidades para la UNESCO (Puigbó, 1966; 1975). Cuando Puigbó se alejó de la SEPAC lo sucedió Pedro J. Martínez Segovia por un breve período, quien fue remplazado por Santiago de Estrada hasta junio de 1970 (Bra, 1985:120). En 1970 la Secretaría de Seguridad Social fue ocupada por Samuel Medrano63 y Santiago de Estrada se desempeñó como subsecretario de Seguridad Social (1967-1970). Su pensamiento se caracterizó por defender el pensamiento social-cristiano, el principio de subsidiariedad del Estado, el fortalecimiento de los cuerpos intermedios y concebir a la propiedad privada como un derecho natural del hombre (Belmartino, 2005:303). 64 Samuel Medrano fue miembro del Opus Dei y colaborador de Atilio Dell´Oro Maini en Criterio. Se desempeñó como secretario de Salud Pública y Abastecimiento de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (1944-1946) y director de la misma Secretaría en 1957 (Lewis, 2001:349; Kraft, 1968). 60 Primera Plana, Nº 250, 10 octubre 1967. Puigbó nació el 30 de junio de 1927 en Presidencia Roque Sáenz Pena, Chaco. A lo largo de su vida publicó varias obras como La Evolución del Sindicalismo Argentino (1973); Historia Social y económica Argentina (1964), La evolución del desarrollo de la comunidad (1973), Formas comunitarias de producción en América Latina (1976), etc. 62 La Nación, 10 de junio de 2002. 63 Medrano, abogado e historiador revisionista, publicó una biografía de Bernardino Rivadavia en la que atacaba a la tradición liberal en Argentina (Kraft, 1968). 64 De Estrada ocupó el mismo cargo durante la última dictadura militar entre 1976 y 1983. En 1984 Alfonsín lo designó embajador ante el Vaticano. Durante la gestión menemista estuvo a cargo del área de Seguridad Social y del PAMI (1989-91). En 1998 fue subsecretario de Desarrollo Social y en ese mismo año se afilió al peronismo. En el 2000 comenzó su etapa como legislador porteño y fue reelecto en el 2003 como vicepresidente primero de la Legislatura porteña, encabezando una de las listas de Mauricio Macri (Clarín, 6 de septiembre de 2006). 61 46 Entre el círculo privilegiado de Onganía se encuentra la Secretaría del Área Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación a cargo de Roberto Roth.65 El coronel (R) Ricardo Gutiérrez Arana se encargaba de disponer de las audiencias extraordinarias del Presidente y de distribuir las invitaciones a las veladas de gala.66 En la Subsecretaria Legal y Técnica Roberto Roth trabajaba junto Diego Muñiz Barreto, Jorge Klappenbach (secretario de Educación) y Gastón Bordelois (Secretario de Estado de Agricultura y Ganadería, 1970).67 Gastón Bordelois estudió en la UBA y se especializó en Economía Agraria y Administración de Empresas Agropecuarias. Fue becario de la UBA en Francia (1968-1969) (Kraft, 1982). Otro de los funcionarios que trabajó junto a Roberto Roth fue Francisco Wuthenau, quien estudió ingeniería mecánica en la Universidad Técnica de Munich en 1960. Cuando regresó a la Argentina trabajó en el grupo Bracht como ingeniero de ventas de la firma Krupp. A partir de 1967 se incorporó a la función pública. Se desempeñó como asesor técnico de la Subsecretaría Legal y técnica de la Presidencia (1967-1970), director Nacional de la Comisión Nacional de estudios Geo-Heliofísicos (1970-1973 y 1976-1978), Investigador Principal del CONICET (1978-1988), director del Centro Regional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Mendoza (1980-1985), miembro del directorio del CONICET (1980-1981), Rector fundador de la Universidad de San Andrés (1988-2000), director del Programa de Dirigencia Empresarial de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) desde 2003 e integrante de la Junta de gobierno de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino desde 2004.68 Mariano Castex se incorporó a la Subsecretaría Legal y Técnica a fines de 1966. Castex pertenecía a la orden de la Compañía de Jesús, fue confesor de Onganía y asesor científico de la Secretaría de Gobierno. Estudió medicina y Filosofía en la UBA. Se desempeñó como profesor y director del Departamento de Ciencias del Instituto de la Inmaculada Concepción de Santa Fe. Trabajó como profesor de biología comparada en conexión con la filosofía y la teología y director del Centro de Investigación Biológica del Observatorio de Física Cósmica de la Facultad de San Miguel. Investigador del Instituto Nacional de Limnología y del Museo de Ciencias Naturales de Santa Fe (Kraft, 1968).69 65 Roberto Roth estudió abogacía en la UBA. Fue asesor del Ministerio de Hacienda, de la Presidencia del Banco Hipotecario Nacional y autor del libro Los años de Onganía (1980) (Kraft, 1982). 66 Primera Plana, Nº 269, 20 de febrero de 1968. 67 La Nación, 17 de octubre de 1999. 68 Información extraída del sitio web: https://sites.google.com/a/convocacion.org.ar/candidatos-comite-directivo/francisco-von-wuthenau. 69 Castex fue autor de La relación médico-enfermo; El Escorial de Onganía (1981) entre otros (Kraft, 1968). 47 El general de brigada (R) Héctor Repetto se desempeñó como Secretario de la Presidencia. Repetto fue miembro del directorio de SOMISA (1962-1963), de la Delegación Argentina a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y vicepresidente primero del Círculo Militar (Kraft, 1968). Federico Frischknecht estuvo a cargo de la Secretaría de Prensa y Turismo. Frischknecht se desempeñó como docente y decano de la facultad de Ciencias Económica de la UBA (1966-1967). Fue miembro de la División de Producción del Instituto para el Desarrollo de Ejecutivos, revisor de cuentas de la Cámara de Comercio Suiza desde 1962, asesor de SIAM Di Tella Automotores y dirigió la Revista Esquema para Ejecutivos.70 Tensiones entre nacionalistas y liberales por el control estatal La selección de funcionarios que hizo Onganía para que integraran el primer gabinete no fue bien recibida por el sector liberal del Ejército, principalmente Alsogaray y Lanusse, ni mucho menos por los representantes de la UIA, SRA, CGE y ACIEL.71 La designación del Dr. Jorge Salimei en la cartera de economía fue la que causó mayores tensiones. Como Salimei formaba parte del Instituto de Estudios Económicos y Sociales, en un principio los “alsogaraístas” y las corporaciones empresariales simpatizaron con su nominación. De todos modos, su designación resultó una sorpresa para los liberales que esperaban que el ingeniero Álvaro Alsogaray fuera el ocupante de esa cartera. Según el testimonio de Roberto Roth, Onganía se sirvió de la experiencia de Frondizi quien tuvo que cargar con la consecuencia política del fracaso del equipo económico, cuando designó al Ing. Alsogaray como Ministro de Economía (1960-1961 y 1962) y Trabajo (1959-1960): “Frondizi quedó prisionero de su Ministro”. Por esa razón, Onganía optó por designar a Salimei, un hombre poco conocido en ese ámbito público (Roth, 1980:48-50). Sin embargo, Salimei aplicó un conjunto de políticas “estatistas” que no fueron las esperadas por las corporaciones empresariales. Profundizó el control del Estado en el ámbito económico y propuso una leve distribución del ingreso para alcanzar la armonía social e incorporar a los trabajadores a la “comunidad nacional”. Rápidamente los empresarios rechazaron estas medidas y presionaron a Onganía para un cambio de gabinete. 70 Federico Frischknecht fue Dr. en Ciencias Económicas y Contador Público (1953) egresado de la UBA, escribió Administración de Empresas y otras Organizaciones (1964) , La gerencia y la empresa (1966) en otras (Kraft, 1968). 71 Primera Plana, Nº 183, “El primer equipo”, 30 de junio de 1966. 48 La crisis del gabinete en diciembre de 1966 significó el reemplazo del ministro del Interior Martínez Paz por Guillermo Borda y el de Salimei por Krieger Vasena, economista de orientación liberal vinculado al capital extranjero. Esto fue visto como el triunfo de los liberales: “lo pedían la banca y el comercio, la industria y el campo, los libreempresistas y nacionalistas” (Roth, 1980:131). El nombramiento de Krieger Vasena en la cartera de Economía fue aceptada por el Ejército y la Marina. La Marina, que no simpatizaba con el nuevo gobierno, mostró un fuerte descontento frente a la designación de Borda en la cartera del Interior por su pasado peronista. Al sector liberal del Ejército tampoco le cayó bien la llegada de Borda ya que consideraban “peligrosa” sus simpatías por la “participación comunitaria” y la sociedad organizada.72 A diferencia de la Marina, el Ejército veía como positivo para la “Revolución” que participara un funcionario con antecedentes peronistas como Borda, ya que eso mostraba la intencionalidad de apertura política. Para el sector nacionalista del Ejército los nuevos nombramientos significaron el estancamiento de la revolución. En cambio, al sector liberal le despertó esperanzas acerca del nuevo rumbo que pudiera tomar la “Revolución”.73 En síntesis, a los seis meses de haberse proclamado el golpe de estado, la crisis del gabinete puso de manifiesto las diferentes concepciones que existían dentro de las Fuerzas Armadas acerca de lo que debería ser la “Revolución Argentina”. La cuestión de la modernización económica y la defensa nacional fue un tema de encuentros y disputas al interior de las Fuerzas Armadas. La versión liberal de la “Revolución” insistía en la modernización del aparato productivo, ponderando la primacía de la economía sobre la política. La consigna de la “modernización” requería combatir la inflación, domesticar los sindicatos y “corregir” la indisciplina de la clase obrera, considerada el factor principal del estancamiento económico. Para ello se congelaron los salarios, se prohibió el accionar político de las organizaciones sindicales y se reprimieron las huelgas, etc. Según Álvaro Alsogaray la acción gubernamental de la “Revolución Argentina” debía limitarse a la lucha contra la inflación.74 72 Primera Plana, Nº 210, 3 de enero de 1967, pp. 12-19. Los liberales, tanto civiles como militares criticaron la reforma del equipo de gobernadores elaborada por Borda, por considerarla insuficiente ya que contemplaba la permanencia de personalidades políticamente negativas para la “Revolución”: sólo 6 de los 23 gobernadores fueron desplazados. En Corrientes Gustavo Revidatti fue reemplazado por el brigadier Hugo Garay Sánchez; en Jujuy el general Héctor Puente Pistarini fue reemplazado por Darío Arias; La Pampa: contraalmirante Helvio Guozden en lugar del capitán de navío Carlos A. González; La Rioja: Guillermo Iribarren en lugar del comodoro Julio C. Krausse; San Luis: coronel Matías Laborda Ibarra por Luis Garzo; Chaco: coronel Miguel A. Basail por general Rafael Torrado (Primera Plana, Nº 212, 17 de enero de 1967, p. 15). 74 Discurso pronunciado por el Ing. Álvaro Alsogaray en un acto en su honor en Washington (La Nación, 7 de septiembre de 1966). 73 49 Mientras los liberales preconizaban la libertad sindical y la atomización de los sindicatos, los corporativistas ponderaban un sindicalismo unificado y subordinado al aparato estatal. Se trataba de “controlar” no sólo al sector popular sino a toda la sociedad (O´Donnell, 2009:95). En cuanto a los salarios, los corporativistas eran partidarios de defender un nivel de salario “razonable”, algún tipo de “distribución” de la riqueza y cierto “bienestar social” que permitiera integrar a los trabajadores a la comunidad nacional. Los liberales eran partidarios de una política exterior estrechamente vinculada a los EEUU y a los organismos internacionales de crédito y abogaban por la apertura y liberalización económica, por lo que defendieron un modelo de integración regional apostando a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). Si bien los liberales no eran antiestatistas, sostuvieron que para superar el estancamiento económico, la “Revolución” debería favorecer el rol subsidiario del Estado ante la actividad privada, incentivar la participación del capital extranjero y adoptar medidas anti-inflacionarias de ajuste y estabilidad macroeconómica. “Al Estado le corresponde actuar supletoriamente, para promover activamente el logro de objetivos superiores de la comunidad en la esfera que le es propia, y siempre que así lo exijan razones de seguridad nacional.”75 En ese aspecto confluían los intereses de las grandes corporaciones empresariales y el sector liberal del ejército, cuyos principales voceros los generales Julio Alsogaray y Lanusse. Según Lewis (2001:351) las diferencias personales entre Lanusse y Alsogaray dificultaron la consolidación de la derecha liberal. Los liberales, tenían cierta confianza en la democracia liberal, por lo que la “Revolución Argentina” era vista como un momento de “pausa” que duraría hasta tanto se consiguiera la normalización social y el ordenamiento económico. A este sector le preocupaba que la “Revolución” se desviara de su camino y que bajo la consigna de fomentar la “participación” evolucionara bajo la forma de un Estado corporativista. Este temor se alimentaba de las declaraciones públicas de algunos funcionaros como Martínez Paz, Díaz Colodrero, Guillermo Borda, Raúl Puigbó, etc. conocidos como los “participacionistas”, “corporativistas” o “comunitaristas”. En una conferencia en la Universidad Wesleyana de Dakota del Norte, el embajador Álvaro Alsogaray realizó la una declaración que desató bastante polémica en el gobierno militar: 75 Políticas del Gobierno Nacional. Cursos de acción generales conducentes al logro de los objetivos políticos fijados en el Anexo III del Acta de la Revolución Argentina (Boletín Oficial, Nº 20.972, 29 de junio de 1966). 50 “No se puede dudar de que es una pausa y no un régimen permanente. El rumbo hacia la democracia representativa está trazado, y nadie con autoridad suficiente piensa siquiera en la posibilidad de apartarse de él. (…) Hasta dónde es así lo demuestra el hecho de que estas ambiciones figuran no sólo en los documentos básicos del golpe de Estado, sino en las directivas firmadas por Onganía, el 13 de julio y el 4 de agosto de 1966. También el pueblo secunda tales ambiciones, pues el pueblo, por ejemplo, no le presta oídos a los comunistas, socialistas declarados o demás miembros de la gran familia colectivista. (…) La mayor dificultad proviene de otros grupos, de naturaleza híbrida, que mezclan métodos económicos y sociales derivados de doctrinas opuestas y, por lo tanto, inconciliables entre sí, lo cual en definitiva conduce a la inflación y al desorden. Dichos grupos no vacilan en formular promesas demagógicas que no se cumplen y en intentar aventuras irresponsables que fracasan, con lo cual terminan por quebrar la fe y la paciencia del público”.76 Resulta evidente, que la declaración no sólo iba dirigida contra el frondizismo y el peronismo, sino también contra el Secretario de Gobierno, Mario Díaz Colodrero, quien según Alsogaray era el fiel representante de la tendencia corporativista y tenía “peligrosas” concepciones acerca de la “participación”. Las críticas de Alsogaray eran respaldadas por organizaciones empresariales como la UIA, ACIEL, la Bolsa de Comercio y el Instituto de Economía Social de Mercado que criticaron duramente al gobierno por sus ataques al liberalismo, el fomento de la “consejocracia” y el “comunitarismo” (Laguado Duca, 2011). Los liberales temían que la “Revolución” derivara en un “orden corporativista que asociara a las cámaras empresarias, los sindicatos, las comunas y las instituciones de fomento” (Altamirano, 2001:84). Lo cierto es que tras los intentos de Julio Alsogaray de boicotear y desestabilizar al gobierno para evitar que la “Revolución” derivara en un orden corporativista, Onganía lo relevó del cargo y lo reemplazó por Alejandro Lanusse como Comandante en Jefe del Ejército.77 Ahora bien, ¿eran fundados los “miedos” de los liberales, acera de que los nacional-corporativistas tenían en marcha un supuesto “plan” para implementar alguna forma de 76 Primera Plana, Nº 252, 24 de octubre de 1967, p. 14. En la misma universidad antes de la exposición de Alsogaray, Radomiro Tomic, candidato presidencial de la Democracia Cristiana chilena para las elecciones de 1970, expuso sobre la experiencia de “Revolución en Libertad” en el gobierno de Eduardo Frei. 77 Onganía también relevó a al almirante Benigno Varela, reemplazado por el vicealmirante Pedro Gnavi Alberto José y en la Fuerza Aérea, el brigadier general Teodoro Álvarez fue reemplazado por el brigadier mayor Jorge Miguel Zuviría (Primera Plana, Nº 296, 27 de agosto de 1968, p. 13-14). 51 régimen político corporativista? Según Puigbó la “misión transformadora” que impuso como objetivo la Revolución Argentina consistía en modernizar la estructura del país mediante “la participación directa” de los ciudadanos en los trabajos públicos.78 Los nacional–corporativistas despreciaban a la tradicional democracia liberal y el sistema de partidos y promulgaban su reemplazo por una “nueva política” basada en los representantes de la comunidad y el fortalecimiento de los cuerpos intermedios. Consideraban que la “verdadera participación social” era la que se expresaba en “los consejos y comisiones integrados por ‘las organizaciones básicas de la comunidad’. Según Onganía los partidos eran “formas vacías de contenido” que deberían ser reemplazados por otras organizaciones igualmente políticas: “ha sido la primera preocupación del gobierno de la Revolución echar las bases de una sana comunidad. Para que esta democracia sea auténtica, el país tiene que revitalizar la comunidad. No lo será mientras no sean representativos sus órganos básicos” 79 . El ministro del Interior, Martínez Paz fue partidario de una “nueva política”, basada en la representación de los cuerpos intermedios como las ligas de padres, las sociedades de fomento y las cooperativas. Martínez Paz señaló que la fortaleza del Estado dependía del desarrollo de los grupos “naturales” y que la participación de la comunidad dentro del proceso revolucionario debía concretarse a través de los organismos básicos, por lo que les encomendó a los gobernadores incluir en sus elencos a los líderes “naturales” de la comunidad (Gomes, 2011a: 285-286).80 Por su parte, funcionarios como Gorostiaga y Puigbó apostaron a la “participación” como forma de fortalecimiento de las estructuras comunitarias basadas en las relaciones solidarias en beneficio del bien común. También preconizaron la descentralización del poder estatal, ligada al principio de subsidiariedad, según lo indicaba la Doctrina Social de la Iglesia a través de las encíclicas Rerum Novarum, Quadragesimo Anno y Mater et Magistra. Corporativistas y liberales diferían respecto del modelo político a implantar después de completar la etapa de ordenamiento político-institucional. Para los liberales, había que volver al sistema político liberal, mientras que los corporativistas pensaban en que los partidos no representaban los intereses de la sociedad y había que remplazarlo por otras formas de representación. En ese sentido, a los liberales les bastaba con “alcanzar” el sufragio universal mediante elecciones, mientras que los corporativistas preconizaban por una “democracia 78 Primera Plana, Nº 250, 10 octubre de 1967, p. 14. La Nación, 3 de diciembre de 1966. 80 Discurso pronunciado por el Ministro del Interior Martínez Paz, La Nación, 8 de septiembre de 1966 (cursiva nuestra). 79 52 representativa y participativa” que contemplara la “participación” de todos los sectores económicos y sociales en los poderes del Estado. Respecto al comunismo, existieron diferencias sustanciales en cuanto a qué método era el apropiado para su erradicación. Corporativistas como Martínez Paz y liberales como los hermanos Alsogaray, eran partidarios de una represión dura ante la formación de focos subversivos. Concebían a la subversión como un problema externo de “exportación ideológica del castrismo”. En cambio, para Osiris Villegas81 y Juan Enrique Guglialmelli82, la represión no alcanzaba para eliminar el comunismo y lograr la seguridad interna. Ambos sostenían que los conceptos de “desarrollo y seguridad” eran interdependientes y debían formar parte de una misma política nacional. Según Guglialmelli la derrota de la subversión se daría mediante el desarrollo “integral” y una política de distribución de la riqueza, creando las bases para un crecimiento más acelerado. Por su parte, Osiris Villegas decía: “no puede haber seguridad sin desarrollo ni desarrollo sin seguridad” (Villegas, 1969). En tal sentido, las políticas económicas deberían estar orientadas a la transición de Argentina como país agrícola-ganadero dependiente hacia uno industrializado e independiente, esa tarea requería dotar al país de una infraestructura eficiente y desarrollar las industrias básicas y el conocimiento científico-tecnológico. Ambos generales ejercieron especial influencia en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 1970-1974,83 donde la cuestión social y la seguridad interna fueron concebidas como precondición para el desarrollo económico, que contemplaba una mayor participación de los asalariados en el ingreso nacional. Otro punto que alimentó el clima de tensiones fue la reducción de los gastos militares en beneficio de la promoción industrial, principalmente la metalurgia pesada. Al respecto Onganía argumentaba: 81 Osiris Villegas, oficial de Caballería del bando azul (General de División), fue miembro de la Misión Militar Argentina en el Paraguay entre 1955 y 1956. Se desempeñó como subdirector del Colegio Militar de la Nación (1957-1958). Fue Jefe del Comando de la IV División de Infantería (1962-1963); subjefe de Operaciones del Comando en Jefe del Ejército (1963-64); Comandante del V Cuerpo del Ejército “Teniente General Julio A. Roca” en Bahía Blanca (1965-1966). Entre abril y junio de 1962 fue interventor federal interino en Neuquén. Durante la gestión de Guido, Onganía lo designó Ministro del Interior y durante el Onganiato se desempeñó como secretario general del CONASE. A partir de su obra Guerra Revolucionaria comunista (1960), por la que recibió el primer premio de la Comisión de Cultura del Círculo Militar Argentino, fue conocido como el “ideólogo” del anticomunismo en las Fuerzas Armadas. Redactó el célebre discurso pronunciado por Onganía en 1965 ante la conferencia de ejércitos de West Point en Nueva York (Kraft, 1968; Clarín, 17 de mayo de 1998). 82 Juan Enrique Guglialmelli, General de Brigada. Se desempeñó como secretario de Enlace y Coordinación de la Presidencia de la Nación en el gobierno de Frondizi (1958-1959). Formó parte de la Delegación Argentina ante la Junta Interamericana de Defensa, con sede en Washington (1959-1961). En 1963 fue Comandante de la VI División de Infantería de Montaña y director de la Escuela Superior de Guerra en 1964. Durante el gobierno de Levingston fue secretario del CONADE y director de la revista militar Estrategia (Kraft, 1968). 83 Este plan fue aprobado por la Ley Nº 19.039, el 14 de mayo de 1971. 53 “La necesidad de reequipamiento y las restantes necesidades económicas de las Fuerzas Armadas han sido postergadas con vocación patriótica, pero no podrán ser demoradas durante mucho tiempo más sin caer por debajo de los límites mínimos de la eficiencia. La edad promedio de nuestro equipo naval, militar y aéreo se cuenta hoy por décadas y no por años; pero el esfuerzo de las Fuerzas Armadas no ha de ser menor que el esfuerzo del país entero.”84 Esto desencadenó una serie de críticas entre las distintas Fuerzas. Por ejemplo, el almirante Benigno Varela, Comandante de Operaciones Navales, atacó a la política económica por favorecer al capital extranjero e impedir el surgimiento de la industria naval argentina: “no existe en el presente la necesaria coherencia entre el desarrollo económico de la Nación y su consecuente seguridad, en un aspecto tan objetivo y evidente como lo es la realidad actual de sus intereses marítimos.85 La crítica se orientó a la situación de precariedad de dicha fuerza, que no contaba con un equipamiento naval que pudiera garantizar y resguardar los intereses marítimos nacionales.86 Reflexiones finales A lo largo de este trabajo creemos haber demostrado la importante participación civil durante el gobierno de Onganía, así como las conexiones que se establecieron entre una pluralidad de individuos y redes católicas, que resultaron determinantes para acceder las carteras ministeriales, secretarías y gobernaciones. Hemos puesto especial atención en la reconstrucción de las trayectorias de los funcionarios que denominamos nacional-corporativistas, su pertenencia a diferentes grupos católicos. Esto nos permitió dar cuenta de la composición de buena parte del equipo gubernamental del Onganiato. Asimismo, mencionamos las principales tensiones que sus ideas en torno a la participación y simpatías por el fortalecimiento de los cuerpos intermedios generaron entre las “familias liberales” que fueron parte de la “Revolución”. En este trabajo, por razones de espacio no hemos podido dar cuenta de cómo el ideario de los nacional-corporativistas 84 La Nación, 7 de julio de 1967. Primera Plana Nº 230, 23 de mayo de 1967 p. 14. 86 Discurso pronunciado por el Almirante Benigno J. Varela el 17 de mayo de 1968, en conmemoración del Día de la Armada. 85 54 se expresó en políticas públicas concretas, cuestión que fue abordada en otros trabajos bajo la autoría de quien escribe (Cf. Gomes, 2011a; 2012; 2013). Las trayectorias políticas abordadas muestran que buena parte de los funcionarios ministeriales del Onganiato como habían ocupado cargos públicos durante el peronismo, hasta que éste tuvo el conflicto con la Iglesia Católica, algunos mantuvieron una destacada participación durante el gobierno de Eduardo Lonardi e incluso con Arturo Frondizi. Cabe señalar que los nacional–corporativistas vieron en la figura de Onganía la posibilidad de concretar sus aspiraciones políticas. Sus ideas corporativistas, presentadas bajo la forma de “comunitarismo”, recuperaron protagonismo bajo el Onganiato ofreciendo una alternativa frente a la democracia liberal. En ese sentido, la nueva concepción de la “participación social” fue presentada como un instrumento que a futuro fortalecería la “verdadera” democracia, que se sustentaría en las “fuerzas vivas”, los gremios y las “células intermedias” y no en los partidos políticos. Pese a que varios corporativistas rechazaban el liberalismo en el ámbito político, no condenaron al liberalismo en lo económico. Asimismo, la descentralización de las funciones del Estado, fue preconizada tanto por los liberales como por los nacional–corporativistas. Estos últimos entendieron que la descentralización era una condición necesaria para la implementación de su proyecto “comunitarista” en los niveles regional, provincial y municipal. Finalmente, las tensiones al interior de las cúpulas castrenses dominaran la escena política, puesto que cada sector no sólo trató de imponer “su” proyecto, sino que también tuvo la capacidad de vetar los proyectos de sus adversarios. El Estado permaneció “capturado” por las pujas sectoriales entre liberales y nacionalistas de distinto tinte e impidió que se concretaran los pretenciosos objetivos de la autodenominada Revolución Argentina. Bibliografía Altamirano, Carlos (2001). Bajo el signo de las masas (1943-1973). Buenos Aires, Ariel. 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Inscripta en esta óptica, el propósito de esta contribución es recuperar la trayectoria castrense, política e ideológica de Juan Francisco Guevara –en adelante JFG– (1922-2009). Este militar nacionalista católico participó en el golpe de Estado de 1955 y tras la caída del gobierno presidido por el general Eduardo Lonardi –con quien colaboró– se fue del país. Así, obró como agregado militar en Egipto y otros países árabes, pero retornó a la Argentina tras la asunción presidencial de Arturo Frondizi. A partir de entonces fue profesor en la Escuela Superior de Guerra, ayudante militar del Ministerio de Defensa y desempeñó diversas funciones en el Estado Mayor General del Ejército. En paralelo, integró la primera célula de la “Ciudad Católica”, un núcleo de laicos intransigentes y contrarrevolucionarios de origen francés orientado a la formación de cuadros y a la difusión de la doctrina de Guerra Revolucionaria. Sin embargo, al amparo de la creciente autonomía militar respecto de la autoridad presidencial y del estado deliberativo que fue expandiéndose en el interior de las Fuerzas Armadas (FF.AA), Guevara profirió declaraciones críticas respecto de la situación imperante, lo que culminó con su pase a retiro en 1962. A partir de entonces se concentró en la promoción de su apuesta política comunitarista y durante el Onganiato fue embajador en Colombia y Venezuela sin por ello desentenderse de las disyuntivas acaecidas en la Argentina. A fines de 1969 protagonizó una nueva controversia pública que derivó en su enfrentamiento abierto con el general Alejandro A. Lanusse y su baja del Ejército, en 1970. El desempeño de JFG en el terreno castrense, su recorrido por distintos espacios políticos e 58 institucionales, sus proclamas públicas y sus propuestas vertidas por escrito no sólo ameritan la visibilización de su figura sino que aportan elementos para reflexionar sobre la articulación de las ideas con una praxis política concreta en un escenario complejo y cambiante, a la vez que permite enriquecer el análisis de los idearios nacionalistas católicos en el período en estudio. A partir de estas consideraciones, en la primera parte de este trabajo retomaremos sus espacios formativos y su trayectoria hasta el golpe de Estado de 1955. A continuación haremos un breve rastreo del contexto nacional e internacional en el que se produjo su viaje como agregado militar al Cercano Oriente tras la caída del gobierno de Lonardi y su retorno al país luego del triunfo electoral de Arturo Frondizi, en 1958. A partir de ello, abordaremos su trayectoria en el espacio castrense en coincidencia con el activo involucramiento de las FF.AA en la vida política. Asimismo, nos remitiremos a las apuestas políticas en las que se involucró en forma articulada con sus convicciones nacionalistas católicas y los ámbitos a través de las cuales pretendió propalarlas hasta el golpe de Estado de 1966. Finalmente, cerraremos el trabajo con una mención a su despliegue durante el gobierno militar del general Juan Carlos Onganía y su posterior baja de las FF.AA, en 1970. Para este abordaje, nos valdremos principalmente de su obra “Argentina y su sombra” publicada en octubre de 1970 y reeditada tres años después. Al mismo tiempo, retomaremos aportes procedentes de diversas notas periodísticas y textos impresos contemporáneos al estudio e información brindada en una entrevista. Primeros pasos… Juan Francisco Guevara (JFG) nació en Mendoza en 1922, en el seno de una familia tradicional de larga raigambre provinciana.87 Guevara refiere a su padre como un “agricultor, ganadero, industrial, educador, abogado, pionero del sur mendocino, visionario y político” […que] “dedicó su vida entera al bien común (…) descubrió la verdad del pasado argentino buceando, casi sólo en el mar de las confusiones de la historia oficial (…) transmitió a sus hijos el amor a la vieja tierra y a los próceres vencidos” y desempeñó “las más variadas 87 Sus antecedentes se remontan al período colonial. Eduardo Saguier ubica a esta familia como integrante de las elites políticas mendocinas; la página web oficial de Maipú, Mendoza, refiere a esta “caracterizada familia”. Ver http://genealogiafamiliar.net/getperson.php?personID=I65808&tree=BVCZ; http://www.er-saguier.org/obras/gta/Tomo-III/U-Fuentes/Elites%20Politicas/LIS-XVII-MZA.pdf y http://www.maipu.gov.ar/intendencia/institucional/lugares.htm#casaguevara (vistos el 25/08/2014). 59 funciones públicas durante medio siglo […con] un claro sentido nacional y por ello un acendrado amor al Ejército” (Guevara, 1973:44). Tras estas menciones, en las que subyace una reivindicación del terruño provinciano con un halo histórico revisionista, JFG atribuye su vocación militar a las enseñanzas impartidas en el hogar paterno. Cursó sus estudios en el colegio católico San José, de los hermanos maristas. Su formación profesional y doctrinaria continuó luego en el Colegio Militar, de donde egresó en 1942 como subteniente de artillería (La Nación, 25/08/2009). Esos ámbitos de formación y sociabilidad, así como las experiencias y valores primigenios inculcados en su ambiente familiar, contribuyeron a su construcción de una mirada jerárquica de la sociedad y crítica del derrotero de la Argentina liberal. De hecho, su período formativo coincidió con el resquebrajamiento de dicho ideario y el despliegue de organizaciones nacionalistas88 a la par de la crisis económica internacional y sus negativas sobre el viejo modelo agroexportador, así como con el colapso de regímenes constitucionales liberales y el influjo de propuestas alternativas de cariz antiliberal, antisocialista, anticomunista, xenófobas y autoritarias. En la Argentina, la crítica espiritualista a los dogmas positivistas de la clase dirigente fue acompañada por el creciente influjo de un catolicismo integral, restaurador e intransigente (Mallimaci, 1988) que redobló su impulso para expandirse en el espacio social en general y en la institución castrense en particular (Zanatta, 1996). Según Loris Zanatta, en este período la institución eclesiástica, desde las vicarías castrenses, tuvo un protagonismo central en la construcción del “mito de la nación católica” fundado en la superposición entre catolicismo y nacionalidad. De este modo, el credo en la “esencia católica” de la Argentina fue acompañado por el llamado al Ejército –en tanto custodio de la catolicidad– a reorganizar el Estado y la sociedad de acuerdo con los principios cristianos (Zanatta, 1996). Pero esa labor, intensa y sistemática, no fue la única –como indicaremos luego– que contribuyó a la difusión de ese ideario. En reflexiones posteriores vertidas en su principal obra escrita, Argentina y su sombra, donde JFG analizaba los motivos de disgregación del país y planteaba –en función de ello– rutas de 88 Ello no implica desconocer las tensiones y fracturas previas del ideario liberal y su proyecto de nación. Si bien la búsqueda de definición de lo nacional se remonta al siglo XIX, fue en torno a la conmemoración del Centenario que los escritores partícipes de ese ideario elaboraron esquemas identitarios realzando el pasado criollo, gauchesco y campero en contraposición con un “otro”, ya fuera los “indios”, excluidos in totum del proyecto de nación, o fundamentalmente los inmigrantes, cuya presencia fue vista como amenazadora para la cohesión social. Este recelo, junto con el progresivo malestar hacia el influjo de las masas en la vida política, atizado por la conflictividad social y el eco de la Revolución Rusa, contribuyó a la constitución de una fuerza política “nacionalista” (en un sentido restringido del término, asociado genéricamente a valores autoritarios, antiliberales y antiizquierdistas) que, si bien adquirió consistencia tras 1910 y sobre todo durante los gobiernos de Hipólito Yrigoyen, se constituyó en un movimiento militante de peso en la década de 1930. Dos visiones respecto de esta problemática, Devoto (2006) y Rock (1993). 60 acción, Guevara destacaba como componente inicial de desunión el centralismo porteño y la defensa de los intereses mercantiles portuarios en detrimento del respeto por los fueros y las particularidades provincianas. En forma articulada, cuestionaba la orientación hacia Europa más que hacia el espacio del antiguo Virreinato, mientras realzaba a los viejos caudillos federales como los verdaderos intérpretes y defensores de la voluntad de los pueblos y del sentido de la Nación. Sin embargo, tras los factores históricos que, desde su perspectiva, habían violentado la realidad rioplatense y originado la desunión nacional, ponderaba elementos filosóficos concernientes al orden social. En concreto, cuestionaba la “conmoción de orden espiritual y filosófica” (Guevara, 1973: 29) sufrida por Europa desde el siglo XV –en consonancia con la Reforma protestante– que derivó en la ruptura de la unidad europea, agravada luego por el influjo del racionalismo, el Iluminismo y la Revolución Francesa. Su impacto en nuestro país se habría expresado en la existencia de las dos corrientes opuestas que se enfrentaron desde las vísperas de la Independencia y a la postre tomaron cuerpo en la división entre unitarios y federales. Los segundos habrían sido portadores de una concepción tradicional “que procura lograr la autonomía de estos pueblos salvando al mismo tiempo el orden jerárquico y todavía teocéntrico de la civilización cristiano-europea a la que pertenecíamos (…) el brigadier general Juan Facundo Quiroga trae desde los llanos en su bandera el lema de ‘religión o muerte’; esta era una consigna, una ‘idea fuerza’, sentida y vivida con tanta convicción como sus opositores sentían y vivían los de ‘libertad, igualdad, fraternidad’ que exportó Francia a partir de 1789. Tampoco debe extrañarnos, pues, la típica postura laicista de la mayoría de los liberales unitarios (…)” (Guevara, 1973:29-30). El horizonte analítico de Guevara, se hallaba imbuido en las perspectivas contrarrevolucionarias de origen europeo y del pensamiento católico integralista e intransigente 89 , adosado con elementos propios del tradicionalismo e hispanismo que, con diversas lecturas, 89 El pensamiento contrarrevolucionario surgió como reacción al iluminismo y a la Revolución Francesa e implicó un firme rechazo a la tesis de la soberanía popular –a la que contrapuso la soberanía divina–, a los derechos del ciudadano –a los que se contrapuso el deber de obediencia del súbdito– y, en definitiva, una firme oposición al liberalismo político así como también a los pilares sobre los que se funda la sociedad democrática moderna y el establecimiento de iguales garantías constitucionales para los habitantes. La sistematización pionera de estas visiones fue obra de escritores franceses, como Joseph de Maistre y Louis de Bonald, quienes defendieron la primacía de lazos jerárquicos sostenidos en una particular matriz católica. Por su parte, el catolicismo integralista se caracteriza por su negativa a recluirse al ámbito de lo privado y por aferrarse a una unidad dogmática que pretende ser aplicada a todas las esferas y necesidades humanas y sociales. El cariz intransigente de este modelo se basó en su negativa a cualquier tipo de conciliación con el mundo moderno –tal como quedó asentado en la Syllabus (1864), de Pío IX, y en la encíclica Pascendi (1907), de Pío X– y con la secularización de la sociedad (Mallimaci, 1988). 61 primaba en distintos grupos nacionalistas argentinos en la década de 1930 que apelaban al Ejército como baluarte guardián de la nación.90 Situado dentro de ese amplio encuadre, JFG ensalzaba el pasado hispano católico previo a la llegada de los Borbones y reivindicaba el federalismo como un modo de gobierno descentralizado, sostenido en el reconocimiento de los cuerpos intermedios, de las jerarquías y de los valores morales y religiosos tradicionales, los que habrían sido menoscabados o destruidos por el liberalismo. Al respecto, reconocía el influjo que habían ejercido los pensadores nacionalistas en su análisis de la realidad y en su definición política: “La acción esclarecedora de numerosos civiles alcanzó también a producir impactos en las ideas de muchos de nosotros, me refiero a la nueva oficialidad de la década del 40. Así el nacionalismo de origen conservador, así el gran Lugones cuando clamaba por la ‘hora de la espada’, así FORJA […] así otros luchadores de pluma (…) como Leonardo Castellani” (Guevara, 1973: 45-46). A su vez, el mismo JFG destacaba la importancia de las publicaciones periódicas del período, tales como El Pampero, Cabildo y Tribuna que “se presentaban ante la opinión con tesis nacionalistas definidas haciendo frente con éxito creciente a los ‘grandes’ diarios, representantes y voceros del liberalismo clásico” (Guevara, 1973: 46). Suponía que las logias –en tanto espacios selectos de encuentro, de intercambio de ideas, de toma de decisiones y de acciones correspondientes– cumplían un rol protagónico en la vida política. Con este discernimiento, que trasuntaba una visión conspirativa de base elitista o aristocrática, Guevara ingresó en el GOU (Grupo de Oficiales Unidos) en marzo de 1943. Poco después, mientras se desempeñaba en la Escuela de Artillería Antiaérea situada en Campo de Mayo, participó del golpe de Estado del 4 de junio de 1943. Sin embargo, tras un entusiasmo inicial fundado en la expectativa de “alejar el fraude propio de los partidos, romper la dependencia económica que nos tenía atados a intereses extraños y preservar a la vez a nuestro país del sometimiento en que estaban cayendo otras naciones ante las exigencias de participación bélica planteada por las grandes potencias” (Guevara, 1973:47-48), JFG pronto se desencantó con el rumbo adoptado por el gobierno. Al igual que muchos otros nacionalistas, criticó el cambio en la política exterior y el corrimiento del rumbo del “proceso revolucionario” en forma concomitante con el creciente influjo del entonces coronel Juan D. Perón. Así, en un balance de esa experiencia, JFG destacó como elementos negativos iniciales 90 La bibliografía sobre esas visiones es prolífica. Véase: Buchrucker (1987); Navarro Gerasy (1968); Rock (1993; 2001) y Lvovich (2006). 62 –amén de las características personales de esa figura, a quien le endilgó rasgos ambiciosos, corruptos y tintes libertinos– el hecho de que “Perón, llegado al poder también a través de las urnas como Yrigoyen, cayó en el mismo error: el de creer que los males de Argentina se solucionan con la simple expresión masiva de la ‘voluntad’ de las mayorías (…) y ante el altar de ese falso dios quemó toneladas de incienso” (Guevara, 1973: 53). Pero frente a estos factores Guevara recuperaba el impulso brindado a la organización social a través del renacimiento de las organizaciones obreras y la nacionalización de las masas, alejadas de “los peligros anarquizantes, socialistas y marxistas” y la “formación de dirigentes (…) con un profundo sentido nacional” (Guevara, 1973: 55). Esta valoración, explicitada en 1970, se enmarcaba en la postura “comunitarista” de JFG, quien –como veremos– desde 1962 concentró sus esfuerzos en esta apuesta político-social a la que ensalzó como base para una “reconstrucción nacional” frente a la “falsa democracia”, “la crisis moral y la pérdida de fe” (Guevara, 1963). Por otra parte, para Guevara, esos caracteres positivos, vinculados con el “renacimiento” de los gremios que, en términos históricos, fueron destruidos por la Revolución Francesa con su “mito masificante de la igualdad absoluta, niveladora, a bajo nivel, de todo valor y jerarquía” (Guevara, 1973: 54), habían sido desvirtuados por el culto al líder, la demagogia, el excesivo peso otorgado al movimiento sindical –convertido en un instrumento político partidista– y por el espíritu revanchista anexo a ese influjo. Con estas consideraciones, este militar que cursaba estudios en la Escuela Superior de Guerra (ESG) –de la que se graduó como Oficial de Estado Mayor en 1953– pasó a la oposición. Así, se involucró tras la figura del general Eduardo Lonardi en los intentos golpistas de 1951, junio de 1955 y finalmente en la sedición exitosa de septiembre de ese año. En el interín, entabló contactos con diversas figuras del Ejército, de la Marina y de la Aeronáutica. Al mismo tiempo, estrechó diálogo con escritores nacionalistas –como Mario Amadeo– y otros civiles comprometidos con la rebelión. De tal guisa, con una activa, hábil y sigilosa labor de coordinación entre los sectores disímiles complotados, desempeñó un papel protagónico –incluso se le adjudica la elección de la contraseña “Dios es Justo”– en la caída del gobierno de Perón, en septiembre de 1955. Un nuevo ciclo… El golpe de Estado de 1955 contó con el apoyo de un amplio frente político, donde confluyeron conservadores, radicales, socialistas, demócratas cristianos y sectores nacionalistas, 63 así como los representantes corporativos e ideológicos de los grandes propietarios rurales e industriales, el grueso de las Fuerzas Armadas y la institución eclesiástica (Spinelli, 2005; Tcach, 2003; Rouquié, 1985). Se inauguró entonces una experiencia que se extendió hasta 1958, bautizada por sus protagonistas “Revolución Libertadora”, en tanto declamaban que venían a liberar al país de la tiranía de Perón. Sin embargo, apenas producido el golpe de Estado y traspasado el umbral de acuerdo básico –el derrocamiento de Perón–, las diferencias del frente antiperonista resultaron se manifestaron inmediatamente. El general Eduardo Lonardi, vinculado con sectores católicos, nacionalistas y antiliberales, intentó emprender una política de conciliación en la que no hubiera “ni vencedores ni vencidos”. En su perspectiva, era posible rearticular la alianza de militares nacionalistas con dirigentes sindicales y evitar el desplazamiento de los trabajadores al comunismo. Pero esa orientación hacía caso omiso de los postulados mayoritarios de la “Libertadora” y no tomaba en cuenta la tremenda carga de resentimiento acumulada. En efecto, tanto los partidos políticos como amplios sectores militares y aquellos que se consideraban perjudicados por la política económica y social del peronismo, buscaron como primer objetivo la “desperonización” del país. Tras esa hostilidad hacia los denominados “enemigos de la libertad” se encubría, en ocasiones, un profundo revanchismo clasista (Rouquié, 1985; James, 1990). Respecto a la línea política a adoptar frente al movimiento depuesto, las tensiones se dieron tanto en la fórmula presidencial como en la constitución del gabinete.91 Así, junto con algunos miembros vinculados con sectores liberales, Lonardi nombró a figuras reconocidas por su trayectoria nacionalista católica, tales como Mario Amadeo, en Relaciones Exteriores; Atilio Dell’Oro Maini, en Educación, y Juan Carlos Goyeneche, en la Secretaría de Prensa y Actividades culturales. Además, designó a su cuñado Clemente Villada Achával –miembro de una tradicional familia cordobesa y antiguo presidente de la Juventud Católica de esa provincia– y al entonces mayor Juan Francisco Guevara como asesores presidenciales con rango ministerial (Rouquié, 1985:123). Según rememoró JFG, su designación en ese cargo, a pesar de su juventud, respondió al afán de que él “tomara contacto con distintos sectores de la realidad nacional, con libertad absoluta” (Guevara, 1973: 89). Ello implicaba un reconocimiento a la capacidad que había desplegado para articular vinculaciones con sectores disímiles en procura de un mismo objetivo en la conjura previa, así como un voto de confianza a 91 Como es sabido, el vicepresidente, contraalmirante Isaac Rojas, expresaba a los grupos más recalcitrantes del antiperonismo. En su gabinete, Lonardi incorporó a figuras afines a los sectores políticos y militares liberales, como Alberto Mercier, en Agricultura, y Eduardo Busso, en Interior y Justicia. Tcach, César (2003: 21). 64 sus ponderaciones. De hecho, “Lonardi advirtió desde el primer momento que la revolución que había encabezado con las armas y a la cual había hecho triunfar en ese ámbito, carecía de unidad política, de objetivos, de propósitos comunes y en consecuencia era indispensable elaborar una doctrina que permitiera encontrar un camino común […]” (Guevara, 1973: 88), para lo cual apelaba a sus flamantes asesores. Sin embargo, esos intentos se encontraron con la férrea oposición de los sectores liberales. En el campo castrense, el gobierno provisional impulsó una política de depuración de militares comprometidos con el régimen depuesto, así como de reincorporación de otros que habían sido retirados de su actividad por motivos políticos o, en ocasiones, por temas estrictamente profesionales (Mazzei, 2012:40). Pero la purga implementada resultó insuficiente para los sectores más revanchistas o “gorilas” que, a la postre, forzaron la destitución del ministro de Guerra, el general Justo León Bengoa. Finalmente, falto de apoyos y presionado para que dejara el poder, Lonardi renunció. Por su parte, JFG fue enviado, en calidad de Agregado Militar, Naval y Aéreo, a diversos países árabes –Egipto, Líbano e Irak, entre otros–donde permaneció entre enero de 1956 y mayo de 1958. En la Argentina, en términos generales, los valores mayoritarios defendidos por la coalición antiperonista convergían con los postulados del mundo occidental que, en el marco de la Guerra Fría y la lucha contra el comunismo, realzaba formalmente las banderas de la democracia liberal. Por otra parte, con el transcurso de los años, los equipos gubernamentales asimilaron el influjo y las recomendaciones de los organismos internacionales referidas a la modernización, el desarrollo y la planificación, así como la creciente relevancia otorgada a los “técnicos” portadores de una supuesta visión “experta y apolítica”, capaces de brindar diagnósticos y propuestas para apuntalar el desarrollo, concebido a su vez como base para la integración interna y sostén de la seguridad nacional. Así, desde fines de la década de 1950 se desplegó un período marcado por el auge del “desarrollismo” (Altamirano, 2001). Este impulso, dicho sea de paso, se situaba también dentro del escenario mundial signado por el avance de los procesos de descolonización y la consecuente aparición de nuevos países asiáticos y africanos que, a la par de su ingreso a las Naciones Unidas, atrajeron la atención por los problemas del subdesarrollo y la necesidad de emprender políticas económicas y sociales para afrontarlos. En estos casos, pues, la independencia política venía asociada a la realización de un amplio y ambicioso programa de reformas económicas y sociales que, amén de sus dificultades prácticas para concretarse, se transformaron en terreno fértil para el 65 despliegue de los intereses propios de la Guerra Fría. De tal guisa, la agregaduría militar de Guevara en Egipto –donde se entrevistó dos veces con el líder Gamal Abdel Nasser y presenció la guerra con Francia e Inglaterra por el Canal de Suez– (La Nación, 25/08/2009), le permitió observar el ascenso al poder de militares anticolonialistas que sostenían posiciones nacionalistas y pugnaban por un proyecto de modernización económica con aspiraciones panarabistas, a la vez que mientras procuraban la constitución de un movimiento de países “no alineados” se acercaban, por cuestiones geopolíticas, a la Unión Soviética. De todos modos, nunca dejó de estar centrado en su suelo patrio, a donde retornó el 16 de mayo de 1958, quince días después del ascenso de Frondizi a la presidencia. Conflictos sociales y planteos militares. La inserción castrense de Juan Francisco Guevara en la Argentina de Frondizi La victoria electoral de Arturo Frondizi, con el apoyo de los votantes peronistas, provocó gran malestar en el seno de las Fuerzas Armadas. En los meses previos, un sector militar había considerado la posibilidad de permanecer en el poder e instaurar una “dictadura democrática” hasta que se erradicara al peronismo y hubiera condiciones para que triunfaran los “defensores de la libertad”. Otro sector, en cambio, alentó la consulta electoral y, frente al resultado de los comicios, aceptó con recelos la asunción del nuevo mandatario. Así “se impusieron los legalistas ma non troppo […] Frondizi asumiría el gobierno, pero las Fuerzas Armadas conservarían el poder” (Rouquié, 1985: 150). En otros términos, se sentaron las bases de un “legalismo condicionado” por los militares (Mazzei, 2012:44). ¿Cómo se posicionó al respecto JFG, un militar consustanciado con el “espíritu permanente del Ejército” como custodio de la nación? ¿Qué debían hacer las Fuerzas Armadas frente al ascenso del nuevo gobernante, quien “inspiraba desconfianza por su pasado, desconfianza acrecentada por el pacto firmado con Perón”? (Guevara, 1973:121). Según afirmó luego, “si […] esa investidura era producto de unas elecciones que, en su momento, las Fuerzas Armadas y el Gobierno del general Aramburu no habían objetado a pesar de la ficción democrática, si esto era así, las Fuerzas Armadas debían entonces retomar su labor, dejando gobernar a las nuevas autoridades” (Guevara, 1973: 120). Más allá de que esta afirmación sea ex post, lo cierto es que aunque compartía la aprensión hacia el presidente –así como, desde un plano más profundo, descreía de los mecanismos 66 institucionales de la democracia moderna y la política partidaria–, en ese momento consideró más importante el robustecimiento de las estructuras castrenses y se concentró en el desarrollo de sus actividades profesionales. Apenas regresó obtuvo un cargo de profesor en la Escuela Superior de Guerra (ESG). Para ese entonces, ese espacio de formación teórica del Ejército se había constituido en un polo de estudio y difusión de las “’nuevas formas de la Guerra’: la Atómica y la Revolucionaria” (Mazzei, 2012:131) –problemática que retomaremos más adelante–. Dos meses después, fue destinado como ayudante militar en el recién creado Ministerio de Defensa. Desde allí, JFG pudo “observar el panorama político y militar del país al mismo tiempo que conocer a muchos de los hombres más importantes del elenco de Frondizi” (Guevara, 1973: 122). Luego de imbuirse en el manejo de la política cotidiana y en el trato con sectores políticos hasta ese momento ajenos para él, ya que “siendo mi familia de tradición conservadora, había mirado siempre con recelo a ese grupo político” [los radicales frondicistas] (Guevara, 1973: 122), solicitó su retorno al ejercicio de tareas profesionales. Regresó, pues, a su labor docente en la ESG, actividad que resultó breve. En efecto, la conflictividad imperante en el país –desatada con la superposición de “batallas” emprendidas por el presidente, ya fuere en torno del petróleo, de las inversiones extranjeras, de la disputa “laica o libre”, entre otras– se expresó a través de innumerables manifestaciones, protestas y acciones de fuerza gremial, que se intensificaron luego de la aplicación de un drástico plan de estabilización y austeridad. Entre estas acciones, la primera de envergadura fue la huelga ferroviaria de fines de 1958, a la que el gobierno respondió con la militarización del servicio.92 En estas circunstancias, JFG se desempeñó, desde marzo de 1959, “como subjefe de movilización del Ferrocarril San Martín”, donde “el problema ferroviario no era sólo de disciplina obrera […], como en todo orden de la vida, la corrupción viene de arriba. Era absurdo, injusto y hubiera sido ineficaz pretender poner orden con sólo una movilización de tipo disciplinario […] que no influía en el personal jerarquizado, y mucho menos en la conducción integral ferroviaria ni en su administración y gobierno” (Guevara, 1973: 124). 92 El gobierno puso en funcionamiento el “Comando General de Movilización”, por el que los cerca de 235.000 trabajadores ferroviarios, tanto en actividad como jubilados, quedaron bajo órdenes militares. Las FF.AA impusieron una rígida disciplina laboral, acompañada por la detención del personal reacio a acatar las órdenes, que fue juzgado por tribunales militares. De este modo, hubo más de 6.000 obreros detenidos y juzgados en el país (Ortega, 2011). En el Ejército, algunos sectores expresaron su malestar por el ejercicio de estas funciones policíacas (Rouquié, 1985: 168; Mazzei, 2012: 44). 67 Estas reflexiones remiten, una vez más, a su horizonte de análisis centrado en una matriz jerárquica y orgánica de la sociedad. Al mismo tiempo, permiten avizorar su compenetración con la búsqueda –junto al intenso despliegue represivo– de formas alternativas de integración social en forma articulada con la procura de eficiencia, legitimación y seguridad interna. De allí que el sector militar involucrado transmitiera al presidente, a través de la Secretaría de Guerra, que “mantener la movilización, solamente, no tenía eficacia práctica a la par que producía, sin fruto alguno, el desgaste del Ejército” (Guevara, 1973:125). En términos inmediatos, este requerimiento derivó en la intervención de la Empresa de Ferrocarriles Argentinos y JFG fue nombrado jefe de los Departamentos de Personal y de Tráfico. Sin embargo, esta gestión no llegó a desarrollarse, ya que un planteo militar modificó la situación interna del arma. En efecto, el descontento generado en amplios sectores castrenses por la militarización de los conflictos gremiales, así como por la difusión del pacto preelectoral entre Perón y Frondizi, desembocó en un firme cuestionamiento de sectores ultra liberales del Ejército contra el subsecretario del Guerra, acusado de mantener contactos con dirigentes sindicales peronistas (Mazzei, 2012: 44). Este “planteo” militar –término con que se designaron cada una de las manifestaciones de descontento y rebeldía castrense frente a las decisiones tomadas por las autoridades pertinentes– desembocó en la renuncia cuasi forzada del subsecretario de Guerra. A continuación, un nuevo planteo contra la conducción del arma provocó también la dimisión del secretario de Guerra. En cuanto a JFG, en los meses subsiguientes ejerció como jefe del Regimiento 1º de Artillería, con sede en Ciudadela, y luego –tras un pedido de baja infructuoso, originado en su deseo de desplegar una “campaña de esclarecimiento” frente al creciente deterioro del principio de autoridad en las filas castrenses, a lo que nos referiremos más abajo–, fue destinado al Centro de Altos Estudios del Ejército. Entre fines de 1961 –luego de haber sido ascendido a coronel– y agosto de 1962 fue Jefe de Inteligencia, Jefe de Territorial y Jefe de Operaciones del Estado Mayor General del Ejército (EMGE). Este espacio de conducción obraba como órgano de planeamiento del arma, así como de asesoramiento del comandante en jefe y de transmisión de sus órdenes. Azules, colorados y deslices violetas. Proclama pública y rebelión de JFG 68 Los numerosos planteos –más de treinta– sucedidos bajo la presidencia de Frondizi constituyeron una expresión de la creciente autonomía militar, entendida como una pérdida de subordinación al poder político y, a la postre, el despliegue de un creciente condicionamiento a la acción del gobierno (Mazzei, 2012: 25). Por su parte, el mandatario, recurrentemente cedió ante los reclamos de los sectores sediciosos, contribuyendo a mermar su propio poder, a la vez que erosionó la autoridad de los militares “legalistas” atentos al respeto de los reglamentos, a la cadena de mando y a la preservación de la disciplina interna. Entre estos últimos, donde se ubicaba JFG, fue creciendo la desazón y la inquietud por el estado deliberativo del Ejército. “El orden militar reposa en el mando y en la obediencia. Sin ellos están minadas las bases de la disciplina y sin éstas no hay fuerzas militares” (Guevara, 1973: 128). De hecho, el progresivo involucramiento en las disyuntivas políticas cotidianas contribuyó al desarrollo de facciones en las filas castrenses, lo que deterioró el orden interno y afectó la subordinación jerárquica. Incluso, al momento de establecerse los ascensos y promociones, las afinidades políticas pesaban más que la idoneidad profesional y los rangos militares (Mazzei, 2012:64). En los términos de JFG, “tuve la clara sensación del desastre y de la ‘sovietización’ en que iba cayendo el Ejército” (Guevara, 1973: 129). En este marco, a pesar de la severa política represiva impulsada por el presidente frente a las protestas sociales, diversos sectores de las FF.AA. consideraron que su actitud ecléctica frente a los planteos debilitaba el aparato defensivo y por ende era funcional al avance del comunismo.93 La prueba de fuego para el Ejecutivo se produjo en ocasión de los comicios para renovar legisladores y gobernadores provinciales, en marzo de 1962, cuando Frondizi habilitó la presentación de candidaturas del movimiento hasta entonces proscripto. En esas circunstancias, por pedido de sus superiores, en su calidad de Jefe de Inteligencia y de Territorial del Estado Mayor General del Ejército (EMGE), Guevara realizó un estudio sobre las perspectivas electorales. Su 93 El anticomunismo no constituía un elemento nuevo en la política nacional. Desde la asunción de la “Revolución Libertadora” y el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, se constituyó en objeto de prédica alarmada e insistente en los medios empresariales, los sectores liberales y conservadores en general, las FF.AA. y el sector mayoritario de la Iglesia. El fantasma del comunismo era visualizado detrás de toda huelga, manifestación o disidencia social o cultural. Bajo este horizonte, se acrecentó la preocupación por la seguridad interior. A fines de 1959, el descubrimiento del comando Uturunco alertó sobre la adopción de tácticas de insurgencia según el modelo isleño. En los círculos anticomunistas se activó el temor al acercamiento entre el peronismo y el comunismo. Al mismo tiempo, en un marco de gran conflictividad política y social, el presidente puso en ejecución el Plan de Conmoción Interna del Estado (CONINTES), que habilitó a las FF.AA. a hacerse cargo de la represión interna (según un asesor militar francés, este Plan constituyó la primera experiencia de lucha contrainsurgente en la Argentina). No obstante, el acercamiento de Frondizi al presidente brasileño; su fugaz entrevista con Ernesto “Che” Guevara –ministro de Industria de Cuba y símbolo de la lucha guerrillera–, y la abstención argentina en la reunión de cancilleres de Punta del Este en la que se decidió expulsar a ese país de la OEA, generaron una profunda reacción anticomunista en la derecha civil y militar del país (Mazzei, 2012; Rouquié, 1985; Tcach, 2003). 69 análisis, que coligió el probable triunfo peronista, fue expuesto ante el “ministro de Guerra, el subsecretario, el comandante en jefe, el jefe del Estado Mayor General y el subjefe generales Fraga, Poggi, Spirito y Villegas”. Según JFG, “propuse en concreto ‘que los ministros militares en conjunto debían preguntarle al presidente Frondizi, antes de las elecciones, sobre la actitud que adoptaría […]’” (Guevara, 1973: 138-139). En definitiva, el triunfo de esta fuerza política en gran parte del país, incluyendo la poderosa provincia de Buenos Aires, precipitó la debacle del mandatario. Frondizi fue depuesto y en su lugar asumió el presidente del Senado, José María Guido. Se impuso así una fachada de legalidad gubernamental, signada por el despliegue de una gestión “liberal en lo económico, conservadora en lo político y reaccionaria en lo cultural” (Tcach, 2002: 38). En este discurrir, mientras se barajaban distintas opciones para afrontar la “cuestión peronista” y las posibilidades de normalización institucional, las decisiones del Ejecutivo oscilaron al fragor de la correlación de fuerzas de las distintas facciones militares. En agosto de 1962 se produjo una nueva insubordinación protagonizada por un sector “gorila” ultra liberal del Ejército.94 El presidente, una vez más, cedió. Pero el sector “legalista” del arma, que se había preparado para afrontar la sedición, quedó desconforme con esta resolución que, en forma abierta, violentaba otra vez los reglamentos militares. Así, el general Juan Carlos Onganía, comandante de la caballería, redactó un memorándum cuestionando la indisciplina fomentada desde arriba, los relevos, las actitudes “poco claras” del presidente y el abandono de quienes lo habían apoyado (Mazzei, 2012: 66; Rouquié, 1985: 208). A resultas de ello, fue relevado de su cargo. Paralelamente, JFG a la sazón jefe de Operaciones del EMGE y como tal una figura visible que efectuaba conferencias de prensa para dar cuenta de la situación del arma (La Nación, 12/08/1962: 3), manifestó –al igual que la mayoría de los oficiales del Estado Mayor– su objeción al nuevo jefe del EMGE (La Nación, 15/08/1962), por lo que fue pasado a disponibilidad. Días después, hastiado de la situación imperante; disgustado por el retorno de quienes habían traicionado a Lonardi y convencido de la necesidad de una reacción militar que afrontara la desmoralización interna y reavivara la confianza civil en el Ejército, lanzó una proclama “a sus camaradas de las Fuerzas Armadas y al hombre común argentino” y se declaró en rebeldía (La Nación, 31/08/1962; La Prensa, 31/08/1962: tapa). Previamente se había entrevistado con Onganía para sumarlo a la causa. Pero este general declinó la propuesta pues consideró “posible otorgar nuevas oportunidades para rehacer el poder civil, 94 Un estudio de las divergencias en el sector castrense y de los distintos planteos militares excede los objetivos de este trabajo. Al respecto, consultar, entre otras, la bibliografía citada en la nota precedente. 70 amén de que las Fuerzas Armadas no podrían asumir una responsabilidad tan grave en circunstancias de extremo desorden, anarquía e indisciplina” (Guevara, 1973: 168). Por su parte, JFG, hizo pública su declaración el 30 de agosto en los siguientes términos: “El Estado, instrumento al servicio de una comunidad organizada, es campo abierto a cuanto aventurero y revanchista quiere utilizarlo. Este proceso de desintegración incluye también a una de las instituciones más representativas de la vida de la Nación: el Ejército (…). Se dicen anticomunistas pero, de hecho, son ‘sovietizantes’ en lo militar y ‘marxizantes’ en lo social. ¿Cómo se explica si no este espectáculo reiterado de generales que se sublevan para cambiar a sus superiores o que desobedecen al poder civil porque no han sido consultados (…)? Todo ha sido quebrado y debe ser restaurado, comenzando por los primeros principios: jerarquía, orden, respeto, leyes, armonía, paz (…) los hombres de armas que han demostrado espíritu de orden, rectitud, obediencia y capacidad de mando, son los únicos que están en condiciones de restablecer las normas fundamentales (…) (Guevara, 1973: 169-174; La Nación, 31/08/1692). Los principales periódicos del país reprodujeron vastos extractos de esta proclama, ya que creyeron que se estaba en vísperas de una rebelión militar. En los días siguientes diversas esquelas informativas refirieron a este militar, cuyo paradero se desconocía (La Nación, 03/09/1962). En su segundo mensaje reafirmó lo vertido antes y puntualizó lo que consideraba como peligros en ciernes y con un “llamado a la restauración de los valores morales”. JFG responsabilizó a “las minorías que pretenden dirigir los convulsionados partidos políticos […], los comunistas y trotzkistas infiltrados en las organizaciones gremiales que procuran llevar a éstas a medidas de fuerza […] los hombres, civiles y militares, que a título personal intentan gobernar hoy, quienes tratarán de poner al país un corset de hierro, confundiendo orden con represión […] aprovecharán cualquier clase de agitación popular para arrojar sobre ella al ejército […] se constituirán, de hecho, en aliados de aquellos dirigentes comunistas a los que antes me referí […]”(La Nación, 08/09/1962). Si bien esta segunda declaración fue respondida con críticas hacia su persona por sectores cercanos a la línea oficial de ese momento, el eco de estas misivas pronto fue acallado por la precipitación de nuevos acontecimientos. En efecto, el 12 de septiembre se produjo la ofensiva “legalista” que derivó en los enfrentamientos entre “azules” –quienes, con argumentos profesionales, rechazaban 71 la permanente injerencia militar en las decisiones políticas– y “colorados” ––asociados con una tendencia “gorila”–. Por sus posiciones previas, JFG formaba parte del grupo “azul” que a la postre tomó la conducción del Ejército. Sin embargo, su anterior declaración de rebeldía, así como su cuestionamiento hacia el mantenimiento de un gobierno civil y la vigencia del sistema de partidos, lo colocaban en una posición más bien “violeta”. Estas circunstancias, sumadas a la impronta de su personalidad, derivaron en su pase a retiro, en octubre de 1962.95 A partir de entonces, con un enfoque sumamente crítico hacia la “partidocracia” y el desenlace electoral postulado por la línea “azul”, JFG se concentró en la constitución de una “fuerza nueva” que unificara espiritualmente a los argentinos y permitiera afrontar el avance del comunismo. Combate por la verdad: la Ciudad Católica y la propuesta comunitarista de JFG A partir de una visión nacionalista antiliberal anclada en una matriz católica integralista, intransigente y antimodernista e imbuida de un ideario contrarrevolucionario, JFG consideraba imperioso edificar un “nuevo orden” sostenido en la “moral natural, ley inmutable porque es de origen Divino” (Guevara, 1963). Es probable que en la sistematización de su perspectiva haya influido, a su vez, su propia experiencia militante en el núcleo Ciudad Católica (CC). En diciembre de 1958 –el mismo año en que JFG retornó al país y comenzó a dar clases en la ESG–, Guevara se recluyó en un retiro espiritual de cinco días presidido por el padre Georges Grasset (Hernández, 2007: 53). Este sacerdote miembro de la CC había venido de Francia enviado por su congregación, los Cooperadores Parroquiales Cristo Rey (CPCR), y en su búsqueda de formación de cuadros políticos, fundamentalmente en las FF.AA., se contactó con JFG. A partir de esa experiencia “espiritual”, compartida con el empresario Mateo Roberto Gorostiaga y el ingeniero francés –otrora colaboracionista del régimen de Vichy– Roberto Pincemin, surgió la primera célula de la Ciudad Católica argentina, integrada también por Juan Carlos Goyeneche (Scirica, 2013: 314-315). La CC era un núcleo laico contrarrevolucionario de origen francés, que se presentaba a sí misma como una “agrupación de personas que se proponen el estudio de la doctrina social de la 95 Según JFG, el recién nombrado secretario de Guerra, Benjamín Rattenbach, le solicitó “elementos de juicio para poder recuperarlo”, ya que más allá de que compartieran consideraciones, no era justificable una declaración de rebeldía de un coronel en actividad. JFG señaló que su rebelión había sido con la pluma y no con las armas –como la del flamante Comandante en Jefe, Juan Carlos Onganía–. Pero su previa descalificación del presidente resultaba fuerte para los que se aprestaban a sostenerlo. De allí que presentó su solicitud de retiro (Guevara, 1973: 178; Mazzei, 1992). 72 Iglesia, con vistas a su realización práctica”. Su medio articulador y formador era la revista mensual Verbo, cuyo primer número salió en mayo de 1959. A dos meses de su aparición, este boletín, mientras enfatizaba en las normas de acción para ampliar el núcleo y propagar la doctrina, publicó una “Carta de un sacerdote a un militar” –de Grasset a Guevara– que señalaba: “Sin virtudes cristianas las tropas no defenderán a la Patria de los enemigos de adentro […]. La tarea es […] formar las cabezas y los corazones de los oficiales y suboficiales [...]. Hay que empezar de uno en uno. Cursos, conversaciones privadas, retiros, etc. [...]. Hay que elegir a los mejores, a los que podrán encuadrar a los otros […].” (Verbo, 1959: 26-30). De hecho, la CC –fundada por el antiguo maurrasiano Jean Ousset– se estructuró con una rígida organización celular orientada a la formación de cuadros, con particular interés por penetrar en las FF.AA., aunque también en círculos profesionales, empresariales y, en menor medida, medios universitarios y sindicales. Durante la guerra de independencia argelina su prédica se expandió entre los militares franceses y, en particular, entre los miembros de la OAS. A la postre, la CC se convirtió en un importante vehículo de difusión de la doctrina de la Guerra Revolucionaria (GR) elaborada por el ejército francés y difundida en Argentina, también, por una misión militar francesa que obró, entre 1957 y 1962, en la Escuela Superior de Guerra (Mazzei, 2012: 131). Desde la perspectiva de estos teóricos, la GR era una nueva forma de combate entablada por el “enemigo marxista” para conquistar las almas y la mente de la población con miras a derribar el orden social existente. Se trataba, de una guerra ideológica de carácter global que aprovechaba todo tipo de circunstancias para lograr la toma del poder. Para afrontar esta nueva forma de guerra, no convencional, los teóricos franceses –tras su derrota en Indochina y durante su experiencia en Argelia– concibieron el despliegue de la Guerra Contrarrevolucionaria, que asignó un lugar central a la obtención de información sobre el “enemigo” y al empleo de todo tipo de métodos para conseguirla. La CC, imbuida de un fuerte mesianismo religioso, retomó el concepto teológico político de guerra justa para fundamentar las formas de interrogatorio –defendiendo así la aplicación de tormentos– que garantizaran la victoria sobre el “enemigo”. JFG, embebido con en la lucha contrarrevolucionaria y la necesidad de conformar un nuevo orden político que permitiera el renacimiento de las “elites verdaderas” y la “reconstrucción orgánica de la sociedad” arrasada por el Estado “individualista y centralista”, desempeñó una labor 73 muy activa en los primeros años de la CC en la Argentina.96 En tal sentido, no sólo tradujo al castellano una obra central de Ousset, “El marxismo leninismo”, prologada por el arzobispo de Buenos Aires y vicario general castrense, monseñor Antonio Caggiano 97 , sino que también estrechó contactos con otros miembros de la jerarquía eclesiástica y de las FF.AA para propagar la acción del núcleo (Scirica, 2010: 34). Cabe recordar que, en forma paralela, Guevara asumió la jefatura del Departamento de Inteligencia del EMGE, a comienzos de 1962. Resulta interesante señalar que si bien ese año concluyó la misión militar francesa en la ESG, desde ese entonces los militares argentinos elaboraron su propia literatura sobre la GR (Mazzei, 2012: 141) y multiplicaron –e incluso superpusieron– servicios de informaciones en todos los cuarteles y unidades, redoblando así sus condiciones para el ejercicio de la vigilancia interna. Al mismo tiempo, el militar Osiris Villegas, con su obra “Guerra revolucionaria comunista” (1962), se convirtió en un referente local sobre el tema. Huelga señalar que, desde esas perspectivas, el éxito de esta confrontación requería que las FFAA estuvieran sólidamente cohesionadas como institución, cuestión a la que se abocará el sector castrense liderado por Onganía.98 Una vez retirado del Ejército, JFG se concentró en la formación de un nuevo movimiento político, crítico de la “democracia burlada, diosa prostituida que pretende reemplazar al Dios verdadero”. Así surgió el movimiento Fuerza Nueva, que tres años después relanzó con el nombre de Movimiento Nacional Comunitario (Mazzei, 1992). A raíz de ello, para no confundir la acción 96 En su crítica al orden liberal “individualista” y al comunismo “colectivista”, la CC –retomando aportes del catolicismo social francés, como el corporativismo del marqués René de la Tour Du Pin, así como idearios maurrasianos– ensalzaba la necesidad de implantar un modelo comunitarista sustentado en la revivificación de los cuerpos intermedios –familia, organizaciones profesionales, municipios– considerados como realidades naturales situados entre el individuo y el Estado. La CC se presentaba como firme defensora de la doctrina católica. Legitimándose en encíclicas papales –como la Quadragesimo Anno (1931)–, postuló la implantación de un “orden social católico” basado en la corporación profesional (de raigambre medieval) que incluyera a los propietarios y trabajadores de cada ramo industrial actuando de manera mancomunada, con vínculos de reciprocidad que respetaran las jerarquías y lugares propios de cada sector. De tal modo, sobre la base de la autonomía de las comunidades locales, podría instituirse un orden jerárquico y descentralizado. En términos prácticos, ello implicó la defensa del principio de subsidiariedad estatal (el Estado no debe absorber funciones que puedan realizar comunidades inferiores) y de supletoriedad (sólo debe socorrer a quienes no puedan afrontar por sí solos su tarea), lo que limitaba el papel intervencionista del Estado, relegándolo a un mero papel auxiliar (Scirica, 2013). 97 En el prólogo de la obra, Caggiano sostuvo: “estamos en plena lucha y no acabamos de persuadirnos que se trata de lucha a muerte organizada y dirigida con inteligencia y sin frenos morales de ninguna clase; llevada con decisión y sin rehuir medios de conquista […] Se trata de una lucha eminentemente ideológica […] este libro responde bien a una necesidad si queremos contar con dirigentes que puedan salvar nuestros países del peligro comunista” (Caggiano, 1961: IX-XVII). 98 Tras el triunfo de la línea liderada por Onganía, avanzó el proceso de profesionalización militar. Las FF.AA. afianzaron su cohesión interna, su autoidentificación corporativa, su capacidad técnica y organizativa, a la que acompañaron con nuevas modalidades de entrenamiento militar y con el estudio de la tecnología moderna y de los problemas sociales contemporáneos (O’Donnell, 1972: 531). 74 política de su novel movimiento con el accionar de la CC –formación doctrinaria de dirigentes “naturales” que pudieran ocupar posiciones de poder–, JFG dejó la militancia activa en este núcleo. De todas formas, mantuvo sus afinidades valorativas y conservó el diálogo y los vínculos amistosos nacionales e internacionales, con miembros de Francia y España. El documento programático inicial de Fuerza Nueva, presentado por Guevara en febrero de 1963. En su perspectiva, no se trataba de una mera crisis pasajera sino que ello era resultante de “un sistema de ideas concretado en realidades institucionales”, ya que “el liberalismo individualista hizo caso omiso de los grupos sociales o cuerpos intermedios […que] tienen presencia real pero no se han integrado en un sistema armónico que los tenga sistemáticamente en cuenta y que les permita asumir sus propias responsabilidades en plenitud” (Guevara, 1963). Por ende, “Somos solamente cabeza y pies –Estado e individuos– a la vez que carecemos de miembros indispensables –cuerpos intermedios– para actuar, constituyendo un organismo único pero no uniforme” (Guevara, 1963). A partir de esta visión organicista, JFG postuló que el “país está hoy gravemente enfermo en su moral colectiva y […] sobre ese cuadro, y favoreciéndolo, se inserta la propaganda marxista”. Frente a ello, Fuerza Nueva consideraba imperativo la regeneración “interior del hombre”. En términos programáticos, este movimiento postuló la reconstrucción de los cuerpos intermedios con una mirada subsidiaria del Estado, aunque JFG prefería llamarla principio de “responsabilidad comunitaria” y sostenía que ella aventaba cualquier forma de totalitarismo. Lo cierto es que, en el contexto en que estaba dicho, apuntaba a un repliegue de la intervención social del Estado. Así, por ejemplo, en lo referente a la salud, “Debe terminarse con el demagógico y perjudicial concepto de la asistencia médica integral a cargo del Estado”, o la previsión social, “debe trasladarse, progresivamente, a las profesiones, los fondos correspondientes”, y proponía elevar la edad jubilatoria. En el orden político, preconizó la reconstitución de los llamados grupos intermedios y “comunidades naturales” como formas de lograr una auténtica representatividad que “se ha de lograr no tanto por el ascenso de representantes cuando por el descenso de responsabilidades” (Guevara, 1963), a la vez que proponía restaurar el “auténtico federalismo”. De tal guisa, propició la descentralización política y administrativa cuya derivación sería que “el Estado en forma progresiva, disminuya su actual burocracia”. En el plano económico, bajo el aura desarrollista imperante en el período destacaba que “la promoción del bien común exige hoy al Estado la formulación y ejecución de un plan de desarrollo que procure la expansión y armonía de 75 la economía nacional”, mediante el establecimiento de tasas de crecimiento deseado y de una distribución de la renta nacional que debía alcanzar a los distintos sectores sociales y regiones del país. Para ello, sostuvo la necesidad de un órgano consultivo en el que participaran los representantes de las fuerzas económicas, así como de los distintos órganos del Estado y de la provincia. Para toda esta acometida, JFG ponderó el papel de liderazgo y vanguardia de las FF.AA. en procura de la “creación del nuevo Orden Social” como antídoto efectivo contra el comunismo. Huelga señalar que esta “Fuerza Nueva” que JFG buscó formar “no pasó de ser una aspiración no lograda”. De hecho, tal como él reconociera, “desde el llano, sin medios económicos y sin cuadros previamente organizados, es casi imposible constituir, en poco tiempo, una fuerza política de significación” (Guevara, 1973: 181). Junto con estos elementos, su sustrato espiritualista y antiestatista recargado con conatos corporativistas no encontraron mayores ecos en la sociedad argentina del período. Pero la difusión de este programa no fue en vano. En 1965, al conmemorarse un nuevo año del fallecimiento del general Lonardi, JFG se encontró con Onganía –a la sazón, comandante en jefe del Ejército–, quien le expresó su interés por el programa de Fuerza Nueva. A partir de allí se restableció el contacto entre ambas figuras (Mazzei, 1992). Guevara no dejó pasar la ocasión para exponerle sus propuestas y recomendarle personas que podían implementarlas. De este modo, tras el golpe de Estado de 1966, circularon rumores respecto del influjo de JFG en la designación de miembros de la CC en el gobierno. Sin embargo, el nombramiento de Guevara como embajador en Colombia, más allá de que implicara un gesto hacia su figura, también constituyó un modo elegante de alejarlo de la escena nacional. No obstante ello, JFG aprovechó todos sus viajes al país para entrevistarse con Onganía, exponerle sus puntos de vista y advertirle los riesgos que, en su perspectiva, podían torcer el rumbo del “proceso revolucionario”. Con esa inquietud en mente, en diciembre de 1969 JFG realizó declaraciones públicas –radiales y periodísticas– en las que cuestionaba cualquier posible salida política del gobierno. Estas afirmaciones, por elevación, implicaban una crítica hacia el entonces Comandante en Jefe del Ejército, general Alejandro A. Lanusse (Lanusse, 1977: 69-72). Poco después denunció una conspiración contra el general Onganía quien, en vista del escándalo generado, le aceptó su renuncia como embajador en Venezuela, donde acababa de ser designado. A raíz de estos episodios, tras la asunción presidencial del general Marcelo Levinsgon, Lanusse lo sometió al juzgamiento de un Tribunal de Honor. A resultas de estas querellas, JFG fue sancionado y, a la 76 postre, dado de baja del Ejército, en 1970. Si bien en 1973 se benefició con la amnistía política del gobierno camporista, su protagonismo ya no volvió a ser el mismo. Por sus viejos contactos castrenses obró como asesor del general Ramón Genaro Díaz Bessone en el efímero Ministerio de Planeamiento del “Proceso de Reorganización Nacional”, gobierno del que pronto se desencantó. Tras el fallecimiento de su mujer, en 2008, decidió tomar los hábitos en la congregación del Verbo Encarnado, en San Rafael, Mendoza, donde lo alcanzó la muerte, en 2009. Reflexiones finales En esta contribución nos propusimos presentar la trayectoria militar, política e ideológica de Juan Francisco Guevara, desde su primigenia formación juvenil hasta su polémica baja del Ejército, en 1970. En este abordaje, se ha tenido en cuenta que “Una historia de vida se torna realmente interesante cuando logramos cruzar los ambientes en los que se ha desenvuelto la vida de la persona con las etapas cronológicas y con el contexto más amplio de los hechos históricos y sociales” (Mallimaci y Giménez Béliveau, 2006: 193). A través del recorrido realizado, no sólo visualizamos su desenvolvimiento en el espacio castrense sino también el influjo y retroalimentación que se produjo entre su propia mirada y la de diversos sectores nacionalistas católicos, cuyos idearios procesó y buscó materializar en apuestas políticas concretas. Guevara participó de un horizonte ideológico antiliberal, anticomunista, católico, corporativista, aristocratizante y autoritario que, en el contexto de la Argentina posperonista y de la guerra fría, se rearticuló con la doctrina de guerra revolucionaria. Así, si bien “los nacionalistas no permanecieron idénticos a sí mismos” (Lvovich, 2011: 24) y muchos de ellos enarbolaron de manera pragmática, en su confrontación con el peronismo, las banderas de la democracia liberal, ello no fue propio de JFG. De hecho, su compenetración con valores absolutos –reafirmados tras su inserción en la CC–, anclados en la concepción de un orden natural de origen divino, que debía realizarse en la tierra, se conectó con su propia noción de la importancia de los valores militares jerárquicos para evitar la penetración comunista. A la par de ello, su idealización del mundo occidental previo a la reforma, es decir, su reivindicación de la Edad Media, se vinculó con la concepción de una “comunidad” jerárquica, descentralizada y funcionalmente integrada donde habrían primado los valores trascendentes, a los que buscó recrear. Huelga decir que su ideario 77 antimodernista e intransigente se hallaba muy distante de las representaciones sociales imperantes en la Argentina y de las prácticas permeadas por el avance de los procesos de secularización99. Si bien la implantación de la llamada “Revolución Argentina” pareció abrir un arco de posibilidades para desplegar su ideario y plasmar sus propuestas, ellas constituyeron más bien un horizonte de ideas que medidas sistemáticas y, de hecho, convivieron distintas vertientes bajo el amplio paraguas del comunitarismo (Giorgi, 2014). Los ámbitos sociales en los cuales JFG se desenvolvió estuvieron constreñidos, básicamente, por el mundo de relaciones sociales vinculadas con el espacio castrense. De todas formas, a partir de allí, Guevara desplegó un amplio de relaciones que se extendían a diversos sectores nacionalistas –que, a su vez, también estaban familiarizados con el mundillo militar–, a numerosas figuras eclesiásticas –entre las que tuvo cercanía tanto con altos prelados como con meros sacerdotes– e incluso a un variado arco de políticos con los que estableció –o buscaron establecer con él– un vínculo de tinte instrumental. Pero este acercamiento estaba condenado al fracaso por el mismo tenor opuesto a la “partidocracia” de JFG. No poseemos evidencia respecto de si tuvo posibilidad de entablar contactos con sectores sindicales, pero en caso de que ello se haya producido no pasó de un contacto efímero. Las declaraciones públicas de Guevara, si bien apelaban al “hombre común argentino”, se dirigían fundamentalmente a las FF.AA, consideradas vanguardia portadora del verdadero espíritu de la nación. De allí que, aunque postulara una convocatoria más amplia, su foco central se concentraba en el espacio militar. Por otra parte, aunque sus misivas alcanzaron cierta repercusión mediática, la misma fue ocasional y, en todo caso, no despertó anhelos postergados de la población. Justamente, su misma mirada jerárquica, elitista y anclada en un ideario antimodernista limitaba una convocatoria mayor. En tanto figura comprometida, JFG demostró un interés acuciante por articular su espacio de acción y sus convicciones con los problemas públicos y la refundación del Estado. En tal sentido, en sus años de actividad militar, intervino en las principales disyuntivas que atravesaron la política argentina con miras no sólo a asentar su posición sino a desplegar acciones para lograrlas. De este modo, la recuperación de su trayectoria permite ver espacios de intersección –o no– entre sus 99 El término secularización puede ser abordado desde distintos ángulos no contradictorios entre sí. Entre ellos, remite a la “pérdida del dosel sagrado que cubría a las sociedades antiguas”; a un proceso de “salida de la religión” y a una tendencia a la autonomía de esferas respecto de la religión; a un declive de la autoridad religiosa dentro y fuera del campo confesional, entre otros aspectos. Sobre este último aspecto, véase Zanca (2014). Para una puesta a punto aplicada al caso argentino, véase Di Stefano (2011). 78 propuestas y otras imperantes en la sociedad así como reflexionar sobre las condiciones de posibilidad para que ellas se articularan. Bibliografía Altamirano, Carlos (2001), Bajo el signo de las masas (1943-1973). Buenos Aires, Ariel. Bruno, Paula (2012): “Presentación de dossier: Biografía e Historia: Reflexiones y perspectivas”, Anuario IEHS, Núm. 27, Tandil, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Buchrucker, Christian (1987): Nacionalismo y peronismo: La Argentina en la crisis ideológica mundial (1927-1955). Buenos Aires, Sudamericana. Cucchetti, Humberto (2005): Religión y política en Argentina y en Mendoza (1943-1955): lo religioso en el primer peronismo. Informe de Investigación Nº 16, CEIL-PIETTE/CONICET, Buenos Aires. Devoto, Fernando J. (2006): Nacionalismo, fascismo y tradicionalismo en la Argentina moderna. Una historia. 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En efecto, se ligó tanto al mundo de los negocios como al de la política, a los espacios de las instituciones educativas y de las organizaciones del tercer sector, de la intervención mediática y de los proyectos editoriales, siempre desde el rol intelectual. En trabajos previos hemos abordado la trayectoria personal y las lecturas de Zinn sobre la Argentina en su obra La segunda fundación de la República, que apareció como diagnóstico y proyecto político en los inicios de la última dictadura101. En esta ponencia, en cambio, nos centraremos en analizar la trayectoria y las intervenciones de Zinn en un marco más amplio, partiendo de la etapa dictatorial y a partir de allí buscando analizar las relaciones entre su trayectoria en la recuperación democrática dentro y fuera del Estado, y sus propuestas durante los gobiernos de Ricardo Alfonsín (1983-1989) y Carlos Menem (1989-1995)102. Actor central en la renovación del liberalismo argentino, la dinámica figura de Zinn nos permitirá abordar sus posiciones teóricas sobre una serie de lógicas en torno a la transformación neoliberal, configurando un caso que, lejos de comportar un ejemplo exótico, muestra una serie de complejidades en las imbricaciones entre actores y espacios diversos, sus propuestas en torno a la 100 Hemos analizado la problemática del uso ortodoxo de las categorías de Pierre Bourdieu, para los intelectuales liberal-conservadores, en diversas ocasiones. Para el caso de Zinn, Vicente (2011a). Una lectura general sobre los problemas del uso bourdiano en la bibliografía sobre intelectuales en la Argentina, en Vicente (2008). 101 Pueden verse, centralmente, Vicente (2011a; 2012b). 102 Los artículos de Zinn publicados durante el retorno democrático aparecen compilados en Zinn (1996). Para facilitar su consulta, citamos dicha versión, acompañada, entre corchetes, de las fechas de los originales a fines de recomponer el contexto original de las intervenciones, por lo cual en la bibliografía final aparecen como obras autónomas. 82 reforma del Estado y los modos en los cuales intervinieron en él en el trayecto de construcción de una nueva derecha liberal (Morresi, 2008)103. La trayectoria intelectual de Ricardo Masueto Zinn aparece profundamente ligada a las transformaciones del liberalismo argentino en el período que nos ocupa, precisamente un momento donde, bajo la égida del liberal-conservadurismo primero y del neoliberalismo luego, el amplio espacio liberal argentino ingresó en una compleja serie de polémicas, debates y torsiones. La centralidad al interior de las derechas argentinas, que el liberal-conservadurismo consolidó en el período “pretoriano” 1955-1983, fue clave para el desarrollo de las pujas al interior de los espacios liberales, en un ciclo caracterizado por los modos en los cuales los actores liberales ejercieron posiciones preeminentes en los gobiernos electos tanto como dictatoriales 104 . Dos fueron los puntos centrales y convergentes: en primer término, determinar una ontología capaz de determinar qué era el liberalismo, normalmente remitida a pujas donde se tramaban propuestas deontológicas; en segundo lugar, promover la aplicación de criterios liberales en la sociedad y el Estado. Dichos ejes de la amplia trama liberal habían estado en el centro de las preocupaciones del grupo de intelectuales liberal-conservadores del que Zinn formaba parte, como parte de un notorio avance en los espacios intelectuales, mediáticos y académicos de estos actores, si bien el economista se construyó como una figura visible muchos años luego del fuerte ascenso en la escena pública que estos intelectuales experimentaron con el derrocamiento del peronismo en 1955105. En este trabajo buscamos modificar la escala de análisis presente en los abordajes previos que hemos dedicado al economista, a fin de estudiar las continuidades y transformaciones en las intervenciones de Zinn entre los años 1975 y 1995. El marco temporal aparece marcado por el “Rodrigazo” de 1975, del cual el economista fue ideólogo central, y el año de su muerte, al mismo tiempo el de la reelección de Carlos Menem, gobierno donde Zinn se desempeñaba como asesor. Si 103 En efecto, la sugerente lectura de Sergio Morresi (2008) en torno a la aparición de una “nueva derecha argentina” basada en el liberal-conservadurismo y el surgimiento del neoliberalismo, propone que existió una gradual configuración cultural que fue centralizando en el mapa político argentino a esta corriente. 104 Figura que remite a la existencia de asaltos militares al poder tanto como a la ligazón de estos con miembros civiles que permiten su arribo, por falta de instituciones fuertes para encausar la demanda social. Sobre las interpretaciones de este término de Huntington (1972) según la situación argentina, ver Quiroga, (2004). En el contexto general de América Latina, Rouquié, (1984). Bohoslavsky y Morresi (2011) han trabajado la centralidad del liberal-conservadurismo entre las derechas argentinas. 105 Una lectura comparativa de los intelectuales económicos ligados a los espacios empresariales nos muestra una trayectoria muy similar en el caso de Horacio García Belsunce, quien por años apareció como un actor representante de intereses empresarios y a mediados de los setenta comenzó a intervenir como actor individual. Por el contrario, casos como los de Alberto Benegas Lynch y José Alfredo Martínez de Hoz entramaron sus participaciones como intelectuales empresarios y figuras individuales desde la década del cincuenta. Puede verse una polémica al interior del liberalismo entre estas figuras en Vicente (2011b). 83 bien ya hemos abordado la trayectoria biográfico-intelectual de Zinn en los trabajos mencionados, volveremos sobre ciertos puntos a fines de dotar de la necesaria inteligibilidad a los puntos que siguen. Del “Rodrigazo” al “Proceso”: la República Posible Ricardo Zinn nació en Buenos Aires en 1926 y se recibió de Contador Público Nacional en la Universidad de Buenos Aires, si bien solía intervenir públicamente desde el rol de economista y era presentado bajo tal profesión. En el período que este segmento ocupa, nuestro actor se ligó centralmente a los espacios de los negocios y la política estatal, en ambos como una figura intelectual. En el primero de los ámbitos, fue ejecutivo de las empresas Sasetru, SocMa y presidente de Sevel, entre otras ligadas al Grupo Macri, y fue el mentor intelectual del delfín del clan, Mauricio, hasta que un aparente intento de takeover empresarial lo separó de las huestes de Franco Macri (Cerruti, 2010: 48 y 76-78). En el segundo ámbito, tuvo cargos en los gobiernos de Arturo Frondizi, Roberto Levigston, Alejandro Lanusse y María Estela Martínez de Perón, como secretario de Coordinación del ministerio de Economía, asesor en temas financieros de los gabinetes de facto, y secretario de Programación y Coordinación Económica, respectivamente. Tanto en la esfera privada como en la pública, la trayectoria de Zinn estuvo vinculada a las áreas económicas, donde desarrolló un particular interés, que pondría de relieve en La segunda fundación de la República, en la articulación entre, justamente, los espacios públicos y privados en los ámbitos económicos. Modo de cerrar, en parte, una serie de debates centrales en el ciclo desarrollista y que algunos intelectuales notables del liberal-conservadurismo entramaron con ciertas nociones propias del desarrollismo tal como se planteaba en la Argentina, a la vez que criticaron la noción misma de desarrollismo, tanto impugnando las teorías del desarrollo como sus articulaciones en la teoría cepalina o dependentista106. Diversos análisis coinciden en marcar a Zinn como el creador del plan económico conocido como “el Rodrigazo”, en la breve gestión ministerial de Celestino Rodrigo. Zinn, profundamente 106 Pueden verse las tensiones entre posturas como las de Zinn o, años antes, las de Mariano Grondona (Vicente, 2012b), con las de autores que, dentro del espacio liberal-conservador, aparecían influidos por la transformación neoliberal, como Álvaro Alsogaray y Alberto Benegas Lynch. Es sugerente el análisis del giro “al neoliberalismo” del propio actor-símbolo desarrollista, Arturo Frondizi, que realiza Dvoskin (2013). 84 antipopulista, señalaba acerca de su experiencia durante la gestión de la viuda de Juan Perón que “he colaborado en la función pública cada vez que me fue requerido” y que “Esta es la razón por la cual, no habiendo sido nunca peronista, acepté desempeñarme como secretario de estado de Programación y Coordinación Económica en mayo de 1975. No puedo ocultar que la decisión no fue fácil. Yo veía que el país estaba siendo llevado a una política suicida, con un populismo desenfrenado y tergiversador en el que curiosamente coincidían la coalición gobernante y el principal partido de la oposición, y después de una prolongada entrevista con el futuro ministro de Economía y de un profundo examen de conciencia, concluí que existía una posibilidad –aunque mínima– de introducir cierto realismo económico-social que atemperara la casi inexorable caída en el vacío. Apenas iniciada la aplicación de un esquema económico antidemagógico se hizo visible que las fuerzas populistas de todo signo se aprestaban a impedirlo y la gestión fracasó” (Zinn, 1976:13). ¿Qué entendía Zinn por realismo? En primer lugar, ser conscientes de una doble problemática: el mentado modelo demagógico y el rol de los actores retardatarios, que tenían su expresión más problemática al interior del Estado. “Esos 48 días que permanecí en el gobierno fueron, sin embargo, una rica experiencia que me permitió ver por dentro cómo actúan los mecanismos de quienes, con intención o sin ella, trabajan para impedir el crecimiento y madurez de la República” (Zinn, 1976: 13). Para el economista, la Argentina había atravesado, hasta el último golpe de Estado en ese año, “sesenta años de decadencia”, como titulaba al capítulo que abría su obra programática dedicada al “Proceso”. El encuentro entre ambos factores se resumía en lo que Zinn entendía como el pináculo del modelo populista: “El gobierno alienta al pueblo para que devore a la Nación” (Zinn, 1976: 39). El trienio 1973-1976, para nuestro autor, significaba la “aceleración de la decadencia”, la cual “es responsabilidad exclusiva de los gobiernos que se sucedieron en los últimos sesenta años, y sobre todo los de Cámpora, Lastiri, Perón, Isabel Perón, Luder, Isabel Perón, que crucificaron los últimos tres años de la historia argentina” (Zinn, 1976: 40). El período de la decadencia aparecía enmarcado entre ascenso de la Unión Cívica Radical, considerada por Zinn el primer populismo, y el inicio de la última experiencia autoritaria, como oportunidad de cambio de la matriz populista. El populismo, que para Zinn tenía facciones tan distintas como las del “quietismo” radical o la combinación del “populismo más demagogia” del 85 peronismo, colocaba, como modelo, en jaque a la democracia: “Si la democracia es el gobierno del pueblo, el populismo es el abuso del pueblo y el abuso por el pueblo, lo que engendrará invariablemente a un tirano” (Zinn, 1976: 45). Pero, al mismo tiempo, podía ser conjurado por medio de un sistema de pinzas: por un lado, la acción del gobierno procesista y por el otro el esclarecimiento de la población, en especial la juventud107: “Sí podrá el gobierno de 1976, sentar las bases para interrumpir definitivamente la decadencia, y para impulsar un nuevo crecimiento de la nación, así como su adecuada ubicación geopolítica. Para eso es importante que las nuevas generaciones tengan en claro las causas que tiene esta decadencia y la identidad de sus responsables” (Zinn, 1976: 41). Ya durante el PRN, Zinn fue asesor de Martínez de Hoz y uno de los artífices del plan económico al interior del Grupo Azcuénaga, el nucleamiento de intelectuales, empresarios y militares orquestado por Jaime Perriaux (Morresi, 2010; Vicente, 2012a). Horacio García Belsunce (1981: XI-XXVI) señaló, unos años luego, que las líneas directrices del plan de Joe “fueron aprobadas antes del 24 de marzo”, en referencia justamente a la articulación que el Grupo llevó a cabo, donde se delinearon diversas políticas luego aplicadas por el “Proceso”. A dicha experiencia dictatorial, Zinn le dedicó dos libros, los únicos que publicó en vida: el citado La segunda fundación de la república, y su reversión, 4 años después en la Segunda Fundación de la República. Más tarde diseñó las líneas maestras del Plan de Entidades Financieras (Cerruti, 2010: 49), cuyos resultados atravesarán la historia argentina de las siguientes décadas, amén de fungir como ariete entre el gobierno y el Grupo Macri, uno de los más beneficiados durante el PRN (Cerruti, 2010: 111 y 132; Castellani, 2009). Durante la dictadura, además, Zinn participó de ámbitos educativos como impulsor del Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina (CEMA), gran cantera de funcionarios procesistas, y la Escuela de Dirección y Negocios (IAE), hoy parte de la Universidad Austral108. En el espacio editorial, fue asesor de dirección de la publicación política A fondo, dirigida por su 107 El problema de la juventud, en los autores liberal-conservadores, sobrepasaba el problema de la militancia política, incluso en los grupos de la insurgencia armada. Se ligaba, más densamente, a una problemática cultural cuyo eje estaba en la década de 1960, donde el abortado proceso de “desperonización” popular abierto en 1955 no se concretaba y se entramaba con nuevas formas, contestatarias y rupturistas, de las culturas juveniles como espacios de relativa autonomía. Sobre la desperonización, Spinelli (2005); Vicente (2013). 108 En la edición que conmemora su 30˚ aniversario, el IAE no menciona a Zinn como parte de su historia, si bien aparece su imagen, bajo apelaciones genéricas al plantel docente. 86 amigo y destacado intelectual liberal-conservador Mariano Grondona. En el ámbito del tercer sector, junto al empresario Gilberto Montagna creó la Fundación Carlos Pellegrini, otro nucleamiento del liberal-conservadurismo, y participó en la Fundación Piñeiro Pacheco, de escandaloso final legal (cf. Piñero Pacheco, 1983). Como señalamos, ya hemos abordado la figura de Zinn en torno a la última dictadura, pero nos detendremos, sin embargo, en una serie de puntos que permiten entender las relaciones entre su rol en el “Proceso” y en la posterior democracia, fundamentalmente desde el ángulo de la Economía Política, donde no nos hemos enfocado con profundidad previamente y que son claves para comprender el rol estatal en la mirada del economista. Para el autor, el ámbito económico estaba plenamente ligado a los planos de la libertad y la justicia, como un eje central de la sociedad, los mismos que luego la Fundación Pellegrini colocaría como los dos primeros valores de su misión: “La economía es medida y también puede ser una generatriz de libertad. Cuando la economía el sistema de distribución de riquezas permiten que cada uno de los miembros de la sociedad ejerza su básico derecho-libertad de comer el pan ganado con el propio trabajo, cuando permiten una razonable libertad en la elección de los roles socioeconómicos, se satisface una de las exigencias fundamentales de la justicia. No podemos ignorar que el nivel mínimo de justicia social coincide con el mínimo derecho a la libertad” (Zinn, 1976: 174). Aquí era central la idea propuesta por Zinn acerca de que “(l)a iniciativa privada es la condición imprescindible para el develamiento de la libertad humana”, y que ella debía darse en un marco donde “el capitalismo liberal representa el triunfo de la tolerancia sobre la intransigencia, la aceptación de lo provisorio y controversial de nuestros conocimientos” (Zinn, 1976: 175). Por ello, Zinn proponía una fórmula capaz de dejar de lado las concepciones que entendía como unilaterales: “Es necesario y posible armonizar las siguientes premisas de los esquemas liberal, desarrollista, eficientista, distribucionista y autarquista” (Zinn, 1976: 207). El modelo articulador propugnado por el autor conformaba lo que denominaba “capitalismo sin rasgos feudales” (Zinn, 1976: 204). Allí era clave, sostenía, tanto la modernización del Estado como de los empresarios y de la propia sociedad, entendida como un factor posiblemente dinamizante: a diferencia de lo propuesto por el ministro José Alfredo Martínez de Hoz, quien sostenía que a la Argentina le sobraban 15 millones 87 de habitantes y 2 millones de km², para Zinn, retomando a Juan Bautista Alberdi, aún gobernar era poblar y en ese plan gubernativo el control territorial y geopolítico era central109. En el modelo de Zinn, “(l) a exportación agropecuaria no alcanza para financiar las necesidades de nuestro país en desarrollo creciente”, por lo que: “El Estado debe aplicar, con gran pragmatismo, reintegros, reembolsos e incentivos fiscales y financieros para incrementar y mantener una corriente permanente de exportaciones industriales” (Zinn, 1976: 208). Para ello, sus propuestas partían de una lectura central: “En un país en crecimiento, y para obtener el crecimiento, debe acrecentarse permanentemente el sentido individual de responsabilidad por el comportamiento económico”, para lo cual: “[El país] Deberá, por sobre todo, lograr eficiencia en su propio aparato administrativo y empresario. No puede haber un país en crecimiento si no hay un país eficiente. Y no puede ser eficiente un país moderno si su sector público no lo es. Para ello debe, en primer lugar, dimensionarse de nuevo el sector público, abandonando aquellas actividades en que la experiencia ha demostrado que logra el Estado los fines sociales o económicos perseguidos” (Zinn, 1976: 213). Dentro de tal esquema, Zinn se permitía marcar ciertos puntos en torno a las políticas económicas, entre ellos: “No creemos en los controles de precios ni en los precios máximos”, ni en la autarquía económica (Zinn, 1976: 209). “El país requiere en los próximos diez años avanzar fundamentalmente en numerosos proyectos de infraestructura y de industria de base” (Zinn, 1976: 210). “Todo el sistema fiscal nacional debe ser hecho de nuevo partiendo de cero” (Zinn, 1976: 212). En un cierto sentido, la lectura de Zinn parecía reflejar las diversas líneas económicas que atravesaban las lecturas de los elencos procesistas, con la centralidad de la Economía Política como eje transformador (Schvarzer, 1986), al mismo tiempo que preanunciaba tópicos que, en torno a lo económico, acabaron siendo conflictos políticos al interior de la coalición dictatorial, tanto en el plano gubernamental como al interior de las Fuerzas Armadas y de sus apoyos civiles (Canelo, 2008a; 2008b; Vicente, 2011b). 109 Las coordenadas geopolíticas no fueron ejes de las intervenciones liberal-conservadoras, con la notoria excepción de Mariano Grondona, quien también concebía fórmulas mixtas para el desarrollo económico, si bien también basamentadas en ciertos criterios decimonónicos entendidos como líneas rectoras de probada eficacia (Grondona, 1967; Vicente, 2012). 88 El alfonsinismo y la democracia de la derrota: la República Verdadera Una vez acabada la última dictadura militar, Zinn fue hombre de la UCEDE, tuvo fuertes relaciones con la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), y la Asociación de Bancos Argentinos, (ADEBA). Nuevamente, su figura de intelectual partícipe de una multiplicidad de espacios era clave en su rol. En el inicio del retorno democrático, sin embargo, el perfil público de Zinn se morigeró con respecto al de años anteriores, concentrándose en las actividades de la Fundación Pellegrini, para retomar un importante grado de intervenciones a partir de 1986. La preocupación por la esfera económica, nuevamente, era central, basada en las preguntas por el sistema económico nacional y los roles que, en él, tenían para el economista el Estado, el empresariado y los propios trabajadores. La idea de dejar de lado lo que consideraba una situación feudal era retomada por Zinn promediando el primer gobierno de la transición democrática: “En la Argentina, posiblemente debido a la alta concentración de poder político y económico en el gobierno y a su capacidad para enriquecer a algunos y empobrecer a muchos, la sociedad percibe a los empresarios como señores feudales de privilegios obtenidos, en lugar de valorarlos como creadores de riqueza. La inestabilidad institucional generó sucesivas incubaciones de ‘duques y barones’ que nada tenían en común con el concepto de empresario (…). En una sociedad creciente, democrática y republicana el éxito será cada vez más apreciado, ya que en el mercado político, cada vez más libre y ejemplificador, el éxito será la medida del acceso a los más altos estrados” (1996: 16 [1986a]). En las intervenciones de Zinn en estos años era central una triple cuestión ligada al tema de los empresarios: en primer lugar, su insistencia en que una suerte de capitalismo corporativo había enturbiado, de la mano de la intervención estatal nociva, la dinámica del mercado110; en segundo 110 Si bien este tipo de consideraciones aparecían, en mucho menor medida sin embargo, en La segunda fundación de la República, es sugerente analizar el peso que la ruptura de Zinn con el Grupo Macri en estos diagnósticos. Actor clave del entramado estatal-privado en la construcción de lo que Ana Castellani ha denominado “ámbitos privilegiados de acumulación” (Castellani, 2009), el Grupo parecía ser el ejemplo princeps, no mencionado, sobre el cual Zinn apuntaba su crítica, puesto que en ocasiones, como en la transformación de la deuda privada de empresas en deuda pública durante la última dictadura, Zinn negoció las condiciones de tal política hacia el Grupo, con el banquero central 89 término, que las relaciones de ese tipo habían aplanado la verdadera mentalidad empresarial, marcada por el riesgo, la inventiva y la competencia; por último, la consecuencia no ya económica sino sociocultural de estas problemáticas: una separación entre el empresariado y el resto de la sociedad. Por todo ello, en sus escritos y entrevistas de dicha etapa se hace patente un diagnóstico: un creciente distanciamiento entre el viejo empresariado contratista del Estado, corporativo y retardatario, y una sociedad entendida como abierta a un cambio cultural. En esos momentos, mirando el ideal estadounidense y sus posibles proyecciones a la Argentina, similares lecturas promovía un intelectual muy ligado a las órbitas en las que Zinn intervenía, el francés Guy Sorman (1985; 1989)111. Estas puntualizaciones de Zinn, al mismo tiempo, ponían un especial énfasis en la idea de destrucción de la cultura del trabajo que aparecía atravesando cada una de las pautas recién señaladas, pero que en su lectura había surgido como consecuencia de la experiencia peronista. Así, un “desgano” unía a trabajadores con empresarios y con el propio Estado, en un quietismo que Zinn entendía como un problema axial que recorría las últimas décadas de la historia del país. “La situación actual de la sociedad argentina es consecuencia directa de 50 años de ‘Estado promotor’, que comenzó en la década del ’30 como copia de esquemas keynesianos (…). Hoy el problema es cómo liberar a los operadores económicos de las ‘promociones’ que lo confunden, asuelan y oprimen” (1996: 21 [1986a]). A tal punto llegaba el rol estatal que Zinn no dudaba en reclamarle: “Que cese de devorar la mayor parte de los recursos de la sociedad y devuelva a la actividad productiva a las personas, que prisioneros voluntarios en el inmenso, impreciso y aún no reconocido ‘Gulag’ burocrático argentino, se hallan condenadas a la improductividad organizada forzosa. Cuanto más prescindente sea el Estado, mejor debería concentrar su accionar en asegurar siempre la máxima transparencia de los mercados” (1996: 22 [1986a]). Por lo cual, Zinn nuevamente reingresaba a la sociedad como actor dinámico y retomaba su propia idea hecha leit motiv por Martínez de Hoz: “En definitiva la que deberá decidir si achicar el Estado para agrandar la Nación y eliminar del sector público a todas las empresas deberá ser la opinión Domingo Cavallo y el propio Franco Macri (cf. Cerruti, 2010). La licuación de deuda había sido propuesta por Zinn ya en tiempos de Rodrigo (Restivo y Dellatorre, 2005). 111 Zinn fue, por ejemplo, el orador de apertura de una de las visitas del autor francés al país, en 1991. Puede verse la intervención en Zinn (1996: 331-339 [1991]). 90 pública expresada mediante el voto” (1996: 23 [1986a]). El proyecto refundacional que, mediante el ámbito económico, se proponía en la última dictadura transformaciones socio-políticas, era retomado por Zinn tanto como empresa inconclusa cuanto como objetivo a lograr, por lo cual recordaba: “Alguna vez escribí, en el año 1976, que la empresa, el empresario, es el factor diferencial cuya existencia distingue al mundo libre del mundo soviético” (1996: 40 [1986d]). El proyecto alfonsinista, así, era leído por Zinn como una democracia de la derrota, en tanto los objetivos refundacionales del líder de la Unión Cívica Radical, desde una posible reforma constitucional a la idea del “Tercer Movimiento Histórico”, daban la medida de aquello contra lo cual Zinn había reaccionado diez años antes, desde su lectura de los “sesenta años de decadencia”. “Creo que la Constitución que hizo posible la prosperidad del país hasta mediados de la segunda década del presente siglo sigue siendo perfectamente válida” (1996: 29 [1986a]), señalaba sobre el primero de los tópicos. “Puede ser tan autoritario un gobierno democrático como un gobierno autodesignado. Cuando un gobierno democrático comienza a hablar de movimiento nacional hay una cierta simiente de autoritarismo” (1996: 34 [1986b]), advertía, en tanto, sobre el segundo de los puntos. Señalamos previamente el énfasis que Zinn colocaba sobre el cambio cultural de la sociedad. Este, desde la matriz racionalista propia de las tendencias liberales de la década de 1980, debía tener un eje rector: la educación: “Eduquemos a nuestros hijos para el mañana. Para el trabajo, el esfuerzo, el asombro y el éxito. Que del éxito se trata” (1996: 37 [1986c]). Esta idea de éxito individual, fuertemente presente en la década posterior112, aparecía como modelo de salida de una situación de masificación que Zinn entendía como clave de las décadas previas: “Cuando la Argentina copia el modelo nazi-fascista de los imperios europeos centrales ya derrotados, comienza la masificación del individuo y su destrucción a favor de las corporaciones sindicales, patronales, militares, burocrática y política partidaria” (1996: 36 [1986c]). Dicha construcción, puntualizaba el economista unos meses luego, se había dado en contra de la tradición liberal argentina, primero por lo que describía como una vertiente del socialismo, luego por el fascismo vernáculo y finalmente por el populismo: “De 1930 a 1955 se plantea, también en la Argentina, la lucha entre las instituciones liberales locales y el socialismo nacionalista (fascismo). Así, como el período de Yrigoyen fue una versión vernácula de la sociedad 112 Es llamativo el escaso interés que las ciencias sociales han dedicado a dichas representaciones, socialmente muy extendidas, como reflejo de la simbología noventista o menemista. 91 fabiana, en 1930 irrumpe una versión vernácula de este último, con la revolución del general Uriburu” (1996: 44-45 [1987]). Estas construcciones antiliberales en lo político aparecían entramadas con políticas económicas que replicaban dicho sesgo en el plano económico, con un pico marcado a partir de 1943: “Se reemplazó así el capital privado de riesgo utilizado en la industrialización natural, por capital expropiado mediante impuestos e inflación a la comunidad” (1996: 45 [1987]). Aquí estaba, entonces, el signo inicial de las políticas corporativas que Zinn denunciaba como aún vigentes y sobre las cuales volvía a enfatizar: “Recordemos que en una sociedad libre el mercado es de competencia creciente. Cuando, en la Argentina, ésta existe, puede verse anulada por la existencia de la constitución de un ‘club’ de proveedores” (1996: 51 [1987]). Nuevamente, desde un diagnóstico general, avanzaba hacia críticas puntuales, como la “industrialización corporativa”, el control de precios o las retenciones (1996: 52-53 [1987]). En el ciclo que analizaba nuestro actor, entonces, reaparecía la centralidad de la cuestión de la libertad y las consecuencias de la acción estatal: “En definitiva en este período, la libertad, también la libertad empresaria, desaparece y consigo se lleva el progreso” (1996: 46 [1987]). Las propuestas de Zinn miraban, sin mencionarlo, en retrospectiva el momento de sus propuestas tanto en el Estado como en La segunda fundación de la República, al marcar que “en el hemisferio norte el discurso político comenzó a cambiar a mediados de los ’70 y hoy, unos diez años después, el esquema de poder y los hechos reflejan las nuevas ideas de racionalidad y pragmatismo que han reemplazado las reaccionarias, voluntaristas y utópicas del socialismo en democracia.// (…). Ya durante los ’70 se usó una retórica liberal para disimular una política dirigista y estatizante” (1996: 55-56 [1987]). Como señalamos, Zinn era en ese momento miembro de la UCEDE, y en la cita recién vertida puede apreciarse la apelación a los dos términos centrales con los cuales Álvaro Alsogaray solía describir las políticas económicas de la misma década de 1970: dirigismo y estatismo. Zinn marcaba una plena convicción en la imposibilidad de transformación que el propio gobierno dictatorial había plasmado sobre la estructura económica nacional, haciendo especial hincapié sobre un discurso que, pese a ello, marcaba ser liberal. Separar las políticas procesistas del liberalismo había sido un eje central de las intervenciones liberal-conservadoras a medida que las políticas de los sucesivos elencos económicos fracasaban (Vicente, 2011b), y al mismo tiempo era 92 una de las claves que la propia línea discursiva de la UCEDE priorizaba a la hora de separar al liberalismo de la experiencia de facto (Alsogaray, 1993)113. En tal sentido, las intervenciones de Zinn, de un modo aún más profundo al promovido en sus dos trabajos publicados durante la última dictadura, tendía a identificar la idea de República con las lógicas liberales, retomando un debate que había cruzado tanto al segmento de intelectuales liberal-conservadores en las décadas previas, como marcado el amplio espacio de los debates de la transición democrática114. Una sorpresa llamada menemismo: ¿la tercera fundación de la República? En los primeros años de la presidencia de Carlos Menem, Zinn fue asesor de María Julia Alsogaray en las privatizaciones de la telefónica ENTEL y SOMISA, junto con el abogado Mariano Grondona (h), mientras proseguía con sus labores empresariales y académicas, en un renovado marco de intervenciones públicas, tanto a nombre personal como de la Fundación Carlos Pellegrini. Posteriormente, se sumó al equipo de José Estenssoro en el Estado para trabajar en la privatización de YPF, en todos los casos con el apoyo de Álvaro y María Julia Alsogaray y la oposición de su ex empleador Franco Macri El presidente riojano había se había hecho eco del pedido de la UCEDE por un “liberalismo en serio”, situación que sorprendió al mismísimo Alsogaray quien, en concesión al acercamiento con el PJ, rebautizó a su “economía social de mercado” como “economía popular de mercado” (Alsogaray, 1993). Para Zinn, también la situación era llamativa pero, como lo marca la frase-acápite con la cual hemos iniciado este trabajo, “La ironía de la historia quiere que este regreso progresivo al liberalismo de Adam Smith sea piloteado por el presidente Menem del Partido Justicialista cuyo fundador instaló el régimen mercantilista que contribuyó a la decadencia del país en los últimos cuarenta años. A la historia favorable no se la analiza ni critica, se la recibe y se la trata de aprovechar” (Zinn, 1996: 316 [1990]). Por dicha situación favorable, Zinn se permitía ajustar el saldo con el pasado conceptual del término liberalismo, como vimos ya asimilado con la idea republicana: 113 Puede verse un análisis de la UCEDE en Gibson (1996). Pueden verse las perspectivas transicionales de dos importantes intelectuales liberal-conservadores, Germán Bidart Campos (1983) y Mariano Grondona (1983). 114 93 “El liberalismo –que no es más un proyecto político sino una clase social– es una palabra vedada, tan vedada que el único partido liberal que existe hoy en el país, la UCEDE, no se animó en 1982 a usar el nombre liberal, usó Unión de Centro Democrático porque todavía en ese momento hablar del liberalismo como estamos hablando acá y prácticamente confesar que somos liberales, era mal visto. Hoy, gracias a Dios, eso ha cambiado” (Zinn, 1996: 334 [1991]). Zinn, sin embargo y pese a su rol en el partido de Alsogaray, criticaba la tendencia personalista del capitán-ingeniero, a las que, conflicto interno de la UCEDE mediante, entendía como alejadas del liberalismo, cuestión que reingresaba en una problemática mayor: “Las medidas de corte liberal que aplica el presidente Menem merecen el aplauso y el apoyo generalizado, mientras sean de corte liberal, mientras se instrumenten con formas liberales y no se desvíen del liberalismo” (Zinn, 1996: 338 [1991]). Zinn poseía sus dudas acerca del giro liberal del PJ, por lo cual marcaba dos ejes a entender en torno al futuro del liberalismo en el país: primero marcar la base del liberalismo político, entendiéndolo desde la pregunta “¿cuándo es liberal? Cuando separa el poder político del poder de los hombres” (Zinn, 1996: 340 [1991]). Es decir, una lectura del liberalismo en tanto momento que dejaba de lado el gobierno de los hombres para tramarse como gobierno de la Ley. En segundo lugar, marcar las propias capacidades del liberalismo de poder quebrar la posible tergiversación menemista: “Posiblemente los argentinos que apliquen la revolución liberal sean capaces de malversarla, pero para eso están los liberales, para evitar que eso suceda” (Zinn, 1996: 341 [1991]). Tal lectura, plena de resguardo, estaba densamente entramada en lo que, ya en La segunda fundación de la República, el autor ubicaba como el problema del populismo como una forma mutante que cubría casi todos los espacios políticos nacionales, sea a través de radicales, de peronistas o de desarollistas. De allí que la “clase social” liberal debiera velar por el marco conceptual. Pero, sin embargo, en la intervención que estamos analizando, el economista realizaba una maniobra de equilibrio argumentativo, al responder sobre una consulta por el surgimiento del peronismo como posible consecuencia de los errores liberales115: 115 La pregunta, en el marco de la conferencia de Zinn en la presentación de Guy Sorman en el teatro Coliseo, era: “¿No cree usted que el fascismo que gobernó a partir de 1943 surgió por los errores de los liberales de la época?”. Zinn obviaba aquí remitir a la identificación entre fascismo y peronismo que, como vimos, sí alentaba previamente. 94 “Yo no me animaría a decir que el peronismo es consecuencia directa de errores anteriores, porque fenómenos como el peronismo, no ha habido en muchos países cultos como la Argentina, y no creo que hubo errores en Argentina. [Karl] Popper dice bien que la historia, en definitiva, es impredecible y que hay un gran coeficiente de azar. Perón es un fenómeno que está estudiando todo el mundo y Eva Perón más aún que Perón. No creo que sean consecuencia directa de un fenómeno político argentino” (Zinn, 1996: 342 [1991]). La lectura del peronismo como un proceso marcado por las dos figuras del matrimonio Perón le daba a la idea del justicialismo del economista un nuevo giro interpretativo. Desligado de la crisis de 1930 y del posible rol que los liberales pudieron haber tenido en tal quiebre, Zinn reubicaba al movimiento como un fenómeno atípico, tanto que habría abierto un camino donde, sorprendentemente, comenzaba desde el propio peronismo un giro liberal que, igualmente advertía el autor, no debía atrapar a los liberales, dejándolos “enmarañados en un proyecto movimientista” (Zinn, 1996: 341 [1991]). En el espacio de optimismo que Zinn había marcado, fue central su operación de poner un eje en la cuestión económica, especialmente abordando dos tópicos clave de la experiencia menemista: la problemática inflacionaria y las privatizaciones de las empresas estatales. Desde un artículo publicado en la revista Sociedad Libre, el intelectual daba su diagnóstico sobre la inflación: “La Argentina, hasta 1943, con libertad relativa de mercados, acumuló capital y reservas en magnitud extraordinaria. Hoy el Estado argentino global está quebrado y requiere la reorganización de sus ingresos y egresos corrientes y de sus activos y pasivos para balancear sus finanzas.// La causa es política: durante más de cuarenta años se gastó sin medida, se incentivó la ineficiencia, la indisciplina, el desorden y la ‘especulación’” (Zinn, 1996: 321-322 [1991]). Por ello, Zinn proponía la aplicación de “un plan que cumpla con los requisitos de ortodoxia y que genere confianza”, tendiente a desarmar “una estructura feudal depredadora que gasta en exceso” 95 (Zinn, 1996: 323 [1991])116. Admitiendo que las transformaciones tendrían un costo social, sin embargo, el economista advertía la inevitabilidad de su aplicación ante una situación que describía como desesperante, por lo cual enfatizaba: “Cruel y dura es la realidad y no las medidas para su cambio”. De ahí que evaluara positivamente los textos de las leyes de Reforma del Estado y de Emergencia Económica, los cuales “indican que se encararán de una vez las causas de nuestra decadencia” (Zinn, 1996: 326 [1991]). Ese mismo 1991, desde Zinn & Asociados, se convertía en el primer presidente de la filial argentina de Junior Achievement, cuyas actividades pedagógicas fueron declaradas “de interés nacional” por el ministro de Educación Eduardo Salonia en 1993117, cuando bajo la gestión de Zinn la ONG estadounidense ya había articulado planes con instituciones privadas y públicas del ámbito escolar. En el caso de las privatizaciones, en una conferencia brindada en la Academia Nacional de Uruguay, Zinn señalaba la necesidad social de acordar un punto de partida: “El Estado es esencialmente malo. Todo Estado. Aún en las funciones legítimas del Estado. Porque significa el poder del hombre sobre el hombre”. Pero, entendiendo que la historia humana construyó la realidad estatal y que por lo tanto el Estado era “imprescindible para evitar el caos”, Zinn pasaba del dictum hobbesiano a proponer un Estado mínimo, aquel que “garantice a todos los esenciales derechos de la libertad fundamental, el derecho a disponer libremente del fruto del su trabajo y el derecho a la propiedad, es el Estado más eficiente y que genera máxima prosperidad. Propugno el Estado mínimo, propugno el Estado de Hume, de Locke y de Adam Smith” (Zinn, 1996: 343 [1993]). El economista señalaba que eran imprescindible la coincidencia de tres factores clave: “decisión política, poder político y conciencia pública”, que aparecían dados en el caso del menemismo (Zinn, 1996: 346 [1993]). De ahí que Zinn propusiera como tres casos ejemplares, desde el plano teórico al práctico, las privatizaciones de YPF, ENTEL y SOMISA, que entendía ilustrativos de 116 Las causas que enumeraba, como “deformaciones a corregir”, eran las siguientes: gasto público excesivo; empresas públicas monopólicas, deficitarias e ineficientes; intervencionismo; sistema tributario regresivo y complejo; monopolios y oligopolios legales privados; cierre de la economía; conculcación de la autonomía y responsabilidad provincial; aduanas internas; inseguridad jurídica del derecho de propiedad; régimen previsional distorsionado y deficitario; carencia de un mercado de capitales; ausencia de libertad de asociación sindical; monopolio legal estatal en materia de salud y educación; colapso de la seguridad interna (Zinn, 1996: 324-325 [1991]). 117 Junior Achievement nació en los Estados Unidos en 1919. Define su misión y visión del siguiente modo: “Junior Achievement es una fundación educativa internacional cuya misión es generar en los jóvenes el espíritu emprendedor que les permita alcanzar sus metas, en un marco de responsabilidad y libertad. La visión de Junior Achievement es una sociedad integrada por individuos libres y responsables que comprendan la importancia de ser emprendedores para el logro de las metas que, en su particular búsqueda de la felicidad se hayan propuesto; entendiendo que el respeto por los derechos del otro debe regir las relaciones entre las personas en una sociedad libre”. El Consejo Fundador en Argentina lo integraron Zinn, Enrique Braun, Enrique Duhau y Enrique Marty. La Institución creó una beca en honor a Zinn, que lleva su nombre. 96 tres modalidades: venta internacional de acciones, venta de la mayoría de la empresa a compradores estratégicos, venta de activos estratégicos, respectivamente (Zinn, 1996: 348-363 [1993]). El inicio del ciclo de las privatizaciones que reformularían al Estado argentino era, para Zinn, el punto de llegada de un ciclo por el cual había bregado durante su vida pública, y que hemos recorrido en este trabajo. Por ello, decía: “En este momento yo tengo 66 años y los últimos tres años los he dedicado full time a colaborar con la privatización de empresas argentinas. Creo que ha sido la contribución más útil que he hecho a la sociedad de mi país al desarmar el mecano infernal de empresas que perjudicaban no solamente el quehacer del Estado sino a toda la macroeconomía del país. Es una experiencia que quisiera no haber perdido y que me llena de orgullo” (Zinn, 1996: 363 [1993]). Zinn murió en 1995, junto a Estenssoro y empresarios petroleros chilenos en un siniestro aéreo a bordo de un jet alquilado por YPF, en Quito, Ecuadror. El accidente fue sospechado, precisamente, de su carácter accidental. En dicha ocasión, Zinn y Estenssoro trabajaban sobre un plan conocido como “Proyecto Maxum”, que tomaba su nombre de la petrolera estadounidense que, comprada por YPF, proyectaba convertir a la empresa en una multinacional de bandera argentina. Tras su muerte, la Fundación Carlos Pellegrini publicó el compilado de sus intervenciones durante la transición democrática, titulado weberianamente Ricardo Zinn: Por una ética de la responsabilidad. Palabras finales Hace casi una década, en la introducción a un trabajo colectivo que reposicionaba la hasta allí dispersa e incluso laxa temática de los intelectuales en la Argentina contemporánea, Federico Neiburg y Mariano Plotkin advertían sobre la multidimensionalidad y complejidad de los procesos de constitución del conocimiento social. En efecto, los autores destacaban que allí radicaba la problemática de establecer una cronología común entre los ciclos de los procesos intelectuales y políticos (2004: 15-30). La trayectoria de un actor como Zinn, justamente, quien atravesó espacios diversos como el mediático, el editorial, el empresarial, el gubernamental, el de las organizaciones del tercer sector, desde la centralidad de su rol intelectual, nos ha permitido aquí presentar a una 97 figura cuya relación con el espacio intelectual y el Estado ha sido intersticial. En ese sentido, recuperar la trayectoria intelectual de Zinn supuso hacerlo con una figura intersticial entre las propuestas teóricas y las políticas ejecutadas que, creemos, contribuye a complejizar el conocimiento de las relaciones entre los intelectuales y el Estado, desde una trayectoria in between, multiforme, que sin dejar de lado la mencionada aseveración de Neiburg y Plotkin, nos permite preguntarnos si en las relaciones entre ciclos intelectuales y políticos no estaremos necesitando, además de complejizar las cronologías, entender cómo los actores particulares han obrado dentro de tales marcos y, desde allí, reposicionar ciertos marcos y los criterios que parecen definirlos. Bibliografía Alsogaray, Álvaro (1993): Experiencias de 50 años de política y economía argentina. Buenos Aires, Planeta. Bidart Campos, Germán (1983): Los valores de la democracia argentina. Buenos Aires, EUDEBA. 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La educación fue identificada como el instrumento que permitiría conformar la ciudadanía y alcanzar la tan añorada modernización.119 En este marco, la creación del Consejo Nacional de Educación (CNE) en 1881 y la sanción de la ley 1420 en 1884, abrieron el camino en Argentina hacia la institucionalización de un sistema público de educación centralizado. Mientras que la ley ratificaba la laicidad, gratuidad y obligatoriedad de la educación primaria, el Consejo Nacional de Educación permitía al estado nacional –aunque con injerencia distintas en las provincias que en los Territorios Nacionales- “la dirección y la administración” de todo el sistema de escuelas.120 La instauración de un cuerpo de inspectores que dependía directamente del Consejo Nacional de Educación fue concebido como el mecanismo que permitía a esa burocracia ejercer su autoridad en el nivel micro de la escuela; allí donde el proyecto educativo debía efectivamente realizarse.121 No es casual que el cargo de inspector haya sido instituido oficialmente por la ley de educación común. 122 De acuerdo a esa normativa, el inspector tenía primordialmente funciones asociadas a la tarea de vigilar e informar: corroborar que la educación se dictase atendiendo a las disposiciones vigentes y 118 Agradezco los comentarios y preguntas de los asistentes a las “Jornadas Recuperando trayectorias intelectuales en el Estado en la Argentina en la segunda mitad del siglo XX”, UNGS y la lectura de Karina Ramaciotti a una versión preeliminar de este artículo. 119 La historiografía clásica ha enfatizado el carácter político que tenía la empresa educativa. Un texto que representa esta tendencia es el de Tedesco Juan Carlos (2009): Educación y sociedad en la Argentina (1880-1945), Buenos Aires, Siglo XXI. Para una visión más matizada sobre el rol político véase Lionetti Lucía (2007): La misión política de la escuela pública- Formar a los ciudadanos de la república 1870-1916, Buenos Aires, Miño y Dávila. 120 Véase “Ley 1420”, en Carou Ramón, Louton Enrique (1920): Digesto de Instrucción Primaria Leyes Decretos y Resoluciones Vigentes para las Escuelas y Dependencias del CNE, Buenos Aires, Consejo Nacional de Educación, artículo 52. El estado nacional ejercía su control en las provincias a través de la Ley de Subvenciones Nacionales de 1871 y la Ley Láinez de 1905 y por la fuerte incidencia nacional en la educación secundaria y superior. Sobre el control de la nación sobre las provincias en el plano educativo véase Puiggrós Adriana (1993): La Educación en las Provincias y en los Territorios Nacionales, Buenos Aires, Galerna. 121 Según la ley 1420 éstos debían “dar unidad y orientación a las ideas fundamentales que sustentan la educación” y “avivar y vigorizar en los maestros el amor al estudio, la libertad en sus iniciativas, la conciencia de la misión social que desempeñan”. 122 Sobre la figura del inspector véase Myriam Southwell y María Ana Manzione, “Elevo a la superioridad. Un estado de la cuestión sobre la historia de los inspectores en Argentina”, Historia de la Educación-Anuario, Vol. 12, N1, enero-Junio 2011. Buenos Aires, SAHE. 102 comunicar del resultado de sus visitas periódicamente. El reglamento disponía que cada inspector debía concurrir al menos dos veces al año a las escuelas asignadas. También le correspondía adoptar medidas para propiciar el mejoramiento de la calidad educativa corrigiendo los errores “introducidos en la enseñanza”. 123 La inspección de los establecimientos ubicados en los Territorios nacionales apareció un poco retrasada con respecto al resto del país. Ésta sólo se hizo efectiva en 1890 cuando se encomendó la tarea a Raúl B Díaz. Previo a esa fecha las pocas y dispersas escuelas de los Territorios no habían sido prácticamente fiscalizados por el CNE.124 Son escasos los datos personales de Raúl B Díaz.125 Hijo de un estanciero, se recibió de maestro normal en San Luis y luego estudió para profesor normal en la por entonces prestigiosa Escuela Normal de Tucumán, donde se graduó en 1885. Regresó a su provincia natal y ejerció como maestro en Villa Mercedes. En 1886 volvió a Tucumán y en la Escuela Normal de esa ciudad se desempeñó en las cátedras de geometría y agrimensura hasta 1899. De allí se trasladó a Salta, donde trabajó un año como vicedirector de la Escuela Normal. El 25 de mayo de 1890, luego de tan sólo unos 4 años de experiencia profesional docente, fue convocado para ser el primer Inspector de Territorios Nacionales del CNE, ocupación que desempeñó hasta 1916. La magnitud de la tarea encomendada y la tenacidad de Díaz para sostenerla por tanto tiempo, nos permite interrogarnos sobre una serie de cuestiones que atañen tanto al accionar de este “funcionario viajero”, como a su rol en la construcción de “estatalidad” en los confines y albores de la nación. Díaz fue una figura crucial en la expansión el sistema educativo en su período inicial. Gestionó y administró el proceso de creación de escuelas en esas regiones; documentó su desarrollo mientras que intervino en los debates que suscitaba. Fue además quien organizó las bases del sistema de inspección en los Territorios. De allí la importancia de detenerse en su figura de la que todavía se sabe muy poco.126 A priori podemos afirmar que a Díaz se le asignó un rol que la administración consideraba clave, que además no había sido ejercido por ningún otro funcionario anteriormente. Debía garantizar tanto la uniformidad como la calidad de la educación en los rincones más remotos del país. Cabe preguntarse ¿qué inflexiones particulares le impregnó a esta función? ¿Fue un mero 123 Ley 1420. Las escuelas de Territorios debían ser visitadas por los inspectores de la Capital pero en la práctica esto no sucedía. 125 Nació en Villa Estanzuela, Chacabuco, provincia de San Luis en 1862 y murió en Buenos Aires el 6 de diciembre de 1918. 126 Una excepción la constituye el capítulo que le dedica Mirta Elena Teobaldo en su texto sobre los inspectores en la Patagonia. La autora señala la necesidad de ampliar la bibliografía sobre esta figura. Teobaldo Mirta Elena (2011): ¡Buenos días, Sr. Inspector! Historia de los inspectores escolares en la Patagonia Norte: Río Negro y Neuquén. Perfil y funciones (1884-1962), Córdoba, Editorial de la FFyH UNC, pp. 221-266. 124 103 agente del estado centralizador? ¿Qué nos dice su labor sobre el proceso de construcción estatal en la periferia? ¿Cómo fueron cambiando sus ideas a medida que se complejizaba la oficina que lideraba? ¿A qué tipo de saberes y referencias apeló para llevar adelante su trabajo? ¿Cuál fue su impacto concreto en el diseño del sistema educativo? Y finalmente, ¿qué tipo de figura recorta este funcionario viajante? Si bien carecemos de material que nos permita un acercamiento biográfico a Díaz éste fue un prolífico redactor de informes. Escribió además folletos y libros donde discurrió sobre su tarea y sobre el estado de la educación en los Territorios. Esa obra nos permite responder a los interrogantes planteados. El artículo se divide en tres secciones y una conclusión. La primera de ellas, “Inspeccionar los Territorios”, tiene como objetivo describir qué implicaba la tarea que se le había encomendado. La segunda, “La educación en los Territorios”, discute los diagnósticos que hizo Díaz de la problemática educativa en esas regiones. La tercera, “La voz del inspector”, analiza las estrategias a las que apeló para dirigirse al CNE y los roles que asumió en su accionar. La sección final se propone dilucidar qué tipo de figura recorta este singular agente estatal.127 Inspeccionar los Territorios Antes de poder adentrarnos en Díaz, en su accionar e ideas, es preciso aclarar qué suponía en la dimensión más práctica que uno pueda imaginar inspeccionar los Territorios Nacionales a fines del siglo de XIX y principios del XX. En 1884 la ley 1532 creó nueve gobernaciones bajo el formato de Territorios Nacionales: Chaco, Misiones, Formosa, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En 1900 se sumó la Gobernación de los Andes, que subsistió hasta 1943, momento en que el territorio fue fragmentado y pasó a formar parte de las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca. La creación de los Territorios fue concebida como una respuesta que se pensaba como provisoria a la incorporación y organización de vastas extensiones al nordeste y sur de la República Argentina, las cuales no estaban comprendidas por las provincias existentes.128 Como 127 Es preciso aclarar que el trabajo se detiene en la relación del inspector de territorios con las autoridades del Consejo Nacional de Educación. Es decir que el artículo no se ocupa de las actividades del inspector en las escuelas que visita. Sobre este tema véase Teobaldo, ¡Buenos días, Sr. Inspector!, pp.139-220. 128 La Ley No 1532 que rigió a los territorios hasta 1954 estipulaba un criterio numérico para decidir la ampliación política. Al llegar a los treinta mil habitantes el territorio estaba habilitado para instalar legislatura y a los sesenta mil habitantes debía constituirse la provincia. En 1914 La Pampa ya tenía la cifra necesaria para convertirse en provincia y Chaco, Misiones y Río Negro podían tener legislaturas electivas. En 1922 Chaco y Misiones ya superaban los sesenta mil habitantes y Chubut podía aspirar a legislatura propia. Las legislaturas nunca fueron instaladas y la conversión en provincias se postergó hasta 1951. 104 es conocido, los Territorios no eran entidades políticas autónomas sino divisiones administrativas dependientes del gobierno central. Sus habitantes no gozaban de los mismos derechos políticos que el resto de la población porque no podían participar en las elecciones de autoridades nacionales, ni votar por sus propios gobernantes salvo a las autoridades municipales. Martha Ruffini describió el sistema como un “republicanismo tutelado” basado en “la percepción homogeneizante del sector dirigente” que sustentaba su visión en “la minoridad e incapacidad de la población” de esos espacios.129 Díaz era claramente una pieza de ese engranaje del poder centralizado. Volveremos sobre este tema más adelante. Lo que nos importa subrayar por ahora es la dimensión de la tarea que se le encargaba. Un solo agente debía inspeccionar una extensión geográfica que superaba en tamaño al de las 14 provincias existentes cuya población, mayoritariamente rural y analfabeta, apenas rozaba a principios de siglo los 100.000 habitantes. A esto había que sumarle la existencia en esa geografía de poblaciones con culturas diversas –indígenas e inmigrantes- que tan sólo con su presencia cuestionaban la idea de un estado nación y representaban un claro desafío a la vocación homogenizadora presente en el proyecto educativo. El mismo Díaz aclaraba los inconvenientes cotidianos con los que se enfrentaba en su función cada vez que elevaba su informe anual. Su puesto significaba en su propia reconstrucción: “viajes penosos y largos”. “Dificultades… debido a la carencia de medios de locomoción” y al clima, “a los soles ardientes y a las copiosas lluvias” en el norte; y a las nevadas y fríos en el sur.130 Díaz desempeñó sólo la tarea de la inspección hasta 1903, y a partir de entonces con cuatro subinspectores. Cuando se retiró en 1916 compartía la obligación de viajar con 10 subinspectores, aunque seguía juzgando su tarea como difícil de abarcar por la falta de recursos humanos asignados.131 En los primeros años, sus visitas se extendían alrededor de tres meses y realizaba dos 129 Ruffini Martha (2007): La pervivencia de la república posible en los territorios nacionales. Poder y ciudanía en Río Negro, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes. Largamente relegado como tema de investigación hoy la literatura sobre los Territorios Nacionales ha incorporado valiosas investigaciones que tratan fundamentalmente (aunque no exclusivamente) sobre la política en estos espacios. Para citar algunos ejemplos recientes podemos nombrar Leoni María Silvia Solís Carnicer María del Mar (2012) (compiladoras), La política en los espacios subnacionalesProvincias y Territorios en el nordeste argentino (1880-1955), Rosario, Prohistoria, Lluch Andrea y Moroni Marisa(compiladoras) (2010), Tierra adentro… Instituciones económicas y sociales en los Territorios Nacionales (1884-1955), Rosario, Prohistoria. Como ejemplos de literatura que estudia casos de agentes estatales en los territorios podemos mencionar los sugerentes artículos de Casullo Fernando, “El Estado mira al sur.” Administración de Justicia en los Territorios Nacionales de Río Negro y del Neuquén (1884-1920)” y Di Liscia María Silvia, Instituciones “portátiles”. La sanidad pública en los Territorios Nacionales (1880-1910) ambos en Bohoslavsky Ernesto Soprano German (editores) (2010), Un estado con rostro humano. Funcionarios e instituciones estables en Argentina (desde 1880 hasta la actualidad),Buenos Aires, Prometeo/UNGS. 130 Díaz Raúl, (1891), “Informe del Inspector de Colonias y Territorios Nacionales”, Monitor de la Educación, p. 29 131 En 1905, un nuevo Reglamento estableció una modificación en la estructura del personal de la Inspección. La 105 al año. Para llevarlas a cabo debía apelar a todos los medios para movilizarse e incluso trasladarse a pie o caballo. Como ilustración podemos citar su informe de 1893 donde da detalles de su viaje. “Desde el 29 de marzo hasta el 14 de junio he viajado en tren, mensagería (sic), á caballo y á pié, como se viaja en nuestras fronteras; he recorrido en este tiempo 850 leguas más o menos, visitado todas las escuelas públicas y particulares más remotas de las citadas gobernaciones y conocido los principales centros de población”.132 A este racconto Díaz le agrega un prolijo cuadro donde especifica lugares visitados, puntos principales recorridos, distancias en leguas y vehículos utilizados. El lugar destacado que Díaz le otorga en la mayoría de sus informes a relatar los pormenores de sus viajes no es casual. La fijeza en el detalle, la provisión de datos cuantitativos, que es preciso aclarar no se limitaba a los referidos a los traslados (los informes de Díaz contenían cuadros estadísticos sobre el personal, el mobiliario, los alumnos junto con croquis de los edificios escolares) dan cuenta de un rasgo de la época. Como es conocido, la elaboración de estadísticas constituyó un aspecto inherente a la formación del estado y de las burocracias estatales modernas, ya que sobre esos datos debían sustentar y justificar las intervenciones estatales. Pero el énfasis de Díaz en los pormenores de sus traslados transmitía algo más: sin abundar en adjetivos y cuantificado en leguas develaba los esfuerzos titánicos que implicaba su tarea. El mapa imaginario implícito en las descripciones de sus viajes encerraba un argumento de autoridad. La dificultad que suponía aprehender esa geografía dotaba a Díaz de un saber de pocos, de un conocimiento que esgrimiría para dirigirse a las autoridades del CNE. Es por esto que es tan importante entender qué implicaba en el sentido más práctico que uno pueda imaginar inspeccionar los Territorios. misma quedaba conformada por un Inspector General - jefe inmediato de la Repartición y asesor del Consejo- y de los Inspectores Seccionales, a cargo de las cuatro Secciones e Inspección: I) Misiones, Formosa Chaco Austral y Los Andes; II) Pampa Central, Río Negro, Martín García, Puerto Militar y Buques de Guerra; III) Neuquén; IV) Chubut; Santa Cruz y Tierra del Fuego. Además, se asignaban El Inspector General de Colonias y Territorios debía visitar por lo menos una vez al año todas las escuelas públicas o particulares de la sección. Véase Teobaldo Mirta Elena (2006), “Los inspectores en los orígenes del sistema educativo argentino”, Educere et Educare Revista de Educacao, Vol. 1, N 2, , pp. 13-32 y Teobaldo, ¡Buenos días, Sr. Inspector!, pp. 90-104. Cascavel, Universidade Estadual do Oeste do Paraná. 132 Díaz Raúl (1893), “Informe del Inspector de los Territorios Nacionales correspondiente al año 1893, Monitor de la Educación, p. 556-572 106 La educación en los Territorios: las soluciones del inspector Si nos atenemos a la letra de la ley, el inspector era un agente del estado central que recorría las gobernaciones haciendo que las disposiciones que tomaba el estado nacional se cumplieran en las regiones más apartadas. Dijimos antes que los habitantes de los Territorios estaban sujetos a un régimen jurídico que los colocaba en una situación de “incapacidad o minoridad”. La ley establecía que éstos debían recibir la tutela del Estado hasta llegar al momento en el que podrían gozar de los mismos derechos que las provincias.133 Esta situación tenía sus correlatos en la organización del sistema educativo porque en el caso de los Territorios –a diferencia de las provincias- la enseñanza dependía directamente del CNE. Díaz era, y se presentaba asimismo, como el representante del CNE en esas regiones, es decir como una pieza de ese régimen.134 Sin embargo, en el desempeño de su funciones cumplió múltiples roles. Algunos de éstos cuestionaban implícita, e incluso explícitamente, el modelo centralizado y de ciudadanía tutelada presente en la forma en que se organizaba el sistema educativo. Detengámonos ahora en las representaciones que Díaz construyó en sus inspecciones para avanzar luego sobre su rol. Como adelantamos en la introducción, en sus informes (tanto los anuales como los que realizaba luego de cada viaje) Díaz documentaba sus actividades e ideas. A través de ellos podemos ver que desde un comienzo fue consciente que su función primordial no podía ser fiscalizar escuelas porque éstas eran prácticamente inexistentes, sino que debía abocar su energía a fundarlas y a erradicar el que consideraba el gran problema de esas regiones: el analfabetismo. Es decir que Díaz se pensó desde temprano como el impulsor de la educación en estos parajes proyectándose como mucho más que un mero ejecutante de las políticas que otros habían diseñado. Los informes además de detallar asuntos específicos a la tarea de inspeccionar (datos sobre las escuelas visitadas: calidad de los maestros, alumnos, asistencia, descripciones de los edificios escolares) traen consigo apreciaciones generales sobre el estado de la educación en los Territorios. Éstos nos permiten identificar una serie de preocupaciones que transitan toda su gestión y que según este agente limitan el proyecto de una educación común en esa geografía. Dichos temas se pueden agrupar en tres grandes ítems: los maestros, la edificación y la población. Esos tópicos – sobre los cuales ahondaría también en sus libros - aparecen incluso en su primer informe al CNE, 133 Casullo, “El estado mira al sur”, p. 338. En el primer informe que escribe presenta a la inspección como “representante genuino del Consejo Nacional en aquellas regiones apartadas”. 134 107 en 1890. En ese escrito Díaz resume su visión de las causas que explican las malas condiciones de la educación en los Territorios como la consecuencia de “la escasez de maestros idóneos”, de “la falta general de edificios construidos para el efecto” y de “la ignorancia de muchos padres de familia que no quieren… que sus hijos sepan leer”.135 Con respecto al magisterio, la principal preocupación de Díaz es la falta de docentes diplomados. Prácticamente no hay informe en que no recale en ese punto. Una y otra vez registra con alarma que en los Territorios Nacionales faltan maestros, y los que hay no son buenos; o porque carecen de los incentivos de la “civilización” o porque no son maestros diplomados. Por ejemplo, al describir las escuelas de la Isla Martín García, Díaz sostiene que “la falta de estudios profesionales de los maestros es la causa principal del atraso y estacionamiento de la escuela de campaña”. 136 La escasez de maestros sin título era un problema del sistema educativo en su conjunto, pero proporcionalmente era más apremiante en los Territorios. En 1892 había en Argentina 7.054 maestros a cargo de la instrucción primaria estatal, de los cuales 1.704 poseían título. De los 68 que impartían clases en los Territorios sólo 1 poseía título normal.137 El reclamo por edificios escolares construidos especialmente para constituirse en escuelas fue también recurrente en las intervenciones del inspector. Es un dato conocido que el sistema de instrucción público fue considerado un vehículo central para la propagación del pensamiento higienista en la población. La emergencia de los estados nacionales estuvo estrechamente vinculada al ascenso de lo que fue considerado una “ciencia política y social”: la Higiene. Sustentado sobre la convicción de lo que los males sociales se podían revertir, la autoridad pública identificó la prevención de las enfermedades y el cuidado de la higiene como asuntos de estado. Esto implicó formas específicas de vigilancia e injerencia en las vidas privadas familiares. En este esquema los maestros y maestras eran quienes debían llevar adelante la tarea de trasmisión y fiscalización de los principios, valores y prácticas del higienismo. Las exigencias higiénicas se plasmaron en un discurso arquitectónico y urbanístico. Viviendas y edificios públicos debían 135 Díaz Raúl (1890) “Informe del inspector de Territorios y Colonias Señor Raúl B. Díaz”, Monitor de la Educación, p.658. 136 Díaz Raúl, (1894)“Informe del Inspector de Territorios sobre las escuelas de Martín García Señor Raúl B. Díaz”, Monitor de la Educación, p. 1227. 137 La respuesta del estado a esta falta de maestros titulados fue la creación de escuelas normales en distintos puntos del país. He discutido este proceso en Fiorucci Flavia, “Las escuelas normales y la vida cultural en el interior: apuntes para su historia” en Laguarda Paula y Fiorucci Flavia (2012), Intelectuales Cultura y Política en Espacios Regionales, Argentina Siglo XX, Rosario, Prohistoria. 108 poseer determinadas características para ajustarse a dicho paradigma. Sobre el edificio escolar específicamente, la higiene ejerció un influjo muy marcado que determinaba la necesidad de que ésta poseyera espacios diferenciados para la enseñanza y para el juego y establecía criterios para la orientación de las aulas, circulación del aire y entrada de luz. Según la bibliografía, la aparición de la temática de la arquitectura escolar en la Argentina fue simultánea al problema educativo en términos modernos.138 Sarmiento sostuvo reiteradamente en sus escritos que la escuela no sólo era la institución, los programas y los maestros, sino también el edificio y concluyó que si este último no era adecuado el proyecto educativo en su totalidad fracasaría.139 Al igual que el autor de El Facundo, Díaz estaba convencido que en la materialidad de las paredes radicaba gran parte del éxito de la escuela. La casa escuela concluye en uno de sus reportes “debe ser en las gobernaciones como lo es en las aldeas de Suiza y otras naciones de Europa y América del norte, el monumento más importante”.140 “Mediante la grata impresión de la casa propia, descollante en el pueblo, en la aldea y el campo” debe “despertar simpatía en la masa popular”. Es decir que para Díaz la escuela como objeto condensaba el imaginario educativo. Sus paredes, erigidas y distribuidas correctamente, permitirían acercar a la población valores patrióticos y educativos a la vez. No obstante, la realidad que se encuentra en sus inspecciones es otra: “la escuela espaciosa, higiénica, con aire y luz suficiente no existe”. En su lugar se alzan “edificios de ladrillos construidos para un fin muy diferente, galpones de techo y pared de zinc, ranchos de paja y barro, que perjudican la salud de los niños y estorban la acción del educador”.141 Los habitantes de los Territorios no colaboraban para difundir la educación. Por el contrario, en la mirada del inspector, éstos constituían uno de los mayores obstáculos al proyecto educativo. El tema involucraba dos tópicos a los que Díaz consagró especial atención a lo largo de su carrera: los inmigrantes y los indígenas. En el tratamiento de estos asuntos se anudan una serie de representaciones y supuestos que se relacionan con el imperativo nacionalizador y con el motivo civilizatorio. Desde sus primeros informes Díaz observa con alarma que los inmigrantes se resisten a asimilarse y atentan así “contra la prosperidad de la escuela argentina en las gobernaciones”.142 Como en otros aspectos, el pensamiento de Díaz no era original. Mientras en el país se acentuaba el 138 Espinoza Lucía (2005), Arquitectura escolar y estado moderno. Santa Fé 1900-1943, Polis, Santa Fé. Aliata Fernando, “Contemplar y Recordar. Sarmiento frente a la arquitectura, el paisaje y la ciudad”, en Adriana Amante (directora) (2012), Historia crítica de la literatura argentina, Sarmiento, Buenos, Emecé, p. 153. 140 Díaz Raúl, (1892), “Informe del Inspector de Territorios Señor Raúl B. Díaz”, Monitor de la Educación, p.132, el subrayado es mío. 141 Díaz Raúl (1892), “Informe del Inspector de Territorios Señor Raúl B. Díaz”, Monitor de la Educación. 142 Díaz Raúl (1895), “Informe del Inspector de Territorios Señor Raúl B. Díaz”, Monitor de la Educación. 139 109 fenómeno inmigratorio ganaba adeptos entre las elites locales la visión negativa de los inmigrantes, quienes eran identificados como los responsables de la conflictividad social.143 El estado nacional ensayaba soluciones represivas, como la Ley de Residencia (1902), junto con proyectos de reforma social. Díaz distinguía entre inmigrantes deseables (los europeos sin distinciones sobre su origen) e indeseables (los sudamericanos). En su visión los inmigrantes europeos eran más proclives a nacionalizarse que los sudamericanos por lo que en uno de sus libros propuso reemplazar a unos con otros.144 No obstante, para el inspector sería la “escuela pública de carácter inminentemente argentino”, la que finalmente subsanaría el problema, al constituir el “medio más eficaz para desarrollar y difundir el sentimiento de la nacionalidad en las nuevas generaciones procedentes de esas razas”.145 Su mirada crítica sobre la inmigración no se tradujo en una idealización del pasado criollo, como hicieron otras figuras de su época. Su pensamiento estaba habitado por un marcado biologismo positivista. Para el inspector de Territorios el determinismo de la raza y del ambiente reforzaban los males de la población.146 En una extensa sección escrita en 1909 Díaz resumió los “obstáculos a la educación”.147 Allí advirtió que escuela de campaña recibía “las víctimas del clima, del ambiente estrecho y de la herencia”.“El espíritu refractario a la educación” de los habitantes se explicaba entonces por el origen étnico de esa población y también por un contexto geográfico y político-económico adverso a la civilización. Las autoridades, en particular la policía, no cumplían con la ley al no forzar la obligatoriedad escolar. Por requerimientos económicos, o por costumbres arraigadas la población era nómade, lo que obviamente hacía imposible la acción sostenida de la escuela. Las formas de la sociabilidad eran en su visión ajenas e incluso incompatibles con la rutina escolar. La pobreza de los habitantes rurales era otro impedimento, porque los obligaba a ocupar a sus hijos en los quehaceres domésticos. A todo esto se agregaba el desafío que significa la presencia de habitantes que hablaban lenguas diversas. En este marco, la 143 Terán Oscar (2000), Vida intelectual en el Buenos Aires fin-de-siglo. Derivas de la “cultura científica” (1880-1910), Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica. 144 A Díaz le preocupan particularmente los chilenos en el Sur, los brasileños y paraguayos en el norte quienes conservan sus costumbres, incluso su lengua. La superioridad de los europeos la sostenía a pesar que los galeses fueron también una preocupación constante por su resistencia a asimilarse. 145 Díaz Raúl (1910), La educación en los territorios y colonias federales. Veinte años de inspector, 1890-1910, Buenos Aires, Compañía Sudamericana de Billetes de Banco, p. 21. 146 El biologismo positivista, en especial la idea de raza, trascendía toda división ideológica y era adoptada por políticos e intelectuales de diversas tendencias. Véase Zimmermann Eduardo (1995), Los liberales reformistas. La cuestión social en la Argentina (1890-1916), Buenos Aires, Sudamericana/Udesa. 147 Díaz Raúl (1910), La educación en los territorios y colonias federales, p. 87-99. 110 población indígena constituía en su visión una raza inferior determinada por el ambiente y la herencia. La representación negativa de las poblaciones rurales, o porque se dudaba de sus “capacidades” para adaptarse a la modernización, o porque se resistían a la voluntad homogeneizadora, conforma todo un corpus en el debate sobre educación en la Argentina y motivó el diseño de políticas específicas.148 Como es conocido, esta representación sobre el mundo rural y sus habitantes conlleva su opuesta: la ciudad como foco civilizador. Díaz compartió esa visión porque en sus informes la geografía conspiraba para que “el problema de la población” se resolviera rápidamente: “grandes distancias y desiertos aíslan las poblaciones con respecto al centro vital de la nación” que es obviamente la ciudad. 149 Los informes no sólo proveen de enumeraciones de aquello que resta por realizar. En ellos Díaz comunica qué hizo en cada una de sus inspecciones. Así podemos saber que en sus visitas funda escuelas y bibliotecas, dicta clases y conferencias para los maestros, se reúne con lo miembros del Consejo Escolar y con autoridades locales, alquila casas para impartir enseñanza, al mismo tiempo que inspecciona la labor docente y recoge datos para el CNE. Entiende a la inspección en un sentido amplio: además de mejorar materialmente la enseñanza, “estimular a los maestros” debe también apuntalar “la opinión pública a favor de la escuela”.150 Sus reportes también traen extensas secciones sobre lo qué se necesita para subsanar las dificultades que aquejan a la educación en las gobernaciones. Díaz insiste que para contar con buenos maestros es preciso aumentar los sueldos de quienes trabajan en los Territorios, al menos equipararlos con los de la Capital, y pagarlos en tiempo y forma. Es necesario que el estado asuma el pago de pasajes para estos maestros. “¿Cómo llevará el CNE esas maestros a las gobernaciones?”- se pregunta el inspector- si no es ofreciéndoles una remuneración adecuada que compense por las privaciones que significa vivir en los Territorios. 151 A medida que avanzamos en el tiempo y el número de escuelas primarias crece, Díaz demanda la creación de escuelas normales en los Territorios. Producto el mismo del normalismo, es un fiel creyente en este 148 Según Teobaldo la descalificación de los pobladores rurales, porque constituían un “otro interno” (los indígenas) o un “otro externo” (los chilenos en la Patagonia y los paraguayos en el norte) orientó la práctica de los maestros, los directores e inspectores en las escuelas rurales de los territorios. Teobaldo Mirta Elena (2008), “Las luces de la civilización enseñar y aprender en las escuelas de la Patagonia Norte. Neuquén y Río Negro (1884-1957), Espacios en Blanco, N 18, pp.167-186. Tandil, Unicen. 149 Díaz Raúl (1895), “Informe anual del Inspector de los Territorios nacionales Señor Raúl B Díaz”, p. 798. 150 Díaz Raúl (1895), “Informe anual del Inspector de los Territorios Nacionales Señor Raúl B. Díaz”, Monitor de la Educación, p.801. 151 Díaz Raúl (1891), “Informe del Inspector de Colonias y Territorios Nacionales Señor Raúl B. Díaz”, Monitor de la Educación, p. 134. 111 tipo de formación. Contar con un maestro normal es en su visión garantía de una buena escuela. Para resolver el tema de la edificación Díaz insta periódicamente al Consejo Nacional a usar los terrenos fiscales ociosos; a disponer recursos económicos y como solución provisoria, sugiere emprender la edificación con el albañil pagado por la gobernación para ejecutar obras nacionales, incluso apelar a los soldados asentados en los Territorios. Para atraer a la población Díaz propone una enseñanza “práctica y útil” “adaptada a la vida del pueblo y de la campaña.”152 Es decir que el proyecto homogeneizador que la escuela pública encarna, implica para este funcionario una educación diferente en la periferia que en las ciudades. Dada la existencia de necesidades y de poblaciones diversas (léase aquí con capacidades también distintas) la educación debe tener en la campaña objetivos más acotados: basta con formar hombres productivos y ciudadanos disciplinados. En unos de sus primeros escritos, en donde podemos adivinar cuáles son las representaciones de la población sobre las que se asientan sus propuestas, concluye al respecto que, “El secreto del engrandecimiento nacional no está en formar jóvenes para la empleomanía, para la demagogia estriba, sí, en formar hombres para el trabajo independiente, basado en los principios del saber, hombres educados, aunque no sean tan sabios, hombres en fin, capaces de producir, de conocer sus deberes y practicar sus derechos como ciudadanos de un país libre”.153 Al final de su carrera rescata éste como un tema central en su prédica al Consejo y observa que “siempre [sostuvo] que la uniformidad de los programas en la Capital y los Territorios, establecida por la ley de educación de 1884, no respondía al concepto práctico y adelantado de la enseñanza”.154 Es decir que en su visión la uniformidad atentaba contra el ánimo universalista del proyecto educativo. Con respecto a los indígenas, Díaz cree posible su “incorporación a la civilización” aunque haciendo uso de estrategias particulares tendientes a su aculturación. 155 Al identificar al 152 Díaz Raúl (1910), La educación en los Territorios y Colonias Federales, p.40. Díaz Raúl (1892), “Informe del Inspector de Territorios Nacionales Don Raúl B Díaz”, Monitor de la Educación, p. 326. 154 Díaz Raúl (1910), La educación en los Territorios, p.40 155 La visión de Díaz está habitada por lo que la bibliografía ha identificado como la “lógica esquizofrénica de la incorporación de los pueblos originarios a la matriz estado-nación-territorio” “del ser y no ser”, del modelo de ciudadano que a la vez es otro. Delrío Walter Mario (2010), Memorias de expropiación. Sometimiento e incorporación indígena en la Patagonia. 1872-1943, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, p. 21. 153 112 nomadismo como un problema, aconseja el encierro de los pueblos originarios en reducciones o misiones “bajo un sistema administrativo de inmediata atención por parte del Gobierno Federal”. Como advierte Delrío, la localización en lugares físicos separados supone “un adentro y un afuera para sostener y hacer visibles las jerarquías establecidas por una teoría de lo social”.156 Consumado el encierro, su proyecto es la instalación de una escuela en la reserva con el objetivo de hacer al indígena funcional a las demandas del capitalismo agrario, es decir volverlo un ser útil. Díaz propone como un modelo las instituciones educativas para indígenas norteamericanas porque allí “el niño [aprende] en la escuela, lo más pronto posible, cómo vivir una vida industriosa y moral, cómo sostenerse a sí mismo y a los suyos”.157 Preocupaciones y soluciones permanecen constantes en los peregrinajes de este funcionario.158 Son pocas las inflexiones que podemos observar en su pensamiento. En 1910 Díaz escribe una extensa obra titulada La Educación en los Territorios y Colonias Federales. Veinte años de Inspector, la cual puede ser leída como un balance de su gestión. Aunque celebra el presupuesto aprobado por Ramos Mejía para la edificación de 55 escuelas advierte que todavía hay en los Territorios “276 escuelas pésimamente instaladas”.159 Con respecto a la población la obra no trae novedades. En los informes en cambio, con el correr del tiempo y con la acumulación de leguas en su foja de servicios, podemos observar un giro sobre este tópico. En sus viajes iniciales, salvo contadas excepciones, Díaz es sumamente pesimista sobre los residentes de las gobernaciones, lo que refleja en su posición frente a los Consejos Escolares. Estos últimos consistían en cuerpos administrativos formados mayoritariamente por vecinos, los cuales tenían como función fiscalizar cotidianamente la educación en los Territorios. De acuerdo al inspector de territorios la “mayoría de los Consejos Escolares, lejos de ayudar a mejorar la escuela la estorban 156 Para la administraciones de los territorios nacionales, los indígenas constituían un problema. Si bien no existió una legislación ad-hoc para los pueblos originarios, las distintas leyes que regularon el régimen de distribución y propiedad de la tierra compartían la idea de encerrar a los indígenas en misiones aunque en la práctica se ensayaron soluciones diversas. Sobre este tema véase Delrío, Memorias de expropiación. 157 El libro que Díaz publica a la vuelta de su viaje a Estados Unidos tiene una sección titulada “El problema de las razas”. Allí analiza las estrategias utilizadas en el país del norte para tratar con la que denomina la “raza ciega”.En el esquema de reservas que rige en Estados Unidos –que Díaz celebra- hay distintos tipos de escuelas cuyo planes de estudios incluyen una porción importante de asignaturas sobre industria y agricultura. Díaz rescata el carácter práctico de la enseñanza impartida, mientras critica el énfasis en la instrucción teórica de las escuelas para indígenas argentinas “sin chacra, ni hogar”. 158 Además de los proyectos que tienen que ver estrictamente con lo educativo, en sus libros Díaz agrega una serie de propuestas claramente decimonónicas y de largo alcance. Por ejemplo, traer inmigrantes europeos, distribuir la tierra entre los colonos y habitantes para hacer de la propiedad un agente moralizador. Crear mejores caminos y extender el trazado de ferrocarriles. 159 Díaz Raúl (1910), Veinte años, p. 51. 113 con sus querellas, con sus pretensiones, o la estacionan con su inacción, hija de los quehaceres rurales de sus miembros o de la incapacidad de los mismos”.160 Claramente la solución a esta situación era para el funcionario viajero una mayor injerencia de la inspección. Refiriéndose a los establecimientos de la Patagonia, Díaz alega que “una inspección constante y buena… ha de ser la única palanca que dé impulso favorable a esas escuelas”. En suma, donde la población es “ignorante y apática”, como la describió en 1890, se necesitan más inspectores y más inspección. A su juicio la falta de agentes provoca que la inspección sea “tardía e intermitente” y por lo tanto no suministra “los estímulos ni las direcciones profesionales que requiere el adelanto de la educación”.161 El atraso social justificaba la mayor intervención del estado central, que en el caso estudiado se corporizaba en la presencia del inspector. Avanzado los años veremos un Díaz convencido que aún sin ser los ciudadanos ideales, sólo con el concurso de los actores locales la educación podrá avanzar en esos parajes. La creencia que la enseñanza en la periferia requiere del apoyo de la sociedad se hizo fuerte en Díaz luego del viaje de estudios que realizara a los Estados Unidos. En 1908, emulando el gesto de quien reconoce como un modelo, Sarmiento, y auspiciado por el CNE, el inspector realizó un viaje de 8 meses por Estados Unidos con el fin de “estudiar las escuelas de campo de ese país”.162 Aunque la desconfianza frente a la población sigue intacta, el sistema educativo del país del norte, caracterizado en las palabras de Díaz por su “flexibilidad y democracia”, produce un cambio en su percepción de qué necesita la educación en los Territorios. “La influencia local, estimulada por la iniciativa y ayuda central” es, según Díaz, “la célula que produce y caracteriza el organismo escolar tan admirado”.163 El sistema educativo argentino se estructura en forma inversa: “En la Argentina, la educación va desde el gobierno que asume su absoluto control, al pueblo que es pasivo e irresponsable, justamente lo contrario del pueblo americano. Está a cargo de un Consejo Central en la Capital Federal y en cada capital de provincia, nombrado por los gobiernos, con amplia jurisdicción sobre ciudades y campañas, secundados por Consejos de 160 Díaz Raúl (1890), “Informe del Inspector de Territorios Señor Raúl B. Díaz”, El Monitor de la Educación, p. 815. Díaz Raúl (1894), “Informe de la Inspección de Territorios Nacionales, El Monitor de la Educación, p.862. 162 Díaz Raúl (1908), “Viaje a los Estados Unidos de América”, El Monitor de la Educación, p. 751. Raúl B. Díaz es parte de una larga serie de viajeros que a partir de mediados del siglo XIX se trasladaron a Estados Unidos. Según David Viñas en el último tercio del siglo XIX el viaje al país del norte se propagó hasta convertirse en una “yanquimanía”. Viñas David (1998), De Sarmiento a Dios, Viajeros argentinos a USA, Buenos Aires: Editorial Sudamericana, p.34. 163 Díaz Raúl (1908), “Viaje a los Estados Unidos”, p. 758 161 114 distrito sin facultades legales ni medios eficaces. No existe en los Estados Unidos, Consejo Nacional de Educación ni Ministerio de Instrucción Pública como entre nosotros”. 164 Todo esto lo lleva a postular la necesidad de “poner las escuelas, aunque sea parcialmente, bajo la responsabilidad y directo control del pueblo en la Argentina”.165 En este punto la postura de Díaz recorre el camino opuesto al de Sarmiento. Enfrentado a la disyuntiva entre participación y centralización, Sarmiento quien había sido un impulsor del concurso de la sociedad civil en la tarea educativa, optará al final de sus días por “la creación de engranajes y cuerpos de funcionarios que fortalezcan el control y la dirección centralizados”. Para esto, como señala Inés Dussel, Sarmiento había “imaginado” a los inspectores. 166 El caso de Díaz muestra cómo aquel que había sido pensado como el agente del estado centralizado por antonomasia termina proponiendo la descentralización como solución a las dificultades que aquejan a la educación en las gobernaciones.167 Esto no quiere decir que se pueda prescindir de la tarea del inspector. Por el contrario, en la obra que el funcionario escribe como balance de sus veinte años de su gestión, afirma tajantemente que “la Inspección de escuelas, en los Territorios Nacionales, tal cual está organizada, es la energía más eficaz en la obra de la educación. Suprimirla, modificarla o detenerla … sería un gran error”.168 El cambio en la postura de Díaz no se explica sólo como un efecto de su viaje a Estados Unidos. No hay dudas que Norteamérica es para este funcionario un ideal, pero son los años de aconsejar y demandar a las autoridades del Consejo Nacional de Educación sin obtener respuesta, los que socavan su fe en el sistema que encarna y en el que tanta confianza depositaba en sus días iniciales. Otra vez se puede ver en Díaz una deriva opuesta a la de Sarmiento en lo que concierne al binomio participación o centralización. Si el sanjuanino se había inclinado por proponer una mayor injerencia del estado, desilusionado ante sociedades que juzgaba indolentes al proyecto educativo, Díaz optaba por aconsejar mayor participación de la sociedad civil decepcionado por la exigua presencia del estado en las gobernaciones. Sus informes dan cuenta de que gran parte de sus pedidos no son oídos. Periódicamente Díaz lamenta que no se aumentan los sueldos, ni se pagan los pasajes de los maestros; no se construyen edificios escolares y no se mejora el presupuesto para su 164 Díaz Raúl (1908), “Viaje a los Estados Unidos”, p. 758. El subrayado es mío. Díaz Raúl (1908),”Viaje a los Estados Unidos”, p.761. 166 Dussel (2012), “Poder Pedagógico”, p. 563. 167 Dussel, “Poder Pedagógico”, p. 563. 168 Díaz Raúl, La educación en los territorios, p.123 165 115 dependencia. Estos problemas obedecerían según el inspector a la postergación por parte de las autoridades nacionales de los Territorios. “En trinidad actual Capital, Provincias y Territorios Nacionales, éstos son los últimos en todo. Pero en materia de educación común no caben últimos ni primeros: sólo hay iguales. Es lo que se ve cuando el concepto de la Nación preside el pensamiento y la voluntad es dirigida por la bondad y la justicia”.169 El retardo supone desigualdades que podrían compensarse con la participación de los actores locales y con la descentralización del sistema. Díaz convoca concretamente a crear “una superintendencia u otro organismo lo más simple posible que pueda concentrar sus esfuerzos en la cultura de esas regiones exclusivamente”.170 En el último de los informes que Díaz escribe para el Consejo Nacional antes de jubilarse, discurre largamente sobre la falta de respuesta por parte de las autoridades nacionales y a modo de balance señala que “de nada sirve [lo hecho por la inspección] si toda esa serie de trabajos, iniciativas e indicaciones no reciben su sanción respectiva”.171 La voz del inspector Como podemos inferir de lo discutido hasta ahora, los informes despliegan las estrategias a las que este funcionario apeló para intervenir en la definición de la política educativa en los Territorios. En sus alocuciones Díaz deja ver quiénes son sus interlocutores: las autoridades del CNE primero y del Congreso Nacional en segunda instancia. A esto les habla de una realidad que desconocen y que también –de esto se quejará- excluyen. El contacto directo con un contexto que los políticos sentados en los escritores ignoran es la carta que utiliza para proyectarse como mucho más que un enviado estatal. De cara a los docentes, en el nivel micro de las escuelas, los inspectores eran los depositarios de un saber docto que la literatura engloba bajo el rótulo de “saber pedagógico”. Los inspectores debían ser según la ley 1420 maestros o profesores normales. Eran enviados a los establecimientos escolares porque contaban con esa credencial y se suponía que ella garantizaba un 169 Otra crítica al afán centralizador lo constituye la impugnación que Díaz hace a la participación de los gobernadores en los Consejos Escolares. El inspector desaconseja su intervención porque ante su presencia y autoridad “desaparece el padre de familia que piensa y obra con libertad”. Díaz Raúl (1908), “Viaje a los Estados Unidos de América” , El Monitor de la Educación, 1908, p. 751-953. 170 Díaz Raúl, “Viaje a los Estados Unidos”, p. 949 171 En este último informe también vuelve a subrayar la necesidad de descentralizar el sistema, sobre todo en lo que concierne a la asignación de presupuesto. 116 saber específico y por lo tanto podían fiscalizar la educación que se impartía.172 Recordemos que en ese contexto muchos de los maestros no eran titulados por lo que los inspectores constituían como señala Martín Legarralde “la última línea de fidelidad garantizada para la implementación de las políticas de Estado”.173 Cuando Díaz se dirige al CNE a través de sus informes no lo hace invocando ese saber pedagógico, ni siquiera apela a sus credenciales como normalista. Son los sacrificios que soporta en sus peregrinajes –que ex profeso Díaz subraya en cada informe- los que legitiman su derecho a intervenir en la política educativa para los Territorios. El inspector presenta sus reportes como insumos para definir la política educativa y sus viajes como “recursos de conocimiento y aprehensión”.174 En sus comunicaciones con el CNE Díaz asume funciones y posiciones diversas. Por un lado le dice al estado aquello qué son los Territorios. Hay entonces un Díaz cronista para el estado, que construye imágenes y representaciones de una geografía y una población apenas conocida, que elabora estadísticas, señala problemas y potencialidades que no sólo atañen a lo educativo. 175 Los cuadros sobre personal, número de escuelas y condiciones de los edificios que asiduamente adjunta a sus reportes, señalan lo realizado y lo pendiente. Buscan, al igual que otras estadísticas recopiladas para el estado, como las referidas a la salud, autorizar e impulsar la intervención estatal.176 Pero esta tarea, propia de un funcionario, imbuidas en lógicas específicas de la discursividad estatal (me refiero aquí a la preocupación por cuantificar y mensurar), está habitada por un gesto que tensiona a ese estado que encarna. El inspector empuña su pluma una y otra vez para señalar las 172 La legitimidad de los inspectores no se sostenía sólo en su poder punitivo sino también en la posesión de un saber exclusivo que era la Pedagogía. Tal como quedaba preescrito en la letra de la ley 1420 su misión no era sólo controlar sino también funcionar como un modelo de buenas prácticas de enseñanza. 173 Legarralde Martín Roberto (2008), La formación de la burocracia educativa en la Argentina: los inspectores nacionales y el proceso de escolarización, 18171-1910, Tesis de Maestría, Flacso. Sede Académica Argentina, p. 80. Teobaldo sostiene que en los primeros años de la formación de la inspección el rol pedagógico de los inspectores se impuso sobre el fiscalizador. Teobaldo, ¡Buenos días!, p. 107. 174 Di Liscia usa esta expresión en Di Liscia, “Instituciones “portátiles”, p. 379. 175 La representación y el pensamiento que articuló la elite argentina sobre los territorios nacionales los identificó como regiones lejanas, diversas y deshabitadas lo que no descartaba la posibilidad del progreso. Es decir que esa geografía se proyectaba para la elite como un espacio repleto de posibilidades. Lo mismo motivó que proliferan en esos años intervenciones que “representaran” a estos espacios. Véase Moroni Marisa (2012), “Escenografía para el progreso. Representación y discurso hegemónico sobre los territorios nacionales en las publicaciones especializadas de las primeras décadas del siglo XX”, en Laguarda y Fiorucci (2012), Intelectuales, Cultura y Política en Espacios Regionales, pp. 39-54. 176 Un caso elocuente en este sentido es el de la medicina. La vigilancia estadística provenía en este terreno de la percepción que la salud colectiva se encontraba en peligro permanente de contagio. Como resume Claudia Daniel la herramienta cuantitativa “actuaba resforzando la legitimidad de la agenda de intervención propuesta por el higienismo”. Daniel Claudia (2012), “Contar para curar: estadísticas y comunidad médica en Argentina. 1880-1940, História, Ciencias Saúde Manghuinhos, Vol. 19, N 1, pp. 89-114. Rio de Janeiro, Fundacao Oswaldo Cruz. 117 limitaciones del proyecto modernizador. En un país que está cambiando a pasos acelerados Díaz hace hincapié en los capítulos pendientes del proceso modernizador. En esa operación la voz de Díaz se proyecta como la de un actor exterior al estado. Es decir que con el cronista recolector de estadísticas convive un Díaz censor de la burocracia que representa. Radica aquí un rasgo idiosincrásico. Si bien la retórica de la queja y el énfasis puesto en las limitaciones del proyecto sirven al propósito de hacer oír sus demandas, el gesto no fue emulado por otros inspectores, como puede ser el caso de Horacio Ratier quien también tuvo una actuación en muchos sentidos sobresaliente. Es decir que las impugnaciones no son parte de la retórica del informe de inspección como podría pensarse , sino que debemos adjudicarlos al estilo de Díaz.177 El ánimo combativo lo llevó a tener recurrentes conflictos con las autoridades del CNE. El trabajo que Díaz publica en 1909 como balance de su gestión de veinte años da cuenta de las reacciones adversas que generaba su retórica. Según Díaz el CNE lo instó por escrito a callar determinados reclamos para que “no dieran lugar a presumir que la superioridad no hace lugar a las mejores que proponen los señores inspectores estando en sus facultades realizarlas”.178 Otro dato que el mismo asocia al desagrado que generaba su retórica encrespada, es que hasta 1895 El Monitor de la Educación, la revista del Consejo Nacional de Educación que se distribuía en forma gratuita en todas las escuelas, publicaba los informes. A partir de ese año la transcripción de los informes comenzó a ralearse y su publicación fue muy esporádica. Según Díaz se intentaba ocultar de esta forma “las llagas de la educación y la solución retardada de los problemas”.179 Las críticas de Díaz se pueden relacionar con la presencia a fines del XIX y principios del siglo XX de discursos críticos sobre la forma en que los Territorios habían sido integrados a la nación. Entre las voces que con argumentos diversos se refirieron al tema podemos mencionar la del escritor Roberto Payró y la de intelectuales como Estanislao Zeballos y Joaquín V. González. Éstos alertaron sobre la escasa presencia estatal y el exiguo progreso alcanzado en esos parajes.180 Sus discursos se insertaban en un escenario donde el proceso modernizador en general engendraba ansiedades, juicios y posiciones ambiguas y contradictorias entre los miembros de la elite letrada argentina.181 La peculiaridad del caso de Díaz es que impugna aquello de lo que es parte y ha 177 Sobre los informes de Ratier véase Teobaldo, ¡Buenos días, Sr. Inspector!, pp. 267-326. Díaz, La educación en los territorios, p. 48 . 179 Díaz, La educación en los territorios, p.76. 180 Navarro Floria Pedro (2009), “La mirada del reformismo liberal sobre los Territorios del Sur argentino, 1898 -1916”, Quinto Sol, N 13, pp. 73-103. Santa Rosa, Universidad Nacional de La Pampa. 181 Véase Zimmermann, Los liberales reformistas y Terán, Vida intelectual. 178 118 contribuido a institucionalizar. Incluso Díaz se diferencia de otros funcionarios que desempeñan roles análogos. Martín Legarralde estudia el caso de los inspectores nacionales que actuaban en las provincias en el período 1871-1910. Estos últimos también eran sumamente pesimistas sobre el avance de la educación común en el país pero culpaban del atraso a las administraciones provinciales.182 El ademán crítico no puede soslayar el hecho de que Díaz fue un actor central en la construcción del sistema de educación pública en las gobernaciones. Cuando comenzó su gestión había según cifras oficiales 103.369 habitantes, 36 escuelas, 1533 alumnos y sólo 52 docentes. Cuando se retiró las gobernaciones sumaban 329.568 habitantes, 344 escuelas, 870 docentes y 22.684 alumnos. En este crecimiento del sistema educativo mucho tenía que ver su labor. Es decir que Díaz fue también un eficiente realizador de la voluntad estatal. Producto del estado en formación fue también un productor de estatidad y un difusor del proyecto estatal. Además de fundar escuelas primarias y poner en movimiento diversas iniciativas tendientes a mejorar la educación como la apertura de bibliotecas escolares, Díaz fue el impulsor del normalismo en las gobernaciones. Convencido de que los maestros no irían a los Territorios consiguió que el Congreso aprobara en 1909 la creación de escuelas normales en los Territorios de Chaco, La Pampa y Río Negro. Las apertura de esos establecimientos se vincula con toda una serie de fundaciones que tuvieron lugar alrededor del Centenario y que pueden relacionarse directamente con los motivos nacionalistas que como es conocido dominaron ese período. En el proyecto de las escuelas normales de los Territorios es clara la impronta del pensamiento de Díaz. En sintonía con la postura de que la educación en esa geografía debía ser diferente –con objetivos menos grandilocuentes- las escuelas normales que ahí se crearon tenían un plan de estudios de sólo dos años, mientras que el resto era de cuatro. El acortamiento de los estudios se explicaba también por la urgencia por contar rápidamente con maestros con título. La participación de Díaz en la construcción de todo este sistema revela que a la par del Díaz cronista y del censor había un Díaz agente y propulsor de la voluntad del estado central. Otra contribución importante de Díaz al proyecto estatal fue la organización del sistema de inspección que en forma más amplia funcionó hasta mitad del siglo XX. 182 En su trabajo Legarralde identifica las preocupaciones que recorren los informes de estos inspectores. Éstas pocas se diferencian de las que pueblan los reportes de Diaz. La diferencia mayor consistiría en la mirada sobre las administraciones provinciales que estos funcionarios aportan. 119 A modo de conclusión Las disposiciones contenidas en la ley 1420 que crearon la figura del inspector se asentaban en una serie de antecedentes previos entre los que se pueden mencionar los señalamientos de Sarmiento sobre esta figura, especialmente en su obra La Educación Popular, la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires de 1875 y la primera circular a los Inspectores de Escuelas de la provincia de Buenos de 1884 que luego se plasmaría en el Reglamento de la Inspección. Todo este corpus dejaba claro que los inspectores habían sido pensados como el brazo del estado pero con escaso poder de autonomía.183 En la letra habían sido delineados como figuras subordinadas a la voluntad política, sin atribuciones para definir la política educativa. La asignación de tareas traía implícita una división entre un saber técnico vinculado a la cultura normalista y aquello que pertenecía al terreno de las decisiones políticas. La insistencia de Díaz en sugerir soluciones al problema de la educación nos dice claramente que no se proyecta como un mero ejecutante de políticas trazadas por otros. No obstante Díaz no es un ideólogo. En sus intervenciones reclama intervenir en el diseño de la educación en los Territorios pero no cuestiona los fundamentos del sistema, ni propone alternativos. ¿Es Díaz un intelectual, un experto o simplemente un agente estatal con voz propia? ¿Tiene sentido hacerse esta pregunta? Los múltiples roles que asume hacen difícil encasillarlo en un tipo de figura definido. Es claro que Díaz participa de los objetivos y consensos sobre los que se asienta el proyecto de la educación común. Orienta su acción a colaborar en el proyecto de homogeneizar a la población y a la manera de Sarmiento coloca la educación en una serie de oposiciones binarias que se encadenan: civilización/barbarie, cultura letrada/ignorancia, campo/ciudad y escuela/rancho. El dispositivo “escuela” es para este funcionario la única alternativa de educación, es entonces el estado el que terminará con el lado negativo de esas oposiciones. Al igual que los intelectuales públicos de su época, Díaz expresa en voz alta sus dudas y ansiedades sobre el alcance del proceso modernizador y comparte la voluntad reformista producto de esas preocupaciones. Es decir que el inspector está a tono con los debates intelectuales de su tiempo. No obstante el título de intelectual público le queda un tanto holgado a Díaz. Sus intervenciones, incluso las que se encuentran elaboradas en formato libro, son demasiado acotadas: se dirige a un público restringido 183 Teobaldo sugiere que en sus interacciones con la sociedad civil los inspectores también desempeñaron funciones que sobrepasaban aquellas asignadas por el estado, actuando con libertad e independencia. Por ejemplo éstos oficiaron de intermediarios ante las autoridades nacionales. 120 y el campo donde reclama intervenir es en el del diseño de la política educativa de los Territorios, aún cuando intenta colocar el tema que lo desvela (la educación rural) en el debate público.184 Tampoco hace gala de un saber docto que pretende institucionalizar y en el que base sus diagnósticos, a la manera de quienes por ese entonces se perfilaban como los precursores de las ciencias sociales en la Argentina.185 El libro que Díaz escribe a su vuelta de Estados Unidos revela ciertos aspectos de la figura pública que pretende configurar.186 El de Díaz es –siguiendo la tipología de David Viñas- el viaje utilitario.187 El inspector fue al país del norte con un objetivo- conocer y estudiar la educación rural- y de allí no se apartó. La suya fue una travesía signada por preocupaciones empíricas. El folleto que publica a su regreso y que El Monitor reproduce trasunta este aspecto con elocuencia. Está escrito en un tono serio e informativo que evita cualquier digresión. Procura, como el mismo expresa, “apartarse de las consideraciones vagas y aproximarse a hechos definidos”.188 Cada ítem que trata –entre los que podemos mencionar la organización del sistema educativo en Estados Unidos; “la escuela para los niños retardados”, la escuela del campo, las escuelas normales, la educación de los indígenas- es descripto minuciosamente. Todo lo que está en esa enumeración sirve para marcar la distancia que separa el modelo (la educación rural en Estados Unidos) de la enseñanza en las gobernaciones de la Argentina. Como el mismo Díaz lo aclara el objetivo que lo anima es que sus impresiones tracen un proyecto. Es decir que el inspector opera como el importador de un modelo, aunque acepta que éste debe adaptarse, pero en su recuento prolijo y 184 Una figura que se puede contrastar a la de Díaz –para observar la distancia que los separa- es la del médico y jurista Bialet Massé. Como es conocido este médico catalán fue comisionado en 1904 para la redacción de un informe sobre las condiciones de trabajo de la población obrera. Al igual que Díaz, Bialet Massé fue un severo crítico del proceso modernizador. Sus intervenciones se legitimaron (al menos en parte) en el conocimiento de las condiciones de vida de poblaciones marginales adquirido en viajes penosos. No obstante muchas son las diferencias entre estas dos figuras. Bialet Massé no fue un funcionario estatal a la maneta de Díaz. Su relación con el estado fue esporádica y no se posicionó como su representante. Por esto mismo, su retórica fue más “radical” y con objetivos más amplios que la del inspector. En sus descripciones Bialet Massé esbozó un diagnóstico sobre los orígenes de los males del país basado a la vez que propuso toda una visión alternativa de la modernización del mundo del trabajo. Apeló al lenguaje de la ciencia en forma mucho más sistemática que Díaz. Por otro lado, como ha señalado la crítica, si bien sus intervenciones no se tradujeron en políticas, sus escritos tuvieron una difusión importante que pretendía superar el espacio burocrático estatal mientras alternaba su actuación profesional en el ámbito privado, gremial y estatal. Sobre Bialet Massé veáse el dossier publicado en Entrepasados (2004), N26, pp. 7-82. Buenos Aires. 185 Altamirano Carlos (2004), “Entre el naturalismo y la psicología: el comienzo de la “ciencia social” en la Argentina”, en Neiburg Federico, Plotkin Mariano (2004), Intelectuales y expertos. La constitución del conocimiento social en la Argentina, Paidós, Buenos Aires, pp.31-65. 186 Torre Claudia (2012), “Sarmiento en Viaje”, en Amante Adriana, Historia Crítica de la Literatura Argentina Sarmiento, pp. 451- 473. 187 Viñas David (2005), Literatura argentina y política. 1. De los jacobinos porteños a la bohemia anarquista, Buenos Aires: Santiago Arcos Editor, pp. 11- 67. 188 Díaz Raúl, “Viaje a los Estados Unidos”, p.751. 121 sistemático no nos dice qué piensa de la sociedad norteamericana en general, ni tampoco nada de la intimidad o incluso de la materialidad de su recorrido por el país del norte. Es evidente que en este ademán se legitima frente a quienes han pagado su viaje al mismo tiempo que pretende interpelarlos. No obstante, su escrito se aparta del relato de la experiencia individual que signa las memorias de viajes de los personajes públicos, como por ejemplo las de Sarmiento donde la memoria de viaje se “conforma como la historia de un conjunto de episodios personales de un hombre público”.189 Su texto sobre Estados Unidos se agota en un estudio sobre la educación donde se omite cualquier desplazamiento que no tenga relación con esa materia. Tampoco Díaz es un pedagogo, ni pretendió serlo incluso cuando en sus informes hubiera acotaciones sobre cómo debía orientarse la enseñanza en el escenario rural. Como se dijo antes no apeló ni al saber científico, ni al saber pedagógico para legitimar sus intervenciones antes el CNE. Si lo contraponemos a una figura del normalismo de la época como Víctor Mercante podemos observar que aún entre los normalistas destacados el espacio de actuación de Díaz es limitado.190 Mercante, quien como el inspector de Territorios era un profesor normal, actuó en distintas instancias del sistema educativo. Fue director de escuelas normales e inspector, impulsó la creación de la primera Facultad de Ciencias de la Educación y fue su primer decano, escribió libros de texto y libros de teoría pedagógica. Fue además autor intelectual de un proyecto de reforma educativa que le había encomendado el Ministerio de Educación cuyo objetivo era la reorganización del sistema educativo. El ámbito de actuación de Díaz fue siempre el mismo, la inspección, lo que nos inclina a pensarlo como un agente estatal, como un intelectual de estado que ejerció una tarea quijotesca plagada de sacrificios y obstáculos. En esta deriva cuestionó los límites de aquello que le habían encomendado pero sin renegar ni discutir los principios que animaban su tarea y sin circular más allá de los ámbitos asociados estrictamente a su función. 189 Torre, “Sarmiento”, p.453 Sobre Mercante véase Lionetti Lucía (2006) “Víctor Mercante: agente político e intelectual del campo educativo argentino de principios del siglo XX”, Revista Prohistoria, año X, Número10, pp. 93-112. Rosario, Prohistoria. Dussel Inés (1993), “Víctor Mercante (1870-1934), Perspectivas, Vol. XXIII, N 3-4, pp.808-821. París, Unesco. 190 122 Bibliografía Aliata Fernando, “Contemplar y Recordar. 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Su extensa y lucrativa carrera profesional como abogado y su participación en la república de las letras dificultan su definición como un miembro tradicional de la elite política. Su trayectoria pública sería capaz de mostrar tanto las transferencias frecuentes de lealtades entre las décadas de 1870 y 1890 como un consecuente antirroquismo en el cambio de siglo, el cual le permitiría acceder a posiciones de influencia durante el gobierno de José Figueroa Alcorta. Su intervención en la constitución de ligas nacionalistas y su activa participación en el cenáculo del diario La Prensa advertían sobre la política exterior finalmente desarrollada como canciller entre 1906 y 1908. Este trabajo se propone explorar tres momentos de la extensa carrera pública de Zeballos: el alejamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores de Figueroa Alcorta en 1908; la campaña a favor de la adquisición de armamentos desarrollada en la segunda mitad de 1908 y los trabajos electorales emprendidos como candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires en 1912. A través del estudio de estos tres momentos de la última fase de la vida pública de Zeballos se espera contribuir al estudio de las vinculaciones entre política y nacionalismo, las tensiones en el interior del campo periodístico y las interconexiones entre saberes profesionales, trayectorias políticas y la participación de los miembros de la elite política en el aparato burocrático del Estado a comienzos del siglo XX. Una breve referencia al debate historiográfico sobre la vida política entre el Ochenta y la reforma electoral de 1912 y las modalidades advertidas en el ocaso del ordenamiento político conservador puede servirnos de introducción a la cuestión de la participación de las figuras públicas en los elencos dirigentes de comienzos del siglo XX. Frente a la visión antiguamente dominante sobre el control que una clase terrateniente habría ejercido sobre el Estado y los resortes de la política del período, la historiografía reciente ha cuestionado la hipótesis de una relación constante de armonía entre sectores terratenientes y elite política (señalando las situaciones de conflicto entre sectores de aquella y el Partido Autonomista Nacional (PAN)) y sugerido formas 126 más complejas de construcción del poder que se vinculaban a una variedad de factores, entre ellos la participación en ámbitos de sociabilidad, la inserción en redes familiares, la incorporación a cuerpos legislativos y burocráticos así como las relaciones provenientes de la esfera económica.191 Por otra parte, una serie de estudios recientes han avanzado en la comprensión de la dinámica interna del orden conservador en los años previos a la reforma Sáenz Peña y han contribuido a la revisión de interpretaciones tradicionales que postulaban el carácter inalterado del PAN en las décadas previas al Centenario.192 Este trabajo espera avanzar hacia una mayor comprensión de la dinámica interna del ordenamiento conservador a comienzos del siglo XX examinando –a través del estudio de una parte de la actuación pública de Estanislao Zeballos– las vinculaciones construidas entre la definición de saberes profesionales (y su relación con la política), la identificación de roles en los círculos dirigentes e intelectuales y la relación entre las tramas facciosas y las formas colectivas de expresión política. En este último sentido, si bien este trabajo puede considerarse parte de una producción reciente que atiende a la historia de las elites argentinas, en su exploración de la campaña pro armamentos de 1908, también expresa interés en la articulación entre los movimientos colectivos de opinión, la prensa y los elencos dirigentes a comienzos del siglo XX en la Argentina. Militancia antirroquista, nacionalismo y periodismo La vida de Estanislao Zeballos ha concitado un renovado interés en años recientes a partir de enfoques que se proponen, de alguna manera, desentrañar las diversas facetas de un personaje que transitó por la política, los círculos intelectuales, la ciencia y las relaciones internacionales con aparente versatilidad (Paredes, 2000; Castro, 2003; Fernández y Navarro, 2011). Nacido en Rosario e hijo de un coronel de milicias provinciales, la formación intelectual temprana de Zeballos y su participación en ámbitos de sociabilidad política respondieron en sus comienzos a su inserción en las redes familiares y a las vinculaciones que podían ser construidas con los referentes de las facciones provinciales. Cercano a Julio A. Roca, como se advierte en su apoyo a la solución diseñada para la “cuestión indígena” y al Partido Nacional, Zeballos participó activamente del 191 Entre la creciente producción historiográfica señalamos algunas referencias: Hora (2005); Losada (2008); los artículos del dossier sobre las elites argentinas entre 1850 y1910 coordinado por Gustavo Paz (2007). 192 Sobre balances diversos de la historiografía política del período véase: Botana (2012a); Míguez (2012); Alonso (1998). Sobre el ordenamiento político conservador y sus transformaciones, véase: Botana (2012b); Alonso (2010); Castro (2012). 127 espacio roquista durante la primera parte de la década de 1880 (Bonaudo, 2011). Sin embargo, la intervención de Roca en la obstrucción de su candidatura a la gobernación de Santa Fe en 1886 (y el apoyo a la suerte política de José Gálvez), conducirían hacia un paulatino alejamiento de las filas roquistas del por entonces diputado nacional por Santa Fe (Melo, 1961: 1-2; Caillet-Bois, 1973: 1-2). No había sido ésta, la primera participación relevante de Zeballos en la política activa. Para quien a comienzos del siglo XX, mantendría similar grado de encono hacia la máquina política roquista y hacia la tradición mitrista, no deja de ser una paradoja que los primeros pasos de su extensa trayectoria estuvieran vinculados a su rol como secretario de campaña del General Mitre en el levantamiento de 1874, movimiento revolucionario del cual extraería – según uno de sus biógrafos– una fuerte convicción en la importancia del mantenimiento del orden político y en el papel de la educación, la prensa y la tribuna como herramientas transformadoras del sistema político (Rivarola, 1923: 20; Míguez, 2011: 67 y 106). Estos itinerarios políticos cambiantes también incluirían participaciones como Ministro de Relaciones Exteriores en los gobiernos de Miguel Juárez Celman y Carlos Pellegrini. Justamente, sería aquel paso por el gabinete juarista el que sería recordado en 1906 al hacerse cargo de la política exterior del gobierno de José Figueroa Alcorta (Etchepareborda, 1980: 20). Capaz de generar una riqueza considerable a partir de explotaciones agropecuarias o a través de sus intermediaciones como abogado, su participación en la política facciosa del orden conservador y en el campo intelectual siempre mantendrían esos rasgos particulares de quien no se encontraba sujeto a la suerte de su inserción en las redes de amigos políticos o a la necesidad de cultivar los cenáculos literarios adecuados. Por otra parte, aquella carrera profesional lucrativa193 y una activa participación en la “república de las letras” como publicista, pero también como experto en política internacional y como impulsor de iniciativas editoriales (como sería el caso de la Revista de Derecho, Historia y Letras –en adelante RDHL- fundada en 1898), le ayudarán a forjar un perfil de notable capaz de alternar entre los ámbitos de sociabilidad de las elites sociales y los vericuetos del poder de la república posible. Su participación en la formación de ligas nacionalistas en el cambio de siglo y su radical interpretación de la política exterior argentina durante el novecientos colocó a Zeballos en el centro de frecuentes polémicas (sazonadas no pocas veces con disputas facciosas con el roquismo y las 193 Véase, por ejemplo, la correspondencia con Victorino de la Plaza. Estanislao Zeballos a Victorino de la Plaza, 04/7/1900, Archivo Estanislao Zeballos (Complejo Museográfico “Enrique Udaondo”, Luján), en adelante AEZ, Libro copiador de correspondencia 186. Zeballos fue presidente de la Sociedad Rural entre 1888 y1894 (Lacoste, 2001). 128 expresiones del liberalismo mitrista) que le garantizaban una cierta popularidad entre sectores urbanos porteños y una activa presencia en los debates periodísticos (Bertoni, 2001: 239). Como ya ha sido analizado, su ingreso al gabinete ministerial de Figueroa Alcorta en noviembre de 1906 iba a ser interpretado no solo en términos de sus claras definiciones antirroquistas sino también en relación a las sólidas vinculaciones que el diplomático había sabido establecer con el diario La Prensa desde la década de 1870 (Castro, 2012: 196 y ss). Su larga trayectoria en esta empresa periodística y la influencia indudable de su pluma y de sus concepciones sobre la línea editorial del diario –fundamentalmente en relación a una política exterior de tonos agresivos- llevará a que, a comienzos del siglo XX, sean no pocos los que identifiquen en Zeballos al propietario de la hoja periódica.194 Uno de los diarios de mayor prestigio y circulación junto a La Nación, el diario fundado por José C. Paz en 1869 se define por un modelo de acción periodística que no se encuadra fácilmente en el molde de la prensa política (o simplemente facciosa) pero que sí iba a demostrar una crítica visceral hacia la influencia de la maquina roquista sobre el ordenamiento político argentino.195 Identificado desde temprano como un “hombre de La Prensa”, la multiplicidad de facetas que adquiriría la personalidad pública de Zeballos iba a impedir, sin embargo, interpretar los momentos de relevancia alcanzados en su carrera política como directa consecuencia de su gravitación en el ámbito periodístico. Con todo, cuando se presta atención a los intercambios epistolares entre Zeballos y sus amigos personales y políticos en el cambio de siglo emerge con tonos definidos por un lado su antirroquismo por momentos furibundo; por el otro, la rivalidad entre los periodistas y políticos que participaban de los cenáculos intelectuales congregados en torno a los diarios La Nación y La Prensa. Desde este último punto de vista, no aparece como tan sorprendente que el diplomático describiera frecuentemente a los alineamientos en el interior del gabinete de Figueroa Alcorta como dictados por las simpatías dirigidas hacia estas dos hojas periódicas ni que pergeñara planes futuros tendientes a disminuir la influencia política de La Nación entre las “clases intelectuales” y a transformar el “poder financiero” alcanzado por La Prensa en “influencia política” que impactara sobre el proceso de toma de decisión a nivel nacional.196 194 A. de Vedia a Julio A. Roca, 22/7/1908, Archivo General de la Nación Fondo Julio A. Roca (en adelante AGN FJAR) 195 Sobre cómo interpretaba La Prensa su relación con la opinión pública, véase Navarro Viola (1897: 11-12). Sobre el concepto de prensa política, Alonso (2003); Duncan (1980). Sobre el diario La Nación a comienzos del siglo XX puede consultarse Zimmermann (1998). 196 E. Zeballos a José C. Paz, 24/4/1911, AEZ Legajo 63. 129 Desde que Figueroa Alcorta asumiera la presidencia a la muerte de Manuel Quintana en marzo de 1906, parte de su respaldo político descansaría en la continuidad de una coalición política antirroquista (la Coalición Popular) constituida originariamente por autonomistas pellegrinistas, radicales bernardistas y republicanos. En el breve período que va desde las elecciones nacionales de 1906 hasta el denominado “golpe de Estado” de 1908 (en el que Figueroa Alcorta clausuraría las sesiones extraordinarias del Congreso) el gobierno central se encontrará jaqueado constantemente por la fortaleza de los restos de la maquina política roquista en los gobiernos provinciales y la obstrucción parlamentaria que bloquearía un buen número de iniciativas legislativas del oficialismo (Castro, 2012: 174). Tensionado entre propios y extraños el gobierno de Figueroa Alcorta explorará caminos diversos que producirán eventualmente una política más definida de desmantelamiento del roquismo (en las situaciones provinciales y en el Congreso) y, eventualmente, la imposición de la candidatura presidencial de Sáenz Peña. En este contexto, Estanislao Zeballos gustaría de describirse en su correspondencia como un eficaz colaborador de esta guerra de posiciones que tendría lugar caracterizada por la fluidez de los alineamientos facciosos. Su paso por el Ministerio de Relaciones Exteriores entre 1906 y junio de 1908 se encontró teñido de fuertes controversias y enfrentó la sistemática oposición de lo que Zeballos describió “la vieja camarilla de la doctrina Drago”. La polémica pública en torno a las posibilidades de que la Argentina se viera envuelta en una carrera armamentista con Brasil y (en menor medida en estos años) con Chile acompañarían el paso del publicista rosarino por la cancillería, en donde afrontaría las intrigas constantes de quienes eran sus adversarios ideológicos. En agosto de 1907 describía a Roque Sáenz Peña un listado de enemigos en las sombras: “Yo he sido un ministro combatido violentamente por los republicanos, por el grupo de ‘El Diario’, que tiene su cuartel en el Círculo de Armas y por otras fuerzas…”.197 Si el enfrentamiento con El Diario y su dueño Manuel Láinez se explicaba muy probablemente por antiguos enfrentamientos decimonónicos en los estrados de la justicia 198 , las tensiones constantes con los herederos de la tradición del liberalismo mitrista (fundamentalmente expresado en el Partido Republicano y el diario La Nación) se encarnaban claramente en la persona del ex canciller Luis María Drago, autor de la doctrina que llevaría su nombre y que había desarrollado una carrera periodística (espejo de la de Zeballos) en el diario de 197 E. Zeballos a Roque Sáenz Peña, 27/6/1907, Archivo General de la Nación Fondo Roque Sáenz Peña (en adelante AGN FRSP) Legajo 2458 198 Expedientes judiciales, 1876-1878, AEZ Legajo 133. 130 los Mitre. “Hombre de la casa” en La Nación aquel había apoyado la ratificación de los Pactos de Mayo en el Congreso (1902) y sería un crítico acerbo de la política exterior dirigida hacia Uruguay y Brasil durante el ministerio de Zeballos (Conil Paz, 1980: 668). Por el contrario, desde las páginas de la RDHL Zeballos había expresado en agosto de 1902 su rechazo a los acuerdos limítrofes y de desarme con Chile que establecerían, en la interpretación del director de la revista, las bases para una expansión chilena futura en la Patagonia y el Atlántico (Ferrari, s/f, 43). En esta oposición estaría acompañado por Indalecio Gómez, Roque Sáenz Peña, Victorino de la Plaza y otros que favorecían una política exterior más agresiva y que serían parte de lo que algunos historiadores han denominado la “generación argentina del destino manifiesto”, que tendría en el diario La Prensa a su ámbito de sociabilidad más definido (Etchepareborda, 1974). Estos miembros de la elite política sostendrían la necesidad de mantener una modernización constante del armamento argentino de acuerdo al engrandecimiento económico porque, al decir de Sáenz Peña, “…a mayor riqueza tentadora no es prudente corresponda una menor capacidad ofensiva”.199 En la misma línea Zeballos, desde las páginas de la RDHL, había delineado en 1904 una visión pragmática y descarnada de las relaciones internacionales que debía conducir a los hombres de Estado a asumir posiciones realistas y alejadas de todo “idealismo ingenuo”.200 Este alarmismo belicista y el temor de que tanto Chile como Brasil (al cual Zeballos interpretaba como persiguiendo una política de hegemonía sobre el Río de la Plata) se armaran conspirando con la posibilidad de involucrar a la Argentina en una guerra conformada por dos frentes replicaría el contexto de las disputas internacionales y de la carrera armamentista previa a la Primera Guerra Mundial (Paredes, 2011: 117). Con Zeballos al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores desde 1906 la implementación de una política exterior de tono belicoso y radical parecía forzar inexorablemente a la Argentina hacia una carrera armamentista con el Brasil, que también respondía a una concepción similar adoptada desde el Palacio de Itamaraty por el Barón de Rio Branco (Fausto, 2014: 147-148). Las diversas estrategias propuestas por el canciller argentino para equilibrar la adquisición de armamentos navales por parte de Río de Janeiro (negociaciones secretas con Chile, Bolivia y Paraguay; la cesión de los acorazados brasileños en construcción y una directa política de rearme) encontrarán la oposición del Congreso y de una parte influyente de la prensa de Buenos 199 R. Sáenz Peña a Vicente Casares, 05/12/1908, Academia Nacional de la Historia Fondo Roque Sáenz Peña (en adelante AFRSP) Legajo 141. 200 Estanislao Zeballos, “Los armamentos navales del Brasil”, RDHL Tomo XX, 1904, pp. 297-298. 131 Aires. Por otra parte, el rechazo de Zeballos a compartir la soberanía sobre el Río de la Plata con el Uruguay conduciría a un acercamiento entre éste último país y la diplomacia brasileña con el consecuente incremento de tensiones entre brasileños y argentinos. De acuerdo con Zeballos su “plan político de diplomacia defensiva” trazado para aislar regionalmente a Brasil se había encontrado con la propaganda concertada de La Nación dirigida por Emilio Mitre la que en junio de 1908 haría público un acuerdo de gabinete que dejaba expuesto los planes extremos del canciller: en su obsesión por no perder la supremacía naval sudamericana y asegurar el control del Río de la Plata Zeballos propugnaba la movilización de cincuenta mil reservistas de la guardia nacional, la escuadra y, de ser necesario, “…la ocupación de Río de Janeiro”.201 Zeballos, aislado dentro del gabinete y ya sin el apoyo del presidente se alejará del gobierno nacional para lanzar desde la prensa, la RDHL y la tribuna callejera una campaña para forzar al parlamento a sancionar créditos para la compra de armamentos navales. De ‘entusiasmos patrióticos’, armamentos y ‘oligarquías’ En esta sección se busca acercar algunas definiciones sobre las dimensiones de la figura del ex canciller en una coyuntura particular de su trayectoria (abandono del ministerio y lanzamiento de la campaña Pro Armamentos), reconstruir los juicios y opiniones sobre su participación en los círculos políticos e intelectuales en esos años y su naciente ascendencia sobre sectores de la opinión a partir de una posición nacionalista radical. ¿Diletante superficial, simple agitador o la expresión más acabada de la defensa de los intereses nacionales? Estas interpretaciones contrapuestas sobre su figura emergerán en no pocas ocasiones a lo largo de los años que siguen a su salida del ministerio. Como ha sugerido Rogelio Paredes, es posible argumentar que su paso por el ministerio entre 1906 y 1908 habría representado para Zeballos la oportunidad de concretar un plan político que, combinando diplomacia y guerra sobre la base de los fundamentos de sus conocimientos sobre el estado del arte de las relaciones internacionales y el derecho internacional, condujera a fortalecer sus ambiciones políticas. Si este era el proyecto, indudablemente su política exterior carente de toda cautela lo alejaría de los consensos inevitables necesarios para pergeñar cualquier candidatura política relevante. 201 E. Zeballos a R. Sáenz Peña, 27/6/1908, AGN FRSP Legajo 2458 132 Sin embargo, es difícil sostener –como propone Paredes- que su alejamiento del ministerio significara también un renunciamiento a una carrera política (Paredes, 2011: 119). Puede conjeturarse, por el contrario, que este alejamiento del ministerio fuerza a Zeballos a explorar otros caminos alternativos que lo conducirán, cuatro años más tarde, a la Cámara de Diputados de la Nación. En este sentido, su persistencia en continuar promoviendo una política exterior escasamente conciliadora con los vecinos sudamericanos lo alejará del poder presidencial y eventualmente de los apoyos sobre los cuales girará la candidatura presidencial de Roque Sáenz Peña pero colocará a Zeballos en una permanente exposición pública sostenida por sus intervenciones en La Prensa y la RDHL y por su participación central en la campaña Pro Armamentos de 1908. Los debates periodísticos sobre la cuestión de los armamentos cruzarán a toda la prensa nacional, si bien encontrarán en La Nación y La Prensa a las expresiones más acabadas de las ideas que identificaban a ambos bandos: en pro del incremento de armamentos la última; favorable a un acercamiento conciliador con Brasil la primera. Si el diario de los Mitre procuraría desestimar los rumores sobre los sueños hegemónicos brasileños, el diario de los Paz intentaría demostrar la situación de inferioridad naval en la que se encontraba la Argentina que, hipotéticamente, colocaba al país en dificultades para asegurar la soberanía nacional y el comercio exterior. Zeballos, por su parte, continuará denunciando la política armamentista de Río Branco y, desde las páginas de la Revista, defenderá el rol de las fuerzas armadas en el sostenimiento de la posición internacional argentina. A partir del regreso del diplomático a la dirección de la RDHL en 1908 (luego de un interinato a cargo de Carlos F. Melo) y, fundamentalmente, a partir de su salida traumática de la cancillería, la Revista incrementaría la publicación de artículos dedicados a estudiar los conflictos con los países vecinos y la carrera armamentista regional. Así, en el número de junio de 1908, la RDHL se introducía plenamente en el debate que tenía lugar en la prensa nacional sobre la cuestión del rearme y las relaciones con los países vecinos. Partidaria del perfeccionamiento de los “armamentos de mar y tierra” en concordancia con el progreso de la “capacidad económica del país” y el mantenimiento de las “fuerzas defensivas de la nación”, la RDHL daba la bienvenida a las iniciativas de rearme del Poder Ejecutivo y criticaba mordazmente a aquella prensa que daba a conocer secretos de Estado, actitud que la hacía pasible del “delito 133 abominable de traición a la patria”.202 En esta línea, entre setiembre de 1908 y mayo de 1910, Zeballos publicaría una serie de artículos en la Revista con la intención tanto de dejar expuesta la política agresiva del Brasil como de argumentar la inutilidad de una política exterior argentina desarrollada sobre la base de lo que describía como una “diplomacia desarmada” que, entendía, dejaba librada la suerte exterior del país a la voluntad de los adversarios. Entre los meses de setiembre y octubre de 1908, el ex ministro viajará a través del territorio nacional participando de meetings en las ciudades de La Plata, Rosario, Córdoba y Tucumán (a los que la Revista dedicará íntegramente el número de noviembre de ese año) con el objeto de presionar sobre el Senado nacional para que aprobara el aumento en el presupuesto dedicado a la compra de armamentos. Una serie de grupos de apoyo se repetirán a lo largo del periplo de Zeballos por el interior del país. De manera poco sorpresiva, entre aquellos que simpatizaban con la iniciativa del ex diplomático se encontraban miembros del ejército y la armada, si bien la campaña de Zeballos iba a producir tensiones en el interior de las instituciones militares. Personal del Arsenal de Guerra del Río de la Plata, del Estado Mayor y oficiales de marina de los acorazados mantendrían una activa correspondencia con Zeballos con la intención de manifestar su adhesión a su “brillante actuación en “defensa de la dignidad nacional” y formarían parte de la comitiva que acompañaría al ex canciller en su gira.203 Por otra parte, entre los miembros del Centro Naval una brecha significativa se abrirá entre aquellos que adherían a la postura más radical en relación a la incorporación de armamentos y otros grupos que priorizaban una posición más conciliadora. La división llegaría a tal extremo que Zeballos recibirá una esquela intimidadora firmada por “varios socios” en la que era definido como un “enemigo de su patria”.204 En su carta de respuesta a la invitación del presidente del Centro Naval, Zeballos procuraba interpretar a la reunión (pero podría también afirmarse que a la naciente campaña) dentro de la necesaria formación intelectual que, sostenía, debía perseguirse a fin de “poner la paz, el honor y la integridad de la soberanía nacional…” al abrigo de amenazas futuras. En ese sentido, los marinos argentinos debían emular, de acuerdo con Zeballos, el ejemplo de las marinas de las “naciones mejor organizadas” que “….cumplen el supremo deber disciplinario de prepararse para defender la patria, escribiendo en revistas y diarios…y escuchan conferencias 202 y hasta producen libros de política En oblicua referencia al diario La Nación. En cursiva en el original, “Analectas”, RDHL, Año X, Tomo XXX, junio 1908, p. 241. 203 Oficiales de marina del acorazado “Independencia” a E. Zeballos, 21/10/1908, AEZ Carpeta 78. 204 “Varios socios” a E. Zeballos, 1/9/1908; Comisión Directiva del Centro Naval a E. Zeballos, 05/9/1908, ambas en AEZ Legajo 78; véase también “La defensa nacional y los marinos”, La Prensa (en adelante LP), 11/8/1908 134 internacional…entre los cuales debo citar las celebradas obras del capitán Mahan de la marina americana…” Ha sido señalada en repetidas ocasiones la influencia que el pensamiento de éste tendría sobre la política exterior alarmista de Zeballos y, sin dudas, esta referencia intelectual a Alfred Thayer Mahan no era casual. Es significativo, sin embargo, que en esta coyuntura particular, al ex canciller devenido en propagandista le pareciera también importante subrayar la faceta pública de la trayectoria de Mahan y su influencia sobre “…el congreso, en el Ejecutivo y en la prensa y en la opinión pública…”.205 Desde esta perspectiva no sorprende la importancia que Zeballos y los propagandistas que favorecían la adquisición de armamentos asignaban al rol de la prensa nacional y provincial en los debates sobre la política exterior argentina. Una de las características de las disputas periodísticas sobre las necesidades de la “defensa nacional” sería no solamente la atención constante que recibirían los debates parlamentarios entre setiembre y diciembre (con la intención manifiesta de informar sobre los rumores que podían recuperarse de las sesiones secretas), sino también la participación activa de la prensa periódica de Córdoba y Tucumán en la organización de los eventos a favor de la sanción del proyecto de armamentos.206 En este sentido, lejos de comportarse exclusivamente como prensa partidaria, estas hojas periodísticas se articulaban con sectores de la sociedad civil (clubes y asociaciones de estudiantes) y manifestaban prácticas de intervención en la esfera pública.207 Un año antes Zeballos ya había esbozado una lista de los periódicos porteños organizada de acuerdo a sus posturas a favor o en contra de la compra de armamentos.208 De manera escasamente sorpresiva La Prensa será el órgano que mejor sintonizaría con los objetivos de Zeballos y quien se encargará de publicar los artículos y revelaciones (surgidos de la correspondencia diplomática) que iba a producir el publicista rosarino. Es significativo, en este sentido, que el número que dedica la RDHL a la campaña Pro Armamentos se abriera con una 205 Carta borrador de E. Zeballos a Angel S. Elias, presidente del Centro Naval, setiembre de 1908, AEZ Legajo 78. Con su libro The Influence of Sea Power upon History (1890) en el que establecía la importancia del poder naval en la lucha por el dominio global entre las naciones, Alfred Thayer Mahan se convirtió en una de las voces más influyentes en el contexto de la paz armada (Clark, 2012: 147). Sobre el peso que el pensamiento de Mahan tendría sobre Zeballos y sectores de la elite política argentina véase Etchepareborda (1974). 206 Véase la participación de La Libertad, Justicia y Los Principios en la ciudad de Córdoba, y de El Orden, dirigido por Leon Rosenvald, en la ciudad de Tucumán. RDHL, Año XI, Tomo XXXI, p. 370 y ss. 207 Sobre las vinculaciones entre prensa y esfera pública existe una rica historiografía reciente, véase Sabato (1998); Rojkind (2006); Cibotti (1995). 208 “Por los armamentos: La Prensa; La Argentina; El Diario de Comercio, El Pueblo, The Standard; The Buenos Aires Herald, Deutsche La Plata Zeitung, El Nacional, La Razón Sarmiento, Tribuna, La Patria Degli Italiani. Todos los diarios de la República contra los armamentos: La Nación; El País; El Diario, El Tiempo” Listado que se encuentra entre la correspondencia de setiembre de 1907. AEZ Legajo 41 135 editorial del diario bajo el sugerente título de “Resurgimiento cívico. El Alma argentina”. Desde esta columna del diario de los Paz se iba a proponer una serie de asociaciones entre la campaña y la situación política y social argentina que recuperaba las vinculaciones formuladas en las reuniones que habían tenido lugar en teatros y clubes sociales del interior del país a lo largo de setiembre. Así, desde esta perspectiva, la “fibra patriótica” de los pueblos de las provincias aparecía interpretada como un tónico eficaz frente al impacto desfavorable del “cosmopolitismo” sobre la sociedad argentina. A los ojos de La Prensa, aquellos alejados de los “comicios fraudulentos de las oligarquías” se abrían, sin embargo, al “sentimiento patriótico” y las concentraciones populares (con la presencia del “elemento conservador”) emparentaban el entusiasmo nacionalista con el avance de la “civilización política”.209 De manera similar, también la redacción del Sarmiento (periódico estrechamente vinculado a Zeballos y dirigido por Manuel María Oliver) manifestaría sus esperanzas de que, como consecuencia de la propaganda armamentista, surgiera una “asociación argentina con objetivos netamente nacionalistas” que propagara desde la tribuna sus ideales patrióticos.210 La gira de Zeballos contó con el apoyo de sectores de los oficialismos provinciales y de las elites locales que prepararían sus mejores galas y rituales para recibir al ex canciller, como se advertía en la recepción en el Club Social en Córdoba o en el listado de figuras expectables incluidas en el comité organizador de los actos en Tucumán.211 Los actos comenzaban con el reparto de las invitaciones y afiches anunciando la realización de las conferencias y banquetes. En el caso de Tucumán, por ejemplo, un intercambio de telegramas y cartas entre Zeballos y los organizadores locales prologarían la realización de las actividades previstas que procuraban demostrar, con su pompa y boato, la importancia del personaje agasajado. Como los anuncios de propaganda advertían, los organizadores buscaban presionar por una resolución favorable del Senado en relación al aumento de armamentos navales e influenciar sobre el pueblo en general, aunque fundamentalmente sobre lo que definían como la “clase intelectual y estudiantes” a los que se invitaba a concurrir a las fiestas de recibimiento del ex canciller.212 209 “Resurgimiento cívico”, LP, 30/9/1908, reproducido en RDHL, Año XI, Tomo XXXI. En la correspondencia entre Ezequiel Paz y Estanislao Zeballos se observa el compromiso del diario por reflejar la “extraordinaria importancia” de los meetings más allá de alguna queja ocasional del ex diplomático. Véase Ezequiel P. Paz a E. Zeballos, 01/10/1908, AEZ Legajo 78. 210 Alfredo Lopez a E. Zeballos, 09/10/1908, AEZ Legajo 78. 211 Véase “La llegada del doctor Zeballos”, El Orden, 05/10/1908 212 Véase el afiche preparatorio en AEZ Carpeta 78, folios 245 y 246. 136 En cada una de las ciudades en que se había desarrollado la recorrida de Zeballos se podía constatar la presencia de un grupo de actores similares involucrados en el programa de actividades: una comisión pro armamentos, oficiales de las fuerzas armadas, el comercio local y activas comisiones de damas formadas por mujeres de las elites sociales provinciales. Pero más allá de lo que esta movilización pudiera sugerir sobre algún resurgimiento cívico (como le gustaba proponer a La Prensa), tanto quienes acompañaban a la campaña Pro Armamentos de Zeballos como quienes se oponían a ella subrayarían el rol destacado de la juventud universitaria y de los estudiantes de los colegios nacionales en la movilización y organización de los eventos.213 El mismo diario La Nación reconocía una “actitud plausible” en el entusiasmo manifestado por la juventud de La Plata durante el mitin a favor de los armamentos, en el cual Zeballos había sido la figura más destacada. Esperaba el diario mitrista, sin embargo, la intervención de aquellos (legisladores y gobernantes) capaces de introducir la tranquilidad y la responsabilidad en la cuestión de los armamentos a fin de evitar “las actitudes marciales, hablando heroicamente de patria y de batallas y de enemigos”.214 La cuestión de la adquisición de los armamentos sin dudas había logrado agitar también a la opinión pública porteña (imperturbable como había estado frente a las elecciones complementarias de octubre de ese año) que había sido testigo (o partícipe) de manifestaciones en uno u otro sentido. El Partido Socialista, agrupaciones anarquistas y obreras marcharían rechazando la incorporación de armamentos. 215 Aquellas disputas que cruzaban al parlamento o a la prensa también iban a encontrar su correlato tanto en las manifestaciones de entusiasmo por la figura de Zeballos como también en el hondo rechazo que generaría entre sectores de la opinión pública porteña. De acuerdo con el diario católico de la provincia de Córdoba Los Principios, el entusiasmo provocado por la disertación del ex canciller –con sus promesas de dar a conocer documentos secretos y su comentarios sobre la mala fe de la política exterior brasileña- había llevado a la muchedumbre de la ciudad de Córdoba a desprender los caballos del carruaje de Zeballos (preanunciando el conocido acto de la multitud durante la asunción presidencial de Hipólito Yrigoyen años más tarde) (Horowitz, 2008) y a arrastrarlo “en medio de vivas y aplausos” hasta el Club Social.216 Personaje que despertaba pasiones y generaba olas de simpatía nacionalista, también daría lugar a reacciones profundas entre los que rechazaban sus 213 “La juventud y los armamentos”, El Día, 21/9/1908; “Imponente asamblea en La Plata”, LP, 20/9/1908. “La juventud y los armamentos”, La Nación (en adelante LN), 20/9/1908 215 Sobre la masiva manifestación del Partido Socialista, el anarquismo y agrupaciones obreras contra la adquisición de armamentos véase LN, 12/10/1908. 216 “La recepción al Doctor Zeballos”, Los Principios, 29/9/1908, citado en RDHL, Año XI, Tomo XXXI, p. 367. 214 137 planes belicistas. Así, en diciembre de 1908 Manuel M. Oliver, director del diario Sarmiento, advertía al ex diplomático sobre la profusa distribución de tarjetas satíricas que rechazaban su política belicosa y cuestionaban su honestidad en la función pública.217 A lo largo de la campaña, Zeballos propuso distintas maneras de legitimar su participación en los eventos organizados en las diferentes ciudades. Cercana la fecha de su renuncia al Ministerio se advierte una intención por asignarse un rol diferente de aquel definido por su condición de simple publicista o propagandista. Frecuentemente será presentado ante la concurrencia como un experto en derecho internacional (el “ilustre internacionalista”), portador de un conocimiento especializado y avalado además por su trayectoria previa en el campo intelectual y en la vida política del país.218 Así, en el banquete ofrecido en la ciudad de Rosario, Benjamín Avalos (presidente del meeting pro-armamentos) ensaya un largo listado que procura captar la condición del agasajado en tanto que “estadista, […] tribuno, […] literato, […] jurisconsulto, […] maestro en la ciencia del derecho, […] publicista, en todo este inmenso campo de labor intelectual…” 219 Parece evidente que, quienes llevaban adelante esta serie de conferencias y reuniones procuraban también presentar a la campaña como a un “movimiento de opinión” o un “acto de civismo” en el cual se involucraban la “intelectualidad”, el “movimiento universitario” y el “elemento conservador”. En ese sentido, el aporte de una figura como Zeballos al que se atribuía la condición de “distinguido diplomático” y “hombre público” en posesión de los conocimientos necesarios para estudiar los “grandes problemas internacionales” contribuía a conceder a los mítines la condición de asambleas capacitadas para el debate racional de los temas de la defensa nacional.220 Para el mismo Zeballos, será también importante señalar su vinculación (en un pasado no distante) con el aparato del Estado y con el proceso de la toma de decisiones desde un sector de la burocracia ligado estrechamente con la razón de ser de la campaña. Desde este punto de vista, gustará describirse como un “hombre de Estado” y señalar, por el contrario, la escasez de hombres capacitados que podían cumplir con este rol desde el aparato burocrático. En la intensa actividad desarrollada durante la gira, Zeballos iba a recurrir a un modelo constante de discurso que repetirá, con algunas modificaciones, a lo largo del camino. En la conferencia pronunciada en el Teatro 217 La cabeza dibujada de Zeballos aparecía en la tarjeta atravesada por una pica. Un texto acompañaba la ilustración: “Por sádico sangriento, falsificador y coimero”. Firmado: El pueblo. AEZ Carpeta 78, Folio 258. 218 Sobre las diferencias entre los usos de los términos intelectual y experto véase la compilación de Federico Neiburg y Mariano Plotkin (2004). 219 “Grandioso acto de civismo”, El Municipio, 29/9/1908. 220 “Su verdadero alcance”, Justicia, 28/9/1908. 138 Argentino de Córdoba el 28 de setiembre de 1908 propondría la existencia de tres puntos de vista posibles al momento de abordar el estudio de las cuestiones internacionales: “…[el] punto de vista del agitador popular,…[el] punto de vista del filosofo y…[el] punto de vista del hombre de Estado”.221 Zeballos desestima a los dos primeros para presentarse ante la audiencia como la expresión del punto de vista del hombre de Estado. Si los agitadores populares son instrumentos que facilitan “el camino de las evoluciones sociales”, los filósofos persiguen “la transformación fundamental de las sociedades” pero sin atender a las “situaciones reales” en su afán por descubrir “leyes fijas”. En esta última categoría, el ex diplomático colocaba a Enrico Ferri, a una de cuyas conferencias había asistido unos días antes. La Vanguardia había elegido entonces proveer una descripción colorida de las reacciones de Zeballos frente a los comentarios de Ferri (crítico de la paz armada) a partir de las cuales podía el diario socialista deducir los rasgos fundamentales de su personalidad y de su concepción política: “Odia al proletariado. Ama la paz armada. Ha sido colaborador de los gobiernos burgueses.”.222 Para Zeballos, por el contrario, serían justamente aquellas argumentaciones pacifistas y contrarias al mantenimiento de los ejércitos las que revelarían en Ferri a la figura del filósofo poco proclive a los hechos concretos. Zeballos, “hombre de Estado”, llamaba desde la orilla opuesta a evitar la mirada del filósofo que en la búsqueda de las “nociones exactas” olvidaba atender a los asuntos humanos y en esa desatención facilitaba la tarea de los “adversarios” que podían “desgarrar o humill[ar] nuestra soberanía.” La elección de la figura de “hombre de Estado” era, sin dudas, instrumental a Zeballos en su intento por colocarse por encima de las luchas facciosas y le concedía la posibilidad de lanzar diatribas contra sus enemigos políticos, más allá de una pretendida imparcialidad surgida de su carácter de hombre de ciencia, rol también reivindicado como propio. De esta manera Zeballos apelaba tácitamente a sus credenciales de “científico del territorio” (como denomina Paredes a su actuación entre los años 1872 y 1881), partícipe de la fundación de la Sociedad Científica Argentina y autor de textos que habían contribuido a consolidar su perfil de hombre público (Paredes, 2011: 106 y ss.; Podgorny y Lopes, 2008). Desde allí y desde la apelación del “método científico de investigación universitaria” aplicada a las cuestiones internacionales, Zeballos sostenía la necesidad del rearme en vistas de lo que interpretaba era una “tendencia persistente y secular” de los adversarios regionales. Desde este lugar se permitía también rechazar las prácticas de los caudillos políticos que habían prevalecido en 221 “Conferencia pronunciada en Córdoba por el doctor Estanislao S. Zeballos en la noche del 28 de setiembre de 1908”, La Voz del Interior, 28/9/1908, reproducido en RDHL, Año XI, Tomo XXXI, p. 401. 222 La Vanguardia, 11/8/1908. 139 el pasado sobre los escasos hombres de Estado, cuyo métier (cuando no eran doblegados por los primeros) se definía a partir de su calidad de observadores profundos de la realidad y de conductores de una política internacional acertada.223 Con la sanción del aumento de los armamentos por parte del Congreso en diciembre de 1908, interpretado por sus amigos personales y políticos como un triunfo de la campaña desarrollada por Zeballos, se abriría paso entre algunos de sus simpatizantes la propuesta de una candidatura al Congreso, de aquel que describían como el “Canciller de Hierro”, en obvia alusión a Bismarck. Desde el comienzo de la gira había sobrevolado el rumor persistente de que Zeballos perseguía un relanzamiento de su carrera política, quizás buscando conformar una coalición de intereses enfrentados a la política presidencial.224 En una carta dirigida a Sáenz Peña en junio de 1908, luego de su alejamiento del gabinete ministerial, Zeballos había especulado con la posibilidad de constituir lo que aquel iba a denominar un “partido de los resentidos”, articulado en torno al capital electoral de Benito Villanueva en la ciudad de Buenos Aires y a los restos de los autonomistas pellegrinistas.225 El temor frente a un (ya por entonces) improbable resurgimiento de la maquina política roquista contagiaba un marcado escepticismo a la visión que Zeballos tenía de la política de reacción presidencial y lo llevaría meses más tarde a incitar a las abigarradas concurrencias de sus conferencias a transformar a aquellos movimientos de opinión en reacciones cívicas que pusieran un final a “treinta años de tripotajes electorales” y a restablecer la influencia de las provincias “en la dirección de los negocios nacionales.” 226 Aquellos “triunfos oratorios” de setiembre y octubre de 1908 reforzarían la imagen que Zeballos procuraba construir de sí mismo como un hombre de Estado preocupado y capacitado en cuestiones de la “defensa nacional”. Seria este potencial capital simbólico y político el que resurgirá nuevamente en la coyuntura electoral de 1912 y sobre el cual Zeballos esperaba poder construir su triunfo en los comicios. La condición de un náufrago y la nave a la deriva Zeballos había quedado marginado relativamente de los círculos de poder presidenciales luego de su abrupta salida del ministerio en junio de 1908. Su extraña decisión de continuar amenazando a 223 “Conferencia pronunciada en Córdoba…”, cit, pp. 402-403. José B. Montoto a E. Zeballos, 18/12/1908, AEZ Legajo 78.Sobre probables ambiciones presidenciales de Zeballos véase “El Fénix argentino”, Ultima Hora, 28/9/1908. 225 E Zeballos a R. Sáenz Peña, junio de 1908, AEZ Legajo 63. 226 “Imponente asamblea en La Plata”, LP, 20/9/1908; La Voz del Interior, 03/10/1908. 224 140 propios y extraños con la publicación de documentación de carácter delicado sobre cuestiones de política internacional o incluso interna reduciría considerablemente su influencia en los círculos del ascendente movimiento a favor de la candidatura presidencial de Sáenz Peña y entre los amigos políticos de Figueroa Alcorta.227 En este contexto, no sorprende que (de manera similar a la actitud asumida en los años finales del siglo XIX) Zeballos buscara cultivar una imagen del hombre público que no buscaba “ubicarse” sino resguardarse para aquellos momentos de “crisis definitiva”: “Entonces se necesitará hombres preparados, honorables y enérgicos para la reacción de verdad. Para entonces, amigo, quiero guardarme…”228 Esa nueva oportunidad llegaría con el escenario electoral que se abría con la realización de las elecciones de abril de 1912 (las primeras en el distrito luego de la sanción de la Ley 8871) y en el contexto de un presidente que se resistía a convertirse en la cabeza de los oficialismos provinciales. En efecto, la resolución de Sáenz Peña de colocarse por encima de las disputas partidarias y de evitar transformar a la Unión Nacional (la laxa coalición de partidos provinciales y facciones que había sostenido su candidatura presidencial) en el nuevo partido oficial exacerbaría el proceso de fragmentación de las fuerzas conservadoras y concedería un mayor peso a los actores locales (Castro, 2012). Desde comienzos de la segunda presidencia de Roca, Zeballos se había manifestado como un crítico agudo de los límites de la política de conciliación entre partidos (la Política del Acuerdo lanzada en 1891) que había conllevado la debilidad estructural de los partidos “orgánicos” y la concreción de una “unanimidad aparente”.229 Esta crítica venia acompañada de una concepción pesimista del peso que la influencia roquista había adquirido sobre la vida política argentina. Con su salida del gabinete de Figueroa Alcorta su escepticismo sobre las posibilidades de dar forma a un proceso sólido de “reacción cívica” crecería considerablemente. Recordemos que en sus arengas a las asambleas universitarias de 1908 había celebrado también el éxito de aquel movimiento porque podía constituirse en la antesala de una “rehabilitación de las fuerzas conscientes de la opinión pública” que condujeran a la sanción de la “…verdad suprema: que solo las inteligencias tienen el derecho de gobernar el país…”230 Esta mirada revelaba una concepción elitista de cómo debía ser ejercido el poder político pero también un escepticismo hacia las notas características del electorado, como insistiría años más tarde en una carta a José C. Paz. Estas 227 En su carta del 15 de octubre de 1908, José María Ramos Mejía aconsejaba a Sáenz Peña tratar a “nuestro amigo Zeballos…con mucha discreción”, AFRSP Legajo 21; Manuel María Oliver a E. Zeballos, 31/1/1909, AEZ Legajo 284 228 E. Zeballos a Manuel María Oliver, 23/1/1909, AEZ Legajo 284. 229 E. Zeballos, “La Política del Acuerdo y la desorganización de los partidos argentinos”, RDHL, Tomo II, 1898. 230 “La Juventud y los armamentos”, El Día, 21/9/1908. 141 últimas eran consecuencia de “treinta y cinco años de educación roquista” que había actuado sobre “masas” habituadas a no votar. No sorprende, entonces, que en su respuesta a la política saenzpeñista de sufragio libre privilegiara ubicar en un primer lugar el impacto que la tradicional apatía del electorado (“no existe país en el sentido político”) podía tener sobre un programa que veía como fundamentalmente “ideal” y carente de un escenario favorable constituido por partidos políticos organizados. De acuerdo con Zeballos, una reforma electoral como la de 1912 que se basaba en nombramientos en los organismos de control realizados directamente por el presidente y ante la inexistencia de una opinión pública preparada podía dar lugar a una potencial dictadura presidencial o al resurgimiento de la continuidad del “régimen” por otras vías. 231 En abril de 1912 un Zeballos exultante pero consciente de la excepcionalidad de su situación celebraba su éxito electoral en los comicios porteños. De manera quizás algo inesperada el ex ministro había conseguido sacar partido de sus buenas relaciones con quien aparecía como la figura más influyente del Partido Nacional en el distrito, Benito Villanueva, e incorporarse a la lista de la Unión Nacional.232 El ex diplomático sólo había aparecido en el horizonte de posibles candidatos unas escasas dos semanas antes del día de los comicios cuando en una reunión realizada en la casa particular de Villanueva los presidentes de los comités de la Unión Nacional acordarían la lista a ser votada por la convención del partido, en un contexto de profundas desavenencias internas. Las tensiones internas y la controversia que la figura de Zeballos despertaba entre los amigos políticos de Sáenz Peña se advertían en la renuncia de Federico Pinedo a la agrupación, en desacuerdo con la designación del político rosarino como candidato. 233 Sólo dos políticos pertenecientes a los partidos tradicionales (significativamente Luis M. Drago de la Unión Cívica y Estanislao Zeballos) alcanzarían a ingresar al Congreso nacional en representación de la capital federal. Zeballos claramente comprendía la magnitud del temblor político provocado por el desempeño electoral de radicales y socialistas en el distrito: “Estoy en la condición de un náufrago que se salva cuando se hunde la nave con todos los otros tripulantes”.234 Como señala Natalio Botana, en la Capital Federal los partidos del antiguo orden buscaron adaptarse al nuevo escenario electoral delimitado por la nueva ley a partir del diseño de “listas de 231 Carta borrador de E. Zeballos a José C. Paz, 24/8/1911, AEZ Legajo 63. En 1908 Zeballos había apoyado a Benito Villanueva en su intento por forzar la intervención federal en la provincia de Mendoza. Véase Walter Townley to Edward Grey, 01/4/1908, Public Record Office. Foreign Office (en adelante FO) 371/397. 233 “Unión Nacional”, LN, 27/3/1912. 234 E. Zeballos a Hilmar Von dem Busshe-Haddenhausen (ministro alemán en Buenos Aires), 20/4/1912, AEZ Legajo 182. El escrutinio provisorio puede consultarse en “El escrutinio de las elecciones nacionales”, LN, 19/4/1912. 232 142 apoyo” cuyo objetivo consistía en ampliar el sustento electoral de algunos de los candidatos por fuera de las redes partidarias (Botana, 2012 b: 237). Este método (también utilizado por los socialistas para la candidatura de Alfredo Palacios) advertía tanto sobre el todavía escaso peso de las disciplinas partidarias como sobre la extensión solo incipiente de las identidades políticas de carácter más permanentes. Zeballos se vería beneficiado directamente por la suma de los votantes acercados por estas ligas electorales y asociaciones de muy variado origen e intereses (por ejemplo, la Unión Israelita Argentina, grupos universitarios, comités independientes parroquiales, el Colegio de Escribanos, la Unión Comunal, etc.) que coincidían en incorporar candidatos que provenían de diversos rincones del mundo faccioso conservador o de los partidos “nuevos” en los listados propuestos a la opinión pública porteña. Este método que iba a permitir sumar valiosos contingentes de electores a las candidaturas, también se daría en consonancia con un aumento exponencial de los candidatos, lo que La Nación denominaría “la germinación de las candidaturas”.235 A diferencia de las campañas electorales de radicales y socialistas dominadas por la realización de meetings masivos en las calles de Buenos Aires, los trabajos electorales de la Unión Nacional se caracterizarán por la yuxtaposición de formas tradicionales y otras más novedosas de proselitismo político. En este sentido, la campaña electoral de parte de las agrupaciones conservadoras es considerablemente breve e incorpora la presencia de los habituales “fabricantes” de sufragio (incluido un uso generoso del voto venal) como así también la participación de grupos de universitarios y de comités independientes que procuran favorecer las candidaturas, frecuentemente como parte de listas heterogéneas de candidatos. La correspondencia intercambiada por Zeballos durante la campaña electoral de 1912 brinda abundantes ejemplos de los vínculos cultivados entre aquel y los caudillos locales, movilizadores de clientelas electorales, que combinaban una base territorial (la constitución de comités parroquiales) pero también étnica. En este ultimo sentido, si como se ha señalado Zeballos (que había sido un conocido defensor de los intereses de la comunidad italiana en la década de 1880) (Devoto, 2002: 30-31) giraría hacia concepciones más críticas de la inmigración y más proclives a identificar el valor positivo de la inmigración española (en contraposición a otras contingentes mas “exóticos”) (Man, 2011), aquellos contactos con los sectores intermedios demostraría una clara postura pragmática hacia 235 “La germinación de candidaturas”, LN, 17/3/1912; “Banquete de los escribanos de la Capital al doctor E. S. Zeballos”, RDHL, Año XIV, T. XLII, junio de 1912. 143 caudillos que prometían acercar el voto de la comunidad española pero también de la italiana, “israelita” y otomana.236 A estos aportes se iban a sumar los apoyos provenientes de algunos sectores católicos (el Círculo de Obreros de la Merced y cierta simpatía de prelados hacia su candidatura) y de miembros de las fuerzas armadas que veían a la candidatura de Zeballos como una continuidad de la campaña de 1908. En este sentido, Manuel Domecq García no iba a dudar en asegurar al ex canciller que su voto “moral” (en tanto se encontraba imposibilitado de votar) sería sin dudas para el publicista rosarino en tanto que “luchador infatigable por el bien de la Nación Armada, plataforma única para que sea respetada”.237 Estos últimos apoyos a su candidatura y las referencias de una parte considerable de sus amigos políticos hacia su figura como defensor de la tradición nacional y capaz de expresar la defensa del alma de la nacionalidad ante la amenaza de los “viejos regímenes”, del “comercialismo” e intereses extranjeros sugieren una vinculación considerable entre su concepción de la política exterior argentina en la década previa y su popularidad entre sectores universitarios y urbanos porteños.238 En todo caso, como bien explicaría uno de los enemigos tradicionales de Zeballos, serían las listas mixtas de “ciudadanos conscientes” y los votos “independientes” los que explicarían la elección tanto de Luis M. Drago como de Estanislao Zeballos (con visiones tan opuestas en la década precedente), en medio del desconcierto introducido en las filas conservadoras porteñas por el ejercicio del voto secreto.239 Hombre político, hombre de Estado, hombre de mundo En Zeballos se advierte una figura relevante de la vida política del orden conservador que escapa, sin embargo, a las rápidas caracterizaciones. Para aquellos entusiastas que en las calles de Córdoba habían desprendido su carruaje para conducirlo hasta el Club Social, el ex diplomático representaba la encarnación de la defensa de los intereses nacionales y el ejemplo más concreto del especialista y experto en cuestiones internacionales. Paradójicamente diplomáticos europeos como 236 Cayetano Gangui a E. Zeballos, 23/3/1912; A. M. Nahon (Presidente Comité Israelita) a E. Zeballos, 26/4/1912; E. Zeballos a Justo S. López Gomara (“Diario Español”), 02/4/1912, todos en AEZ Legajo 166. 237 Subrayado en el original. M. Domecq Garcia a E. Zeballos, 01/4/1912. Sobre la popularidad de su candidatura entre las fuerzas armadas véase, Circulo de Oficiales de Mar a E. Zeballos, 14/5/1912; Listado de 60 miembros del Arsenal Principal de Guerra que votarían por Zeballos. Sobre el apoyo de los católicos, Circulo de Obreros de La Merced a E. Zeballos, 02/5/1912. Todos en AEZ Legajo 166. 238 A. E. Carava Alarcón a E. Zeballos, 24/4/1912, AEZ Legajo 166. 239 “Las sorpresas del escrutinio”, LN, 09/4/1912; “Ecos de las elecciones”, LN, 10/4/1912. 144 el representante británico en Buenos Aires, enemigos del campo periodístico y antiguos amigos políticos no iban a dejar de señalar en Zeballos una persistente superficialidad a la hora de encarar los debates intelectuales e internacionales.240 Es posible, sin embargo, que ese cariz polifacético de su trayectoria obedeciera más a una marca de la época (la porosidad de los campos profesionales en el cambio de siglo) que a un atributo de su personalidad (Bohoslavksy, 2011). Hombre de la política que no dejaba de prestar atención al cultivo de las redes de vinculación con los notables nacionales y los jefes políticos locales no sería, sin embargo, (como acertadamente sugiere Marta Bonaudo) un político profesional. Su lugar en el universo faccioso del orden conservador iba a provenir de una diversidad de áreas de actuación que le concedían prestigio (en ocasiones profesional y académico), un acceso fluido a los ámbitos de sociabilidad de la elite porteña y una incorporación a la burocracia estatal en sectores que, como interpretaba Zeballos, se definían por un grado no desdeñable de ausencia de una expertise profesional. Tanto su participación en la república de las letras como su condición de “hombre de mundo” (es decir, como miembro de los ámbitos de sociabilidad de la elite) no lo conducen a un cuestionamiento de la intervención en la arena política (intervención que acomete con naturalidad) pero ésta se realiza subrayando su rol de servicio al Estado y diferenciada de un compromiso absoluto con la política electoral. 241 Reivindica, en ese sentido, su rol de hombre de Estado experto en política internacional y atento a los resultados de la circulación transnacional de saberes ligados a la construcción estatal.242 En el cambio de siglo, el ascenso de Estanislao Zeballos en el andamiaje de la política conservadora obedecía parcialmente a su tardío antirroquismo (frente a otros más consecuentes como el de Roque Sáenz Peña), a sus radicales definiciones sobre la concepción de la “Nación armada” y a su participación en cenáculos y ligas patrióticas obsesionadas con la defensa nacional en un contexto de tensiones regionales e internacionales. En este escenario, Zeballos se revelará como un personaje capaz de recurrir a diversos talentos para sobrevivir a la fragmentación creciente de la elite política, si bien agregará en el camino un componente de imprevisibilidad que pondrá repetidamente en riesgo sus esfuerzos por cultivar un perfil de experto en cuestiones internacionales. Estos saberes diversos y su, por momentos, variopinta participación en la escena 240 Véase “Argentine Republic Annual Report 1907”, Mayo 1908, en FO 371/397; de acuerdo con Ramón Cárcano, en su Diario Inédito. 1906-1907, (14/11/1906), Zeballos era “…un farsante incurable, superficial,…" (Sáenz-Hayes, Ricardo, 1960). 241 Compárese, en este sentido, las trayectorias de Eduardo Wilde y José Manuel Estrada (Bruno, 2011). Las expresiones “hombre político” y “hombre de mundo” provienen de una carta de Zeballos a José A. Lavalle, 1/6/1910, en AEZ, Legajo 181. 242 Sobre esta problemática puede consultarse la compilación de Mariano Plotkin y Eduardo Zimmermann (2012). 145 pública le pondrán limites ciertos a su colaboración en los destinos de la política exterior argentina pero le garantizarán, sin embargo, una popularidad entre sectores universitarios y de la opinión pública porteña que serian decisivos en la coyuntura electoral de 1912. Bibliografía Alonso, Paula (1998): “La reciente historia política de la Argentina del Ochenta al Centenario”, Anuario IEHS, núm. 13. Tandil. --- (2003): Construcciones impresas. Panfletos, diarios y revistas en la formación de los Estados nacionales en America Latina, 1820-1920. Buenos Aires, FCE. --- (2010): Jardines secretos, legitimaciones públicas. El Partido Autonomista Nacional y la política argentina de fines del siglo XIX. Buenos Aires, Edhasa. Bertoni, Lilia Ana (2001): Patriotas, cosmopolitas y nacionalistas. 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INTRODUCCIÓN El nombre de José Luis de Ímaz suele estar asociado a su obra sociológica de mayor trascendencia: Los que mandan, publicado en 1964 a la edad de 36 años. Este libro es al mismo tiempo un hito en la historia de la sociología argentina como la consagración de su autor en el mundo intelectual nacional. Sin embargo, más allá de Los que mandan es relativamente poco lo que conocemos sobre de Ímaz. A lo largo de su extendida carrera como docente e investigador en la Universidad de Buenos Aires y Católica Argentina y en el CONICET, de Ímaz demostró una preocupación por articular academia con los problemas públicos y el Estado. En este artículo tomaremos seis episodios de la biografía de José Luis de Ímaz que dan cuenta de distintas formas de intervención en la esfera pública y en la política. Primero, el académico que interpela desde la universidad con escritos y conferencias a factores de poder. Segundo, el asesor de gobierno el consejero del Príncipe Juan Carlos Onganía. Tercero, el experto comprometido con las experiencias de promoción humana cristiana realizadas por organizaciones de la sociedad civil. Cuarto, el intelectual orgánico al servicio de la Iglesia Católica que produce conocimiento científico para defender la posición institucional los debates por la Ley del Divorcio. Quinto, el alto funcionario en Educación durante la presidencia de Carlos Menem. Sexto, el legislador que busque, infructuosamente, reinstaurar la educación religiosa en las escuelas públicas en la Ciudad de Buenos Aires. En cada una de ellas, de Ímaz intervino en el debate público buscando, explícita o implícitamente, orientar la acción del Estado y de los sucesivos gobiernos. La vocación hacia la política y la política pública lo acompañan a lo largo de su vida pública. Todos los episodios que 243 Este trabajo se inscribe en dos investigaciones complementarias: por un lado, los trabajos del grupo de investigación en historia de la Sociología dirigido por Diego Pereyra en el Instituto Gino Germani (UBA), y por otro la tesis de doctorado que realizo sobre trayectorias, redes y sociabilidades de altos funcionarios del gobierno nacional, en el marco de una beca doctoral de CONICET, bajo la dirección de Fortunato Mallimaci y Luis Donatello (CEIL). Agradezco a los colegas de ambos grupos por los debates que han alimentado las reflexiones de este trabajo, en particular a Joaquín Algranti y a Nicolás Damín. También, agradezco a Martín Vicente la invitación a participar de estas Jornadas, y a Sergio Morresi, comentarista designado, por sus enriquecedoras observaciones. 150 veremos tienen un carácter propositivo, interpelando a los funcionarios, sugiriendo cursos de acción, presentando proyectos de ley o brindando diagnósticos de situación. Lejos de un oportunismo coyuntural, a estas intervenciones públicas subyace un mismo proyecto político: la sociedad organizada bajo el principio de subsidiariedad, inscrito en el horizonte de sentido de la Doctrina Social de la Iglesia, en ocasiones antiliberal y en otras mostrando significativas afinidades con el neoliberalismo respecto al rumbo de ciertas políticas públicas. En todos los episodios de Ímaz reiteró la necesidad que el Estado permitiese y alentase la participación de actores privados, sin desentenderse de sus “obligaciones indelegables”. Esta línea nos lleva desde el corazón del proyecto corporativista de la Revolución Argentina hasta el clivaje de neoliberalimo con sentido social que buscó encarnar Gustavo Béliz. Con la recuperación de su trayectoria como intelectual, experto y político nos proponemos reconstruir algunas de las maneras a través de las cuales cuadros católicos buscaron intervenir públicamente en la política y la política pública en el último tercio del siglo XX. II. PRELUDIO José Luis de Ímaz nació en 1928 en la Ciudad de Buenos Aires, hijo de la unión entre un inmigrante vasco empleado de comercio, luego chacarero y luego comerciante él mismo, y una mujer porteña de familia de ascendencia vasca de comerciantes y empleados. Uno de sus tíos fue Juan Alberto Lartigau, secretario privado del Jefe de Policía Ramón Falcón que compartió su explosivo final. Su primera infancia trascurrió en Las Flores (Buenos Aires), donde la familia intentó sin éxito explotar una chacra. De vuelta en Buenos Aires se afincaron en el distinguido Barrio Norte, entorno urbano en el cual el joven José Luis se crió. Los de Ímaz Iriart constituyen un pequeño crisol de la intensidad de la movilización aglutinada en torno a un clivaje nacionalista católico durante el agitado clima de la década de 1930. Por un lado, la Guerra Civil Española los movilizó hacia el bando nacionalista, adhiriendo a los Legionarios Civiles. Contemporáneamente, el Congreso Eucarístico Internacional de 1934 interpeló a la madre de José Luis, quien a partir de ese momento se vinculó al efervescente movimiento católico (cf. Mallimaci, 1992), apoyando financieramente a la revista Sol y Luna, publicación cultural del nacionalismo católico-hispanista dirigida por Juan Carlos Goyeneche y Mario Amadeo (Galván, 2012: 30). Entre las primeras lecturas del niño José Luis estuvieron 151 Pampero y El Fortín, expresiones del nacionalismo vernáculo, acompañado por el revisionismo historiográfico de las clases que Guillermo Furlong dictaba en el Colegio Champagnat. El mundo social nacionalista católico envolvió al joven también en su educación formal, ya que cursó primaria y secundaria en el Colegio Champagnat: “Así, casi sin darme cuenta, ingresé al mundo de los privilegiados” (de Ímaz, 1977: 18). Esta socialización educativa, que lo codeaba con compañeros de curso de ilustres apellidos, fue para los de Ímaz Iriart un ascenso social. Esa pertenencia liminar a “la clase alta” lo dotó de inquietudes que luego se tradujeron en sus más potentes investigaciones sociológicas sobre las elites sociales. Este tipo de sociabilidades, propias de la matriz del catolicismo integral, marcaron a José Luis de Ímaz para el resto de su vida, definiendo una identidad ideológico-religiosa y permeando sus intervenciones públicas. En sus propias palabras: “Nunca me separé de mi Casa-Iglesia […] ni aún cuando pasé por la literatura marxista, ni por los interrogantes psicoanalíticos, ni tampoco al estar prolongadamente expuesto al relativismo, ese mal añejo a las disciplinas que conforman mi profesión” (De Ímaz, 1977: 23). De Ímaz ubicaría allí las bases de su visión del mundo: “Desde que tuve uso de razón, la Casa me confirió sus claves para entender el mundo y me abrió las más inesperadas puertas de inimaginable universalidad.” (De Ímaz, 1977: 24). Se trata de un fenómeno largamente descrito por la sociología histórica de la religión, en particular los numerosos cuadros católicos formados en el catolicismo integral (cf. Donatello, 2011). La organización que lo inició en la acción pública fue la Juventud de la Acción Católica (JAC), donde realizó una breve carrera interna: iniciado a los 12 años, presidente de un centro colegial a los 17, luego dirigente nacional de los estudiantes secundarios de la ACA: Mi gran maestra en la vida fue la JAC. Me dio tareas, me incorporó como copartícipe en el “apostolado jerárquico de la Iglesia”, me hizo sentir dentro de un movimiento generacional [y] me brindó modelos, que eran puros, eran limpios. (De Ímaz, 1977: 59). La militancia en la JAC se articuló brevemente con un involucramiento en organizaciones políticas del nacionalismo católico. La lectura del bestseller antisemita Kahal y Oro, de Gustavo Martínez Zuviría, fue el preludio para su incorporación a la Alianza de la Juventud Nacionalista en 1944, rama juvenil de la Alianza Libertadora Nacionalista que apoyó con reservas al Coronel Juan Domingo Perón. Allí, y hasta los magros resultados en las elecciones de 1946, el adolescente de 152 Ímaz participó repartiendo periódicos, asistiendo a conferencias de Jordan Bruno Genta o Bonifacio Lastra, y protagonizando las peleas callejeras entre los estudiantes “nacionalistas” con los “democráticos”. En 1946 egresa del Champagnat. La inercia de los círculos sociales donde se había formado lo condujo a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Siendo estudiante, fue invitado por Mario Díaz Colodrero, dirigente del Consejo Superior de Jóvenes de la ACA, a la Asociación de Propagandistas, un centro de estudios orientado a organizar y formar a estudiantes universitarios católicos de Derecho. Las actividades consistían en un seminario semanal de lectura y debate dirigido por el Padre Manuel Moledo. En 1952, tras graduarse como abogado y trabajar brevemente en los Tribunales de Trabajo, de Ímaz fue becado por el Instituto de Cultura Hispánica para estudiar en el Colegio Mayor Guadalupe y en el Instituto de Estudios Políticos de Madrid, España. Este organismo del Estado español se proponía influir políticamente en Iberoamérica y difundir la cultura hispánica con miras a fortalecer la Comunidad Hispánica de Naciones (Navarro y Niño, s/f). Allí coincidió con el sociólogo Juan Carlos Agulla, quien cursaba su doctorado en el Colegio Mayor, en el mismo programa que, cuatro años antes, había tomado Díaz Colodrero. La militancia en el movimiento católico dio paso a la participación en el Ateneo de la Facultad y en la Confederación General Universitaria, ambos orientación peronista. Pero de Ímaz transitó un camino colectivo de lento desencanto con el gobierno: En 1953 “Me sentía ‘peronista en retiro efectivo’ [porque] Perón negaba con los hechos el contenido humanístico y cristiano de su pensamiento [y] a través del proyecto de contrato de explotación petrolífera con la California-Argentina S.A., la traición resultaba programática” (de Ímaz, 1977: 99). El quiebre se produjo a fines de 1954: para gran parte de los católicos peronistas, el enfrentamiento entre el gobierno y la Iglesia fue vivido como un momento liminar, ante el cual de Ímaz optó por volcarse activamente en contra del gobierno, participando del Corpus Christi, escribiendo panfletos y participando de actos callejeros. Concretado el golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955, tras la figura de Eduardo Lonardi se alinearon distintas corrientes identificadas con el nacionalismo, representadas por Luis María del Pablo Pardo, Mario Amadeo o Luis Cerruti Costa (Fares, s/f). En noviembre de 1955 fueron desplazados del gobierno por la fracción liberal, y varios de ellos se reorganizaron en Unión Federal Demócrata-Cristiana, existente desde mayo de 1955. De Ímaz forma parte de estos grupos: 153 primero Lonardista, luego adherente y candidato por la Unión Federal a la Convencional Constituyente en 1957. El fracaso abrumador de esta apuesta política desencantó fuertemente en de Ímaz: “Ahí cerré una etapa de mi vida” (de Ímaz, 1977: 120). Este desencanto se ubica en los inicios de un proceso general de retroceso del modelo de la cristiandad del catolicismo integral, dentro del cual primaba un enfoque militante de la religión bajo el lema “Instaurare omnia in Christo” (Mallimaci, 1992; Zanca, 2006). Sin embargo, perduró en los jóvenesla vocación pública siguió guiando a gran parte de los jóvenes formados en ella, como de Ímaz. Lo que sí cambió, entre otras cuestiones, fue el desplazamiento del componente religioso en la acción pública. III. CINCO ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA En tanto nuestro objetivo es comprender las formas de intervención pública de actores intelectuales católicos, es en los círculos de socialización política y educativa en los que se forma de Ímaz donde buscaremos las coordenadas analíticas fundamentales. De Ímaz inició su camino en las ciencias sociales recién a sus 26 años de edad. De allí en adelante, su vida daría un vuelco definitivo. De Ímaz se convirtió en uno de los principales profesionales de la sociología: vivió no solo para la sociología, sino también vivió de la sociología, ya que el cargo de investigador de CONICET y los sucesivos puestos docentes constituyeron la base de su modus vivendi.244 Sobre ello, fue articulando una identidad profesional vinculada tanto al rol del intelectual clásico como al del experto. Estas credenciales de “sociólogo” lo invistieron de la autoridad suficiente para intervenir en el espacio público y convertirse en interlocutor de “factores de poder” con un éxito relativo. Su reconversión hacia la sociología se inicia en 1954. Cierta holgura económica le permitió extender sus estudios, dando dos pasos claves. Primero, se inscribió en la Licenciatura en Ciencias Sociales y Diplomacia de la Universidad Nacional del Litoral, de la que egresará en 1957. Segundo, se incorporó al Instituto de Sociología de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA). 244 Un punto a explorar en futuras investigaciones –sugerido por Laura Rodríguez tras mi exposición– es el de la traza burocrática de de Ímaz en CONICET: informes presentados, subsidios recibidos, tesistas dirigidos, etc. 154 Católico, nacionalista, con pasado peronista, a de Ímaz le costó ganar la confianza de la nueva cabeza de la Sociología en la UBA, el laico, liberal y filosocialista Gino Germani.245 Contra todo prejuicio, el italiano lo aceptó como discípulo, y así lo reconocía de Ímaz: “Germani me rehizo […] Me sentía frente a un auténtico maestro, a un hombre integralmente dedicado a la investigación y la enseñanza, a un universitario cabal” (de Ímaz, 1977: 127-128). Este fue el modelo profesional que de Ímaz abrazaría en la próxima década: el del académico profesional. La ideología cientificista del proyecto germaniano lo llevó a abandonar su militancia político-religiosa, abriendo paso al período más productivo de su vida como sociólogo.246 a. El sociólogo político Integrado al equipo inicial del Departamento de Sociología (UBA), de Ímaz inició un cursus honorum académico en docencia e investigación. Dictó clases como auxiliar docente primero y profesor adjunto luego. En agosto de 1958 defendió su tesis, intitulada “Río Cuarto. Estructura Social de una Ciudad Argentina”, en el Doctorado de Derecho y Ciencias Sociales bajo la dirección de Germani. En 1959 integró la selecta camada que recibió las primeras becas de investigación, una interna de la Universidad de Buenos Aires, y otra externa del recientemente creado Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET). Esta le permitió viajar a Francia, donde tomó cursos con Mattei Dogan, Maurice Duverger y Raymon Aron, y estudió a los clásicos de la sociología política, como Gaetano Mosca, Wilfredo Pareto y Robert Michels. De vuelta a la Argentina en 1961, inició la investigación de la que surgiría Los que mandan. En escritos posteriores, de Ímaz señaló al menos tres fuentes intelectuales para Los que Mandan. Primero, dos libros del nacionalismo argentino: La Argentina y el Imperialismo Británico de los hermanos Julio y Rodolfo Irazusta, de la que de Ímaz retendría la idea que desde el proceso 245 Diego Pereyra (2005) desliza la hipótesis que, en sus inicios, Germani aceptó a de Ímaz para demostrar el pluralismo del Departamento de Sociología, en particular hacia el movimiento católico. 246 En el Departamento de Sociología de la UBA, de Ímaz trabajó en dos áreas de conocimiento: sociología de los grupos dirigentes, y estructura social. De allí surgieron trabajos como el de Río Cuarto (De Imaz, José Luis (1958): “Movilidad Social en Argentina (Estudio realizado en un pequeño grupo urbano)”, en Revista Mexicana de Sociología, v20 n°3: 743-750; (1963): “Pucará y Jasimaná; el desarrollo económico y social en dos comunidades indígenas”, conferencia pronunciada el 17/7/1963 en el Consejo Federal de Inversiones bajo auspicios del Instituto de Desarrollo Económico y Social; (1962): “Estratificación Social del Sector Primario en Ucacha”, en Desarrollo Económico, V.1 n°4: 47-61; (1962): La clase alta de Buenos Aires. Instituto de Sociología- UBA; (1965): Estructura social de una ciudad pampeana, Departamento de Filosofía-UNLP; (1972): Los Hombres del confín del mundo: Tierra del Fuego: Buenos Aires: EUDEBA. 155 independentista las elites dirigentes porteñas fueron gerentes de los intereses británicos; y La Teoría del Estado de Ernesto Palacio, “magnífico estudio sobre la circulación de las élites” (de Ímaz, 2004: 53-55). En segundo lugar, el libro de Charles Wright Mills The Power Elite, de amplia difusión en el momento, del cual el argentino retomaría las principales preguntas de investigación y los conceptos de trabajo. En tercer lugar, lo dicho sobre la estadía en Francia, donde profundizaría las lecturas sobre sociología de las elites. La investigación se desarrolló entre abril de 1961 y junio de 1964, inscrita en el Instituto de Sociología (UBA), y contó con la participación de estudiantes de dicha Licenciatura. En una primera etapa, de Ímaz se interesó por la clase alta de Buenos Aires, analizando las guías sociales y afiliaciones a clubes de sociedad (de Ímaz, 1962). La conclusión a la que arribaría fue que “La clase alta porteña desempeñó un papel decisivo en el pasado argentino pero actualmente no dirige ni la vida económica ni política ni intelectual” (de Ímaz, 1963c: 34). Esto lo llevó a reorientar su investigación hacia el estudio de las cúpulas dirigentes en función de las posiciones jerarquizadas en diversas esferas de la vida social: gobierno, partidos políticos, fuerzas armadas, sociedad rural, empresarios, Iglesia y sindicatos. El argumento de Los que mandan es conocido: la Argentina vive una crisis de conducción causada por la ausencia de una clase dirigente. La generación destinada a ocupar dicha función fracasó al no estar preparada para desempeñarse en el pasaje de una sociedad simple a otra de estructura compleja. De Ímaz explica este fracaso por dos cuestiones. Por un lado, la ausencia de procesos de socialización comunes entre los elencos dirigentes ocasionó una alarmante incomunicación general: de elites oligárquicas a elites especializadas, que recién entran en diálogo cuando son dirigentes. Por otro, una falta de conducción a nivel colectivo. La generación dirigente de ese entonces se muestra inmadura, carente de la “base para mandar” y conducir un Estado moderno. A esto contribuyó fuertemente la primacía de la lucha política, terreno fecundo para la inmediatez y las dicotomías excluyentes (de Ímaz, 1964). Frente a este escenario, el autor avizoraba, con precaución, que la única salida era la renovación de las clases dirigentes, que debían dejar las dicotomías en el pasado. Si bien de Ímaz creía que esto era posible entre los dirigentes sindicales, los eclesiales y los empresariales, no era tan optimista con los militares. Pero por sobre todo, los datos indicarían que el vacío generacional en los partidos políticos era irreversible (de Ímaz, 1964: 236-250). El escepticismo respecto de los políticos profesionales es un tópico que repetiría en aquellos años. En un ciclo de conferencias 156 organizado por el Congreso por la Libertad de la Cultura,247 de Ímaz disertó sobre los fundamentos sociológicos de los partidos políticos. Allí, sostuvo que en sociedades plenamente modernas los partidos están a cargo de “incorporar todos, o una buena parte, de esos intereses al sistema político” (de Ímaz, 1963a: 57). Sin embargo, en la Argentina las alternancias entre gobiernos democráticos y dictadura impedirían que los partidos políticos cumplieran esa función. Ante ello, de Ímaz sostenía que: los intereses, ideologías o cosmovisiones que los partidos políticos no sean capaces de incorporar al sistema político, serían intereses, ideologías y cosmovisiones que, en función del principio de las alternativas funcionales válido para todos los sistemas político, serán incorporados a éste por otro elementos, que no es precisamente un partido político (de Ímaz, 1963a: 62). Estos “elementos” alternativos serían los “factores de poder”. Hijo de la matriz del catolicismo integral, antiliberal por default, de Ímaz no percibía al sistema de partidos como la forma naturalizada de la democracia. Es un argumento de época, generado por la percepción general que el sistema de partidos ya no podía garantizar un régimen de dominación política (O’Donnell, 1977; Smulovitz, 1991). Ciertamente, de Ímaz contribuyó a la difusión de este diagnóstico mediante sus intervenciones expertas. Si bien en sus intervenciones no hay respuestas sobre quién podría cumplir el rol de intermediación de intereses, el repaso de los auditorios ante los que de Ímaz presentaba sus trabajos brinda indicios al respecto. De Ímaz le hablaba a los empresarios (publicó en sus revistas, presentó ante ellos sus trabajos), a los militares (expuso las conclusiones de Los que mandan en el Centro de Altos Estudios de las Fuerzas Armadas) y a los sindicatos (fue profesor de la Escuela Sindical de la CGT).248 Estos son los “factores de poder” que dirigen al país. Es particularmente interesante el discurso programático que elaboró hacia los empresarios. En uno de los artículos publicados en la revista oficial de la Confederación General Económica, de Ímaz retomaba la preocupación por la intermediación de intereses. Tras criticar la incapacidad de los empresarios argentinos de articular acciones colectivas, los conminaba a establecer un 247 El Congreso por la Libertad de la Cultura se presentaba como un espacio de resistencia política y activismo intelectual por oposición a totalitarismo comunista. Sus actividades servían de sustento de una red internacional entre intelectuales y político desde la izquierda antistalinista hasta el liberalismo conservador (Jannello, 2012). 248 De Ímaz fue docente de la materia “Sociología” en el Instituto de Capacitación y Formación Social Sindical de la GGT, como parte de una red referenciada en José Alonso (Scodeller, 2013). 157 programa ideológico común y a organizarse como un grupo de presión. Estos serían constitutivos de la democracia, ya que a través de ellos los diversos grupos sociales expresan directamente sus intereses por sobre los partidos políticos, los cuales tienden a parecerse más entre ellos y a relegar otros intereses que no sean los políticos (de Ímaz, 1963d). Rápidamente, de Ímaz logró ubicarse como un interlocutor valorado por diversos “factores de poder”. En gran medida, su vinculación previa con diversos círculos sociales allanó su camino para convertirse en proveedor de datos para empresarios, sindicatos, la Iglesia y las Fuerzas Armada. Al mismo tiempo, estas conexiones le facilitarían el trabajo de recolección de información, accediendo a datos que hasta el día de hoy son de difícil acceso.249 Esta demanda “externa” del expertise sociológico que recaía en Ímaz se correspondía con una posición de ascendencia hacia el interior del mundo de la sociología académica. En noviembre de 1965, nuestro personaje coordinó un seminario de puesta en común de las investigaciones sociológicas en el país, y debatir el compromiso del sociólogo con los problemas del país. Salvo Germani, que estaba fuera del país, concurrieron algunas de las principales figuras de la sociología científica argentina del período –proyecto trunco por el golpe de Estado de junio de 1966. Juan Carlos Agulla y Adolfo Critto (Universidad Nacional de Córdoba), Floreal Forni y Gerardo Andujar (U BA), José Enrique Miguens, Francisco Suárez y el mismo de Ímaz, por el Centro de Investigaciones (UCA). Hacia 1966, de Ímaz se hallaba ante un promisorio futuro académico, gozando de un consolidado lugar entre los más prestigiosos sociólogos del país. Era investigador de carrera de CONICET. Los que mandan se convirtió en uno de los mayores éxitos editoriales de la sociología argentina: publicado en 1964, en un año alcanzaría la cuarta edición y en 1970 fue publicado en inglés. En términos institucionales, abandonó el agitado Departamento de Sociología de la UBA para volver al redil confesional (a la “Casa”): en 1965 se incorporó como docente en el Departamento de Sociología de la UCA, y en 1966 se convirtió en su Director, liderando su reconstrucción tras el conflicto entre Miguens y Derisi (cf. Giorgi, 2010) y desarrollando un programa de investigación que profundizaba las líneas de las grupos dirigentes. Al mismo tiempo, se adscribió al Instituto de Ciencia Política de la USAL. De allí en más, la carrera de José Luis de Ímaz tomaría otro perfil. Comenzó un lento proceso de pérdida de gravitación en el mundo académico argentino, refugiado en la UCA, 249 Es interesante el racconto de de Ímaz (2004) sobre la cocina de la investigación de Los que mandan. 158 institución en la cual la sociología también retrocedió al eliminarse la licenciatura en 1980 y quedar reducida al programa de postgrado.250 ¿Cómo explicar el derrotero intelectual de de Ímaz luego de Los que mandan? Una hipótesis parcial puede encontrarse en la circulación y recepción de su obra tanto dentro y fuera del mundo académico. Por un lado, de Ímaz y su obra no parecen haber encontrado dentro del campo académico argentino interlocutores interesados en debatir y avanzar en el trabajo de investigación. Es notable la ausencia de mediaciones académicas que contengan a de Ímaz dentro de la actividad académica. Es probable que esto se agravase por el contexto institucional en el que se encontraba, ya que la UCA funcionó en un relativo aislamiento respecto al mundo de debates sociológicos de la época, fuertemente politizado. Años después, de Ímaz comentó amargamente sobre el destino de Los que mandan entre los cientistas sociales: “La investigación fue aprobada por Germani y el libro no mereció comentarios bibliográficos de mis pares, sólo los ‘gramscianos’ cordobeses de ‘Pasado y Presente’” (de Ímaz, 2004: 59). Contrastando notablemente con la magra recepción en el mundo académico, de Ímaz se encontró, junto al suceso editorial, con un relativo éxito en la interpelación a los factores de poder que trataba en sus obras. Nuestro personaje comenzó a ser convocado como portador de un saber experto valioso por actores del mundo empresarial, sindical, militar, del movimiento católico y diversos centros de expertise, como el caso del instituto de Ciencia Política de la USAL. En un intento por comprender a su generación, de Ímaz señaló agudamente: Nos gustaba que nos ‘llamaran’, satisfacía nuestro ‘ego’ el que prestaran correcta atención a nuestro currículum. Pero lo que más nos placía era que al ‘co-optarnos’ desde el poder militar se nos liberara de los costos de la lucha por el poder. Presentábamos el activo –nuestra impoluta vida profesional– y nos eximíamos del pasivo; la pelea cotidiana dentro de un partido político, en el que no sólo no se respetarían nuestros títulos, sino que incluso se nos pospondría a causa de ellos. (de Ímaz, 1977: 249). Frente a la ausencia de mediaciones académicas, el llamado a la participación política desde el saber experto sociológico sedujo a de Ímaz, formado en la vocación pública de la matriz del catolicismo integral. Recorre así una trayectoria colectiva (aunque no grupal) frecuente en su generación, que ya hemos descripto en otros textos (cf. Giorgi, 2010). 250 Para un racconto de la historia de la sociología en la UCA, ver Amadasi y Fidanza (2011) 159 b. El asesor político: A la sombra del poder del Onganiato251 El golpe de Estado de junio de 1966 encontró a José Luis de Ímaz integrando algunas de las redes de las cuales se reclutaron muchos de los funcionarios de la Revolución Argentina. Es el momento en que gran parte de su generación accedió al poder. Como parte de esos círcuos, de Ímaz entabló un diálogo con los funcionarios sugiriendo líneas de acción política y de política pública, ulteriormente convirtiéndose él mismo en asesor presidencial. De Ímaz explicitó tempranamente su apoyo al nuevo gobierno de facto. En septiembre de 1966 escribe un capítulo en La Revolución Argentina, libro publicado por el Instituto de Ciencia Política (USAL) que hace a la vez de sustento ideológico para el Onganiato, y una declaración de adhesión a la misma. En su capítulo, de Ímaz señala que la democratización y movilización de las “masas populares” es un dato de la estructura social que no es posible negar. Frente a ello, dos opciones: o se gobierna por la “fuerza-fuerza […] ejerciendo una auténtica dictadura”, a sabiendas que le seguirá el levantamiento popular, o se integra a las masas populares. Allí, la cultura paternalista vuelve proclive a “las masas populares a adherirse a los sistemas autoritarios”, lo que ayudaría a crear “un clima favorable a la adhesión” popular a la Revolución (de Ímaz, 1966: 189-190). Más allá de este aporte intelectual, de Ímaz demoró poco más de un año en ingresar al gobierno, como asesor y redactor de un ambicioso proyecto de participacionismo a pedido del Secretario de Gobierno, Mario Díaz Colodrero, uno de los personajes claves del participacionismo. En 1968, de Ímaz obtuvo una beca Eisenhower252 por la cual pasó una temporada en los Estados Unidos. A su vuelta, fue invitado a dar una conferencia sobre su viaje en Casa Rosada ante parte del Gabinete nacional. Entre ellos, estaba Díaz Colodrero, aquel que lo había invitado a participar de la Asociación de Propagandistas de la ACA en 1946, y con quien mantenía una “vieja, probada y reiterada afinidad con [quien era] –para el caso– el nuevo gurú, intermediario fiel de un pensamiento no siempre bien explicitado”. Sustentado en esta afinidad, de Ímaz se sumó a la empresa del Secretario de Gobierno (De Ímaz, 1977). Parte de la red de miembros del Ateneo de la República que integraron los elencos del Gobierno de facto dirigido por Juan Carlos Onganía, Díaz Colodrero ocupaba desde octubre de 1966 la Secretaría de Gobierno, un virtual Ministerio del Interior responsable de diseñar y gestionar la política interior de la Revolución Argentina. Y en esta materia, el gobierno aspiró a ser 251 Esta sección sintetiza trabajos nuestros previos sobre la Revolución Argentina, las redes católicas y los proyectos comunitaristas y participacionistas (Giorgi, 2014; Giorgi y Mallimaci, 2012; Giorgi, 2010). 252 Acerca del programa Eisenhower Fellowship, ver Giorgi y Mallimaci (2012: 124). 160 más que una pausa momentánea del sistema político liberal, y para ello propuso –infructuosamente– echar las bases de una nueva estructura política: una nueva fórmula política (Giorgi y Mallimaci, 2012) El diagnóstico de partida era el agotamiento del régimen de matriz liberal vigente desde 1853. Para ellos aparecía como indispensable la refundación de la Argentina sobre otras bases políticas, sociales y culturales. En el largo plazo, esto significaba diseñar y poner a funcionar una fórmula política, sustentada en un nuevo tipo de sociedad, de tipo comunitarista. Para ello, era necesario modificar el funcionamiento societal de la sociedad, es decir, las modalidades a través de las cuales los individuos se relacionaban mutuamente y participaban de lo público, los mecanismos a través de los cuales se canalizaban las demandas a los gobiernos. Aunque nunca se cristalizó en una programática, sí se tradujo en acciones concretas: el comunitarismo social de la Secretaría de Estado de Promoción y Asistencia de la Comunidad, el participacionismo comunistarista de la Secretaría de Gobierno y el participacionismo sindical de la Secretaría de Trabajo forman parte de un ambicioso proyecto. Lejos de ser preexistente al golpe, esta fórmula política fue tomando forma durante los primeros años de la dictadura, a la luz de las tensiones palaciegas y a la capacidad programática de los funcionarios: si hacia 1966 era un difuso horizonte de sentido que oponía liberalismo a la comunidad, en 1969 se expresaba en las medidas concretas y específicas de la Directiva de Participación. La elaboración de esa nueva fórmula política fue gran parte un asunto de un conjunto de individuos con características y trayectorias singularmente comunes: cuadros católicos desarrollistas insertos en universidades privadas confesionales y con poca o nula experiencia en participar del sistema político liberal (elecciones). Para ellos, todo estaba por ser creado. De Ímaz fue responsable de operacionalizar la propuesta comunitarista, dándole forma técnica al participacionismo comunitarista de la Secretaría de Gobierno. Días después de su conferencia en Casa Rosada, Díaz Colodrero lo contactó para comentarle que Onganía estaba resuelto a lanzar el año siguiente una “política de participación”: la primera inserción institucionalizada de los distintos sectores de la comunidad dentro del proceso gubernativo. Y lo invitó a preparar “algunos documentos que sirvieran para la discusión”. De Ímaz aceptó el convite, pasando a ocupar el rol de intelectual detrás del trono. Según de Ímaz: “A mí se me pidió que hiciera un estudio preliminar. Elaboré un proyecto en vistas a la apertura del Gobierno Militar comenzando desde la base municipal. Todo eso debería 161 culminar con la participación por antonomasia” (de Ímaz, 1977: 211). El resultado de su labor y de la de Díaz Colodrero fue una serie de directivas, la última de las cuales fue la Directiva de Participación, presentada por Onganía en la III Reunión de Gobernadores de 1969. La Directiva de Participación ordenaba a los Secretarios de Estado y a los gobernadores “estructurar un sistema de participación de la comunidad” en los tres niveles de gobierno, creando Consejos y Comisiones Asesores en distintos temas o sectores, integradas por representantes de todos los grupos interesados. Estos serían instancias de vínculo orgánico con la dependencia estatal pertinente, cumpliendo dos funciones: a) de asesoramiento en la toma de decisión; b) de comunicación entre la comunidad y el Gobierno. El objetivo de estos “mecanismos de participación” era “promover así una auténtica transformación de estructuras administrativas, sociales y económicas desactualizadas, mediante el acuerdo de las personas más capaces de arbitrar las soluciones técnicas”. (Secretaría General de la Presidencia, 1969). Los efectos de la aplicación de la Directiva de Participación solo los podemos imaginar: lanzada entre el 5 y el 7 de mayo, el 29 de ese mes estalló el Cordobazo provocando la renuncia del gabinete en pleno. Para de Ímaz, esta fue una experiencia novedosa aunque frustrante: “Era la primera vez que me había sido dado estar ‘detrás del trono’ […] mi rol había sido tan solo el de fautor de un proyecto. Pero un proyecto que ya no era mío, sino de la administración. ¡Terrible, en esos casos, ser intelectual!” (de Ímaz, 1977: 214). Aun cuando su función fue principalmente técnica, su abierto compromiso hacia el gobierno y su propuesta de poder conllevó una frustración mucho mayor: “Cinco meses pasé en total a la sombra del poder […] en los que ratifiqué mi íntimo convencimiento de que mi vocación era intelectual” (de Ímaz, 1977: 213). Esta es una afirmación hecha en 1977. En 1989, 19 años después de la decepción de su primer contacto con el poder político, de Ímaz volvería a actuar como hombre político. c. El experto comprometido Luego de esta frustración, José Luis de Ímaz se volcó al trabajo académico, cambiando el objeto de estudio. Definitivamente dejó detrás la sociología política de los grupos dirigentes, y se abocó al estudio de los grupos marginales o, como él los llamó, “los hundidos”. Todo indica que el interés por este problema se generó dentro del entorno de la Universidad Católica. Al estudio de la marginalidad se dedicaría la siguiente década. 162 Para ser precisos, la marginalidad se había convertido en un problema de investigación central para las ciencias sociales latinoamericanas desde mediados de la década de 1960. Este interés surgió como un desprendimiento de los estudios sobre la modernidad, desarrollo y la dependencia en América Latina, fomentado por distintos proyectos de investigación –como el Proyecto Marginalidad, dirigido por José Nun, Miguel Murmis y Juan Carlos Marín.253 Entonces, la reorientación temática de de Ímaz se comprende parcialmente por el estado de la agenda académica regional. Pero al sumarse a este debate, articuló la tarea de la sociología científica con el compromiso militante del proyecto de la promoción humana, fundado en valores cristianos. En efecto, de Ímaz abordará la marginalidad desde la perspectiva de la promoción humana, estudiando el fenómeno a partir de experiencias de “humanitarismo cristiano” como FUNDAPAZ o INCUPO. Estas eran organizaciones católicas o de inspiración religiosa dedicadas al trabajo en comunidades marginales de zonas pobres de la Argentina. Por ejemplo, FUNDAPAZ se presenta como una entidad sin fines de lucro dedicada “a la promoción humana y el desarrollo solidario de comunidades rurales pobres”254. Por esos años, de Ímaz matizó su postura acerca del carácter a-valorativo de la ciencia social, la cual debía limitarse al análisis de “datos” duros: No creo en la ciencia social neutra, ni en la eliminación aséptica de los valores; considero indispensable explicitar los valores en que se está, y reconocer el carácter instrumental de la ciencia social. Es decir, colocarla al servicio de la comunidad concreta —el tiempo y el espacio que nos toca vivir— para orientarla en la dirección de nuestros amores (de Ímaz, 1974: 53). Aunque se trate de un giro respecto del ethos cientificista del proyecto germaniano, de Ímaz seguiría adhiriendo a la idea de que la sociología debe proceder en el proceso de investigación bajo cierta metodología que garantice la neutralidad de los datos, pero este proceder está orientado en última instancia por valores que no deben ser negados. En su caso, el servicio a la comunidad se concretó en su participación en el Consejo de Administración de FUNDAPAZ entre 1976 y 1986. 253 Aunque presente en ciertos trabajos de Gino Germani –y con una acepción distinta– la marginalidad adquiró status de “teoría” a partir del Informe del Proyecto Marginalidad, y con la publicación en la Revista Latinoamericana de Sociología del artículo de José Nun "Superoblación relativa, ejercito industrial de reserva y masa marginal"(Vol. 5, nº. 2, julio 1969: 180-225). Cf. Belvedere, 1997. 254 Cf. http://www.fundapaz.org.ar/es/article.php?id=FUNDAPAZ. 163 Justamente, entre esos años es que publicó Una estrategia de promoción humana, probablemente el libro que condense sus experiencias en FUNDAPAZ y que contiene mayor carga propositiva. Uno de los ejes de la propuesta del libro se basa en la experiencia de organizaciones confesionales en procesos de educación y de formación de comunidades de base. Denominada Estrategia de Educación Integral (EEI), comprende dos ciclos de cursos: los “concretos”, orientados a la capacitación laboral práctica, y los “abstractos”, abocados a una formación en valores de la familia, la nacionalidad y espiritualidad. Es considerando estos últimos que de Ímaz reafirma en su libro la necesidad de una formación espiritual adecuada a las características religiosas de las poblaciones: La educación integral solo debería ser impartida por agencias cristianas, para un público que está en las antípodas de la secularización. Su mundo es “sacro”, así cuestionemos las exteriorizaciones de la religiosidad de los marginales rurales que elevan el “culto de los muertos” a una dignidad sacramental. Esto no siempre lo entiende el hombre urbano. (de Ímaz, 1979: 64). Ensayando un análisis de sociología de la religión, De Ímaz recupera el elemento evangelizador de este tipo de experiencias político-caritativas, señalando que el objetivo debía ser “que la Buena Nueva y el encuentro con Dios resulten más personalizados.” (de Ímaz, 1979: 61). El sociólogo cientificista se combina aquí con el católico integral llamado a la acción: la producción de datos al servicio del militantismo político-caritativo (Mabille, 2004). El aporte de de Ímaz reside en el análisis y formalización de estas experiencias, para brindar insumos para dos interlocutores: las instituciones intermedias privadas y los funcionarios estatales. Respecto de las primeras sostiene “que son las grandes dinamizadoras de las promoción humana” (de Ímaz, 1979: 7), ocupando “un lugar irremplazable [ya que] en promoción humana, las organizaciones intermedias son las que ponen en marcha a los ‘grupos de base’” (de Ímaz, 1979: 12). Estos tienen la función de ser “el tamiz del Estado [así como] los testigos y los cobayos de que un mundo mejor, vale decir más solidario” (de Ímaz, 1979: 13). De esta manera, emerge el principio de subsidiaridad de matriz religiosa. El segundo interlocutor de de Ímaz son los funcionarios estatales, en particular aquellos responsables de las áreas de planificación y de bienestar social: “creemos –a partir de estas líneas- 164 que lograremos convencer a algunos para que asuman un proyecto y una decisión política. La ‘decisión política’ en favor de la promoción es la piedra basal” (de Ímaz, 1979: 12). Uno de los objetivos de de Ímaz residía la articulación de las experiencias privadas con la acción estatal. No es una propuesta “estatalista” que solicite al Estado que se haga cargo directamente de la promoción humana, sino una propuesta subsidiaria por la cual los privados verían potenciada su acción gracias al apoyo del Estado, sin que este interfiera en el proceso. Esto se ve claramente en el apartado “dispositivo” que cierra el libro. En él de Ímaz presenta un proyecto de Ley para la creación de la Secretaría de Estado de Promoción Humana (SEPH) dentro del Ministerio de Bienestar Social de la Nación. El SEPH se ocuparía de la “población marginal”, hacia la cual implementaría “acciones tutelares, de promoción individual y colectiva, de policía del trabajo y de seguridad social, de reemplazo y subsidiariedad en la generación de auténticas fuentes de trabajo para con individuos, grupos y familias, en tanto y cuanto resulten pertinentes” (de Ímaz, 1979). Si bien este proyecto no fue recuperado por ningún funcionario, nos brinda pistas del lugar desde el cual de Imaz proyectaba su trabajo.255 La voluntad de establecer un vínculo entre academia y Estado lo llevó a reorganizar el Departamento de Sociología (UCA) –formalmente dirigido por una de sus discípulas, Beatriz Balián–priorizando la "sociología aplicada que permitan un ulterior pasaje a la acción". Por ello, la programación de las líneas de investigación del Departamento “se corresponde con los temas de las áreas administrativas del Ministerio de Bienestar (o Acción) Social y otros de Educación" (de Ímaz, 1983: 13). Este es uno de los casos más intersantes de articulación institucional entre Estado y sociología universitaria en la Argentina.256 255 El caso de de Ímaz nos permite vislumbrar algunos de los clivajes que separan a un tipo de cuadro católico que adhirieron a la Revolución Argentina respecto de los intelectuales liberal-conservadores que pasaron a primer plano con la última dictadura militar. Esto se ve, entre otras cuestiones, en la diferencia entre el elitismo de base religiosa de los últimos, opuesto a la sensibilidad –también de base religiosa– hacia la cuestión social y a expresiones políticas de tipo popular-conservadores de los primeros. Por ello, muchos de ellos se autodefinan como “justicialistas”, marcando una distancia con la personalización que conlleva la voz “peronista”. Sobre el fundamento religioso del liberalismo conservador argentino, ver Vicente (2012). 256 Un ejemplo de esto es la tesis doctoral presentada en la UCA en 1982 por María Inés Passanante, becaria de CONICET dirigida por de Ímaz, acerca de las políticas públicas hacia la población de tercera edad. 165 d. El alto funcionario Consejero del Príncipe, intelectual orgánico a la Iglesia Católica,257 experto comprometido con las organizaciones cristianas de promoción humana, interlocutor académico de los “factores de poder”, ninguno de estas formas de intervenir públicamente implica ocupar posiciones de toma de decisión, sino la elaboración y provisión de elementos para que otros lo hagan: diagnósticos, evidencia científicamente construida, propuestas de cursos de acción pública, etc. A partir de 1989, de Ímaz cruzó al otro lado del escritorio, convirtiéndose, momentáneamente, en parte de los decisores. La vocación intelectual que había reafirmado tras la frustración que supuso la caída del Onganiato quedó en segundo plano. La vocación política, latente desde su juventud, fue despertada por la convocatoria a sumarse a los elencos de gestión en el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Su titular era Antonio Salonia, iniciado en política en la UCRI y luego en el MID. Entre 1958 y 1962, durante la presidencia de Arturo Frondizi, Salonia había ocupado la Subsecretaría de Educación de la Nación, del Ministerio de Educación y Justicia, cuyo ministro era Luis Mac Kay. Esa gestión llevó adelante la Ley de Enseñanza Libre, que habilitó la educación superior a las instituciones privadas y confesionales. Luego, Salonia se dedicó a la gestión educativa privada (fundó su propio colegio, Nueva Escuela 2000) y en 1984 formó parte de los fundadores de la Academia Nacional de Educación. La combinación de pasado desarrollista, experiencia en gestión educativa y perfil de laico católico lo llevaron al gabinete de Carlos Menem, donde permaneció desde julio de 1989 hasta diciembre de 1992. Entre otras vertientes, Salonia reclutó a sus funcionarios de diversas redes católicas, con un perfil técnico vinculado al mundo educativo y universitario confesionales. Algunos de ellos fueron Beatriz Balian (socióloga y Directora del Departamento de Sociología - UCA), designada asesora privada de Salonia; Alfredo Tagliabue (Universidad Católica de Salta, ex ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires en 1971) a cargo del área de enseñanza privada; Carlos Ríos (ex subsecretario de Educación de la gestión Tagliabue en 1971) ocupó una Dirección de 257 Por cuestiones de espacio omitiremos la actuación de de Ímaz como intelectual orgánico de la Iglesia en el debate por la Ley del Divorcio Vincular. En 1985 publica los resultados de una investigación colectiva realizada por el Departamento de Sociología (UCA), en el que buscan “analizar el sustrato en que se multiplican tantas quiebras familiares”. En la Introducción, anticipan que “Los datos son expuestos con veracidad, así satisfagan o contravengan los valores en que explícitamente se sustenta una Universidad católica”. En efecto, el texto está cuidadosamente escrito en un registro positivista de trabajo estadístico, sin hacer explícitos juicios de valor. Si bien es posible leer las conclusiones en términos políticos (se anticipan 1.200.000 divorcios), lo más significativo es el esfuerzo por poner en escena la neutralidad valorativa en la interpretación de los datos. 166 Departamento. Uno de los principales referentes expertos católicos en materia educativa, Alfredo Van Gelderen estuvo cerca de la gestión, aunque sin ocupar cargo, al igual que Francisco Piñon, ex Guardia de Hierro y ex Rector de la USAL. Por su parte, De Ímaz ocupó la Dirección Nacional de Asuntos Universitarios entre 1989 y 1991. Este tipo de cargo de alta función pública, formalmente enmarcado en la Administración Pública, en los hechos suele regirse por lógicas políticas. Luego, en 1991 de Ímaz alcanzó el cargo político más alto en toda su vida: Subsecretario Adjunto de Educación. Se trataba de un cargo creado por decreto, cuya designación era potestad de cada ministro. Sin embargo, más allá del cambio de nominación, las labores de de Ímaz no parecen diferir mucho entre uno y otro puesto. Además de apoyar la Ley 24.049 de Transferencia Educativa258, en el área de competencia particular a su cargo de Ímaz impulsó la reforma del sistema universitario, en consonancia con el espíritu de “Revolución Educativa” proclamada por las autoridades del Ministerio. Entonces, junto con la gestión cotidiana de las políticas de educación superior, la principal labor de de Ímaz consistió en la elaboración de un proyecto de Ley de Sistema Universitario, presentado sin suerte al ministro Salonia. Este proyecto de ley proponía la creación de un Sistema Universitario integrado por las Universidades oficiales, las privadas, las provinciales y los Institutos universitarios, todas bajo un mismo marco regulatorio. Entre otras cuestiones, se planteaba la evaluación externa de las universidades, la introducción de indicadores de eficiencia y equidad, la desregulación salarial y un nuevo régimen de gobierno universitario. Asimismo, el proyecto proponía instancias de participación “no tradicionales” de la comunidad no universitaria en las casas de altos estudios públicas y privadas. Como consignada el proyecto de ley, se trataba de incorporar a: “los Colegios Profesionales, a los ex-alumnos graduados de la universidad, a los medios empresarios locales, a las agrupaciones civiles, vecinales, sindicales, del sector docente y no docente, a las cooperadoras de padres, a las autoridades públicas y demás asociaciones voluntarias” (de Ímaz et al, 1992: 285). Esta se llevaría a cabo a través de Fundaciones creadas ad-hoc, que tendrían voz y voto en los distintos órganos de gobierno universitario (de Ímaz et al, 1992: 279). 258 Mediante esta ley se dispuso la descentralización del sistema educativo, concretando la transferencia a las provincias de casi todos los servicios educativos administrados por el Estado Nacional. La Ley Federal de Educación fue obra de la gestión que sucederá a Antonio Salonia en el Ministerio. 167 Son evidentes las similitudes con el proyecto participacionista en el cual el mismo de Ímaz había estado involucrado durante el Onganiato. Se trata del mismo mecanismo de integración de la comunidad en la cosa pública y en el proceso de toma de decisiones. Ambas responden a la misma matriz comunitarista de raíz católica, fundada en el principio de subsidiariedad: las asociaciones que la ley enumera no son otra cosa que los grupos intermedios a través de los cuales se organiza la sociedad. La matriz subsidiaria, implícita en el proyecto de ley, se vuelve evidente luego de que abandone el cargo: en 1992 de Ímaz traslada su interés por las políticas educativas al Departamento de Sociología de la UCA, donde se abocó a la preparación del Libro blanco sobre el sistema educativo argentino. En ese texto, además de difundir el malogrado proyecto de Ley de Sistema Universitario, de Ímaz articuló una programática de gobierno para el sistema educativo argentino, que responde a una concepción subsidiaria del rol del Estado. Su función indelegable de garantizar la educación para todos los ciudadanos se articula con “un principio de subsidiariedad por el cual las comunidades intermedias están llamadas a cubrir supletoriamente las falencias de las que adolece la gestión oficial” (de Ímaz et al, 1992: 236) Nuevamente, el mecanismo de participación comunitaria en los órganos de gobierno está en el centro de la propuesta de de Ímaz. Este derivado intelectual de la Doctrina Social de la Iglesia es afín al pensamiento neoliberal hegemónico en ese momento en su intención de transferir gran parte de las responsabilidades del Estado hacia la “sociedad civil”. De todas maneras, más allá de esta convergencia en el curso de acción, el análisis de la trayectoria y la concepción del mundo de de Ímaz (y de parte de los cuadros católicos participantes del ministerio Salonia) nos precaven de considerarlo como un cuadro del neoliberalismo.259 De Ímaz concluyó su paso por la alta gestión pública reconvertido en experto en educación. La experiencia de gestión tuvo el efecto de investirlo de un expertise en materia educativa hacia el cual orientó su carrera. En este caso, la experiencia práctica de gestión suplió la ausencia de una formación teórica especializada. 259 Como me fue sugerido por Sergio Morresi, los fundamentos ideológicos de esta afinidad entre la doctrina social de la Iglesia Católica y el pensamiento neoliberal deben buscarse en las trayectorias de los miembros de la Escuela Austríaca de Economía, que provenían de una socialización religiosa. 168 e. El legislador A diferencia de lo sucedido en 1970, la salida del poder no conllevó el desencantamiento con la política. Por el contrario, de Ímaz continuó ligado a la actividad política. En un primer momento, se incorporó al equipo de asesores de Gustavo Béliz en el Ministerio del Interior. Cuando este renuncie al ministerio en agosto de 1993, de Ímaz lo acompañó en su proyecto político, que en 1996 toma la forma del partido Nueva Dirigencia. Merced a este vínculo es que de Ímaz llegaría a obtener una banca en la Legislatura de la Ciudad de Buenos en 1997. Dentro del armado político de Nueva Dirigencia, De Ímaz quedó a cargo del área de Educación de los equipos técnicos, nucleados en la Fundación Nueva Dirigencia. La presencia del experimentado sociólogo era para Béliz un capital político interesante, quien remarcaba la presencia del sociólogo como una prueba de la capacidad experta del equipo que lo secundaba. Por ejemplo, durante la campaña para las elecciones de octubre de 1997, Béliz señalaba que “vamos a llevar en nuestra lista de legisladores porteños a la personalidad más importante de la Argentina en la materia [educativa], el profesor José Luis De Imaz" (“La campaña rueda por las calles”, La Nación, 7/9/1997). Más allá del capital simbólico que su figura aportaba, el principal trabajo de de Ímaz a Nueva Dirigencia consistió en diseñar una propuesta de gobierno en el área educativa. Para ello, retomó los lineamientos presentados en el Libro Blanco, ampliados para diseñar un sistema educativo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publicado como documento programático de Nueva Dirigencia en 1996 (de Ímaz, comp., 1996). El equipo de trabajo que redactó ambos libros estaba compuesto mayoritariamente por cuadros de perfil técnico, no partidario, profesores o egresados en sociología, ciencia política y economía en universidades confesionales, en particular de la UCA, como María Nicholson, Juan Carlos Auernheimer, Marcelo Pérez Alfaro, Antonio Paz y Fernando Sotz. El peso de de Ímaz en Nueva Dirigencia lo llevó a integrar las listas para legisladores de la Ciudad de Buenos Aires. En octubre de 1997, la lista “Alianza Acción por la República-Nueva Dirigencia” obtuvo el 17% de los votos. Se colocaba así como la tercera fuerza política en el distrito, obteniendo 11 sillas en la Legislatura porteña, una de ellas para el sociólogo. Sobre la propuesta educativa, se inscribe en el mismo sentido de las anteriores intervenciones públicas de nuestro personaje. En primer lugar, atravesado por una concepción negativa del funcionamiento del Estado, el proyecto pondera el rol de agentes privados: “la escuela privada racionaliza mejor sus recursos, emplea más intensivamente su cuerpo docente, sus costos unitarios 169 son menores que en la educación oficial” (de Ímaz, 1996: 116). Esto no supone una voluntad privatizadora, mas sí la defensa de la autonomía de las instituciones privadas por sobre el Estado. Tampoco debe confundirse con la defensa de lógica empresarial de persecución del lucro. El horizonte de sentido del equipo redactor liderado por de Ímaz no es de tipo empresarial, sino de subsidiariedad del Estado. En segundo lugar, y más significativamente, el proyecto proponía reinstaurar la educación religiosa como parte de la currícula obligatoria y dentro del horario calendario. El planteo se sustentaba en dos disposiciones de la Ley 24.195 Federal de Educación de 1993. Por un lado, esta define que la educación debe ser “integral”. Amparado en ese difuso concepto, de Ímaz retomó la propuesta de la EEI ya mencionada (cf. de Ímaz, 1979). Su interpretación era que el carácter integral remite “a la búsqueda del sentido de la vida, y a los caminos para descubrirla. Se refiere a la pregunta (que tiene una inevitable raíz religiosa), y a su respuesta” (de Ímaz, 1996: 181). Se trata de educación en valores, no simplemente “formar”, y en tanto “todos los principios sustentadores de nuestra convivencia, filosófica e históricamente, vienen deducidos del Evangelio”, es a este al que la educación integral debe recurrir para “poner orden en el desorden, para marcar pautas –y ratificarlas– en medio de la anomia” (de Ímaz, 1996: 183). Por otro lado, la Ley 24.195 justificaba la política de descentralización de los servicios educativos por la necesidad de dotar de mayor autonomía a las comunidades educativas, y acercar los perfiles educativos a los actores locales. Sobre ello, de Ímaz et al propusieron que la decisión de impartir educación religiosa en las instituciones públicas debía ser tomada de manera descentralizada por cada una de las comunidades educativas, en un debate en torno a cada perfil institucional. De esta manera, “Habría así establecimientos dotados de educación católica para quienes la solicitaran, y judía, y evangélica, etc.” (de Ímaz, 1996: 185). Es decir, la política de Estado debía permitir que la decisión de dictar contenidos religiosos se tomara de manera descentralizada en cada jurisdicción educativa. A esta cesión de competencias por parte de los niveles administrativos nacional y provinciales se agregaba otra: de Ímaz proponía que los docentes de estas materias deberían estar habilitadas por la autoridad religiosa del culto correspondiente, lo cual daría a estos un poder importante en la selección del personal. De hecho, para de Ímaz los docentes de las asignaciones religiosas deberían ser creyentes ellos mismos, para realizar con vocación la tarea educativa, asimilada al trabajo evangelizador: 170 A los futuros docentes habrá que formarlos haciéndoles comprender que los valores… simplemente valen […] No dejaré en ningún momento de anunciar el Evangelio. Si lo vivo. Si lo testimonio. No hartaré a nadie, se me reflejará en el rostro la inmensa felicidad de saberme creado y redimido. (de Ímaz, 1997: 10). Este proyecto de reforma del sistema educativo fue el principal aporte de de Ímaz a Nueva Dirigencia. En torno a él giró gran parte de su actividad legislativa durante los tres años de su mandato. Esto era reconocido por su partido en un balance publicado del primer año de trabajo legislativo del bloque: “[la propuesta de de Ímaz] de Ley de Educación para Buenos Aires, sin duda la más novedosa y transformadora de todas cuanto se presentaron en la Legislatura. Nos permitió, de tal modo, ubicarnos en una inteligente vanguardia de cambio y progreso, frente a muchas voces que solo pretenden cristalizar el status quo y el atraso. (Béliz, 1999: 23) El de de Ímaz era uno de los 8 anteproyectos de ley de sistema educativo para la Ciudad de Buenos Aires. Más allá de las fuentes religiosas de su proyecto, no contó con el pleno apoyo de la Conferencia Episcopal Argentina, lo cual se puede ver en un intercambio público ocurrido en ese entonces. En octubre de 1998 la Vicaria de la Educación del Episcopado porteño hizo público un pronunciamiento a favor de la educación religiosa obligatoria. Antes este posicionamiento, De Ímaz declaró que su proyecto iba en esa dirección, pero dejando la decisión en cada colegio (“Dispares voces sobre el pedido de la Iglesia porteña”, La Nación: 24/10/1998). Este matiz muestra por un lado la afinidad de ambos proyectos, y por otro el margen de acción de un laico comprometido que no respondía directamente a la línea oficial. La apuesta de de Ímaz por reorientar el sistema educativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no prosperó, empero siguió ligado a Nueva Dirigencia. Béliz fue el compañero de fórmula para la candidatura a la Jefatura de Gobierno de Domingo Cavallo, derrotados en 2000. Disuelta esa alianza, de Ímaz integró los equipos de Béliz en el lanzamiento de "un plan de gobierno para volver a ser Nación" (“Béliz presentará en 10 días su plan nacional de gobierno”, La Nación: 15/6/2002). Sin embargo, pocos meses después el ex ministro del Interior de Menem fue nombrado ministro de Justicia por el flamante presidente Néstor Kirchner; para ese entonces, de Ímaz ya había abandonado a su antiguo referente político. En este recorrido, de Ímaz se había convertido en uno de los principales expertos en materia educativa. Esto llevó a que fuera considerado un referente de consulta experto, más allá de su 171 compromiso político. Por ejemplo, Juan José Llach, ministro de Educación de la Nación (1999-2000) lo convocó para que integrara un Consejo Asesor de Educación Básica con “figuras prestigiosas del ámbito educativo”. 260 En el mismo sitial lo ubicaba la prensa, indagando su opinión –junto a ex ministros del área y expertos académicos– sobre la propuesta del presidente interino Adolfo Rodríguez Saa de eliminar el Ministerio de Educación IV. ALGUNAS NOTAS A MODO DE CIERRE La reconstrucción de la trayectoria de José Luis de Ímaz a través de estos cinco episodios nos ha permitido conocer algunas de las estrategias mediante las cuales sociólogos e intelectuales católicos pretendieron interventor en el debate público y orientar las acciones del Estado a en el último tercio del siglo pasado. Asimismo, hemos visto que el sentido de esta orientación encuentra sus fundamentos ideológicos en una cosmovisión socio-religiosa generada en formas de socialización particulares, ligadas a forma modernizadoras del catolicismo. Finalmente, ya en un plano metodológico, hemos procurado dar cuenta tanto de la especificidad de cada episodio como de las líneas de continuidad que los unen, considerándolos eslabones dentro de un encadenamiento que recorre toda la biografía de nuestro personaje. Procedimos de dicha manera considerando que difícilmente la biografía de de Ímaz pueda ser condensada en una de las categorías teóricas que las ciencias sociales brindan para el ejercicio del etiquetamiento: intelectual, académico, experto, asesor. Finalizado este ejercicio, nos interesa ensayar alguna reflexión a partir de la noción de expertise. Según Sergio Morresi y Gabriel Vommaro (2011), el expertise puede definirse como las formas de intervención en el campo de poder mediante la producción de bienes materiales y simbólicos. Su fundamento de autoridad yace en un doble juego entre la posesión de un saber técnico ligado a una disciplina científica, y a la legitimación social de estos discursos, técnicas y agentes expertos. Esto implica la confluencia de una lógica técnica y una lógica política, que une diversos espacios atravesados por la circulación de discursos y personas. Del análisis de las estrategias de intervención pública de José Luis de Ímaz, de su participación en instancias de poder, de su interpelación a distintos grupos dirigentes y políticos, 260 En el Consejo Asesor coexistieron dos de las grandes redes de funcionarios en educación: la católica (de Ímaz, Alfredo van Gelderen, Antonio Battro) y la FLACSO (Cecilia Braslavsky, Daniel Filmus, Juan Carlos Tedesco). Los otros miembros eran Irma Parentella, Edith Litwin, Horacio Sanguinetti y Matías Etchart. 172 encontramos que todas ellas se ajustan grosso modo a la del expertise. De hecho, la reconstrucción de la trayectoria pública de nuestro personaje muestra un derrotero similar a la tipificación que Morresi y Vommaro proponen sobre la circulación de discursos y personas expertas: del mundo académico al mundo de la política, del Estado y de los negocios, y de allí al espacio público y a los medios de comunicación. Este modelo típico permite comprender la trayectoria de de Ímaz en función del fenómeno sociológico mayor, permitiéndonos evadir las explicaciones centradas en la excepcionalidad de los atributos individuales. Sin embargo, el análisis profundo de los vericuetos biográficos de de Ímaz nos devuelve un fresco mucho más complejo sobre el cual señalaremos dos cuestiones. En primer lugar, las condiciones de posibilidad para que de Ímaz se convierta en interlocutor válido con distintos actores externos a la academia deben buscarse no principalmente en la acumulación de credenciales expertas que lo doten de autoridad científico-técnica, sino en las redes de sociabilidades que de Ímaz fue tejiendo, consciente e inconscientemente, en la escuela, en la parroquia, en la militancia en el movimiento católico, en su activismo en organizaciones nacionalistas, desde la universidades Católicas y de Buenos Aires. En ese sentido, la lógica técnica del expertise no basta para explicar las intervenciones públicas de de Ímaz. A lo largo de su trayectoria pública, el tema por el cual se lo consulta varía: grupos dirigentes, estructura social, marginalidad, divorcio, educación. Esta capacidad para deslizarse de un tema a otro lo aproxima a las formas de intervención pública de los intelectuales, aún cuando el fundamento de legitimidad sea técnico-científica. En segundo lugar, no podemos comprender el proyecto político-intelectual de de Ímaz sino a partir de los ámbitos de socialización y sociabilidad religiosas en los que estuvo inmerso a lo largo de su vida. Aquel proyecto era, en esencia, el del principio de subsidiariedad: una sociedad organizada en cuerpos intermedios, en la que el Estado tiene la obligación de abstenerse de actuar donde ya actúa un cuerpo social intermedio pero de asistir a aquellos que no pueden subsistir por sí solos. Su fuente doctrinal es la Doctrina Social de la Iglesia, que de Ímaz conocía desde pequeño, que se combinaba con el llamado a la acción pública que nos permite comprender sus sucesivas incursiones desde la torre de marfil académica hacia extramuros, en particular la actividad política. La cosmovisión comunitarista atraviesa todas las intervenciones públicas de de Ímaz: desde el desplazamiento de los partidos políticos del rol de representación política, en pos de favorecer la organización de grupos de presión que respondan a los cuerpos intermedios (de empresarios, de 173 sindicatos, etc.), pasando por la reivindicación del trabajo social de las organizaciones caritativas cristianas allí donde el Estado no puede llegar, hasta los sucesivos intentos de orientar la acción del Estado hacia el impulso de una matriz societal de tipo comunitarista (y un Estado con un rol consonante). Esto se expresó en distintas propuestas, tanto durante el Onganiato como en la década de 1990, momento en el cual convergieron cuadros neoliberalres y cuadros católicos sobre la base de afinidades electivas entre el principio de subsidiariedad y primacía de los cuerpos intermedios, y el antiestatismo del Consenso de Washington. Más allá de estas variaciones históricas, el principio de subsidiariedad es el eje ideológico que guía sus intervenciones públicas. Esto revela una dimensión de su intervención pública que nos remite a la figura del intelectual. Sin embargo, el énfasis en mantener las formas y el registro científico dan cuenta de la imbricación entre ambos modelos de intervención pública, aquí fusionados y nutridos, entre otras fuentes, por el llamado a la acción pública en la cual de Ímaz se formó en el movimiento católico. V. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES UTILIZADAS Amadassi, Enrique y Juan Martín López Fidanza (2011): “La UCA y la Sociología en la UCA, desde sus inicios hasta nuestros días”. Ponencia presentada en las IX Jornadas de Sociología, UBA. Béliz, Gustavo (1999): Proyecto ciudad. Un nuevo modelo de gobierno para Buenos Aires. Buenos Aires, Fondo Editorial Nueva Dirigencia. Belvedere, Carlos (1997): “El inconcluso ‘Proyecto Marginalidad’. 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Su relato contrapone la fastuosidad de los edificios, la celebración de los grandes hombres, la disponibilidad de archivos metódicos y bien preservados en Brasilia, con la decadencia, la dispersión y la escasez de pistas materiales de este pensamiento y sus representantes en Buenos Aires. Esta vacancia no se limita al desarrollismo y su tiempo sino que atañe a gran parte de las doctrinas estatistas, sus protagonistas y cristalizaciones. Hasta hace muy poco, el escaso conocimiento disponible era una de las tantas expresiones de las dificultades del Estado argentino para construir, a partir de la segunda mitad del siglo XX, un relato sobre sí mismo más o menos sistemático y acumulativo. Al calor de los conflictos sociales y la inestabilidad política, la Argentina no sólo perdió la capacidad de documentar y celebrar los avances de su Estado, careció también de la más mínima vocación de atesorar las huellas de su propia historia. Este trabajo se suma al esfuerzo reciente de quienes, desde las ciencias sociales, han intentado cubrir estas omisiones. Para el caso que nos ocupa, los antecedentes en estos temas pueden organizarse en función del modo en que han intentado aprehender al Estado y sus intervenciones económicas en la segunda mitad del siglo XX.262 Un conjunto de indagaciones ha preferido un recorte por administraciones (la peronista, por ejemplo: Berrotarán, 2003 y Sidicaro 2002). Otro se ha concentrado en el derrotero de ciertas agencias públicas (es el caso de los bancos de desarrollo, Rougier, 2004). Varias han seguido las inconstancias de ciertas políticas públicas (la internacional: Rapoport, 1995; la industrial: Belini y Rougier, 2008; la petrolera: Gadano, 1998; la referida a las grandes empresas: 261 Este texto retoma la ponencia presentada en las Jornadas "Recuperando trayectorias intelectuales en el Estado. Argentina en la segunda mitad del siglo XX" en la Universidad de General Sarmiento, en septiembre de 2013. Agradezco muy especialmente a Martín Vicente por la invitación y a Sergio Morresi por sus comentarios. 262 Para un análisis más exhaustivo y sistemático de esta producción, remitimos al lector a los estados de la cuestión propuestos por Bohoslavski, Soprano (2010) y Pereyra (2012). 178 Castellani, 2009). Una última línea se ha desarrollado recientemente, revitalizando las preocupaciones en torno de las relaciones entre el Estado central y las administraciones subnacionales (en materia tributaria: Gómez Sabaini, Santieri y Rossignolo, 2002, en el área educativa: Rivas, 2004). Si la intención de estas Jornadas es recuperar algunos retazos de la historia de la administración central y de sus protagonistas en Argentina en la segunda mitad del siglo XX, la trayectoria de los “economistas de estado” constituye a la vez un eslabón perdido y un fundamental hilo de Ariadna. Inspirados en una noción de Neiburg y Plotkin (2005), podemos llamar “economistas de Estado” a quienes, identificados con esta disciplina, se formaron en la administración nacional para y por su desarrollo. Los “economistas de estado” y Alberto Fracchia en particular no son necesariamente intelectuales si por ello se entiende a quienes detentaron visibilidad e influencia pública directa. Difícilmente quienes recorran los diarios nacionales e incluso las publicaciones profesionales más prestigiosas se topen con su nombre. Ciertamente, hacia fines de los años cincuenta, Raúl Prebisch y Aldo Ferrer, comenzaban a instalarse en la prensa y en las discusiones especializadas como representantes de la moderna ciencia económica. Los economistas, sin embargo, estaban lejos del grado de institucionalización, unidad teórica y predicamento político que conquistarían décadas más tarde. Si Fracchia y otros economistas de su trayectoria merecen en cambio ser caracterizados como “economistas de Estado” es porque participaron, de manera determinante, de los círculos nacionales e internacionales que forjaron, en la práctica, el perfil de los estados latinoamericanos durante la segunda posguerra. Como otros expertos de la época, Alberto Fracchia se encuentra entre quienes, desde las oficinas estatales, contribuyeron a traducir ciertas ideas en indicadores, instituciones y políticas. De este modo, sin ser un intelectual asiduo en las grandes tribunas de doctrina, Fracchia contribuyó a la construcción de las categorías y los números públicos sobre los que se asentarían más tarde variadas observaciones, controversias y políticas económicas. Interesarse en estos economistas permite cubrir una doble vacancia. Por un lado, la preocupación por los expertos en economía como intelectuales públicos y funcionarios de alto rango se concentra en el último cuarto de siglo XX y en el fortalecimiento de los (neo)liberales. Escasos son los análisis sobre los economistas asociados al populismo o al desarrollismo y aún menos aquellos que se interesan en su derrotero como portavoces y ejecutores de ciertas políticas 179 públicas. En efecto, si bien algunos referentes del intervencionismo han despertado atención,263 la misma se pierde cuando se trata de economistas que no participaron de decisiones macroeconómicas puntuales sino de impulsos más lentos y acumulativos en las diversas áreas de la intervención estatal. Este olvido es sintomático y soslaya un hecho fundamental: los diagnósticos y ensayos macroeconómicos solo fueron posibles porque se asentaron en una infraestructura estadística que hizo posible visibilizar, cuantificar y monitorear la evolución de ciertos fenómenos. Por otro lado, el análisis de las trayectorias individuales de estos agentes estatales permite identificar rupturas y continuidades que no necesariamente se corresponden con aquellas que delimitan los estudios interesados en gobiernos, agencias, políticas o anclajes ideológicos específicos. Como apunta Mitchell (2005), el interés en la historicidad de las instituciones económicas revela vínculos muchas veces desatendidos entre la etapa neoliberal y la keynesiana. La noción de economía, como jurisdicción específica, universal y autorregulada, característica del neoliberalismo, hunde sus raíces en el desarrollo de las instituciones estadísticas, legales, tecnológicas y hasta cognitivas legadas por los Estados interventores del período anterior y ancladas en una internacional de expertos que precedió, con mucho, al Consenso de Washington. Así, complementando los estudios anteriores, el análisis prosopográfico de la biografía profesional de Alberto Fracchia permite contar dos historias y vincularlas en una paradoja. La primera historia reconstruye el proceso en el que se forjaron, debilitaron y sostuvieron las capacidades estadísticas de la administración central264. La segunda enlaza la fragilidad del aparato estatal argentino y la exclusión de sus cuadros más calificados con la consolidación de una zona gris de experticia económica internacionalizada que signó las instituciones y las políticas públicas tanto liberales como desarrollistas. Entre ambos procesos, se demarca una paradoja. Cuando permitió retener y perpetuar el saber de los especialistas formados en el Estado, la internacionalización sirvió de atenuante al desconocimiento de las experiencias y tradiciones locales. En otras palabras, el rescate con recursos externos de los cuadros técnicos formados en las burocracias públicas contrapesó el desgarramiento recurrente de la administración central y 263 Entre ellos, pueden mencionarse Roccanello y Rougier (2013) sobre Aldo Ferrer, Fernández López (2001) sobre Raúl Prebisch; Neiburg y Plotkin (2004) sobre los economistas que participaron de los primeros años del Instituto di Tella. Piezas de esta historia se encuentran también en diversos obituarios publicados en las actas de la Asociación Argentina de Economía Política y la Academia Nacional de Ciencias Económicas. 264 En este sentido, este trabajo se nutre de la fructífera línea de investigación desarrollada en el país por Hernán Otero, Claudia Daniel y Hernán González Bollo, entre otros. 180 preservó cierto grado de continuidad y reflexividad en el diseño y la implementación de las políticas públicas. Sintéticamente, Alberto Fracchia es considerado, junto con Manuel Balboa, uno de los padres de las cuentas nacionales en la Argentina. Nacido a fines de los años veinte, su trayectoria profesional quedó marcada a fuego a mediados de los años cuarenta cuando se incorporó al Banco Central (BCRA), poco después de que las desavenencias con el peronismo llevaran a Raúl Prebisch a alejarse de la institución y del país. Desde el BCRA, Fracchia tuvo una participación crucial en la elaboración y la expansión de las estadísticas económicas, proveyendo al Estado de herramientas para describir e intervenir en la “economía nacional”. Este rol no cesó cuando abandonó su puesto como funcionario del principal banco público. En tanto consultor internacional, Fracchia trabajó en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) y Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para culminar luego su carrera como docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Desde sus diversos roles contribuyó a formar a muchos de los economistas que tendrían un rol destacado tras el regreso a la democracia. Basado en una larga entrevista realizada en 2002 265 , este escrito recorre su trayectoria profesional en la administración pública. En este sentido, intenta revertir la ausencia de recordatorios y obituarios que, como en el caso de otros “economistas de estado”, se suma a otros denuedos y sinsabores del intervencionismo estatal en la Argentina. La economía como profesión de Estado: el BCRA y las estadísticas públicas Si bien en la tradición liberal y marxista la economía ha tendido a homologarse a una estructura ahistórica que opera, desde siempre, como determinante último de las relaciones sociales (así lo revelan los estudios de historia intelectual de Hirschman, 1977 y Rosanvallon, 1999), el análisis de las instituciones vinculadas con las ciencias económicas delinea un recorrido y un significado diferente. Primero, el gran aporte de la historia y la antropología económica ha sido precisamente afirmar la asociación entre modernidad y separación de esferas; muy particularmente, la tardía emergencia, en los países occidentales, de la noción de “economía” como un espacio discernible y autorregulado [Polanyi, 2000 (1944)]. Más tarde, los estudios sobre las formaciones universitarias y las agencias estatales que permitieron diferenciar y expandir las jurisdicciones designadas bajo el 265 El encuentro tuvo lugar en su departamento en el barrio de Belgrano, el 18 de diciembre de 2002. La entrevista fijada para las 9 de la mañana se prolongó hasta bien entrada la tarde. 181 término economía, reafirman este desarrollo reciente. Los orígenes más remotos e imprecisos de la disciplina remiten al desarrollo de herramientas y especialistas centrados en el comercio y las finanzas públicas. Inmersos en herencias filosóficas y orientaciones teóricas diversas (Fourcade, 2001), los conocimientos económicos como tales aparecieron a fines del siglo XIX en las naciones de Europa continental estrechamente vinculados con la aritmética estatal. En la Argentina, como en otros países contemporáneamente, la economía interesaba sobre todo como instrumental de cálculo para la administración del comercio y el tesoro. Tal fue el argumento enunciado por los primeros cultores de esta disciplina quienes, en la última década del siglo XIX y a primera década del siglo XX, emprendieron una primera disputa jurisdiccional con las formaciones en leyes. Atrayendo a estudiantes de medios relativamente modestos, estos promotores lograron primero formar la Escuela Superior de Comercio (de nivel secundario) y luego crear, en la Universidad de Buenos Aires, la licenciatura de contador y el doctorado en ciencias económicas (Plotkin, 2006). Fue en este marco que, luego de estudiar en un bachillerato comercial, el joven Fracchia se inscribió en la carrera de contador en la Universidad de Buenos Aires. La economía no existía aún como disciplina específica y, como Fracchia lo entreveía en ese momento, estudiar ciencias económicas equivalía entonces a asistir al sector público o privado sobre todo en materias tributarias. Ahora bien, aunque los claustros universitarios apenas comenzaban a acusar los cambios, los imperativos de la gran guerra y la crisis de 1930 comenzaban a forjar una misión y un nuevo impulso a las ciencias económicas y sus profesionales. En 1925, el Banco de la Nación Argentina, que existía desde 1891, decidió crear una Oficina de Investigaciones Económicas (OIE). La misma reclutó a muchos de los mejores estudiantes y profesores de la Facultad de Ciencias Económicas. La creación del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en 1935 constituyó la culminación de este proceso: Raúl Prebisch había elaborado el proyecto desde la OIE y se desplazó allí con todo su equipo. El BCRA se afirmó entonces como un espacio de excelencia que, a pesar del cambio de cúpulas, seguiría afirmándose durante la década peronista Este impulso modificó el destino de Fracchia. A través de un aviso, supo de una convocatoria en el BCRA y se incorporó al Banco a través de un estricto examen de ingreso que incluía una prueba escrita y una entrevista con el entonces técnico en investigaciones económicas. Aunque Prebish ya no estaba, su liderazgo intelectual seguía impregnando a la institución y regulando gran 182 parte de sus procedimientos. Según Fracchia, por entonces el BCRA contaba con no más de 60 empleados, con un fuertísimo compromiso con la institución que los hacía trabajar sin horario. El Instituto de Estudios Económicos, donde se incorporó, tenía varias divisiones que ilustran el modo en que le economía política estaba dejando de ser una mera aritmética estatal para convertirse en una herramienta clave para la planificación centralizada. Según su testimonio, el Instituto contaba con 5 divisiones: 1) Industria; 2) Agropecuaria; 3) Política Comercial; 4) Estadística; 5) Análisis Monetario y 6) Grandes Empresas. Fracchia fue designado en la División Estadística y empezaron allí, junto a su maestro Manuel Balboa, sus 55 años en el tema de Cuentas Nacionales. Balboa se encargaba de la tarea de coordinar la labor del equipo, resolviendo tanto los problemas conceptuales como aquellos relacionados con las fuentes. Sus tareas contribuyeron a consolidar al BCRA como una de las piezas centrales del Sistema Estadístico Nacional hasta la actualidad (Mentz, 1991: 524-525). Desde el BCRA, Fracchia conoció el énfasis del peronismo en la lealtad de los cuadros superiores, pero también la heterogeneidad ideológica de los técnicos ligados al gobierno. Según su relato, tanto el presidente y como parte del directorio del Banco fueron conformados por gente de confianza del ejecutivo. Estas recomposiciones no hicieron perder la orientación más bien liberal con la que se asociaba a esta institución. En una posición distinta, el grupo de Mario Bunge, más católico y nacionalista, colaboraba con el gobierno desde el Consejo Nacional de Posguerra. Allí se intentaba elaborar un programa de mediano y largo plazo para el país, que sirviera de base para los planes quinquenales. Pero es la política fiscal y arancelaria la que despertaba en Fracchia un recuerdo más ambivalente. Si bien consideraba que la creación del Instituto de Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) había sido una iniciativa positiva, recordaba que había complicado mucho la tarea del BCRA. El problema era básicamente que solían solicitar redescuentos para respaldar una suerte de presupuesto paralelo. De hecho, según recordaba, eran estos desórdenes fiscales los que habían llevado a muchos de los técnicos originariamente ligados a Prebisch a alejarse de la institución. La crisis económica de fines de la presidencia de Perón obligó a rectificar el rumbo, con al nombramiento de Alfredo Gómez Morales al frente del Ministerio de Economía. El nuevo ministro había sido presidente del BCRA y manifestó su intención de conocer el Ingreso Nacional para poder hacer proyecciones. Esto supuso un gran crecimiento para la división de Balboa y Fracchia: 183 pasaron de ser 3 o 4 empleados a 20. Como la facultad no formaba a la gente para este tipo de tareas, Fracchia recordaba que una de sus principales misiones en esos años fue la enseñanza de las nuevas generaciones. Según recordaba, el ministro Gómez Morales tenía la certeza de que el país había completado la etapa de la industrialización liviana y debía avanzar sobre la pesada. Esta convicción había llevado al ministro a alentar la industria automotriz y a propiciar la instalación de Kaiser, FIAT y Mercedes Benz en Córdoba donde la industria de la aviación había permitido el desarrollo de mano de obra calificada. Debilidad estatal y organismos internacionales: de funcionarios a tecnócratas Las modificaciones en materia económica no impidieron el golpe que trajo de regreso al BCRA a los antiguos adversarios de Perón. Para Fracchia, el desorden y la premura que caracterizaron los años de la Revolución Libertadora se hicieron insoportables. Tanto, que en 1956 presentó su renuncia. Al poco tiempo, un amigo le propuso trabajar en su consultora asistiendo a un par de empresas privadas. La sorpresa que le generaron sus honorarios ilustra la brecha que existía ya, en ese entonces, entre los cuadros calificados del sector público y los del sector privado. Según su recuerdo, asistir a estas dos empresas le permitía ganar tres veces lo que obtenía como alto funcionario del BCRA y eso que se había retirado como subgerente de investigaciones financieras. La experiencia de Fracchia expresa con claridad las incongruencias de lo que Fernández López (2001: 512) ha dado en llamar la “década dorada de los economistas”, aquella que el autor enmarca entre 1955 y 1965. Por un lado, desde su perspectiva y desde el testimonio de los economistas que se insertaron profesionalmente entre los años cuarenta y sesenta, no existía destino más anhelado para un joven graduado en ciencias económicas que obtener un empleo en las reparticiones estatales más modernizadoras: los bancos públicos primero y las agencias de planificación más tarde. Desde el gobierno peronista, éstas no habían hecho más que expandirse y generar espacios para la novel disciplina que sería finalmente creada, en los claustros universitarios, en 1958. Por otro lado, estos mismos testimonios subrayan las tensiones recurrentes dentro de estos espacios y el retraso de las remuneraciones públicas con respecto a los salarios que podían obtenerse en otros espacios de inserción profesional. Los “economistas de estado” ofrecen así un ejemplo de la relativa debilidad de la administración pública del período. La primera razón ha sido sin duda la más documentada: las 184 purgas y renuncias provocadas por los enfrentamientos político-institucionales 266 . La segunda razón, menos conocida, remite a las posiciones y sus recompensas. La situación era particularmente dramática en las altas casas de estudio. Aún cuando las universidades públicas argentinas se encontraron entre las más prestigiosas y masivas del continente, los presupuestos fueron siempre exiguos. De hecho, aunque no haya datos específicos sobre las ciencias económicas, su situación ha de haber sido aún más ajustada que la de otras disciplinas más dependientes de la Universidad. E incluso en estos últimos casos, los profesores a tiempo completo fueron durante décadas minoritarios y mal remunerados.267 Si bien en las agencias públicas las posiciones no escaseaban, el testimonio de Fracchia pareciera indicar que, para sus cuadros más calificados, los salarios del sector privado resultaban mucho más interesantes y las posibilidades de promoción mayores. Pero no fueron solo ni centralmente las empresas las que reclutaron a estos cuadros formados en la administración estatal: mientras el Estado argentino purgaba o desatendía a quienes tan arduamente había contribuido a formar, los organismos internacionales apuntalaban, con su interés y sus recursos, el desarrollo de las capacidades técnicas vinculadas con la economía. En efecto, tras la revolución cubana y bajo la administración Kennedy, la conformación de la “Alianza para el progreso” aspiró a evitar la polarización del campo político latinoamericano entre una derecha ultra conservadora y una izquierda revolucionaria y procastrista. Su estrategia fue aportar asistencia técnica y financiera para formar “amigos de América” (Dezalay y Garth, 2002: 182 y ss.). Esta nueva impronta se combinó con el prestigio de las universidades norteamericanas y con los recursos puestos a disposición del intercambio por parte de las agencias “filantrópicas” estadounidenses (Berman, 1983). Si bien la internacionalización de esta etapa anticipa a la que se desplegará más tarde, la influencia americana y en particular de sus teorías económicas estaban lejos de alcanzar la unidad que adquirirían en la década de los noventa. La existencia de otros centros políticos e intelectuales (Europa y la Unión Soviética), la fragmentación de los referentes de la cultura americana (demócratas en Harvard y republicanos en Chicago) y la relativa importancia de instituciones 266 En general, suele enfatizarse el ataque del primer gobierno peronista contra los intelectuales independientes a mediados de los años cuarenta (Dagnino Pastore, 1988 y Beglaiser, 2009: 69-70). Aunque fueron particularmente virulentas en ese período, estas prácticas no comenzaron ni se interrumpieron en la década peronista. Al respecto Buchbinder (2005) y Neiburg (1998). 267 Según Gentel (1997:66, citado por Biglaiser, 2009 : 66), apenas el 10% de los profesores de las universidades públicas argentinas eran de dedicación exclusiva entre 1960 y 1980. De acuerdo con Biglaser (2009: 78), antes de 1989, un profesor a tiempo completo de la UBA ganaba apenas 250 dólares por mes. 185 regionales de distinto signo ideológico (Beigel, 2012 y 2009), abrían mayores márgenes de maniobra para las elites técnicas locales. En el caso de las estadísticas económicas, es crucial considerar el rol que jugó la CEPAL y la capacitación y actualización profesional impartida en espacios como el Centro Latinoamericano de Enseñanza de Estadística (CIENES), creado por la Organización de Estados Americanos (OEA) en Chile (Daniel, 2013). Es precisamente este proceso de internacionalización técnica el que evitó que Fracchia, tras alejarse de BCRA, se dedicara exclusivamente a la actividad privada. Al alejarse de la burocracia pública en los años cincuenta, Fracchia pudo reconvertirse primero en consultor y luego en funcionario de organismos internacionales. Fueron éstos los que recompensaron y contribuyeron a propagar sus conocimientos como especialista en cuentas nacionales en el país y en el continente. La reconversión fue rápida. Cuando en 1956, Raúl Prebish regresó al país como asesor económico del gobierno, se conformó un equipo con técnicos de las Naciones Unidas y del gobierno. En este marco, Fracchia obtuvo un contrato para informar sobre la riqueza tangible, la distribución del ingreso y la distribución por sectores de la población activa. Durante 6 meses, trabajó a la vez con las dos empresas como consultor y como organizador de un equipo de 30 personas para enseñarles cómo mirar las cuentas nacionales. Este contrato dio lugar a otro y Fracchia se desempeño como asesor técnico en estadísticas públicas hasta 1958. Este caso no hace sino ilustrar el modo en que las estadísticas desarrollistas se nutrieron de la asistencia internacional. Según Daniel (2013: 16-17) y sobre la base de estadísticas de la ONU, durante el trienio 1960-1962, la Argentina recibió 52 expertos en el primer año, 59 en el segundo y alrededor de 50 en último. La candidatura de Arturo Frondizi despertó entonces las esperanzas de muchos argentinos, entre ellos la de Fracchia. El economista comenzó a reunirme con un grupo de técnicos comprometidos con el candidato que trabajaban, gratuitamente, en la elaboración de un plan de corto plazo para el futuro gobierno. Norberto González y Aldo Ferrer eran parte de ese grupo que se vio profundamente desencantado cuando, sin prevenirlos, el presidente escogió al equipo coordinado por Frigerio. Las rencillas entre Frigerio, Ferrer y Frondizi forman parte de la historia del desarrollismo en la Argentina y ameritan que alguien se ocupe de ellas en profundidad. A Facchia, el desenlace lo llevó a retornar al BCRA como subgerente, mientras muchos de sus compañeros de militancia acompañaban a Allende y a Ferrer al gobierno de la provincia de Buenos 186 Aires. Comprometido con ellos, Fracchia participó de la organización de la dirección estadística de La Plata, formando al personal del organismo en los temas de su especialidad. Pero el BCRA no era el mismo. Manuel Balboa había renunciado para irse a trabajar con Prebish en las Naciones Unidas. Al tiempo, Fracchia seguiría sus pasos. Se tomó licencia en el BCRA, fue consultor en Colombia donde desarrolló su actividad entre 1961 y 1962. La Alianza para el Progreso no sólo mereció la simpatía de Fracchia sino que gracias a ella los conocimientos que había contribuido a generar abandonaron el BCRA y conquistaron un espacio propio dentro del Ministerio de Economía con la creación de la dirección estadística. Una vez más, en 1962-1963, Fracchia asistió este proceso, esta vez como consultor de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Con el triunfo de Illia, en 1963, volvieron al gobierno muchos de quienes habían militado con él en el asesoramiento de Frondizi. Se relanzó entonces la idea de delinear un plan de desarrollo y en ese marco se fortaleció el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), creado en 1961, y el Centro Federal de Inversiones, de 1959. En este marco, y con la participación del Instituto di Tella, Norberto González, Felipe Tami, Héctor Grupe y Alberto Fracchia coordinaron un grupo de 25 personas jóvenes que realizaron un informe sobre la estructura económica argentina. Según el conocimiento de Fracchia, el diagnóstico del país que desarrollaron en esos años nunca se repitió con semejante magnitud. En este equipo de técnico se definieron las regiones, se analizó el producto de cada municipio, en acuerdo con el BCRA, se completó una matriz de insumo producto, se analizó desde el tráfico ferroviario hasta las sucursales bancarias. Un documento del CONADE sintetizó parte de este esfuerzo (Fracchia, Altimir y Sourrouille, 1965). Esta tentativa de conocer en profundidad la realidad nacional a través de las estadísticas públicas no se detuvo con el golpe de Onganía. Fue precisamente bajo este régimen que se intentó consolidar institucionalmente esta tarea al crearse el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). A través de la ley 17.622 de 1968 y su implementación en 1970, el INDEC adquirió la centralidad que hoy detenta dentro de la producción de números públicos estatales (Mentz, 1991: 502). No obsta que desde los años cincuenta, el BCRA siga ocupando un lugar central en materia de estadísticas económicas. Ante un escenario nacional cada vez más enrarecido, Fracchia decidió incorporarse como funcionario de las Naciones Unidas donde permaneció por 22 años. Fue subdirector de la oficina de CEPAL en Buenos Aires, asesor de los gobiernos de Paraguay y Bolivia y terminó jubilándose en 187 1987 como parte de un equipo financiado por el Banco Central de Venezuela. A lo largo de estos años, Fracchia se desempeñó intermitentemente como docente del BCRA, del Instituto di Tella, de las Facultades de Ciencias Económicas de la UBA, de la Universidad Católica y de la de Belgrano. Después de jubilarse, entre 1994 y 1997, volvió a trabajar como docente en la UBA en la Maestría dirigida por uno de sus amigos, Carlos García Tudero. A modo de conclusión: de denuedos y sinsabores Al menos por su relato, Fracchia parece haber permanecido relativamente ajeno a las confrontaciones personales que desgarraron a los intelectuales del desarrollismo. Había compartido la desilusión de Ferrer ante Frondizi pero no necesariamente albergaba las mismas enemistades con respecto a otros voceros del pensamiento económico de su época. A la hora de reflexionar sobre los economistas que habían dirigido las polémicas y la acción pública en el período de posguerra, Fracchia manifestaba compartir sus buenas intenciones, al tiempo que lamentaba el modo en que las ambiciones personales habían conspirado, muchas veces, contra la consecución de un objetivo que juzgaba bastante compartido. Su juicio era mucho más crítico a la hora de evaluar la suerte de las instituciones que había contribuido a construir. Desde su perspectiva, el CFI había sido progresivamente cooptado por los ministros de hacienda de las provincias y el CONADE había perdido la capacidad de conducir la acción planificadora del Estado. Desde su opinión, la Argentina había carecido de un consenso o de un liderazgo político capaz de respaldar y sostener en el tiempo los programas de planificación estatal que habían comenzado a desarrollarse en los años 1930. En el momento de la entrevista, el país atravesaba aún los estertores de la crisis de 2001. Los economistas se veían entonces fuertemente cuestionados por el protagonismo que habían adquirido en la política económica adoptada desde la dictadura y sobre todo por la responsabilidad de la profesión en el sostén de la convertibilidad y en el respaldo de múltiples ajustes. A la hora de contestar a la pregunta sobre a quiénes consideraba economistas destacados, Fracchia tuvo la oportunidad de proponer su evaluación de la disciplina. En términos personales, el experto en cuentas nacionales recordaba con orgullo y admiración a muchos de quienes habían sido sus estudiantes. Había trabajado con Juan Vital Sourrouille en el CFI y en el CONADE y lo recordaba como un joven brillante y comprometido. Pero su cariño y su 188 admiración se concentraban en Daniel Heymann al que consideraba un modelo de economista. Frente a la arrogancia y la premura de muchos de sus pares, Fraccha veía en Heymann a un economista brillante pero modesto, creativo pero atento al rigor de los datos y a las consecuencias sociales de ciertas políticas. Pero su juicio más general no era exactamente personalista. En estos jóvenes reconocía menos una ideología particular que una deontología profesional que creía perdida. En su evaluación, el economista de estado no culpaba a personas ni a orientaciones ideológicas, intentaba comprender más bien la dinámica prevaleciente entre los economistas a finales del siglo XX. Fracchia se mostraba particularmente perplejo frente a quienes, a pesar de estar directamente vinculados con ciertos sectores privados, se atribuían realismo y objetividad. A lo largo de la entrevista, se preguntaba cómo, quienes vivían asesorando a empresas con intereses particulares, podían tomar la palabra públicamente erigiéndose en representantes del interés general. Lo que hacía falta, subrayaba, era gente con formación de excelencia para el sector público. Desde su punto de vista, la UBA hacía rato que se había revelado incapaz de servir a esta tarea. Su experiencia lo llevaba a pensar que la Universidad de masas no contaba con las condiciones para desarrollar una formación personalizada y que esta casa de estudios había sacrificado los méritos académicos a rencillas políticas que poco recompensaban a los especialistas más destacados y valiosos de la disciplina. En este sentido, la trayectoria y las opiniones de Fracchia echan una luz particular sobre el despliegue de los agentes y las capacidades estatales en materia económica. Los estudios sobre los economistas han subrayado o bien el ascenso de la profesión o bien la confrontación entre ortodoxos y heterodoxos. Menos se ha dicho sobre el hecho de que, desde los años setenta, el ensanchamiento de la jurisdicción reclamada por los economistas se dio de manera concomitante al establecimiento de una nueva configuración profesional en el interior de esta disciplina. Si bien la relativa unificación teórica y metodológica así como la polivalencia de sus profesionales nos lleva a hablar de “los” economistas, vale la pena subrayar que la consolidación de esta nueva “profesión global de mercado” (Fourcade, 2009) no benefició por igual a todos sus practicantes. El éxito material y simbólico de “los” economistas tuvo como contrapartida una serie de nuevos imperativos. A la internacionalización del prestigio y las referencias, se correspondió la creciente mercantilización de los conocimientos y destrezas. En un caso, como en el otro, se perdió aquello que Fracchia representaba en los años 1940-1950: una profesión que buscaba alcanzar la 189 formación y el reconocimiento ofrecidos por el sector público, que se interesaba muy especialmente en el desarrollo de herramientas de observación capaces de comprender la especificidad de la realidad local, que aspiraba a contribuir a la planificación del desarrollo nacional y regional. La reconversión de Fracchia anunciaba los nuevos tiempos. Al calor de las rencillas políticas primero y de los sucesivos planes económicos después, la centralidad de los “economistas de estado” se fue perdiendo. Altos burócratas como Fracchia llegaron justo a reconvertirse, para virtualmente desparecer entre las nuevas generaciones. Referencias bibliográficas Beglaiser, Glen (2009): “The internationalization of ideas in Argentina’s economics profession” in Verónica Montecinos y John, Marcoff (eds.): Economists in America, Cheltenham et Northamptom MA, Edward Egard. 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Hombre moderno, pidió información al gobernador Jorge Busti, un duhaldista con el que –parece– ahora quiere empezar a recomponer relaciones, quien le confirmó que el horno no estaba para bollos. Mascullando su bronca el Presidente decidió no aterrizar. La protesta agraria lo había puesto en fuga, privándolo de hacer un homenaje a Emilio Perina, uno de sus asesores favoritos, aquel que aseguraba que Menem era un estadista superior a Juan Perón y a Julio Argentino Roca. Villa Mantero es una antigua población agrícola de 1600 habitantes. Está a 350 kilómetros de Buenos Aires y a 50 de la ciudad de Concepción del Uruguay. En este pequeño pueblo entrerriano nació el abogado y escritor Emilio Perina, asesor y panegirista de dos presidentes argentinos (Arturo Frondizi y Menem), inventor del slogan “la máquina de impedir” usado para definir a los opositores de ambos presidentes. Menem –quien hizo suyo el latiguillo de Perina– se disponía a homenajear a quien tanto lo homenajeó en el marco de una visita relámpago que incluía la reinauguración de la plaza central de la ciudad de Concepción del Uruguay. Un operativo de seguridad nunca visto en la zona había cercado todo el pueblo con vehículos de la municipalidad local y vallados. El palco estaba preparado, el intendente peronista Eduardo Bonnín repasaba su papel de anfitrión del Presidente. No era un acto más: por primera vez Menem visitaba Villa Mantero. También estaban, entre otras figuras de la provincia, el senador Augusto Alasino y el 195 gobernador Jorge Pedro Busti, dos duhaldistas que venían a hacer buena letra con el Presidente”268. A partir de la conclusión elaborada por Ana Castellani sobre los ámbitos privilegiados de acumulación (CASTELLANI, 2009) entre las décadas de sesenta y ochenta del siglo pasado, y a partir de mis propias indagaciones sobre las sociabilidades patronales llegué a una hipótesis. La misma se sintetiza en la siguiente afirmación: para comprender el sustrato social sobre el que se erigieron los nichos descriptos por Castellani, es necesario estudiar las trayectorias y redes sociales de los agentes que circularon entre posiciones destacadas en el mundo de los negocios y la alta función pública. Es decir, conociendo la conformación de categorías dirigentes 269 a la vez económicas y políticas, podemos conocer algunas de las propiedades de la articulación entre Estado y mercado durante la segunda mitad del siglo XX. De este modo, a partir de los relatos y fuentes secundarias con los que vengo trabajando en la construcción de biografías de miembros de la Unión industrial Argentina-UIA, empiezo a indagar – en paralelo y siguiendo un camino inductivo – sobre personas que circularan entre los espacios mencionados. Así es como me topé – entre otros – con figuras como las de Octavio Caraballo, Carlos Corach o Roberto Roth270 quienes integraron un grupo de jóvenes profesionales universitarios que – provenientes de la militancia estudiantil en la FUBA – iniciaron sus pasos en la función pública durante el gobierno de Arturo Frondizi (1958-1962). Los integrantes de este grupo, apodado como el jardín de infantes por los dirigentes radicales más maduros que integraban la Unión Cívica Radical Intransigente-UCRI, siguieron derroteros diversos en los años posteriores. Sin embargo, la constante, fue su circulación entre la Alta Función Pública y el Sector Privado. Dentro de ellos, aparece mencionado Moisés Konstantinovsky (Emilio Perina). A partir de una rápida indagación, pude descubrir a un personaje con una incidencia significativa en diferentes coyunturas políticas. En primer lugar, tenía más o menos diez años más que los mencionados y que había participado de la fundación del sector intransigente del radicalismo. Al mismo tiempo, durante el gobierno de Frondizi fue un nexo entre los diversos grupos que convergieron en dicha experiencia. Luego, fue editor periodístico y escritor. En paralelo se fue convirtiendo en 268 Nota de Américo Schvartzman en Página 12, edición del día 24 de junio de 1999. Edición digital: http://www.pagina12.com.ar/1999/99-07/99-07-24/pag03.htm 269 Utilizo el término categoría dirigente para evitar caer en problemas de definición en torno al concepto elite. 270 La trayectoria de este último la trabajé en las jornadas sobre el onganiato organizadas el año pasado en la UNGS (DONATELLO, 2012). 196 representante de diferentes empresas para asuntos de lobby tanto en los gobiernos civiles como militares que se sucedieron con posterioridad. Y que, finalmente, sería nombrado asesor de la Presidencia de la Nación durante la gestión 1989-1998. De acuerdo con lo expuesto, considero que a partir de la reconstrucción de su biografía, emergen elementos que – lejos de constituir elementos singulares – dan cuenta de algunas transformaciones más profundas en los terrenos que circunscriben la indagación. Y, al mismo tiempo, nos ilustran por abajo aquel proceso descripto por Anibal Viguera sobre las condiciones políticas locales de las reformas de los noventa del siglo pasado (VIGUERA, 2000). Las fuentes: sus límites y potencialidades Para reconstruir la Historia de Vida de Emilio Perina, contamos con un recurso sumamente valioso: su propia obra escrita. Dado que el periodismo fue una de sus profesiones, la misma podría considerarse inabarcable. Sin embargo, tenemos una buena parte de la misma publicada en dos tipos de libros: unos, volcados al ensayo político en clave testimonial; mientras que otros se encuentran escritos como cuentos. Pasemos revista a ellos: Detrás de la Crisis, La Editorial Periplo, 1960 El texto se erige como un autoreportaje. En su interior, el autor desarrolla una relación minuciosa de su participación en los acontecimientos políticos del país entre 1955 y 1960. Al mismo tiempo, y de manera asistemática, da pistas sobre su pasado hasta esas fechas. De este modo, podemos encontrar una trama sumamente densa que sintetiza una serie de agentes y posiciones políticas en dicha coyuntura histórica: sus vínculos con las distintas facciones del radicalismo y el peronismo, sus relaciones con otros espacios políticos, su rol en la campaña presidencial y en el posterior gobierno de Arturo Frondizi, sus encuentros con Perón y sus divergencias con diferentes protagonistas del intento de construcción de un Frente Nacional. El Presidente Cautivo, Editorial Directrices, 1962 Se trata de un breve ensayo político. Pero a la vez intenso en definiciones políticas. Allí Perina narra una explicación de la caída del golpe de estado a Arturo Frondizi, a la vez que propone una caracterización del arco de fuerzas que protagonizan la política nacional. 197 El Frente Nacional, Editorial Directrices, 1963 Al igual que el anterior, este texto se organiza como un análisis de coyuntura. Pero, con una serie de agregados entre los que se incluye un apéndice: un reportaje dado por Perina al diario El Mundo, en donde aclara sus motivos de renuncia a un lugar en la lista de diputados de la UCRI por diferencias internas con parte de quienes integraban dicha fuerza política. Historias Apasionadas. La Mary y El Fiscal. Buenos Aires, Stilcograf, 1965. Después Ediciones de La Flor re-editó en 1974 La Mary a la luz del éxito cinematográfico de su versión fílmica realizada por Daniel Tinayre. Dos cuentos de corte realista donde se combinan impresiones sobre el sustrato social del cual emergió el peronismo. La Máquina de impedir, Editorial Historia Contemporánea, 1981 En este texto, Perina realiza un complejo análisis de crítica al pasado y de apología de ciertos sectores que configuraban uno de los brazos de la dictadura cívico militar que venía gobernando a la Argentina hasta entre 1976 y el año de edición. Allí realiza una revisión y descripción de su pasado personal, de las circunstancias políticas que mediaron en las décadas del sesenta y setenta del siglo pasado, a la vez que realiza una significativa apología de la gestión económica de Martínez de Hoz. En ese sentido, vale la pena enfatizar que el autor destaca el carácter modernizador e irreversible de dicha experiencia, a la vez que juzga de manera llamativa a sus opositores tanto civiles como castrenses. Una figura emerge como referencia : la de Julio Argentino Roca, que luego reaparecerá en la obra posterior del autor . Cuatro Confesiones y Un Espejo, Sudamericana, 1988 Recurriendo a elementos de la ficción, este trabajo se aboca nuevamente a una narración autobiográfica en la cual se narran los principales acontecimientos políticos de la vida del autor. Una figura clave en la trama es Arturo Frondizi – quien es retratado en su complejidad vital –. El texto, constituye – al mismo tiempo – un diagnóstico de ciertos males del la Argentina. Cuando los Vicepresidentes torcieron la Historia, Unión Ciudadana Independiente, 1994. 198 Ensayo histórico – resultante de una compilación de artículos publicados en El Cronista Comercial –, es publicado por una agrupación política que dirigía. El paralelismo entre Carlos Ménem y Julio Argentino Roca es uno de los grandes argumentos de la obra. Y en la necesidad de que Eduardo Duhalde lo sucediera como Pellegrini a aquel. La Argentina Acosada: Ideologías versus Nación, Sudamericana, 1996 Continuando con el derrotero iniciado en la máquina de impedir, el texto es un inventario de los elementos destacables de las Presidencias de Ménem. En ese sentido desarrolla varias tesis: el carácter irreversible de las reformas de los noventa y del proceso de globalización de la economía, su sesgo modernizador y desarrollista, la comparación entre el presidente, Roca y – ahora también – Juan Domingo Perón. Estos textos poseen una gran virtud para el ejercicio de reconstrucción: en ellos Perina destaca en sobre manera su influencia en los acontecimientos políticos a los que estuvo ligado directa o indirectamente. De manera análoga a la reconstrucción biográfica a través del testimonio directo de los agentes, esta tendencia – correlativa a aquello que Pierre Bourdieu llamaba efecto biográfico (BOURDIEU, 1986) – puede ser tomado en cuenta como un recuso más. Básicamente, porque a los fines de la reconstrucción sociológica que realizo, no es importante que tal o cual haya sido o no tan protagónico. Sino porque, a través de esta suerte de representación exagerada de determinadas personas sobre sí mismas, es que podemos obtener información sobre determinadas pautas de comportamiento más extendidas, formas de actuar socialmente más legítimas que otras o rasgos significativos de las esferas de acción por dónde circulan. Asimismo, existen también un conjunto de fuentes secundarias – fundamentalmente documentos de época, recortes periodísticos e investigaciones periodísticas – son sumamente útiles a la hora de contextualizar y llenar vacíos. En la media en que avance en mi descripción, las iré mencionado. 199 La trayectoria pública de Emilio Perina / Constantino Costa / Moises Konstantinovsky Según la referencia periodística del inicio, Moises Konstantonivsky nació en Villa Mantero, Provincia de Entre Ríos, en 1922. Su infancia en el medio rural, fue – en sus propias palabras – típica de lo que Alberto Gerchunoff denominó la de un gaucho judío. Sin embargo, en su juventud, su familia – dedicada a actividades comerciales – se mudó a Ramos Mejía, en el bonaerense. En la medida en que realizaba sus estudios secundarios en un colegio público, se volcó a la militancia estudiantil dentro del radicalismo. La misma prosiguió en su juventud como estudiante de Derecho en la UBA, mientras que en paralelo cultivaba la amistad del mundo nocturno de Buenos Aires. De este modo se vinculaba a tertulias donde descollaban figuras como Arturo Jaurectche, Raúl Scalabrini Ortiz u Homero Manzi: fundadores del grupo Fuerza de Orientación Radical Joven Argentina-FORJA. También encontraremos en este círculo a la vanguardia artística del grupo MADÍ, muchos de ellos vinculados al Partido Comunista (PERINA, 1988: pp. 65-80). Sin embargo, en este período formativo, se volcaba de lleno a lo que sería su actividad principal en los años posteriores: el periodismo. Ya desde sus estudios secundarios venía trabajando en diversas publicaciones, con su primer pseudónimo: Costantino Costa. Dicho nombre era – al mismo tiempo – identidad pública. Años más tarde, explicó el porqué de este recurso: la extensión de su apellido hacía difícil su pronunciación y otros motivos que veremos más adelante. Volcado de lleno a estas actividades, Moises Konstantinovsky va ganando peso en la militancia estudiantil, lo cual – a partir del golpe de estado de junio del ´43 – lo llevará a la cárcel: ello incrementó su prestigio dentro del sector que en el partido centenario empezaba a conocerse como intransigente. De este modo, comenzó a relacionarse con dirigentes como Moisés Levenson, Crisólogo Larralde, Juan Isaac Cooke y Arturo Frondizi (PERINA, OP.CIT: pp.85-101). De la mano de este último fue que entre 1946 y 1951 llegó a ser funcionario parlamentario de la Unión Cívica Radical-UCR. Sin que existan referencias al respecto, concluyó sus estudios de derecho, sin obtener el título de abogado. También participó de la experiencia, común a aquellos que se encontraban fuera del mundo universitario durante el peronismo que fue el Instituto Libre de Estudios Superiores: si bien había sido fundado dos décadas antes, por ese entonces nucleaba al mundo intelectual antiperonista. Para ese entonces también se casa y comienza a tener hijos. 200 Una vez pasada esa etapa, se propone vincularse – por primera vez – al mundo de los negocios como productor artístico. De este modo, en 1952 se embarca en la gestión del Teatro Corrientes en el barrio Villa Crespo de la ciudad de Buenos Aires. Allí protagoniza una quiebra fraudulenta que lo obliga a exiliarse del país, tomando Brasil como destino (PERINA, 1962: pp. 57-67). Allí continuará su carrera periodística, trabajando en diversos medios paulistas y cariocas, siendo Río de Janeiro su ciudad de residencia. También en dichas tierras en donde decide cambiar su pseudónimo por el de Emilio Perina, acróstico formado por los nombres de su mujer e hijos. Instalado en la – por entonces – capital del país vecino, es donde se re-encuentra con un antiguo compañero de militancia: Juan Isaac Cooke. En palabras del propio Perina, en Brasil tendrá una exitosa y sumamente redituable carrera como periodista, lo cual le permitió hacer una pequeña fortuna en poco tiempo. También le implicó ser corresponsal y trazar lazos con dirigentes políticos de la mayor parte de los países del subcontinente. Estos elementos, sumados a sus vínculos con el sector del radicalismo más propenso al diálogo con el peronismo, le valieron ser considerado como una suerte de benefactor de los dirigentes peronistas que partieron al exilio en dicho país. Y, al mismo tiempo, la posibilidad de ser considerado como un interlocutor entre la naciente Unión Cívica Radical Intransigente y el peronismo. Diferentes testimonios lo consignan como uno de los primeros emisarios de Frondizi en sus intentos de negociación con Perón (PERINA, Op.Cit.: pp. 45-53; EGUREN, 2007; GALASSO, 2005: 802-805). Hacia el año 1957 se instala en Uruguay, donde empieza a realizar tres tipos de gestiones: afianzar las relaciones entre los exiliados peronistas y Frondizi; entrar y salir clandestinamente por Argentina como uno de los encargados de la campaña de la UCRI; y contribuir al mentado pacto entre Perón y Frondizi. Al respecto de esto último, vale la pena señalar que en sus distintos libros negó la existencia de tal pacto: por el contrario, lo consideraba como una concesión de Perón ante las evidencias de un triunfo de Frondizi. Del mismo modo en que resaltaba su protagonismo a partir de sus relaciones con la familia Cooke: hecho que fue confirmado por la propia Alicia Eguren, compañera de John William Cooke. 201 En paralelo al desarrollo de la campaña y posterior triunfo de Arturo Frondizi271, se abocó a sus labores como periodista y empresario en el rubro: a instancias de éste y de Rogelio Frigerio – con quien después se enfrentó de manera irreconciliable – se encarga de crear un pool mediático que sirviera de apoyo al proyecto ucrista. El ya existente diario Democracia, el nuevo periódico El Nacional y otro titulado Tiempo Presente formaron parte de sus emprendimientos, sostenidos por empresarios afines a un proyecto que se iría configurando en los meses posteriores. El mismo suponía una alianza entre sectores del radicalismo y del peronismo bajo el liderazgo de Frondizi y se iba perfilando bajo el nombre de Frente Nacional. Para tales fines contaba con el apoyo de antiguos compañeros de militancia como Arturo Jauretche – referencia constante en sus escritos – y de periodistas peronistas que poco tiempo antes habían estado proscriptos como el fundador de la Academia Nacional de Lunfardo, José Gobello. Vale la pena detener brevemente la relación, en torno a una consideración significativa. Al inicio de mi exposición, mencioné al jardín de infantes de Frondizi, categorizando bajo tal rótulo a un conjunto de jóvenes profesionales que apoyaban al dirigente radical. En ese sentido, a partir de la reconstrucción biográfica que estoy realizando, y sumándole otras referencias, en realidad hubo una cohorte considerable de jóvenes que apoyó a la experiencia democrática de 1958-1962. Por un lado, tenemos a los escritores y ensayistas que empezaron sus armas en la revista Contorno. Los hermanos Ismael y David Viñas, León Rozitchner, Juan José Sebreli o Carlos Correas – por mencionar a figuras ilustrativas – formaban parte de este grupo (SARLO, 2001: 92-93). Rápidamente se desencantarían con Frondizi: la sanción de la Ley que habilitaba a las Universidades privadas a otorgar títulos habilitantes, las políticas de promoción de de la productividad en la vida económica o los contratos petroleros con empresas norteamericanas, los hicieron desertar de dicho proyecto. Por otro, menos visible, estaba el grupo de militantes nacionalistas de la FUBA, que ya habían tenido un acercamiento a Lonardi, y que comenzaban a ocupa cargos en la Administración Pública con Frondizi. Ya mencionamos a tres emblemáticos: Corach, Caraballo y Roth. También podemos identificar a otro colectivo de jóvenes conformado en torno a Rogelio Frigerio y sus ámbitos de construcción: la Revista Qué y el Instituto de Estudios Nacionales. Futuros cuadros estatales como Oscar Camilión, Carlos Florit, Blanca Stábile o Nélida Baigorria formaban parte este entramado (AMATO, 1983). 271 A los pocos días del triunfo de Frondizi, Perina fue absuelto de sus causas judiciales (COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE EL PETRLEO, 1964: pp. 12-14). 202 Por una cuestión de edad y experiencias, Perina mediaba entre los antiguos dirigentes radicales y estos nuevos grupos. De allí que – a fuer de ser exactos – no sea lo más correcto ubicarlo en una suerte de colectivo juvenil: parafraseando a la caricaturización periodística, hubo varios jardines de infantes frondicistas. Retomando el hilo de la descripción, en 1958 Perina va a formar parte de uno de los pilares más controvertidos de la política económica de Frondizi: los contratos que permitieron a empresas norteamericanas la explotación petrolera. Más allá de la polémica petrolera – sin duda significativa en otro tipo de abordaje –, esta gestión va a implicar dos cuestiones importantes en la lectura propuesta. Por un lado, va a seguir profundizando su enfrentamiento con Frigerio – a la sazón, encargado de gestionar él también los vínculos de un affaire sumamente complejo. Las negociaciones reportaron a Perina una fuente de desazones que – unos años después – lo llevarían nuevamente al terreno judicial (COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE EL PETROLEO, 1964). Estos hechos, lo conducen a una situación paradójica. En el apogeo de su labor militante – como personalidad política, mediador entre el mundo de los negocios y el Estado y empresario periodístico –, queda debilitado por los propios compromisos políticos que entabla. Con una retórica propia de uno de sus referentes – Arturo Jaurectche – debe seguir, al igual que el propio Frondizi, una senda en gran medida opuesta al proyecto político que viniera elaborando su espacio político una década atrás. La justificación de Perina, fue una muy extendida entre quienes apoyaron a Frondizi: “(…) En efecto: con una tasa de natalidad del 23,4 por mil; con un crecimiento continuo de las necesidades del consumo; frente a un orden de cosas en el que el menor estacionamiento representa un atraso enorme. Frondizi no se equivocó cuando resolvió dar prioridad a la expansión. Era necesario hacer. Y hacer cuanto antes (…). Este era un verdadero plan económico. Su base daba la persuasión de que un intenso esfuerzo nacional modificaría las condiciones generales de la economía argentina en forma tal que luego resultaría una tarea sencilla eliminar los factores de perturbación (…). Tal programa era, además, el resaseguro de la paz social (…)” (PERINA, 1962: p.243). Como podemos ver, la esta frase no se diferenciaba en gran medida de la senda trazada por Frigerio: al mismo tiempo compartía su retórica y sus singulares fundamentos. 203 Sin embargo, la inestabilidad política creada por la proscripción del peronismo – y los intentos por superarla – finalizan drásticamente con el golpe de Estado que conduce al encarcelamiento del Presidente y el fin del proyecto radical nacido a la luz de la mítica declaración de Avellaneda (1945). Ello lo conduce a que, en el breve tiempo que va de 1962 a 1964 se enfrente a varias crisis. La primera de ellas va a ser política: sus enfrentamientos con Frigerio, y luego con Alende, lo llevan a renunciar a su candidatura en los primeros lugares de la lista del recién conformado para ser diputado nacional del naciente Movimiento de Integración y Desarrollo-MID (PERINA, 1964: pp. 30-32). La segunda, va a estar ligada a cuestiones judiciales: en 1964 se inició una investigación parlamentaria donde – a partir del cambio de política petrolera – se ve involucrado nuevamente en una causa civil: esta vez de mayores proporciones que la anterior. Sin embargo, ello no va a devenir en el exilio, como lo fuera antes. Por el contrario, Perina quedó condenado circunstancialmente al ostracismo. Del mismo salió a partir de la producción literaria. Dos nouvelles saldrán a la luz en 1965. Una de ellas, llevada al Cine en la década siguiente. Del mismo modo, transitará por una fase de reconversión: esta vez a la prensa gráfica le sucederá la producción de noticias para la televisión como principal actividad económico272. El comienzo de los años ´70 lo verán acercándose a los diferentes proyectos políticos de transición democrática. Ello supondrá tanto acercamientos a Lanusse como a Gelbard (SEOANE, 1992, PERINA, 1981: pp.11-14). Sin embargo, el fin del ostracismo le llegó con el éxito cinematográfico de La Mary. Relato que mezcla la impresión literaria con la caracterización sentimental del peronismo – a lo que se le puede sumar un fuerte contenido psi – le reportó algún éxito económico. Los acontecimientos de esos años lo condujeron a estar entre bambalinas, volcándose cada vez más a otra actividad: la de intermediario – podríamos utilizar el término lobbysta, sin ninguna carga valorativa – a partir de sus vínculos previos con el mundo político y la función pública. Esos mismos lazos, lo llevaron en 1978 a reestructurar comercialmente otro emprendimiento de cuño radical-desarrollista: la revista Todo es Historia. Según el relato de su director, Félix Luna, la publicación se encontraba en una situación de éxito editorial, pero carente de un soporte económico y comercial en un contexto sumamente hostil para este tipo de 272 La investigación parlamentaria de 1964, lo consigna como gestor de las negociaciones petroleras y, por ende, deja una sombra de duda sobre el cobro de comisiones. Ello conduciría a suponer que su peculio quedó asegurado. Ahora bien, en tanto dicha investigación no supuso ninguna conclusión contundente, no es posible afirmar nada al respecto. 204 emprendimiento, como lo era el de la dictadura cívico militar iniciada dos años antes. Perina se asoció con Luna – con quien poseía una larga amistad – y le dio un nuevo impulso editorial y comercial (LUNA, 2004: pp.1950-1951). Desde esta plataforma fue que, en 1981 publica una obra después significativa: la máquina de impedir. Sin negar su pasado, y construyendo una amalgama ideológica difícil de compatibilizar a priori, es que va a defender la política económica de José Alfredo Martínez de Hoz contra sus críticos dentro del mundo castrense y de aquellos provenientes del ámbito económico. Sin negar su pasado, e involucrando nuevamente a Jauretche, va a defender las medidas del Ministro procesista. En su apología va a destacar el carácter irreversible de las mismas por su carácter modernizador: “Por fin debo expresar también, mi convicción profunda de que, más tarde o más temprano, alguien ha de ser sentado en el banquillo de los acusados. No deseo escaparme por la tangente de los eufemismos. Si las Fuerzas Armadas no producen el gran cambio que el pueblo espera, alguien les pasará la factura de los sacrificios inútiles. Por algún lado les van a cobrar esos sacrificios; inclusive por el lado de la represión a la subversión terrorista. Los prohombres de la organización nacional, no fueron suaves en sus métodos y tampoco lo fueron los hombres del Ochenta. Nadie les ha pedido cuentas sin embargo, de sus actos porque ellos sí produjeron el cambio anhelado. El éxito fue su invulnerable garantía. Las Fuerzas Armadas no deberían demorar demasiado tiempo ese cambio y mucho menos cuando las fuerzas de la reacción vuelven a coaligarse para derrotarlas. Alguien (…) suele decir, que tal vez las Fuerzas Armadas podrían sentarse sobre las bayonetas, pero que no pueden de ningún modo sentarse sobre el almanaque. De todos los peligros más notorios que acechan al Proceso el más notorio es, sin duda, el de la inmovilidad. Las Fuerzas Armadas iniciaron un raid vigoroso en un comienzo, contra la rutina de los viejos hábitos políticos, de los anquilosados intereses económicos. En cuanto dejen de nadar, en cuanto quieran flotar sobre el oleaje la corriente las devolverá al punto de partida” (PERINA, 1981: p.175). Bajo este credo es que publicó una serie de notas donde construye una continuidad entre Roca y Martínez de Hoz. Al mismo tiempo, unifica – conceptualmente – el nacionalismo popular en el 205 cual había sido formado, con un liberalismo conservador en apariencia reñido con aquellos ideales: es notable, en ese sentido, la resignificación de la tensión entre progreso y reacción. Esta labor intelectual, cae nuevamente en el ostracismo a partir del cambio de rumbo que adopta El Proceso apenas comenzado el año siguiente. Los años de transición y comienzo de una nueva democracia, encuentran a Perina abocado al lobby: según el testimonio de Eduardo Bachkellian – dueño de la empresa Gatic S.A, licenciataria de la firma Adidas en Argentina – él fue su asesor y representante de lujo para diferentes asuntos comerciales (BACHKELLIAN, 2000: p. 176). La crisis del proyecto alfoncinsista tendrá a Perina entre sus críticos. En 1988 publicó un texto a la vez literario y ensayístico donde – inevitablemente – emerge la comparación entre su antiguo referente – Arturo Frondizi – y un Raúl Alfonsín sufriendo un desgaste que daba por traste las ilusiones del comienzo. De este modo, la trayectoria de Perina llega a los años ´90. De un modo, en apariencia inexplicable, reaparecerá – al igual que otras figuras condenadas al ostracismo – del lado de Carlos Menem. No sólo lo citará en numerosas alocuciones, sino que se convertirá en uno de sus interlocutores íntimos privilegiados. En este marco es que el revival del la divulgación histórica en clave de rescate de la generación del ochenta tuvo a Perina, y a su socio editorial Félix Luna, como protagonistas de una síntesis compleja. Individualidades históricas difícilmente emparentables como Rosas, Roca, Yrigoyen, Perón, Frondizi, y – por supuesto – Carlos Ménem; se sintetizaban en un linaje modernizador acorde con aquellos tiempos. La muerte encuentra a Perina en 1998. A sabiendas de su enfermedad terminal, escribe antes un último ensayo: La Argentina acosada. En dicho texto, no sólo vuelve a reafirmar su pasado militante. Sino que – a través de él – argumenta nuevamente sobre la inexorabilidad de un proceso que propone como síntesis de sus aspiraciones: “(…) Es que la Argentina que soñé en mi ya largo periplo vital, la que pobló mis ideales y fantasías juveniles, la que quiero para mis hijos y para mis nietos, la que les debo a mis abuelos, esa Argentina, ya está casi al alcance de mis manos. Y esta vez, no quiero perderla” (PERINA, 1996). 206 Posibles interpretaciones Un primer orden de interpretación, puede elaborarse a partir de las propias justificaciones que va dando Perina a lo largo de su derrotero. Es decir, aceptando de manera transparente sus argumentos, tenemos cómo en la segunda mitad del siglo XX hubo sectores que buscaron aunar ciertas formas nacionalismo, con democracia de masas y liberalismo económico. Sobre todo, a partir de la confrontación con la realidad económica argentina posterior a 1952. Aquel problema que afrontó Perón sobre las necesidades de racionalización de la producción y la incorporación de capitales fue constituyéndose en una bandera para buena parte de quienes se ocuparon de los asuntos estatales en la segunda mitad del siglo XX. Si a ello le sumamos términos como modernización o desarrollo – y la inevitable comparación con un Brasil que protagonizó un milagro económico una década después – nos encontramos con que se volvía plausible que hubiera intelectuales que percibieran como acuciante un cambio de rumbo en relación con el nacionalismo económico forjista y una amalgama con ciertas formas de liberalismo. En un segundo nivel, si nos concentramos en las corrientes políticas por las que transitó Konstantinovsky-Perina, nos permitiría comprender su trayectoria dentro del marco más general de lo que fue la experiencia desarrollista. Y, en uno más general aún común a agentes políticos que en la segunda mitad del siglo XX se vincularon a experiencias por demás contradictorias. En ese sentido, el pasaje del nacionalismo forjista al frondicismo y, de ahí, los apoyos a las experiencias neoliberales de la última dictadura militar y al gobierno de Carlos Saul Ménem no fueron un hecho aislado. Dentro del desarrollismo los propios Frondizi y Frigerio realizaron un camino análogo. Tal vez el funcionario desarrollista más ilustrativo en este tipo de recorrido fue Oscar Camilión. En ese sentido, la trayectoria política de Perina, no parece particularmente significativa. Puede ser considerado como uno de los diferentes intelectuales que dieron sustento conceptual a los apoyos y virajes mencionados. En esta clave – sobre todo a partir del giro que dio Frondizi una vez electo –, tendremos a diferentes redes provenientes de la constelación nacionalista que desemboca en alguna forma de neoliberalismo, ante la inevitabilidad de los hechos. A su modo, y años después, el propio Ménem hizo ese recorrido. De allí que intelectuales como Perina y los antiguos funcionarios frondicistas fueran funcionales a su empresa. Un tercer clave de lectura emerge si nos concentramos en el peronismo. Como otros tantos proyectos que supusieron integrar al peronismo para luego superarlo, el desarrollismo fue pionero: 207 pronto quedaría preso de las contradicciones e internas del peronismo. En ese sentido, y aun habiendo renunciado a la estrategia de un Frente Nacional que aunara a los seguidores del MID con distintos líderes peronistas, Perina nunca ocultó sus simpatías por el peronismo. Inclusive, las hace explícitas tanto en clave novelística, como en su polémico texto apologético de la política económica de Martínez de Hoz. Y, como no puede ser de otro modo, existe una continuidad al respecto durante el gobierno de Ménem. Como buena parte de los dirigentes desarrollistas, demócratas cristianos o inclusive peronistas; el sueño de crear un peronismo sin Perón o – luego de la muerte de éste – un peronismo domesticado fue una tentación permanente en la Historia política vernácula. El problema es que siempre el peronismo terminó engullendo estos proyectos, haciendo de sus aliados una rama interna. Y de sus escisiones, circunstancias sin importancia en el largo plazo en la medida en que los dirigentes que cuestionaban la autoridad luego volvían a integrarse al peronismo. Perina, concluyó – a su modo – encuadrado en el peronismo. Al igual que una serie de dirigentes radicales, desarrollistas, conservadores, demócratas cristianos, comunistas o – inclusive – socialistas desde 1945 hasta la actualidad. Sin embargo, podemos plantear un cuarto nivel de interpretación. Que no subordina, pero tampoco se excluye con los anteriores. Y está ligado al problema de investigación al cual me encuentro abocado en la actualidad. En su obra, Perina da cuenta de elementos que se complementan con relatos de otros, y que tiene que ver con una actividad opaca. Al menos desde 1955, Perina empezó a tomar contacto con el peronismo en la clandestinidad. Ello implicó que organizase una red de financiamiento para los exiliados y que, por motivos idénticos, se vinculara con el mundo económico. Luego, gestionó buena parte de la campaña de Frondizi: ello no supuso sólo contactos empresariales, sino que él mismo se convirtiera en empresario periodístico. A ello se le suma que después fuerza uno de los intermediarios entre el Estado argentino y las compañías petroleras norteamericanas. Todas estas referencias habilitan pensar que Perina iba especializándose poco a poco en un nexo entre política y negocios. En este punto, es que mi hipótesis empieza a ligarse con la reconstrucción biográfica. De una manera donde no voy a poner en discusión ni la intencionalidad, ni la buena o mala fe de los agentes – en este caso Perina – iba ocupando un lugar central en la configuración política de la UCRI: el de ser uno de los encargados del financiamiento de la actividad política: tal vez uno de los 208 grandes problemas que posee nuestro sistema democrático desde sus inicios, sin que los diferentes ensayos de reforma constitucional hayan arribado a una solución de fondo273. Naturalmente, durante los gobiernos dictatoriales y luego con la renaciente democracia, personas como Perina se ocuparon274 de algo que en nuestro contexto es señalado de manera negativa, pero que en otros ámbitos posee una legalidad: el ejercicio de la representación patronal ante el Estado. Vale la pena mencionar tres ejemplos que muestran diferentes alternativas al respecto. Aquel que se desarrolló en Francia donde, si bien las Cámaras Patronales a nivel nacional no poseen un status legal que les permita intervenir directamente en el juego político nacional; se erigen en cambio en factores de poder. De este modo, existe toda una profesionalización en torno a los permanents patronales quienes ejercen funciones informales de lobby tanto con los altos funcionarios públicos, como con el poder legislativo y provincial (CHATRIOT, 2007; OFFERLÉ, 2009). Asimismo, como ha demostrado la escuela boursdeseana, este ejercicio es posible gracias a la formación compartida por las diferentes élites en una serie de instituciones educativas estatales pensadas a tales efectos. También vale la pena señalar que dentro de este modelo nos encontramos con organizaciones de segundo grado y asociaciones que presionan en el plano de lo local. Más allá de la centralización administrativa y política que caracteriza al Estado galo, desde los años ´60 del siglo pasado se viene desarrollando una corriente contraria. La cual ha permitido resucitar antiguas prácticas como como los tribunales de los prudhomes y las Cámaras de Comercio. Con otros nombres, hoy existen instancias que cumplen funciones análogas. Fundamentalmente, las segundas, son emprendimientos que generan, gestionan y administran recursos de diversa índole y que apuntan al desarrollo regional. Incluso hoy, en un capitalismo global como el que nos toca vivir, esta impronta regional, les permite a apuntar a diversas formas de integración dentro de la economía nacional, la Unión Europea o bien diferentes relaciones bilaterales con otras regiones del mundo. Otro modelo, es el norteamericano: la palabra lobbying sintetiza muy bien sus características. Básicamente, organizaciones de diversa índole: desde sindicatos de trabajadores, 273 Al respecto puede consultarse el artículo 38 de la Constitución Nacional. En otro artículo (DONATELLO, 2011) he trabajado con algunas historias de vida de empresarios ligados al activismo confesional católico. Dadas las relaciones entre éstos y el Partido Demócrata Cristiano, pude rescatar trayectorias de personas ligadas a dicha experiencia que luego devinieron en lobbystas y agentes dentro del mundo empresarial. 274 209 hasta cámaras empresariales, corporaciones u organizaciones religiosas poseen sus representantes profesionales en el poder legislativo. Y, al mismo tiempo contribuyen legalmente en las elecciones locales, estatales y nacionales. De allí que el vínculo entre élites empresariales y políticas es sumamente transparente y forma parte del juego de intereses. Finalmente, podemos mencionar el modelo brasileño. Este supone dos instancias. Por un lado tenemos la herencia corporativa. Ya desde el varguismo, pero de manera más marcada durante el gobierno autoritario que va desde 1964 a 1985, las Cámaras Empresariales tenían voz y voto en los organismos encargados de planificar la economía. De allí que se construyó – sobreviviendo incluso a los gobiernos neoliberales que recompusieron el Estado – un modus vivendi entre funcionarios públicos especializados en la gestión de la vida económica y empresarios de Cámaras Nacionales. Asimismo, tempranamente, la pertenencia a organizaciones de segundo grado y a dichas Cámaras era y es de carácter obligatorio. Es decir, el Estado forzó al poder económico a sindicalizarse. Por otro lado, en Brasil también surgieron organizaciones libres y voluntarias: desde aquellas que se erigían como think tanks hasta aquellas que se ocupaban de representar intereses sectoriales no comprendidos en el modelo anterior, sobre todo a partir de las nuevas formas productivas asociadas a la globalización de la economía. Ambas coexisten hoy, teniendo también derecho a poseer instancias de representación en el Congreso Nacional. De este modo, también el vínculo es transparente, del mismo modo en que el Estado incide fuertemente en la constitución de la unidad por arriba (DINIZ y BOSCHI, 2000: pp.15-81). Estas referencias, son útiles para argumentar que aquello que aparece como opaco en la trayectoria de Perina, es el fruto de un proceso de invisibilización de los intereses privados. Y que, al mismo tiempo, buena parte de la misma se puede comprender en términos de una especialización como representante de los mismos. Esta caracterización – que en apariencia es contradictoria – define a muchas trayectorias de agentes que deambularon entre los mundos de la política y los negocios. Y, en este marco, es que podemos comprender a cierta generación de líderes empresariales que comienzan su experiencia laboral a fines de los ´50 y que van sobreviviendo a las transformaciones en los modelos de acumulación en la segunda mitad del siglo XX. Ellos, en nombre de la racionalización productiva, la eficiencia, la competitividad y la modernización serán el soporte y los encargados de gestionar – en el ámbito privado – muchos de los ensayos neoliberales producidos por el Estado. De allí que Perina pueda considerarse, en términos más generales, como un exponente de esos grupos. 210 Conclusiones Existen – al menos – dos caricaturas políticas sobre las reformas que caracterizaron a los noventa del siglo pasado en nuestro país. Por un lado, se encuentran aquellas que ven en las mismas la imposición de las normas fijadas por el consenso de Washington275. Por otro, las que se centran en las transformaciones del modelo de acumulación a partir de las necesidades impuestas por la trasnacionalización de la economía276. Ambas omiten que tres o cuatro décadas antes, se dio un proceso donde los intereses privados se vincularon con el mundo estatal de manera oscura. Y, de allí, que la adopción del neoliberalismo – aun en contra de sus propios intereses – obedeció a la necesidad de buena parte del mundo empresarial de encontrar un cauce a sus demandas. Trayectorias como la de Emilio Perina ilustran de manera significativa este desarrollo, y su justificación intelectual. Fuentes AMATO, Alberto (1983). "Cuando fuimos gobierno": Charlas con el Ex Presidente de la Nación Arturo Frondizi y con el Ex Secretario de la Presidente Rogelio Frigerio. Buenos Aires, Editorial Paidós. BACHKELLIAN, Eduardo (2000) El error de sr argentino. Vida, pasión y desventuras de ser un industrial. La historia de Gatic S.A, la Historia de un país, Buenos Aires, Sudamericana. COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE EL PETROLEO (1964) “Acta de la reunión del 28 de abril de 1964. Declaración del Movimiento de Defensa del Petróleo Argentino”, Cámara de Diputados de la Nación, Buenos Aires, Imprenta del Congreso. 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VIGUERA, Aníbal (2000) La trama política de la apertura económica en la Argentina (1987-1996), La Plata, Ediciones al Márgen/FLACSO/UNLP. 213 Los intelectuales católicos y la educación en la segunda mitad del siglo XX Laura Graciela Rodríguez (CONICET/UNGS/UNLP) Introducción En esta ponencia seguiremos las trayectorias de un grupo de intelectuales católicos, especialistas en educación, que cumplieron un rol muy importante en la elaboración y consolidación de la legislación destinada al sector privado educativo a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Respecto al término “intelectuales”, existen controversias alrededor de si utilizarlo o no como sinómino de “profesionales” o “expertos”. 277 Dicho esquemáticamente, se considera que los primeros poseen un saber general sobre la sociedad– crítico e independiente de los poderes - y los otros uno específico basado en la disciplina que estudiaron (Neiburg y Plotkin, 2004). Ciertamente, no hay un consenso unánime acerca de cómo emplearlos y el complejo debate continúa hasta la actualidad (González Leandri, 1999; Neiburg y Plotkin, 2004; Altamirano, 2006; Frederic, Graciano y Soprano, 2010). En referencia al campo educativo, algunos estudios observan a los pedagogos o cientistas de la educación en tanto “intelectuales” y analizan sus “modos de intervención” en el debate público, clasificándolos en intelectuales “humanistas”, “especialistas”, “técnicos” o “críticos” (Suasnábar, 2004 y 2012). Otras investigaciones analizan la actuación de estos profesionales como “académicos” e identifican la configuración de liderazgos y grupos dentro de la universidad, y sus posicionamientos en relación a los debates curriculares (Garatte, 2012). En este trabajo adoptaremos una perspectiva heterodoxa que inscribe la idea de intelectual contextualizada espacial y temporalmente dentro del campo específico, entendido como una red o configuración de relaciones objetivas entre posiciones diferentes que ocupan los agentes e instituciones (Bourdieu y Wacquant, 1995). Desde esta perspectiva, la noción de intelectual es relacional y altamente dependiente de las nociones nativas de los involucrados en el campo y de otros intelectuales. Cuando hablamos de intelectuales, de acuerdo a Altamirano (2006), no hay que pensar “únicamente en los grandes creadores de doctrinas, sino también en un conjunto más amplio 277 Agradezco las interesantes sugerencias realizadas por el comentarista invitado, Pablo Semán. Este trabajo está basado en otros artículos ya publicados, Rodríguez (2013 y 2013a). 214 de profesiones intelectuales y de operadores del mensaje ideológico, desde los profesores a los periodistas”. En este caso, estos intelectuales serían representantes del pensamiento católico, cuyas directrices cohabitan con la “pretensión científica, el realismo político y la ambición profética” (Altamirano, 2006:112-3). Más precisamente, reconstruiremos las trayectorias en el Estado de un grupo de profesionales - Alfredo M. Van Gelderen, Luis J. Zanotti, Luis Ricardo Silva, Roberto Burton Meis y Alfredo J. Tagliabúe- egresados como maestros o Profesores en Letras en los años de 1940, de la Escuela Normal “Mariano Acosta” de Capital Federal - algunos de los cuales hicieron carreras académicas-, que serán considerados a su vez como intelectuales, en tanto se han ocupado de intervenir en el espacio público y en la gestión estatal, a la vez que eran reconocidos como expertos portadores de un saber específico. Cabe señalar que después de 1983, el que continuó teniendo una mayor visibilidad pública fue Van Gelderen – que había iniciado su carrera como funcionario en 1960-. Si bien el “normalismo” ha sido definido como un movimiento positivista y marcadamente laicista, la particularidad de estos intelectuales es que actuaban en distintas instituciones y organizaciones confesionales – Van Gelderen era militante de Acción Católica-, estuvieron ligados a otros intelectuales católicos - Marcos P. Ronchino, Antonio Salonia y Juan R. Llerena Amadeo-, y recibieron el apoyo explícito de los clérigos del Consejo Superior de Educación Católica (CONSUDEC).278 Un aspecto interesante de los estudios sobre intelectuales, es indagar acerca de cuál ha sido su formación, ya que las instituciones educativas favorecen la estructuración de los grupos y el establecimiento de redes (González Leandri, 1999). El “Mariano Acosta” fue fundado en 1874 por el presidente Nicolás Avellaneda como escuela normal de varones y fue pensado para formar a “personalidades destacadas”, igual que los Colegios Nacionales creados por Mitre (1863). En la página web de la “Asociación de ex alumnos”, existe una sección llamada “Galería de notables” adonde se explica que “han pertenecido a nuestra Casa un gran número de personalidades que han dejado una huella perdurable en los más diversos campos en los que han actuado”.279 A diferencia de los egresados de los colegios nacionales, que en general ingresaron a la universidad para hacer las carreras tradicionales como abogacía y medicina, para estos “normalistas” que actuaron en el 278 Una descripción más detallada de las trayectorias individuales, está en Rodríguez (2013). Mencionan, entre otros, a escritores (Julio Cortázar, Leopoldo Marechal), científicos (Manuel Sadosky, Carlos Bosch), políticos (Marcelo T. de Alvear, Carlos Rukauf, Américo Ghioldi); pedagogos (Pablo Pizzurno, Luis J Zanottti, Van Gelderen); músicos (Felipe Boero, Enrique Santos Discépolo) y “otras personalidades” como periodistas. 279 215 Ministerio de Educación, resultaba suficiente el título de maestro o profesor, accediendo incluso a la docencia universitaria –en las instituciones privadas- sin título universitario. Por otra parte, la pertenencia a ese colegio público los diferenciaba de católicos de elite de su misma generación que eran egresados de establecimientos secundarios privados como el Champagnat, San José, Lasalle o del Salvador. Los intelectuales católicos creen poseer una visión del mundo que se corresponde con los ideales que persigue la Iglesia (Zanca, 2006). Pero simultáneamente, el intelectual puede proponer interpretaciones que representen una potencial amenaza para el interés institucional, en una tensión constante. Como veremos más adelante, dentro del intransigente “modelo de la cristiandad” defendido por los nacionalistas, este grupo era calificado por los representantes de la Iglesia como “moderado” frente a aquellos con “mentalidad de cruzada”. En relación con esto último, las nociones de grupo y de intelectual se construyen en oposición a otros, y con frecuencia unos y otros coincidían en identificar a sus “enemigos” como los defensores del “laicismo escolar” “impuesto” por la Ley 1420 (Rodríguez, 2013). Por otra parte, si bien es cierto que en esos años la mayoría de los argentinos se declaraba “católico” y por lógica, sus funcionarios en gran medida lo eran, los estudios nos proponen investigar empíricamente, si existe o no una correspondencia entre las características de los cuadros dirigentes y su “comportamiento efectivo” o la “naturaleza de sus decisiones”, antes que darlos por supuestos (Perissinotto y Codato, 2008). Veremos que cuando les tocó ser funcionarios en el Estado, sus intereses coincidieron con los de la jerarquía y buscaron, entre otras cosas, expandir y favorecer a la educación privada, que en esos años era mayoritariamente católica. Los estudios sobre intelectuales suelen hacer foco en las biografías de los individuos y su producción escrita. En este trabajo caracterizaremos sus trayectorias, el contexto más general en el que actuaron y su participación en el Estado- dentro de los Ministerios de Educación-, entendiendo que existe una estrecha vinculación entre el crecimiento y consolidación de estos intelectuales y las políticas públicas que ayudaron a diseñar y ejecutar. Cuando hablamos de Estado nos referimos a un espacio de agentes sociales y de instituciones con intereses y tradiciones no siempre compatibles entre sí. Dicho espacio en los países latinoamericanos se ha transformado en repetidas ocasiones a causa de cambios institucionales bruscos, que redefinen organigramas, funciones y carreras de un gobierno a otro (L’Estoile, Neiburg y Sigaud, 2002; Neiburg y Plotkin, 2004; Oszlak, 2006). 216 En suma, a lo largo de estas páginas describiremos cómo los distintos intelectuales en el Estado fueron diseñando normativa específica con el objeto de alentar la expansión del sector privado/ católico de educación, creando nuevos espacios que a su vez habilitaron el ingreso a la burocracia de otros intelectuales que continuaron con la tarea de ampliarlos, al tiempo que justificaban estas medidas a través de artículos en revistas, intervenciones periodísticas, libros, asociaciones y cátedras universitarias, en nombre de la “libertad de enseñanza”, la “subsidiariedad del Estado” o el “derecho de las familias”. Cabe señalar que en más de una ocasión estuvieron involucrados en el diseño y ejecución de políticas que luego debieron ser suspendidas o que no llegaron a concretarse. De todos modos, esta inserción en el ámbito estatal, les hizo adquirir visibilidad y prestigio, en un proceso de retroalimentación constante y dinámico con sus otras actividades. En las páginas que siguen describiremos cronológicamente los avances más significativos que se fueron dando en materia legislativa en 1947, 1960 y 1964. Posteriormente nos detendremos en sus actuaciones como funcionarios del área educativa nacional y de la provincia de Buenos Aires entre 1966 y 1983. En la etapa democrática iniciada a fines de 1983, analizaremos en particular la actuación de uno de ellos en el Congreso Pedagógico Nacional (1984-88) y la elaboración de la Ley Federal de Educación en 1993. A modo de epílogo, reseñaremos cómo reaccionaron los católicos con la derogación de la Ley Federal y su reemplazo por una nueva norma en 2006. Los intelectuales y la expansión en el Estado (1947-66) Desde fines del siglo XIX, los sectores más ortodoxos de la jerarquía de la Iglesia católica creían que había que modificar la Ley de Educación 1420 sancionada en 1884, que establecía la laicidad del sistema, o más precisamente, la implementación de la enseñanza religiosa fuera del horario escolar (art. 8). En los años veinte la Iglesia se dedicó a fortalecer su actividad religiosa y a ocuparse de manera especial por la cuestión social. Se alió a las Fuerzas Armadas y entre ambas construyeron el mito de la “nación católica” que se cristalizó alrededor de 1930 (Zanatta, 2000). En el terreno educativo, logró la aprobación de la Ley 934 de “Libertad de Enseñanza” en 1878, que establecía un sistema de “institutos incorporados” o escuelas privadas. Luego, fortaleció sus estructuras: fundó Acción Católica, la Federación de Maestros y Profesores Católicos, las 217 Corporaciones de Profesionales Católicos y en 1939 el Episcopado creó el Consejo Superior de Educación Católica o CONSUDEC (el primer intento había sido en 1925). Los esfuerzos vertidos resultaron exitosos y logró que importantes provincias como Buenos Aires impusieran la enseñanza católica en las escuelas públicas. Luego extendió la “reconquista” de la escuela a nivel nacional en 1943 (Zanatta, 2000). Después de ganar las elecciones en 1946, Juan Domingo Perón ratificó esta alianza con la Iglesia y durante su primera presidencia aprobó la Ley 13047/47 (Estatuto del Docente Privado), que entró en vigencia en enero de 1948. Esta disponía que el Estado debía contribuir con el ciento por ciento de los gastos de las escuelas que eran totalmente gratuitas y hasta un mínimo del 20 % para aquellas que cobraban al alumnado. En 1954 Perón decidió, por distintas razones, distanciarse de la Iglesia y al año siguiente fue víctima de un golpe de Estado. Católicos como Septimio Walsh (secretario del CONSUDEC) y Alfredo Van Gelderen participaron activamente de la “resistencia católica” contra Perón en 1955 y festejaron su proscripción (Del Carril, 2011). Dados estos agudos conflictos que se generaron con el peronismo, después del golpe de 1955, la Iglesia optó por una nueva estrategia, que consistía en poner cuadros propios al frente del Ministerio de Educación, asegurándose que promovieran la expansión del sistema privado-católico de enseñanza (Krotsch, 1998; Mallimaci, 1996). En virtud de una promesa electoral, el presidente Arturo Frondizi (1958-1962), junto con su ministro de educación y justicia Luis R. MacKay y el subsecretario Antonio Salonia, dictaron el decreto 12719/60, en cuyo artículo primero se establecía que los institutos privados o “incorporados” de nivel medio y superior serían considerados como “unidades administrativas técnico- docentes”. Un año antes, el ministro MacKay había creado la Dirección Nacional de la Enseñanza Privada (decreto 7728/59), sobre la base de la antigua sub inspección. Gracias esa norma, ésta se transformó en la Superintendencia Nacional de la Enseñanza Privada o SNEP. Además, después de una ríspida discusión pública sobre “laica o libre”, MacKay habilitó una normativa para que se pudieran crear las primeras universidades privadas del país, como la UCA en 1958. El primer director de la SNEP (1960) fue Alfredo M. Van Gelderen. En un reportaje, reivindicó su militancia en la Acción Católica afirmando que “fue una escuela de vida que formó dirigentes para el país”.280 La creación de la SNEP, según el periódico Consudec resultó una de las 280 http://www.accioncatolica.org.ar/wp-content/uploads/2011/04/MANUEL-VAN-GELDEREN.pdf [visitado el 1 de abril de 2011] 218 medidas “más trascendentales”, “más revolucionaria” y “más importante” de la historia de la educación privada, ya que el Estado les otorgaba por primera vez la gestión propia de sus institutos. Cuando cumplió los 25 años, el director le dedicó un editorial, adonde explicaba que la creación de la SNEP venía a “coronar con acierto un boom de expansión de la enseñanza privada que venía desarrollándose en forma puntual desde 1950 sobre todo desde 1956”.281 Y elogiaba a los “altos funcionarios y competentes cuadros” que ocuparon la dirección de la Superintendencia, que habían sido todos católicos. Según Daniel Múgica, la SNEP era un espacio estatal “atípico, desconocido en América y buena parte de Europa” y sólo Bélgica y Holanda tenían “un organismo autónomo similar, más avanzado que el nuestro”.282 Luego del golpe de Estado que derrocó a Frondizi en 1962, asumió la presidencia Arturo Illia (1963-1966), quien nombró a Carlos Alconada Aramburú como ministro del área educativa. El funcionario designó presidente de la SNEP a Marcos Pedro Ronchino, quien en 1964 creó el Consejo Consultivo Nacional de la SNEP, integrado por el hermano Septimio Walsh y Antonio Salonia, entre otros. Formaban parte del Consejo la Asociación de Rectores de Nivel Medio y Superior. Ellos redactaron y lograron aprobar dos decretos “excelentes” para la educación privada, los números 15/64 y el 371/64. Por el primero se normalizó todo lo referente a la distribución y fiscalización del aporte estatal a los institutos de enseñanza no oficiales de la jurisdicción nacional. Por el segundo, se sistematizó lo relacionado con el reconocimiento de los estudios cursados en los niveles medio y terciario de esos mismos institutos. Ese año también se realizó la Primera Convención Nacional de Enseñanza Privada, adonde el abogado de la UBA, Juan Rafael Llerena Amadeo, fue uno de los principales oradores. En ese evento se resumió el programa católico para la educación. Allí solicitaban que el Estado les garantizara la plena vigencia de la “libertad de enseñanza” y que respetara los derechos de: abrir y organizar escuelas; de formular planes y programas y el contenido ideológico de la enseñanza; de elegir profesores y textos; de utilizar los métodos que se consideren idóneos; de disciplinar la vida escolar y su vida interna; de calificar y promover a su propio alumnado; de otorgar títulos; y de participar equitativamente en el presupuesto escolar. En relación a este último, sostenían que estaban fundamentados en la “justicia distributiva” o principio de subsidiariedad, es decir que el 281 282 Consudec, N° 529, agosto 1985. Consudec, N° 924, junio 2000. 219 Estado debía “destinar suficientes medios económicos para asegurar la vigencia de la escuela privada”.283 Funcionarios católicos en dictaduras En 1966 se produjo un nuevo golpe de Estado comandado por el general Juan Carlos Onganía. El primer secretario de Educación fue Carlos María Gelly y Obes. Dos años después, el encargado de la cartera, José Mariano Astigueta, anunció un nuevo anteproyecto de Ley de Educación (que no fue aprobado) y el inicio de una “reforma educativa”. Ambas medidas fueron apoyadas por los católicos de CONSUDEC (Rodríguez, 2013). La reforma se implementó mayoritariamente en la provincia de Buenos Aires y debió ser descartada en 1971 por las múltiples críticas que recibió, sobre todo, de los gremios docentes del sector público que la acusaban de “confesional” y “privatista”. Los responsables del diseño y ejecución fueron los integrantes del grupo de intelectuales católicos: Van Gelderen (vicepresidente del Consejo Nacional de Educación), Silva (secretario general), Zanotti (director general de Enseñanza Secundaria, Normal, Especial y Superior, hasta marzo de 1967) y Llerena Amadeo (subsecretario de Astigueta en 1967). Luego ingresó Antonio Salonia, bajo la gestión del mendocino Pérez Guilhou. En la provincia de Buenos Aires, el ministro fue Alfredo Tagliabúe, acompañado por Benicio C. A. Villarreal (otro de los primeros profesores de la Facultad de Filosofía de la UCA) y habitual columnista del periódico del CONSUDEC. Todos ellos renunciaron a sus cargos cuando la reforma se suspendió en 1971. La mencionada dictadura que inauguró Onganía, conocida como la “revolución argentina”, finalizó en 1973 con la vuelta del Partido Justicialista al poder y la reelección de Perón. Si en el período anterior mantuvieron una actitud de apoyo activo, al anunciarse la apertura democrática y el llamado a elecciones, el Consudec tempranamente planteó su desconfianza hacia los nuevos actores políticos. Durante los años del peronismo (1973-1976), cuestionaron las propuestas presentadas en el Parlamento vinculadas a la estabilidad del docente privado, combatieron las amenazas de disminución del aporte estatal y se manifestaron contrarios al nuevo proyecto de Ley 283 Consudec, N° 21, 5 junio 1964. 220 de Educación – en el que no habían participado- por ser “crudamente materialista” (Rodríguez, 2012).284 El golpe de marzo de 1976 interrumpió todo el proceso anterior y la norma no llegó a tratarse en el Parlamento. Volvieron a la cartera educativa los funcionarios de la “revolución argentina” mencionados. Ricardo P. Bruera fue el primer ministro de educación civil y había sido ministro de Santa Fe durante los años de 1960. Asumieron con él Tagliabúe (jefe del SNEP) y Villarreal (subsecretario de educación de nación). En 1979 el tercer ministro fue Llerena Amadeo dio a conocer un anteproyecto de Ley de Educación que había sido elaborado por una comisión presidida por el ex ministro José Luis Cantini (1970-71) e integrada por Van Gelderen, Luis Ricardo Silva y Roberto Burton Meis (Rodríguez, 2011), que finalmente no fue aprobada. Entre 1976 y 1977 Zanotti participó de un proyecto de perfeccionamiento de la enseñanza media, contratado por la Dirección de Enseñanza Media y Superior del Ministerio. Previsiblemente, el padre Septimio Walsh apoyó en líneas generales las políticas educativas de la última dictadura y a sus funcionarios. El último ministro fue el contador egresado de la Universidad Nacional de La Plata, Cayetano Licciardo (1981-1983). Licciardo era profesor de la UCA, se convertiría en 1986 en el rector de la Universidad Católica de La Plata o UCALP hasta su fallecimiento (1999) y tendría un protagonismo destacado como portavoz de la Iglesia cuando se sancionó la Ley Federal. Por otro lado, en plena campaña electoral en 1983, el dirigente del peronismo por la provincia de Buenos Aires, Herminio Iglesias, dijo que pondría como futuro ministro de educación a Tagliabúe, junto con monseñor Antonio Plaza (hechos que no sucedieron). Al término de la última dictadura, Van Gelderen, Silva, Zanotti y Avelino Porto (como su presidente) integraron la primera comisión directiva de la Academia Nacional de Educación, fundada en 1984.285 Porto era rector de la Universidad de Belgrano y ex presidente del Consejo de Rectores de Universidades Privadas entre 1975 y 1978. Antonio Salonia se incorporaría a la Academia dos años después. Hasta ese momento, los grupos profesionales más tradicionales tenían sus propias Academias, que resultaban espacios estratégicos de obtención y mantenimiento de prestigio social, poder de presión y autonomía, en suma, de “respetabilidad” (González Leandri, 284 Consudec, N° 267, septiembre 1974. Vale decir que la Academia reunió a un heterogéneo grupo que comprendía también a laicistas y socialistas: Héctor Félix Bravo, Américo Ghioldi, Gilda Lamarque de Romero Brest, María Celia Agudo de Córsico, Juan Carlos Agulla, Jaime Bernstein, Guillermo Blanco, Ana María Eichelbaum de Babini, Élida Leibovich de Gueventter, Mario Justo López, Fernando Martínez Paz, Adelmo Montenegro, Ricardo Nassif, Oscar Oñativia, Fernando Storni, Alberto C. Taquini (h.) y Gregorio Weinberg. 285 221 1999). Estos intelectuales ocuparon cargos dentro de la Academia, y resultó su principal ámbito de actuación a partir de entonces, defendiendo principalmente la Ley Federal.286 El Congreso Pedagógico Nacional: “el momento más significativo del siglo” Cuando asumió la presidencia a fines de 1983, Alfonsín nombró como ministro de cultura y educación a Carlos Alconada Aramburú, ex funcionario de Illia (1963-66), quien había firmado, como vimos, los dos decretos del año 1964 que beneficiaron al sistema privado de educación. En un reportaje en la revista católica Esquiú, el mandatario explicó que él se había educado en colegios privados y era un defensor de la enseñanza privada, a la que le reconocía un “alto valor”. Creía que la educación pública y privada debían integrarse y complementarse y aseguraba que no se disminuirían los subsidios al sector.287 En diciembre de 1984 se dio a conocer la sanción de la Ley 23114, que convocaba a la organización de un Congreso Pedagógico Nacional. A partir de ese momento, desde el periódico se dedicaron a asegurarse la participación activa de todos sus docentes, ya que el evento era de “vital importancia por su proyección hacia una futura Ley de Educación”.288 La publicación inauguró una “sección fija” en todos los números, dedicada exclusivamente al Congreso o CONPE. Luego de cuatro años de sesión, el Congreso finalizó en 1988 y los católicos publicaron los documentos y conclusiones – por unanimidad y en disenso- de cada una de las comisiones que sesionaron en la Asamblea Nacional realizada el 28 de febrero al 6 de marzo en Córdoba. Según recordaba el director del Consudec, el padre Múgica, de los 300 delegados de todo el país “detectamos y contabilizamos un 33 % de delegados católicos independientes, 27 % de delegados identificados como justicialistas, en general más próximos a nuestra propuesta, 22 % identificado con el radicalismo, más distantes en algunos temas concretos y un 8 % identificado con partidos de izquierda, casi siempre en oposición”.289 En efecto, uno de los más importantes distritos, la Capital Federal, había llevado una abrumadora mayoría de católicos (19 sobre 22), entre los que estaban Van Gelderen, Ronchino y Llerena Amadeo. Por Córdoba estuvo Mayochi. 286 Silva publicó por la Academia un CD- ROM llamado "Legislación educativa nacional argentina" que incluía leyes, decretos y resoluciones ministeriales desde 1856 hasta la Ley Federal de 1993. 287 Consudec, N° 498, abril 1984. 288 Consudec, N° 523, mayo 1985. 289 Consudec, N° 924, junio 2000. Sobre cómo se formó el Congreso Pedagógico y las internas católicas ver Fabris (2011), capítulo VI. 222 El presidente de la Comisión Episcopal Argentina en los años del Congreso Pedagógico, Monseñor Bianchi di Cárcano, recordó que para la Iglesia en la Argentina, el evento significó una verdadera movilización de los laicos, aunque resaltaba que existieron tensiones dentro del sector católico, no sobre cuestiones de fondo pero sí en cuanto a las estrategias, porque una minoría exhibía una “mentalidad de cruzada”.290 Por ejemplo, contaba que este otro grupo propuso que se incluyera “educación religiosa” para la escuela pública, mientras que el ala más moderada aceptó que se explicitara el derecho de los padres a la educación religiosa de sus hijos. De todos modos, el balance resultó muy positivo. De acuerdo con Múgica: “quedaron claramente expresadas a través de las conclusiones las siguientes propuestas aprobadas por unanimidad: el reconocimiento y afianzamiento de nuestra identidad histórica nacional de raíz cristiana”, una “visión integral de la persona humana desde el momento mismo de la concepción”, la escolaridad obligatoria “de 10 a 11 años como mínimo”, y el reconocimiento de las sociedades intermedias para crear y promover servicios educativos. Concluía que si bien “algunos de nuestros delegados pretendían el todo”, “obtuvimos lo que hubiera sido mejor a la nada”. En suma, resultó el “momento más significativo del siglo para la educación” y una de las convocatorias más significativas de la Iglesia en los últimos tiempos, si bien es cierto que la participación de nuestro sector fue muy despareja en algunas regiones, diócesis y provincias”.291 Después del Congreso, en julio de 1989 asumió el presidente Carlos Menem (1989-1999) y su ministro fue Antonio Salonia (1989-1992), en representación del partido aliado, el Movimiento de Integración y Desarrollo. En 1992 se dio a conocer la mencionada Ley 24049 de “Transferencia del sistema educativo nacional de la educación primaria, secundaria y terciaria a las provincias y a la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires”. Según Múgica, los del Consudec y la COORDIEP (Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada) asesoraron a la senadora del Partido Justicialista por Tucumán, Olijela del Valle Rivas, en la redacción del artículo 23 de la ley, adonde quedó explicitado que se mantenía el régimen de aportes a la enseñanza privada en concordancia con el fijado en el orden nacional. El hecho de la transferencia los benefició en el sentido que permitió la rápida creación de los Consejos de Educación Católica (CEC) en las provincias donde no existían y contribuyó a la creación de las Direcciones de Enseñanza Privada en las jurisdicciones que no las tenían. El proceso se llevó a cabo “sin mayores inconvenientes, si 290 291 Consudec, N° 851/852, enero 1999. Consudec, N° 829, marzo 1998. 223 exceptuamos algunas trabas planteadas por funcionarios de algunas provincias de rancio signo estatista y la tardanza en recibir el aporte estatal para varios Institutos Terciarios”. La Ley Federal: “el fin de cien años de laicismo confeso” El 14 de abril de 1993 se sancionó la Ley Federal de Educación (24195), a la que le dedicaron varios números. Desde el periódico relataban que en 1991 la senadora Olijela le solicitó a Múgica, en representación del CONSUDEC, que elaborara un primer borrador de la ley. Estuvo trabajando junto con Ronchino, Van Gelderen y el ex ministro de la última dictadura, Cayetano Licciardo.292 Por su parte, especialistas católicos afirmaban que la norma recogía varias propuestas realizadas en el Congreso Pedagógico Nacional. El padre Múgica dijo que la norma representaba “El fin de cien años de laicismo confeso”.293 Como bien señalan algunas investigaciones específicas, uno de los temas más controvertidos y en donde la Iglesia tuvo mayor participación, fue el proceso de aprobación de los Contenidos Básicos Comunes o CBC (Nosiglia y Zaba, 2003). Antes de que se conocieran los nuevos contenidos, los católicos advertían que había que seguir “con particular atención aquella pedagogía que intenta imponerse desde los organismos oficiales (…) Ideas tales como la psicogénesis de Emilia Ferreyro (…) o el sostener que la educación sistemática debe comenzar a los cuarenta y cinco días de vida, o el inculcar a los jóvenes la idea de que el método más eficaz para preservarse del SIDA es el uso de preservativos deberán ser fustigadas desde Consudec, directa o indirectamente, serán presentadas por nuestro periódico con espíritu crítico”.294 Los CBC se aprobaron a fines de 1994 y varios obispos salieron a cuestionarlos, tildando a la reforma como inspirada en “ideas bolcheviques” y “con orientación marxista” (cit. Nosiglia y Zaba, 2003:77). La crítica más virulenta partió de dos informes elaborados por el rector de la UCALP, Cayetano Licciardo. El ministro Jorge Rodríguez cedió a las presiones e inició una mesa de negociaciones con el cardenal primado Antonio Quarracino, monseñor Héctor Aguer y Marcos Ronchino, quien para esos años era asesor pedagógico del Ministerio y presidente del Consejo de Educación Católica de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Finalmente, en 1995 se dieron a conocer las modificaciones que se hicieron entre el ministro de educación y el presidente del CONSUDEC. Los cambios fueron numerosos y sustantivos, por ejemplo, se incorporó la “dimensión espiritual”, 292 293 294 Consudec, N° 924, junio 2000. Sobre el proceso de elaboración de la ley, ver entre otros, Nosiglia y Zaba (2003). Consudec, N° 924, junio 2000. Consudec, N° 707, enero 1993. 224 se sustituyó la palabra “género” por la de “sexo”, se atenuó la concepción evolucionista en ciencias naturales, en el área de ciencias sociales se modificó la consideración de la familia y la Iglesia como “construcción social”, en el área de formación ética y ciudadana se modificaron varias expresiones y se suprimió la referencia a que los alumnos podían encontrar en la escuela la respuesta a algunos interrogantes vinculados con su desarrollo (Nosiglia y Zaba, 2003:79-80). Esta situación provocó protestas públicas y una serie de renuncias de parte de los integrantes de los equipos que habían redactado los CBC originales. Al parecer, también se desataron reproches hacia algunos representantes del CONSUDEC que habían firmado estas versiones (Nosiglia y Zaba, 2003). El padre Múgica afirmaba con relación a este episodio, que “no se consiguió todo lo que se pretendía, pero a mi entender fue mucho”. Todas estas discusiones fueron seguidas atentamente por los integrantes de la Academia Nacional de Educación, que en general se mantuvieron en sintonía con estas apreciaciones. En síntesis, ciertos sectores de la jerarquía eclesiástica argentina estaban a favor de hacer más católica la escuela, antes que presionar para que se incluyese “religión” como materia a nivel nacional, cuestión que había sido debatida entre los católicos, tanto en los tiempos del peronismo como posteriormente (Caimari, 1995; Zanca, 2006). Cabe señalar que en algunas provincias sí se había incorporado como asignatura obligatoria. Epílogo: la nueva Ley de Educación Desde la sanción de la Ley, hubo protestas de los estudiantes universitarios y los gremios docentes que pedían su anulación. El padre Bianchi Di Cárcano se preguntaba cuáles eran las razones: “¿Será porque por primera vez se habla en la Argentina de la ‘dimensión religiosa’ de la educación (art. 6) ¿Será porque por primera vez se establece la responsabilidad de la familia como agente natural y primario de la educación? (art. 4) ¿Será porque reconoce a la enseñanza de gestión privada como integrante del sistema educativo (arts. 7 y 36-38) y se habla del “aporte estatal” no como mera dádiva del gobierno, sino basado en “criterios objetivos de acuerdo al principio de justicia distributiva en el marco de la justicia social” (art. 37)? Concluía que “sería triste que los defectos de la ley no dejaran ver que constituye un colosal adelanto”. 295 295 Consudec, N° 851/852, enero 1999. 225 En mayo del 2006 el presidente Néstor Kirchner y su ministro Daniel Filmus presentaron formalmente un documento para el debate de la ley nacional de educación y convocaban al conjunto de la ciudadanía a opinar sobre el “futuro de la educación argentina”.296 Los católicos, ante los hechos consumados, llamaban a participar de la convocatoria. Sobre el documento, criticaban que no se hiciera mención “de manera explícita a la educación de gestión privada, en particular la católica, que está presente en nuestro país desde 1566”.297 Al final de año, la Ley fue sancionada por el Parlamento (26.206/2006) y promulgada por el Presidente de la Nación (Dto.1938/2006). En febrero de 2007 la Comisión Episcopal de Educación Católica de la Conferencia Episcopal Argentina, cuyo presidente era el cardenal Jorge Bergoglio, dio a conocer una declaración llamada “La Iglesia y la nueva Ley de Educación Nacional” que fue transcripta completa en el Consudec.298 En el título “Valoración de la nueva Ley”, criticaban varias cuestiones. Entre ellas, que la dimensión religiosa no se enunciaba expresamente, como sí lo hacían las anteriores (Ley 1420, art. 8 y Ley Federal de Educación, 24195 art. 6). Consideraban que el aporte estatal a las “escuelas de gestión privada” debía aumentarse para asegurar el “principio de igualdad de oportunidades” y les preocupaba la “excesiva centralización del sistema educativo, particularmente en lo relacionado con la formación docente”. En otro punto lamentaban “profundamente” la “sorpresiva” inclusión como contenido curricular obligatorio (art. 92 de la Ley de Educación Nacional) de la Ley 26171 que ratificaba el “Protocolo facultativo de la Convención para la eliminación de toda forma de discriminación de la mujer” (CEDAW)” que insistía en la “instrumentación de programas de planificación familiar que podrían facilitar prácticas como la anticoncepción, la esterilización y el aborto”. Sostenían que había que defender los valores de la “mayoría de los argentinos”: la vida humana desde la concepción; a la familia fundada en el matrimonio, entendido como unión estable del varón y la mujer; a la maternidad, que expresaba “una vocación propia e insustituible de la mujer en la sociedad”. A ello se le sumaba la inclusión en los contenidos curriculares de la no discriminación por género (“ideología del género”), que era, según los obispos, un “principio opuesto a la realidad de la naturaleza humana, ya que el hombre desde su concepción biológica es sexuado, varón o mujer; y por ende esta inclusión posibilita una distorsión en la educación sexual”. Esto los 296 297 298 Consudec, N° 1027, mayo 2006. Consudec, N° 1029, junio 2006. Consudec, N° 1044, enero 2007. 226 preocupaba porque no querían que sus hijos fuesen educados en temas “contrarios a los principios de la ley natural”. Lo novedoso de esta etapa es que las máximas autoridades de la jerarquía católica intentaron presionar a las autoridades educativas como lo habían hecho en los años de 1990 para que rectificaran el rumbo, y no obtuvieron ninguna respuesta. Por diferentes razones que no detallaremos aquí, el clima político y social había cambiado y esto también se veía en las provincias. Por ejemplo, en 2008 el gobernador de Salta sancionó una nueva Ley de Educación que mantenía la enseñanza religiosa y se produjo una gran reacción en contra, junto con una presentación judicial que resultó favorable a los denunciantes. 299 En 2010 hubo importantes manifestaciones en Córdoba intentado evitar que se aprobara la nueva ley de educación que contemplaba la enseñanza religiosa (si bien estaba previsto que fuese opcional y fuera del horario de clase, los estudiantes desconfiaban de su inclusión). Ese mismo año, el cardenal Jorge Bergoglio y el arzobispo de La Plata monseñor Héctor Aguer, organizaron un acto masivo que se realizó frente al Congreso con la presencia de cientos de padres, alumnos y docentes de los colegios del CONSUDEC. Fueron convocados para oponerse a la aprobación de la ley de matrimonio entre parejas del mismo sexo, que resultó sancionada igual pese a las presiones de la Iglesia, constituyendo otra de las “derrotas” de principios del nuevo siglo (compensada ampliamente con el reciente nombramiento de Bergoglio como Papa). Reflexiones finales En este trabajo seleccionamos para el análisis a un grupo de egresados normalistas – colegio que había formado personalidades “notables”- que tuvieron un rol muy importante como funcionarios en el Estado, en la elaboración y ejecución de las políticas públicas destinadas al sector privado de la educación. En Argentina, no puede dejar de advertirse cómo cambiaron los elencos gubernamentales en períodos dictatoriales y democráticos de distinto tipo. Sin embargo, es posible advertir continuidades importantes: en este trabajo pusimos el foco en las ideas y los funcionarios a lo largo del tiempo. Estos intelectuales tuvieron un reconocimiento destacado en el período post 299 En el año 2008 el gobernador Juan Manuel Urtubey de Salta sancionó una nueva Ley de Educación (7546) cuyo artículo 28 inciso “ñ” dispone la obligatoriedad de la educación religiosa en las escuelas públicas primarias. Un grupo de padres hizo una denuncia ante el INADI y en 2010 un juez dispuso la inconstitucionalidad de dicho artículo. Cuando se le preguntó al gobernador, dijo que los contenidos no se centraban en el catolicismo y que el alumno tenía la posibilidad de no cursar la materia si así lo prefería. (Página/12, 1 de marzo 2012). 227 peronista, fueron convocados en su calidad de expertos en educación y católicos en los gobiernos de las dos últimas dictaduras y vieron reducir su protagonismo en la etapa democrática. Ya en democracia, fueron muy eficaces como grupo de presión actuando en representación de la Iglesia, dentro de la Academia y publicando reflexiones en defensa del Congreso Pedagógico primero y la Ley Federal después. Sus vinculaciones con otros intelectuales de la educación que llegaron a ser ministros y asesores – Llerena Amadeo, Salonia y Ronchino- los mantuvo cerca del Estado. Como balance, diremos que sus actuaciones en general han sido relativamente exitosas: desde 1960 ampliaron la burocracia destinada al sector, avanzaron con la legislación, llegaron a ocupar importantes puestos dentro el Ministerio y posteriormente, lograron influir decisivamente en el texto de la Ley Federal, que, según los clérigos del CONSUDEC, puso “fin” al “laicismo confeso” en el país. En suma, para comprender acabadamente qué fue de la educación durante buena parte del siglo XX en la Argentina, resulta imprescindible explicar quiénes fueron los intelectuales expertos que pensaron la política pública en esos años, dentro y fuera del Estado. Bibliografía Altamirano, Carlos (2006): Intelectuales. Notas de investigación. Bogotá, Norma. Caimari, Lila (1995): Perón y la Iglesia católica. Religión, estado y sociedad en la Argentina, Buenos Aires, Ariel. Bourdieu, Pierre y Wacquant, Loïc (1995): Respuestas. Por una antropología reflexiva. México, Grijalbo. Del Carril, Mario (2011): La vida de Emilio Mignone. Justicia, catolicismo y derechos humanos. Buenos Aires, Emecé. Di Stefano, Roberto (2011): “Por una historia de la secularización y de la laicidad en la Argentina”, Quinto Sol, Vol. 15, No. 1, pp. 1-32. Fabris, Mariano (2011): Iglesia y democracia. Avatares de la jerarquía católica en la Argentina post autoritaria (1983-1989). Rosario, Prohistoria. 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María Florencia Osuna (UNGS/CIC) En este trabajo analizaremos la trama de actores ligada con las políticas de la Secretaría del Menor y la Familia (SMyF) dependiente del Ministerio de Bienestar Social (MBS) de la Nación, en el período 1976-1979. El MBS fue creado por Juan Carlos Onganía en 1966 y, al igual que en sus primeros años de existencia durante esa dictadura, los proyectos, las políticas y los funcionarios de la cartera se caracterizaron por su marcado carácter católico (Giorgi, 2010; Gomes, 2011, 2014). Sin embargo, si en el contexto del gobierno de Onganía las iniciativas del Ministerio se inscribieron en un programa político que tenía como principio rector el “desarrollo” económico, social, cultural y “espiritual” de la “comunidad”; durante la última dictadura, en gran medida, la política social tuvo como fundamento el restablecimiento de la familia nuclear que, como coincidían los diagnósticos de los golpistas y sus aliados, había sido infiltrada y destruida por el “enemigo subversivo”. En un contexto en que reverdecieron los discursos biologicistas sobre la sociedad, la familia era entendida como la “célula básica” de un entramado que era necesario “reorganizar”. Para ello, el Estado en estrecha colaboración con las “entidades de bien público” -en gran medida, católicas- debía realizar un doble trabajo sobre la familia que la apuntalara en un sentido material y espiritual. En relación con esto, en el trabajo observaremos que esta confluencia de lecturas y propuestas entre el “mundo católico” y la dictadura, llevó a que se desdibujaran los límites entre Estado y sociedad a la hora de enfocar las políticas hacia la familia. Creemos que, aunque los actores católicos analizados tuvieron una gran presencia a lo largo del siglo XX argentino; en la última dictadura, el nuevo paradigma a partir del cual se pensaron las relaciones entre Estado y sociedad, basado en el polisémico concepto de “Subsidiariedad del Estado”, reforzó ese vínculo otorgándole un sentido particular. Es decir que, además del marcado carácter “restaurador” de la política ministerial tendiente a fortalecer la familia en desmedro del “enemigo subversivo”; el concepto socialcristiano de “subsidiariedad”, que implicaba la activa participación de la sociedad “en la resolución de sus propios problemas”, nos puede ayudar a comprender la delegación de esta tarea en diversos grupos del laicado católico. Este problema será abordado en el primer apartado de este artículo. 231 En el segundo apartado del trabajo, analizaremos el diagnóstico que sostuvo la Iglesia y el laicado acerca de la “crisis moral” que atravesaba a la sociedad argentina y daremos cuenta de las características y trayectorias de los principales actores católicos que participaron en las políticas del área de la Secretaria del Menor y la Familia. Luego, observaremos las instancias en que, en el periodo 1976-1979, estos actores del mundo católico confluyeron con los funcionarios estatales en la realización de planes e iniciativas destinadas al núcleo familiar. Los cursos de formación dictados en 1977 y 1978, y la conformación del “Plan de promoción familiar” en donde participaban a la par actores estatales y religiosos, así como la existencia de una “coordinación eclesiástica” en el interior del MBS, nos muestran que Iglesia y dictadura compartían mucho más que un mismo horizonte de expectativas. El concepto de “subsidiariedad” como articulador de las relaciones Estado-Sociedad en la Historia Reciente En los años ochenta, en el marco del proceso de transición a la democracia que tuvo lugar en diferentes países de América Latina que habían sido gobernados por dictaduras fuertemente represivas, en la sociedad existió un debate que transmitió con claridad Norbert Lechner (1988): “la crítica al Estado Autoritario desemboca en la crítica a la concepción estatista de la política, vigente hasta entonces”. El imaginario colectivo que consideraba que el estado intervencionista era el garante de la emancipación fue cuestionado frente a “la omnipotencia y omnipresencia de la dictadura militar”. Por este motivo, como explica el autor, el Estado Autoritario fue el “Leviatán frente al cual se invoca el fortalecimiento de la sociedad civil” (Lechner, 1988: 27). Sin embargo, a pesar de la exigencia de “menos Estado y más sociedad” de los años ochenta y noventa, el concepto de “subsidiariedad del Estado” aglutina sentidos fundamentales para entender la “división de tareas” entre Estado y sociedad, al menos, desde los años sesenta. No existió un grupo político-ideológico en particular que monopolizara los sentidos de ese concepto y encontramos apropiaciones del mismo tanto entre los sectores más nacionalistas y corporativistas, como en los grupos tecnocrático-liberales. Aunque el término apareció asociado siempre al desentendimiento del Estado respecto de diferentes funciones que consideraba necesario delegar a la sociedad civil, existen sutilezas en las diferentes apropiaciones. En este sentido, a diferencia de 232 un difundido sentido común científico y social que comienza a revisarse, creemos que es necesario entender estas iniciativas no sólo desde la óptica neoliberal como partes del proceso de privatización de lo público, sino como un particular proyecto político y cultural promovido por un sector católico y corporativista civil y militar que propuso nuevas formas de relación e integración entre Estado y Sociedad. En este sentido, durante el régimen de facto presidido por Juan Carlos Onganía (1966-1970), la “subsidiariedad” estuvo asociada fuertemente con otros dos conceptos: “desarrollo” y “participación de la comunidad”. La propuesta del Ministerio de Bienestar Social creado por Onganía en 1966, en consonancia con algunas recomendaciones internacionales de organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de Estados Americanos y la Comisión Económica para América Latina, suponía que el desarrollo social, económico y cultural de la comunidad demandaba necesariamente la participación no sólo de los funcionarios estatales, sino fundamentalmente de los sectores sociales más pobres, para lograr superar los efectos negativos del desarrollo en los países periféricos (Golbert, 1996; Golbert y Roca, 2010; Gomes, 2011). En relación con esto, un funcionario de la época afirmaba “No basta con que la acción del estado se realice para el pueblo. En la época en que vivimos es preciso que tal acción sea realizada con la participación del pueblo” (La Nación, 28/03/1967). Es importante tener en cuenta que la recepción local de estos tópicos desarrollistas fue realizada por funcionarios con características muy particulares que llevaron a que “desarrollo”, “participación” y “subsidiariedad” se entrelazaran con el ideario integrista católico. En este sentido, se oponían a la democracia liberal y a la existencia de partidos políticos y proponían, en cambio, otro tipo de participación de la comunidad que se basaba en un retorno al pasado hispánico en donde primaban la descentralización política, la participación de los vecinos en los cabildos, la relación armónica y funcional entre lo que llamaban los “organismos intermedios” de la comunidad, todo lo cual implicaba una organización profesional, corporativa y municipal de la vida social y política (Scirica, 2006, 2010, 2014;Gomes, 2012). En este marco, el concepto de “subsidiariedad” hacía clara referencia al principio socialcristiano presente en distintas encíclicas papales: los llamados “grupos mayores” (el Estado Nación), no debían resolver los problemas que los “grupos menores” (las “organizaciones básicas de la comunidad”, los municipios, la empresa privada, etc.) podían solucionar por sí mismos. El Estado nacional sólo intervendría cuando la empresa privada o la multiplicidad de “grupos menores” no pudieran satisfacer una necesidad de la población. La subsidiariedad, en este sentido, no tenía connotaciones liberales y era un principio más moral que 233 económico: no buscaba en primera instancia el achicamiento del Estado y/o la privatización de servicios sociales, sino pretendía evitar que el Estado sustituyera la iniciativa de la comunidad, en tanto esta acción era considerada perniciosa y destructiva. El MBS debía encargarse de ir creando las condiciones para este futuro modelo social, político, cultural y económico imaginado que reposaría sobre la base del orden municipal y que consistiría en la libre relación de las “organizaciones intermedias”, como las ligas de padres de familia, los gremios, las sociedades de fomento, las mutuales, las cooperativas, los clubes, entre otras entidades. En los años de la última dictadura, sin embargo, como señalamos, el componente “desarrollista” y “comunitarista” perdió vigencia y se fortaleció aún más el concepto de “subsidiariedad” en lo que refería al involucramiento activo de las personas y entidades en la resolución de sus necesidades. El MBS daba apoyo financiero mediante subsidios, prestaciones sociales y asesoramiento técnico para prestación de servicios, a individuos, grupos y comunidades, pero, sobre todo, a las denominadas “entidades de bien público”. Las cooperativas, mutuales, sociedades de fomento, clubes, bibliotecas y diversas entidades católicas recibían subsidios, asistencia técnica y apoyo (MBS, Boletín semanal Nº 23, 3/10/1977). Los funcionarios del MBS le otorgaban importancia a esta política: “Desde el primer momento en que nos hicimos cargo de este Ministerio, tomamos contacto con dichas entidades para hacerles conocer nuestro pensamiento dado que muchas de ellas –con anterioridad– habían sido relegadas (MBS, Boletín semanal Nº9, 27/09/1976). En este marco, se consideraba prioritario otorgar créditos a las entidades de bien público que brindaban servicios que no prestaba el Estado (MBS, Boletín semanal Nº 50, 8/8/1977). La importancia otorgada al accionar de estas “organizaciones intermedias de la sociedad” se tradujo no sólo en intentar que la sociedad resolviera por sí misma sus problemas, sino en que los roles entre Estado y Sociedad se volvieran difíciles de discernir y separar. En este sentido, como se afirmaba en el ámbito del MBS durante la última dictadura “no sólo al gobierno le incumbe a responsabilidad de ejecutar programas y acciones”, sino que el pueblo todo debe asumir conciencia sobre la necesidad de que éstas se cumplan , por lo que resulta propicio que en este año la gama de acciones gubernamentales se unan a las de otras entidades; en especial las de bien público, que tanto colaboran en la acción proteccional. Por ello el ministerio presentará su auspicio a todo programa, acción u obra que inspirado en objetivos coincidentes, propongan las asociaciones privadas u 234 otras entidades no gubernamentales (MBS, Boletín Semanal n. 121-122, 19-26/02/1979). Aunque la frontera entre los ámbitos estatal y social siempre es porosa, ya que no funcionan como compartimentos estancos, lo que intentamos señalar es que, en algunos casos, los roles se tendían a confundir, en tanto no se entendía claramente quién realizaba qué. Fundamentalmente advertimos esta tendencia en el área de las políticas pedagógico-culturales del MBS hacia la familia, como veremos en los próximos apartados. Los actores católicos involucrados en las políticas relacionadas con la familia. Desde los tempranos años setenta, la jerarquía de la Iglesia católica, fundamentalmente sus sectores integristas300 y conservadores301, comenzó a desarrollar planes para promover un tipo de relaciones familiares que consideraba deseable y en crisis. En el mismo sentido, pretendía restablecer el lugar de la familia en la Nación, devolviéndole la fortaleza que debía tener la “célula básica de la comunidad”. Como han afirmado distintos autores, la jerarquía católica, y fundamentalmente la Conferencia Episcopal Argentina, adhirió, al igual que un conjunto amplio de actores, al gobierno cívico-militar, guardando silencio sobre la violación de los Derechos Humanos y cumpliendo una función importante desde el punto de vista de la justificación ideológica del régimen (Obregón, 2005; Mignone, 1986). Todos los sectores de la Iglesia -reformistas, conservadores y tradicionalistas- coincidieron en la necesidad de resolver la crisis política, económica y social que tenía como sustrato una “crisis moral” vinculada con la secularización social que había tenido lugar en las décadas anteriores de la historia argentina. El proceso de radicalización política iniciado a mediados del siglo XX, profundizado en los años sesenta y setenta, que implicó la lucha por el socialismo y el cuestionamiento de “pautas sociales y culturales 300 Los obispos “tradicionalistas” del Episcopado eran tomistas y consideraban a la Iglesia como una “sociedad perfecta” que se contraponía a los “errores” de la modernidad. En este sentido, preferían mantenerse aislados de los diversos sectores políticos y sociales, y privilegiaban los vínculos con las FFAA, entendidas como “custodios naturales” de los “valores inmutables” del catolicismo. Se oponían a la protesta social, al marxismo y a la “Iglesia del pueblo”, y sostenían un discurso cargado de tonos apocalípticos y de cruzada. Los obispos encolumnados con esta prédica eran, por ejemplo, los monseñores Tórtolo, Bonamín, Plaza y Bolatti. 301 Los conservadores estaban de acuerdo en introducir reformas en la Iglesia por entender que eran irremediables, pero proponían hacerlas de manera paulatina y controlada. Compartían con los integristas la preocupación y oposición al proceso de radicalización política y social. Sin embargo, consideraban importante realizar un acercamiento y diálogo con los distintos sectores políticos y sociales para ampliar alianzas y extender su influencia ideológica y social. A este sector pertenecían los monseñores Aramburu, Quarracino e Ítalo di Stefano. 235 por las cuales Argentina era considerado un 'país católico'”, sobre todo de aquellas ligadas a la moral sexual y familiar302, era considerado peligroso y una destrucción de la mítica “identidad nacional” ligada imaginariamente por las elites a una serie de elementos defendidos por la Iglesia (2005:62-63, 66). En el período 1973-1976, la Iglesia y el laicado lanzaron una fuerte campaña de “restauración” de la familia argentina que se materializó en la difusión de declaraciones, planes, documentos 303 e, incluso, proyectos parlamentarios; en donde manifestaban su oposición al divorcio, a los métodos anticonceptivos y el control de la natalidad, a las uniones de hecho, las relaciones sexuales por fuera del matrimonio, entre otras cuestiones que reflejaban los cambios que acontecieron en los años sesenta. Durante la última dictadura, como en otros momentos históricos, se dio una fuerte confluencia de diagnósticos entre el mundo católico, las FFAA y los sectores civiles que formaron parte del régimen. Desde nuestro estudio de caso, el análisis de los actores ligados a las políticas hacia la familia impulsadas por el Ministerio de Bienestar Social (MBS), observamos, como decíamos, que este encuentro se dio en torno a los objetivos del gobierno y la Iglesia sobre la problemática de la restauración de la familia representada como “la célula básica de la comunidad”, la unidad mínima e indisoluble en la conformación del “cuerpo social”. En este sentido, frente a los embates de ideas consideradas “subversivas” o “foráneas”, se consideraba importante fortalecer la moral cristiana y reforzar una jerarquía considerada natural en la que el hombre-padre debía ocupar el lugar de la autoridad y la dirección y la mujer-madre el del amor, el resguardo y transmisión de la tradición. Para conservar la integridad de esta unidad moral indisoluble, era necesario evitar el ingreso de las ideas “disolventes” controlando, particularmente, a las “secciones débiles” de la pared de la “célula”: los niños y jóvenes de la familia (Filc, 1997). En este marco, el sector “conservador” del Episcopado, que era el mayoritario, consideraba que en la compleja sociedad argentina, la hegemonía de la Iglesia se conseguiría a partir de un mayor dinamismo de los cuadros católicos en diferentes sectores. En este sentido, advertían al régimen la 302 Las nuevas concepciones sobre el matrimonio y las relaciones de pareja que implicaron una disminución en el número de casamientos y un incremento en el índice de divorcios, el cuestionamiento a la familia nuclear tradicional y el rol de la mujer, la disminución de la tasa de natalidad, la liberalización de las costumbres sexuales, cuestionaban fuertemente las pautas socioculturales que en el plano moral y familiar constituían elementos centrales de la moral cristiana basada en la familia tradicional, (Obregón,2005: 166-167). 303 Por ejemplo: la “Declaración pastoral del episcopado argentino sobre la familia y la educación”(1973), la “Carta pastoral colectiva del Episcopado sobre el matrimonio y la familia” (1973), el “Plan Matrimonio y Familia” como prioridad nacional de la Iglesia para 1975 y 1976. 236 necesidad de evitar la militarización del poder, dando cabida en la gestión del gobierno a figuras provenientes de la coalición civil que lo respaldaba. La Iglesia desempeñaría un papel importante a partir de la ubicación de cuadros técnicos en lugares estratégicos de la administración. Una cantidad importante de los más altos funcionarios civiles provenía de la militancia católica y había desempeñado cargos durante el anterior régimen de facto (Obregón, 2005:72-73). En relación con esto, en el Ministerio de Bienestar Social encontramos, entre los Secretarios vinculados con las políticas hacia la familia, a los abogados civiles y católicos Santiago de Estrada, en Seguridad Social, y a Florencio Varela en Menor y la Familia. Santiago Manuel de Estrada (hijo), al frente de las políticas de seguridad social del MBS, es un actor clave en la investigación más amplia que llevamos a cabo, puesto que, a partir de su defensa de la Doctrina Social de la Iglesia, impulsó una serie de importantes medidas ligadas a los subsistemas de previsión social y de asignaciones familiares, destinadas a los jubilados y la familia en su conjunto. Nació en 1935 en el seno de una familia católica tradicional argentina que formó parte, desde el siglo XIX, de la elite cultural y política del país. Se recibió de abogado en 1960 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Debido a su relación con el Ateneo de la República, fue reclutado, primero, como Subsecretario de Seguridad Social de la Nación (1969-1970) y, luego, entre 1969 y 1970, fue nombrado Secretario de Promoción y Asistencia de la Comunidad de la Nación. Esta experiencia lo llevaría a ocupar, en los años 1976-1983, 1989-1991 y 1999, la Secretaría de Seguridad Social y a presidir el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Por su parte, El abogado Florencio Varela, al igual que de Estrada, pertenecía a una familia notable y católica con raigambre en las elites del siglo XIX. Fue juez de instrucción durante la autodenominada “Revolución Argentina” (1966-1973), Secretario del Menor y la Familia durante la última dictadura (1976-1979) y, a partir de ese año, asesor del MBS en materia de familia. También fue director de la Radio Argentina (1982) y réferi internacional de rugby. Hasta su muerte en el año 2006, fue uno de los principales abogados defensores de distintos oficiales y policías responsables del terrorismo de Estado304. 304 Varela consideraba que “la guerra contra el terrorismo” había comenzado en 1975 en un contexto de democracia formal, por lo tanto, el Estado debía juzgar a las autoridades civiles que le dieron inicio. Asimismo, en el año 2000, presentó un documento en el que intentaba demostrar, a partir de la exposición de algunos casos, la inexistencia de un plan sistemático de apropiación de bebés por parte de la dictadura. Es importante considerar que los Institutos de Menores dependientes de la SMyF, durante su gestión, formaron parte del circuito de apropiación de hijos de militantes desaparecidos. La pervivencia de sus ideas, también se reflejó en una nota del diario La Nación del año 2004, cuando sostuvo que era necesario reimplantar una política que él mismo impulsó durante la dictadura: la creación de un Cuerpo de Vigilancia Juvenil en los municipios (Osuna, 2014). 237 Aún así, la relación entre Iglesia, Estado y Sociedad iría más allá de la ubicación de estos cuadros católicos en el Estado, ya que se promovió la activa participación de la militancia católica en diferentes políticas estatales. Esto permitiría, según puede leerse en distintos documentos, ampliar las bases de sustentación del régimen, aprovechando la influencia de la Iglesia en amplios sectores de la sociedad civil. En un documento llamado “directivas del Estado Mayor del ejército” se defendía el papel de la Iglesia “para la consecución de los objetivos básicos que se apoyan en los valores de la moral cristiana”. Según Obregón, el catolicismo era necesario como instrumento ideológico y la Iglesia era clave en la búsqueda de legitimidad política (2005:84). Incluso, los sectores “renovadores”, entre los cuales se encontraba el obispo monseñor Zaspe de Santa Fe, además de retomar los tópicos del conservadurismo (la moral sexual y familiar, y el anticomunismo), hacían un llamado similar al de los conservadores: “todos debemos reorganizar la nación: las Fuerzas Armadas, desde una unidad sin amenaza de fractura, la juventud, los padres de familia, los jueces, los docentes, los medios de comunicación social, los políticos, los sindicatos, los empresarios y la Iglesia” (2005:75). En este sentido, además de los funcionarios ministeriales de extracción católica mencionados, en distintas actividades vinculadas con la familia participaron sectores religiosos y del laicado católico. Entre los grupos que adquirieron gran protagonismo encontramos al Movimiento Familiar Cristiano, Caritas, las Ligas de Madres de Familia y de Padres de Familia, la Acción Católica, la Liga Pro-Comportamiento Humano, la Obra de Protección para la Joven, entre muchos otros. El Movimiento Familiar Cristiano (MFC) fue uno de los grupos del laicado que estuvo fuertemente involucrado con estas políticas y también con la apropiación de niños. Surgió en 1948 por iniciativa de algunas mujeres de la parroquia San Martin de Tours de Recoleta que se encontraban para intercambiar experiencias inspiradas en otros movimientos similares que ya existían en Europa, Estados Unidos y Canadá. Tenía un carácter autónomo respecto de las organizaciones de la Acción Católica y, a pesar de las resistencias iniciales, fue reconocido por las jerarquías. Según los estatutos aprobados en 1959, su propósito era la promoción del matrimonio cristiano y la espiritualidad conyugal mediante la intensificación de la vida comunitaria y el apostolado familiar, siendo uno de sus propósitos centrales el dictado de cursos de catequesis prematrimonial para novios que abordaban reflexiones sobre el amor, las características del noviazgo, aspectos legales y económicos del matrimonio, y la sexualidad en sintonía con la prédica 238 de los médicos católicos. Desde mediados de los años sesenta se dedicó a gestionar la adopción para convertirla en una técnica “útil y moralmente aceptable”, organizando charlas y encuentros de padres adoptantes en diferentes parroquias y en la sede de la organización (Villalta, 2010:115-117; Cosse, 2010:145). Durante la última dictadura, miembros del MFC estuvieron vinculados con la apropiación de niños y los involucrados fueron procesados y condenados en los últimos años por la justicia por los delitos cometidos (Página 12, 16/05/2013). Las Ligas de Madres y Padres de Familia también tuvieron una importante presencia en las políticas de la SMyF. Estos grupos del laicado surgieron por iniciativa del Episcopado argentino a mediados del siglo XX con el objetivo expreso de “salvar la familia”. En este emprendimiento jugará un papel preponderante Monseñor Manuel Moledo (1907-1988), un teólogo de la Arquidiócesis de Buenos Aires, quien además ejerció como profesor en los Cursos de Cultura Católica. La intervención sobre la familia se daba en gran medida sobre las familias humildes, mediante una labor asistencialista (reparto de alimentos, vestimenta, etc.), pero la defensa moral y la vigilancia de las costumbres revistieron un carácter prioritario en el despliegue de las actividades de las Ligas hacia el resto de la sociedad. Moledo definía a las ligas como movimientos “dispuestos a colaborar con la Iglesia en todo lo que concierne al bien de la familia, en todos los planos en que la familia actúa: al bien cultural, al bien material, al bien económico, al bien espiritual y al bien moral” (Vázquez Lorda, 2012). Durante la última dictadura era muy estrecha la relación, sobre todo, entre las distintas asociaciones de padres católicos y la Secretaría del Menor y la Familia del MBS. Por ejemplo, en el Primer Congreso Nacional de Padres de Familia realizado en el colegio Lasalle en 1978, estuvieron presentes el secretario Florencio Varela, junto con Videla, Pio Laghi y monseñor Plaza (La Nación, 9/9/1978). Luego, en octubre de 1978 se realizó en el predio de la Sociedad Rural Argentina, la EXPOFAM 78, “una exposición para la familia”, con la organización de la Liga de Padres de Familia y el auspicio de los Ministerios de Bienestar Social y de Cultura y Educación305. El laicado católico ligado con la problemática de la familia, además de estar involucrado en los planes del MBS como veremos en el próximo apartado, difundía sus propósitos en los medios de comunicación y, fundamentalmente, en el diario La Nación, que en esos años creó una sección 305 Según el diario La Nación ofrecía: “ofrecía un panorama renovado de juegos y espectáculos para niños, simultáneas de ajedrez, modas, clases de cocina, cerámica, espectáculos artísticos, cine, conferencias, charlas, educación vial, stands comerciales con productos y elementos y servicios para el grupo familiar. Asimismo se atienden consultas sobre aspectos de la problemática familiar y se entrega material alusivo” (La Nación, 2/10/1978). 239 especial llamada “La familia, tema de hoy”. El presidente de Caritas Argentina, Carlos Horacio Ellif, uno de los entrevistados del mencionado diario, aportó al diagnóstico general sobre la crisis de la “célula básica de la comunidad”. Por un lado, habló de la “crisis moral”: “la familia atraviesa la misma crisis por la que pasa el mundo. Es la crisis de un cambio de valores que ha sacudido la convivencia en muchos aspectos. La subversión de valores hace que la familia deba soportar ataques”, y, por otro, señaló que el otro gran problema de la familia argentina era “la situación económica. La familia en muchos casos está sitiada en su subsistencia. Entonces, si está moral y económicamente sitiada, esa familia no puede cumplir su papel, de ser la célula donde nazca y se cultiven los valores básicos, que son el orden, la seguridad, el amor, la paz y la tranquilidad” (La Nación, 2/5/1978). En esa sección también encontró un espacio otro de los grupos que participaría de las políticas ministeriales: la “Obra Orientación para la joven” que, creada a mediados de los años setenta, tenía como objetivo albergar a chicas jóvenes que llegaban a las grandes ciudades del país en busca de trabajo. Según su presidenta, María Teresa Pérez de González, “nuestra experiencia nos indica que las chicas llegan del interior del país, padecen –fundamentalmente– una falta de familia. Porque, aunque la tengan, existe un gran porcentaje de chicas entregadas por su familia a otras familias que las mantienen a cambio de trabajo” (La Nación, 15/5/1978). También mencionaba otros casos: chicas que viven con su madre y su padrastro o que son hijas de madres solteras: “un ambiente a todas luces poco apropiado para su desarrollo”. Esta organización católica, que aún existe en la actualidad, se dedicaba a “orientar” y “contener” a estas jóvenes “sin familia”, y vemos que también aparecía difundiendo su voz en los medios de comunicación y también en las actividades del MBS. Otro de los actores centrales en estos años que colaboraba con este campo de políticas pero a partir de una labor orientada a la niñez fue Oscar Schiariti, miembro fundador, junto con Francisco Rizzutto, de la Liga Pro Comportamiento Humano. Esta Liga es más difícil de clasificar porque no era estrictamente un grupo perteneciente al espectro del laicado, pero era una “entidad de bien público” con distintos campos de acción de carácter entre filantrópico, caritativo y conservador. Este grupo existía desde la década del cincuenta y una de sus misiones fue construir “decálogos” moralizantes que apuntaban a difundir valores éticos que debían ser respetados en el ámbito laboral, educativo, en la función pública, frente a los niños, etc. Establecieron que el 31 de marzo se celebraría “el Día del comportamiento humano” y esta iniciativa era cumplida 240 estrictamente en el seno del MBS en esa fecha. Aunque la Liga también fue integrada en las iniciativas relacionadas con la familia del Ministerio, fue uno de sus principales miembros fundadores, Oscar Schiariti, quien adquirió un gran protagonismo, sobre todo en 1979, cuando se festejó a nivel local e internacional “el año del niño y la familia”. Schiariti tenía los títulos de Maestro, Profesor de Educación Física y Prof. de Letras, fue Procurador Universitario Nacional (U.N.B.A.) y Profesor de Cursos de la Organización de Estados Americanos (Recreación y comunicación). Ejerció como docente en el nivel primario y secundario, y realizó labores en distintas entidades no gubernamentales de índole social y cultural, de tendencia filatrópica y caritativa. Se incorporó a la Liga Pro Comportamiento Humano fundada en Buenos Aires el 19 de abril de l960, bajo el lema “Por la vigencia de los valores éticos y espirituales”. Dentro de su estructura ocuparía, entre otros, los cargos de Secretario General y Coordinador de Acción Educativa. Fue coautor con Rizzutto del Manual Pro-comportamiento humano. Presidió la Comisión Permanente “Día del niño” creada en 1959 que organizaba espectáculos para esa fecha y regalaba juguetes a niños hospitalizados, y, junto con esto, promovió la creación de la “semana del niño”. Dentro de la misma, organizó tareas de acción deportiva y de colaboración social con hospitales y centros asistenciales a la minoridad. También invitaba a los Institutos de la Minoridad y la Familia de la Capital Federal para que sus niños actúen en diversos deportes y en actividades creativas en el Parque Rivadavia, en el Zoológico de Buenos Aires, Italpark, Campo Hípico de Polo, entre otros, y entregaba premios y diplomas a todos los participantes. Consiguió que se festeje todos los años el “Día del niño” y el “Día de los reyes magos”, llevando a hospitales, centros de atención a la niñez e institutos de la minoridad, y entregando en mano un regalo a cada niño internado. Además, en dichos lugares, en las Fiestas Patrias del 25 de Mayo y 9 de Julio, organizaba certámenes, concursos de collages, y entregaba diplomas a los participantes, como así también escarapelas, banderitas, útiles escolares y golosinas. En el año 1962, Schiariti fundó de la Comisión Ejecutiva Permanente “El Niño y la Televisión” y presidió 32 congresos argentinos y 4 internacionales sobre la especialidad. Por último, incorporó a la comisión el “Día del ahijado”, cuyo su festejo se realiza el segundo domingo de mayo. En todas las imponía el logotipo de la Comisión Ejecutiva “Día del Niño” y su lema “el niño lo merece todo”. A lo largo de la dictadura, y, fundamentalmente en el año 1979, lo encontramos proponiendo y participando activamente en las iniciativas del MBS ligadas con los niños. 241 Como decíamos, todos estos grupos mencionados aparecen constantemente en las acciones de la Secretaría del Menor y la Familia (SMyF), pero también en los medios de comunicación, difundiendo mensajes en consonancia con las autoridades de la Iglesia y también del MBS, mostrando un universo en común de ideas y propuestas. En el próximo apartado, además de señalar las formas en que religiosos y laicos fueron incorporados en las iniciativas del Ministerio, también haremos mención a otros actores que, aunque no tenían tanta visibilidad, también pertenecían al mundo católico. Religiosos y laicos en las políticas ministeriales A lo largo del año 1977, se comenzó a visualizar claramente la vinculación entre el Ministerio y la jerarquía eclesiástica. Esto se materializó, por ejemplo, en el dictado de cursos, en el marco del “Programa nacional de capacitación”, aprobado por la Resolución Nº 223/77 de la SMyF para “educadores familiares”, es decir, destinado a quienes tuviesen relación con la cuestión de la familia, que podían ser funcionarios, profesionales, pero también docentes, padres y madres de familia, en diferentes lugares del país (MBS, Boletín semanal Nº 37, 9/5/1977). En estos cursos, que tenían una duración de dos meses, participaban como docentes los funcionarios de la SMyF, entidades ligadas al mundo católico, como la Confederación de Obras Privadas de Bienestar Social306 y representantes del plan Matrimonio y Familia del Episcopado (MBS, Boletín semanal Nº23, 3/01/1977). En Tucumán, de acuerdo a un boletín ministerial, para el dictado del curso estuvo designado Eduardo Madero307, como representante de la Iglesia (MBS Boletín semanal Nº 37, 9/5/1977). También encontramos que estos cursos se dictaron en la prov. de Buenos Aires, en Avellaneda (MBS, Boletín semanal Nº 53, 29/08/1977) y San Isidro, en este caso dirigidos a “directivos de instituciones de bien público, profesionales, docentes y padres de familia de la zona” (MBS, Boletín semanal Nº 65, 21/11/1977). 306 Diversas entidades llamadas de “bien público”, con características similares, estaban vinculadas con el Ministerio de Bienestar Social, y se nuclearon a partir de 1964, en el Consejo Coordinador de Obras Privadas de Bienestar Social (CONDECOORD). Estas entidades estaban dirigidas, al igual que antaño, por mujeres pertenecientes a las elites tradicionales argentinas que eran militantes católicas. Si analizamos detenidamente las redes de pertenencia de estas mujeres, también veremos que fueron miembros destacados de la Acción Católica. Por sus características, estas entidades fueron algunas de las interlocutoras privilegiadas del MBS en su conjunto, por sus labores tendientes a suplir las acciones de “asistencia social”. 307 Madero era un arquitecto ligado a una familia tradicional de la elite argentina. Fue el presidente nacional de la Acción Católica durante la dictadura, y en el período 1977-1985 fue también miembro de las Comisiones Nacionales para las prioridades Familia y Juventud de la Conferencia Episcopal Argentina. 242 En los Institutos de Menores y de Ancianos dependientes de la SMyF, asimismo, existían capellanes que participaban en las jornadas sobre estas problemáticas (Boletín del AICA, Nº 1110, 30/3/1978) y, por ejemplo, en uno de los principales Institutos, llamado “Mercedes de Lasala y Riglos”, se realizaron unas “Jornadas sacerdotales para elaborar planes de trabajo para el 77 en las diferentes áreas de la cartera” (MBS, Boletín semanal Nº 30, 21/03/1977) . En el Ministerio, además, existía una “Coordinación eclesiástica” (MBS, Boletín semanal Nº30, 21/03/1977) presidida por el monseñor Antonio Maggi. Así como los católicos (laicos y religiosos) participaban en las jornadas organizadas por el MBS vinculadas con la familia, los funcionarios adherían y participaban en los eventos del Episcopado y del laicado relacionados con la misma problemática. Por ejemplo, la Conferencia Episcopal Argentina, con la adhesión del MBS, organizó las I Jornadas Nacionales de Pastoral de la Minoridad y la Familia en 1978, que, desde entonces, se realizarían todos los años. En ellas, tuvo una activa participación el Comité Nacional del Programa pastoral Matrimonio y Familia del Episcopado (dirigido por el prebístero Carlos Pandelo), la Liga de Madres de Familia y el Movimiento Familiar Cristiano, entre otros, sumando en total setenta delegados de la Iglesia y el laicado de todo el país. El acto de apertura estuvo a cargo del arzobispo de Córdoba y presidente del Episcopado, cardenal Raúl Francisco Primatesta, quien manifestó el interés de la Iglesia por el desarrollo del Programa de Acción pastoral Matrimonio y Familia. Pero también, estuvieron presentes como expositores a cargo de los “distintos temas técnicos con que se ilustraron los trabajos de las Jornadas”, José Ernesto Los Santos -Director del Servicio Nacional de Rehabilitación y Capacitación de Ciegos del MBS-, Cecilia Pérez de Gracia -Directora del Servicio Nacional del Anciano del MBS-, Nélida Secreto -Directora Nacional de la Minoridad y la Familia del Ministerio-, el Secretario de Estado del Menor y la Familia, Florencio Varela, y el ministro Bardi (Boletín del AICA, nº 1110, 30/3/1978; Boletín del AICA nº 112, 13/4/1978; MBS Boletín Semanal Nº 103-104,18/09/78-25/09/78). Según el Boletín de la AICA; Secreto, Varela y Bardi, quienes tuvieron a cargo las conclusiones durante el acto de cierre, pusieron de manifiesto el deseo de coordinar tanto la acción evangelizadora y catequística, como la coordinación a nivel nacional junto a una puesta en marcha de la acción con la familia. Un mensaje del ministro de Bienestar Social de la Nación contralmirante Bardi, comprometió la opinión del Poder Ejecutivo para la “recuperación del valor de la persona humana” y alentó a proseguir la obra de evangelización y promoción de menores, ancianos y ciegos. (Boletín del AICA, nº 112, 13/4/1978). 243 A los pocos meses, también en el año 1978, por medio de la Resolución Nº 237/78 de la Secretaría del Menor y la Familia se aprobó el Plan de Promoción Familiar y, luego, la Resolución Nº 499 constituyó formalmente la Comisión Nacional del Plan, presidida por el secretario del Menor y la Familia, Florencio Varela, e integrada por la subsecretaria del Menor y la Familia, Dra. Graciela Borzone 308 ; la directora del Servicio Nacional del Menor y la Familia, Dra. Nélida Secreto; el coordinador de la Subárea de Asistencia y Coordinación, Ángel Castro; la Jefa del Servicio Nacional del Anciano, Edith M. Pazos de Velar; el dr. Félix Lafiandra, asesor de gabinete; y “los docentes que intervinieron en los seminarios de educación familiar dictados por este organismo”, Dra. Beatriz Balián309 y el prebístero Carlos Pandelo. Éste último, como hemos visto, representaba, a su vez, el plan de Acción Pastoral Matrimonio y Familia del Episcopado argentino. La Junta Ejecutiva del Plan estaba presidida por la subsecretaria Borzone y conformada por los actores mencionados, pero, por medio del artículo 3, a ésta lista se agregaba un conjunto de entidades pertenecientes al mundo católico: al laicado y al episcopado. Franklin Obarrio310 por el Movimiento Familiar Cristiano (MFC); el arq. Aurelio Rafael Vargas, los abogados José M. Boselli y Francisco Gil Roura por la Liga de Padres de Familia; Liva M. Chamorro de Castillo por el Ejército de Salvación; Roberto Bonnani por el Instituto de Asistencia, Promoción e Investigación Familiar; Oscar Schiariti por la Liga Pro Comportamiento Humano; Lidya B. R. de Magaldi por el Consejo de Coordinaciones de Obras Privadas de Bienestar Social; Lidia Traverso de Bocci por la Liga de Madres de Familia; Jorge di Gennaro, por Caritas Buenos Aires; Mario Zabala por la Confederación Argentina de Uniones de Padres de Familia; Enrique Fabbri por el Centro de Investigación y Acción Social 311; el arquitecto Carlos Alberto Sabatté por la Junta 308 Abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la UBA. En la administración pública nacional ocupó los cargos de asesor letrado del Consejo Nacional de Protección de Menores, de la Dirección Nacional de la Minoridad y la Familia (1963-66 y 1966-71), Coordinadora del área de asesoría e investigación jurídica de la Secretaria del Menor y la Familia (1973-1974 y 1976-77) hasta su acceso a la Dirección Nacional de los Servicios del Menor y la Familia (1977). 309 Beatriz Balián de Tagtachian es Licenciada (1972) y Doctora en Sociología (1996) por la Universidad Católica Argentina. Después de su gestión en el MBS fue Directora del Departamento de Sociología de la UCA (1981), Directora Académica de la Fundación Pérez Companc (1993-1994), Vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la UCA (1999-2001) y desde el 2009 se desempeña como Vicerrectora de Asuntos Académicos de la misma universidad. En el año 2010 fue incorporada por la Academia Nacional de Educación como miembro de número. 310 Abogado de la UBA, militante del Partido Demócrata Cristiano hasta 1966. Desde entonces tuvo una intensa actuación en la Pastoral Juvenil y luego presidió con su esposa el Movimiento Familiar Cristiano de Buenos Aires. En el periodo 1981-1987 fue presidente de la comisión de Justicia y Paz instituida por el Episcopado Argentino. Desde 1965 hasta la actualidad ejerce la profesión de abogado en el campo del derecho civil y empresario. Abogado ante el tribunal eclesiástico. Tuvo actuación en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal http://www.e-contexto.com.ar/archivos/autores/index.php?id=25. 311 El Centro de Población y Familia dependía del Centro de Investigación y Acción Social de carácter jesuita. 244 Argentina de la Acción Católica. A este conjunto de entidades católicas se agregaba el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la Secretaría de Estado de Educación, la Secretaría de Información Pública, el Comité Argentino para la educación de la Población y la Sociedad Argentina de Pediatría. Luego, por medio de la resolución 502, se incorporó a otras “entidades de bien público” como el Consejo Argentino de Alcoholismo, la Obra de Protección a la Joven, la Obra de Protección al Menor, la Federación Salesiana de Padres de Familia, la Secretaria de Estado de Seguridad Social presidida por S. de Estrada, el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, la Asociación de Rectores de Enseñanza Privada y la Federación Argentina de Mujeres Universitarias (MBS, Boletín semanal, nº 94-95, 10-7-1978/17-7-1978; nº 90, 12/6/1978). A diferencia de las políticas sociales concretas destinadas a la familia del MBS, el Plan de Promoción Familiar revestía un carácter centralmente programático e ideológico que los funcionarios también consideraban pedagógico y educativo en el que se encuadraban todas las iniciativas. La Secretaría del Menor y la Familia, como ninguna otra dependencia del MBS, como vemos, sellaba de manera explícita y contundente la relación entre el mundo católico y el Estado, mucho más allá de las filiaciones religiosas de los funcionarios. Estos planes otorgaban un sentido programático a toda la labor ministerial relacionada con las políticas hacia la familia que, a su vez, atravesaban a casi todas las Secretarías. El ministro Bardi reafirmaba el propósito del plan de “preservar los valores esenciales para el desarrollo individual y social de los núcleos familiares”, en un contexto en que “una ideología intrínsecamente perversa busca un medio más de conquistarnos y esclavizarnos, en espíritu y cuerpo”. Sin embargo, en la Argentina, según el funcionario, “la familia es algo presente y vigoroso, donde se anidan reservas capaces de rechazar las afecciones que producen deformidad social” (MBS, Boletin semanal nº 90, 12/6/1978). Entonces, en un marco en que se dio una fuerte confluencia ideológica entre la Iglesia, el laicado católico y los funcionarios estatales alrededor del diagnóstico sobre el problema de la familia argentina, como vemos, los principales actores del campo católico ligados a esta área de problemas fueron incorporados en las acciones estatales que promovieron la difusión de la importancia del núcleo familiar en los términos que los fuimos describiendo. Es decir, en el plano “espiritual”, la dictadura, a partir de la SMyF, comenzó a realizar su tarea. Las demandas “materiales” insatisfechas de las familias, en el sentido que sí reclamaban intervención los católicos comenzaron a satisfacerse por medio de las asignaciones familiares gestionadas por el Estado, desde la secretaría de Seguridad Social, como analizaremos en futuros trabajos. 245 Reflexiones finales En este trabajo observamos que los actores ligados al campo de políticas sobre la familia durante la última dictadura provenían del “mundo católico”. Los funcionarios estatales principales (como Varela, de Estrada y también Borzone), por lo general, eran abogados recibidos en la UBA, algunos pertenecían a familias tradicionales y católicas, y todos ellos habían desempeñado cargos en la dictadura anterior en las mismas áreas. Aún así, lo que también intentamos mostrar en este primer trabajo sobre la problemática es que el MBS intentó delegar en diferentes actores de la jerarquía eclesiástica y del laicado católico una serie de acciones relacionadas con la difusión de la importancia de la familia nuclear. Esto, por un lado, respondía a la necesidad de contrarrestar el avance del difuso y amplio “enemigo subversivo” en la trama social y el consecuente peligro de “destrucción de la familia” que era un diagnóstico con el que la Iglesia y el laicado venían actuando desde años anteriores. El “Plan matrimonio y familia” del Episcopado, por ejemplo, impulsado en 1975 y prolongado a lo largo de la dictadura, contenía una plataforma de ideas, actores y actividades que prácticamente fue incorporada como un programa a seguir por el MBS en esa materia. En este sentido, afirmamos que los límites entre la agencia estatal y la sociedad civil (encarnada en los católicos) se tornaban difusos en esta área. El contenido ideológico del propósito del restablecimiento de la familia nuclear frente a la “crisis moral” de los años sesenta y setenta se superpuso, como decíamos al principio, con la fortaleza que adquirió durante la última dictadura el concepto socialcristiano de “subsidiariedad”, por el cual, tanto los niveles estatales provincial y municipal, como las entidades de la sociedad civil debían encargarse de resolver distintas cuestiones por sí mismas. De esta manera, distintos grupos que realizaban acciones, por lo menos desde mediados del siglo XX, se hicieron cargo de las acciones promovidas por el MBS. Desde este estudio de caso, entonces, nos propusimos reflexionar sobre esta doble problemática: la participación católica en las iniciativas del MBS y la forma en que ese nexo nos lleva a cuestionar la existencia de límites claros entre el programa de la agencia estatal y el de la Iglesia católica frente al problema de la familia. 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En el contexto de un país donde a lo largo de esa mitad del siglo siete millones de personas cambiaron su lugar de residencia en un ciclo de migraciones internas, las nuevas provincias del sur tenían mucho que ofrecer. 312 A las nuevas generaciones de profesionales -marcados por las profundas transformaciones de la ciencia y la técnica propias del clima de época- el sur argentino les resultaba un escenario muy estimulante.313 Un exitoso desarrollismo genérico que trataba de romper adentro y afuera del país la lógica centro-periferia, dio aire fresco a los distritos del sur argentino.314 El intento de desmontar el modelo agro-exportador y de erigir en su lugar un complejo industrial diversificado, impulsó la búsqueda de fuentes energéticas acordes con esta nueva meta. Una economía que, hasta allí, había mirado “hacia fuera” mostró un creciente interés por crea “polos de crecimiento”, que irradiarían su influencia al conjunto nacional.315 Toda esta nueva sintonía ideológica, que valorizaba el papel planificador del Estado, tuvo a Neuquén como un escenario privilegiado. El recién nacido Movimiento Popular Neuquino, montado en la difícil dinámica de la proscripción del peronismo, encontró una verdadera zona prometida en aquella apuesta planificadora. 316 Se concibió así un estado que “planificó la distribución del ingreso expandiendo e incorporando una sociedad en permanente cambio”.317 Nuevas instituciones vendrían a dar carnadura a estos ambiciosos objetivos, instalando en la 312 PERREN, Joaquín, (2012), p. 6. Para el contexto más amplio del país en transformación, VAPÑARSKY, César (1995); LATTES, Alfredo, (2007), p. 11-46. 313 VELAZQUEZ, Guillermo y MORINA, Guillermo, (1996), p. 551. 314 ALTAMIRANO, Carlos, (2001), p. 54-58. 315 AROSKIND, Ricardo, (2003), pp. 85-87; GIRBAL BLANCHA, Noemí (2004), p. 128; KATZ, Jorge, (1967), pp. 59-76. 316 Como dice Atilio Borón, lo que en los tempranos sesenta se presentaba como una seductora posibilidad, en las dos décadas siguientes se convertiría en un laboratorio donde se ensayaron un conjunto de políticas con ciertas reminiscencias keynesianas, BORON, Atilio, (1997), p. 11. 317 ARIAS BUCCIARELLI; Mario, (1997), p. 51-52. Para una discusión sobre el carácter o no de neoperonismo del Movimiento Popular Neuquino, que excede el propósito de este trabajo, léase FAVARO, Orienta, (1995), p. 8 y el dossier donde se encuentra sumado este artículo en http://historiapolitica.com/dossiers/movimientopopularneuquino. 250 provincia una suerte de laboratorio desarrollista.318 La apuesta, por otro lado, era acuciante en una provincia que mostraba el nuevo rostro de un territorio nacional vetusto.319 Las condiciones de vida revelaban una evidente falta de avance en indicadores básicos que hacían necesaria –más allá de deseable- la visibilidad de la mano del Estado. Muchos jóvenes encontrarían entonces, vis a vis, un lugar donde desplegar una labor profesional imbuida de compromiso político. Todo muy a tono en épocas del juego imposible en el país y de la dinámica de izquierdas latinoamericanas tan a tono con la Guerra Fría, el socialismo cubano y la teología de la liberación.320 En este marco no debería asombrarnos que Antonio Del Vas, un joven médico recibido de una Universidad de Buenos Aires en permanente convulsión, encontrara en la provincia un terreno fértil. Campo pródigo para el despliegue de una carrera profesional exitosa y veloz tanto como para madurar una amplia labor en política. Del Vas, cirujano formado en el Hospital Durand en momentos donde este era señero en la Atención Primaria de la Salud, terminaría a los 26 años de director del Hospital de Cutral Có –ciudad donde se libraba una de las batallas más caras al desarrollismo, la del Hidrocarburo- y a los 30 Ministro de Bienestar Social de la Provincia. Tal lo narraban otros médicos que tomaron parte del mismo momento: “Todo estaba por hacerse y nadie podía sustraerse de un rol protagónico. Era un Neuquén que se abría a la modernidad al ritmo de su flamante autonomía política. Alberto advirtió de inmediato la situación y, hombre de formación política como era, junto con su tarea de médico comenzó a frecuentar a los líderes de la provincia de la época”. 321 Así como tampoco deberíamos llamarnos a sorpresa que esa misma persona se casara con su compañera de militancia en una capilla de Villa La Angostura durante una ceremonia oficiada por un jesuita que aprovecharía el momento para hacer un discurso con un fuerte tono social bien propio del tercermundismo.322 Y hasta el hecho que luego bautizara a sus hijos con nombres como 318 BLANCO, Graciela, (1999), p. 6-7. PERREN; Jaquín, (2012), p. 31. 320 JAMES, Daniel, (2007). 321 PELLIN, Osvaldo y LORES Horacio, (2008). 322 Hay autores que insertan la figura de Del Vas como Ministro de Bienestar de la provincia “en una línea de la Iglesia católica nacional que buscaba una superación de los paradigmas excluyentes de la Justicia y Libertad, a través del concepto de Desarrollo, y por lo tanto en sintonía con el pensamiento desarrollista cristiano vigente”. LENTON, Diana, (2010), p. 95. 319 251 Aluminé y Pehuén.323 Tampoco sería del todo extraño que debiera exiliarse en los años de la última dictadura militar. En realidad cualquiera de estas postales impresionistas –que tenemos claro que a lo sumo nos cuentan de una biografía tal vez un poco más excepcional- se enmarcaron en un proceso más amplio de constitución de carreras profesionales vinculadas a estos jóvenes estados provinciales, que quisiéramos aprehender desde una lógica amplia que supere el mero recorrido personal. En el caso de Del Vas esto es doblemente interesante por su papel de referente (parte de los “padres fundadores”) de un Plan de Salud innovador que se aplicó por aquellos años. Muchos textos ya nos han advertido sobre la necesidad de ponerle rostro a las agencias estatales para comprenderlas en su despliegue técnico, político y hasta retórico. 324 Poner en análisis la carrera de un agente estatal –de nuevo, más o menos destacada- puede decirnos mucho sobre la dinámica de aquella. En especial los momentos fundacionales como el que le tocó atravesar a Del Vas pueden ser interesantes en la medida que la acción individual está mucho menos condicionada por la inercia institucional presente en otras administraciones seculares. Entre el diseño de un plan y su puesta en funcionamiento las mediaciones si bien no estaban ausentes, podían ser mucho menores. Del cruce entre Estado y agentes sale el ejercicio que proponemos en esta ponencia: poder tomar el rostro de uno de los tantos médicos que llegaron a hacer su propia América al sur del paralelo 42 para construir un fresco de una de las apuestas a un cambio de las políticas públicas sanitarias que tuvo el país. La trayectoria de Del Vas frente a lo que significó el Plan de Salud de Neuquén resulta de una excepcional normalidad, tan en sintonía con el período y el espacio elegido. 2. El escenario: Neuquén y el MPN, nuevas ideas para viejos territorios. La provincialización del territorio de Neuquén, efectivizada en 1958, fue un laboratorio ideal para probar el recetario desarrollista. En la joven provincia, que se incorporaba al sistema político luego de casi ochenta años como territorio nacional, se pusieron en marcha una serie de estrategias orientadas a generar un desarrollo en visión cercana a la CEPAL. Comenzaba por entonces a ganar espacio en la agenda del gobierno de Frondizi la necesidad de promocionar determinadas regiones estratégicas como medio para dinamizar al conjunto del país. La creación del Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) y el auge de las regiones como instrumentos de planificación fueron quizás 323 CHAVEZ, Vicki, (2012). “Personalizar a las instituciones”, dicen como opción metodológica explícita Bohoslavsky y Soprano. BOHOSLAVSKY, Ernesto y SOPRANO, Germán, (2010), pp. 9-55. 324 252 los elementos más evidentes de este norte programático. La “región Comahue”, como se conoció a la franja septentrional de la Patagonia, comenzó a ser objeto de numerosos estudios técnicos y de proyectos de cierta envergadura. La aprobación de un complejo hidroeléctrico sobre los ríos Neuquén y Limay, donde se erigiría lo que la prensa de la época dio a conocer como el “Assuan Argentino”, y el tendido de un gasoducto entre Challacó y Puerto Rosales son claras muestras de las expectativas que despertaba la provincia de Neuquén en el concierto nacional. Pero no se trataba sólo de un proyecto diseñado en alguna de las oficinas del gobierno nacional. Con la sanción de la Constitución provincial de 1957, Neuquén se sumaba a un clima de ideas sintonizado en una frecuencia desarrollista. En su Carta Magna se trazaron las líneas más gruesas de un régimen económico que redimensionaba el accionar oficial. Se entendía que sin la presencia pública era muy difícil que la nueva jurisdicción pudiera escapar de una situación de extrema precariedad. De ahí la relevancia de construir un Estado que, siguiendo el mismo texto constitucional, defendiera las riquezas esenciales de la provincia, impulsara el desarrollo y diera soluciones inmediatas en áreas tan sensibles como salud, educación y vivienda. Un buen ejemplo de esa vocación planificadora, que impregnó a la Convención Constituyente de 1957, fue la creación del Consejo Provincial de Sanidad, un organismo que debía delimitar las grandes avenidas por donde circularía la asistencia sanitaria. Estas líneas maestras fueron llevadas a la práctica por la primera gestión provincial, que abarcó el periodo comprendido entre 1958 y 1962. En contexto político signado por una democracia restringida, en la que el peronismo estaba proscripto, llegó a la gobernación la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI). Primero con Jorge Edelman como gobernador y luego con Alfredo Asmar ocupando la primera magistratura, aquella fuerza política retomó el vocabulario que el desarrollismo había llevado a los primeros planos; cuestión que queda a la vista echando un vistazo a los dos ejes que orientaron la acción gubernamental, a saber: la creación una infraestructura básica y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.325 Claro que el lenguaje desarrollista no fue un patrimonio exclusivo de la UCRI. En el marco de su conformación, con las particularidades que señalamos, el MPN encontró en la apuesta al desarrollo integral de una provincia atrasada uno de sus principales patrimonios. El discurso enunciado en 1962 por Felipe Sapag, líder del recién fundado Movimiento Popular Neuquino, 325 BLANCO, Graciela, (1999), p. 16. 253 pocos días antes de las elecciones de ese año, lo mostraba con claridad. En esa oportunidad declaraba que los objetivos del nuevo partido apuntaban a: “la solución de los grandes problemas, que permitan y liberen el desarrollo económico-social de la provincia y tiene como objetivo fundamental, la felicidad del pueblo y la grandeza de Neuquén y la Patria (…) Aspira a elevar el nivel moral y material de la clase trabajadora a la que se pretende llevar por los carriles de la sumisión y la miseria”.326 Sobre la base de un discurso que combinaba en dosis equilibradas la retórica desarrollista, una arenga a favor de la distribución de la riqueza y un federalismo militante, el MPN se impuso por el 62 % de los votos y accedió al gobierno el 12 de octubre de 1963. En ese núcleo fundador se había insertado Ante la Legislatura, el flamante gobernador describía, no sin dramatismo, que la joven provincia patagónica vivía “una triste realidad de miseria, ignorancia, enfermedad y hambre”. Sin embargo, para Felipe Sapag, ese desolador panorama podía ser transformado, pues se disponía de “recursos extraordinarios que esperan una acción planificada que trastoque el cuadro de miseria e ignorancia en otro que impulse la economía y eleve el nivel de vida”. En lo que respecta a la problemática de la salud pública afirmaba enfáticamente que “la protección sanitaria debe llegar hasta el último rincón de la provincia” y que para ello era necesario “dotar a los centros asistenciales fijos y crear una asistencia ambulatoria que proteja la población y en especial a la niñez”.327 Pero si los discursos de Sapag encontraron una calurosa recepción en la sociedad neuquina, esto se debía a que reflejaban una penosa realidad que se hacía especialmente grave en el terreno sanitario. Puede que algunas cifras nos brinden algunas pistas sobre un panorama que era todo menos halagüeño. La provincia, de acuerdo al Censo Nacional de 1960, contaba con cerca de 110.000 habitantes. En este marco poblacional, la cantidad de recursos humanos contemplados en el sistema de salud era exigua. El total de médicos existente en la provincia tan sólo era de 35, lo que equivalía a un facultativo cada 3.000 personas. Un panorama no muy diferente se observa en la distribución de camas, que a nivel provincial rondaba las 20 cada 10.000 personas. En lo que se 326 327 CASTILLO, Enrique, (2005), pp. 312-315. SAPAG, Felipe, (1994), pp. 20-24 254 refiere a cantidad de establecimientos, el cuadro era igual de sombrío: los nosocomios que brindaban servicio de internación no alcanzaban a uno cada 10.000 personas en toda la provincia; mientras que los establecimientos sin internación, base de la atención primaria de la salud, tan solo alcanzaba a uno cada 25.000 habitantes. Esta estructura sanitaria, precaria como era, no pudo hacer frente a las necesidades de una población escasa pero muy dispersa geográficamente. Las limitaciones de este sistema de salud se reflejan, por ejemplo, en la esperanza de vida al nacer, que apenas alcanzaba los 47 años. En gran medida esto se explicaba por la elevada mortalidad infantil que registraba la provincia. En 1960, dicha tasa era, con una tasa de 117,9 por mil, una de las más altas del país, aunque presentaba importantes variaciones regionales. La zona I, área que albergaba al Hospital Regional, al igual que la II, con cabecera en Zapala, presentaban índices levemente inferiores a la media (110, 6 por mil y 115,8 por mil respectivamente). Las zonas III y IV, por su parte, exhibían cifras bastante superiores al promedio: la primera de ellas, que abarcaba el norte provincia, presentaba una tasa de 126,9 por mil; mientras que la segunda, en el sur neuquino, mostraba un preocupante 134,1 por mil. Frente a esta situación, el gobierno que Felipe Sapag encabezó entre 1963 y 1966 desarrolló una serie de políticas con las que pretendía responder a las problemáticas sanitarias de la provincia. En materia de recursos humanos, mediante el nombramiento de profesionales en el subsistema público, el gobierno provincial pretendía poner “todos los esfuerzos y recursos para revertir esta pavorosa carencia de protección sanitaria.” 328 De esta manera, se concretó un destacado crecimiento de los planteles médicos: si en 1960 había tan solo 24, para 1966 su cifra llegaría a 133. No menos relevante era, a estos efectos, la incorporación de otros especialistas, en particular en las áreas de bioquímica, obstetricia y enfermería. En cuanto a la infraestructura, el gobierno realizó una importante inversión en la construcción de instalaciones sanitarias en diferentes puntos de la provincia. Pero a pesar de estos avances, Sapag reconocía que los desafíos eran de una magnitud tal que no podrían resolverse en el corto plazo: “Este empeño en las acciones para la salud de la población es de tal magnitud, que para cubrir las necesidades de la población podemos decir que estamos en el inicio de un 328 SAPAG, Felipe, (1994), pp. 109-116. 255 largo camino. Falta infraestructura, carecemos de profesionales y enfermeras, no tenemos organización, faltan datos estadísticos”.329 En esa misma reunión, Sapag ordenó a su ministro de Bienestar Social que, junto al Consejo de Planificación, “proyecten, estudien y comparen con otras jurisdicciones las medidas que permitan acelerar esta urgente necesidad de proteger la salud de la comunidad en general”. En la expectativa del gobernador ese proyecto debía formalizarse antes de mediados de ese año. Sin embargo, en lugar de las definiciones concretas reclamadas por Sapag, poco tiempo después llegaría el golpe militar de la “Revolución Argentina”, truncando la formulación de aquel proyecto sanitario Con el desplazamiento de Felipe Sapag de la gobernación neuquina se cerró este primer ciclo. De todos modos, vale detenerse un poco en el ciclo abierto con el Onganiato, dado que allí maduraron muchas de las ideas sobre universalismo de la salud que luego se aplicarían al caso neuquino. 3. La Revolución Argentina. Dos tipos de políticas sanitarias en colisión El Onganiato, ese régimen que abarcó el periodo comprendido entre 1966 y 1970, veía a la salud como un instrumento clave en su pedagogía eficientista. Como demuestran las propias palabras del nuevo presidente, el General Juan Carlos Onganía, en la primera Reunión Nacional de autoridades de Salud Pública, “la Revolución Argentina hubiera perdido coherencia fundamental si no hubiera dado a la educación y a la salud la trascendencia que ha sido suscripta en su primera orientación”.330 Los funcionarios que mejor interpretaron esta apuesta fueron el Secretario de Salud Pública, Ezequiel Holmberg, y su subsecretario, Alberto Mondet, ambos del Ministerio de Bienestar Social de la Nación. Ellos sintetizaron el espíritu modernizante de ciertos sectores del Onganiato y completaron un andamiaje teórico-metodológico cuyas bases habían sido levantadas durante el gobierno de Illia. Para interpretar el enfoque propugnado por Holmberg y Mondet, puede servir leer con atención las conclusiones de la Segunda Reunión Nacional de Autoridades de Salud Pública, 329 330 Ibídem, pp. 94-95. Ibídem. 256 convocada en diciembre de 1967.331 En ese documento la atención médica integrada era definida como el sistema de prácticas técnicas, consistentemente articuladas, mediatizadas por los servicios de salud en la comunidad a la cual servirían. El objetivo de la misma era “prevenir, promover, proteger, recuperar y rehabilitar la salud física y mental de las personas”.332 Dichos servicios se efectivizarían en “áreas homogéneas”, previamente definidas, gracias a las cuales se lograría “una consecuente racionalización de los esquemas operativos; la incorporación de una nomenclatura uniforme y un sistema escalonado de servicios; la elaboración de programas de capacitación continua de personal, rotación periódica del mismo, estímulo al trabajo en equipo, retribuciones actualizadas y dotaciones con número suficiente de personal de tiempo completo”.333 Esta postura estatista dejó su huella en las políticas sanitarias de la joven provincia de Neuquén. Para sostener esta idea solo basta con revisar el informe presentado por las autoridades en la “Primera Reunión de Ministros de Salud de la Región Comahue”, celebrada en Santa Rosa (La Pampa) hacia mediados de 1967. En esa ocasión, la comitiva neuquina reconocía que existía “mora en aplicar elementos de organización más oportunos que permitan usar más equitativamente del progreso” 334 . Esta falta de criterio a la hora de administrar el sistema redundaba en una mala distribución de los establecimientos en la geografía provincial, en la falta de normas y estándares en la planificación de los servicios, en la duplicación innecesaria de tareas y en la ausencia de participación pública en los programas de salud335. Como solución a este conjunto de problemas quienes estaban a cargo del Ministerio de Asuntos Sociales proponían una “regionalización sanitaria, puesta en práctica ya por las autoridades de diversos países”336. En términos concretos, esta nueva orientación implicaba ubicar a la mayoría de los servicios de un área bajo la misma cabeza administrativa, en vez de “seguir la actual división de las actividades de salud pública por grandes funciones (lucha anti-tuberculosa, materno-infantil, etc.)” 337 . El resultado de esta reforma conduciría a un “sistema coordinado y ordenado en el cual todas las 331 MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL. SECRETARÍA DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA, ( 1970), pp. 33-51. 332 Ibídem. 333 BELMARTINO, Susana y BLOCH, Carlos, (1994), pp. 42-45. 334 MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES, (1967), p. 1. 335 Ibídem, pp. 1-2. 336 Ibídem, p. 2. 337 Ibídem, p. 2. 257 instituciones asistenciales se convertirían en miembros de un conjunto cuidadosamente articulado”338. Esta serie de recomendaciones, que iban en línea con las directrices establecidas por el Ministerio de Bienestar Social de la Nación, tuvieron un fuerte impacto en el hospital neuquino. Después de todo, el nuevo sistema, que debía reemplazar al que había predominado en la etapa territoriana, tendría en su cúspide a un Hospital Regional, que estaría dotado de todos los elementos técnicos y humanos. Esta manifiesta voluntad de jerarquizar al antiguo “Hospital Rural de Neuquén” se observa en aspectos edilicios, como la construcción en 1968 de un quirófano que terminó uniendo las instalaciones originales del nosocomio con la sala de internación, pero también en su creciente complejidad institucional339. Sobre esto último, no podemos dejar de mencionar la creación, en 1967, de dos nuevos servicios regionales, uno de neurocirugía340 y el otro de cirugía toráxica341, que evitaba la necesidad de trasladar a enfermos especializados a la Capital Federal con todos los gastos y riesgos para la salud que ello traía acarreado. Claro que esta apuesta universalista y estatalista, observable tanto a nivel nacional como provincial, podía entrar en colisión con las tendencias corporativistas que también existían en el Onganiato. Los críticos al proyecto de Holmberg y Mondet imaginaban un sistema sanitario cuyo pívot serían las organizaciones sindicales. Esta concepción, contraria a los principios que regían la Secretaría de Salud, fue madurando conforme se hacían visibles los conflictos sociales y los límites del shock autoritario del Régimen. La premisa defendida por este grupo se relacionaba con la imposibilidad de que el Estado pudiera controlar en su totalidad la salud pública, puesto que se creía que no había fuerza y recursos posibles para lograrlo. En su lugar, los opositores a Holmberg y Mondet, dueños de un posicionamiento cercano a la social-cristianismo, plantearon con vigor una estrategia sanitaria que suponía la cooptación de las organizaciones sindicales como su eje central. Resultado de este embate fue la sanción de la ley 18.610/70. La misma generalizó el sistema de obras sociales para toda la población en relación de dependencia, “conservando la heterogeneidad de origen de las instituciones financiadoras y la consiguiente diferenciación de su capacidad para dar respuesta a las necesidades de sus beneficiarios”.342 Esta normativa volvió muy dificultosa la implementación de niveles de complejidad creciente, la prestación del servicio y la determinación 338 339 340 341 342 Ibídem, p. 2. AHPN, Caja Salud Publica, “Historia del Hospital Dr. Castro Rendon de Neuquén”, p. 1. Honorable Legislatura de la Provincia de Neuquén (HLPN), Decretos 1529/67, pp. 1-2. HLPN, Decretos 1597/67, pp. 1-2. BELMARTINO, Susana, (2002), pp. 8-9 258 de zonificaciones. El modelo eficientista a nivel nacional agonizaba y daba paso a uno que funcionaba en clave corporativa. Veremos sin embargo que en Neuquén este proceso no se tradujo de forma tan clara y evidente si seguimos a la propia figura de del Vas como constructor del Plan de Salud. A contramano del viraje “corporativista” que habían tomado las políticas sanitarias en el país con la caída en desgracia de la tecnocracia autoritaria, Neuquén resultó a partir de la labor de Del Vas en el Estado un caso de universalismo tardío. 4. “Todo bípedo que se presente debe ser atendido”. El Plan de Salud 1970 fue un año crucial en la provincia: los procesos políticos a nivel nacional y provincial habían marcado un cambio de ritmo que habían reinstalado la figura de Felipe Sapag y el ejército de técnicos que traía consigo. Allí encontramos la incorporación definitiva de Del Vas a este esquema plaificador. “Recién llegado” a Cutral Có, ciudad donde Felipe Sapag había comenzado su carrera política como Intendente, el joven médico se insertó con su arsenal de conceptos nuevos en el esquema de Felipe Sapag, quien aparecía de nuevo con opciones de acceso al poder provincial. En enero la prensa local informaba que Rosauer, gobernador Federal Interventor de la provincia, había elevado su renuncia y que la misma sería aceptada por Onganía. Este, no casualmente, disfrutaba en febrero de unos días de descanso en el Messidor, residencia oficial del gobernador en Villa La Angostura. Durante su estadía y ya conocida la renuncia de Rosauer, se inicia el “operativo” de recambio del gobierno provincial. En busca de diálogo con las “fuerzas vivas” de la sociedad neuquina, Onganía identificó en Sapag el mejor representante de aquellas, entendiendo que éste último detentaba un “liderazgo natural” en la provincia. De esta manera, se daba un resultado paradójico: el gobernador que en 1966 había sido depuesto por la Revolución Argentina, era designado por ésta para tomar el mismo cargo a partir de 1970. Aunque no estuvo exenta de polémicas, sobre todo de los partidarios locales de la “Revolución Argentina” que sentían la designación de Sapag como un desaire, la decisión de Onganía permitió al MPN volver a tomar las riendas del Estado provincial. Desde 1970 a 1973, el gobierno de Sapag desarrolló una serie de medidas que le permitieron consolidar una estructura partidaria y un firme liderazgo, que posteriormente se convertirían en importantes ventajas de cara a una futura salida electoral. Entre esas iniciativas se 259 destacaban algunas como la inauguración del aeropuerto internacional del Neuquén y la creación de la Universidad Nacional del Comahue.343 Sin embargo, en particular, una de esas medidas terminaría convirtiéndose en un emblema de las políticas de bienestar impulsadas por el MPN bajo el liderazgo de Sapag. Nos referimos, claro al Plan de Salud. A tal fin nombraría a Del Vas como Ministro de Bienestar, para que liderara un proceso de transformación de las condiciones sanitarias provinciales. Aquel, haciendo caso omiso de la lógica corporativista que primaba en esos años en la salud pública nacional, aclaraba en declaraciones como Ministro que una provincia con deficiencias como Neuquén necesitaba quedarse todavía con las miradas universalistas. “Todo bípedo que se presente debe ser atendido” era la lógica que primaba en la mirada de aquel, formulador del proyecto.344 Desde su lugar estratégico, Del Vas se presentaría así como referencia política e intelectual para el desembarco de una serie de técnicos formados en las distintas agencias que daban marco a estos cambios de la salud pública. Llegaron así sanitaristas de distintos centros del país que dieron forma a un documento presentado en ese mismo año y que describía el programa de acción para el sector salud que debía desarrollarse en el marco de un plan integral. 5. El Riñón de una trayectoria: El Plan de Salud Los objetivos y estrategias planteados en el documento que conformó Del Vas con estos nuevos técnicos, serían conocidos más popularmente con el nombre de “Plan de Salud”. En la introducción de aquel informe, Del Vas destacaba que desde la asunción del nuevo gobierno, en marzo de 1970, el doctor Néstor Perrone había sido designado Director General de Salud, mientras que en la Dirección Materno Infantil, se había colocado a la doctora Elsa Moreno. A estos dos facultativos el ministro había encargado la elaboración, en un plazo de noventa días, de un plan de salud para revertir en el menor tiempo posible los altos índices “de enfermedades como la hidatidosis, la brucelosis, desnutrición, bocio y tuberculosis, especialmente en las agrupaciones indígenas, con altísimos índices de 343 344 SAPAG, Felipe, (1994), pp. 130, 137, 164, 168, 172 y 186. PELLIN Osvaldo y LORES, HORACIO, (2008). 260 mortalidad infantil y otros padecimientos que provoca la pobreza, especialmente en el interior provincial”.345 El objetivo aparecía tanto más urgente cuanto que la situación sanitaria que exhibía la provincia en 1970, se mostraba preocupantemente similar a la de 1960. En efecto, si en 1960 la esperanza de vida era de 47 años, una década después apenas llegaba a los 54 años. Las continuidades son aun más evidentes en el caso de la mortalidad infantil que en 1960 era de 117 por mil y diez años después mostraba un preocupante 108 por mil.346 Pese al crecimiento del número de médicos registrados en subsistema público (de 24 a 90 entre 1960 y 1970), la prestación de servicios en el sector seguía presentando problemas. En particular era notoria la debilidad en materia de atención primaria de la salud. Los once establecimientos sin internación existentes en 1970, que correspondían a los niveles de complejidad más básicos, representaban una proporción de tan solo uno cada 14.052 habitantes. En un escenario como el neuquino, con un subsistema privado que aun no contaba con la escala adecuada para complejizar sus prestaciones, el reforzamiento de la salud pública era la única estrategia capaz de revertir el delicado cuadro sanitario.347 Pero para que esas intervenciones fueran exitosas debían identificarse áreas de atención prioritaria. En este sentido, aunque se 345 GOROSITO, Jorge y HELLER, Horacio (1993), p. 83. Los relatos en clave mítica se multiplican sobre este momento fundante del Plan y la decisión política que este traía aparejado: “A veces a pie, otra en caballo, salíamos a vacunar, catastrar, registrar y educar, rancho por rancho. (…) En esa época, Neuquén registraba el mayor índice de mortalidad infantil del país, con un promedio que superaba los 120 por mil. El gobierno del MPN, con Felipe Sapag a la cabeza, habían decidido no solo combatirla, sino erradicarla”, VACA NARVAJA, Gustavo, (2013). 347 Sin que esta tensión haya del todo ausente en Neuquén. Fue uma línea que com facilidade la detectamos en 1970, cuando fue promulgada la Ley 611. La misma implicaba la creación del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), integrado por la Caja de Previsión Social de la Provincia, surgida por la Ley N° 178 y la Obra Médico Asistencial de la Administración, creada por la Ley N° 42. El ISSN se constituye en el continuador jurídico de las mismas y sus funciones estarán destinadas a realizar en todo el territorio de la Provincia los fines del Estado en materia de Previsión y Seguridad Social. Esto significó la confluencia de los aportes y contribuciones previsionales con los destinados a la obra social, estableciendo los fundamentos de un esquema que, dada la escasa cantidad de jubilados de la administración, garantizaría la permanencia del ISSN. A la nueva institución, el Estado neuquino delegaba las funciones de previsión y seguridad social que hasta esa fecha habían estado bajo su control. En una provincia donde la actividad estatal adquiría una presencia decisiva en la conformación de la sociedad, el diseño de un servicio de salud con prestaciones privadas para la totalidad de la administración pública, tanto provincial como municipal, tendría importantes consecuencias en el futuro. La normativa, que definía al ISSN como una obra social abierta y arancelada, reconocía a los afiliados el “derecho a la libre elección de los profesionales de las ciencias médicas” y estos últimos la “percepción de aranceles que se establezcan por retribución de los servicios que se presten o con los importes que se determinen”. A partir de estos fundamentos se iniciaría un largo proceso de gestación de vínculos entre el Estado como agente de financiación y el sector privado, por intermedio de la obra social provincial. Esa trama de relaciones se potenciaría en las décadas siguientes, alcanzando su máxima expresión a partir de mediados de los años noventa. Ley N° 611/70, art. 96 y 98. 346 261 buscaba ampliar la capacidad de respuesta a la demanda espontánea en general, se puso un especial énfasis en lo que respecta a maternidad y niñez. A esta orientación se agregaban otras más generales, pero no menos importantes, tales como planes masivos de vacunación, asistencia alimentaria a grupos en situación de deficiencia nutricional, control de la tuberculosis y atención odontológica a los alumnos en establecimientos escolares. Pero si había un aspecto que resultaba crucial en el “Plan de Salud” era la importancia asignada a la educación sanitaria, con la que se perseguía que la comunidad tomara conciencia de diferentes prácticas preventivas. En definitiva, la acción del subsistema público debía dejar de ser meramente reparadora, para transformarse en una atención médica integral, que “no sólo cure enfermos sino que también se promueva la salud, se prevengan enfermedades, se proteja, se eduque y se rehabilite”.348 En la mirada de las autoridades del Ministerio de Bienestar Social, estos objetivos sólo podían alcanzarse mediante el diseño de una nueva estructura organizativa para el subsistema público. De esta forma, el ministro Del Vas explicaba en la presentación de su informe que el sector se estructuraría en tres niveles –central, zonal y local-, basándose en el principio de la regionalización de las prestaciones. Esto implicaba la delimitación de cuatro zonas sanitarias que cubrían el territorio provincial y que estarían en la órbita de la Dirección General de Salud, cuyas políticas eran diseñadas a partir de cuatro áreas diferentes (atención médica, saneamiento ambiental, servicios técnicos generales, y administración).349 En el mismo sentido, la necesidad de contar con un control más estrecho sobre los distintos establecimientos del subsistema público, llevó al año siguiente a elevar el rango de aquella dirección, dando lugar a la creación a la Subsecretaría de Salud, al frente de la cual se nombró a Néstor Perrone. Al interior de la misma, además de las direcciones, emergería una instancia intermedia constituida por los jefes zonales y los directores de hospitales, quienes participarían en la formulación de los programas de equipamientos y en la determinación de las necesidades que van surgiendo en cada zona sanitaria. De esta manera, la descentralización a nivel de zonas sanitarias, se combinaba con la centralización normativa en la nueva subsecretaría. Definidas las zonas sanitarias y los diferentes niveles de complejidad en los que se reorganizaba el subsistema público, el “Plan de Salud” lanzado en 1970 pronto daría sus primeros resultados positivos. Se construyeron los hospitales de Piedra del Águila, Las Coloradas, El Huecú 348 349 SAPAG, Felipe, (1994), pp. 130-134. Ibídem 262 y Picún Leufú350. También se remodelaron hospitales de cierta envergadura como los de Cutral Co, Zapala y Andacollo351, a lo que cual se sumó la creación de puestos sanitarios en Taquimilán, Los Miches, San Ignacio y Añelo. Gracias a esta renovada infraestructura, en áreas rurales del interior principalmente, se revirtió ese estado de desprotección que pesaba sobre los pobladores. La muestra más clara de ello es el marcado descenso de la tasa de mortalidad infantil. En el transcurso de tres años, la misma descendió cerca de un 50%: pasó de 108 por mil en 1970 a un muy aceptable 56 por mil en 1974, poniendo a la provincia en línea con el promedio nacional352. El Hospital Regional, en tanto cúspide del remozado sistema público de salud, fue objeto de múltiples transformaciones. En lo edilicio no podemos dejar de mencionar las continuas ampliaciones y remodelaciones que el nosocomio local experimentó por aquellos años. Entre ellas, es de resaltar la habilitación, en 1974, de diez camas que permitieron viabilizar un nuevo programa de Salud mental. Este servicio, dotado de personal técnico y profesional adecuado, nacía de la voluntad de prevenir enfermedades mentales a nivel individual y grupal, efectuando para ello tratamientos de breve y mediano plazo, así como dando los primeros pasos en lo que a terapias ocupacionales se trata. En la misma línea podemos mencionar el programa de Residencia Médica Rural, que contó con el apoyo de la Universidad de Buenos Aires, que apuntaba a la formación de profesionales que pudieran lidiar con las particularidades sociales y sanitarias del interior neuquino, configurando, en palabras del propio gobernador, “una experiencia altamente positiva digna de emular en otras regiones del país que enfrentan problemas similares”353. También es de destacar los cursos de auxiliares que se dictaron en el área de enfermería, supliendo un déficit en materia de recursos humanos formados que arrastraba décadas. Las decenas de egresados de esta capacitación fueron absorbidos por el subsistema público de salud y, en particular, por el hospital neuquino. Gracias a estas incorporaciones, el balance realizado por las autoridades desbordaba de optimismo: “En esta actividad en que la oferta de recursos humanos es escasa, como en el resto del país, la provincia va completando los planteles llegando ya a un límite de discreta 350 HLPN, Mensaje del Señor Gobernador de la Provincia de Neuquén Felipe Sapag a la Honorable Legislatura al inaugurarse en décimo Periodo Ordinario de Sesiones, Neuquén, 1974, p. 351 Ibídem, p. 352 Ibídem, p. 353 HLPN, Mensaje del Señor Gobernador de la Provincia de Neuquén Felipe Sapag a la Honorable Legislatura al inaugurarse en undécimo Periodo Ordinario de Sesiones, Neuquén, 1975, p. 263 eficiencia y que va coronando el esfuerzo desplegado desde hace ya varios años cuando el panorama que se ofrecía era netamente deficiente” 354 Claro que esta expansión y reformulación de la salud pública no estuvo exenta de conflictos, que contrarían las miradas heroicas o épicas que sobre el se tienen. En el caso del hospital regional vemos una fuerte resistencia de importantes sectores de la corporación médica. Muchos de los médicos que tenían cargos en los hospitales acostumbraban a derivar los pacientes hacia las clínicas privadas de las cuales eran miembros, haciendo de las instituciones públicas un espacio para la construcción de sus propias clientelas. En estas condiciones, la reorganización del subsistema público que se derivaba de la implantación de un régimen de dedicación exclusiva y de un mayor control sobre la práctica profesional, no podía sino despertar la oposición de quienes se beneficiaban de la situación hasta entonces vigente. La resistencia de aquellos sectores médicos se transformó en conflicto hacia 1972, cuando todo hacía prever que el rumbo que se imprimía a los hospitales públicos se mantendría en los años venideros. Pocos días antes del inicio de un programa docente que la Subsecretaría había firmado con algunas cátedras de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, aquellos grupos de profesionales que se desempeñaban en el hospital Castro Rendón aprovecharon para hacer explícito su repudio a la conducción de los organismos que marcaban los rumbos de la salud en la provincia. En esa tensión entre sectores de la corporación médica ligados a las clínicas privadas y aquellos otros que apostaban por el fortalecimiento del subsistema público, el poder político jugó un papel determinante al dar un firme apoyo a estos últimos.355 Entendemos a la conflictividad antes descripta no solo como un emergente de pujas corporativas sino también como una muestra más del convulsionado clima político que iba apartándose del optimismo de fines de los sesenta hacia los límites de mediados de los setenta. Si bien el MPN también resultó victorioso en las elecciones del 73, la irrupción finalmente del Proceso de Reorganización Nacional, volvería a poner en jaque el desarrollo del Plan de Salud 354 HLPN, Mensaje del Señor Gobernador de la Provincia de Neuquén Felipe Sapag a la Honorable Legislatura al inaugurarse en undécimo Periodo Ordinario de Sesiones, Neuquén, 1975, p. 10. 355 Como recuerda unos de los médicos convocados por Del Vas en los días previos a la llegada de los docentes de la UBA, “el gobernador Felipe Sapag vino, recorrió todo el hospital lleno de gente por todos lados, no les dio ni cinco de bolilla [a los médicos que protestaban] y nos dio un apoyo fundamental para que nosotros pudiéramos seguir adelante y eso transformó el hospital. Nuestras exigencias eran exigencias horarias, los médicos venían a la hora que se les daba la gana, no firmaban, se iban a cualquier hora, no operaban a los pacientes, no atendían.” Entrevista a Osvaldo Pellín, Neuquén, 27-09-2007 264 diseñado por los Del Vas y sus técnicos. Aquí, la vinculación individual del propio Del Vas en la gestión, como señalamos al principio, se vio truncada por el exilio. Sin perjuicio de consolidar en su trayectoria un segundo momento con un espacio de trabajo muy fuerte en España tanto como sanitarista como representante político en distintos estamentos locales de la Alcaldía de Murcia. Sin embargo, no es motivo de este trabajo continuar con esa línea de indagación, sin principalmente poner la luz en cómo continuó la máquina que Del Vas había echado a andar. Es decir, si el Plan de Salud focalizado en la Atención Primaria pudo atravesar de forma más o menos exitosa el cambio de escenario que generó la Dictadura Militar, que a diferencia de la anterior, alteró el esquema de fuerzas en la provincia y puso en jaque a referentes del Plan como el propio Del Vas. 6. La dictadura: truncada la trayectoria, ¿finalizado el Plan? El 24 de marzo de 1976 de efectuó un golpe de Estado que destituyó a Isabel Martínez de Perón. Una junta militar presidida por el general Jorge Rafael Videla usurpó el gobierno nacional e intervino todas las provincias a través de sus representantes. En la provincia del Neuquén fue designado en 1976 como Gobernador de facto el coronel José Martínez Waldner, previó interinato del coronel Antonio Contreras Santillán. Martínez Waldner se mantuvo en el gobierno entre 1976 y 1978, año en que asumió el general Manuel Domingo Trimarco, quién permaneció en el cargo hasta 1983. Esta secuencia de gobernadores, en especial el último, intentaron marcar una profunda discontinuidad con la administración de Felipe Sapag, y de hecho Del Vas, lo dicho, debió exiliarse por esos años. En el sector Salud, el nuevo gobierno militar impulsaba una serie de medidas orientadas a la liberalización del sistema. El énfasis puesto en el desarrollo de la medicina pre-paga y la transferencia de hospitales a las provincias implicaban un cambio de rumbo respecto de los modelos hasta entonces vigentes, especialmente de los diseñados durante la “Revolución Argentina”. Como recuerda Osvaldo Pellín “lo que empezaba aparecer en ese entonces con mucha fuerza, era el hospital de comunidad en una versión mucho más privatista y más elitista que en la época de Onganía”.356 356 Entrevista a Osvaldo Pellín. 265 Ahora bien, ¿cómo afectaron estas políticas al sistema público de salud de la provincia de Neuquén? Apenas ocupado el gobierno provincial, las autoridades de facto desplazaron a las elegidas en 1973 y con ellas también a los especialistas que dirigían el área sanitaria. La trayectoria y la gestión de Del Vas fueron así interrumpidas –de hecho este nunca volvería a la provincia de su exilio en España-. Sin embargo, y esta es una de los aspectos centrales de su trayectoria, esto no implicó una modificación en el rumbo que inauguró el “Plan de Salud” de 1970. Por el contrario, para los representantes del gobierno militar, aquel modelo constituía algo que debía preservarse en función de sus buenos resultados, pero también un valioso botín que podría servir a la legitimación del nuevo régimen. De esta manera, los programas de medicina rural, la práctica de visita domiciliaria y los puestos sanitarios fijos en las áreas más alejadas de la geografía provincial, no experimentaron cambios significativos, como tampoco lo hicieron las zonas sanitarias ni los diferentes grados de complejidad.357 El mantenimiento de la misma estructura de prestación de servicios médicos era expresado por Héctor Jorge, Ministro de Bienestar Social de Neuquén, cuando explicaba que “nuestros sectores de salud están distribuidos de tal forma que se van delimitando las patologías. (…) por ejemplo en un hospital de cordillera, indudablemente de pequeña complejidad, se atiende mediante este sistema toda patología. Un médico selecciona todos aquellos casos posibles de atender en un hospital y deriva las otras características hacia hospitales de complejidad mayor, como puede ser el hospital cabecera de zona. En éste nuevamente se seleccionan las patologías que pueden atenderse de manera que el resto es enviado a Neuquén capital, siendo éste el hospital de derivación provincial.358 Que el “Plan de Salud” hubiera sido creado por las autoridades depuestas en una clave desarrollista, no les impedía a las que asumían el control de la provincia propiciar la continuidad del mismo. En una conferencia de prensa en abril de 1978, el subsecretario de salud, el doctor Luis Ottonello, al exponer sobre la mortalidad infantil, atribuía la caída de la mortalidad infantil a “un proceso iniciado en 1970 a través del programa efectuado por la doctora Moreno y otros 357 358 RÍO NEGRO, General Roca, 05-02-78. RÍO NEGRO, General Roca, 19-04-78 266 funcionarios” y reafirmaba la idea de “colocar al médico lo más cerca posible del paciente”.359 En el mismo evento remarcó la importancia de la atención primaria de la salud, explicando el papel de los agentes sanitarios, lo que tendrían: un radio determinado que recorrerán permanentemente [y] serán los encargados de detectar problemas de salud y sociales de las poblaciones rurales y de efectuar entrega de elementos y atenciones primarias. Luego los médicos orientados por su labor, efectuarán las atenciones necesarias, mientras los inconvenientes de orden social serían derivados a los organismos respectivos. 360 La eficiencia que las autoridades del gobierno militar reconocían en el modelo neuquino de salud pública, los llevó inclusive a propiciar la extensión de esa experiencia más allá de los límites provinciales. En una reunión celebrada en la ciudad de Mendoza en abril de 1978, Ottonello sugería que “el hospital de esta capital (Neuquén) fuera considerado como hospital regional”, para el espacio conformado por el noroeste del Chubut, la zona de Bariloche, y el Alto Valle de Río Negro y Neuquén.361 Concluía la presentación de esa propuesta afirmando que “este es el sistema que deseamos [para] resolver nuestros problemas en una región que se llamaría Comahue, norte patagónico o, como en definitiva y en acuerdo general, se la designe con tal fin”.362 Para esos años era ya era vista como una experiencia modelo por numerosos especialistas. En octubre de 1978 se realizó en Neuquén el lanzamiento de una serie de cursos de administración de servicios de salud, dictados por la Organización Panamericana de Salud (OPS). En esa oportunidad, el director de la misma, el doctor López Ferrer, señalaba que el objetivo de la capacitación era el de “perfeccionar los sistemas para los cuales se ofrece el servicio y establecer un sistema de racionalización de la aplicación de los recursos que permita su mejor utilización [y] que permita que no haya desperdicios de recursos con el fin de poder extender la protección de estos sistemas a un mayor número de personas”. 363 La elección de Neuquén como anfitriona no era caprichosa, sino que partía del reconocimiento que en dicha provincia se habían desarrollado políticas que respondieron a aquellos propósitos. 359 360 361 362 363 RÍO NEGRO, General Roca, 29-04-78. RÍO NEGRO, General Roca, 29-04-78. RÍO NEGRO, General Roca, 19-04-78 RÍO NEGRO, General Roca, 19-04-78 RÍO NEGRO, General Roca, 11-10-78. 267 7. A modo de cierre Consideramos pertinente marcar para este cierre lo importante de la dinámica que brindó a este Plan de Salud la pertenencia de Del Vas a un gobierno en un momento particular en las formas de concebir el Estado. Para Del Vas haber formado parte de una suerte de tecnocracia periférica efectiva le permitió imprimir al Plan de Salud una sobrevida superior al momento de experimentación (tanto más a tono con el favorable clima de época que la había dado sentido). Una combinación particular entre la fortaleza técnica de la oleada universalista y la carencia de un proyecto alternativo durante el Proceso Militar permitió que este estuviera presente y lo atravesara. Y con la vuelta a la democracia, y de Felipe Sapag al Poder Ejecutivo provincial, se le permitió cierta continuidad institucional al Plan de Salud que lo mantuvo a lo largo del tiempo hasta hoy.364 Si bien la mirada de largo aliente escapa a lis límites de este trabajo dado que se distancia mucho de la propia trayectoria de Del Vas.365 Hay autores que han cuestionado esta mirada de continuidad, pero en todo caso sosteniendo que las mejoras sanitarias de la provincia no se explicarían solo por esa variable (otras provincias con iguales continuidades institucionales no tuvieron los mismos indicadores de salud).366 No objetan entonces que haya existido continuidad institucional mínima, conseguida incluso en los años de la Dictadura, sino su valor explicativo en el aspecto sanitario. El respaldo que el gobierno de Sapag dio a Del Vas y sus cuadros técnicos, a quienes había otorgado amplias facultades para el diseño y la dirección de nuevas políticas sanitarias, fue decisivo para la continuidad del Plan de Salud. En base al respaldo político que recibió, éste pudo afirmarse como columna vertebral de las políticas sanitarias para el subsistema público, manteniéndose sin cambios significativos y consolidando su imagen positiva conforme avanzaban los años. Sus diferentes grados de centralización normativa y descentralización ejecutiva, la articulación de prestaciones en niveles crecientes de complejidad, la definición de zonas sanitarias, el énfasis puesto en la atención primaria de la salud y el régimen de dedicación exclusiva para los profesionales del sector, representaron los fundamentos principales de un modelo de organización 364 VACA NARVAJA, Gustavo, (2005 – 2006). Para una historia más integral del Plan de Salud de Neuquén en las décadas de los 80 y 90 véase TARANDA, Demetrio (et al), (2008). 366 BORINI, Mario, (1989), Neuquén. 365 268 que resultaba más propio de la apuesta universalista de la mirada propia del primer Onganiato que de su declive en clave corporativista de la segunda parte de la Revolución Argentina. Bibliografía ALTAMIRANO, Carlos, (2001), Bajo el signo de las masas (1943-1973), Colección del Pensamiento Argentino, Tomo IV, Buenos Aires, Ariel. ARIAS BUCCIARELLI, Mario, (1997), “El Estado neuquino: fortalezas y debilidades de una modalidad de intervención”, en FAVARO, Orienta, La construcción de un orden estatal, Neuquén, CEPHYC. AROSKIND, Ricardo, (2009), “El país del desarrollo posible”, en JAMES, Daniel (Dir.), Violencia, Proscripción y autoritarismo (1955-1976), Nueva Historia Argentina, Tomo IX, Buenos Aires, Sudamericana. BLANCO, Graciela, (1999), 35 años del Copade y la Planificación en Neuquén, Neuquén, COPADE-CEHIR. 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Mario Martínez Casas, un intelectual católico en el mundo bancario estatal (1945-75)367 Ezequiel Grisendi (Universidad Nacional de Córdoba / IDACOR-CONICET) Introducción La llegada del peronismo al poder en Córdoba supuso la acentuación de una dinámica iniciada en 1943: los cuadros católicos ganan espacio no sólo en la Universidad sino también al interior de la burocracia estatal. Este rasgo, lejos de ser exclusivo de la experiencia cordobesa, tuvo sus propias modulaciones en relación al espacio nacional. Si el ámbito de las políticas sociales del peronismo en Córdoba ha sido visitado, el derrotero de algunos agentes de aquél proceso permanecen desconocidas. Específicamente, nos concentramos en la figura de Mario Martínez Casas y el grupo de sociabilidad político-intelectual a él vinculado. Abogado católico asociado a los sectores tomistas antimodernos, profesor universitario de derecho romano y dinámico especialista en cuestiones financieras, Martínez Casas se posicionaría entre los referentes provinciales de la burocracia peronista. Su espacio de acción se recortó sobre el Banco de la Provincia de Córdoba y sus esfuerzos se dirigieron a aunar la expansión regional de la entidad bancaria con un perfil “humanista y solidario”. Reconstruir la trayectoria de Martínez Casas en el mundo bancario local y nacional permite visualizar los imprecisos contornos de un saber estatal y sus conexiones con otros mundos sociales. Burocracia Estatal y banca pública en Córdoba La dimensión de la burocracia estatal de la provincia de Córdoba entre los años veinte y su crecimiento sostenido, a lo largo de la década de del cuarenta, ha sido escasamente estudiada. Si bien numerosos estudios han centrado su interés sobre las políticas sociales y sus efectos directos en la población (Moreyra, 2009; Ortiz Bergia, 2009), las agencias estatales y la conformación de 367 Este trabajo presenta un avance parcial de una investigación en curso expuesta en las jornadas “Rescatando trayectorias intelectuales en el Estado. Argentina en la segunda mitad del siglo XX”, desarrolladas en septiembre de 2013 en la UNGS. Para esta ocasión he decidido concentrar el análisis de la trayectoria de Martínez Casas durante el gobierno peronista aunque resultará clave proseguir la pesquisa sobre su derrotero estatal luego de 1955. Del mismo modo, restan numerosos cuerpos documentales por examinar por lo que las actuaciones de Martínez Casas al frente del Banco Nación no son exploradas de manera sistemática en este texto. Agradezco los comentarios de Daniel Lvovich a una versión preliminar de este texto. 272 una burocracia moderna provincial no han recibido la misma atención. La complejización de la estructura estatal a partir de la creación de numerosas direcciones dependientes de los ministerios sirve apenas como índice general de un proceso aún no estudiado. Las tensiones internas en las decisiones estatales, las variables carreras posibles en la “función pública” y las correlaciones de fuerza entre sectores sociales por controlar los ámbitos de poder estatal (Bohoslavsky y Soprano, 2010) no pueden visibilizarse a partir de aquellas investigaciones que, aunque necesarias, mantienen una perspectiva “opaca” sobre el Estado provincial en Córdoba. Uno de los espacios estatales de mayor dinamismo luego de la crisis financiera de 1930 en la provincia fue el Banco de Córdoba. Creado en 1872 por Tomás Garzón, el Banco Provincial sería declarado “Banco de Estado” tras la situación conflictiva de 1890. Convertido al régimen de banco mixto a partir de 1941, El Banco de la Provincia de Córdoba se convirtió en eje de variadas disputas por su control y organización definitiva. El gobierno radical de Del Castillo aprobó la conversión del banco con la incorporación de capitales privados bajo gestión estatal para dinamizar una entidad crediticia cuyos activos habían mermado sensiblemente durante los años treinta (Banco, 1968). La elaboración del proyecto de reforma del banco quedó a cargo del ministro de Hacienda, Pedro León. La crisis económica a nivel provincial no sólo afectaría de manera profunda a los productores agropecuarios y a los comerciantes importadores (Converso, 20004) sino el sistema impositivo, resentido por la retracción de la actividad económica general, aportaba cada vez menos ingresos al erario público. En ese contexto, la política crediticia, igualmente escasa, fue eje de las discusiones parlamentarias a fin de que el banco estatal de la provincia refundara sus bases en favor de políticas activas de recuperación de la producción primaria y los esfuerzos por reforzar la manufactura de origen industrial. Hacia fines de la década del treinta, y principalmente bajo el nuevo régimen mixto, el banco provincial se transformó en el promotor fundamental del crecimiento industrial. Continuando con una práctica ya marcada para los años veinte, grandes comerciantes importadores de Córdoba reorientaron parte de sus ganancias hacia otros rubros (compra de tierras urbanas y rurales) entre los cuales, el industrial, pasó a ser un interesante negocio de la mano de las garantías de financiamiento que ofrecía el Banco de la Provincia de Córdoba (Malatesta, 1999). La expansión de la estructura del Estado en Córdoba con la llegada al poder del peronismo ha sido analizada a partir de las transformaciones institucionales que éste debió realizar como 273 forma de afianzarse la provincia ante el control que ejercían, sobre el Poder Legislativo, los partidos de la oposición (especialmente el radicalismo). Acaso la modificación de la Ley provincial de Ministerios, vigente de 1912, que establecía los ámbitos de Hacienda, Gobierno y Obras Públicas como “carteras” del poder Estatal, supuso el principal eje de una intervención de parte del gobierno nacional que veía un Estado provincial “colonizado” por agentes próximos a los partidos políticos locales (UCR y Partido Demócrata). En este sentido, los sucesivos delegados enviados por Perón para hacerse cargo del Poder Ejecutivo provincial entre 1947 y 1949368, dejarían en claro la dificultad del peronismo por construir bases sólidas en la política cordobesa y, especialmente, el obstáculo que encontraba en los diversos ámbitos de la administración pública (Tcach & Philp, 2010: 249ss). A fin de sortear esa dificultad, la reforma constitucional de 1949 impactaba en Córdoba con la sanción de la Ley provincial 4244 que establecía el reordenamiento de los ministerios, creado algunos nuevos y ampliando las atribuciones de algunos existentes. Entre éstos últimos, el Ministerio de Hacienda pasó a denominarse Ministerio de Hacienda, Economía y Previsión Social con una comunicación fluida con uno de los espacios que terminaría siendo de absoluta centralidad en la configuración del nuevo régimen económico provincial: el Banco de la Provincia de Córdoba. El gobierno instaurado tras el golpe de Estado de 1943 decidió quitar al banco de las esferas de los sectores liberales como parte de su “cruzada” antidemocrática y nacionalista. Entre los agentes más influyentes de ese proceso, Manuel Augusto Ferrer y Alberto Guglielmone, ambos interventores provinciales pertenecientes a los círculos del catolicismo autoritario, reclutaron a un hombre de los cuadros del Partido Demócrata Nacional de Córdoba, Mario Martínez Casas, para hacerse cargo de la presidencia del Banco. “Ni capitalista, ni colectivista”: Las ciencias económicas de Córdoba durante el peronismo369 El proyecto de institucionalización de las ciencias económicas en clave liberal llevado adelante por el abogado tucumano devenido economista, Benjamín Cornejo, encontró su límite y su definitiva proyección con el triunfo del peronismo. El gobierno de la intervención dirigida por Felipe S. Pérez en la universidad de Córdoba motivó el alejamiento de un gran número de los promotores de la 368 El primer gobernador peronista electo en 1946 fue Argentino Auchter, cesado en sus funciones por una intervención federal en julio de 1947. Auchter, militar de carrera y partidario del radicalismo sabattinista, había presidido el Banco de Préstamos de la Provincia de Córdoba a fines de los años treinta. Dicha institución, existente desde fines del siglo XIX, había tomado su nueva denominación a partir de 1921. 369 Esta sección es una versión abreviada de un texto más amplio en Grisendi, 2013. 274 Escuela de Ciencias Económicas de la universidad y de quienes dirigían el Instituto de Economía y Finanzas. Su primer director, el reformista Guillermo Ahumada, y Benjamín Cornejo fueron exonerados y separados de sus cargos. Sin embargo, no todos los docentes debieron alejarse de la universidad: como ocurriera en la mayoría de las universidades nacionales, el alejamiento de los profesores titulares permitió el ascenso de quienes se desempeñaban como adjuntos o ayudantes. Al mismo tiempo, entre los primeros decretos del interventor Pérez se encontró el de creación de la Facultad de Ciencias Económicas, el 23 de octubre de 1946. Inclusive, cuando la Asamblea Universitaria declaró electo a León S. Morra para el cargo de Rector en abril de 1946, como reemplazo ante la renuncia de Rodolfo Martínez, el nuevo rector declaraba que su prioridad sería “…la reforma del Régimen de Enseñanza y promoción proyectado conjuntamente con la creación de la Facultad de Ciencias Económicas…”370. La jerarquía al rango universitario que conseguiría la economía en Córdoba provino del proyecto del Poder Ejecutivo peronista que economistas liberales y reformistas rechazaban de plano. La facultarización definitiva de las ciencias económicas se produjo conjuntamente con el ascenso de un sector de profesores que hasta ese momento había permanecido relegado371. Entre ellos, la docente titular de Economía Política en la Facultad de Derecho, Elisa Ferreyra Videla, fue designada interventora en la Facultad de Ciencias Económicas (Yanzi, 2010). El largo proceso de regularización de las cátedras iniciado con la intervención en 1947 significó, paralelamente, la interrupción de la edición de la Revista de Economía y Estadística en 1946 hasta el relanzamiento de una publicación renombrada bajo el título de Revista de la Facultad de Ciencias Económicas, en 1948. Normalizado el funcionamiento de la universidad tras las elecciones de 1948, el nuevo rector José Miguel Urrutia, dispuso la elección de decano en Ciencias Económicas siendo designado Carlos V. Berardo. Egresado de la Facultad de Derecho local, se mostró cercano inicialmente a los grupos del nacionalismo católico liderados por Luis Martínez Villada y Nimio de Anquín, que concentraban un grupo de jóvenes contra los núcleos reformistas de la universidad. Aquél círculo de jóvenes nacionalistas vinculados al Instituto Santo Tomás de Aquino y a la revista 370 AHUNC, 1946, ASHCS, Tomo único, Acta 7, del 16 de abril de 1946, fs. 2v-3r. Ley nacional 13.014. El proyecto de ley para la creación de la Facultad de Ciencias Económicas fue presentado por Leonardo Obeid ante la Cámara de Diputados de la Nación en abril de 1947. Obeid, Doctor en Medicina por la Universidad de Córdoba, había sido electo diputado por la UCR-JR en 1946. 371 275 Arx, integró a hijos de familias católicas de la elite cordobesa que, con la llegada del peronismo, vieron ampliadas sus posibilidades en la vida académica.372 Egresado de la universidad con los títulos de abogado y contador público, Berardo participó en la conformación del espacio peronista en la universidad, siendo designado Consiliario docente. El grupo de profesores que se incorporaron de la mano de Berardo a la Facultad de Ciencias Económicas provenía, en su mayoría, de las filas del mismo tradicionalismo católico373. Clemente Villada Achával, vice-decano, y Jaime N. Mosquera, docente y director del Instituto de Administración y Contabilidad, fueron algunas figuras de ese sector. Berardo, fundador de la Asociación Justicialista de Profesionales en Ciencias Económicas y primer presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, devino en uno de los máximos representantes de la Confederación General Universitaria local hasta la caída del peronismo. El Concejo Provincial de Ciencias Económicas (CPCE) de Córdoba obtuvo su reglamentación a partir de 1949. Luego de entrar en vigencia el Decreto 5103/45374 que reglamentaba los alcances profesionales de los egresados en ciencias económicas de todo el país, la organización del CPCE de Córdoba tomaría forma en 1948 375 con la constitución del primer Consejo Directivo de la institución. Las expectativas de regular el ejercicio de la profesión a partir de “cánones legales” permitió el rápido fortalecimiento del Consejo y la consolidación del “espíritu de cuerpo” de los contadores y economistas en la provincia, habilitando espacios de capacitación y formación en el área y, al mismo tiempo, reconociendo las nuevas ofertas académicas disponibles (títulos universitarios o terciarios no universitarios). La activa participación de Berardo fue de importancia en el éxito del Consejo.376 372 El núcleo de docentes y estudiantes universitarios que lideraban Martínez Villada y de Anquín también era integrado por Manuel Río, Rogelio Nores Martínez, Manuel Augusto Ferrer, Alberto Díaz Bialet, Carlos J. Caballero y el propio Berardo (Vera de Flachs, 1999:59). 373 En la inauguración del local que ocupaba el decanato de la nueva Facultad de Ciencias Económicas, se organizó un evento para la colocación del crucifijo en adhesión al “Día de acción de gracias Nacional”, dictado por el Poder Ejecutivo Nacional. Más allá de ser una práctica usual, el evento tomó cierta dimensión al presentarse numerosos invitados y contar con discursos de homenaje, entre ellos el del decano Berardo quien saludaba la “…vida de la nueva Facultad de Ciencias Económicas, que se inicia, así, bajo la excelsa protección del Altísimo.” En 1952, antes de abandonar su cargo de Decano, Berardo encargó a Carlos Luque Colombres la elaboración del emblema de la nueva Facultad de Ciencias Económicas. El proyecto, realizado por Luque Colombres con la asistencia de Nimio de Anquín y Luir Roberto Peña, fue aprobado por el Consejo Directivo de la Facultad por Ordenanza nr. 68 del 28 de mayo de 1952. Véase, UNC, 1953a. 374 El DPEN 5103/45 fue posteriormente ratificado por la ley 12.921, sancionada por el peronismo a fines de 1946. 375 El CPCE de Córdoba fue creado por el Decreto Provincial 1676-A-49. 376 Hasta 1955, sucedieron a Berardo 5 presidentes al frente del CPCE: José A. Bidaor (sept. 1950 a Sept. 1951, Arturo Julia (Sept. 1951 a junio de 1952), Mario A. Cima (Junio de 1952 a Sept. 1952), Pablo Wyler (Sept. 1952 a sept 1953) y Roberto Renaldi (Sept. 1953 a sept. 1954). Es importante señalar que, como indicio de esa notable expansión de las 276 La definición sobre que era parte y que no de “la economía”, de su práctica legitimada por el Estado y quienes eran las instituciones “aceptables” para la formación de éstos expertos fueron atribuciones que el CPCE adoptó como propias. Y este accionar de la corporación no dejó a Berardo sin proseguir sus apuestas en la política partidaria ni universitaria. Aún el 8 de julio de 1955, en plena crisis del gobierno a nivel nacional y también provincial, Carlos V. Berardo, en ese momento profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas, era invitado por la Escuela Superior Peronista de Córdoba para dar una conferencia sobre el estado de situación económico de país. “La nacionalización del Banco Central puso en manos del Estado el signo de soberanía financiera que nunca debió haber abandonado: el de emitir moneda” proclamaba Berardo reforzando la centralidad que el Estado tenía en su horizonte para el desarrollo de la “Nueva Argentina”377. Es que la crisis del consenso liberal, tanto en la política como en la economía, reunió a buena parte de los nuevos agentes universitarios con aquellos que, de paso por las aulas desde la década del treinta, alzaban su voz contra el reformismo, “…panacea del liberalismo universitario…neurosis transitoria que se apodera del estudiante al tiempo de su ingreso…”. Por otro lado, el rasgo acaso más decidor del “momento peronista” de la universidad cordobesa es el de una casi permanente inestabilidad de su cúpula dirigente (4 rectores de los cuales sólo 1 terminó su mandato y 4 interventores). La disidencia que suponía la crítica feroz de los universitarios peronistas a la tradición liberal se presentó, inicialmente, a favor de la “nueva economía social…en lucha con la economía clásica…”. Mientras que aquella parece representada en el individualismo, el “lucro” y el “hedonismo”, la nueva política económica privilegiaría, en la voz del interventor Pérez, la dimensión rectora del Estado en una “Economía Organizada”. Política pública y conocimiento económico se estrecharían cuando, durante el gobierno de la intervención de Aristóbulo Vargas Belmonte, los problemas económicos de la provincia serían abordados con la asistencia técnica de la Junta Consultiva de Política Económica que contaría, entre sus miembros, con un delegado de la Facultad de Ciencias Económicas378. Años después, en los mismos términos que Pérez, el Rector ciencias económicas durante fines de la década de los cuarenta, se concretó en Córdoba de la Tercera Asamblea Nacioanl de Doctores en Ciencias Económicas y Contadores Públicos durante octubre de 1947. 377 La creación del IAPI, la Flota Mercante Nacional y suspensión del patrón Oro en 1949 son otros de los rasgos de la política económica que destaca Berardo (1955:21-24) 378 Decreto de la Intervención Provincial, Nr 787, Serie B del 4 de marzo de 1948. Entre sus considerandos, el Decreto apuntaba que “Que la provincia de Córdoba estaría en mora frente a tan magnos objetivos sino tratara de ajustar su 277 Horacio Ahumada diferenciaba en 1953 al modelo de política económica del peronismo de aquellos “Estados tipo capitalista y la de los Estados colectivistas…” gracias a los Planes Quinquenales que de manera productiva alejaban a la economía nacional del extremo liberal o marxista (UNC, 1953b: 5). Pese al apoyo recibido desde el Poder Ejecutivo a la sede cordobesa de la Confederación Gremial Universitaria y a sus secciones afiliadas, como la Asociación Gremial de Estudiantes de Ciencias Económicas379, ni el claustro estudiantil y el docente lograron sostener un equilibrio demasiado efímero en la Universidad de Córdoba, incluso para afrontar los años de 1954 y 1955, con sucesivas intervenciones al gobierno universitario. Trayectoria social y sociabilidad política: Martínez Casas en el espacio bancario provincial El espacio de la economía durante el peronismo en la universidad de Córdoba estaba dominado por un grupo de procedencia social variado, donde convivían vástagos de familias patricias en franco proceso de descenso social junto a quienes desde una fracción de los sectores medios urbanos, como el caso de Berardo, veían en la carrera profesional de abogado y contador, una posibilidad efectiva de ascenso. Una figura central entre quienes se sumaron al proyecto político peronista desde sectores católicos fue Mario Martínez Casas. Nacido en febrero de 1910 en el seno de una familia de la elite cordobesa, Mario Martínez Casas heredaba de su padre, José Martínez Tagle, una importante fortuna conseguida en el rubro comercial. Destacado en la consolidación del vínculo entre el campo académico de la economía y su inserción profesional en la estructura estatal. Martínez Casas se formó de acuerdo al patrón establecido para los vástagos de aquél sector social acción gubernativa al ritmo que requieren tales exigencias. Su situación privilegiada entre las provincias argentinas por su riqueza y su cultura, no ha encontrado todavía - preciso es confesarlo – expresión plena en su aparato de gobierno, en formas que permita éste refluir eficazmente sobre la colectividad, fomentando en forma ponderable el desarrollo de la actividad industrial…que no se concibe la eficaz persecución de tales finalidades sin una orientación clara en materia de política económica”. 379 La Asociación Gremial de Estudiantes de Ciencias Económicas solicitaba en 1953 al Decanato ser reconocida como la única entidad con personería gremial representativa del estudiantado ante la Facultad. El Decano Jaime Mosquera aceptó el petitorio afirmando que que el pedido formulado es justo…que dicha actuación no es otra cosa, que una fiel y sincera interpretación de los principios de la Doctrina Justicialista, gracias a la cual nuestra patria se ha tornado en un ejemplo de convivencia social para el resto del mundo; Que la entidad recurrente, que ya tiene un derecho adquirido e inalienable por sy larga trayectoria en la esfera universitaria…que, por otra parte, la Asociación Gremial de estudiantes de Ciencias Económicas, como las otras entidades de su misma naturaleza, que agrupa estudiantes justicialistas de nuestra universidad, ha demostrado especial preocupación de desterrar para siempre de la Universidad Argentina, a esa oligarquía excéptica [sic], voraz y egoísta, que en otrara [sic] época cerrara las puertas de la misma, a los hijos del pueblo…”, sumado a que, a fines de 1952, la mencionada Asociación había organizado en Córdoba, el Primer Congreso Nacional de Estudiantes de Ciencias Económicas. AFCE, 1953-1954, RD, nr. 226, del 18 de marzo de 1953. 278 encumbrado: socialización en el Colegio Nacional de Montserrat y, luego, acceso a la educación universitaria en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Egresado como abogado a mediados de la década de 1930, frecuentó los mismos círculos del neotomismo que Berardo380. Profesionalmente, se vinculó al importante estudio de abogados dirigido por Carlos Ernesto Deheza, profesor de Derecho Romano en la Facultad de Derecho, cátedra a la que se sumaría luego el propio Martínez Casas. La figura de Deheza aparece señera de la formación profesional de Martínez Casas reconocido como “maestro” junto con Luis Martínez Villada. Ambos, eran evocados por Martínez Casas como los guías de su juventud: el primero, abogado práctico que le ensañaría a “no teorizar” en el ámbito de la administración de justicia; del segundo, líder católico antimoderno, aprendería la necesidad de extender los criterios cristianos a la vida pública y al ejercicio del poder. La “inquietud nacinalista” de Martínez Casas en los años treinta lo vinculó de manera directa con el proyecto del Instituto Santo Tomás de Aquino, que funcionó en la universidad, impartiendo cursos de formación en las humanidades clásicas y como círculo de formación política. Tanto De Anquín como Martínez Villada, asociados a los Cursos de Cultura Católica de Buenos Aires y a las publicaciones también porteñas Signo y Número, movilizaron un nutrido grupo de jóvenes desde mediados de los años veinte, en favor de una impugnación a la democracia liberal en la provincia y una recuperación de la autoridad de la iglesia católica. El “manifiesto de Córdoba” como se conoció al escrito firmado por el grupo tomista aparecido en “Nueva República” sirvió de inicio a las actividades que durante los años treinta nuclearían a universitarios como Martínez Casas tras la publicación Arx, de manifiesta intención anti-reformista (Martínez Casas, 1957: 19-20). No sin melancolía, Martínez Casas recordaba a la “fracasada revolución del 30” como una oportunidad perdida. En su horizonte político, las promesas de Uriburu de terminar con el orden liberal habían quedado truncas y nuevamente “los partidos…sus dirigentes…[y] sus empresarios” habían prevalecido en la organización del Estado. “Una nueva revolución se hacía inevitable” (ibídem), según sus rememoraciones luego de veinte años. Tanto para Martínez Casas como para su inmediato grupo de nacionalistas católicos, la llegada de Justo y la recuperación del sistema electoral, aún bajo formas fraudulentas, impedía antes que beneficiar, las ansias de una solución 380 Jorge Martínez Casas, hermano de Mario, fue quien más cercano estuvo del grupo de De Anquín y participó de numerosos eventos de impugnación al régimen democrático en la universidad. Mario y Carlos Berardo parecen haber sido miembros periféricos y haberse involucrado más lateralmente en las movilizaciones de Martínez Villada. 279 corporativa y nacionalista como la que añoraban a fines de los veintes. Los combates contra los reformistas universitarios de Córdoba, en 1932, habían consolidado un círculo de amistades de egresados católicos que lo integraban Agustín Díaz Bialet, Luis García Montaño, Luis G. Morra y Lisardo Novilo Saravia, entre otros. Junto a ellos, Martínez Casas se plegarían a las sucesivas reacciones del nacionalismo local contra el gobierno de Sabattini, primero, y de Del Castillo, después. La militancia en ese espacio antiliberal le posibilitaría a Martínez Casas el favor de quienes, con el golpe de Estado de 1943, lo reclutarían para integrar la presidencia del Banco de la Provincia de Córdoba. “Nunca había estado en un Banco, salvo como abogado” fue la declaración de Martínez Casas ante tal ofrecimiento. El cargo para el cual se lo convocaba reclamaba, antes que formación técnica especializada, el plegarse a un proyecto antidemocrático que se asentaba sólidamente sobre un reducido grupo de miembros de la elite católica provincial, con los cuales Martínez Casas había compartido no sólo los claustros universitarios sino también ámbitos de sociabilidad como el Club Social y el Jockey Club de Córdoba. El primer frente de acción de Martínez Casas al frente del banco quedó plasmado en su discurso inaugural donde la posición alternativa para el desarrollo bancario debía alejarse de las dos referencias mundiales que habían llevado a la crisis económica vigente: “ni liberalismo económico ni socialismo de Estado”. Esa declaración le valía la aprobación de l gobierno de facto aunque los problemas concretos de la administración bancaria supondrían un desafío total a su trayectoria. Por un lado, la conformación del Directorio del banco con 7 miembros, 4 representantes de los accionistas y 3 miembros del gobierno, ofrecía a priori un obstáculo: la mayoría eran radicales. Ante esa situación, Martínez Casas se amparó en la asistencia de agentes del Ministerio de Hacienda. Hasta 1946, el mencionado directorio permanecería con la misma conformación. Este dato, sumado a la manifiesta inexperiencia de Martínez Casas en términos bancarios, lo exponían a una ambigua posición de funcionario político de un banco de Estado con escaso conocimiento técnico del rol que debía cumplir. “Un río de papel pasaba todos los días por mi mesa de trabajo” (Martínez Casas, 1957:52), declaraba Martínez Casas sobre su labor burocratizada en 1945. Más allá de las propias expectativas por alentar la producción agrícola e industrial por medio del crédito, Martínez Casas relata la novedad que suponía el mundo bancario, con su jerga especializada, por el “modo de ser” de los agentes bancarios y, para un católico ferviente como él, el valor del dinero, esa “magia de los Bancos” que como funcionario del banco estatal no dejaba de sorprenderlo. 280 Formado como abogado, el derrotero de Martínez Casas advierte sobre aquellas figuras ingresadas al mundo de la burocracia menos por voluntad de una política de generación de elites estatales y más como producto de alianzas político-ideológicas que disponen de un sitial clave para quienes se pliegan a un proyecto de gobierno. Antes que nacer funcionario, Martínez Casas experimentó el devenir uno: “Para muchos hombres, la función pública es su vida. Esto es frecuente en Europa, donde los hijos de funcionarios suelen ser funcionarios. Hay allí una tradición familiar que se respeta. Se nace funcionario como se nace artista, médico o artesano. En América, no; es otra cosa. Todo aquí es cambiante y nuevo. Todo se improvisa; cada uno es maestro de si mismo…” (Martínez Casas, 1957:15) En su concepción, la burocracia profesional tiene por error original el “ser botín de políticos” y no responder al “deber de ciudadanos” (ibídem). Esa falta de carga ética del desempeño de la función pública atraviesa, al mismo tiempo, toda su visión “humanista” de los bancos públicos. Las sucesivas presentaciones a la prensa a lo largo de 1946, donde denunciaba la falta de control sobre las operaciones de un banco mixto donde los intereses de los capitales privados parecían prevalecer, sirvieron para que la administración peronista provincial lo renovara en su cargo, con mayores facultades que las anteriores y disponiendo de un margen de maniobra menos disperso en los gerentes de sucursales y más concentrado en el Directorio que él presidía (Martínez Casas, 1946). La extrañeza con la que veía su labor como “funcionario público” no desalentó su carrera dentro del espacio bancario provincial. El perfil universitario de la formación de Martínez Casas redundó en diversas acciones por extender la labor cultural del banco (creación de la Revista de Economía del Banco, becas de estudio, inauguración de una biblioteca) y extender a un público más amplio sus actividades (creación del Departamento de Fomento y Publicidad). Entre una de las medidas tomadas a partir de 1947 fue la de solicitar un título público de institución terciaria afín a quienes decidieran ingresar al banco. El diagnóstico inicial de Martínez Casas sobre los empleados bancarios reforzaba aquél sentido práctico que preponderaba entre quienes se dedicaban a los “negocios”: 281 “El Banco de Córdoba…había tomado su personal sin más criterio que el que fueran empleados honestos, despiertos, activos. En cuanto a estudios, apenas los elementales. El personal bancario siempre se reclutó entre muchachos que no quieren estudiar. La formación, formación comercial…se hacía después en el mismo banco. Allí se aprendía a banquear…” (Martínez Casas, 1957: 97) Del Córdoba al Nación: Martínez Casas y el mundo bancario estatal ante el peronismo El éxito en la conducción del Banco de Córdoba le valió a Martínez Casas, una reputación que prontamente traspasaría las fronteras provinciales. La llegada del peronismo al gobierno de Córdoba, lejos de interrumpir su labor como Presidente del Banco, reforzó su continuidad hasta 1949. Paralelamente, se convertiría desde su actividad en la Facultad de Derecho (donde se desempeñaba como miembro del Consejo Directivo) y como funcionario bancario, en una figura expectable para la necesidad de cuadros locales del peronismo. Entre los más destacados referentes locales, Martínez Casas cultivó un perfil de “experto” en temáticas bancarias a partir más de su eficaz administración que de poseer un saber técnico sobre la economía bancaria. El grupo de los “intelectuales universitarios” del peronismo pasó a ser liderado en Córdoba por el ya mencionado Manuel A. Ferrer, Pablo Mariconde, Agustín Díaz Bialet, Pedro A. Spina, Ricardo Smith, Lisardo Novillo Saravia (del círculo de la Facultada de Derecho) y Clemente Villada Achával, Jaime Mosquera y Carlos Berardo, pertenecientes a la novísima Facultad de Ciencias Económicas. En algunos casos, estos referentes del peronismo local provenían del radicalismo yrigoyenista, que había apoyado a algunas fracciones de la UCR azul católica en la década del diez, mientras que otros, como Martínez Casas, provenían de la fracción católica del Partido Demócrata. La identificación con la “causa peronista” en Córdoba no fue un inconveniente para Martínez Casas que, declaraba años después, haberse puesto a favor “de la patria, no del gobierno”. Mientras que Berardo era nombrado primer decano en Ciencias Económicas y Martínez Casas inauguraba la cátedra de “Economía y técnica bancaria”, reconvirtiéndose rápidamente en un referente local del tema, Manuel López Carusillo, secretario del Partido Peronista y ex demócrata como Martínez Casas, proponía el nombre de éste último para integrar la lista de convencionales constituyentes ante la petición del Comité central del partido de aportar figuras de “cierto renombre” (Tcach, 1991). Junto con aquellos que también habían pasado por las filas del Partido 282 Demócrata, como García Montaño, Aliaga Argañaraz y J. Mosquera, Martínez Casas había reunido cierto prestigio en el ámbito de la ciencia económica provincial y, en tanto presidente del Banco de Córdoba, se había convertido en una figura pública de reiterada aparición en la prensa local (diarios Córdoba y Los Principios, mayormente), incrementando su visibilidad. Su discurso “tercerista” entre el liberalismo y el socialismo, recuperando la vinculación entre “moral y economía” que los seguidores de las encíclicas papales de Pio XII tanto exaltaban en la inmediata postguerra, fue bien recibido por la dirigencia peronista y por los círculos católicos como Acción Católica Argentina, con la cual Martínez Casas mantuvo una estrecha relación. Con motivo de la celebración del día de la industria en el Centro cultural de San Francisco, Martínez Casas sostenía que era la doctrina peronista la que mejor había comprendido la necesidad de controlar la política monetaria y de créditos: “la nacionalización del Banco Central de la república ha sido la primera y más eficaz medida…esta institución ha sido puesta al servicio de la comunidad nacional y se ha impedido que continuara desarrollando una acción que sólo favoreció a los intereses de las finanzas internacionales…”(Martínez Casas, 1948ª: 11). La centralidad de los bancos en el Primer Plan quinquenal era reforzada en aquella ocasión por sostener un sistema bancario nacional, donde todas las entidades financieras públicas, provinciales y nacionales, fomentaran el crédito industrial. A fines de 1948, Martínez Casas se consolidaba como un referente del peronismo local en vías de la inminente reforma constitucional. La Liga Argentina de Abogados Pro-Reforma de la Constitución, había convocado a las figuras cordobesas del peronismo ha una serie de conferencias en la universidad en el mes de noviembre. Entre ellos, Martínez Casas junto a Miguel Rodriguez de la Torre, eran proclamados como los representantes cordobeses para una reforma constitucional que entendían necesaria dado que “sólo la reforma de la constitución, que cambie el espíritu individualista de la actual, podrá asegurar al pueblo de nuestra nación, la ordenación de una economía verdaderamente humana, la realización de un derecho realmente justo…” (Martínez Casas, 1948b: 23). Su labor en la Convención reformadora de 1949, estrechó sus contactos con figuras nacionales del peronismo, entre ellas los juristas miembros del bloque peronista como Pablo Ramella, Jorge Simini y el propio Arturo Sampay de quien Martínez Casas había elogiado, a mediados de los años cuarenta, su libro La filosofía del iluminismo y la Constitución Argentina de 1853, en tanto crítica al modelo constitucionalista liberal. 283 A comienzos de 1949 el Interventor federal en Córdoba, Alfredo Eguzquiza, le comunicaba a Martínez Casas la convocatoria que Perón había hecho para entrevistarlo en Buenos Aires. La oferta fue la de presidir el Directorio del Banco de la Nación Argentina con un equipo de asesores completamente elegidos por Martínez Casas. Aquella experiencia era recordada por Martínez Casas como la de un “…provinciano” que llegaba a la gran capital nacional; “…los presidentes del Banco de la Nación habían sido, hasta entonces, hombres de Buenos Aires, arraigados en la gran metrópoli. Yo no era…más que un hombre de provincia” (Martínez Casas, 1957: 110). Tomando en cuenta la “ilusión biográfica” que supone la construcción de Martínez casas, es interesante señalar el relativo éxito de la idea de “economía humanista” ante el “capitalismo” y el “comunismo” que sostenía Martínez Casas. Fácilmente vinculada al haz de conceptos morales que el primer justicialismo sostenía, la clave de lectura desde una moral católica de los procesos económicos situaron al abogado cordobés como interlocutor válido sobre los temas bancarios. En parte debido a su posición como “especialista” en la administración bancaria por su paso por el Banco de Córdoba, en parte como resultado de las relaciones sociales que su derrotero político habían contribuido a generar, lejos de ofrecer un perfil de “técnico”, Martínez Casas consiguió ubicarse en una posición destacada en la burocracia bancaria nacional. Según el propio Martínez Casas, la intención de Perón era la de refundar el Banco Nación, dándole un alcance federal y productivo (Martínez Casas, 1949d). La visibilidad ganada por Martínez Casas entre las filas del peronismo nacional también repercutiría en su presencia en la revista Hechos e Ideas, en la cual colaboró hasta su regreso a Córdoba en 1952. En 1948, Martínez Casas fue el referente de quien la revista tomó el discurso sobre la nacionalización del sistema bancario. Significativamente, en el número doble 66-67 de la revista, la temática central estuvo dedicada a “El Banco Internacional y la independencia de los países latinoamericanos”. Junto con los discursos de Perón y Eva, se convocaron a John W. Cooke, Alfredo Gómez Morales, Eduardo I. Rumbo y al propio Martínez Casas como colaboradores. Dado el perfil no académico de Hechos e Ideas, la participación de Martínez Casas en sucesivos números de la revista invita a hipotetizar sobre la suerte de su presencia en el ámbito peronista nacional. La organización del Segundo Plan Quinquenal no sólo supuso una reorientación de la política económica peronista sino una renovación de buena parte de los elencos dirigentes en numerosas áreas del Estado. La reorganización ministerial, aprobada en 1949, creó la cartera de Finanzas al frente de la cual Perón nombró a Alfredo Gómez Morales, quien a partir de ese momento llevó las 284 riendas de la política económica, teniendo a cargo la dirección del Banco Central (Stawski, 2012:115). Gómez Morales y sus equipos de expertos formados en Ciencias Económicas lograron una notable centralidad en desmedro de funcionarios como Martínez Casas, de un perfil “político” y menos técnico. En la ceremonia de su nombramiento como presidente del Banco Nación, tras las alocuciones de Perón y Gómez Morales, Martínez Casas justificaba la reforma de la Ley Orgánica del banco a partir del énfasis en la “función social del crédito” y “el profundo sentido moral” que caracterizaría su gestión (Martínez Casas, 1949d). Más allá de la generalidad de estas expresiones, se adivina en ellas el compromiso de Martínez Casas con una fase del peronismo que, encontraría en los primeros años cincuenta, sus limitaciones más visibles. Miguel Miranda, antecesor de Gómez Morales en el Banco Central, y Martínez Casas representaban aquél perfil de funcionario que el peronismo reclutó y que cumplió con importantes acciones políticas en el período abierto en 1946. Sin embargo, la reestructuración llevada adelante en 1949, y profundizada en los años subsiguientes, supusieron el declive de éstos agentes estatales en favor de una burocracia en cuestiones económicas cada vez más especializada. Algunas conclusiones parciales Luego de su experiencia “nacional”, en 1952 Martínez Casas regresará a Córdoba para desempeñarse como abogado particular. Al frente del Directorio del Banco de Córdoba, sería nombrado A. Vicini, un hombre del núcleo del nuevo gobernador peronista, Raúl Lucini. El alejamiento de algunos católicos de la dirigencia provincial del peronismo, primero, y la fractura del peronismo nacional con la jerarquía de la iglesia católica terminaron por alejar a Martínez Casas de aquél proyecto político. El surgimiento de la democracia cristiana en Córdoba entre 1953 y 1954, lo tuvo entre sus primeros promotores junto a Agustín Caeiro, liberal antiperonista. Ese espacio político, que sería parte de la férrea oposición al peronismo en 1955, posibilitó años después, que Martínez Casas regresara al Banco de la Provincia de Córdoba (1958) y de la Nación (1966). En ambos casos, sus credenciales de “experto” en temas bancarios parecieron predominar por sobre su “pasado peronista”. De la misma manera, su pertenencia al catolicismo antiliberal y a las elites provinciales, le habilitarían, durante la dictadura iniciada en 1976, ocupar la presidencia del Banco de Córdoba. La trayectoria de Martínez Casas permite visibilizar los contornos de una figura plástica donde la capacidad adaptativa para las diversas transformaciones políticas no fue en 285 desmedro de su actuación como intelectual dentro del Estado. En este caso, en un mundo de “técnicos” bancarios, predominó su perfil de “hombre de ley” universitario. Bibliografía Banco de la Provincia de Córdoba, (1968) Noticia histórica en el 95º aniversario. Memoria y balance general ejercicio, Córdoba. Berardo, C (1955) La economía argentina. Orden y evolución. Dependencia e independencia, UNC, Córdoba. --- (1952) El Banco de la provincia de Córdoba en el desarrollo económico del interior, Departamento de Publicidad y Fomento, Banco de la Provincia de Córdoba. --- (1948) “Régimen económico de la Constitución vigente”, Hechos e Ideas, Año IX, nr. 56-57. Bianchi, S. (2002) “La conformación de la Iglesia católica como actor político-social. 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Podemos decir que existe un consenso en la identificación de estancias o modalidades del catolicismo que atienden no sólo a sus dinámicas internas, en función de la relación entre el laicado con las jerarquías eclesiásticas, sino también a las líneas de pensamiento y posicionamiento de actores que incidieron en la escena pública y que se desplegaron por fuera de lo estrictamente religioso.381 El renacimiento del catolicismo vinculado a la expansión de un laicado y la consolidación de la estructura jerárquica y doctrinaria a principios del XX –producto del dispositivo centralizador administrativo y dogmático, conocido como la romanización del catolicismo, iniciado con el Concilio Vaticano I (Roma, 1870) e impuesto con Pío IX–; tuvo como impulso inicial la renovación del espiritualismo católico con el propósito de poner coto al proceso de secularización positivista que tanto había preocupado a la Iglesia y de recuperar la centralidad social perdida, que alcanzó su clímax de movilización masiva con el Congreso Eucarístico Internacional de 1934. Se trató de una especie de “corriente eléctrica” que dinamizó las instituciones de la vida cultural y política del país, y que en los años treinta acuñó la idea de que el catolicismo integral constituía un núcleo fundante y excluyente de la nacionalidad. La activación del mundo católico en conjunción con el auge del nacionalismo y la asunción de posiciones críticas a los procesos de modernización,382 llevaron al catolicismo a ingresar con fuerte presencia en la arena del debate 381 Mallimaci (2015:15) desarrolla la tesis de tres grandes momentos en la relación entre catolicismo y las políticas en Argentina a lo largo del siglo XX: “el del catolicismo sin Iglesia entre mediados del siglo XIX y 1930, el del catolicismo con Iglesia de 1930 a 1976 y el de Iglesia sin catolicismo desde entonces hasta ahora”. 382 La Encíclica Quanta Cura y el Syllabus, ambos dictados por Pío IX en 1864, habían condenado los errores de la modernidad con la intención de restablecer la supremacía eclesiástica del dogma y de la fe frente a los avances del racionalismo, la secularización y el liberalismo. León XIII a través de la Encíclica Aeterni Patris (1879) restauró la filosofía escolástica sin desestimar la lectura crítica y los posibles aportes de la filosofía moderna, siempre y cuando se 289 público, ya sea para resistir desde las murallas de la reacción defensiva, o para intentar aggiornar la filosofía católica a los desafíos que planteaba el mundo “moderno”. Esta última opción ha sido referida como una nueva sensibilidad (Zanca, 2013:12) que viabilizaría gradualmente un proceso de secularización al interior de la misma Iglesia, o en términos de Malllimaci (2015:23), como procesos de laicización, los cuales implicaban no sólo la separación de esferas, sino la apertura de espacios de autonomía de las organizaciones laicas, con mayor ejercicio de libertad de conciencia y cierta automatización de las autoridades eclesiásticas. Por otro lado, también suponía la proyección en el campo político de categorías e ideas del mundo “moderno” resignificados con contenidos de la filosofía católica, como por ejemplo, la idea de una democracia no liberal, orgánica y de responsabilidad estatal que ofrecía una tercera vía, frente al liberalismo y al comunismo. Los procesos de secularización o laicización si bien datan de la primera posguerra, se afianzaron en la Argentina paralelamente al declive de los intentos de homogeneización identitaria que desplegaron tanto los gobiernos militares como populistas, en la primera mitad del siglo XX, los cuales se habían nutrido del imaginario de “la nación católica”. 383 De hecho, luego del conflicto intestino que estalló dentro del peronismo y del fallido intento de Lonardi de sostener al catolicismo en el espacio estatal, los católicos se vieron obligados a repensar estrategias para sostener su injerencia en un espacio público, donde la identidad nacional aparecía resquebrajada debido a la antinomia peronismo- antiperonismo. A partir del 55 la tradicional evocación de la identificación entre catolicismo y nación quedaría subordinada a nuevos criterios de eficacia con que las dirigencias católicas pretenderán reconstruir legitimación, para no quedarse fuera de la arena política, unos tendiendo puentes con el arco conservador y liberal, y otros tratando de no olvidar los sustratos sociales y aspectos doctrinarios que los unían con el peronismo. Entre estos últimos no habría tampoco posiciones homogéneas. Las disputas dentro de los partidos de filiación cristiana y de los movimientos y organizaciones sociales, no se darían en términos de representación excluyente de la nación, sino de la viabilización de diversos subordinaran a la filosofía católica expresada por Santo Tomás (Klimke, 1947: 788 y ss.). Sostuvo así la línea antiliberal y anticomunista a través de la célebre Encíclica Rerum Novarum (1891), haciendo de la “cuestión social” una prioridad para el catolicismo integral. Pío X continuaría hasta principios de la Primera Guerra Mundial las condenas hacia los modernistas católicos. 383 La concepción de “nación católica” utilizado por Zanatta (1996), como una contra-sociedad, con componentes confesionalitas, nacionalistas, hispanistas y corporativos; si bien ha sido cuestionado por amalgamar componentes diferentes, sigue siendo útil como referencia a un imaginario social mítico que nutrió una cultura política antiliberal y anticomunista en los años centrales del siglo XX. 290 posicionamientos. Robustecidas con las producciones de un catolicismo crítico europeo, se proyectarán desde mediados de los años cincuenta en el plano interno, a través de la defensa de un mayor pluralismo para sostener su propia inclusión dentro de las reglas del juego del sistema liberal/semidemocrático384. Si bien inicialmente el catolicismo se entusiasmó con la posibilidad de disolución del peronismo385, el fracaso de las políticas de proscripción de la década del sesenta terminaron por dividir las aguas entre los volvieron a vincularse con el peronismo y los que finalmente optaron por soluciones autoritarias inspiradas en el franquismo para terminar con los peligros que su radicalización suponía. Si bien la Iglesia continuó afianzando sus intervenciones en la esfera pública, la pluralidad que implicó el proceso de secularización terminaría convirtiendo las tradicionales brechas del campo católico en líneas divergentes. El integrismo tradicionalista priorizaría la doctrina, el orden, la jerarquía y la lucha contra la “modernidad” y sus desviacionismos, incluso antes que impactaran las reformas del Concilio Vaticano II y los posicionamientos de fuerte contenido social de la Iglesia latinoamericana.386 El hiato que se abrió dentro de la Iglesia en los años sesenta y setenta no sólo trajo a colación una pérdida de hegemonía, sino que evidenció la irreversibilidad que tuvo el giro secularizador, a pesar de los intentos de las sucesivas dictaduras por restablecer la potencialidad que otrora tuviera el mito de la nación católica, en el slogan de la “tradición occidental y cristiana”, con el que justificaba la alineación a las estrategias de seguridad norteamericanas en la región, frente al temor que el comunismo seguía despertando en un espectro no menor del catolicismo (Bohoslavsky y Vicente, 2014). En estos tránsitos del catolicismo en el siglo XX argentino es interesante observar cómo se comportaron y qué deslizamientos se produjeron en trayectorias individuales de ciertos referentes 384 Allí se destacaron la Democracia Cristiana y en menor medida su par nacionalista e integralista la Unión Federal Demócrata Cristiana (Fares, 2007); entre los movimientos estudiantiles, los Humanistas con sus transformaciones pro reformistas y luego filo peronista en algunas ocasiones convergería con el acercamiento estratégico al peronismo de la FUBA (Califa, 2014); entre las organizaciones laicas: dirigencias y militancias de Acción Católica y publicaciones como la revista Encuentro, Criterio bajo la dirección de Jorge Mejías, y más tarde la revista jesuita del CIAS, entre otras. 385 Spinelli (2005) distingue en el arco antiperonista de la “Libertadora” tres posiciones: llama a los primeros tolerantes, y allí incluye a la UCRI, nacionalistas y comunistas, luego serían los sectores que conformarían la nueva izquierda y entre los segundos distingue los antiperonistas optimistas, identificados con la actitud de la UCRP que piensa puede desplazar al peronismo y los antiperonistas radicalizados, que derivarían finalmente en posiciones dictatoriales. 386 Los sucesivos documentos del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) organizado en 1955, como los de Medellín en 1969 y Puebla diez años después, reflejan el compromiso social y la opción por los pobres que haría la Iglesia latinoamericana, si bien en sintonía con las renovación propuesta por el Concilio, con un fuerte sesgo distintivo, cuyas derivaciones más radicales se visibilizarían en la Teología de la Liberación. 291 académicos, como lo fue Juan Ramón Sepich, sacerdote y profesor de filosofía con circulación internacional y anclaje local, que se formó en la escolástica tomista de los años treinta, compartió el imaginario de la “nación católica” y adhirió a los ideales de restauración de la cultura hispánica, con un acotado diálogo en clave conservadora con el humanismo cristiano, alrededor de los años cincuenta, a tono con el proceso de secularización que se vivía al interior de la Iglesia, centró su preocupación por articular la filosofía católica con ciertos filósofos de la modernidad. Dicha trayectoria pone en evidencia la sintonía y participación del integrismo católico en el gobierno militar de 1943, así como el espacio de intersección de intereses y luego del conflicto entre la Iglesia y el peronismo. Frente al proceso de renovación y crisis que atravesó la Iglesia en los años sesenta, intentó eludir la opción por la reacción o el reformismo –sin ocultar su preferencia por la primera–, y buscó refugio en los desarrollos filosóficos del existencialismo y el idealismo europeo, desplazando así el interés por la cuestión nacional que otrora le preocupaba, ante la radicalización política que atraparía a una parte importante de la Iglesia católica en Argentina y Latinoamérica. Este trabajo intentará no sólo reconstruir la trayectoria de Juan Ramón Sepich Lange (Buenos Aires 1906- Alemania 1979) en función de su inserción institucional y su itinerario intelectual, sino mostrar la complejidad de relaciones que articulan las lógicas de la filosofía católica, con la vida universitaria y las políticas públicas, en un abordaje de cruces entre los conflictos políticos que atravesaron la historia argentina con los tránsitos del catolicismo integralista desde los años treinta, pasando por el conflicto peronismo–antiperonismo, el horizonte renovador de los sesenta y la radicalización de los setenta. Tensiones y discontinuidades en la trayectoria de un intelectual/clerc Las trayectorias de los filósofos católicos en la esfera pública pueden mirarse no sólo desde los vaivenes o las estaciones del catolicismo, sino desde las reflexiones que la historia de los intelectuales plantea con respecto a los procesos de modernización. La imagen del “intelectual/clerc” sigue siendo significativa para explicar los tránsitos del proceso de secularización y el gradual desplazamiento del rol sacerdotal como formador de conciencias, por la de los intelectuales publicistas o escritores, cuando no políticos y educadores, formadores de opinión pública y con incidencia política. 292 En nuestro caso se trata de observar el rol de agentes católicos no sólo como reproductores de un pensamiento o dogmática institucional, sino como agentes con creciente autonomización, que pretenden actualizar la filosofía católica y reconstruir su legitimidad en un mundo en cambio. El mundo católico sin embargo, vivió una especie de solapamiento de funciones, a través de personajes que conjugaban ambos perfiles, sin preocuparse demasiado por dar mayores explicaciones acerca de las distintas incumbencias que implicaba el desempeño del rol sacerdotal al mismo tiempo que el de intelectual, lo cual ciertamente era coherente con la idea del integralismo que se negaba a escindir la vida pública de la privada, tal como proponía la modernidad liberal. Mientras en el campo secular, los intelectuales irían subordinado ciertos imperativos normativos de justicia y verdad a las pasiones políticas del mundo secular, movidos por intereses prácticos vinculados a la apropiación del poder temporal y a las lógicas políticas (Altamirano, 2013:39-42); las lógicas de los sacerdotes en su rol de intelectuales se resistían paralelamente a desprenderse de los intereses temporales en pos de focalizarse en los contenidos puramente religiosos o doctrinarios. Si bien no menospreciaban su rol de mediadores o intermediarios de los misterios divinos, no lo harían sólo como teólogos, sino también como intérpretes del mundo, imponiendo la primacía de la filosofía católica –muchas veces en pos de conservar la jerarquía eclesial–, aunque para ello tuvieran que tranzar con algunos procesos de secularización dentro y fuera de la Iglesia. Así, el ejercicio de autonomía de ciertos sacerdotes intelectuales, privilegió la divulgación de una filosofía que pudiera contener los valores de cultura católica y que se proyectara en el orden temporal, desplazando las prácticas litúrgicas y la acción pastoral a segundo plano. En este sentido la trayectoria de Juan Ramón Sepich responde a esta figura del clerc/intelectual secularizado, el cual además de ser vicario de lo divino se comporta como un “productor cultural” (Williams, 1982:201), cuyo desarrollo de saberes especiales –en su caso el de una historia de la filosofía–buscaba sostener los valores de la antigua cristiandad en la “modernidad” . Su marcado integralismo, si bien admitía cierta preocupación formal o pragmática por separar el campo filosófico del teológico, no podía ocultar la intención de encontrar en la filosofía insumos que no contrariaran la creencia religiosa, sino por el contrario, que le abrieran las puertas de conexión entre ambas dimensiones. 293 Es interesante mencionar que la actitud del integralismo no fue siempre y unánimemente antimoderna. Si bien las jerarquías se ocuparon de mantener el verticalismo doctrinario emanado de Roma que condenaba al modernismo en general, una parte no menor del catolicismo y muchos de sus clérigos intelectuales y/o productores culturales, fueron construyendo puentes o negociando los modos de ser católicos en el mundo “moderno”, dando lugar a una especie de “posibilismo” que buscara las maneras de vivir en ambos mundos sin entrar en contradicciones. La trayectoria de Sepich da cuenta de este intento, sobre todo, en su etapa madura. No es de extrañar si pensamos que como estudiante de instituciones dirigidas por jesuitas, podían tener resonancias en él esto de tamizar las ideas de la “modernidad” a través de la neoescolástica. Sin embargo, sus primeras etapas de ejercicio académico lo posicionan más cerca del tradicionalismo reaccionario, para luego reconocer la necesidad de diálogo con la “modernidad”. En el plano de sus prácticas, su integralismo supuso un compromiso con la gestión en instituciones educativas universitarias387 y la articulación de redes académicas que reactivaran los valores tradicionalistas, jerárquicos y autoritarios del hispanismo, canalizado por las políticas de activación de redes culturales hispanoamericanas del franquismo, que operarían no sólo como reacción frente a la crisis civilizatoria de la modernización, sino como estrategia política alternativa frente a los nuevos desafíos que abriría la posguerra, en torno a la polarización entre capitalismo y comunismo. En estos complejos tránsitos del catolicismo, la trayectoria biográfica de Sepich aporta registros significativos para la reconstrucción de los circuitos de relaciones que se entretejen entre el espacio nacional y el plano internacional. Su intención de hacer de la ciudad profana una ciudad sagrada, con mayor presencia en las cátedras universitarias que en el púlpito, lo constituye no sólo en un agente reproductor de la filosofía católica en sus variadas modulaciones, sino también en un productor, difusor y propagador de las ideas que asociaban la catolicidad con la identidad hispánica. Desde múltiples espacios académicos de locución, locales, nacionales e internacionales, estatales y eclesiásticos, este sacerdote poco sedentario difundió sus ideas a través de publicaciones y actuaciones públicas, accionando las relaciones entre centro y la periferia, entre Buenos Aires y Mendoza, entre Argentina y Europa (España, Alemania e Italia), reforzando las vinculaciones trasatlánticas tan caras al internacional catolicismo. Esta trayectoria sirve para revisar las visiones 387 Para Sepich la función política de la Universidad era promover a través de la enseñanza “la cultura espiritual de la comunidad política”, apartándose del “monstruo” racionalista “de los intelectuales modernos”, sostener “valores tradicionales de sabiduría y prudencia, en el sentido funcional” (distinguiendo incluso la enseñanza para varones y mujeres) que configuren una “soberanía nacional identificada con el patrimonio heredado del gran estado cristiano” (Sepich, 1946a). 294 estereotipadas entre “intelectuales del interior” versus “intelectuales centrales”, observar cómo circulan las lógicas dentro del campo católico, así como la antinomia tradicionalismo/ modernización, y permite dar cuenta de la dificultad para distinguir posiciones univalentes no sólo dentro del universo católico en general, o del campo católico nacional, sino en la existencia y el pensamiento mismo de los actores. Mientras que por su formación se lo identifica con el pensamiento escolástico impartido por las instituciones clericales porteñas fuertemente vinculadas con Roma, el registro de su trayectoria en los años treinta y cuarenta revela su identificación con el integrismo hispanista y reaccionario; tanto por su actuación como funcionario del golpe ultramontano de 1943, como por formar parte de una constelación de profesores, académicos e intelectuales de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), quienes difundieron con ímpetu las ideas del hispanismo franquista. En la década del sesenta, atravesado por las tensiones que se dieron entre peronismo y catolicismo, su labor docente en las universidades de Mendoza y La Plata se verá acotada y optará por recurrentes estancias europeas, en la que se alterna entre las universidades de Madrid y Friburgo, una de las universidades cristianas más antiguas de Alemania que unía tradición y modernidad y donde la escuela fenomenológica tendrá impacto en el pensamiento católico. 388 Allí terminaría de configurar un pensamiento “moderno” en fuerte diálogo con la filosofía heideggeriana y hegeliana, que parece apartarlo definitivamente de los caminos del reaccionarismo. Según relatos de los memoriosos, la imagen de los últimos años de Sepich en Mendoza, detecta no sólo su decepción y autoexilio frente al contexto radicalizado de los setenta, sino del último giro de su filosofía católica en diálogo con Hegel y el idealismo alemán, que lo acreditaron ante los ojos de algunos contemporáneos –no todos389– como un hombre abierto a los cambios de 388 Ciertas nociones fundamentales de la fenomenología eran funcionales a la filosofía católica. La fenomenología implicaba no solo planteamientos críticos frente a toda concepción “positivista”, sino una concepción teleológica de la historia y una vía de pensamiento en contraposición a la “modernidad” , basada en la noción de Lehenswelt - el mundo de la vida- desarrollada por Edmund Husserl en La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental (1936), la cual constituía una piedra de toque para el enjuiciamiento de cualquier época y de cualquier ideología dominante, poniendo de manifiesto la contradictoria dinámica de cualquier realización histórica frente a las exigencias del plano trascendental. El análisis de la conciencia, también era central para ambas filosofías, implicaba no sólo un plano teorético o intelectivo, sino funciones sentimentales- axiológicas y volitivo-prácticas, lo que implicaba un sentido funcional de la vida teorética tiene para la praxis (Gómez Romero, 1997). 389 Las entrevistas que realizamos en el 2014 a algunos de los que habían sido sus alumnos o discípulos en su última estancia en la UNCuyo (1968-1978), manifestaron diferentes percepciones en relación a su perfil docente: “presencia física muy fuerte, flaco, irónico”, “no se podía interrumpir ni preguntar en sus clases”, “era difícil de comprender… ”, “para algunos era un genio”, “se preocupaba por las personas”, “era itinerante, no se sabía cuando se podía rendir”; sino sobre su viraje ideológico en los setenta: “algunos decían que el padre se había vuelto marxista”, “Debió haber tenido una crisis fuerte existencial, por eso ese cambió tan fuerte en su perspectiva filosófica…, poder leer Heidegger, 295 su época, que se permitió pensar a América como parte central del proceso de modernización y a la consecución de su libertad a través de una teología de la conciencia individual. Primera estación: Buenos Aires – Roma: formación y tradición neoescolástica Juan Ramón Sepich Lange nació en la primera década del siglo XX. Hijo de Román Sepich de origen croata y Juana Lange de origen alemán, comenzó a los 17 años a estudiar Filosofía y Teología en la Facultad de Teología de San Miguel. En 1923 ingresó en el Seminario Mayor Metropolitano de la inmaculada Concepción, conocido como Seminario de Villa Devoto de Buenos Aires, 390 junto a personalidades que se destacarían en el catolicismo como Julio Meinvieille, Nicolás Octavio Derisi y Leonardo Castellani. Allí se formaron en disciplinas vinculadas a la tradición neoescolática.391 Fue becado a la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, para estudiar filosofía antigua, donde alcanzó el título de Bachiller en Filosofía a los 20 años.392 De regreso a Buenos Aires se ordenó sacerdote en 1930 y se doctoró en Teología en el mismo Seminario Pontificio, donde luego de una estadía en Córdoba por motivos de salud, comenzaría a desempeñarse como docente universitario en cátedras filosóficas. Sus estudios en la FFyLetras de la UNBA lo conectaron a la impronta académica desarrollada por la generación del Centenario, quien por entonces recorría los caminos del Nietzsche, Hegel… que los católicos no podían leer…” “tenía sus seguidores en la facultad… y en la fundación ecuménica también”, “a veces comentaba contra la dictadura”, “criticaba a los profesores que daban clases en sus casas -a quienes luego se les pondrían bombas- porque ponían en riesgo a los alumnos”, “nunca se llevó bien con los historiadores hispanistas… los subestimaba… ni con los que querían enarbolar la bandera roja en la Universidad…”, “fue un personaje negro en la historia de la Complutense de Madrid”. Entrevistas realizadas a ex alumnos- profesores de Filosofía en la UNCuyo, abril, 2014. 390 En 1916 el Vaticano habilitó en Buenos Aires a Facultades de estudios eclesiásticos, que emitirían títulos académicos de Bachiller, Licenciado y Doctor en Sagrada Teología y Filosofía, las cuales inicialmente estuvieron regidas por los Jesuitas, y recién en 1960 pasarían en forma definitiva al clero secular. Cfr. Poli, M.A. “Seminario de Villa Devoto”, en: http://www.devotohistoria.com.ar/SeminarioMetropolitanoParte1y2.htm fecha de consulta: 01/12/2015. 391 Se denomina neoescolástica al movimiento que desde mediados del siglo XIX reactiva el pensamiento tomista con algunos matices diferenciales de la escolástica medieval y la tardía. No sólo no remiten tanto los clásicos, sino que pretende separarse de la teología, discriminando distintas ramas de la Filosofía, en la que se priorizan los estudios histórico-críticos, como forma de volver a los desarrollos del doctor Angélico en el siglo XIII (Klimke, 1947:820). 392 Los estudios de Bourdieu (2009) sobre las formas de reclutamiento de obispos franceses, –donde distingue a los curas de parroquia de aquellos que con capital cultural propio, tenían a su cargo la reproducción eclesial, social y cultural más liberada de las cuestiones temporales–, inspiran para pensar los amplios márgenes de libertad con que Sepich dispuso de su vida. No sólo porque vivió fuera de una comunidad parroquial, (según testimonios –“alquilaba un departamento en una de las arterias principales que lleva a la Universidad, daba misa en la Iglesia del Buen Pastor cercana a su domicilio y recibió asistencia de monjas cuando tuvo un accidente automovilístico en su última estadía”-); sino porque se traslada de un lugar a otro, en función de decisiones que parecen responder a coyunturas políticas que afectan su posición personal, más que a decisiones o estrategias de las jerarquías eclesiásticas). 296 espiritualismo novecentista y del antipositivismo, encabezada por dos tendencias. Por un lado la línea de Coriolano Alberini, que seguía a Bergson y la filosofía francesa e italiana. Por el otro, la de Alejandro Korn, uno de los reconocidos maestros de Sepich, que lo hacía desde las lecturas Kant y sus seguidores. También tomaría clases con Rómulo Carbia, León Dujovne, Francisco Romero y Carlos Astrada, quien por entonces dictaba los primeros cursos sobre Heidegger (Buchbinder, 1997:119 y ss.). En la década del treinta se afianzó su participación en el espacio de formación y sociabilidad de la intelectualidad católica. Como profesor del Seminario Pontificio, semillero de formación de los futuros sacerdotes, dictó Historia de la Filosofía y Comentarios o Exégesis de textos filosóficos, Teología y Metodología Filosófica. En los Cursos de Cultura Católica (en adelante CCC), trabajó junto con Nicolás Octavio Derisi, C. Pico, Atilio del Oro Maini y Tomás Casares y mantuvo contactos con Nimio de Anquín en Córdoba, Alberto Baldrich en Rosario, Sixto Terán en Tucumán. En 1937 Casares, lo nombró junto con Derisi a cargo de la Escuela de Filosofía de los CCC, allí dictó numerosos cursos que luego se publicaron como Lógica Formal, donde desarrolla la tradición aristotélico tomista e Introducción a la Filosofía, se aparta según sus discípulos de los contenidos netamente cognitivos y esencialistas de la filosofía para concebirla en su función “propedéutica y de indagación”, cuestión que sería central a lo largo de su vida (Rodríguez, 1973) y que definiría el rol del intelectual/filósofo católico. Su primer estancia de formación e inserción laboral fue prácticamente paralela a la de Derisi, quien fue fundador de la Universidad Católica Argentina (Rodríguez, L. y Rovituso, C., 2012), tanto por los ámbitos de formación que transitaron, como por las redes de socialización que compartieron. Según algunos testimonios, existió escasa simpatía entre ambos. Además de formarse como sacerdotes en la Pontificia y de enseñar en los CCC, estudiaron y trabajaron en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de la Plata.393 Sepich publicó en Sapientia, –revista tomista dirigida por Derisi–, donde puso de manifiesto un estilo que “distaba de lo literario pero reflejaba un pensamiento vigoroso, no opaco pero si intrincado por la complejidad de la temática, al decir de otro de sus discípulos”. Esta etapa de su vida estuvo atravesada por las primeras recepciones de Jacques Maritain en Argentina. No sólo formó parte del círculo que lo recibió en sus viajes de 1936 393 Además de Profesor Adjunto en la FFyL. de la UNBA., Sepich tendrá otras participaciones docentes entre 1943-1944 y 1947-1948. Entre 1950-1955 sería Profesor de Ética en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UN de La Plata (VVAA., 1965: 440). 297 y 1937, sino que también se hizo eco de las confrontaciones que su actuación despertó.394 Si por un lado Maritain representaba la renovación neotomista francesa de entreguerras, también despertaba simpatías entre los sectores vinculados al nacionalismo por sus antiguos vínculos con los círculos maurrasianos. Así el campo católico que a principios de los años treinta aparecía unido, comenzaría a mostrar sus primeras fisuras a fines de la década. Sepich claramente representó a un sector que estuvo dispuesto a escuchar al filósofo humanista, pero no a polemizar y menos aún a confrontar con el establishment eclesiástico. En una carta escrita a Maritain, que Zanca rescata, si bien decía lamentar las críticas de Meinvielle publicadas en Crisol, le demandaba al francés “gestos heroicos” que expresaran públicamente su prescindencia política, con el fin de hacerla llegar a los CCC para demostrar que no se encontraban amenazadas las relaciones con las jerarquías eclesiásticas (Zanca, 2013:70). Ciertamente las recepciones del pensamiento de Maritain fueron plurivalentes (Compagnon, 2013:104-106). No sólo porque en los años veinte sus críticas al liberalismo le habían generado simpatías en los sectores nacionalistas, sino porque paradojalmente supo promover una manera tradicional para que reducidas élites académicas y políticas se vincularan con la “modernidad” ideológica. Por otro lado, la defensa que hizo del bando republicano en la Guerra Civil Española, le había granjeado fuertes rechazos dentro de los círculos católicos nacionalistas argentinos, quienes terminaron por identificarse como uno de los más potentes propulsores del movimiento demócrata cristiano en América Latina y del humanismo cristiano de corte reformista. Rechazado por los tradicionalistas y denunciados sus escritos como uno de los desviacionismos del reformismo, la democracia cristiana, sería denunciada por izquierda como un giro conservador que pretendía poner freno a las transformaciones liberacionistas. Más allá de las múltiples recepciones, el mensaje central de la propuesta maritainiana de construir una “modernidad” alternativa que forjara una nueva relación entre la dignidad de persona, una sociedad con relaciones justas y fraternas y un Estado secular que dejara a la Iglesia un rol bastante marginal, no fue receptado por Sepich, quien desde fines de los treinta y durante la década de los cuarenta concentraría sus esfuerzos intelectuales en denunciar la crisis civilizatoria que 394 Según Zanca (2013: 61) Sepich formó parte del junto del comité de recepción que lo esperaba en Montevideo junto con Casares, Pividal, Mendioroz, Goyeneche y LLambías. En esta obra relata los cuestionamientos que se desataron en la primera gira de Maritain, debido a su apertura hacia públicos heterodoxos (judíos, elites liberales, masones, comunistas) y cómo en los años cuarenta se redoblaron las críticas a partir de las declaraciones de Meinvielle y del cardenal Caggiano, quienes alertaban sobre los peligros del personalismo y del desviacionismo que implicaba la promoción de un proceso de secularización, con posibles efectos revolucionarios. 298 había originado la “modernidad” (Sepich, 1938) y en difundir su propuesta integralista de subordinar lo social a lo trascendental y la filosofía política a la teología (Sepich, 1940) Sus preocupaciones políticas se enmarcaron dentro del hispanismo que buscaba restablecer los lazos entre la ciudad celeste y la terrestre pero desde perspectivas culturales, más que teológicas. De hecho, sus escritos tuvieron difusión en publicaciones periódicas vinculadas no sólo al catolicismo como Criterio y Sapientia, sino también al nacionalismo como Sol y Luna, Baluarte y Dinámica social, e incluso al pensamiento católico tradicionalista español como Alférez, Ortodoxia, Arbor, revista del Consejo de Investigaciones Científicas, fundada por Calvo Serer entre otros (Díaz Hernández, 2008) y Punta Europa, que apareció después de 1955 con un marcado tono conservador. En todas ellas, Sepich puso en relieve su perfil hispanista, que lo convirtió en un representante del catolicismo escolástico preocupado tanto por los desarrollos teóricos de una teología, metafísica y ética cristiana, como por la búsqueda de los valores tradicionales del catolicismo como nutriente de los contenidos de la nacionalidad. Segunda estación: Mendoza, Buenos Aires, Madrid: del intervencionismo militar al desplazamiento del peronismo: la circulación del hispanismo En los primeros meses de 1943 Sepich fue convocado por la UNCuyo para enseñar en la carrera de Filosofía, las asignaturas de Historia comparada de las religiones, Metafísica y Gnoseología y Epistemología de las Ciencias. Su bagaje de conocimientos sobre filosofía clásica y escolástica, lógica y teología así como las publicaciones que lo precedían antes de llegar a Mendoza, lo acreditaban como un representante del hispanismo más tradicionalista, acorde a la impronta que estaba tomando la novel universidad del oeste. La UNCuyo fue creada en 1939 bajo la impronta del conservadorismo provincial y el nacionalismo cultural, pero al poco tiempo sufrió la oleada de intervenciones enviadas por el gobierno de facto que impuso a los sectores nacionalistas y católicos más reaccionarios con Carlos Pithod primero y Ramón Doll después, como interventores. Dicha tradición fue amortiguada durante el peronismo bajo el rectorado de Ireneo Cruz (1948-1954),395 395 Ireneo CRUZ, Buenos Aires, 1903- Mendoza, 1955. Estudió Profesorado en la UNBA, enseñó en Paraná y en la UNBA (1939-40). Invitado por Rector fundador de la UNCuyo, Edmundo Correas para trabajar como Profesor de Lenguas y Literatura clásica en FFyL., continuó con las políticas de contratación de profesores con cierta trayectoria académica y perfil intelectual cercano al humanismo católico (Fares, 2011a). 299 cuyo perfil humanista ayudó encontrar puntos de clivajes entre las redes universitarias locales, al mismo tiempo que respondió a las exigencias que el gobierno nacional imponía a las universidades. La enseñanza de la filosofía en la FFyLetras de la UNCuyo durante los primeros años de su creación, reflejó las tendencias de del humanismo integral de la UNPlata y la UNBA.396 De hecho, gran parte de los profesores que inicialmente se hicieron cargo de las principales cátedras de la carrera de Filosofía habían sido formados en la UNBA y UNPlata, aunque muchos de ellos no permanecerían largo tiempo –como Héctor Catalano, Luis García Onrubia, Juan José Arévalo–. La permanencia en cambio del filósofo Diego Pró, egresado del Profesorado de Paraná, le posibilitó hacer el primer y único registro de memoria colectiva de la institución, en la que nos basamos para este trabajo. Con la expresión de Paul Groussac “los que pasaban” (1919) dio cuenta aquellos personajes que en los primeros tiempos generaron un dinamismo y movilidad que significaría necesariamente modernización o vanguardismo, pues la presencia de filólogos, literatos, geógrafos, filósofos e historiadores españoles, estuvieron más vinculados al franquismo que al republicanismo, aunque las excepciones no fueron menores, como lo prueba la presencia del medievalista Claudio Sánchez Albornoz (Fares, 2015). Una muestra del enclave de la tradición reaccionaria que vincula a la UNCórdoba con la UNCuyo es el homenaje en paralelo que se le realizó a Nimio de Anquín y a Sepich (Pró, 1984). Ambos reflejaban la misma actitud filosófica, como profesores y divulgadores de la filosofía escolástica que incursionaron en la filosofía y la práctica política. La crítica al kantismo como una filosofía atrapada en el mundo de los fenómenos y representaciones, los llevaría a que ambos buscaran una salida que no encontrarían en el existencialismo, para recurrir finalmente a una filosofía de la conciencia con el propósito de resolver la crisis del pensamiento europeo, mientras, su opción política, quedaría anclada en el hispanismo y en las políticas culturales del franquismo. 396 La presencia de Ortega y Gasset en 1916 fue significativa no sólo por representar los primeros embates contra el positivismo, sino porque abrió la puerta a la lectura de autores alemanes como Husserl y Scheler que tomaron vuelo en filósofos como Romero, Astrada, Virasoro, Franceschi y Vasallo. Por otro lado, la filosofía tomista tradicional venía siendo remozada por las lecturas de Jacques Maritain, Etienne Gilson y Garrigou-Lagrange, como anticipamos, lo cual generaría debates y revisiones sobre todo en la generación de filósofos católicos mayores como Tomás Casares, Leonardo Castellani, Sixto Terán e Ismael Quiles. En la UNCuyo durante la primera etapa de su fundación hasta el Congreso de Filosofía se difunden autores como Bergson, Dilthey, Husserl, Scheler, Croce, Gentile, Hartmann, Heidegger, Ortega y Gasset, Maritain, Garrigou – Lagrange, y entre los clásicos: Platón, Aristóteles, Santo Tomás, Suarez, Descartes, Kant y Hegel enfatizando los abordajes histórico críticos de la filosofía. Luego la filosofía española hace retroceder la influencia germánica pasada por Madrid, y sobrevino la escolástica de tradición española, de la mano de Sepich, Guido Soaje Ramos, Manuel Trías y Ricardo Pantano, y posteriormente con los españoles Ángel González Alvarez y Antonio Millán Puelles (Pró, 1965:348 ss.). 300 En 1943 Sepich fue nombrado director del –recientemente fundado– Instituto de Filosofía en la FFyL de la UNCuyo. Desde allí se alentó la investigación, concebida como una actividad de extensión de las cátedras, pero también donde se conformaban equipos de investigación, se dictaban cursos y se editaban los trabajos en revistas como Philosophia y la Colección de Estudios de Filosofía del Instituto.397 Tras una breve gestión como delegado interventor de la FFyLetras durante unos meses de 1944 en la UNCuyo, aceptó la designación por parte del gobierno militar en junio de 1944 como Rector del Colegio Nacional de San Carlos, nominación que le dió la intervención universitaria, al Colegio Nacional de Buenos Aires dependiente de la UNBA, en rescate de su tradicional abolengo, como lo recordó el mismo Sepich en el discurso inaugural de su gestión. Allí retomó la diatriba contra el racionalismo francés responsable del desplazamiento de aquel teocentrismo que había albergado el humanismo criollista de raíz hispana, difundido en las instituciones educativas de ancien regime y pretendía restaurarse. La disciplina era ensalzada en función de reconstruir un orden jerárquico que asegurara el bien, la verdad y la belleza (Halperín Donghi, 2004). Por entonces también asumió como Capellán de Instituciones Públicas de Menores y Director General de Enseñanza Religiosa del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. A propósito de su estancia en Buenos Aires, retomó su labor docente en la UNBA, como profesor adjunto en la cátedra de Historia de la Filosofía Antigua y Medieval. La gestión en instituciones porteñas también fue corta. Tal vez no sólo por la dificultad personal para articular la preocupación intelectual con la gestión pública, problema común de los intelectuales católicos y nacionalistas que fogoneaban golpes de Estado para luego ser desplazados por sus eventuales socios, cosa que puede constatarse con el registro del sentimiento de “desengaño- que sufrió el presbítero- de la línea conservadora nacional”, al que refiere uno de sus discípulos mendocinos (Rodríguez, 1974). Por otro lado, la alta politización que se vivía en los claustros y los conflictos desatados entre católicos y reformistas a partir de la intervención y posteriores intentos de normalización de la UNBA, registró el desplazamiento que sufrió el sector más ultramontano en los albores del peronismo, entre ellos Sepich398, quien prontamente volvió a 397 Ver “Los institutos y la investigación” y “La vida de los institutos”, VVAA., (1965) donde se destaca la influencia de los asesores B. Houssay y C. Alberini en el lugar y la importancia que se le asigna a la investigación en los orígenes de la UNCuyo. 398 En mayo de 1945 los representantes estudiantiles de la FFyL de la UNBA., -que para algunos consejeros confundían catolicismo con nazismo-, pedían la suspensión en sus cargos de los profesores como Diego Luis Molinari, Juan Sepich y Alberto Baldrich - por rosistas confesos y colaboracionista del gobierno- , incluso en 1945 se había desestimado la postulación de Octavio Derisi, de la cátedra de Historia de la Filosofía Antigua y Medieval, por su condición religiosa. (Buchbinder, 1997:158) 301 Mendoza. Allí también se manifestó el conflicto político que puso en cuestión la intervención, sin que ello supusiera el triunfo del reformismo. En la toma del Rectorado de la UNCuyo de 1945 en defensa de la autonomía universitaria, se encontraba el joven Julio Cortázar, quien inicialmente había apoyando a Ireneo Cruz frente al desgaste de las conducciones conservadoras, pero ante el inminente triunfo del peronismo expresó su decisión de irse manifestando su malestar frente a la continuidad de los sectores más reactivos del nacionalismo que dominaban la facultad: “porque yo no tengo estómago para aguantar la vuelta de Jesucristo a la Facultad, los Sepich y los Soaje entronizados” (en: Correas, 2014:128). Al poco tiempo de instalado el peronismo en el poder, encontramos a Sepich en su segundo viaje a Europa, entre 1946 y 1947. Allí asistió al X Congreso Internacional de Filosofía en Roma y fue invitado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España al XIX Congreso de Pax Romana, donde expuso sobre “El universo católico ante los problemas del Estado Moderno”399 realizado en el Escorial, donde estuvo presente una numerosa delegación argentina.400 Asimismo, dictó una serie de cursos y conferencias, invitado por la Junta de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores de España y por el Instituto Católico de Paris, difundió sus ideas hispanistas a través de una serie de publicaciones.401 Sepich se hizo eco de las políticas del franquismo de la posguerra, que pretendían limpiar su imagen filo fascista frente a los Estados Unidos. Según sus biógrafos habría sido uno de los propulsores de la creación en 1947 de Institutos de Cultura Hispánica, que suplió al Consejo de la Hispanidad (Abellán y Monclus, 1989: 150), su intención fue ampliar la injerencia cultural en Hispanoamérica, y postular la integración trasatlántica de las dos Españas, mediante la promoción de la cultura católica tradicionalista como núcleo identitario fundante de la hispanidad. Durante la década del cuarenta, publicó una serie de escritos fuertemente defensivos de la hispanidad como esencia de Occidente y alternativa a la crisis de Europa, que cobran gran difusión. Argumentada en torno a la vieja concepción de cruzada o guerra religiosa que atraviesa la cultura 399 Los Congresos de Pax Romana, organización internacional católica fundada en la Universidad Católica de Friburgo en julio de 1921, fueron espacios para el contacto de los católicos españoles con los católicos y demócratas cristianos de Europa y América que permitieron superar la condena y el “aislamiento” exterior del régimen del general Franco sobre todo a partir de la posguerra, con la consecuente politización que trajo la designación de Alberto Martín Artajo -presidente nacional de Acción Católica y miembro de la Asociación Nacional Católica de Propagandistas- como ministro de Asuntos Exteriores (Sánchez Recio, 2005; Díaz Hernández, 2008: 53). 400 Participaron Atilio Dell´Oro Maini, Cosme Beccar Varela, Nimio de Anquín, Pedro José Frías, Félix Lafiandra, José Mariano Astigueta, Horacio Mackinlay, Juan Carlos Goyeneche, entre otros (Zuleta Álvarez, 1993:19) 401 Publicó artículos de apertura y cierre en la Revista Alférez: “Misión de la inteligencia” y “La filosofía en Hispanoamérica” así como “La misión de los pueblos hispánicos” antes de regresar a Mendoza. 302 occidental entre “herejes” (calvinistas, liberales y comunistas) y ortodoxos (cristianos que subordinan el poder temporal al espiritual). Su concepción de Hispanidad se ofrecía como alternativa a los países católicos, que encontraban en España el rol de madre patria de una realidad social que hermana espiritual, histórica, lingüística, geográfica y políticamente a los países católicos. Su hispanismo suponía no sólo un planteo cultural o de conciencia- como lo llamaba Sepich-, sino un proyecto político justificado en torno a la noción de “bien común” y en la reconstrucción de un orden jurídico, que permitiera la restauración de la cristiandad, pero sin desconocer las identidades nacionalidades (Sepich, 1947b). En el folleto denominado “La hispanidad como problema y destino” (1948), en coautoría con otros acérrimos defensores del hispanismo cuyano como Otto Burgos, -quien luego será Rector con la intervención de Ivanissevich en los setenta-, un renombrado jurista Julio Soler Miralles y el filósofo Toribio Lucero. La argumentación de Sepich negaba la validez de la leyenda negra, reconocía el mestizaje entre lo hispano e indio y proyectaba la realización histórica de la cristiandad en la historia de los pueblos hispánicos. La proyección de América, que debía reencontrase con la línea europea, imperial y cristiana se postulaba como una dirección a futuro más que como una nostalgia del pasado. Sus escritos tuvieron amplia difusión no sólo en España a través de su presencia directa en sus conferencias o presentaciones y publicaciones, sino que fueron replicadas por divulgadores de vasto alcance en toda Hispanoamérica. La obra de Julio Ycaza Tigerino, Originalidad de Hispanoamérica y en 1952,402 cuyas versiones preliminares habían sido publicadas en Chile y Madrid en 1948, enunciaba el propósito claramente restaurador en la idea de Hispanidad, interpretando al pasado, el proceso de emancipación, no como un fenómeno de separación entre las colonias y su metrópoli, sino como un proceso de modernización que incluía ambas márgenes del Atlántico; y al presente, la España franquista, como la única que se mantenía fiel a sus orígenes: la cultura cristiana que había dado a Europa unidad y universalidad. Estas tesis se nutrían de los argumentos de Sepich, a quien se citaba para definir a las nacionalidades hispanoamericanas como integradas a España y a la civilización cristiana, a través de una vinculación imperial de religión, 402 Tigerino distingue dos grandes corrientes de ideas sobre cómo se constituye la identidad americana: la que prioriza la imitación europea, donde incluye al cosmopolitismo, el latinoamericanismo y el españolismo, este último concibe a América como un mero reflejo y prolongación de España (cita a Laín Entralgo, Ernesto. Palacio, o Miguel Sánchez Maza). Dentro de la segunda corriente denominada autoctonista, distingue las formas telúricas, geopolíticas, raciales o indigenistas, e hispanistas o de mestizaje. Esta última es el que reconoce como verdadera línea que configura la identidad hispanoamericana (Fares, 2010). 303 lengua, política y cultura; postulando como proyecto político la realización de la Cristiandad en América. Entre los enemigos de esa hispanidad se refería al peligro nacionalista, como doctrina de Estado y el “peligro marxista cristiano”, como se denominaba al socialcristianismo, pues agredían el sentido de “comunidad cultural supranacional hispana”, en la cual se encarnaba la única forma capaz de enfrentar al imperialismo norteamericano y soviético. Asimismo, cuestionó La Nueva Cristiandad (1934) de Jacques Maritain con los mismos argumentos de J. Meinvieille, por ser incompatible con el carácter sacral y subordinado del orden temporal y del proyecto de Cristiandad Universal que España pretendía viabilizar. Entre 1947 y 1948 regresó al país y en Mendoza retomó varias cátedras de la carrera de filosofía: Gnoseología, Metafísica, Historia de la Filosofía Antigua y Medieval, Historia de las religiones, Epistemología e Introducción a la Filosofía y la Dirección del Instituto de Filosofía. Por entonces se fundó en Mendoza el Instituto Cuyano de Cultura Hispánica (ICCH), el cual contaba con el apoyo del de Madrid para promover las actividades culturales locales y financiar becas de formación de posgrado o estancias de investigación para los egresados y docentes en Humanidades de la FFyLetras de la UNCuyo. Muchos de ellos acreditaron la doble pertenencia institucional a la Facultad y al Instituto, reforzando los lazos intelectuales y fortaleciendo el entramado cultural y social del hispanismo mendocino (Rodríguez, G., 2015). Si bien la presencia de Sepich en Cuyo tenía repercusiones públicas e incidencia en la formación en parte del estudiantado que lo seguiría como maestro, su círculo de amistades de confianza en la Facultad parecían reducirse a una fuerte relación con Alberto Falcionelli, maurrasiano exilado en la posguerra 403 , símbolo del reaccionarismo más extremo en FFyLetras y a un discípulo recientemente converso, Rubén Calderón Bouchet; sin que la misma se replicara en el grupo de intelectuales que tuvieron presencia activa en el ICCH y menos aún con los historiadores que absorbieron las tesis hispanistas de la escuela sevillana (Fares, 2011a). En ese momento Sepich promovió la organización del Primer Congreso Nacional de Filosofía con el objetivo de celebrar los diez años de creación de la FFyLetras, los cinco años del Instituto, inspirándose en lo que fue el cuarto centenario de nacimiento de Francisco Suárez y el primer centenario de la muerte de Jaime Balmes. Filiando claramente la tradición de la filosofía cuyana a la línea escolástica, que se expresaba en los tres ejes sobre los que se desarrollaría el 403 Algunos testimonios señalan que Sepich habría intermediado para su arribo a la FFyLetras en 1947, con pasaporte francés y prontamente habría obtenido la ciudadanía argentina. 304 congreso: persona, educación y comunidad humana, influencia que adquirió durante su última estadía en España.404 Las tensiones que se generaron en función del perfil nacional “falangista” del que se lo acusaba, se oponía al influjo peronista que terminó otorgándole el Rector Ireneo Cruz, secretario general del Comité ejecutivo.405 Si bien Sepich fue desplazado, la línea tomista estaba fuertemente representada por Nicolás Octavio Derisi, Guido Soaje Ramos, Nimio de Anquín, Jaime María Mahieu, Ismael Quiles, Hernán Benítez y con la presencia de filósofos y pedagogos españoles como Julián Marías, Ángel González Álvarez y Ángel Millán Puelles que harían luego escuela en Mendoza. Por otro lado, la línea vinculada a las corrientes modernas de la filosofía, sobre todo al existencialismo estuvo representada por Coriolano Alberini, Carlos Astrada, Rodolfo Agoglia, Rodolfo Mondolfo, Eugenia Pucciarelli y la presencia de conocidos referentes europeos como Jacques Maritain, Jean Hyppolite Gabriel Marcel, Bertand Russel, Benedetto Crocce, y heideggerianos como Hans Gadamer y sus críticos Karl Jaspers, y Karl Lowith. Entre los que no asistieron y denunciaron la obsecuente adhesión “régimen peronista”, se destacó Francisco Romero y Vicente Fatone, aunque las razones estuvieron en las antípodas de lo que habría sido la inicial simpatía de Sepich por el peronismo. Si bien el Congreso evidenció un nivel de discusión que validó la inclusión de los filósofos argentinos en los debates internacionales, no dejó de traslucir las fracturas políticas que atravesaban al campo disciplinario, donde se destacó la oposición al peronismo, los diferentes grados de adhesión al mismo de reconocidos referentes, así como las diversas lecturas e interpretaciones de Heidegger separaron a los católicos de los existencialistas (Ruvituso, 2015). Tercera estación: entre Europa y Argentina: la vía alemana para pensar la inclusión de Latinoamérica en la “modernidad” 404 Crónica Primer Congreso Argentino de Filosofía de la UNCuyo, Mendoza 12 -16 octubre 1948, Boletín Oficial N°1. Si bien Lértora C., (2010) descarta como improbable esta tesis -sostenida incluso por uno de los primeros relatores del Congreso al que cita: Brinkmann, 1949, p. 537-, pero admite que en el acto inaugural del Congreso el discurso del ministro español, leído por el Profesor Ramón C. Lorente, establecía la identidad entre los homenajes a Suárez en el año 1948 en España y el del Congreso mencionado, destacando la vinculación cultural de la identidad entre España -léase la España franquista- y la América de habla española, enfrentadas ambas a los "avatares implacables y rigurosos del positivismo materialista". Además la sexta sesión dedicada a Homenajes incluyó a Francisco Suárez y la ponencia de Enrique Pita. 405 La presencia y el discurso del ejecutivo nacional sobre “la comunidad organizada” dieron cuenta del interés por instalar una legitimidad filosófico-doctrinaria a través de la articulación entre universidad y política, que tendría como corolario la creación de los cursos de formación política y posterior creación de la carrera y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (Fares, 2011b). 305 Si bien su tercer estancia europea como agregado cultural en la legación argentina en Berna y en Roma, parecen acreditarlo como funcionario del peronismo, es posible pensar que su desplazamiento del Congreso de Filosofía le abrirían márgenes de autonomía para abandonar la defensa del hispanismo y profundizar sobre los planteos que la filosofía alemana e inicialmente el existencialismo le abrían al catolicismo. Por aquel entonces, había publicado sus primeros planteos heideggerianos en relación a la concepción del rol intelectual que debía jugar el filósofo católico, asumiendo los desafíos de la “modernidad”, pues su misión era llegar a una síntesis original que pudiera dar respuesta a la conciencia existencial nacida del cristianismo (Sepich, 1946). Para Sepich el diagnóstico del existencialismo en la percepción de la soledad que embargaba al filósofo en el mundo “moderno”, era significativo en cuando evidenciaba la conciencia o necesidad de la “modernidad” por alcanzar lo absoluto, y asignaba a filosofía política la preocupación por arraigar la dignidad de la persona humana en el mundo. Se activarían nuevamente sus preocupaciones por “La deshumanización de la vida política”, en la revista Humanidades de la UNLPlata y por la ética sintetizadas en su Introducción a la Ética publicada por Emecé en 1952, así como por la profundización de la propuesta heideggeriana a través de una serie de artículos publicados en la revista tucumana Humanitas, en Dinámica social y en la española Punta Europa. Su historia de la filosofía dialogaba con autores de la “modernidad”, aunque siempre interpretados desde la escatología cristiana. Su relato daba cuenta de la crisis de la patrística a partir del desarrollo de lo que denomina el “antropocentrismo cultural”, producido por el cientificismo de los siglos XV y XVI, desde donde planteaba las variantes del antropocentrismo en sus diversas expresiones: la teológica de Lutero, la poética de Goethe, la histórica de Herder, la filosófica de Kant, para finalmente reivindicar el intento de Hegel y las posibilidades del idealismo en la búsqueda del misterio del ser; así como la intención de Heidegger de hacerse cargo de la crisis espiritual de su tiempo, abriendo a través del existencialismo un camino para la búsqueda del ser como realidad total y unificada. Su crítica al racionalismo por el impacto que tuvo en la pérdida de la fe y el sentido de trascendencia, le adjudicaban al filósofo la función de revisar los aportes del positivismo y del idealismo con el propósito de dar respuesta a la nueva conciencia existencial que reclamaba según él, una conciencia de Dios. 306 A su regreso de Europa a principios de los cincuenta,406 ganó el concurso de profesor titular de Ética en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación UNLPlata, en la que había renunciado Astrada, donde permaneció durante el primer quinquenio, otra vez junto a Derisi,407 hasta que, luego de una beca en Friburgo, fue declarado cesante en mayo de 1955, unos meses antes del triunfo de “la Libertadora”. Pocos datos tenemos aún de esta instancia, más allá de que nos permite pensar que no se encontraba en el arco antiperonista, al menos hasta que se desata la crisis de Perón con la Iglesia en 1954. Volvió entonces a dictar cursos de invierno en la Universidad Central de Madrid, actual Complutense, y en Santiago de Compostella y Salamanca mientras que en verano pasó largas estadías en la Universidad de Friburgo, con estrecho contacto con Heribert Boeder, uno de los discípulos de Martín Heidegger. 408 Además entre 1958 y 1966 se instaló como profesor de Problemas de Iberoamérica, en la Facultad de Humanidades de la Universidad Técnica de Berlín, con alguna que otra estadía en Colonia. 409 En esta larga estancia europea reelaboró su preocupación por darle centralidad al rol del filósofo, como el intelectual capacitado por antonomasia para resolver la “crisis de occidente”. Si bien sus primeras publicaciones sobre Heidegger, entre fines de los cuarenta y principios de los cincuenta,410 revelaban su intento por pensar que el existencialismo era una posible salida filosófica a la “crisis espiritual”, lejos estaría en los sesenta de sostener la misma expectativa, encontrando en el idealismo de Hegel una nueva posibilidad para amalgamar pensamiento cristiano y “modernidad”.411 Además de sus estudios 406 La nueva ausencia de Sepich en la UNCuyo en la primer mitad de los cincuenta abrió espacios para que los visitantes españoles más tradicionalistas se hicieran cargo del dictado de sus cátedras: Metafísica fue ocupada por Ángel González Álvarez (1949-1956), y luego por Antonio Millán Puelles, mientras que la de Ética lo sería por Soaje Ramos (1943-1958). 407 “Las renuncias y exoneraciones de profesores en 1946 modificaron tanto el plantel docente del Profesorado y Doctorado en Filosofía y Ciencias de la Educación, como también algunas orientaciones de sus cátedras, al incorporar algunos presbíteros y representantes de la filosofía escolástica a la enseñanza cuando fueron desplazados e ingresaron un nuevo plantel de filósofos Octavio Nicolás Derisi, Benito Raffo Magnasco, Rodolfo Agoglia y Héctor Augusto Llambías” (Ruvituso, 2009:96). 408 El apoyo que Heidegger habría dado a nacionalsocialismo durante su Rectorado de la Universidad de Friburgo (1933 y 1935), desató fuertes controversias no sólo entre sus discípulos, sino a gran parte de las tradiciones filosóficas que receptaron su pensamiento. 409 Esta estancia europea sólo fue interrumpida brevemente en 1964 para participar en las unas Jornadas Humanísticas en Mendoza y asistir a una reunión del Concilio Vaticano II. 410 Sepich, J. R., publica en 1947 "Existencialismo e historia"; en 1954 La filosofía de Ser y Tiempo de M. Heidegger, "Situación de M. Heidegger en la Filosofía", “Ubicación histórica de Martín Heidegger”, La filosofía de Ser y Tiempo de Martín Heidegger; y en 1957 "El último libro de Heidegger". 411 Sepich distinguía dos grandes corrientes de la filosofía alemana, la de la modernidad encarnada en Lutero, Herder, Kant, Goethe, y la reacción que ella plantea en Kierkegaard, Nietzsche y el mismo Heidegger, a quien catalogaba como “el heredero de la crisis occidental que no alcanza a resolver”. 307 sobre la ilustración alemana y Hegel, Sepich en Latinoamérica: madurez o decadencia (1987), no cesó de interrogarse en esta etapa sobre América Latina y Argentina, visualizadas como la esfinge sobre la cual debía develar su enigma, -que en el sentido filosófico era parte del enigma del hombre-, pero que en su sentido histórico era diferente al del europeo. El sentido y la significación de Latinoamérica será el tema que desarrolló en la Universidad de Berlín y luego transfirió a la UNCuyo. El registro de las tensiones que embargaban a la historia latinoamericana y la “búsqueda de una conciencia de unidad latinoamericana”, perdida tras el impacto de la ideología y el capitalismo europeo -que no sólo desmembró al continente sino que le hizo perder su conciencia política-; era la tarea utópica a emprender, en el sentido que podía ofrecer una “nueva forma de humanidad” que reconciliara los opuestos. No se trataba solamente de la visión decadentista que reivindicaba la edad de oro perdida, sino que sumaba una visión utópica sustentada en valores patrióticos que reasumían y heredaban la tradición hispana, y que proyectaban como horizonte de posibilidad la superación de la oposición entre lo nativo y lo europeo mediante la fuerza creadora del espíritu y de la solidaridad católica. Sobre estos temas dictó una serie de cursos cuando volvió a Mendoza, y aparecieron publicaciones como Propedéutica filosófica (1971) y Posición de la Sociología (1974), donde según Pró (1980), se expresaría finalmente su “filosofía del espíritu”. De regreso al país en 1967 se insertó como profesor de Pensamiento Moderno en la Universidad del Salvador, pero al poco tiempo se reinstaló en Mendoza, como profesor de Metafísica y Gnoseologia, hasta 1978412, año en que realizará su último viaje sin retorno a Europa. En esa última etapa en la UNCuyo dictó numerosos cursos de historia del pensamiento que reflejaron sus estaciones: Aristóteles, Kant, Heidegger y Hegel, y en los que de alguna manera dejaron entrever su proceso interno. Inquieto, sensible, aunque seguro de su proceso interior –según relata uno de sus discípulos–, Espinosa (1979:25), Sepich tenía un hilado fino que aún conservaba la causticidad e ironía de sus primero tiempos, pero revelaba su disconformidad con algo que no estaba resuelto. Si bien era optimista y dedicado a sus alumnos, aunque celoso de los jóvenes, no se encontraría a gusto en el breve proceso de transformación que se llevó a cabo en la UNCuyo entre 1973-74, lideradas por el Rector Ing. Roberto Carretero y su Secretario Académico 412 En 1972 durante la gestión de O. Nallim como decano de la FFyLetras, lo nombran profesor Emérito. 308 el filósofo Arturo Roig, en sintonía con la gestión de Jorge Taiana, Ministro de Educación de Héctor Cámpora; las cuales se vieron prontamente truncadas por la intervención Ivanissevich.413 Menos cómodo se sentiría en el ambiente que se vivía en la FFyL., durante la gestión del decano Onofre Segovia y la fuerte injerencia que tendría entre el estudiantado las propuestas de los filósofos “de la liberación” representados por Arturo Andrés Roig, Oswald Ferrari, Carlos Bazán, Enrique Dussel, Horacio Cerutti Gulberd, Víctor Martín Fiorino, Ezequiel Ander Egg y Mauricio López entre otros. Algunos de ellos, fueron activos participantes del Simposio de Filosofía Latinoamericana, realizado en San Miguel de Buenos Aires, en agosto de 1973, donde asistieron importantes referentes latinoamericanos como Salazar Bondy y Leopoldo Zea. Allí se abrieron discusiones emblemáticas de lo que luego sería el giro radical de la filosofía latinoamericana. Los debates se centraron no sólo en la necesidad de “combatir” el eurocentrismo y el colonialismo, sino en planteos más radicalizados aún. Frente a las propuestas revolucionarias culturales pedagógicas vinculadas a Paulo Freire y Salazar Bondy, los grupos argentinos y mendocinos plantearon como la construcción de una Nueva Ética, como práctica transformadora, que superara la tradicional problemática fenomenológica, existencial e histórica para dar lugar a una praxis filosófica que tuviera como opción principal la “liberación de los pobres”.414 Sepich había quedado fuera de este escenario. Apenas llegado, en 1968 había formado parte de una Comisión de docentes de la FFyL encargada de adecuar el espíritu de la departamentalización y apoliticismo que proponía la Ley 17.245 de 1967, imbuida en el modelo eficientista del desarrollismo autoritario, diseñado por el Plan Taquini durante el Onganiato, y reglamentada e implementado en la UNCuyo, durante el Rectorado de Pérez Guilhou. Dicha comisión había propuesto crear “unidades pedagógicas internas” intrafacultades, con clara preeminencia de los profesores titulares en la dirección de la enseñanza. Los -por entonces más413 El proyecto de renovación del sistema de enseñanza aprendizaje y de evaluación proponía prácticas pedagógicas participativas a través del sistema de áreas, articuladas en campos epistemológicos, con diseños de actividades de docencia, investigación y prestación de servicios. Esta innovación era inscripta en la tradición mendocina por Arturo A. Roig, quien señaló cómo cada una de las propuestas de reformas pedagógicas implementadas en la provincia desde fines del siglo XIX, terminaron con la expulsión de sus propulsores. El Plan Carretero-Roig de la UNCuyo, fue el primero en focalizarse en transformaciones pedagógicas universitarias y tuvo su paralelo en la UNLaPlata con el Plan Agoglia, ambos truncados. Agoglia había dictado Filosofía de la Historia en la FFyL de la UNCuyo a principios de los sesenta y probablemente desde entonces data su amistad con Roig. En sus compartidos exilios en Ecuador implementaron estas ideas en el Departamento de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica (Roig, 1998:99 y 116). 414 Mientras Leopoldo Zea se refería a la Filosofía de la Liberación como un momento más de una historia de larga duración que comenzaba en las guerras de emancipación, el jesuita Juan Carlos Scannone se refería a este momento como de ruptura con la civilización occidental y cristiana, a la cual había que reinterpretar (Dussel, 2009: 406 y ss.). 309 jóvenes filósofos Arturo Roig y Enrique Dussel habían cuestionado la departamentalización desarrollista, no sólo por su aire franquista, sino por sus pretensiones ocultas de incorporar una universidad despolitizada a un proyecto tecnocrático dependiente. Proponían en cambio, asumir la dependencia cultural… desde un desarrollo del pensar metódico en su nivel más radical (Roig, 1998: 110) en consonancia con la Teoría de la Dependencia y al calor de la experiencia chilena, asumiendo a organizadas”. las unidades pedagógicas transformadas en “comunidades educativas 415 Sepich optó por rodearse de una grupo de discípulos que lo acompañarían hasta el final, entre ellos Norberto Espinosa que lo había seguido por Alemania, Eliana Bianchi de Zizzias que estuvo a cargo de la transición democrática de la FFyL y María Teresa Lucero, su colaboradora. Frente a la interpelación latinoamericanista de los jóvenes filósofos de la liberación, no vio más que las banderas rojas ceñirse como amenazas en el horizonte. Se hizo cargo de las cátedras de los filósofos expulsados en 1975. Filosofía Medieval estuvo a cargo de Carlos Bazán, con quien mantuvo una relación muy tensa, y Filosofía Antigua en manos de Arturo Roig, quien siempre denunció su reaccionarismo. Sin embargo, luego de dos años optó por emprender nuevamente el camino hacia Europa. Epilogo: hacia una nueva filosofía integralista En el homenaje póstumo, Espinosa interpretó una de las última cartas que Sepich le envió desde Alemania donde manifestaba que lo pasado es ya pasado, mi carrera no es sino pasado, entre mi pasado y lo que viene hay una fractura. Se trataba no sólo del fin de la filosofía y teología de occidente: la filosofía del espíritu, sino de su proceso de mutación interno. Ya no era el filósofo y teólogo hispanista que había llegado a Mendoza a principios de los cuarenta, sino un filósofo que se había despojado de sus ideas. La frase que Sepich repetía: -“que no sabía lo doloroso cuan doloroso era arrancarse la piel uno mismo en vivo-”, daba cuenta según Espinosa (1980) de cómo la experiencia socrática de la ignorancia y la experiencia cartesiana de la duda, fueron los dispositivos que le permitían 415 En ellas los alumnos compartirían la responsabilidad del proceso de enseñanza aprendizaje, se liberaban de la estructura de planes de estudio, y hacían posible la movilidad docente. Se integraba docencia, investigación, prestación de servicios y producción. A través de una labor interdisciplinaria entre afinidades epistemológicas, curriculares y funcionales, se pretendía montar un sistema más flexible que atendiera a las demandas educativas (Roig, 1998:123). 310 “arrancarse la piel”. Se trataba de la lógica aristotélica que había enseñado en los primeros cursos de Introducción a la Filosofía en Cuyo. Luego el pensamiento kantiano y heideggeriano, que algunos de sus discípulos como él tomaron en Madrid y Alemania después de 1955, fueron revisados por última vez en 1971 en “Sistema de ciencia de Hegel”, última publicación donde relata el itinerario que lo llevó a comprender la historicidad y temporalidad de la filosofía de la modernidad. Hegel sería su última estancia filosófica. No se trataba de la comprensión meramente evolutiva de la filosofía, que había pretendido conciliar lo “tradicional” con lo “moderno”, tampoco parecía Sepich haber quedado atrapado en los devaneos idealistas, ni en la restauración reaccionaria de Hegel. Según Espinosa (1980), se trataba de una “filosofía nueva” que suponía a la historia del pensamiento como la vida del espíritu, como una emergencia fenomenológica donde a través del concepto, se hacía asequible el saber. La idea de que el espíritu, la interioridad, la conciencia y la libertad vencían cualquier barrera externa o interna, sería para Sepich la única vía de salvación de Occidente, lo que suponía un anclaje individual en esas convicciones esenciales.416 Para Sepich la experiencia de una filosofía individual anunciaba un tiempo nuevo, el tiempo de la “modernidad”, cuyos ideales arraigaban en la empresa americana, “moderna” por excelencia, en la defensa de las ideas de espíritu, conciencia, subjetividad, libertad, individualidad y racionalidad. Dichos valores debían ser los de la Argentina “moderna”. Recuperar a Hegel significaba recuperar al occidental europeo, greco, romano germánico y cristiano y “cumplir con el programa de la Ilustración” para salvar a la “modernidad”, para evadir no sólo la superficialidad del positivismo o la decadencia de la filosofía de la sospecha, y encarar la posibilidad de alcanzar el saber “absoluto”. Cuestionaba el “atraso argentino”, varado en la mentalidad del siglo XIX, del racionalismo, el romanticismo y el positivismo, que él mismo había experimentado en sus tránsitos por las universidades argentinas. También consideraba varada a la Iglesia católica, en una mentalidad de Iglesia nacional, hija de la española e italiana que persistía en la mezcla entre el abstractismo de la escolástica, el legalismo y sentimentalismo, encubiertos por una modernización 416 El mismo lo señalaba en el prólogo a la Propedéutica que el motivo de su estudio no era la reacción; ya que los tiempos habían madurado a pesar de que las instancias del país seguían estacionarias. La filosofía había abandonado decisiva y definitivamente todo fanatismo, que la convertiría a lo sumo en ideología y buscaría sólo “convicciones” que no pueden nacer sino desde la intimidad misma de quien reflexiona y con su reflexión hacer resultar el índice de garantía con que sabe su verdad, que no es otra cosa que su convencimiento o su convicción. El motivo de su estudio – señalaba- era la necesidad del regreso del espíritu, en el individuo concreto que es cada cual hacia sí mismo, pues él es el hontanar de su verdad. Conciencia de modernidad es conciencia de tiempo nuevo, en el cual el espíritu se acerca a su etapa de cabalidad (en: Espinosa, 1980: 19). 311 positivista, psicologista y sociologista. Veía en la Teología de la Liberación una reacción también abstracta, pero en cambio entendía que la obra del Concilio Vaticano II relevaba el nacimiento del hombre, como una nueva conciencia del pensamiento cristiano moderno. Si bien era muy crítico de “sedicentes que alborotan en nuevas pedagogías” invocando “la necesidad de los tiempos”, tampoco se enmarcaba en la reacción, pues entendía que era necesario promover otras respuestas, de una filosofía nueva, en la que el hombre/filósofo se encuentra en el centro. Según Espinosa (1980) “no se subía ni a la tribuna tradicionalista católica, ni a la liberal ni marxista, ni a la sociológica o psicológica” sino que volvió a la lógica de Hegel, de manera de formar a sus estudiantes en función del progreso ilustrado del país, bajo una óptica europeizante con la que América se conecta a través de su pasado. Para Sepich la filosofía se fundaba en la experiencia de la conciencia real y es allí donde se resolvía la relación entre filosofía y teología. Según Espinosa se trata finalmente de la filosofía integrada de Sepich, no como estancias sino como construcción de una “filosofía nueva”, que en realidad había comenzado a acuñarse en su concepto de filosofía de 1942 como tarea humana, en 1946 volvió como “propedéutica de la vida” y en 1972 como el “regreso del espíritu”. Un continuum en la búsqueda de ese integralismo que pretendía salir de lo doctrinario para ser una concepción de la vida como experiencia de la conciencia en sus grados más desarrollados. ¿Se trataba de una reafirmación de una teología de la conciencia individual, frente al comunitarismo que planteaba la teología de la liberación? Así como la integración de Latinoamérica al proceso de “modernización” ¿pretendía ser la nueva forma de contención frente a la radicalización de las opciones tercermundistas? Finalmente instalado en Alemania en 1978, se propuso abordar el problema teológico, para una vez vuelto a su país natal realizar un seminario sobre Argentina. Ambos propósitos quedaron inconclusos. Falleció un año después de su partida de Mendoza a los 72 años en un hogar de ancianos de Ravensburgen, donde ejercía como capellán. Nació en Buenos Aires un treinta de agosto de 1906. Hasta aquí, nuestro recorrido por los sinuosos senderos del integralismo a través de un emblemático clerc de la filosofía católica. 312 Bibliografía Abellán, José Luis yMonclus, Antonio (coords.) (1989): El pensamiento español contemporáneo y la idea de América. t. I. El pensamiento en España desde 1939. Barcelona, Anthropos. Altamirano, Carlos (2013): Intelectuales. Notas de investigación sobre una tribu inquieta. Buenos Aires, Siglo XXI. Bohoslavsky, Ernesto y Martín, Vicente (2014): “Sino el espanto. Temas, prácticas y alianzas de los anticomunismos de derecha en Argentina entre 1955 y 1966”, Anuario del Instituto de Historia Argentina, n°14, http://www. anuarioiha. fahce. unlp. edu. ar/article/view/IHAn14a11 Bourdieu, Pierre (2009): La eficacia simbólica. 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Su paso por la Universidad Nacional de Salta (UNSa) determinó un momento particularmente importante de la historia salteña, con Miguel Ragone417 en la gobernación y Martínez Borelli en la universidad se suele retratar una de las pocas situaciones epocales donde se cuestionaban a las élites provinciales. Sin embargo, su trayectoria intelectual muestra, además, de su compromiso, por ejemplo, con la teología de la liberación, un vaiven significativo en paralelo a la situación del Estado provincial. Se observa una forma particular de posicionarse en el campo intelectual de la provincia en contraste con lo política, las elítes y la militancia, que no se repiten de manera homogénea en los poetas de su generación. Vista horizontalmente muestra estrategias con elementos considerados opuestos, que se explican en última instancia con las transformaciones del espacio cultural y del horizonte político del intelectual en una situación geográficamente segmentada. El estudio de su trayectoria establece una serie de problemáticas propias del intelectual regional. Se trata de un intelectual sin obra teórica; un militante montonero que no dejó más registro de su militancia que una breve mención en una revista publicada a principios de 1976 y las huellas en la memoria de sus conocidos. Más aún, el mismo campo intelectual regional no puede ser leído con los términos específicos formulados por Bourdieu, porque hasta avanzada la década de 1970, no había espacios de visibilidad, puestos universitarios, ni editoriales que autorizaran la lectura de posicionamientos claramente definidos. Pero aún así, la formulación de su pensamiento (oral) y su militancia (sobre todo visible a través de una cierta “gestualidad” política durante su gobierno en la universidad) muestran que la militancia en el interior fue por caminos distintos a los del centro y capital del país. La 417 Miguel Ragone (25 de Mayo de 1921- 11 de marzo de 1976) fue un médico y político nacido en Tucumán, que se radicó termpranamente en Salta. Discípulo de Ramón Carrillo, el sanitarista del peronismo, inició su militancia en el Partido Laborista. A su regreso a Salta, participaría de la resistencia mientras continuaba con su profesión. Fue gobernador entre el 25 de mayo de 1973 hasta la intervención federal del 24 de noviembre de 1974. Su gobierno fue asociado tempranamente al grupo de gobernadores de la Tendencia Revolucionaria del peronismo (La Opinión 27/05/1973). El 11 de marzo de 1976 un comando de la policía local lo secuetraría de su consultorio, su cuerpo nunca fue encontrado. 319 radicalización de Martínez Borelli estará signada por las internas del peronismo local, así como su primera actuación del Estado por las intervenciones federales a la provincia. Se observan dos etapas de la trayectoria de Martínez Borelli: una determinada por su capital social (cultural y político) y la siguiente por las transformaciones del Estado provincial. Precisamente, hablar de intelectuales y el Estado en Salta, necesariamente significa hacer algunas aclaraciones sobre el Estado provincial y su relación con las élites locales. Como veremos más adelante, el rol del intelectual está en vínculo con esas élites, por lo menos hasta avanzada la década del 1970. La continuidad de las élites. Familias notables en el Estado provincial Basta con observar una cronología de los gobernadores e interventores de Salta418 para notar la continuidad de las élites locales en el Estado provincial: los apellidos se repiten, la conformación de los gabinetes y el reparto de puestos muestran una particular relación entre lo familiar y la cosa pública. Balmori, Voss y Wortman (1984) destacaron que las “familias notables” constituían la cúspide de los sistemas económicos en las situaciones donde ostentaban el poder político, a través de un análisis que va desde 1750 hasta principios del siglo XX, en el norte de México, Centro-América y Buenos Aires. Los autores pudieron observar la conformación de estas élites en vínculo con el comercio o las proto-industrias locales, que luego serán la base de su capital político. El caso de David Michel en Salta es paradigmático: inmigrante francés en el norte argentino a mediados del siglo XIX, comerciante de ganado hacia Chile, se casa con Gabriela Torino de una familia que había llegado a Salta un siglo antes de la revolución de mayo. El hijo de ambos sería uno de los pioneros de la industria vitivinícola en los Valles Calchaquíes y en sólo tres generaciones, su familia sería protagonista del campo político provincial, contando con industrias y el periódico de mayor tirada en Salta 419 . Precisamente, las élites locales tramarían redes internas, a través de lazos matrimoniales y vínculos en el interior de los partidos políticos, que posibilitaban su continuidad en el poder. 418 Es posible considerar que las invetervenciones fueron en muchos casos el re-establecimiento del orden familiar político en el caso salteño, sobre todo durante en los conflictos intra-partidarios e intra-familiares. 419 El diario El Intransigente sería el diario de mayor tirada hasta la aparición de El Tribuno en 1949. 320 Hay que notar que este fenómeno se da con ciertas transformaciones y diferencias: las tramas inmigratorias serían distintas como también los lazos que se generarían entre los nuevos ricos y las apellidos ilustres. En Buenos Aires, el componente comercial sería mucho mayor y las grandes inmigraciones de fines del siglo XIX generarían una serie de fenómenos que no se dieron de la misma manera a lo largo de la región o en el interior país420. Si bien podría observarse un cierto replegamiento de las élites locales en los momentos de crisis, para estos autores, hay un notorio declive hacia la segundo mitad del siglo XIX, que en última instancia estaría aparejado a la modernización de la economía y las transformaciones sociales que se había generado a partir de la inmigración. En los casos locales, como la provincia de Salta, es posible extender aquella continuidad hasta la década de 1970 o incluso hasta nuestros días. Caro Figueroa (1970) observó que las prácticas de la “gente bien” se repetían pese a las transformaciones económicas que había sufrido la provincia, con el desarrollo de una incipiente industria azucarera421 y vitivinícola. Más aún, se establecían vínculos con los nuevos ricos que esta había generado. Sin embargo, la permanencia en el poder no se puede explicar desde una óptica enteramente económica. En muchos casos, las familias prestigiosas sufrieron un declive económico durante las primeras décadas del siglo XX, en gran medida provocados por las luchas internas422; tendencia que se afirmaría aún más con el declive de la figura política de Robustiano Patrón Costas423 a nivel nacional. Corbacho destacó que las “familias ilustres” debieron recurrir al Estado a medida que sus herencias se iban enflaqueciendo. Esta relación con el Estado establece una imbricación entre el capital social de las élites provinciales y el capital político. Consideramos que en la provincia de Salta este sería una de las particularidades más notorias del ejercicio político y estatal. Esto explica la continuidad, pese a las transformaciones políticas sucesivas, y delimita la lógica de posicionamiento dentro del campo. Los vínculos familiares y las largas genealógicas 420 Sobre los efectos que generó la llegada del inmigrante en el pensamiento de las élites porteñas ver el David Viñas (1971). 421 Afirma Fernanda Justiniano: “los estudios que abordan la realidad salteña durante la etapa de la Argentina agroexportadora no pueden obviar la influencia de la actividad azucarera en el proceso político provincial” (Justiniano, 2005: 2). De allí la importancia de la azucar en la política local. 422 La historiadora salteña afirma esto a partir de la lectura de las actas del club 20 de Febrero, donde se solicitaban la reducción de la cuota societal (Corbacho, 1976) 423 Robustiano Patrón Costas fue un política y empresario salteño, perteneciente a la más encumbrada familia salteña (Caro Figueroa, 1970). 321 habilitarían la repartición de los cargos y la búsqueda de prestigio de los actores en un momento específico. Una investigación de Federico Neiburg (2003) demuestra hasta qué punto es posible pensar la relación entre capital político y social de las familias notables en el espacio salteño. En el año 1949, un pleito jurídico por la herencia de Abel Michel Torino había desatado una fuerte contienda política. En efecto, uno de los abogados defensores, Juan Carlos Cornejo Linares, era uno de los representantes de Partido Peronista, recién fundado en Salta; mientras que David Michel Torino director del diario El Intransigente, acusado de falsificar una donación que lo beneficiaba, era uno de los más destacados radicales salteños. Lo que parecía una interna familiar se tradujo a nivel provincial y nacional como una lucha política. En efecto, los términos que se utilizaban para definir el pleito, vinculaban peronismo y anti-peronismos junto a la honorabilidad e incluso hombría de sus actores. En efecto, Neiburg llega a la siguiente conclusión: “Como sucede con el caso de Salta (...) esos eventos atravesaban el espacio nacional, envolviendo familias, partidos políticos y provincias, delineando una geografía diversificada de actores y de públicos, y produciendo, en diferentes escenarios, contrastes y relaciones entre formas diversas de sentir y de practicar la política en el ámbito nacional y en el del interior” (Neiburg, 2003:4). Este ejemplo demuestra hasta qué punto el campo político se definía por la pertenencia familiar y determinaba las trayectorias en el interior del Estado. En el Diccionario Biográfico de Salteños publicado en 1980 por Fernando Figueroa, se puede observar esta tendencia a vincular a los salteños ilustres con determinadas familias, en estrecho vínculo con la actividad política. La misma categoría de “ilustres” parece difundirse en esta mención exhaustiva del linaje de determinados actores. Este hecho permite afirmar a Sonia Álvarez y Sebastían Muñoz lo siguiente: “En general, en las biografía consagratorias de la élite de la época, se señalaba la importancia de su linaje y sus vínculos con apellidos de la aristocracia local, luego la relación familiar con algún político o “héroe de la patria” o con funcionarios de alto rango en el gobierno nacional o provincial, cargos obtenidos y, eventualmente, su relación con actividades económicas de “prestigio” (Álvarez 2010: 121). 322 Pero el dato biográfico no sólo introduce la cuestión representativa sino también las mismas posibilidades de acción de los actores. Como veremos más adelante, la posición de Hólver Martínez Borelli a las élites provinciales es dificultosa424, pero sin la interacción con ellas mismas no es posible comprender su llegada a los cargos de las distintas intervenciones. Es necesario remarcar que el capital político se jugaba en un diálogo con las familias notables y de allí su vínculo con el intelectual. Lo que permite pensar esta interacción con las élites es la representación social sobre lo que significaba ser “poeta” o pertenecer una cierta “bohemia” en un momento particular de la historia salteña. El poeta y el Príncipe A inicios del siglo XX, no se podía separar la figura del intelectual de su pertenencia a las élites locales. Juan Carlos Dávalos, virtual “fundador” de la literatura salteña, pertenecía a una familia entre cuyos antepasados encontraba la hermana de Martín Miguel de Güemes. Este elemento, que puede parecer propio de una miscelánea, nos permite observar una tendencia en la representación de los intelectuales salteños, en vínculos con las familias notables, una cierta tradición construida sobre el dato sanguíneo que acompañaba la mirada localista sobre el hecho literario425. El caso de Dávalos resulta paradigmático para estudiar la intelectualidad salteña. No sólo sus escritos suelen ser leídos como el actor fundador de la literatura regional, sino también porque expone una serie de relaciones del capital social, la oposición Nación/Provincia y las particularidades de ser poeta en Salta. Dávalos, que había ocupado distintos cargos en el Estado, sería reivindicado por las generaciones posteriores como el maestro que se ocupó, por primera vez, de las cosas de su tierra. Motivado en cierta medida por la figura de Dávalos, el poeta pasaría a ocupar un lugar de primacía en la representación de la “salteñidad”, sobre todo a través de los discursos sobre el 424 El padre de Hólver había muerto algunos meses antes que él naciera (ver el poema “Padre” en las Obras Completas (Martínez Borelli, 1988) En los datos necrológicos las referencias de ascendientes suele estar truncada y no se describe con la exhaustividad como en discursos similares. Tanto el elemento de la ausencia del padre, como la mínima mención en los discursos laudatorios, permitirían afirmar su posición desfavorecida en el espacio social, de la cual dependía estrechamente la actividad política. 425 El proyecto literario de Juan Carlos Dávalos se sostuvo en una cierta identificación de las tradiciones locales. Resulta sorprendete que veinte años más tarde el grupo La Carpa se reivindicaría con un proyecto similar, aunque sus miembros sean netamente urbanos (Neiburg, 2003). 323 turismo que pretendían señalar a Salta como un espacio de supervivencia de las tradiciones olvidadas en la capital del país (Álvarez, 2010). Como expuso Flores Klarik (2010) la construcción de la imagen de lo salteño estuvo delimitada por las primeras campañas de tipo turístico y construía una oposición entre lo auténtico y local contra lo artificial proveniente de la metrópoli. A su vez a partir de la década de 1940, Salta se proyectaría a nivel nacional, en medida acompañando por el despliegue de sus músicos y letristas, como una “tierra de poetas y cantores”. Navallo Coimbra (2010) observó está construcción que delimitaba las prácticas artísticas entorno a un determinado sentimiento de pertenencia a la región. El poeta, en última instancia, se construyó como la auténtica expresión de lo regional y delimitó su figura como intelectual. Esto justificaría la poca producción ensayística en Salta y que el acto intelectual, por excelencia, sea la escritura de poesía. En la mayoría de los textos necrológicos sobre Hólver Martínez Borelli que se observaron para este trabajo, hay un borramiento de su actividad intelectual, de su trayectoria en el Estado y más aún de su militancia política en beneficio de su práctica poética426. Junto a la figura del poeta como representante de la intelectualidad salteña, aparece otra institución unida a él: la cantina. El surgimiento de esta institución en la década de '40 es un elemento que nos permite observar interacción entre el capital político, social e intelectual. Para Neiburg la aparición de la cantina en la ciudad de Salta se debe a la llegada de nuevos actores sociales: la clase media dependiente de YPF y la nueva población profesional proveniente de las universidades de Córdoba y Buenos Aires. La cantina se tradujo en un espacio social de debate, presentación y actividad literaria que a su vez, repercutiría en la dinámica de las élites: “[La] poesía acompañaba también la charla, el asado y el vino, pero no en la casa rural aristocrática, sino en un espacio social nuevo, que apareció entonces en el mundo urbano de Salta: la cantina, una mezcla de restaurante (era necesario pagar por lo menos una parte de lo que se consumía), casa de familia (frecuentemente eran padres e hijos quienes atendían) y club social (eran siempre los mismos pocos lugares donde las mismas personas sabían que podían encontrarse). Allí esa nueva bohemia literaria de provincia encontró su público” (Neiburg, 2013: 13) 426 Notar en este sentido la afirmación de Luis Andolfi en el prólogo de 1988: “Hólver Martínez Borelli fue para ciertas personas un intelectual que escribía poemas y para otras, un poeta “demasiado” intelectual” (Martínez Borelli, 1988: II). 324 Aunque la aparición de la cantina estaba vinculada a un habitus de clase distinta de las familias notables vinculadas al Estado, que se encontraban más bien en el aristocrático Club 20427, la cantina rápidamente se constituyó en un espacio de interacción de los nuevos profesionales, los protagonistas políticos y la intelectualidad. En las entrevistas realizadas, se pudo observar una presencia importante de este espacio social como lugar de encuentro, debate y presentación de los nuevos profesionales frente a los viejos representantes partidarios. Los relatos de los poetas de la generación del '40 y '60 está marcado por este espacio social, donde se desarrollaba los debates estéticos y políticos, como también el encuentro con los artistas que consideraban maestros. A su vez, muchos de aquellos relatos contaban con la presencia expectante de una figura partidaria o algún miembro de las élites, que era también parroquiano de esa misma institución. Martínez Borelli es recordado como un personaje muy activo en estas cantinas, reconocido como un “gran conversador” y un hombre “profundamente inteligente” (S. Sylvester, Entrevista personal, 30 de Agosto de 2013). Si bien la cantina permite explicar una gran cantidad de fenómenos, como la importancia de la escritura de poesía en contraposición al ensayo, o la repartición de cargos en el Estado para los intelectuales, tiene una dificultad enorme: su naturaleza oral. La mayoría de los entrevistados afirmaron que hubo una cierta transición en el pensamiento de Martínez Borelli visible por sus modos de argumentar en las reuniones en la cantina -que, además, está determinada por la memoria posterior construida en torno a Martínez Borelli, como militante y exiliado político. Sin embargo, es imposible reconocer en virtud de qué debates y posicionamientos se habían realizado. A continuación veremos la primera trayectoria de Martínez Borelli determinada por este capital social imbricado en la actividad intelectual. Iglesia, seminario e intervención militar La primera trayectoria de Hólver Martínez Borelli debe ser vista por la acumulación de un capital social que lentamente lo fue posicionando en el interior de las élites políticas. Como se ha visto antes, difícilmente podemos hablar de capitales sociales, políticos y culturales bien diferenciados. 427 Club instituido en 1858 bajo las órdenes del general Rudencio Alvarado, y en su acta constitutiva se puede leer: “la creaciónde un centro común de reuniones para la culta sociedad de Salta” (Corbacho, 1976) 325 En efecto, no se puede hablar de un campo intelectual salteño con cierta autonomía428, hasta principios de los '70, cuando se avanza sobre la planificación de la Universidad Nacional de Salta que en gran medida dependerá de Holver Martínez Borelli. La falta de delimitación entre los distintos campos se observa en las palabras de uno de los entrevistados: “Es necesario pensar que en esa época [se refiere a 1950] una personalidad como Hólver, que había sido un alumno brillante en [la Universidad Nacional de] Tucumán tenía cierta visibilidad. Y la única forma en ese entonces de visibilidad era la política” (S. Sylvester, Entrevista personal, 20 de Agosto de 2013). Está particularidad se observa en la trayectoria que veremos a continuación y permite pensar la interacción con los elementos que se han mencionado. Hólver nació en Salta en 1930. Estudió en el seminario regional de Catamarca y posteriormente en el seminario Superior. Si bien, abandonaría la carrera sacerdotal, siempre estaría ligado a la Democracia Cristiana y posteriormente a la teología de la liberación. La posición de los intelectuales cristianos a mediados de la década de 1950 fue descrita por Zonca como un momento de cierta ambigüedad, en la cual, los jóvenes intentaban despegarse de la visión estereotipada, conservadora y tradicionalista de los intelectuales católicos de la década anterior, sin rechazarlos completamente. Se trataba de una generación a mitad de una transición identitaria a la espera del concilio vaticano (Zonca, 2006). De allí que los posicionamientos de este intelectual tenga una transición notoria a lo largo de la década de 1960 y 1970. Martínez Borelli abandonaría el seminario y en 1954 empezaría la carrera de abogacía en la Universidad Nacional de Tucumán (U.N.T.). Ese mismo año, participaría de la fundación del Partido Demócrata Cristiano. Ligado a un momento conflictivo entre Perón y la Iglesia Católica, el partido supuso la construcción de un frente único con militantes de distinta procedencia cuyas disparidades sobre la lectura del peronismo se harían evidente después del golpe de 1955429. En Salta, una provincia con una tradición religiosa muy profunda, su constitución estuvo vinculada con la asociación de distintos referentes de las élites católicas y de grupos intelectuales como Raúl Aráoz Anzóategui, uno de los escritores del denominado Grupo La Carpa. 428 Terán menciona que para el caso argentino debe tomarse el concepto de Bourdieu con ciertos recaudos (Téran, 2013). Sarlo y Altamirano destacaron la dificultad de aplicarlo para la Argentina de principios de siglo XX. 429 Como afirma Zonca (2006) luego de la Revolución Libertadora los posicionamientos en el estado de este partido no serían claros y en muchas ocasiones habría un distanciamiento con las figuras más tradicionales del nacionalismo que se habían acercado durante su fundación. 326 Luego de haber abandonado el seminario, Martínez Borelli se casó con la hija del teniente coronel Julio Lobo, quien será en 1956 militar interventor de la provincia de Salta, en el marco del primer año de la denominada Revolución Libertadora. Su primera actuación política fue durante breve gobierno de su suegro, como secretario general de la intervención entre los meses octubre de 1955 hasta la salida del gobierno del coronel Lobo en diciembre de 1956. En esta primera etapa se evidencia la interacción entre familia, política y actividad cultural. La acumulación de un capital social a través de los vínculos políticos y matrimoniales y por último, la primera etapa de una trayectoria literaria. Partido y poesía en la década del '60 Martínez Borelli se recibió de abogado en la U.N.T. en 1961 y continuaría con su actividad partidaria. Sería candidato a diputado 1963 y al año siguiente candidato a gobernador. En 1962, durante la intervención federal del dirigente demócrata-cristiano Pedro Felix Remy Solá430, Martínez Borelli sería nombrado ministro de gobierno, cargo que ocupó hasta el llamado a la elecciones. Posteriormente, tendría una actividad como profesor universitario en la sede de U.N.T. en Salta. A su vez, sería abogado de un firma jurídica propia, entre sus clientes se contaba la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (UOCRA). Esta es la etapa de mayor actividad intelectual de Martínez Borelli. Sumada a su presencia de las cantinas, como se había observado, colaboraría en el suplemento literario del diario El Intransigente. En 1963, aparecería en la antología “Panorama poético de salteño”, publicado por la Dirección de Turismo de la provincia, a cargo de Raúl Aráoz Anzoátegui. En la presentación del autor se puede leer lo siguiente: “Martínez Borelli trae a la poesía salteña un hálito desconocido. Su región no conforma una enunciación de relaciones meramente geográficas y sus preocupaciones metafísicas tienen su raíz en una sólida formación cultural” (Aráoz Anzóategui, 1963: V). En efecto, esta preocupación metafísica sería evidente en la publicación de su primer libro en 1968431 “Víspera del Mar”, cuya edición estuvo a cargo de Manuel J. Castilla432. A los fines de 430 Durante el breve gobierno de José María Guido (29/04/1962 al 12/09/1963) la provincia de Salta pasaría por cuatro interventores: Coronel Mario Eliseo Cabanillas, General Federico Toranzo de Montero, Julio Antonio Castellanos y por último Pedro Felix Remy Solá. 431 Existe cierta controversia sobre las publicaciones de Hólver Martínez Borelli. Según una de las necrológicas su 327 una investigación sociológica sobre la trayectoria de un poeta resulta interesante reseñar las dedicatorias y homenajes que se brindan en ese libro: uno de los primeros poemas – el único de temática social- estaría dedicado al líder partidario Horacio Sueldo y entre sus páginas se puede leer una “Elegía a Juan Carlos Dávalos” a quien califica de “padre raigal” (Martínez Borelli, 1988: 20). La transición política de Martínez Borelli debe ser puesta en relación a la transformación del campo político posteriormente al derrocamiento de Arturo Illia. Oscar Terán (2012) señaló los efectos culturales del golpe y la dictadura de Onganía entre los jóvenes de izquierda. La extinción de ciertos proyectos culturales de la primera mitad de la década de 1960 significó la convicción de que el único camino era la vía armada. A su vez, es necesario aumentar las lecturas propias del campo de los intelectuales católicos. Luego del Concilio Vaticano II había impactado con fuerza entre los jóvenes que describió Zonca las lecturas de la teología de la Liberación. Precisamente, para uno de lo socios del estudio jurídico de Martínez Borelli, las lecturas asociadas a esta corriente, marcaron su pensamiento posterior y su militancia. Hacia 1972 el Partido Demócrata-Cristiano tendría una escisión debido al acercamiento de una fracción al Frente Justicialista de Liberación Nacional. Holver Martínez Borelli se inclinaría por el Partido Popular Cristiano de José Allende y por ende apoyaría la formula camporista. Su militancia posterior estaría asociada a la creación de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), de la cual sería el primer interventor-rector. La Universidad en debate. La militancia montonera ante la intervención federal En este punto es posible observar un segundo momento de la trayectoria de Martínez Borelli. Su posicionamiento dentro del campo ya estaba asegurado, con cierta trascendencia intelectual, un libro publicado bajo el aval de uno de los poetas más reconocidos en la región durante ese momento y ya era un miembro destacado de su partido. El Partido Popular Cristiano 433 integraría las primer libro se llamaría “Elegía a un tiempo” y vio la luz en 1963. Sin embargo ese libro no figura en su obra completa y más aún, no es mencionado por las antologías de la misma época. 432 Manuel J. Castilla (1918- 1980) fue uno de los poetas y letristas más importantes de Salta, miembro del ya mencionado grupo La Carpa. 433 Sobre la militancia en la Acción Católica de la dirigencia motonera ver Gillespie (2008). En efecto, es posible observar esta continuidad en los miembros del interior del país. 328 fórmulas del FREJULI a nivel nacional, a nivel local una situación en los congresos partidarios no formaría en Salta (Marinaro, 2012) con una candidatura formal del frente, pero el Partido Popular Cristiano apoyaría de hecho a la candidatura de Miguel Ragone, que se presentaba con el Partido Justicialista. Es posible explicar, la militancia posterior de Martínez Borelli en Montoneros por la transición del Estado provincial ante envestida que concluyó en la intervención federal en noviembre de 1974. Es necesario estudiar con mayor detalle los efectos culturales de la llamada “depuración ideológica del peronismo” 434 y sobre todo las intervenciones federales durante el año 1974. Precisamente, la radicalización de Martínez Borelli está aparejada por la pérdida de una vía de acción a través de la Universidad Nacional de Salta, a medida que los grupos de la derecha peronista se hacían sentir con fuerza. Efectivamente, su trayectoria está marcada por la apertura de la Universidad en un momento de profundos cambios sociales, que se verían interrumpidos poco tiempo después. En 1972 se oficializa la creación de dieciséis universidades nacionales a lo largo del país, una de ellas sería UNSa. El decreto ley que le da vida a la nueva universidad fue firmado el 11 de mayo de 1972 y su primer Delegado-Normalizador sería el Ing. Germán Ovejero, que principalmente organizó el traspaso de las sedes y carreras que tenía la U.N.T435 en la provincia. En el estudio de factibilidad se observa una fuerte presencia de docentes de las carreras de Contabilidad, Geología, Química. Precisamente, esta presencia de carreras denominadas “duras” hará que a fines de 1974 haya un fuerte debate en torno al estatuto de la UNSa, principalmente sobre el gobierno de los departamentos. Germán Ovejero presentaría la renuncia en abril de 1973. Acto seguido, una reunión de los directores de carrera eligió a Martínez Borelli como rector. Si bien, la Universidad todavía no contaba con un estatuto, la dirección justicialista (que subiría a la gobernación el mes siguiente) decidió mantenerlo en su puesto436. 434 Nos referimos al momento político determinado por la emisión del “documento reservado” (ver Franco, 2012) y la intervención federal a las provincias gobernadas por la Tendencia (Servetto, 2010; Antúnez, 2011). 435 Para ese momento las sedes de la UNT en Salta contaban con un total de 1620 alumnos. 436 Un relato de uno de los entevistados afirma que luego de la elección menciona que Martínez Borelli preguntó a los representantes del Partido Justicialista de Salta, especialmente a Ragone y Cornejo Linares si estaban de acuerdo con su elección, a lo que ellos respondieron con gusto (S. Sylvester, Entrevista personal, 20 de Agosto de 2013). Este evento se explicaría con una suerte de posición ambivalente en el peronismo salteño, pero solventada por su capital cultural. 329 La situación de la provincia cambiaría pronto. Los movimientos sociales se habían expandido y Miguel Ragone había llegado a la gobernación. Precisamente, uno de los datos más importantes del gobierno de Miguel Ragone fue el cuestionamiento a las élites históricas de la provincia (Antúnez, 2011). El papel de la UNSa durante el rectorado de Martínez Borelli no será menor. Ragone provenía de la clase media formada en las universidades y a los pocos meses de su gobierno se lo sindicaría como un representante de la Tendencia Revolucionaria del Peronismo437. El año y medio que Martínez Borelli gobernó la universidad fueron de una profunda actividad y a partir de las purgas partidarias, espacio de un conflicto interno del peronismo. Luego del traspaso de las cátedras y sedes de la U.N.T., Martínez Borelli firmaría contrato con una serie de intelectuales y profesores provenientes de distintas provincias para dar clases e investigar en la U.N.Sa. Uno de ellos sería Rodolfo Kush a cargo de la secretaria de Relaciones Latinoamericanas y Roberto López Pertierra en los talleres de teatro de la extensión universitaria438. Paralelamente y fuertemente incentivados por el discurso de Martínez Borelli se brindarían talleres abiertos a la comunidad como el taller de “Concientización y Educación popular”, que brindaba Georgina Droz439. Nora Leonard, una militante de derechos humanos que estudiaba en esos años, ilustra de la siguiente manera los años su llegada a los alumnos: “Hólver siempre estaba dispuesto a hablar con nosotros. Por ejemplo me acuerdo de una propuesta era la de los obreros que estaban construyendo en la UNSA. A muchos profesores le parecía malo que los obreros comieran con nosotros. A Holver le pareció fantástico que los obreros también comieran con nosotros. Hólver lo hacía por convicción” (N. Leonard, Entrevista Personal, 8 de agosto de 2013). A partir del octubre de 1973 sucedería en Salta, la primera crisis ministerial de Ragone que pondría en escena el conflicto interno del peronismo local. 437 Si bien el peronismo salteño había surgido asociado al populismo conservador (ver Correa, 2003). Durante los dieciocho años de proscripción había surgido un partido neo-peronista (el Movimiento Popular Salteño) que había absorbido una parte considerable de la facción histórica del peronismo. De esta manera, se observaba una incipiente radicalización en el peronismo local. 438 El rol de Rodolfo Kush en la interna del peronismo salteño no está libre de acusaciones. Algunos testigos lo sindicaron junto a Casalla en el Grupo Reconquista, versión local de Guardia de Hierro. Efectivamente, fue cesanteado por Martínez Borelli hacia fines de 1974 (Jorge Rulli, 2013). 439 Militante popular salteña que sería asesinada en la llamada Masacre de Palomitas (6/07/1976). 330 Tres días después de las elecciones que llevarían a Juan Domingo Perón por tercera vez a la presidencia y en gran medida motivado por el muerte de Rucci se haría público el “documento reservado”: un comunicado enviado a todos las sedes del Partido Justicialista del país, donde se mencionaba que se estaba frente a una “guerra contra la subversión” (La Opinión 1/10/1973). Este documento produjo una verdadera crisis política en la provincia de Salta y la denuncia de los sectores conservadores de infiltración marxista al gobierno de Ragone (Marinaro, 2012). Como afirma Marina Franco (2012), la interna del partido peronista determinó el desarrollo político del año 1973 y en Salta hasta la intervención de 1974. Precisamente, la interna a nivel universitario sería evidente a partir de marzo de ese año. El primer conflicto que pondría en relación la interna del peronismo en la Universidad por la división de las facciones peronistas, sería la propuesta de estructuración departamental. Precisamente, la formación de una estructura que no fuera el de las facultades haría perder poder en el interior del gobierno universitario a los grupos de Ciencias Económicas, entre los cuales se encontraban militantes del Grupo Reconquista 440 , alineado con la derecha peronista. Como afirman Juan Pascual y Alejandro Ruidrejo: “Martínez Borelli fue un propulsor de la estructura departamental para la UNSa.. Ello puede haberse debido a que dicha forma de gobierno sea mas fácil de manejar políticamente, o por su sesgo ideológico anti-cientificista, o quizás simplemente porque creyera que era la mejor estructura para una universidad moderna” (Pascual y Ruidrejo, 2004: 4). En efecto, el proyecto fue trabado por los directores de las carreras “duras”. Hólver intentaría la neutralización de los grupos de la derecha peronista en la universidad, con la incorporación de profesores del resto del país. Sin embargo, a principios del año 1974, la situación de las provincias cercanas a la Tendencia estaría en la primera plana. El 19 de enero, un grupo pertenecientes al Ejercito Revolucionario del Pueblo coparon la guarnición de Azul. Aunque militarmente el operativo fue un fracaso, las consecuencias no fueron pocas. En primer lugar, el Poder Ejecutivo Nacional orientó su mirada al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Óscar Bidegain y lo acusó de 440 Se trataba de un grupo vinculado a Guardia de Hierro entre sus miembros se encontraba Pedro González, Armando Caro Figueroa -que había sido fiscal general en la primera etapa del gobierno de Ragone- Francisco Villada y Yolanda Acebedo. 331 “tolerancia culposa” a los grupos armados. Al poco tiempo y ante las amenazas de juicio político, Bidegain renunciaría. Este hecho acompañado con la mención de Córdoba como un “foco infeccioso”441 no podía significar nada bueno para el resto de las provincias sindicadas con la Tendencia. En este entramado y luego de la aprobación de la Ley Orgánica de universidad nacionales, Martínez Borelli presentaría la renuncia al ministro de Educación Jorge Alberto Taiana, a fines de marzo de 1974. La secretaria de Prensa de la UNSa afirmaría que se trataba de una “decisión para facilitar la tarea de reorganización de las universidades” (El Tribuno 28/03/1974). A los pocos días sería renovado en su cargo como rector-normalizador. En el acto de jura, se puede observar una cierta formación discursiva442 de los elementos propios de la Tendencia. En las crónicas de la época se destacan la banderas de la Juventud Universitaria Peronista, la Juventud Peronista-seccional V (correspondiente a Salta) y también Montoneros (El Tribuno 9/04/1974). incentivados por el discurso de Martínez Borelli. Efectivamente, afirmó que su objetivo era la profundización de la universidad popular que había intentado generar -destacando el ingreso de los mayores de 25 años, aunque no contaran con título universitario. Además aprovechó la situación para saludar: “desde los obreros de la construcción hasta los estudiantes que hoy ingresan para que juntos nos comprometamos a rescatar a los sectores más marginados y construir una universidad que realmente sea de y para el pueblo” (El Tribuno 9/04/1974). Los diarios destacan que en ese acto uno de los miembros del centro de estudiantes de Ciencias Económicas tomó la palabra y afirmó “que en adelante dejemos banderas políticas incorporemos a la universidad al procesos de producción” (El Tribuno 9/04/1974). En efecto, el conflicto dentro de la UNSa estaba llegando a sus puntos más altos. Luego de la muerte de Perón y la asunción de María Estela Martínez, la transformación de la cúpula ministerial significó la completa salida de la Tendencia de los pocos espacios de poder que ostentaba hasta ese momento (Antunez, 2011). Taiana es reemplazado por Óscar Ivanissevich, ministro de Educación de educación de Perón en 1948. En los términos de Pérez Lindo su designación buscaba “depurar las universidades de los elementos de izquierda, cooperar con la lucha antisubversiva” (Pérez Lindo, 1985: 163). 441 Esta mención se debía a que el gobierno de Córdoba había acordado una suba salarial yendo en contra del proyecto económico del peronismo, el Pacto Social. 442 El concepto formación discursiva es utilizado por Michel Foucault (1998) para detectar ciertas continuidades simbólicas de una determinada matriz ideológica. 332 En este momento, el acercamiento a la Tendencia que había mostrado Martínez Borelli significaba una verdadera pérdida de poder en el gobierno universitario ante los sectores conservadores que buscaban su deposición. El punto más alto de la envestida de estos sectores puede ser vista en la publicación de una solicitada en el diario El Tribuno firmada por el profesor de filosofía Mario Casalla y Yolanda Fernández Acebedo que acusaba al rector-normalizador de infiltración ideológica: “Acertadamente ha señalado el general Perón que la paciencia tiene un límite, más allá del cual nos espera la denuncia y el escarmiento. En lo que a usted se refiere, ese límite ya ha sido ampliamente traspasado. No conforme con llevar a la UNSa a la situación académica, ideológica y administrativa en la que hoy se encuentra, se propone ahora, a través de su equipo oficial de activistas, el amedrentamiento físico y moral contra los que pudiéramos discrepar con sus desaciertos. Pero no se engañe doctor, no hay en su torno unanimidad alguna por más que se desespere en autoarrogársela” (El Tribuno 24/11/1974). La provincia de Salta sería intervenida el 24 de noviembre de 1974 y el 9 de diciembre, la universidad. El siguiente interventor sería el contador Francisco Villada, miembro del Grupo Reconquista. Durante su mandato se contaron más de cinco cesantías entre ellas a Georgina Droz. Entre los dirigentes nombrados por la intervención de Villada, se contaban a los que habían firmado la solicitada antes transcripta. Luego de la intervención Hólver Martínez Borelli volvería a su estudio jurídico. Uno de sus socios comentó que durante el siguiente año fueron inspeccionados en varias oportunidades por la policía. Finalmente, luego del golpe de Estado de 1976 partió exiliado a París. La mayoría de los entrevistados afirman que Martínez Borelli se habría acercado a Montoneros en algún momento de 1974, precisamente, en el momento de mayor envestida de los sectores conservadores al gobierno provincial. Precisamente es necesario pensar esta transición, no sólo, a partir de las transformaciones del campo cultural sino también del Estado provincial, con un gobernante que estaba mostrando una “gestualidad” política cercana a la Tendencia. Precisamente, la purga ideológica significó la completa radicalización en el caso de Martínez Borelli. Como se dijo en la introducción su militancia no dejó otra huella que la mención en una revista (de la cual sólo salió un número) durante los primeros meses de 1976. 333 En efecto, sería recordado por ciertos militantes como uno de los partícipes de las denuncias en los parlamentos europeos -su conocimiento de más de seis idiomas sería determinante en este aspecto. Los poemas de esta etapa destacan por su fuerte contenido social -ninguno de ellos tiene una dedicatoria. Si se nos permite la cita en extensión, transcribiremos uno de los más representativos: “Aunque Abel haya resucitado mil veces/ y ya no sea un pastor/ la escena no ha cambiado en el fondo/ Abel sigue insistiendo en que la tierra/ es la heredad común/ de frutos y rebaños/ y aunque Dios aparece/ y habla en el soplo del atardecer/ para vengar al justo/ Caín ya es un hombre decente/sigue cercando campos/ diseñando fábricas/ y tomando en su nombre/ posesión de la tierra (Holver, 1988: 170). Evidentemente, hay una cierta imaginería cristiana pero la diferencia con aquellos poemas de contenido metafórico de su primera etapa es notable. Posteriormente en agosto de 1978, durante un viaje a Bruselas, tendría un infarto mientras manejaba, precisamente, luego de dar una conferencia sobre los crímenes a los derechos humanos que se cometían en la Argentina. Conclusiones La trayectoria de Hólver Martínez Borelli muestra una serie de particularidades sobre el intelectual en el interior durante dos décadas marcadas por la militancia política. La relación con el Estado provincial estaba segmentada por la acumulación de un capital social que habilitaba la ocupación de los cargos y puestos. Además, se ha observada una institución, la cantina, como lugar de encuentro con las élites, sede de un debate y de la lectura de poesía. Es en la segunda etapa de la trayectoria de Hólver Martínez Borelli donde se observan los efectos culturales de la “depuración ideológica” del peronismo. Efectivamente, la mayoría de los testimonios afirman que la militancia en Montoneros debía ser buscada a partir de algún momento de 1974, precisamente, en la situación de mayor debate en el interior de la Universidad. En efecto, resta investigar cómo fue visto por el resto de la intelectualidad salteña el abordaje al gobierno de Miguel Ragone. Precisamente, el vínculo entre la depuración y la posterior intervención marcó la militancia de Martínez Borelli, ante la caída de su gobierno en la UNSa y pérdida de un espacio político que captara su interés social. 334 Bibliografía ÁLVAREZ, S. (2010). Poder y Salteñidad. Salta: EUNSA. ADET, R. y BARQUET, L. (2010). La represión en Salta. De la década del '70 hasta 1983, Salta: EUNSA. ANTÚNEZ, D. (2010) “La Tendencia revolucionaria del peronismo en el Interior del país”, Tesis (Doctorado en Historia). Salamanca: Universidad de Salamanca. ARÁOZ ANZÓATEGUI, R. (1963) Panorama poético salteño. Salta: Dirección General del Turismo. BALMORI, D., VOSS, S. F. y WORTMANN, M. (1984). Notable Family Networks in Latin America. Chicago: University of Chicago Press. BERDINI, R. (2002). Tacuara. La pólvora y la sangre. Buenos Aires: Océano. BENJAMIN, Walter, París, Capital del Siglo XIX, Buenos Aires, Imago Mundi, 2008. 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