DEUT O .: : soczedad Revista de Ciencias Sociales El análisis del delito* John Lea Middlesex University, Gran Bretaña. Traducción: Analía De La Fuente y Nicolás Reinke. * Publicado en Rethinking criminology: the realist debate. London, Sage Publications, 1992. El "realismo de izquierda" británico surgió como un llamado a los socialistas a "tomar seriamente el delito" (Lea and Young,1984; Young, 1986) bajo condiciones de agudización de los problemas sociales, y de la criminalidad relacionada con la clase trabajadora; mientras tanto, muchos criminólogos radicales permanecían obsesionados con una visión c`construccionista” del delito, concebid() simplemente como un reflejo de temores morales o desviación política orquestada en los medios masivos de comunicación (Hall et Hall, 1976). Sin embargo, dicha aspiración a tomar un problema "seriamente", no constituye por si misma una nueva o adecuada teorización del mismo. La supervivencia del Realismo de Izquierda como una criminología coherente depende de su capacidad para elaborar un cuerpo teórico que la distinga de otras perspectivas. El desarrollo teórico del Realismo de Izquierda en los últimos años en Inglaterra ha estado en gran parte ligado a la elaboración de un esquema en el cual el John Lea 26 delito es analizado en términos de interacción entre 4 variables clave: estado, estructura social, delincuentes y víctimas. ESTADO DELINCUENTE SOCIEDAD VICTIMA Este esquema le ha permitido establecer una relación con las tradiciones existentes en la teoría criminológica, al ver a las mismas como perspectivas parciales focalizadas en los elementos singulares de la interacción y no en el proceso como una totalidad. Así, la teoría del etiquetamiento tiende a focalizar su atención en las actividades del sistema de justicia penal o en las actividades de "etiquetamiento" de la sociedad; los "clásicos" en los efectos disuasivos del sistema de justicia penal; una teoría más conservadora, en la eficacia del control social informal; el "positivismo" se centra en el delincuente; y la "victimología", en las características de la víctima. Cada uno de estos enfoques se posiciona como una criminología autosuficiente y de hecho cada una de ellas parte de una abstracción: un solo aspecto de lo que es en realidad un proceso complejo y multifacético (Young, 1987). Tal esquema no es presentado como un proceso teórico neutral de síntesis de la teoría existente. La parcialidad de los otros enfoques es, obviamente, establecida sólo desde el punto de vista del esquema interaccionista más general de Estado, Sociedad, Delincuente y Víctima. Es dable aclarar, que este último no está exento de posterior elaboración y crítica. El mencionado esquema no se instala como un conjunto de categorías a priori que se erigen como el único método lógicamente posible y coherente para el estudio del delito. Es, más bien, un reflejo de la división del trabajo existente en la sociedad y de su sistema legal. El proceso del desarrollo teórico posterior no es, por lo tanto, una simple cuestión de desarrollar un cuerpo más adecuado de categorías, sino también una cuestión de cambio social, al cual el criminólogo, tan to como teórico como creador de políticas, no es ajeno de ninguna manera. Así, la distinción, por ejemplo, entre Estado y sociedad, no es apriorística; sino que constituye una pregunta acerca de la estructura de las actuales sociedades industriales. No escapa al esquema del realismo que el carácter cambiante y nebuloso de esta distinción es una característica de las sociedades modernas, especialmente en el área de la justicia penal. Definiendo los términos Es necesario brindar algunas definiciones preliminares de aquellos conceptos que forman el esquema de análisis del Realismo de Izquierda. Por "Estado" se entiende tanto los organismos de justicia penal en sentido estricto, así como el Estado como sistema político en general. Este último constituye una importante vía para la recepción y transmisión de y hacia otros elementos del esquema. En forma similar, el término "sociedad" impli- El análisis del delito ca no sólo los microniveles de familia yestructura comunitaria, que pueden funcionar como mecanismos de control so cial informal contra el delito, sino también, el concepto más amplio de sociedad civil corno conjunto de relaciones legales, económicas y culturales. Delincuentes y víctimas son conceptos simples sólo a primera vista. El delincuente, debe recordarse, no es necesariamente un individuo, puede ser una corporación, un grupo político u otro tipo de organización. Asimismo, las víctimas pueden ser escogidas como individuos o como miembros de grupos definidos de distintas formas. Por otro lado, éstos pueden o no, ser conscientes de su victimización o tener información precisa acerca de su origen. Acción y reacción ¿Qué relaciones existen entre los diferentes componentes del esquema? Young (1987) identifica relaciones de acción y reacción en las cuales el Estado y el sistema de control social constituyen estructuras que "reaccionan" a la "acción" de delincuentes y víctimas, redefiniendo sus actividades, dedicando recursos a su contención, y por lo tanto, jugando un rol activo en la producción del nivel final del delito en la sociedad. Esta relación constituye un intento por trascender el conflicto entre, por un lado, distintas teorías de etiquetamiento, que ven los cambios en las tasas de criminalidad como resultado de cierta combinación de las actividades de los organismos de justicia penal y las percepciones sociales; y por otro lado, un positivismo que nos habla sólo de cambios reales en el número de delincuentes y víctimas. 27 Este abordaje puede definirse mejor observando a ambos componentes como comprometidos con la acción y la reacción. La sociedad y el Estado no sólo responden al problema del delito sino que también se encuentran comprometidos en varias actividades preliminares, en el origen y definición de delito. Asimismo, el comportamiento tanto de las víctimas como de los delincuentes, puede ser visto no sólo como constituyendo una situación problemática hacia la cual el Estado y el sistema de control social pueden reaccionar, sino también, como respuesta y reacción al Estado y al sistema de control social. Es el caso en que tanto la sociedad como el Estado son determinantes en última instancia en el sentido que delincuentes y víctimas existen en realidad en el reconocimiento de una combinación de definiciones legales y sociales mientras que ni el Estado ni la estructura social son una derivación de la existencia de delincuentes y víctimas.' 1. Excepto retóricamente esto es "un filosófo produce ideas, un poeta versos, un cura sermones, un profesor libros de texto, etc. Un delincuente produce delitos. El delincuente produce no sólo delitos sino también la ley penal: produce al profesor que da clases sobre esta ley penal, y también el mismo libro en el cual este profesor vuelca sus conocimientos como bien de venta en el mercado... Más aún, el delincuente produce todo el aparato de policía y justicia penal, detectives, jueces, ejecutores... (Marx, citado por Bottomore y Rubel. 1962). John Lea 28 Estado y sociedad La existencia del delito: el proceso de criminalización La creación de las categorías de criminalidad es obviamente la acción más importante del Estado y la sociedad. En este sentido, la ley penal puede ser vista como un lenguaje que describe ciertos tipos de acción social y que legitima la existencia y actividad de los organismos estatales en su relación con individuos en cuanto delincuentes, víctimas, testigos, informantes, etc. Además del contenido de las leyes, las reglas de procedimiento para establecer la culpabilidad, por sí mismas, ayudan a determinar los parámetros dentro de los cuales los problemas sociales pueden ser tratados mediante una estrategia de criminalización. El hecho de que el sistema de justicia penal intervenga, en su mayor parte, en relaciones entre agentes individuales y no con grupos sociales per se, las reglas de presentación de la evidencia, la prueba en los juicios penales, así como aquellas que determinan la conducta a llevar en el juicio (por ejemplo, reglas de interrogatorio): todo ayuda a determinar qué tipos de problemas pueden ser efectivamente tratados por el sistema de justicia penal. Dentro de un código legal dado y de sus reglas de procedimiento, los organismos para el cumplimiento de la ley y los de justicia disfrutan de una considerable libertad de acción. No sólo responden al delito decidiendo a qué tipo de delito responder y cómo hacerlo, sino que también operan como un determinante real en el diseño de los patrones de la delincuencia. De este modo, existe una criminalización de facto efectuada por los organismos estatales, la cual presenta similar importancia para el status legal formal de acciones consideradas criminales. El grado de correspondencia entre los dos depende de: la responsabilidad real y constitucional de los organismos estatales, las condiciones de discreción operacional de las que disponen (autonomía de jueces y fiscales, por ejemplo), la independencia para operar de las autoridades policiales, la relación cotidiana entre los organismos de justicia penal y diversos grupos sociales, y la estructura de las actividades criminales en sí mismas. Esto es lo que podría denominarse "sobre-criminalización" asociada al desarrollo de estrategias particulares de operaciones policiales por las que comunidades enteras son tratadas como si fueran delincuentes, por ejemplo, mediante la utilización de la técnica de "detención" al azar (Lea and Young, 1984). Asimismo, los tribunales penales pueden inclinarse a prejuzgar la culpabilidad de ciertos individuos provenientes de grupos sociales particulares. El proceso contrario puede denominarse "subcriminalización", en el que ciertos tipos de delitos (tales como violencia familiar o peleas entre vecinos) son definidos por la policía como "delitos residuales"; así, pueden quedar relativamente desprotegidas ciertas áreas de la ciudad, o bien, pueden quedar impunes delitos cometidos por corporaciones poderosas. Junto a los organismos estatales y al lenguaje de la ley penal, la sociedad tiene su propio lenguaje para definir determinados comportamientos como delictuales. Resulta complejo determinar el grado en que el lenguaje propio de la interacción cotidiana coincide con el de la ley penal. Algunos abolicionistas (Hulsman, 1986) El análisis del delito 29 Palermo, Carcel Judicial, sección penal juvenil. Período fascista. gustan imaginar que la ley criminal es bastante redundante y que la sociedad tiene su propio lenguaje para "situaciones problemáticas" que es autónomo y superior al primero. Sin embargo, resulta poco probable que el lenguaje propio de las dis putas interpersonales pueda remplazar al de la ley penal, teniendo en cuenta que los ciudadanos comunes no pueden ponerse de acuerdo sobre la definiciones espontáneas de situaciones (por ejemplo, cuando el ejercicio de violencia física constituye un asalto) o confundirlas, por ejemplo, al intentar hablar sobre la naturaleza y alcance de la victimización. En el ámbito de las sociedades democráticas, puede existir la expectativa de que la ley penal simplemente reproduzca y se constituya en eco de las sanciones sociales. Mas donde la sociedad se encuentra dividida por estructuras de clase y de poder, la ley penal puede constituir una fuerza tanto progresista como reaccionaria. Esta puede importar el lenguaje de la delincuencia a ciertos espacios en los que el lenguaje ordinario, al reflejar relaciones de poder consolidadas en torno a la clase o al género, no percibe la existencia del conflicto y el daño, mientras que en otros espacios puede enceguecerse ante situaciones criminalizadas por el discurso ordinario. Los procesos de rápido cambio social pueden generar ciertas condiciones por las que una misma actividad es criminalizada John Lea 30 y, a la vez, hasta cierto punto justificada. Por ejemplo, la moral asociada a las estructuras de la familia tradicional pueden tolerar aún una cierta cantidad de violencia de los maridos hacia sus esposas, aún cuando el avance de los derechos democráticos y la influencia política de los movimientos feministas coadyudaron a sensibilizar a la sociedad sobre los derechos de las mujeres casadas en tanto que ciudadanas a defender de la violencia de sus maridos. Estos conflictos se reflejan en el funcionamiento del sistema de justicia penal dando por resultado el reconocimiento formal del problema combinado con una renuencia práctica a tomar una acción efectiva, a pesar de la existencia de una solicitud formal. Reacción: La respuesta a los cambiantes problemas sociales El proceso de creación de las categorías de la delincuencia efectuado por la interacción del estado y la sociedad implica, en las modernas sociedades industriales, un proceso de constante reacción y adaptación a los cambios sociales. Mientras que puede haber acuerdo considerable en las ideas generales de delito o daño, se dan cambios sustanciales cuando nos referimos a cómo y a qué actividades deben aplicarse esas categorías. Los movimientos sociales y políticos pueden dar por resultado una presión simultánea sobre el Estado para expulsar los conceptos de delincuencia de algunas áreas (por ejemplo, drogas blandas) y, a la vez, llevarlos con más rigor a otras (ej. violación matrimonial) o, con respecto al desarrollo de las actividades cotidianas de los organismos de justicia penal, consagrar una mayor cantidad de recursos a contener ciertos delitos, restándoselos a otros. Estas dinámicas, lamentablemente para los abolicionistas, no parecen generar reducción alguna en el rol del sistema de justicia penal respecto de la contención de los problemas sociales. La existencia de delincuentes y víctimas Tanto el Estado corno la sociedad, habiendo ya establecido las definiciones legales del comportamiento delictivo, responden e intentan contener la actividad delictiva. Pero al mismo tiempo, según la visión de la mayor parte del positivismo biológico duro, dicha actividad constituye un producto de la sociedad. El hecho es que las modernas sociedades industriales invierten tanto esfuerzo, si bien de manera inconsciente, en la creación del delito como en su contención. Acción: La producción de delincuentes y víctimas potenciales Existe una cantidad de aspectos en los que la actividad delictiva debe ser vista como un producto del normal funcionamiento del Estado y de procesos sociales, y no de su colapso. Aún los delitos cometidos por el sistema de justicia penal no deberían ser considerados únicamente como característicos de los estados autoritarios o "estados de emergencia" en los que las normas legales normales se encuentran suspendidas. La violación de las leyes penales por parte de los organismos estatales de seguridad, aunque encubierta, parece ser una actividad normal aún en los estados democráticos liberales ( Wright, 1987; Chambliss, 1989). El análisis del delito Sin embargo, para el estudio del "delito común" tienen mayor relevancia las consecuencias no deseadas del normal funcionamiento de las instituciones de justicia penal, de las que el ejemplo más obvio es el de la cárcel como productora de delito mediante su función latente de canal de sociali7 ición de los presos, dentro de consolidadas subculturas criminales. Pueden encontrarse otros ejemplos de las consecuencias no deseadas de la actividad de los organismos para el cumplimiento de la ley. Young describió el efecto de la "ampliación de la desviación" por medio de estrategias policiales duras utilizadas contra consumidores de drogas, que llevó a estos últimos a una posterior actividad delictiva (Young, 1971). En forma general, uno de los efectos de la "sobre-criminalización" previamente mencionada, puede ser la legitimación de los delitos percibidos por comunidades locales como acciones de resistencia frente al control policial indiscriminado. Sin embargo, las causas principales de la actividad delictiva se encontrarán predominantemente en el nivel de la estructura social y no en las instituciones estatales. Es importante señalar que el "realismo de izquierda" no ha intentado, hasta ahora, elaborar una nueva teoría sobre las causas del delito, más bien la estrategia ha sido elaborar y adaptar los cuerpos teóricos existentes en el ámbito del modelo de "acción y reacción". Debemos señalar que ha constituido una influencia fundamental la teoría de la anomia o de la "privación relativa" derivada de las clásicas contribuciones de Merton (1938) y Cloward y Ohlin (1960), combinada con una teoría de la marginalidad social y económica. La privación relativa, un conflicto entre las metas y necesidades social- 31 mente difundidas y la disponibilidad limitada de los medios legítimos para su logro, podría resolverse probablemente mediante un giro a la delincuencia entre aquellos grupos adicionalmente marginados de la participación en los procesos políticos de las modernas sociedades industriales (Lea and Young, 1984). Las críticas severas de la criminología realista de izquierda han apuntado a la aplicabilidad restringida de la teoría a ciertas áreas del delito. Las formas delictivas callejeras, tales como robos a la propiedad inmueble, a comercios o asaltos, vienen rápidamente a la mente a la hora de considerar a la privación relativa como "medios ilegales para conseguir metas socialmente difundidas". Sin embargo, la teoría de la privación relativa en términos de los desarrollos de Cloward and Ohlin (1960) y otros, vio las causas de la delincuencia no ya en una respuesta instrumental a la deprivación -como podría ser demostrada en la concepción del asalto como un suplemento de los ingresos- sino en la existencia de una subcultura en la que se desarrollan valores alternativos precisamente como una manera de sobrellevar las frustraciones de la exclusión de las vías legítimas al éxito. En este sentido, puede comprenderse el rol de la violencia interpersonal "expresa" o las formas ritualizadas de consumo conspicuo como maneras de establecer un status cuando los medios y símbolos convencionales están ausentes. Asimismo, los "crímenes pasionales" como el homicidio, y la violencia interpersonal, por ejemplo asalto sexual o violación, se concentran entre las capas pobres y excluidas y pueden percibirse como originadas en procesos de privación relativa. Box John Lea 32 describe las dinámicas de la violación llevada a cabo por hombres de origen pobre o excluido: Cuando los varones de este último grupo violan se apoyan fundamentalmente en la violencia física ya que es el recurso que manejan. Siendo relativamente incapaces de conquistar mujeres o ubicarse en una posición de reconocimiento social, y siendo menos aptos de inducir sentimientos de atracción física y emocional en las mujeres, estos varones socialmente "impotentes" quedan con una sensación de resentimiento y amargura, la que es avivada e inflamada por los estereotipos culturales de los roles sexuales de hombres "exitosos" que son sexualmente potentes (Box, 1983: 152).2 Sin embargo, existen áreas importantes de la delincuencia en las que las teorías de privación relativa y marginalidad pueden considerarse inaplicables. "Qué aporta la anomia al análisis del crimen organizado o del llamado delito de cuello blanco" interroga Tamar Pitch (1987). De hecho aporta bastante, al menos en lo concerniente al crimen organizado, aunque es cierto que los realistas de izquierda no han realizado un trabajo substancial en este área. Vale la pena recordar, como señalase 2. Las feministas radicales que quieran declarar junto a Dworkin que "la aniquilación de la personalidad, individualidad, deseos y carácter de una mujer es prerrequisito para la sexualidad masculina" (Dworkin, 1988) y que todo hombre en la situación que sea es tan capaz como otro de violar, deberán intentar ampliar y clarificar las fronteras en la noción de violencia sexual. El mismo Box fue culpable de esto (ver 1983: 121-9, Kelly, 1988). recientemente Arlacchi (1987), que uno de los estímulos del trabajo en la teoría de la privación relativa, especialmente en los momentos en que Merton efectuaba su investigación en los Estados Unidos de América, fue el intento de combatir la visión generalizada de "cultura extranjera" del crimen organizado asociándolo con los inmigrantes italianos en lugar de relacionarlo con las dinámicas internas de la sociedad norteamericana. La teoría de la privación relativa presupuso la socialización de los valores principales en el marco de la cultura norteamericana. Por su parte, la adaptación de la misma realizada por Lea andYoung (1984) tuvo un propósito muy parecido: refutar la imagen dada en los medios de comunicación de la "cultura extranjera" los jóvenes negros como una causa del delito callejero en las ciudades británicas. Sin embargo, resulta cierto que una asociación demasiado estrecha entre privación relativa y marginalidad sociopolítica conduce a un enfoque restringido al crimen callajero desorganizado. El crimen organizado puede originarse en incorporar a grupos marginados de las estructuras legítimas de oportunidad, pero una vez establecido es capaz de asegurar un grado de estabilidad en su medio mediante protección, sobornos, amenazas de violencia y un grado de penetración en las instituciones financieras y políticas legítimas (Catanzaro,1988; Santino,1989). El despliegue del término "marginalidad" en. este punto, es puramente retórico y significa poco más que una actividad ilegal. De hecho, el crimen organizado exitoso en tanto que estructura de oportunidades ilegales para la acumulación de riqueza y status, se comprende mejor en El análisis del delito este contexto como una forma de desmarginalización.3 Este análisis parece estar de acuerdo con el tratamiento clásico de Cloward y Ohlin en el que se acentúa la diferencia entre la carrera criminal y las criminalidades -o marginalidad- en los barrios bajos. Entre los apoyos del entorno a un estilo de vida criminal está la integración de delincuente de distintas edades y una integración estrecha de los portadores de valores convencionales e ilegítimos", mientras "así como los barrios bajos no integrados son incapaces de movilizar recursos legítimos para los jóvenes, tampoco pueden abrirles el acceso a carreras delictivas estables para el aprendizaje ilegítimo y las estructuras de oportunidad no se desarrollan (Cloward and Ohlin, 1960: 162, 173). Paradójicamente, el delito de cuello blanco y el delito cometido en el ámbito de los negocios presentan menos problemas a la teoría de la anomia y la privación relativa que el delito callejero. En cuanto a esta última, una de las críticas más importantes al abordaje mertoniano 3. El concepto de marginalidad puede terminar confundiéndose al de privación relativa en el sentido de que cualquier grupo con el acceso bloqueado a los medios legítimos para el logro de metas es por definición marginado. La única utilización coherente de este término es, por lo tanto, como una referencia al acceso bloqueado a aquellos procesos políticos legítimos (sindicatos, grupos de presión, partidos políticos, etc.) que proveen medios colectivos para la apertura de nuevos canales pora el logro de las metas legítimas o el aseguramiento de compensaciones para aquellos que no tienen acceso a los medios existentes. 33 refiere a la pluralidad de valores existente en las culturas de las modernas sociedades industriales y la consecuente imposibilidad de atribuir la criminalidad a los intentos innovadores tendientes a lograr (el objetivo) el éxito económico (Lemert, 1967). La credibilidad de esta crítica ha sido menoscabada con la expansión de los medios masivos de comunicación y de la educación y su divulgación de expectativas estandarizadas. Sin embargo, tal como Box advirtiera, la corporación capitalista moderna jamás adoleció del problema de la ambigüedad en lo que se refiere al objetivo de maximización de la ganancia: "La característica definitoria -objetivo en busca de entidad- hace a una corporación inherentemente criminógena, pues ésta opera necesariamente en un medio tan incierto e impredecible que sus oportunidades netamente legítimas de consecusión de sus objetivos están a veces limitadas o restringidas" (Box, 1983: 35, Passas, 1990). En este nivel, la marginalidad se convierte, de acuerdo con la frase de Stan Cohen, "en un concepto Mickey Mouse" (Cohen, 1985). Empeorando la cuestión, ésta puede cumplir una función ideológica al negar la naturaleza criminógena del sistema capitalista en sí mismo, mediante la noción de que el crimen es siempre solamente un producto del colapso o ausencia de estructuras sociales o políticas "normales". De hecho la violación de la ley penal o la presión a los gobiernos tendiente a legalizar actividades técnicamente "criminales" por parte de las poderosas corporaciones constituyen estrategias frecuentemente puestas en práctica de manera combinada (Pearce,1976). El contexto del delito de cuello blanco y del delito en los negocios ponen de relie- 34 ve que la privación relativa no debe ser confundida con la pobreza material, y que la frustración o incapacidad para alcanzar objetivos o normas exitosas se encuentra extendida en todas las clases sociales de la sociedad capitalista. El joven ejecutivo de clase media que exterioriza sus fracasos en la arena competitiva mediante la violencia hacia su esposa o hijos, o a través de borracheras públicas, no es menos víctima de la privación relativa que el asaltante en una ciudad moderna. En este caso, el énfasis está en el término "relativa". De todas formas, esto nos conduce al segundo punto débil identificado por los críticos: la pregunta sobre los mecanismos precisos por los cuales se relacionan altos niveles de privación relativa y, en un subconjunto de casos, la marginalidad, con la incidencia en actos criminales (Pitch, 1987; De Leo, 1987). Una explicación de la producción de delincuentes potenciales debe ser suplementada con una explicación de la producción de oportunidades delictivas. La teoría de la privación relativa, precisamente por su amplio margen de aplicación, no puede explicar los tipos particulares de delitos perpetrados a menos que sea suplementada por una teoría de las oportunidades criminales, al interior de las que el sufrimiento proveniente de la privación pueda movilizarse. El estudio del delito como una estructura de oportunidades se ha constituido en una de las preocupaciones de la teoría de elección racional. Mientras, algunos criminólogos -en particular economistashan intentado concebir la teoría de la elección racional como una explicación general autosuficiente del comportamiento criminal, tal abordaje usualmente ha hallado necesario efectuar una distinción previa entre aquellos que se aprovecharían o John Lea buscarían oportunidades criminales yaquellos que no. En este sentido, el análisis clásico de la teoría de la elección racional aplicado a la criminología elaborado por Becker (Becker, 1968), habiendo sostenido que "...una teoría del comportamiento delictivo útil puede prescindir de las teorías particulares de la anomia... y simplemente ampliar el usual análisis económico de la elección", procedió a añadir la disposición a cometer un acto delictivo como una variable en el cálculo de racionalidad de la acción delictiva. En consecuencia, el mejor abordaje parece considerar la cantidad de delincuentes potenciales producidos y la cantidad de oportunidades delictivas producidas como aspectos esencialmente complementarios e interdependientes del proceso en el que la sociedad produce el delito. Pueden distinguirse dos componentes clave de la estructura de oportunidades delictivas. En primer lugar, la existencia de una demanda por parte del público, tanto delincuente como no delincuente de mercancías o servicios ilegales (drogas, armas, vicio, etc) o de mercancías legales adquiridas ilegalmente: esto es, la existencia de una economía delictiva. En segundo lugar, una fuente de víctimas legítimas -desde el punto de vista del delincuente- quienes son en un "juego limpio" blanco del delito o situaciones en las que la violencia delictiva se percibe como justificada. En este punto, se trata de un error percibir a la "subcultura delictiva" o a la "subcultura de la violencia" completamente aisladas de los valores dominantes: la cultura dominante proporciona un conjunto de rótulos que, si bien no legitiman el delito directamente, permiten al delincuente elaborar su propia legitimación. Así, El análisis del delito el asesinato de una prostituta es considerado menos detestable que el de una mujer "respetable".4 Grupos sociales que han sido definidos como "marginales" pueden convertirse en blancos particulares del delito (por ejemplo, ataques raciales). Con respecto al crimen corporativo ciertos organismos estatales, por ejemplo las agencias recaudadoras de impuestos, u otros estados racionales -especialmente en elTercer Mundo- pueden percibirse como víctimas genuinas de corrupción, bajos standards de seguridad, dumping, o (circulación de) productos peligrosos, etc. (Braithwaite, 1984; Jones, 1988). Muchas veces, existe una estrecha relación entre legitimidad y vulnerabilidad de las víctimas. La primera puede constituir una causa de la última, en casos donde el prejuicio racial legitima el ejercicio de violencia contra minorías étnicas, maximizando su vulnerabilidad_ por la poca probabilidad de que la víctima reciba ayuda -por ejemplo, de vecinos- en casos de persecusión racial en reformatorios, y al mismo tiempo, relega a las minorías étnicas a las áreas más criminógenas de la ciudad. Ambas pueden correr paralelas en casos en los que la poca capacidad de ejecución de la ley de algunos Estados del Tercer Mundo pone en el mismo nivel su legitimidad como víctimas a la mirada de las corpo- 4. Por ejemplo, algunos comentaristas feministas de los asesinatos de Yorkshire Ripper en Gran Bretaña han sostenido que fue sólo cuando las víctimas dejaron de ser prostitutas y comenzaron a incluir a "mujeres decentes" que el nivel de injuria pública y las actividades policiales se pusieron realmente en acción (Wrad-Juove, 1987; Carneron and Frazer, 1987). 35 raciones multinacionales. Estas dos variables (legitimidad y vulnerabilidad) pueden también ser opuestas entre sí, como en los casos de ancianos que viven solos y aislados en grandes ciudades expuestos a delitos tales como hurtos o asaltos, o los casos de mujeres jóvenes que deben caminar de vuelta a sus domicilios en horas nocturnas siendo altamente vulnerables a una violación -aunque en ambos casos se trata de delitos considerados particularmente depravados por la sociedad en su conjunto. Un importante componente final de legitimación de las víctimas atañe a la atribución de responsabilidad por el acto delictivo. La censura hacia la víctima, o su culpabilización, pueden tomarse como el caso polar de la víctima genuina, en el que ésta, y no el delincuente llega a ser considerada la causa del crimen. Este tipo de construcción ideológica necesita ser cuidadosamente distinguida del hecho de que algunos daños y delitos pueden originarse a partir de interacción previa en la que participan tanto víctima como delincuente. Reacción: Disuación-freno, control y apoyo para Las víctimas Tanto el Estado como la sociedad reaccionan frente al delito, intentando controlar y contener aquello que han producido. Si tomamos una distinción ortodoxa, veríamos al Estado como la esfera de la ley y la fuerza legítima dirigida a detectar y a disuadir; y la sociedad como la esfera del control social informal y la prevención. Esta distinción es, de hecho, confusa. El funcionamiento de los organismos estatales, aun en su nivel más "técnico", se apoya en supuestos relativos a 36 las relaciones sociales. El Estado puede intentar comenzar y organizar medidas de prevención informal del delito llevadas a cabo por los propios ciudadanos, desde tareas de vigilancia a resolución de disputas por medio de "tribunales comunitarios" (Matthews, 1988). Los motivos que impulsan a los diferentes gobiernos a tomar este tipo de iniciativas podrían incluir intentos de solución a lo que se ve como problemas de legitimación creciente, o problemas fiscales, a los que se enfrentan los organismos de justicia penal. Finalmente, cabe señalar que los límites entre Estado e instituciones privadas han devenido crecientemente borrosos a causa del desarrollo de instituciones no oficiales de vigilancia y control (Cohen, 1985). No puede considerarse el efecto disuasivo de la ley penal en forma independiente de su relación con el sentimiento moral colectivo. Cuando el código penal refleja el sentimiento moral extendido en la sociedad, entonces el mero hecho de la ilegalidad por sí misma conlleva un efecto disuasivo; aunque esto puede ser mediado generalmente por factores tales como el status social del delincuente y la ausencia de sentimiento de vergüenza o culpa (Braithwaite, 1989) con la consecuente renuencia del sistema de justicia penal a actuar enérgicamente en estos casos (Johnson,1986). Aunque la severidad de la pena puede tener algún efecto disuasivo, las investigaciones emprendidas para determinarlo no han sido concluyentes (Cook,1980). Por el contrario, se ha demostrado acabadamente que el grueso del efecto disuasivo está constituido en menor medida por las penas establecidas por la ley para delitos particulares, que por la certeza de la detección. La certeza de la John Lea detección entraña en sí misma componentes tanto técnicos como sociales. El componente social se refiere a la buena voluntad generalizada de los individuos a dar información y denunciar los delitos a la policía, atestiguar en los tribunales, etc. Esto depende de las relaciones existentes entre la policía y las comunidades locales, de las relaciones de poder entre víctimas y delincuentes y de la estructura. socioeconómica de las localidades, determinante de cuestiones como el movimiento cotidiano de la población y la probabilidad de que alguien presencie los delitos (Cohen and Felson, 1979). Un componente social y político importante de la detección del delito refiere a la naturaleza del medio en el que los mismos son cometidos. El poder político y las capacidades de vigilancia estatales no se encuentran necesariamente extendidos de manera uniforme a lo largo del terreno. En los países del Tercer Mundo el poder real del sistema de justicia penal puede encontrarse concentrado en centros urbanos. Así, en las grandes ciudades de las modernas sociedades industriales, los cambios económicos de los últimos 50 años han producido una "periferia interna" en las áreas urbanas más antiguas en las que se concentran altas tasas de desempleo, marginalidad política y social, aislamiento de los organismos de bienestar social y de justicia penal, altas tasas de delincuencia y otros problemas sociales. Las actividades policiales en ambos tipos de lugar pueden tomar muchas veces la forma de expedición militar esporádica en lugar de rondas regulares. Se suscitan problemas similares en los casos en que el medio en el que se lleva a cabo el delito excede los límites geográficos del Estado. Los modernos delitos fi- El análisis del delito nancieros efectuados con la ayuda de computadoras implican sofisticados movimientos de fondos a escala mundial, por lo que seguir la pista de las actividades de estos delincuentes (por ejemplo en el caso del lavado de dinero proveniente del narcotráfico) puede implicar la cooperación de los sistemas de justicia penal de varios estados nacionales. Las diferencias existentes entre los escenarios de acción, tanto en términos de contenido de la ley como en la eficiencia de los organismos de justicia penal, pueden permitir a ciertos delincuentes elegir su terreno de operaciones o focalizar las facetas ilegales de sus actividades internacionales (Braithwaite, 1984). Los interrogantes técnicos relativos a la detección son numerosos. Es dificil rastrear dinero, especialmente cuando la única pista es la información almacenada electrónicamente. Es mucho más fácil seguir la pista de objetos artísticos únicos. Entre estos casos polares se sitúa la gran masa de "propiedad privada masiva" de automotores, televisores, etc., cuyo rastreo puede presentar problemas similares a los planteados en el caso del dinero. En segundo lugar, está el proceso por el que el delito se comete. En el fraude empresarial moderno, se requiere una cantidad considerable de habilidades especializadas para detectar y recoger la evidencia del delito, cuestión que plantea un problema para las fuerzas policiales entendidas como burocracias genéricas multi-propósito. Puede percibirse un tipo diferente de complejidad en los delitos cometidos al interior de las familias, como por ejemplo el abuso sexual infantil, en los que la evidencia puede ser ambigua y depende del criterio médico. En lo que 37 tiene que ver con ambas áreas las tareas policíacas se han vuelto crecientemente "organismos múltiples", involucrando a expertos y organismos no pertenecientes al sistema de justicia penal. Un interrogante crucial tanto para la teoría criminológica, como para la elaboración de políticas reside en el grado en que baja el promedio de "resolución" del delito. Es dificil evaluar en qué medida la pretendida -por la policía- baja en la solución del robo de casas (Newman, 1983) se debe a la dificultad de rastrear la propiedad privada masiva y en qué medida halla su razón en el estado de las relaciones entre la comunidad y la policía, que reduce el flujo de información desde el público hacia las autoridades. Sin embargo, la hipótesis de un aumento e la incidencia del delito junto a la declinación general en la "resolución" del mismo, aportaría ciertamente a la popularidad reciente de una concepción preventiva del control del delito. Otros problemas "técnicos" constituyen interrogantes relativos a las relaciones sociales. La complejidad de los fraudes infórmaticos a bancos es en última instancia un asunto relativo al secreto y discreción establecido por el régimen de competencia en el capitalismo industrial y financiero. El problema de la detección de los bienes masivos robados, como TV o equipos de videograbadoras remite al desarrollo de una economía de bienes de consumo ilegal en la que, estos artículos, una vez incorporados al mercado se convierten en "mercancías" como cualquier otra. Con respecto al problema "técnico" del diagnóstico del abuso sexual de menores, el mismo se encuentra en la raíz de las relaciones de poder y complicidad en las relaciones familiares. 38 Al igual que la detección del delito, la prevención reviste dimensiones sociales ytécnicas. El rasgo común de todas las estrategias preventivas es su intento de prevenir la actividad de los delincuentes mediante la aplicación de medidas a todos los individuos independientemente de sus intenciones. Tradicionalmente, las estrategias de prevención fueron concebidas de acuerdo a una base técnica y tendientes a resguardar blancos potenciales (generalmente vehículos, edificios, cajas de seguridad, programas de computación, etc.) y dificultar el acceso sin la cooperación de la autoridad pertinente. Podemos citar como dispositivos de este tipo a las cerraduras programadas temporalmente, intercomunicadores en las entradas y claves de entrada en las computadoras. Una porción importante de las habilidades del delincuente profesional conciernen a su destreza para pasar por estos obstáculos. Así, las cámaras de televisión enfocan a los transeúntes entrando o saliendo de un, área particular, o área de actividad, considerada vulnerable al delito. En este mismo sentido, a la salida de sus trabajos, los empleados pueden ser sujetos de inspección al azar como una medida contra el hurto, y a la entrada de los aviones comerciales se revisa el equipaje de los pasajeros como medida antiterrorista. Muchos dispositivos técnicos para el resguardo de estos blancos proveen la oportunidad técnica al dueño del sistema de intercomunicador telefónico para negar la entrada a aquellos que le suscitan sospechas. Otra vez, las habilidades del delincuente se dedican ampliamente a sobrepasar dichas medidas. Así, los ladrones pueden entrar, a pesar de estos sistemas, identificándose como funcionarios públicos. Por su parte, las bombas terro- John Lea ristas fabricadas con explosivos no detectables y cuidadosamente camuflados como grabadores pueden pasar los controles de equipajes. Puede incrementarse la vigilancia y visibilidad mediante la utilización de cámaras de video, como las usadas en los negocios, estaciones de tren, etc., a través del mejoramiento de la iluminación en las calles a fin de acrecentar la visibilidad, mediante la introducción de cambios arquitectónicos que eliminen algunas de las oportunidades espaciales para el delito previamente mencionadas, o los intentos de movilizar a los vecinos a participar de programas de vigilancia barrial a fin de estar alerta a incidentes sospechosos y acrecentar el flujo de información hacia la policía. La operación de las medidas técnicas de prevención del delito entrañan un elemento social crucial. La cantidad de personas y la naturaleza de utilización del espacio público determina la forma en la cual los factores geográficos y arquitéctonicos pueden operar como disuasivos del delito (Jacobs, 1962; Newman, 1972; Coleman, 1986). Un sistema de teléfonos a la entrada y cerraduras puede, al obstruir movimientos, aumentar el aislamiento de los ancianos, y así incrementar su miedo y vulnerabilidad al delito. La eficiencia de un sofisticado sistema de seguridad en una fábrica o en un aeropuerto puede verse fácilmente socavada si la calidad de las condiciones de trabajo de los operarios no se corresponde con la sofisticación del equipo. Asimismo, los programas de observación barrial diseñados para aumentar la vigilancia fracasarán si la mayoría de la población no se encuentra en el área en los horarios en los que suelen cometerse mayor cantidad de delitos (Cohen and Felson, El análisis del delito 1979), o si simplemente no miran por sus ventanas. El mejoramiento de la intensidad del alumbrado público permite tanto a los ciudadanos comunes ver por dónde caminan como a los violadores y asaltantes ver mejor cada movimiento de sus víctimas. Una posición meramente tecnicista en la r revención del delito es incapaz de comprender la razón por la que las mismas innovaciones técnicas funcionan en algunas ocasiones y no en otras, porque no entiende la forma en que los efectos técnicos están siempre mediados por las relaciones sociales entre las personas (Lea,1986). La llamada prevención social del delito es una innovación reciente. Su objetivo fundamental es la construcción o reconstrucción, como objetivo deliberado de la política social, del tipo de relaciones sociales, usualmente en un nivel micro en el ámbito del barrio o de la ciudad, pensadas para maximizar la presión social contra el crimen. Se considera que los programas de vigilancia barrial tienen tanto un efecto de cohesión social como un efecto de reducción de oportunidades incrementando las chances de cooperación barrial en la producción de boletines informativos y otros medios de difundir información. Este tipo de vínculos informales aumenta la confianza de la población en su localidad, y se torna más posible que los mismos salgan a las calles y se interesen por lo que sucede, aumentando el control informal del delito. Aun los organismos estatales, tales como la policía, a través de su presencia (independientemente de sus actividades de detección del delito) pueden contribuir a una percepción de seguridad pública y por lo tanto ayudar a la creación de un proceso de auto-reforzamiento de 39 la seguridad pública y disminución del delito (Wilson, 1983). Algunos gobiernos han intentado inculcar un elemento de coerción legal en la creación de dicho control informal. Obviamente, el barrio o ciudad no pueden ser objeto (aún) de regulación legal, mas sí puede serlo la familia. Se considera que las propuestas para aumentar la responsabilidad de los padres por la conducta de sus hijos dará algún respaldo legal a la "reconstrucción" del control social informal. Una dimensión final de la prevención social es la tendencia de los últimos años a identificar en cada actividad inofensiva desarrollada por la población, por ejemplo, clubs, campamentos de verano, etc., un aspecto de la prevención del delito. En la otra punta del espectro criminal, las estrategias de prevención han sido desplegadas como estrategias contra el delito corporativo. Otorgar poderes y licencias a asociaciones de negocios, de comercios o de inversión, para la vigilancia y monitoreo es considerado como un método más efectivo, si no preferible, de control del delito que la investigación tradicional (Clarke, 1983: Levi, 1987). Es en este punto donde podríamos esperar encontrar algunos de los problemas de las estrategias de prevención social claramente ilustrados. En la esfera del delito corporativo aquellos encargados del rol pre ventivo no se encuentran claramente diferenciados de aquellos que podrían inmiscuirse en actividades delictivas. El asunto no reside tanto en la connivencia real como en el fracaso de un sistema normativo de control para impedir la delincuencia, pues éste la sanciona implícitamente (Pearce, 1976). Esto puede ejemplificarse en la duplicidad del rol del de- 40 lincuente inmerso en el delito corporativo, por la que, en la estructura social general, éste aparece también como modelo del buen ciudadano que permanece dentro de los límites de la ley (Solivetti, 1987). En lo atinente a la prevención del delito callejero, prevalecen problemas similares. Los programas de vigilancia barrial están sesgados en la dirección del asalto a inmuebles y el robo de vehículos, con una tendencia implícita a visualizar al delincuente como un extraño al barrio (LRET, 1986; Rosenbaum, 1987). Estos programas ignoran ciertos delitos como la violencia doméstica, ya que la misma está amparada por convenciones de no interferencia en la esfera privada. El discurso de la prevención del delito refuerza frecuentemente la separación, crecientemente arbitraria, entre crimen organizado y delito callejero, imaginando un mundo en el que sólo existe el último. Así, a la hora de operar contra las redes de distribución de drogas los programas de vigilancia barrial pueden ser más bien ineficaces. De otras maneras negativas, las estrategias de prevención del delito pueden reproducir los patrones de desigualdad social y victimización que buscan combatir. Aquellos lugares que registran los promedios más altos de delitos callejeros, son aquellos en los que es más difícil establecer propuestas, precisamente debido a que los mismos también sufren en gran medida de otros problemas sociales, tales como desocupación, pobreza, precariedad habitacional, etc. Un efecto de largo plazo puede ser meramente el desplazamiento del delito a los lugares más pobres y más socialmente desorganizados de la ciudad, donde la prevención del delito es ineficaz. Mientras tanto, en el área de los cuerpos regulatorios del delito corporati- John Lea vo, pueden simplemente finalizar desplazando el delito (esto es, dumping, violación de estandards de seguridad, etc.) hacia aquellas áreas del Tercer Mundo en los que la citada vigilancia es impotente. El Estado no sólo reacciona frente a los delincuentes, sino también frente a las víctimas. El mismo, reacciona más efectivamente a aquellos considerados víctimas ilegítimas, aunque en este asunto, los organismos estatales no necesariamente reproducen definiciones de la víctima ni priorizan las formas de victimización difundidas en la sociedad. Esto puede deberse tanto a los intereses de una clase o grupo particular o los valores culturales que predominan en el Estado, como a formas de racionalidad que determinan la distribución de los recursos. Donde el Estado no reconoce aquellas formas de victimización definidas como tales por grupos sociales significativos, tienden a crearse formas alternativas de ayuda a las víctimas: centros de mujeres golpeadas, centros para víctimas de violación, entre otros. Estos pueden convertirse en la base de la organización de movimientos sociales alrededor de la victimización con miras a cambiar las prioridades de la actividad estatal. Delincuentes y víctimas Es insuficiente ver al delito y a la victimización como un simple producto, o resultado final, de un grupo particular de determinantes sociales u de otro tipo. Gran parte del estudio criminológico ha estado preocupado por el estudio de la acción delictiva. Esto es sólo un lado del delito. La sociología del delito no puede circunscribirse a la sociología de la pro- El análisis del delito 41 ducción del mismo, sino que debe reconocer la autonomía relativa del delito, tanto como fenómeno subcultural y como forma de economía con su propia dinámica de reproducción y cambio, así como con la capacidad de afectar no sólo a sus víctimas inmediatas sino a la sociedad y al Estado en general. Así como el Estado y la sociedad responden al delito, también el delito responde a ellos. Relaciones entre delincuentes y víctimas La victimización completamente azarosa es poco frecuente: el loco armado que camina por la calle disparando fortuitamente no es en modo alguno un delincuente típico. La mayoría de los delincuentes tienen algún tipo de relación social o económica con sus víctimas. Pueden vivir con ellos, como en los casos de violencia doméstica u homicidio dentro del matrimonio; se puede vivir en el mismo barrio, como en los casos de violencia callejera o delitos oportunistas callejeros, ser identificados como blanco económico posible en términos de fraude comercial; se puede estar relacionado por algún tipo de relación comercial, ya sea como cliente o competidor. Comprender las relaciones entre víctimas y delincuentes es crucial para explicar tanto el impacto percibido del delito como muchos de los problemas asociados con su detección. Una forma útil de clasificar estas relaciones es hacerlo en términos de si el delincuente es un individuo o una institución y de ver si la victimización sucede como resultado de una intención directa o indirecta: es decir, si ocurre como resultado no intencional en la búsqueda de otro fin. El caso más obvio de victimización en Nisida, Reformatorio Judicial. Período fascista. la cual el delincuente es un individuo y en la cual la victimización es directa es el homicidio o asalto fisico. En realidad el delito es pensado frecuentemente como acciones predominantemente de este tipo. Los robos domésticos implican una relación menos directa entre víctima y delincuente; pueden no encontrarse, pero el delincuente es un individuo, el delito es intencional y el objetivo ha sido seleccionado. En contraste, muchos de los llamados delitos corporativos en los cuales el delincuente es una organización, implican una victimizacion indirecta.' El res5. Se trata de una cuestión diferente de los argumentos legales relativos a la negligencia en los John Lea 42 peto de las regulaciones de seguridad es abandonado en pos del objetivo corporativo de maximización de las ganancias, asumiendo que la organización puede trabajar mejor sin ellas. Esto no implica que aquellos que toman las decisiones de la corporación desconozcan las "consecuencias victimizadoras" de su accionar. Pueden cínicamente calcular que "si" muere gente como resultado de las acciones corporativas pocas consecuencias caerán sobre la corporación debido a la dependencia del gobierno: tal es el caso de algunos países del Tercer Mundo. Paralelamente, puede efectuarse un cálculo acerca de las chances de accidentes a ocurrir y los riesgos tomados. Aquí, el delito corporativo se mueve hacia la victimización directa donde una compañía pone deliberadamente en el mercado productos que se sabe son inseguros, por ejemplo, el conocido caso del Ford Pinto (Cullen et al, 1987), o los casos en que se involucran en la corrupción de funcionarios del gobierno, o en el asesinato de líderes sindicales, etc. La victimización individual puede, por supuesto, ser indirecta como en los casos de acciones de conductores ebrios u otra forma de victimización resultante del fracaso individual en anticipar las consecuencias de las acciones. Tanto víctimas como delincuentes pueden ser individuos o grupos. El apoyo o ignorancia por parte de los miembros de la comunidad hacia la víctima individual de violación u homicidio depende de muchos factores señalados anteriormente. La misma puede ser vista como producto de una elección basada sólo en su pertenencia a un grupo, como en los casos de persecución racial. Esto tiene el propósito de maximizar el apoyo comunitario. En otros casos, donde un grupo está siendo victimizado, por ejemplo en el caso de los consumidores de productos contaminados, la extensión de la victimización puede ser un factor que lleve al ocultamiento, al menos por un tiempo, de algunos de los impactos; ya que los individuos no son conscientes de las diferencias entre su situacion y la de gente similar a ellos. Acción: el impacto del delito que el delincuente es obligado a hacerse cargo de la responsabilidad por negligencia. De hecho, una gran parte de las acciones legales concernientes a este tipo de crimen consisten precisamente en la atribución de responsabilidad por acciones "no intencionadas" como en el caso en que una gran corporación es penalizada por daño ambiental o por haber pasado por alto procedimientos de seguridad con la esperanza de que no se produzca ninguna muerte -la que en realidad se produjo. En el momento en que escribo se está produciendo la historia legal británica por la decisión de llevar a juicio a los propietarios de una compañía de ferry cuya supuesta negligencia terminó en el hundimiento de una embarcación produciendo la muerte de más de 100 pasajeros en Zeebrugge en 1987. El impacto del delito es percibido no como un simple cuerpo observable de hechos, sino a través de la interacción entre sociedad, Estado y víctimas. Los organismos estatales buscan criterios objetivos de medición tales como promedio de victimización, promedio del valor de las pérdidas por robo o daño criminal, etc. La pregunta acerca de la distribución de recursos entre áreas alternativas de política social presiona hacia una forma de medición en términos de la cual el impacto de un vasto conjunto de problemas sociales puede ser comparado. La El análisis del delito traducción en términos monetarios del impacto del delito facilita al gobierno la realización de estimaciones comparables en cuanto a la seriedad de los distintos problemas del mismo, así como del delito en relación con otros problemas que compiten por financiamento público. No obstante, existen buenas y malas maneras de hacer dichos cálculos. Los promedios estadísticos sobre un país pueden descarriarse ya que los distintos tipos de delito se hallan distribuidos en forma desigual y tienen además, diferentes tipos de impacto. Dichos cálculos, tales como "el ciudadano promedio tiene una chance de ser víctima de un delito una vez cada 400 años" y "el promedio del valor de las propiedades perdidas en robos a hogares es de 50 libras" pueden convertirse en parte de una estrategia política que minimiza el impacto del delito en la sociedad, que ignora que son los pobres y marginados las mayores víctimas del delito y que desconoce que una cantidad igual de dinero robada a una persona pobre tiene obviamente un impacto mayor que si es robada a una persona adinerada (Kinsey et 1986). No obstante, la estrategia opuesta de permitir que las víctimas definan el impacto del delito a través de respuestas a preguntas enmarcadas en encuestas sociales presenta inconvenientes; de hecho, pueden encarnar una relación entre víctimas y Estado -marginalidad y pérdida de poder político- similar a la incorporada en los promedios estadísticos de propiedad robada. Las encuestas sociales asumen que las víctimas son conscientes de su. victimización. En términos de la clasificación de las relaciones víctima-delincuente citadas más arriba, es obviamente en la forma de delito directa e individual en la 43 cual las víctimas son más conscientes de su condición. Esto puede resultar de la ignorancia de las muchas formas de delito corporativo que aparecen simplemente "accidentes" a cualquiera que no esté familiarizado con las regulaciones legales o con el proceso de decisión corporativa, y donde el alcance de la victimización -por ejemplo en casos de contaminación ilegal del medio ambiente- sólo es comprensible con el paso de los años. El impacto del delito sobre las víctimas se encuentra estrechamente ligado a la pregunta acerca del miedo al delito. Los investigadores estatales al realizar cálculos estadísticos como los antes citados, han llegado comúnmente a la conclusión de que los ciudadanos tienen un temor exagerado al delito en relación a su "real exposición". Aparte de los problemas mencionados anteriormente sobre el uso de promedios estadísticos, un tema crucial se refiere a ver hasta qué punto la víctima es vista como idiosincrática o como típica de un grupo social. Donde la víctima es considerada "legítima" -en el sentido previamente discutido- o de haber provocado ella o él el delito, allí el impacto del delito sobre otros, en relación al aumento del miedo de que lo mismo ocurra a uno, será también minimizado. El miedo no aumenta sólo allí dónde la víctima es representativa y típica, sino también, donde el delito es percibido en relación a otros delitos. Las mujeres, como grupo, son más temerosas a los robos a hogares que los hombres, no sólo por ser más irracionales al calcular los riesgos, sino también porque para ellas el robo al hogar incluye también el riesgo a ser violadas mientras que muchos hombres confían en poder asustar al delincuente. Las mujeres tienden a presentar un promedio de miedo más parejo a lo largo de 44 todo el espectro de delitos que los hombres (Warr, 1985), siendo racionales sobre eso. Esto no quiere decir que el miedo al delito o la falta del mismo sea siempre racional. Allí donde el impacto del delito no es asequible, no será temido. La irracionalidad del temor de las víctimas es más un error por desestimar el delito debido a la. ignorancia del impacto del delito corporativo, así como de exagerar la importancia del delito callejero. El miedo al delito tiene su propio impacto, el más importante es la suspensión de movimientos alrededor de la ciudad, en especial de noche, acompañada con sentimientos de inseguridad aun en la propia casa. Las consecuencias no intencionadas de que haya sólo un número reducido de personas en las calles puede contribuir a la decadencia social del área, así como, al aumento de las probabilidades de delito en las mismas (Wilson, 1983). Ni el impacto del delito ni la racionalidad del miedo pueden ser adecuadamente medidos por las técnicas frecuentemente utilizadas para la determinación de promedios de riesgo o encuestas a las víctimas. Ambas pueden subestimar la rea importancia del delito en la vida de la gen. te, a menos que sean vistas como un único, aunque importante, aporte dentro del proceso democrático en el cual existe, y donde puede facilitar que la gente común y sus representantes recientemente electos, tomen consciencia acerca del alcance del delito y su impacto real en la sociedad. Esto no se llevará a cabo en sociedades en las cuales, aun presentando los adornos formales de la democracia, los medios de comunicación se hallen monopolizados por el estado y donde hasta el mismo miedo al delito se convierte en un medio utilizado para fines políticos. John Lea Reacción: movilización de víctimas Un principio cardinal de estabilidad social en las modernas sociedades industriales encarnadas en la ley penal, considera que debe ser el Estado y no la víctima la que responda al delito. La víctima es en la mayoría de los códigos legales un testigo para el Estado. Las estrategias de prevención del delito pueden ser llevadas a cabo por cualquiera, pues las mismas apuntan a los ciudadanos en general, en tanto que no sean de naturaleza punitiva y no infrinjan las libertades civiles, tales como el derecho a circular en espacios públicos. No obstante, la legitimidad de los organismos estatales puede hallarse comprometida en secciones particulares de la sociedad debido a su parcialidad o ineficiencia, pudiendo contribuir en los casos extremos al crecimiento de la vigilancia o de otras formas de autoprotección por medio del aporte de las víctimas y de aquellos que temen a la victimización. En situaciones revolucionarias dichos órganos pueden alcanzar el estado de sistemas alternativos de justicia criminal embrionarios (Santos, 1980) en directa competencia con el Estado existente. Bajo condiciones menos dramáticas dichas alternativas pueden ser fácilmente captadas o manipuladas como resultado de las adaptaciones realizadas por los organismos de justicia penal existentes. En forma similar, grupos sociales que perciben que el Estado no toma su victimización seriamente, pueden desarrollar formas de apoyo alternativo a las víctimas tal como lo demuestra el crecimiento de centros de ayuda a las víctimas de violación y de refugios voluntarios para mujeres víctimas de violencia doméstica. Estos pueden, con el tiempo, convertirse en la base de cam- El análisis del delito palias políticas sobre victimización pudiendo también, a largo plazo, aceptar financiamiento o ser incorporados a una relación cuasi-oficial con el Estado. Delincuentes, víctimas, sociedad y Estado Junto al impacto del delito en sus víctimas se encuentra el impacto en la sociedad y el Estado. Estos dos no son frecuentemente distinguidos, después de todo las víctimas son miembros de la sociedad; el miedo al delito y sus consecuencias se extienden más allá de aquellos directamente victimizados, y el sistema de justicia penal y varios servicios de apoyo a las víctimas financiados por el Estado desvían recursos sociales para tratar con las consecuencias del delito. No obstante, como se ha dicho, es sociológicamente importante entender la delincuencia como una forma de comportamiento social, como un subsistema de sociedad, de hecho como una parte normal de actividad social que actúa para reproducirse ydefender las condiciones de su propia existencia. De otro modo es dificil entender la continuidad de varios tipos de delincuencia en sociedades modernas. Acción: reproduciendo la estructura social de delincuentes y víctimas Los delitos pasionales no existen generalmente como forma particular de actividad social con su propia economía, subcultura y división del trabajo. Los homicidios dentro del matrimonio o los casos de violencia doméstica pueden ser pensados como el surgimiento espontáneo de las actividades de individuos in- 45 volucrados en relaciones matrimoniales destructivas. Esto significa simplemente que la estructura social y la cultura que sostiene dicha actividad delictiva, a saber, la familia moderna y sus valores patriarcales asociados con su peso y fuerza, es difundida a través del sistema social, punto sobre el cual las feministas han puesto énfasis. Algo similar puede señalarse respecto de gran parte del delito comercial que es producido por los valores y métodos normales de las organizaciones de negocios. En la otra punta del espectro están las complejas organizaciones internacionales del delito organizado y su actividad principal: el tráfico de armas y drogas. Aunque no sea parte del sistema legal capitalista, existen muchas similitudes en la fabricación y comercio de bienes peligrosos e ilegales con empresas legítimas en términos de la cadena de producción, marketing y financiamiento, que requiere que se tomen medidas para asegurar la continuidad y perduración de dichas empresas ante los esfuerzos determinados y hasta ahora sin éxito por parte de la ley de intervenir: en el centro de este continuo existen varios tipos de empresas ilegales con distintos grados de organización, tales corno las ubicadas en el comercio de bienes robados, por ejemplo, videograbadoras y tarjetas de crédito. Cuanto más organizada y continua en el tiempo es una actividad delictual, más racional debe ser en cuanto a la seguridad y más precauciones debe tomar para asegurar las condiciones de su existencia. También existen al interior de estas economías criminales dinámicas usuales de competencia y asociaciones. Estas economías deben, a fin de asegurar su continuidad, lograr la complacencia de las poblaciones locales así como neutralizar el 46 sistema de justicia penal. Asegurar la complacencia de las poblaciones locales depende en primer término de la naturaleza de la actividad criminal: si es una que implica un beneficio para la población local, la complacencia no es problema: poca gente protestará frente a la venta de videograbadoras a bajo precio. Si la actividad es del tipo que se opone a los principios de la población, deben efectuarse otros pasos. Los narco-capitalistas de Medellín y otros centros de producción latinoamericanos invierten una considerable cantidad de dinero en escuelas locales, centros sociales y de salud, y otras formas de actividades tipo "Robin Hood" que, combinadas con la violencia y el terror, apuntan a mantener calmada a la población. En las viejas regiones de la mafia en Sicilia y Calabria, los mafiosos mantuvieron en la comunidad su estatus de "hombres de honor" por ayudar a los ciudadanos locales en sus problemas con las autoridades o con los dueños de la tierra (Arlacchi, 1988; Hess 1973). En forma similar, poderosas organizaciones criminales pueden financiar partidos políticos así como candidatos particulares que simpatizan con sus intereses tanto regionales como nacionales. Junto a las actividades de las poderosas organizaciones criminales, la economía criminal puede ejercer su propia forma de control social llevando empleos e ingresos a grupos marginales que de otra manera permanecerían desocupados. La descripción gráfica de una gran ciudad de Estados Unidos hecha por Mike Davis demuestra cómo, mientras las dinámicas de la moderna economía capitalista expulsó de las viejas áreas urbanas el empleo legítimo, los jóvenes adolescentes negros se convirtieron en los principales sostenedores de sus familias a John Lea través de la única actividad económica bien remunerada en el área: la venta de cocaína y sus derivados en la calle. Reacción: conteniendo y puliendo al Estado Mantener a distancia al sistema de justicia penal, así como volver ineficaces sus actividades, es fundamental para la supervivencia del delito organizado. Puede intentarse una combinación de soborno y de amenazas de violencia a personal judicial y policial, dependiendo del balance de poder relativo entre ambas instituciones. En los niveles más bajos de las estructuras policiales, siempre es posible encontrar a alguien sobornable, inclusive alguien dispuesto a participar de acciones delictivas. Las investigaciones de la "operación countryman" en Gran Bretaña a principios delos años '80, mostraron algo del alcance y la forma en la cual los policías se involucran en ese tipo de relaciones, aun en un país sin una tradición importante de corrupción estatal y clientelismo (Doig, 1984). En un nivel de organización mayor, los grupos criminales poderosos pueden combinar el soborno con la amenaza de violencia o asesinato. El proceso no es de ningún modo desconocido en Europa occidental, donde policía y fiscales -y a veces la misma prensa que acusa al delito organizado- operan bajo condiciones de amenazas y asesinatos. Aun si el sistema de justicia penal no puede ser aterrorizado, le es posible a las organizaciones delictivas ingresar en distintos tipos de conspiraciones. A nivel individual, puede garantizarse a un delincuente, unavez atrapado, inmunidad a cambio de información útil que ayude a atrapar a los líderes. Tal El análisis del delito es el caso de gran parte del delito organizado o terrorismo político. Las confesiones periódicas de miembros de la mafia forman una parte importante de la lucha cotidiana contra el delito organizado en Italia y Estados Unidos. Sin embargo, lo importante aquí es la. posibilidad de conspiración entre la organización criminal y elementos del sistema de justicia penal a fin de asegurar la actividad criminal. En ocasiones, los gobiernos deliberadamente pueden llevar a cabo una política conspirativa con grupos criminales. Estos últimos pueden proveer a los organismos estatales con un suplemento a fin de mantener un régimen político particular de ley y orden. Algunos regímenes latinoamericanos han tolerado abiertamente en años recientes la existencia de escuadrones paramilitares de asesinos de derecha como forma de control sobre los movimientos de izquierda. Asimismo, los estados pueden deliberadamente ignorar la utilización de miembros de bandas criminales por parte de contratantes con el fin de romper huelgas, etc. La posibilidad y el grado de estas alianzas depende del balance de las fuerzas políticas y sociales. Los gobiernos pueden calcular mal la situación política y encontrar embarazosa la conspiración con grupos criminales. El gobierno norteamericano se ha visto en aprietos ya que, como revelan los relatos relacionados al "changare", las operaciones clandestinas de ese país en los '80 destinadas a proveer de armamento a los contras en Nicaragua incluyeron relaciones cercanas con traficantes de drogas. De este modo los aviones contratados para llevar este armamento fueron usados para traer a su vuelta cargamentos de droga. Antiguos ejemplos de este tipo de conspiraciones pueden 47 encontrarse en la historia europea, por ejemplo años después de la unificación italiana, en la cual, el gobierno débil aun en el sur y Sicilia, permitió a la mafia funcionar como organismo no oficial de ley y orden (Arlacchi, 1988). La salida final abierta a los delincuentes consiste en asegurar la despenalizacion de sus actividades. Los grupos de delincuentes carecen de poder político colectivo para influir en su despenalización, excepto como parte de un movimiento social más amplio. La despenalización de las relaciones homosexuales entre adultos requirió de una importante liberalización de la opinión pública en general. Podemos señalar que los consumidores de drogas constituyen en particular grupos sin poder. Sin embargo, grupos sociales poderosos como capitales corporativos pueden, también ser consultados por los gobiernos en el proceso de legislación; pudiendo influir en la formulación de la ley a su favor, y hasta comprometerse en una "despenalización anticipatoria". El crimen organizado posee una posición bastante ambigua frente a la despenalización dado que gran parte de sus ingresos por el comercio de productos ilegales depende de esta situación de ilegalidad. Consecuentemente, una forma más sofisticada de "despenalización" es aquella en la cual los beneficios de una empresa ilegal pueden ser transferidos hacia formas legítimas y más seguras de inversión a través de sofisticados procedimientos de lavado (Taylor, 1989; Santino, 1989). La reacción de las víctimas al Estado -opuesta a la acción directa de las víctimas contra el delincuente- es por lo general la de percibir la inactividad de este último. Una excepción se da cuando el Estado mismo es visto como delincuente John Lea 48 y donde los familiares de aquellos victimizados por el Estado intentan obtener apoyo político de grupos sociales más amplios, tanto del extranjero como de miembros del gobierno anterior en contra de miembros del régimen. La presión desarrollada por los grupos de víctimas con miras a conseguir mayores recursos y actividad de los organismos de justicia penal se encuentra muchas veces estrechamente ligada a movimientos tendientes a ampliar los alcances de la penalización. La variable clave es esta extensión, la cual será identificada por grupos amplios al interior de la sociedad con la victimización formal en cuestión. Esta es gobernada por los factores concernientes a la visibilidad y direccionalidad de la victimización, como antes mencionamos, el status de las víctimas en la sociedad, etc. Los grupos de víctimas son más efectivos cuando sus casos son vistos corno ejemplos de un hecho social más amplio. Así, las víctimas de violación, se han visto beneficiadas en años recientes por el apoyo generalizado del movimiento femenino. Fundamental éste para la pues ta en funcionamiento de centros para víctimas de violación, así como en el montaje de campañas con miras a lograr cambios en el tratamiento que la policía y el sistema judicial hacían de la violación; concibiendo el tratamiento de tales víctimas como reflejo del tratamiento generalizado hacia las mujeres en la sociedad moderna. Pueden ser contrastadas con el caso de las víctimas viejas y pobres de robo callejero quienes al mismo tiempo encuentran que la seriedad de su victimización es combatida por grupos radicales y es denunciada como figura de "pánico-moral" orquestado por los medios masivos de comunicación, así como también, el de las víctimas indefensas de asesinatos llevados a cabo por el crimen corporativo como el de Bophal -que aún hoy espera por una compensación adecuada. Conclusión La mayor parte de los temas tocados en este trabajo podrían ser y son tratados en sí mismos en estudios más largos. El fin aquí ha sido deliberadamente ecléctico: el mostrar que el desarrollo de la criminología debe proceder concreta y sintéticamente mediante el acercamiento, en el análisis de situaciones particulares, de un amplio espectro de diferentes factores y no, mediante el desarrollo de teorías unidimensionales sobre las causas del delito o las causas de la criminalización. El esquema de explicación del delito desarrollado por el realismo de izquierda nos obliga a enfocar problemas aparentemente simples, tales como "¿por qué el delito aumentó en la última decada?", como proceso de una compleja estructura de interacciones. El desafío ahora consiste en demostrar la utilidad de este esquema en el análisis concreto de diferentes tipos de delincuencia y políticas con E miras a controlarla. El análisis del delito Bibliografía Arlacchi, P.: "La questione criminale in Italia", en Arlacchi y N. della Chiesa (eds). La Palude e la Citta, Milán, Arnaldo Mondatore Editori, 1987. Arlacchi, R: Maffia Business, Oxford, Oxford University Press, 1988. Becker, ,G.: "Crime and punishment: an economic approach", Journal of Political Economy, 1968, 76: 169-217. Bottomore, T. and Rubel, M.: (eds) Karl Marx: Selected Writings in Sociology and Social Philosophy, Harmondsworth, Penguin, 1962. Box, S: Crime. Power and Mystification, London, Tavistock, 1983. Braithwaite, J.: Corporate Crime in the Pharmaceutical Industry, London, Routledge and Kegan Paul, 1989. Braithwaite, J.: Crime, Shame and Reintegration, Cambridge, Cambridge University Press, 1989. Cameron, D. and Frazer, L.: The Lust to KilL London, Policy Press, 1987. 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