Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología
ISSN 1695-0194
ARTÍCULOS
RECPC 08-08 (2006)
FORMAS DE ANTICIPACIÓN
DE LA TUTELA PENAL
Juan L. Fuentes Osorio
Profesor (doctor) de Derecho Penal. Universidad de Jaén
___________________________________________________________________________
FUENTES OSORIO, Juan L. Formas de anticip ación de la tutela penal. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología (en línea). 2006, núm. 0808, p. 08:1-08:40. Disponible en internet:
http://criminet.ugr.es/recpc/08/recpc08-08.pdf
ISSN 1695-0194 [RECPC 08-08 (2006), 24 ago]
RESUMEN: El autor sostiene que las manifestaciones del fenómeno de la anticipación de la tutela
penal se pueden organizar ,mediante dos criterios: el
emplazamiento dentro del iter criminis (delitos
preparatorios y de tentativas de participación) y el
juicio de peligro (delitos de peligro abstracto).
Ambos criterios están necesariamente vinculados:
los delitos del iter criminis serán siempre una clase
de delitos de peligro; las conductas sancionadas
como delitos de peligro ocupan obligatoriamente
una posición dentro del proceso delictivo. En
consecuencia, el análisis de las conductas que
representan una antelación de la intervención penal
debe tener en cuenta ambas cuestiones: el estudio
aislado de un comportamiento sólo como preparación o como peligro abstracto soslaya importantes
reflexiones sobre su contenido de peligro o sobre las
consecuencias que se derivan de su posición en el
iter criminis.
PALABRAS CLAVES: Anticipación tutela penal,
actos preparatorios, tentativa participación, delitos
peligro abstracto, delitos de acumulación.
Fecha de recepción: 1 junio 2006
Fecha de publicación: 24 agosto 2006
___________________________________________________________________________________
SUMARIO: SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. CRITERIOS DE ORDENACIÓN DE LAS
FORMAS DE APARICIÓN DE LA ANTICIPACIÓN DE LA TUTELA PENAL. 1. La
antelación en función del emplazamiento dentro del iter criminis. 1.1. Formas de punición
de las conductas preparatorias. 2. La antelación en función del juicio de peligro. III.
CONCLUSIONES. BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA.
I. INTRODUCCIÓN
El término «anticipación penal» se refiere a un modo de actuación penal ilegítima
porque no respeta los límites impuestos por el principio ofensividad: se prevé una
intervención penal contra conductas que no representan un ataque con suficiente
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entidad objetiva al bien jurídico tutelado 1 . No obstante, esta forma de comprensión del
principio de ofensividad no es universalmente compartida: no todos consideran que el
fin del Derecho penal sea la protección de los bienes jurídicos ni, consecuentemente,
que el referente material de la actividad penal legítima sea la afectación material de un
bien jurídico. El debate sobre la anticipación no desaparece, empero, sino que cambia
de perspectiva: se limitará a determinar, por ejemplo, si la creación de una norma (con
independencia del grado de afectación de un bien jurídico que represente) es funcional
para el mantenimiento del equilibrio del sistema y, en un momento posterior, a verificar si hay una infracción de una norma vigente que no esté amparada por otra expectativa normativa.
El subsistema político creador del derecho, dentro de un ambiente que no deja de cambiar,
debe crear normas capaces de reducir la complejidad social a través de la generalización de
expectativas de conductas (formulaciones claras e inequívocas de lo que el Derecho va a proteger frente a su decepción). Una norma será materialmente justa porque su existencia y el
reestablecimiento de su vigencia reducen la complejidad del sistema social y ayuda a la
conservación de su estabilidad 2. Desde una lógica funcional-sistémica sólo es necesariamente
valioso para el sistema lo que contingentemente contribuya a su mantenimiento estable 3.
La producción de normas justas sólo porque responden a criterios de funcionalidad 4 conduce a la relativización de los principios limitadores del poder punitivo del Estado (por ejemplo, los de protección exclusiva de bienes jurídicos, de ofensividad, de culpabilidad 5). Ahora
bien, como la racionalidad sistémica renuncia a someterse a unos determinados valores que
actúen como constantes límites externos 6 («en todo caso los límites operan de modo inmanente y se hallan en la “constitución” o la “autocomprensión” del respectivo modelo social» 7) no
hay realmente una infracción de esos principios cuando dejan de aplicarse (hecho que para algunos, y desde sistemas de justificación de la actividad legislativa penal distintos, determinaría el carácter injusto de las normas creadas), sino una eterna actualización del elenco de principios vigentes (y de sus definiciones) según las necesidades del sistema. La ausencia de un
límite material permanente y necesario que justifique la norma penal posibilita la aparición de
1
Vid. MÜLLER-DIETZ 1973: 46-55; FERRAJOLI: 464 y ss.; BECK 1992; SÜß 1995: 221; PARK 1997:
139; DETZNER 1998: 167 y s.; SANTANA VEGA 2000: 159; MENDOZA BUERGO 2001a: 78-83.
2
Lo característico de la concepción funcional-sistémica es que el contenido del injusto no viene determinado
por la lesión de un bien jurídico sino por el posicionamiento del autor frente a la norma: el comportamiento
delictivo no es el ataque contra determinados intereses o bienes jurídicos sino la simbólica puesta en cuestión de
una norma (forma general de orientación de la conducta) que representa ese ataque (vid. JAKOBS 1989: 229;
ídem, PG, n. 7, 25/21; VEHLING 1991: 88; LESCH 1995: 38). Consiste en la «defraudación de las expectativas
normativas» jurídicamente institucionalizadas (ello no quiere decir que no tenga importancia el resultado
entendido como acontecimiento natural: el «no-reconocimiento» de la norma es un proceso comunicativo que
exige una objetivización, JAKOBS 1992: 105 y s) . En ese contexto el Derecho penal asume la misión de reest ablecer en el plano comunicativo la vigencia de la norma perturbada por un delito: las normas orientadoras de la
vida social están garantizas en la medida en que, primero, hay prevista una sanción punitiva y, segundo, se aplica
cuando se vulnera la norma, lo que reestablece su vigencia y la confianza en el orden jurídico como criterio que
orienta las relaciones sociales (JAKOBS 1996: 18 y s).
3
Vid. SILVA SÁNCHEZ 1997b: 21-25; SORIANO 1997: 163; PORTILLA 2005.
4
Y porque se han creado de acuerdo con el procedimiento legalmente previsto. Por consiguiente, una
concepción funcional-sistémica del Derecho penal, encargado de la estabilización del sistema social a través de la
estabilización del subsistema jurídico, posee un concepto de justicia predominantemente procedimental,
preocupado por la creación y aplicación correcta de la norma y el mantenimiento de su vigencia, vid.
RODRÍGUEZ IBÁÑEZ 1998: 248; PORTILLA 2005: 65.
5
Vid. BARATTA 1984: 535; ALBRECHT, Kr: 4, 66; PORTILLA 2005; DIEZ RIPOLLÉS 2005: 18.
6
PORTILLA 2005: 65.
7
SILVA SÁNCHEZ 1997b: 24.
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lo que desde una perspectiva material del injusto vinculado al fin superior de protección de
bienes jurídicos podría entenderse como un ilícito formal, que se independiza de la necesidad
de establecer una relación causal de lesividad con un bien jurídico concreto8. De este modo,
que la sanción penal, por ejemplo, de la preparación delictiva fuera una intervención penal anticipada no dependería de su relación de lesividad con el bien jurídico. Hablaríamos de anticipación únicamente cuando se sancione penalmente a un ciudadano que no infringe ninguna
norma con su conducta. De nuevo con la preparación: se dice que semejantes conductas no
deben ser objeto de persecución penal porque son comportamientos sitos en el marco
legalmente reconocido al ciudadano, dentro del cual puede actuar sin vulnerar las expectativas
normativas. En un Estado social y democrático de derecho la esfera exenta de responsabilidad
que cada ciudadano posee alcanza los pensamientos, el ámbito de lo privado y las conductas
externas irrelevantes por sí mismas 9. Ahora bien, necesidades del sistema pueden establecer
que esa expectativa normativa de irresponsabilidad en el ámbito de lo privado no esté vigente.
Así, se puede mantener que una conducta externa no sólo perturbe por arrogación de una organización ajena, también lo haga cuando pueda revelar una futura arrogación de organización: «Entonces se trata de un injusto de amenaza: se ve conmovida la seguridad de la validez
fáctica de la norma» 10. El sujeto que da a entender que en el futuro realizará una acción perturbadora atenta contra la norma de flanqueo protectora de la principal («confianza en la vigencia de la norma desde la perspectiva del afectado») 11. En este caso no habrá anticipación, y
ello, primero porque la norma que sanciona ciertas conductas preparatorias es funcional al
mantenimiento del sistema; segundo, porque en el momento en que se realizan, como son un
atentado contra la vigencia de la norma, exigen dentro del contexto simbólico de los procesos
de comunicación una respuesta penal.
Sin embargo, en ocasiones se llega a la misma conclusión (respecto a la anticipación y los márgenes de punición) alcanzada por los planteamientos abiertamente
orientados a la protección de bienes jurídicos como fin del Derecho12 (ya sea porque
aquéllos intentan mantener una conexión con el bien jurídico y el principio de ofensividad, ya sea porque éstos relajan su sujeción a los citados principios)13 .
Incluso cuando se acepta el principio de protección exclusiva de bienes jurídicos no
todos defienden que sea penalmente relevante el mismo grado afectación del bien
tutelado. El concepto de anticipación de la tutela penal también depende de lo que se
considere «injusto originario»: hay una anticipación de la tutela penal cuando se
persiguen comportamientos que, aunque orientados a la lesión de un bien jurídico, no
se incluyen dentro del ámbito legítimo del Derecho penal que resulta de la concepción
del injusto que se defienda14 .
Desde una perspectiva estrictamente subjetiva del injusto, en la medida en que el
fundamento del injusto penal es la voluntad manifestada contraria a la norma de
8
Vid. JAKOBS 1996: 11.
JAKOBS 1985: 295-303; VEHLING 1991: 98-102.
JAKOBS, PG: 25/1e; ídem 1985: 304 y s., 316.
11
JAKOBS 1985: 315.
12
ALCÁCER 2000: 349
13
ALCÁCER (2000: 331 y s) sostiene que el fin preventivo general de protección de la vigencia de la norma
no es incompatible con la protección del bien jurídico, porque la expectativa garantizada por la norma puede ser la
protección del bien jurídico. Vid. en este sentido OTTO 1976: 208 y s.; SANCINETTI 1996: 52, 50-53. Cfr.
ZIELINSKI 1986: 111/4; PEÑARANDA/SUÁREZ/CANCIO 1999: 38; GARCÍA AMADO 2000: 242;
PORTILLA 2002a: 136.
14
SÁNCHEZ GARCÍA 1999: 16.
9
10
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determinación no habría anticipación de la actividad punitiva del Estado cuando la
intención se encuentre exteriorizada: pasa a ser irrelevante cuál sea la peligrosidad de
la conducta. Cualquier voluntad contraria a la norma completa el tipo de injusto penal,
de modo que no sólo la tentativa, sino también los actos preparatorios serían una forma
de consumación en cuanto reflejan esa intención opuesta al mandato o prohibición. Por
consiguiente, sólo habría anticipación cuando se persigan comportamientos en los que
esa intención no sea expresa (o en los que no exista esa intención).
Un enfoque subjetivo defiende que el injusto consiste en la infracción de la prohibición o
mandato, que se concreta en un deber, por medio de la acción final del autor dirigida a la infracción de la norma 15. Lo importante es la realización de una conducta final manifiesta que
vulnere el deber normativo: el desvalor de la acción queda totalmente subjetivado hasta el
punto de convertirse en un desvalor de la intención. Así mismo la producción de un resultado,
que no puede ser objeto del imperativo recogido por la norma por ser fruto de la casualidad,
deviene en irrelevante16. La presencia de una lesión o de cuál sea el grado de afectación del
bien jurídico protegido que puede generar una conducta es irrelevante. Cualquier voluntad
contraria a la norma completa el tipo de injusto penal: el denominador común de las teorías
subjetivas es la inevitable extensión del ámbito de lo punible que alcanza a los actos preparatorios (extensión en el iter criminis) y a las tentativas inidóneas e irreales (extensión objetiva)17. Provoca que la preparación, la tentativa y la consumación se encuentren equiparadas
desde la perspectiva del merecimiento de pena18. Además, tampoco es capaz de justificar, dentro de la lógica de su sistema, por qué no se extiende la punición general de las conductas
preparatorias 19: si la preparación representa ya una intención contraria a la norma que ha sido
manifestada tendría que regir el principio de persecución penal de la preparación en todos los
casos y lo excepcional sería la impunidad20.
Una concepción subjetiva corregida, que requiere que el comportamiento realizado
tenga un efecto conmocionante en la comunidad 21 , limita el ámbito de la anticipación a
15
Vid. WELZEL 1969: 1 y ss.; ZIELINSKI 1973: 130 y ss.; Armin KAUFMANN 1977: 93; CUELLO
CONTRERAS, PG: 364.
16
Vid. ZIELINSKI 1973: 130 y ss., 200-217. En todo caso, el resultado sólo será relevante para determinar la
necesidad de la pena (ZIELINSKI 1973: 207), es decir actúa como condición objetiva de punibilidad, HORN
1973: 80-82; MIR PUIG 1985: 101 y s.; ídem 1988: 672 y ss.; CUELLO CONTRERAS, PG: 357; ídem 1999:
297; MORENO-TORRES 1999: 167, 183-194, 340.
17
Vid. ROXIN 1979: 1; ZACZYK 1989: 104; NIEPOTH 1994: 38, 61 y s.; RATH 1998: 1008; MALITZ
1998: 171; SERRANO-PIEDECASAS 1999: 523; ALCÁCER 2000: 70 y s.; MUÑOZ LORENTE 2003: 180,
194; DEMETRIO CRESPO 2003: 69, 73.
18
Vid. FARRÉ TREPAT 1986: 211; PAPAGEORGIOU-GONATAS 1988: 60; NIEPOTH 1994: 56;
SERRANO-PIEDECASAS 1999: 531; ALCÁCER 2000: 78. Reconoce que un desvalor de la acción entendido
como Intentionsunwert tiene dificultades para establecer una escala en el injusto (consumación/tentativa acabada,
tentativa inacabada, preparación) STRUENSEE 1989: 534.
19
Vid. MUÑOZ LORENTE 2003: 196. No obstante, sería posible, dentro de la teoría subjetiva, dejar fuera
del ámbito de lo punible a la preparación si consideramos (I) que no hay todavía una expresión de la intención, o
bien que (II) aunque se reconozca la existencia de una intención delictiva en la preparación, la ausencia de
resolución ejecutiva por parte del autor en la fase preparatoria priva de relevancia penal al comportamiento, porque
impide afirmar la presencia de una intención contraria al derecho semejante a la de la tentativa o consumación,
vid. STRUENSEE 1989.
20
Vid. JAKOBS, PG: 25/17; ROXIN 1998: 165 y s.
21
La teoría de la impresión destaca el carácter socialmente perturbador del hecho penalmente relevante:
«conmocionar la confianza de la comunidad en la inviolabilidad del orden jurídico y mermar la paz jurídica»,
RADTKE 1996: 880. Vid. ROXIN 1979: 1; JESCHECK/WEIGEND, AT: 514; PAPAGEORGIOU-GONATAS
1988: 209-27.
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aquellos supuestos en que se sancionen conductas que no impresionan o no tengan
capacidad para impresionar a la sociedad. Ahora bien, la falta de un criterio que
determine con absoluta certeza cómo se mide la impresión de la confianza 22 permite
justificar cualquier extensión del injusto: basta mantener que la conmoción exigida
concurre en el comportamiento concreto o en esa clase de conductas 23 . Ya que «un
mismo hecho puede ser sentido de diversa manera»24 es sencillo afirmar o negar la
conmoción. Ello dependera en definitiva de lo que la sociedad considere como comportamiento que conmociona 25 , que podría ser todo26 . Por tanto, el recurso aislado a
criterios psico-sociales que atienden a la repercusión social que la conducta concreta
haya tenido fomenta el decisionismo y la inseguridad jurídica27 .
La voluntad contraria a derecho no puede justificar per se el injusto punible: se requiere un momento de relevancia objetiva 28 . Lo acertado de esta afirmación no evita,
empero, plantearse nuevas disyuntivas, relativas a cómo se debe tener en cuenta esta
referencia objetiva, que afectaran a la extensión del campo de aplicabilidad del concepto «anticipación de la tutela penal». Por un lado, la apreciación de este límite objetivo
puede conducir a planteamientos que defienden que el injusto viene determinado por la
existencia de una conducta que ex post lesiona el objeto material del bien jurídico
protegido por el tipo penal29 . De ello resulta que el momento de intervención penal
anticipada se identifique con la persecución de cualquier comportamiento que no
suponga ningún tipo de perjuicio contra un bien jurídico. Sin embargo, una concepción
tan estricta del injusto originario sólo incluiría supuestos de lesión y dejaría fuera parte
de las tentativas de autoría (aquellas que no han generado ningún menoscabo del bien
jurídico, p.e., un disparo que no ha alcanzado a la víctima 30 ). Dicho de otro modo, esta
interpretación considera que toda reacción penal que no sea la respuesta a una efectiva
lesión del bien tutelado será una anticipación 31 . En cambio, un enfoque que no reduzca
el injusto originario a la efectiva lesión ex post sino que incluya la capacidad lesiva ex
ante32 de la conducta produce el efecto positivo de limitar el ámbito de la anticipación
penal. Así, no se podrá mantener que haya una anticipación de la tutela cuando un
22
Vid. VEHLING 1991: 59; SOLA RECHE 1996: 106; MALITZ 1998: 159; RATH 1998: 1008; MORENOTORRES 1999: 333; ALCÁCER 2000: 343; KÜHL, AT: 15/42; HIRSCH 2001: 714 y s.; HERZBERG 2001:
268; MUÑOZ LORENTE 2003: 198; DEMETRIO CRESPO 2003: 77 y s.
23
Vid. KÜHL, AT: 15/43.
24
Vid. SOLA RECHE 1996: 106.
25
Vid. MALITZ 1998: 160; MURMANN 1999: 4.
26
O podría ser nada: la idea de conmoción de la confianza de la comunidad también puede implicar la ausencia de sanción de comportamientos que sí lesionan un bien jurídico pero que no provocan tal conmoción: ora
porque se interprete que si no hay conmoción no hay auténtica lesión del interés jurídico, ora porque aunque se
reconozca la lesión del objeto se aplique la ausencia de conmoción como criterio de oportunidad procesal.
27
ALCÁCER 2000: 428.
28
TORÍO 1992: 174 y s.; MALITZ 1998: 158 y s.
29
Vid. FEUERBACH, Lehrbuch: 71 y s.; SPENDEL 1966: 102-106.
30
Una concepción objetiva que limita el injusto a la efectiva lesión del bien jurídico o a la peligrosidad ex post
genera una exclusión del ámbito normativo de los supuestos que contienen un peligro de lesión sólo verificable ex
ante, pero que ex post se muestra irrelevante.
31
El ámbito de lo punible se reduce en exceso ya que en un sentido estricto el uso de una perspectiva ex post
conduce a la inidóneidad de toda tentativa. Vid. CEREZO MIR 1998: 22; CUELLO CONTRERAS 1999: 296;
SILVA SÁNCHEZ 1997a: 125; ALCÁCER 2000: 138; HIRSCH 2001: 720.
32
Vid. v. LISZT 1884: 190 y s.; v. HIPPEL 1921: 526-29; HENCKEL 1930: 13-15.
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comportamiento que no ha producido efectivamente una lesión posea, al menos,
capacidad lesiva pues con ella satisface ya el injusto penal (bien porque esa exigencia
de capacidad lesiva sea un mínimo a partir del cual se produce una agravación progresiva en función del resultado producido ex post, bien porque complete el injusto en su
totalidad: el resultado producido ex post únicamente sea una condición objetiva de
punibilidad). De ahí que la anticipación sólo pueda tener lugar en el instante en que se
reconozca que se persigue un modo de actuar que ni siquiera tiene esa capacidad lesiva
ex ante. Este planteamiento nos permitiría desterrar del ámbito de lo punible tanto la
tentativa irreal como la preparación del delito y mantendría la posibilidad de punición
de comportamientos que sólo ex post se muestran inidóneos.
No obstante, en este segundo caso la anticipación vendrá a su vez subordinada a la
clase de peligro (real, potencial o posible) que ex ante se considere penalmente relevante. Cuanto menos se apoye la construcción de la peligrosidad de la acción relevante
en la necesidad de probar la capacidad para producir el resultado menor serán el
número de supuestos en los que se pueda sostener que hay una anticipación de la tutela
penal.
Por ejemplo respecto a la creación de un tipo que sanciona una conducta que no lesiona un
bien jurídico y no tiene una capacidad para provocar una lesión del bien jurídico tutelado sin
una actuación posterior se puede presuponer que su relevancia material reside en que contiene
las mínimas condiciones que se consideran suficientes para producir un daño 33, porque posee,
desde una perspectiva global, las características mínimas que tendría toda acción peligrosa
(«peligrosidad abstracta»)34. También se mantiene que la relevancia material de ese comportamiento se encuentra en que pertenece a un grupo de modos de actuar que podrían ser peligrosos en determinadas circunstancias 35 o que según la experiencia podrían ser peligrosos36
(«peligrosidad general») 37. En este contexto lo decisivo es comprobar «la regularidad con la
que determinadas acciones conllevan un peligro y no la confirmación de tal máxima de exp eriencia» 38. Dicho de otro modo, el grado de probabilidad de producción del resultado penalmente relevante se vincula a juicios de peligrosidad estadísticos o globales 39.
33
Esta teoría de la no se basa «en la relación de frecuencia estadística entre dos suceso s (…) sino en la concurrencia en el caso de las condiciones que hacen de una conducta algo peligroso para el objeto de protección…»,
MENDOZA BUERGO 2001b: 69; ZIESCHANG 1998: 377, 383.
34
Vid. KINDHÄUSER 1989: 238 y s.
35
Vid. FREHSEE 1997: 16.
36
Vid. KINDHÄUSER 1989: 229 y ss.; SEELMANN 1992: 454.
37
Distingue entre peligrosidad abstracta y general, MENDOZA BUERGO 2001b: 68-79; CUESTA PASTOR
2002: 75 y s. KISS (2006) considera acertadamente que no hay diferencia entre ambos tipos de peligrosidad.
38
MENDOZA BUERGO 2001b: 77. PAREDES CASTAÑON (1995) insiste en que el recurso a leyes fenoménicas probabilísticas para enjuiciar el peligro «son de mucho más fácil elaboración y verificación (contrastabilidad empírica)» que las deterministas que establecen «una conexión necesaria entre dos especies de hechos»
porque sólo «establecen una conexión de frecuencia entre dos especies de hechos», 1995: 172-74 (cursiva
original). En estos casos la cuestión no radica en probar que son capaces de producir el resultado sino si la
proposición efectuada es falsa, lo cual se efectúa mediante «muestreo estadístico, del grado de frecuencia con que
se produce la conexión entre las dos especies de hechos recogidos en la ley. De acuerdo con esto, una ley
fenoménica de carácter probabilístico será válida mientras no se compruebe que la inferencia inductiva del
resultado realmente obtenido en un muestreo estadístico acerca de la realización del fenómeno que se pretende
explicar (en nuestro caso, la creación del peligro) resulta –en virtud de otras leyes fenoménicas probabilísticas no
recusadas- absolutamente improbable a partir de la hipótesis explicativa que la ley contiene (aquí, la acción que se
califica como peligrosa)», 1995: 176 y s.
39
Vid. SILVA SÁNCHEZ 1999: 105; ALCÁCER 2002a: 11.
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La cuestión en el análisis del juicio de peligro ex ante consiste en la elección de
aquellas condiciones de una ley causal general cuya realización va a entenderse
como parte del núcleo originario del injusto 40 . A partir de la magnífica distinción
que efectúa KISS (2006) 41 se puede mantener que es posible actuar penalmente
antes de que se produzca un resultado lesivo mediante la sanción (por extensión del
tipo o de modo autónomo) de conductas que sean: (i) una condición necesaria de
un fenómeno lesivo todavía no producido, (ii) el antecedente (o condición marco)
de una condición necesaria, (iii) una condición suficiente. Mientras que en el
primer caso se inicia un proceso causal (porque conocemos una ley causal que
establece esa relación o porque se intuye su existencia) que normalmente conduce
de forma directa (sin intervención de tercero) a la producción de un resultado
lesivo, en los dos últimos supuestos (y más allá de que se puedan encontrar motivos que aconsejen la intervención penal) considero que habría una anticipación de
la tutela penal ya que el legislador va muy atrás en esa ley causal (quedando aún
muchos actos pendientes de realización: carácter mediato) y/o se detiene en
elementos de relevancia tangencial en el proceso causal (carácter condicional). Las
conductas incluidas en estos grupos tienen, por consiguiente, una peligrosidad
mediata y condicional: no pueden conducir sin la intervención propia o de un
tercero a un resultado lesivo, simplemente son capaces de favorecer o facilitar una
actividad delictiva posterior. Ejemplos de ello serían lo que tradicionalmente se
han denominado «delitos preparatorios»42 y «delitos de peligro abstracto».
II. CRITERIOS DE ORDENACIÓN DE LAS FORMAS DE APARICIÓN DE LA
ANTICIPACIÓN DE LA TUTELA PENAL
La anticipación de la tutela penal, desde un enfoque que no reduce el injusto a la
producción de una lesión efectiva sino que también abarca la capacidad lesiva ex ante,
equivale a la criminalización de conductas que no lesionan o que no representan una
puesta en peligro, materialmente relevante, del bien jurídico43 . Desde esta perspectiva
se suelen nombrar como formas de antelación a los delitos de peligro abstracto, los
40
Vid. KISS 2006.
«En el delito de peligro abstracto, el legislador selecciona entre las condiciones propias de una ley causal
general, a través de la descripción típica, cuáles de ellas tienen que verificarse en concreto. En determinadas
ocasiones, se ocupa tan sólo de los antecedentes de una de las condiciones necesarias (aparentemente aislada) del
resultado disvalioso (…) En algunos tipos de peligro abstracto el legislador reacciona prohibiendo condiciones
necesarias de una “ley causal” que se sospecha existente pero cuya validez no está comprobada. Esto puede
explicarse como una reacción frente al desconocimiento en la que se habla de peligro o de riesgo como posibilidad
aparente de causalidad».
42
Las conductas preparatorias requieren su asociación con un comportamiento sucesivo y de carácter delictivo. Su capacidad lesiva depende, por tanto, de su utilización posterior para la satisfacción de un fin criminal: sólo
podemos sostener que el bien jurídico protegido ha sido puesto en peligro de forma penalmente relevante cuando
las condiciones favorables creadas o los objetos aportados al efecto son usados en un segundo momento para la
consecución del delito planeado. Por consiguiente, la situación anterior sólo puede ser definida como peligrosa en
la medida en que crea las condiciones que exige el posterior desarrollo de un plan criminal.
43
Normalmente se afirma que el peligro penalmente relevante es la puesta en peligro concreto , vid.
SÁNCHEZ GARCÍA 1999: 35.
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delitos de tentativa y emprendimiento y los delitos de preparación44 . Ahora bien, esta
enumeración de las técnicas de anticipación del ius puniendi es confusa.
(1) En los delitos de tentativa y emprendimiento no tiene por qué haber una antelación
ya que el comportamiento recogido en el tipo puede suponer (perspectiva ex post) una
lesión (parcial o total) del bien jurídico. Así mismo, los delitos de tentativa y emprendimiento, cuando no sean ya una lesión del bien jurídico tutelado, recogen conductas
con capacidad de afectación suficiente (directa ex ante). En estos casos, habrá una
anticipación si se utiliza un concepto muy amplio de anticipación que incluya todos los
supuestos en los que no haya un efectivo menoscabo del interés tutelado. Sin embargo,
olvida que la tentativa, con independencia de que sea sancionada de forma autónoma o
mediante la extensión del alcance del tipo, no es una anticipación de la tutela cuando se
maneja un concepto más restrictivo, de modo que estos comportamientos se integran en
una idea de injusto originario vinculado tanto a la lesión como a la puesta en peligro
suficiente.
(2) También es confusa porque utiliza indistintamente dos criterios de clasificación.
Confluyen conductas cuya denominación obedece a la posición que tienen dentro del
proceso del delito, otras, empero, responden al juicio de peligrosidad utilizado. Es
preferible recurrir a otros términos que expresan con mayor claridad la separación de
las formas de anticipación en dos grupos: en función de la peligrosidad de las conductas y de la fase del iter criminis que ocupan. En este último grupo se tendría que tener
en cuenta, así mismo, que, dentro del criterio de ordenación iter criminis, en concreto
en el grupo actos preparatorios, se incluyen conductas que pertenecen al iter criminis
de la participación.
(3) El análisis aislado de ambos criterios (peligrosidad y fase del iter criminis) no debe
ocultar los vínculos existentes entre ellos. Las fases del iter criminis se castigan porque
contienen una peligrosidad que se considera penalmente relevante. Los delitos de
peligro representan la persecución penal de conductas que no lesionan necesariamente
el bien jurídico, que ocupan una posición dentro un iter criminis concreto, y que deben
tener una sanción proporcional a su situación en esa escala de proximidad a la consumación de la lesión del bien jurídico.
En suma, la confluencia de ambos criterios en el análisis del fenómeno de la antic ipación es obligatoria: se trata del análisis de comportamientos que nunca deja de ser
delitos del iter criminis y delitos de peligro al mismo tiempo, y de ambos aspectos se
derivan diferentes reflexiones dogmáticas que han de ser tenidas en cuenta.
1. La antelación en función del emplazamiento dentro del iter criminis.
Este grupo utiliza como criterio organizador la posición que una conducta tiene dentro del iter criminis de la autoría o participación.
44
Vid. p.e. BECK 1992: 22, 86 y s.; SÜß 1995: 221; PARK 1997: 139; DETZNER 1998: 167 y s.;
SÁNCHEZ GARCÍA 1999: 35 y ss.
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Formas de anticipación de la tutela penal
(A) Los delitos de tentativa de autoría sancionan comportamientos que no consuman
materialmente la lesión del bien jurídico tutelado pero que representan un inicio de la
lesión, o poseen una capacidad suficiente ex ante para ello, de ese concreto bien
jurídico.
(1) Los delitos de tentativa de la autoría se pueden sancionar a través de la extensión
no autónoma del alcance del tipo penal prevista en la Parte General del Código Penal.
Por ejemplo en España el art. 16 CP es una causa de extensión del alcance del tipo a
conductas que «objetivamente deberían producir el resultado, y sin embargo éste no se
produce por causas independientes de la voluntad del autor».
(2) Ahora bien, también se pueden sancionar de forma autónoma. En este caso se
incluye en la descripción típica una conducta que es una forma de tentativa material en
relación con un bien jurídico concreto.
(2.a) Se pueden crear un tipo omnicomprensivo:
? Que castigue genéricamente la consumación y la tentativa. Por ejemplo, ello se
aprecia de forma clara en los arts. 423.1 y 445 CP que sancionan a los que «corrompieren o intentaren corromper».
? Que incluya varias fases concretas del iter criminis (tentativas e incluso otras
fases anteriores45 ). Preceptos del actual Código penal que responden a esta tendencia
serían por ejemplo los arts. 197, 270, 273, 359, 368, 386, 389, 566, 568 CP. Así, el art.
359, relativo a la salud pública, abarca un momento concreto de su iter criminis que
coincide con una forma de tentativa: «elabore sustancias nocivas para la salud (…), o
los despache o suministre, o comercialice con ellos». Si se considera que el despacho,
suministro o comercialización de semejantes sustancias son las formas de conducta que
consuman la lesión del bien jurídico salud pública, entonces, la simple elaboración será
una tentativa (inacabada) 46 . También, se aprecia ello en el art. 419 (cohecho pasivo
propio): si el núcleo fundamental del injusto se encuentra en el «acuerdo injusto», pues
en ese instante se produce la lesión del principio de imparcialidad en el ejercicio de la
función pública, la solicitud es un intento de ello 47 .
En ambos casos se indica que el delito se consuma (y se sanciona como tal) con la
simple realización de la fase imperfecta del iter criminis genérica o concretamente
descrita: «para la consumación no hace falta que se alcance el fin de la acción, es decir,
la consumación formal puede tener lugar también cuando materialmente existe una
tentativa» 48 .
(2.b) La otra opción sería crear un tipo que se limita exclusivamente a la sanción de la
tentativa: ora porque se indique claramente que se castiga el «intento» como conducta
nuclear del tipo (p.e. el «intento de alterar los precios» del art. 284); ora porque el tipo
45
Y otras formas de intervención delictiva.
No obstante si en este caso no se reconoce el carácter autónomo del bien jurídico salud pública y hay una
necesaria vinculación con un bien jurídico individual de referencia, entonces tendremos que hablar de tentativas
(para los actos de despacho, suministro y comercialización) y de preparación (elaboración).
47
Vid. MORALES PRATS/RODRÍGUEZ PUERTA 2005: 1630 y s.
48
JAKOBS, PG: 25/7.
46
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se concentre en sancionar la mera ejecución de actos que per se sólo representan un
inicio de la ejecución de un delito (p.e. los arts. 436, 439, 442). Quizá los ejemplos más
claros (y al mismo tiempo más justificados en su existencia 49 ) sean los delitos de
atentado contra los recursos naturales y el medio ambiente art. 325 CP (que sólo exige
la realización de la conducta típica, p.e. un vertido, con capacidad para «perjudicar
gravemente el equilibrio de los sistemas naturales)50 y el delito de rebelión art. 472
CP 51 (que requiere el alzamiento violento y público).
En estos supuestos es donde se suele ver con mayor facilidad el punto de conexión
entre delitos de peligro y de tentativa. La diferencia entre ambos se quiere establecer en
que los delitos de tentativa son delitos de peligro con una peculiaridad subjetiva: en
ellos no basta la realización de la conducta típica como sucede en los de peligro,
además, se requiere típicamente que el dolo también abarque la lesión del bien jurídico
(o una forma concreta de lesión) y no sólo su puesta en peligro52 . Así, no basta el
alzamiento público: debe buscar algunos de los objetivos descritos en los números 1-7:
derogación o alteración de la Constitución, impedir la libre celebración de elecciones,
etc. No obstante, cuando el tipo renuncia a recoger este requisito (como sucede en el
325), aun cuando se pueda determinar esa exigencia dogmática y jurisdiccionalmente,
hay una ausencia de un criterio seguro que nos permita distinguir en un plano subjetivo
los delitos de peligro y de tentativa53 . Además, la búsqueda de un criterio subjetivo de
distinción es inadecuado por otros motivos. Primero, porque olvidan que la principal
diferencia está en un plano objetivo: análisis de una conducta según la clase de peligrosidad, según su posición en el iter criminis. Segundo, porque trasladan la impresión de
que se puede hacer una separación real (más allá del plano explicativo en que aquí se
realiza) entre ambos tipos de delitos. Ello es falso, la presencia del elemento subjetivo
no convierte los delitos de peligro en delitos de tentativa (ni de preparación): objetivamente se trata de una misma conducta que nunca deja de ser ambas cosas.
(3) Paralela a esta clasificación de los delitos de tentativa se sitúa otra más común:
aquélla que realiza una distinción dentro del segundo grupo aquí señalado (a saber,
tipificación formalmente autónoma de la tentativa de autoría) según, a efectos de la
pena, se sancionen respetando la gradación prevista para la tentativa en el art. 62 CP o
se equiparen a la consumación.
? En los delitos de emprendimiento 54 , el legislador renuncia excepcionalmente a la
aplicación de la reducción prevista para los supuestos de tentativa en el art. 62 CP y
49
Pues esperar a que se produzca una lesión puede ser demasiado tarde: existe un daño irreparable del objeto
material protegido, o una imposibilidad de actuación penal.
50
Vid. TERRADILLOS 2001: 809.
51
También en esta línea se sitúan el art. 493 (invadir con fuerza violencia o intimidación las sedes del Congreso, etc.) y 495 (portando armas u otros instrumento peligrosos intentar penetrar en las sedes del Congreso, etc.),
que parecen estar en una relación de tentativa acabada y modalidad de inacabada respectivamente.
52
SÁNCHEZ GARCÍA 1999: 50; ídem 2001: 697; ALCÁCER 2000: 228.
53
El art. 284 CP cuando castiga el intento de alterar los precios públicos no contiene ningún requisito subjetivo referido al dolo de lesión. Más bien parece que es el término utilizado («intentaren»), y no la intención
trascendente, lo que determina que para muchos sea un delito de tentativa y no de peligro.
54
Vid. FINCKE 1975: 53-58; JAKOBS, PG: 25/5; SÁNCHEZ GARCÍA 1999: 48 y s.; ídem 2001: 698.
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Formas de anticipación de la tutela penal
sanciona la tentativa con la pena igualmente prevista para la consumación. Los arts.
270 o 423 serían un ejemplo de ello.
? En los delitos de tentativa55 , por el contrario, sí se mantiene esta atenuación en
el marco punitivo típicamente descrito. Ello se observa en la relación entre el 325.1 y el
326.e (que impone una pena superior en un grado cuando «se haya producido un riesgo
de deterioro irreversible o catastrófico»), o todavía de forma más clara en la del 354.1
(incendio forestal sin propagación, pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año y
multa de 6 a 12 meses) respecto al 352 (incendio de monte o masa forestal, pena
privativa de libertad de 1 a 5 años y multa de 12 a 18 meses)56 .
Los delitos de tentativa de autoría no son anticipación penal en un sentido estricto
porque, como ya he señalado, los que son una tentativa en sentido material poseen una
capacidad lesiva directa ex ante 57 . Ahora bien, la sanción autónoma de la tentativa sí
plantea algunos problemas:
? Cuando se le asigna un marco penal idéntico al de la consumación surge la duda
en torno a la posible infracción del principio de proporcionalidad y culpabilidad: es un
hecho evidente respecto a los delitos de emprendimiento.
? Del mismo modo se plantea la cuestión sobre si es posible aplicar la teoría de la
tentativa y de la participación a estos preceptos formalmente autónomos: mi opinión es
que aunque sería viable no se deben utilizar ambas normativas 58 , pues su uso implicaría
una anticipación excesiva de la intervención penal (tentativa de tentativa, participación
en la tentativa).
(B) Los delitos preparatorios son aquellos en los que se sanciona una conducta que es
una condición de una actividad delictiva (que posibilita, facilita o asegura), incapaz per
se de lesionar o poner en peligro de forma directa el bien jurídico tutelado (materia lmente no-ejecutiva) 59 .
(C) Los delitos de tentativa de participación son aquellos en los que se castiga un
comportamiento que es una realización imperfecta de una forma de intervención
secundaria (cooperación/complicidad o inducción).
55
Vid. SÁNCHEZ GARCÍA 1999: 47; ídem 2001: 697.
Una corriente doctrinal considera que con el art. 354.1 se produce la tipificación de una forma autónoma de
sanción de la tentativa (vid. al respecto la exposición de SERRANO GONZÁLEZ 1999: 131 y s). De este modo
sería un tipo atenuado en función del grado de ejecución alcanzado. Otra mantiene, por el contrario, que el
incendio se consuma en el momento en que el objeto destinado a arder comienza a hacerlo de forma autónoma
(más allá de la gravedad del incendio), de modo que sólo habría tentativa cuando el objeto no llega a arder por un
motivo ajeno a la voluntad del autor (RUIZ RODRÍGUEZ 1997: 90 y s.; SERRANO GONZÁLEZ 1999: 130 y s).
De este modo el art. 354 recogería un supuesto de incendio consumado.
57
Cuestión distinta es que las exigencias de protección del bien jurídico concreto obliguen a dar un concepto
formal de tentativa (más amplio que el material) que finalmente incluya conductas que materialmente son
preparaciones. En este caso, si habría un problema de anticipación. Vid. FUENTES 2003: 239 y ss.
58
Mientras sean formalmente autónomos: dejan de serlo, es decir, obtienen autonomía material, cuando la
misma conducta que es una tentativa respecto a un bien jurídico A, se sanciona de modo autónomo precisamente
porque es una lesión consumada de otro bien jurídico B.
59
De forma burda se puede distinguir entre preparación técnica (consistente en la obtención de los medios
necesarios para la ejecución) y organizativa (relativa a la coordinación de las diferentes partes del plan delictivo).
Vid. FUENTES 2003: 274 y ss.
56
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(1) La preparación, en cuanto acción destinada a satisfacer exclusivamente las condiciones necesarias para comenzar la ejecución del delito, todavía no es un acto acreedor
de merecimiento de pena ya que no contiene una relación de ofensividad con los bienes
jurídicos penalmente tutelados: simplemente facilita una actividad delictiva, pero per se
no puede conducir de forma directa a la lesión del bien jurídico, requiere siempre otra
acción a la que sirve de apoyo. Por ello se ha establecido el principio general de
impunidad de los actos preparatorios (así como de otras fases internas del delito: la
ideación, deliberación y resolución para delinquir) 60 . Consiguientemente su sanción
penal representa una auténtica forma de anticipación de tutela penal. No obstante, la
persecución excepcional de la preparación es un hecho evidente. Motivos de política
criminal justifican esta actitud. Por ejemplo se mantiene que la anticipación de la tutela
hasta la fase preparatoria es la única forma de garantizar una protección eficaz del bien
jurídico61 , que la importancia del bien protegido requiere una tutela anticipada 62 , que es
una medida encaminada a la erradicación del delito y a la acentuación de la defensa
social63 , que es un medio necesario para garantizar la seguridad ciudadana.
En la actualidad, el adelantamiento de la intervención penal es una de las características
del nuevo Derecho penal creado por una política criminal orientada a hacer frente a las necesidades de control social creadas por la sociedad del riesgo y sus conflictos64. DIEZ RIPOLLÉS
(2005: 5) expone con claridad estas características: predominio de las estructuras típicas de
simple actividad (delitos de peligro o de lesión ideal); anticipación del momento en que se interviene penalmente (ilícitos administrativos y civiles, generalización del castigo de la prepa60
Vid. RODRÍGUEZ MOURULLO 1968: 277; LETZGUS 1972: 120; ORTS BERENGUER 1982: 484-86;
FARRÉ TREPAT 1986: 139; VEHLING 1991: 1; GRACIA MARTÍN 1996: 262; REBOLLO VARGAS 1997:
17, 19; KÜHL, AT, 14/13, 15; SÁNCHEZ GARCÍA 2001: 702. A favor de una punición general de la preparación: MONTES 1929: 43; SÁNCHEZ TEJERINA 1950: 347.
61
La modernidad ha supuesto un rearme preventivo (ALBRECHT 1988: 204; HERZOG 1990: 107): un ascenso de las inquietudes preventivas entendidas como minimización del riesgo de lesión mediante el aumento de la
capacidad de reacción punitiva (material y procesal) ante cualquier amenaza del interés protegido. A través del
adelantamiento de las barreras del Derecho penal, que así detiene la evolución de peligros en una fase muy
temprana de su desarrollo, se busca una protección del bien jurídico más efectiva: cuanto más se anticipe la
intervención penal menor será la posibilidad de que se lesione el bien tutelado (vid. SEELMANN 1992: 453).
62
Este adelantamiento de la intervención punitiva se conecta necesariamente con la criticable mutación de la
función de control que el bien jurídico ejercía hasta ahora sobre el poder punitivo del Estado. El bien jurídico ha
dejado de ser un límite negativo de la activ idad estatal («prohibición de punición») y se ha convertido en un
criterio positivo que obliga al legislador a responder penalmente para proteger un interés digno de amparo penal
frente a cualquier ataque («mandato de punición»), vid. HASSEMER 1992: 380; SCHEERER 1993: 82; PARK
1997: 138; SÁNCHEZ GARCÍA 1999: 43, 74; ídem 2001: 696; MENDOZA BUERGO 2001a: 77; GRACIA
MARTÍN 2003: 144 y s. El bien jurídico se ha convertido, ahora, en la referencia del deber de protección: el
Estado tiene la obligación de actuar porque hay un interés digno de tutela. Deber que justifica cualquier actuación
ya que el único límite es conseguir la efectiva pervivencia social del bien amparado (vid. HASSEMER 1992: 380;
PARK 1997: 138; SÁNCHEZ GARCÍA 1999: 44). Todo ello conduce a la superación del principio de «fragmentariedad del Derecho penal»: como es posible encontrar en todo comportamiento un indicio de peligro, se puede
anticipar, sin límite, el comienzo de la actuación penal: «… ahora la libertad es fragmentaria» (SGUBBI 1998:
56).
63
Vid. STS RJ 1986\1678; SAP (Almería) JUR 2003\12298.
64
Sobre el Derecho penal recae un doble demanda que se vincula a dos fenómenos divergentes que (tal y
como indica DIEZ RIPOLLÉS 2004: 7, n.7) se suelen confundir: «exigencia de modernización» (respuesta a
nuevas formas de criminalidad que proviene principalmente de los poderosos), «exigencia de seguridad ciudadana» (respecto a la criminalidad clásica, de los marginados). Se trata en suma de dos fuentes de riego «radicalmente
distintas en su origen, agentes sociales que las activan, naturaleza objetiva y subjetiva de los comportamientos, y
consecuencias nocivas producidas» (DÍEZ RIPOLLES 2005: 11)
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Formas de anticipación de la tutela penal
ración) 65; modificaciones en el sistema de imputación penal (interpretación laxa de la lesividad real o potencial de ciertos comportamientos; neutralización de las diferencias entre autoría
y participación, tentativa y consumación); se reduce el conjunto de garantías procesales y penales
Aunque cualquier forma de participación tendría igualmente una peligrosidad mediata (pues son conductas que no pueden conducir de forma directa a la producción del
resultado) su persecución penal no ha sido puesta en duda. Curiosamente el acto de
favorecer una conducta ejecutiva, hecho que para la preparación era el motivo que
justificaba su impunidad general, se convierte, cuando con idéntico acto se favorece la
conducta realizada por un tercero, en el motivo que fundamenta su genérica punición66 :
el debate sobre la anticipación se reduce en este plano a las tentativas de participación
que son las únicas que se consideran antelación de la actividad penal en sentido estricto.
(I) Se puede afirmar sin duda que hay una anticipación de la tutela penal cuando se persiguen conductas que representan una fase del iter criminis de la participación anterior a su consumación. Obviamente, ello exigirá con carácter previo la adopción de un sistema dual de depuración de la responsabilidad de los intervinientes en el delito. Si nos encontramos sitos en
un modelo unitario, que considera que toda aportación causal al delito es una forma de autoría,
no sería necesario realizar esta precisión pues la colaboración o la inducción se convierten en
una forma de autoría consumada o en una tentativa de autoría y como tal punible 67, salvo que
expresamente se indique lo contrario en el CP correspondiente68.
(II) Si, por el contrario, se opta por un sistema dual o diferenciador que distingue entre autoría y participación, la anticipación de la intervención penal se subordina a la definición del
injusto de la participación que sea dominante69. (i) En el supuesto de que se mantenga que el
injusto de la participación se consuma con la práctica de la conducta de favorecimiento o con
la creación de la resolución delictiva deseada con absoluta independencia de la conducta del
autor principal (sin accesoriedad estricta), sólo se podrá hablar de anticipación cuando se
permita la punición de tentativas de participación que no han conseguido el resultado primero
o propio de la conducta del partícipe (por ejemplo cuando el inductor no ha conseguido crear
la resolución). Incluso si la punibilidad se hace depender de la conducta principal (accesoriedad estricta formal) no habría anticipación cuando en ciertos casos se sancionen comportamientos sin que concurra esa conducta principal, y ello porque según este planteamiento el
núcleo del injusto del partícipe viene subordinado exclusivamente al resultado de la participación y no a un comportamiento posterior dotado de unas características normativas concretas
65
De forma extrema se aprecia en la construcción del «Derecho penal del enemigo»: el Derecho penal no
reacciona frente a la conducta lesiva o potencialmente lesiva de un sujeto sino con motivo de la peligrosidad que
demuestra. Así, con la intención de evitar el peligro (su conducta amenaza la comisión futura de delitos) que
representan ciertos tipos de delincuentes se anticip a la intervención penal: especialmente concentrada en la fase
preparatoria, JAKOBS 2003: 40-43.
66
Desde una perspectiva ex post no existe el principio de impunidad de la preparación. Las conductas con una
peligrosidad mediata una vez cometido el delito siempre son sancionadas. En el caso de la preparación lo que
sucede es que al formar una unidad de acción su desvalor es asumido por la última conducta realizada. Ello no
sucede con la participación pues como no concurre una identidad en la persona (autor/colaborador) se sanciona a
uno como autor y a otro como partícipe.
67
El inductor o el cómplice (autores mediatos según un sistema unitario funcional) son autores cuando consuman su aportación y, hasta ese momento, se encuentran en una fase de tentativa. El límite entre la tentativa y la
consumación se halla en la realización del result ado intermedio (de la participación) por el autor mediato.
68
Vid. en ese sentido el § 15 öStGB (CP Austríaco) y la explicación de FUENTES 2003: 448 y ss.
69
O dicho de otro modo: dependerá del concepto de «accesoriedad» dominante.
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que sólo ha condicionado su punibilidad y no su injusto. (ii) Distinto es el caso cuando se defiende que una parte del injusto del partícipe está subordinada a un comportamiento principal
(accesoriedad estricta material). La sanción tanto de las formas de participación que no hayan
alcanzado el resultado primero como de aquellas otras que no vayan seguidas del segundo (la
realización por parte del autor principal de un comportamiento con unas características normativas concretas) representará una antelación de la tutela penal. A su vez, según las exigencias
de tipo normativo que tenga que reunir la acción principal habrá una reducción o una ampliación del ámbito de la anticipación, pues será más fácil o complicada respectivamente la consumación del injusto de la participación. Por ejemplo, cuando se defienda una accesoriedad
estricta material máxima, la tentativa de participación (y por tanto los supuestos de antelación
de la tutela) se extiende hasta que concurre un autor principal culpable: la consumación de la
conducta del partícipe se difiere hasta que no haya una conducta típica, antijurídica y culpable
del autor principal.
Tampoco las formas imperfectas de la participación son un límite insalvable de la
intervención penal: se buscan enrevesados criterios capaces de justificar su aparición
en el CP. La mayoría de los intentos que buscan fundamentar la existencia de una
peligrosidad penalmente relevante en ciertas formas de tentativas de participación se
apoyan en la reunión de personas en torno a un plan criminal70 : la comunicación de la
intención criminal ayuda a superar los reparos de un sujeto al tiempo que genera
vínculos y obligaciones recíprocas71 . Favorece la aparición de una interdependencia
funcional que hace viable el desarrollo de un plan criminal que no se puede ejecutar de
forma aislada72 . El más convincente de los argumentos es aquel que considera que
implican el inicio de un proceso causal autónomo e impredecible: suponen la pérdida
del dominio del hecho73 . Ahora bien, que pueda haber una falta de control sobre la
posterior actividad delictiva de un tercero no puede ocultar que para que tenga lugar el
resultado siempre es necesaria otra intervención (la del autor principal). En suma,
aunque objetivamente intentan basarse en la existencia de un plus de peligrosidad (en
esa conducta ya escasamente peligrosa en relación con la conducta ejecutiva material)
en realidad sólo enmascaran criterios subjetivos de punición. Se sanciona por la
intención manifestada, lo que implica la inclusión de un criterio ético-moral: no se
soporta que alguien quiera intervenir en una actividad delictiva.
Quizá las necesidades de protección exijan que el injusto originario también incluya
conductas que simplemente son adecuadas para facilitar una actividad lesiva. Lo que
no se puede aceptar es que ciertas formas de tentativas de participación tengan la
misma sanción que la tentativa de autoría74 , ni que la preparación posea el mismo
marco punitivo que fases superiores del iter criminis75 .
70
Vid. REBOLLO VARGAS 1997: 97; SÁNCHEZ GARCÍA 1999: 60; ídem 2001: 703; MIRA
BENAVENT 2001: 529; ROXIN, AT II: 28/5.
71
Vid. SCHRÖDER 1967: 289; ROXIN, LK: 30/3, 10.
72
Vid. RUIZ ANTÓN 1982: 75-79, 86 y s.; BARBER 2004: 115 y s.
73
Vid. ROXIN, LK: 30/3, 10; ídem, AT II: 28/5; DEL ROSAL BLASCO 1986: 246; MIRA BENAVENT
2001: 529 y s.; BARBER 2004: 115 y s.
74
La equiparación punitiva del inductor y el cooperador necesario introduce un sistema unitario de facto sin
los mecanismos correctivos propios de este último: rebaja de la pena por la diferencia cuantitativa, que según este
sistema, existe entre los comportamientos en cuestión (vid. GÓMEZ BENÍTEZ, PG: 119). DÍAZ Y GARCÍA DE
CONLLEDO (1991: 85 y s., 189-193) y FEIJOÓ (1999: 64, n. 10) consideran, no obstante, que la identidad
punitiva de autor e inductor no representa la asunción de un concepto unitario: la cuantía de la pena es una
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Formas de anticipación de la tutela penal
(2) Los delitos preparatorios y los delitos de tentativas de participación se encuentran
vinculados de modo que en un mismo tipo se pueden recoger ambas formas. Ello se
debe a que en un sistema dual de responsabilidad de la intervención una conducta que
objetivamente favorece una actuación delictiva puede ser una preparación o una
participación. Esa relación es tan estrecha que en ocasiones no existe acuerdo a la hora
de interpretar si la forma de anticipación obedece a la preparación o la tentativa de
participación. La decisión a favor de una u otra depende del grado en que coincida en
una misma persona la realización de esa conducta condicional y la práctica de la
conducta típica principal. Si efectivamente hay una coincidencia hablaremos de preparación, si intervienen sujetos distintos habrá una participación. En suma, la diferencia
entre preparación y participación reside principalmente (salvando las peculiaridades
que tiene la inducción76 ) en cuál sea el beneficiado de la actividad de favorecimiento
del delito (facilitación del hecho propio –preparación-, del hecho ajeno –participación77
).
En fases tan tempranas del proceso delictivo no se puede distinguir si se persigue
una preparación del delito o una tentativa de participación: normalmente hay una
evidente complejidad para determinar cuál sea el beneficiado de la acción (aparte de
eso, la descripción típica no se vincula con el elemento «sujeto beneficiado»). El art.
400 CP castiga «la fabricación o tenencia de útiles, materiales, instrumentos, sustancias, máquinas…» destinadas a la comisión de delitos de falsificación. Aunque parezca
que con ello se persiguen formas de preparación relativas a esos delitos, en las que un
sujeto se pertrecha de los instrumentos requeridos para efectuar un actividad delictiva
concreta, en la práctica también se puede estar sancionando al sujeto que quiere facilitar la conducta delictiva de un tercero, lo que ya sería una forma imperfecta de la
complicidad. Del mismo modo un tipo que parece que se refiere exclusivamente a una
participación intentada puede incluir también formas de preparación. Así sucede con el
art. 576 CP, que castiga la colaboración con banda armada. En este caso, puede ser que
la actividad del colaborador facilite el acto terrorista realizado por un tercero, pero
también es posible que pretenda con posterioridad cometer por sí mismo esa actividad
terrorista.
Más compleja es la discusión en torno a la naturaleza de las conductas recogidas en
los arts. 17 y s. CP. Aunque la doctrina las ha denominado tradicionalmente actos
decisión político criminal que no determina necesariamente la concepción de autoría dominante. No estoy de
acuerdo con esta afirmación: una cosa es la justificación de esta identidad por motivos de política criminal, y otra
olvidar que si un sistema dual se basa en la diferencia en el injusto que hay entre el autor y el partícipe es
incoherente mantener que un sujeto que tiene un injusto cualitativamente distinto al autor y efectúa una aportación
cualitativamente distinta a la del autor principal pueda ser castigado con la misma pena que éste. Dicha identidad
representa, entonces, o una infracción del principio de proporcionalidad o realmente se apoya en una idea de
injusto cualitativamente idéntico (si se puede encontrar una forma de justificar esa equiparación es que en realidad
no hay ninguna diferencia cualitativa).
75
El CP de 1944 eleva la punición de los «actos preparatorios punibles» (proposición conspiración provocación) hasta quedar al nivel de la tentativa, vid. MIR PUIG 2002: 13/29.
76
La actividad de favorecimiento de la inducción consiste en que a través de la incitación que la define se
puede obtener el instrumento humano necesario para el desarrollo del plan delictivo propio o ajeno, vid.
FUENTES 2003: 315 y ss.
77
Vid. FUENTES 2003: 315 y ss.
RECPC 08-08 (2006)
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http://criminet.ugr.es/recpc/08/recpc08-08.pdf
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Juan L. Fuentes
preparatorios punibles el análisis de la naturaleza concreta de cada comportamiento
determinaba la configuración de los mismos como tentativas de inducción (sobre todo
la provocación, apología y proposición). No obstante, esto dejaba sin resolver el
problema ya que sería igualmente posible interpretar estos preceptos como formas de
preparación (especialmente la conspiración), e incluso como lesiones consumadas
cuando se les otorga un bien jurídico autónomo (lo que es una práctica común en la
provocación y apología).
En concreto, se puede defender que los llamados «actos preparatorios punibles»
son:
? Formas de autoría (intentadas o consumadas). Ora mediante el sistema unitario
de autor, ora mediante la creación de un bien jurídico específico o la abstracción de
uno ya existente.
? Resoluciones manifestadas verbales próximas a la preparación.
? Formas de participación intentada.
? Formas de preparación.
? Fases previas (pre-ejecutivas) de la autoría y de la participación en el delito.
Bien, porque se defienda que algunas de estas figuras son fases pre-ejecutivas de la
autoría (por ejemplo la conspiración), mientras que otras son fases pre-ejecutivas de la
participación (p.e. la provocación). Bien, porque se afirme que una misma figura se
puede referir, cuando hay una variación en alguno de sus elementos (p.e. que el sujeto
que incita esté o no resuelto a cometer por sí mismo el delito), tanto a una fase preejecutiva de la autoría (por ejemplo la proposición a la coautoría) como a una fase preejecutiva de la participación (p.e. la proposición a la autoría).
1.1. Formas de punición de las conductas preparatorias
Las conductas preparatorias (y participativas intentadas) en un sentido estricto pueden ser castigadas de dos formas 78 :
(1) La extensión no autónoma del alcance del tipo penal79 . En estos casos los artículos
que sancionan formas de preparación son causas de extensión del alcance del tipo.
(a) Prohibición genérica de la preparación. El CP vigente no ha previsto en la parte
general un precepto que determine la punición de la preparación de forma parecida a
como se hace con la tentativa. No obstante, sí existen ejemplos de ello en derecho
78
Vid. DEL ROSAL BLASCO 1986; ZACZYK 1999: 22/4; FINCKE 1975: 43 y s.; RUDOLPHI, SK: vor
22/3; MAURACH/GÖSSEL/ZIPF, AT: 39/22-28; JESCHEK/WEIGEND, AT: 523 y s (estos dos últimos autores
incluyen como tercer supuesto la Gemeinschaftliche Verbrechensvorbereitung als vorwegnommene Teilnahme o
«preparación conjunta del delito como participación anticipada»); BARBER 2004: 91 y ss. NEUHAUS (1993: 2325) distingue entre actos preparatorios tipificados y no tipificados. En esta clasificación parece que el grupo no
tipificado incluye supuestos de extensión del tipo penal hasta la preparación, mientras que el grupo tipificado se
conecta con los supuestos en los que se crea un tipo autónomo. No me parece acertada esta clasificación. Es
evidente que la punición autónoma siempre se recoge en un tipo y siempre será tipificada. Ahora bien, la punición
no autónoma tiene que venir igualmente recogida en un tipo (ora en la parte general, ora como cláusula final de un
capítulo) si no se quiere infringir el principio de legalidad, por lo tanto no existe ninguna preparación punible que
no sea típica.
79
Vid. RUDOLPHI, SK, vor 22/3; BAUMANN/WEBER/MITSCH, AT: 110; KÜHL, AT: 465 y s.; ZACZYK
1999: 22/4; SÁNCHEZ GARCÍA 1999: 58.
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Formas de anticipación de la tutela penal
comparado: § 21 StGB de la extinta RDA, el artículo 21.1 del Código penal danés de
1930, o los artículos 29 y s. del Código penal de la Federación rusa de 1996.
(b) Extensión del tipo respecto a conductas preparatorias concretas. Estas a su vez
se podían castigar de manera generalizada para cualquier comportamiento tipificado80
o a través de un sistema de numerus clausus: sólo para unos delitos concretos o para
una clase de delitos.
En España se establece la punición no autónoma de las conductas incluidas en los
arts. 17 y s. CP para un grupo cerrado de delitos 81 . El legislador español lleva a cabo la
conexión con los delitos de la Parte especial de tres modos 82 : se refiere a delitos
concretos83 (arts. 269, 477, 519, 548); a preceptos concretos 84 (arts. 141, 151, 304, 373,
488, 553, 578, 585); a un Capítulo o Título completo del CP (arts. 168, 615)85 .
Este sistema genera algunas dificultades 86 :
? Posibilidad de sancionar la proposición, conspiración, etc. con relación a conductas de escasa gravedad. La amplitud del recurso al título o capítulo (que incluye
diferentes clases e intensidades de ataque al bien jurídico protegido) y la inseguridad
que puede generar que ciertas expresiones («robo», «rebelión», etc.) admitan varias
exégesis (que aumentan o reducen el número de preceptos de referencia).
? Falta de aplicación respecto a ciertos bienes (p.e. la tortura o las agresiones
sexuales) y dudosa legitimación de la previsión de su uso en lo que atañe a otros bienes
(p.e. patrimonio).
Como solución se propone:
? Crear un sistema de incriminación general de las conductas recogidas en los arts.
17 y s. CP: (I) sólo para los delitos graves87 o únicamente para los delitos que tengan
una pena de prisión superior a X años 88 .
? Selección de delitos tipo por tipo y sólo para las formas de ataque más grave a
los bienes jurídicos más relevantes 89 .
También conviene reparar en el supuesto previsto en el art. 400 CP que, al vincularse con «los delitos descritos en los capítulos anteriores», y al establecer que se «castigarán con la pena señalada en cada caso para los autores»90 , está llevando a cabo una
80
Esta opción suele implicar una mayor extensión de la anticipación (se ha identificado históricamente con
políticas-criminales más represivas).
81
Vid. DEL ROSAL BLASCO 1986: 195 y ss.; CAMPO MORENO 2000: 30; BARBER 2004: 91 y ss., 136
y ss (que señala, con razón, que el número de delitos que admiten la aplicación de estas figuras pone en duda que
su uso sea «excepcional», 2004: 85).
82
Sigo en la exposición a BARBER 2004: 91 y ss.
83
P.e.: «la provocación (…) para cometer rebelión serán castigadas (…)», art. 477 CP.
84
P.e.: «la provocación (…) para cometer los delitos previstos en los arts. 368 al 372 (…)», art. 373 CP.
85
P.e.: «la provocación (…) para cometer los delitos previstos en este Capítulo (…)», art. 168 CP.
86
Vid. BARBER 2004: 144 y ss.
87
SILVA SÁNCHEZ 1997a: 149 y ss., 153.
88
SILVA SÁNCHEZ, ibídem; BARBER 2004: 157: pero siempre que el número de años de esta pena privativa de libertad sea superior al fijado para las penas graves.
89
BARBER 2004: 96 y s., 157.
90
Sin embargo, su homólogo en Alemania (§ 149 StGB) prevé una pena privativa de libertad de hasta dos
años o multa para todos los supuestos menos para la falsificación de moneda, en cuyo caso, se eleva hasta 5 años o
multa.
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extensión no autónoma del tipo, aunque sólo sea cuando se realice una preparación
concreta.
El carácter no autónomo del tipo impide la posibilidad de la aplicación de la teoría
de la tentativa y de la participación 91 .
Cuando el autor realice la forma intentada o consumada del delito principal, o
cuando la participación se consume porque un tercero lleve a cabo una conducta que
satisfaga los requisitos de la accesoriedad cuantitativa y cualitativa, entonces sólo se
castigará por la mayor de ellas que absorberá la conducta realizada (subsidiariedad
tácita/consunción), fase previa de la autoría o de la participación 92 : por la tentativa o
consumación del delito, o por la participación consumada respectivamente.
(2) A través de la tipificación autónoma93 de una forma de preparación (o de una
tentativa de participación).
(a) Prohibición genérica de la preparación: represión de toda forma de preparación
relativa a un bien jurídico94 . Por ejemplo, la sanción de todo acto de colaboración con
banda armada (art. 576 CP). Dentro de este grupo incluyen algunos autores la persecución de la conspiración, proposición y provocación95 . No considero que sea correcta
esta afirmación porque esos tipos no son formalmente autónomos: se tiene que vincular
el precepto con otros tipos para poder establecer la sanción que le corresponde. En el
caso de las conductas recogidas en los artículos 17 y s. CP es evidente que existe una
unión necesaria con un tipo de la parte especial (incluido dentro del grupo cerrado
fijado por el legislador) que permite la persecución de estas conductas en relación con
unos delitos concretos.
(b) Persecución de una preparación concreta (técnica u organizativa) de entre todas
las posibles. Se sanciona en un tipo una determinada acción preparatoria que contiene
una especial peligrosidad y una fisonomía típica96 . Por ejemplo, la utilización de la
91
Vid. MIR PUIG 1973: 374 y s.; ídem 2002: 13/32; FINCKE 1975: 42; MAURACH/GÖSSEL/ZIPF, AT:
39/27; 40 /82; ESER, Sch/Sch, 22/29; RUDOLPHI, SK: vor 22/3; CUELLO CONTRERAS 1978: 47-51;
OCTAVIO DE TOLEDO/HUERTA TOCILDO, PG: 425 y s.; DEL ROSAL BLASCO 1986: 160-65; DÍAZ Y
GARCÍA DE CONLLEDO 1995: 1520.
92
Vid. QUINTERO OLIVARES, PG: 585; RUDOLPHI, SK: vor 22/3. No obstante, se pueden encontrar
planteamientos que admiten excepciones (RUDOLPHI, SK, vor 22/3; MAURACH/GÖSSEL/ZIPF, AT: 53/44 y s.;
CRAMER, Sch/Sch: 30/38): hay un concurso de delitos cuando la preparación sea más amplia que el delito
intentado o consumado, es decir, que pueda ser preparatoria de una pluralidad de delitos y en ese sentido afecte a
diversos bienes jurídicos, tal y como sucede con las preparaciones recogidas en el § 30. Argumento que no
comparto porque como toda conducta preparatoria, en principio, puede estar orientada a la preparación de diversos
delitos, ello conduciría a la posibilidad de permitir la existencia de un concurso de delitos en todos los supuestos
en los cuales no se conozca el plan del autor. Motivos de justicia material (la necesaria consunción del comport amiento dentro de sus fases superiores del iter criminis: se debe castigar únicamente por la mayor afectación del
bien jurídico producida si no se quiere infringir el principio del non bis in idem) y político-criminales (mayor
seguridad jurídica, evitación de la arbitrariedad) aconsejan negar la posibilidad de concurrencia en concurso de
tipos preparatorios y sus formas superiores del iter criminis del delito/s de referencia.
93
Debo aclarar que no es lo mismo considerar que la tentativa de participación o una preparación puede ser
una forma de autoría si se crea un bien jurídico que puede lesionar (autonomía material), que defender que el tipo/s
que regule supuestos de preparación o de tentativas de participación sea autónomo en un sentido formal.
94
Vid. JAKOBS, PG, 25/9.
95
Vid. LETZGUS 1972: 121; SÁNCHEZ GARCÍA 1999: 59 y s.; ídem 2001: 703.
96
Vid. LETZGUS 1972: 121; NEUHAUS 1993: 25; RUDOLPHI, SK: vor 22/4; SÁNCHEZ GARCÍA 1999:
58 y s.
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Formas de anticipación de la tutela penal
ingeniería humana para la producción de armas biológicas o exterminadoras de la
especie humana (160.1)97 ; la solicitud de favores de naturaleza sexual prevaliéndose de
una situación de superioridad sexual, docente o análoga (art. 184 CP)98 ; la realización
de actos de exhibición obscena (185)99 ; la fabricación, introducción, distribución o
posesión de programas de ordenador (art. 248.3, 270.3 CP); actividades de creación y
acondicionamiento de depósitos de vertederos (art. 328 CP)100 ; la tenencia de productos para la fabricación de drogas (371 CP); destrucción o inutilización de los medios
establecidos para impedir acceso a documentos restringidos (414 CP); reuniones,
manifestaciones y asociaciones ilícitas (513-516 CP); la obtención y posesión de un
arma de fuego (563 y s CP) o la tenencia de explosivos sin la pertinente licencia
administrativa (568 CP)101 ; colaboración con banda armada a través de la fabricación,
depósito, transporte, etc . de armas, municiones, explosivos, componentes, etc. (573
CP); procurar, falsear, inutilizar o revelar información reservada o secreta (584 CP);
también se incluirían en este grupo las concretas tentativas de participación previstas
en el Código: inducción al suicidio (143.1 CP); cooperación necesaria al suicidio
(143.2 CP); reclamar públicamente la comisión de acciones violentas por bandas
armadas u organizaciones terroristas (170.2 CP); inducción a la prostitución (187.1);
inducción a un menor de edad o incapaz a abandonar el domicilio (224 CP); cooperación de funcionario en delitos contra la ordenación del territorio (320 CP), contra el
patrimonio histórico y artístico (322 CP), contra el medio ambiente (329 CP); inducción a la prevaricación (428 y 429)102 ; inducción a la rebelión (473 CP); provocación a
la discriminación o al odio o violencia racial (510.1 CP); inducción a la sedición (545
97
Vid. VALLE/TAMARIT 2005: 165.
Sobre esta última forma de preparación vid. GRACIA MARTÍN 1996: 263. No obstante, en este punto
también puede considerarse que más que una preparación sea una forma de tentativa de abuso sexual por
prevalimiento.
99
La exhibición obscena puede ser una fase previa a la agresión o al abuso sexual.
100
Vid. DE LA CUESTA ARZAMENDI 1998: 298 y ss.
101
La posesión de armas sólo será una preparación o una tentativa de participación cuando no se considere
que posee un bien jurídico autónomo colectivo (p.e. el orden público). El contenido del bien jurídico determina el
alcance del injusto penal, de modo que una mism a acción, en función del objeto material protegido puede ser
considerada como una lesión o una puesta en peligro (vid. FINCKE 1975: 42; ACALE SÁNCHEZ 2000: 185;
MENDOZA BUERGO 2001b: 10). Con un ejemplo. Un mismo comportamiento, la tenencia de armas sin cumplir
los requisitos administrativos pertinentes (art. 563 CP), puede tener como bien jurídico de referencia un bien
jurídico individual: la propiedad, la integridad física, etc., o un bien jurídico colectivo, a saber, el orden público,
tal y como se indica al comienzo del título XXII en el que se integra este artículo. El bien jurídico de referencia
nos va a indicar si un tipo penal representa una anticipación de tutela penal. Si en ese ejemplo se defiende que se
protege un bien jurídico individual, hay un a anticipación de la tutela penal, ya que se persiguen comportamientos
que no lesionan el bien jurídico, ni ex ante manifiestan una capacidad lesiva suficiente. En cambio, la conexión
con un bien jurídico colectivo impide que haya una anticipación penal porque el comportamiento representa una
lesión de ese bien jurídico autónomo que se le atribuye, con independencia de la relación que pueda tener con
otros intereses individuales trascendentes. No obstante, en estos supuestos si bien no habría en sentido est ricto
anticipación penal, sigue presente un problema político criminal: precisar si existe semejante bien jurídico
colectivo (que merezca tutela penal), y si es así fijar sus contornos.
102
El tráfico de influencias supone la sanción de supuestos de inducció n a la prevaricación tanto intentada
como consumada (ya que cuando se produce la resolución injusta y arbitraria del funcionario el incitador es
castigado de forma privilegiada por el art. 428 y no por inducción al 404). El art. 430 va más allá en la anticipación: proposición a la inducción a la prevaricación, lo que según la naturaleza que se defienda que posee la
proposición puede entenderse bien como una inducción a la intervención en una inducción delictiva, bien como
una preparación de una inducción delictiva.
98
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CP); apología del terrorismo (578 CP); inducción a una potencia extranjera a declarar
la guerra contra España (581 CP); inducción a la deserción (582.2 CP); apología del
genocidio (607.2 CP).
E igualmente los supuestos en los que la preparación (o tentativas de participación)
son abarcadas por un tipo omnicomprensivo, que incluye todo el iter criminis, como
formas de consumación. Por ejemplo los arts. 313 y 318 bis.1 CP (promover, favorecer
o facilitar el trafico ilegal o la inmigración clandestina), 368 CP (actos de cultivo,
elaboración, posesión de drogas tóxicas o la punición de cualquier conducta que
promueva, favorezca o facilite su consumo ilegal).
Algunos autores consideran que la consecuencia de una punición autónoma será la
admisión de la posibilidad de la participación en tales delitos 103 o de sus formas
imperfectas de ejecución104 . Sin embargo, otros opinan que, aunque en algunas ocasiones sería admisible una tentativa punible, no se castigará porque al tener la punición de
la preparación un carácter excepcional se tiene que llevar a cabo una interpretación
restrictiva del tipo 105 , que alcanza por consiguiente sólo a la conducta consumada. En
definitiva, se indica acertadamente que en aquellos supuestos de punición formalmente
autónoma de la preparación, casos anómalos por la escasa relevancia objetiva de la
conducta, se debe evitar el recurso a normativas (tentativa, participación) que retrasan
la intervención penal, ya excepcionalmente adelantada con la creación de semejantes
tipos (dicho de otro modo: su uso provocaría una anticipación de la anticipación penal)
106
.
En lo que respecta a los posibles concursos de delitos que surgen cuando se efectúan formas de preparación autónomamente tipificadas y luego se continúa con la actividad delictiva hasta alcanzar fases ejecutivas del mismo iter criminis, entiendo que hay
que resolver los supuestos en que concurren delitos relativos a fases sucesivas de
ataque a un mismo bien jurídico mediante un concurso de leyes 107 , en concreto a través
del principio de consunción o de subsidariedad tácita. Aunque el legislador haya
decidido crear un delito de preparación o de tentativa de participación autónomo en un
sentido formal ello no implica necesariamente que haya un hecho preparatorio punible
independiente de proceso delictivo desarrollado. Ambos están en la escala del iter
criminis del hecho principal o secundario (o del partícipe) de un mismo bien jurídico
protegido. De modo que si la conducta principal es realizada por el mismo autor del
103
Vid. DEL ROSAL BLASCO 1986: 161 y s.; JAKOBS, PG: 25/10.
Vid. JESCHEK/WEIGEND, AT: 524; MAURACH/GÖSSEL/ZIPF, AT: 39/27; RUDOLPHI, SK: vor 22/4;
ESER, Sch/Sch: vor 22/28; FINCKE 1975: 46; GRACIA MARTÍN 1996. En contra SCHMIDHÄUSER (AT75,
15/4 -11) que defiende que cuando un delito de consumación formal abarca lo que materialmente es una
preparación no se puede crear un delito de tentativa (concepto jurídico autónomo determinado por una conducta
que no tiene que formar parte del delito acabado).
105
Vid. SONNEN/HANSEN-SIEDLER 1988: 18; SCHULTZ 1990: 83.
106
No obstante, una discusión sobre la posibilidad de punición de las formas imperfectas de preparación sui
generis puede carecer de sentido pues en numerosas ocasiones el tipo autónomo incluye como auténtica consum ación todas sus formas de preparación o de tentativa, vid. MAURACH/GÖSSEL/ZIPF, AT: 39/27. Igualmente,
ASÚA BATARRITA 1998: 1644: «en un tipo de peligro abstracto, la dificultad de apreciar una tentativa no deriva
de una proposición axiomática, sino de la dificultad de separar actos de ejecución que no supongan ya probabilidad de un riesgo para el bien jurídico».
107
Vid. GRACIA MARTÍN 1996: 263; OLMEDO 1999: 314; GÓMEZ MARTÍN 2002: 11...
104
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Formas de anticipación de la tutela penal
delito preparatorio entonces será sancionado por el delito intentado o consumado. Si
esa conducta principal es efectuada por un tercero en principio habría que sancionar al
autor de la tentativa de participación por la participación consumada (según las reglas
previstas en la Parte General), a no ser que exista un elemento que defina por especialidad a esa tentativa de participación, como sucede en cooperación de funcionario en
delitos contra el medio ambiente (329 CP), o no se cumpla algún requisito que impida
sancionar la conducta como participación consumada (p.e. cuando falte la relación de
causalidad entre el resultado primero y segundo de la participación). Esa consunción no
acontecerá, en cambio, cuando haya un delito autónomo material porque se estarían
atacando diferentes bienes jurídicos. Por ejemplo, si se considera que la tenencia de
armas prohibidas posee un bien jurídico autónomo, el orden público, y que por tanto no
se sanciona esa tenencia por ser la preparación de otro posible delito, habrá un concurso real (o ideal si se considera que hay una unidad de acción) de delitos cuando conc urra con comportamiento delictivo vinculada al posterior uso de esa arma108 .
2. La antelación en función del juicio de peligro.
El segundo grupo en que se pueden ordenar las formas de anticipación de la tutela
penal atiende al grado de peligro inherente al comportamiento en relación con el bien
jurídico de referencia tutelado. Tradicionalmente se ha distinguido entre delitos de
peligro concreto y abstracto109 :
(1) Delitos de peligro concreto: no es necesario una lesión del bien jurídico, que sí
es puesto en peligro en el supuesto concreto110 .
(2) Delitos de peligro abstracto: capaces de crear una situación de peligro concreto.
Su punibilidad se deduce, por ejemplo, de «la peligrosidad general para el bien jurídico
protegido que posee la conducta típica»111 .
Entre ambos existe una diferencia en función del grado de determinación del peligro exigido. En los delitos de peligro concreto la creación del peligro es un elemento
típico, en cambio, los delitos de peligro abstracto no requieren el resultado de peligro
sino que basta con la realización de la conducta descrita para consumarlos112 . A partir
108
Sin embargo, cuando simplemente hay una autonomía formal, aunque existan dos acciones distintas con
dos resultados típicos diferentes, ello no da lugar a la apreciación de un concurso real de delitos (Como proponen
MAURACH/GÖSSEL/ZIPF, AT: 39/29 y s.; GRACIA MARTÍN 1996: 263 y s) porque la conducta consumada
posterior sí absorbe el desvalor del acto preparatorio típico.
109
Vid. SCHRÖDER 1970: 308-312; BREHM 1973: 9; HORN 1973: 20; SCHÜNEMANN 1975: 793;
SCHMIDHÄUSER, AT75: 8/41 y s.; JAKOBS, PG: 6/78 y s., 86; JESCHEK/WEIGEND, AT: 263 y s.;
MAURACH/GÖSSEL/ZIPF, AT: 20/31; STRATENWERTH, AT: 8/14; WESSELS/BEUKEL, AT: marg. 27;
WOHLERS 2000: 281; MENDOZA BUERGO 2001a.
110
Vid. BERZ 1986: 55; HORN/HOYER 1987: 965; GEPPERT 1989: 418; ROXIN, AT I: 2/23;
ZIESCHANG 1998: 15; WESSELS/BEUKEL, AT: marg. 28; QUINTERO OLIVARES, PG: 334;
BUSTOS/HORMAZABAL, Lecciones II: 43, 108.
111
BREHM 1976: 22; MATA Y MARTÍN 1997: 52; WESSELS/BEUKEL, AT: marg. 29; WOHLERS 2000:
281.
112
Vid. VOLZ 1968: 17 y s.; HORN 1973: 20; BREHM 1973: 9; ídem, 1976: 22; SCHÜNEMANN 1975:
793; WOLTER 1981: 277; BOHNERT 1984: 182; GEPPERT 1989: 418; MÉNDEZ RODRÍGUEZ 1993: 211-14;
RODRÍGUEZ MONTAÑES 1994: 14; MAQUEDA ABREU 1994: 490; ROXIN AT: 2/25, 10/123, 11/121, 127;
MATA Y MARTÍN 1997: 52 y s.; BUSTOS/HORMAZABAL, Lecciones II: 43, 108; SÁNCHEZ GARCÍA
1999: 39; ídem 2001: 693; WOHLERS 2000: 281 y s.; MENDOZA BUERGO 2001a: 79; CUESTA PASTOR
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de esta clasificación de los delitos de peligro se sostiene que sólo hay una anticipación
de tutela penal en los delitos de peligro abstracto113 , los cuales, además son el elemento
característico de un Derecho penal moderno que persigue la máxima eficacia en la
protección del bien jurídico114 .
Ahora bien, este planteamiento, en lo que respecta a la anticipación de la tutela penal, representa una simplificación del problema. Ello se debe a que oculta, por un lado,
que en ciertas ocasiones en los delitos de peligro abstracto puede que no haya una
anticipación de la tutela penal. Por otro que, cuando ésta concurra, puede suceder que
se reúnan bajo el título delitos de peligro abstracto diversas formas de anticipación de
la tutela. Cuando se toma como punto de partida el predominio de una concepción del
injusto originario entendido como lesión o puesta en peligro a través de una conducta
con una capacidad lesiva directa suficiente ex ante, dentro de los delitos de peligro
abstracto se puede estar incluyendo una pluralidad de conductas: unas se posicionan
muy próximas al núcleo del injusto, otras se van alejando de forma progresiva.
Y es que el concepto de concreta o abstracta puesta en peligro del bien jurídico sólo
hace hincapié en la plasmación de la clase de peligro que contiene la acción prohibida.
El binomio peligro abstracto/concreto distingue delitos de peligro en función del grado
de determinación en el caso concreto del peligro exigido típicamente: según el resultado de peligro sea un elemento constitutivo del tipo o que simplemente baste con la
realización de la conducta descrita para consumarlo 115 . Sin embargo, ello no condiciona ni la clase, ni el grado de peligro que contiene la conducta típica. Así en la mayoría
de las ocasiones se sostiene que los delitos de peligro concreto sancionan comportamientos con una capacidad lesiva directa ex ante que han creado un resultado concreto
de peligro que los sitúa muy próximos a los delitos de lesión 116 . Definido de este modo
el concepto de peligro concreto, no habría inconveniente para sostener que no hay
anticipación de la tutela penal en estos casos. Ahora bien, los delitos de peligro abstracto son cajones de sastre117 : desde una perspectiva ex ante recogen conductas (I) que no
son en absoluto peligrosas, (II) que tienen una peligrosidad directa (suficiente en unos
casos, insignificante en otros), (III) que poseen una peligrosidad mediata (sólo son
capaces de facilitar la realización de otra actividad delictiva).
2002: 71; MIR PUIG 2002: 9/61; QUINTERO OLIVARES, PG: 334. En contra MARTIN (1989: 85) que
considera que en los delitos de peligro abstracto tiene que haber un resultado de peligro; en ese sentido vid.
HORN/HOYER 1987: 966 y s.; KRATZSCH 1987: 362; WESSELS/BEUKEL, AT: marg. 28 y s.
113
Vid. SÁNCHEZ GARCÍA 1999: 19; ídem 2001: 693.
114
Vid. HASSEMER 1992: 381, MÜLLER-DIETZ 1996: 677; PARK 1997: 130, 132; FREHSEE 1997: 16;
ALBRECHT, Kr: 74; SILVA SÁNCHEZ 1999b: 35; BUSTOS/HORMAZABAL, Lecciones II: 111; SÁNCHEZ
GARCÍA 2001: 693.
115
MENDOZA BUERGO (2001b: 31 y s) considera que la «(…) diferencia entre el peligro concreto y el
peligro abstracto no tiene que ver (…) con un mayor o menor grado de peligrosidad o de probabilidad de lesión
(…) Las conductas tipificadas en los delitos de peligro abstracto no pueden ser consideradas menos peligrosas que
las previstas en delitos de peligro concreto; por el contrario, la diferencia estriba en si, de acuerdo con la descripción típica correspondiente, ha de constatarse en el caso individual que el comportamiento ha sido en concreto
peligroso , es decir, si ha producido una concreta situación de peligro para el bien jurídico protegido –conforme a
un enjuiciamiento ex post-, o si sólo es necesaria una consideración, conforme a un juicio ex ante, de la peligrosidad de la conducta». Vid. también TERRADILLOS 2001: 799 y s.
116
Vid. WOHLERS 2000: 285 y s.
117
Vid. TERRADILLOS 2001; HEFENDEHL 2002: 7.
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La incapacidad inicial que tiene este criterio de ordenación para distinguir entre
conductas con diferentes clases y grados de peligro explica la actual tendencia a
redefinir las categorías tradicionales de delitos de peligro 118 . Inclinación especialmente
intensa en los delitos de peligro abstracto, dentro de los que se distinguen nuevas
subcategorías, algunas de las cuales se denominan expresamente actos preparatorios 119 . Con motivo de la aparición de los actos preparatorios como especie de los
delitos de peligro abstracto hablaré en próximas páginas de los nuevos planteamientos
que han surgido. En cualquier caso, estos esfuerzos de las «posturas diferenciadoras»120
manifiestan un aumento de la preocupación por la extensión del delito de peligro
abstracto, especialmente porque el concepto de peligrosidad ya de por sí indeterminado
alcanza su grado máximo de abstracción en los supuestos de preparación121 .
Los delitos de peligro abstracto recogen conductas con diferente clase y grado de
peligro:
(1) Se pueden encontrar conductas que no poseen peligrosidad alguna: ciertas formas de «(…) penalización de la desobediencia administrativa (…) cuya incorporación
al Derecho penal sólo puede servir para magnificar tal desobediencia» 122 .
Ejemplos de punición de ilícitos administrativos en el Código son: art. 160.2 (fecundación de óvulos humanos con fines distintos a la procreación humana); art. 294
(obstaculiz ación de la labor inspectora o supervisora de la administración)123 ; 334 (en
lo relativo al comercio y tráfico con especies amenazadas y sus restos); art. 335.1
118
Por ejemplo, ZIESCHANG introduce dos elementos nuevos dentro del sistema clásico, que queda configurado como describo a continuación (1998: 159 y ss., 347): Konkrete Gefährdungsdelikte («delitos de peligro
concreto»). Delitos de resultado que consisten en la puesta en peligro concreta del bien jurídico. Konkrete
Gefährlichkeitsdelikte («delitos de peligrosidad concreta»). Realizar un comportamiento peligroso en concreto sin
necesidad de que se produzca una puesta en peligro del bien jurídico. Potentielle Gefährdungsdelikte («delitos de
peligro potencial»). Delitos de resultado consistente en crear un estado concretamente peligroso que conduce, en
una progresión ininterrumpida, a la creación de un peligro concreto e incluso a la lesión del bien jurídico (1998:
100, 158). Para saber cuando se puede incluir una acción en esta categoría hay que recurrir al grado de probabilidad (juicio de prognosis realizado desde la posición del ciudadano medio, 1998: 100) de que el bien jurídico quede
expuesto a una lesión o puesta en peligro. El ciudadano medio en la situación del autor y dotado de sus conocimientos especiales debe determinar si en el momento de realizar la conducta no se podía excluir la producción de
un daño al bien jurídico (1998: 101, 159). Estos delitos son una fase previa de los delitos de peligro concreto
(1998: 100 y ss). Abstrakten Gefährlichkeitsdelikte («delitos de peligrosidad abstracta»).
MENDOZA BUERGO (2001b: 35-37) asume la distinción que realiza HIRSCH (Buchala -FS: 157) entre
«delitos de peligrosidad» («peligrosidad abstracta» – describe una conducta peligrosa -, «peligrosidad concreta» –
«que atiende a la peligrosidad concreta correspondiente a la situación pero (…) no exigen la presencia de un
objeto de la acción ni, por tanto, la producción de un peligro concreto» - 2001b: 37, cursiva original-) y «delitos
de peligro concreto».
119
Tendencia que como indica CORCOY (1999: 282) no es nueva: la doctrina española estimaba que los
tipos que sancionaban autónomamente actos preparatorios podían ser auténticos actos preparatorios o delitos de
peligro abstracto.
120
Distinguen distintos tipos de delitos de peligro abstracto los cuales son estudiados de forma diferenciada.
En cambio las «posturas unitarias» proponen una caracterización unitaria de los delitos de peligro abstracto, vid. al
respecto MENDOZA BUERGO 2001b: 90.
121
Por ejemplo, ZIESCHANG (1998: 384, 391) sostiene que los abstrakte Gefährlichkeitsdelikte incluyen
situaciones que no conducen a una puesta en peligro del bien jurídico o sólo lo haría de forma improbable, por ese
motivo deben ser suprimidos del Código penal (en esa línea crítica vid. también WOHLERS 2000: 286).
122
MÜLLER-TUCKFELD 2000: 522 y s. También se incluirían en este grupo los supuestos en los que se
sanciona un ilícito civil. Ejemplo de ello serían los casos de obstaculización al ejercicio de derechos de los socios
(art. 293), vid. TERRADILLOS 2001: 794 y s.
123
Vid. TERRADILLOS 2001: 795.
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http://criminet.ugr.es/recpc/08/recpc08-08.pdf
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(caza o pesca de especies no amenazadas expresamente prohibidas); art. 335.4 (caza de
especies no amenazadas y expresamente prohibidas mediante artes o medios prohib idos legal o reglamentariamente) 124 ; art. 364. 2, 4 (despacho público de carne sin
respetar los periodos de espera reglamentarios); art. 380 (negativa a someterse a las
pruebas de alcoholemia); art. 348.4 (obstaculización del control eficaz de los explosivos); art. 468 (quebrantamiento de condena); art. 441 (incumplimiento Leyes de
incompatib ilidades de la Administración); art. 563 (tenencia de armas prohibidas); art.
564 (tenencia de armas reglamentadas sin licencia) 125 .
La «administrativización del Derecho penal» implica la relegación del bien jurídico
por la idea de función y con ello la reducción de los requisitos necesarios para que
exista un merecimiento de la pena126 : ha dejado de conectarse con una vulneración del
interés protegido, o con la capacidad ex ante para producir una lesión. El Derecho
penal ha asumido «el modo de razonar propio del Derecho administrativo sancionador», encargado de la «gestión ordinaria de problemas sociales»127 : asume la función
de ordenar de modo general ámbitos de actividad sectorial mediante la introducción
normas de comportamiento estandarizadas 128 . Dicho de otro modo: lo relevante pasa a
ser la tutela de las normas organizativas 129 : se persigue por la vía penal conductas
administrativamente no autorizadas que atentan contra «el buen orden del sector de
actividad determinado» 130 . Se sanciona, por tanto, la mera trasgresión de normas de
organización «que guían el comportamiento hacia la realización de las finalidades
prefijadas». En definitiva, «vedan acciones humanas no en cuanto lesivas de un bien,
sino en cuanto elusivas de un objetivo» 131 .
(2) De igual modo dentro de los delitos de peligro abstracto se han incluido comportamientos que tienen una capacidad directa (ex ante) para lesionar un bien jurídico.
(a) Esta capacidad puede ser suficiente. Son conductas capaces de conducir directamente a través de un curso causal regular y conocido a una lesión total o parcial del
bien jurídico tutelado. En este grupo se incluiría por ejemplo la conducción de un
vehículo a motor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, etc. (art. 379
CP) o el incendio de montes o masas forestales (352 CP).
En algunos casos, la ley no se limita a describir una conducta con una capacidad
lesiva suficiente, el tipo incluye un elemento adicional que insiste en la necesidad de
comprobar en el caso concreto la capacidad lesiva de la conducta o de los medios
comisivos utilizados. Así, el art. 325 CP exige que el vertido, emisión, etc. tenga
124
Vid. respecto al art. 335 CP MUÑOZ LORENTE 2001: 83-94; ídem 2003: 37 y ss.
¿En los artículos 563 y 566 y ss. no se está castigando penalmente un ilícito administrativo, especialmente
cuando se hace constar de forma expresa que se penaliza la posesión careciendo de licencias o permisos reglamentarios? ¿No sería el derecho administrativo la rama del ordenamiento jurídico que mejor podría resolver el
conflicto?
126
Vid. HASSEMER 1992: 381; SEELMANN 1992: 454, PARK 1997: 130.
127
SILVA SÁNCHEZ 1999: 107.
128
Vid. SEELMANN 1992: 456; SCHÜNEMANN 1995: 211; ZIESCHANG 1998: 365 y s.; MENDOZA
BUERGO 2001a: 81; GRACIA MARTÍN 2003: 138-144.
129
Vid. BECK 1992: 19; PRITTWITZ 1997: 54.
130
SILVA SÁNCHEZ 1999: 104.
131
SGUBBI 1998: 68 y s. Insiste en que con la administrativización «ya no hay una lesión culpable de intereses ajenos, sino un cometido de gestión y organización de contextos sociales de riesgo», ALCÁCER 2002a: 15.
125
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capacidad para «perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales», sin que
se requiera resultado de lesión o de peligro; o el 365 sanciona el acto de envenenar o
adulterar aguas potables, ect., con sustancias infecciosas, u otras que puedan ser
gravemente nocivas para la salud. Estos delitos se denominan de «aptitud» o «idoneidad»132 , y se caracterizan porque requieren que el juez decida si en el caso concreto la
conducta realizada, que coincide con la prevista en el tipo, es capaz, desde una perspectiva ex ante, de producir una lesión, sin que se tenga que confirmar ex post un resultado
de peligro o lesión.
(b) No obstante, también se pueden incluir como conductas típicas comportamientos con una insignificante peligrosidad directa. Por ejemplo, se sancionan supuestos de
daño cumulativo: conductas que de forma aislada tienen relevancia objetiva muy
reducida pero que una sucesión de acciones de este tipo podrían conducir a una lesión
del bien jurídico protegido 133 . Es lo que se conoce como los «delitos de acumulación»134 .
Los «delitos de acumulación» tuvieron su origen en los «delitos con bienes jurídicos intermedios espiritualizados»: se afirma que la tutela de bienes jurídicos que tienen como objeto
el correcto funcionamiento de instituciones o subsistemas estatales, sociales, económicos, sólo
podrá tener lugar a través de delitos de peligro abstracto en dónde se sancionan conductas que
únicamente son lesivas por la posibilidad de repetición o reiteración de las mismas 135. «Delitos
de acumulación» que aparecen como tales vinculados al Derecho penal económico y al medio
ambiental, como variante de éste último136, con el objetivo de resolver problemas de causalidad y de imputación137.
Por consiguiente, los «delitos de acumulación» existen por el temor a las consecuencias lesivas que tendría la posible sumación de una pluralidad de acciones que
aisladamente son inocuas o poseen un riesgo insignificante: se pretende evitar un efecto
composición negativo 138 .
Un ejemplo de ello lo encontramos en el art. 334 CP que sanciona la caza o pesca
de especies amenazadas o la realización de actividades que impidan o dificulten la
reproducción o migración. En lo relativo a la segunda modalidad de lesión descrita, el
legislador sanciona la práctica de conductas «molestas», como pueden ser p.e. el
acceso con vehículos a una zona protegida o la búsqueda y observación de especies,
132
Vid. MENDOZA BUERGO 2001b: 39-52. Vid. especialmente HOYER, A. (1987), Die Einigungsdelikte,
Berlin; TORÍO LÓPEZ, A. (1997), “Acción peligrosa y dolo”, en Romeo Casabona (editor): Dogmática penal,
Política criminal y Criminología en evolución, pp. 369 y ss.
133
KUHLEN (1993: 714) mantiene que los delitos de acumulación tienen un grado de peligro inferior a los de
peligro abstracto, con lo cual parece estar considerando que son un grupo distinto de estos.
134
Vid. WOLTER 1981: 277-280; KUHLEN 1986: 389 y ss.; ídem, 1993: 697 y ss., 716; MARTIN 1989: 56;
SILVA SÁNCHEZ 1999: 104-113; WOHLERS 2000: 309 y s.; SANTANA VEGA 2000: 167-69; MENDOZA
BUERGO 2001b: 61-65, 490-495; ALCÁCER 2002b: 8-10, 12-16; HEFENDEHL 2002: 10 y s.; GRACIA
MARTÍN 2003: 139-41.
135
Vid. RODRÍGUEZ MONTAÑES 1994: 301 y s.; SILVA DIAS 2003: 436 y s.
136
Vid. GRACIA MARTÍN 2003: 84.
137
Así lo expresa MENDOZA BUERGO 2001b: 62.
138
«Se entiende por efecto composición aquellos macroestados de equilibrio –pero también aquellas crisis o
procesos dinámicos- que surgen por generación espontánea como consecuencia imprevista o no intencionada de la
agregación colectiva del microcomportamiento», GIL CALVO 2003: 165.
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cuya repetición masiva podría tener efectos no deseados sobre las especies amenazadas.
El legislador se limita a describir un resultado, integrado por conceptos normativos que
tienen que ser administrativamente definidos, sin especificar qué actividad puede impedir o dificultar la reproducción o migración de forma relevante. De ahí que «puede llevar a considerar
típico por ejemplo el comportamiento de quien, mediante la producción de un ruido excesivo,
provoca la dispersión momentánea de una bandada de cigüeñas negras» 139. Para evitar esta extensión del tipo se propone qué conductas pueden ser adecuadas para provocar un impedimento en la reproducción o migración penalmente relevante:
? Alteración o destrucción de los hábitats140. Como modalidad de esta opción se incluye la
reducción del caudal ecológico mínimo 141.
? Creación de infraestructuras142: instalaciones eléctricas, carreteras, viales permanentes 143.
? Actividades investigadoras: observación, filmación, registro sonoro144.
? Actividades motorizadas: acceso rodado al medio natural, competiciones de motor145.
? Aislamiento de las poblaciones 146: creación de cercados y vallados que impidan la circulación de la fauna silvestre (art. 34.F Ley 4/89); escalas o presas en los ríos.
En lo que atañe a la caza y la pesca el problema se halla en la interpretación del
concepto «amenazadas»: se refiere a todas las especies recogidas como tales dentro del
art. 29 Ley 4/1989, de 27 de Marzo sobre Conservación de los espacios naturales y de
la flora y fauna silvestres147 . Este artículo distingue cuatro grupos: (I) En peligro de
extinción; (II) sensibles a la alteración de su hábitat; (III) vulnerables (aquellas que
pueden pasar a las categorías anteriores); (IV) de interés especial (merecedoras de una
atención particular en función de su valor científico, ecológico, cultural o por su
singular idad). Los atentados contra el primer grupo no serían un «delito de acumulación»: poseen per se suficiente capacidad lesiva ya que pueden afectar en gran medida
a la supervivencia de la especie (y es que el número limitado de miembros de esa
especie condic iona la gravedad del ataque). Sin embargo, en los dos grupos siguientes
se sanciona el peligro que representa la acumulación de semejantes conductas.
Los «delitos de acumulación» se diferencian del supuesto siguiente (punto 3:
«conductas con peligrosidad mediata») en que aunque no puedan llegar por sí mismas a
la lesión del bien jurídico su peligrosidad no es mediata (ya que no son
comportamientos que favorezcan o faciliten otra conducta delictiva que se oriente
directamente a la lesión del bien jurídico) sino directa e insignificante: cuando se unen
a otras acciones del mismo tipo produce un resultado lesivo. No obstante, los delitos
cumulativos sí se aproximan a las conductas descritas en el primer punto: la sanción
139
HAVA GARCÍA 1997: 68.
Vid. ORT EGA MARTÍN 1997: 513 y ss.
141
Vid. ORTEGA MARTÍN 1997: 547.
142
Art. 40 Ley del País Vasco 16/94 de 30 de junio sobre Conservación de la naturaleza; art. 12.1 Ley de
Cataluña 12/85 de Espacios Naturales Protegidos.
143
Vid. ORTEGA MARTÍN 1997: 539 y s.
144
Vid. art. 52 Ley del País Vasco 16/94. ORTEGA MARTÍN 1997: 541 y s.
145
Vid. Ley de Cataluña 9/1995 sobre acceso motorizado al medio natural; art. 18.3 Ley 12/85 de Espacios
naturales protegidos. ORTEGA MARTÍN 1997: 542 y s.
146
ORTEGA MARTÍN 1997: 545 y ss.
147
Vid. Diario de Sesiones n. 512, de 6 de junio, p. 15.606, 15.610. Vid. los comentarios al respecto de
ORTEGA MARTÍN 1997: 451 y s.
140
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aproximan a las conductas descritas en el primer punto: la sanción penal de ilícitos
administrativos. Como en estos casos, la persecución de estas acciones parece orientarse a la gestión de riesgos sectoriales, propia del Derecho administrativo 148 . Hay ejemplos en los que acumulación e ilícito administrativo llegan a confundirse. Así se suele
sostener que en el art. 334 CP cuando la especie es objeto de tutela por cuestiones de
«interés especial» realmente se sanciona un ilícito administrativo 149 . También se
aprecia este hecho en el art. 335 CP. En su redacción anterior a la reforma 15/2003
sancionaba la caza, pesca, etc., no autorizada por la Administración (art. 26.4 Ley 4/86)
de Especies no amenazadas. Ello generó la posibilidad de perseguir penalmente conductas de bagatela, que eran simples ilícitos administrativos (cazar un mirlo, un gorrión
común)150 . Si bien, la regulación actual del 335 CP, que requiere que la caza o pesca
esté expresamente prohibida «por las normas específicas sobre su caza o pesca», ha
reducido su ámbito de aplicación, no por ello deja de sancionar una simple infracción
administrativa. Para evitar esta crítica se puede defender que su relevancia penal pasa
necesariamente por su conversión en un «delito de acumulación»: se halla en que la
falta de autorización (que establece cuotas según la situación de cada una de las especies, que fija las fases de veda orientadas a la protección de los periodos de celo,
reproducción y crianza) permite una caza sin control de especies que podría conducir
de forma acumulada a alterar el equilibrio del ecosistema.
La escasa peligrosidad de estas conductas y su relación con las sanciones previstas,
su necesaria conexión con las acciones en el mismo sentido de otros sujetos (que son
invisibles e impredecibles para la mayoría de los ciudadanos 151 ) lo que representa el
establecimiento de un criterio de imputación de la responsabilidad de carácter colectivo152 , obliga a plantear que su persecución penal realmente supone respectivamente
una infracción de los principios de ofensividad, proporcionalidad y de culpabilidad 153 .
A esta crítica se responde afirmando que podrían no representar una infracción del
principio de proporcionalidad si se tiene en cuenta la relevancia del interés protegido
para el sistema social154 ; que no se infringe el principio de culpabilidad porque el
148
ALCÁCER 2002b: 16.
La jurisprudencia mayoritaria considera que es un ilícito administrativo: SSTS 1999\3827; 2002\949. Por
ello se puede exigir la capacidad para afectar a la supervivencia de la especie lo cual normalmente ocurrirá en caso
de atentados muy graves o requerir un resultado de peligro concreto: la presencia de una «amenaza para la
supervivencia».
150
Vid. MUÑOZ LORENTE 2001: 110 y ss. Existen sentencias que aplican de modo formal el tipo: STS RJ
2000\9555; SSAP (La Rioja) 1997\1857; (Jaén) ARP 1998\2212; (Almería) ARP 1998\2649; (Sevilla) ARP
1999\4688,. Por ello, MUÑOZ LORENTE (2001: 114 y s) mantenía que era necesario exigir una adicional puesta
en peligro del medio ambiente (vid. también HAVA GARCÍA 1997: 72), lo que en la práctica provocaría una
derogación del tipo pues sólo se podría aplicar cuando existiese una especie amenazada pero que todavía no
estuviera catalogada como tal.
151
El riesgo de acumulación de conductas «no será normalmente previsible para cada uno de los agentes, pues
dependerá de múltiples factores accidentales (…) que escapan a la capacidad de previsión y al dominio de una
persona media del sector de la actividad correspondiente», SILVA DIES 2003: 465.
152
SILVA DIES 2003: 461.
153
Vid. SILVA SÁNCHEZ 1997c: 1717; ídem, 1999: 112; SANTANA VEGA 2000: 158; MENDOZA
BUERGO 2001b: 491, 493 y s.; ALCÁCER 2002b: 13-15; SOTO 2003: 185; SILVA DIAS 2003: 441 y ss.
154
KUHLEN 1986: 404, nota 71
149
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http://criminet.ugr.es/recpc/08/recpc08-08.pdf
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sujeto es responsable por su falta de solidaridad individual155 , o por realizar una
conducta disfuncional respecto al bien protegido 156 .
La importancia de un bien como el medio ambiente exige establecer unos valoreslimite en los niveles de contaminación admisible. Ahora bien, esta necesidad, aceptada,
no determina que dichos valores-límite tengan que ser penales, ni que la intervención
penal deba ser desproporcionada o que tenga que vulnerar el principio ofensividad o de
culpabilidad para garantizar la tutela de dicho bien 157 .
(3) Por último también se sancionan comportamientos que tienen una capacidad lesiva
mediata: su peligrosidad se halla en que facilitan o favorecen el desarrollo de un plan
criminal lesivo de un bien jurídico aunque que per se no puede conducir directamente a
la lesión del bien tutelado. Dentro de este grupo se incluyen los actos preparatorios y
las tentativas de participación.
Ejemplos de estos delitos en el CP ya han sido citados con motivo de la punición de
los actos preparatorios. Ahora me interesa señalar dos cuestiones.
(a) La primera de ellas reside en mostrar cómo hay una tendencia doctrinal a señalar
que una de las variantes del delito de peligro abstracto sería la criminalización de
comportamientos que no contienen una peligrosidad directa, sino que requieren la
intervención posterior de un sujeto. Por lo tanto, supone la represión penal de actos
preparatorios del delito o de tentativas de participación.
Para JAKOBS los delitos, según la peligrosidad que contienen, se dividen en: (I)
concretos, (II) abstractos, (III) abstracto-concretos158 . En el segundo grupo (delitos de
peligro abstracto) se distinguen a su vez tres subgrupos. Los dos primeros punen
comportamientos externos y perturbadores 159 que se sitúan en una posición muy
cercana a la de la tentativa acabada 160 . En tales casos no hay una «anticipación de la
punibilidad que contravenga las reglas generales»161 , nos hallamos frente a una criminalización legítima. En el tercer subgrupo que identifica dentro de los delitos de peligro
abstracto, se hacinan conductas escasamente peligrosas o que requieren la intervención
155
Se quiere encontrar una lesividad (social) en el comportamiento cuya sumación se pretende evitar mediante
el «dilema del gorrón» (free rider). OLSON (La lógica de la acción colectiva) afirmó que el máximo interés
individual no reside en contribuir al éxito del grupo participando con su trabajo y otros sacrificios, sino beneficiarse del resultado conjunto sin contribuir en su producción vid. al respecto GIL CALVO 2003: 169 y ss). La
intervención penal en estos casos está justificada porque contribuye a eliminar una situación desigualdad social (a
favor del gorrón que disfruta de una ventaja injusta pues realiza una conducta que le beneficia y que, además, no
tiene efectos negativos precisamente porque se aprovecha de que el resto no actúan de forma egoísta: respetan la
norma), vid. WOHLERS 2000: 318 y ss.
156
«lo que guía la conducta del sujeto es la finalidad de obtener un disfrute de dicho bien (…) sin preocuparse
de su preservación», SILVA DIES 2003: 448.
157
¿Por qué se debe sancionar con una pena ciertos comportamientos con una capacidad lesiva semejante e
incluso muy inferior a la de otras conductas autorizadas o sancionadas principalmente a través de la vía administrativa? En suma ¿cómo se puede hablar de delitos de acumulación a la vista de los actuales parques automovilíst icos, la superpoblación de aeronaves, el irresponsable agotamiento de los recursos hídricos, etc.?
158
Vid. JAKOBS 1985: n. 20, 307-10.
159
Vid. JAKOBS 1985: 308-9: conductas definidas como perturbadoras per se (conducir bajo la influencia del
alcohol); conductas externas y perturbadoras: no son por si mismas perturbadoras si no que se consideran así por
generalización del peligro (falso testimonio, perjurio, incendio de edificio habitado).
160
Vid. JAKOBS 1985: 309.
161
Vid. JAKOBS 1985: 309.
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de un tercero para el desarrollo de su peligrosidad. Comportamientos que no son
peligrosos en absoluto si no van asociados a una acción sucesiva y de carácter delictivo162 . Son conductas no ejecutivas del delito porque puede confirmarse ese peligro o
por el contrario que quede reducido a esa situación previa y equívoca. La sanción de
estos comportamientos implica la extensión del Derecho penal a conductas preparatorias de un delito 163 . Esa anticipación de la tutela penal es en algunos supuestos ineludible: cuando el autor no sea capaz de desactivar el riesgo generado por su organización164 . En concreto destaca los supuestos de creación y obtención de instrumentos
delictivos. La extensión del alcance penal se justifica en este caso por el riesgo elevado
que existe de que esos objetos se utilicen en un sentido delictivo (ya que normalmente
no admiten otro)165 .
KÖHLER señala expresamente que hay dos tipos de peligro abstracto: (I) la conducta peligrosa necesita una posterior actuación, del sujeto que lo realizó o de un
tercero, para convertirse en una lesión; (II) puede conducir a un resultado lesivo por si
sola, la intervención de otra persona está excluida o sería fruto de la casualidad. Las
primeras son acciones penalmente irrelevantes porque todavía no lesionan la libertad
del otro. Las otras, sin embargo, afectan de forma substancial la autodeterminación de
la libertad del ciudadano.
CUESTA PASTOR 166 considera que los «delitos obstáculo» son aquellos que están
en un estado previo a los delitos de peligro abstracto y que representan la punición de
conductas que son la premisa idónea para la realización de otros delitos. «La doctrina
está de acuerdo en que la utilización por el legislador del delito obstáculo equivale a la
criminalización de los «actos preparatorios» para cometer ciertos delitos»167 .
WOHLERS afirma que los delitos de peligro abstracto no se caracterizan por la
puesta en peligro de un bien jurídico sino por la «peligrosidad general» que les es
inmanente: no hay delitos de peligro abstracto sino «delitos de riesgo o peligrosidad»168 . Si la creación de un riesgo general es lo que caracteriza a los delitos de peligro
abstracto, ¿cuáles son los «tipos de riesgo» (tipos de creación de riesgo) y dentro de
éstos cuáles pueden ser legítimamente penalizados 169 ? En función del potencial de
riesgo sostiene que se pueden establecer tres categorías dentro de los «delitos de
riesgo» 170 : (I) Konkrete Gefährlichkeitsdelikte («delitos de peligrosidad concreta»):
conducta que conduce directamente a una concreta puesta en peligro del bien jurídico
sin intervención de ningún sujeto (Trunkheitsfahrt § 316 StGB, schwere Brandstiftung
§ 306a StGB). Se protegen intereses individuales. (II) Kumulationsdelikte («delitos de
acumulación»): conductas que no pueden lesionar per se ningún interés pero que
combinadas con otras acciones de la misma clase provocan una concreta puesta en
162
Vid. JAKOBS 1985: 309-10.
Vid. JAKOBS, PG: 6/86a.
164
Vid. JAKOBS, PG: 6/86a.
165
JAKOBS, PG: 6/86a.
166
Vid. CUESTA PASTOR 2002: 40-46.
167
CUESTA PASTOR 2002: 44.
168
WOHLERS 2000: 305 y s.
169
WOHLERS 2000: 296, 306.
170
WOHLERS 2000: 309 y s.
163
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peligro del bien jurídico (protección del medio ambiente §§ 324 y ss StGB, o de ciertas
instituciones estatales §§ 264 y ss StGB). En este caso se protegen intereses colectivos.
(III) Vorbereitungsdelikte («delitos preparatorios»): comportamientos que contienen el
riesgo de que su autor u otra persona distinta puede servirse de una conducta previa
para realizar actividades delictivas. Se tutelan tanto intereses individuales como
colectivos.
En suma, estos autores defienden que los delitos preparatorios son una especie de
los delitos de peligro abstracto. Ambos sancionan comportamientos que pueden ser el
origen de las circunstancias peligrosas a partir de las cuales se puede producir una
posterior lesión de un bien jurídico171 . La diferencia es que una puede conducir directamente a la generación de ese estado (peligro abstracto), mientras que la otra necesita
una posterior intervención ya sea del propio autor o de otra persona (en este último
caso se convierte en una forma de participación no consumada).
(b) En segundo lugar quiero insistir en la necesaria conexión entre los dos criterios
de ordenación de las formas de anticipación de la tutela penal. Las fases del iter
criminis se castigan porque contienen una peligrosidad que se considera penalmente
relevante 172 . A su vez los delitos de peligro representan la punición de conductas que
son fases del proceso que conduce a la lesión consumada del bien jurídico de referencia 173 . De este modo, en el primer grupo su denominación hace hincapié en la fase del
iter criminis castigada, en el segundo, en el peligro del comportamiento, pero ambos no
son sino perspectivas complementarias (inseparables) de análisis de un comportamiento. En definitiva, tener en cuenta al mismo tiempo el «grado de ejecución» y «la
peligrosidad inherente», como propone el art. 62 CP para fijar la pena en la tentativa,
es un requisito necesario en el estudio de la relevancia objetiva de toda conducta.
Un estudio aislado de los «delitos de peligro abstracto» y de los delitos que tienen
por objeto la sanción de fases del iter criminis (especialmente las no ejecutivas)
provoca una separación de cuestiones que se tienen que tratar de forma conjunta.
(I) Cuando se examina un comportamiento sólo desde la perspectiva de su posición
en el iter criminis se corre el peligro de eludir una reflexión sobre la clase y grado de
peligro que le es inherente. Ello se concreta en los casos de persecución de conductas
preparatorias: en ocasiones parece que el estudio de aspectos relativos a la determinación de un juicio de peligrosidad, que permita fijar cuándo una conducta representa
objetivamente una atentado suficiente a los bienes jurídicos tutelados sea una cuestión
171
MÜLLER-DIETZ (1992: 99) define de tal forma todas las conductas que se hallan incluidas dentro de la
Vorfeldkriminalisierung.
172
BUSTOS/HORMAZABAL consideran que sería «sistemáticamente coherente exponer en este apartado
(scil. delitos de peligro y principio de lesividad) el desarrollo del delito, el iter criminis, pues los actos preparatorios y las formas imperfectas de ejecución (…) son situaciones de puesta en peligro (…)», Lecciones II: 110
(cursiva original). «Desde el punto de vista objetivo, los delitos de tentativa en sentido amplio son delitos de
peligro», SÁNCHEZ GARCÍA 1999: 50.
173
BOHNERT 1984: 182. «(…) los delitos de peligro, que no serían sino «tentativas» o, si se prefiere, formas
de imperfecta ejecución de los delitos imprudentes (…)», RODRÍGUEZ MONTAÑES 1994: 135. Los delitos de
emprendimiento, delitos de peligro concreto y abstracto, delitos de mera actividad y los delitos de intención son
integrados dentro de lo que FINCKE (1975: 40) considera «delitos de tentativa impropios» (unechten Versuchsd elikte).
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que únicamente competa en los supuestos de tentativa inidónea y el delito de peligro
abstracto174 . No se puede olvidar que hay una relación necesaria entre delitos de
peligro abstracto y delitos preparatorios 175 : los delitos de peligro abstracto se han
extendido en sus capas inferiores hasta abarcar conductas preparatorias. Los delitos
preparatorios, en función del peligro que le es propio son una especie de los de peligro
abstracto, en concreto los que ex ante manifiesta una peligrosidad mediata: únicamente
tienen capacidad para facilitar una conducta delictiva.
Además, cuando no se realiza una reflexión sobre el grado de peligro puede acontecer una confusión del aspecto formal y material de las fases del iter criminis. Hay
conductas que materialmente pueden ser una tentativa porque, por ejemplo, ya representen un inicio de lesión del bien jurídico tutelado. Otras conductas que sólo favorecen el desarrollo del plan delictivo son materialmente actos preparatorios. No obstante
puede suceder que ciertos actos preparatorios en su sentido material lleguen a ser
tentativas en el sentido formal porque de la interpretación del tipo se deduzca que éste
abarca como formas de ejecución conductas que materialmente sólo facilitan la posterior actividad delictiva principal176 .
En relación con un mismo bien jurídico y un mismo tipo penal, hay dos conceptos
de preparación:
? Preparación en un sentido material: comportamiento incapaz de lesionar o poner en
peligro de forma directa o inmediata el bien jurídico tutelado a través del cual un
sujeto únicamente facilita, posibilita o asegura una actividad delictiva. El criterio de
distinción entre tentativa y preparación es la peligrosidad de cada una.
? Preparación en un sentido formal: aquella conducta con la que no puede considerarse que se haya iniciado formalmente la ejecución de la conducta descrita en el tipo.
El criterio de diferenciación entre tentativa y preparación es el inicio de la ejecución
del tipo. Si ese criterio se vinculara a la idea de peligrosidad entendida como capacidad de afectación directa del bien jurídico la preparación en un sentido formal
coincidiría con la material. Ahora bien, esta coincidencia no siempre tiene lugar
cuando el carácter ejecutivo de una conducta se vincula a una interpretación del
precepto penal orientada a fijar su marco de significado típico. Así puede generar la
inclusión en la fase ejecutiva de formas preparación que aunque contienen una peligrosidad mediata (con respecto al bien jurídico de referencia) se encuentran en una
relación de proximidad con la conducta típica en un sentido formal estricto.
En consecuencia, puede suceder que haya preparaciones materiales que desde una
perspectiva formal sean actos ejecutivos 177 . Incluso sería posible hablar de tentativas
materiales que fueran preparaciones formales (especialmente cuándo se utiliza una
teoría formal estricta).
(II) Si se estudia la sanción de un comportamiento sólo teniendo en cuenta la natu174
CRAMER (1962: 63 y ss), por ejemplo, estudia esta problemática limitándose a las dos figuras señaladas.
Vid. SCHULTZ 1990: 68.
176
Vid. FUENTES 2003.
177
La teoría sobre el inicio de la ejecución a la que se recurra para interpretar el tipo determinará que se incluyan un mayor o menor número de conductas preparatorias (materiales) en la fase ejecutiva.
175
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raleza de su peligro se pierde de vista su posición dentro del iter criminis de un hipotético tipo penal que contemple la consumación de la lesión de un bien jurídico de
referencia.
Considerar la proximidad a la efectiva lesión del bien jurídico protegido puede
determinar la falta de legitimidad de la sanción de ese comportamiento. Así, cuando
sólo se habla de delitos de peligro abstracto se puede desestimar que se está
justificando la punición de conductas preparatorias que, desde una perspectiva objetiva
del injusto, están sometidas al principio de impunidad de los actos preparatorios. Ello
obliga a especificar los motivos de política criminal que legitiman la persecución
excepcional de los actos preparatorios concretos (que obviamente se presentan como
especialmente peligrosos en relación con la generalidad de las conductas
preparatorias).
Cuando se habla exclusivamente de delitos de peligro abstracto también se corre el
riesgo de prever una sanción desproporcionada si no tiene en cuenta la fase del iter
criminis: la punición de una conducta preparatoria debe guardar una relación proporcional con el resto de las figuras del iter criminis (tentativa y consumación) de los
delitos conexos con este bien jurídico178 . Punición escalonada de cada una de las fases
del iter criminis que se basa en la diferencia subjetiva-objetiva que existe entre cada
una de ellas: en un plano objetivo hay un menor grado de afectación del bien jurídico,
en el subjetivo hay un menor desvalor en cuanto la voluntad de realización está conscientemente vinculada a una conducta que manifiesta diferente capacidad de afectación
del interés tutelado.
Así mismo, el análisis aislado de una conducta como delito de peligro abstracto representa la posibilidad de perseguir fases previas a la lesión del bien jurídico con
independencia de los requisitos subjetivos derivados la teoría general del iter criminis.
Pueden castigar actos preparatorios y tentativas con independencia de que con relación
al tipo de referencia se lleven a cabo de forma dolosa o imprudente179 .
Por último insistir en que también se debe estimar la posición que la conducta tiene
dentro del iter criminis de una posible forma de intervención secundaria. Si aceptamos
que en el vigente CP rige un sistema dual de depuración de la intervención delictiva y
que éste se vincula a su vez al principio de accesoriedad (estricta material) limitada,
entonces tendremos que reconocer que en ocasiones los delitos de peligro abstracto
representan una excepción a dicho sistema, pues permite la persecución de conductas
que serían tentativas de participación. Es necesario exponer que se produce esta
excepción y los motivos político-criminales que la justifican en ese caso concreto180 ..
178
Insiste en este control de proporcionalidad en los delitos de peligro abstracto KISS 2006.
«…la falta de dolo de lesión hace imposible la aplicación de la tentativa y obliga a la creación de una categoría que abarque, también en el aspecto subjetivo, los momento previos a la lesión», MATA Y MARTÍN 1997:
68, nota 137; RODRÍGUEZ MONTAÑES 1994: 7, 134 y s.; BREHM 1973: 137; SCHÜNEMANN 1975: 798;
FEIJOÓ 1997: 2006; LUZÓN PEÑA PG: 313 y s.
180
Sería erróneo entender que con estos comentarios afirmo que la dogmática sea el límite de la políticacriminal. Ello sería incorrecto pues, como señala ORTIZ DE URBINA (2004), los límites de la política criminal
no son dogmáticos sino constitucionales; dentro de éstos el legislador puede tomar las decisiones que considere
adecuadas. Cuestión distinta es que sea necesario mostrarle al legislador que sus decisiones son contrarias e
incompatibles con el sistema existente. «Si bien la dogmática en sí misma no puede ser la barrera infranqueable de
la política criminal, ya ni tiene fuerza normativa per se ni autoridad para decidir, debe pretender influir en ella a
179
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III. CONCLUSIONES
Las formas de antelación se pueden ordenar en dos grupos. En función del iter criminis: delitos de tentativa, delitos preparatorios. En función del juicio de peligro:
delitos de peligro concreto y abstracto. Dentro de estos dos grupos la anticipación de la
tutela penal se limita a tres figuras: los delitos de peligro abstracto, los delitos preparatorios y los delitos de tentativas de participación (ya se punan de forma autónoma o
mediante la extensión del tipo de manera parecida a la prevista para la tentativa). Ello
con la peculiaridad de que los dos últimos citados normalmente se suelen recoger
dentro de una categoría única (delitos preparatorios). La dificultad que hay para
diferenciar en una fase tan temprana y a la vista del carácter equívoco de los comportamientos entre preparación y participación, la posibilidad de que una misma conducta
pueda compartir ambas naturalezas, el deseo de solventar problemas de delimitación de
figuras y de justificación dogmática reuniendo ambas en tipos saco, etc. son algunas de
las razones que han ocasionado la reducción del problema de la anticipación por la vía
del iter criminis a una sola categoría: la preparación.
No obstante, he realizado algunas precisiones a esta afirmación inicial.
(I) El concepto de anticipación de la tutela penal se reduce a esas figuras cuando
partimos de un núcleo del injusto vinculado a la lesión o puesta en peligro del bien
jurídico. Si se defiende que el Derecho penal tiene otra finalidad diferente a la protección de bienes jurídicos, u otra concepción del injusto el ámbito de la anticipación
penal sería distinto.
(II) Dentro de los delitos de peligro abstracto puede haber conductas con una capacidad
lesiva directa suficiente de modo que no se pueda hablar de anticipación en esos casos.
Así mismo, pueden tener cabida dentro de los delitos de peligro abstracto diversas
formas de anticipación de la tutela penal.
(III) El análisis del fenómeno de la antelación de la intervención penal, entendido como
ruptura de ese determinado modo de comprender el principio de ofensividad, se centra
principalmente en la peligrosidad de la conducta. La discusión básica reside en comprobar el grado de satisfacción del injusto originario en el caso concreto. Y ello debe
ser analizado tanto en los delitos de peligro como los de preparación. Dicho de otro
modo, los delitos del iter criminis, siempre serán una clase de delitos de peligro: los
delitos preparatorios son una anticipación de la tutela penal por su peligrosidad, y en
función de ello se incluyen, además, como una especie de los delitos de peligro abstracto.
(IV) El estudio de la anticipación desde la perspectiva del iter criminis es, empero,
necesaria: suministra importante información sobre la posición que esa conducta tiene
dentro del proceso continuado de ataque a un bien jurídico determinado. Saber que es
través de quienes sí están autorizados para decidir, mostrando las consecuencias de las decisiones que se alcancen,
así como su compatibilidad o incompatibilidad con el marco valorativo del que se parte y, finalmente, proponiendo
otros tipos de política criminal posibles dentro del marco jurídico de que se trate o la reforma de este último»,
ORTIZ DE URBINA 2004: 888.
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una tentativa o una preparación (y/o una tentativa de participación) descubre conflictos
dentro del sistema penal. (i) La infracción del principio de impunidad general de la
preparación o de la impunidad de las tentativas de participación que estas conductas
representan requiere una adecuada justificación político-criminal de la necesidad de la
supresión excepcional de estos principios. (ii) Posible fractura del principio de proporcionalidad si se prevé una pena que no respeta la necesaria sanción escalonada de cada
una de las fases del iter criminis. (iii) Persecución de fases previas a la lesión del bien
jurídico desvinculada de los requisitos subjetivos establecidos por la teoría general del
iter criminis.
(V) Por consiguiente aciertan aquellas clasificaciones que analizan conjuntamente
preparación y peligro abstracto. De este modo plantean varias cuestiones básicas: las
relativas al contenido de peligro propio de estas conductas y a las consecuencias que se
derivan de su posición (lejanía a la lesión efectiva del bien jurídico protegido) dentro
del iter criminis (especialmente la exigencia de proporcionalidad).
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