Revista Cambios y Permanencias Grupo de Investigación Historia, Archivística y Redes de Investigación Vol. 8, Núm. 2, pp. 306-336 - ISSN 2027-5528 La evolución del delito en relación con los contextos económicos en la Argentina contemporánea (periodo 1990-2015) The evolution of crime in relation to economic contexts in contemporary Argentina (period 1990-2015) Lucia Cid Ferreira Universidad Nacional de Tucumán orcid.org/0000-0001-8663-6509 Matías Lorenzo Pisarello Universidad Nacional de Tucumán orcid.org/0000-0003-0104-717X Recibido: 16 de agosto de 2017 Aceptado: 22 de septiembre de 2017 Universidad Industrial de Santander / cambiosypermanencias@uis.edu.co La evolución del delito en relación con los contextos económicos en la Argentina contemporánea (periodo 1990-2015)1 Lucia Cid Ferreira Universidad Nacional de Tucumán Doctora en Filosofía del Derecho por la Universidad Pablo de Olavide. Correo electrónico: lucidlopes@gmail.com ORCID ID: orcid.org/0000-0001-8663-6509 Matías Lorenzo Pisarello Universidad Nacional de Tucumán Abogado y Especialista en Criminología de la Universidad Nacional de Tucumán. Correo electrónico: matiaslorenzo@gmail.com ORCID ID: orcid.org/0000-0003-0104-717X Resumen Observando la evolución del delito y de algunos indicadores económicos en Argentina en el curso de veinticinco años (a partir de 1990), se procura establecer y ponderar las posibles influencias de los contextos económicos sobre el delito. En particular, se intenta averiguar si los “modelos económicos” de desarrollo adoptados en las últimas décadas (el “neoliberal” y el de “crecimiento con inclusión”) ejercieron una influencia diferenciada Este artículo es una versión corregida y ampliada de la ponencia intitulada “Observaciones sobre el delito en relación con los contextos económicos en la Argentina contemporánea” presentada en las 1 as. Jornadas de Estudios Sociales sobre Delito, Violencia y Policía. La Plata, abril de 2017. Se realiza en el marco del proyecto PIUNT-L580 intitulado Delito y desarrollo económico en la Argentina contemporánea, financiado por la Secretaría de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica de la Universidad Nacional de Tucumán. 1 306 Cambios y Permanencias, ISSN 2027-5528, Vol. 8 No. 2, julio-diciembre de 2017, pp. 306-336 sobre la evolución del delito, cómo y por qué. Se emplea metodología cuantitativa, con uso de fuentes secundarias. Se observa que ambos contextos no marcan una clara diferencia en lo que a delitos se refiere. Palabras clave: Evolución del delito, contextos económicos, modelos de desarrollo. Abstract Observing the evolution of crime and some economic indicators in Argentina in the course of twenty-five years (from 1990), attempts are made to establish and weigh the possible influences of economic contexts on crime. In particular, it tries to find out if the "economic models" of development adopted in the last decades (the "neoliberal" and the "growth with inclusion") had a differentiated influence on the evolution of the crime, how and why. Quantitative methodology is used, with the use of secondary sources. It is observed that both contexts do not make a clear difference in what refers to crimes. Keywords: Evolution of crime, economic contexts, development models. Introducción En este trabajo se toman veinticinco años, a partir de 1990, sobre los que se observa la evolución del delito y de algunos indicadores macroeconómicos, tratando de establecer y ponderar las posibles influencias de los contextos económicos sobre el delito en Argentina. El trabajo representa un primer avance del proyecto de investigación en curso intitulado “Delito y desarrollo económico en la Argentina contemporánea”, que apunta a las siguientes cuestiones: ¿Cómo se relaciona el desarrollo económico con la cuestión criminal en Argentina? ¿Los “modelos” 2 económicos adoptados en las últimas décadas ejercieron 2 Utilizaremos la palabra “modelo” con la acotación de que los supuestos modelos se distinguen más bien en 307 Cambios y Permanencias, ISSN 2027-5528, Vol. 8 No. 2, julio-diciembre de 2017, pp. 306-336 una influencia diferenciada sobre la evolución del delito? ¿Cómo influyeron? ¿Por qué? Diversas investigaciones han demostrado la incidencia de variables económicas, entre otras, sobre la evolución del delito. En Argentina, la mayoría de los estudios se enfocaron sobre lo sucedido en la década del noventa, motivados por el ascenso de la violencia delictiva en los conglomerados urbanos. Se admite que el fenómeno de incremento del delito en una población es multicausal3 abarcando diversos factores como la desigualdad y la privación relativa, el desempleo y la desestructuración del mundo del trabajo, la crisis de la familia, la degradación de la educación y el fracaso escolar, la fragmentación social, la exclusión y la vulnerabilidad social. Además, y no menos importante, el deterioro político institucional, la tolerancia hacia el “delito de cuello blanco”4 y la expansión del delito organizado (que contribuyen a explicar la corrupción y los delitos económicos). Esos factores, ciertamente, variarían según tipos de conductas y de sujetos. De los autores argentinos que abordaron estas nociones citamos algunos trabajos. Gabriel Kessler (2006), en su investigación sobre los jóvenes que cometen delitos violentos contra la propiedad, analiza el fenómeno de la desestructuración del mundo del trabajo y el desdibujamiento de la ley. Daniel Míguez y Alejandro Isla (2010) apuntan al fenómeno de fragmentación social en diversas dimensiones. Mariano Ciafardini (2006) expresa que la exclusión social del trabajo y de la escuela ha hecho que muchos jóvenes cometan frecuentemente delitos o adopten el delito como forma de vida, pero sostiene que el desarrollo internacional de las redes de delito organizado y su expansión en Argentina, junto con el grave deterioro político institucional del país, ha contribuido a la involucración, en el delito común, de muchos jóvenes que sufrieron el deterioro abrupto de sus condiciones de vida desde mediados de los noventa. Marcelo Sain (2004) ha planteado que lo que da lugar a situaciones de violencia, y a la delincuencia violenta, es la desigualdad social extrema existente en determinados ámbitos urbanos, en cuyo contexto cuanto a su grado de intensidad de convergencia con el enfoque ortodoxo de la economía (hoy hegemónico en el contexto internacional), sin que se pueda establecer una ruptura esencial. 3 Se apunta a una causalidad objetiva, no lineal, en que los fenómenos sociales pueden asumir la condición de causa o efecto alternativamente, interactuando recíprocamente. Los factores objetivos no determinan, pero condicionan, tal como planteara el materialismo histórico. 4 El delito de cuello blanco, definido por Edwin Sutherland (1939), “es el crimen cometido por una persona de respetabilidad y un status social alto en el curso de su ocupación”. 308 Cambios y Permanencias, ISSN 2027-5528, Vol. 8 No. 2, julio-diciembre de 2017, pp. 306-336 se fue desarrollando un proceso de rápida marginación de gran parte de la población de estos lugares. Respecto de la criminalidad organizada, la vincula con la existencia de un sistema policial y judicial “deficiente en su articulación cuando no directamente o indirectamente connivente con tales emprendimientos” (p. 20). Pegoraro (2004), a su vez, analiza los lazos sociales del delito organizado subrayando su funcionalidad con los lazos sociales de la legalidad en el orden social existente. Se ha considerado también la incidencia fundamental de la reacción del estado y de la sociedad en general frente a las conductas y hacia los diversos sectores sociales. Admitiendo esta complejidad, no es propósito de este trabajo reducir la explicación a lo económico, sino observar la influencia de los contextos económicos sobre la evolución del delito y ponderar las relaciones encontradas. La investigación sociológica y el problema de la criminalización de la pobreza Al investigar los factores económicos en relación con el delito, conviene aquí considerar la advertencia de diversos autores contra la criminalización de la pobreza que se genera con la suposición de la existencia de una asociación entre delito y pobreza 5. En efecto, cuando en los estudios se observan asociaciones entre el delito y ciertas condiciones sociales asociadas a las condiciones de vida de los pobres, aquella asociación parece evidente. Sin embargo, hay allí un problema de interpretación, la que es con frecuencia ideológicamente sesgada. Son muchas las evidencias que refutan la asociación mecánica Por ejemplo, Victoria Rangugni (2010) plantea: “Como suele criticárseles, las políticas de prevención del delito en nuestro país asociaron desde su desembarco delito con pobreza, sosteniendo que la pobreza genera delito. El problema de tales argumentos es que se centran, sin mencionarlo, en ciertos delitos que cometen los sectores más empobrecidos (pequeños atentados contra la propiedad, en la mayoría de los casos), omitiendo todo el resto de delitos que podrían ser objeto de una política de seguridad y que no necesariamente están asociados con la pobreza (desde los delitos de cuello blanco, pasando por los delitos de tránsito, los fiscales, la violencia contra las mujeres, entre tantos otros). Si bien es cierto que los delitos de los más débiles deben ser objeto de la política de seguridad porque justamente dañan a las poblaciones más inseguras, es también cierto que la asociación entre pobreza y delito promueve la criminalización de esas poblaciones. Las consecuencias de esa criminalización son tan gravosas como el delito intra-clase que las políticas de prevención social no lograron, hasta ahora, atenuar. En muchas ocasiones las políticas de prevención social del delito afirman estar orientadas a reducir las condiciones de sobrevulnerabilidad, pero terminan reforzando esas condiciones al definir a esas poblaciones como „proclives al delito‟” (p. 319). 5 309 Cambios y Permanencias, ISSN 2027-5528, Vol. 8 No. 2, julio-diciembre de 2017, pp. 306-336 entre pobreza y delito y por ende impugnan la interpretación criminalizante de la pobreza. Podemos nombrar algunas de estas evidencias: i. a pesar de una probable generalización de prácticas sociales en conflicto con la ley, sólo un porcentaje ínfimo de pobres adoptan la delincuencia como forma de vida; ii. en el contexto de la pobreza, se observan zonas con muy bajos niveles de victimización y delito; comparando zonas similarmente pobres, se observó que el nivel de victimización y de delito son mayores en aquellas que acusan mayores niveles de vulnerabilidad social6; iii. hay mucha delincuencia (de diversos tipos) en sectores de mayor nivel socioeconómico 7 que, sin embargo, poco salen a la luz, sea por la selectividad del sistema penal, sea por la selectividad de la propia sociedad de clases y las redes protectoras de que gozan los sectores de mayor riqueza y poder. Se ha encontrado una mejor explicación en la asociación entre delito (en particular de los delitos contra la propiedad) y la desigualdad económica. Hay evidencias de asociación estadística entre ambos fenómenos (Cerro y Meloni, 1999; Pompei, como se citó en Dirección Nacional de Política Criminal, 1999, p. 12). Por otra parte, presumimos que el agravamiento de la vulnerabilidad social en un extremo del espacio social y de la “invulnerabilidad” (impunidad/inmunidad) 8 en el otro extremo, resultados lógicos y correlativos al aumento de la desigualdad económica-social, se asocian a la expansión de las prácticas sociales en conflicto con la ley en ambos polos y en el conjunto de la sociedad (Cid Ferreira, 2015). En esa posible y tolerada “invulnerabilidad” cabe encuadrar la expansión del delito organizado, que para expandirse requiere y recibe la protección por acción u omisión de componentes de las estructuras estatales. La advertencia contra la criminalización de la pobreza no debe impedir el estudio de 6 Véase Cid Ferreira (2014). El estudio de la vulnerabilidad social permite evidenciar la heterogeneidad de la pobreza. Hogares de mismo nivel socioeconómico –pobres- pueden acusar distintos niveles de vulnerabilidad social. El nivel de vulnerabilidad social alude a la posesión o privación de diversos tipos de capital (económico, humano, social) que pueden movilizar los hogares para contrarrestar las fuerzas (mercado, Estado y sociedad) que amenazan a su bienestar. Esta noción de vulnerabilidad social se toma de Katzman (2000). 7 Delitos comerciales, financieros, corporativos, corrupción, delitos de cuello blanco, delitos ambientales, etc. Algunos autores han apuntado la importante incidencia de estos delitos sobre el problema de in/seguridad. 8 Esta idea de “invulnerabilidad” se relaciona con la noción de “vulnerabilidad penal” (el riesgo de caer en las redes del sistema penal), pero considerando que ambas dimensiones de vulnerabilidad (social y penal) están asociadas: a mayor vulnerabilidad social, mayor vulnerabilidad penal. 310 Cambios y Permanencias, ISSN 2027-5528, Vol. 8 No. 2, julio-diciembre de 2017, pp. 306-336 la influencia de los factores económicos sobre el incremento del delito 9 y en particular de los delitos económicos. Partimos de admitir que el incremento del delito (considerando en especial las conductas que provocan un menoscabo a los bienes jurídicos de las personas 10), es un fenómeno real que suscita y requiere atención. Y la determinación de las condiciones que lo provoca es un requisito básico para afrontar el problema. La investigación de los factores socioeconómicos no tiene, desde un enfoque objetivo, por qué suscitar la criminalización de la pobreza. Por el contrario, la relación de, por ejemplo, delitos contra la propiedad con la desigualdad económica o con la vulnerabilidad social, debería responsabilizar (políticamente) en primer lugar a los impulsores y defensores de las políticas y del régimen social que producen estas condiciones sociales criminogénicas. Pero la investigación de estos factores sociales en nada justifica las conductas delictivas y a sus autores; las explica. Demás está decir que las trayectorias y las acciones de los individuos no están regidas por el libre albedrío; las condiciones sociales inciden fuertemente sobre su trayectoria social y esto está hartamente comprobado. Aun así, las explicaciones sociológicas no están destinadas a la justificación; sino a la explicación. Sea como fuere, enfrentar el problema del incremento de los delitos sin admitir las explicaciones sociológicas del mismo (y consecuentemente sin actuar sobre las condiciones sociales estructurales que contribuyen a generarlos) sólo puede conducir a crecientes niveles de violencia. Con el intuito de avanzar en el estudio de la influencia de los factores económicos, este trabajo abarcará también el periodo más reciente, y menos estudiado, poscrisis del 2001. El trabajo focaliza su atención en los indicadores criminales y económicos del país contextualizados históricamente. Con ello queremos significar que, a diferencia de los análisis econométricos que establecen relaciones estadísticas relativamente abstraídas del 9 No circunscribimos la influencia de los factores económicos al delito contra la propiedad solamente, dado que suponemos que muchos de los delitos contra las personas tienen relación con lo económico ya sea en forma directa (disputas por la propiedad, ajuste de cuentas, reparto de bienes, etc.) o indirecta (procesos de exclusión, marginación, discriminación, relacionados con la desigualdad económica). 10 Desde los delitos urbanos comunes contra la propiedad, delitos contra las personas y delitos contra la integridad sexual, hasta los llamados delitos de cuello blanco, corrupción, delitos corporativos, ambientales, violencia institucional, etc. 311 Cambios y Permanencias, ISSN 2027-5528, Vol. 8 No. 2, julio-diciembre de 2017, pp. 306-336 contexto histórico, este enfoque pretende dar mayor importancia a las particularidades históricas para una mayor comprensión de las relaciones estadísticas que se observan11. Partimos del supuesto que el conjunto de prácticas sociales en conflicto con la ley que se producen en cierta sociedad tienen una evolución histórica (no independiente), ya que sus formas e intensidad van mutando en el tiempo en función de los cambios que acaecen en los diversos campos sociales (que implican cambios económicos, sociales y culturales en el conjunto del espacio social). Considerando que los modelos económicos promueven cierto tipo de cambios (en desmedro de otros) y se configuran en un contexto histórico incidiendo, además de en lo económico, también en lo cultural, social, político, institucional, etc., el problema que se nos figura es el de evaluar la influencia de los “modelos económicos” (históricamente contextualizados) sobre las prácticas sociales en conflicto con la ley, en el periodo histórico aludido. Aspectos metodológicos Se trata de una investigación sociológica con perspectiva histórica por cuanto se realizan análisis estadísticos longitudinales en el período 1990-2015 examinando los diferentes contextos de las diferentes etapas que se suceden en el marco del periodo considerado. Se utilizan datos de fuentes secundarias, especialmente los suministrados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) 12, para las variables económicas y sociales, y de la Dirección Nacional de Política Criminal (DNPC), para las estadísticas de delitos denunciados registrados y de encuestas de victimización. También se utilizan datos de otras fuentes, alternativas, como los producidos por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) y por la Junta Interna 11 Dado que este trabajo se basa en las estadísticas de delitos registrados por los órganos policiales, debe tenerse en cuenta -más allá del problema de la “cifra oculta” que tales estadísticas entrañan-, que el llamado “delito económico” (de cuello blanco, corrupción, corporativos, etc.) no está comúnmente reflejado en las mismas y serán tratados posteriormente en otro lugar. 12 Los datos se relevan mediante la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en 31 conglomerados urbanos. 312 Cambios y Permanencias, ISSN 2027-5528, Vol. 8 No. 2, julio-diciembre de 2017, pp. 306-336 ATE-INDEC13. Siendo el abordaje en gran medida cuantitativo, resultará indispensable considerar el problema de la provisión y confiabilidad de los indicadores estadísticos en la Argentina contemporánea. Amén de la cuestión epistemológica que involucra la construcción de datos14, no se puede obviar aquí la crítica a la producción de estadísticas oficiales elaboradas en el país, especialmente a partir del año 2007 cuando se produce la intervención del INDEC, así como el levantamiento del sitio web de la DNPC. La discontinuidad de las estadísticas oficiales y los “cambios de metodología” que implicaron la pérdida de su confiabilidad, representan un importante obstáculo a la consecución de los objetivos del proyecto citado y del presente trabajo 15. Por ello ha resultado necesario recabar fuentes de datos alternativas además de las oficiales y analizar con discernimiento su capacidad de representar la realidad. En cuanto a las estadísticas criminales, la ineludible existencia de la llamada “cifra negra” u “oculta” del delito (delitos no registrados en los organismos del sistema penal, que en Argentina suele variar entre 40% y hasta más de 60%) impone una importante limitación para el abordaje de la “criminalidad real”, con lo cual su interpretación debería contar con fuentes de datos complementarias, como las encuestas de victimización 16. Contexto histórico Respecto de la economía nacional, en el periodo que se plantea investigar podemos 13 La Comisión Técnica de la Junta Interna ATE-INDEC, que desde el principio ha denunciado la intervención implementada por Guillermo Moreno (en 2007), ha realizado estimaciones propias sobre los niveles de pobreza e indigencia utilizando la metodología aplicada históricamente por el organismo. ATE es la sigla de la Asociación de Trabajadores del Estado, un sindicato que reúne a trabajadores del Estado nacional, de los estados provinciales y de los estados municipales de Argentina. 14 Los datos no “hablan por sí mismos”; detrás de cada dato hay una conceptualización. 15 La discontinuidad de las estadísticas también afectó a la DNPC. En un informe publicado por el Ministerio de Seguridad de la Nación (2016), se aclara que “desde el año 2008 no se publicaban estadísticas oficiales sobre delito en Argentina, siendo este informe y el del 2014, los primeros en realizarse desde esa fecha, y a partir de ahora se dará continuidad a las publicaciones en forma periódica”. 16 Las encuestas de victimización pueden subsanar algunos problemas, pero no todos. Por lo general no abarcan en detalle a todos los delitos, ya que hacerlo no resultaría operativo; aparece el problema de las definiciones, o sea, cómo definen las conductas los entrevistados; puede provocar la inhibición frente a asuntos que involucran la intimidad; depende de la memoria del entrevistado… son algunos de los problemas señalados acerca de las encuestas de victimización. 313 Cambios y Permanencias, ISSN 2027-5528, Vol. 8 No. 2, julio-diciembre de 2017, pp. 306-336 distinguir la puesta en vigencia de dos concepciones (o dos “modelos” económicos) relativamente distintas. Por un lado, la sostenida por el Consenso de Washington (CW) adoptada bajo el gobierno de Carlos Menem (1990-1998) y continuada por Fernando de la Rua hasta que estalla la crisis del año 2001. El modelo se define por la aplicación del manual neoliberal, con la liberalización interna y externa de los mercados y la minimización de las intervenciones del Estado; se focaliza en el crecimiento económico entendido como crecimiento del producto interno bruto, desentendiéndose de las cuestiones de distribución de la riqueza y bienestar social. El gran estallido social del 2001 en Argentina reveló los resultados económicos, sociales y políticos de su implementación. Como informa la socióloga Susana Torrado (2010) a partir de datos del INDEC, la desigualdad de ingresos, que venía profundizándose en periodos previos, fue acrecentándose hasta llegar en 2002 a un escenario en el cual los primeros deciles percibían el 3,2% de los ingresos, los deciles 3 a 9 el 54,8% y el decil más rico ya acaparaba el 42% de los ingresos (en 1974 el mismo acaparaba el 26,9%). Esta socióloga analiza los datos de la evolución del mercado de trabajo urbano. Se verifica una creciente subutilización de la mano de obra en el periodo del “ajuste” (1976-2002): la tasa de desocupación entre 1974 y 1986, pasa de 3,4% a 5,2%; en el año 1995 alcanzaba el 16,6% y en 2002 el 17,8%. La tasa de subocupación horaria era de 4,6% en 1974, pasa a 7,4% en 1986, alcanza 12,5% en 1995 y el 19,9% en el año 2002. Al final de este periodo, entonces, la población económicamente activa con serios problemas de empleo (desocupados y subocupados) sumaba el 37,7%. El porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza, que era de 4,2% en 1974, alcanzó el 42,3% en 2002. Entre 1999 y 2002 el PBI retrocedió más del 20%. El índice de GINI llegó a casi 0,54 (habiendo sido 0,42 en 1986). El contundente fracaso de las políticas económicas adoptadas bajo aquella concepción obligó a las clases dirigentes argentinas, en medio a una convulsión social generalizada y al profundo rechazo hacia la casta política expresada en el “que se vayan 314 Cambios y Permanencias, ISSN 2027-5528, Vol. 8 No. 2, julio-diciembre de 2017, pp. 306-336 todos”17, a efectuar un giro en sus políticas económicas. Así, a partir del 2003 se adopta otro “modelo” bajo la presidencia de Néstor Kirchner, que asume en mayo de ese año, y posteriormente con su esposa Cristina Fernández de Kirchner que asume en diciembre del 2007, es reelecta en 2012 y concluye su mandato en diciembre del 2015. Ellos adoptan una concepción que en el escenario internacional reflejaba el punto de vista de países de industrialización tardía, que promueve una “integración estratégica” en lugar de una rápida apertura al capital extranjero y a las importaciones, apuesta a la recuperación y sostenimiento de la “industria nacional” y considera que debe tenerse en cuenta las dimensiones distributivas del crecimiento para asegurar la legitimidad del proceso en general. En Argentina, el modelo adoptado ha sido designado por sus defensores como de “crecimiento con inclusión”, bajo un proyecto “nacional y popular”. Cabe considerar, como sostiene Charles Gore (como se citó en Edo, 2002) respecto de la concepción de desarrollo que él denomina South Consensus, que si bien realizan una fuerte crítica al CW, el foco sigue siendo el crecimiento económico, y los valores y los lenguajes no marcan una verdadera ruptura con la otra concepción. Respecto del momento más crítico de la historia reciente de Argentina (2002-2003), la adopción de este “modelo”, junto a un escenario internacional favorable 18, trajo una mejora en varios indicadores económicos y sociales, como el de desigualdad de ingresos, la tasa de ocupación, el nivel de pobreza e indigencia. Respecto de la pobreza, esta mejora se produjo hasta por lo menos el año 2006. En el año 2003, de acuerdo a datos del INDEC, alrededor de la mitad de la población se encontraba bajo la línea de pobreza 19. A partir de allí la cifra baja continuamente llegando a 23,4% en el primer semestre del 2007. En los años siguientes la cifra habría seguido declinando sistemáticamente -según el INDEChasta llegar a 4,7% de población bajo el nivel de la pobreza en el año 2013. Por contraste, los datos provistos por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA (2016), en base a encuestas en conglomerados urbanos entre 2010 y 2015 consigna 28,2% de personas 17 Consigna masivamente levantada en el estallido social del 2001 que resumía el hastío general frente a la clase política argentina. 18 El superciclo para las commodities, según Esteban Mercatante (2015), sería el principal factor que facilitó el distanciamiento del manual neoliberal, bajo el impulso del descontentamiento popular con estas políticas (p. 15). 19 54% y 47,8% en el primer y segundo semestre de 2003 respectivamente. 315 Cambios y Permanencias, ISSN 2027-5528, Vol. 8 No. 2, julio-diciembre de 2017, pp. 306-336 en situación de pobreza por ingresos en el año 2010, 24,7% en 2011, 26,2% en 2012, 27,4% en 2013, 28,7% en 2104 y 29% en 2015. Entonces, en el periodo 2010-2015, hubo una reducción entre 2010 y 2011, para posteriormente presentar una tendencia creciente entre 2012 y 2015 hasta alcanzar al 29% de la población bajo el nivel de la pobreza. A su vez, la Comisión Técnica ATE-INDEC (Abril-2015), utilizando la metodología previa a la intervención20, calcula 18,2% en el 2011, 20,7% en 2013, y 25,1% en 2104. Cifras que, como mínimo, cuadriplican las oficialmente publicadas por el INDEC. Mercatante (2015) sostiene que, luego de la catástrofe de fines de los noventa, la década kirchnerista estuvo marcada por una reversión en los indicadores laborales e informa que “la tasa de desempleo, que había llegado a estar en 25%, se redujo sostenidamente desde 2003 hasta ubicarse por debajo del 7% desde 2010. Aunque ese sería un piso que no perforaría, indicando un límite estructural para la reducción del desempleo” (p. 113). Hemos tomado el 2006/2007 como punto de referencia para el análisis porque, además de que se intervino el INDEC en febrero de 2007 21, luego de este año se podría suponer un freno a las mejoras o un empeoramiento a raíz de la crisis internacional del año 2008; tendencia que sin embargo no pudo observarse con transparencia en los datos oficiales, ya que se han visto afectados por aquella intervención del gobierno kirchnerista desde el 2007 hasta el 2016. No obstante, como dato útil conocido podemos verificar que el PIB creció a “tasas chinas” en el periodo 2002-2007, con un promedio anual de 8,1%, bajando a un promedio de 3% en el periodo 2007-2014 (Mercatante, 2015, p. 23). Considerando ahora la desigualdad de ingresos, según el INDEC, el 20% más pobre de las personas con ingresos pasa de acumular 3,7% a fines del 2003 a acumular el 3,8% a fines de 2006, el 4,6% a fines del 2010 y 5,1% a mediados del 2015. El 10% más rico de 20 La metodología referida considera el costo de la Canasta Básica Alimentaria y de la Canasta Básica Total con los muy acotados productos especificados por el INDEC, pero con precios corregidos. También han realizado estimaciones en base a la Canasta de Consumos Mínimos, alternativa y más completa. En este caso, la estimación de la pobreza para el segundo semestre de 2014 se eleva a 44,3%. 21 El indeseado crecimiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue el motivo principal de la decisión de intervenir el INDEC. 316 Cambios y Permanencias, ISSN 2027-5528, Vol. 8 No. 2, julio-diciembre de 2017, pp. 306-336 las personas con ingresos, que acumulaba el 37,4% de los ingresos a fines de 2003 pasa a acumular el 34,8% a fines del 2006, el 29,2% a fines del 2010 y 28,2% a mediados del 2015. Habría habido, por tanto, una mejora en cuanto a la distribución del ingreso. Asimismo, el cálculo del coeficiente de GINI (desigualdad de las personas, según ingreso per cápita familiar) del Observatorio de la Deuda Social, para el periodo 2010-2015, apunta: 0,422 en 2010 y 2011, 0,409 en 2012 y 2013 y 0,411 en 2014 y 2015. El Observatorio nota una mejora en los indicadores de desigualdad y en la tasa de indigencia (no la pobreza) durante ese período (2010-2015), señalando que ello no encuentra explicación en los procesos ocurridos en el mercado de trabajo, sino por expansión en la cobertura y mejora de los ingresos provenientes de políticas sociales 22. Esteban Mercatante (2015) observa, respecto del periodo poscrisis 2001, una clara tendencia hacia la reducción del Coeficiente de Gini hasta el año 2011 y, a partir de entonces, se registra una disminución mucho menos marcada. Él apunta los factores que explican la reducción de la inequidad distributiva luego del 2003: en primer lugar, el cambio en la situación del empleo, que dio lugar a un incremento considerable de la proporción de la población económicamente activa con ingresos laborales. Ello incrementó la capacidad de la fuerza de trabajo para presionar por aumentos salariales. Se incrementaron los salarios reales contribuyendo a una reducción de la desigualdad en la distribución del ingreso. En segundo lugar, las políticas fiscales de transferencia de ingresos23 (que se incrementan a partir del 2009) tuvieron un papel para reducir las desigualdades distributivas (p. 151). La aparente contradicción entre el crecimiento de la pobreza y la disminución de la desigualdad de ingresos se explicaría, según estas fuentes (el ODSA citado; Mercatante 22 De allí que sostiene que si bien se evidencia un leve descenso estadístico de la desigualdad en la distribución de los ingresos en el periodo señalado, estas variaciones no implicaron cambios cualitativos ni estructurales en la desigualdad. 23 Con la moratoria previsional lanzada en 2005 y la segunda etapa en 2014, 3 millones de personas (según estimaciones de la Administración Nacional de Seguridad Social -ANSES), que no contaban con los aportes registrados exigidos, habrían podido acceder a un ingreso jubilatorio. Ya a fines de 2009 se implementa la Asignación Universal por Hijo, programa que alcanzaría en julio de 2015 a 3.626.278 beneficiarios y 1,9 millones de familias (Mercatante, 2015, p. 153). 317 Cambios y Permanencias, ISSN 2027-5528, Vol. 8 No. 2, julio-diciembre de 2017, pp. 306-336 2015) por que las políticas sociales de transferencia de ingresos inciden en la distribución del ingreso pero con frecuencia no alcanzan para elevar a los beneficiarios arriba del nivel de la pobreza (aunque sí sobre el nivel de indigencia). Como explica Mercatante (2015), “[el] tercio de los trabajadores en la informalidad es parte de los que explican, junto con los desempleados, los elevados índices de pobreza. Aún con medidas como la Asignación Universal por Hijo, un sector de los trabajadores no registrados alcanza ingresos que están por debajo del umbral de la canasta básica” (p. 133). Cabe observar que las mediciones de los ingresos están afectadas de sesgos, como sea que las personas de ingresos más elevados típicamente subdeclaran sus ingresos en la EPH (Encuesta Permanente de Hogares); además, y no menos importante, la medida no toma en cuenta el patrimonio o riqueza, sino ingresos monetarios únicamente. De esta manera el coeficiente de GINI puede subestimar la real dimensión de la desigualdad. Muy importante es también advertir, para el problema que nos interesa, que aparte de la desigualdad de ingresos, hay otras segmentaciones e inequidades que hacen a la desigualdad social, como sean: la que ocurre en el mercado de trabajo entre trabajo formal, informal y precario; y la que se en el ámbito educativo entre educación de buena y mala calidad. Si tenemos en cuenta el alto porcentaje de trabajadores en la informalidad y el alarmante fracaso educativo 24, debemos admitir que, salvo en los ingresos monetarios y la inclusión en la escuela, no hay evidencias significativas de mayor equidad al cabo de la última década. Cabe advertir que la degradación del mundo trabajo (con la consolidación de la precariedad) y de la educación coadyuvaron a mantener altos niveles de vulnerabilidad social en amplios sectores sociales. 24 Desde los noventa se produjo la expansión de la matrícula en las escuelas que implicó una mayor equidad educativa entre los jóvenes de 15 a 17 años. Sin embargo, a la par de la degradación social, ha sido degradada sensiblemente la calidad de la educación, situación que se arrastró a la etapa siguiente. Para el año 2009, en la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA 2009, programa de la OCDE), en un ranking de 65 países, Argentina ocupaba el 58° lugar; varios puestos debajo de otros países de América latina como Chile, Uruguay, México, Colombia y Brasil. En el Informe PISA 2012 aparece en el puesto 59. Los esfuerzos por la inclusión de jóvenes en el sistema educativo en la última década no fueron acompañados de una mejora efectiva en la calidad, afectando sobre todo a las clases medias bajas y bajas. 318 Cambios y Permanencias, ISSN 2027-5528, Vol. 8 No. 2, julio-diciembre de 2017, pp. 306-336 La evolución del delito y variables económicas (1990-2015) Gráfico No. 1. Evolución de las tasas de hechos delictuosos registrados c/100.000 habitantes. Argentina 1990-2015 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 Delitos contra las personas Delitos contra la propiedad Total Fuente: Años 1990-2008: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Subsecretaría de Política Criminal. Dirección Nacional de Política Criminal. Años 2014 y 2015: Ministerio de Seguridad. Dirección Nacional de Gestión de la Información Criminal. En este gráfico se destacan dos grandes grupos de delitos (contra la propiedad y contra las personas) que en conjunto suelen sumar más que el 80% de la totalidad de delitos registrados. En la curva de totales están incluidos todos los tipos de delito. En virtud de la alta proporción de los delitos contra la propiedad sobre el total, esa curva tiende a seguir el mismo ritmo que la de los delitos contra la propiedad. La evolución de las tasas de delitos registrados puede brindar una idea de la variación temporal de los delitos, pero dada la existencia de la cifra oculta del delito (que puede superar el 50%, puede variar en el tiempo y según el tipo de delito) es imposible pretender precisión en cuanto a la dimensión real de 319 Cambios y Permanencias, ISSN 2027-5528, Vol. 8 No. 2, julio-diciembre de 2017, pp. 306-336 las tasas en los distintos tipos de delito y totales. En este gráfico podemos discriminar cuatro periodos de acuerdo con las políticas y sucesos de índole económica que han marcada la historia reciente de Argentina: i) 1990-1998: la convertibilidad y el modelo aperturista. Los delitos contra la propiedad bajan en los primeros años de la convertibilidad, respecto de un pico habido en el año hiperinflacionario de 1989 (no aparece en el gráfico). A partir de 1994 empiezan a crecer progresivamente. Los delitos contra las personas crecen paulatinamente, con incrementos anuales más suaves que los de los delitos contra la propiedad. ii) 1999-2002: crisis de la convertibilidad y megadevaluación. En 1999, los delitos contra la propiedad acusan un mayor incremento (ese año cerró con una caída del PBI del 4%). Siguen en franco crecimiento con un nuevo salto en el año 2002, el máximo de la serie. Los delitos contra las personas mantienen su ritmo de crecimiento. iii) 2003-2007: rescate de la economía: reactivación, empleo y ayudas sociales, más contexto internacional favorable (el „crecimiento con inclusión‟). Los delitos contra la propiedad empiezan un descenso hasta el año 2007. Los delitos contra las personas mantiene su ritmo de crecimiento. iv) 2008-2015: continuidad, con desaceleración del crecimiento. Los delitos contra la propiedad suben en 2008, año en que se corta la serie pues dejan de publicarse los datos oficiales. La última información se refiere a los años 2014 y 2015 (datos procesados e informados por el nuevo gobierno nacional) en la que se muestra, en 2014, una tasa similar a la del año 2001 para los delitos contra la propiedad. Algunas investigaciones realizadas en Argentina demostraron que la desigualdad de 320 Cambios y Permanencias, ISSN 2027-5528, Vol. 8 No. 2, julio-diciembre de 2017, pp. 306-336 ingresos es el factor de mayor peso para explicar las variaciones en tasas de delito. El economista argentino Eduardo Pompei (como se citó en Dirección Nacional de Política Criminal, 1999), analizando datos correspondientes al periodo 1985-1997, mostró la existencia de una muy alta correlación entre la evolución del índice de GINI y la evolución de las denuncias de robos, hurtos y asaltos en el Gran Buenos Aires 25. A su vez, los economistas Ana María Cerro y Osvaldo Meloni (1999) tomando datos de diferentes provincias en el periodo 1990-1997, formularon un modelo de regresión en el cual la tasa de delincuencia varía en función de: la probabilidad de arresto, la probabilidad de sentencia, el desempleo, el PBI per cápita y la desigualdad. Según las estimaciones, un aumento en el desempleo de un 10%, conducirá a una suba en la tasa de delito que oscila alrededor del 1,9%. En tanto que un incremento en el nivel del ingreso per cápita de un 10% aumenta la tasa de delincuencia en un 4,6% (ello indica que en aquellas jurisdicciones más ricas las posibilidades de delinquir son mayores). En cuanto a la desigualdad de ingreso, cuando ésta aumenta un 10% la tasa de delincuencia sube un 3% 26. El modelo confirma el importante peso de la desigualdad de ingreso para explicar las variaciones en las tasas de delito. Habría también que considerar, respeto de la relación positiva entre tasas de delito y PBI per cápita, que las tasas de delito suelen ser mayores en las grandes ciudades, que suelen ser las jurisdicciones más ricas (mayor PBI); se comprende mejor esa relación si admitimos que por detrás está también el problema de la desigualdad, por cuanto en las grandes ciudades hay mayor experiencia de la privación relativa. Conjeturamos que la relación sería en los siguientes términos: allí donde hay mayor desigualdad, hay mayor probabilidad de delito; y si el entorno es una gran ciudad, la desigualdad es más perceptible (o tiende a serlo) y esa probabilidad es aún mayor. 25 Por otra parte, Pompei no encuentra evidencia de correlación entre la evolución de la tasa de desempleo y cantidad de hechos delictuosos; y afirma que: "no hay que creer que mediante la mera disminución de la tasa de desempleo se lograrán resultados positivos, sino que el tema es que la población logre satisfacer sus necesidades" (El Litoral, 07-06-2004). 26 Los resultados econométricos también confirmaron la importancia del efecto de disuasión: un aumento en la probabilidad de arresto de un 10% disminuiría la tasa de delito en un 1,3 % de acuerdo al modelo considerado, en tanto que un aumento en la probabilidad de sentencia también del 10% disminuiría la tasa de delito en un 1,9 a un 2,2%. 321 Cambios y Permanencias, ISSN 2027-5528, Vol. 8 No. 2, julio-diciembre de 2017, pp. 306-336 Gráfico No. 2. Evolución del coeficiente de GINI (%), desempleo (%) y total de delitos registrados (c/1000 habitantes) 60 50 40 30 20 10 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 GINI % Desempleo Total delitos Fuentes: GINI: Banco Mundial; Desempleo 1990-2002: EPH-INDEC (Wikipedia); Desempleo 2003-2015: CEPAL en base a EPH (Wikipedia); Total delitos 1990-2008: Dirección Nacional de Política Criminal; Total delitos 2014-2015: Ministerio de Seguridad. Dirección Nacional de Gestión de la Información Criminal. En el gráfico 2 se han volcado, a modo de comparación de las curvas, las series correspondientes al coeficiente de GINI, al total de delitos y al desempleo en Argentina (las unidades en la escala vertical son distintas en cada caso). Cabe consignar que en el año 2003 se reformularon aspectos metodológicos, temáticos y organizativos en la EPH, transformando el relevamiento puntual en un relevamiento continuo, entre otros cambios. Esta modificación estructural en la EPH implica que las series de resultados obtenidas antes del 2003 no pueden ser empalmadas de modo directo con aquellas series producidas con posterioridad a esa fecha. Habiendo hecho esta salvedad, se vuelcan los datos disponibles en el gráfico como una aproximación y observamos: 322 Cambios y Permanencias, ISSN 2027-5528, Vol. 8 No. 2, julio-diciembre de 2017, pp. 306-336 i) El paralelismo entre las tasas de desempleo y el coeficiente de GINI, lo cual es lógico ya que el coeficiente de GINI se calcula sobre la distribución de los ingresos. Cuando aumenta el desempleo, disminuyen los ingresos sobre todo en los primeros deciles (más afectados por el desempleo), con lo cual debiera aumentar dicho coeficiente. El hecho de que el coeficiente siga bajando cuando el empleo se ha estancado luego del 2010 tiene que ver, como se ha dicho, con la extensión de los programas sociales dirigidos a los primeros deciles de la escala de distribución del ingreso. ii) Hay relación entre la curva de las tasas de delito y las otras curvas en lo que se refiere al cambio de tendencia. Las tres curvas alcanzan un pico en el año 2002 y luego empiezan a bajar. Sin embargo, mientras el GINI y el desempleo vuelven a niveles observados en principios de los noventa, las tasas de delito se mantienen en los altos niveles alcanzados en 2000/2001, antes del pico de 2002. Para este resultado han contribuido tanto los delitos contra la propiedad cuanto los delitos contra las personas, como se puede apreciar en el gráfico 1: ambos han elevado su umbral. Al parecer (dado que faltan datos), a partir del 2008 los delitos totales tienden a subir, pues en el 2014 y 2015 se observan tasas aún mayores con el aporte de otros tipos de delitos de menor peso numérico. Cuando observamos la forma de la curva de la evolución del porcentaje de población bajo el nivel de la pobreza (gráfico 3), vemos una similitud con la de los delitos contra la propiedad (pico y tendencias en cada etapa), aunque con ascensos y descensos más pronunciados. De ello no se deduce una asociación entre pobreza y delito, haya visto los diversos estudios que refutan fundadamente tal asociación. Más bien cabe razonar que el crecimiento de la pobreza -en el marco de políticas de ajuste neoliberal- está directamente relacionada a la concentración de la riqueza en el polo superior de la sociedad. La pobreza, en este marco, es consecuencia directa (y necesaria) de la concentración de la riqueza. Y el proceso de desigualación económico-social (ergo, la desigualdad), se ha observado, es la explicación mejor fundada para el crecimiento de las tasas de delito, y en particular de los delitos contra la propiedad. 323 Cambios y Permanencias, ISSN 2027-5528, Vol. 8 No. 2, julio-diciembre de 2017, pp. 306-336 Gráfico No. 3. Evolución de la población bajo la línea de la pobreza en Argentina (%) 60 50 40 30 20 10 2013 2014 2011 2012 2009 2010 2007 2008 2005 2006 2003 2004 2001 2002 1999 2000 1997 1998 1995 1996 1993 1994 1991 1992 0 Fuentes: Años 1991-2003: "Desigualdad y pobreza en Argentina en los noventa" por Delfini y Picchetti, en Política y cultura, No.24, México ene. 2005 (elaboración de los autores en base al INDEC); años 20042006: promedio de los relevamientos de 1er y 2do semestres del INDEC de cada año; años 2007-2014: Comisión técnica ATE-INDEC En el contexto de ajuste capitalista, pobreza y desigualdad son expresiones de un mismo proceso (concentración / desigualación) que contribuyen a incrementar tanto los niveles de vulnerabilidad como de invulnerablidad, respectivamente en los extremos de la escala social; en ambos implicando mayores probabilidades de adhesión a prácticas sociales en conflicto con la ley (véase Cid Ferreira, 2015). Pues, en los estratos más altos de la sociedad, el proceso de concentración de riqueza y poder redundaría en mayor probabilidad de cometer actos en conflicto con la ley (delitos corporativos, financieros y comerciales, delitos ambientales, corrupción, etc.) por acrecentamiento de la inmunidad/impunidad que otorga el poder y la riqueza. 324 Cambios y Permanencias, ISSN 2027-5528, Vol. 8 No. 2, julio-diciembre de 2017, pp. 306-336 Una posible explicación de por qué los delitos contra la propiedad se mantienen en altos niveles luego del punto culmine de 2002 es que la estructura social argentina se ha transformado significativamente tras el paso de la dictadura y de los noventa, estableciendo una sociedad mucho más desigual, realidad apenas atenuada por las políticas redistributivas del kirchnerismo. Además, juntamente con el cambio en la estructura social (y en parte favorecido por ese cambio, como se ha sugerido al principio) se han desarrollado, en los diferentes contextos, diversos esquemas y mercados ilegales que han funcionado simbióticamente con la economía legal, con frecuencia con la connivencia de funcionarios del Estado, amparados en una sistemática inmunidad/impunidad.. Gráfico No. 4 La victimización en Gran Buenos Aires Fuente: Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. Dirección Nacional de Política Criminal. (2011). Informe Ejecutivo: “Estudio de Victimización. Gran Buenos Aires, 2010”. Buenos Aires. Reproducimos arriba un gráfico publicado por la DNPC -en base a las encuestas de victimización que realizó ese organismo, en el Gran Buenos Aires, desde el año 1997 al 2010-, con el sólo propósito de cotejar la evolución de los delitos registrados en el país con 325 Cambios y Permanencias, ISSN 2027-5528, Vol. 8 No. 2, julio-diciembre de 2017, pp. 306-336 la evolución de los porcentajes de victimización en el Gran Buenos Aires. Desde ya que son dos unidades de análisis y dos métodos de medición diferentes y no son directamente comparables. Pero nos importa señalar aquí que ambas curvas de datos oficiales (delitos registrados nivel nacional y victimización Gran Buenos Aires) coinciden en mostrar el año de 2007 como un año de inflexión o cambio de tendencia. Ello contribuye a aumentar la confianza que pudiéramos depositar en las cifras de delitos registrados, las que están sujetas a más imponderables que las encuestas de victimización, como sean: la cifra oculta y sus variaciones, las deficiencias técnicas y operativas de recopilación y tratamiento de datos y el manejo político que por veces afectan la credibilidad de esas cifras. Las encuestas de la DNPC a nivel nacional no tuvieron suficiente continuidad en el tiempo por lo que no sirven para este propósito de comparación. Los delitos contra las personas en ascenso Cabe notar que, mientras los delitos contra la propiedad parecen íntimamente relacionados con el desarrollo de la economía con sus cambios coyunturales, lo mismo no parece ocurrir con los delitos contra las personas. Estos delitos crecen paulatinamente; su crecimiento no parece afectarse por los cambios de coyuntura. Ello indicaría que la sociedad se hace paulatinamente más violenta. Y ello parece sugerir que hay otros factores, además de aquellos más directa o claramente relacionados a lo económico, que contribuyen a establecer altos niveles de violencia. Algunos de estos factores serían: el progresivo avance del delito organizado, en particular del narcotráfico y otros tráficos ilegales (la trata de personas, el tráfico de armas, etc.) aparejado al deterioro político institucional; factores culturales como la expansión del individualismo y el consumismo; el proceso de debilitamiento de lazos sociales en la familia, en la escuela y en el trabajo; un sistema de justicia que se volvió enormemente incapaz de responder a la nueva realidad aun dentro de aquello que le incumbe, o sea, proveer justicia. Algunos de estos factores, o más bien todos, se relacionan con procesos económicos, y ello nos recuerda que la sociedad debe ser concebida como una totalidad, o sea, nada está aislado en el proceso social. 326 Cambios y Permanencias, ISSN 2027-5528, Vol. 8 No. 2, julio-diciembre de 2017, pp. 306-336 Pensamos que en todo ello no deja de manifestarse la importancia fundamental del agravamiento de la desigualdad, dado que, lejos de ser un fenómeno estrictamente económico, el aumento de la desigualdad es en sí mismo un proceso violento que acarrea discriminaciones y exclusiones sociales, violencia institucional, impunidad, grietas y conflictos sociales y culturales, todo lo cual propende a un aumento generalizado de la agresividad y la violencia. Incluso considerando los delitos contra la propiedad registrados, se ha observado que aquellos con uso de violencia han crecido relativamente más que las modalidades no violentas (los robos con uso de arma frente a los hurtos). Breve comentario sobre las teorías explicativas. Entre lo objetivo y lo subjetivo Entre los autores que han abordado el fenómeno de ascenso de la violencia delictiva en Argentina mencionados en la introducción, aquellos que han efectuado estudios de tipo antropológicos, cualitativos, se han preocupado en proporcionar explicaciones acerca de qué maneras los cambios sucedidos a nivel macro influyen sobre los comportamientos individuales, evitando caer en la falacia de extrapolar directamente relaciones observadas a nivel macro (por ejemplo, entre desempleo y delito) para explicar hechos individuales. En otras palabras, buscaron explicaciones sobre qué pasa en la subjetividad para dar lugar a comportamientos en conflicto con la ley. Por ejemplo, Kessler (2006) habla de la adopción de una nueva lógica (la “lógica de la provisión”) por los jóvenes que comenten delitos violentos contra la propiedad, favorecida por el desdibujamiento de la ley que se procesa en la subjetividad de esos jóvenes que han crecido en un contexto de precariedad e inestabilidad del trabajo, tanto para sí mismos como para sus padres27. Kessler constata una pérdida de eficacia simbólica 27 De la lógica del trabajador, cuya fuente de legitimidad del dinero obtenido radica en su origen (es fruto del trabajo honesto), la nueva generación pasa a la lógica del proveedor, donde la fuente de legitimidad no radica en el origen del dinero, sino en su utilización para satisfacción de necesidades. Entonces cualquier recurso, sin importar su procedencia, es legítimo si permite cubrir una necesidad. De allí que para estos jóvenes trabajo y delito no son excluyentes, sino que hay una alternancia según las oportunidades que acaecen. Para que así sea, hay una atenuación del carácter moral de las diferencias entre formas legales e ilegales de provisión, más que una adscripción total a las formas ilegítimas (Kessler, 2006). 327 Cambios y Permanencias, ISSN 2027-5528, Vol. 8 No. 2, julio-diciembre de 2017, pp. 306-336 de la ley, que sería producto de un conjunto complejo de factores como sean: los ejemplos de una sociedad y, sobre todo, de grupos poderosos actuando contra la ley, particularmente en la década de los noventa; las experiencias familiares; el tipo de escolaridad; las relaciones en el barrio; la ausencia de alguna institución que aparezca como representante de la ley. Kessler toma como un dato central la desestructuración del mundo del trabajo y sus efectos sobre las demás instituciones sociales (la familia, la escuela, el barrio, etc.). Pero la sola referencia al mundo del trabajo –argumenta- no alcanza para comprender el pasaje al acto delictivo, por ello reflexiona sobre la generación de una nueva lógica y el desdibujamiento de la ley. Míguez (2004) aborda asimismo la generación de jóvenes nacidos en los años ochenta, cuando las condiciones sociales de los sectores populares sufrieron cambios profundos (ya desde los setenta), a partir de las modificaciones en el mercado laboral, situación se agudiza en la década de noventa: crecimiento del desempleo, precarización e informalización del trabajo para los trabajadores con baja calificación, al mismo tiempo que un incremento de personas que buscan trabajo (mujeres y jóvenes) para complementar o sustituir el aporte del jefe de hogar. Míguez defiende que no se puede establecer una relación determinista entre pobreza y delincuencia, pero si una relación probabilística. Lo mismo respecto del aumento de la desigualdad y del desempleo. Argumenta que las relaciones entre el desempleo o la desigualdad social con el delito no son mecánicas. Para explicar cómo se llega a la delincuencia, advierte que “la relación entre desempleo y delito no está regida exclusivamente por la necesidad económica, sino, principalmente, por la degradación de valores” (p. 30). Para que una persona pase a delinquir, la persona en cuestión debería perder o relativizar gravemente su estructura de valores. Esto puede ser difícil de procesar para una persona llegada a la madurez, pero lo que sí ocurre, explica, es que los adultos afectados por el desempleo permanente o por la falta de estabilidad laboral van perdiendo progresivamente la capacidad de transmitir a las nuevas generaciones los valores vinculados al trabajo, la educación y la familia. Isla y Míguez (2003) argumentan en otro texto que los profundos cambios operados en Argentina, que han provocado un gran crecimiento de la pobreza y ascenso del 328 Cambios y Permanencias, ISSN 2027-5528, Vol. 8 No. 2, julio-diciembre de 2017, pp. 306-336 desempleo, han incidido sobre las subjetividades y los sistemas de relaciones sociales, transformándolos. Y esta transformación parecería operar, en el caso argentino, afectando tres centros nodales: la relación con el trabajo, con la escuela y la estructuración de la autoridad e integridad familiar. La variable central en el análisis es la fragmentación social, la cual tiene dimensiones subjetivas y objetivas. De ahí plantean el siguiente supuesto que justifica la dimensión “fragmentación social subjetiva con relación a valores”: El delito contra la propiedad y las personas ha crecido en la Argentina como resultado de la degradación de estilos de vida tradicionales vinculados a instituciones básicas como el trabajo, la educación y la familia y que entraron en crisis debido al crecimiento del desempleo y la pobreza. Esta tendencia se manifiesta más agudamente en los sectores de menores ingresos y mayor marginación social. En segundo lugar, los autores plantean que el proceso de deslegitimación de las instituciones políticas, policiales y de la justicia implicó un debilitamiento de la subjetividad compartida en la medida en que se desacreditaban las instituciones que encarnaban normas básicas de convivencia y regulación del conflicto. Sobre esta cuestión se justifica la dimensión “fragmentación social subjetiva con relación a instituciones públicas”. La dimensión “fragmentación social objetiva”, a su vez, hace referencia a una ruptura de los lazos sociales entre vecinos en enclaves urbanos específicos. Se refiere a la pérdida de la vigencia efectiva de las redes de solidaridad vecinal. Los presupuestos teóricos que sostienen la descomposición operativa del concepto ”fragmentación social” parten de la idea de que la cohesión y la confianza son condiciones imprescindibles y positivas para que existan redes de control social que a la vez facilitan la sociabilidad vecinal y evitan la proliferación del delito. Consideramos que estos estudios proporcionan explicaciones necesarias acerca de la incidencia de las diversas instituciones sociales (familia, escuela, trabajo y demás instituciones) sobre los individuos, sobre su subjetividad, para que algunos cometan delitos, en particular delitos contra la propiedad. Y es precisamente la subjetividad, especialmente aquella más anclada en experiencias personales y únicas, la que permite explicar por qué 329 Cambios y Permanencias, ISSN 2027-5528, Vol. 8 No. 2, julio-diciembre de 2017, pp. 306-336 algunos individuos sometidos a iguales condiciones objetivas se comportan de distinta manera. Dicho esto, cabe reconocer (y se percibe en los mismos análisis realizados por estos autores) que previamente (y también concomitantemente) se han producido importantes cambios de orden material, referidos a la estructura económica de la sociedad, que condicionan todo el proceso social, incluyendo las subjetividades 28. De manera que dichos análisis, aunque por sus objetivos privilegien el estudio de los procesos que acaecen en la subjetividad (e incluso le asignen prioridad tal vez), no nos desvía, sino más bien afianza la perspectiva de considerar los procesos objetivos, estructurales, como aquellos que poseen un peso condicionante fundamental. Más que factores, los mismos configuran las condiciones históricas materiales que inciden sobre las subjetividades, condicionándolas, reproduciéndolas o modificándolas. De todos modos, no es objetivo de este trabajo proporcionar una completa explicación sobre cómo y por qué se producen los delitos (o los actos así definidos), sino observar, como se ha precisado al principio, la posible influencia de los contextos económicos sobre la evolución del delito, mediante el examen de las variaciones de los indicadores económicos y de las tasas de delitos registrados en un periodo de tiempo, y ponderar las relaciones encontradas. Comentarios finales 1.- En los planos metodológico, epistemológico y político, se advierte la necesidad de que la producción de datos sobre los fenómenos sociales “se tomen en serio”; que si bien 28 Los conceptos de la teoría de la práctica de Pierre Bourdieu pueden proporcionar una comprensión más adecuada de la relación subjetivo/objetivo, dicotomía presente en las ciencias sociales que Bourdieu crítica y propone superar. La estructura objetiva (en tanto estructura de relaciones sociales) se incorpora en el agente en forma de habitus (sistema de disposiciones duraderas adquirido por un individuo en el curso de las diferentes fases de su socialización (familia, escuela, trabajo, etc.)). Los habitus de los agentes se corresponden con las posiciones que ocupan en el espacio social. Hay habitus de clase, pero también habitus individuales: no todos los miembros de la misma clase -o incluso dos de ellos- han tenido las mismas experiencias en el mismo orden, razona Bourdieu (2007). Es lo que explica que no todos los miembros de la misma clase, aun compartiendo el habitus de clase, se comporten de la misma manera. Una explicación del ascenso del delito utilizando el instrumental conceptual de Bourdieu se puede encontrar en Cid Ferreira (2015). 330 Cambios y Permanencias, ISSN 2027-5528, Vol. 8 No. 2, julio-diciembre de 2017, pp. 306-336 se puedan hacer diversas acotaciones sobre la “relatividad” de los datos, no se trata ocultarlos o desecharlos, sino de mejorar los instrumentos que puedan captar un dado aspecto de la realidad. Políticamente (y de acuerdo a la buena fe), malos datos producirán malos diagnósticos y por lo tanto malas políticas. 2.- Con los datos disponibles, el análisis realizado confirma que la evolución del delito (y en particular los delitos contra la propiedad) varía según los diversos contextos económicos. Estos contextos son configurados en buena medida a partir de su mayor convergencia o divergencia respecto de la economía política neoliberal, condicionada por el escenario internacional. De acuerdo a lo observado, cuánto más convergentes los contextos con la concepción neoliberal, mayor la tendencia al incremento de los delitos -notoriamente a lo largo de los noventa hasta el año 2002-. Aun así, cabe hacer la siguiente acotación. La tendencia al crecimiento de los delitos vuelve a aparecer en el “modelo de crecimiento con inclusión”. Debemos admitir que ambos contextos no marcan una clara diferencia en lo que a delitos se refiere. En primer lugar, los delitos contra las personas han seguido, aparentemente, su curso ascendente durante todo el periodo estudiado. En segundo lugar, los delitos contra la propiedad bajaron sólo en los primeros años del periodo que inicia en 2003, para luego empezar, al parecer, a subir nuevamente a partir del año 2008. Con la desaceleración del crecimiento económico a partir de 2008, y aún más a partir del 2011 29, las condiciones del mercado de trabajo se resienten, la vulnerabilidad social vuelve a aumentar y las políticas sociales de transferencia de ingresos –incapaces de revertir la inequidad- ya no resultan suficientes para la contención social. 3.- Considerar, de acuerdo a lo discutido en este trabajo, que no es la pobreza en sí misma, sino la desigualdad el factor más influyente en la evolución del delito. Vale mencionar en este sentido los aportes de John Lea y Jock Young (2001), quienes, rechazando los determinismos tanto biológicos como ambientales - la idea de que el delito es producto de la pobreza, por ejemplo- consideran que el delito tiene su origen en la privación relativa: 29 A partir del año 2011, el crecimiento del empleo en el sector privado se detuvo directamente (Mercatante, 2015, p. 117) 331 Cambios y Permanencias, ISSN 2027-5528, Vol. 8 No. 2, julio-diciembre de 2017, pp. 306-336 “En otras palabras, tiene su origen en la creciente desigualdad de oportunidades y del nivel de vida, que se suma a expectativas cada vez mayores, que comparte gran parte de la sociedad. Esto, combinados con la cultura del individualismo y del egoísmo a corto plazo estimulada por el capitalismo de los últimos tiempos es lo que provoca el aumento del delito. El delito es tan endémico en las salas de directorio de las compañías multinacionales como en los barrios casi destruidos de los pobres […]” (Lea y Young, 2001, p. 2). Roxana Kreimer (2010) a su vez expresa que, en contextos tradicionalmente pobres, la miseria no genera delitos, ya que no hay una gran distancia entre lo que una persona desea y lo que posee. En cambio, las sociedades de consumo proponen, en lo formal, las mismas metas para todos, pero en la práctica sólo algunos las pueden alcanzar. 4.- Es interesante advertir que la tesis de que la desigualdad provoca el aumento de la agresividad y la violencia ha sido comprobada incluso por la neurobiología. Joachim Bauer (2013), a propósito de investigaciones recientes en ese campo, afirma que la agresividad (y la violencia) no es un instinto natural del hombre. Es un programa de conducta reactivo que se desencadena cuando se sobrepasa el límite del dolor, que puede ser tanto físico como psíquico. Según Bauer, la nueva definición neurobiológica del “límite del dolor” concuerda con todo lo que lo que revelan los más recientes estudios en el ámbito de la psicología e investigación social, a saber, que la falta de pertenencia a un grupo y el rechazo por otras personas son el más poderoso e importante desencadenante de agresión. Los nuevos hallazgos poseen una dimensión política: la existencia de grandes desigualdades económicas y sociales se experimenta como dolor que a su vez puede generar violencia y agresividad. Es el sistema social basado en el egoísmo y la desigualdad (que podemos concebir como violencia estructural), el que (re)produce agresividad y violencia. 5.- Lo que también hemos de deducir de los resultados encontrados es que el problema de la inseguridad de las personas no encuentra campo propicio de mejora en ninguno de los “modelos” de desarrollo económico señalados. Ocurre que el deslizamiento del discurso de desarrollo hacia una prédica de “crecimiento” denota la negación de la 332 Cambios y Permanencias, ISSN 2027-5528, Vol. 8 No. 2, julio-diciembre de 2017, pp. 306-336 complejidad del desarrollo (genuino) bajo la presión de intereses de pura rentabilidad. El crecimiento del PBI no supone el desarrollo integral de la sociedad. No implica que haya desarrollo humano, social, cultural e incluso auténtico desarrollo económico. Bajo el dominio de los intereses de rentabilidad capitalista, la riqueza producida, en lugar de elevar el nivel general de desarrollo, es concentrada. En desmedro, claramente, de quienes efectivamente la han producido. Diversas investigaciones han confirmado la incidencia fundamental de la desigualdad en la generación de los delitos y la violencia. En Argentina, se regresa (a partir de diciembre de 2015) a un gobierno de enfoque “neoliberal” cuyas políticas deterioran las condiciones de vida de la mayoría de la población y agudizan la desigualdad 30, todo lo cual deberá acarrear un nuevo impulso a la conflictividad social asociada con el delito y la violencia. Ante ello, una pregunta pertinente es ¿qué clase de desarrollo ha de seguirse para la consecución de un razonable nivel de seguridad para las personas concretas? Bibliografía Banco Mundial. (2012-2017). Datos. Índice de GINI. Recuperado de https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI?locations=AR Bauer, J. (2013). La violencia cotidiana y global. Una reflexión sobre sus causas. Barcelona, España: Plataforma Editorial. Bourdieu, P. (2007). El sentido práctico. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI. Cerro, A. M. y Meloni, O. (1999). Análisis económico de las políticas de prevención y represión del delito en la Argentina. Córdoba, Argentina: Eudecor. 30 Considerando datos de fuentes disponibles, el índice de GINI en los años 2016 y 2017 (INDEC, 2do trimestre 2017) superan los de los 4 años anteriores (2012 a 2015) –tomando cifras del Banco Mundial en el periodo 2012-2014 y de la UCA en 2015-. 333 Cambios y Permanencias, ISSN 2027-5528, Vol. 8 No. 2, julio-diciembre de 2017, pp. 306-336 Ciafardini, M. (2006). Delito urbano en Argentina. Buenos Aires, Argentina: Ariel. Cid Ferreira, L. (2014). Acerca de los factores que explican variaciones de la victimización en áreas urbanas de San Miguel de Tucumán. Revista Delito y Sociedad. 2(38), 89116. Cid Ferreira, L. (2015). El Gran Miedo: seguridad, derechos humanos y desarrollo en los umbrales del siglo XXI. El caso de Argentina (1990-2010). San Miguel de Tucumán, Argentina: La Monteagudo. Comisión Técnica ATE-INDEC (Abril, 2015). Pobreza o Indigencia. ¿Estigmatizar o conocer? No. 10. 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