Venezuela

EL MUNDO INDIGENA 2011 ฀ EL MUNDO INDIGENA 2011 ฀ 3 EL MUNDO INDIGENA 2011 Copenhague 2011 EL MUNDO INDIGENA 2011 Compilación y edición: Kathrin Wessendorf Editores por región: El Ártico y América del Norte: Kathrin Wessendorf América Central y América del Sur: Alejandro Parellada El Pacífico: Kathrin Wessendorf Asia: Christian Erni y Christina Nilsson Medio Oriente: Diana Vinding Africa: Marianne Wiben Jensen y Geneviève Rose Procesos internacionales: Lola García-Alix y Kathrin Wessendorf Cubierta y tipografía: Jorge Monrás Mapas: Marie Festersen Andersen y Jorge Monrás Traducción al español: Isabel de la Mano, Patricia Borraz, Jacqueline Behrend, Patricia Pena. Corrección de pruebas: Jorge Monrás Impresión: Tarea Asociación Gráfica Educativa, Lima, Perú © Los autores y el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), 2011 Todos los derechos reservados. Se permite la reproducción y distribución de información contenida en El Mundo Indígena en tanto se citen las fuentes. Sin embargo, la traducción de artículos en otros idiomas y la reproducción completa del libro no se autoriza sin el consentimiento previo de IWGIA. Los artículos incluidos en “El Mundo Indígena” expresan la visión y las opiniones de los autores, e IWGIA no es responsable de la exactitud del contenido o de las opiniones expresadas. HURRIDOCS CIP DATA Título: El Mundo Indígena 2011 Compilación y edición: Kathrin Wessendorf Páginas: 556 ISSN: 1024-4573 ISBN: 978-87-91563-98-0 Idioma: castellano Index: 1. Pueblos indígenas – 2. Anuario – 3. Procesos internacionales Area geográfica: global Fecha de publicación: mayo de 2011 Directora: Lola García-Alix Vicedirector: Thomas Skielboe Este libro ha sido producido con el aporte financiero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca y NORAD. GRUPO INTERNACIONAL DE TRABAJO SOBRE ASUNTOS INDIGENAS Classensgade 11 E, DK 2100 - Copenhague, Dinamarca Tel: (45) 35 27 05 00 - Fax: (45) 35 27 05 07 E-mail: iwgia@iwgia.org - Web: www.iwgia.org 133 AMERICA DEL SUR VENEZUELA Venezuela es un país multicultural que reconoce y garantiza la existencia de los pueblos y comunidades indígenas. Los pueblos indígenas en Venezuela representan el 2.2% de la población nacional. Ellos son los akawayo, amorúa, añú, arawak, arutani, ayamán, baniva, baré, barí, caquetío, cumanagoto, chaima, e´ñepá, gayón, guanano, hoti, inga, japreria, jirajara, jivi, kari´ña, kubeo, kuiva, kurripako, mako, makushi, ñengatú, pemón, piapoko, píritu, puinave, pumé, sáliva, sánema, sapé, timoto-cuica, waikerí, wanai, wapishana, warao, warekena, wayuu, wotjuja, yanomami, yavarana, ye´kuana y yukpa. La Constitución de 1999 reconoció por primera vez el carácter multiétnico y pluricultural del país, incluye un capítulo especialmente dedicado a los derechos de los pueblos indígenas y abrió espacios de participación política indígena a nivel nacional, estadal y municipal. En el año 2001 entró en vigor la Ley Orgánica de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas; en 2002 se ratificó el convenio 169 de la OIT; en 2005 la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI) desarrolló y consolidó ampliamente este marco de derechos. L os pueblos indígenas de Venezuela gozan del reconocimiento jurídico de un amplio marco de derechos específicos que, desde 1999, ha favorecido la participación de representantes indígenas en espacios de poder y cargos de elección popular, sin precedentes en la historia nacional, así como la adaptación de las instituciones gubernamentales a la nueva normativa, para el diseño e implementación de políticas públicas dirigidas a la población indígena. No obstante estos importantes logros, el avance en la implementación de estas normas ha sido limitado, y los resultados en la práctica ambiguos, debido a las dificultades de los funcionarios públicos para crear políticas con enfoque intercultural. El movimiento indígena, por su lado, se encuentra desmovilizado, sin una agenda propia de luchas concretas, con escasa independencia, dividido y, en algunos casos, enfrentado. Sus líderes pasaron a ocupar cargos en los poderes del Estado, 134 IWGIA – EL MUNDO INDIGENA – 2011 asumiendo la línea que dicta el gobierno nacional. Pero luego de una década, la falta de avances concretos en la implementación de políticas públicas efectivas ha generado un notable descontento. Durante el 2010 resaltaron las manifestaciones de quienes reclaman la falta de implementación efectiva de los derechos reconocidos. Haximú nuevamente amenazada Durante el 2010, el pueblo Yanomami del Alto Orinoco (estado Amazonas) ha sido víctima de la presencia de mineros ilegales (garimpeiros) provenientes de Brasil y de epidemias de alta letalidad. La información disponible indica una alta mortalidad por malaria y presuntas muertes asociadas a conflictos con garimpeiros. Líderes Yanomami de diversas comunidades del Alto Orinoco han manifestado a las autoridades su preocupación frente a la ausencia de atención permanente y oportuna. Es el caso de la comunidad de Haximú: en los últimos meses del 2010, el personal del Ministerio de Salud confirmó 7 fallecimientos. La zona se encuentra invadida por garimpeiros que tienen su base de operaciones, con una pista aérea, en el lado brasilero de la frontera. Haximú es la comunidad yanomami víctima del ataque de garimpeiros que, en 1993, dejó 16 muertos y varios heridos. Precisamente a raíz de esa masacre, el Estado venezolano suscribió en 1999 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un acuerdo de solución amistosa, en el que se comprometió a diseñar, financiar y poner en funcionamiento un Programa Integral de Salud dirigido al pueblo Yanomami; así como a promover la suscripción de un acuerdo con el Gobierno de Brasil, para la vigilancia y control de la minería ilegal en el área Yanomami. Epidemia en Maiyotheri, Awakau y Pooshitheri Desde el 31 de julio, las autoridades de salud del estado Amazonas recibieron noticias sobre una epidemia en las comunidades de Maiyotheri, Awakau y Pooshitheri, ubicadas en una zona de difícil acceso en territorio yanomami. En septiembre se recibieron noticias de numerosos enfermos y fallecidos, pero no fue sino hasta principios de octubre que un equipo técnico (sin médico) conformado mayormente por agentes de salud yanomami, pudo llegar a Maiyotheri caminan- 135 AMERICA DEL SUR 3 4 1 1. Alto Orinoco 2 3. Sierra de Perijá 2. Territorio yanomami 4. Machiques do. Retornaron con la noticia de 51 personas fallecidas y las muestras que trajeron revelaron 84% de elementos positivos de malaria. El 23 de octubre, un helicóptero logró aterrizar dejando un equipo de salud para atender la emergencia. El informe oficial informa de 17 decesos en las tres comunidades. Esta epidemia de malaria pudo haber sido atendida a tiempo, pero las fallas en el sistema de atención de salud demoraron la ayuda por más de dos meses, con el trágico resultado descrito. Luego se recibieron reportes de brotes de malaria y fallecidos desde otros sectores del territorio Yanomami, como Haximú, Koyowë, Siapa y Pirisipiwei. La respuesta 136 IWGIA – EL MUNDO INDIGENA – 2011 a estas emergencias con el envío de equipos médicos por vía aérea fue mucho más efectiva y, a partir de entonces, se han regularizado las visitas a estas zonas remotas con el apoyo aéreo de las Fuerzas Armadas. El Plan de Salud Yanomami Como consecuencia del acuerdo con la CIDH, en 2005 se inició la implementación del Plan de Salud Yanomami (PSY), coordinado por la Dirección de Salud Indígena del Ministerio de Salud. El PSY representa una muestra de la voluntad política del Gobierno Nacional para atender apropiadamente la salud de los pueblos indígenas. El objetivo fundamental del Plan es “expandir de manera sustentable y culturalmente adaptada los servicios de salud al 80% de la población Yanomami, históricamente subatendida o completamente desasistida” debido al difícil acceso, las limitaciones logísticas y las carencias estructurales del sistema de salud en el Alto Orinoco. Entre las estrategias implementadas resalta el fortalecimiento de la red sanitaria con personal, equipamiento e insumos; la formación de agentes yanomami de salud; y el aumento de la capacidad logística del sistema, gracias al apoyo aéreo de las Fuerzas Armadas. Actualmente, el PSY se encuentra en una grave crisis. Las dificultades administrativas y trabas burocráticas en el Ministerio de Salud, así como la considerable disminución del apoyo aéreo desde mediados del 2009, han tenido un importante impacto en la desatención de las comunidades remotas. Minería ilegal y muertes en Momoi En abril, varios líderes yanomami denunciaron asesinatos de indígenas a manos de garimpeiros en las comunidades de Ushishiwe y Momoi, del sector Shimaraoshe. Refirieron que en el año 2007 ocurrió algo similar, que fue notificado sin recibir respuesta, y que estos mineros tienen varios años actuando en el sector. Este es un sector que nunca había sido visitado y no se conocía su ubicación precisa. Luego de varios días de camino, arribó a Momoi una patrulla militar con guías yanomami. Allí abrió un helipunto que permitió que un equipo médico prestara atención de salud en Momoi y varias comunidades vecinas. AMERICA DEL SUR 137 No encontraron garimpeiros, pero sí las evidencias de su presencia y actividades. Sin embargo, no hallaron evidencias de yanomami muertos. Esto era de esperar, ya que los yanomami incineran los cuerpos de los difuntos -eliminando toda evidencia física- y no hablan de ellos. Se estima que las muertes sucedieron en enero, según la versión de los yanomami. En total se informa de 9 muertes, una de ellas sin comprobar por los yanomami, y posiblemente de origen violento. Los yanomami dicen que el río que pasa por la comunidad está muy contaminado, lo que indicaría que las otras muertes pudieron ocurrir por intoxicación aguda por mercurio. La presencia de garimpeiros no es reciente y corresponde a una re-invasión minera que, desde Brasil, se desborda hacia Venezuela, estimulada por los altos precios actuales del oro. En el acuerdo suscrito ante la CIDH, el Estado venezolano “se compromete a promover la suscripción de un acuerdo con el Gobierno de Brasil, a los fines de establecer un plan de vigilancia y control conjunto y permanente, para monitorear y controlar la entrada de garimpeiros y la minería ilegal en el área yanomami”. Hasta la fecha, esto no se ha concretado. Aunque el Gobierno Nacional ha demostrado voluntad para abordar estos problemas, las acciones adelantadas no son suficientes. La presencia de garimpeiros se ha hecho permanente y representa un peligro potencial para las comunidades indígenas y la soberanía nacional. Es urgente que las instituciones del Estado venezolano adopten medidas para garantizar la vida y la integridad del pueblo yanomami que vive en frontera con Brasil. El coltán: una nueva amenaza El 15 de octubre de 2009, luego del anuncio que hiciera el presidente de la República sobre el descubrimiento de grandes yacimientos de coltán,1 Venezuela incluye en la lista de sus productos estratégicos al llamado “oro azul”. Hace unos tres años se inició la fiebre del coltán, que está cambiando la vida de las comunidades de la zona norte del estado Amazonas y el suroccidente del estado Bolívar, en su mayoría indígenas de los pueblos Piaroa, Jivi y Curripaco, así como comunidades de pueblos Arawacos (Baniva, Baré, etc.) del municipio Guainía del estado Amazonas, en frontera con Colombia.2 El aumento de la demanda mundial de tantalio ha disparado los precios y desatado la proliferación de la minería ilegal y el contrabando a través de redes de comercialización que, mayormente a través de Colombia, venden a compradores inter- 138 IWGIA – EL MUNDO INDIGENA – 2011 nacionales,3 quienes utilizan a los indígenas como fuerza de trabajo y varias comunidades se han incorporado a esta actividad.4 En enero de 2010, el presidente Hugo Chávez informó que las reservas del mineral pudieran alcanzar los 100 mil millones de dólares. Aseguró que la minería ilegal, cuya producción estaba siendo trasladada a Colombia, obligó a acordonar la zona con fuerzas de seguridad,5 en la llamada “Operación Oro Azul”, que cuenta con más de 15 mil efectivos de las Fuerzas Armadas.6 El Gobierno Nacional anunció que a través del Ministerio para las Industrias Básicas y Minería, impulsará un proyecto especial de aprovechamiento en los municipios Cedeño del estado Bolívar, y Atures, Autana, Atabapo y Manapiare del estado Amazonas. La región a evaluar comprende aproximadamente 176.300 Km2.7 Para ello se creará una empresa nacional de minerales estratégicos y se menciona a China y Suráfrica como posibles socios.8 Según el Gobierno, dicha explotación cumplirá con un “código ambientalista”.9 Sin embargo, no se considera que la región corresponde al hábitat y territorios ancestrales de al menos 15 pueblos indígenas, ninguno de los cuales cuenta con títulos de propiedad sobre sus tierras, lo que los coloca en una situación de vulnerabilidad jurídica frente a proyectos de desarrollo promovidos por el Estado. Por otra parte, no se ha contemplado la consulta previa, libre e informada; la participación de los pueblos y comunidades indígenas en el diseño e implementación del proyecto; los estudios de impacto ambiental y sociocultural; ni el tema de la distribución de beneficios a las comunidades. El Plan Caura En el mes de abril de 2010, el vicepresidente de la República, Elías Jaua, anunció la activación del Plan Caura para detener la devastación ambiental generada por la minería ilegal en los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro.10 Según Alejandro Hitcher, ministro de Ambiente, el Plan Caura abarca todo el territorio conformado por los ecosistemas de alto valor ecológico de la margen derecha del río Orinoco.11 Para proteger esta extensa región se decidió incrementar la presencia militar con una operación que movilizó a 2.800 efectivos de las Fuerzas Armadas Informes oficiales dan cuenta de la grave situación de contaminación ambiental por el uso del mercurio, que está afectando la salud de las comunidades rurales pobres que viven a las márgenes de los ríos, por consumo de pescado cuyos niveles se encuentran por encima de la media aceptada por la OMS.12 AMERICA DEL SUR 139 Hacia finales del mes de agosto se había logrado desalojar a más de 20 mil personas que se dedicaban a la extracción de oro, diamantes y coltán; se había recuperado más de 30 mil hectáreas y evitado que mafias internacionales sacaran del país más de 1.200 kilos de oro 13 y 4.000 quilates de diamantes, inhabilitando 299 campamentos mineros y detectando 14 pistas ilegales de aterrizaje.14 Según Alberto Rodríguez -coordinador de la organización indígena KUYUJANI, que agrupa a 53 comunidades Ye´kuana y Sanema de la cuenca del Caura- “como pueblos indígenas hemos estado siempre defendiéndonos de la actividad minera, por ello aplaudimos el Plan Caura, impulsado por el gobierno nacional”, sin embargo “hasta ahora no hemos tenido una participación directa”.15 Lucha del pueblo Yukpa por la recuperación de su territorio A partir de los años 30 los yukpa fueron desplazados por hacendados ganaderos, desde el pie de monte hacia las zonas montañosas de la Sierra de Perijá, en la frontera con Colombia (estado Zulia). Durante la década de los 70 los yukpa iniciaron la recuperación del piedemonte mediante la ocupación de haciendas. Desde entonces han sido víctimas de permanente hostigamiento por parte de los ganaderos de la zona -con el apoyo de las Fuerzas Armadas y grupos paramilitares. En 2001 reanudaron las ocupaciones de tierras y, en 2004, se organizaron para exigir la suspensión de los proyectos de expansión minera, la derogación de las concesiones carboníferas y reclamar la demarcación de los territorios indígenas en la Sierra de Perijá. Uno de los líderes fundamentales en la lucha por la recuperación de las tierras Yukpa ha sido el cacique Sabino Romero Izarra, quien ha mantenido una posición firme en defensa del territorio yukpa, cuya autodemarcación abarca 285.000 ha, frente a la propuesta oficial, que abarcaría un territorio mucho menor, fragmentado en sectores aislados, sin afectar las haciendas ganaderas y las concesiones mineras. En octubre de 2009, el gobierno nacional hizo entrega de títulos de propiedad colectiva a tres sectores del pueblo Yukpa: Tinacoa, Aroy y Shirapta, con una superficie total de 41.630 ha. Restan cuatro sectores: Toromo, Neremü, Khasmera y Tokuko, cuyos caciques rechazan la propuesta gubernamental por considerar que les están quitando territorio, y porque defienden la autodemarcación de todo el territorio yukpa frente a la entrega de lotes por sectores. 140 IWGIA – EL MUNDO INDIGENA – 2011 El Estado contra Sabino Romero, Olegario Romero y Alexander Fernández Días antes de la entrega de los títulos, emisoras de radio locales difundieron una matriz de opinión, en la que ganaderos y miembros del Frente Revolucionario Campesino acusaban a Sabino Romero de robar varios lotes de ganado. El 13 de octubre de 2009, Sabino Romero, ofendido por la participación del cacique Olegario Romero en la campaña difamatoria, se fue “con toda la familia para resolver la cosa como yukpas”. Iba desarmado y, junto a él, algunos de sus hijos y algunas mujeres.16 El encuentro derivó en un enfrentamiento entre las familias de los caciques Olegario Romero de la comunidad Guamo Pamocha y Sabino Romero de la comunidad Chaktapa, en el que resultaron dos muertos y cinco heridos, entre estos el propio Sabino Romero Izarra. Los yukpas de Chaktapa señalan a Olegario Romero como autor material y cabecilla de los atentados. El 22 de octubre de 2009, la jueza Judith Rojas ordenó la privación preventiva de libertad de Sabino Romero Izarra, Olegario Romero y Alexander Fernández por los delitos de homicidio, agavillamiento en perjuicio del estado venezolano, robo de ganado y lesiones. Asimismo, declaró sin lugar el conflicto de competencia presentado por los abogados defensores a favor de la jurisdicción indígena, según lo establecido en el artículo 260 de la Constitución, que les da derecho a ser juzgados por autoridades legítimas de su pueblo indígena. Desde entonces estuvieron detenidos en el Fuerte Militar Macoa, en Machiques de Perijá. Se enfermaron por las precarias condiciones del lugar, sin recibir atención médica adecuada, y fueron incomunicados de su familia y sus abogados defensores. Tres mujeres familiares de Sabino Romero Izarra denunciaron haber sido víctimas de maltratos sexuales por parte de los guardias del Fuerte en varias ocasiones cuando acudieron a visitar a su pariente. El 25 de febrero de 2010, los abogados defensores interpusieron una acción de amparo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), solicitando que el caso sea juzgado por la jurisdicción especial indígena. Luego de más de cuatro meses el TSJ no había emitido un pronunciamiento. El 20 de julio, más de 80 yukpas y miembros de movimientos sociales se trasladaron a Caracas y se apostaron a la entrada del TSJ para exigir una respuesta. Dos días más tarde, el TSJ, alegando que “la presente causa ha perturbado la tranquilidad y cotidianidad de la comunidad indígena del estado Zulia (etnia Yukpa)”,17 ordenó remitir la causa al estado Trujillo y trasladar a los detenidos a la Cárcel Nacio- AMERICA DEL SUR 141 nal de Trujillo. Con esta decisión, se alejó a los detenidos cientos de kilómetros de su zona de origen, limitando el acceso de sus familiares y defensores. Finalmente, el 30 de julio, la Sala Constitucional del TSJ decidió declarar inadmisible el amparo solicitado,18 con base en los siguientes argumentos: • • • • • La magnitud del delito cometido. Por tratarse de una acusación por homicidio, según la decisión del TSJ, el caso debe ser juzgado por la justicia ordinaria y la jurisdicción indígena solo podría conocer en casos de delitos menores. La inexistencia de un Tribunal Especial Indígena que conozca del caso. Con este argumento se desconocen las figuras tradicionales indígenas de administración de justicia reconocidas por la Constitución y la LOPCI. Inexistencia de normas y procedimientos especiales que regulen este tipo de casos. Incompatibilidad de la jurisdicción especial indígena con la jurisdicción ordinaria. Según el TSJ no habría tal incompatibilidad en casos de delitos menores. El lugar del suceso no está delimitado como tierra indígena, se trata de tierras en litigio que el Estado no ha demarcado y titulado. Según este argumento, el Estado no reconoce las tierras indígenas como tales a menos que estén demarcadas y tituladas, desconociendo el derecho originario reconocido en la CRBV. El 24 de agosto de 2010 se constituyó el tribunal que lleva el caso en el Estado Trujillo. El cacique Olegario Romero recusó la defensa pública y aceptó como defensor al consultor jurídico de la Asociación de Ganaderos de Machiques, representante de los enemigos históricos de los Yukpa. Según la Sociedad Homo et Natura, este juicio está viciado desde el inicio, y busca condenar al cacique Sabino Romero para sacarlo de la escena del proceso de demarcación del territorio Yukpa, para quebrar la resistencia y la unidad Yukpa en la defensa de su territorio original.19 Huelga de hambre del jesuita Korta La prisión y juicio de los tres yukpas desencadenó una serie de protestas en Machiques, Maracaibo, Trujillo y Caracas. El 18 de octubre de 2010, el jesuita José María 142 IWGIA – EL MUNDO INDIGENA – 2011 Korta, de 81 años de edad –aliado histórico de la causa indígena y fundador la Universidad Indígena de Venezuela (UIV)–, inició una huelga de hambre frente a la Asamblea Nacional, en Caracas, como medida de denuncia por la no implementación de los principios constitucionales en materia indígena y en demanda de la excarcelación del cacique Sabino Romero y demás presos yukpa. Participaron en la protesta un nutrido grupo de indígenas de varias regiones del país, familiares del cacique Sabino Romero y diversos aliados de la causa indígena. Días después de iniciada la huelga, José Maria Korta, junto a varios indígenas y aliados, fueron recibidos por los ministros de Ambiente y de Pueblos Indígenas, quienes prometieron reiniciar el proceso de demarcación. Finalmente el vicepresidente de la República recibió a Korta y acordaron elaborar la hoja de ruta para viabilizar la implementación de los derechos indígenas. Viendo la buena fe del Gobierno para responder a los reclamos que se estaban haciendo, Korta levantó la huelga de hambre el 25 de octubre. El 8 de noviembre se congregaron en la Plaza Bolívar, de Caracas, más de cien representantes de 12 pueblos indígenas, movimientos sociales y demás aliados. La marcha encabezada por Korta recorrió el centro de la ciudad hasta la vicepresidencia de la República, donde entregaron la “hoja de ruta de los pueblos indígenas” al vicepresidente. No obstante, antes de iniciar la caminata, un grupo de indígenas del estado Zulia (Yukpa, Barí y Wayuu), así como otros simpatizantes, se retiraron y no acompañaron la marcha por considerar que el documento que Korta entregaría a Jaua era distinto al que se había acordado colectivamente, incorporando la aceptación explícita de la instalación de bases militares en zonas fronterizas. La hoja de ruta plantea tres exigencias básicas: 1. Autodemarcación de los hábitat y territorios indígenas con la participación efectiva de las comunidades, saneamiento de terceros y titulación de la propiedad colectiva. 2. Liberación de Sabino Romero Izarra, Olegario Romero y Alexander Fernández, y reconocimiento de la jurisdicción especial indígena. 3. Creación del Consejo Presidencial de Pueblos Indígenas que viabilice la autodemarcación, la jurisdicción indígena y la definición de políticas específicas.20 Hasta la fecha ninguno de los compromisos ha sido cumplido. AMERICA DEL SUR 143 Demarcación de tierras indígenas y el caso del pueblo Barí La Constitución nacional y demás leyes reconocen el derecho indígena a la propiedad colectiva de su hábitat y territorios. Sin embargo, la lentitud del proceso de demarcación entre 2005 y 2009, el desconocimiento de las autodemarcaciones presentadas por varias organizaciones indígenas y la paralización del proceso desde 2009, han convertido el tema en uno de los principales motivos de descontento de los pueblos indígenas de Venezuela. El 30 de noviembre, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia publicó una sentencia a favor del pueblo indígena Barí de la Sierra de Perijá y de la Asociación Civil BOKSHIBIKA –órgano de representación de la comunidad Barí de Bokshí– que sienta un importante precedente jurídico reconociendo que la implementación del derecho a la propiedad colectiva de las tierras indígenas está en mora, y ratificando la obligación del Ejecutivo Nacional de demarcar dichos territorios. En consecuencia, ordenó al Ministerio de Ambiente que proceda a demarcar los territorios que corresponden a la etnia Barí, para lo cual dispondrá de un lapso máximo de seis meses, y ordenó a la Procuraduría General de la República que –cumplido el procedimiento previsto– emita un título protocolizable sobre dichas tierras.21 Notas 1 El nombre ‘coltán’ procede de la abreviatura de columbita y tantalita, minerales que contienen niobio y tántalo, dos metales con aplicaciones en las industrias electrónica, aeroespacial, médica y metalúrgica, entre otras. La mayor parte de la producción se destina a la elaboración de teléfonos móviles, videojuegos, computadores portátiles, etc. 2 Infante, L. M., 2010: El boom del Coltán y el exterminio de los pueblos indígenas. <http://derechoypluralismo.blogspot.com/2010/12/el-boom-del-coltan-y-el-exterminio-de.html> 3 González, D.: “La fiebre por el oro azul”, en El Nacional, 15.12.2010. 4 González, D.: “Denuncian explotación de indígenas en extracción de coltán”, en El Nacional, 17.12.2010. 5 Prensa MIBAM, 18.01.10. <http://www.mibam.gob.ve/portal/index.php?option=com_content&vie w=article&id=314:venezuela-pudiera-ser-poseedora-de-una-gigantesca-reserva-decoltan&catid=14:generales&Itemid=96> 6 Gobierno Bolivariano de Venezuela, 2010: “Coltán el oro azul”, Paréntesis. 4ta. Edición. Pág. 14. 7 Idem, 17-18. 8 González, D.: “La otra historia del descubrimiento”, en El Nacional, 14.12.2010. 9 Gobierno Bolivariano de Venezuela, 2010: “Coltán el oro azul”, Paréntesis. 4ta. Edición. Pág. 18. 10 González, M. E.: Activado plan Caura para combatir la devastación ambiental . Prensa CVG. 24.04.10.<http://www.mibam.gob.ve/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=36 144 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 IWGIA – EL MUNDO INDIGENA – 2011 7:activado-plan-caura-para-combatir-la-devastacion-ambiental&catid=14:generales&Itemi d=96> Bustamante, S.: “Gobierno Bolivariano detiene la minería ilegal para recuperar los ecosistemas afectados”. Prensa Minamb. 11.05.10. <http://www.minamb.gob.ve/index.php?option=com_cont ent&task=view&id=2285&Itemid=43> Da Costa, Z.: La contaminación ambiental por mercurio es un hecho , en Nueva Prensa de Guayana, 06.05.10. Agencia Venezolana de Noticias. “Mayor general Rangel Silva destaca éxito del Plan Caura”. 29.08.10. <http://www.avn.info.ve/node/14193> López, M.: “Plan Caura ha evitado la salida del país de 1 tonelada de oro y 4.000 quilates de diamantes”, en El Correo del Orinoco, 28.05.10. Delgado Mijares, Y.: “Indígenas piden inclusión en Plan Caura”, en Ciudad CCS, 18.05.10. <http://ciudadccs.info/?p=66240> José Korta, colectivos Causa Amerindia Kiwxi, Universidad Indígena de Venezuela. 11.02.11. Pronunciamiento en relación al conflicto en la Sierra de Perijá, territorio ancestral Yukpa. <http:// www.causamerindia.com/index.php?idart=40&s=5&cat=s> TSJ – Sala de Casación Penal, 22.07.2010: Decisión Nº 298. Magistrado Ponente Doctor Eladio Ramón Aponte Aponte. < http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scp/Julio/298-22710-2010-A10-231.html> TSJ – Sala Constitucional, 30.07.2010: Expediente Nº 10-0192. Magistrada ponente: Luisa Estella Morales Lamuño. <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Julio/810-30710-2010-10-0192. html> Sociedad Homo et Natura, 2010: Notas sobre el caso del Cacique Yukpa Sabino Romero (III). <http://www.elpueblosoberano.net/2010/12/notas-sobre-el-caso-del-cacique-yukpa-sabino-romero-iii> Hoja de Ruta – Versión Oficial. Declaración de los indígenas en defensa de la Revolución y de sus derechos reconocidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 08.11.10. <http://www.causamerindia.com/index.php?idart=34&s=5&cat=s> TSJ – Sala Político-Administrativa, 30.11.2010: Exp. Nº 2002-0500. Magistrado Ponente: Emiro García Rosas. <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Noviembre/01214-301110-2010-2002-0500.html> Aimé Tillett pertenece al Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía – WATANIBA. El artículo ha recibido también la contribución de Tatiana Arcos, Luis Jesús Bello, María Teresa Quispe, José Antonio Kelly, Johanna Gonçalves, Carlos Botto y Linda Manaka Infante.