Las riquezas latinoamericanas no son su maldición. Un planteo a modo de presentación Rita Boco Gisela Bulanikian El litio es el metal más liviano en la tabla periódica de elemento y presenta excelentes condiciones para aumentar la capacidad de almacenamiento de la electricidad. Se calcula que existen diez millones de toneladas métricas de reservas en el planeta y aproximadamente nueve están ubicadas en América Latina, es decir, en las salinas de la Argentina, Bolivia y Chile se concentra el 85% de las reservas mundiales del mineral y, por ello, la región ya es conocida como la "Arabia Saudita del litio". Sus aplicaciones son múltiples en las industrias energética, química y petroquímica. El litio se encuentra en muchos de los objetos *Este trabajo fue presentado en la del JORNADA DECyT II “Recursos naturales, geopolítica y democracia. Herramientas técnico-conceptuales para entender el Golpe de Estado en Bolivia”. Salón Azul, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, 29/11/2019. Actividad del Seminario “Empresas Transnacionales Extractivas, derechos humanos y desarrollo sostenible en América Latina. Abordajes anascópicos de casos y formulación de propuestas en constelaciones especificas del conflicto.”que usamos en nuestra vida cotidiana: desde pilas y baterías de celular hasta cerámicas, cristales, lubricantes y ciertos medicamentos. Pero su centralidad a futuro radica en su capacidad para almacenar energía en las nuevas tecnologías basadas en energías renovables (Mesa de trabajo del litio-UNLP) Nuestro país se especializa en la obtención de carbonato y cloruro de litio, la extracción se hace principalmente en las salmueras de Jujuy, Salta y Catamarca. Pero también existen depósitos de este mineral en las sierras pampeanas de Córdoba, San Luís y Catamarca. Los países demandantes del recurso son indefectiblemente las naciones del norte global. Es decir, si en términos de exportaciones existen países tanto del centro como de la periferia la importación masiva es en cambio unidireccional: son las naciones más ricas y avanzadas las que lo consumen, sin existir países periféricos que lo demanden en gran escala. Los países hacia donde se dirigen las exportaciones de carbonato, óxido e hidróxido de litio, en la actualidad, son los países del sudeste asiático (China, Corea y Japón) que explican por sí mismos dos tercios de lo demandado por el mercado; los principales países europeos cerca del 10% (Alemania, Gran Bretaña, Bélgica y Francia) y Estados Unidos un promedio del 6%, siendo una muestra de las transformaciones que ha estado asumiendo la economía mundial. Cronológicamente el oro blanco, como se nombra al litio, tiene un lugar destacado en un planeta envuelto en un proceso de transición geopolítica y ecológica, donde la naturaleza se encuentra al servicio de un nuevo campo de acumulación y valorización financiera, bajo una extendida privatización de recursos. Un escenario donde los autos quemando combustible fósil alrededor del planeta podría ser reemplazado por vehículos eléctricos o híbridos, un rubro que pasó de 500 mil vehículos en el año 2009 a una proyección de 7 millones en 2020. (Fte: 2010. “Evaluación del desarrollo de la tecnología de baterías de Ion-litio, y proyección de demanda mundial de litio”, en: Reunión del Grupo de Expertos Senior sobre el Desarrollo Sostenible del Litio en América Latina, CEPAL, Santiago de Chile). Esta transformación implica que la infraestructura energética emergente del litio debería suplantar a las de bases fósiles por otras de generación renovables y además reemplazar energías en otras áreas sustentables como la eólica, solar. Los productos elaborados que lo involucran en su producción forman parte de consumos extendidos y acelerados del norte global que fomentan que la existencia, la explotación y el transporte vayan configurando lentamente una geografía de conflictos. El petróleo, el oro, el gas siguen siendo objeto de presiones para mantener a los países latinoamericanos exportando naturaleza -“primarizados”- , la misma que resulta clave en la externalización de los costos ambientales de los países centrales. Cargado de promesas, el litio desató un nuevo imaginario de desarrollo que podría asegurar el futuro energético para el país, la región y el mundo, con la posibilidad de alcanzar desarrollo industrial y la incorporación y producción de tecnología de punta. El gobierno de Bolivia, a partir de 1986, declaró al Salar de Uyuni reserva fiscal lo que significó que se confería un carácter estratégico al recurso y era el Estado quien adquiría el derecho sobre la administración, procesamiento y comercialización. Entre los años 1988 y 1993 (gobiernos de Paz Estenssoro y Paz Zamora) hubo negociaciones con FMC (Estados Unidos) para firmar un contrato para la explotación de esas reservas, pero fracasaron: por un lado el gobierno intentó aplicar un importe mayor de IVA que el que se suponía acordado al inicio de las negociaciones y por otro lado conflictos con comunidades de la zona afectadas por la explotación. Fte:EnergiaBol En 2006, el gobierno de Evo Morales presentó una estrategia para la explotación del litio en la cual el Estado dirigía la extracción, la industrialización y comercialización. Estas políticas se ejecutaban a través de la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos (GNRE), reemplazada por ley por la empresa nacional minera YBL (Yacimientos Bolivianos de Litio) y por la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). Por decreto presidencial desde 2007 todo el territorio boliviano se considera reserva mineral. Michael H. Biste, geólogo consultor y vicepresidente del Colegio de Geólogos de Bolivia, resalta el potencial geológico promisorio de tierras raras que existe en la región Precámbrica que hasta el momento no ha tenido un rol determinante en la minería nacional. Según Alicia Tejada, en su libro Minería en las Tierras Bajas de Bolivia, los minerales raros tienen una enorme demanda en el mundo de la alta tecnología y sostiene que “la porción flotante” del Escudo Oriental se trata de una zona con una oferta de recursos mineralógicos mucho más variada que la tradicional explotación de oro e incluye además cobre, zinc, plata, platino, níquel, tantalio, y hierro entre otros (2012: 25,26). Desde el año 2014 la COMIBOL confirmó el hallazgo de uranio y torio en el lado noreste del departamento de Santa Cruz (cerro Manomo) y en límite entre los departamentos de Oruro y Potosí (cerro Asanta Pahua). En 2016 se sancionó la ley 083/16 para la creación del Centro de Investigación Nuclear en El Alto en convenio con Rusia. En 2017 el Ministerio de Minería apuntaba a la inversión extranjera para emprender la explotación de nuevos yacimientos mineros tradicionales y no tradicionales en el país. Su evaluación ponía de relieve que, en la medida que la tecnología avanza de manera acelerada, los nuevos equipos requieren minerales estratégicos, como el indio, platino y el paladio que son minerales existentes en Bolivia. Para el período 2010-2014 se hizo una inversión de más de 900 millones de dólares que se asignó, principalmente, para investigación y fortalecer la cadena productiva de recursos evaporíticos del salar de Uyuni. Desde el año 2018 se ha logrado incorporar en la formación académica del país, temáticas específicas referidas a la síntesis de materiales que requieren las baterías de ion-litio incluyendo el procesamiento y todo lo que tiene que ver con la industrialización del litio. Se realizaron 4 plantas piloto: una planta piloto para producir sales de potasio; una planta piloto para producir carbonato de litio, grado batería; una planta piloto de materiales catódicos, considerados el componente fundamental de una batería de ion-litio; y una planta piloto de baterías de ion-litio. Las dos primeras se han convertido en pequeñas plantas productivas, dejando de cumplir su rol de investigación, y producen y venden sales de potasio y carbonato de litio. En octubre de 2018 se inauguró la primera planta industrial de cloruro de potasio, con una capacidad de 350.000 toneladas/año. El cloruro de potasio es un subproducto del proceso de extracción del litio que se traduce en un fertilizante con muchas virtudes y aplicaciones en el campo de la agricultura y Brasil es el mercado latinoamericano más importante. Extraer el litio de la salmuera del salar de Uyuni con una muy alta pureza permite ser utilizado en la fabricación de materiales catódicos para incorporarlos en las baterías de ion-litio que se ensamblan en la palca potosina. La adjudicación en 2018 a la empresa alemana ACI Systems GmbH para la industrialización del litio boliviano convertía al país en un actor de nuevo cuño dentro del mercado internacional para la elaboración de baterías utilizadas en la industria del automóvil y las telecomunicaciones. La resistencia de la población invocando principios constitucionales obligó al presidente Evo Morales a cancelar la operación en noviembre de 2019. Como explicáramos más arriba el gobierno había acordado con una firma alemana hacer, en conjunto, una planta industrial para fabricar baterías de litio, bajo control del Estado, socio mayoritario garantizando también la transferencia tecnológica y el uso de patentes a favor del Estado boliviano. Este proyecto empezó a ser combatido por el Comité Cívico de Potosí (ComciPo), que lo calificó de "entreguista" antes de las elecciones. De acuerdo al texto constitucional la negativa expresada por la comunidad invalida el acuerdo y obliga al presidente a dar de baja el acuerdo con Alemania con el criterio de privilegiar el orden interno. (Federico Nacif-CONICET: 16/11/2019: Página 12) El desarrollo de un proyecto soberano de explotación e industrialización aparecía, así, extrañamente enfrentado los supuestos intereses regionales. Desde una evaluación técnica lo que se estaba resignando era concretar el salto estratégico de convertir a Bolivia en productor y exportador de baterías de litio para coches eléctricos. También formaba parte del acuerdo con la empresa alemana procesar, como Estado, los residuos que genera la industrialización del litio ya que al producir cloruro de potasio y luego producir carbonato de litio queda una salmuera remanente que todavía tiene contenidos aprovechables que serían recuperados con la empresa alemana. Una de las primeras tareas para concretarlo sería instalar en Bolivia una planta de hidróxido de litio, a partir de esta salmuera residual; una planta de hidróxido de magnesio, para aprovechar el importante contenido de magnesio que tiene dicha salmuera. También contemplaba con una segunda empresa mixta o asociación con la misma empresa alemana instalar, en territorio boliviano, una fábrica de baterías de ion-litio destinadas fundamentalmente al requerimiento de la industria automotriz alemana, como una forma de romper su dependencia con China respecto a las baterías para la industria de electro-movilidades. El Gobierno de Morales estimaba que los réditos de este emprendimiento superarían los US$1.000 millones. Las proyecciones del Gerente Ejecutivo de YBL para el período 2020-2024 eran alcanzar en Bolivia un complejo industrial que comprenda aproximadamente 14 plantas industriales; muchas de ellas vinculadas al litio y otras relacionadas a otros elementos que están presentes en estos salares. La Ley 928, se sancionó con el objetivo de organizar y regular el procesamiento de los residuos de esta industria y para ello contar con empresas que tengan la tecnología adecuada junto a la necesidad de optar por tecnologías que supongan un menor consumo de agua, un tema permanentemente crítico alrededor de esta industria. Este episodio cobra otra significación cuando quien se oponía al proyecto de producir baterías, Marco Pumari, presidente del Comité Cívico de Potosí, aparece como uno de los personajes que demandan la renuncia del presidente. No puede evitarse la referencia a un intento anterior de levantamiento armado en Santa Cruz (donde se originan la organización de los Comités Cívicos) encabezado por Luis Fernando Camacho hijo de un empresario privado del gas que vio resentidas sus ganancias por la privatización del decreto del ejecutivo firmado en 2007 y por el programa de Salud Pública Universal sancionado a principios de 2019 que afectó el negocio de medicina privada que también posee la familia Camacho. Se empieza a entretejer en Bolivia una trama silenciosa donde grupos económicos locales y partidos de derecha se unen a con los intereses de EEUU en oposición al gobierno de Evo Morales En este contexto de pujas y peleas internacionales por la transferencia de recursos naturales codiciados convierten a Bolivia y a Latinoamérica en general en una pieza importante de las disputas geopolíticas y de la guerra comercial entre China y Estados Unidos Un ejemplo de elite local: el caso de Sanchez de Lozada Las articulaciones y la vinculación de Sánchez de Lozada con empresas mineras transnacionales e incluso con el Banco Mundial, las denunció Andrés Solís Rada en muchas de sus intervenciones públicas, sustentadas con pruebas y documentos, e incluso formando parte del primer gabinete del Gobierno de Evo Morales, a principios de la gestión de este presidente. Por su importancia para un mejor acercamiento a la forma en que este ex presidente de Bolivia se beneficia primero, de su cargo como ministro del área económica del Gobierno del MNR (1985-90) y posteriormente, a mediados de los 90 hasta el 2003, como presidente de Bolivia exponemos parte de estas en el presente estudio: El tercer pilar externo de Sánchez de Lozada es la Corporación Financiera Internacional (IFC), brazo financiero del Banco Mundial, que compró, hace más de 20 años, el 5 % de las acciones de su empresa, la Compañía Minera del Sur (COMSUR). En este contexto, el Banco Mundial presta dinero a COMSUR, es socio de COMSUR y fiscaliza a COMSUR. Sólo cabe preguntar si la mayor corrupción es de COMSUR o del Banco Mundial, socio, beneficiario y fiscalizador de la empresa de Sánchez de Lozada. Él es, asimismo, socio de la gigante inglesa Rio Tinto Zinc (RTZ), la comercializadora de cobre más grande del mundo, la que ha adquirido el 33 % de las acciones de COMSUR. A su vez, la RTZ tiene el 30% de las acciones de “La Escondida”, el yacimiento de cobre más grande de Chile, después de Chuquicamata, que pertenece al Estado vecino. Son también socios de “La Escondida” la australiana Broken Hill Propietary (BHP), con el 57%, la japonesa Mitsubishi, con el 10% y la IFC con el 2.5%. (…) El 4 de marzo de 2002, Orvana Minerals Corp. (Orvana), de Canadá, informó que su directorio tenía la siguiente composición: Gonzalo Sánchez de Lozada, Presidente de la Junta Directiva: George Hamilton, asociado a la firma Gemini Ernest & Young, de Toronto; José Convay, director; Robert A. Wats, director; Donald French, asesor inversionista en la explotación del oro de Kori Kollo, Bolivia. La vinculación de COMSUR con Orvana permite la explotación de la Mina “Don Mario”, en el departamento de Santa Cruz. El 27-08-99, declaró que, debido a su actividad política, hacía 20 años que estaba alejado de la actividad minera (5). ¿Cómo se puede estar alejado de la actividad minera y presidir, hasta el 31 de julio de 2002, el directorio de una transnacional del sector? (Soliz Rada 2009). Con registros bajo distintas razones sociales que datan del año 1945, la transnacional canadiense ORVANA Mineral Corp. condujo sus actividades a través de subsidiarias ubicadas en varios países. En mayo del 2001, ORVANA y COMSUR (la empresa minera más grande de Bolivia de propiedad de Gonzalo Sánchez de Lozada), firmaron una Carta de Acuerdo que establece la ejecución del Proyecto Minero Don Mario para el área denominada LMZ (Zona Mineralizada Inferior) de dicho reservorio minero ubicado en el este de Bolivia (Precámbrico)” (Tejada. 2012:46) La Ley 535 de Minería y el uso del agua Sancionada en nayo 28 2014 y promulgada mayo 2016, determina que en ningún caso se podrán vulnerar ni perjudicar derechos de terceros respecto a la provisión de este recurso natural para consumo humano, riego y medio ambiente, así como los sistemas de vida de la Madre Tierra. Establece que la actividad minera debe efectuar sus trabajos bajo la correcta gestión o manejo de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, debiendo existir para su aprovechamiento la autorización previa de la autoridad competente. Según esta normativa, aun no regulada, queda prohibida la realización de actividades mineras en proximidades de cabeceras de cuenca, lagos, ríos, vertientes y embalses. Sin embargo, sostiene que un estudio ambiental podrá determinar a qué distancia se permitirá realizar actividades mineras para no generalizarlas con el resto de las prohibiciones. Disposiciones Generales Capítulo 1, Artículo 2. (DOMINIO Y DERECHO PROPIETARIO DEL PUEBLO BOLIVIANO). I. Los recursos minerales, cualquiera sea su origen o forma de presentación existentes en el suelo y subsuelo del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano; su administración corresponde al Estado con sujeción a lo previsto en la presente Ley. II. Ninguna persona natural o colectiva, aun siendo propietaria del suelo, podrá invocar la propiedad sobre los recursos minerales que se encuentren en el suelo y subsuelo. Artículo 3. (ALCANCES Y EXCLUSIONES). I. La presente Ley alcanza a todas las actividades mineras que se realicen sobre los recursos minerales que se encuentran en el suelo y subsuelo del territorio boliviano, cualquiera sea su origen o el estado en el que se presenten, incluyendo granitos, mármoles, travertino, pizarras, areniscas, arcillas y otras rocas; minerales industriales como yeso, sal, mica, asbesto, fosfatos, bentonita, baritina, azufre, fluorita, salmueras, boratos, carbonatos, magnesita, caliza; piedras semipreciosas: cristal de roca y variedades de cuarzo, ágata, amatista, granates, topacio, berilo, sodalita, citrino y piedras preciosas como diamantes, esmeraldas y otras; y tierras raras. II. Gas, petróleo y demás hidrocarburos, aguas minero medicinales, recursos geotérmicos, están fuera del alcance de la presente Ley. Artículo 4. (RÉGIMEN DE ÁRIDOS). I. Se considera áridos a la arena, cascajo, ripio, piedra, grava, gravilla y arenilla que se presentan como materiales detríticos.III. Las autonomías indígena originario campesinas, participarán y ejercerán el control social, en el aprovechamiento de áridos y agregados, que quedan excluidos de la competencia de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera - AJAM. Capítulo 2, Artículo 5, f) Sustentabilidad del desarrollo del sector minero, a través de la promoción de inversiones. g) Reciprocidad con la Madre Tierra. El desarrollo de las actividades mineras deberá regirse en el marco de lo establecido en la Constitución Política del Estado, la Ley Nº 300 de 15 de octubre de 2012, Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, y otra normativa legal aplicable. h) Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios en situación de Alta Vulnerabilidad. El Desarrollo de las actividades mineras deberá considerar los cuidados de protección a las naciones y pueblos indígena originarios en situación de alta vulnerabilidad, cuando corresponda. Capítulo 3Artículo 12. (YACIMIENTOS MINERALES DETRÍTICOS). I. El Estado Plurinacional de Bolivia, incentivará y promoverá la prospección, exploración y el aprovechamiento integral y diversificado de los yacimientos minerales detríticos sin vulnerar el uso del agua para la vida, en el marco de la normativa vigente Ley 928/abril 2017. Creación de LA EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA DE YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS – YLB Sustituye al Código Minero 1777, fue debatida durante tres años y resultó de las discusiones entre mineros cooperativistas chicos, medianos y el estado Artículo Único II. Yacimientos de Litio Bolivianos - YLB, es responsable de realizar las actividades de toda de la cadena productiva: prospección, exploración, explotación, beneficio o concentración, instalación, implementación, puesta en marcha, operación y administración de recursos evaporíticos, complejos de química inorgánica, industrialización y comercialización. III. Yacimientos de Litio Bolivianos - YLB, desarrollará los procesos de química básica de sus recursos evaporíticos con una participación cien por ciento (l 00%) estatal para la producción y comercialización de: Cloruro de Litio, Sulfato de Litio, Hidróxido de Litio y Carbonato de Litio; Cloruro de Potasio, Nitrato de Potasio, Sulfato de Potasio, sales derivadas e intermedias y otros productos de la cadena evaporítica. Procesos posteriores de semi-industrialización, industrialización y procesamiento de residuos, se podrán realizar mediante contratos de asociación con empresas privadas nacionales o extranjeras, manteniendo la participación mayoritaria del Estado. IV. Se reconoce el derecho a la explotación, producción y comercialización tradicional de sal común (Cloruro de Sodio) en los' salares de Bolivia que actualmente realizan las organizaciones económicas locales y cooperativas, respetando derechos pre-constituidos y adquiridos reconocidos. Disposiciones finales Segunda, II. Se modifica el Artículo 73 de la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014, de Minería y Metalurgia, con el siguiente texto: "Artículo 73. (RECURSOS EVAPORÍTlCOS). El patrimonio del Complejo Industrial de Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni - CIRESU, queda a cargo de la COMIBOL." El Golpe de Estado: democracia y Derechos humanos acorralados Mientras terminamos de asimilar el siglo XX y sus transformaciones estas dos décadas del siglo XXI ponen a nuestra región frente a una realidad política de cambios bruscos en la configuración democrática que auguran retrocesos en procesos realizados en los últimos años. Durante la primera década de este siglo siguiendo lo iniciado en la última década del siglo XX, instituciones político- económicas como Mercosur y UNASUR contribuyeron a afianzar la región a través de la llamada “cláusula democrática” del Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR sobre Compromiso con la Democracia de UNASUR sancionada el 26 noviembre 2010 y el Protocolo de Ushuahia de MERCOSUR, considerado parte del Tratado de Asunción constitutivo del Mercosur, del 24 de julio de 1998 En el escenario actual la protección selectiva de los derechos humanos en la esfera internacional originada en los intereses geopolíticos de las potencias mundiales parecer ser el signo de estos tiempos (Koerner: 2002.: 88-89) En el caso de Bolivia incidentes y daños (incendios) en tribunales electorales se produjeron como supuesta respuesta de la oposición a la manipulación en la transmisión de datos del recuento electoral provisorio. La respuesta institucional a estos actos violentos fue recurrir a la OEA para el envió de veedores imparciales. La Paz, capital de Bolivia quedó inmersa en una ola de protestas violentas que, junto al apresurado y ambiguo informe del equipo de la OEA, colocó al presidente Evo Morales frente a la opción de convocar nuevos comicios para restaurar la pacificación del país. Tras este anuncio apareció la desobediencia policial primero y militar después combinadas con las amenazas a familiares propios y de miembros del gabinete para forzar el asilo político. El asedio al vuelo que llevaba al presidente y su vice presidente al exilio configuran una pintura plena de todos los rasgos que conforman un Golpe de Estado. La historia boliviana nos muestra un siglo XX de sucesiones de gobiernos de facto, dictaduras y breves períodos de gobierno democrático y siempre está presente en todos ellos la disputa por la disposición de los recursos naturales nacionales: la Guerra del Chaco-boliviano (1932-1935) encuentra a dos petroleras involucradas una, del lado boliviano: Standard Oil (estadounidense); otra del lado paraguayo: Royal Dutch-Shell (anglo-holandesa). La década del ’60 repite a conflictos petroleros y la aparición del litio cruza la década del ’80 y ’90 y como mencionamos más arriba es nacionalizado en 2006 en la presidencia de Evo Morales. Son los mandatos presidenciales desde 2006 hasta esta interrupción por golpe de estado los más estables y con crecimiento económico y desarrollo sostenido (Fte: Informe FMI, 2018) El 16 de noviembre la CIDH, denuncia un documento firmado el 15 de noviembre por la autoproclamada presidenta que autoriza a los militares a usar "todos sus medios disponibles" para controlar las manifestaciones y exime de responsabilidades penales a las Fuerzas Armadas en la conservación del orden público. Las muertes, desapariciones, y detenciones sucedidas desde el golpe de estado muestran un direccionamiento de odio étnico que debiera considerarse genocida Entendemos por Genocidio al proceso que enumera Feierstein conformado por un primer momento de construcción de otredad negativa, luego hostigamiento legal y físico, luego aislamiento haciendo invisible el sufrimiento y la posibilidad de identificación y solidaridad con las víctimas. Todo esto lleva a un debilitamiento sistemático para pasar al exterminio lo que finaliza con lo que Feierestein llama realización simbólico, que es con el modo en que se cuenta la historia con una construcción discursiva de la memoria.. Los dichos de los sostenedores de este atentado al orden democrático marcan una selección para la represión hacia políticos del gobierno depuesto y hacia aquellos que lo defienden y que se identifican con la adscripción étnica aymara y quechua. Es decir, el blanco de las represalias es un grupo identificable por sus características étnico-culturales e históricas particulares. La ausencia de servicios internacionales para la atención de heridos y de privación de servicios de bomberos fortalece la idea de exterminio sobre el grupo descripto. Todo lo cual refiere a un plan organizado cuyo fin es la destrucción de los fundamentos de la vida estas comunidades. Las dictaduras tienen una matriz social discriminatoria desde donde se construye el discurso de la verdad legitimando el prejuicio y la construcción demonizada de un enemigo Las declaraciones en redes de la autoproclamada presidenta reiteran lo manifestado en los primeros momentos y confirman el discurso racista del gobierno dictatorial al hacer un ruego para librar a Bolivia de los “indígenas diabólicos” y asegurar que las ciudades ya no son lugar para ellos sino que deben confinarse a las alturas de los cerros o a zonas alejadas y el no retorno de la Pachamana a la casa de gobierno. La imposibilidad de representarse al otro como un igual a la hora de actuar, es la que permite hacerlo descender a un umbral de inhumanidad que habilita su eliminación. El uso ideológico de la diferencia sirve para legitimar la discriminación de los grupos étnicos/culturales diferentes y justifica su instalación estructural construyendo lugares de alta vulnerabilidad social y pérdida de derechos, permitiendo accionar sobre ellos con diferentes grados de violencia. Cohen describe al triángulo de atrocidad formado por las víctimas, los perpetradores y por último los observadores que son las personas que van aceptando gradualmente como acciones normales aquellas que inicialmente eran consideradas repugnantes. La negación del significado de lo que se ve cumple la función de aliviar la información sobre el sufrimiento. Estas justificaciones se aprenden por transmisión cultural ordinaria y son extraídas de un acervo establecido y colectivo. El mecanismo de la negación propicia asíla aparición del escenario para que se erijan racionalizaciones que vuelven aceptable la inversión de sentidos: aquello normal ahora es anormal y negativo. En términos de Agambem: “el totalitarismo moderno puede ser definido, en este sentido, como la instauración, a través del estado de excepción, de una guerra civil, legal, que permite la eliminación física no solo de los adversarios políticos sino de categorías enteras de ciudadanos que por cualquier razón resultan no integrables en el sistema político”. El concepto de homo sacer es el que explica esa categoría, aquel que es considerado indeseable, disfuncional y cuya anormalidad social lo deshumaniza a la vez que lo convierte en dañino para la sociedad, es decir la vida humana que solo puede ser incluida en la comunidad bajo la forma de exclusión. El objetivo del sometimiento es consolidar una división social del trabajo en el orden global que fijaría a Bolivia en el rol de proveedor de materias primas y recursos naturales. La etapa que contemplamos nos muestra un esfuerzo por lograr un rediseño de ese sujeto de derecho, despojado, de sus derechos más fundamentales. En esta etapa el despojo es proporcionalmente directo a la desposesión de los recursos naturales- proveedores de alimentos y energía- apropiados y concentrados por corporaciones que tienen representación de sus intereses en la autoproclamada presidenta Añez y en los perpetradores del Golpe través de la red de relaciones comerciales y financieras a las que pertenecen. Conclusiones: Este escenario de decisiones soberanas sobre el uso de recursos de un país del sur global y el contexto de reacomodamientos y enfrentamientos en la guerra comercial China- Estados Unidos nos obliga a preguntarnos cuál es el peso de estas decisiones en la presión y desestabilización de las democracias del sur global y, específicamente en el caso de Bolivia. Preguntas que no pueden dejar fuera de consideración componentes histórico-culturales propios y regionales. El Golpe de Estado en Bolivia ocurre entre tensiones y conflictos que enfrentan intereses por la extensión de la frontera de explotaciones mineras en áreas tradicionalmente agrícolas en la región santacruceña, se suma a las históricas divisiones entre el modelo andino extractivista y el agrícola campesino y la existencia de una elite que no adhiere al modelo de plurinacionalidad y se percibe perdidosa en las políticas del gobierno encabezado por Evo Morales. Entre los componentes de la política interna el golpe de estado se produce en medio de un proceso electoral. Es un golpe de estado, es la interrupción violenta del orden institucional, es un golpe de estado con componentes racistas y con ganadores en el orden internacional. Los decretos de nacionalización de los recursos naturales y la definición del territorio nacional boliviano como reserva nacional provoca rispideces con propietarios privados y la adecuación por derechos adquiridos entre las “pertenencias” y los “parcelamientos”. Estos conflictos se agudizan con la sanción de la ley 535 y la modificación de su art. 73 en 2014 por el cual el Complejo Industrial de Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni (CIRESU) pasa a depender de la Corporación Minera Boliviana (COMIBOL) que nos instala en el papel por la apropiación del litio y de otros recursos como el uranio, el torio y las tierras raras también presentes en el Precámbrico boliviano. Alemania, a través de los propios dichos del Gerente Ejecutivo de YBL (Yacimientos Bolivianos de Litio) se beneficiaba al dejar de lado la dependencia del aprovisionamiento de China, lo que no sucedió porque el acuerdo cayó. Estados Unidos depende de su aprovisionamiento en tierras raras de China y perdió mercados en el sudeste asiático. Los analistas políticos enmarcan su intromisión y colaboración en el golpe de estado como una etapa de la adecuación periódica de la doctrina Monroe. El escenario geopolítico global muestra una planificación del futuro hasta mediados del siglo de parte de aquellos países que tienen posiciones hegemónicas que parecen no estar dispuestos a acercarse al respeto y cuidado al medioambiente. El debilitamiento de gobiernos y el retroceso en integración regional nos pone cada vez en más riesgo. Bibliografía: Agambem, G. Estado de excepción. Editorial AH. España.2004 Cohen, Stanley, Estados de negación: ensayo sobre atrocidades y sufrimiento, Buenos Aires, Facultad de Derecho UBA - British Council Argentina, 2005. Feierstein, D. Seis Estudios sobre Genocidio. Buenos Aires. Eudeba. 2007 Koerner, A. Ordem Politica e sujeteito de direito no debate dos Direitos Humanos. Lua Nova. Sao Paulo. N 57, pp 87-111, 2002. Tejada Soruco, Alicia. Minería en las tierras bajas bolivianas. Cochabamba, Bolivia. CEDIB, 2012 8