DERECHOS Y DEBERES DEL
PERSONAL
AL SERVICIO DE LA
ADMINISTRACIÓN
Elaborado por:
M. en D. César de Jesús Molina Suárez
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DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL
AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN
Sumario: I. Consideraciones Previas. a) Concepto de
servidor público; b) Principios que rigen la función
pública; c) Voluntariedad; d) Rendimiento del principio
de legalidad. II. Régimen de deberes y obligaciones. a)
Responsabilidad; b) Examen de los deberes y
obligaciones; c) Impacto de los códigos éticos; d)
Sanciones administrativas; e) Incumplimientos. III.
Régimen de derechos. IV. Derechos relativos a los
procedimientos administrativos.
I. CONSIDERACIONES PREVIAS
a) CONCEPTO DE SERVIDOR PÚBLICO
En el título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
denominado DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y
PATRIMONIAL DEL ESTADO, se establece en el primer párrafo del artículo 108, lo
siguiente:
Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se
reputarán como servidores públicos a los representantes de elección
popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del
Distrito Federal, los funcionarios y empleados, y, en general, a toda
persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier
naturaleza en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así
como a los servidores del Instituto Federal Electoral, quienes serán
responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño
de sus respectivas funciones.
Este Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
se reglamenta por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos.
Artículo 1. Esta ley tiene por objeto reglamentar el Título Cuarto de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de:
I. Los sujetos de responsabilidad administrativa en el servicio público;
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II. Las obligaciones en el servicio público;
III. Las responsabilidades y sanciones administrativas en el servicio público;
IV. Las autoridades competentes y el procedimiento para aplicar dichas
sanciones; y
V. El registro patrimonial de los servidores públicos.
Asimismo, el artículo 2 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas
de los Servidores Públicos prevé que son sujetos de la misma los servidores públicos
federales señalados en el primer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
b) PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN PÚBLICA
En la mencionada Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos, se establecen los principios que rigen la función pública y
obligaciones en el servicio público
Artículo 7. Será responsabilidad de los sujetos de la Ley ajustarse, en el
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a las obligaciones
previstas en ésta, a fin de salvaguardar los principios de legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio
público.
El principio de legalidad consiste en someter la actuación de autoridades y
personal que se encuentran al servicio de la Administración a los criterios y parámetros
legalmente establecidos
-límites
-umbrales (de calidad)
El principio de honradez se refiere a que el servidor público no deberá utilizar su
cargo público para obtener algún provecho o ventaja personal o a favor de terceros.
Tampoco deberá buscar o aceptar compensaciones o prestaciones de cualquier
persona u organización que puedan comprometer su desempeño como servidor
público.
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El principio de lealtad es aquél que se refiere a que el servidor público acepta los
vínculos implícitos en su adhesión a la institución a la que pertenece, de tal moso que
refuerza y protege, en su trabajo cotidiano, el conjunto de valores que aquélla
representa.
El principio de imparcialidad consiste en que el servidor público actuará sin
conceder preferencias o privilegios indebidos a organización o persona alguna.
Su compromiso es tomar decisiones y ejercer sus funciones de manera objetiva,
sin prejuicios personales y sin permitir la influencia indebida de otras personas.
El principio de eficiencia es el grado de energía, colaboración y dedicación que
debe poner el servidor público para lograr, dentro de su jornada de trabajo y según sus
aptitudes, el mejor desempeño de las funciones encomendadas.
c) VOLUNTARIEDAD DEL SERVICIO PÚBLICO
Al asumir su cargo, el servidor público manifiesta su compromiso y vocación
para atender los asuntos que interesan y afectan a la sociedad, adquiriendo al mismo
tiempo responsabilidad por sus actos que se refleja en la satisfacción de las
necesidades colectivas.
Es cuando se asume conscientemente un régimen jurídico específico sobre:
- Incremento de deberes
- Limitación de derechos
- Mayor responsabilidad
GESTIÓN PÚBLICA DE LA CALIDAD
Este es uno de los principales problemas de varios países, al que por supuesto
México no ha sido ajeno.
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La organización administrativa y su actividad siempre han debido ajustarse a un
entorno cambiante, en ocasiones mucho más dinámico que la iniciativa pública de
carácter administrativo.
Varios aspectos han provocado una redefinición de la organización pública
prestataria de servicios y de las técnicas organizativas, medios y procedimientos, por
medio de los cuales ha de concretarse la actividad de servicio público.
Hoy en día se reorienta la gestión pública hacia una gestión pública de calidad.
Calidad
El personal (burocracia técnica y burocracia política) al servicio de la
administración debe responder en forma regular y continua a las necesidades y
expectativas de los ciudadanos.
La calidad se refiere al conjunto de propiedades que debe aportar el trabajador a
sus labores, tomando en cuenta la diligencia, pulcritud, esmero, presentación, eficacia y
eficiencia en la aplicación de sus conocimientos, así como sus aptitudes.
En ese sentido, la gestión pública de la calidad es un acelerador de políticas de
cambio y reforma, entre las que se encuentran:
•
•
•
Las mutaciones organizativas (descentralización funcional)
Los cambios en los sistemas de trabajo
Los cambios en el régimen/gestión de personal
¾ Selección
¾ Formación
¾ Estabilidad
¾ Retribuciones
¾ Carrera profesional
¾ Ejercicio de la función
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d) RENDIMIENTO DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD
Calidad
principio de legalidad
Si se reconoce la extensa y profunda colonización de las estrategias de gestión
de la calidad en el ámbito de la administración pública y si se admite, en general, sus
indudables buenos resultados, tampoco puede olvidarse que el cumplimiento de las
legalidad administrativa, esto es, de las reglas positivas, de los condicionantes de
funcionamiento y de la organización administrativa, también fomentan y son garantes
de la calidad de los servicios.
Un primer indicador de la calidad de los servicios se manifiesta por la propia
vigencia del principio de legalidad y por su rendimiento, habida cuenta que la legalidad
administrativa, en la medida que atiende de forma prioritaria al interés general, es decir,
de todos los ciudadanos, integra sin dificultad el concepto de calidad.
Límites, umbrales de calidad
Si bien la calidad es un factor prioritario de la satisfacción, será el propio
ciudadano quien condicione o incluso llegue a determinar sus bases, por cuanto será
su percepción de los servicios recibidos la que determine en qué umbral o escala de
calidad debe ubicarse la prestación recibida.
II. RÉGIMEN DE DEBERES Y OBLIGACIONES
Derechos genéricos
•
•
Exigencia de responsabilidad.
•
Trato respetuoso y deferente
•
Información y orientación
Identificación de autoridades y personal
a) RESPONSABILIDAD
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Para la exigencia de la responsabilidad debe existir una profesionalización en la
gestión pública y una mayor capacidad y autonomía de decisión.
La información y orientación, así como el trato respetuoso son dos puntos que
implican que el servicio proporcionado por el servidor público sea efectivo.
La exigencia de responsabilidad se refiere a que la actuación del servidor publico
debe ser de acuerdo a los principios y parámetros legalmente establecidos, es decir,
actuar de acuerdo al principio de legalidad.
De no ser así se propiciaría una desviación de la responsabilidad.
La despreocupación en el servicio público
A ello conlleva:
- La falta de procedimientos específicos
- La no personalización de la responsabilidad
- La ausencia de una conciencia de responsabilidad por la gestión
B) EXAMEN DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES
- Obligaciones vinculadas al deber de lealtad a la Constitución
- Obligaciones profesionales (desempeño de la función)
- Obligaciones vinculadas a la eficacia administrativa
- Obligaciones en relación a los ciudadanos
Obligaciones vinculadas al deber de lealtad constitucional
- Neutralidad e independencia política (objetividad)
- Respeto a la dignidad de la Administración
- Respeto del principio de igualdad y no discriminación
- Respeto a los particulares e el ejercicio de sus derechos y libertades públicas
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Respecto a lo anterior, resulta importante la selección y formación del personal.
Obligaciones de carácter profesional
- Adecuación a la legalidad en sus funciones.
- Deber de residencia.
- Cumplimiento del horario de jornada.
- Prestación ordinaria del servicio.
- Rendimiento y diligencia.
- Cumplimiento de los plazos establecidos.
- Obediencia.
- Respeto y deferencia a los compañeros y superiores.
- Confidencialidad.
Obligaciones vinculadas a la eficacia administrativa
- Deber de economía y suficiencia.
- Deber de adecuación estricta de los medios a los fines institucionales.
- Deber de diligencia y celeridad en la gestión e los asuntos.
En relación con estas obligaciones resulta importante que exista motivación
profesional en el servicio público.
Obligaciones en relación a los ciudadanos
- Deber de proximidad.
- Deber de servicio, facilitando el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las
obligaciones.
- Deber de identificación.
- Deber de trato de respeto y deferencia.
En este sentido, resulta importante:
•
•
La comprensión por los ciudadanos del servicio público.
Capacitación y medios.
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c) IMPACTO DE LOS CÓDIGOS ÉTICOS
¿Cuál es el valor de los códigos éticos o códigos de buenas prácticas en la
Administración?
El cumplimiento del principio de legalidad supone por sí mismo la evidencia de
un comportamiento ético
En los códigos de ética se contienen reglas claras para que, en la actuación de
los servidores públicos, impere invariablemente una conducta digna que responsa a las
necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño en situaciones específicas
que se les presenten, con lo cual se pretende propiciar una plena vocación de servicio
público en beneficio de la colectividad.
d) SANCIONES ADMINISTRATIVAS
En el artículo 109, apartado III, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos se establece lo siguiente:
Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los
actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad
y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o
comisiones.
Por su parte, el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos, enumera las obligaciones de todo servidor
público y, en su parte final, establece que de no cumplir el servidor público con las
mismas, ello dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan.
SISTEMA DE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA
El artículo 2 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración
Pública Federal dispone que:
El Sistema de Servicio Profesional de Carrera es un mecanismo para
garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública
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con base en el mérito y con el fin de impulsar el desarrollo de la función
pública para beneficio de la sociedad.
El Sistema dependerá del titular del Poder Ejecutivo Federal, será dirigido
por la Secretaría de la Función Pública y su operación estará a cargo de
cada una de las dependencias de la Administración Pública.
Serán principios rectores de este Sistema: la legalidad, eficiencia,
objetividad, calidad, imparcialidad, equidad y competencia por mérito.
e) INCUMPLIMIENTOS
¿Por qué existen tantos incumplimientos?
Supuestos de malas prácticas administrativas y de corrupción
- Quiebra del sistema de responsabilidad
- Devaluación (negación) de determinados valores o principios básicos de la actividad y
la organización administrativa: jerarquía, disciplina…
- Tolerancia social
III. RÉGIMEN DE DERECHOS
Derechos del servidor público (funcionario público)
- Derecho al cargo
- Derecho a la promoción profesional
- Derecho a la promoción interna
- Derecho a la provisión de puestos de trabajo
- Derecho a vacaciones, permisos y licencias
- Derechos de contenido económico
Pare ello debe existir:
•
•
Un marco jurídico adecuado
Igualdad y objetividad
Derecho al cargo
Aquí se da el problema de la inamobilidad
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¿Garantía o inmunidad?
Derecho a la promoción profesional y a la promoción interna
- Facilidad
- Objetividad e igualdad
Derechos de contenido económico
- El servicio público como medio de vida
- Régimen de incompatibilidades
a) Retribuciones
Las retribuciones básicas son:
-Sueldo
-Quinquenios
-Pagas extraordinarias
Las retribuciones complementarias son:
-Complemento de destino,
-Complemento de productividad
-Complemento específico
-Gratificaciones por servicios extraordinarios
b) Otras retribuciones pueden ser:
-Las indemnizaciones por razón del servicio
-Indemnizaciones por residencia
-Otras ayudas
c) Las pensiones ordinarias
-pensión de jubilación o retiro
-pensión a favor de familiares (pensión de viudez o pensión de orfandad)
d) pensiones extraordinarias
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IV. DERECHOS RELATIVOS A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
INICIACION
- Derecho a la abstención recusación
-
Derechos relativos a la comparecencia
-
Derechos en relación al registro de solicitudes, escritos y comunicaciones
-
Derecho a ser informado y orientado
INSTRUCCIÓN
- Derecho a exigir responsabilidad
- Derecho a la igualdad
- Derecho a presentar alegaciones
- Derecho a proponer pruebas
- Derecho a la participación
- Derecho al uso de lenguas
FINALIZACION
- Derecho a una resolución expresa
- Derecho a que la Administración resuelva en el plazo legalmente establecido
- Derecho a desistir de su solicitud o renunciar a sus derechos
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DERECHO ADMINISTRATIVO MEXICANO
LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
ABSTENCIÓN
RECUSACIÓN
ART. 26.- La recusación se planteará por escrito ante el superior
jerárquico del recusado, expresando la causa o causas en que se funda,
acompañando al mismo las pruebas pertinentes.
Al día siguiente de integrado el expediente con la documentación a que se
refiere el párrafo anterior, el recusado manifestará lo que considere
pertinente. El superior resolverá en el plazo de tres días, lo procedente.
A falta de informe rendido por el recusado, se tendrá por cierto el
impedimento interpuesto.
ART. 27.- Contra las resoluciones adoptadas en materia de
impedimentos, excusas y recusaciones no cabrá recurso, sin perjuicio de
la posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda
contra la resolución que dé por concluido el procedimiento.
LEY
FEDERAL
ADMINISTRATIVO
DEL
PROCEDIMIENTO
CONTENCIOSO
CAPÍTULO IV
De los Incidentes
ARTÍCULO 29.- En el juicio contencioso administrativo federal sólo
serán de previo y especial pronunciamiento:
I. La incompetencia en razón del territorio.
II. El de acumulación de juicios.
III. El de nulidad de notificaciones.
IV. La recusación por causa de impedimento.
V. La reposición de autos.
VI. La interrupción por causa de muerte, disolución, declaratoria de
ausencia o incapacidad.
Cuando la promoción del incidente sea frívola e improcedente, se
impondrá a quien lo promueva una multa de diez a cincuenta veces el
salario mínimo general diario vigente en el área geográfica
correspondiente al Distrito Federal.
ARTÍCULO 35.- La recusación de magistrados se promoverá
mediante escrito que se presente en la Sala o Sección en la que se halle
adscrito el magistrado de que se trate, acompañando las pruebas que se
ofrezcan. El Presidente de la Sección o de la Sala, dentro de los cinco
días siguientes, enviará al Presidente del Tribunal el escrito de recusación
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DERECHO ADMINISTRATIVO MEXICANO
junto con un informe que el magistrado recusado debe rendir, a fin de que
se someta el asunto al conocimiento del Pleno. A falta de informe se
presumirá cierto el impedimento. Si el Pleno del Tribunal considera
fundada la recusación, el magistrado de la Sala Regional será
sustituido en los términos de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa. Si se trata de magistrado de Sala
Superior, deberá abstenerse de conocer del asunto, en caso de ser el
ponente será sustituido.
Los magistrados que conozcan de una recusación son irrecusables
para ese solo efecto.
La recusación del perito del Tribunal se promoverá, ante el
Magistrado Instructor, dentro de los seis días siguientes a la fecha en
que surta efectos la notificación del acuerdo por el que se le designe.
El instructor pedirá al perito recusado que rinda un informe dentro de
los tres días siguientes. A falta de informe, se presumirá cierto el
impedimento. Si la Sala encuentra fundada la recusación, substituirá al
perito.
COMPARECENCIA
LEY FEDERAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
ART. 42.- Los escritos dirigidos a la Administración Pública Federal
deberán presentarse directamente en sus oficinas autorizadas para tales
efectos, en las oficinas de correos, mediante mensajería o telefax, salvo el
caso del escrito inicial de impugnación, el cual deberá presentarse
precisamente en las oficinas administrativas correspondientes.
Cuando un escrito sea presentado ante un órgano incompetente, dicho
órgano remitirá la promoción al que sea competente en el plazo de cinco
días. En tal caso, se tendrá como fecha de presentación la del acuse de
recibo del órgano incompetente, salvo que éste aperciba al particular en el
sentido de que su ocurso se recibe sólo para el efecto de ser turnado a la
autoridad competente; de esta circunstancia deberá dejarse constancia
por escrito en el propio documento y en la copia sellada que al efecto se
exhiba.
Los escritos recibidos por correo certificado con acuse de recibo se
considerarán presentados en las fechas que indique el sello fechador de
la oficina de correos, excepto en los casos en que hubieren sido dirigidos
a una autoridad que resulte incompetente. Para tal efecto, se agregará al
expediente el sobre sin destruir en donde aparezca el sello fechador, y
cuando así proceda se estará a lo dispuesto en el párrafo anterior.
LEY
FEDERAL
ADMINISTRATIVO
DEL
PROCEDIMIENTO
CONTENCIOSO
ARTÍCULO 44.- Para desahogar la prueba testimonial se requerirá a la
oferente para que presente a los testigos y cuando ésta manifieste no
poder presentarlos, el Magistrado Instructor los citará para que
comparezcan el día y hora que al efecto señale. De los testimonios se
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DERECHO ADMINISTRATIVO MEXICANO
levantará acta pormenorizada y podrán serles formuladas por el
magistrado o por las partes aquellas preguntas que estén en relación
directa con los hechos controvertidos o persigan la aclaración de
cualquier respuesta. Las autoridades rendirán testimonio por escrito.
Cuando los testigos tengan su domicilio fuera de la sede de la Sala, se
podrá desahogar la prueba mediante exhorto, previa calificación hecha
por el Magistrado Instructor del interrogatorio presentado, pudiendo
repreguntar el magistrado o juez que desahogue el exhorto, en términos
del artículo 73 de esta Ley.
ARTÍCULO 63.- Las resoluciones emitidas por el Pleno, las Secciones
de la Sala Superior o por las Salas Regionales que decreten o nieguen el
sobreseimiento, las que dicten en términos de los artículos 34 de la Ley
del Servicio de Administración Tributaria y 6° de esta Ley, así como las
que se dicten conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial
del Estado y las sentencias definitivas que emitan, podrán ser
impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa
encargada de su defensa jurídica o por la entidad federativa coordinada
en ingresos federales correspondiente, interponiendo el recurso de
revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede del
Pleno, Sección o Sala Regional a que corresponda, mediante escrito que
se presente ante la responsable, dentro de los quince días siguientes a
aquél en que surta sus efectos la notificación respectiva, siempre que se
refiera a cualquiera de los siguientes supuestos:
…
IX. Sea una resolución dictada con motivo de las reclamaciones
previstas en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del
Estado.
En los juicios que versen sobre resoluciones de las autoridades fiscales
de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, el recurso
podrá ser interpuesto por el Servicio de Administración Tributaria, y por
las citadas entidades federativas en los juicios que intervengan como
parte.
Con el escrito de expresión de agravios, el recurrente deberá exhibir
una copia del mismo para el expediente y una para cada una de las
partes que hubiesen intervenido en el juicio contencioso
administrativo, a las que se les deberá emplazar para que, dentro del
término de quince días, comparezcan ante el Tribunal Colegiado de
Circuito que conozca de la revisión a defender sus derechos.
DERECHOS
EN
RELACIÓN
AL
REGISTRO
DE
SOLICITUDES,
ESCRITOS
Y
COMUNICACIONES
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Art. 8o.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el
ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por
escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo
podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.
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DERECHO ADMINISTRATIVO MEXICANO
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a
quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en
breve término al peticionario.
LEY FEDEWRAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
ART. 43.- En ningún caso se podrán rechazar los escritos en las unidades
de recepción de documentos.
Cuando en cualquier estado se considere que alguno de los actos no
reúne los requisitos necesarios, el órgano administrativo lo pondrá en
conocimiento de la parte interesada, concediéndole un plazo de cinco
días para su cumplimiento. Los interesados que no cumplan con lo
dispuesto en este artículo, se les podrá declarar la caducidad del ejercicio
de su derecho, en los términos previstos en la presente Ley.
LEY
FEDERAL
ADMINISTRATIVO
DE
PROCEDIMIENTO
CONTENCIOSO
CAPÍTULO I
De la Demanda
ARTÍCULO 13.- La demanda se presentará por escrito directamente
ante la sala regional competente, dentro de los plazos que a
continuación se indican:
I. De cuarenta y cinco días siguientes a aquél en el que se dé alguno de
los supuestos siguientes:
a) Que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada,
inclusive cuando se controvierta simultáneamente como primer acto de
aplicación una regla administrativa de carácter general.
b) Hayan iniciado su vigencia el decreto, acuerdo, acto o resolución
administrativa de carácter general impugnada cuando sea auto aplicativa.
II. De cuarenta y cinco días siguientes a aquél en el que surta efectos la
notificación de la resolución de la Sala o Sección que habiendo conocido
una queja, decida que la misma es improcedente y deba tramitarse como
juicio. Para ello deberá prevenir al promovente para que presente
demanda en contra de la resolución administrativa que tenga carácter
definitivo.
III. De cinco años cuando las autoridades demanden la modificación o
nulidad de una resolución favorable a un particular, los que se contarán a
partir del día siguiente a la fecha en que éste se haya emitido, salvo que
haya producido efectos de tracto sucesivo, caso en el que se podrá
demandar la modificación o nulidad en cualquier época sin exceder de los
cinco años del último efecto, pero los efectos de la sentencia, en caso de
ser total o parcialmente desfavorable para el particular, sólo se
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DERECHO ADMINISTRATIVO MEXICANO
retrotraerán a los cinco años anteriores a la presentación de la demanda.
Cuando el demandante tenga su domicilio fuera de la población donde
esté la sede de la Sala, la demanda podrá enviarse por el Servicio Postal
Mexicano, mediante correo certificado con acuse de recibo, siempre que
el envío se efectúe en el lugar en que resida el demandante, pudiendo en
este caso señalar como domicilio para recibir notificaciones, el ubicado en
cualquier parte del territorio nacional, salvo cuando tenga su domicilio
dentro de la jurisdicción de la Sala Competente, en cuyo caso, el
señalado para tal efecto, deberá estar ubicado dentro de la
circunscripción territorial de la Sala.
Cuando el interesado fallezca durante el plazo para iniciar juicio, el plazo
se suspenderá hasta un año, si antes no se ha aceptado el cargo de
representante de la sucesión. También se suspenderá el plazo para
interponer la demanda si el particular solicita a las autoridades fiscales
iniciar el procedimiento de resolución de controversias contenido en un
tratado para evitar la doble tributación, incluyendo en su caso, el
procedimiento arbitral. En estos casos cesará la suspensión cuando se
notifique la resolución que da por terminado dicho procedimiento,
inclusive en el caso de que se dé por terminado a petición del interesado.
En los casos de incapacidad o declaración de ausencia, decretadas por
autoridad judicial, el plazo para interponer el juicio contencioso
administrativo federal se suspenderá hasta por un año. La suspensión
cesará tan pronto como se acredite que se ha aceptado el cargo de tutor
del incapaz o representante legal del ausente, siendo en perjuicio del
particular si durante el plazo antes mencionado no se provee sobre su
representación.
ARTÍCULO 4o.- Toda promoción deberá estar firmada por quien la
formule y sin este requisito se tendrá por no presentada, a menos
que el promovente no sepa o no pueda firmar, caso en el que imprimirá su
huella digital y firmará otra persona a su ruego.
Cuando la resolución afecte a dos o más personas, la demanda deberá ir
firmada por cada una de ellas, y designar a un representante común que
elegirán de entre ellas mismas, si no lo hicieren, el Magistrado Instructor
nombrará con tal carácter a cualquiera de los interesados, al admitir la
demanda.
DERECHO A SER
INFORMADO
Y
ORIENTADO
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Art. 8o.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del
derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera
pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de
ese derecho los ciudadanos de la República.
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien
se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve
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DERECHO ADMINISTRATIVO MEXICANO
término al peticionario.
LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
ART. 17 A.- Cuando los escritos que presenten los interesados no
contengan los datos o no cumplan con los requisitos aplicables, la
dependencia u organismo descentralizado correspondiente deberá
prevenir a los interesados, por escrito y por una sola vez, para que
subsanen la omisión dentro del término que establezca la dependencia u
organismo descentralizado, el cual no podrá ser menor de cinco días
hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación;
transcurrido el plazo correspondiente sin desahogar la prevención, se
desechará el trámite.
Salvo que en una disposición de carácter general se disponga otro plazo,
la prevención de información faltante deberá hacerse dentro del primer
tercio del plazo de respuesta o, de no requerirse resolución alguna, dentro
de los diez días hábiles siguientes a la presentación del escrito
correspondiente. La fracción de día que en su caso resulte de la división
del plazo de respuesta se computará como un día completo. En caso de
que la resolución del trámite sea inmediata, la prevención de información
faltante también deberá hacerse de manera inmediata a la presentación
del escrito respectivo.
De no realizarse la prevención mencionada en el párrafo anterior dentro
del plazo aplicable, no se podrá desechar el trámite argumentando que
está incompleto. En el supuesto de que el requerimiento de información
se haga en tiempo, el plazo para que la dependencia correspondiente
resuelva el trámite se suspenderá y se reanudará a partir del día hábil
inmediato siguiente a aquel en el que el interesado conteste.
LEY
FEDERAL
ADMINISTRATIVO
DE
PROCEDIMIENTO
CONTENCIOSO
ARTICULO 219.- En los casos en que no haya prevención especial de la
ley, las resoluciones judiciales sólo expresarán el tribunal que las dicte, el
lugar, la fecha y sus fundamentos legales, con la mayor brevedad, y la
determinación judicial, y se firmarán por el juez, magistrados o ministros
que las pronuncien, siendo autorizadas, en todo caso, por el secretario.
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DERECHO ADMINISTRATIVO
ESPAÑOL
FINALIZACIÓN
DERECHO ADMINISTRATIVO MEXICANO
LEY
FEDERAL
ADMINISTRATIVO
DEL
PROCEDIMIENTO
DE LA TERMINACION
ART. 57.- Ponen
administrativo:
fin
al
procedimiento
I. La resolución del mismo;
II. El desistimiento;
III. La renuncia al derecho en que se funde la
solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida
por el ordenamiento jurídico.
IV. La declaración de caducidad;
V. La imposibilidad material de continuarlo por
causas sobrevenidas, y
VI. El convenio de las partes, siempre y cuando
no sea contrario al ordenamiento jurídico ni
verse sobre materias que no sean susceptibles
de transacción, y tengan por objeto satisfacer el
interés público, con el alcance, efectos y
régimen jurídico específico que en cada caso
prevea la disposición que lo regula.
DERECHO A LA
RESOLUCIÓN EXPRESA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS
Art. 8o.- Los funcionarios y empleados públicos
respetarán el ejercicio del derecho de petición,
siempre que ésta se formule por escrito, de
manera pacífica y respetuosa; pero en materia
política sólo podrán hacer uso de ese derecho
los ciudadanos de la República.
A toda petición deberá recaer un acuerdo
escrito de la autoridad a quien se haya dirigido,
la cual tiene obligación de hacerlo conocer en
breve término al peticionario.
LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
ART. 16.- La Administración Pública Federal, en
sus relaciones con los particulares, tendrá las
siguientes obligaciones:
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DERECHO ADMINISTRATIVO
ESPAÑOL
DERECHO ADMINISTRATIVO MEXICANO
I. Solicitar la comparecencia de éstos, sólo
cuando así esté previsto en la ley, previa
citación en la que se hará constar
expresamente el lugar, fecha, hora y objeto de
la comparecencia, así como los efectos de no
atenderla;
II. Requerir informes, documentos y otros datos
durante la realización de visitas de verificación,
sólo en aquellos casos previstos en ésta u otras
leyes;
III. Hacer del conocimiento de éstos, en
cualquier momento, del estado de la tramitación
de los procedimientos en los que tengan interés
jurídico, y a proporcionar copia de los
documentos contenidos en ellos;
IV. Hacer constar en las copias de los
documentos que se presenten junto con los
originales, la presentación de los mismos;
V. Admitir las pruebas permitidas por la ley y
recibir alegatos, los que deberán ser tomados
en cuenta por el órgano competente al dictar
resolución;
VI. Abstenerse de requerir documentos o
solicitar información que no sean exigidos por
las normas aplicables al procedimiento, o que
ya se encuentren en el expediente que se está
tramitando;
VII. Proporcionar información y orientar acerca
de los requisitos jurídicos o técnicos que las
disposiciones legales vigentes impongan a los
proyectos, actuaciones o solicitudes que se
propongan realizar;
VIII. Permitir el acceso a sus registros y
archivos en los términos previstos en ésta u
otras leyes;
IX. Tratar con respeto a los particulares y a
facilitar el ejercicio de sus derechos y el
cumplimiento de sus obligaciones; y
X. Dictar resolución expresa sobre cuantas
peticiones le formulen; así como en los
procedimientos iniciados de oficio, cuya
instrucción y resolución afecte a terceros,
debiendo dictarla dentro del plazo fijado por la
ley.
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DERECHO ADMINISTRATIVO
ESPAÑOL
DERECHO ADMINISTRATIVO MEXICANO
DERECHO A QUE LA
ADMINISTRACIÓN RESUELVA
EN EL PLAZO LEGALMENTE
ESTABLECIDO
LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
ART. 17.- Salvo que en otra disposición legal o
administrativa de carácter general se establezca
otro plazo, no podrá exceder de tres meses el
tiempo para que la dependencia u organismo
descentralizado resuelva lo que corresponda.
Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán
las resoluciones en sentido negativo al
promovente, a menos que en otra disposición
legal o administrativa de carácter general se
prevea lo contrario. A petición del interesado, se
deberá expedir constancia de tal circunstancia
dentro de los dos días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud respectiva ante
quien deba resolver; igual constancia deberá
expedirse cuando otras disposiciones prevean
que transcurrido el plazo aplicable la resolución
deba entenderse en sentido positivo.
En el caso de que se recurra la negativa por
falta de resolución, y ésta a su vez no se
resuelva dentro del mismo término, se
entenderá confirmada en sentido negativo.
LEY FEDERAL DEL PROCEDIMIENTO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Del Cierre de la Instrucción
ARTÍCULO 47.- El Magistrado Instructor, diez
días después de que haya concluido la
sustanciación del juicio y no existiere ninguna
cuestión pendiente que impida su resolución,
notificará por lista a las partes que tienen un
término de cinco días para formular alegatos
por escrito. Los alegatos presentados en tiempo
deberán ser considerados al dictar sentencia.
DERECHO A DESISTIR DE
SUS SOLICITUD O
RENUNCIAR A SUS
DERECHOS
Al vencer el plazo de cinco días a que se refiere
el párrafo anterior, con alegatos o sin ellos, se
emitirá el acuerdo correspondiente en el que se
declare cerrada la instrucción.
LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
DE LA TERMINACION
ART. 57.- Ponen
administrativo:
fin
al
procedimiento
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DERECHO ADMINISTRATIVO
ESPAÑOL
DERECHO ADMINISTRATIVO MEXICANO
I. La resolución del mismo;
II. El desistimiento;
III. La renuncia al derecho en que se funde la
solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida
por el ordenamiento jurídico.
IV. La declaración de caducidad;
V. La imposibilidad material de continuarlo por
causas sobrevenidas, y
VI. El convenio de las partes, siempre y cuando
no sea contrario al ordenamiento jurídico ni
verse sobre materias que no sean susceptibles
de transacción, y tengan por objeto satisfacer el
interés público, con el alcance, efectos y
régimen jurídico específico que en cada caso
prevea la disposición que lo regula.
ART. 58.- Todo interesado podrá desistirse de
su solicitud o renunciar a sus derechos, cuando
éstos no sean de orden e interés públicos. Si el
escrito de iniciación se hubiere formulado por
dos o más interesados, el desistimiento o la
renuncia sólo afectará a aquél que lo hubiese
formulado.
LEY FEDERAL DEL PROCEDIMEINTO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
ARTÍCULO 9o.- Procede el sobreseimiento:
I. Por desistimiento del demandante.
II. Cuando durante el juicio aparezca o
sobrevenga alguna de las causas de
improcedencia a que se refiere el artículo
anterior.
III. En el caso de que el demandante muera
durante el juicio si su pretensión es
intransmisible o, si su muerte, deja sin materia
el proceso.
IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la
resolución o acto impugnados, siempre y
cuando se satisfaga la pretensión del
demandante.
V. Si el juicio queda sin materia.
VI. En los demás casos en que por disposición
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legal haya impedimento para emitir resolución
en cuanto al fondo.
El sobreseimiento del juicio podrá ser total o
parcial.
ARTÍCULO 61.- Cuando la reclamación se
interponga en contra del acuerdo que sobresea
el juicio antes de que se hubiera cerrado la
instrucción, en caso de desistimiento del
demandante, no será necesario dar vista a la
contraparte.
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