Guatemala y la Cumbre del G77+China

Guatemala y la Cumbre del G77+China Marco Fonseca La Cumbre del Grupo de 77 + China (G77+China) que tomó lugar en Santa Cruz, Bolivia, la tierra del “buen vivir”, a mediados de junio pasado, replanteó una vez mas objetivos centrales históricos en la lucha contra el colonialismo y por la soberanía popular, principios que hoy siguen vigentes precisamente por la extensión del colonialismo neoliberal y globalizador, principios que la misma CEPAL, por medio de su Secretaria Ejecutiva Alicia Bárcena, está instando hoy a adoptar como parte de una agenda renovada de desarrollo post-2015 mas amplia y claramente descolonizadora y anti-neoliberal. El gobierno de Guatemala, presidido por el conservador y ex-militar Otto Pérez Molina, decidió participar en ese evento pero sin darle un carácter diplomático de alto rango como se merecía. Al contrario, su delegación estuvo compuesta de carreristas académicos o políticos consumados con un récord de hablar mucho y hacer nada incluyendo al embajador de Guatemala en México Fernando Andrade Díaz-Durán, el de Perú concurrente para Bolivia Gabriel Aguilera y la representante alterna ante la misión en Nueva York Mónica Bolaños.1 Cualquiera que conozca la historia política de Guatemala desde la “transición” a la democracia neoliberal de 1985 sabe también la trayectoria de esta gente. El balance que hizo el gobierno guatemalteco de la Cumbre puede verse en el discurso que Díaz-Durán ofreció ante la misma. ¿Y en qué puede resumirse el mismo? En nada. No hubo ni un solo elemento significativo que dicho discurso y, por lo tanto, Guatemala haya hecho al esfuerzo del grupo para superar el neoliberalismo globalizador y ello a pesar de que Guatemala es una de las víctimas mas visibles de dicho proceso neocolonizador y extractivo. Quizás ello se deba a que el presente gobierno es, de hecho, un partícipe entusiasta de la servidumbre y la explotación del país, su gente y sus recursos, al servicio de las corporaciones transnacionales y las agencias financieras internacionales. Pero quizás también se deba a la bancarrota intelectual e ideológica de estos representantes así como de la gente que sirve de consejeros y consultores para esta administración. ¿De qué habló Díaz-Durán en la Cumbre del G77+China que le permitió al mismo tiempo hablar de nada? Habló de la necesidad de “buscar consensos que permitan unificar posiciones teniendo en cuenta la diversidad de los países que lo conforman” y de como “hemos aprendido a incorporar en las declaraciones y resoluciones, las distintas visiones y prioridades de los Estados Miembros del Grupo y la segunda, porque hemos logrado resultados importantes en las Cumbres, Reuniones y Conferencias de la Organización de las Naciones Unidas.” Habló también de la declaración pro-corporativa y globalizadora que emanó de Rio+20, “el futuro que queremos”, como si fuera un documento de los pueblos y no de corporaciones y burocracias diciendo que “ha puesto en el centro de Naciones Unidas las dos prioridades de los países en desarrollo, a saber: la erradicación de la pobreza y el desarrollo a través de una visión integrada de los tres pilares: el económico, el ambiental y el social.” Habló sobre la agenda de desarrollo post2015 emergente, pero sin decir nada que uno no pueda leer en un editorial de tabloide matutino, diciendo que “debe ser universal y creativa, que impulse el desarrollo integral en su amplio sentido.”2 Suena bien. El problema es, por supuesto, que el gobierno de Pérez Molina, en nombre del interés privado, las corporaciones transnacionales y el neoliberalismo, está haciendo todo lo que puede para socavar el desarrollo sostenible, humano y soberano de Guatemala. Porque Guatemala no está haciendo por su pueblo, precisamente, lo que el país anfitrión de la Cumbre está hacienda por el suyo. Por ejemplo, como parte de su lucha contra el neoliberalismo globalizador y el extractivismo de las corporaciones transnacionales, el gobierno de Evo Morales en Bolivia ha denunciado y rechazado abiertamente sus tratados bilaterales de inversión, en base a su nueva constitución, porque los mismos implican la apertura de los recursos estratégicos nacionales al capital extranjero y no para el desarrollo nacional o local y contienen mecanismos de resolución de controversias inversionista–Estado diseñados precisamente para favorecer los intereses privados de transnacionales y no los públicos, humanos o ambientales de los pueblos. ¿Cuáles son los principios o fundamentos económicos, políticos y constitucionales que están guiando a Bolivia en su lucha por desmantelar el andamiaje neoliberal al interior de su propia institucionalidad? Son tres: El primer pilar tiene que ver con la recuperación de todos los recursos naturales estratégicos para el país, que es lo que llevó a las nacionalizaciones de las diferentes empresas. El segundo pilar tiene que ver con la revisión y denuncia de todos los Acuerdos Bilaterales de Inversión contrarios a la nueva CPE. El tercer pilar tiene que ver con la prohibición de cualquier arbitraje internacional respecto a cualquier controversia entre un inversionista privado y el estado boliviano…”, es decir que, “… cualquier controversia que pueda surgir entre un inversionista privado y el estado tiene que resolverse en jurisdicción nacional, esto implica una renuncia explícita a cualquier foro internacional en el cual podría resolverse las controversias.3 Para Bolivia y, sobre todo, para la gente pobre e indígena detrás del gobierno de Morales, la lucha por desmantelar el neoliberalismo y sus tentáculos adentro de Bolivia es solo parte de construir, simultáneamente, un “Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien”. Es cierto que no todo lo que está haciendo Bolivia ahora es aplaudible. Por ejemplo, el gobierno de Morales es muy ambivalente en términos de sus políticas hacia el extractivismo minero y energético y ha optado por un modelo de explotación de los llamados “recursos naturales” pero bajo control del Estado soberano y no del capital privado nacional o las transnacionales. Aunque esto pone finalmente en práctica ideas centrales de cómo superar la dependencia y el subdesarrollo desarrolladas en los 60s y los 70s y hoy defendidas por García Linera, el vicepresidente de Morales, esas propuestas no tenían ni tienen ninguna respuesta adecuada a la crisis ecológica que involucra el desarrollo nacional (de capitalismo de Estado o, pero, de libre mercado) en base a la sustitución de importaciones en combinación con el desarrollo industrial para el mercado interno. Fueron propuestas desarrolladas antes de la actual hola globalizadora neoliberal y antes de que los efectos del cambio climático empezaran a sentirse tangiblemente y resultaran estar claramente vinculados al modelo de desarrollo que hoy demanda Bolivia para sí y para su pueblo. Aunque no hay duda que en Bolivia la lógica extractivista sí esta siendo abiertamente desafiada desde abajo y, sobre todo, desde muchas comunidades indígenas que, a su vez, también apoyan el liderazgo de Morales, la política oficial boliviana esta diseñada en torno al extractivismo soberano y supuestamente en pro del desarrollo comunal y nacional.4 Pero la crítica al anti-extractivismo no se reduce a sus efectos destructores de la soberanía nacional sino también a su vinculación con el cambio climático y su impacto profundamente negativo en la calidad de la vida comunal en donde quiera que se impone siempre por medio violentos. Este es quizás el talón de Aquiles en la administración de Morales que, además, está proponiendo el desarrollo de energía nuclear civil en Bolivia como parte de su solución a las necesidades energéticas “sostenibles” de su capitalismo popular de Estado. Pero por lo menos en Bolivia todos estos asuntos se están debatiendo abiertamente en medios de comunicación nacional y comunitarios. En Guatemala no hay debate suficiente. Pero la gente pobre e indígena de Guatemala y sus organizaciones autónomas entienden todo esto muy bien en términos de lo que llaman la lucha por la “vida en plenitud”, es decir, una vida y un modelo de desarrollo incompatible en principios y políticas con lo que demanda y obtiene de todo gobierno el CACIF y los intereses transnacionales. Solo en términos de acuerdos bilaterales de inversión extranjera que niegan la lógica de la última cumbre del Grupo del G77+China, ¿Qué ha hecho Guatemala? Entre 2001 y 2012, por ejemplo, Guatemala suscribió 16 tratados bilaterales de inversión – incluyendo tratados con Taiwán e Israel, es decir, ¡Enemigos de las ideas que surgieron de la Cumbre del G77-China! – y no solo no ha denunciado ninguno sino que está buscando mas.5 ¿Y en cuanto al extractivismo? Basta solo un ejemplo a modo de recordatorio. En mayo de 2013 el gobierno de Pérez Molina, a través del Ministerio de Energía y Minas y el de Gobernación – ambos ampliamente vinculados a redes militares con intereses económicos en el extractivismo y la agroexportación – impuso el Estado de sitio en dos municipios de Santa Rosa y dos de Jalapa por supuestos “hechos de violencia”, es decir, protestas comunitarias ampliamente pacíficas – aunque no necesariamente unificadas o de consenso regional total – contra el extractivismo y en demanda de consultas municipales de vecinos o Consultas Comunitarias de Buena Fe.6 7 La respuesta de Pérez Molina fue la respuesta típica del conservadurismo militarista y represivo de larga tradición en Guatemala: ordenó el despliegue de 8 mil 500 elementos del Ejército (¡Obviamente en defensa de la soberanía nacional!) y de la Policía Nacional Civil (PNC) en defensa de la propiedad privada, el orden y la paz social necesarios para la explotación de la Mina San Rafael. Como bien se sabe ésta mina le pertenece a la transnacional canadiense Tahoe Resources Inc. quien la opera en Guatemala bajo el nombre de Grupo Macro y cuyo presidente y CEO, Kevin McArthur, goza de mas acceso al gobierno de Guatemala que el pueblo que lo eligió . Para Pérez Molina la represión a la protesta pacífica y la demanda de justicia social, ambiental y económica representan una amenaza subversiva y su represión se justifica porque se trata de “grupos pequeños en cada municipio que desinforman al resto de la población y realizan actividades ilícitas.”8 Evidentemente ésta “estrategia nacional de desarrollo” en Guatemala basada centralmente en el extractivismo, la agro-exportación (en sí misma basada en el robo legal de tierras y el desplazamiento de población campesina) y zonas de libre comercio con fuertes inyecciones de capital extranjero sin restricciones no solo no es compatible con el desarrollo entendido mínimamente, es decir, como lo entiende la CEPAL o la UNCTAD, sino que como se lo ha replanteado el Grupo del G77+China en su reunión de junio en Bolivia. Para el gobierno de Guatemala “desarrollo” consiste en la venta en ganga de lo poco que le queda a Guatemala de su patrimonio nacional y natural para su propia existencia como Estado viable y creíble y el endeudamiento creciente para financiar presupuestos diseñados en función de clientelas electorales y no del desarrollo humano, sostenible y ecológico a largo plazo. Los medios de comunicación de Guatemala, como siempre, pasaron desapercibidos de la sustancia de la Cumbre y de las posiciones empobrecidas y recicladas que Guatemala llevó a la misma, mas que todo como un ejercicio de relaciones públicas, por medio de representantes totalmente desconectados de la realidad del país. 1 http://tinyurl.com/nfqcx42 http://tinyurl.com/okrfdsj 3 http://tinyurl.com/qfaz9dn 4 http://tinyurl.com/kxep6tk 5 http://tinyurl.com/nv6cu75 6 http://tinyurl.com/ome3e9s 7 http://tinyurl.com/oqprne7 8 http://tinyurl.com/prjbkhr 2