Honduras: el desafío de construir
una salida a la crisis
Escenarios prospectivos 2012–2015
Colección Informes Nacionales de Prospectiva Política
PAPEP-PNUD
Junio - 2012
Honduras: el desafío
de construir una
salida a la crisis
Escenarios prospectivos
2012-2015
Antonio Aranibar y Antonella Spada
Segunda edición 2012
Honduras: el desafío de construir una salida a la crisis. Escenarios prospectivos 2012-2015/PAPEPPNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Esta publicación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es resultado del trabajo
conjunto de un equipo multidisciplinario de investigación de la red hondureña y latinoamericana del
Proyecto de Análisis Político y Escenarios Prospectivos (PAPEP). Las opiniones expresadas en este
documento no necesariamente reflejan la posición del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, o de sus Estados Miembros.
Nota. El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y mujeres es una
de las preocupaciones de nuestra Organización. Sin embargo, con el fin de evitar la sobrecarga que
supondrían utilizar o/a para marcar la referencia a ambos sexos, se ha optado por utilizar el masculino
genérico, en el entendido que todas las menciones en tal género representan, sin discriminación, a
todos/as, hombres y mujeres.
Diseño de tapa: Cinenómada
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Producción:
Plural editores
Av. Ecuador 2337 esq. c. Rosendo Gutiérrez
Teléfono: 2411018 / Casilla 5097 / La Paz, Bolivia
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Impreso en Bolivia - Printed in Bolivia
En Memoria de Diego Achard,
político, comunicador y escritor uruguayo, cofundador de PAPEP, siempre
apasionado y realista, comprometido y preocupado por encontrar los
horizontes posibles de una Honduras mejor.
De haber tenido eco el sentido profundo de sus preocupaciones, hace
siete años, posiblemente sería otro el título de este informe.
A cinco años de su fallecimiento,
8 de Mayo de 2012
Autoridades Institucionales
José Manuel Hermida
Representante Residente del PNUD Honduras
Antonio Aranibar Arze
Director Regional PAPEP
Coordinadores del Informe
Sergio A. Membreño Cedillo
Coordinador de Gobernabilidad Democrática del PNUD
Honduras
Miguel Cálix
Investigador Nacional PAPEP
Investigadores
Antonio Aranibar
Antonella Spada
Luis Eduardo González
Gonzalo Kmaid
María Fernanda Boidi
Marco Cambar
Gustavo Fernández
Tatiana Larrea
Eugenio Sosa
Asesores
Fernando Calderón, Jaime Gazmuri
y Luis Eduardo González
Colaboraciones
Sonia Álvarez, Pablo Da Silveira, Rafael Espinosa,
Liliam Interiano, Santiago Farjat, Pablo Kuri,
Vincenzo Placco, Jaime Salinas, Cinthya Velásquez,
José Vélez, Rocío Tábora, Francisco Canedo,
Matías Gallardo, Sandra Jemio, Fernando Molina,
Isabel Nava, Juan Carlos Reyes, Benjamín Rodríguez.
Índice
Prólogo ..................................................................................................
9
Presentación .........................................................................................
13
Introducción.
El desafío de gestionar de una crisis compleja.....................................
15
Honduras a tres años
del golpe de Estado ..............................................................................
19
1.1. Crisis política:
Las instituciones políticas en cuestión .........................................
19
El impacto del crisis política sobre
las instituciones democráticas .......................................................
19
Claves de la reconfiguración
del sistema de partidos ..................................................................
22
1.2 Crisis social: Los rostros de la fractura social ...............................
28
La fractura social vista desde
los indicadores socioeconómicos ...................................................
28
La fractura social vista desde los ciudadanos.................................
31
1.3 Crisis económica: Los desequilibrios persistentes .......................
35
Orientaciones políticas
y opciones ciudadanas frente a la crisis ...............................................
37
2.1 Configuraciones posibles del sistema de partidos.......................
37
2.2 Orientaciones ciudadanas de salida a la crisis ..............................
40
Honduras en los próximos tres años:
¿Luz al final del túnel? ............................................................................
45
3.1. Los desafíos estratégicos del mediano plazo ..............................
45
3.2. Escenarios prospectivos (2012-2015) ............................................
49
Escenario 1.
La democracia fuera
de la “zona de riesgo”. Construyendo
una salida sostenida de la crisis ....................................
50
Escenario 2. La gestión de la fractura social.
Oxígeno socioeconómico
con riesgos de insostenibilidad política .......................
53
Escenario 3. La crisis permanente.
El orden estatal en crisis ...............................................
55
Escenario 4. El despertar de la política.
Oxígeno político en un contexto
de vulnerabilidad e incertidumbre ...............................
57
Corolario:
Honduras en la encrucijada ..........................................
59
Bibliografía .............................................................................................
61
Anexsos..................................................................................................
67
Anexo 1.
Tablas y gráficos ............................................................
67
Anexo 2.
Herramientas metodológicas
y fuentes de la investigación (2010-2012) ....................
72
Metodología
de construcción de escenarios......................................
74
Anexo 3.
Prólogo
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) –Honduras con el
propósito de generar análisis, reflexión y propuestas que orienten a un debate
sobre las causas y elementos estructurales y de coyuntura de la gobernabilidad, así
como precisar los desafíos que enfrenta la democracia y el desarrollo de Honduras
mediante el Proyecto de Análisis Político y Escenarios Prospectivos (PAPEP), ha
conducido a lo largo de 2010 y 2011 un proceso de discernimiento, investigación y
análisis continuo tanto a las tendencias internacionales que inciden en la realidad
hondureña como en los complejos procesos internos de la economía, la política
y la sociedad, valorando en ese contexto, las orientaciones y perspectivas de los
liderazgos y los ciudadanos hondureños.
Los resultados principales de ese proceso se recogen en el presente informe nacional
de prospectiva política 2012-2015, el tercero para Honduras.
El mismo da continuidad a un proceso iniciado por el PNUD Honduras en el 2001
con la creación de la Unidad de Prospectiva y Estrategias (UPE), como instancia
de difusión y análisis para generar estrategias de desarrollo humano para el país,
la cual fue continuada y fortalecida en 2002 con el Programa de Análisis Político
y Escenarios Prospectivos (PAPEP) a nivel regional y la publicación de diferentes
trabajos de prospectiva política, especialmente los documentos “Política y Desarrollo en Honduras 2006- 2009. Los escenarios posibles” (Achard, D. & González,
L.E.) y “Honduras 2008-2009: Desafíos, riesgos y oportunidades” (González, L.E. &
Kmaid, G.) que alertaban que Honduras se encontraba en una zona de riesgo, con
serio potencial de derivar en una crisis de gobernabilidad si los hondureños, y muy
especialmente sus liderazgos, no generaban acuerdos sustantivos para impulsar
las reformas necesarias.
La crisis político-institucional que se pre-figuraba con claridad en los análisis prospectivos de PAPEP de abril y mayo de 2009, finalmente estalló con el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. La restauración plena del orden constitucional que se
logró con la firma del Acuerdo de Cartagena de “reconciliación y consolidación del
sistema democrático en Honduras” del 1 de junio de 2011, la reinserción de Honduras
en la OEA, el retorno del ex Presidente Zelaya y la presentación del Informe de la
Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR),” Para que los hechos no se repitan”,
permitió cerrar el capítulo más álgido de la crisis casi dos años después. En ese contexto, el Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación mostraba el camino
necesario para sanar las heridas del pasado reciente y avanzar hacia la unidad del
pueblo hondureño. Como lo señaló el Secretario General, Ban Ki Moon, esta tarea
“requiere de esfuerzos sostenidos para fortalecer las instituciones democráticas,
Prólogo
9
promover el respeto de los derechos humanos y generar oportunidades sociales y
económicas para todos los hondureños”.
Este tercer informe prospectivo de mediano plazo busca precisamente propiciar
reflexión sobre las condiciones políticas, económicas y sociales que se deben generar
para orientar el país en un camino sostenido de salida de crisis, lo cual implica ser
propositivo y plantear alternativas que respondan a la incertidumbre, complejidad
y fragilidad del escenario hondureño. Para ello, el informe parte de un balance de
los saldos políticos, institucionales, económicos y sociales estructurales que dejó la
ruptura del orden político institucional. Mirando hacia el futuro, el estudio infiere
que los efectos combinados de una crisis internacional de la economía que tuvo un
efecto significativo en Honduras y la propia crisis política, con sus rezagos sociales
de carácter estructural y coyuntural que se convergieron en el 2009, y se agravaron
producto del golpe de Estado, colocan al país en una encrucijada: entre la posibilidad
de consensuar los cambios y reformas necesarias para una salida sostenida de la
“zona de riesgo”, y la posibilidad de profundizar los rasgos de una crisis del orden
estatal que pondría en cuestión la legitimidad de la democracia y las opciones de
desarrollo del país.
En una coyuntura delicada de tránsito y reconfiguración, de profundización de la
crisis, de capacidad de responder a esos desafíos y con alternativas posibles, en un
escenario de creciente complejidad e incertidumbre, marcado por signos de desesperanza de la ciudadanía hondureña, el PNUD pone a disposición de todos los actores
de la sociedad hondureña insumos para la reflexión prospectiva, el debate y la toma
de decisión informada, con el propósito fundamental que las determinaciones que
tome la ciudadanía y los liderazgos políticos, sociales y económicos orienten al país
en la senda de una salida sostenida a una situación de crisis recurrentes y en perspectiva de profundizarse, al no ser enfrentadas en forma integral, eficaz y permanente.
Comprender profundamente los desafíos históricos del país, más allá de las naturales
aprensiones que produce, es lo que permitirá generar espacios de diálogo y visiones
compartidas, que permitan ver la crisis como una oportunidad para analizar las causas profundas de los principales problemas del país y para escuchar las demandas
ciudadanas insatisfechas, modelando un futuro posible y construido colectivamente
por los liderazgos nacionales fundamentado en diálogos y acciones trasformadoras
que conduzcan a la profundización de la democracia, la consolidación del estado de
derecho, y un desarrollo humano incluyente.
Nuestro anhelo y aspiración es que este insumo sea un aporte a la Honduras que
todos los hondureños y hondureñas aspiran, demandan y sueñan, nutrida del imaginario colectivo y del pensamiento de sus próceres e intelectuales. Una Honduras
posible construida por un liderazgo visionario, ético y renovador expresado en la
ciudadanía y los liderazgos emergentes de este siglo XXI.
10
Honduras: el desafío de construir una salida a la crisis
A nombre del PNUD Honduras, agradezco a todas las personas que tomaron parte
del proceso de análisis, así como a las y los investigadores, analistas y líderes en
Honduras y fuera del país por sus aportes, trabajo y acompañamiento. Nuestro
agradecimiento a PAPEP regional y muy especialmente a la Unión Europea y a su
Representante en Honduras por el apoyo financiero brindado.
José Manuel Hermida
Representante Residente
PNUD Honduras
Prólogo
11
Presentación
El presente informe tiene el propósito de analizar la coyuntura hondureña de los
últimos años y sus perspectivas posibles en el periodo 2012-2015, a partir del trabajo
de análisis y seguimiento que el Proyecto de Análisis Político y Escenarios Prospectivos (PAPEP) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) viene
realizando periódicamente en Honduras a partir de mediados de los años 2000.
Los hallazgos acumulados por los distintos procesos de investigación permiten entender los principales factores estructurales que condujeron al golpe de Estado de
2009, los saldos de fondo que dejó la crisis político-institucional entre 2009 y 2011,
las orientaciones políticas y las opciones ciudadanas frente a la crisis, y finalmente
los escenarios posibles de mediano plazo entre las elecciones primarias de 2012 y
el primer año de gobierno de la nueva administración.
La investigación se sustenta en información primaria recabada por el PAPEP en un
trabajo de campo realizado entre 2010 y febrero de 2012, la cual, de acuerdo a la metodología de prospectiva política desarrollada por PAPEP, refleja tres tipos de datos.
En primer lugar, “la voz de la ciudadanía”, a través de varias encuestas de opinión
pública a nivel nacional (cuatro en 2010 y dos en 2011, realizadas por Borges y Asociados, y tres adicionales a cargo de CID Gallup: una en 2010 y dos en 2011); una serie
histórica de indicadores de opinión pública LAPOP (2002-2009); y 36 grupos focales
sobre las demandas y expectativas de los hondureños (12 grupos por cada fecha,
noviembre de 2010, mayo de 2011 y febrero 2012). Los análisis de grupos focales
fueron realizados por Tatiana Larrea, mientras los análisis de opinión pública por
María Fernanda Boidi.
En segundo lugar, “la voz de los líderes”, a través de 39 entrevistas en profundidad
a líderes políticos, empresariales y sociales hondureños, realizadas en noviembre
de 2010, y analizadas por Luis Eduardo González.
Por último, la investigación cuenta con los aportes de cuatro estudios especializados que reflejan “la voz de los expertos”: Análisis de la opinión pública hondureña
a partir de las encuestas LAPOP (por Fernanda Boidi), Dinámica y reconfiguración de
los actores políticos después del golpe de Estado (por Eugenio Sosa), Caracterización
de la situación actual y prospectivas económicas (por Marco Cambar), y Análisis y
perspectivas de la crisis política hondureña, desde una lectura internacional (por
Gustavo Fernández).
Finalmente, en cuanto a bibliografía y fuentes adicionales, se utilizaron, entre otras,
las publicaciones producidas anteriormente por el PAPEP sobre Honduras, estudios
relevantes sobre desarrollo humano y gobernabilidad democrática realizados por
Presentación
13
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Informe de la Comisión
de la Verdad, los informes del Observatorio de la Violencia de la UNAH y varias publicaciones oficiales del Gobierno de Honduras con datos económicos y sociales.
Además, se ha llevado a cabo un monitoreo regular de varios medios de prensa a
lo largo de todo el periodo de investigación1.
El informe prospectivo para Honduras se estructura en dos partes. La primera está
constituida por un documento-síntesis, de autoría de Antonio Aranibar y Antonella
Spada, que pretende resumir los hallazgos más relevantes de cada uno de los estudios, relacionarlos con algunas tesis centrales para construir esquemas interpretativos y presentar varios escenarios posibles para el país, con el fin de llevar a debate
público algunas reflexiones clave sobre la democracia y el desarrollo de Honduras.
La segunda parte, presentada de forma digital en el CD adjunto a esta publicación,
comprende cuatro ensayos complementarios, dos de los estudios especializados
ya referidos, de autoría de Gustavo Fernández y Luis Eduardo González, el informe
de los grupos focales de 2010, redactado por Tatiana Larrea, y un análisis de las
tendencias estructurales subyacentes a la crisis de 2009, redactado por Antonella
Spada. Los mismos han sido escogidos por su calidad y la relevancia de sus hallazgos,
sobre todo en términos de los mensajes centrales que emergen de la “voz” de los
actores: líderes nacionales e internacionales y ciudadanos.
1
Véase la bibliografía y el “Anexo 2: Herramientas metodológicas y fuentes de la investigación (2010 – 2012)”.
14
Honduras: el desafío de construir una salida a la crisis
Introducción
El desafío de gestionar de una crisis compleja
Tanto las causas como los impactos del golpe de Estado de 2009 se retroalimentan,
ocasionando una crisis múltiple y compleja que no sólo perjudica el equilibrio mínimo
de gobernabilidad,1 sino también el grado de integración social, la competitividad
y la capacidad redistributiva de la economía hondureña. En definitiva, la crisis de
legitimidad estatal actual abarca tanto déficits de la democracia como déficits en
el modelo y en el potencial de desarrollo hondureño.
Por ello, antes de pasar a analizar en detalle los impactos de mediano plazo de la
ruptura del orden constitucional de 2009 (sección I), las orientaciones políticas y
las opciones ciudadanas frente a la complejidad de la crisis actual (sección II) y los
escenarios de salida de esta crisis compleja (sección III), resulta oportuno definir
brevemente lo que aquí se entiende por crisis.
Para ello utilizamos las categorías de triángulo de desarrollo (Calderón, F. 2010 ) y
gobernabilidad progresiva (Calderón, F. & Dos Santos, M. 1994). Las mismas consideran los conceptos de gobernabilidad, integración social y competitividad vinculados
por una interacción sinérgica, que hace inconcebible el analizarlos aisladamente.
Calderón (2010) sostiene que “el logro de un nivel óptimo de gobernabilidad será
posible si con ello se alimenta un crecimiento económico basado en una competitividad auténtica y si se sustenta en un sólido consenso construido por actores
sociales que, concertadamente, buscan elevar la calidad de vida de la población. En
el mismo sentido, la competitividad será sustentable en la medida en que refuerce
la calidad de la sociedad tanto en términos educativos como de expansión de los
mercados de consumo; bajo este entendido, la misma integración social constituye
una fuerza productiva. Por último, la integración social no será sólida si no está
asociada a políticas eficaces, coherentes y legítimas de gobierno y crecimiento
sostenido de la economía”.
Este triángulo “es fundamental para alcanzar cierta capacidad endógena de desarrollo”; sin embargo, necesita de “un marco institucional que delimite concertadamente
no sólo las reglas del juego, sino que se adecue a las características históricas del
cambio socioeconómico de la región y de la realidad global”. Dicho marco está
constituido por un rectángulo, cuyos cuatro vértices son: i) un conjunto de normas,
derechos y obligaciones claros en cada uno de los tres ámbitos (gobernabilidad,
1
Gobernabilidad sistémica, es decir la que busca la continuidad del régimen político a través de un equilibrio
entre los actores con capacidad inmediata de desestabilización política y/o económica (Ansaldi,W. 1995).
Introducción
15
integración social y competitividad); ii) patrones de continuidad del marco institucional; iii) un marco institucional legítimo (tanto el punto ii como iii son garantía de
previsibilidad y reducen la incertidumbre), y iv) patrones culturales e institucionales
para el procesamiento de los conflictos.
A la luz de este esquema, Calderón afirma que en el centro del triángulo se coloca
el núcleo auto-referido de desarrollo, “que comprende factores internos de productividad y competitividad y una matriz de actores sociales que comparten una
estrategia de inserción productiva en la economía y la cultura internacional.”
gráfico 1: Triángulo del desarrollo
Fuente: Calderón, F. (2010)
Aplicar estos conceptos a los rasgos estructurales y coyunturales de la democracia
y del desarrollo hondureños supone caracterizar el momento actual a partir del
desafío histórico de gestionar nada menos que una crisis multidimensional causada
por déficits importantes en cada uno de los vértices del triángulo del desarrollo: la
gobernabilidad democrática, la integración social y la competitividad del país, es
decir, una crisis que afecta las opciones de desarrollo de mediano y largo plazo de
Honduras.
Con estas claves de lectura, se argumenta a continuación que el golpe de Estado
de 2009 tuvo básicamente tres grandes resultados: i) en la dimensión políticoinstitucional, cuestionó el orden político y el sistema político vigentes, poniendo
en duda su legitimidad; ii) en la dimensión socioeconómica, profundizó la fractura
social que ya se dibujaba por razones estructurales; iii) agravó los desequilibrios
económicos que también venían acumulándose desde hacía tiempo. Son fenómenos
que han afectado de forma durable a la democracia hondureña y tienen el potencial
de afectar a las opciones de desarrollo de país (gráfico 2).
16
Honduras: el desafío de construir una salida a la crisis
gráfico 2: La naturaleza de la crisis del 2009:
rupturas y efectos profundos
Fuente: Elaboración propia en base a Calderón, F. (2010).
Introducción
17
1
Honduras a tres años
del golpe de Estado
1.1. Crisis política: Las instituciones políticas en cuestión
El impacto del crisis política sobre las instituciones democráticas
El golpe de Estado, sumado a las fragilidades y déficits acumulados desde hacía
tiempo, provocó fracturas de tal profundidad que cuestionó seriamente los fundamentos del orden político democrático pre-existente, afectando al mismo tiempo
la legitimidad del Estado y los pilares sobre los cuales se asentó la democracia en
los últimos treinta años.
Este es el resultado de los impactos que la crisis político-institucional del periodo
2009-2011 provocó en varios componentes del orden político pre-crisis2: i) el cuestionamiento de los principales pactos políticos y sociales en los que se basaba ese
orden, y en primer lugar la Constitución de 1982; ii) la crisis del “acuerdismo hondureño” como principal mecanismo de gestión política; iii) la nueva centralidad de
las Fuerzas Armadas en el proceso político; iv) la erosión de la legitimidad de las
instituciones, entre otros por una suerte de institucionalización de las prácticas
de corrupción en el Estado; y v) el cuestionamiento del bipartidismo y, en general,
del sistema de partidos vigente, como instrumento efectivo de representación y
mediación entre el Estado y la ciudadanía.
No es casualidad que el detonante del golpe haya sido la divergencia de visiones
en torno a la Constitución de 1982, es decir, al pacto social y político entre Estado y
ciudadanía. El cuestionamiento de la norma suprema (explícita) es la manifestación
del cuestionamiento de una serie de normas y pactos implícitos entre los actores
estratégicos, lo que explica la incapacidad de estos mismos actores para canalizar
y gestionar la crisis en el marco de la institucionalidad del orden vigente. De hecho,
el golpe supone el rompimiento –si no total, por lo menos parcial– incluso de los
“mecanismos para-institucionales”3 que tradicionalmente fueron muy utilizados en
2
3
Cuando hablamos del orden político nos referimos a la sumatoria de régimen y sistema político, es decir, a
los elementos normativos formales e informales (normas, reglas y procedimientos básicos de gestión del
poder, los cuales se basan en valores y orientaciones consensuados por los actores estratégicos), a los
actores centrales (institucionales o no) y a las interacciones y relaciones de poder que rigen entre ellos
Como dice Calderón, citando a Donzelot (1994), la para-institucionalidad es una práctica en la cual se combina la libre interpretación de los principios legales, la transgresión consentida de normas y la producción
de una legalidad informal con una jurisdicción propia y localizada, libre de amarras jurídicas y burocráticas
del Estado “formal”, que dislocan y subvierten la supuesta centralidad y unicidad del derecho formal como
regla ordenadora de la vida social. Estos autores señalan que la “para-institucionalidad” es una característica
del conflicto y la negociación en la mayoría de los países de la región (PNUD-PAPEP-Fundación UNIR, 2011).
Honduras a tres años del golpe de Estado
19
la democracia hondureña para consensuar importantes decisiones: acuerdos entre
élites de los sectores más relevantes de la sociedad.
Una expresión de la “crisis del acuerdismo hondureño” fue el hecho que tanto los
partidos políticos como otros actores que por tradición ejercían importantes tareas
de mediación y negociación política (la iglesia, algunos “notables”, la academia, y
algunas organizaciones sociales) perdieron o renunciaron a su capacidad de mediación, sobre todo en la fase más aguda de la crisis de 2009. El golpe dejó patente, que
el Estado no pudo ofrecer mecanismos institucionales de canalización y gestión de
las tensiones políticas, en los momentos más agudos de la crisis, ya que sus mismas
instituciones habían tomado posición en el enfrentamiento.
La propuesta de reformar la Constitución, a través de mecanismos de participación
(de la cuarta urna y, posteriormente, de la Asamblea Constituyente) asentó y dio un
horizonte a ese imaginario de cambio instalado en la población. Con ello produjo
un cierto “reencantamiento” con la política y al mismo gatilló un proceso de polarización política y social en los meses previos al golpe de Estado, tensiones que el
“acuerdismo” fue incapaz de procesar. Si el golpe de Estado pretendió cortar de
raíz estas tendencias, por el contrario terminó de galvanizarlas al punto que hoy
ambas constituyen un dato de la realidad sociopolítica del país.
De hecho, las encuestas muestran una tendencia persistente a apoyar un “cambio”
definido políticamente por la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Cuatro mediciones semestrales registradas entre abril de 2009 y diciembre de 2011, muestran que: i)
se trata de un tema de debate posicionado entre la ciudadanía: la tasa de no respuesta
ha disminuido de forma sostenida del 23% al 5% en un año y medio; ii) las posiciones más
extremas opuestas a la realización de una Asamblea Constituyente han disminuido de
forma sostenida a lo largo del periodo, pasando del 21% al 7%; y iii) las posiciones a favor
de la convocatoria a una Constituyente se han incrementado fuertemente, pasando del
42% en Octubre de 2009 al 71% en Diciembre de 2011, con un salto significativo el último
año, entre quienes se muestran “muy de acuerdo” con este proceso, de 12% a 23%.
tabla 1: Evolución del apoyo ciudadano a la Asamblea Constituyente
¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con la convocatoria a una Asamblea Constituyente?
Muy de Acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
NS/NR
abr-09
oct-09
may-11
dic-11
12,10%
13,80%
22,60%
22,90%
43%
27,80%
36,30%
43,80%
17,50%
31,20%
19,80%
21,30%
21%
14,40%
10,60%
7,40%
22,90%
12,80%
10,60%
4,60%
Fuente: Elaboración propia con datos de Borges y Asociados 2009 -2011.
20
Honduras: el desafío de construir una salida a la crisis
El vacío dejado por los actores políticos en la gestión de la crisis fue ocupado por
las Fuerzas Armadas, lo que, como señala el Informe de la Comisión de la Verdad y
la Reconciliación, revirtió los avances conseguidos por las reformas democráticas
que apuntaban a separar las Fuerzas Armadas de la administración pública y de la
política. Se puede decir que las Fuerzas Armadas recuperaron el rol de “árbitro”
que habían perdido y que, si bien en las formas previstas institucionalmente, volvieron a ocupar un espacio político significativo. Así lo indica el que varios Generales
hayan asumido cargos directivos en la administración pública en el Gobierno Lobo
y la reciente creación de un nuevo partido liderado por ex Generales de las FFAA
(Alianza Patriótica).
Por otra parte, como reconoce el Informe 2011 del Consejo Anticorrupción, la amnistía concedida a los miembros de ambas partes del conflicto, no sólo por delitos
políticos sino también por los vinculados a la corrupción y el uso discrecional de los
recursos públicos, ha aumentado la percepción de impunidad. Sumando los efectos
de factores estructurales y coyunturales, la Encuesta Nacional de Percepción de la
Corrupción de 2011 indica una alta desconfianza sobre la honestidad de todos los
sectores e incluso de la propia sociedad. El 98% de la población percibe que existe
corrupción en el país, el 34% que la corrupción es “mucha” y el 64% que es “muchísima”. La encuesta clasifica la corrupción como el tercer problema más importante del país. Ocho de cada diez personas manifiestan tener poca confianza en las
entidades públicas nacionales, y un resultado similar se registra a nivel municipal.
Lo mismo pasa con los partidos políticos. Los ciudadanos manifiestan importantes
dudas sobre la independencia de los tres poderes del Estado, entre sí y respecto
a la influencia de los partidos políticos y de la empresa privada (Consejo Nacional
Anticorrupción, 2011).
Si bien el informe destaca esfuerzos recientes realizados en el combate contra la
corrupción como el Plan del Poder Ejecutivo contra la Corrupción 2007-2010, el monitoreo de Enterprise Surveys (del Banco Mundial) para SANAA, Hondutel, ENEE y
la DEI,4 el reciente Plan de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (2011- 2014)
y el Plan Mejora de la Gestión, Transparencia y Escrutinio de las Finanzas Públicas,
los resultados de la encuesta muestran no sólo que los ciudadanos opinan que no
se han obtenido resultados en la lucha contra la corrupción sino que esta habría
aumentado en los últimos diez años5 y manifiestan un fuerte pesimismo sobre la
posibilidad de revertir estas tendencias. Más aún, el 43% de la población hondureña
manifiesta que la principal razón por la que existe corrupción “es porque las leyes
no se cumplen” (Consejo Nacional Anticorrupción, 2011), y expresa su preocupación por el grave problema de la impunidad. El estudio señala la existencia de tres
problemas relacionados: la debilidad del sistema judicial, la debilidad del control
4
5
Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA); Empresa Nacional de Energía
Eléctrica (ENEE); Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).
Según datos del informe el 98,9% de la población mayor de 18 años opina que la corrupción se ha incrementado o mantenido en los últimos diez años.
Honduras a tres años del golpe de Estado
21
sobre los procesos presupuestarios y la concentración de los poderes económicos
y políticos; de acuerdo al estudio, resolver estas cuestiones debe ser la prioridad
de cualquier estrategia anti-corrupción.
Por último, el rol que jugaron los partidos políticos tradicionales y el Congreso en
el golpe de Estado terminó de cristalizar una serie de cuestionamientos profundos
al sistema de representación previo a la crisis. Lo que se puso en duda es tanto su
capacidad de identificar y representar adecuadamente las demandas de la población
por largo tiempo insatisfechas (tanto las referidas a mayores y más equitativos derechos socioeconómicos, como las relacionadas a una democracia más participativa,
horizontal e incluyente) como su la incapacidad de gestionarlas, mediando adecuadamente con el Estado y generando respuestas de política. Como se ha señalado, la
crisis de representación de los partidos afectó la capacidad del conjunto del sistema
de toma de decisiones para ejercer la función de mediación, por lo que se puede
decir que la crisis de 2009 marca un punto de inflexión en la trayectoria del sistema
y los mecanismos de relacionamiento entre el Estado y la sociedad.
De esta forma, como señala Gonzalez (2011), “la gran mayoría de los miembros de las
élites coincide en un punto: los acontecimientos recientes contribuyeron a profundizar el desencanto de los hondureños hacia sus líderes políticos, hacia los partidos y
hacia las propias instituciones”. Este distanciamiento se refleja, entre otros, en la caída
de la confianza ciudadana en las organizaciones políticas6, tendiendo a potenciar la
emergencia de nuevos actores (“outsiders”7) y discursos políticos con posibilidades
de canalizar el descontento ciudadano especialmente en cuanto hace a las dinámicas
de la inseguridad, la violencia, la pobreza y el desempleo (Spada, A. 2012).
Según la encuesta PAPEP de mayo de 2011, el 38% de los ciudadanos sostiene que
los partidos realizan un trabajo malo o muy malo, y el 42% cree que éste es regular.
Si bien este dato no es nuevo, y los partidos políticos tradicionales han demostrado
ser tremendamente resilientes a las distintas coyunturas históricas por las que atravesó el país, es sobre esta desafección persistente, sobre la demanda de cambio que
vehicula la Constituyente y sobre la polarización política de la sociedad hondureña,
que se asienta un proceso en marcha de reconfiguración del sistema de partidos.
Claves de la reconfiguración del sistema de partidos
La lectura que los líderes hondureños hagan de las causas de la crisis de representación del sistema político y las respuestas que generen a los desafíos que esta
implica serán determinantes para las posibilidades de la democracia y el desarrollo
en Honduras.
6
7
Otra expresión de esta desafección es el recambio de los diputados, superior al 60%, en cada elección del
Congreso Nacional, lo cual denota la dificultad en consolidar liderazgos con una cierta legitimidad.
Como ya alertaba el informe PAPEP 2008- 2009 (González, L.E. & Kmaid, G. 2008) y como lo confirmaban
los Grupos Focales de 2010, una de las opciones que la ciudadanía ve como una salida es la aparición de un
outsider (Larrea, T. 2010).
22
Honduras: el desafío de construir una salida a la crisis
De hecho, acelerando un proceso ya en curso, la crisis de 2009 ha hecho patente
dos grandes visiones sobre la coyuntura (y sus causas), y en consecuencia, sobre las
orientaciones políticas en pugna por guiar las decisiones estratégicas del país. Según
los resultados de la ronda de élites elaborada para este estudio y sistematizada en
González (2011), al interior de los partidos, y en particular en el Partido Liberal y en el
Partido Nacional, se da un debate intenso sobre la manera de enfrentar los déficits
de la democracia hondureña al cual subyacen divergencias de diverso tipo, algunas
más faccionales/personalistas y otras más estratégicas/ideológicas.
Por un lado, algunos dirigentes políticos reafirman las orientaciones que han prevalecido hasta ahora en el país y creen que si el Estado se limitase a cumplir con sus tareas
básicas (comenzando por la seguridad) e interfiriese poco en las actividades económicas, entonces la economía crecería y este crecimiento, finalmente, comenzaría a
“gotear hacia abajo”, mejorando las condiciones de vida de la población (González,
L.E. 2011). De acuerdo con esta visión, que González define como “tradicionalista”, no
sería necesario hacer reformas socioeconómicas o político-institucionales importantes, sino que sería suficiente: i) ser más eficientes y trasparentes en la gestión política
y económica, para generar condiciones de estabilidad y seguridad indispensables
a la inversión, ii) aumentar la productividad de la economía, iii) contar con políticas
sociales que respondan en el corto plazo a las carencias más dramáticas. Al mismo
tiempo, los partidarios de esta visión resaltan la importancia que tiene la evolución
de las dinámicas externas, tanto en términos económicos como de seguridad, para
la solución de los problemas más importantes del país.
Por otro lado están los dirigentes que creen que esa ruta conduciría al fortalecimiento del orden político tradicional, y que la historia muestra que por esa vía no hay
progreso ni equidad, ni, por tanto, oportunidad para superar las limitaciones de la
sociedad actual. Las mejoras que eventualmente se produjeran serían limitadas y
lentas, y no lograrían satisfacer las expectativas crecientes de la población, por lo
que se mantendría una fuerte fractura social. “Sería un camino incompatible con las
instituciones democráticas: llevaría a una crisis tal vez más profunda que la de 2009,
porque las expectativas crecientes de la población ya no aceptarían un retorno al
pasado; la paciencia y los tiempos disponibles para comenzar a ver cambios reales
son limitados” (González, L.E. 2011). Los partidarios de esta visión ven necesario
hacer profundas reformas para revertir el “mal rumbo” en el cual se encuentra el
país. González define esta visión como “reformista”.
Sin duda, el parte aguas que diferencia ambas visiones tiene que ver tanto con su
mirada sobre las causas que llevaron al golpe de Estado (y, por tanto también con
el rol que jugaron a lo largo de la crisis 2009-2011) como, sobre todo, con su posición
sobre la agenda de la reforma constitucional/institucionales.
Entre los primeros, tiende a predominar la idea de que un proceso de reforma de la
Constitución, no sólo es innecesario para dar respuesta a las demandas ciudadanas,
sino que reforzaría dinámicas de polarización en el sistema político, profundizaría
Honduras a tres años del golpe de Estado
23
la división entre hondureños, generaría altas dosis de incertidumbre y distraería a
las instituciones de la resolución de los problemas del país; en definitiva supondría
reabrir la “caja de pandora” que llevó al país a la crisis política. Entre quienes sostienen esta visión, en el mejor de los casos opinan que este proceso podría darse
en el marco de una agenda congresal organizada.
Entre los segundos, tiende a predominar la idea de que la profundidad de la crisis
y la gravedad de los problemas del país requieren de instituciones democráticas,
legítimas y fuertes, que favorezcan nuevas maneras de ejercer ciudadanía a través
de mecanismos de democracia directa. Dado el peso de los poderes fácticos y la
debilidad crónica de las instituciones, en su opinión, sólo un proceso de reformas
permitiría abrir el sistema político para introducir las transformaciones institucionales
profundas que se requieren en el ámbito político, económico y social. Entre quienes
sostienen esta visión, existen posiciones diferenciadas respecto del tipo de cambios
que se deberían impulsar, sobre su temporalidad y su profundidad.
Una segunda clave para comprender las posibilidades y los límites del proceso de
reconfiguración política en curso, tiene que ver con la forma en que este debate de
ideas sea procesado por los partidos tradicionales y sea vehiculado por las nuevas
organizaciones políticas en formación. De ello dependerá la nueva oferta política y
sus posibilidades de dar respuestas a la crisis de representación actual.
De acuerdo al análisis desarrollado por Sosa (2011) en el marco de este proceso de
investigación, el mayor impacto de los acontecimientos de 2009 sobre el Partido
Liberal de Honduras (PLH) fue sumir al partido en una crisis de identidad ideológica.
Al haber participado directamente en el golpe de Estado, perdió buena parte de su
legitimidad como portador de un ideario progresista, constitucionalista y sensible a
las demandas sociales. El PLH sufrió en noviembre de 2009 la peor derrota electoral
de los 30 años de democracia, no sólo por su magnitud (el partido terminó a una
distancia de 18,5 puntos porcentuales del Partido Nacional en la papeleta presidencial
y con 26 diputados menos),8 sino porque este resultado fue producto de un distanciamiento de las bases liberares, que quisieron dar una señal de “decepción” a los
dirigentes. De hecho, un destacable número de liberales no fueron a votar en las
elecciones de 2009, atendiendo al llamado a la abstención hecho por el Presidente
Zelaya. Hasta comienzos de 2012, el partido no había producido acuerdos para mantener su unidad, y buena parte de los liberales en resistencia se salieron del partido
para unirse a la nueva agrupación partidaria liderada por la pareja Zelaya-Castro y
aliada con el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP). Si bien la situación del
PLH es compleja, en especial por las dificultades de identificar liderazgos con capacidad aglutinadora y la escasa fuerza de su oposición al gobierno actual, el análisis
no permite subestimar las bases, la maquinaria electoral y la experiencia que este
partido aún posee.
8
Véase el Gráfico 1 en el Anexo 1.
24
Honduras: el desafío de construir una salida a la crisis
Una de las consecuencias del golpe de Estado fue la victoria del Partido Nacional
(PN) en las elecciones de 2009. Hasta entonces, el PN había sido tradicionalmente
minoritario respecto al Partido Liberal y el candidato de este último partido, Elvin
Santos, llevaba una ventaja de aproximadamente 14 puntos porcentuales sobre el
por entonces candidato, Porfirio Lobo9.
Una vez conquistado el gobierno, el principal desafío para el PN es gestionar en
unidad una serie de diferencias internas sustanciales para revertir el tradicional ciclo
de alternancia política, que ha consistido en dos gobiernos liberales y uno nacionalista. Si bien el éxito de la corriente del “humanismo cristiano” dentro del partido
le ha dado a éste una línea modernizante, un poco más de centro, es posible que
las posturas partidarias que enarbolan las banderas tradicionales del partido sigan
siendo mayoritarias entre las bases militantes. Además, es probable que la primera
corriente pague con cierto desgaste el haberse hecho cargo de la gestión gubernamental. De hecho, ya ha tenido que enfrentar un cierto costo por la conformación
de un Gobierno de Unidad Nacional, en la cual se abrió a otras fuerzas políticas, y
por su aceptación de las condiciones del Acuerdo de Cartagena.
El predominio de una u otra de estas tendencias será determinante para el partido
y, por tanto, para las dinámicas de relacionamiento entre fuerzas políticas.
El surgimiento de nuevas organizaciones políticas es uno de los elementos centrales
del proceso de reconfiguración del sistema de partidos. Sus resultados en términos
de redefinición real de la correlación de fuerzas y de representación incluyente
determinarán las nuevas dinámicas del sistema político, en particular su capacidad
de respuesta distinta y eficaz a los problemas estructurales del país.
El principal actor que surgió como producto del golpe de 2009 con potencial de
renovación del sistema político fue el Frente Nacional de Resistencia Popular
(FNRP), por entonces un movimiento social heterogéneo que aglutinaba a actores
muy diversos surgido del rechazo y la resistencia al golpe de Estado, y que hoy es el
brazo social de la agrupación política Libre (Libertad y Refundación), inscripta bajo
el liderazgo del ex Presidente Manuel Zelaya y su esposa Xiomara Castro. De esta
forma, se dio un primer paso en la resolución de las dos grandes tensiones que, según
Sosa (2011), atraviesan al Frente desde su nacimiento. En primer lugar, la tensión
popular–liberal, que se expresa en lógicas de acción política diferenciadas asociadas
a la historia política de quienes convergieron en la conformación del Frente: por un
lado la lógica gremial de las organizaciones sociales, por el otro, la lógica partidaria
de los liberales en resistencia provenientes del PLH. En segundo lugar, la tensión
entre convocatoria constituyente y participación en los procesos electorales que
remite a visiones, lógicas y estrategias diferenciadas: apostar por una actitud “antisistémica” priorizando la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente a la
brevedad posible, o más bien apuntar a priorizar la conquista del poder mediante
el voto con la conformación de un partido político.
9
De acuerdo a la intención de voto medida por distintas encuestas en julio de 2009.
Honduras a tres años del golpe de Estado
25
Si en algún momento estas tensiones se exacerbaron al punto de hacer probable
la división del movimiento, el liderazgo del ex presidente Zelaya y su retorno al país
permitieron, al final, definir una sola línea política y mantener la unidad. El Frente
dio un paso fundamental en su Asamblea del 11 de febrero de 2011, cuando ratificó
la decisión de transformarse en un partido político. Sin embargo, el peso que la
Asamblea Nacional Constituyente tendrá en su agenda política, y la estrategia política
que Libre (y su brazo social, el FNRP) usará para llegar a ella, aún no están claros.
Ello dependerá de los equilibrios internos a los que llegue Libre, de la correlación de
fuerzas que emerja de las elecciones primarias10 y del grado de apertura del sistema
político en su conjunto a discutir, incorporar e implementar reformas. En el caso
en que esta constelación de factores, fortalezca comportamientos “sistémicos”
dentro de Libre, es decir a las fuerzas que están dispuestas a negociar aperturas y
reformas, ello podría favorecer la celebración de acuerdos y negociaciones en el
marco institucional. Caso contrario, podrían prevalecer posturas y comportamientos
“anti-sistémicos” que empujarían hacia una eventual radicalización de las posturas de
Libre colocando al centro de la agenda el debate aún irresuelto sobre la posibilidad
y las condiciones de convocatoria a una Asamblea Constituyente.
Además de Libre, en los primeros meses de 2012, el Tribunal Supremo Electoral ha
inscrito tres nuevos partidos políticos: el Partido Anticorrupción (PAC), encabezado
por el periodista Salvador Nasralla; el Frente Amplio Político Electoral en Resistencia
(FAPER), liderado por el activista de derechos humanos Andres Pavón; y Alianza
Patriótica, encabezado por el ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas
Armadas, Romeo Vásquez Velásquez. La mayoría de las nuevas propuestas políticas
poseen rasgos de un liderazgo personalista. Esta parece ser una respuesta a tendencias que empiezan a delinearse en la sociedad hondureña: según la encuesta CID
GALLUP de octubre 2011, más del 80% de la población preferiría votar por candidatos
que por partidos, lo que confirma la desafección a las instituciones partidarias.
La emergencia de nuevos actores, la apertura inicial del sistema político a darles
cabida y el apoyo ciudadano con el que parecen contar junto con el intenso debate
al interior de los partidos que históricamente han organizado la vida política hondureña son una importante respuesta inicial a la crisis de representación política que
vive el país. Aún está por verse el tipo de sistema político que emergerá de este
proceso de reconfiguración y su impacto en la capacidad de gestionar progresivamente las demandas ciudadanas, aún más en una fase de transición que comporta
grandes desafíos.
10
De momento, dada la imposibilidad de que el ex presidente Zelaya presente su candidatura, prohibida por
la Constitución de 1982 que aún no ha sido reformada en este punto, las distintas corrientes del partido
consensuaron que Xiomara Castro de Zelaya sea la candidata presidencial única en las internas, y los demás
candidatos compitan por las diputaciones y las corporaciones municipales. La decisión de Libre de participar en las elecciones primarias parece responder sobre todo a la necesidad de “medir” la fuerza electoral
del partido, tanto el apoyo del electorado (en particular su capacidad de captar voto no comprometido o
indeciso), como la capacidad de movilización y organización nacional.
26
Honduras: el desafío de construir una salida a la crisis
Un tercer elemento crítico que tendrá impactos significativos en la reconfiguración
política hondureña es el resultado de la gestión del gobierno del Presidente Porfirio
Lobo. Como señala González en su análisis (2011), “Si la gestión del presidente Lobo
no decepcionara y el Partido Liberal se fortaleciese, sería posible un escenario de
re-consolidación del sistema de partidos en condiciones semejantes a las que existían antes del año 2009. Por el contrario, si uno de los dos actores mencionados no
tuviera éxito, la probabilidad de que el sistema de partidos tradicional se mantenga
sin cambios pasaría a ser media o baja, pues, dada la ‘pérdida de paciencia’ de la
ciudadanía, nuevas ofertas político-electorales podrían tener éxito.”
Un cuarto elemento a tomar en cuenta en la reconfiguración política hondureña
tiene que ver con la presencia de factores geopolíticos regionales. Al respecto, los
procesos electorales en Estados Unidos y Venezuela pueden generar incentivos de
distinto tipo que favorezcan un mayor acercamiento entre los actores hondureños,
como fuera el caso en la firma del Acuerdo de Cartagena con un rol central de los
gobiernos colombiano y venezolano, o por el contrario que promuevan tendencias
polarizantes, tal y como ocurrió con la ruptura del orden constitucional en 2009.
Por último, de la calidad de la organización, del debate y de los resultados que
arrojen los distintos hitos de la ruta crítica electoral (elecciones primarias de 2012 y
elecciones generales de 2013) dependerán los rasgos centrales del sistema político
hondureño post-crisis 2009. Por supuesto, como sucedió en el 2009, no es posible
descartar la eventualidad de que elementos y dinámicas distintas puedan cruzarse
con los procesos electorales con el potencial de generar conflictos político-institucionales que pongan en cuestión, es decir limiten o trunquen, este proceso de
reconfiguración. Si bien hacer un listado de eventualidades que podrían intervenir
en este proceso queda fuera del alcance del presente informe, resulta necesario
analizar al menos dos factores.
Por un lado, la forma en que se inserte el debate de la reforma constitucional y de
la Asamblea Constituyente en los procesos electorales. Ello dado que se trata de
una demanda instalada con niveles de apoyo bastante elevados entre la ciudadanía,
cuya discusión pretendió cortar de raíz el golpe de Estado. Por el otro, la calidad
de los procesos electorales y la disposición de los distintos actores estratégicos de
reconocer y validar resultados electorales que les sean adversos, en un contexto en
el cual la lucha por el poder podría tener implicaciones mucho más importantes que
la simple alternancia en el poder de dos partidos históricos con agendas similares.
Frente a estos desafíos, resulta fundamental contar con una arquitectura políticoelectoral con capacidad de gestionar un nuevo sistema partidario, que abra espacio
a las nuevas opciones y que asegure la eficacia del proceso electoral, de modo que
la limpieza de los resultados electorales quede garantizada a los ojos de todos los
actores políticos, tradicionales y nuevos. Ello se probará en estas elecciones, cuyos
resultados determinarán en buena medida cuál será la evolución del sistema de
partidos y si este generará respuestas efectivas a los desafíos de la crisis de representación.
Honduras a tres años del golpe de Estado
27
Aunque las encuestas y los grupos focales hacen hincapié en el desencanto popular con los partidos, por lo que podría delinearse un deseo de romper con el voto
tradicional,11 esta tendencia podría ser mitigada por un “reencantamiento electoral”
promovido desde los partidos tradicionales, gracias a sus fuertes estructuras, consolidadas en más de cien años de vida política. Sin duda, Honduras atraviesa una
coyuntura histórica de alta incertidumbre e imprevisibilidad política.
Como señala González (2011), “los cambios en los sistemas de partidos no son una
anomalía de la democracia, sino un fenómeno relativamente corriente. A veces ayudan a la democracia, a veces la dificultan. A veces estos cambios producen paisajes
políticos radicalmente nuevos (como pasó en el Brasil después de la última dictadura
militar) y otras veces cambia alguno de los actores pero el funcionamiento general del
sistema se mantiene (como pasó en el Reino Unido tras la Segunda Guerra Mundial,
cuando el Partido Liberal fue sustituido por el Partido Laborista). Los cambios en el
sistema de partidos se vuelven problemáticos cuando llevan a crisis institucionales;
esto es lo que suele ocurrir cuando uno o varios de los actores fundamentales dejan
de ser opción de gobierno sin que aparezcan alternativas viables (como ocurrió,
típicamente, durante la Tercera República francesa)”.
1.2 Crisis social: Los rostros de la fractura social
La fractura social vista desde los indicadores socioeconómicos
La principal consecuencia de la crisis de 2009 en el plano socioeconómico fue la
profundización de una fractura social ya existente. Esta afirmación se sustenta en
la observación de los cambios que tanto el golpe como la crisis internacional produjeron en varios indicadores económicos y sociales; y en el agravamiento de las
percepciones de los ciudadanos y los líderes sobre los problemas que enfrenta el
país, y su capacidad para hacerles frente.
El Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR,2011) sostiene que los
efectos negativos se advirtieron en distintos ámbitos y de manera muy significativa
en el sector externo de la economía, con la caída del 23% de las exportaciones de
bienes y servicios en 2009. Según los cálculos presentados en ese informe, el impacto de la crisis equivalió a un 7,8% del PIB de Honduras en 2008 (1.090 millones de
dólares) y dio lugar a un decrecimiento de -2,1% en 2009. Los sectores sociales más
postergados y vulnerables fueron muy impactados, entre otras cosas por el recorte
de los programas sociales financiados por la cooperación internacional.
Además, como señala Spada, A. (2012) en esta misma publicación, las tendencias
de varios indicadores sociales como el de reducción de la pobreza, el de amplia11
La encuesta CID GALLUP de octubre 2011 encuentra que Salvador Nasralla cuenta con el 68% de favorabilidad y es la imagen pública más aprobada. De acuerdo a la misma encuesta, Xiomara Castro logra un 50% de
opiniones favorables.
28
Honduras: el desafío de construir una salida a la crisis
ción y mejora de servicios sociales, el de avance hacia los ODM, y el de inseguridad
y violencia retrocedieron durante la crisis de 2009. Sin embargo, aquí se quiere
hacer hincapié en los datos que tienen vinculación específica con el golpe o con la
coyuntura post-crisis.
En este sentido, el más preocupante es el empeoramiento de la situación de inseguridad y violencia, a causa de un aumento de los episodios de violación de derechos
humanos y de violencia desde el Estado. Como dice el informe de la CVR, el uso desproporcionado de la fuerza por parte de órganos militares y policiales en ocasión del
golpe de Estado resultó en distintas formas de violación de los derechos humanos. A
la vez, la respuesta de los órganos estatales encargados de su protección fue tardía,
lo que dejó a la ciudadanía en una situación de indefensión. Además, a partir del golpe
se ha registrado un alto número de denuncias de violaciones de los derechos humanos
de los ciudadanos que se movilizaron en contra de él,12 de periodistas, de campesinos
involucrados en los conflictos por la tenencia de la tierra y de grupos sociales específicos como la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (LGBT).
En general, se ha incrementado la percepción de desprotección y la desconfianza
de los ciudadanos respecto a los servicios estatales de seguridad, por ejemplo en
ocasión del asesinato injustificado e ilegal de dos jóvenes13 por parte de oficiales
de la Policía Nacional, disminuyendo aún más la ya baja legitimidad de los órganos
policiales y de la Justicia. Como se desprende de los grupos focales de febrero 2012,
los ciudadanos advierten que no sólo son víctimas de la delincuencia y el crimen
organizado, sino también de quienes en teoría deberían defenderlos.
Como menciona la Relatora Especial de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos tras su visita al país en febrero de 2012, a pesar de algunos importantes
avances como la creación de la Secretaría de Derechos Humanos, el establecimiento de un Mecanismo Nacional de Prevención, acorde a la Convención contra la
Tortura, o la colaboración brindada en ocasión del Examen Periódico Universal, la
“impunidad reinante” y la debilidad de los organismos encargados de sancionarla
deterioran la confianza de la sociedad en sus instituciones. La Relatora destaca en
especial la vulnerabilidad y desprotección en la que se encuentran los defensores
de los derechos humanos y los periodistas (Sekaggya, M. 2012).
Entre las iniciativas promovidas recientemente por el Gobierno en respuesta a estos
temas se encuentra la creación de la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública,
encargada de la depuración policial, pero ésta sufre limitaciones de diversos tipos,
que han limitado el impacto positivo de su trabajo.
12
13
La relatora Especial de las Naciones Unidas sostiene que el golpe de Estado agravó aún más la debilidad
institucional, aumentó la vulnerabilidad de los defensores de los derechos humanos y provocó una mayor
polarización del pueblo hondureño (Sekaggya, M. 2012).
A raíz de este suceso que vio involucrado al hijo de la rectora de la UNAH, el Presidente Lobo destituyó a
varios altos mandos de la Policía y ordenó una investigación que debería terminar en una depuración policial,
proceso actualmente en curso.
Honduras a tres años del golpe de Estado
29
Otros dos problemas que han caracterizado la coyuntura post-golpe y que han
deteriorado el clima social son la polarización política y una incrementada conflictividad social.
El primer fenómeno tiene su origen en la fase más aguda de la crisis de 2009, cuando la intensidad del enfrentamiento entre visiones políticas cada vez más radicales
fue tal, que incluso llegó a afectar los lazos familiares y sociales más estrechos. De
acuerdo a las opiniones registradas en los grupos focales, los hondureños consideran que la fuerte polarización política producida por el rompimiento del régimen
constitucional es una de las principales causas del debilitamiento democrático,
pues hace más difícil la realización de diálogos y acuerdos transformadores. A tres
años del golpe, la polarización política ha disminuido en la sociedad, aunque sigue
latente y podría reactivarse dependiendo del tipo de orientaciones políticas que
prevalezcan en el futuro, con implicaciones importantes para el proceso político
hondureño.
En referencia a la conflictividad social, cabe distinguir los episodios de conflictividad
que se dieron en la fase aguda de la crisis política, de una serie de conflictos que
tienen una naturaleza menos político-partidaria. Si bien entre 2009 y 2011 el número
de conflictos sociales no ha sido muy alto en comparación con el de otros países de
la región, su nivel de radicalización ha sido elevado (PNUD-PAPEP-Fundación UNIR,
2011). Entre ellos cabe destacar por lo menos dos: i) El conflicto por la tenencia de
tierras, concentrado en la zona del Bajo Aguán, y ii) el conflicto protagonizado por
la Federación de Organizaciones Magistrales, en defensa de su estatuto gremial.
Este último ocurrió en la capital, con bastante violencia.
El conflicto del Aguán, además de ser de larga data,14 ha sido sumamente violento.
Según cifras del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, se han registrado alrededor de cincuenta muertes vinculadas directamente con el conflicto en
los últimos años, lo que ha capturado la atención de la comunidad internacional15.
A pesar de que el Gobierno promovió la firma de dos acuerdos (en abril de 2010 y
junio de 2011), éstos no han resuelto el problema, por lo que varios analistas temen
una posible escalada del conflicto conforme se acerque el proceso electoral. Como
concluye el informe latinoamericano de conflictos sociales PAPEP/PNUD, aquellos
países de la región que registran amplias brechas sociales, bajos niveles de calidad
institucional y una propensión a criminalizar la protesta social presentan niveles
mayores de radicalidad en la protesta social. Este es también el caso de Honduras.
14
15
La lucha agraria y política en la región del Bajo Aguan data de hace 16 años. Sin embargo, la toma del grupo
MUCA, que inició esta fase del conflicto, se produjo en diciembre de 2009.
Con iniciativas que han concluido, por ejemplo, en un informe presentado a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos y en una petición a la Secretaria de Estado estadounidense de que se suspenda la
cooperación al país en materia de seguridad.
30
Honduras: el desafío de construir una salida a la crisis
La fractura social vista desde los ciudadanos
Frente a indicadores que dan cuenta de un deterioro continuo de la calidad de vida de
los hondureños16, se detecta un ambiente de malestar y de pesimismo generalizado
que, como se profundiza en la sección siguiente, remata en “una crisis de futuro”
en las percepciones ciudadanas. Según datos de la encuesta PAPEP de diciembre de
2011, el 84% de los hondureños opinaba que “las cosas en Honduras” iban por “mal
camino” y sólo el 12% que las cosas estaban bien enrumbadas. De forma coincidente,
el 84% de los 39 líderes entrevistados en noviembre de 2010, opinó que en el país
existía malestar o mucho malestar con la política.
El indicador de “malestar con la política” elaborado por PAPEP, y cuya evolución
para Honduras se presenta en el documento de Spada, A. (2012), da cuenta de una
situación en la cual los ciudadanos se sienten insatisfechos con sus condiciones de
vida y opinan que los gobernantes, lejos de ser parte de la solución, son parte del
problema. Cuando un sentimiento generalizado de “malestar con la política” se
instala en una determinada sociedad condiciona bajos niveles de satisfacción con
el desempeño de las instituciones democráticas, y cuando este malestar persiste
por periodos prolongados los niveles de apoyo al régimen democrático tienden a
disminuir (Aranibar, A. & Moreno, D. 2012). En el caso de Honduras, el deterioro de
todos los indicadores tradicionales de apoyo y satisfacción con la democracia ha
sido casi una constante a lo largo de la última década.
Los grupos focales permitieron profundizar cualitativamente en ese sentimiento de
malestar con la política y concluir que el imaginario generalizado cuando se hablaba
de la democracia hondureña remite a la imagen de una “democracia secuestrada”
por determinados grupos, por lo que “el problema central no está en el modelo
democrático sino en los actores que lo operan” (Larrea, T. 2010). En términos de los
ciudadanos, la “desgracia” de la democracia tendría que ver con las figuras políticas
que dirigen las instituciones públicas y las gobiernan en beneficio de una minoría,
a las cuales responsabilizan de la precariedad de la situación (Larrea, T. 2012). Esta
percepción se profundizó con el golpe de Estado. Como señala (Larrea, T. 2012),
la ciudadanía atribuye al golpe un empeoramiento de la situación del país: “más
narcotráfico, más corrupción, más problemas y más inseguridad”.
16
Ver Spada, A. (2012) Honduras: de la zona de riesgo al golpe de estado. Análisis de las tendencias estruc
turales.
Honduras a tres años del golpe de Estado
31
gráfico 3: Percepción ciudadana sobre el rumbo del país
En general. ¿le parece que las cosas en Honduras van por buen o mal camino?
Fuente: Elaboración propia con datos de Borges y Asociados
Por ello, al referirse a la política, las principales actitudes ciudadanas muestran
de forma persistente una fuerte desconfianza hacia las instituciones y los actores
políticos: la voluntad ciudadana expresada a través del voto no es respetada (“La
política es un pan que amasamos los tontos para que los políticos se lo coman”). De
esta forma, “las instituciones y actores políticos han convertido a la ciudadanía en
espectadora pasiva de los acontecimientos, positivos y negativos, que suceden en
su país. Su opinión no es tomada en cuenta, sus necesidades no son atendidas, su
limitada participación (a través del voto) no es respetada (derrocamiento, fraude y
oferta política restringida). Estas percepciones hacen sentir a los participantes que
la política “es un juego de unos pocos” (Larrea, T. 2012).
Para los ciudadanos, las características de esta democracia “secuestrada” hacen
imposible imaginar un escenario en el que las organizaciones políticas y sociales
constituyan espacios efectivos de participación ciudadana, y, consecuentemente,
deriva en la auto-exclusión de los ciudadanos de la agenda pública e incluso de la
participación electoral. De hecho, los ciudadanos consideran que las formas vigentes
para acceder a, y para hacer política, por ejemplo la necesidad de ingentes recursos
económicos, la poca trasparencia, las prácticas clientelares, la parcialización de los
medios de comunicación, la transmisión “hereditaria” de la actividad política, la
ausencia de mecanismos de participación, pero también el desconocimiento de la
población de los grandes temas de la agenda de país, sus bajos niveles educativos,
etc. son obstáculos estructurales para su participación.
Los mismos grupos focales develan la gravedad que la corrupción tiene ante los
ojos de la ciudadanía. El fenómeno de la corrupción es visto como el centro de
un círculo vicioso: “Por un lado es producto de la violencia social y de los malos
políticos que con sus acciones generan pobreza y desempleo y, en consecuencia,
el incremento de la violencia; por otro lado, la corrupción genera malos políticos”
32
Honduras: el desafío de construir una salida a la crisis
(Larrea, T. 2010). Algunas de las prácticas concretas que los ciudadanos asocian
con el concepto general de corrupción son: la corrupción política, la impunidad, el
incumplimiento de las leyes (“País de leyes bonitas, lástima que no se cumplen”,
GF, 2010), el manejo poco ético del poder para favorecer a la clase económica dominante, pero también la tolerancia ciudadana a la corrupción cotidiana. Asimismo,
sostuvieron que la corrupción, la ambición personal, el oportunismo, el egoísmo
y la traición son características típicas del político hondureño (Grupos focales,
2012). Por último, relacionan la corrupción con la delincuencia, el narcotráfico y el
crimen organizado.
En definitiva, si los niveles de apoyo a la democracia cayeron significativamente
en Honduras, ello no encuentra explicación en orientaciones autoritarias en la
ciudadanía, sino más bien en su percepción de que las élites que los gobiernan han
secuestrado la democracia para sus propios fines. Como concluye (Larrea, T. 2012):
“Los participantes valoran la democracia […] en tanto y cuanto es lo opuesto a una
dictadura, sinónimo de imposición y represión. Pero esta valoración no basta para
fortalecer la democracia, ya que si apareciera otro sistema en el que se garantice
que no haya imposición ni represión y, adicionalmente les garantice un mínimo
bienestar, no dudaría en apoyarlo”.
En cuanto se refiere a los asuntos socioeconómicos, los grupos focales revelan una
fuerte insatisfacción con el funcionamiento de la economía y una gran preocupación
por el tema de la inseguridad y la violencia. Identifican como los tres grandes déficits
de la economía hondureña: la pobreza, el desempleo (y los malos empleos) y la desigualad. En palabras de un ciudadano: “En un país con desigualdad y hambre, no puede
haber paz”, pues esta situación genera un “resentimiento social” (Larrea, T. 2010).
La importancia que los ciudadanos dan al problema de la desigualdad se refleja también en los resultados de la encuesta PAPEP de diciembre de 2011, según los cuales
el 69% de la población opina que en el país hay más –o mucha más– desigualdad que
hace diez años. Como se destaca en Spada, A. (2012), esta percepción se sustenta
en los datos de evolución del coeficiente de desigualdad de Gini: El crecimiento
hondureño tiene una naturaleza inequitativa y una correlación directa con el aumento de la desigualdad, lo que es un obstáculo estructural a cualquier proceso de
integración social. Como se observa en el gráfico siguiente, en diciembre de 2011,
apenas 8% de los hondureños calificaba de “buena” o “muy buena” su situación
económica personal, mientras que 44% opinaba que su situación era regular y un
porcentaje similar que era “mala” o “muy mala”. Este malestar tiende a reflejar una
serie de disfuncionalidades del modelo económico y productivo.
Honduras a tres años del golpe de Estado
33
gráfico 4: Insatisfacción con la economía
Fuente: Elaboración propia con datos de Cid-Gallup y Borges y Asociados
Más aún, en opinión de los ciudadanos, los elevados niveles de pobreza tienen una
relación directa con el incremento de la delincuencia. Esta estaría alimentada por dos
dinámicas estructurales enraizadas en el día a día de los hondureños. Por un lado, la
desesperación que produce la pobreza, cuyo elemento detonador es el desempleo,
pues en ese caso “la gente roba por desesperación, porque no tiene alternativa y
tiene que llevar comida a la casa” (Larrea, T. 2012). Por el otro, la presencia del crimen organizado. En ambos casos, identifican con claridad los elementos que están
a la base de estos dos tipos de violencia. Los ciudadanos concluyen que Honduras
es “una sociedad en constante peligro” (Larrea, T. 2010).
Los grupos focales realizados en Febrero de 2012 muestran que “el ánimo de los
participantes es negativo, mucho más incluso que en el pasado, pues consideran
que la situación (personal y del país) está peor. Sienten que están viviendo las consecuencias de la crisis iniciada en 2009, la misma que se expresa en el aumento de la
delincuencia y la violencia, la mala situación económica (alza de precios, sobre todo
del combustible) y el desempleo”. Existe una percepción “generalizada de retroceso”
y los ciudadanos sienten que “aprendieron una lección dolorosa, los rompimientos
democráticos traen consecuencias, en este caso, negativas” (Larrea, T. 2012).
Un análisis comparado de las crisis de gobernabilidad que se produjeron en América
Latina en el último ciclo democrático, señala que, cuando el “malestar ciudadano con la
política” (que en definitiva, es un malestar con condiciones de vida precarias, cuya causa,
persistencia o agravamiento se tiende a atribuir a los gobernantes) se combina con un
contexto económico deteriorado, con elevados niveles de corrupción, radicalidad en
la protesta social y bajas capacidades de gestión política del gobierno, la probabilidad
de ocurrencia de crisis política se eleva considerablemente (Aranibar, A. & Moreno, D.
2012). En el caso hondureño, de mantenerse inalterados en los próximos años, estos
datos podrían avizorar ya sea un escenario de reconfiguración profunda del sistema
político en democracia, ya sea la emergencia de nuevos episodios de crisis política.
34
Honduras: el desafío de construir una salida a la crisis
1.3 Crisis económica: Los desequilibrios persistentes
En 2009 el país tuvo que sufrir los efectos combinados de la crisis política y económica:
una baja de 6,3% en el crecimiento del PIB, y del 23% en las exportaciones, una importante
caída del consumo interno y de las reservas internacionales, una contracción del empleo,
una drástica disminución de la inversión extranjera, la suspensión de las donaciones y
préstamos de la cooperación internacional y las instituciones financieras, la depresión
del crédito al sector privado (que pasó del 12% al 3% entre 2008 y 2009); además en 2009
se registró un aumento del gasto corriente de 1,6% puntos respecto a 2008 (CEPAL,
2011a). El primer dato que emerge de este cuadro es la elevada vulnerabilidad de la economía hondureña ante situaciones internacionales adversas; de hecho, el aislamiento
internacional producto del golpe y la desaceleración económica internacional fueron
las principales causas del deterioro del panorama económico en Honduras.
El segundo dato, es que los dos indicadores que empeoraron en el periodo post–
golpe son la deuda pública y el déficit fiscal. Como señala Spada, A. (2012), el país
tiene un nivel muy alto de deuda pública, sobre todo interna, que ha crecido a ritmos
sostenidos en los últimos cuatro años y es, junto con el déficit fiscal, una de las metas
planteadas en el acuerdo stand-by con el FMI de septiembre de 2010 que no se ha
cumplido. De esta forma, tiende a mantenerse una suerte de círculo vicioso entre
déficits macroeconómicos acumulados y la condición de aplicar políticas económicas
ortodoxas, por ejemplo a través de incrementos impositivos no progresivos o con
acciones casi exclusivamente focalizadas en el reequilibrio macroeconómico, sin
tomar en cuenta sus efectos en la restricción del gasto social y la inversión pública,
y por tanto en la sostenibilidad del crecimiento. Está claro, en todo caso, que, más
allá de la voluntad política, el margen para una gestión que atienda simultáneamente
los objetivos macroeconómicos y de integración social es limitado.
tabla 2: Acuerdo stand-by de 2010
Indicador
PIB (BCH)
Inflación (BCH)
Deuda pública
(SEFIN)
Déficit gasto corriente (SECMCA)
Cuenta Corriente
(SECMCA)
Metas
20072008
20082009
20092010
20102011
3.5%-4%
4,2
-2,1
2,8
<6%
10,8
3,0
6,5
5,6
2007
2008
2009
2010
19%
21.40%
25.20%
31.20%
-2,88%
-2,41%
-4,02%
-4,80%
-9%
-15,20%
-3,60%
-6,20%
<30% del
PIB
3.7% del PIB
2010 y 3.1%
2011
<7%
Septiembre
2011
30.80%
Fuente: Elaboración propia con datos del BCH, SECMCA y de la SEFIN
Honduras a tres años del golpe de Estado
35
La Ley de Fortalecimiento de Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto
Público de abril de 2010, paquete dirigido a recaudar alrededor de 210 millones de
dólares anuales mediante la modificación de los impuestos sobre ventas, renta y
consumo conspicuo17, intentó introducir un enfoque más progresivo de recaudación
fiscal. A pesar de este esfuerzo, no se ha atacado los temas más sensibles: la suspensión de algunas exoneraciones fiscales y comerciales de las que se benefician
importantes sectores de la economía; por ejemplo la eliminación de las exenciones
al impuesto sobre ventas de los insumos necesarios para los productos básicos,
propuesta a principios de 2012 o la aplicación plena de la Ley de Eficiencia en los
Ingresos y Gasto Público, que fue aprobada en junio de 2011 y que prevé impuestos
sobre la renta, a los ahorros financieros y a los ingresos brutos, sobre todo para el
sector bancario.18
17
18
Aumento de las tasas por producción y venta de cigarrillos, cervezas, bebidas alcohólicas y gaseosas, y
aumento de impuestos a la importación de vehículos de lujo.
Impuesto de 0,3% de los retiros financieros en cuentas que superan los 6.000 dólares.
36
Honduras: el desafío de construir una salida a la crisis
2
Orientaciones políticas
afrente a la crisis
En un contexto marcado por altos niveles de incertidumbre, tanto sobre el proceso
político nacional como sobre la evolución de la economía internacional, el presente
informe pretende generar esquemas analíticos que ordenen el debate, clarifiquen las
opciones posibles y hagan visible sus implicaciones potenciales para la democracia y
el desarrollo del país. Para ello, a partir del análisis desarrollado en la sección anterior, se construye un mapa de orientaciones políticas desde las perspectivas de los
liderazgos y un mapa de orientaciones frente a la crisis desde la perspectiva de los
ciudadanos, articulados a un esquema de escenarios prospectivos de mediano plazo.
2.1 Configuraciones posibles del sistema de partidos
En cuanto hace a las posibilidades de reconfiguración del sistema político hondureño, estas pueden ordenarse de acuerdo a dos variables. Por un lado, según las
orientaciones políticas que predominen al interior de los actores estratégicos, y en
particular, de acuerdo al clivaje político-ideológico subrayado en la sección anterior
entre orientaciones “tradicionalistas” y “reformistas”. Por el otro, según el tipo
de estrategias que privilegien y los recursos de poder que utilicen, esto es según
busquen posicionar sus agendas por dentro o por fuera del sistema, a partir de
comportamientos “sistémicos” o “anti-sistémicos”.
gráfico 5: Las configuraciones posibles del sistema de partidos
Orientaciones políticas afrente a la crisis
37
De acuerdo a este marco analítico son cuatro los resultados posibles del proceso de
reconfiguración del sistema político hondureño para el periodo de estudio:
i)
La renovación sostenible: Predominan las tendencias reformistas entre actores
estratégicos con capacidad de representación de las demandas ciudadanas, y
estos convergen mayoritariamente hacia comportamientos sistémicos, lo que
facilita la concreción de acuerdos políticos amplios en marcos institucionales
formales. Se configuraría un pluralismo partidario de consenso. En la medida
en que ningún actor estratégico es excluido de la negociación política, esto da
paso a una serie de acuerdos trasparentes y de fondo, que promueven cambios
que la población demanda, enmarcados en el respeto a la institucionalidad
democrática. Esta nueva configuración del sistema político combina niveles
de legitimidad ciudadana medios o altos con niveles de viabilidad institucional
igualmente medios o altos.
ii)
La renovación impuesta. Predominan las tendencias “reformistas”, pero la
profundidad y velocidad de las reformas que éstas proponen choca con fuertes
resistencias de parte de actores estratégicos y factores de poder con peso al
interior del sistema de toma de decisiones políticas. La agenda de reformas
busca imponerse apelando a mecanismos de democracia directa, en medio
de un clima de enfrentamiento y polarización, que incluso puede salirse de los
límites legales y democráticos. Esta nueva configuración del sistema político
combina niveles de legitimidad ciudadana medios o altos con niveles medios o
bajos de viabilidad institucional. Se configuraría un multipartidismo polarizado
o centrífugo.
iii) La crisis de representación. Predominan las tendencias “tradicionalistas” apelando a estrategias, recursos de poder y comportamientos “anti-sistémicos”,
imponiendo su agenda de manera excluyente a costo de un serio enfrentamiento político y no siempre dentro de la institucionalidad democrática. En la
medida en que predomina una visión que favorece el status-quo, y en la cual
la agenda de cambios es menor, la legitimidad ciudadana es media o baja, y
en la medida en que cuestione el orden democrático presenta niveles medios
o bajos de viabilidad institucional. El cuestionamiento al sistema de partidos
persiste y se profundiza la crisis de representación.
iv) La renovación gatopardiana. Predominan las tendencias “tradicionalistas” en un contexto en el cual los actores estratégicos convergen hacia
“comportamientos sistémicos”. En este caso, se renueva el “acuerdismo”
tradicional en aras a fortalecer las instituciones, impulsar algunas reformas,
aquellas que son “estrictamente necesarias” para dotarlas de mayor legitimidad previniendo que una nueva ola de malestar ciudadano sea canalizada
por actores anti-sistémicos. Pero el verdadero objetivo es la preservación de
los elementos centrales del sistema político anterior. Esta configuración del
38
Honduras: el desafío de construir una salida a la crisis
sistema político combina niveles medios o bajos de legitimidad ciudadana
con niveles medios o altos de viabilidad institucional. Se consolida un bipartidismos hegemónico.
Como se verá en lo que sigue, estos esquemas políticos guardan una relación directa con la matriz de escenarios futuros de gobernabilidad. Sobre las tendencias
predominantes entre los líderes entrevistados para este informe en noviembre de
2010, la mayoría opinaba que en los próximos años se introducirían algún tipo de
reformas en la vida político institucional hondureña. Sin embargo, las opiniones
sobre su grado de profundidad estaban divididas: 20 de 39 entrevistados opinaba
que las reformas iban a tener un alcance más bien limitado, mientras que 15 de
39 consideraba probables algunas de mayor envergadura. Al respecto, González
(2011), destaca la enorme importancia que puede llegar a tener las diferencias en
torno al tipo de cambios que requiere el país y a “cómo” llevarlos a cabo. De hecho,
es altamente probable que el tema procedimental sea una cuestión central en el
debate político.
tabla 3. Reformas: probabilidad y grado de profundidad
Reformas mayores
15
Reformas menores
20
No se harán reformas
3
NS/NR
1
Fuente: Elaboración propia con datos de la ronda de élite PAPEP (2010)
Como apreciaremos en la sección sobre escenarios futuros, estas “líneas de fractura
política” pueden provocar un importante riesgo de gobernabilidad, si los actores
entran en una lógica de enfrentamiento “a cualquier costo”. En la ronda de entrevistas a líderes se encontró una diversidad de opiniones en torno a la capacidad
de los actores para llegar a acuerdos, sin embargo en general se cree que, a pesar
de haber una cierta predisposición al acuerdo, hay sectores que apuestan por el
bloqueo.
Frente a estas tendencias, “una de las pocas certezas que tenemos es que una polarización política controlada (e idealmente en disminución), en el marco de un clima
político de adhesión y apoyo activo a la democracia, es un aporte fundamental (a
la gobernabilidad democrática)”, pues la complejidad de la coyuntura requiere de
“acuerdos genuinos, duraderos y ampliamente mayoritarios en torno a un conjunto
de políticas de Estado” (González, 2011).
Los líderes hondureños están ante la oportunidad histórica de promover una apertura
consensuada del sistema político, a fin de mejorar su capacidad de representación
Orientaciones políticas afrente a la crisis
39
y promover una mayor participación ciudadana. Es la oportunidad de comenzar
a revertir la brecha entre el Estado y la ciudadanía, que en los últimos años se ha
hecho cada vez más profunda.
2.2 Orientaciones ciudadanas de salida a la crisis
Sin duda, los resultados de los grupos focales constituyen un fuerte llamado de
alerta sobre la profundidad de la brecha Estado-sociedad y la precariedad de las
condiciones de vida de los hondureños. Consultados respecto al futuro, los ciudadanos advierten una gran incertidumbre e inseguridad. En general predomina
el pesimismo y la sensación de falta de horizontes y, sobre todo en los estratos
sociales más populares, la sensación de soledad y abandono (“estamos solos en
esto”), de miedo y de inseguridad. Según datos de la encuesta PAPEP de diciembre
de 2011 sólo el 18% de los hondureños opinaba que la situación del país mejoraría en
el futuro próximo, mientras el 25% opinaba que seguiría igual (lo cual puede leerse
como una posición pesimista) y el 52% opinaba que empeoraría (esto es una posición
abiertamente pesimista).
gráfico 6: Percepción ciudadana sobre el futuro próximo del país
En su opinión, durante los próximos años, ¿la situación del país…?
Fuente: Elaboración propia con datos de CID-Gallup y Borges y Asociados
El análisis cualitativo permite señalar que los ciudadanos se refieren al futuro de
Honduras como “incierto”. Como señala (Larrea, T. 2012), “no saben lo que va a
suceder y no se atreven a jugar a adivinar el futuro porque temen ver algo peor de
lo que están viviendo en el presente”. Pensar en él les causa angustia. De alguna
forma, lo que parece definirse en la percepción ciudadana es una crisis de futuro.
Esto significa que, puestos a pensar en el futuro del país, los hondureños se entregan al pesimismo, la desesperanza y el miedo, porque no se avizoran soluciones
fáciles y porque, en cualquier caso, dichas soluciones parecen estar más allá de la
capacidad de acción de los ciudadanos. “Este profundo pesimismo es producto de
40
Honduras: el desafío de construir una salida a la crisis
una desilusión progresiva, marcada por una serie de acontecimientos donde los
protagonistas son los políticos y la ciudadanía está al margen” (Larrea, T. 2012).
“Entonces, más que predecir prefieren desear. En general, quisieran tener un país
más ordenado y desarrollado, así como una vida tranquila, con seguridad, empleo
y oportunidades. Lamentablemente, todo esto no pasa de ser un deseo porque no
encuentran una salida a su situación, no identifican señales de mejoría ni para sus
vidas ni para el país” (Larrea, T. 2012).
Las distintas respuestas recogidas de los ciudadanos en los grupos focales sobre las
formas de enfrentar la crisis y mejorar sus condiciones de vida, permiten generar un
esquema básico de orientaciones ciudadanas (Gráfico 7). Este se construye sobre la
base de dos variables. Por un lado, según si se trata de una respuesta individual o
de una respuesta colectiva a la crisis. Por el otro, según si dicha opción implica una
actitud proactiva y de cierta propensión al riesgo o es más bien fruto de una actitud
reactiva de repliegue y/o de resignación.
El cruce de las dos variables produce dos opciones de salida proactivas: 1) la emigración (acción proactiva individual), y 2) la participación social o política (acción colectiva proactiva). A la vez, existen dos opciones de salida de repliegue o confianza en
“terceros”: 3) la resignación religiosa y la esperanza en que cambien las conciencias
y creencias individuales (acción individual de repliegue), y 4) la demanda de orden
y de cumplimiento de las leyes (acción colectiva reactiva).
gráfico 7: La “crisis de futuro” en la percepción ciudadana
Fuente: Elaboración propia en base a los grupos focales, 2010
Orientaciones políticas afrente a la crisis
41
Como señala (Larrea, T. 2010), la emigración es “una de las alternativas de salida de
la pobreza (estrato popular) y superación económica y profesional (estrato medioalto) con mayor acogida”. Incluso después de la masacre de Tamaulipas (México),
en la que murieron treinta hondureños indocumentados, “el miedo a emigrar es
menor al temor a luchar […] por mejorar sus condiciones de vida dentro de Honduras. Esto se debe, entre otros factores, a la percepción de que son mayores las
oportunidades de pasar la frontera exitosamente, que las de cambiar las cosas en el
país a favor de los más pobres. En el primer caso, se enfrentan ellos solos al peligro,
a la muerte. En el segundo, se enfrentan al poder”.
La resignación y el repliegue religioso, es otra alternativa. En la sociedad hondureña, la tradición está muy presente: “la religión, la filiación política, los valores
son temas innegociables” (Larrea, T. 2010). Para algunos participantes el destino
“está escrito” y hay que “aguantar”. A tal propósito, una evaluación sobre el rol
social de las organizaciones basadas en la fe (OBF), detectó la relevancia que las
organizaciones eclesiásticas evangélicas y católicas han tenido históricamente en
el país y sugiere que pueden aún jugar un rol importante, en un momento en el
cual es de fundamental importancia fortalecer la confianza ciudadana y restablecer
el tejido social.
Varias de estas organizaciones19 gozan de un importante reconocimiento ciudadano
por su labor local en la capacitación en liderazgos comunitarios y en la promoción
de espacios de reflexión social y política y de auditoría de la gestión pública. Quienes fueron entrevistados en una evaluación sobre este tipo de organizaciones
opinaron que esta labor es ahora aún más necesaria y que debe ser fortalecida. Las
organizaciones eclesiásticas de base son vistas como un posible catalizador de una
respuesta social alternativa y como “un activo para la articulación del capital social
y la organización comunitaria” (Membreño, S. 2011). Se reconoce el carácter estratégico de sus relaciones con la empresa privada, los partidos políticos y el sector
académico del país (Membreño, S. 2011).
La demanda de orden, emerge en algunos grupos específicos en los grupos de
jóvenes de estratos medio-altos que proponen un líder asesorado por un grupo de
expertos con vigilancia extranjera, “pues no confían en las autoridades e instituciones nacionales”. Estas posturas tienden a ser minoritarias en la medida en que los
ciudadanos asocian el agravamiento de sus condiciones de vida, incluso en cuanto
se refiere al tema de seguridad, a las crisis asociadas al golpe de Estado.
Según datos de la encuesta PAPEP de diciembre de 2011, un 47% de los hondureños
opinaba que ante los graves problemas que azotan al país y ante la perspectiva de
que estos empeoraran, lo que harían es participar en la iglesia de jornadas de oración, mientras que un 13% respondía que en esa situación se iría del país. En otras
palabras, segmentos importantes de la población tienden a privilegiar alternativas
19
Por ejemplo la Pastoral Social Caritas-Honduras, Trasformemos Honduras, etc.
42
Honduras: el desafío de construir una salida a la crisis
basadas en acciones individuales (la migración, los valores personales, un cambio
de “mentalidad y actitud” personales) o en delegar la solución de los problemas a
liderazgos de tipo mesiánico (la demanda de orden).
Este hallazgo tiende a reforzar una percepción, bastante extendida entre los analistas y en cierto modo típica de las prácticas políticas del país, de que la sociedad
hondureña tiene una gran “capacidad de aguante” y que la única manera en que
la ciudadanía participa es manifestando su descontento y “castigar a los políticos”
son las urnas. Dicho esto, si los valores son innegociables para los hondureños,
estos “solamente sienten la necesidad de “liberarse” de los partidos políticos “heredados” porque los responsabilizan de la mala situación en la que se encuentran”
(Larrea, T. 2012).
Si bien como señala (Larrea, 2012), “las condiciones de pobreza de un amplio sector de la población y el consecuente bajo nivel educativo fomenta el aislamiento,
la exclusión y anula la posibilidad de participar activamente”, los hallazgos de los
grupos focales permiten detectar un cierto “despertar político” (El pueblo despertó”, “ya no es tan ingenuo”) y tendencias hacia una voluntad de participación
colectiva acrecentada de la población. Hacía años que no se veían manifestaciones
ciudadanas de la envergadura que tuvieron las que se dieron en reacción al golpe.
De hecho, los participantes de los grupos focales afirman que buena parte de la
ciudadanía ha vuelto a interesarse, a discutir de política y ha aumentado la participación en manifestaciones y huelgas. En la misma línea, en diciembre de 2011,
el 21% de la población respondió a la pregunta sobre qué haría en el caso de que
los problemas empeoraran en el futuro próximo, diciendo que se manifestaría
públicamente y un 12% declaró que participaría activamente en política para cambiar la situación20.
Por lo mismo, los grupos focales detectan la existencia de una “demanda de cambio”,
de contenido aún vago y difuso, instalada en la ciudadanía. En los grupos focales
de 2012, que buscaban indagar sobre los cambios que la ciudadanía consideraba
importantes para mejorar el rumbo del país, sí se mencionó explícitamente un
cambio constitucional, una mayor participación ciudadana y, en general, “nuevas
formas de hacer política”.
En este contexto, “la ciudadanía emerge como un actor fundamental, es el más
confiable entre los protagonistas de la democracia, pero a la vez es percibido como
el más débil” (Larrea, T. 2010). Se supone que tiene, por tanto, un escaso poder
transformador. “Al contrario, el Estado (Gobierno, Congreso, TSE, entre otras instituciones) es el más poderoso, pero el menos confiable, llegando a ser considerado
como un obstáculo para lograr los cambios demandados”.
20
Ver el gráfico 3 del Anexo 1.
Orientaciones políticas afrente a la crisis
43
De esta forma, si bien “la ciudadanía parece dar importancia a los resultados, es
decir, a las mejoras concretas en la calidad de vida de la población (en particular a
la reducción de la pobreza, del desempleo, de la desigualdad y de la inseguridad)”,
“la Asamblea Constituyente, el Referéndum, la Consulta popular aparecen como
mecanismos idóneos para lograr los cambios, pues permiten, de alguna manera,
evadir al poder de los políticos; pero la decisión de usar estos mecanismos está en
manos de los políticos”. Otra vez, la “democracia secuestrada” (Larrea, T. 2011).
44
Honduras: el desafío de construir una salida a la crisis
3
Honduras en los próximos tres
años: ¿Luz al final del túnel?
3.1. Los desafíos estratégicos del mediano plazo
El país enfrenta una delicada coyuntura, por la suma de los problemas estructurales
acumulados y los saldos del golpe de 2009. Existen, por tanto, presiones simultáneas
sobre todos los vértices del triángulo del desarrollo: gobernabilidad, integración social y competitividad. Es decir, no sólo está en juego la gobernabilidad democrática,
sino las mismas opciones de desarrollo (Calderón, F. 2010).
Si esta situación se agravara, por los comportamientos combinados de los actores
clave o por la incidencia de factores externos, el país correría el riesgo de pasar
nuevamente por episodios de ingobernabilidad, y transitaría hacia una crisis del
orden estatal.
En términos generales podríamos decir que el país se encuentra en un periodo
de tránsito y reconfiguración política, que hasta el momento parece ser más bien
gradual y sistémico, cuyos resultados son aún inciertos y tienden a ser vistos con
desconfianza y cierta lejanía por la ciudadanía.
En otras palabras, a pesar de la coincidencia entre élites y ciudadanía sobre la gravedad de la situación actual, aún existe un fuerte desequilibrio entre una demanda
instalada y urgente de cambio en la ciudadanía y una oferta de cambio limitada (la
capacidad de producirlo) por la debilidad crónica de las instituciones del Estado y
porque está supeditada a los tiempos político electorales de los próximos dos años.
Las condiciones objetivas y subjetivas de vida de los hondureños se han deteriorado
de una forma alarmante. El hecho que la sociedad hondureña no las manifieste a
través de un proceso sostenido y articulado de movilización social no quiere decir
que el malestar no exista, pues de hecho, las dinámicas de la violencia y la inseguridad
pueden ser vistas como una expresión recurrente de este malestar en el espacio
público. De activarse políticamente, podría expresarse de distintas maneras, unas
movidas por el deseo activo de participar (se pasa de la “resignación” a la “esperanza”), y por tanto con posibilidad de ser procesadas institucionalmente, otras
movidas por el rechazo y el hartazgo (se pasa de la “resignación” al “enojo”), y por
tanto con mayor potencial de radicalidad y violencia.
Un “indicador social” particularmente significativo en esta delicada, imprevisible
y compleja coyuntura es la crisis de futuro que se detecta en la percepción de la
Honduras en los próximos tres años: ¿Luz al final del túnel?
45
ciudadanía, que se debe a la conciencia de la gravedad de la situación y a una fuerte
sensación de impotencia frente a la misma. La actitud pesimista frente al futuro se
traduce en una cierta “resignación ciudadana”, pero también en un “despertar de
la política”.
Por otro lado, la complejidad de la crisis y la recesión mundial, junto con las dinámicas políticas internas, restringen la capacidad del Estado de responder satisfactoriamente a estas demandas. De ahí la dificultad de vislumbrar respuestas de fácil
articulación en el corto plazo.
Lo que parecería al alcance en este momento son acciones de gestión política y
pública que pongan al país en la senda correcta, a fin de salir progresivamente de
la situación de riesgo en la que se encuentra. En ese sentido, podríamos hablar de
posibles trayectorias de gobernabilidad o, por el contrario, de trayectorias de ingobernabilidad, así como de situaciones intermedias (o de “oxigenación parcial”),
compuestas de soluciones parciales a los desafíos complejos de Honduras.
Pero, ¿cuáles son los “desafíos imprescindibles” que el país está llamado a enfrentar
si quiere gestionar la complejidad del momento que vive? ¿Cuál es la agenda estratégica que deben priorizar los actores hondureños?
En primer lugar, garantizar (y en la medida de lo posible acelerar) la transición hacia
un nuevo orden político democrático, por un lado más representativo e incluyente
y, por otro, con mayores capacidades institucionales para generar respuestas a los
graves problemas del país y a las demandas ciudadanas.
En segundo lugar, controlar los desequilibrios macroeconómicos sin profundizar la
recesión y al mismo tiempo promoviendo, de forma activa y desde distintas esferas
de la vida pública, dinámicas de integración social.
De esta forma, según el esquema de escenarios que se propone a continuación, el
lente de la agenda estratégica del país debe estar puesto tanto en el proceso de
reconfiguración del sistema político como en una articulación heterodoxa de las
políticas económicas y sociales. Para la actual administración ello implica generar
un “margen” de negociación tanto con las instituciones financieras internacionales
como con los sectores políticos, empresariales y sociales nacionales.
Estas dos variables críticas permiten generar el esquema de escenarios prospectivos
de mediano plazo. De acuerdo a la metodología de prospectiva política de PAPEP,
se trata de variables de decisión política, que por tanto están “en las manos” de
los hondureños.
Sin duda, se podrían utilizar otras variables, igual o aún más importantes para la
definición de los escenarios futuros de Honduras. Por ejemplo la evolución favorable
o adversa de la coyuntura económica internacional, y especialmente de la economía
46
Honduras: el desafío de construir una salida a la crisis
estadounidense, que tiene un fuerte impacto sobre las tasas de crecimiento de la
economía nacional, y en ese sentido puede ampliar o reducir los márgenes de maniobra fiscal del gobierno, y limitar o profundizar las difíciles condiciones de vida de
los ciudadanos. Sin embargo, utilizar la coyuntura económica internacional como
variable crítica en el ámbito socioeconómico, restaría atención a los factores que sí
están en manos de los hondureños.
Otra variable determinante para la política hondureña, pero cuyas dinámicas centrales escapan a las posibilidades de acción aisladas de un solo país, es el narcotráfico.
A través de la violencia, la distorsión de la economía, la infiltración política, etc., éste
puede llegar a condicionar, en formas imprevisibles, los escenarios de gobernabilidad
y desarrollo del país. El tratamiento que se le da a este factor es el mismo que el ya
explicado para la coyuntura económica externa.
Antes de presentar los escenarios y trayectorias de mediano plazo para Honduras,
es importante reseñar brevemente algunos episodios recientes que pueden incidir
en ellos.
En cuanto hace a la agenda política, parecería que el liderazgo hondureño, tomado
en su conjunto, está tratando de abrir cautelosamente un espacio para reformas,
al menos de naturaleza procedimental, mediante acuerdos políticos dirigidos básicamente a garantizar niveles básicos de gobernabilidad (gobernabilidad sistémica).
Un ejemplo de ello es la reforma del artículo 5 de la Constitución. Pues, por un lado,
permite la realización de mecanismos propios de la democracia participativa, el
plebiscito y el referéndum. Pero con condiciones no fáciles de cumplir y que, más
de un año después de su aprobación, aún no se han reglamentado. Lo mismo ocurre
con el debate sobre la reforma de la Ley Electoral, que en principio debía aplicarse
a la procesos electorales de 2012 y 2013. Tras un largo proceso de preparación de
propuestas por parte del Tribunal Supremo Electoral21 de algunas organizaciones
de la sociedad civil y del Congreso, no se consiguió el consenso necesario para
aprobar cambios sustanciales, por lo que las modificaciones terminaron siendo
más bien menores.
Un caso distinto es el importante Acuerdo de Cartagena, que permitió cerrar el ciclo
de acontecimientos directamente vinculados al golpe, viabilizar la reinserción de
Honduras en la comunidad internacional y abrirle espacio a un nuevo partido con el
potencial de canalizar las reivindicaciones y aspiraciones de quienes se habían manifestado en contra del golpe de Estado y del sistema político tradicional. Al haber
permitido cerrar un capítulo largo de la crisis político-institucional de dos años, éste
es el acuerdo de más trascendencia política del último tiempo. Sin embargo, no deja
de ser una respuesta a las circunstancias (aislamiento y fuerte presión internacional,
riesgos de ingobernabilidad, etc.), que los partidos consideraron “estrictamente necesaria”. Queda además por determinar cómo el Acuerdo será aprovechado por los
21
Pues las propuestas de reformas deben ser fruto de un proceso de consulta y análisis participativo.
Honduras en los próximos tres años: ¿Luz al final del túnel?
47
nuevos actores políticos. Más aún, es importante reconocer que la cercanía de dos
procesos electorales puedan dificultar la celebración de pactos de mayor alcance.
A lo cual se suma la crisis de confianza ciudadana en el “acuerdismo de viejo estilo”.
En cuanto hace a la agenda socio-económica, una señal positiva, si bien insuficiente, ha sido el “Gran Acuerdo Nacional por un Crecimiento Económico con Equidad
Social”, firmado en Febrero de 2012, que muestra la voluntad de ciertos líderes
de responder a los retos del país. El acuerdo, con sus cinco pilares y siete metas,22
se pactó entre el Gobierno, las organizaciones sindicales campesinas y obreras y
la empresa privada,23 fue avalado por los partidos políticos representados en el
Congreso Nacional. Dado el elevado déficit público, que ascendía a 5.713 millones
de dólares en diciembre de 2011, el principal riesgo del acuerdo es un desbalance
entre las ambiciosas metas planteadas y la capacidad de ejecución del Gobierno,
en particular la movilización de los recursos económicos necesarios para realizar la
importante inversión pública prevista.
A mediados de 2012, el país se encuentra negociando un nuevo acuerdo stand-by con
el FMI, el cual lo obliga a mantener el equilibrio macroeconómico y lo compromete
a una fuerte reducción del gasto público (especialmente del gasto corriente). El
Gobierno apunta a una reactivación del crecimiento, como resultado de la combinación de inversión privada, pública y externa, que, en el mediano plazo, acabe
reequilibrando las cuentas públicas. Sumando el probable efecto de algunas medidas
de ajuste (la devaluación del Lempira y la reducción de los subsidios a la gasolina y la
energía eléctrica) a las presiones inflacionarias causadas por el elevado precio de los
combustibles y de los alimentos que Honduras debe importar, puede presentarse la
necesidad de controlar una eventual espiral de aumento de precios24 (que llegue a
anular las oportunidades de empleo y crecimiento logradas por la inversión). Otro
desafío es la obtención de los recursos para la inversión pública, manteniendo cierto
equilibrio en los niveles de endeudamiento.
En cuanto a la viabilidad del Acuerdo, también es importante considerar el respaldo
real que tiene de parte de los actores estratégicos involucrados. La apropiación de
los objetivos del Acuerdo por parte de los líderes y los ciudadanos resulta de suma
22
23
24
Las metas son: i) crecimiento económico con equidad, ii) inversiones, iii) empleo, iv) salarios, v) productividad y competitividad, vi) resolución de conflictos, y vii) protección de la población más vulnerable. A partir
de estas siete metas se construyeron cinco grandes pilares. El Pilar I: políticas y estrategias necesarias para
conseguir las metas de crecimiento económico con equidad. El Pilar II: políticas y acciones necesarias para
aumentar la inversión pública y reducir el gasto corriente del Gobierno. El Pilar III: acciones y orientaciones
necesarias para racionalizar la estructura y funcionamiento del Estado en el corto y mediano plazo, y para
trazar las reformas fundamentales para el mediano y largo plazo. El Pilar IV: políticas, estrategias y acciones
para fortalecer el comercio exterior (especialmente las exportaciones), y el flujo de inversión externa directa. El Pilar V: políticas, estrategias y acciones necesarias para aumentar el impacto de los recursos que hoy
se destinan a la protección de la población más vulnerable, y a examinar las acciones más eficientes para
extender esa protección y hacer frente a las crisis externa y sus posibles impactos sobre Honduras.
Algunas de las organizaciones campesinas y obreras fueron la CGT, CNC, CTH, VUTH, COCOCH y la CMCH;
el sector empresarial fue representado por la COHEP y el Gobierno por el Presidente y por la Designada
Presidencial.
Como lo menciona Raúl Reyna (2012) y otros analistas.
48
Honduras: el desafío de construir una salida a la crisis
importancia para garantizar su sostenibilidad más allá del actual periodo de gobierno.
Este punto es aún más importante si se considera que el Acuerdo Nacional aspira a
generar varios procesos de reforma institucional. De hecho, el Acuerdo rescata parte
del “Gran Acuerdo por Honduras”, cuya firma fracasó poco antes de las elecciones
presidenciales de 2005; fracaso que, según algunos analistas, entre ellos González
(2010), dio inicio al deterioro de la confianza inter-élites que desembocaría en la
crisis del 2009.
En suma, tanto en el plano político como en el económico, se ha buscado generar
márgenes de maniobra, para tratar temas complejos pero imprescindibles, construyendo el camino de salida de la crisis. Se trata de un contexto de gran complejidad,
incertidumbre y volatilidad, con el riesgo de que algún “factor detonante” active
dinámicas de ingobernabilidad, sobre todo en los momentos más delicados de los
próximos procesos electorales.
3.2. Escenarios prospectivos (2012-2015)
Las dos preguntas prospectivas críticas sobre las cuales se estructura el esquema
de escenarios de Honduras para 2012-2015 son: ¿Se reconfigura el sistema político
de tal forma que permite superar la crisis de representación e incrementar los niveles de legitimidad de las instituciones democráticas? ¿La agenda socioeconómica
permite promover dinámicas de integración social que alivien la precariedad de las
condiciones de vida de la mayoría de los hondureños?
La elección de estas variables críticas se debe a que las mismas son a la vez muy
influyentes –de hecho responden a los dos desafíos centrales de la sociedad-, y su
evolución tiene un nivel de imprevisibilidad bastante alto. Un criterio adicional es
que estas variables dependen principalmente de las decisiones que tomen los actores nacionales, es decir, no son factores exógenos o que se encuentran –al menos
totalmente- fuera de su ámbito de intervención.
El marco temporal del análisis prospectivo remite al periodo 2012-2015. Esto es,
incorpora tanto los procesos electorales de 2012 y 2013, como la transición gubernamental y las primeras acciones del nuevo gobierno entre 2014 y 2015. Ello bajo
la hipótesis de que este momento de tránsito requiere de una visión de Estado de
mediano plazo enfocada en los desafíos del país y en las necesidades de la sociedad
hondureña, más que en intereses sectoriales de corto plazo.
Como se presenta en el gráfico siguiente, la interacción de las dos variables críticas
da lugar a cuatro escenarios de mediano plazo.
El escenario 1, “la democracia fuera de la zona de riesgo” implica que seis años después del golpe de Estado se generaron las condiciones para una salida sostenida de
la crisis. Esta trayectoria supone también la construcción de condiciones para que
el próximo gobierno pueda enfrentar con éxito y con un enfoque estructural los
Honduras en los próximos tres años: ¿Luz al final del túnel?
49
principales desafíos del país. Por el contrario, el escenario 3, “la crisis permanente”
describe una situación muy compleja de profundización de la crisis del orden estatal
e implica la posibilidad de nuevos episodios de crisis de gobernabilidad e incluso de
quiebre institucional. Los escenarios 2 y 4 remiten a situaciones intermedias en las
cuales se opta por enfocar los esfuerzos principalmente a la gestión de uno de los dos
desafíos determinantes, dejando importantes problemas sin una atención adecuada.
Todas estas trayectorias son posibles, todas las opciones están abiertas, y dependen de forma crítica tanto de las respuestas que generen y de las decisiones que
tomen los actores estratégicos de la sociedad hondureña, como de las condiciones
geoeconómicas y geopolíticas externas en las cuales estas se enmarquen. Por
tanto, el objetivo de estos escenarios no es “predecir” el futuro, sino brindar una
herramienta analítica para reflexionar en torno al presente, en particular sobre las
implicaciones de las elecciones que los políticos toman en este momento.
gráfico 8: Esquema de escenarios de prospectivos 2012-2015
HONDURAS: Escenarios prospectivos 2012-2015
“Sí”
LA RECONFIGURACIÓN DEL SISTEMA
POLÍTICO ¿PERMITE INCREMENTAR LA
LEGITIMIDAD DE LAS INSTITUCIONES
DEMOCRÁTICAS?
Escenario 4
Escenario 1
EL DESPERTAR DE LA POLÍTICA
“Oxígeno político” en un
contexto de vulnerabilidad e
incertidumbre
LA DEMOCRACIA FUERA DE LA
“ZONA DE RIESGO”
Construyendo una salida
sostenible
“Sí”
“No”
LA AGENDA SOCIOECONÓMICA
¿PERMITE PROMOVER DINÁMICAS
DE INTEGRACIÓN SOCIAL?
Escenario 3
Escenario 2
LA CRISIS PERMANENTE
El orden estatal en crisis
LA GESTIÓN DE LA FRACTURA SOCIAL
“Oxígeno socioeconómico” con
riesgos de insostenibilidad política
“No”
Fuente: Elaboración propia.
Escenario 1. La democracia fuera de la “zona de riesgo”. Construyendo una
salida sostenida de la crisis
Este escenario constituye la opción más favorable para la democracia y el desarrollo en Honduras. Implica que, a lo largo de los próximos tres años, se generen las
condiciones para que el sistema político y los actores estratégicos de la sociedad
hondureña (gobierno, partidos políticos, empresa privada, ciudadanos) atiendan
positivamente a los dos desafíos centrales del periodo.
50
Honduras: el desafío de construir una salida a la crisis
Dos importantes pasos (por su prioridad y viabilidad en un plazo de tres años) en
esta dirección son: i) velar para que se complete, con cierto nivel de consenso y
respeto institucional, el proceso de reconfiguración del sistema de partidos (como
elemento determinante de una reconfiguración más general del sistema político),
a fin de garantizar una mayor representatividad y promover mecanismos de participación e inclusión política; ii) implementar políticas económicas y sociales que se
propongan deliberadamente articular el crecimiento económico con la reducción
de la desigualdad, y medidas de políticas que prioricen la atención a los aspectos
más graves y urgentes de la fractura social.
Para lo ello, en la dimensión socioeconómica, es particularmente importante: a)
aprovechar de manera heterodoxa y eficaz el estrecho margen que la situación
económica y los vínculos internacionales dejan a la política económica interna, a
fin de ampliar y optimizar el gasto del presupuesto social y la inversión pública
productiva; b) promover acuerdos y compromisos de reformas “con el mercado”,
dirigidas a atacar las principales dinámicas económicas que producen o mantienen
la inequidad. En este sentido, cabe destacar que este escenario es viable sólo en el
supuesto en que la situación económica internacional no sea abiertamente desfavorable a la economía hondureña.
A lo largo del proceso electoral, se reafirma en los ciudadanos y en los liderazgos la
idea de que es necesario aportar cambios al sistema vigente y se instala una actitud
más bien favorable al diálogo que permiten disminuir los riesgos inherentes a la
polarización política natural en una coyuntura electoral. La nueva correlación de
fuerzas que emerge de los procesos electorales favorece a sectores “reformistas”
(desde distintas orientaciones y pertenencias políticas) que convergen en promover comportamientos “sistémicos”, por lo que, en términos del resultado de la
reconfiguración del sistema de partidos, en este escenario prevalece un esquema
de “renovación sostenible”
El reconocimiento de los resultados electorales por todos los actores permite
generar un clima de mediana distensión que crea las condiciones para debatir y
consensuar reformas institucionales, constitucionales y/o político-electorales que
permitan sanear los déficits más relevantes de la democracia hondureña, avanzando
de esta manera hacia un orden político con mayores niveles de representatividad
y participación. De esta forma, se garantiza no sólo un apropiado desarrollo del
proceso electoral de 2013, sino que se favorece la transición al nuevo gobierno y
eventualmente un proceso constituyente participativo y concertado.
Una mayor participación política y una actitud “activa y vigilante” de parte de la ciudadanía son los cimientos de un nuevo esquema de representación más plural. Dicho
pluralismo finalmente acaba por reflejarse en una representación parlamentaria más
diversa, la cual promueve el surgimiento de nuevos espacios, más institucionales,
trasparentes y participativos, para la negociación política.
Honduras en los próximos tres años: ¿Luz al final del túnel?
51
En lo que se refiere a la dimensión socioeconómica, este escenario da cuenta de una
toma de conciencia y de una voluntad política acrecentada de los actores estratégicos de dar respuesta a la fractura social, iniciando por atacar sus expresiones más
graves y urgentes.
Bajo el supuesto de que el escenario económico internacional es favorable -o por
lo menos no es abiertamente desfavorable- para la economía hondureña, tanto el
gobierno saliente como el gobierno entrante aplican una línea de política económica
heterodoxa, que prioriza una serie de programas sociales de transferencias condicionadas, dirigidos a atender a los sectores sociales más relegados, atacando sobre
todo las condiciones de pobreza extrema y de escaso acceso a servicios básicos de
salud y educación. También se busca promover la creación de empleo –sobre todo
juvenil–y brindar incentivos a las pequeñas y medianas empresas.
Y, con miras a resultados de mediano/largo plazo, adopta medidas y promueve
acuerdos para una mejora progresiva de la calidad del empleo y sienta las bases
para la adopción de un pacto fiscal con una lógica redistributiva. Al mismo tiempo,
aplica políticas económicas y comerciales que apuntan a maximizar los beneficios
de la integración regional (a través de los acuerdos en el marco del SICA y con
México) desde la lógica de la articulación con el mercado interno y de una mayor
cohesión social.
En el tema de inseguridad y narcotráfico, en este escenario se consensua y valida
una política integral de seguridad que trascienda el enfoque de “mano dura”, y
que permite ejecutar reformas en el ámbito policial y judicial, mientras se trabaja
en los elementos de tipo estructural. En el corto plazo, se alcanzan algunos resultados puntuales que tienen un gran valor simbólico e inciden positivamente en
las percepciones ciudadanas sobre la capacidad del Estado de dar respuesta a un
problema de tanta magnitud.
El mismo enfoque se aplica en la lucha contra la corrupción: se adoptan acciones
emblemáticas, por ejemplo tomando medidas firmes y “ejemplares” en algunos
casos paradigmáticos de corrupción de altos funcionarios públicos, mientras se
trabaja en las dimensiones estructurales del problema.
En el tema de conflictividad social, además de atender algunos focos específicos
de conflictividad, por ejemplo el de tenencia de las tierras en el Bajo Aguán, se comienza a abordar, desde una lógica estructural, los elementos de la fractura social
que son fuente de la conflictividad social (por ejemplo la titulación de las tierras y
los acuerdos de reforma agraria).
En este escenario, las medidas de gestión de corto plazo descritas –en su mayoría
enfocadas en activar aquellos “elementos de inflexión” en la gestión pública, capaces de provocar importantes cambios concretos y de percepción–, junto a algunas
acciones encaminadas a atacar en el mediano plazo problemas estructurales como
52
Honduras: el desafío de construir una salida a la crisis
la desigualdad, la pobreza y la inseguridad, logran algunos resultados tangibles en
la calidad de vida de la población.
La consistencia de los procesos de diálogo y el respeto de los acuerdos políticos
incluyentes acontecidos en el proceso de reconfiguración política son el cimiento
para que, a pesar del cambio de gobierno en el 2014, se mantenga la orientación
equitativa e incluyente en la gestión socioeconómica gubernamental y el apoyo al
proceso de reforma política y fortalecimiento de institucional (i.e. estrategia sostenida e inter-sectorial de lucha a la corrupción, reforma del sector justicia, promoción
de los mecanismos de participación política ciudadana, etc).
Se incrementa paulatinamente la legitimidad de las instituciones democráticas, la
confianza y el compromiso de los líderes y de los ciudadanos en procesos que se
inspiran en una visión de país y en políticas que trascienden las orientaciones de las
distintas gestiones gubernamentales. Se van creando entonces las condiciones para
que el gobierno electo en 2013, con una perspectiva más amplia, y en un contexto
político probablemente más favorable (menos polarizado, incierto y vulnerable),
atienda los problemas de fondo, a través de acuerdos, políticas y reformas más
estructurales.
Escenario 2. La gestión de la fractura social. Oxígeno socioeconómico con
riesgos de insostenibilidad política
En este escenario, los actores clave del país están en condiciones de atender principalmente a uno de los dos “desafíos determinantes” del futuro del país, en este caso
el económico. Dejan pendiente, en cambio, una atención adecuada de importantes
retos en el ámbito político-institucional.
En cuanto concierne a la dimensión político-institucional, en los actores estratégicos
prevalecen orientaciones “tradicionalistas”, que salen reforzadas de los procesos
electorales de 2012-2013. Las orientaciones “reformistas” logran alguna representación en el Congreso, pero el sistema político post-crisis termina resultando bastante
parecido al bipartidismo del periodo pre-crisis. Dichas tendencias tienden a reforzar
la idea presente en estos sectores de que atender las demandas urgentes de la
ciudadanía no implica impulsar reformas políticas (menos aún, iniciar un proceso
de reforma constitucional), pero que sí es necesario proponer una serie de políticas
destinadas a reducir la desigualdad y la pobreza.
De esta forma, los actores predominantes del sistema político, tienden a converger en comportamientos “sistémicos”, y por tanto a revitalizar las lógicas
del “acuerdismo hondureño” con un discurso que prioriza lo social. Se impone
entonces un discurso de “eficiencia tecnocrática”, que busca fortalecer las instituciones a partir de la lucha contra la corrupción, de una nueva élite tecnocrática
a cargo de “nichos prioritarios” de la gestión pública y de superar los resabios de
la polarización política.
Honduras en los próximos tres años: ¿Luz al final del túnel?
53
En la dimensión socioeconómica, se parte del supuesto que el contexto económico
internacional es favorable –o al menos no abiertamente desfavorable- a la economía
hondureña y de que el país no sólo consigue preservar los equilibrios macroeconómicos básicos sino que genera un margen de maniobra para la política pública.
Además, supone que se produce cierta toma de conciencia entre los actores “tradicionalistas” respecto a los graves saldos que han dejado, en términos de pobreza y
sobre todo de desigualdad, las políticas económicas enfocadas casi exclusivamente
en el crecimiento.
Esta conciencia, junto con el mayor margen económico derivado de las positivas
condiciones internacionales, permite la adopción de programas sociales y de ciertas
políticas dirigidas a combatir los aspectos socioeconómicos más graves y urgentes
de la fractura social, realizando esfuerzos por aumentar y focalizar, con una lógica
equitativa, el gasto social y la inversión productiva. El resto lo hace la dinámica inercial de la senda de crecimiento recuperada, y sobre todo las remesas provenientes
de los Estados Unidos.
En los temas de inseguridad y narcotráfico, impunidad y corrupción, en el corto plazo
se tiende a tomar no sólo medidas “ejemplares” y acciones puntuales, sino que se
tiende a hacer de la lucha contra la corrupción, la bandera de la modernización del
sector público. Las medidas socioeconómicas mencionadas logran mejoras puntuales en las condiciones de vida de la población y mejoran parcialmente la percepción
sobre la capacidad de delivery (prestación de servicios) del Estado.
Respecto a las orientaciones predominantes en los ciudadanos, el mecanismo de
“reencantamiento” de los partidos tradicionales en torno a los procesos electorales
tiende a acercarlos a las urnas pero a alejarlos de una participación política activa.
Si bien mantienen cierta desconfianza hacia los políticos y se sienten ajenos y lejanos a la política, al menos dan la bienvenida a un discurso que se interesa por sus
condiciones de vida y que se muestra firme en cuanto hace a eliminar la corrupción.
Este apoyo inicial se acentúa en la medida en que, por producto de una mejora en el
contexto económico externo y medidas explícitas de política social y/o económica,
se constatan ciertas mejoras en las condiciones de vida de la población que al menos
disminuyen la sensación de vulnerabilidad constante e introducen la posibilidad
de mirar al futuro con algo de optimismo. En este contexto, prevalecen opciones
ciudadanas que optan por un repliegue en el ámbito privado y en soluciones individuales que tienden a maximizar las oportunidades supuestas por condiciones de
vida ligeramente mejores.
Una variante conflictiva de este escenario se daría si los procesos electorales que decretan la eventual desaparición o la marginalidad de las orientaciones “reformistas”
se dan en medio de fuertes cuestionamientos a su transparencia (i.e. alegaciones de
irregularidades electorales). Pues, ello significaría que, una vez admitidos los nuevos
actores en la contienda política, se pretende volver a “cerrar” el sistema político.
54
Honduras: el desafío de construir una salida a la crisis
Si este fuera el caso, las orientaciones “reformistas” (impulsoras de propuestas de
cambio), excluidas de facto del proceso de reconfiguración del sistema de partidos,
impulsarían llamados a boicotear las elecciones y las instituciones, y se producirían
demostraciones de fuerza, más o menos importantes y recurrentes, dependiendo
del grado de adhesión ciudadana. Esta variante se reforzaría, si el discurso social
se quedara en el papel, no se obtuviesen resultados duraderos en materia de lucha
contra la corrupción y la capacidad de delivery del Estado permaneciera baja, en
cuyo caso el sentimiento de algunos segmentos de la población podría pasar de la
“resignación” al “enojo”, que se traduciría en un incremento de la conflictividad
social. Estas circunstancias, aunadas a un deterioro del contexto externo, llevarían
el país a transitar hacia el escenario 3.
En suma, en el escenario 2 se crean condiciones para atender algunos de los problemas socioeconómicos más urgentes, pero de no estar sustentado en resultados
concretos en materia de bienestar ciudadano, en un sistema político representativo
y en instituciones legítimas, este escenario no sería sostenible en el mediano y largo
plazo. No se lograría una retroalimentación positiva entre los tres componentes
del “triángulo del desarrollo” (Calderón, F. 2010) y entonces incluso los avances
económicos pueden ponerse en riesgo.
Escenario 3. La crisis permanente. El orden estatal en crisis
La incapacidad de generar respuestas adecuadas a los desafíos estratégicos del país
provoca una profundización y una retroalimentación entre problemas de distinta
naturaleza, que ponen al país en una crisis del orden estatal es decir, los tres vértices
del triángulo de desarrollo, gobernabilidad, integración social y competitividad, se
ven afectados. (Calderón, F. 2010).
En lo que concierne a la dimensión político-institucional, en este escenario prevalece
en los liderazgos una limitada apertura al cambio (proclives más bien al mantenimiento del orden socio-político pre-existente) y al diálogo y esto crea un ambiente
político en el que resulta muy difícil atender los déficits acumulados por la democracia
y el sistema político hondureños.
Si bien las candidaturas habilitadas para las elecciones primarias y generales reflejan
un mayor pluralismo, dando una respuesta primera a la crisis de representación, estas
no generan el respaldo suficiente en las urnas para producir un cambio significativo
en la correlación de fuerzas o bien un sistema político cerrado impide que las nuevas
organizaciones políticas se conviertan en alternativas políticas reales para viabilizar
algunos de los cambios demandados por la población.
Tanto los actores estratégicos “tradicionalistas” como los actores “reformistas”
se afirman en posiciones rígidas y en comportamientos “anti-sistémicos” en pro
de imponer sus agendas de país, lo que polariza el clima político y deteriora la confianza entre los líderes, impidiendo que se alcancen entendimientos y acuerdos.
Honduras en los próximos tres años: ¿Luz al final del túnel?
55
Así, el proceso de reconfiguración del sistema político se vuelve tenso, imprevisible
y riesgoso. Para desbloquear el camino de las reformas y forzar la apertura del
sistema político, prevalecen posturas polares en medio de una radicalización de la
protesta social.
Por lo que se refiere a la dimensión socioeconómica, en este escenario, incluso en
el caso en que la situación económica internacional sea favorable para Honduras,
la posibilidad para aprovecharla es muy reducida, entre otras cosas por el clima de
elevada polarización política e incluso de riesgo para la gobernabilidad democrática.
Con más razón, el país se encontraría en este escenario en el caso en que la difícil
situación política se combinara con un empeoramiento del escenario económico
internacional, con la diferencia que los efectos negativos serían aún peores.
A nivel estructural, como en parte ocurre en el escenario 4, las múltiples limitaciones
(margen macroeconómico estrecho para la gestión pública) resultan en políticas
económicas de orientación liberal ortodoxa que prioriza la consecución de los
equilibrios macroeconómicos en medio de fuertes y persistentes déficits, con lo
cual se resiente la capacidad de crecimiento de la economía en el corto plazo y se
incrementan los impactos sociales negativos del sistema económico vigente.
En el tema de inseguridad, los índices de violencia siguen su tendencia acelerada de
deterioro, en medio de una corrupción generalizada y una debilidad estructural de la
Policía y del sistema judicial. En el tema de conflictividad social, la imposibilidad de atender adecuadamente los focos de conflictividad existentes presenta el riesgo de una
acumulación de demandas desatendidas y de “explosiones” de conflictividad social.
Por lo que se refiere al comportamiento de la ciudadanía, la decepción con un sistema de partidos y un clima político que, tras la expresión de las opciones electorales
de los ciudadanos, cae en una situación estéril de enfrentamiento y polarización,
induce a algunos a optar por “salidas individuales” para dar respuesta a sus difíciles
condiciones de vida (en caso en que predomine un sentimiento de “resignación”), o
a privilegiar acciones de protesta espontánea y violenta que rebasan a las distintas
organizaciones políticas y sociales, generando enfrentamientos violentos y situaciones de crisis (en caso de que la “resignación” pase al “enojo”).
En medio de bloqueos político-institucionales recurrentes y una conflictividad social
más numerosa, radicalizada y fragmentada, la capacidad de delivery del Estado se
ve afectada en todas las áreas de política pública. Se tienden a agravar los desequilibrios socioeconómicos acumulados a lo largo de los años. La fractura social tiende
a profundizarse, al igual que la insatisfacción con el Estado y sus servicios, lo que
incrementa el malestar social, reforzando círculos viciosos de crisis de legitimidad
de las instituciones.
En resumen, en este escenario, la sumatoria de procesos negativos empuja al país
hacia una crisis del orden estatal y se transforme en déficits agudos y persistentes
56
Honduras: el desafío de construir una salida a la crisis
de gobernabilidad. El proceso electoral estaría en riesgo y la agenda de las nuevas
autoridades de gobierno estaría fuertemente marcada por la necesidad de restaurar
niveles mínimos de gobernabilidad sistémica. Una vez más, quien pagaría el costo
más alto sería la ciudadanía.
Escenario 4. El despertar de la política. Oxígeno político en un contexto
de vulnerabilidad e incertidumbre
En el escenario 4, los actores clave del país optan por concentrar su atención en uno
de los dos desafíos determinantes de futuro, aquel que se refiere a la dimensión
política, brindando una atención sólo parcial a los problemas del ámbito socioeconómico, en buena medida por las dificultades externas y el escaso margen de maniobra que dejan el déficit fiscal y la deuda pública para promover políticas activas
que enfrenten los problemas de la fractura social.
Una parte importante del liderazgo hondureño adquiere conciencia de la fase de
trasformación que vive el país y de la consecuente necesidad de abrir el sistema
político y viabilizar algunos cambios y reformas, a fin de encauzar institucionalmente
el malestar ciudadano.
Esta convergencia de visiones (si bien no es generalizada a todos los ámbitos y
opciones de gestión de los cambios/reformas), es impulsada por un cambio en la
correlación de fuerzas que tiende a reforzar a actores “reformistas” y también por
actitudes ciudadanas que privilegian la participación activa en la vida pública. Se
vive una suerte de “despertar de lo político” que, a pesar de no estar acompañada
por una mejora objetiva de las condiciones de pobreza, desigualdad e inseguridad,
genera un espacio para mirar el futuro con cierto optimismo, en la medida en que,
rompiendo con tendencias persistentes en el pasado, la percepción mayoritaria de
la población es que se gobierna “para todos” y en “beneficio de los pobres”, y no
sólo para los intereses de una “minoría” y en provecho de “grupos poderosos”.
El proceso de reconfiguración política se vitaliza y refuerza con la pluralidad de las
candidaturas habilitadas para competir en las elecciones primarias y generales, dando
paso a una representación más plural y efectiva de las distintas orientaciones e intereses presentes en la sociedad hondureña. Además se manifiesta en la legitimidad
de los procesos y el respeto inicial a los resultados electorales.
Sin embargo, el momento en que las discusiones sobre las reformas institucionales,
constitucionales y político-electorales inician, éstas se dan en un clima de enorme
interés y expectativas ciudadanas, pero también de aprensión en distintos círculos
de poder, ya que persisten actores estratégicos con elevados recursos de poder que
tienden a oponerse a la agenda de cambios vehiculadas por los actores “reformistas”.
Ello lleva, o bien a moderar el alcance y la temporalidad de las reformas deseadas,
con el consiguiente riesgo de descrédito entre la ciudadanía; o bien a privilegiar
Honduras en los próximos tres años: ¿Luz al final del túnel?
57
comportamientos “anti-sistémicos” entre aquellos actores que perciben una correlación de fuerzas institucional y/o ciudadana desfavorable, para impulsar los
cambios. Puestos ante el dilema y la posibilidad de repetir el “salto al vacío” de
2009, los actores se ven obligados a negociar y a generar, en una situación de extrema complejidad, nuevos acuerdos para construir un orden político que otorgue
garantías a todos los actores estratégicos.
En este sentido, la agenda de la Asamblea Constituyente cobra mayor relevancia,
como el mecanismo central para encauzar la participación ciudadana, pero al mismo
tiempo se da con unas reglas y una agenda que genera fuertes incentivos para que
los actores terminen pactando las grandes líneas de la nueva Constitución. Esta
nacerá con mayores niveles de legitimidad según los acuerdos incorporen a actores
políticos y sociales representativos, y según los acuerdos se den en un marco de
transparencia, que aleje la percepción negativa sobre un “acuerdismo” de espaldas
a la población. Se trata de un proceso político conflictivo y complejo, pero en el
cual la dinámica de responsabilidad de los actores, les impide cruzar la “línea roja”.
El pluralismo político y la apertura al cambio, si es complementado por una actitud
de participación política y vigilancia de la ciudadanía, acaba por reflejarse en una
representación parlamentaria más trasparente e institucionalizada. Se avanza, de
esta manera, hacia un orden político más incluyente, participativo y efectivo.
En cambio, en la dimensión socioeconómica, el gobierno tiene dificultades, a causa
de los objetivos acordados con las instituciones financieras internacionales, para
priorizar el gasto social, reducir el déficit público y llevar la deuda interna a niveles
sostenibles, en un contexto económico internacional incierto y volátil. A la vez, las
mismas condiciones de la economía internacional y la pérdida de competitividad de
los sectores exportadores en los últimos años, limitan el margen de maniobra para
mejorar las condiciones de trabajo de los hondureños.
A pesar de ello, la prioridad que tiene el nuevo gobierno de sostener en el tiempo
la “sintonía política” lograda entre las instituciones y la ciudadanía con algunas
señales de avance en la calidad de la vida de la gente, lo impulsan a generar algún
tipo de respuesta, al menos a las demandas sociales mínimas y más urgentes de
los ciudadanos. De este modo, se obtienen señales y logros puntuales en aspectos
determinados de la calidad de vida de la población. En todo caso, la orientación y
los elementos estructurales de las políticas económicas no registran cambios de
fondo. Desde un enfoque básicamente liberal, pero heterodoxo, se prioriza la recuperación del crecimiento, aunque el clima político complejo genera un ambiente
potencialmente más difícil para la inversión.
En el tema de la corrupción, se ejecutan acciones emblemáticas que demuestren
una firme voluntad de combatir casos paradigmáticos de actos de corrupción, y se
adoptan una serie de mecanismos legales que buscan dar respuesta a la demanda
ciudadana de acabar con la impunidad.
58
Honduras: el desafío de construir una salida a la crisis
En el tema inseguridad, se mantiene un abordaje reactivo, de respuesta a eventos
específicos y urgentes. A pesar de su apremiante necesidad, se registran dificultades en lograr reformas estructurales en el ámbito policial y judicial –ello supondría
abrirse otro “frente” de batalla política en un contexto de reforma constitucional
por demás complejo- por lo que los avances, si bien importantes desde un punto de
vista simbólico, se reducen más bien a eventos puntuales con un impacto parcial.
El malestar y la conflictividad social tienden a incrementarse, alimentados por las
condiciones de vida difíciles de la población y por una participación social que busca
ser reconocida desde el Estado. En la medida en que se trata de un tema prioritario
en la agenda del gobierno, se tiende a encauzarlo en diversos mecanismos y en espacios de participación política. Los datos de opinión pública muestran que, si bien
los hondureños siguen pensando que su situación económica personal no es buena,
al menos ahora perciben que las señales de la política van en la buena dirección, lo
que inyecta una dosis de “oxígeno político” a una situación que, desde el punto de
vista social y económico, podría ser insostenible.
Sin embargo, de tornarse más compleja la situación económica o de seguridad –esto
es, entrar en procesos descontrolados de recesión y crisis- ésta podría bloquear los
cambios político-institucionales en curso, fortaleciendo orientaciones políticas que
ven en ellos, especialmente en una eventual Asamblea Constituyente (y más aún
si sus trabajos avanzan lentamente), la distracción a la solución de los problemas
del país.
En el caso de que un deterioro de la economía se combine con un proceso constituyente trunco, el país estaría a un paso de transitar al escenario 3.
COROLARIO: Honduras en la encrucijada
Honduras se encuentra en una encrucijada: entre el desafío de construir una salida
sostenida de crisis y el riesgo serio de convertir la crisis en un escenario permanente.
El análisis desarrollado en el presente informe destaca la importancia de por lo
menos seis elementos para avanzar en la construcción de respuestas: i) la correlación de fuerzas y los términos del debate que se dé entre las orientaciones “tradicionalistas” y “reformistas”; ii) las estrategias políticas, incluyendo la decisión de
asumir, en momentos determinados, tácticas y comportamientos “sistémicos” o
“anti-sistémicos”; iii) la forma en que se organicen y los resultados que generen
los hitos político-electorales de 2012-2013, iv) la forma en que se gestione el cambio
de gobierno y su impacto sobre la continuidad de políticas clave; v) la capacidad
del gobierno de desarrollar una gestión pública estratégica y técnicamente viable.
Es decir, capaz de aprovechar los “espacios políticos” que se abren, respetar las
restricciones puestas por la situación macro-económica y viabilizar reformas que
enfrenten los principales problemas del país; vi) la evolución de la situación económica internacional y sus repercusiones sobre los márgenes de autonomía para
implementar una gestión económica heterodoxa. En una medida más incierta,
Honduras en los próximos tres años: ¿Luz al final del túnel?
59
también la incidencia que puede llegar a tener el narcotráfico –y los fenómenos
relacionados– en el país.
Estas fuerzas motrices internas, en conjunción con los factores externos mencionados, pueden determinar el éxito o el fracaso de los dos principales retos de Honduras:
a) poner en marcha un proceso de integración social, o por lo menos, en el corto plazo, revertir las tendencias hacia la profundización de la fractura social; y b) viabilizar
la emergencia de un orden político más representativo e incluyente, fortaleciendo
las capacidades del Estado para dar respuesta a los desafiantes problemas del país.
Una importante vulnerabilidad de Honduras es que no se hayan logrado aún avances
lo suficientemente relevantes y concretos en relación a la inseguridad, en parte por
la magnitud y complejidad del problema. Este estancamiento tiene efectos negativos
tanto sobre la institucionalidad como sobre la calidad de la vida de la población. De
hecho, no se puede excluir que sea en el ámbito de la seguridad que se produzca el
“punto de quiebre” del precario equilibrio de gobernabilidad nacional. Lo mismo
ocurre, con las dinámicas de la economía internacional.
En suma, el país parece encontrarse en una situación de equilibrio inestable, en el
cual todas las opciones están abiertas. Cualquier factor “detonante” podría activar
los riesgos latentes. La gravedad de la situación es también un llamado a evitar “el
juego de suma cero” que ya se dio en la crisis de 2009; pero también es posible aspirar
a los escenarios mejores, si, además de condiciones externas no adversas (es decir,
una coyuntura económica favorable y el narcotráfico bajo control), se consolidan
una serie de acuerdos entre actores estratégicos para recuperar una “Honduras
para todos”. Se podría, de esta manera, continuar buscando nuevas rutas para la
consolidación democrática y el desarrollo hondureño.
60
Honduras: el desafío de construir una salida a la crisis
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Bibliografía
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Anexo 1
Tablas y gráficos
gráfico 1: Votos elecciones presidenciales 1981-2009
Fuente: Sosa, 2011
gráfico 2: ¿Cree usted que en los últimos
diez años, entre los hondureños hay...?
Fuente: Elaboración propia con datos de Borges y Asociados, Diciembre 2011
Anexos
67
tabla 1. ¿Para qué cree usted que deseaba
Manuel Zelaya una nueva constitución?
Dic.2010
No dejar de ser Presidente
18
Mejorar las condiciones de vida
12
Para ayudar al pobre
5
Para enriquecerse más
4
Para que cambie el país
3
Cambiar las leyes
2
Otros
4
NS/NR
52
Total
100
gráfico 3: Si estos problemas empeorar en el futuro
proximo ¿qué estaría usted dispuesto a hacer?
Fuente: Elaboración propia con datos de Borges y Asociados, Diciembre 2011 2011
68
Honduras: el desafío de construir una salida a la crisis
gráfico 4: ¿Cuanto considera usted que contribuye a la democracia
hondureña la inscripción de dos nuevos partidos políticos?
Fuente: Cid-Gallup, Noviembre 2011
tabla 2: Apoyo ciudadano a la democracia
Difereucta Diferencia
2010 2011
Apoyo
PIB 20102010- 2011
2011
Paises donde aumenta el apoyo a la democracia
Paraguay
49
54
5
Variaciones
Indice de
en imagen confianza de los
de progreso consumidores
2010-2011
2011
-9.3
-4
55
Argentina
66
70
4
-0.9
Rep. Dominicana
63
65
2
-2 .8
Uruguay
75
75
0
-1.7
Paises donde disminuye el Apoyo a la Democracia
Guatemala
46
36
-10
1.2
Honduras
53
43
-10
0.2
Brasil
54
45
-9
-3.5
Mexico
49
40
-9
-1.4
Nicaragua
58
50
-8
-0.5
12
-13
12
62
17
64
-6
-3
-16
-2
-3
39
38
61
44
45
Costa Rica
Venezuela
Colombia
EI Salvador
Bolivia
Ecuador
Perú
Chile
Panamá
América Latina
-13
-3
-1
-3
-11
2
9
-26
-3
-4
45
53
61
34
44
48
56
50
57
49
72
54
60
59
68
64
61
63
61
61
65
77
55
55
64
61
59
61
60
58
-7
-7
-5
-4
-4
-3
-2
-2
-1
-3
-1
5.8
1
1.1
1.2
2.8
-1.7
1.1
1
-1.3
Fuente: Latinobarómetro 2011
Anexos
69
gráfico 5: Tendencia creceinte al abstencionismo
Fuente: Elaboración propia con datos del TSE y Borges y Asociados
gráfico 6: Principales problemas de Honduras, según los líderes
Fuente: Elaboración propia con datos de la ronda de élite PAPEP
70
Honduras: el desafío de construir una salida a la crisis
gráfico 7: Principales problemas
de Honduras, según la ciudadanía
Fuente: Elaboración propia con datos de Borges y Asociados
Anexos
71
Anexo 2
Herramientas metodológicas
y fuentes de la investigación
(2010-2012)
HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS
Y FUENTES DE LA INVESTIGACIÓN 2010-2012
PAPEP HONDURAS
FUENTES PRIMARIAS DE INFORMACIÓN
ENCUESTAS
Institución
Fecha
Especificaciones
Borge y Asociados
4 cortes 2010 y 2
cortes 2011
Cada encuesta: 1000 entrevistas a adultos
mayores de 18 años, margen de error +/- 3.1
y nivel de confianza del 95%)
CID-Gallup
1 corte en 2010 y 2
cortes en 2011
Cada encuesta: 1000 entrevistas a adultos
mayores de 18 años, margen de error +/- 3.1
y nivel de confianza del 95%
ENTREVISTAS
Actividad
Fecha
Especificaciones
Entrevistas a 39 líderes de
diversos ámbitos
Noviembre 2010
GRUPOS FOCALES
Actividad
Fecha
Especificaciones
12 grupos focales
Noviembre 2010
4 grupos en 3 ciudades (Tegucigalpa; San
Pedro Sula y Santa Rosa de Copán)
12 grupos focales
Mayo de 2011
4 grupos en 3 ciudades (Tegucigalpa; San
Pedro Sula y Santa Rosa de Copán)
12 grupos focales
Febrero de 2012
4 grupos en 3 ciudades (Tegucigalpa; San
Pedro Sula y Santa Rosa de Copán)
72
Honduras: el desafío de construir una salida a la crisis
PAPERS ESPECIALIZADOS
Temática
Fecha
Autor
Análisis de la opinión
pública hondureña a partir
de las encuestas LAPOP
2010
LAPOP, Vanderbilt University
Dinámica y reconfiguración de los actores políticos después del golpe
de Estado.
2011
Eugenio Sosa
La opinión pública hondureña
2000-2010
2010
María Fernanda Boidi
Caracterización de la situación actual y prospectivas económicas de
Honduras 2011-2013
2011
Marco Cambar
Honduras vista desde
las Élites: crisis y perspectivas
2011
Luis Eduardo González
Análisis y perspectivas
de la crisis política hondureña desde una lectura
internacional
2011
Gustavo Fernández
FUENTES SECUNDARIAS DE INFORMACIÓN
MONITOREO DE MEDIOS (monitoreo de coyuntura 2010-2012)
OTROS INSUMOS
Institución
Periodo
Especificaciones
Naciones Unidas
2009-2011
Documentación relevante sobre temas
económico y sociales
Observatorio de la Violencia, Mortalidad y otros
(UNAH)
2005-2010
Boletines sobre homicidios y violencia
LAPOP
2009
Informe de Opinión Pública
Corporación Latinobarómetro
2010-2011
Informes de Opinión Pública
Anexos
73
Anexo 3
Metodología
de construcción de escenarios
La técnica de construcción
de escenarios del Proyecto de Análisis
Político y Escenarios Prospectivos (PAPEP)
La técnica de construcción de escenarios desarrollada por el PAPEP se identifica
con la escuela americana de prospectiva y en su lógica intuitiva de construcción de
escenarios; de hecho se basa principalmente en una adaptación del método desarrollado por Peter Schwartz1 en la Global Business Network. Esta técnica adoptada
por el PAPEP no implica procedimientos demasiado rígidos i complejos, sino que se
adapta mucho a los contextos y objetivos específicos en los cuales se quiere aplicar.
Sin embargo, existen un grupo de reglas y principios que se aplica en la elaboración
de escenarios prospectivos.
Actividades preliminares
Previo al inicio del proceso de construcción de escenarios, existen dos condiciones
que se deben cumplir:
a)
Contar con un equipo de analistas diverso. Para construir escenarios es fundamental conformar un equipo de trabajo altamente diverso e imaginativo. Es
decir, los analistas deben provenir de diferentes disciplinas, sectores, culturas
u orientaciones políticas, además de contar con una visión amplia y profunda
de la realidad nacional analizada.
b) Contar con información relevante sobre la visión de los actores y la realidad a
examinar. En este sentido es necesario que el equipo de analistas cuente con
la información recolectada por PAPEP en la etapa de relevamiento. De acuerdo
a la metodología PAPEP, dicha información se compone de tres elementos
principales: i) “la voz de la ciudadanía”, relevada a través de grupos focales
o encuestas de opinión pública); ii) “la voz de los líderes” (o tomadores de
decisión); iii) “el saber experto”, es decir la opinión cualificada de expertos
especializados en los tema que, a la luz de una primera análisis, aparecen tener
una importancia estratégica respecto a la coyuntura y sus posibles evoluciones.
1
Schwartz, P., & Ogilvy, J. (2004). Plotting your Scenarios. California, USA: Global Business Network.
74
Honduras: el desafío de construir una salida a la crisis
Fuente: Elaboración propia sobre la base del manual metodológico del PAPEP
Una vez que están dadas estas condiciones preliminares se puede dar inicio al
proceso de construcción de escenarios, que consta básicamente de las siguientes
cinco etapas:
1.
2.
3.
4.
5.
Determinar el foco de los escenarios
Lluvia de ideas sobre los factores determinantes
Distinguir entre las tendencias estructurales y los factores de ruptura
Identificar la lógica de los escenarios
Rellenar y redactar los escenarios
1. Determinar el foco de los escenarios
Los escenarios prospectivos constituyen herramientas de planificación y previsión,
por lo tanto, deben enfocarse en aquellas cuestiones relevantes para la toma de
decisión. Partiendo de un profundo análisis de la coyuntura, se trata de discutir e
identificar el problema (o los problemas) crucial a enfrentar por los tomadores de
decisión; éste problema o desafío determinará el foco principal de los escenarios.
Una vez identificado el foco, resulta fundamental distinguir el horizonte temporal
de los escenarios. De hecho, entre otras, el marco temporal en el que se proyectan
los escenarios determina el margen de acción de los actores en relación a los escenarios. En este sentido, no es igual proyectar un escenario de largo, mediano o corto
plazo, ya que los factores determinantes pueden cambian según el marco temporal.
2. Lluvia de ideas de factores determinantes
Identificado el foco de los escenarios se pasa a identificar aquellos factores que
representan tendencias estructurales o fuerzas de cambio cuya evolución puede
configurar realidades distintas a futuro. Algunas categorías generales donde poder
Anexos
75
identificar estos factores son por ejemplo: tendencias sociales, económicas, ambientales o fuerzas políticas que interactúan entre sí.
Usualmente, este ejercicio es dirigido por una persona con experiencia en este
tipo de dinámicas, encargado de guiar el proceso creativo del grupo. A lo largo del
ejercicio el equipo debe concentrase en el foco principal de los escenarios y la(s)
preguntas centrales relacionadas al mismo. Además deberá atenerse al horizonte
temporal definido previamente.
3. Distinguir entre las tendencias
estructurales y los factores de ruptura
Una vez realizado un listado de factores determinantes deben diferenciarse los
factores identificados entre las tendencias estructurales y los factores de ruptura o
críticos. Para ello, resulta pertinente preguntarse, por un lado, cuáles son los factores que parecen inevitables o predeterminados y, por otro, cuáles podrían ser los
factores que definan o cambien significativamente la naturaleza de los escenarios.
Los primeros factores constituyen las tendencias que, dado el horizonte temporal
considerado, difícilmente variarán en cualquier escenario conforman el contexto
de la reflexión prospectiva y, en cierta medida, no están al alcance de la decisión
de los actores.
Los factores críticos o de ruptura son aquellos que pueden ser modificados por las
decisiones de los actores, y cuyo avance es fundamental para determinar la evolución futura de la situación actual. Estos últimos factores son los que determinan el
esquema de construcción de escenarios.
Cuando se han distinguido las tendencias estructurales de los factores críticos o de
ruptura, el equipo de analistas PAPEP debe llegar a un consenso sobre cuáles son
los factores críticos que, además, tienen un alto grado de incertidumbre y por ende
son más relevantes para el ejercicio prospectivo.
4. Identificar la lógica de los escenarios:
las variables críticas
El ejercicio consiste en determinar, a partir de la lista de factores críticos, una serie
de variables críticas. Luego, se hacen explícitos los distintos estados posibles (dos
o tres) de cada una de las variables críticas. Cada estado posible permitirá describir
situaciones posibles y cualitativamente distintas en el futuro. En algunos casos,
resulta preferible describir un continuum de posibilidades entre dos estados cualitativamente distintos.
Finalmente, la combinación de los distintos estados posibles de las variables críticas
debe describir una serie de situaciones posibles y cualitativamente distintas en el
76
Honduras: el desafío de construir una salida a la crisis
futuro; es decir distintos escenarios futuros posibles. El siguiente paso es aplicar
nombres creativos y evocativos que transmitan, de manera intuitiva, la esencia de
los distintos escenarios. En general, los ejercicios prospectivos derivan en la definición de tres o cuatro futuros posibles. Además cabe mencionar que la reflexión
analítica sobre el futuro sólo llega a estilizar “situaciones tipo” y la realidad puede
situarse en algún punto intermedio.
La experiencia pone en evidencia que cuatro escenarios abarcan lo esencialmente
necesario. Por lo que la metodología PAPEP de construcción de escenarios sugiere
priorizar sólo dos variables críticas, definiendo, según convenga, dos estados posibles para cada variable o un continuum de posibilidades entre dos estados cualitativamente distintos de cada variable. Para ello, se utiliza un método conocido como
deductivo, aplicando técnicas simples de priorización a la lista de factores críticos
elaborada previamente, para definir dos variables o ejes centrales cuya combinación
resulta en la definición de una matriz de escenarios dos por dos (2x2). Algunas veces
en la práctica, las variables críticas resultan no ser estrictamente independientes,
por lo que es posible que algún cuadrante de la matriz se encuentre vacío.
Definir la narrativa de los escenarios
Habiendo definido el esqueleto de los escenarios, se debe describir, de forma
narrativa, su contendido, es decir, el resultado de la combinación de los distintos
estados posibles de las dos variables críticas, que, en cada escenario, refleja un
posible escenario de futuro.
Las narrativas describen detalladamente cómo se va desde el presente hacia el
futuro delineado en el escenario. Se obtiene una descripción dinámica de cómo se
desarrollan e interactúan entre sí los diferentes factores y actores en cada escenario.
Es en esta narrativa que se recupera el conjunto de las tendencias estructurales identificadas en la primera lluvia de ideas sobre factores determinantes; pues, si bien no
han sido consideradas los principales factores críticos, son elementos importantes
de la dinámica de cada escenario.
Criterios de evaluación de los escenarios
Los escenarios deben contar con calidad conceptual y comunicacional y para ello
deben poder ser evaluados a partir de los siguientes criterios:
a)
Plausibilidad: Los escenarios seleccionados deben ser posibles. Por tanto los
actores involucrados deberían identificarse con las imágenes y narrativas de
futuro que los escenarios proponen; deberían reconocerlas como alternativas
y resultados posibles en los periodos elegidos para la prospectiva.
b) Diferenciación: Cada uno de los escenarios debería describir diversas combinaciones de la evolución de las variables estructurales, así como del comportaAnexos
77
miento de los actores más relevantes, y no ser simples variaciones de un mismo
esquema.
c)
Consistencia interna: Cada escenario debe describir una imagen diferente del
futuro que resulte de combinaciones plausibles de variables estructurales en
narrativas que no sean irreales considerando las lógicas de los actores y las
restricciones de contexto.
d) Innovación: Los escenarios deben desafiar en la medida de lo posible las visiones convencionales y habituales de los actores sobre ciertas decisiones o
problemas.
e)
Utilidad: Los escenarios deben ser útiles como instrumentos de planificación
estratégica, fortaleciendo a los actores involucrados en su capacidad de entender su realidad, las decisiones que deben encarar y sus implicaciones en la
coyuntura general.
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Honduras: el desafío de construir una salida a la crisis