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Voces: DEFENSA DEL CONSUMIDOR ~ DERECHOS DEL CONSUMIDOR ~ LEY DE DEFENSA DEL
CONSUMIDOR ~ CONSUMIDOR ~ RELACION DE CONSUMO ~ PROVEEDOR ~ PERSONA JURIDICA
~ TUTELA JUDICIAL EFECTIVA ~ NATURALEZA JURIDICA ~ BENEFICIARIO ~ SEGURO ~ ENTIDAD
FINANCIERA ~ SERVICIO PUBLICO ~ DAÑOS Y PERJUICIOS ~ ENERGIA ELECTRICA ~
DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ~ CONCESIONARIO ~ PRESTACION DE SERVICIO ~
CLAUSULA ABUSIVA ~ COMPETENCIA ~ PRORROGA DE COMPETENCIA ~ JUICIO EJECUTIVO ~
RECUSACION ~ RECUSACION SIN CAUSA ~ IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS ~ DEFENSA EN
JUICIO ~ VICIO REDHIBITORIO
Título: La ley de defensa del consumidor en la jurisprudencia de las Provincias del Noroeste
Autor: Arias Cáu, Esteban Javier
Publicado en: LLNOA2011 (septiembre), 901
LA LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
EN LA JURISPRUDENCIA
DE LAS PROVINCIAS DEL NOROESTE
Por ESTEBAN JAVIER ARIAS CÁU
Sumario: I. Introducción.— II. Casuística. — III.— Bibliografía.
I.- INTRODUCCIÓN
El régimen del consumidor ha producido una revitalización del derecho en nuestro
país, reforzando la protección de la parte débil, mediante el reestablecimiento del equilibrio
estructural con el proveedor de bienes y servicios. Sin embargo, el debate en torno a la
naturaleza jurídica de este nuevo derecho, la modificación de los contenidos de los viejos
códigos decimonónicos, la ausencia de una verdadera reforma del derecho civil y comercial a
través de la tan ansiada unificación, los conflictos de paradigmas de interpretación, el veto
feroz de la promulgación de la ley 24.240 y las sucesivas reformas, han contribuido a una
verdadera torre de Babel en torno a la aplicación concreta del régimen y que conspira contra
su espíritu tuitivo.
De la lectura de la jurisprudencia seleccionada se infiere, siguiendo un método
cronológico, todas aquellas falencias denunciadas y que produjeron algunos fallos con
resultados desalentadores. Empero, una vez más la doctrina especializada vino en ayuda de los
tribunales, con sólidos fundamentos, interpretaciones innovadoras y que decantaron en la
última modificación del régimen consumerista, por intermedio de la ley 26.361, que han
puesto en su sitio a esta nueva rama del derecho.
En efecto, el derecho de defensa del consumidor tiene la característica fundamental que
produce un cisma en la añeja caracterización del derecho, atribuida al jurista romano Ulpiano,
que lo distinguía —ad usus escolaris— en dos grandes ramas: derecho público y derecho
privado. Por el contrario, el derecho del consumidor constituye, a nuestro juicio, una novel
rama del derecho, en rigor una rama especializada y que se delimita por su
interdisciplinariedad, ya que no puede predicarse que sea exclusivamente derecho privado
—a pesar de su fuerte impronta contractual—, o derecho público; derecho de fondo o derecho
procesal; derecho constitucional o derecho empresarial, etc.
Por último, es dable destacar la innovación de los tribunales de la región noroeste ya
que no sólo han replicado los debates en torno al régimen del consumidor, sino que han sido
punta de lanza y verdadera vanguardia en el reconocimiento de institutos consumeristas, para
ello baste el ejemplo de los recientes fallos sobre daños punitivos.
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II.- CASUÍSTICA
1. La relación de consumo
“Este régimen tuitivo de los consumidores que conduce a su aplicación de oficio por
los encargados de su tutela, en sede administrativa o judicial, en ausencia de petición concreta
de las partes en ese sentido y aunque se hubiere acordado algo distinto, limitándose en este
sentido la autonomía de la voluntad, cambia de raíz -en mi criterio-, el curso del procedimiento
de un acuerdo o de una negociación. Arribándose a un acuerdo en materia de derechos del
consumidor, aún con derechos disponibles, el orden público impone la revisión de lo
convenido, a riesgo de no homologarse lo decidido y continuar el trámite por la vía señalada
en el artículo 11 de la ley 7402. Ese es el alcance, en mi criterio, que hay que darle a la
interpretación conjunta de lo establecido en los artículos 65 de la ley 24.240 en correlación al
art. 21 del Código Civil, para los casos puestos a conciliación ante la autoridad de aplicación”.
(AGUIRRE ASTIGUETA, Sebastián, “Mediación y conciliación en materia de derechos de
consumidores y usuarios. Similitudes y diferencias”, LLNOA, 2010 (febrero), 95)
2. El concepto de consumidor
2.1
La persona jurídica como consumidora
"El art. 1° de la ley 24.240 admite que las personas jurídicas pueden ser consideradas
consumidores o usuarios a sus fines. Esto rige para las personas jurídicas que son destinatarias
finales de los bienes o servicios adquiridos en el mercado y respecto e los cuales no procede la
exclusión prevista en el art. 2°, párr. 2, puesto que no se integran en procesos de producción o
de comercialización destinados al mercado de bienes o servicios adquiridos. Su situación es
equiparable al consumidor persona física que también adquiere los bienes o servicios para su
utilización en el ámbito privado y no para volver a colocarlos en el mercado. Si el bien o
servicio adquirido no se relaciona directa o indirectamente con el tipo de actividad empresarial
o comercial del adquirente se supone que es para su uso o consumo personal o doméstico".
(CCivyComercialComunConcepcion, 2003/06/10, in re Demos S.R.L. c. Hyunday Motor
Argentina y otro, LLNOA, 2004-296, con nota a fallo de Daniel E. MOEREMANS)
En la nota a fallo, con relación a la etapa procesal y a la prueba para rebatir la
aplicación de la ley 24.240 a la persona jurídica, Moeremans afirmó: “sí quedaría excluida, si
el demandado hubiera invocado oportunamente y acreditado que el vehículo adquirido lo fue
para integrarlo en un proceso de comercialización de bienes, ya que se hubiera relacionado con
dicho proceso de manera específica o genérica (recordemos que la actividad de la sociedad es
la promoción de tarjetas de crédito)”. (MOEREMANS, Daniel E., “La sociedad comercial
como sujeto protegido por la ley de defensa de los consumidores (24.240)”, LLNOA, 2005,
541; ídem, DJ, 2005-1, 1105)
2.2 Los tomadores y beneficiarios de seguros como consumidores
“Si la actora demandó a una Compañía de Seguros por los daños y perjuicios que le
habría ocasionado ésta al rechazar el siniestro sufrido con su automóvil alegando que la
cobertura se hallaba suspendida por falta de pago, aun cuando invoque la ley 24.240 es
improcedente aplicar el plazo de prescripción allí previsto toda vez que sus derechos
estuvieron suficientemente protegidos y no obstante no pagó la cuota de la prima, por lo que el
plazo de prescripción de la acción se regulará por el art. 58 de la ley de seguros.
(CSJTucuman, 13/08/2004, in re “Cortés, Imer G. c. La Caja Cía. de Seguros”, LLNOA 2004
(diciembre), 282, con nota a fallo de Federico R. MOEYKENS, LLNOA 2005 (octubre),
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1165). Los hechos del caso fueron: “Se promovió demanda contra una Compañía de Seguros
por los daños y perjuicios que habría ocasionado al rechazar el siniestro sufrido por el
automóvil de la actora, alegando que la cobertura se hallaba suspendida por falta de pago. Al
contestar la demanda la aseguradora opuso defensa de prescripción por haber transcurrido el
plazo de un año previsto en el art. 58 de la ley de Seguros N° 17.418. La actora solicitó el
rechazo de la excepción invocando que resulta aplicable el término de prescripción previsto en
el art. 50 de la ley 24.240. La aseguradora interpuso recurso de casación contra la sentencia de
la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial que rechazó la defensa de prescripción. La
Corte Suprema de Justicia de Tucumán anuló la sentencias de Cámara y primera instancia”.
La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán decide que el plazo trienal es el
aplicable al contrato de seguros, como contrato de consumo, como así también que no
correspondía pesificar la obligación asumida por la compañía de seguros. “Partiendo de esta
premisa fundamental, resulta adecuado destacar, como acertadamente lo ha apuntado el
Juzgador, que los contratos de seguro son contratos de consumo. En efecto, el Tribunal que
integro, in re: "Lara, Hugo Alberto c/Caja de Seguros de Vida y/o quien resulte responsable"
Expte n° 43.917, fallo del 23/11/04" con disidencia del Señor Juez de Cámara Doctor Mario
Ricardo Sanjuán, así lo ha sostenido, en base a los argumentos que allí se exponen y a cuyos
términos me remito en homenaje a la brevedad”. (CFedTucuman, 26/06/2007, in re Díaz
Lozano, Julio César c. Alico Seguro de Vida y Ahorro, LLNOA, 2007 (diciembre), 1102, cita
on line: AR/JUR/6149/2007, con nota de Daniel E. MOEREMANS – CASAS, Manuel
Gonzalo)
En la nota a fallo, se dijo: “La solución surge de la propia ley. Si se trata de pólizas
tomadas o indemnizaciones en beneficio personal o del grupo social o familiar, la respuesta es
positiva. En cambio, si el seguro se lo contrata como parte integrante de un proceso de
producción, comercialización, etc. de bienes y servicios, el contrato no sería uno de consumo,
por encontrarse excluido, conforme al art. 2°, párr. 2° de la LDC. Piénsese por ej. en un seguro
de caución tomado por una empresa constructora para asegurar el cumplimiento de un contrato
de locación de obra, objeto de una licitación, o bien en un seguro de responsabilidad civil
sobre camiones contratados por una empresa de transporte”. (MOEREMANS, Daniel E. –
CASAS, Manuel G., “La prescripción en materia de contratos de seguro. Prevalencia de la
prescripción prescripta en la ley 24.240”, LLNOA, 2007 (diciembre), 1101.)
2.3 El consumidor inmobiliario
“La entidad bancaria constituida en fiduciario del fideicomiso firmado con una
empresa constructora resulta responsable por los daños y perjuicios sufridos por el adquirente
de una unidad funcional por boleto de preventa, derivados de la no ejecución de la obra, por
aplicación de la ley de defensa del consumidor, atento la amplitud del concepto legal de
consumidor y sin perjuicio de las regulaciones del banco demandado y de las disposiciones de
la línea de crédito otorgada”. (CFAS, 12/06/2008, in re Montenovi, Yolanda Nilda c. Biella
S.A. y otro, LLNOA 2008 (octubre), 912, cita on line: AR/JUR/5957/2008)
2.4 El consumidor de servicios públicos domiciliarios
“Aunque la relación jurídica entre el usuario del servicio de energía eléctrica y la
concesionaria del servicio se rige por el marco regulatorio vigente y el contrato de concesión
del servicio, esas normas deben interpretarse en función de los principios vectores emanados
de las normas de jerarquía superior, en tanto tiendan a equiparar la dispar relación de fuerzas
entre las partes, siendo este su principal cometido”. (JFedTucumán, N° 2, 18/02/2009. in re C.,
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J. M. y otros c. Estado Nacional y Ente Prov. Regulados de Energ. de Tucumán, LLNOA,
2009 (marzo), 191. con nota de Jesús LAFUENTE, LLNOA, 2009 (abril), 226)
“Se ha dicho que la prestación de servicios públicos es la relación de consumo por
antonomasia, por lo cual el tema de la protección de los usuarios de servicios públicos no es
menor en tanto de él depende la calidad de vida de la gente, lo que repercute directamente en
la dignidad y plenitud de esa vida. En tal sentido, y con especial comentario al art. 42 in fine,
Salomoni afirma que la norma constitucional resulta operativa "no sólo por su formulación en
cuanto establece claramente al sujeto acreedor y a los sujetos deudores, sino por la naturaleza
del derecho que protege, que no es otro que un derecho humano especificado cuyo titular es un
colectivo que para poder equipararlo con otros se le asigna tal categoría". Resulta oportuno
señalar que al tiempo de la reforma tanto el Estado Nacional como el Provincial se encontraba
en pleno proceso de privatización de tales servicios, provocándose una inserción en las
actividades económicas de empresas o concesionarios privados que cumplen en muchos casos
funciones de interés público. Este fenómeno ha generado un impacto particular respecto de los
usuarios de servicios públicos, en virtud de la imposibilidad de los mismos de elegir a su
prestador, quien a su vez goza de privilegios que no le son correlativos. Frente a esta situación,
la norma constitucional ha tomado conciencia que el grado de debilidad o de vulnerabilidad de
los usuarios es aún mayor que el de los consumidores y por esa razón es que ha extendido sus
garantías ampliando sus mecanismos de control y defensa”. (ARIAS CÁU, Esteban Javier –
VERA MOHORADE, Guillermo M., “Participación de las asociaciones de consumidores en
los organismos de control de servicios públicos”, LLNOA, 2011 (abril), 235)
“Concluimos que el derecho de los consumidores irriga también esta parcela jurídica,
debiendo ser aplicado con prelación por sobre otras normas o leyes generales o particulares, de
índole nacional o local, no sólo con su texto legal -para algunos sería un estatuto que
comprende la LDC, las leyes de defensa de la competencia y de lealtad comercial, como toda
norma que se refiera al consumidor, con independencia de su lugar de sanción- sino
especialmente con los principios que le infunden su razón de ser, teniendo en cuenta que su
naturaleza de orden público implica que los jueces deben aplicarla con independencia de la
invocación de las partes”. (ARIAS CÁU, Esteban Javier – VERA MOHORADE, Guillermo
M., “Participación de las asociaciones de consumidores en los organismos de control de
servicios públicos”, LLNOA, 2011 (abril), 235)
3. El concepto de proveedor
“La entidad financiera constituida en fiduciario de un fideicomiso para la construcción
de inmuebles es responsable ante la falta de entrega de la unidad funcional adquirida por
boleto de preventa, no sólo porque firmó dicho contrato, sino también porque se reservó el
derecho de ejercer el cargo de administrador del Consorcio por sí, o designar a quien deba
ejercerlo, por el término de cinco años a partir del inicio del reembolso de los créditos
hipotecarios a otorgar a los adquirentes y recibió el importe pagado por el actor comprador,
todo lo cual demuestra su participación en la comercialización de las unidades (del voto del
doctor Loutayf Ranea)”. (CFAS, 12/06/2008, in re Montenovi, Yolanda Nilda c. Biella S.A. y
otro, LLNOA 2008 (octubre), 912, cita on line: AR/JUR/5957/2008)
4. Las cláusulas abusivas
“La definición de cláusulas abusivas -en los términos del art. 37 de la ley 24.240 de
defensa del consumidor (Adla, LIII-D, 4125)- se refiere al contenido contractual, con
exclusión de las prestaciones esenciales de las partes, esto es, bienes o servicios que hayan de
proporcionarse y -como en el caso- la contraprestación que hayan de pagar por ellos así como
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su equilibrio económico, que es materia que debe quedar siempre reservada a la autonomía de
la voluntad de las partes y a lo que en ejercicio de ella se haya podido disponer - El ámbito
para impugnar las cláusulas esenciales de un contrato -como, en el caso, la fijación de común
acuerdo de intereses por el uso de capital- no es el del art. 37 de la ley 24.240 de defensa del
consumidor (Adla, LIII-D, 4125) sino el de derecho común, pues su determinación implica el
ejercicio de una libertad, y el legislador no se inmiscuye en la fijación del precio de un
contrato”. (CACyCCT, sala III, 13/03/2000, in re Banco Integrado Departamental Coop.
Ltdo. c. Roldán, Irma, LA LEY 2000-F, 970 - LLNOA 2000, 1142, cita on line:
AR/JUR/3437/2000)
4.1 La prórroga de competencia y el juicio ejecutivo
A favor de la declaración de oficio del magistrado interviniente, en una relación de
consumo a través de un juicio ejecutivo, se dijo: “Nos inclinamos por la primera postura, toda
vez que la ley 24.240 ha estructurado un sistema de máxima protección del consumidor, por lo
que, ante la presunción de que la relación fundamental que origina el libramiento del título es
de consumo (conforme las circunstancias expuestas en el expediente) y las partes del proceso
se encuentran insertas en ella, puede el magistrado declinar su competencia. Lo contrario
implicaría forzar al consumidor a ocurrir ante un tribunal diferente de su domicilio real- con
las dificultades y costos que ello conlleva en la generalidad de los casos- en orden a plantear la
excepción de incompetencia, contradiciendo el fin tuitivo del estatuto especial”.
(AVELLANEDA, Mirta del C., “Prórroga de competencia y juicio ejecutivo. Ley de Defensa
del Consumidor vs. Código Procesal Civil y Comercial de la Pcia. de Salta y otras normas
sustanciales”, LLNOA 2010 (junio), 405)
La doctrina regional que recomendamos: AVELLANEDA, Mirta del C., “Prórroga de
competencia y juicio ejecutivo. Ley de Defensa del Consumidor vs. Código Procesal Civil y
Comercial de la Pcia. de Salta y otras normas sustanciales”, LLNOA 2010 (junio), 405; DIAZ
CRITELLI, Adrián, “La prórroga de la jurisdicción pactada en contratos de adhesión o
predispuestos en la jurisprudencia de Tucumán”, LLNOA 2004 (noviembre), 111.
4.2 La renuncia a la facultad de recusación sin causa
“La renuncia al derecho a recusar sin causa prevista en un contrato no es un supuesto
comprendido en la ley 24.240 de defensa del consumidor (Adla, LIII-D, 4125) -art. 37-, pues
no compromete la tutela de las garantías fundamentales de la defensa en juicio, toda vez que
está establecida en el interés individual de la parte y como tal renunciable por su beneficiario”.
(CADyLT, 15/08/2001, in re Automotores Pesados S. A. c. Monroy, Román E. y otros,
LLNOA 2001, 639, cita on line: AR/JUR/1852/2001) Los hechos del caso fueron: “En el
marco de una ejecución prendaria, los accionados deducen recusación sin causa. Ante su
denegatoria, se agravian sosteniendo que, si bien el pacto prendario establece la renuncia al
derecho de recusar, dicha cláusula es parte de un contrato confeccionado por el acreedor al
cual debe necesariamente adherirse, encuadrando el supuesto en la ley 24.240. La Cámara no
hizo lugar”.
5. De los vicios en la Ley 24.240
"Dice bien: la expresión vicios redhibitorios no define nada, porque se refiere no al
vicio mismo de la cosa, sino a su posible efecto (que es forzar al vendedor a su saneamiento).
En cambio debemos hablar de vicios de fábrica ocultos cuando la cosa fabricada tiene alguna
imperfección, anomalía o deterioro ocultos, que no pueden admitirse dentro de la noción de
cosa entregada conforme a la voluntad de las partes (sobre todo del comprador), pues no
ofrece las utilidades que corresponde obtener de ella, ya sea que los defectos o anomalías
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fuesen inherentes a la cosa en sí o a su estructura, o se hubiesen derivado del modo incorrecto
en que fue fabricada”. (CCivyComercialComunConcepcion, 10/06/2003,, in re Demos S.R.L.
c. Hyunday Motor Argentina y otro, LLNOA, 2004-296, con nota a fallo de Daniel E.
MOEREMANS)
"De allí que si ya el actor había expresado su voluntad -ejerciendo su legítimo derechode rescindir el contrato de compraventa, resulta tardía e improcedente pretender recién la
"inspección" del vehículo, pero nada dicen de su "reparación", a la que estaban obligados, pero
no en cualquier tiempo, sino en tiempo útil y oportuno. Las cláusulas legales facultativas
otorgadas al consumidor, son puestas en su protección, por su condición de polo débil de la
relación contractual de consumo. Por eso debe interpretarse, que la ley no obliga al
consumidor insatisfecho con el producto adquirido, a esperar prolongadamente, más allá de lo
tolerable a que el vendedor repare el objeto que compró... Por ello si el vehículo 0 Km. No fue
reparado a satisfacción en el servicio técnico autorizado, no le queda otra alternativa al
comprador que rescindir la compraventa". (CCivyComercialComunConcepcion, 10/06/2003,
in re Demos S.R.L. c. Hyunday Motor Argentina y otro, LLNOA, 2004-296, con nota a fallo
de Daniel E. MOEREMANS)
“Resultan responsables el fabricante y la agencia que vendió a la actora un automotor,
por los daños y perjuicios derivados del defecto de la entrada de agua por la parte superior del
marco carroceril del parabrisas y el rubro consumo de aceite, por encuadrar los mismos en el
art. 11 de la Ley de Defensa del Consumidor”. (CACyCJujuy, sala I, 06/06/2008, in re
Lambrisca, Beatriz Norma c. Jama S.A. y Ford Argentina S.A., LLNOA 2008 (octubre), 907,
cita on line: AR/JUR/5929/2008”. Los hechos del caso fueron: “La adquirente de un
automóvil 0Km demando a la concesionaria vendedora y al fabricante por los daños y
perjuicios derivados de los defectos de fabricación. La Cámara de San Salvador de Jujuy
admitió parcialmente la acción incoada y condenó a los demandados a pagar cierta suma de
pesos por el rubro defecto de la entrada de agua por la parte superior del parabrisas y consumo
de aceite, por considerar que con su reparación se soluciona el problema sin afectar el valor de
venta del vehículo”.
“Resulta procedente la resolución del contrato de compraventa de un automotor
solicitada por el adquirente contra el vendedor y el fabricante, de conformidad con lo
dispuesto en los art. 1204 del Código Civil y 10 inc “C” de la ley de defensa del consumidor,
pues el vicio que se detectó en el vehículo era oculto —en el caso, falla en el soporte de
fijación de la batería que le ocasionaba problemas eléctricos—, insusceptible de ser advertido
fácilmente por el comprador y tornó la cosa inapta para su destino, conforme lo conceptualiza
el art. 2161 del Código Civil”. (CCyCJujuy, sala II, 22/06/2010, in re Massaccesi, Carlos
Rolando c. Peugeot-Citroën Argentina S.A. y Lourdes S.A. Concesionario Citroën S.A.,
LLNOA 2010 (septiembre), 759, cita on line: AR/JUR/35169/2010)
6. La prescripción liberatoria en el derecho del consumo. Aplicaciones concretas.
6.1 En el contrato de seguros.
“Si la defensa de prescripción opuesta por una compañía de seguros -en el caso,
demandada por los daños y perjuicios que habría ocasionado al rechazar el siniestro sufrido
por el automóvil de la actora- fue sustanciada y resuelta como de previo y especial
pronunciamiento, lo cual no fue objeto de agravio, resulta procedente el criterio del juez de
grado en cuanto consideró posible imprimir dicho trámite y resolver la prescripción planteada,
pues la preceptiva del art. 293 del Cód. Procesal de la Provincia de Tucumán autoriza dicho
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trámite cuando a tenor de la posición asumida por las partes la cuestión pueda ser valorada
como de puro derecho (Del voto en disidencia del Dr. Maidana). (CSJTucuman, 13/08/2004,
in re “Cortés, Imer G. c. La Caja Cía. de Seguros”, LLNOA 2004 (diciembre), 282, con nota a
fallo de Federico R. MOEYKENS, LLNOA 2005 (octubre), 1165).
“El plazo de prescripción trienal establecido en el art. 50 de la ley 24.240 (Adla, LIIID, 4125) debe prevalecer sobre el establecido en la ley de seguros, ya que el orden público que
informa el art. 3° de la ley de defensa del consumidor hace que todo contrato de consumo —en
el caso, seguro de vida y capitalización— deba regirse por los preceptos que en el caso
resulten más favorables a esa parte más débil de la relación negocial”. (CFedTucuman,
26/06/2007, in re Díaz Lozano, Julio César c. Alico Seguro de Vida y Ahorro, LLNOA, 2007
(diciembre), 1102, cita on line: AR/JUR/6149/2007, con nota de Daniel E. MOEREMANS –
CASAS, Manuel Gonzalo)
En la nota se afirmó: “Nosotros creemos que el plazo que debe dominar a la materia es
el trienal de la LDC, y no el anual de la LS, cuando se trate de un contrato de consumo.
Compartimos los fundamentos, antes expuestos, de la doctrina que se expide de igual manera,
pero con la salvedad de que esta aplicación está subordinada al hecho de que el contrato de
seguro sea contratado por un consumidor final, o en beneficio de su grupo social o familiar,
dado que en caso contrario quedaría fuera del ámbito de la LDC y por tanto se regiría por
plazo anual de la LS. El contrato de seguro, como afirmamos, se puede presentar como una
relación de consumo, por tanto se encuentra dominado por las normas de la LDC, entre las que
se encuentra el plazo de prescripción trienal. La LDC es una ley posterior a la LS, que si bien
no establece una derogación expresa de esta última, constituye un microsistema autónomo
protectorio de los consumidores, constitucionalizado a través del art. 42 de la CN, que vino a
desplazar a las disposiciones de las leyes especiales”. (MOEREMANS, Daniel E. – CASAS,
Manuel G., “La prescripción en materia de contratos de seguro. Prevalencia de la prescripción
prescripta en la ley 24.240”, LLNOA, 2007 (diciembre), 1101.)
7. De la competencia en la LDC
7.1 De la competencia promotora por el consumidor
“Es competente el fuero contencioso administrativo -y no el civil y comercial comúnpara entender en una acción incoada por una asociación de defensa de consumidores tendiente
a que se ordene una medida de no innovar, destinada a que no se convoque a audiencia pública
para la fijación de nuevas tarifas de energía eléctrica, pues de los términos de la demanda se
desprende que lo pretendido es la inejecutoriedad o suspensión de un acto administrativo, lo
cual impone en razón de la materia debatida la competencia citada”. (CACyCCT, sala I,
04/09/2002, in re Re.De.Co. (Red de Defensa del Consumidor) Ong. y otro c. EPRET,
LLNOA 2003 (julio), 386, cita on line: R/JUR/5755/2002) Los hechos del caso fueron: “Una
asociación de defensa del consumidor interpuso medida de no innovar, tendiente a que no se
celebre la audiencia pública destinada a fijar las tarifas de energía eléctrica. El juzgado civil y
comercial se declaró incompetente. La Cámara determinó la competencia de la justicia
contenciosoadministrativa para entender en el caso”.
“El hecho de que el consumidor haya perdido su derecho a reclamar los daños
derivados de una violación a la ley de defensa del consumidor (Adla, LIII-D, 4125), no lo
priva de denunciar dicha transgresión ante la autoridad administrativa correspondiente, por
cuanto lo contrario sería dar una extensión inadecuada al art. 12 de la res. 1532/98”. (CFAT,
10/09/2004, in re López, Carlos E. c. Empresa Lloyd Aéreo Boliviano, LLNOA 2005 (mayo),
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643, con nota de Günther FLASS, cita on line: AR/JUR/5543/2004) Los hechos fueron: “Los
pasajeros de un vuelo que ha sido suspendido, fueron trasladados por vía terrestre. La
Dirección General de Comercio Interior y Transporte de la Provincia de Tucumán impuso una
multa de $3000 por violación de los arts. 4° y 19 de la ley 24.240. La Cámara confirmó la
resolución apelada”.
“El fuero federal resulta incompetente para entender en una acción promovida contra
un banco a fin de que se declare abusiva la cláusula de un contrato de tarjeta de crédito en
función de la cual se cobra a los clientes un cargo detallado como “gestión contratación
cobertura vida”, y se ordene reintegrar las sumas cobradas por dicho concepto, pues se trata de
un asunto enmarcado en la ley de defensa del consumidor, cuyo art. 53 prevé que para el
ejercicio de la acción deben aplicarse las normas del proceso más abreviado que rija en la
jurisdicción del tribunal ordinario competente”. (CFASalta, 08/04/2010, in re P., D. H. c.
Banco Santander Rio S.A., LLNOA 2010 (junio), 466 - LA LEY 2010-C, 365, con nota de
Osvaldo Alfredo GOZAÍNI, cita on line: AR/JUR/6944/2010)
7.2 De la competencia recursiva por el proveedor
“Es competente el juez en lo criminal y correccional y no el del fuero contencioso
administrativo, para entender como alzada en la impugnación de un acto administrativo por el
cual el director general de industria y comercio multó por infracción a la ley nacional de
lealtad comercial a la sociedad accionante”. (TSJSEstero, 28/10/2002, in re Libertad S.A. c.
Provincia de Santiago del Estero y/u otros, LLNOA 2003 (agosto), 469, cita on line: AR/JUR/
6073/2002)
“Corresponde confirmar la resolución por la cual la Dirección Nacional de Comercio
Interior impuso una multa a una compañía financiera por violación al art. 4° de la ley 24.240 al
no haber informado al deudor acerca del estado de su cuenta y haberse limitado a manifestar
que adeudaba cierta suma de dinero más sin precisar las cuotas que habían sido pagadas,
siendo que el deber de información es la expresión máxima de la actuación del principio de
buena fe y, en materia de defensa del consumidor adquiere rango de derecho fundamental
reconocido en la Constitución Nacional”. (CFAS, 09/06/2008, in re Volkswagen Compañía
Financiera S.A., LLNOA 2008 (noviembre), 995, cita on line: AR/JUR/8011/2008) Los
hechos del caso son los siguientes: “Una compañía financiera que otorga préstamos para la
financiación de automotores cuestionó ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta la
disposición de la Dirección Nacional de Comercio Interior, Secretaría Técnica del Ministerio
de Economía de la Nación, por la que se le había impuesto una multa en base a la falta de
imputación de pagos e información que denunció un particular ante la Asociación de
consumidores Salteña. La Cámara rechazó el recurso”
“Es competente la justicia penal de Instrucción de Tucumán para resolver la apelación
planteada en relación a una multa dispuesta por un organismo local fundada en el art. 45 de la
ley 24.241 de Defensa del Consumidor hasta tanto sean puestos en funcionamiento los
juzgados contravencionales, pues estas sanciones son de carácter punitorio ya que conforme el
art. 47 de dicha norma tienen una finalidad retributiva o represiva que se encuentra
conceptualmente más cercana al ámbito de lo contravencional que de lo administrativo”.
(CSJT, 08/09/2010, in re Copan Cooperativa de Seguros Ltda., LLNOA 2010 (noviembre),
968; cita on line: AR/JUR/51529/2010)
“La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial es competente para conocer en un
proceso dirigido a impugnar una decisión de la Secretaría de Defensa del Consumidor que
9
declaró su competencia para entender en una denuncia formulada en el marco de un contrato
de seguro y con invocación de la Ley 24.240, pues, es razonable interpretar que existe un
régimen jurídico circundante a las facultades de la Autoridad de Aplicación de la mencionada
norma, en el orden provincial, que autoriza su revisión judicial a través del recurso directo
previsto en su Art. 19, el que no puede quedar confinado al control judicial de sus resoluciones
condenatorias”. (CSJSalta, 04/03/11, in re Caja de Seguros S.A. c. Provincia de Salta;
Secretaría de Defensa del Consumidor, LLNOA 2011 (julio), 642, cita on line:
AR/JUR/9875/2011)
Como jurisprudencia vinculada puede consultarse: Cámara Federal de Apelaciones de
Salta, “P., D. H. c. Banco Santander Río S.A.”, 08/04/2010, LA LEY 14/05/2010, 6, LLNOA
2010 (junio), 466 - LA LEY 2010-C, 365, AR/JUR/6944/2010 ; Cámara Federal de
Apelaciones de Tucumán, “López, Carlos E. c. Empresa Lloyd Aéreo Boliviano”, 10/09/2004,
LLNOA 2005(mayo), 643, AR/JUR/5543/2004 ; Cámara de Apelaciones en lo Civil y
Comercial Común de Tucumán, sala II, “Asociación de Protección del Consumidor y del
Medio Ambiente c. Compañía Aguas del Aconquija S. A.”, 16/08/2000, LLNOA 2001, 160,
AR/JUR/974/2000.
En doctrina, remitimos a: ARIAS CÁU, Esteban Javier, “Cuestiones de procedimiento
en la ley 26.361 de Reforma del Consumidor”, LLNOA (septiembre de 2008), págs. 731-742;
ARIAS CÁU, Esteban Javier, “Ley N° 5631 de la Provincia de Jujuy. De lo formal a lo
sustancial”, LLNOA (marzo de 2010), págs. 185-200.
8. El daño punitivo en el régimen del consumidor
“Procede condenar a una empresa de telefonía celular a entregar al actor el equipo
telefónico que adquirió con mas una multa punitiva a su favor, pues su contumacia y reticencia
en cumplir con las obligaciones contraídas y pagadas, torna aplicable lo establecido en los
Arts. 10 y 52 bis de la ley 26.361 —Ley de Defensa del Consumidor—“. (J1ICyCN°11Salta,
06/04/2010, in re Gramajo Salomon, Juan Pablo c. Telefónica Móviles Argentina S.A.
(MOVISTAR), LLNOA 2010 (septiembre), 717, con nota de Sebastián Aguirre Astigueta, cita
on line: AR/JUR/26302/2010; NALLAR, Florencia, “La prueba de los daños punitivos”,
LLNOA, 2011 (abril), 252)
En la nota a fallo se precisó: “Lo primero que cabe recordar aquí, en líneas generales,
es que los daños punitivos son un instituto de naturaleza excepcional, toda vez que proceden
únicamente frente a un grave reproche en la conducta del agente dañador. Atento dicho
carácter excepcional, son de interpretación restrictiva, pues debe existir una prueba
concluyente acerca de la gravedad de la conducta del demandado. Es decir que para la
procedencia de esta sanción ejemplar es necesario un elemento de dolo o culpa grave, esto es,
un particular reproche de conducta, en cabeza del agente dañador”. (NALLAR, Florencia, “La
prueba de los daños punitivos”, LLNOA, 2011 (abril), 252 nota a fallo JCivyCom, Salta de
11ªNom, 05/04/2010, in re Gramajo Salomón, Juan Pablo c. Telefónica Móviles Argentina
S.A. –Movistar-)
“La circunstancia antes apuntada no es menor, dados los fines específicos a los que está
destinado el instituto, ente ellos, y en destacadísimo lugar, la prevención y la sanción de
conductas socialmente disvaliosas. Como ya lo hemos expuesto en una oportunidad anterior
-citando a Zavala de González- y consideramos necesario reiterarlo una vez más aquí (2), no
es necesario que medie un factor subjetivo de atribución contra el responsable con relación
específica al hecho perjudicial, sino que basta una conducta objetivamente descalificable
10
desde el punto de vista social, esto es, disvaliosa por inercia, indiferencia hacia el prójimo,
desidia, abuso de una posición de privilegio. Dicho en otros términos, pues no interesa tanto la
subjetividad orientada hacia el hecho, como la que existe hacia la ilegítima obtención y
conservación de los frutos colaterales. Por eso, es suficiente una antifuncionalidad genérica en
la manera de desenvolver la actividad en que se origina el perjuicio. Y este particular tipo de
conducta que los daños punitivos están destinados a sancionar no puede surgir del mero relato
de los hechos de la causa, sino que requiere el despliegue de una actividad probatoria por parte
del reclamante que, claramente, no se da en los procesos sumarísimos”. (NALLAR, Florencia,
“La prueba de los daños punitivos”, LLNOA, 2011 (abril), 252).
Concluyéndose: “Recuérdese aquí que los daños punitivos no revisten el carácter de
una indemnización, sino que consisten en un plus -traducido en una suma dineraria- que se
agrega a aquélla, pues no tienden a resarcir al damnificado, sino que persiguen sus objetivos
propios de sanción y disuasión, trasladando el eje de análisis desde la víctima al victimario”.
(NALLAR, Florencia, “La prueba de los daños punitivos”, LLNOA, 2011 (abril), 252).
“La reprochabilidad de la conducta de una parte, su intencionalidad o el grado en el
que refleja su indiferencia frente a los usuarios es el punto central a tener en cuenta para la
fijación de la sanción prevista en la norma, que en este caso en concreto, se estima en la suma
de $20.000 frente a los reiterados incumplimientos a pesar del tiempo transcurrido desde la
presentación de la primera nota para dar de baja al servicio y efectuar transferencias de líneas
hasta la fecha de la presente en la que 'se condena a la demandada a cumplir lo solicitado por
el consumidor a la empresa dos años antes”. (CCyCSalta, sala I, 13/04/11 in re Paganetti,
Daniel H.c/ Telecom Personal S.A. s/Sumarisimo", - Expte. de Sala N° CAM 337.746/11)
Hechos: “El actor peticionó en forma expresa en su demanda que se condene a la demandada a
cumplir en forma efectiva con la obligación de transferir la titularidad de dos líneas de
telefonía móvil (que identifica) a sus actuales usuarios y en segundo lugar solicita se aplique
el art. 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor por groseras violaciones a distintas normas
del derecho del consumo Argentino en perjuicio de su persona”.
9. El deber de información
“Si bien la ley de defensa del consumidor es aplicable en forma subsidiaria al Código
Aeronáutico, ello no basta para eximir al transportista aéreo de la obligación de informar ni de
la de prestar el servicio en las condiciones pactadas, en tanto no existe en el citado código
ninguna disposición relativa a las obligaciones señaladas”. (CFAT, 10/09/2004, in re López,
Carlos E. c. Empresa Lloyd Aéreo Boliviano, LLNOA 2005 (mayo), 643, con nota de Günther
FLASS, cita on line: AR/JUR/5543/2004) Los hechos fueron: “Los pasajeros de un vuelo que
ha sido suspendido, fueron trasladados por vía terrestre. La Dirección General de Comercio
Interior y Transporte de la Provincia de Tucumán impuso una multa de $3000 por violación de
los arts. 4° y 19 de la ley 24.240. La Cámara confirmó la resolución apelada”.
En la nota a fallo, Flass afirmó: “La información, es el canal por el cual el
conocimiento fluye hacia la mente de una persona; este canal, puede ser brindado por el
proveedor, un tercero u obtenido directamente por el consumidor. Frente al fenómeno
gnoseológico del consumidor, la ley ha creado un sistema de presunciones. Su presume iure et
de jure que si el proveedor no informa lo que debe, el consumidor desconoce el dato
respectivo”. (FLASS, Günther, “Aplicación de la normativa del consumidor en el ámbito de la
aeronavegación comercial”, LLNOA, 2004-2005, 641-654, pág. 561)
11
“Corresponde confirmar la resolución por la cual la Dirección Nacional de Comercio
Interior impuso una multa a una compañía financiera por violación al art. 4° de la ley 24.240 al
no haber informado al deudor acerca del estado de su cuenta y haberse limitado a manifestar
que adeudaba cierta suma de dinero más sin precisar las cuotas que habían sido pagadas,
siendo que el deber de información es la expresión máxima de la actuación del principio de
buena fe y, en materia de defensa del consumidor adquiere rango de derecho fundamental
reconocido en la Constitución Nacional”. (CFAS, 09/06/2008, in re Volkswagen Compañía
Financiera S.A., LLNOA 2008 (noviembre), 995, cita on line: AR/JUR/8011/2008)
“Corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada a efectos de que se ordene la
suspensión de la ejecutoriedad de las resoluciones que incrementaron las tarifas del suministro
de energía eléctrica para ciertos usuarios y de las facturas emitidas en consecuencia, pues la
implementación del cuadro tarifario mencionado podría generar resultados exorbitantes e
irrazonables y, además, la aplicación de las resoluciones cuestionadas se habría efectuado sin
la debida información a los usuarios, en tanto que el peligro en la demora se encuentra
configurado ante la exigibilidad inmediata de las facturas, de modo tal que su eventual falta de
pago colocaría a los usuarios en mora, exponiéndolos a recargos e interrupciones del
suministro”. (JFedTucumán, N° 2, 18/02/2009. in re C., J. M. y otros c. Estado Nacional y
Ente Prov. Regulados de Energ. de Tucumán, LLNOA, 2009 (marzo), 191. con nota de Jesús
LAFUENTE, LLNOA, 2009 (abril), 226)
10. Asociaciones de defensa del consumidor.
“Es que, el artículo 57 dispone en su inciso a) "que para ser reconocidas como
organizaciones de consumidores, las asociaciones civiles deberán acreditar, además de los
requisitos generales, las siguientes condiciones especiales: a) No podrán participar en
actividades políticas partidarias"; no habiéndose demostrado, ni ofrecido demostrar en autos
por parte de la actora, que la CODECUC participe, o hubiere participado en actividad alguna
de las descriptas, máxime cuando no solo no se ha demandado a esa Asociación en autos, sino
que la actora se ha opuesto a su participación como tercero voluntario interesado,
precisamente en razón de no existir relación entre la acción de amparo y la misma (ver fojas
131/132). Agrego que la participación en actividades político partidarias, que como
prohibición establece la norma respecto de las asociaciones de consumidores, no puede
inferirse sin mas, de la formulación de la propuesta para el cubrimiento de un cargo público en
la persona de quién se encuentra afiliada a un partido político para el cubrimiento de un cargo
público”. (TContenciosoadministrativoJujuy, sala II, 01/11/2010, in re Chalabe, A. y otros c.
Estado Provincial, LLNOA, 2011 (febrero), 73, cita on line AR/JUR/80286/2010, con nota de
Esteban Javier ARIAS CÁU – Guillermo M. VERA MOHORADE, LLNOA, 2011, (abril),
236). Los hechos del caso: Una asociación de consumidores dedujo acción de amparo contra
la Provincia de Jujuy con el objeto de impugnar la designación del Gerente Técnico del
Usuario de la SUSEPU efectuada por el gobernador provincial de un candidato propuesto por
otra asociación de consumidores, en violación al art. 57, inc. a) de la ley 24.240. Asimismo
solicitó medida cautelar innovativa que fue rechazada, a efectos de que se ordene al Poder
Ejecutivo se abstenga de poner en funciones y/o permitir el desempeño del cargo. El Tribunal
Contencioso Administrativo de Jujuy desestimó la demanda.
10.1 Legitimación activa
“Uno de los temas más candentes respecto de los procesos colectivos es el de la
legitimación para obrar y respecto a ella somos testigos de cambios categóricos, porque el
facultado para accionar es acreedor de una legitimación distinta a la del derecho individual
clásico, ya que no es necesario que el sujeto que solicita la tutela resulte ser el titular del
12
derecho. El legitimado -o sujeto facultado por ley- que postula la defensa del derecho
colectivo, ostenta una legitimación amplia, anormal y constitucional. Esto nos lleva de la
mano a una serie de distinciones entre diferentes especies de derechos colectivos en un sentido
amplio”. (ROTELLA, Lorena G., “Defensa de derechos individuales homogéneos de carácter
patrimonial en Tucumán. Acción de clase”, LLNOA, 2009 (noviembre), 921)
10.2 Medidas cautelares.
“Cabe admitir la medida cautelar innovativa solicitada en una acción de amparo por
una asociación de defensa de consumidores con el fin de que se interrumpan las contrataciones
con las empresas de telefonía celular demandadas que impliquen la activación de nuevas
líneas, pues de acuerdo a la finalidad de estas peticiones y para evitar la frustación del derecho
de los consumidores debe procederse con amplitud de criterio para admitirlas y considerarse
que media verosimilitud del derecho invocado, por cuanto las accionadas efectuaron una venta
masiva de nuevas líneas que superó la capacidad técnica del sistema operativo, generando que
la prestación del servicio resulte deficiente y de mala calidad”. (JFed.Nro. 1, Salta,
03/06/2005, in re Unión de Consumidores de Argentina c. Telecom Personal S.A.; Telefónica
Móviles Argentina S.A. y Compañía de Teléfonos del Interior S.A., LLNOA, 2004-2005,
1055-1063, con notas a fallo de Carlos A. GHERSI y Osvaldo A. GOZAÍNI)
“Corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada a efectos de que se ordene la
suspensión de la ejecutoriedad de las resoluciones que incrementaron las tarifas del suministro
de energía eléctrica para ciertos usuarios y de las facturas emitidas en consecuencia, pues la
implementación del cuadro tarifario mencionado podría generar resultados exorbitantes e
irrazonables y, además, la aplicación de las resoluciones cuestionadas se habría efectuado sin
la debida información a los usuarios, en tanto que el peligro en la demora se encuentra
configurado ante la exigibilidad inmediata de las facturas, de modo tal que su eventual falta de
pago colocaría a los usuarios en mora, exponiéndolos a recargos e interrupciones del
suministro”. (JFedTucumán, N° 2, 18/02/2009. in re C., J. M. y otros c. Estado Nacional y
Ente Prov. Regulados de Energ. de Tucumán, LLNOA, 2009 (marzo), 191. con nota de Jesús
LAFUENTE, LLNOA, 2009 (abril), 226)
10.3 Acciones de amparo.
“Debe rechazarse la acción de amparo intentada por una asociación de consumidores a
fin de impugnar la designación del Gerente Técnico del Usuario de la SUSEPU efectuada por
el gobernador de la provincia de Jujuy con fundamento en que el candidato fue propuesto por
otra asociación en violación al art. 57, inc. a) de la ley 24.240, al encontrarse aquél afiliado a
un partido político, pues, no habiéndose demostrado que la proponente hubiere incurrido en la
realización o participación de actividades político partidarias prohibidas por la ley, mucho
menos puede entenderse que por presentar a una persona con afiliación partidaria, aquélla o el
propuesto se encuentren alcanzados por esa prohibición”. (TContenciosoadministrativoJujuy,
sala II, 01/11/2010, in re Chalabe, A. y otros c. Estado Provincial, LLNOA, 2011 (febrero),
73, cita on line AR/JUR/80286/2010, con nota de ARIAS CÁU, Esteban Javier – VERA
MOHORADE, Guillermo M., “Participación de las asociaciones de consumidores en los
organismos de control de servicios públicos”, LLNOA, 2011 (abril), 235).
La doctrina sobre la temática que recomendamos: ARIAS CÁU, Esteban Javier –
VERA MOHORADE, Guillermo M., “Participación de las asociaciones de consumidores en
los organismos de control de servicios públicos”, LLNOA, 2011 (abril), 235; ROTELLA,
Lorena G., “Defensa de derechos individuales homogéneos de carácter patrimonial en
Tucumán. Acción de clase”, LLNOA, 2009 (noviembre), 921. nota a fallo JFed. Nro. 2,
13
Tucumán, 18/02/2009, in re C., J. M. y otros c. Estado Nacional y Ente Prov. Regulados de
Energ. de Tucumán.
III.- BIBLIOGRAFÍA
AGUIRRE ASTIGUETA, Sebastián, “Mediación y conciliación en materia de derechos de
consumidores y usuarios. Similitudes y diferencias”, LLNOA, 2010 (febrero), 95
ARIAS CÁU, Esteban Javier – VERA MOHORADE, Guillermo M., “Participación de las
asociaciones de consumidores en los organismos de control de servicios públicos”, LLNOA,
2011 (abril), 235.
— ARIAS CÁU, Esteban Javier, “Cuestiones de procedimiento en la ley 26.361 de
Reforma del Consumidor”, LLNOA (septiembre de 2008), págs. 731-742.
— ARIAS CÁU, Esteban Javier, “Ley N° 5631 de la Provincia de Jujuy. De lo formal a lo
sustancial”, LLNOA (marzo de 2010), págs. 185-200.
DIVI, Diego, “Cláusulas abusivas en el contrato de prestación del servicio de energía eléctrica
en Tucumán”, LLNOA (septiembre de 2006), págs. 862-870.
CHAMATROPULOS, Demetrio A., Los daños punitivos en la Argentina. Legislación.
Jurisprudencia. Doctrina, Errepar, Buenos Aires, 2009.
FLASS, Günther, “Aplicación de la normativa del consumidor en el ámbito de la
aeronavegación comercial”, LLNOA, 2004-2005, 641-654.
GHERSI, Carlos A., “La tutela a potenciales consumidores”, LLNOA, 2004-2005, 1055-1060.
GOZAÍNI, Osvaldo A., “El poder cautelar de los jueces”, LLNOA, 2004-2005, 1060-1063.
LÓPEZ HERRERA, Edgardo, Los daños punitivos, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2008.
MOEREMANS, Daniel E., “La sociedad comercial como sujeto protegido por la ley de
defensa de los consumidores (24.240)”, LLNOA, 2005, 541
—MOEREMANS, Daniel E. – CASAS, Manuel G., “La prescripción en materia de
contratos de seguro. Prevalencia de la prescripción prescripta en la ley 24.240”, LLNOA, 2007
(diciembre), 1101
MOEYKENS, Federico R., “Aplicación de la ley de Defensa del consumidor al contrato de
Seguro”, LLNOA, 2004-2005, 1165-1168.
NALLAR, Florencia, “La prueba de los daños punitivos”, LLNOA, 2011 (abril), 252.
PADILLA, Rodrigo, “Derecho de información versus derecho a la imagen. Una solución
saludable frente a los intereses en conflicto”, LLNOA, 2004-2005, 745-749.
PAGANETTI, Daniel - COLLADO, Víctor M., “La tan esperada tutela administrativa para
usuarios y consumidores de la Provincia de Salta”, LLNOA (febrero de 2007), págs. 6-8.