BOLIVIA Y LAS IMPLICACIONES GEOPOLÍTICAS DEL GOLPE DE ESTADO Catalogación en la publicación UNAM. Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información Nombres: Lajtman, Tamara, editor. | Romano, Silvina María, editor. | Bruckmann, Mónica, editor. | Ugarteche, Oscar, 1949- , editor. Título: Bolivia y las implicaciones geopolíticas del golpe de Estado / Tamara Lajtman, Silvina Romano, Mónica Bruckmann, Oscar Ugarteche (Comps.). Descripción: Primera edición. | México : Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Económicas ; Ciudad de Buenos Aires, Argentina : Clacso, [2021]. | Serie: Colección Grupos de Trabajo de Clacso. | "Grupo de Trabajo de Clacso Geopolítica, integración regional y sistema mundial". Identificadores: LIBRUNAM 2100807 | ISBN 978-607-30-4326-7. Temas: Bolivia -- Política y gobierno -- 2006- . | Golpes de Estado -- Bolivia -- Historia. | Bolivia -- Relaciones exteriores -- Estados Unidos. | Estados Unidos -- Relaciones exteriores -- Bolivia. | Geopolítica -- Bolivia. Clasificación: LCC F3327.B649 2021 | DDC 984.052—dc23 LIBRERÍA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE CIENCIAS SOCIALES CONOCIMIENTO ABIERTO, CONOCIMIENTO LIBRE Los libros de CLACSO pueden descargarse libremente en formato digital o adquirirse en versión impresa desde cualquier lugar del mundo ingresando a www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana ISBN Clacso: 978-987-722-833-5 ISBN UNAM: 978-607-30-4472-1 © Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales | Queda hecho el depósito que establece la Ley 11723. Este libro fue sometido a un proceso de dictaminación por académicos reconocidos, de acuerdo con las normas establecidas por el Consejo Editorial de CLACSO, el cual dictaminó que el libro reúne las condiciones de calidad, rigurosidad, pertinencia, actualidad y originalidad para ser publicado por CLACSO. No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su almacenamiento en un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, fotocopia u otros métodos, sin el permiso previo del editor. La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO. Los trabajos que integran este libro fueron sometidos a un proceso de evaluación por pares. Formación: Laura Elena Mier Hughes Cuidado de la edición: Hélida De Sales Y. La responsabilidad de los criterios en la corrección de los textos corresponde a Clacso. CLACSO Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - Conselho Latino-americano de Ciências Sociais Estados Unidos 1168 | C1023AAB Ciudad de Buenos Aires | Argentina Tel [54 11] 4304 9145 | Fax [54 11] 4305 0875 | <clacso@clacsoinst.edu.ar> | <www.clacso.org> Patrocinado por la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional PAPIIT IN302318: “La integración trunca de América Latina 1834-2017: entre el panamericanismo y el regionalismo. Una mirada desde la economía política global”. ÍNDICE Atilio A. Borón Prólogo | 9 Tamara Lajtman, Silvina Romano, Mónica Bruckmann y Oscar Ugarteche Presentación | 15 Guillermo Oglietti, Nicolás Oliva, Sergio Martín-Carrillo y Lucía Converti ¿Qué sería de Bolivia sin su política de nacionalizaciones? | 25 Maribel Aponte-García, David Choquehuanca, José M. F. Delgado, Ximena Campos, Carlos Silvestre y Elisabeth Buergi-Bonanomi Políticas públicas y sistemas alimentarios sustentables para la seguridad y soberanía alimentaria en Bolivia. Avances y limitaciones | 55 Loreta Tellería Escobar La asistencia de Estados Unidos a Bolivia en el siglo XXI. Entre la injerencia y la subversión | 89 PRIMERA PARTE ESTADO SOBERANO COMO CONSTRUCCIÓN CONTRAHEGEMÓNICA SEGUNDA PARTE BOLIVIA EN LA ECONOMÍA Y GEOPOLÍTICA GLOBAL Silvia Laura Rodríguez El golpe de Estado en Bolivia: entre la disputa hegemónica y la geopolítica de los minerales | 113 Adriana R. Cadena Cancino y Maribel Aponte-García Litio. Cadenas de valor, empresas, políticas de industrialización y golpe de Estado en Bolivia | 133 Oscar Ugarteche y Armando Negrete Aproximaciones desde la geoeconomía al golpe de Estado en Bolivia | 161 Ricardo Orozco Bifurcación sistémica, patrón de poder capitalista en América y golpe de Estado en Bolivia | 195 Consuelo Ahumada El golpe de Estado de Bolivia y la cambiante geopolítica regional | 231 Silvina Romano, Tamara Lajtman, Aníbal García y Arantxa Tirado El consenso negativo en torno al gobierno del MAS: Estados Unidos y la red de derecha oculta | 259 Ernesto Eterno Estados Unidos en Bolivia: imperialismo recargado contra un “triste país” | 287 Cronología de las elecciones y el golpe de Estado en Bolivia | 335 Acerca de las autoras y los autores | 349 TERCERA PARTE LA ARTICULACIÓN DEL PROCESO GOLPISTA APÉNDICE PRÓLOGO Atilio A. Borón Es digna de encomio la iniciativa tomada por CLACSO y su Grupo de Trabajo sobre “Geopolítica, integración regional y sistema mundial” en el sentido de publicar un volumen colectivo destinado a desentrañar las raíces y las múltiples consecuencias, muy en especial las geopolíticas, del golpe de Estado en Bolivia. Y esto porque, en general, los factores geopolíticos solo por excepción son tenidos en cuenta en los análisis sobre distintas realidades nacionales de nuestra América. El énfasis puesto en la identificación de los actores “nacionales”, por llamarlos de alguna manera porque muchos de ellos son instrumentos de la voluntad del imperio, y sus estrategias de lucha, unido a la superficial consideración que se le brinda a los también mal llamados “factores externos”, que no lo son porque el imperialismo está hondamente imbricado en la vida política de nuestros países, hacen de este libro una saludable excepción a la regla y un ejemplo que ojalá pueda ser imitado. Esta obra parte de una premisa irrefutable, a saber: no se puede comprender la historia boliviana desde la revolución de 1952 en adelante sin evaluar debidamente la importancia geopolítica y geoeconómica de ese país. La intervención de Estados Unidos en Bolivia viene de antes, pero se potencia a partir de esa fecha con el vértigo de las revueltas e insurrecciones populares y el extenuante caleidoscopio de la vida política boliviana, que solo llegaría a su término cuando Evo Morales asumió 9 Atilio A. Borón la presidencia de dicho país el 22 de enero de 2006. A partir de ese momento, fundacional en el más estricto sentido de la palabra, se inaugura un periodo de estabilidad política, crecimiento económico y progreso social inédito en la historia boliviana, que terminó siendo brutalmente interrumpido por el golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019. Un periodo que suscitó, desde sus comienzos, la abierta hostilidad de la Casa Blanca y que cruzó la línea de no retorno el 12 de septiembre de 2008, cuando el presidente Morales expulsó del país a Philip Goldberg, el embajador de Estados Unidos en La Paz. Se le acusó con fundamentos de conspirar no solo contra el gobierno sino, en contubernio con algunas figuras y fuerzas políticas opositoras, de propiciar el desmembramiento de Bolivia en una Occidental, el altiplano, y otra Oriental, con eje en Santa Cruz de la Sierra. Goldberg ya había participado activamente en la división de la antes Yugoslavia, de modo que era alguien que sabía muy bien lo que estaba haciendo y que, de haberse concretado, hubiera sido una extraordinaria victoria para Estados Unidos. La centralidad geopolítica y estratégica de Bolivia, enclavada en el corazón de Sudamérica, fue tempranamente reconocida por Ernesto “Che” Guevara. De ahí su decisión de inaugurar, desde Ñancahuazú, un ciclo de insurgencias guerrilleras en el subcontinente. Y de ahí también la rápida respuesta de Washington al enviar “asesores” militares para colaborar con las fuerzas armadas de ese país para combatir a la guerrilla del Che. Se calcula que el batallón del Ejército boliviano que se lanzó a la caza del guerrillero era, en los hechos, dirigido, controlado y entrenado por el 8º Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, los Boinas Verdes, cuyo cuartel general estaba en Fort Gulick. Tal como lo ha relatado Régis Debray, durante su detención y encarcelamiento fue reiteradamente interrogado por funcionarios de la CIA o miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos, lo que revela la excepcional importancia que este país le asignaba a los acontecimientos en curso en Bolivia. Por supuesto que el telón de fondo de esta conducta del gobierno estadounidense revela la excepcional importancia que América Latina y el Caribe revisten para ese país. No es casual que la primera doctrina de política exterior adoptada por la Casa Blanca haya sido la Doctrina Monroe, adoptada tan tempranamente como en 1823. La segunda fue la Doctrina Wilson, formulada para Europa casi un siglo más tarde, en enero de 1918. Esta prelación de América Latina refleja las prioridades de la política exterior de Estados Unidos, ratificadas en numerosas ocasiones. Por ejemplo, y sin abundar en más detalles, conviene recordar que a la hora de poner a distintas regiones del mundo a salvo del “expansionismo soviético” Washington optó por asegurar en primer lugar la inmunidad de América Latina y el Caribe mediante el TIAR, el 10 Prólogo Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de 1947 y la creación de la Organización de Estados Americanos en 1948. Solo en 1949 la Casa Blanca se preocupó por crear un instrumento jurídico, diplomático y militar que pusiera a Europa a salvo del supuesto expansionismo soviético. Las conclusiones son obvias. Los diversos capítulos que componen esta obra cubren los principales aspectos de la compleja problemática boliviana y su proyección regional. En primer lugar, se ofrece un balance de algunas de las grandes transformaciones que tuvieron lugar durante los trece años del gobierno de Evo Morales: el crucial papel de las nacionalizaciones de los recursos básicos, principalmente el litio y los hidrocarburos; los avances en la autosuficiencia alimentaria y, en tercer lugar, un racconto del ingerencismo estadounidense a lo largo del presente siglo. En la segunda parte se examinan muy detalladamente distintas facetas de la problemática geopolítica y geoeconómica en su concreción boliviana. El tema del litio y otros minerales, el desafío de la industrialización y la proyección de la experiencia del gobierno de Evo Morales sobre el inestable equilibrio geopolítico regional. El protagonismo de Estados Unidos en el golpe (y en el proceso conducente al mismo) es objeto de la tercera parte de este libro, completando de este modo un exhaustivo análisis de la dolorosa experiencia de Bolivia y el siniestro papel jugado por el imperialismo de Estados Unidos. Quisiera concluir estas breves palabras aportando una reflexión complementaria, que podría “redondear” la explicación sobre los acontecimientos recientes en Bolivia. Sobre todo, pensando en la necesidad de extraer algunas lecciones con vistas a nuevas experiencias reformistas o revolucionarias que puedan gestarse en los próximos años en nuestros países. Creo firmemente que la eficacia de la intervención imperialista se magnifica y adquiere mayor eficacia cuando se entrelaza con algunas decisiones o actitudes equivocadas en las que, a veces, incurren nuestros gobiernos. A partir de una mirada solidaria, y también constructivamente crítica con el gobierno de Evo Morales, creo que los siguientes fueron algunos desaciertos que facilitaron los planes destituyentes del imperio. Uno de ellos fue la subestimación de la fuerza de los sectores más reaccionarios de la sociedad boliviana, inmunes a la batalla cultural que librara el gobierno de los movimientos sociales. No solo inmunes, sino enfurecidos y radicalizados ante lo que consideraban un intolerable acto de insolencia por parte de los pueblos originarios. En segundo lugar, se confió en que el formidable éxito económico, inédito en toda la historia boliviana, obraría como un factor de estabilización y fortalecimiento del gobierno del MAS. Nada de eso ocurrió, porque ante la falta de un continuo programa de educación política los sectores 11 Atilio A. Borón rescatados de la pobreza extrema fueron atraídos por el venenoso canto de sirena de la derecha que controlaba casi todos los medios de comunicación. Se crearon consumidores y no ciudadanos conscientes. Y a la hora de defender al gobierno de los movimientos sociales, y al también legítimo triunfador en las elecciones presidenciales de octubre, buena parte de esos sectores prefirieron contemplar por televisión su derrumbe antes que salir y movilizarse en su defensa. Tercero, el accionar del imperialismo fue facilitado por la excesiva confianza que el gobierno de Evo Morales depositó en los mecanismos constitucionales e institucionales que respaldaban su presidencia. Lo único que puede sostener a un gobierno popular en el marco de un Estado burgués, y el de Bolivia nunca dejó de serlo, es su capacidad de mantener el control de “la calle”, ámbito privilegiado y prácticamente único sobre el que se apoya el poder popular. Por razones que desconozco, el gobierno de los movimientos sociales optó por abandonar “la calle”, que fue rápidamente copada por sus feroces enemigos con los resultados por todos conocidos. Cuarto, se subestimó también la eficacia y la penetración de los vínculos establecidos entre el gobierno de Estados Unidos –a través de un enjambre de ONG y entidades de diverso tipo– y los diversos grupos de la oposición al masismo, facilitando y potenciando sus protestas y desavenencias con el gobierno. Se cometieron también otros errores, de carácter más puntual que los anteriores, pero que fueron muy bien aprovechados por el imperialismo. Uno de ellos fue convocar al referendo el 21F de 2016, tres años antes de las elecciones presidenciales. Otro fue apostar tan fuertemente al litigio con Chile por la legítima reclamación de salida al mar de Bolivia y un eventual fallo favorable por parte de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, algo que cualquier observador bien informado sabía que no se iba a producir y que la sentencia finalmente conocida fue lo máximo que se podía obtener. Otro, considerar que la OEA y el bandido que funge como su secretario general, Luis Almagro, actuarían de modo neutral en la futura contienda electoral. La información posterior demostró que ese personaje fue uno de los mentores de la trama por la cual a Morales le robaron un triunfo, ajustado pero legítimo, y que lamentablemente no supo defender. Otro, pensar que una política de cauteloso distanciamiento de Cuba y Venezuela apaciguaría las biliosas críticas de la derecha y a las capas medias fascistizadas, y convencería a los hampones de Washington de no entrometerse en el proceso político boliviano y dejar que Evo Morales siguiera gobernando. Otro, hacer reposar la seguridad del presidente y su equipo de gobierno, su vicepresidente y sus ministros, en la lealtad de las fuerzas armadas y la policía, cuando era más que evidente que tanto aquellas como esta tenían su comando verdadero en Washington y no 12 Prólogo en La Paz, como desgraciadamente se comprobó en las jornadas de noviembre. Para concluir: tenemos en nuestras manos un libro magnífico que nos permite situar en una amplia perspectiva el drama en curso en Bolivia, a la vez que nos ofrece instrumentos particularmente útiles para extraer valiosas enseñanzas con vistas al futuro. Porque, huelga decirlo, no hay dudas de que el pueblo boliviano se repondrá de esta derrota y comenzará, más pronto que tarde, a reanudar la marcha interrumpida por las hordas organizadas y financiadas por el imperio. Y este libro será de gran ayuda en ese momento. Buenos Aires, 20 de julio de 2020. 13 PRESENTACIÓN Tamara Lajtman, Silvina Romano, Mónica Bruckmann y Oscar Ugarteche En América Latina a lo largo del siglo XXI hemos experimentado diversas experiencias golpistas: el golpe a Hugo Chávez en el 2002, el golpe de Estado parlamentario y militar contra Manuel Zelaya en Honduras (2009); la desestabilización/intento de balcanización de la zona de la Medialuna boliviana en el 2008; la insubordinación policial y desestabilización contra el gobierno de Rafael Correa en 2010; el golpe parlamentario contra Fernando Lugo en Paraguay, anticipo del impeachment a Dilma Rousseff y posterior proceso de lawfare contra Lula da Silva en Brasil, la guerra híbrida permanente desatada contra la Venezuela de Nicolás Maduro. En general, los análisis apuntaban a un predominio del “golpe blando”, asociado al accionar de los medios de comunicación, la desestabilización económica vía sanciones, el aislamiento diplomático, la vía parlamentaria y judicial para la eliminación del adversario político y la instauración del cambio de régimen (o restauración del orden anterior a los procesos de cambio). Sin embargo, el golpe de noviembre de 2019 en el Estado Plurinacional de Bolivia puso en duda el protagonismo del soft-power, para colocarnos frente a un golpe de Estado que guarda similitudes con aquellos perpetrados en los años 60 y 70 del siglo pasado. La ultraderecha se ve interpelada a recurrir a vías cada vez más violentas para la restauración del proyecto neoliberal, cuyo fracaso económico y político es 15 Tamara Lajtman, Silvina Romano, Mónica Bruckmann y Oscar Ugarteche evidente. Ya no basta con manipular algunos aparatos del Estado (golpes institucionales, parlamentarios, judiciales, mediáticos). Bolivia quizá sea el camino de regreso a los golpes tradicionales, reactivando las estrategias más violentas del imperialismo en la región y marcando una peligrosa reversión de procesos que incluso retrotraen a características propias de la contrainsurgencia durante la Guerra Fría. Esto, en un contexto geopolítico global en transición, y con una comunidad internacional cuyos pilares institucionales se ven debilitados de la mano de la crisis hegemónica estadounidense, igual que los valores liberales y democráticos que se habrían dado a la tarea de defender desde 1945, pero que, en la periferia, fueron evocados sistemáticamente para obstaculizar o aniquilar cualquier alternativa viable para la emancipación de los pueblos. Compilar Bolivia y las implicaciones geopolíticas del golpe de Estado nos resulta una necesidad impostergable de ofrecer elementos de análisis del proceso boliviano que nos permita entender la profundidad y complejidad de la coyuntura política local y regional, la dimensión de los intereses económicos y geopolíticos que están en juego a nivel global a partir del golpe de Estado y los riesgos que representa una ruptura con las conquistas democráticas del pueblo boliviano. El quiebre institucional en Bolivia ha puesto en riesgo el futuro de la democracia en la región en su conjunto. Lo cierto es que, consumado el golpe, la “restauración”/“pacificación” de Bolivia llevada a cabo por el gobierno de facto de Jeanine Áñez se sostiene en la total invisibilización de dinámicas profundamente violentas y racistas. Las masacres de Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba), con 37 muertos y 500 heridos, fueron la antesala de la persecución de las clases populares y sectores indígenas que respaldan el proceso de cambio, seguida de persecución política y judicial contra funcionarios del gobierno del MAS. El objetivo parece evidente: desarticular todo cuanto se construyó en poco más de 13 años, reanudando un proceso acelerado de concentración de la riqueza, postergando los derechos democráticos y sociales conquistados, entregando al capital extranjero los territorios, los recursos naturales y las empresas nacionales. NUESTRO GT Y (EN) BOLIVIA El Grupo de Trabajo (GT) de CLACSO “Geopolítica, integración regional y sistema mundial” nace con el espíritu de “pensar el mundo desde Bolivia”,1 a partir de diálogos entre las coordinadoras, Mónica 1 Referencia a los seminarios de debate “Pensando el mundo desde Bolivia”, organizados por la Vicepresidencia boliviana, impulsados personalmente por Álvaro García Linera. A lo largo de los años, participaron muchos de los intelectuales de 16 Presentación Bruckmann y Rebeca Peralta, en el marco del Curso “Geopolítica e Integración Regional. América Latina en el Sistema Mundo” (La Paz, 2015).2 Consolidado el GT, realizamos entre otras actividades el Coloquio “Geopolítica, sistema mundial e integración regional” en La Paz entre los días 16 y 18 de agosto de 2017, como parte de las actividades desarrolladas en el marco de los 50 años de CLACSO. La reunión contó con participantes de reconocida trayectoria académica en diferentes áreas del conocimiento y oriundos de más de 14 países, representantes de movimientos sociales, sindicatos y gestores públicos. Las discusiones se centraron en las temáticas de las potencias emergentes y los cambios geopolíticos mundiales; Hegemonía y contrahegemonía y nuevo sistema mundial; Recursos naturales y soberanía; Integración regional y desafíos para América Latina.3 El Coloquio fue inaugurado por el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, y clausurado por el presidente Evo Morales. Durante el evento, el entonces secretario ejecutivo de CLACSO, Pablo Gentili, hizo entrega del Premio Latinoamericano y Caribeño “CLACSO 50 años” a Evo Morales. La última participación del GT en Bolivia fue en el marco del seminario internacional “Guerra Comercial y Crisis del Capitalismo; Impactos y Alternativas para América Latina”,4 que se llevó a cabo entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre de 2019, en el marco de las elecciones que se realizarían semanas después. SOBRE ESTA OBRA Esta obra colectiva parte de la tesis compartida de que la estrategia golpista multidimensional en Bolivia se articula por causas geopolíticas y izquierda más importantes a nivel regional y mundial como David Harvey, Immanuel Wallerstein, Toni Negri, Michael Hardt, Slavoj Zizek, Luis Tapia, Enrique Dussel, Samir Amin, Boaventura de Sousa Santos, entre otros. 2 Este curso fue organizado, conjuntamente, entre el Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Vicepresidencia del Estado y la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP). Ver Peralta (2015). 3 Ver https://www.clacso.org.ar/clacso_grupos_de_trabajo/sistema_gt/informe_trienal_2019/imprimir_informe/formulario.php?id_reunion=288&ficha=1243 4 El evento fue organizado por los GT de CLACSO “Geopolítica, integración regional y sistema mundial” y “Crisis y economía mundial”, el Ministerio de la Presidencia, la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, el Banco Central de Bolivia (BCB), la EGPP, la Red de Estudios de la Economía Mundial (REDEM) y la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico (SEPLA). Ver https:// www.clacso.org/actividad/seminario-internacional-2019-guerra-comercial-y-crisiscapitalista-impactos-y-alternativas-para-america-latina/ 17 Tamara Lajtman, Silvina Romano, Mónica Bruckmann y Oscar Ugarteche tiene impactos geopolíticos. Los textos académicos y ensayos elaborados desde diversos ángulos de análisis se unen bajo el paraguas de la certeza de que Bolivia es un territorio, pueblo y proyecto clave en la reconfiguración geopolítica de un capitalismo en crisis. En conjunto, ofrecen un panorama esclarecedor a contrapelo de las narrativas que justifican y naturalizan la usurpación del poder. Porque hoy más que nunca la geopolítica es disputa real y material por recursos, mercados y territorios que requiere de un relato que la legitime (Dalby, 2008: 413-436; O’Tuathail y Agnew, 1992: 190-214), en un contexto de (des)información y bombardeo de noticias falsas y opiniones infundadas, donde es cada vez más complejo discernir entre lo que sucede y lo que se dice o calla sobre lo que sucede (Laketa, 2019: 155-161). Como una materialización más de la desigualdad del orden internacional, el relato con fuerza de verdad (considerado como verdadero) suele ser aquel pronunciado por gobiernos, voces expertas y medios de comunicación concentrados y redes sociales proyectados desde los países centrales y reproducidos por sectores políticos y líderes de opinión afines en la periferia (Mattelart, 2002).5 Es fundamental aclarar que en el proceso de convocar a quienes contribuyen a esta obra nos encontramos con actores que experimentaron de modo directo la violencia y el miedo implementados a partir del golpe y tuvieron que exiliarse (en suelo propio o en el exterior). Enfrentándose a esta coyuntura, algunos optaron por no escribir mientras que otros decidieron escribir bajo seudónimo debido a la implacable persecución política, en algunos casos planteada oficialmente como “cacería a sediciosos y terroristas”. El objetivo del golpe y las diversas estrategias para evitar el retorno del MAS a la política boliviana obedece en buena medida a que el proceso de cambio iniciado en el año 2005 demostró ser una vía alternativa posible al neoliberalismo (con diversas limitaciones, pero con significativos logros) en uno de los países más pobres del continente. Anclada en este precepto, la primera parte del libro explora los logros socioeconómicos de la administración de Evo Morales a través de la planificación del Estado en la economía y asentada en la construcción de un Estado soberano como construcción contrahegemónica. Guillermo Oglietti, Nicolás Oliva, Sergio Martín-Carrillo y Lucía Converti realizan un ejercicio contrafáctico que permite distinguir cuál habría sido la evolución de las variables macroeconómicas si Bolivia no hubiese implementado la política de nacionalizaciones. Maribel AponteGarcía, David Choquehuanca, José M. F. Delgado, Ximena Campos, 5 Ver, también, https://www.celag.org/wp-content/uploads/2018/06/THINK-TANKCELAG.pdf 18 Presentación Carlos Silvestre y Elisabeth Buergi-Bonanomi profundizan en la seguridad y la soberanía alimentaria como parte transversal de las políticas públicas y de los programas y proyectos impulsados por el gobierno de Evo Morales. A su vez, Loreta Telleria analiza y disecciona el rol de la asistencia económica de Estados Unidos como un mecanismo de subversión política e ideológica contra el gobierno del MAS. La segunda parte del libro reúne trabajos que dan cuenta de la importancia de Bolivia en la geopolítica y la economía mundial. Elementos como la posición estratégica del país andino y amazónico en el corazón del continente, sus vastos recursos naturales (principalmente litio e hidrocarburos) y biodiversidad hacen que el territorio boliviano se posicione en el centro de la disputa intercapitalista contemporánea. A este respecto, quienes participan en esta obra sostienen que el proyecto boliviano de industrialización del litio fue intolerable para Estados Unidos, lo que explicaría en buena medida la presión por el cambio de gobierno (desestabilización). Asimismo, el Estado Plurinacional asumió un rol en la esfera internacional sin precedentes en la historia del país, transitando el camino de la multipolaridad emergente, liderando nuevas dinámicas en las relaciones extrarregionales y protagonizando distintas experiencias integracionistas (UNASUR, ALBA, CELAC) que enfrentaron el orden panamericano y neoliberal. Silvia Laura Rodríguez detalla la riqueza geológica del territorio boliviano, haciendo hincapié en el potencial hidrocarburífero y mineral y sus implicaciones en el marco de la disputa hegemónica entre Estados Unidos y China. Adriana R. Cadena Cancino y Maribel AponteGarcía profundizan sobre la cuestión del litio y su relación con el golpe a partir de un análisis minucioso de las conexiones entre las reservas, las cadenas globales de valor y la política de industrialización del litio en Bolivia. Oscar Ugarteche y Armando Negrete realizan un repaso histórico y teórico sobre qué es un golpe de Estado y revisan los elementos geoeconómicos del golpe en Bolivia. Ricardo Orozco interpreta el golpe en el marco de la reapropiación neoliberal del Estado en América, partiendo de reflexiones sobre la crisis estructural del capitalismo y bifurcaciones sistémicas. El trabajo de Consuelo Ahumada examina los cambios en la geopolítica global y regional y su incidencia en el golpe, destacando el liderazgo de Evo Morales frente a la agenda estadounidense en Bolivia. Los trabajos de la tercera parte de la obra se orientan a echar luz sobre el entramado golpista conformado por la derecha autóctona e internacional, las fuerzas de seguridad colonizadas, grupos irregulares y comités cívicos, permeado por el clasismo, racismo y fundamentalismo religioso arraigados en los sectores conservadores de la sociedad boliviana. Se lleva a cabo un significativo esfuerzo por identificar actores 19 Tamara Lajtman, Silvina Romano, Mónica Bruckmann y Oscar Ugarteche (ponerles nombres y apellidos) y herramientas que aporten a la comprensión de este complejo episodio. Silvina Romano, Tamara Lajtman, Aníbal García Fernández y Arantxa Tirado proponen desentrañar trayectorias personales e institucionales, así como los intereses asociados al golpe, presentados en la red de poder de la derecha presente antes del golpe y que prevalece luego de los eventos de noviembre de 2019; profundizan además en el modo en que estos hechos son justificados en virtud de un proceso de manufacturación de consenso negativo con respecto al gobierno del MAS, que trasciende lo local y adquiere especial visibilidad e impacto en el exterior. Por último, articulado al objetivo de poner en evidencia el desarrollo de los hechos, sectores, trayectorias personales e intereses involucrados, se expone un breve ensayo a modo de pieza de historia oral y “relato de vida”, redactado por Ernesto Eterno, uno de los actores que experimentó de cerca el golpe de Estado. Relato que contiene valiosos datos, a la vez que logra transmitir el sentimiento y el estado de ánimo de los y las que vivenciaron tanto el proceso de cambio como el momento del golpe. Elegimos este cierre como el inicio de una memoria colectiva sobre el golpe que es urgente recuperar/escribir, frente a la evidente reversión de procesos en Bolivia. Con el ánimo de aportar a esta “otra historia” sobre lo acontecido en Bolivia, en esta batalla permanente y sin tregua de las ideas, compartimos una suerte de cronología “mínima”, a modo de punto de partida para análisis más complejos y pormenorizados de cada evento asociado al Golpe. Agradecemos profundamente a quienes colaboraron de diferentes maneras para concretar este libro, en particular a colegas de Bolivia que aceptaron este desafío en contextos cotidianos de violencias y de numerosas dificultades materiales y afectivas. Dedicamos estas páginas, en primer lugar, al pueblo boliviano, que sabemos sabrá retomar la senda de la emancipación, porque la lucha forma parte de su mera existencia. Nunca se dio por vencido. En segundo lugar, esto es para nuestra América, porque con cada golpe de Estado reviven los episodios y memorias más tristes y retrógradas de nuestra historia, pero también renace la esperanza y la valentía de lo que supimos superar y transformar, nos trae al presente ese potencial emancipador que no nos han podido extirpar, aun con los métodos más violentos e inhumanos o con los más sofisticados y elegantes. NUNCA MÁS. Buenos Aires, Río de Janeiro, Ciudad de México 21 de julio de 2020 20 Presentación BIBLIOGRAFÍA Dalby, S. (2008). Imperialism, domination, culture: the continued relevance of critical geopolitics. Geopolitics, 13(3), 413-436, (Routledge). Laketa, S. (2019). “Even if it didn’t happen, it’s true”: The fantasy of geopolitics in the “post-truth” era. Emotion, Space and Society, 1(31), 155-161, (Elsevier). Mattelart, A. (2002). Geopolítica de la cultura. Santiago de Chile: LOM. O’Tuathail, G. y Agnew, J. (1992). Geopolitics and discourse. Practical geopolitical reasoning in American foreign policy. Political Geography, 11(2), 190-214. Peralta, R. M. (2015). Geopolítica e Integración Regional, América Latina en el Sistema Mundo. Disponible en https://www.nodal. am/2015/06/geopolitica-e-integracion-regional-america-latina-enel-sistema-mundo-por-rebeca-peralta-marinelarena/ 21 PRIMERA PARTE ESTADO SOBERANO COMO CONSTRUCCIÓN CONTRAHEGEMÓNICA ¿QUÉ SERÍA DE BOLIVIA SIN SU POLÍTICA DE NACIONALIZACIONES?1 Guillermo Oglietti, Nicolás Oliva, Sergio Martín-Carrillo y Lucía Converti INTRODUCCIÓN El crecimiento económico ya no es novedad en Bolivia, la estabilidad tampoco. Algo ha pasado para que este país sudamericano no sea noticia. Conseguir la tasa de desempleo más baja del subcontinente (3.2%), a pesar de que la población activa creció un 37% desde 20052 y que el salario mínimo se multiplicó por 6 desde 2005, debería ser noticia. También es noticia que quienes quieran progresar ya no tengan que recurrir a la emigración como única alternativa. Es una noticia que en 2019 el salario mínimo de Bolivia haya superado al de Argentina, uno de los países de destino más frecuentes de la emigración boliviana. La moraleja de que Evo Morales, uno de los muchos bolivianos que emigró por razones económicas a Argentina, en pocos años haya revertido la situación para beneficio de sus compatriotas, es otra noticia. Pero las noticias dejan de serlo cuando se transforman en rutina, y este es afortunadamente el caso de Bolivia. 1 Extraído de Oglietti, G.; Oliva, N.; Martín-Carrillo, S. y Converti, L. (2019, mayo) ¿Qué sería de Bolivia sin su política de nacionalizaciones? Disponible en www.celag. org 2 Un ritmo que casi duplica el crecimiento poblacional de 21% en el periodo. 25 Guillermo Oglietti, Nicolás Oliva, Sergio Martín-Carrillo y Lucía Converti Bolivia es un ejemplo palmario de que hay alternativas.3 Demuestra que la estrategia de apostar por una economía con rostro humano no solo es humanista, sino que también es buen negocio. Bolivia ha sido el país que registra el mayor crecimiento de la región, liderando la clasificación sudamericana en 2009, 2014, 2016 y 2018 y, además, persevera mostrando grandes progresos en la dimensión social. Sus políticas redistributivas activas no afectaron el equilibrio fiscal como presuponen los defensores del Estado mínimo, sino que, por el contrario, Bolivia puede jactarse de alto crecimiento, estabilidad cambiaria y muy baja inflación. Que tanto argentinos como peruanos comiencen a ahorrar en pesos bolivianos es una novedad, aunque no sea noticia. La pobreza se redujo de 59.6% en 2005 a 16.8% en 2015 según los datos del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INEB), mientras que según el Banco Mundial4 la caída fue del 9.9% a 2.5%. Si sigue esta trayectoria mostrada en el periodo 2005-2015 la pobreza estaría erradicada en menos de un lustro. En todas las dimensiones sociales se presentan notables mejoras. En cuanto a la vivienda se observa un importante crecimiento en el acceso de los hogares a los servicios básicos que hasta hace poco eran considerados bienes de lujo. El acceso a la electricidad y al abastecimiento de aguas pasó de 68.3% y 82.9%, respectivamente, en 2005, a 93% y 90% en la actualidad. En términos educativos, hoy el porcentaje de bolivianos que asistió a la secundaria es de 58.2 mientras que hace 12 años era un 42.7. En salud, el presupuesto aumentó del 4.9% al 6.4% del PIB en estos años y la mortalidad infantil5 se redujo de 46 por cada 1 000 a 28 por cada 1 000. En menores de 5 años la mejora fue de 60.6 a 34.9. La experiencia de la política económica boliviana durante el gobierno de Evo Morales demuestra las falacias de muchos de los supuestos con los que la economía neoclásica insiste hasta el hartazgo. Uno de ellos es que subir el salario mínimo destruye empleos. Otro es que los países con políticas sociales generosas tienen problemas de inflación y depreciación de sus monedas. Otro, que la inversión pública desplaza a la inversión privada. En este trabajo nos concentramos en otro de los principios de la economía neoclásica que el gobierno de Evo Morales ha comprobado falsos. Nos referimos a la falacia de que el Estado no debe meter sus narices en la producción sino dejarle la tarea al sector privado porque es más eficiente. 3 Hay Alternativa en oposición al famoso No hay alternativa de Margaret Thatcher, cuyo acrónimo en inglés se hizo famoso como TINA (There is no Alternative). 4 El Banco utiliza como indicador de línea de pobreza el límite de 1.9 USD diarios. 5 De menores de 1 año. 26 ¿QUÉ SERÍA DE BOLIVIA SIN SU POLÍTICA DE NACIONALIZACIONES? Gráfico 1. El dilema no existe en Bolivia Crecimiento y estabilidad económica y políticas redistributivas Reservas internacionales / PIB y Deuda externa / PIB en porcentajes, calculados a base de dólares corrientes, variación del PIB a valores constantes y PIB en niveles en dólares corrientes Indicadores macroeconómicos 8 160 140 6 120 100 40 000 Variación PIB (eje izq.) 35 000 4.9 3.8 4 2.9 80 40 15 000 0 20 25 000 20 000 2 60 30 000 10 000 -2 Reservas/PIB -4 Deuda externa/PIB PIB USD Corrientes (eje der.) 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 0 5 000 0 Fuente: Cuentas Nacionales y Banco Mundial (BM). Por el contrario, la hipótesis que sostiene este trabajo es que uno de los aspectos que le ha permitido al país dar un vuelco inédito en sus condiciones materiales y estructura económica, ha sido precisamente la aplicación de una política de nacionalización de empresas estratégicas que retuvo la renta extractiva en origen. El proceso de estatalización de empresas que impulsó el gobierno de Evo Morales ha demostrado ser una política económica heterodoxa y eficaz, una más derrumbando falacias neoliberales. Gráfico 2. Hay alternativa. Pobreza, desempleo y salario en Bolivia 6.0 350 70 5.0 300 60 250 50 200 40 150 30 100 20 1.0 50 10 0.0 0 0 4.0 3.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2.0 Desempleo (%) Salario mínimo en USD (eje derecho) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Pobreza en porcentajes del total de la población, desempleo en porcentajes de la población activa y salario mínimo en dólares corrientes Pobreza Pobreza (menos 1.9 USD por día) Fuente: Elaboración propia en base a OIT, INEB y Banco Mundial. 27 Guillermo Oglietti, Nicolás Oliva, Sergio Martín-Carrillo y Lucía Converti ANTECEDENTES La nacionalización de empresas estratégicas fue un proyecto nacional impulsado por los movimientos sociales de resistencia al neoliberalismo de los noventa e implementado por Evo Morales desde la presidencia a partir del año 2006. Las estatalizaciones le permitieron al país retener en origen una fracción de la renta extractiva (sobre todo petrolera y gasífera), que se destinó a engrosar el ahorro nacional y destinarlo a la inversión social, la inversión pública o al ahorro financiero. Como veremos, en nuestro trabajo hemos realizado un ejercicio basado en las relaciones macroeconómicas fundamentales del país, una simulación que nos ha permitido hacer el ejercicio contrafactual de evaluar cuales habrían sido los principales resultados económicos si no se hubiese contado con dichos recursos. NACIONALIZACIONES DE SECTORES ESTRATÉGICOS Desde la segunda mitad del siglo XX la economía boliviana pasó por dos grandes etapas que vienen principalmente caracterizadas por la participación que el Estado tuvo en la economía. La primera etapa se extiende desde el año 1952 hasta el año 1985 y se caracteriza por la participación activa del Estado en la economía y el proceso impulsado de nacionalizaciones de sectores estratégicos ligados a los recursos naturales. La segunda etapa va desde 1985, año en el que se aprueba el Decreto Supremo 21 060 y que supone el desembarco de las políticas neoliberales en Bolivia. Este periodo que se extiende hasta el año 2005 se caracteriza por la reducción del Estado y los sucesivos procesos de privatizaciones que culminaron con una creciente convulsión social en los últimos años del periodo. A continuación caracterizamos brevemente ambos periodos. ESTATISMO NACIONALISTA (1952-1985) La primera de ellas comienza con la Revolución de 1952 y su característica principal es la fuerte presencia del Estado en la economía. Durante la etapa denominada Estatismo Nacionalista es en la que se funda la Central Obrera Boliviana (COB), sindicato que integra a los obreros de los principales sectores económicos del país. Entre los principales objetivos de la COB estaba luchar por la nacionalización de las minas y de los ferrocarriles, que habían sido previamente privatizados. A pesar de que el primer secretario ejecutivo de la COB fue Juan Lechín Quevedo, que al mismo tiempo era Ministro de Minas y Petróleo del primer gobierno de Víctor Paz Estenssoro, las tensiones entre la COB y el propio ejecutivo fueron constantes en los primeros años, principalmente por la falta de un pleno compromiso de Paz Estenssoro con 28 ¿QUÉ SERÍA DE BOLIVIA SIN SU POLÍTICA DE NACIONALIZACIONES? la nacionalización de las minas. Estas tensiones se articulaban en torno a la nacionalización de los tres principales grupos mineros (Patiño, Hochschild y Aramayo) y el miedo del ejecutivo a que el gobierno de Estados Unidos etiquetara al gobierno revolucionario de comunista. Finalmente, Paz Estenssoro conformó una comisión encargada de evaluar la nacionalización de la minería que concluyó con la nacionalización de las minas, pero otorgando una compensación a los propietarios de las mismas. Esto suponía una posición intermedia a lo defendido desde la COB, que consideraba que el Estado boliviano no debía pagar por la recuperación de la propiedad estatal de las minas, y las tensiones para mantener el statu quo en la propiedad minera, pero hacía realidad el deseo de la nacionalización, y además, el pago de la compensación permitía a Estenssoro alejarse de la etiqueta de gobierno comunista, y fue visto por Estados Unidos como un gobierno nacionalista. Hay que tener en cuenta que en el contexto internacional sudamericano estaba caracterizado por la fuerte presencia de Estados Unidos en la región, canalizada a partir del desarrollo de la doctrina Truman de política exterior que motivaba la intervención de Estados Unidos ante lo que ellos consideraban la “amenaza comunista”. En este periodo, candidatos presidenciales de carácter nacionalista habían accedido al poder en países como Chile, Ecuador y Panamá, siendo apoyados por los partidos comunistas de sus países. Este escenario alertó a Estados Unidos sobre el nuevo gobierno boliviano que, sin embargo, con la aprobación del voto universal, la reforma agraria y sobre todo la reducción del aparato militar a un mínimo simbólico tranquilizaron a la administración estadounidense (Huber Abendroth, 2005). La nacionalización de las minas en este periodo fue percibida favorablemente por la ciudadanía como un verdadero hito en la construcción de la independencia económica de Bolivia, que aún hoy sigue presente a pesar de los retrocesos que se produjeron en décadas posteriores. EL NEOLIBERALISMO EN BOLIVIA (1985-2005) El neoliberalismo aterriza en Bolivia de la mano de la misma persona que había liderado el proceso del estatismo nacionalista, el mismo presidente Víctor Paz Estenssoro, que desde el inicio del que era su cuarto mandato presidencial da un vuelco total hacia el libre mercado. Es el Decreto Supremo 21 060 el que pone en marcha el aterrizaje de las políticas neoliberales en Bolivia. Este Decreto puso las bases para el futuro proceso de “capitalización”, es decir, privatización que se llevó a cabo durante las dos décadas siguientes provocando la “relocalización” de miles de trabajadores, el cierre de la CBF (Corporación Boliviana de Fomento), la transferencia de sus empresas a las Corporaciones 29 Guillermo Oglietti, Nicolás Oliva, Sergio Martín-Carrillo y Lucía Converti Regionales de Desarrollo y la prohibición de que las empresas públicas efectuaran inversiones.6 En el año 1991 el Decreto Supremo 22 836 de 14 de junio dispone la privatización de 60 entidades empresariales que dependían de las Corporaciones de Desarrollo de los 9 Departamentos. Un año más tarde, el 24 de abril de 1992, se aprobó la Ley 1 330 de privatizaciones que establecía la privatización de las empresas públicas del país. Estas empresas pertenecían a los diferentes niveles del Estado, y también entraban dentro del plan privatizador algunas cooperativas con participación estatal. Sobre las leyes y los decretos emitidos en los años precedentes, el 21 de marzo de 1994 se promulgó la Ley 1 544 de Capitalización que esta vez afectaba de manera más directa a las empresas estratégicas nacionales. Empresas estratégicas del Estado como ENDE (Empresa Nacional de Electricidad de Bolivia), ENFE (Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado), YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), ENTEL (Empresa Nacional de Telecomunicaciones) y LAB (Lloyd Aéreo Boliviano) son sometidas al proceso de “capitalización”, eufemismo utilizado para denominar positivamente el proceso privatizador. Finalmente, en el año 1996, durante el gobierno de Sánchez de Lozada se aprobó la Ley de Hidrocarburos que otorgaba el control y la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos a las petroleras, a las que se permitía retener el 82% del total de los recursos obtenidos por la extracción de gas y petróleo, quedando para el Estado solamente un 18%. Durante la década de 1989-1999 se privatizaron un total de 36 empresas cuyos precios de venta fueron mucho menores que el valor del capital invertido en las mismas. El monto obtenido por las ventas alcanzó 92 857 833 dólares, mientras el que el capital invertido en las mismas fue aproximadamente de 1 000 millones en función de los datos de la CEMIPyC (Comisión Especial Mixta para la Investigación de la Privatización y la Capitalización). Este proceso provocó la desestructuración de la economía estatal y una creciente dependencia de los capitales privados, generalmente extranjeros, aumentando la dependencia extranjera de la economía boliviana. El financiamiento de la Capitalización y las Reformas Asociadas al mismo se estima en función de los datos de la CEMIPyC en 286 MUSD, de los cuales el principal órgano financista fue el Banco Mundial (que 6 Asamblea Legislativa Plurinacional (2014). Comisión Especial Mixta para la Investigación de la Privatización y la Capitalización, 1989-2000. 30 ¿QUÉ SERÍA DE BOLIVIA SIN SU POLÍTICA DE NACIONALIZACIONES? otorgó 12 créditos por un total de 216 MUSD) y en segundo lugar el Banco Interamericano de Desarrollo-BID (con 70 MUSD). Además de la pérdida de patrimonio producto de las privatizaciones de un Estado que acaparaba tras la Revolución del 52 el 70% del aparato productivo nacional, el Estado quedó endeudado con la política de privatización y capitalización que costó aproximadamente unos 450 millones de dólares, entre préstamos y gastos propios del Tesoro General del Estado. A comienzos de 2019, y tras casi cuatro años de trabajo, se publicó el Informe de la Comisión Mixta de Investigación del proceso de Privatización y Capitalización de las Empresas Públicas que determinó que la enajenación durante los siete mandatos presidenciales de 1985 a 2005 causó un daño de 21 000 millones de dólares,7 una cifra que equivale a dos PIB de 2005. El crecimiento económico también quedó fuertemente deteriorado si comparamos con las décadas precedentes del estatismo nacionalista. Si entre 1965 y 1985 el Producto Interior Bruto (PIB) había crecido a un promedio anual de 5.2%, en el periodo neoliberal con la aplicación de estas reformas el crecimiento promedio anual del PIB fue del 3%. El déficit fiscal durante los 20 años de neoliberalismo fue del 4.9%, frente al 3.2% del periodo del Estatismo nacionalista (García Linera, 2008). LAS NACIONALIZACIONES Y LA RENEGOCIACIÓN DE LOS CONTRATOS Desde el año 2000 la presión social por un cambio de modelo fue cada vez mayor. La desigualdad y pobreza acrecentadas durante los años 90 fueron generando un clima de mayor descontento, y uno de los ejes de las reivindicaciones sociales fue el de la recuperación pública de los recursos naturales y de los servicios básicos. Las victorias sociales, aunque con un elevado coste en vidas, de las conocidas como Guerra del Agua (2000) y la Guerra del Gas (2003) fueron moldeando a la sociedad boliviana hacia la ruptura con el modelo neoliberal, privatizador y empobrecedor. Estas victorias condujeron, a través de la fuerte reivindicación social en las calles, a la convocatoria de un Referéndum Vinculante. El mismo se planteó como una válvula de escape a la creciente tensión social que motivó el abandono del poder de Sánchez de Lozada y el acceso a la presidencia del hasta ese momento su Vicepresidente, Carlos Mesa. El 18 de julio de 2004 se celebró el Referéndum en el que el pueblo decidió de manera soberana 7 El periodo corresponde a los mandatos de Víctor Paz Estenssoro, Jaime Paz Zamora, dos mandatos no consecutivos de Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Banzer, Jorge Quiroga y el del actual candidato presidencial, Carlos Mesa. 31 Guillermo Oglietti, Nicolás Oliva, Sergio Martín-Carrillo y Lucía Converti que el Estado Nacional recuperara la propiedad de todos los hidrocarburos producidos en el país. Sin embargo, no fue hasta el año 2006, ya con Evo Morales en el gobierno, cuando paulatinamente se hace efectivo el cumplimiento del mandato expresado por el gobierno boliviano. EMPRESAS NACIONALIZADAS, RE-ESTATALIZADAS O RESCISIONES DE CONTRATOS DE CONCESIÓN A continuación presentamos los casos más destacados sobre las compañías que han pasado a titularidad pública a partir del año 2006. • El 1 de mayo de 2006 se promulga el Decreto Supremo 28 701 que venía a dar cumplimiento al mandato popular expresado en abril de 2004. Si bien es cierto que un año antes ya se había modificado parcialmente la Ley de Hidrocarburos de 1996, consiguiendo revertir parcialmente la situación de expolio del país (se elevó la participación del Estado en las plusvalías por la explotación de hidrocarburos hasta un 50%, 32% debido al Impuesto Directo a los Hidrocarburos y 18% a las regalías), es con este DS 28 701 cuando se establece que el 82% de la producción petrolera pasará a manos del Estado para todos aquellos campos que hayan alcanzado una producción superior de 100 millones de pies cúbicos diarios de gas durante el año 2005. El Decreto Supremo establece que YPFB debe pasar a controlar al menos el 51% de las empresas Chaco SA (50% más una acción), Petrobras Bolivia, Refinación SA y Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia S.A. • La mina de Huanuni se re-estataliza en octubre de 2006. Esta mina es la mayor mina de estaño del país. • Se re-estataliza la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) en enero de 2007. Con esto se continúa con la recuperación de las empresas estratégicas por parte del Estado boliviano tras YPFB. Sin embargo, las conversaciones con la matriz de ENTEL, la italiana TELECOM, se estancaron y la empresa planteó un recurso ante el CIADI. • Nacionalización en febrero de 2007 de la empresa de fundición Vinto que estaba en manos de capital suizo. • En marzo de 2008 el gobierno fija un plazo máximo hasta el 30 de abril de ese mismo año para la nacionalización de cuatro filiales de la hispano-argentina Repsol YPF, las británicas Ashmore y British Petroleum y del consorcio peruano-alemán CLBH. • El 11 de abril de 2008 se transforma la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en una corporación que tiene como finalidad liderar la nacionalización petrolera. 32 ¿QUÉ SERÍA DE BOLIVIA SIN SU POLÍTICA DE NACIONALIZACIONES? • Al mismo tiempo de la transformación de YPFB se crea una nue• • • • • • • va empresa pública, Empresa Boliviana de Industrialización de los Hidrocarburos (EBIH). El 1 de mayo de 2008 el Estado boliviano adquiere la totalidad de las acciones de la Compañía Logística de Hidrocarburos y recupera la mayoría accionarial (50% + 1 acción) de las empresas petroleras Chaco, Panamerican Energy, Andina y de la empresa transportadora Transredes. De esta forma se da cumplimiento a lo establecido en el DS 28701. El 15 de octubre del año 2008 se firma un acuerdo entre la estatal YPFB para iniciar la gestión compartida junto con la empresa hispano-argentina Repsol-YPF de la empresa YPFB-Andina. En enero de 2009 se nacionaliza la petrolera Chaco, hasta ese momento participada por Bristish Petroleum y la argentina Bridas. El Gobierno boliviano decretó la completa nacionalización tras haber comprobado que la empresa había sacado del país 277 millones de dólares en el año 2008. Sobre la distribución de la tierra también actuó el ejecutivo. El 6 de febrero del año 2009 el Gobierno expropió 36 000 hectáreas de tierra a hacendados debido a que sus propietarios sometían a situación de servidumbre a los trabajadores. El mayor propietario de estas tierras era la familia estadounidense Larsen Metenbrink, a las que se expropian 15 000 hectáreas de tierra. El 1 de mayo de 2009 el ejecutivo nacionaliza la filial británica de British Petroleum encargada del reparto de combustible a los aeropuertos bolivianos. A diferencia de lo anunciado en otras ocasiones, el ejecutivo anuncia que pagará a la matriz por la nacionalización de esta empresa, Air BP. El 1 de mayo de 2010 se nacionalizan 4 empresas eléctricas a través del Decreto Supremo 493: Corani, Guarachi, Valle Hermoso y la Cooperativa distribuidora de electricidad Empresa de Luis y Fuerza Eléctrica de Cochabamba. Corani estaba participada en un 50% por la empresa Ecoenergy Internacional, empresa subsidiaria de la francesa GDF Suez, por la que en octubre de 2011 el estado boliviano pagó 18.4 millones de dólares como indemnización por la nacionalización. Por su parte, Guarachi tenía como principal accionista a la empresa británica Rurelec PLC, mientras que la empresa Valle Hermoso estaba controlada al 50% por The Bolivian Generating Group. Se nacionaliza la empresa fundidora de antimonio Empresa Metalúrgica Vinto-Antimonio que llevaba unos años sin actividad. Esta empresa, que era filial de la empresa suiza Glencore, se nacionaliza el 2 de mayo de 2010. 33 Guillermo Oglietti, Nicolás Oliva, Sergio Martín-Carrillo y Lucía Converti • El 1 de mayo de 2012, con la promulgación del DS 1 214 se ex- • • propian las acciones que la empresa de capital español Red Eléctrica Española tenía en la empresa Transportadora de Electricidad (TDE), hecho suscitado ante una situación de estancamiento de las inversiones privadas que afectaron negativamente la ampliación del sistema de transmisión en el país. Posteriormente, debido a las elevadas tarifas, la baja calidad de servicio y el bajo nivel de cobertura en el área rural, mediante el DS 1 448 de 29 de diciembre de 2012, el gobierno decide nacionalizar a favor de ENDE las empresas: Electricidad de La Paz S. A. ELECTROPAZ S. A. (actualmente DELAPAZ S. A.); Empresa Luz y Fuerza de Oruro S.A.-ELFEO S. A.; Compañía Administradora de Empresas Bolivia S. A.-CADEB (actualmente ENDE Tecnologías), y Empresa de Servicios EDESER S. A. (actualmente ENDE Servicios y Construcciones). En febrero de 2013 se decretó la nacionalización de SABSA (Servicios de Aeropuertos Bolivianos SA), propiedad de las españolas Abertis y AENA. Estas habían conseguido la concesión para gestionar los tres aeropuertos más importantes de Bolivia (el de El Alto, el de Cochabamba y el de Viru-Viru en Santa Cruz) en el año 1997. Desde ese año, SABSA ha obtenido unas utilidades que ascienden a 20.6 millones de dólares, lo que supone un 2.164% sobre el capital inicial desembolsado. Finalmente, en mayo de 2017 se llegó a un acuerdo entre el Estado boliviano. Abertis y AENA para el pago del primero de 23 millones de dólares estadounidenses por la nacionalización. NACIONALIZACIONES Y SEGURIDAD JURÍDICA Las nacionalizaciones se realizaron en un marco general de negociación con las empresas que las tenían bajo su control en un marco respetuoso de la seguridad jurídica. El gobierno se ocupó particularmente de otorgar confianza a los inversionistas asegurándoles sus derechos. Sin embargo, en el marco de las negociaciones algunas empresas no vendieron las acciones requeridas por el Estado para alcanzar la mayoría accionaria, e incluso varias de ellas demandaron en cortes nacionales o internacionales al Estado, reclamando por el pago de la indemnización por montos que excedían fuertemente la oferta del gobierno. Finalmente, en la mayoría de los casos se alcanzaron acuerdos satisfactorios para las partes. En solo tres casos se llegó a instancias de denuncias ante el CIADI, y dos de ellos concluyeron con acuerdos previos a la resolución de arbitraje, mientras que el tercero se encuentra sin resolución hasta el momento. A pesar de la intensidad y rapidez con las que se implementaron 34 ¿QUÉ SERÍA DE BOLIVIA SIN SU POLÍTICA DE NACIONALIZACIONES? las nacionalizaciones, llama la atención la resolución pacífica de los conflictos de intereses entre las empresas y el Estado en casi la totalidad de los casos. Bolivia demuestra una vez más, a contracorriente, que es posible llegar a acuerdos que involucren beneficios mutuos satisfactorios para las empresas y la ciudadanía que prevalezcan sobre los conflictos. Un análisis en profundidad sobre las características bolivianas de las negociaciones llevadas a cabo, sin duda contribuirá a llevar satisfactoriamente procesos similares en la región. NACIONALIZACIONES Y LA NACIONALIZACIÓN DEL AHORRO A la economía neoclásica le molesta la intromisión del Estado en la economía, especialmente en el sector externo, porque es ahí donde más peso tienen los intereses de la burguesía financiera internacional. Les preocupan los límites que se impongan a sus privilegios adquiridos con el diseño actual de la globalización. La teoría de los déficits gemelos le endosa la culpa del déficit de cuenta corriente al gasto público. Por lo tanto, la solución consiste en controlar el déficit fiscal, esperando así que el sector externo se equilibre gracias a un ajuste automático. Como casi toda la economía neoclásica, el equilibrio externo y fiscal tiene pies de barro en los supuestos teóricos sobre los que se asienta y nulo soporte en la práctica. De hecho, para países exportadores de recursos naturales se ha documentado una relación inversa: el déficit de cuenta corriente causa el déficit fiscal, es decir, que la causalidad es al revés de lo que presuponen. No existe tal ajuste automático. Lo cierto es que la cuenta corriente sigue siendo el talón de Aquiles de los países en desarrollo de América Latina. Anualmente este déficit representa una nueva deuda adquirida por el país con el resto del mundo en moneda extranjera. La acumulación de déficits de la cuenta corriente se transforma en el stock de deuda del país frente al resto del mundo. La contrapartida de este déficit de la cuenta corriente es un deterioro de la posición de inversión internacional, es decir, del balance contable con relación al resto del mundo. El deterioro puede tener como contrapartida un superávit de la cuenta financiera de la balanza de pagos (que representa un ingreso de divisas), o un desprendimiento de activos financieros con el resto del mundo, por ejemplo, ventas de reservas internacionales o de otros activos con el exterior. Este financiamiento proviene de la inversión directa, la inversión en cartera o deuda externa –pública o privada. Si ninguna de estas fuentes es suficiente para cubrir el déficit, el saldo será cubierto con una pérdida de reservas internacionales. Es decir, los déficits perpetuos de cuenta corriente son insostenibles y sumen al país en una espiral de deudas con el exterior, limitando su capacidad de utilizar divisas para la 35 Guillermo Oglietti, Nicolás Oliva, Sergio Martín-Carrillo y Lucía Converti inversión doméstica (Godley e Izurieta, 2001). El mismo FMI en el año 2006 señala: “La experiencia pasada demuestra que grandes déficits de cuenta corriente terminan siendo insostenibles en el largo plazo”. Desde la llegada de Evo Morales al gobierno en 2006 la relación de Bolivia con el resto del mundo ha cambiado radicalmente. El Gráfico 3 muestra la cuenta corriente de Bolivia en los últimos 40 años. Gráfico 3. Saldo de la cuenta corriente y sus componentes, 1976-2017 En porcentajes del PIB. Componentes de la cuenta corriente 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% Renta neta factores Remesas Otras transferencias Balanza comercial 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 1990 1988 1986 1984 1982 1980 1978 1976 -15.0% Cuenta corriente Fuente: Elaboración propia a partir del BM. En el periodo 1976-2002 el país andino se caracterizó por mantener recurrentes déficits tanto en la balanza comercial como en las rentas de factores. Bolivia compensaba parcialmente este desbalance con transferencias corrientes (sin contraprestación): remesas personales, donaciones, y especialmente otras transferencias compuestas mayoritariamente por ayudas al desarrollo. A pesar de la entrada neta por transferencias, Bolivia mantuvo un déficit perpetuo en su cuenta corriente, en promedio del 5.5% del PIB, entre 1976 y 2002. Así, con este flujo anual deficitario de su cuenta corriente, Bolivia acumuló entre 1976 y 2004 una deuda del 143% del PIB con el exterior. Entre 2002 y 2005 se logra un superávit de la cuenta corriente de 3.8% promedio, que se eleva hasta el 6.6% promedio durante la mayor parte de la gestión de Morales (2006-2014). Entre 2006 y 2014 el país acumuló activos externos equivalentes a un 60% del PIB. Se llega a la situación inédita de que en solo tres años, 2006-2009, el país acumuló superávits en torno al 12% del PIB anuales, esto significa la creación de activos externos por más de un tercio del PIB en solo tres años, una situación inédita para el país, y demuestra la aplicación pragmática de 36 ¿QUÉ SERÍA DE BOLIVIA SIN SU POLÍTICA DE NACIONALIZACIONES? una política de responsabilidad fiscal con consecuencias macroeconómicas contracíclicas que han dado resultados satisfactorios. En efecto, poco antes de la llegada de Morales y la nacionalización de los recursos naturales, la relación con el exterior se transformó. La balanza comercial comenzaba a experimentar importantes superávits, situación que se extendió hasta el año 2015 cuando las condiciones externas cambiaron afectando los precios internacionales de los boom commodities. Un boom exportador puede tener impactos muy diferentes dependiendo de cuál sea la estructura de la propiedad del capital que explota los recursos que generaron el boom. Si está en manos extranjeras, como ocurre en Perú y Colombia por citar dos casos, es usual que el ahorro de la balanza comercial haya sido a través de las rentas primarias de los factores de producción.8 En estos casos, los beneficios del boom permean con menos profundidad a la sociedad donde se explotan esos recursos. Afortunadamente esto no ocurrió en Bolivia gracias a la nacionalización. Por supuesto, los pagos de rentas primarias de factores se elevaron durante 2005-2017 acompañando la mayor rentabilidad sectorial derivada de los precios de la energía, pero no lo hicieron en las proporciones que habrían tenido lugar de no haber nacionalizado los recursos naturales. También incidió una importante fuente de divisas de Bolivia que son las remesas de sus migrantes, las cuales crecieron significativamente en el periodo 2005-2017. Aunque no es un factor endógeno a la política económica de Morales, sí fue aprovechado por la economía para articular la inversión doméstica y, a su vez, garantizar la retención de divisas gracias a la inversión pública que, al final de cuenta, se convierte en un activo de la nación. UN ANÁLISIS DE REGRESIÓN PARA EXPLICAR LA SALIDA DE DIVISAS Un ejercicio econométrico permite explicar el componente de pagos en concepto de rentas primarias de los factores que ha registrado desde 1976 la economía boliviana. La idea aquí es explicar con un modelo de regresión lineal multicausal, ¿cuáles son los principales determinantes del saldo de la balanza de rentas primarias netas?, es decir, el porcentaje del PIB que se llevan las empresas multinacionales. Así, la variable dependiente es el saldo de las rentas primarias netas en términos del PIB (expresada de modo que un valor positivo representa un déficit). Entre las variables explicativas incorporamos una variable dicotómica 8 Las rentas primarias o rentas de los factores de producción representan, básicamente, la remuneración al capital y a los trabajadores no residentes en el país. 37 Guillermo Oglietti, Nicolás Oliva, Sergio Martín-Carrillo y Lucía Converti que denominamos boom cuando el precio del petróleo promedio anual (Brent) asume un valor superior a los 50 dólares por barril, dos variables dicotómicas denominadas respectivamente Mesa y Morales, que asumen el valor de uno cuando el periodo de gobierno de cada presidente, y el saldo de la balanza comercial en términos del PIB y la variación anual del precio del petróleo promedio anual (Brent). MODELO DE REGRESIÓN A continuación, demuestra la salida de la regresión estimada Dependent Variable: Renta primaria Method: Least Squares Sample (adjusted): 1977 2017 Included observations: 41 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.038 0.005 6.633 0.000 Balanza Comercial 0.1069 0.061 1.749 0.089 MORALES -0.0342 0.007 -4.267 0.000 BOOM 0.0117 0.005 1.979 0.055 MESA -0.0111 0.010 -1.054 0.298 BRENT(-1) 0.0003 0.000 2.589 0.013 R-squared 0.501772 Mean dependent var 0.042756 Adjusted R-squared 0.430596 S.D. dependent var 0.016390 S.E. of regression 0.012368 Akaike info criterion -5.812972 Sum squared resid 0.005354 Schwarz criterion -5.562205 Log likelihood 125.1659 Hannan-Quinn criter. -5.721656 F-statistic 7.049788 Durbin-Watson stat 0.434698 Prob(F-statistic) 0.000119 Fuente: Elaboración propia. Corroborando lo que afirmábamos, estos resultados muestran que el saldo de la balanza comercial tiene una relación positiva y estadísticamente significativa, es decir, que cuando crece el saldo del comercio gracias al boom exportador, esos ingresos nacionales se fugan vía el déficit de la balanza de rentas de la inversión (que es la variable dependiente). En segundo lugar, confirma que esta salida de capitales está relacionada con el precio del petróleo y más aún con la presencia de un 38 ¿QUÉ SERÍA DE BOLIVIA SIN SU POLÍTICA DE NACIONALIZACIONES? boom. Estas dos variables (boom y precio del petróleo) resultan con un coeficiente positivo y estadísticamente significativo. También se observa un coeficiente negativo y estadísticamente significativo para la variable que representa el periodo de gobierno de Morales, lo que demuestra que se aplicaron políticas de retención de la renta, y que, si no hubiesen existido, habría existido una fuga mayor. También se muestra que el coeficiente Mesa no es estadísticamente significativo, lo que significa que no aplicó una política de retención de la renta en origen, sino que, durante su periodo de gobierno, se continuó con el modelo de sangría de divisas precedente. Esta estimación permite hacer la comparación entre la predicción de pagos de rentas primarias al extranjero de acuerdo al modelo con los datos reales, y la predicción que hace el mismo modelo sin la presencia del gobierno de Morales. Esta predicción arroja una diferencia de 38 puntos de PIB de diferencia. En otras palabras, nos permite afirmar que las políticas implementadas de retención de la renta en origen nacionalizaron recursos equivalentes al 38% del PIB en estos 12 años analizados, esto es, a razón de 3.1% del PIB anuales. Finalmente, un elemento adicional a apuntar es que Bolivia, antes de Evo Morales recibía importantes cantidades de transferencias corrientes asociadas a “ayudas” al desarrollo: en 2004 representaban 4.5% del PIB. Desde que Morales ganó las elecciones a finales de 2005 estas transferencias caen inexplicablemente, muy probablemente revelando el carácter geopolítico de las mismas y el boicot que ha existido hacia el gobierno boliviano durante los últimos 12 años por parte de las potencias donantes: hacia 2017 estas transferencias fueron tan solo el 0.6% del PIB. No se trata de ayuda, al menos no desinteresada de razones políticas o económicas. A pesar de aquello el país logró ahorrar importantes cantidades de divisas a través del sector externo con una política pro-Estado. Bolivia demuestra que el Estado puede equilibrar el sector externo por medio de políticas soberanas y sin intervencionismo camuflado de “asistencia” al desarrollo. ¿Cuál es el ahorro neto que ha generado Bolivia fruto de unas nuevas relaciones económicas con el exterior? Un ejercicio que nos permite tener una dimensión inicial consiste en: 1) excluir del cálculo el flujo neto de remesas y de otras transferencias, porque estas variables son exógenas a la política económica. Aunque las transferencias por concepto de “ayudas al desarrollo” son el resultado de un equilibrio de poder con el gobierno de Estado Unidos, aun así corresponde dejarlas fuera del cálculo. 2) Al balance comercial debemos restar el efecto de repatriación de utilidades que siguió saliendo a pesar de la nueva política soberana y estatal. 3) En este primer ejercicio podemos hacer comparable el periodo para tener una aproximación temporal y compararemos 39 Guillermo Oglietti, Nicolás Oliva, Sergio Martín-Carrillo y Lucía Converti los 12 años del gobierno de Morales con un periodo equivalente de 12 años previos: 1994-2005. Con estas salvedades, el Cuadro 1 a continuación muestra de manera acumulada el ahorro o desahorro tanto de la balanza comercial así como de las rentas de factores en los dos periodos en comparación. La diferencia entre estos dos balances constituye el efecto neto de los 12 primeros años del gobierno de Evo Morales. Cuadro 1. Ahorro neto en el gobierno de Evo Morales (en porcentajes del PIB en dólares corrientes) Ahorro neto frente al exterior durante el gobierno de Evo Morales (b-a) 19942005 (a) 20062017 (b) 1. Saldo acumulado balanza comercial (%PIB) -53% 25% 79% 2. Saldo acumulado renta factores (%PIB) -36% -49% -13% Total, ahorro/desahorro desde el sector externo (%PIB) -89% -23% 92% Ahorro atribuible a la política pública (%PIB) (1) 51% Fuente: Elaboración propia con datos del BM. (1) Se asume un coeficiente fijo de participación de las exportaciones de recursos naturales en el total de exportaciones (78% en promedio de las exportaciones 2007-2016). Entre 1994 y 2005 Bolivia perdió de manera acumulada, vía déficit de balanza comercial, un valor de -53% del PIB. En cambio, con Morales el país andino revirtió esta pérdida y ha acumulado activos con el resto del mundo equivalentes al 25% del PIB entre 2006 y 2017. Por ende, el ahorro neto acumulado vía balanza comercial en contraste con la trayectoria previa es de 79% del PIB. Un ejercicio similar podemos hacer con las rentas netas de factores, sobre las cuales, al obtener las diferencias entre ambos periodos, hallamos que durante el gobierno de Evo Morales se perdió un -13% del PIB por el incremento de la salida de rentas respecto al periodo 19942005. Si obtenemos el efecto neto entre ambos conceptos encontramos que el ahorro acumulado es positivo: en los últimos 12 años asciende a 92% del PIB. No obstante, este ahorro se debe tanto a efectos públicos como privados. Utilizando un coeficiente promedio de las exportaciones de recursos estratégicos sobre el total de exportaciones se puede llegar a concluir que Bolivia generó un ahorro por acción pública de 51% del PIB entre 2006 y 2017. 40 ¿QUÉ SERÍA DE BOLIVIA SIN SU POLÍTICA DE NACIONALIZACIONES? Sin duda, la magnitud del cambio producido entre los dos periodos estimula a ahondar en el análisis sobre el impacto de la política de retención de la renta en origen. SIMULACIÓN DEL EFECTO MACROECONÓMICO DE LAS NACIONALIZACIONES METODOLOGÍA DE SIMULACIÓN El objetivo es realizar un ejercicio contrafáctico que permita distinguir cuál habría sido la evolución de las principales variables macroeconómicas si Bolivia no hubiese implementado la política de retención de la renta en origen a través de las nacionalizaciones. El cálculo se apoya en un ejercicio de consistencia macroeconómica ajustado a los datos reales de cuentas nacionales de la economía del país. Un ejercicio de simulación intenta recrear el comportamiento de las variables reales de la economía y sus interrelaciones y dependencias relativas. Se realizaron dos simulaciones que alcanzan resultados semejantes. Las simulaciones parten de suponer que la extracción de rentas de la economía está vinculada a dos variables, el stock de inversión extranjera directa acumulado en el país, y el volumen de exportaciones. La primera simulación se apoya en el principio de que la renta extractiva que se filtra al extranjero está vinculada al stock de inversión extranjera directa acumulado por el país receptor.9 La intervención de transnacionales en un país facilita el egreso de capitales por varias vías registradas en la balanza de pagos. La más habitual son los flujos de “pagos a rentas primarias”, compuesto por las remesas de utilidades de las empresas y salarios de no residentes, pero deben añadirse otros conceptos que también disfrazan el flujo al exterior de capitales hacia las casas matrices, como los pagos de patentes, regalías, devoluciones de principal e intereses de deudas y el fraude fiscal relacionado con la fijación de precios de transferencia para transferir ganancias a paraísos fiscales. De este modo, podemos esperar que las empresas remitan más capitales desde el país receptor, mientras mayor sea el valor de sus inversiones directas en el país. En este sentido, se comparó el porcentaje de salidas de capitales por concepto de pagos de rentas primarias, con el stock de inversión extranjera acumulado10 en el país durante el periodo 9 Entre los múltiples estudios que analizan la relación de causalidad y fundamentan esta suposición se encuentran Shan, Gang Tian y Sun (1997); Oglietti (2007: 349378); Chakraborty y Basu (2002: 1 061-1 073) y Choe (1998: 174-183). 10 Se construyó una serie del stock de inversión extranjera directa de acuerdo con el método del inventario permanente, acumulando los flujos anuales de inversión extranjera directa, empleando datos desde principios de la década del 70, que a su vez se ajustaron presuponiendo una depreciación anual del capital del 10%. 41 Guillermo Oglietti, Nicolás Oliva, Sergio Martín-Carrillo y Lucía Converti de nacionalización de la renta extractiva, entre 2006 y 2017, que alcanzó un 25%, frente al 58% de extracción que se produjo en el periodo anterior, asumiendo que la diferencia es consecuencia de la política de nacionalización de la renta. Gráfico 4. Variables correlacionadas, Stock IED, exportaciones y pagos de rentas primarias Evolución del stock de IED, los pagos de rentas primarias y exportaciones de bienes y servicios en millones de dólares corrientes 16 000 2 500 14 000 Millones 10 000 1 500 8 000 1 000 6 000 4 000 Millones 2 000 12 000 500 2 000 0 Exportaciones Stock inversión extranjera directa 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 1990 1988 1986 1984 1982 1980 1978 1976 0 Pagos factores primarios (eje der.) Fuente: Elaboración propia a partir de datos del BM. Nuestra segunda estimación se basa en la comprobación de que existe una estrecha correlación entre el volumen de exportaciones de bienes y servicios petroleros del país y los pagos de rentas primarias al extranjero. En efecto, entre dos tercios y tres cuartos de las exportaciones bolivianas se explica por las ventas de petróleo y gas; en consecuencia, los periodos de auge de estas exportaciones son también periodos de auge de la renta petrolera que las empresas extraen del país. El ejercicio de estimación se basa en utilizar el porcentaje de extracción de rentas primarias con respecto a las exportaciones del periodo 20062017 (en promedio un 14%), y compararlo con el porcentaje correspondiente al periodo anterior (29%), asumiendo que la diferencia es efecto de la política de apropiación de la renta en origen. Así, la diferencia obtenida entre los pagos en concepto de renta primaria observada entre 2006 y 2017 y el periodo anterior 1976-2005 respecto al volumen de inversión extranjera, en la primera simulación, y al volumen de exportaciones primarias, en la segunda, es considerada la renta primaria que se habría fugado del país de no haberse implementado una política de retención en origen de la renta extractiva. 42 ¿QUÉ SERÍA DE BOLIVIA SIN SU POLÍTICA DE NACIONALIZACIONES? La renta retenida como consecuencia de la nacionalización pasó a engrosar los ingresos del Estado, que pudo destinarlo básicamente a tres funciones: engrosar las reservas internacionales, inversión pública y gasto público. En nuestro ejercicio de simulación adoptamos el supuesto de que los fondos provenientes de la política de retención en origen contribuyeron a financiar un 80% del crecimiento de las reservas internacionales del país. Entre 2005 y 2017 las reservas aumentaron en 8 450 millones de dólares, de los cuales suponemos que un 1/5 fueron financiados con los recursos habituales de la economía, una cifra similar al incremento de reservas que venía registrándose en el lustro anterior. Asimismo, se adoptó el supuesto de que el resto de los ingresos derivados de la política de nacionalizaciones se habría distribuido entre gasto público e inversiones públicas en las mismas proporciones en las que el gobierno distribuyó el financiamiento entre ambas partidas cada año. La inversión privada fue estimada empleando la correlación observada con la inversión pública en el periodo 2005-2017. En efecto, como muestra el Gráfico 5, existe una estrecha correlación entre ambas variables que nos permite confiar en la fiabilidad de la estimación. Como hemos señalado, no observamos un efecto de desplazamiento (crowding out) entre la inversión pública y la privada, lo que implicaría una relación negativa, sino todo lo contrario. Igualmente, debido a que se comprueba una relación aún más estrecha entre el consumo público y el gasto público, utilizamos la misma correlación observada entre estas variables para estimar el nivel del consumo privado. La misma correlación positiva se observa para las variaciones de estas variables en el panel b del gráfico, mostrando que no se trata de una correlación espuria, sino que más bien la correlación podría estar representando el impulso positivo tanto de la inversión pública como del gasto público sobre estos componentes del sector privado. En apretada síntesis, en primer lugar estimamos cuál habría sido la fuga de divisas en el periodo de gobierno 2006-2017 que habría tenido lugar si se hubiesen mostrado los mismos patrones de conducta de pagos de rentas primarias respecto a las exportaciones totales y al stock de inversión extranjera directa. Luego, debido a la política de creación de reservas internacionales del gobierno consideramos que un 80% del crecimiento de las mismas fue financiado con el aporte de divisas provenientes de las nacionalizaciones, por lo que el resto de las divisas se asignó al gasto y la inversión pública en las proporciones reales observadas en el periodo. Las estimaciones de la inversión privada y el consumo privado se realizaron con base en la correlación observada con la inversión y el consumo público. Así se obtuvieron las variables económicas relevantes, inversión, gasto, PIB e ingreso nacional bruto. 43 Guillermo Oglietti, Nicolás Oliva, Sergio Martín-Carrillo y Lucía Converti Gráfico 5. Efecto crowding in entre la inversión pública y privada y entre el consumo público y privado Pares ordenados con el gasto público y el consumo privado y la inversión pública y privada en miles de millones de dólares corrientes a) En niveles (en miles de millones de dólares) 3.50 30.0 3.0 25.0 Consumo privado Inversión privada 2.50 2.0 1.50 1.0 20.0 15.0 10.0 5.0 .50 R2 = 0.8072 0 0 5.0 Inversión pública 0 10.0 R2 = 0.993 0 5.0 Consumo público 10.0 b) En variaciones (en los ejes las mismas variables expresadas en variación %) 80.00 40.00 60.00 30.00 20.00 40.00 10.00 20.00 (50.00) (100.00) (50.00) (20.00) 50.00 100.00 150.00 (40.00) 50.00 100.00 (10.00) (20.00) (30.00) Fuente: Elaboración propia a partir de datos del BM. RESULTADOS La retención de la renta en origen marca la diferencia; las simulaciones realizadas indican que los efectos de las nacionalizaciones han sido relevantes, ya que, en caso de no haber contado con estos ingresos retenidos, la explotación de recursos naturales difícilmente se habría traducido en los registros de crecimiento y bienestar alcanzados a partir de 2006. El ingreso nacional bruto medido en dólares corrientes, que es equivalente al PIB, más las rentas externas netas, es unas tres veces mayor al de 2005; creció un 297% durante el periodo bajo análisis, pero apenas se habría duplicado (creciendo entre 215% y 210% según 44 ¿QUÉ SERÍA DE BOLIVIA SIN SU POLÍTICA DE NACIONALIZACIONES? el método de estimación elegido) si no se hubiesen realizado las estatalizaciones. En el mismo periodo el PIB creció un 293% y habría crecido entre 233% y 224% según las simulaciones realizadas. En efecto, el PIB mide toda la producción realizada dentro de las fronteras, pero no tiene en cuenta que una parte de esa producción puede retirarse del país porque son ingresos de factores de producción extranjeros y, por lo tanto, no contribuyen a engrosar el ingreso real al que acceden las familias residentes. En cambio, el Ingreso Nacional Bruto mide el PIB más el saldo de la cuenta de rentas que incluye los pagos netos a los factores extranjeros. Este es un indicador que nos muestra la distribución de la renta entre residentes del país y los extranjeros y es la medida más realista sobre cuál es el ingreso real de los bolivianos porque tiene en cuenta cuál es la parte del ingreso anual que se paga al extranjero como consecuencia de remesas de utilidades. Así, las familias bolivianas tienen en la actualidad ingresos promedio entre 27% y 24% superiores a los que habrían tenido de no contar con las estatalizaciones, mientras que la producción, medida por el PIB, sería en 2017 en torno a un 20% menor (en el Gráfico 6 la diferencia de PIB entre el valor actual y el estimado sin nacionalizaciones se representa por la distancia vertical entre las dos curvas). Gráfico 6. La nacionalización marca una gran diferencia PIB en dólares corrientes, serie actual y estimación sin nacionalizaciones, en millones a) Método inversión extranjera directa PIB actual PIB sin nacionalizaciones Área que representa la diferencia acumulada de PIB 2014 2016 2014 2012 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 1990 1988 1986 1984 1982 1980 1978 La altura representa la diferencia entre PIB actual y sin nacionalizaciones en cada año 1976 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 b) Método exportaciones 2016 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 PIB sin nacionalizaciones 1990 1988 1986 1984 1982 1980 1978 PIB actual 1976 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Fuente: Elaboración propia. 45 Guillermo Oglietti, Nicolás Oliva, Sergio Martín-Carrillo y Lucía Converti La distribución de la renta nacional entre bolivianos y extranjeros ha mejorado como consecuencia de la mayor apropiación en origen. El PIB anual por habitante en dólares corrientes se ubica en 2017 en 3 394 dólares anuales; se reduciría a 2 716 dólares de no contar con las estatalizaciones (esto significa 600 dólares anuales de ingresos por habitante que se habrían fugado del país). Cuadro 2. Crecimiento e ingreso económico actual y sin nacionalizaciones Variación acumulada en porcentajes de los valores absolutos en dólares corrientes Crecimiento 2005-2017 Método IED Método exportaciones a) PIB actual 293 293 b) PIB sin nacionalizaciones 233 224 -20 -23 c) Ingreso Nacional Bruto actual 297 297 d) INB sin nacionalizaciones 215 210 -27 -29 Diferencial en % (b/a-1) Diferencial en % (d/c-1) Fuente: Elaboración propia. Hasta ahora observamos la variación punta a punta, desde el año base de la comparación, antes de que comenzaran las nacionalizaciones en 2005 y el año 2017. Este contraste nos informa cuán mayor es el ingreso anual en 2017 que en 2005, sin embargo, no nos informa sobre el impacto total, que es equivalente a la suma, año a año, de los ingresos adicionales que ha generado la política de nacionalizaciones (gráficamente la acumulación se representa como el área que se define entre las curvas, ver Gráfico 6). La agregación de los resultados anuales se muestra en el Cuadro 3 y en el Gráfico 6, donde se presentan la diferencia acumulada en todo el periodo entre la variable observada y la estimada con la simulación. En porcentajes se representa esta diferencia acumulada expresada en términos del PIB de 2017.11 11 Al expresar la diferencia acumulada en los 12 años de cada variable macroeconómica en términos del PIB de 2017, estamos adoptando un criterio de prudencia, ya que el denominador es el más alto de los denominadores posibles (usamos el dato de PIB del Banco Mundial en dólares corrientes); por lo tanto, tiene el efecto de reducir el cociente. De haber usado otro año como denominador, habríamos obtenido resultados mayores. En consecuencia, el lector debe notar que estos porcentajes estimados representan un mínimo y que los resultados reales posiblemente sean mayores. 46 ¿QUÉ SERÍA DE BOLIVIA SIN SU POLÍTICA DE NACIONALIZACIONES? El Cuadro 2 nos indica que en estos 12 años el consumo acumulado año a año ha sido entre 111% y 125% mayor del que habría podido sumar sin la política de estatalizaciones. Es decir, ha disfrutado de un nivel de consumo acumulado superior a un PIB en estos 12 años, que en términos per cápita significa unos 4 000 dólares adicionales. En términos de PIB, la producción adicional que ha acumulado el país en estos años representa entre 136% y 155% del PIB de 2017. En términos de Ingreso Nacional Bruto, la diferencia es más significativa. En estos 12 años los bolivianos han acumulado un ingreso adicional equivalente a dos PIB (entre 180% o 199% del PIB de 2017, según el método de estimación). Desde otro ángulo, los ciudadanos retuvieron estos dos PIB en estos 12 años que de no ser por la política de nacionalizaciones se habrían fugado del país como remesas de utilidades de empresas extranjeras. Así, los ciudadanos tuvieron ingresos adicionales que en promedio alcanzan unos 6 100-6 700 dólares per cápita que no habrían podido tener sin la política de estatalización de las empresas. Para una familia de 5 integrantes, esto representa más de 30 000 dólares de ingreso adicional acumulado en estos 12 años. La inversión total adicional acumulada gracias a las nacionalizaciones en estos 12 años suma entre 9.3 y 11.2 mil millones de dólares y representa entre un 24.8% o 29.9% del PIB (de 2017). Cuadro 3. Resultados económicos reales acumulados en 12 años y resultados sin nacionalizaciones Diferencia agregada anualmente, entre 2006 y 2017, entre el resultado real de cada variable y su valor estimado de no haberse estatalizado. Esta diferencia se expresa también en términos del valor del PIB en dólares corrientes de 2017. Método IED en % del PIB (2017) Método Exportaciones en % del PIB (2017) Diferencia acumulada Inversión privada 5 248 340 300 13.99 7 150 642 215 19.06 Inversión pública 4 058 049 407 10.82 4 062,613 647 10.83 9 306 389 707 24.81 11 213 255 862 29.90 36 518 103 941 97.36 41 902 553 737 111.71 Inversión total Consumo privado Gasto público 5 284 956 972 14.09 5 306 169 995 14.15 Consumo total 41 803 060 914 111.45 7 208 723 732 125.86 PIB 51 109 450 621 136.26 58 421 979 594 155.76 INB 67 513 256 346 179.99 74 746 587 724 199.28 Fuente: Elaboración propia. 47 Guillermo Oglietti, Nicolás Oliva, Sergio Martín-Carrillo y Lucía Converti Gráfico 7. Consumo con y sin nacionalizaciones Formación bruta de capital en millones de dólares corrientes Método Inversión extranjera directa Exportaciones a. Consumo total 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 40 000 30 000 20 000 10 000 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 0 Consumo total actual Consumo total sin nacionalizaciones Consumo total actual Consumo total sin nacionalizaciones b. Consumo (gasto) público 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Consumo público actual Consumo privado sin nacionalizaciones Consumo público actual Consumo privado sin nacionalizaciones c. Consumo privado 30 000 30 000 25 000 25 000 20 000 20 000 15 000 15 000 10 000 10 000 5 000 5 000 Consumo privado actual Consumo privado sin nacionalizaciones Fuente: Elaboración propia a partir de datos del BM. 48 0 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 0 Consumo privado actual Consumo privado sin nacionalizaciones ¿QUÉ SERÍA DE BOLIVIA SIN SU POLÍTICA DE NACIONALIZACIONES? Gráfico 8. Inversión con y sin nacionalizaciones Consumo privado y consumo (gasto) público en millones de dólares corrientes Método Inversión extranjera directa Exportaciones a. Inversión total 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 40 000 30 000 20 000 10 000 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 0 Inversión total actual Inversión total sin nacionalizaciones Inversión total actual Inversión total sin nacionalizaciones b. Inversión pública 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Inversión pública actual Inversión pública sin nacionalizaciones Inversión pública actual Inversión pública sin nacionalizaciones c. Inversión privada 30 000 30 000 25 000 25 000 20 000 20 000 15 000 15 000 10 000 10 000 5 000 5 000 Inversión privada actual Inversión privada sin nacionalizaciones 0 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 0 Inversión privada actual Inversión privada sin nacionalizaciones Fuente: Elaboración propia a partir de datos del BM. 49 Guillermo Oglietti, Nicolás Oliva, Sergio Martín-Carrillo y Lucía Converti IMPACTO SOBRE EL EMPLEO Y LAS MIGRACIONES Como hemos visto, el PIB sin nacionalizaciones habría sido aproximadamente un 21% inferior al efectivamente observado en 2017. Debido a que existe una estrecha relación entre el PIB y la capacidad de la economía para crear empleo, una relación que denominamos elasticidad producto-empleo y que muestra la variación porcentual del empleo por cada punto de variación porcentual del producto, podemos estimar cuál sería el resultado en términos de empleo en caso de que no hubiésemos contado con la política de retención de rentas en origen. Aplicando las elasticidades empleo-producto observadas en el periodo 2006-2017 (de 0.1412 en promedio), el crecimiento del empleo que habría tenido lugar sin nacionalizaciones es de 670 mil trabajadores menos, un crecimiento del 23% frente al crecimiento del 40% que efectivamente tuvo lugar. Esta diferencia coincide con la reducción de las migraciones que tuvieron lugar en estos años. En efecto, las emigraciones pasaron de aproximadamente 40 personas anuales en el periodo 2000-2005 a apenas 5 mil durante los últimos 7 años del gobierno de Evo Morales. La mayor capacidad de generar empleos redujo la necesidad de la población de migrar por motivos económicos. Gráfico 9. Nacionalizaciones implican más empleos Evolución del número de ocupados que tuvo Bolivia y el que habría tenido lugar con la trayectoria del PIB en dólares corrientes, estimado en función del método de las exportaciones y una elasticidad empleo-producto de 0.14. 6 000 000 Ocupados 5 500 000 Ocupados sin nacionalizaciones 5 000 000 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 2 500 000 Fuente: Elaboración propia. 12 Utilizamos la elasticidad producto-empleo con base en el PIB en dólares corrientes; si se empleara el PIB a valores constantes el resultado en términos de creación de empleos gracias a la política de nacionalizaciones sería mayor, por eso preferimos utilizar esta estimación cumpliendo un criterio de prudencia, en el sentido de que los números alcanzados reflejan, posiblemente, el mínimo de empleos adicionales creados gracias a las políticas de nacionalizaciones. 50 ¿QUÉ SERÍA DE BOLIVIA SIN SU POLÍTICA DE NACIONALIZACIONES? REFLEXIONES FINALES Este ejercicio de simulación contrafáctica nos permite estimar cuál habría sido la trayectoria de las principales variables macroeconómicas si el gobierno de Evo Morales no hubiese implementado una política de retención de la renta extractiva en origen a través del programa de estatalizaciones. El estudio subraya la importancia que ha tenido la política de recuperación de la propiedad de las empresas estratégicas para alcanzar los buenos resultados económicos del país durante los últimos 12 años, que lo han llevado a ser el país sudamericano con mayor crecimiento económico en los años 2009, 2014, 2016 y 2018, a tener una de las monedas más fuertes del continente y a generar una mejoría notable en todos los indicadores sociales, incluido el salario. Estas políticas permitieron a Bolivia detener la sangría de migraciones por aspiraciones económicas. En 2019 el salario mínimo del país superó al de sus vecinos Perú y Argentina, este último un destino tradicional de la migración boliviana. La simulación permite alcanzar la conclusión de que el Ingreso Nacional Bruto es casi un 30% mayor al que tendríamos sin las nacionalizaciones, y si acumulamos esta diferencia para los 12 años se alcanzaría una cifra en torno a 67 o 74 mil millones de dólares, cifra que, en términos del producto, representa casi dos PIB, unos 6 100-6 700 dólares per cápita con los que no habrían contado sin la política de estatalización. En términos de Producto Interno Bruto, en 2017 el PIB sería un 20%-23% menor, por lo que la producción adicional acumulada en el país durante el periodo 2006-2017 gracias a las estatalizaciones ha sido entre 136% y 155% del PIB. El ahorro de divisas no fugadas como remesas de utilidades en estos 12 años representa entre 38% y 51% del PIB según el método de estimación aplicado. Econométricamente podemos estimar, empleando un dummy que representa el periodo del gobierno de Evo Morales, que la política económica de este periodo marca la diferencia y explica la retención de la renta en origen. En otras palabras, sin el gobierno de Morales las salidas de divisas habrían continuado a un ritmo mayor, acorde con el boom de exportaciones. Nuestro ejercicio econométrico confirma que durante el periodo de gobierno de Mesa no cambió el comportamiento de la fuga de divisas. Otro de los resultados del informe muestra que, si no se hubieran producido las nacionalizaciones, la economía habría generado 670 000 empleos menos. Estos resultados explican que se hayan detenido las migraciones por motivos económicos. Bolivia es el país de las falsas disyuntivas. Demuestra que es posible combinar crecimiento y redistribución, rentabilidad y felicidad, 51 Guillermo Oglietti, Nicolás Oliva, Sergio Martín-Carrillo y Lucía Converti estabilidad de precios y gasto público, inversión privada e inversión pública y, también, que se puede nacionalizar empresas y crecer. Heredera de la productiva y austera cultura inca, el pueblo boliviano no pudo transformar su laboriosidad en bienestar hasta que combinó estas características individuales con políticas públicas que lo permitieron. Las políticas impulsadas por el presidente Evo Morales dieron luz verde a esta fuerza individual contenida, que hasta ese momento solo había podido plasmarse en progreso individual cuando las familias, entre ellas la del propio presidente, recurrían a la emigración para lograr afuera lo que no conseguían dentro del país. El modelo económico aplicado en Bolivia desde la asunción de Evo Morales de la presidencia en 2006 representa un punto de quiebre para la historia del país, a juzgar por los resultados y los cambios estructurales provocados. Bolivia muestra liderazgo en términos de crecimiento económico regional, a veces compartiendo el podio con Paraguay y Perú. Pero el liderazgo es abrumador cuando tenemos en cuenta el Ingreso Nacional en lugar del PIB, porque este indicador tiene en cuenta el efecto de las rentas pagadas al extranjero, que Bolivia, a diferencia de sus vecinos, se propuso engordar a través de la política de nacionalizaciones. Así como el indicador del Ingreso Nacional nos da una primera idea acerca de la distribución de la renta entre bolivianos y extranjeros, que comenzó a decantarse a favor de Bolivia a partir del gobierno de Evo Morales, otros indicadores de bienestar como el índice de Gini, la pobreza, el alcance de servicios básicos como electricidad, servicios sanitarios, salud, educación, transporte, terminan siendo aún más favorables a su gobierno que ha puesto grandes esfuerzos en mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y sus posibilidades. No es menos importante el liderazgo de Bolivia en las clasificaciones de estabilidad de precios, deconstruyendo así todos los dogmas que le achacan a los gobiernos progresistas todos los males de la inflación. Haciendo gala de gran pragmatismo, aplicó políticas heterodoxas de abastecimiento, de producción, de control, de negociación con las corporaciones, y también de austeridad monetaria. Así, el tipo de cambio del peso boliviano prácticamente no ha variado desde la asunción de Evo Morales. Hoy en día, el peso es una moneda fuerte regional, apetecida como instrumento de atesoramiento por ciudadanos de los países vecinos, especialmente de Argentina que, por el contrario, ha aplicado políticas monetarias ortodoxas con resultados que confirman, por la negativa, una de las tesis de este artículo, que es tan falso el dilema entre estabilidad de precios y redistribución como la correlación entre estabilidad y restricción monetaria. El gobierno boliviano tuvo incluso la prudencia de conformar un gran stock de reservas internacionales, que también sirvió para evitar 52 ¿QUÉ SERÍA DE BOLIVIA SIN SU POLÍTICA DE NACIONALIZACIONES? inyectar esa masa de recursos monetarios a la economía, evitando así agitar las presiones inflacionarias. El stock de reservas no solo sirvió para desalentar ataques especulativos, sino que también sirvió como política contracíclica, es decir, como fuente de financiamiento para enfrentar periodos depresivos como el provocado por la caída del precio de los commodities desde 2015. Se desprendió de 5 000 millones de dólares de sus reservas para financiar políticas contracíclicas durante los años 2015 y 2016 y, aun así, en 2017 mantiene un stock de reservas equivalente al 27% de su PIB. El modelo con características propias de la economía boliviana deja muchas enseñanzas al servicio de los países o gobiernos progresistas que deseen tener buenos ejemplos de prácticas económicas sustentables, en especial para aquellos que producen recursos naturales extractivos. La acumulación de empresas públicas para Bolivia hoy es lo que los almacenes o qollqas eran para los incas, austeridad e inversión pública, un stock de capital social puesto al servicio de la estabilidad y rentabilidad de la sociedad. Como todo trabajo que realice ejercicios de estimación, en especial cuando se trata de un ejercicio contrafactual, este trabajo debe tomarse con las debidas salvaguardias y precauciones. Pensamos que nuestras estimaciones se acercan a la realidad y esperamos el debate público para corroborarlo o, por el contrario, negarlo. Podrá haber diferencias de precisión en los resultados estimados, pero en ningún caso habrá dudas sobre la importancia de los impactos sobre el bienestar y el crecimiento de la política de nacionalización boliviana. Este pequeño país ha dado muestra de grandeza desafiando el statu quo del poder económico y de los presupuestos económicos que a veces tienen más fuerza. Con todo, es evidente, tanto por nuestras estimaciones como por la enseñanza de la experiencia histórica boliviana, que nos mostraba en el pasado un país rico en rentas extractivas apropiadas en beneficio de las multinacionales y sin capacidad de superar sus privaciones. El coraje de este pequeño país ha dado sus frutos transformando el país. Esperamos que sea noticia y su ejemplo cunda. BIBLIOGRAFÍA Chakraborty, C. y Basu, P. (2002). Foreign Direct Investment and Growth in India: A Cointegration Approach, Applied Economics, 34, pp. 1 061-1 073. Choe, J. L. (1998). Economic Growth and Foreign Direct Investment. Osaka Economic Papers, 48, pp. 174-183. García Linera, A. (2008, 22 de junio). Del Liberalismo al Modelo Social Productivo. Los ciclos de la economía boliviana. Revista Análisis: Reflexiones sobre la coyuntura. 53 Guillermo Oglietti, Nicolás Oliva, Sergio Martín-Carrillo y Lucía Converti Huber Abendroth, H. (2005). La política exterior de los Estados Unidos frente a Bolivia entre 1952 y 1978. Revista Ciencia y Cultura, 17, agosto (La Paz). ISSN 2077-3323. Oglietti, G. C. (2007). La relación de causalidad entre el crecimiento y la IED en Argentina. El Trimestre Económico, 74(294), 349-378. Shan, J., G. Gang Tian y F. Sun (1997). The FDI-Led Growth Hypothesis: Further Econometric Evidence from China. The Australian National University, Economic Division Working Paper, China Economy, 97. 54 POLÍTICAS PÚBLICAS Y SISTEMAS ALIMENTARIOS SUSTENTABLES PARA LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA EN BOLIVIA. AVANCES Y LIMITACIONES1 Maribel Aponte-García, David Choquehuanca, José M. F. Delgado, Ximena Campos, Carlos Silvestre y Elisabeth Buergi-Bonanomi INTRODUCCIÓN En el año 2005 por primera vez en la historia de América Latina y el Caribe asume la presidencia constitucional de Bolivia Evo Morales Ayma, un líder que surge de las luchas y reivindicaciones de los pueblos indígenas originarios campesinos. Desde entonces, el Estado Plurinacional de Bolivia ha planteado desafíos en la aplicación de las políticas públicas enfocadas en la construcción de sistemas alimentarios sustentables e inclusivos, que combatan la inseguridad alimentaria, promoviendo la soberanía alimentaria. El objetivo de este capítulo es brindar reflexiones sobre los logros y avances de la soberanía y seguridad alimentaria en el periodo 20062019 y analizar cómo los cambios a partir de la presidencia denominada transitoria, iniciada el 12 de noviembre de 2019, están afectando estos avances. Nuestras reflexiones se organizan a partir de los hallazgos de un proyecto de investigación lanzado en 2015, en el cual los coautores hemos participado de diversas maneras. El capítulo se divide en cinco secciones a partir de esta introducción: el marco de sustentabilidad alimentaria; los saberes ancestrales y la agricultura indígena campesina y agroecológica; hallazgos de estudio de caso de Sucre; análisis 1 Agradecimientos: doctor Stephan Rist y doctora Johanna Jacobi, Centro de Desarrollo y Medio Ambiente, Universidad de Berna, Suiza. 55 Maribel Aponte-García, David Choquehuanca, José M. F. Delgado, Ximena Campos, Carlos Silvestre y Elisabeth Buergi-Bonanomi de las políticas públicas según componentes de cadenas de valor; y la Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional (SSAN) y el cambio de gobierno. Por razones de espacio se han suprimido las notas técnicas del proyecto, así como la revisión de literatura. De igual manera, aunque se incluye un abordaje general del sistema alimentario agroindustrial en el análisis, se privilegia la caracterización de los sistemas indígenas originarios campesinos y el agroecológico. Delgado y Delgado (2014: 105), afirman que: En el caso de Bolivia, está claro que las políticas públicas hasta 2009, año que se aprueba la Constitución Política del Estado (CPE), no han sido favorables para la seguridad alimentaria y menos han aportado a la soberanía alimentaria, pues los procesos de investigación, innovación y transferencia de tecnología agropecuarias han seguido los modelos de la revolución verde y los transgénicos. Por ende, el cambio tecnológico debía remplazar las tecnologías ancestrales y locales por modernas tecnologías que prioricen los altos rendimientos y las ganancias, que generalmente no favorecían a las grandes poblaciones de pobres a los que se había dirigido esta revolución. De 2005 a 2019 se han generado lineamientos fundamentales que proponen una visión de país basada en una relación armónica entre la sociedad y la naturaleza y que consideran la diversidad biocultural y el desarrollo integral como interfase para vivir bien, como alternativa al capitalismo y la razón instrumental materialista de Occidente. En enero de 2009 se aprueba una nueva Constitución Política del Estado (CPE) que marca un momento fundamental en la vida de los bolivianos y en la historia de Bolivia, principalmente de las poblaciones de 36 naciones que viven en el campo y en las ciudades. El saber alimentarse, junto a otros principios que se destacan en la Ley Marco de la Madre Tierra y el Desarrollo Integral (Ley 300), se constituyeron como la base del plan de desarrollo social-económico 2016-2020, aprobado como la Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) en enero de 2016 (Ley 777). Como parte de este proceso de cambios en el ordenamiento jurídico del país, se han aprobado otras leyes de fundamental importancia para la seguridad y la soberanía alimentaria. Estos son procesos de largo aliento y que se han ido gestando después de casi 300 años de colonialismo y neocolonialismo, por lo que su continuidad como leyes de Estado debe proseguir, por ser favorables a la mayor parte de la población boliviana y por no favorecer a pequeños grupos de poder empresariales del agronegocio, que han dirigido las políticas públicas antes de 2005, relacionadas con las transnacionales de la alimentación y la salud. 56 POLÍTICAS PÚBLICAS Y SISTEMAS ALIMENTARIOS SUSTENTABLES Los sistemas alimentarios implementados en nuestro Estado plurinacional: indígena campesino, agroecológico y agroindustrial, conviven simultáneamente con conflictos sociales y políticos no muy visibles en la vida cotidiana de los bolivianos, pero con impactos en la salud humana y de la Madre Tierra, afectando también la economía familiar. a) Las políticas bolivianas han priorizado la SSAN de su territorio, promoviendo políticas públicas desde dos vertientes claramente definidas: b) Con base en el modelo industrial agroexportador de soya, principalmente; el arroz, caña de azúcar, ganado bovino, como fuentes de divisas destinadas, generación de excedentes y acumulación de capital en el oriente boliviano. Para ello se ha apostado por una serie de incentivos de capital promovidos por el Banco de Desarrollo Productivo (BDP), además de decretos y búsqueda de mercados como es el caso de la exportación de carne a China en 2019. c) Los modelos de agricultura familiar que han desarrollado los pueblos indígenas originarios en el manejo de sus territorios y su entorno de recursos naturales o componentes de la Madre Tierra (como se denomina en la Ley 300), con conocimientos ancestrales milenarios, ricos en diversidad en todo el sistema alimentario. Por ello, las estrategias de vida sustentable de las naciones indígenas originarias campesinas de los Andes son fundamentales para plantear alternativas al modelo de gobernanza internacional de la alimentación y de los sistemas alimentarios agroindustriales, partiendo de los saberes locales y conocimientos ancestrales que dan sustento al sistema alimentario indígena campesino y que se complementan con el sistema alimentario agroecológico. La agroecología, como un sistema alimentario alternativo, surge en Bolivia como un movimiento en los últimos 40 años, buscando su complementariedad con el sistema indígena campesino. En Bolivia, y especialmente en las naciones indígenas campesinas aymaras y quechuas, existe y ha existido una producción que podría decirse ha sido agroecológica. Esta producción es centro de origen y biodiversidad de los cultivos andinos como la papa y la quinua, lo que ha implicado tener una tecnología muy adaptada al ecosistema y a la Madre Tierra y que ha tenido sus propios sistemas de transformación (elaboración de chuño y tunta) y consumo (culinaria reconocida a nivel internacional). Es, por tanto, un sistema alimentario sustentable, pero que en el tiempo ha recibido la influencia de la modernidad y de las tecnologías de la revolución verde y de los transgénicos, que ha tenido consecuencias en la 57 Maribel Aponte-García, David Choquehuanca, José M. F. Delgado, Ximena Campos, Carlos Silvestre y Elisabeth Buergi-Bonanomi reducción de la biodiversidad y en la conservación de suelos y aguas, repercutiendo también en el deterioro de la salud humana. Desde los años ochenta surgen instituciones de investigación y desarrollo como el Centro de Investigación Agroecología Universidad de Cochabamba (AGRUCO) en Bolivia, y el Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas (PRATEC) en Perú, que plantean alternativas al sistema alimentario agroindustrial, basadas principalmente en la revalorización de los conocimientos ancestrales y saberes locales de las comunidades andinas, existiendo varias publicaciones y una metodología de revalorización, además de una base de datos con más de 1 000 fichas con conocimientos revalorizados (AGRUCO, 2005). Este proceso, aislado y marginalizado en las políticas públicas de los gobiernos neoliberales, empieza a tener muy buena acogida desde 2005 con el gobierno del primer presidente indígena, Evo Morales Ayma, y fue introducido en la nueva Constitución Política del Estado y en la Ley Marco de la Madre Tierra y el desarrollo integral para vivir bien. La reconversión de los sistemas alimentarios indígenas campesinos al sistema agroecológico aprovecha la gran sabiduría ancestral de los pueblos andinos, de sus tecnologías y de sus usos para el consumo de alimentos. Esta sabiduría considera los alimentos no solo por su valor nutritivo, sino como alimentos para el alma y la mente, libre de agroquímicos y transgénicos; son la única alternativa para lograr un sistema alimentario sustentable para Bolivia que sirva como ejemplo para el mundo. En estos 14 años de gobierno del presidente Morales, la seguridad y la soberanía alimentaria han sido parte transversal de las políticas públicas y de los programas y proyectos impulsados, aunque coexisten con un sistema alimentario agroindustrial, impulsado por el capitalismo corporativo de las transnacionales, que en Bolivia han sido asumidas por pequeñas élites concentradas en el agronegocio cruceño. Estos justamente son los sectores que han impulsado la renuncia del presidente Morales y el surgimiento de un gobierno de transición a través del comité cívico cruceño y otros sectores conservadores del país, que han hegemonizado en los anteriores gobiernos neoliberales las políticas relacionadas con la alimentación. MARCO DEL PROYECTO SUSTENTABILIDAD ALIMENTARIA El proyecto de investigación Sustentabilidad Alimentaria en Sudamérica y África, financiado por el Fondo Nacional Suizo de Investigación Científica, tiene como objetivo: “Proporcionar conocimientos científicos basados en evidencia para la formulación y promoción de estrategias de innovación y opciones de políticas que mejoren los niveles de sustentabilidad de los sistemas alimentarios individuales y colectivos” (CDE-UniBe, 2014: 5). 58 POLÍTICAS PÚBLICAS Y SISTEMAS ALIMENTARIOS SUSTENTABLES El énfasis está en encontrar maneras de mejorar la colaboración dentro y entre los sistemas alimentarios coexistentes: indígena campesino, agroecológico y agroindustrial. El proyecto es coordinado por el Centro de Desarrollo y Medio Ambiente de la Universidad de Berna, Suiza, la Comunidad Pluricultural Andino Amazónica para la Sustentabilidad (COMPAS-Bolivia) y el Centre for Training and Integrated Research in Development (CETRAD-Kenia). Se escogió analizar el Estado Plurinacional de Bolivia por sus avances favorables en políticas públicas, leyes, decretos supremos, programas y proyectos nacionales dirigidos a la SSAN y también por elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación. Es importante definir qué es el sistema alimentario sustentable para evaluar participativamente la sustentabilidad alimentaria y ver sus aportes a la SSAN a nivel municipal, departamental y plurinacional. La Figura 1 representa el marco conceptual aplicado para el análisis del sistema alimentario en diferentes contextos territoriales. Figura 1. Marco conceptual para la evaluación de los sistemas alimentarios Subsistema político: Políticas públicas, leyes, reglas, regulaciones, normas del sector privado y regulaciones voluntarias (certificaciones, sellos de calidad, guías voluntarias, etcétera) Suministros de insumos • Semillas • Ganado • Fertilizantes • Pesticidas • Macinería • Etcétera Cadena SubCadena Producción de Procesamiento Distribución agro- y empaque alimentaria • Almacenamiento alimentos • Materia prima • Molienda • Transporte • Forraje sistema • Fraccionamiento operacional • Publicidad • Alimentos básicos • Recomposición • Etcétera • Alimentos frescos • Conservación agroalimentaria • Etcétera • Etcétera Consumo • Alimentos procesados • Alimentos frescos • Alimentos básicos • Especialidades • Etcétera Subsistema de recursos naturales: suelos, agua, biodiversidad Subsistema de informaciones y servicios: conocimientos, investigación, extensión, servicios logísticos y financieros Fuente: Operacionalización de sistemas alimentarios (adaptado de Rastoin y Ghersi, 2010; Colonna et al., 2013). Los sistemas alimentarios son Redes interdependientes de partes interesadas (empresas, instituciones financieras, organizaciones públicas y privadas e individuos) en un área geográfica (región, estado, región multinacional), que participan directa o indirectamente en la creación de flujos de bienes y servicios orientados a satisfacer las necesidades alimentarias de uno o más grupos de consumidores en la misma área geográfica o en otro lugar (Rastoin y Ghersi, 2010: 19). 59 Maribel Aponte-García, David Choquehuanca, José M. F. Delgado, Ximena Campos, Carlos Silvestre y Elisabeth Buergi-Bonanomi La sustentabilidad es la capacidad que tiene una sociedad para hacer un uso consciente, racional y responsable de sus recursos, sin agotarlos o exceder su capacidad de renovación y sin comprometer el acceso a estos por parte de las generaciones futuras. Por tanto, la sustentabilidad alimentaria es: administrar, manejar, producir en toda la cadena alimentaria de valor, desde la producción, transformación, comercialización y consumo, hasta bienes y servicios destinados al consumo alimentario a partir de recursos naturales, energéticos y económicos, a un ritmo en el cual no los agotemos y no produzcamos más contaminantes que aquellos que puede absorber el medio ambiente sin ser perjudicado, garantizando la salud integral de los pueblos. Conceptualmente, la sustentabilidad es el resultado de una acción concertada de la gobernanza de las naciones, de los pueblos, de las comunidades y de los individuos para impulsar un modelo de desarrollo económico mundial compatible con la conservación del medio ambiente y con la equidad social. La evaluación de la sustentabilidad alimentaria es la base para analizar los sistemas alimentarios que coexisten en un territorio determinado, el de los Gobiernos Autónomos Municipales (GAM), en el caso de Bolivia. Con base en estas evaluaciones, se identifican los lineamientos prioritarios para la implementación de una acción piloto para la transformación (APT), con la participación de todos los actores locales que tienen directa o indirectamente conexión con la sustentabilidad alimentaria. El marco y la herramienta de evaluación de la sustentabilidad alimentaria, denominado Food SAF, tiene el objetivo de facilitar la evaluación de los sistemas alimentarios de cada unidad territorial (3 municipios en Bolivia y 3 regiones en África) y compararlos, considerando: las dimensiones de la sustentabilidad alimentaria; los indicadores definidos a partir de las investigaciones realizadas en la primera fase de proyecto; los atributos (grupos de indicadores como la disponibilidad, la accesibilidad y el uso de los alimentos), y los diferentes eslabones de las cadenas de valor (producción, procesamiento, almacenamiento, distribución, comercialización y consumo de los alimentos). La evaluación de la sustentabilidad alimentaria parte del análisis de las 5 dimensiones de la sustentabilidad alimentaria: 1. seguridad alimentaria; 2. resiliencia socioecológica; 3. derecho a la alimentación; 4. desempeño ambiental; y 5. reducción de la pobreza y desigualdad. Se han seleccionado tres indicadores para cada dimensión, tal como se puede observar en la Figura 2. Los indicadores identificados para cada dimensión han sido resultado de los trabajos de investigación de tesis doctorales realizados en diferentes territorios de Bolivia y Kenia. 60 POLÍTICAS PÚBLICAS Y SISTEMAS ALIMENTARIOS SUSTENTABLES Figura 2. Dimensiones de la sustentabilidad alimentaria e indicadores para la evaluación Sustentabilidad alimentaria Pobreza y desigualdad Seg alim uridad enta ria • Beneficios ambientales del paisaje • Huella de carbono • Impacto en la salud humana • No-discriminación • Acceso a información • Participación efectiva a cia a la a Dere en ógic lim ch i l i l s en o Re ioeco tac c ión so ño mpe Desebiental am • Diversidad • Organización social • Conocimientos ancestrales • Seguridad alimentaria de los hogares • Relaciones de poder • Capacidad del sistema alimentario de almacenar y procesar alimentos • Fuentes y niveles de ingresos y gastos • Acceso a infraestructura socio-tecnológica • Desempeño de las cadenas de valor Fuente: Proyecto Hacia la sustentabilidad alimentaria, 2014. Centro de Desarrollo y Medio Ambiente de la Universidad de Berna, Suiza. SABER ALIMENTARSE Y VIVIR BIEN. SABIDURÍA, CARACTERIZACIÓN Y ESTRATEGIAS DE LA AGRICULTURA INDÍGENA CAMPESINA Los saberes y conocimientos ancestrales son uno de los indicadores relevantes al análisis que ilustra la Figura 2, bajo la dimensión de resiliencia socioecológica. Esta sección expone los avances de los saberes ancestrales del comer bien y vivir bien, así como los vínculos de estos saberes con la caracterización y las estrategias de la agricultura indígena campesina y la agroecológica. SABERES LOCALES Y CONOCIMIENTOS ANCESTRALES Los saberes locales y conocimientos ancestrales de las naciones indígenas originarias campesinas perviven en la sabiduría de nuestros ancestros andinos amazónicos durante siglos y han desarrollado estrategias locales a partir de: experiencia, observación de los astros, rotación de tierras, lógicas económicas conocidas como la reciprocidad andina (ayni, minka, chálay, entre otros),2 mercados, tecnologías de 2 El ayni es un concepto que se utiliza para generalizar la ayuda mutua. Hay ayni en la siembra y cosecha de papa, el techado de la casa (achoqalla en aymara), en la ayuda de la pareja recién casada, en la ayuda para pasar las fiestas y los prestes. Minka es el intercambio de trabajo por el producto cosechado, que la familia anfitriona ofrece a sus colaboradores en forma de “pago” no monetario, al mismo tiempo que invita comida, coca y algún brebaje durante toda la jornada, a manera de agradecimiento. Chálay es trueque. 61 Maribel Aponte-García, David Choquehuanca, José M. F. Delgado, Ximena Campos, Carlos Silvestre y Elisabeth Buergi-Bonanomi conservación de alimentos, conocimiento de bioindicadores para predecir el clima, rituales a la fertilidad y a la Madre Tierra como medio para equilibrar el flujo energético con los seres vivos del planeta, acceso a pisos ecológicos y económicos, entre otros. La visión de los pueblos indígenas originarios campesinos ha sido considerar a la sociedad como parte del cosmos y de la Madre Tierra que es el todo, es decir, una visión cosmocéntrica o pachacéntrica de la que la sociedad es parte, donde todo tiene vida y es sagrado. Se puede plantear que los saberes ancestrales tienen su origen desde que la agricultura se convirtió en una práctica sociocultural de producción de alimentos hace más de 10 000 años, que caracterizaba a las culturas andinas prehispánicas. La historia demuestra la importancia concedida a la producción, transformación, distribución y consumo de alimentos ya desde la época preinca, por la amplia diversidad de variedades y especies de cultivos andinos, que todavía hoy son la base de la alimentación boliviana, donde destaca el control vertical de pisos ecológicos que ha sido una estrategia de los pueblos andinos (Murra, 1975; Condarco y Murra, 1987; Rostworowski, 1992; Delgado, 2002). La revalorización de los saberes ancestrales y locales, que se ha iniciado hace unos 35 años en forma sistemática en diferentes universidades e instituciones de formación, investigación y desarrollo, ha promovido innovaciones que han sido aplicadas en programas y proyectos. Después de más de 35 años de investigaciones y numerosas publicaciones, AGRUCO ha concluido que la esencia de la vida cotidiana en las comunidades indígenas originarias campesinas en los Andes bolivianos es la vida espiritual, es decir, su religiosidad y sus creencias en la Madre Tierra y en el cosmos, donde el ser humano es parte de la misma, pero que se complementa y dialoga con la religión católica y otras denominaciones cristianas, sin grandes contradicciones y conflictos. Asimismo, estas relaciones de reciprocidad implican, además, una relación de respeto y retribución a la “madre naturaleza”, que es la proveedora a la que también se le rinde culto con rituales y festividades a través de personajes elegidos para pasar o ser preste de una fiesta, generalmente de la religión católica (la Virgen del Carmen, Virgen de Urqupiña, Virgen del Socavón). Las prácticas rituales, que en mayor o menor grado todavía están presentes en las comunidades de los Andes y la Amazonía boliviana, manteniéndose con mayor énfasis en el nivel familiar: la ch’alla, k’owas, el pijcheo y los ayunos que son ofrendas y peticiones que pueden ser realizadas de forma familiar o comunal.3 3 La K’owa es una ofrenda y gratitud que realizan los comunarios a la Pachamama, al inicio de la siembra o de la cosecha de productos agrícolas, por los alimentos proporcionados. El Pijchu o boleo de coca es dedicada a la Pachamama donde piden el 62 POLÍTICAS PÚBLICAS Y SISTEMAS ALIMENTARIOS SUSTENTABLES CARACTERIZACIÓN Y ESTRATEGIAS DE LA AGRICULTURA INDÍGENA CAMPESINA Y LA AGROECOLÓGICA La organización social en muchas comunidades de los Andes se caracteriza por los ayllus, que estaban establecidos antes de la llegada de los españoles en 1532 como una forma de organización socio-territorial de las comunidades. Los ayllus están en función de la organización de la producción, donde el territorio que ocupa y la estructura simbólica de dicho espacio se centra en las principales actividades que determinan el sistema productivo y que considera también el acceso a otras zonas simbióticas o territorios continuos o discontinuos (Delgado, 2002). Actualmente los ayllus están en un proceso de transformación acelerada por la influencia del mercado y las políticas públicas que ha priorizado la organización sindical y la propiedad privada. Las comunidades indígenas originarias campesinas en Bolivia constituyen las unidades básicas de la organización social del ámbito rural. Las principales formas de organización social en las comunidades son los “sindicatos comunales”, que a su vez se organizan en “subcentrales” y “centrales regionales”. De la organización social comunitaria depende todo el proceso productivo, la reproducción de la familia y de la comunidad, que se conecta con el Estado Plurinacional a través de los gobiernos autónomos municipales, departamentales e indígenas. La organización económica comunitaria comprende los sistemas de producción y reproducción de la vida social, fundados en los principios y visión propios de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos. La economía comunitaria está basada fundamentalmente en relaciones de reciprocidad (ayni, minka, chálay, entre otras), donde la cooperación mutua y el parentesco sanguíneo y espiritual son fundamentales. Estas relaciones de reciprocidad son la base de la economía comunitaria y son parte de la vida cotidiana que las familias campesinas utilizan para optimizar el trabajo familiar y comunal en el proceso productivo, y también son estrategias para la seguridad y soberanía alimentaria. Todas estas se complementan con la compraventa de mano de obra, de bienes y servicios, reconocidas en la nueva CPE como economía plural. Las relaciones de reciprocidad priman en la conciencia colectiva del ser andino amazónico, son parte de sus principios y normas morales y principalmente espirituales. Esto se fundamenta en su bienestar en la actividad que están por dar. La Ch’alla es una forma de celebración y de agradecimiento a la Pachamama, por los buenos productos obtenidos en la producción; en este ritual existe un compartimiento con bebida, donde se sirven todos los presentes, empezando por los más ancianos. Peticiones, en el momento de realizar la K’owa con el fin de alejar las granizadas, colocando aguayos en forma de cruz encima del techo de la vivienda o colocando ceniza en forma de cruz. 63 Maribel Aponte-García, David Choquehuanca, José M. F. Delgado, Ximena Campos, Carlos Silvestre y Elisabeth Buergi-Bonanomi concepción del tiempo y espacio, que no es lineal y mesurable en términos occidentales. Es decir, que lo circular, espiral, es el principio de vida, donde todo es un ir y venir de eventos, relaciones espirituales, sociales y culturales que se reproducen y fortalecen de generación en generación y coexisten con la economía de mercado y la modernidad. La estrategia fundamental de los/as pobladores/as de los Andes bolivianos para la seguridad y soberanía alimentaria ha sido y es la diversificación de su producción y de sus actividades, puesto que es la base de su economía familiar y comunitaria. Tal diversificación productiva tiene que ver con las zonas agroecológicas y el manejo de pisos altitudinales, ecológicos y económicos a los que acceden y que pueden ser considerados como partes del territorio continuo y discontinuo. Las características generales de la agricultura de las comunidades dependen de las limitaciones del clima, y cuyos rasgos principales son: la agricultura andina en su mayor parte es a secano y de alto riesgo e incertidumbre. Por tanto, los cultivos están expuestos a altos riesgos como las sequías, granizadas y heladas, donde el uso de indicadores climáticos locales (indicadores atmosféricos, fitoindicadores, zooindicadores y otros) son fundamentales para la resiliencia climática y, por ende, para el éxito o fracaso de la agricultura. Por otro lado, la agricultura es de autoconsumo, es decir que la producción va fundamentalmente a la alimentación de la familia y la comunidad, complementándose con otros alimentos generalmente de origen agroindustrial, como las conservas, el fideo, el arroz, la harina de trigo y otros. Esta producción obtenida para el autoconsumo prioriza la seguridad alimentaria y solamente el excedente se lleva a la comercialización, trueque y otras formas de cooperación mutua, garantizando su soberanía alimentaria. Esto sucede, por ejemplo, en el caso de la papa, donde se destina su excedente a la venta, pero la cañahua se destina exclusivamente al autoconsumo. El control vertical de pisos ecológicos o simbiosis interzonal ha implicado un permanente movimiento poblacional que también se realizaba en el pasado (no más de 20 años) a través de los viajes inter-ecológicos y en función del calendario agrícola y festivo religioso, para acceder a otros espacios socioeconómicos que les permitían cubrir otras necesidades familiares. Estos viajes inter-ecológicos e intercambio de experiencias se realizan en la época de estiaje, es decir, cuando las cosechas han concluido y se reduce la demanda de la mano de obra para la producción agrícola. Tienen el objetivo de complementar su economía familiar con ingresos monetarios u otros productos que no produce en sus comunidades, y de fortalecer las relaciones de parentesco sanguíneo o espiritual que se puedan haber formado en estos viajes por generaciones. 64 POLÍTICAS PÚBLICAS Y SISTEMAS ALIMENTARIOS SUSTENTABLES Esta importante característica ha sufrido en el tiempo cambios fundamentales, recurriendo a otras estrategias complementarias, como el acceso a otros espacios socioeconómicos, que de alguna manera ha sido subsanada con la creación de ferias campesinas como centros de intercambio, tanto a nivel de una lógica económica comunitaria o de reciprocidad y otra de mercado (compraventa). Las ferias, además de ser centros de cohesión social y unificación económica, son los espacios donde se integran simbólicamente la religiosidad con el intercambio de bienes y servicios (en términos de mercancías, productos o dones de reciprocidad) a través de la búsqueda y ampliación del parentesco sanguíneo y espiritual, convirtiendo estos espacios socioeconómicos en espacios y tiempos sagrados (Delgado, 2002). La producción agropecuaria indígena campesina en los Andes es diversificada porque la mayor parte de las familias campesinas tienen diferentes cultivos, especies y variedades, principalmente de tubérculos andinos (papa, oca, papa-lisa e izaño) y granos (quinua, cañahua, maíz, avena, cebada, trigo), seguidamente de las leguminosas (haba, arveja, tarwi y alfalfa), hortalizas (cebolla, zanahoria, lechuga y rábano), cucúrbitas (lacayote y zapallo) y algunos frutales, siendo este el soporte de su seguridad y soberanía alimentaria. Mientras más diversificación productiva exista, mayor seguridad y soberanía alimentaria habrá. Su diversificación productiva depende del acceso a diversos ecosistemas, climas, suelos, pisos altitudinales y pisos ecológicos que les permiten el acceso a la tierra. Por lo tanto, en la agricultura indígena campesina originaria la toma de decisiones está supeditada a la obtención de varios cultivos (especies y variedades) y no a un cultivo en particular. Además, la producción agrícola está estrechamente relacionada con la crianza de animales (camélidos sudamericanos, ovinos, aves de corral, cuyes, cerdos, saínos, caballos). También esta diversificación depende de las relaciones sociales que se hayan recreado en el tiempo, donde el parentesco sanguíneo y espiritual es fundamental, siendo este un medio para acceder a alimentos de otros pisos ecológicos a través de los viajes inter-ecológicos y el intercambio (Delgado, 2002). La diversidad ecológica y el manejo vertical de pisos ecológicos determina que los territorios de las comunidades estén destinados a dos actividades productivas muy importantes: la agricultura y la ganadería, que son interdependientes y que involucran una serie de características socioeconómicas y culturales que conllevan una redefinición del uso de la tierra. La agricultura utiliza casi toda la totalidad de la superficie, con otra destinada al pastoreo de uso común que se constituye en lo que se han denominado como los campos nativos de pastoreo o pradera nativa, donde los comunarios tienen limitaciones de uso durante la 65 Maribel Aponte-García, David Choquehuanca, José M. F. Delgado, Ximena Campos, Carlos Silvestre y Elisabeth Buergi-Bonanomi época húmeda que corresponde al área cultivable rotacional de uso común anual exclusivo para la producción agrícola, lo que determina un movimiento temporal dentro los territorios. Entre las practicas principales que se realizan en la agricultura indígena campesina están las siguientes, las cuales se presentan como una selección. En el área de cultivos, la rotación de cultivos y el uso de la tierra de forma comunitaria (Aynoqas) e individual (sayaña), así como los cultivos intercalados. En el área de prevención de enfermedades y plagas se rescatan los indicadores climáticos y el uso de productos naturales en su control. En el área de semillas: la experimentación de variedades de semillas introducidas a través del conocimiento local, incrementando su variabilidad genética y su agrodiversidad. En el área de suelos: la planificación territorial con una visión integral de cuidado de la Madre Tierra; la conservación de suelos en parcelas cultivadas (terrazas de formación lenta, andenes, control de cárcavas y zanjas de infiltración). En cuanto a la ganadería andina: establecimiento de su ganado con base en usos y costumbres, respetando los derechos de la Madre Tierra (Pachamama); implementación de sistemas agrosilvopastoriles tradicionales; revalorización de los saberes locales para el control de enfermedades (etnoveterinaria). De los recursos hídricos se menciona lo siguiente: captación, conservación y almacenamiento del agua de la lluvia para mejorar la utilización de ojos de agua (juturis), y fortalecimiento de conocimientos locales para el manejo del bosque nativo para mantener los recursos hídricos. Esta visión de la vida está siendo fuertemente afectada principalmente por el sistema capitalista y su visión antropocéntrica de la vida y la naturaleza, mecanicista y materialista, que justamente ha dado origen a los diferentes modelos de desarrollo. La ley marco de la Madre Tierra y el desarrollo integral para vivir bien, complementada con otras leyes, justamente plantean una nueva visión, donde el desarrollo no es el fin sino la fase intermedia para vivir bien, que justamente toma el saber alimentarse como la base para la seguridad y soberanía alimentaria en Bolivia. Esta perspectiva está en plena construcción, con avances y retrocesos, con potenciales y debilidades, con contradicciones y afirmaciones, que se pueden también ver en el desarrollo de la política boliviana actual, que sin duda es irreversible. Es considerando estas estrategias y otras más que puedan surgir de la experiencia de cada pueblo y nación indígena originaria, que presentamos algunos hallazgos de la investigación y la acción piloto para la transformación de la sustentabilidad alimentaria (APT) en torno a uno de los municipios del Estado Plurinacional de Bolivia, el del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. El caso de Sucre es emblemático por ser nominado en el año 66 POLÍTICAS PÚBLICAS Y SISTEMAS ALIMENTARIOS SUSTENTABLES 2018 como la capital de la agricultura urbana y periurbana de Bolivia (en un Encuentro Nacional) por sus importantes aportes a la SSAN de los socios de la Asociación Municipal de Productores Urbanos (AMPU) y sus perspectivas para incidir en la sustentabilidad alimentaria de la población sucrense (Delgado, Jacobi y Rist, 2018). HALLAZGOS. AVANCES DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE Esta sección explica y destaca los avances más importantes de los sistemas alimentarios en el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, capital del Estado Plurinacional de Bolivia. Analiza los resultados de la evaluación de la sustentabilidad alimentaria, la influencia de las políticas públicas y los beneficios de la población boliviana para la SSAN. Sin duda, a partir de las Leyes 3 525, 144, 338, 071 han surgido en el país diferentes programas nacionales y municipales que promueven la agroecología, la agricultura familiar campesina y comunitaria, enmarcados en el saber alimentarse (mencionado en la Ley 300), que abre una concepción a la alimentación que considera los alimentos y productos agrícolas, no como una mercancía sino como un componente de la Madre Tierra, donde el alimento es medicina y la medicina es alimento, considerado no solo como valor nutricional (físico-biológico), sino alimento para la mente y el espíritu, coincidiendo con varios aspectos de la medicina ayurvédica y de la medicina china. Consideramos que, en Bolivia, la población más vulnerable vive todavía en el sector rural (32.5% según el INEB, 2015: 14), pero en las ciudades bolivianas existe un alto porcentaje de población que está en la pobreza, aunque en los últimos años Bolivia descendió en más de la mitad la pobreza extrema, de 38.2% en 2005 a 15.2% en 2018 (23 puntos porcentuales, pp) y la pobreza moderada disminuyó de 60.6% a 34.6% (26 pp). Cabe destacar que, con estos datos, Bolivia presenta el nivel más bajo desde que el indicador es registrado en el país, además se posiciona como la economía con la mayor reducción de pobreza extrema a nivel de Sudamérica (INEB, 2019).4 Esta reducción de la pobreza sin duda tiene que ver con un mejor acceso físico y económico a los alimentos sanos y de calidad (Delgado y Delgado, 2014: 46- 47). Uno de estos emprendimientos es el programa municipal de agricultura urbana y periurbana del gobierno autónomo municipal de la ciudad de Sucre. Este programa es parte de un programa nacional que ha tenido desde el año 2015 el apoyo del Viceministerio de la pequeña 4 Ver https://www.ine.gob.bo/index.php/prensa/notas-de-prensa/itemlist/category/190 -marzo-2019 67 Maribel Aponte-García, David Choquehuanca, José M. F. Delgado, Ximena Campos, Carlos Silvestre y Elisabeth Buergi-Bonanomi y microempresa del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP), con respaldo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) hasta 2018, y que desde 2019 ha formado parte del Proyecto de sustentabilidad alimentaria en Sudamérica y África. Para el análisis de los sistemas alimentarios de la ciudad de Sucre se hace necesario delimitar sus alcances y definir su campo de acción, considerando la relación de sus actores, el subsistema político institucional que proporcione el marco normativo y las políticas públicas que influyen en las decisiones de los actores, el comportamiento de todo el sistema, su incidencia y peso en la dinámica económica y social de la ciudad. Los sistemas alimentarios en la ciudad de Sucre han seguido una transición en los últimos cincuenta años, desde sistemas alimentarios con una fuerte influencia de la agricultura campesina diversificada por tener ecosistemas de valles, cabeceras de valle y altiplano, además de una cultura alimentaria heredada de los pueblos indígenas quechuas, con una gran riqueza en cuanto a tradición culinaria y producción campesina con bajos insumos externos. En este proceso, la migración de población rural campesina a la ciudad ha sido otro factor determinante que ha influido en el crecimiento urbano de la ciudad, aunque todavía Sucre mantiene un amplio territorio rural (3 de los 8 distritos tienen una población de origen rural y campesina que ha traído consigo sus conocimientos y sus saberes). Esta característica ha determinado que esta población haya incorporado en sus actividades la agricultura, en sus múltiples actividades ofertadas en una ciudad en crecimiento acelerado, como son la albañilería, choferes, empleados de fábricas y otros, casi siempre dirigidos a varones. Las mujeres han tenido que asumir responsabilidades de amas de casa. En este contexto se inició el programa municipal en el año 2015 con el objetivo de aportar a la SSAN de las familias migrantes del campo, asumiendo de forma natural el liderazgo de esa actividad las mujeres amas de casa, especialmente de los distritos periurbanos y urbanos con población migrante. El proyecto tiene proyecciones de sustentabilidad alimentaria para la población sucrense, y ha mejorado la seguridad alimentaria y permite a los agricultores consumir alimentos de mejor calidad, ser autosostenibles e incrementar sus ingresos económicos. El subsistema ecológico está relacionado con el entorno, donde ocurren los sistemas alimentarios, y define las formas de administración de los recursos. Aquí se hace necesario ponderar la decisión de política institucional del gobierno boliviano a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP), de la FAO-Bolivia, del liderazgo del GAM de Sucre, de la Universidad San Francisco Xavier 68 POLÍTICAS PÚBLICAS Y SISTEMAS ALIMENTARIOS SUSTENTABLES de Chuquisaca y de varias organizaciones no-gubernamentales (ONG) y de cooperación internacional, involucradas de alguna manera con la Agricultura Urbana y Periurbana Agroecológica (AUPA) de Sucre, de hacer de la práctica agroecológica una herramienta imprescindible para la sustentabilidad. El subsistema de servicios y transformación constituye una intrincada red de comercialización que se define desde dos espacios: • Desde la transformación informal, artesanal, doméstica, caracterizada por: baja inversión, emprendimientos familiares relacionados con la multiactividad, es decir, precariedad en las relaciones económicas. La multiactividad como estrategia indígena campesina de los Andes y el control vertical de pisos ecológicos, relacionando el campo y la ciudad por los agricultores urbanos y periurbanos, ha sido aplicada de manera favorable aprovechando el clima favorable y las tecnologías de carpas solares para la producción agroecológica de hortalizas y frutas diversificadas que se convierten en una novedosa oferta en el mercado sucrense de alimentos. • Cada unidad familiar se ha constituido en pequeñas empresas comerciales asociadas en una organización matriz denominada Asociación Municipal de Agricultura Urbana y Periurbana Agroecológica (AMPU), que le permite acceder a infraestructura (carpas solares y sistema de riego), asistencia técnica y apoyo con la apertura de las ferias verdes para comercializar sus productos. También se ha recibido apoyo para la transformación de productos a través de una pequeña planta de transformación. IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO METODOLÓGICO DE LA EVALUACIÓN PARTICIPATIVA DE LA SUSTENTABILIDAD ALIMENTARIA EN LA AUP DE SUCRE CON BASE EN LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PTDI Y DE LOS PILARES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL PARA VIVIR BIEN DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA La evaluación participativa de la sustentabilidad alimentaria en Sucre se basó en los objetivos estratégicos del Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI), considerando 3 años de trabajo previo con base en políticas públicas, leyes nacionales, leyes municipales y el Programa Municipal de Agricultura Urbana y Periurbana agroecológica del GAM de Sucre. El proceso de aplicación de las dimensiones y sus indicadores contextuales se desarrolló en un marco de evaluación de sistemas alimentarios para actores no científicos, como organizaciones sociales, políticos 69 Maribel Aponte-García, David Choquehuanca, José M. F. Delgado, Ximena Campos, Carlos Silvestre y Elisabeth Buergi-Bonanomi y otros interesados en la sustentabilidad de los sistemas alimentarios, siendo la Asociación de Productores Urbanos y Periurbanos de Sucre (AMPU) la organización matriz para el desarrollo de la evaluación participativa y la ejecución de una acción piloto para la transformación del sistema alimentario hacia la sustentabilidad de sus 1 500 miembros y su repercusión en toda la población de la ciudad de Sucre, que tiene una población de 284 536 habitantes según proyecciones a 2017 (INEB, 2015). En la evaluación de las cinco dimensiones, cada indicador fue discutido en un grupo de actores del sistema alimentario (tratando de que estén presentes actores de todos los eslabones de las principales cadenas de valor), o evaluar en los lugares donde el sistema alimentario se puede observar. Para ello se han considerado las preguntas guías previamente elaboradas por el proyecto para cada dimensión e indicadores. Los indicadores y las dimensiones están claramente definidos para facilitar su aplicabilidad en el marco evaluativo y están diseñados para actores no científicos; esta flexibilidad consubstancial amplía el universo de actores y la hace versátil en su ajuste. El instrumento Food SAF posee también la cualidad de presentar una forma sencilla y simple de evaluación, pero al mismo tiempo abarca un entendimiento de alcance holístico de los sistemas alimentarios y los pilares claves de su sustentabilidad. La intención del marco de evaluación es su mejoramiento constante y su aplicación en varios lugares y sistemas alimentarios del mundo. La aplicación de las preguntas por cada indicador y sus dimensiones ha permitido cuantificar y cualificarlas, según ilustra el Gráfico 1, que permite ver claramente las debilidades y fortalezas del sistema alimentario de Sucre, visto desde la AUPA. El gráfico muestra que el indicador de impacto a la salud es el más alto, seguido del indicador de la huella de carbono y de la seguridad alimentaria a nivel del hogar, atribuyendo estos resultados a la alimentación de calidad y cantidad accesibles a partir de la producción que tiene la familia desde hace cuatro años, lo que la hace menos dependiente del mercado. Otros indicadores importantes son los de la participación efectiva y la organización social de los actores, porque a través de la asociación de productores urbanos y periurbanos fortalecidos por el apoyo técnico y financiero del GAM de Sucre y de otras instituciones como la universidad pública, dos organizaciones no gubernamentales (ONG) y la cooperación internacional, han logrado mejorar sus perspectivas de corto, mediano y largo plazo, identificando sus potenciales y debilidades. La dimensión más débil fue la de la pobreza y desigualdad (promedio 1.6), con valores bajos especialmente en los indicadores de acceso 70 POLÍTICAS PÚBLICAS Y SISTEMAS ALIMENTARIOS SUSTENTABLES a infraestructura, la capacidad de almacenar y procesar los alimentos, y el desempeño de las cadenas de valor, muy relacionados estos a la falta de información de los actores sociales del sistema, tanto en aspectos técnicos, sociales y de políticas públicas disponibles como en oportunidades para acceder a nuevos proyectos y programas, como por ejemplo, la apertura a mercados locales, el desconocimiento de las leyes nacionales y municipales, que se reconocen como fundamentales oportunidades para acceder a nuevos financiamientos. Gráfico 1. Resultado de la evaluación participativa de las cinco dimensiones de la sustentabilidad alimentaria en la AUP de Sucre Der ech a gic ló co e cio Conocimientos tradicionales o as ci ien sil Organización social Re No-discriminación 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 lim tal ien mb em Des p a eño aci ón Participación efectiva Seguridad alimentaria al nivel del hogar Relaciones de poder Capacidad de almacenar y procesar alimentos Huella de carbono Desempeño de las cadenas de valor ent Acceso a la información Impacto a la salud Manejo del paisaje la a Seguridad alimentaria Diversidad oa Fuentes y niveles de ingresos y gastos Acceso a infraestructura Pobreza y desigualdad Fuente: Informe de evaluación APT Sucre, producto del trabajo participativo en los talleres de evaluación de los sistemas alimentarios 2018 y con la aplicación de la herramienta Food SAF. Estas debilidades y potenciales identificados en la evaluación han sido la base para priorizar una acción piloto para la transformación de la sustentabilidad de los sistemas alimentarios, que ha determinado priorizar la formación continua de las agricultoras urbanas y periurbanas de la asociación municipal y de otras dos asociaciones (de la gobernación y de la ONG, Instituto Politécnico Tomás Katari, IPTK). Para ello, se ha elaborado participativamente una malla curricular prácticateórica para la formación de técnicos básicos en agroecología y diálogo de saberes. 71 Maribel Aponte-García, David Choquehuanca, José M. F. Delgado, Ximena Campos, Carlos Silvestre y Elisabeth Buergi-Bonanomi El proceso de formación de 43 técnicos auxiliares en agroecología y diálogo de saberes ha permitido fortalecer toda la cadena de valor y los eslabones de producción, transformación, consumo y comercialización, siendo fundamental su replicabilidad y devolución de lo aprendido a todos los miembros de la AMPU. Pero, por otro lado, puede permitir al gobierno autónomo municipal de Sucre precisar su inversión y el apoyo a la SSAN a partir de la AMPU en la perspectiva de llegar a toda la población de Sucre con alimentos de calidad y a un precio asequible. La operacionalización del sistema alimentario agroecológico de la AMPU se da en las cadenas de valor, donde se destaca a los actores en cada uno de los eslabones de la cadena, siendo el sistema alimentario agroindustrial y el campesino convencional sus principales competidores en el mercado de Sucre. Aun así, los ingresos económicos de las agricultoras urbanas y periurbanas se han incrementado en un 35% en 4 años, pero lo más resaltante que mencionan es el mejoramiento de la alimentación de la familia, en cantidad y calidad, teniendo una dieta diversificada y suficiente, haciéndolas menos dependientes de alimentos del sistema alimentario agroindustrial, que según sus testimonios es de mala calidad y tiene implicaciones para la salud. En las últimas décadas, la Agricultura Urbana y Periurbana Agroecológica se ha desarrollado en todo el mundo como una de las prácticas más interesantes de transformación territorial, económica y sociopolítica. La experiencia en el municipio de Sucre llega a un 7% de la población de forma directa e indirecta, generando empleo y recursos. Tiene 1 478 familias involucradas de forma significativa, se define como un fenómeno en extremo heterogéneo, versátil y complejo, capaz de adaptarse a contextos específicos y responder a una amplia serie de demandas y emergencias. Es un elemento de transformación multidimensional que demuestra su capacidad de impulsar procesos participativos de desarrollo local, regional, nacional y de empoderamiento sociocultural. Los productores están asociados y generan procesos productivos y de transformación en el marco de la economía plural, en proyectos como el kiosco saludable, que oferta comida saludable en las escuelas, tiene 203 productores certificados en producción limpia y ecológica y 43 productores titulados como técnicos auxiliares con apoyo de COMPAS y la Universidad de Berna, en Suiza, capacitación que les permite mejorar su vida y alimentarse mejor. Ellos luchan cada día por garantizar su soberanía alimentaria de forma sustentable. Con este ejemplo y muchos otros que conocemos en América Latina y el mundo, principalmente impulsados por gobiernos que buscan alternativas al modelo de desarrollo capitalista neoliberal, es muy claro que las políticas públicas y leyes municipales pueden coadyuvar en procesos participativos e incluyentes para impulsar sistemas alimentarios 72 POLÍTICAS PÚBLICAS Y SISTEMAS ALIMENTARIOS SUSTENTABLES sustentables con una inversión segura e impactos socioeconómicos y medioambientales positivos y visibles en el corto y mediano plazo, siendo fundamental su continuidad. Por ello, las políticas públicas dirigidas a fortalecer la SSAN en Bolivia y el mundo deben incidir en la alimentación y en sistemas alimentarios sustentables. En Bolivia se han dado pasos muy importantes en una normativa muy favorable, donde como en todo, existen errores a corregir y destacar los avances que se plantean en leyes participativas e inclusivas, donde el pueblo es el que determina los lineamientos; así por ejemplo, se han construido la Ley de agroecología, la Ley Marco de la Madre Tierra y el desarrollo integral, habiéndose avanzado en su implementación. La evaluación participativa de la sustentabilidad alimentaria y sus resultados es un ejemplo de ello. La Ley de los derechos de la Madre Tierra (Ley 071) fue promulgada en diciembre de 2011 y reconoce los derechos de la Madre Tierra y los deberes y obligaciones del Estado Plurinacional de Bolivia y de la sociedad boliviana (Artículo 1). En el artículo 2 se plantean 6 principios: armonía, bien colectivo, garantía de regeneración de la Madre Tierra, respeto y defensa de los derechos de la Madre Tierra, no mercantilización e interculturalidad. CADENAS DE VALOR, POLÍTICAS DE SSAN Y COMERCIO INTERNACIONAL EN LA ALIANZA BOLIVARIANA PARA LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICATRATADO DE COMERCIO DE LOS PUEBLOS (ALBA-TCP) Uno de los desafíos de las políticas públicas, enfocadas en la construcción de sistemas alimentarios sustentables e inclusivos, es el desarrollo de un método de análisis para promover la SSAN. En la sección anterior se planteó que una de las dimensiones más débiles de la evaluación fue la de los indicadores del desempeño de las cadenas de valor, muy relacionados estos con la falta de información de políticas públicas disponibles. Esta sección presenta hallazgos parciales de la conceptualización de un método general fundamentado en los conceptos de cadenas de valor vinculadas a bases de datos desarrollado por Aponte García (2014, 2015), y aplicado al caso de Bolivia bajo el proyecto de Rumbo a la Sustentabilidad Alimentaria. El objetivo es poder analizar la relación entre los componentes de la cadena de valor y las leyes, los planes y las políticas públicas. La investigación incorporó métodos mixtos. Los hallazgos se fundamentan en un análisis de las leyes y decretos disponibles en Gaceta Oficial de Bolivia,5 FAOLEX6 y en Eyzaguirre (2015). 5 Ver http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/ 6 Ver http://www.fao.org/faolex/country-profiles/general-profile/en/?iso3=BOL 73 Maribel Aponte-García, David Choquehuanca, José M. F. Delgado, Ximena Campos, Carlos Silvestre y Elisabeth Buergi-Bonanomi Todas las referencias provienen de estas fuentes a menos que se indique otra referencia. HALLAZGOS Esta sección resume hallazgos según componentes de la Figura 1 –suministros de insumos; producción de alimentos; procesamiento y empaque; distribución y consumo– en su relación con las leyes, decretos y planes de desarrollo. Bajo cada componente se destacan leyes y planes para ilustrar cómo el Estado Plurinacional de Bolivia articuló la SSAN. Luego se incluye una sección sobre el ALBA-TCP. SUMINISTROS DE INSUMOS. LA RESERVA ESTRATÉGICA DE ALIMENTOS Para garantizar el suministro de insumos el Estado establece una reserva estratégica de alimentos incluyendo arroz, trigo, maíz y azúcar para estabilizar el mercado y poder garantizar una redistribución para la SSAN, precios justos a los productores y redistribución a los consumidores (Ministerio 2016: 58). Ya para 2015 los porcentajes de demanda cubierta fueron: 37 (trigo), 17 (maíz) y 12 (arroz), garantizando un precio justo al productor y al consumidor. Para algunas regiones se priorizan productos estratégicos: maíz, papa, trigo, ají, maní y cebada (Ley N° 3 407/2006), así como actividades ganaderas, bovina, ovina, porcina y avícola. El Estado Plurinacional de Bolivia (EPB) fortalece la producción nacional y regula, mediante decretos, la importación-exportación en función de la reserva estratégica. Bolivia se une así al bloque de países con reservas estratégicas, medida que la Organización Mundial del Comercio (OMC) rechaza, aunque los porcentajes de demanda cubierta todavía son bajos y se concentran en La Paz y Cochabamba. La reserva estratégica ha jugado un rol importante en la estabilización de insumos y aprovisionamiento de productores y consumidores. PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS. LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES Y EL MOVIMIENTO HECHO EN BOLIVIA La Constitución (2009) tiene varios artículos que favorecen a los pequeños productores. La Ley N° 338/2013 regula la agricultura familiar sustentable y las actividades familiares diversificadas realizadas por las Organizaciones Económicas Campesinas Indígenas Originarias (OECAS), las Organizaciones Económicas Comunitarias (OECOM) y las familias productoras indígenas originarias campesinas, interculturales y afro-bolivianas, cuyo objetivo primordial es contribuir a la soberanía alimentaria y la SSAN. El “Sello Hecho en Bolivia” (2015) promueve el consumo de la producción nacional, y el “Sello Social Boliviano” (DS N° 2 738 /2016) se otorga a unidades productivas que 74 POLÍTICAS PÚBLICAS Y SISTEMAS ALIMENTARIOS SUSTENTABLES incorporen materia prima e insumos provenientes de la agricultura familiar sustentable. La política pública “Hecho en Bolivia” es parte del sistema de fortalecimiento y promoción de la producción nacional. En el mercado interno se han desarrollado procesos de sensibilización y toma de conciencia del contenido social del consumo, en el entendido de que, por ejemplo, en el municipio de Sucre de cada 200 empresas, 199 son microemprendimientos familiares generadores de autoempleo y empleo, con bajo capital en general manufacturero. Esta realidad genera presión en las ciudades y precariedad; sin embargo, el programa de incentivos ha previsto como destino la producción nacional; el año 2018, un 15% del doble aguinaldo pagado por instituciones públicas y privadas ha llegado a 1.5 millones de personas de un universo de 4.73 de la población económicamente activa (Campos, 2020). Otra pieza clave es la creación del Sello Social Boliviano (Decreto Supremo N° 2 738/2016), que se otorga a “todas las unidades productivas de la agricultura familiar sustentable y las de industrialización que incorporen materia prima e insumos provenientes de la agricultura familiar sustentable”. Algunos autores plantean que, aunque contempla “la inclusión de las micro y pequeñas empresas, asociaciones de productores urbanos y rurales, OECAS, cooperativas y asociaciones sin fines de lucro legalmente constituidas como sujetos participantes del proceso de contratación, la práctica muestra que las grandes empresas bolivianas se benefician más de este decreto que las pequeñas organizaciones de productores” (Cotera et al., 2009: 59). La Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB), fundada en 1991, y única representante de los productores ecológicos, afilia a 85 organizaciones, distribuidas en 77 municipios. AOPEB cuenta con 70 000 productores registrados, entre los ecológicos y orgánicos certificados. En términos generales, la producción agroecológica se destina al autoconsumo y mercados locales (incluyendo tiendas y ferias ecológicas). No existe una diferenciación de precios con respecto a los productos convencionales y tampoco se benefician del Precio Justo. Los productos orgánicos y algunos agroecológicos se mercadean por comercio justo en coordinación con la cooperación internacional. Los productos orgánicos exportados son café, quinua, cacao y almendra. Algunos productos agroecológicos (quinua, café, cacao, castaña, amaranto y frijoles) se exportan principalmente al mercado europeo y a los Estados Unidos; un pequeño volumen se exporta a Japón. Estos productos contienen un gran potencial para constituirse como eje de las políticas agrícolas y comerciales sustentables para la SSAN. 75 Maribel Aponte-García, David Choquehuanca, José M. F. Delgado, Ximena Campos, Carlos Silvestre y Elisabeth Buergi-Bonanomi PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, PROCESAMIENTO, EMPAQUE Y DISTRIBUCIÓN. EMPRESAS PÚBLICAS Y COMPLEJOS PRODUCTIVOS A LO LARGO DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN Para poder promover las alternativas, el Estado necesita crear unas estructuras gubernamentales que coordinen, a lo largo de la cadena de producción y distribución, la actividad socioeconómica. Lo más contundente es la creación de los complejos productivos estratégicos que cuentan con empresas públicas y conforman conglomerados que reestructuran las cadenas de producción y distribución e impactan el régimen comercial y las políticas gubernamentales agrícolas. El funcionamiento de las empresas públicas y de los conglomerados estará apoyado por el funcionamiento de agencias y servicios de desarrollo. El Estado crea estructuras gubernamentales para coordinar la gobernanza de la cadena para la SSAN (Ley N° 466/2013), e invierte en complejos productivos priorizados: frutas, coca, carnes, hortalizas, endulzantes, madera, insumos para la producción, transformaciones de productos amazónicos, granos, papa y lácteos. Cada complejo es apoyado por agencias y servicios de desarrollo tales como PRO-BOLIVIA, PROMUEVE-BOLIVIA e INSUMOS-BOLIVIA. Al 2016 se habían canalizado 1 629 MUSD en inversión para la industria pública manufacturera (2006-2016), incluyendo 13 empresas públicas, 20 plantas de operación; 12 en proceso de construcción y/o implementación, generando 2 734 empleos directos (1 077 mujeres y 1 657 hombres) y 27 586 empleos indirectos (Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, 2017: 2-3). Esta inversión “está dirigida a los 13 complejos productivos priorizados”: frutas, coca, carnes, hortalizas, endulzantes, textiles, madera, insumos para la producción, transformación de productos amazónicos, granos, papa y lácteos. Para 2017 ya había algunas empresas en operación: EMAPA (Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos), Enatex (Empresa Pública Nacional Textil), Quipus (Equipos Tecnológicos), Papelbol (Papeles de Bolivia), Cartonbol (Cartones de Bolivia), Lacteosbol (Empresa de Lácteos de Bolivia), EBA (Empresa Boliviana de Almendras y Derivados) y Promiel (Empresa Promiel). Otras empresas estaban en construcción [Easba (Empresa Azucarera San Buenaventura), Yacana (Empresa Yacana), Ecebol (Empresa Pública Nacional Estratégica de Cemento de Bolivia) y Envibol (Envases de Vidrio de Bolivia)]; y otras en fase de diseño [(Empresa Estratégica de Producción de Abonos y Fertilizantes), de semillas (Empresa Estratégica de Producción de Semillas) y la Empresa Pública Sank’ayu]. Entre las empresas destacamos la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), creada mediante Decreto Supremo N° 29 230/2007, la cual apoya y comercializa la producción 76 POLÍTICAS PÚBLICAS Y SISTEMAS ALIMENTARIOS SUSTENTABLES agropecuaria, estabilizando el mercado. EMAPA cuenta con infraestructura alquilada o propia (aproximadamente 42 sucursales) y los SUPER EMAPAS (supermercados), para comprar y distribuir alimentos. En la actualidad, EMAPA no atiende el mercado externo. Los precios justos están determinados mediante Decreto Supremo N° 3 127/2017, sobre la base del precio del mercado menos el 10%. Se establecen bandas de precios para el arroz, maíz amarillo y trigo, y EMAPA realiza el acopio. A nivel interno, las transformaciones más significativas están dadas por la articulación de la inversión pública que redefine los términos de las políticas. La configuración de complejos productivos con una fuerte inversión pública son la respuesta del Estado para transformar el país frente a los intereses tradicionales vinculados a una estructura de la propiedad y de la tierra que condujo a la sociedad boliviana a altos niveles de desigualdad y de pobreza. Pero el montaje de esta estructura alternativa toma tiempo y está marcada por sus propios problemas y limitaciones. Estas transformaciones se apoyan en la Ley N° 466/2013 que plantea que para garantizar el cambio del patrón primario exportador, la empresa pública, a nombre del pueblo boliviano, asume un rol protagónico en el proceso de implementación del modelo económico productivo a través de la administración del derecho propietario sobre los recursos naturales, el control estratégico de los circuitos productivos y la generación de procesos de industrialización, para producir bienes y servicios con valor agregado que permitan cubrir las necesidades básicas del mercado interno, y generar y fortalecer sus capacidades exportadoras con los excedentes. El Decreto Supremo N° 29 339/2007 aprueba el Programa Productivo para la SSAN 2008, en el marco del nuevo modelo de desarrollo productivo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien”. En su Artículo 2° (Fortalecimiento de la producción nacional) este programa plantea la intervención en tres niveles: Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos - EMAPA, apoyará la producción de trigo, arroz, maíz, soya y proveerá insumos agropecuarios; Semilla de Papa - SEPA, trabajará en apoyo a la producción y provisión de semilla de papa; y el sector privado comunitario, el cual apoyará la producción de maíz, choclo, papa, tomate y cebolla. En 2011, mediante la Ley N° 144 /2011 de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, EMAPA es constituida como Empresa Pública Nacional Estratégica, “con el objeto de apoyar a los sectores de la cadena productiva de alimentos, la producción agropecuaria y 77 Maribel Aponte-García, David Choquehuanca, José M. F. Delgado, Ximena Campos, Carlos Silvestre y Elisabeth Buergi-Bonanomi agroindustrial, en productos que sean deficitarios en Bolivia, contribuir a la estabilización del mercado interno de productos agropecuarios y agroindustriales, y a la comercialización de la producción agrícola en el mercado interno y externo”.7 La empresa está presente en casi toda la cadena productiva de lo que es apoyo al sector primario. Cuenta con infraestructura alquilada o propia: aproximadamente 42 sucursales distribuidas a nivel nacional. Con los SUPER EMAPAS (supermercados), la empresa también participa de un enfoque más comercial. EMAPA compra y distribuye alimentos. “Eso permite que el productor garantice la producción como tal al Estado y el Estado también tenga la reserva, pero paralelamente nosotros a la población llegamos de manera general con un precio a costo que les permita beneficiarse de la producción” (Entrevista EMAPA, 2017). DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO. ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y SUBSIDIO A LA LACTANCIA La Ley N° 622/2014, Ley de Alimentación Escolar en el Marco de la Soberanía Alimentaria y la Economía Plural, regula la alimentación complementaria escolar, distribuyendo responsabilidades a los diferentes niveles de gobierno y fomentando la economía social comunitaria a través de la compra de alimentos de proveedores locales. En este contexto, la Ley N° 622 fija los principios que rigen las contrataciones con proveedores locales de alimentos, estando estos últimos integrados por: asociaciones de pequeños productores rurales; Organizaciones Económicas Campesinas Indígenas Originarias (OECAS); Organizaciones Económicas Comunitarias (OECOM); familias productoras indígenas originarias campesinas, interculturales y afrobolivianas organizadas en la agricultura familiar sustentable (Cotera, et al., 2009: 60). El desayuno escolar es una competencia de las municipalidades (Ley N° 1 151 - Ley de Participación Popular). En la contratación de alimentos se preverá que los productos sean elaborados con materias primas de producción nacional (Artículo 48.IV del Decreto Supremo N° 27 328) (Cotera, et al., 2009: 60). La materia prima local debe cumplir con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 25 963/2000, que establece que se deberá incorporar en sus componentes sólidos elaborados con harina de trigo, de cereales como soya, maíz, amaranto, cañahua y quinua, o combinaciones compuestas entre estos o en forma individual, para constituir harinas mixtas denominadas “Bolivariana”. Antes de que se implementaran estas políticas públicas y las leyes, los productos que las comunidades rurales recibían para la elaboración 7 78 Ver http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/bol140124.pdf POLÍTICAS PÚBLICAS Y SISTEMAS ALIMENTARIOS SUSTENTABLES de los alimentos complementarios en el desayuno escolar provenían principalmente de las donaciones que recibían de los países desarrollados, productos que en su mayoría eran externos al contexto de las comunidades y que influyeron de cierta manera en el cambio de los hábitos alimenticios de la nueva generación de estudiantes que seguramente tendrán a largo y mediano plazo problemas de salud. El “Subsidio Universal Prenatal por la Vida” consiste en la entrega a la madre gestante beneficiaria de 4 paquetes de productos en especie equivalentes cada uno a un monto de 300 Bs. Los productos y proveedores que integran el Subsidio son establecidos por el Ministerio de Salud en reglamentación específica, priorizando alimentos locales de alto valor nutritivo. La compra y distribución del Subsidio está a cargo del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas (SEDEM). La nómina de beneficiarias es proporcionada mensualmente al SEDEM por el Ministerio de Salud, a través de la Unidad Ejecutora “Bono Juana Azurduy”. El Subsidio de Lactancia es un beneficio garantizado por el Estado por varias leyes y reglamentos (Código de Seguridad Social, Reglamento de Asignaciones Familiares, Ley 3 460 de Fomento a la Lactancia Materna y Comercialización de sus Sucedáneos). Es entregado en todo el país a las madres gestantes hasta que los bebés cumplan un año de edad. El Programa Nacional de Alimentación Complementaria Escolar (PNACE 2015-2020) de 2015 representa un avance para fomentar la economía social comunitaria mediante la compra de alimentos a los proveedores locales. De esta manera, los pequeños productores pueden encontrar espacios normados para que su producción sea ofertada en el ámbito escolar y pueda crearse un círculo productivo de beneficio tanto para el productor como para las escuelas. La implementación de este programa atribuye responsabilidades a los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales, y a las Autonomías Indígenas Originarias Campesinas para que realicen la Alimentación Complementaria Escolar coordinándose con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. PNACE ha sido elaborado por el Ministerio de Educación con el apoyo de la FAO y está dentro del Plan Nacional de Desarrollo Bolivia Digna, Productiva y Democrática para Vivir Bien. CADENA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN. COMERCIO INTERNACIONAL Y EL ALBA-TCP En el ámbito del comercio internacional, el 22 de enero de 2020 el gobierno de transición aprueba el decreto supremo liberando las exportaciones a todos los productos agrícolas como el azúcar y el aceite, que es casi en 100% de soya transgénica, también alimentos concentrados 79 Maribel Aponte-García, David Choquehuanca, José M. F. Delgado, Ximena Campos, Carlos Silvestre y Elisabeth Buergi-Bonanomi para pollos, favoreciendo a unos cuantos empresarios de las logias cruceñas y desfavoreciendo el mercado interno. Actualmente ya han subido los precios de algunos productos.8 El Estado Plurinacional de Bolivia definió una política económica y social para enfrentar situaciones de desabastecimiento y especulación de precios en el mercado interno, misma que consideró mecanismos de excepción y de controles adicionales en los flujos comerciales de exportación e importación de los principales productos de la canasta familiar y su comercialización a nivel nacional, y de aquellos insumos necesarios para garantizar el abastecimiento de la demanda interna de alimentos. El Decreto Supremo N° 29 524/2008 en lo referente al “Certificado de Abastecimiento Interno y Precio Justo”, determina que el Ministerio Desarrollo Productivo y Economía Plural, con base en informes técnicos de verificación de abastecimiento interno y precio justo a través del Observatorio Agroambiental y Productivo, dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, emite el “Certificado de Abastecimiento Interno y Precio Justo” a las empresas exportadoras de los principales productos agropecuarios, como es el caso de la soya. Esta medida permitió garantizar el abastecimiento del mercado interno y garantiza precios justos para la población en general, medidas que fueron abrogadas a través del Decreto Supremo N° 4 139 del 22 de enero de 2020 por el gobierno transitorio, dejando sin efecto la emisión del certificado de abastecimiento interno y precio justo; asimismo; este decreto presenta un anexo con suspensión temporal de la exportación de trigo, arroz y sus derivados. La liberación de exportación de productos agrícolas como la soya y sus derivados causa daños colaterales al aparato productivo del Estado. Al productor le resulta más atractivo el monocultivo de la soya que presenta mejor rentabilidad. Al no existir ninguna restricción, da vía libre a su producción, quedando relegados otros cultivos agrícolas como es el caso del maíz, que se ve afectado por esta producción intensiva de soya, generando subidas de precios. Si bien es prematuro hablar de afectación de precios en el mercado por el Decreto Supremo N° 4 139, se realizó el siguiente análisis de precios de los principales productos agrícolas en los mercados de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz considerando dos momentos: un primer momento tomando datos de 4 meses antes de las elecciones del 20 de octubre de 2019, y un segundo momento 4 meses después, según datos oficiales publicados por el Observatorio Agroambiental y Productivo. De acuerdo con el Gráfico 2 se puede apreciar: incremento del precio de la carne de pollo (kg) en un 3.24%, incremento del precio del maíz 8 80 Ver https://www.lahaine.org/mundo.php/bolivia-liberacion-de-exportaciones-y POLÍTICAS PÚBLICAS Y SISTEMAS ALIMENTARIOS SUSTENTABLES amarillo (qq) en un 24.23%, incremento del precio del sorgo (qq) en un 4% y el incremento del precio de la soya en grano (qq) en un 8.48%. Podemos concluir que los precios de los principales productos agrícolas de exportación se vieron afectados por el momento político de transición que atraviesa el Estado. La producción de maíz para la gestión pasada sufrió la reducción de la superficie sembrada en un 22%, según datos de la ANAPO, donde se puede apreciar una elevación de precios preocupante, y que ahora con el DS 4 139 la producción de maíz entra en competencia con la producción de la soya en cuanto a la superficie sembrada. Precios bolivianos Gráfico 2. Promedio de precios de los principales productos agrícolas de exportación de las principales ciudades capitales del Estado Plurinacional de Bolivia (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00 0.00 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Sept-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 Ene-20 Feb-20 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Sept-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 Ene-20 Feb-20 Carne de pollo entero kg 13.50 9.79 13.74 12.65 14.12 13.02 12.57 12.21 13.93 Maíz amarillo duro qq 86.67 78.33 85.00 82.50 90.17 90.00 55.00 109.33 107.67 Sorgo qq Soya en grano qq 83.33 70.00 70.00 70.00 71.00 72.67 43.33 83.33 86.67 186.67 203.33 203.33 196.67 196.67 196.67 128.33 128.33 202.50 Fuente: Elaboración Carlos Silvestre con base en datos de los mercados de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz del Observatorio Agroambiental y Productivo - Ministerio Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT). Disponible en http://www. observatorioagro.gob.bo/. LA CADENA Y EL ALBA-TCP. ACUERDOS COMERCIALES QUE INFLUYEN EN LA SSAN La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) surge como una iniciativa de Venezuela y Cuba a principios del siglo XXI. Se contextualiza en el panorama de la región caracterizado por gobiernos progresistas, boom de los commodities, y alejamiento del control de Estados Unidos. En la actualidad, los Estados miembros del ALBA-TCP y sus respectivas fechas de incorporación, son los siguientes: Venezuela (2004), Cuba (2004), Bolivia (2006), Ecuador (2009), Nicaragua (2007), Dominica (2008), Antigua y Barbuda (2009), San Vicente y las Granadinas (2009), Surinam (2012), Santa Lucía (2013), Granada (2014) y San Cristóbal y Nieves (2014). Ecuador se retira del ALBA-TCP en 2018. Honduras se integró al ALBA en 2008 pero fue suspendido en 2009 luego del golpe de Estado a Manuel Zelaya (Aponte-García, 2019: 173). 81 Maribel Aponte-García, David Choquehuanca, José M. F. Delgado, Ximena Campos, Carlos Silvestre y Elisabeth Buergi-Bonanomi El 15 de noviembre, cinco días después de la renuncia del presidente Morales, el gobierno de transición de Bolivia anunció la ruptura de relaciones con Venezuela y la salida de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).9 El 24 de enero de 2020, el gobierno de transición también anuncia el rompimiento de relaciones con Cuba y abre la puerta a Estados Unidos, dando fin al distanciamiento del gobierno de Morales con ese país.10 El ALBA-TCP articula una propuesta de soberanía alimentaria lanzada a partir del año 2008, que incluye, entre otros procesos, la designación de rubros estratégicos (maíz, soya, quinua, trigo, cacao, entre otros), el lanzamiento de empresas grannacionales (empresas públicas mixtas de dos o más países miembros del ALBA-TCP) y la articulación de un sistema de distribución y mercadeo alternativo. Las empresas grannacionales (EGN) son empresas estatales mixtas de dos o más países miembros del ALBA-TCP que comparten la propiedad y que se enfocan en el comercio intra-ALBA-TCP (Aponte-García, 2019: 175-176). El comercio intra-regional del ALBA-TCP crece en términos generales hasta 2011 y luego muestra una reducción que se enfatiza a partir de la muerte de Hugo R. Chávez y el recrudecimiento de las sanciones y represalias de Estados Unidos contra Venezuela (ver Aponte-García, 2019: 179). Cuando consideramos las exportaciones de alimentos de varios países miembros del ALBA-TCP a dicho bloque, según ilustra el Gráfico 3, vemos que el rol de Bolivia, así como el de Nicaragua, son significativos. Los datos de Bolivia y Nicaragua muestran una reducción a partir de 2012 y 2013, respectivamente. Cuando el gobierno de transición retira a Bolivia del ALBA-TCP, y a su vez rompe relaciones con Cuba, el bloque se debilita más y se vulnera la SSAN regional tanto como la nacional. En años recientes, el recrudecimiento de la guerra económica interna en Venezuela ha socavado las alternativas alimentarias para la población, y aunque el gobierno ha establecido nuevas Misiones y mecanismos para aliviar la situación (Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), entre otras), la situación afecta la capacidad de importación de Venezuela en divisas y, por ende, al ALBA-TCP. Entre las EGN que se han creado en el ámbito de alimentos, han figurado iniciativas en pesca, acuicultura y producción de granos. Lubbock (2017: 4) ha identificado varias EGN: la Planta de Procesamiento de Soja “Eulalia Ramos” en Venezuela, establecida a través de un acuerdo entre Venezuela, Cuba y Bolivia; la GNE de 9 Ver https://planoinformativo.com/697463/bolivia-rompe-relaciones-con-venezuela-sale-de-alba-y-podria-dejar-unasur 10 Ver https://es.panampost.com/mamela-fiallo/2020/01/24/bolivia-cuba-eeuu/ 82 POLÍTICAS PÚBLICAS Y SISTEMAS ALIMENTARIOS SUSTENTABLES ALBA Alimentos de Nicaragua creada en 2007 entre la Corporación de Alimentos de Venezuela (CVAL) y la compañía ALBA Alimentos con sede en Nicaragua. 600 000 Gráfico 3. Exportaciones de alimentos al Bloque ALBA-TCP en miles dólares US a precios corrientes 400 000 200 000 Bolivia (Estado Plurinacional de) Cuba Nicaragua Venezuela (República Bolivariana de) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 0 Fuente: Elaboración de Maribel Aponte García con base en https://unctadstat.unctad.org. EMAPA de Bolivia es además la contraparte de la Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL) en el establecimiento de empresas públicas mixtas en el contexto del ALBA-TCP. Según la Ley N° 244/2012 se constituye la Grannacional de Producción de Alimentos. Asimismo, se definen dos áreas de producción en ambos países. “En Bolivia se identificaron 500 hectáreas en el municipio de Pailón, Santa Cruz, para el cultivo de granos. En Venezuela se sembrarán hasta 500 hectáreas de arroz en el municipio de Guanarito, del Estado Portuguesa”. En el preacuerdo, ambos países garantizan el abastecimiento de alimentos y se establece que “ambos países deben ayudar a encarar la provisión de alimentos para ambos pueblos”.11 Aunque la difícil situación política en Venezuela ha afectado el funcionamiento de la grannacional, y en 2017 se planteaba que se estaban reactivando los convenios para promover intercambios en trigo y soya (entrevista a Gerente General de EMAPA, 2017), el cambio de gobierno que se dio en Bolivia afecta el proceso, pues Bolivia se retira del ALBA-TCP y rompe relaciones con Cuba. EL CAMBIO DE GOBIERNO Y LA SSAN. A MANERA DE CONCLUSIÓN En los 14 años de gobierno del presidente Morales, la seguridad y la soberanía alimentaria eran parte transversal de las políticas públicas y de los programas y proyectos impulsados, aunque coexistían con un sistema alimentario agroindustrial, impulsado por el capitalismo 11 Ver http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2013/0526/noticias.php?id=95726 83 Maribel Aponte-García, David Choquehuanca, José M. F. Delgado, Ximena Campos, Carlos Silvestre y Elisabeth Buergi-Bonanomi corporativo de las transnacionales, que en Bolivia han sido asumidas por pequeñas élites concentradas en el agronegocio cruceño, que justamente son los sectores que han impulsado la renuncia del presidente Morales a través del comité cívico cruceño y otros sectores conservadores, que han hegemonizado en los anteriores gobiernos neoliberales las políticas relacionadas con la alimentación. El candidato a la presidencia de Bolivia por el Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, denunció que el “golpe de Estado también fue económico” y sostuvo que “el gobierno de facto que encabeza Jeanine Áñez está intentando revertir todos los avances conseguidos durante el mandato de Evo Morales, para privatizar las instituciones y las empresas del Estado”.12 Estos cambios en las políticas públicas afectan a la SSAN de diversas maneras. En el ámbito de los saberes ancestrales, se desata una persecución contra los líderes y los símbolos indígenas, que en su carácter represivo ha redundado en muchos muertos, detenidos, golpeados y perseguidos. La quema de las banderas Wiphala, símbolo de lo plurinacional, así como de acusaciones de lo indígena como “rituales satánicos”, denotan un racismo exacerbado y la hegemonía de una sola visión de vida. Esto ha constituido un ataque y menosprecio al legado de los saberes ancestrales que nutrieron las políticas de SSAN y que se presentan no solo como alternativas a la crisis alimentaria en Bolivia, sino a nivel global. A nivel nacional, el gobierno de transición anuncia la privatización de algunas empresas estatales y se abre a las políticas internacionales de libre mercado que han favorecido a las élites de este país y sirven a las grandes corporaciones del capitalismo mundial. El Ministerio de Desarrollo Productivo aseguró que coadyuvará y apalancará todas las iniciativas privadas que se puedan presentar desde la micro, pequeña, mediana y gran empresa.13 Para canalizar esto, el Ministerio realizará una auditoría a todas las empresas públicas. El planteamiento esboza que, de las 28 empresas estatales, 16 son consideradas entidades públicas con déficit operacional, que generan pérdidas al Estado, y esto se plantea como justificación para su privatización. Entre las identificadas, solo se incluyen las siguientes del sector alimentario y agrícola: EMAPA, Cartonbol, Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA), Empresa Pública YACANA (textilera) y EBA (Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados).14 12 Ver https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202001201090188690-luis-arce -golpe-en-bolivia-tambien-fue-economico/ 13 Ver https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/posesionan-viceministra-produccion -gerentes-emapa-sedem/20191204174952739705.html 14 Ver https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_articulo=296443 84 POLÍTICAS PÚBLICAS Y SISTEMAS ALIMENTARIOS SUSTENTABLES El 11 de febrero de 2020 se anuncia la suspensión del pago del bono Juana Azurduy, creado en 2009 para beneficio de mujeres embarazadas, madres y menores de dos años. Desde su creación hasta 2018 fueron beneficiadas más de dos millones de madres y menores. “Los beneficios del programa fueron ampliados desde 2015 con la implementación del Subsidio Universal Prenatal ‘Por la Vida’, que consiste en la entrega de alimentos nutritivos destinados a las gestantes”.15 El retorno paulatino de las políticas de privatización, no solo de empresas estratégicas, sino de tierras comunitarias que se han sentido en estos últimos tres meses que ha asumido el “gobierno transitorio”, da claras señales de que el neoliberalismo es un riesgo latente no solo para Bolivia sino para América Latina en su conjunto, porque coarta un proceso de búsqueda de alternativas al desarrollo capitalista, donde las políticas del Vivir Bien y un plan de desarrollo económico social que ha garantizado la estabilidad económica del país, se verían truncadas, en un momento donde Bolivia destaca por tener una Constitución Política del Estado muy de avanzada y un plan de desarrollo que es considerado como la interfase para el vivir bien. En esta difícil coyuntura, la esperanza es que el proceso de cambio iniciado en el año 2005 pueda prevalecer en las elecciones a realizarse en mayo de 2020, y puedan retomarse los grandes avances del legado de la revolución alimentaria implementada en los últimos 14 años en el Estado Plurinacional de Bolivia. BIBLIOGRAFÍA AGRUCO (2000). Experiencias colectivas de las comunidades. Revalorización de la sabiduría de los pueblos indígenas originarios de los Andes. Cartillas de revalorización. Cochabamba: UMSS / AGRUCO / COSUDE / COMPAS. Aponte-García, M. (2014). El Nuevo Regionalismo Estratégico. Los Primeros Diez Años del ALBA-TCP. Buenos Aires: CLACSO. Disponible en http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/ becas/20141117115005/nuevo.pdf Aponte-García, M. (2015). La Soberanía Alimentaria en la Alianza Bolivariana y el Comercio Intra-regional Intra-ALBA, con Énfasis en Bolivia. En A. Baudoin Farah y E. Bishelly (Coords.), Teoría y Praxis de la Soberanía Alimentaria. 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Tenía el objetivo de describir la asistencia económica de Estados Unidos en el siglo XXI, situándola en un espectro que iba desde la injerencia absoluta hasta la subversión política e ideológica contra el gobierno de Evo Morales. El texto fue presentado en el marco del X Congreso de la Asociación de Estudios Bolivianos que se desarrolló en julio del mismo año. En la primera parte, se realiza un breve repaso de la asistencia económica que dio Estados Unidos a Bolivia durante el siglo XX, mediante la descripción de sus principales motivaciones y características. Posteriormente, a través de una sistematización de los datos obtenidos en fuentes oficiales, se describe el monto, los destinos y actores de esta asistencia económica en el presente siglo; apartado, donde se procura explicar los objetivos específicos de la misma y sus motivaciones. En el tercer acápite, se analiza el papel de la asistencia económica estadounidense como un mecanismo de subversión política e ideológica contra el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS). Finalmente, se concluye el artículo con una breve reflexión post golpe, y los riesgos de tener nuevamente un país ocupado por Estados Unidos. 89 Loreta Tellería Escobar LA ASISTENCIA DE ESTADOS UNIDOS A BOLIVIA EN EL SIGLO XX Durante el siglo XX, la presencia estadounidense en Bolivia se incrementó paulatinamente. Si bien se inició con intereses de naturaleza financiera íntimamente relacionados con la explotación de los recursos naturales, con los años se amplió al relacionamiento entre ambos gobiernos a través de la dotación de créditos y asistencia económica. La venta de estaño, considerado un mineral estratégico en las contiendas bélicas de la primera mitad del siglo XX, introdujo una relación umbilical entre los gobiernos bolivianos, sistemáticamente abatidos por la pobreza, y los gobiernos de Estados Unidos, ávidos del control de este mineral. Esto produjo una secuencia de hechos históricos, donde Bolivia cumplía el dramático rol de “proveedor subyugado” y altamente dependiente, no solo en la fijación de precios del mineral estratégico, sino de la asistencia estadounidense. En un país donde la mayoría de su población indígena vivía al margen de la cualidad ciudadana, y cuyas élites apostaban por una cultura colonial que oscilaba entre el feudalismo y el extractivismo minero, sustentada en un aparato público prebendal con características antinacionales, no es raro descubrir que los gobiernos apelaban constantemente a las inversiones de empresas estadounidenses y créditos gubernamentales para financiar, en un caso, el erario público, siempre al límite de la sobrevivencia; o en otro, la construcción institucional del propio Estado.1 Sin desmerecer los pequeños lapsos de gobiernos nacionalistas que tuvo Bolivia tras la contienda del Chaco y la generación de una nueva conciencia nacional, como fueron los gobiernos militares de David Toro, German Busch (1936-1939) y Gualberto Villarroel (19431946), el común denominador de los gobiernos bolivianos fue solicitar/aceptar la asistencia de Estados Unidos, ya fuera esta económica, militar o política. En la década de los cuarenta, el presidente Enrique Peñaranda puede ser considerado uno de los gobernantes de mayor influencia estadounidense, lo que se vio reflejado en tres hechos categóricos: a) la firma del primer pacto de asistencia militar de ambos gobiernos 1 Por ejemplo, en 1922, bajo la presidencia de Bautista Saavedra, se obtuvo un préstamo de 33 millones de dólares de la firma James Stifel Nicolaus & Cía., destinados a aliviar la economía y atender al desarrollo de obras públicas (Sanjinés Goitia, 1996: 30). En 1927, el entonces presidente, Hernando Siles, fue asesorado por una misión de Estados Unidos denominada misión “Kemmerer”, que fue la proyectora de la Ley de Bancos, la creación del Banco Central, la Contraloría General y de una reforma impositiva (Mesa Gisbert, 2014: 90). 90 LA ASISTENCIA DE ESTADOS UNIDOS A BOLIVIA EN EL SIGLO XXI en 1941, que se constituyó en el inicio de un largo periodo de injerencia militar en Bolivia; b) la aprobación de la Resolución Suprema mediante la cual Bolivia se comprometía al pago de indemnización a la Standard Oil en 1942, empresa que había sido previamente nacionalizada por el gobierno de Toro; y c) la firma de una acuerdo de cooperación con Estados Unidos, con base en el cual llegó al país una misión de expertos presidida por Marvin Bohan, cuyo plan consistió en la diversificación económica y la articulación caminera, con un presupuesto calculado en 88 millones de dólares. Según Sergio Almaraz, el Plan Bohan respondía “a las necesidades de guerra de Estados Unidos: minerales y goma para la industria, alimentos, maderas y petróleo para las minas bolivianas de estaño. Estos objetivos configuraban el carácter general del plan y reflejaban los intereses del capital financiero norteamericano” (Almaraz, 1958: 144). Una década después, otro hito de la asistencia de Estados Unidos a Bolivia se da en marzo de 1951, bajo la presidencia de Mamerto Urriolagoitia, cuando se establece el Convenio relativo al Punto Cuarto para la Cooperación Técnica entre Estados Unidos y Bolivia. Este Convenio abarcaba los campos de salud, educación, agricultura y construcción de caminos, e implicaba la respectiva liberalización de impuestos a los fondos monetarios y materiales, así como a personal estadounidense que operaba en el país (Ministerio de la Presidencia, 2014: 8). Dicha asistencia, que en términos formales y retóricos buscaba el “desarrollo” de Bolivia, se expandió a plenitud en los gobiernos de la Revolución Nacional (1952-1964). Tanto Víctor Paz Estenssoro como Hernán Siles Zuazo representaron la abdicación de los ideales más puros de la Revolución; y, tras haber dictado las épicas medidas de nacionalización de los hidrocarburos, reforma agraria y voto universal, fueron partícipes de un largo derrotero de reformas liberales con perspectiva neocolonial dirigidas por Estados Unidos. El Programa de Alimentos para la Paz de 1954, la política de la Alianza para el Progreso encabezada por el presidente Kennedy en 1961, junto con la creación de USAID representaron, por el lado de Estados Unidos, la cooperación estratégica de carácter desarrollista, para obtener del lado boliviano las pruebas de lealtad necesarias con el fin de mantener su dominio regional. Esto último se vio reflejado en dos hechos categóricos: la aprobación del Código del Petróleo o Código “Davenport” (denominado así por el asesoramiento de un bufete estadounidense en su redacción), que marcó la apertura y liberalización de las condiciones para la inversión extranjera en materia petrolera; y el Plan Triangular, implementado en el tercer gobierno de Víctor Paz Estenssoro, donde intervinieron los gobiernos de Alemania y Estados Unidos, junto al BID, con el objetivo de “salvar” a la minería nacional de una profunda crisis. 91 Loreta Tellería Escobar La larga noche de dictaduras militares en Bolivia que transcurrió entre 1964 y 1982, con el breve interregno del gobierno militar nacionalista de Torres (1970-1971), es otro proceso histórico en el cual la injerencia política, militar y económica por parte de Estados Unidos funcionó eficazmente. Bajo la Doctrina de Seguridad Nacional se gestó el nefasto “Plan Cóndor”, que no era otra cosa que la articulación de los gobiernos militares de la región para lograr los objetivos trazados por el Pentágono. Bolivia se convirtió en un territorio apto para el desarrollo de la economía de mercado, el control y la derrota de los movimientos izquierdistas, y la fuerte presencia de una institución militar formada a imagen y semejanza de Estados Unidos. Con el cambio del momento histórico, Bolivia pasó de los gobiernos militares a la democracia, y con ello vino aparejado el despertar de los movimientos populares que fueron rápidamente aplacados por la instauración del Modelo Neoliberal en 1985, también apadrinado por Estados Unidos. Los últimos tres lustros del siglo XX estuvieron marcados por una agenda que establecía, en lo político, la aplicación de una “democracia pactada”; en lo económico, de una economía de libre mercado; y en el ámbito de seguridad, una violenta política antidrogas. Estos tres temas no solo no contribuyeron al desarrollo del país, sino que se convirtieron en el núcleo de la injerencia “consentida” de Estados Unidos en el gobierno boliviano y los detonantes de una grave crisis de inestabilidad política, que derivaría en el triunfo de Evo Morales en el año 2006, y con él, el inicio de un nuevo periodo, esta vez mucho más largo, de resistencia y nacionalismo popular. De acuerdo con información oficial, la asistencia económica y militar de Estados Unidos a Bolivia entre 1950 y 2000 fue de 3 200 millones de dólares (U.S. Overseas Loans and Grants: 2013). No obstante, más allá de lo económico y los resultados concretos de esa asistencia, tres características permean la misma en relación con su accionar: a) la preeminencia de intereses políticos hegemónicos sobre principios democráticos; b) la imposición y el no consenso en la definición de la agenda bilateral (sea política, económica o de seguridad); y c) la existencia de un común denominador en los gobiernos estadounidenses en cuanto a la búsqueda de hegemonía, contra las fluctuaciones de sus pares bolivianos, que oscilaron entre grandes periodos de subordinación y pequeños de resistencia. ASISTENCIA ECONÓMICA DE ESTADOS UNIDOS EN EL PRESENTE SIGLO. EL ANTES Y EL DESPUÉS DE 2006 Durante el nuevo siglo, la asistencia económica de Estados Unidos a Bolivia puede dividirse en dos periodos: el antes y el después de la asunción de Evo Morales de la presidencia. En ambos contextos se pueden 92 LA ASISTENCIA DE ESTADOS UNIDOS A BOLIVIA EN EL SIGLO XXI identificar tanto la dimensión económica de la asistencia, como los objetivos y los actores que la viabilizaron. ASISTENCIA ECONÓMICA ENTRE 2001 Y 2006 De acuerdo con los datos oficiales presentados por el gobierno de Estados Unidos, entre los años 2001 y 2005 (U.S. Foreign Aid), la asistencia económica de este país a Bolivia fue de 886.5 millones de dólares, es decir, un promedio de 177.3 millones por año. Cifra mucho mayor que la que se dio en la segunda mitad del siglo XX, donde se tiene un promedio de 64 millones por año. Tal como lo muestra el Gráfico 1, entre los años 2001 y 2003 existió una tendencia creciente de asistencia económica. En el año 2003 se obtuvo el más alto monto de asistencia en todo este periodo, con 248.4 millones de dólares. Situación que podría estar relacionada con el incremento paulatino de la conflictividad social que Bolivia vivió en el periodo, en el cual la “Guerra del agua” (entre enero y abril de 2000) y la “Guerra del gas” (de septiembre y octubre de 2003) fueron dos hechos paradigmáticos que marcaron el cambio político sucedido en enero de 2006. Gráfico 1. Asistencia económica de Estados Unidos a Bolivia 2001-2005 (en millones de dólares) 248.4 161.5 2001 187.5 2002 2003 145.2 143.9 2004 2005 Fuente: Elaboración propia con base en datos de https://explorer.usaid.gov/cd/BOL. A partir del año 2003 la asistencia empieza a disminuir hasta llegar a 143.9 millones de dólares en 2005, lo que refleja que tal asistencia estaba en consonancia con un periodo marcado por la inestabilidad política y social, que sin duda dificultaba la ejecución presupuestaria de tal ayuda. De acuerdo con los datos obtenidos, los sectores que en este periodo obtuvieron un mayor porcentaje de apoyo fueron los de Gobernanza y Agricultura, sumando ambos un total de 608 millones, es decir, el 68% del total. Tal como lo muestra el Gráfico 2. 93 Loreta Tellería Escobar Gráfico 2. Asistencia económica de Estados Unidos a Bolivia por categoría 2001-2005 (en millones de dólares) Educación 5.9 Crecimiento económico 1.8 Costos de administración 22.7 Salud y población 58.8 Otros 47.4 139 Asistencia en productos básicos Agricultura 282 Gobernanza 326 0 50 100 150 200 250 300 350 Fuente: Elaboración propia con base en datos de https://explorer.usaid.gov/cd/BOL. De acuerdo con la fuente consultada, la categoría Gobernanza incluye los sectores de Gobierno y Sociedad Civil, así como de Infraestructura y otros servicios, donde se incluyen varios tipos de proyectos, tales como Desarrollo legal y Jurídico, Participación Democrática y Sociedad Civil, Control de Narcóticos, Creación de Empleo, etc. En el caso de la categoría de Agricultura, su sector estratégico es el Desarrollo Alternativo. Cabe recordar que, aún en este periodo el lazo entre la Embajada y los distintos gobiernos que se sucedieron (Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Meza y Eduardo Rodríguez Veltze) era muy cercano, por lo que todos los proyectos eran desarrollados con conocimiento y participación gubernamental. En cuanto a las agencias implementadoras de esta ayuda, la lista es amplia: - USAID - Departamento de Estado - Departamento de Agricultura - Departamento de Defensa - Departamento del Interior - Departamento del Trabajo - Departamento del Tesoro - Agencia de Comercio y Desarrollo - Cuerpo de Paz - Fundación Interamericana Cada uno de ellos con proyectos concurrentes o específicos, que abarcaban el amplio espectro de la asistencia de Estados Unidos a Bolivia, forjada en el siglo XX y ampliada en los primeros cinco años del siglo XXI. Un dato importante para mencionar en este apartado es 94 LA ASISTENCIA DE ESTADOS UNIDOS A BOLIVIA EN EL SIGLO XXI que Bolivia ocupó, en esos cinco años el tercer puesto en relación con la clasificación regional de países que recibían asistencia de Estados Unidos, encabezado anualmente por Colombia. ASISTENCIA ECONÓMICA ENTRE 2006 Y 2018 En el año 2006 el panorama político boliviano dio un giro de 180 grados. En enero de ese año se asumió como presidente Evo Morales, quien había ganado las elecciones generales con un inédito 54%, convirtiéndose en el primer presidente indígena del país. Su programa de gobierno tenía tintes progresistas y antimperiales, lo que lo convertía en un mandatario adverso a los intereses de Estados Unidos. En el marco de la asistencia económica en este periodo, comprendido entre 2006 y 2018, se tuvo una asistencia de 927.6 millones de dólares. Es decir, un promedio de 77.3 millones por año. Gráfico 3. Asistencia económica de Estados Unidos a Bolivia 2006-2018 (en millones de dólares) 171 127 116 110 97 94 68 59 47 33 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1.7 2.9 1 2016 2017 2018 Fuente: Elaboración propia con base en datos de https://explorer.usaid.gov/cd/BOL. Con base en datos oficiales, se observa que tal cooperación tuvo una tendencia decreciente entre 2006 y 2018. Esto se debió principalmente a la expulsión del embajador Philip Goldberg y la DEA en septiembre de 2006, y de USAID en mayo de 2013, todos ellos acusados de conspirar con grupos opositores y generar desestabilización en el gobierno. No obstante, llaman la atención los 59 millones de dólares de asistencia que figuran en el año 2015, sospechosamente un año antes del Referendo Constitucional que tenía el fin de consultar a la población sobre la modificación del artículo 168 de la Constitución y, de este modo, habilitar la reelección presidencial y vicepresidencial. El que obtuvo un 51.3% de desaprobación. 95 Loreta Tellería Escobar Gráfico 4. Asistencia económica de Estados Unidos a Bolivia por categoría 2006-2018 (en millones de dólares) Educación 9.1 Crecimiento económico 19.5 Costos de administración 54.9 Salud y población 126.3 Otros 50.6 74 Asistencia en productos básicos Agricultura 158.1 Gobernanza 430.8 0 100 200 300 400 500 Fuente: Elaboración propia con base en datos de https://explorer.usaid.gov/cd/BOL En cuanto a la distribución, se observa que en relación con lo ocurrido en el periodo 2001-2005, las tendencias por categoría de la asistencia económica de Estados Unidos a Bolivia son las mismas. Gobernanza ocupa un primer lugar, seguido de Agricultura y Asistencia en productos básicos. En relación con las agencias que implementaron tal asistencia, la lista se va reduciendo drásticamente a través de los años. Para el año 2018, las agencias se reducen a solo dos: el Departamento de Estado y la Fundación Interamericana.2 Por otra parte, en la clasificación regional de países que reciben asistencia de Estados Unidos, Bolivia ocupó el año 2006 el cuarto puesto de un total de 37, y el año 2018 el puesto 23 de 32. Para tener una idea clara de cómo tal asistencia fue distribuida en los últimos años, a continuación detallaremos la misma en la gestión 2018. Cuadro 1. Asistencia económica de Estados Unidos a Bolivia en la gestión 2018, principales actividades Total asistencia: 1 040 318 dólares Principales actividades Donación de la Fundación Nacional para la Democracia al Centro para la Empresa Privada Internacional (CIPE) * Monto en dólares 230 000 Detalles Detalle en apartado 3.1 continúa... 2 En https://explorer.usaid.gov/cd/BOL?fiscal_year=2018&measure=Disbursements Acceso 1 de julio de 2019. 96 LA ASISTENCIA DE ESTADOS UNIDOS A BOLIVIA EN EL SIGLO XXI Total asistencia: 1 040 318 dólares Principales actividades Monto en dólares Detalles Donación de la Fundación Nacional para la Democracia al Instituto Republicano Internacional (IRI) 200 000 Detalle en apartado 3.1. Fortalecimiento de la autonomía y el papel social y político de las mujeres en Cochabamba 100 000 El Instituto de Formación Femenina Integral (IFFI) desarrollará el liderazgo y la capacidad de organización y promoción de la Plataforma de Mujeres por la Ciudadana y la Equidad de Cochabamba (PMCE), una red de 100 organizaciones de mujeres ubicadas en la Gran Área Metropolitana de Cochabamba, para promover los derechos de las mujeres y establecer PMCE en un camino hacia la autonomía institucional. Aproximadamente 1 780 mujeres se beneficiarán directamente y 111 350 personas se beneficiarán indirectamente. Creando cambios en las políticas y prácticas municipales para el desarrollo agrícola 84 000 TIERRA adaptará y pondrá a prueba un modelo participativo de toma de decisiones en dos municipios de la región de las planicies de Bolivia. El modelo buscará formas para que las comunidades se comprometan con sus autoridades municipales en la promoción de políticas públicas y programas basados en sus prioridades. Mejorará el acceso de las comunidades a la información sobre el censo agrícola de la tenencia de la tierra y el uso de la tierra y otros datos. Cerca de 800 personas se beneficiarán directamente y 22 000 indirectamente Donación de la Fundación Nacional para la Democracia a Construyendo Redes para el Desarrollo 70 000 Detalle en apartado 3.1. Donación de la Fundación Nacional para la Democracia a la Fundación Construir 67 000 Detalle en apartado 3.1. Mejora de resultados económicos, ambientales y culturales para cinco comunidades indígenas 52 000 Asociación de Mujeres Unidas para el Desarrollo Sostenible (ASMUDES) trabajará para aumentar los ingresos de cinco comunidades indígenas que residen en un área protegida reconocida a nivel nacional mediante la promoción de prácticas agrícolas sostenibles y la mejora de la comercialización de frutas y productos de valor agregado. También fortalecerá la capacidad de organización y comercialización de dos asociaciones de productores para promover un mayor acceso a suministros de alimentos más estables para sus familias. continúa... 97 Loreta Tellería Escobar Total asistencia: 1 040 318 dólares Principales actividades Monto en dólares Detalles Las actividades de ASMUDES fortalecerán las habilidades de liderazgo entre las mujeres y los jóvenes, promoviendo su participación como líderes de la comunidad que están más capacitados para participar y participar en la toma de decisiones a nivel municipal. Alrededor de 1 390 personas se beneficiarán directamente, y otras 10 350 indirectamente. Aumento de la seguridad alimentaria, los ingresos rurales y la agricultura sostenible en el norte de la Amazonia de Bolivia 48 000 El Instituto para el Hombre Agricultura y Ecología (IPHAE) ampliará y consolidará las parcelas diversificadas en la agricultura ubicadas en áreas forestales secundarias y degradadas que apoyan la cría de cerdos y la apicultura a pequeña escala y desarrollan productos procesados a partir de frutos de melocotón, palma, cacao y otros productos autóctonos. Se espera que unas 500 familias de 60 comunidades en cinco municipios de los departamentos de Beni y Riberalta se beneficien de un suministro de alimentos más confiable y mejores ingresos y de la adopción de una tecnología agrícola agropecuaria sostenible para esta microrregión amazónica. Donación de la Fundación Nacional para la Democracia a la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia 46 000 Detalle en apartado 3.1. Donación de la Fundación Nacional para la Democracia a la Fundación para el Periodismo 45 000 Detalle en apartado 3.1. * “El CIPE diversificó sus rangos de influencia al proponerse incidir en la formación de propuestas económicas para los partidos (con abordajes centrados en la gobernanza y reformas institucionales), en la educación ciudadana sobre las ventajas de las políticas propuestas y en la capacitación, especialmente para líderes empresariales, sobre formulación de políticas públicas” (Vásquez, 2019: 165). Fuente: https://explorer.usaid.gov/cd/BOL?fiscal_year=2018&measure=Disbursements Del total del presupuesto desembolsado el año 2018, casi la totalidad, un millón de dólares, fueron al sector Gobierno y Sociedad Civil. Como se puede observar, la mayoría de estos proyectos (6 de 10) provienen de la Fundación Nacional para la Democracia (NED) y tienen, como veremos más adelante, objetivos de incidencia directa en el electorado que participó en las elecciones generales de octubre de 2019. A esto se suma el trabajo con mujeres y sectores indígenas, en áreas tales como autonomía social y política, mejoras económicas y medio ambiente. Actores y temas altamente sensibles y pasibles a ser 98 LA ASISTENCIA DE ESTADOS UNIDOS A BOLIVIA EN EL SIGLO XXI manipulados en favor de la oposición política, tal como sucedió con el TIPNIS en el pasado.3 LA SUBVERSIÓN POLÍTICA E IDEOLÓGICA FRENTE AL GOBIERNO DE MORALES La emergencia de los gobiernos progresistas en América Latina en el siglo XXI ha venido a inaugurar un nuevo ciclo de injerencia imperial, que ha sido denominado como “subversión política ideológica”, entendida como “la acción o conjunto de acciones que se proponen el cambio e inversión de gustos, preferencias, valores, creencias e ideologías, y tiene como meta la transformación de la conciencia social vigente” (Barreiro, 2014). En palabras de Jazmín Vásquez, investigadora cubana, esta subversión política ideológica está “dirigida a la sociedad civil y se revela como fenómenos que expresan la capacidad de acción de las élites de poder hemisféricas articuladas, incluso con las de orden global, para cooptar o eliminar la acción de los actores geopolíticos de lo que se ha denominado el ciclo progresista” (Vásquez, 2019: 155). En el caso boliviano esta “subversión política ideológica” se desarrolla desde el mismo año que asumió la presidencia Evo Morales y viene desplegándose los últimos trece años. Esto es demostrado de manera tácita por los cables de Wikileaks, donde se presenta una cronología detallada de cómo desde la Embajada de Estados Unidos se articulaban los procesos de desestabilización política del Gobierno, siendo el ejemplo más representativo lo que se llamó el Golpe Cívico Prefectural del año 2008. No obstante, este tipo de subversión no solo se demuestra con los cables, sino también en el desglose de la asistencia económica que presta Estados Unidos a Bolivia, tal como se pudo ver en el anterior acápite y que se desarrolló en contra de la reelección de Evo Morales en octubre de 2019. Esto es validado por varios documentos oficiales. Uno de ellos es la “Estrategia Integrada de País” sobre Bolivia del Gobierno de Estados Unidos, que salió al público el 21 de agosto de 2018 (Integrated Country Strategy Bolivia, 2018). De acuerdo con el análisis realizado por Alejandro Dausá, el documento: […] argumenta que las elecciones presidenciales para finales del 2019 serán un punto de inflexión en la historia boliviana, con independencia 3 El Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) es un área protegida de Bolivia. Durante la gestión de 2010 se anunció la construcción de una carretera que uniría Villa Tunari, en el departamento de Cochabamba, con San Ignacio de Moxos, en el departamento del Beni, la cual pasaría directamente por el TIPNIS. Esto provocó la movilización masiva de las organizaciones defensoras del medio ambiente contra el gobierno, logrando que el proyecto quedara archivado. 99 Loreta Tellería Escobar del ganador, aunque subraya que, contra lo que expresa la Constitución y un Referendo de 2016, Morales se declaró candidato con la ayuda del Tribunal Constitucional. Manifiesta asimismo preocupación por la falta de independencia de diversas ramas del gobierno, así como por el cierre del espacio democrático (presiones del Ejecutivo sobre el Poder Judicial, aplicación selectiva de la ley para suprimir la oposición política y la crítica, y hostilidad contra los medios de comunicación independientes). Sostiene que, más allá del resultado de las elecciones de 2019, la misión diplomática de EE. UU. pondrá el foco en la relación con el pueblo de Bolivia, para apoyar sus esfuerzos de fortalecimiento de la libertad de prensa, inclusión social, prosperidad, democracia y derechos humanos. Asimismo, señala que cooperará con gobiernos locales y subnacionales, ya que, a pesar de la propaganda antinorteamericana del Presidente, los datos de Latinobarómetro 2017 muestran que casi la mitad de la población boliviana tiene una opinión favorable de los EE. UU. Como consecuencia, manifiesta que la misión diplomática aprovechará cada oportunidad para mostrar a los bolivianos que la cooperación con el gobierno estadounidense conlleva beneficios, materializándolos en programas de intercambio educacional, comercial y profesional, a fin de que la ciudadanía conozca de primera mano a los EE. UU. y sus valores. La preocupación del gobierno de Estados Unidos por los valores “democráticos” en Bolivia ha sido también expresada por otras vías. Tanto el Departamento de Estado como miembros del Congreso de Estados Unidos han manifestado de manera expresa su posición respecto a la coyuntura boliviana. En noviembre de 2017, un comunicado del Departamento de Estado exhortaba al presidente Evo Morales a respetar los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, el comunicado rechazaba la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional del 28 de noviembre de 2017 que habilitaba a todas las autoridades electas a presentarse en las elecciones nacionales y subnacionales. Un mes después salió otro comunicado, donde se expresaba que “Estados Unidos se suma a la Unión Europea para subrayar que las amenazas contra jueces del Tribunal Supremo Electoral no son propicias para crear condiciones necesarias para celebrar elecciones libres y justas en 2019”. Miembros del Congreso de origen cubano, considerados el ala más reaccionaria contra los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, se manifestaron de manera expresa contra el gobierno de Bolivia a través de una resolución legislativa, el 10 de abril de 2019, en la que señalaron, entre otras cosas, “que Bolivia va encaminada a una dirección peligrosa junto con regímenes ilegítimos e ilegales, incluido el de Venezuela”. Si a estas acciones se suma la procesión de líderes opositores que pidieron ante diferentes instancias o actores internacionales que se 100 LA ASISTENCIA DE ESTADOS UNIDOS A BOLIVIA EN EL SIGLO XXI active la Carta Democrática Interamericana contra Bolivia o que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se manifieste respecto a la reelección, vemos que existió todo un andamiaje que funcionaba tanto dentro como fuera del país, liderado por Estados Unidos, tendiente a frenar cualquier proceso que culmine con la reelección de Evo Morales como presidente de Bolivia. Todas estas gestiones se articulaban con los programas de asistencia económica implementada por Estados Unidos en Bolivia. Como se vio anteriormente, cada actividad tenía el objetivo manifiesto de recuperar el control y dominio que otrora ejercían en el país. Si bien durante casi sesenta años la USAID fue la principal agencia implementadora de programas de asistencia estadounidense en Bolivia, tras su expulsión, como veremos a continuación, la NED vino a ocupar ese privilegiado lugar. LA FUNDACIÓN NACIONAL PARA LA DEMOCRACIA (NED) La NED es un organismo estadounidense fundado en 1983 que se financia principalmente por asignaciones anuales del tesoro de Estados Unidos y está subordinada al Congreso de Estados Unidos. Su objetivo, en sus palabras, es financiar proyectos que promuevan la democracia liberal en el mundo. Dentro de la NED se crearon organismos subsidiarios como: el Instituto Democrático Nacional para Asuntos Internacionales (NDI) y el Instituto Nacional Republicano para Asuntos Internacionales (más tarde renombrado Instituto Internacional Republicano o IRI), el Free Trade Union Institute (FTUI), que se reorganizó más tarde como el Centro Americano para la Solidaridad Laboral Internacional, conocido en América Latina como el “Centro de Solidaridad” y para promover el “emprendedurismo” se creó el Centro para la Empresa Privada Internacional (CIPE) (Análisis del Sur, 2018). La NED tiene el objetivo manifiesto de financiar proyectos que van a tono con los objetivos del gobierno de Estados Unidos. En el caso de Bolivia, para la gestión 2018, de acuerdo con la información proporcionada por su página web, financió los siguientes proyectos (NED, 2018b): • Construyendo consenso en una agenda de reformas Fundación Milenio 45 000 Bs Promover el debate pluralista, generar consenso y hacer recomendaciones sobre temas importantes de política pública, incluidas reformas electorales, judiciales, constitucionales y económicas. Trabajando con universidades, cámaras de comercio y sociedad civil, la organización convocará discusiones mensuales y producirá informes analíticos y propuestas de políticas sobre estos temas. 101 Loreta Tellería Escobar • Creación de capacidad de los partidos políticos y de la sociedad civil para un proceso electoral más participativo y competitivo. Instituto Republicano Internacional (IRI) 200 000 Bs Para apoyar a los partidos políticos y a las organizaciones de la sociedad civil en Bolivia a fin de involucrar a los votantes para ampliar su participación política. El instituto organizará capacitaciones y brindará asistencia técnica para solicitar inquietudes de los ciudadanos, elaborar estrategias de campaña orientadas a los ciudadanos, a comunicarse con los votantes potenciales y responsabilizar a los candidatos y autoridades electorales de campañas justas y transparentes y de prácticas de votación. • Desarrollo democrático desde una perspectiva del sector privado Centro para la Empresa Privada Internacional (CIPE) 230 493 Bs Promover un diálogo democrático inclusivo y dirigido por el sector privado en torno a una visión a largo plazo del desarrollo económico, político y social de Bolivia. El centro y su socio local convocarán reuniones de representantes de alto perfil de la sociedad civil boliviana para desarrollar, proponer y difundir una visión de desarrollo y recomendaciones de políticas públicas estratégicas específicas para enfrentar los desafíos democráticos y económicos que enfrenta el país. • Involucrar a los jóvenes en el gobierno local Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local 35 000 Bs Desarrollar la capacidad de los jóvenes en Bolivia para participar en la formulación de políticas públicas y ejercer sus derechos políticos. La organización realizará talleres en las ciudades de El Alto, Sucre y Tarija, y utilizará plataformas de medios digitales para capacitar a los jóvenes en los procesos legislativos, el liderazgo político y en aumentar la comprensión de sus derechos. • Mejora del periodismo político y la cobertura electoral Fundación para el Periodismo 45 080 Bs Promover un electorado informado mediante la mejora de la capacidad de los periodistas para proporcionar información de alta calidad a los ciudadanos bolivianos sobre las elecciones nacionales. El 102 LA ASISTENCIA DE ESTADOS UNIDOS A BOLIVIA EN EL SIGLO XXI concesionario preparará a los periodistas para cubrir una campaña electoral nacional a través de talleres para periodistas [de medios] impresos, de difusión y digitales en las 10 ciudades más grandes de Bolivia y capacitará a los periodistas en el uso de herramientas digitales para la presentación de informes. • Vigilancia de los derechos humanos y la justicia Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia 46 110 Bs Promover legislación y jurisprudencia que defiendan los derechos políticos y civiles tal como se definen en la Constitución y en los tratados y convenciones internacionales, y fomentar el fortalecimiento institucional y la participación de los defensores de los derechos humanos. La organización hará un seguimiento y analizará los fallos del Tribunal Constitucional de Bolivia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como otros órganos judiciales internacionales. • Promover y defender los derechos humanos Derechos humanos 45 000 Bs Promover y defender los derechos humanos en Bolivia a través de litigios estratégicos a nivel nacional e internacional. La organización ofrecerá talleres de capacitación sobre el acceso a los mecanismos internacionales de derechos humanos y publicará informes sobre casos emblemáticos litigados ante organismos internacionales. Traerá nuevos casos y continuará monitoreando el progreso de los casos ante los tribunales. • Proporcionar análisis e información independientes Instituto de Asistencia Social Económica y Tecnológica 42 185 Bs Promover la libertad de expresión y la rendición de cuentas en Bolivia a través de análisis independientes e informes de noticias en profundidad. La organización producirá y publicará artículos de noticias e informes sobre los desarrollos políticos que actualmente los medios tradicionales no informan. A lo largo del proyecto, el grupo consolidará su equipo editorial y establecerá una revista digital independiente. El grupo utilizará los medios sociales y tradicionales para difundir artículos mientras su plataforma de medios digitales se vuelve operativa. 103 Loreta Tellería Escobar • Proporcionar noticias políticas independientes e información electoral Agencia de Noticias Fides Compañía de Jesús 42 871 Bs Proporcionar cobertura de noticias independiente y de alta calidad, con énfasis en los derechos humanos, la responsabilidad del gobierno y la campaña electoral nacional. La organización garantizará que los ciudadanos tengan acceso a la información sobre el proceso electoral, la aplicación de las leyes electorales y las promesas de campaña de los candidatos del gobierno y de la oposición. • Fortalecimiento de la Sociedad Civil por la Defensa de los Derechos Humanos Fundación Construir 67 346 Bs Fortalecer la capacidad de la sociedad civil para promover el ejercicio, la aplicación y la defensa legal de los derechos humanos en Bolivia, y promover la supervisión y la participación de la sociedad civil en la implementación de la reforma judicial. La organización realizará investigaciones, organizará talleres de capacitación, facilitará reuniones con representantes de la sociedad civil y del gobierno, y llevará a cabo iniciativas de seguimiento y defensa. • Fortalecimiento de los valores democráticos Construyendo redes para el desarrollo 69 747 Bs Fortalecer los valores democráticos entre los partidos políticos en Bolivia. La organización trabajará para fortalecer a los actores democráticos a través de cursos cortos, talleres y seminarios para líderes de partidos de nivel medio y miembros del partido, así como para grupos de la sociedad civil interesados en la democracia representativa. También proporcionará información para la legislación sobre una nueva ley de partidos políticos y analizará e informará el impacto de los cambios legislativos en la participación y representación ciudadana. • Fortalecimiento de la participación política de las comunidades indígenas y rurales Fundación Microjusticia Bolivia 40 000 Bs Promover la participación política de las comunidades indígenas y rurales mediante una mayor comprensión de sus derechos civiles y políticos, y facilitar el acceso a los documentos legales básicos a los 104 LA ASISTENCIA DE ESTADOS UNIDOS A BOLIVIA EN EL SIGLO XXI miembros de las comunidades indígenas y rurales para que puedan participar en los procesos políticos. La organización identificará obstáculos legales y burocráticos recurrentes para obtener documentos de identificación básicos y abogará por mejoras legales y procesales. Ya sea desde el ámbito de los derechos humanos, el seguimiento a los fallos del Tribunal Constitucional, el apoyo a los partidos políticos, el fortalecimiento de la sociedad civil, la capacitación de jóvenes y periodistas o la incorporación al sector privado en los desafíos democráticos y económicos que vive el país, cada una de las actividades que desarrolló la NED en el año 2018 tuvo una expresa oposición al Gobierno de Evo Morales, tanto por sus objetivos como por el perfil político de sus aliados nacionales. Solo para muestra, veamos el destino de los fondos de la NED, específicamente dirigidos al proceso electoral de octubre de 2019. Sus objetivos, tal como pudimos observar más arriba, aseveran lo siguiente: • Crear capacidades en partidos políticos y sociedad civil para el proceso electoral. • Asistencia para elaborar estrategias de campaña. • Ayudar a que los jóvenes ejerzan sus derechos políticos a través del uso de plataformas en medios digitales. • Preparar a periodistas para cubrir la campaña electoral. • Promover la cobertura noticiosa “independiente” de la campaña electoral. • Promover la participación política de comunidades indígenas y rurales. Todo esto se realizó mediante cursos, talleres, seminarios, procesos de discusión mensual, capacitaciones y reuniones con representantes de alto perfil. Actividades articuladas por fundaciones y ONG de tendencia claramente opositora, quienes, en algunos casos, publicaban periódicamente informes de temas económicos, derechos humanos y políticos claramente reaccionarios. La subversión política ideológica de Estados Unidos en Bolivia a través de la asistencia económica fue un hecho categórico, que no hace más que reafirmar las características de la relación que históricamente forjaron ambos países, donde siempre primó el interés de los gobiernos de Estados Unidos sobre los valores democráticos, y la injerencia sobre los objetivos de desarrollo. LAS CAUSAS DE LA SUBVERSIÓN POLÍTICA E IDEOLÓGICA Tres son los principales motivos para que el gobierno de Estados Unidos haya desarrollado sistemáticamente estrategias de desestabilización de 105 Loreta Tellería Escobar la gestión de Evo Morales. Son los mismos motivos para que su estrategia contrarrevolucionaria se haya activado el año 2005, con el desmantelamiento de los misiles chinos; en 2008, con el desarrollo del Golpe cívico-prefectural; y en 2016, con la trama comunicacional armada para el Referéndum constitucional. Todas ellas, transversalizadas por la asistencia económica que oxigenaban los proyectos injerencistas, opositores y/o sediciosos. Estos motivos son: a) El surgimiento hace más de dos décadas de una corriente de gobiernos progresistas en la región, con marcado carácter nacionalista y antimperial, que transfiguraron todo un proceso previo de neoliberalismo aplastante. Los gobiernos de Chávez y Maduro en Venezuela, Lula y Rousseff en Brasil, Kirchner y Fernández en Argentina, Tabaré y Mujica en Uruguay, Ortega en Nicaragua y Morales en Bolivia, representaron una nueva etapa de independencia que vino aparejada de un proceso de integración regional sin precedentes. Si bien con los años las estrategias de Estados Unidos para terminar con estos gobiernos como con sus proyectos integracionistas funcionaron y aún funcionan de diferentes maneras y ritmos, todavía gobiernos como Venezuela, Nicaragua y hasta hace poco Bolivia mantenían el perfil revolucionario y, con ello, una verdadera amenaza a la “democracia y seguridad” que quiere imponer el gobierno del Norte. b) Bolivia representa un territorio de vastos recursos económicos. No solo su posición geográfica en el centro de América del Sur, sino también su elevado potencial energético y de industrialización de minerales, como el litio, lo convierten en un país estratégico. Esto ha sido una razón suficiente para entablar relaciones comerciales con países como China, Rusia, Irán, Turquía, India, etc. Lo que representa una amenaza, no solo al poder económico de Estados Unidos, sino al control hegemónico que mantiene sobre el hemisferio. c) Por último, el establishment estadounidense no le perdonará al Gobierno de Evo Morales la expulsión del embajador Goldberg, la DEA y USAID del país. La afrenta fue demasiado grave como para olvidarla. El histórico dominio y control de los gobiernos de Estados Unidos sobre Bolivia eran asumidos como una verdad irrefutable y permanente, que fue desmantelada con la llegada de los movimientos sociales al poder. El éxito económico y social que obtuvo Bolivia en los últimos catorce años, no solo representó un mal ejemplo para los demás pueblos del mundo, sino que rompió de raíz el paradigma del éxito de las recetas de la democracia neoliberal. 106 LA ASISTENCIA DE ESTADOS UNIDOS A BOLIVIA EN EL SIGLO XXI Bajo estas motivaciones, durante varios años se han diseñado los medios para complotar contra el gobierno y de esta manera generar su desestabilización o su caída. Estos medios fueron principalmente tres: la asistencia económica que ha sido descrita de manera resumida en el presente artículo y que requiere un análisis más detallado de sus objetivos, mecanismos y aliados nacionales; la creación de una extensa “red de derechas” internacional y regional a través de fundaciones, medios de comunicación y ONG locales que reciben financiamiento y conspiran periódicamente (Romano, 2018); y el papel fundamental de la Embajada, que en la actualidad, como en el pasado, no solo articula a la oposición, sino que es la artífice del diseño golpista. TRAS EL GOLPE Y A MANERA DE CIERRE Una vez sucedido el golpe de Estado en Bolivia contra el gobierno de Evo Morales, podemos confirmar que la subversión política e ideológica llevada a cabo terminó siendo exitosa. Sin embargo, es necesario reconocer que la asistencia económica dada por el gobierno estadounidense a sectores opositores del gobierno durante los últimos años fue solo un mecanismo más de la articulación golpista. Hubo y existe un componente subversivo permanente, aquel que serpenteaba de manera escurridiza por una importante parte de la sociedad boliviana, los partidos políticos de derecha y las instituciones de la fuerza pública. La ingenuidad gubernamental hizo pensar que trabajando por el pueblo y con el pueblo era suficiente para revertir decenas de años de ocupación estadounidense, pero no fue así. No bastaron el crecimiento económico, la justicia social y la recuperación de la soberanía y dignidad nacional; el colonialismo cultural con sello imperial, construido hace más de un siglo, fue lo que permitió a las elites políticas y económicas planificar el retorno al poder. En este escenario, los militares y policías, cuya formación profesional se hizo a imagen y semejanza de las proyecciones de Estados Unidos a mediados del siglo XX, sirvieron, tal como lo hicieron siempre, como mecanismo de viabilización de los intereses externos. El golpe se fraguó con una estrategia milimétricamente planificada y ahora el gobierno de facto busca crear una realidad paralela, en la cual ellos son los pacificadores y los sediciosos y terroristas son Evo Morales y sus ministros. El régimen hasta ahora lleva en sus espaldas más de 30 muertos, decenas de encarcelados políticos y otros tantos que tuvieron que salir del país por miedo a la represión judicial, a los que se suman los asilados políticos en la Embajada de México, a quienes se niega el salvoconducto, convirtiéndolos en verdaderos rehenes de la dictadura. No cabe duda de que, bajo el actual régimen, la destrucción del Estado Plurinacional está en proceso. El nuevo desembarque de 107 Loreta Tellería Escobar Estados Unidos en el país, a través de la llegada de sus agentes gubernamentales y el inmediato retorno de USAID, nos muestra que al menos, por el momento, Bolivia dejó de ser un país libre y volvió a ser un país ocupado. Con el latente riesgo de repetir la triste historia de represión y subdesarrollo del pasado. BIBLIOGRAFÍA Almaraz, S. (1958). Petróleo en Bolivia. La Paz: Editorial Juventud. Análisis del sur (2018). ¿Qué es la NED y quiénes son sus peones? Disponible en https://surhoy.org/2018/01/04/que-es-la-ned-yquienes-son-sus-peones/ Acceso 2 de julio de 2019. Barreiro Vázquez, A. R. (2014). La guerra cultural y la subversión político-ideológica en tiempos de guerra no convencional. La Habana: Academia de las FAR. Dausá, A. (2019). Bolivia. Injerencia en Acción. Disponible en https:// www.alainet.org/es/articulo/198658 Acceso 2 de julio de 2019. Integrated Country Strategy Bolivia (2019). Documentos. 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La Paz: EGPP-Observatorio de Geopolítica. 109 SEGUNDA PARTE BOLIVIA EN LA ECONOMÍA Y GEOPOLÍTICA GLOBAL EL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA: ENTRE LA DISPUTA HEGEMÓNICA Y LA GEOPOLÍTICA DE LOS MINERALES Silvia Laura Rodríguez INTRODUCCIÓN La historia de Bolivia era, hasta la llegada del presidente Evo Morales Ayma, una sucesión de gobiernos que representaban los intereses de los sectores dominantes blancos, los cuales realizaban acuerdos económicos con las transnacionales extranjeras para explotar las riquezas hidrocarburíferas de manera espuria para los intereses del país. Mientras la mayoría del pueblo indígena se encontraba ajeno a derecho y sin condiciones de vida dignas. El triunfo electoral de Morales junto con Movimiento al Socialismo (en adelante MAS), significó la refundación de la nación boliviana en el Estado Plurinacional, que integrarían todas las naciones indígenas en igualdad y con el horizonte del Vivir Bien. El excelente desempeño económico durante los años del Estado Plurinacional dio por resultado una fortaleza financiera, la cual fue posible a partir de recuperar el control sobre los recursos naturales y su explotación. A su vez, la transformación social llevada a cabo contra la desigualdad social, la pobreza extrema, la falta de educación, salud e infraestructura, generó un cambio radical en el pueblo y en su territorio. Los nuevos desafíos que asume el gobierno, buscando la industrialización del litio en pos de un desarrollo autónomo en asociación con China generó de parte de Estados Unidos y los sectores dominantes de 113 Silvia Laura Rodríguez Bolivia la decisión de comenzar un proceso desestabilizador a partir de cuestionar la victoria en el sufragio electoral, que buscaba renovar el cuarto mandato de Morales. A pesar de haber triunfado, la instalación de la figura de fraude desde la Organización de los Estados Americanos (OEA), los sectores de la oposición y grupos violentos, conmocionó a la sociedad, la cual fue manipulada hasta dudar sobre las elecciones realizadas. Finalmente, el proceso desestabilizador se consolida, obligando al presidente a presentar su renuncia. El objetivo del presente trabajo busca comprender las diferentes causas que llevaron a la concreción del golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019. Para ello se utilizarán como elementos teórico-conceptuales: el tema de la hegemonía, la doctrina de dominación de espectro completo y la geopolítica de los recursos naturales. UNA HISTORIA DE RIQUEZA GEOLÓGICA EL POTENCIAL HIDROCARBURÍFERO El territorio boliviano tiene una extensión 1 098 581 km2. En él, la empresa Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (en adelante YPFB) ha realizado numerosos estudios geológicos y sísmicos en la búsqueda de hidrocarburos. En función de ello se han establecido dos zonas (Montes de Oca, 2005: 1): a) Sin potencial para la producción de hidrocarburos (44.4%): poco estudiadas, comprenden el Escudo Precámbrico, junto con las Cordillera Oriental y Occidental. b) Con potencial para la producción de hidrocarburos (55.6%), las cuales poseen atributos para proyectos exploratorios. Estas zonas abarcan 610 528 km2 y a partir de los análisis realizados se establecieron cuatro grandes cuencas geológicas (Centeno, 2007: 18): 1. Cuenca Subandino Sud 2. Cuenca Subandino Norte 3. Cuenca Altiplano 4. Cuenca Madre de Dios Dentro del área potencial se puede distinguir: 1. Área tradicional: la cual posee una larga historia de explotación y comprende unidades del subandino y las llanuras tanto beniana como chaqueña. Cabe destacar que dicha área solo representa el 15% de la zona potencial. El descubrimiento de campos comienza en 1924 con la empresa Standard Oil Co., luego YPFB a partir de 1937 con la primera nacionalización, la cual resultó exitosa durante dos décadas hasta que en los sesenta se autoriza el 114 EL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA Mapa 1. Distribución de las cuencas geológicas en el territorio boliviano 4 2 3 Bolivia 1 Fuente: Elaboración propia con base en datos del ingeniero Daniel Centeno Sánchez (2007). ingreso de capitales extranjeros, a los cuales se otorgan en concesión pozos de petróleo. Años más tarde comienza la exportación de gas a Argentina y se crea la división de gas de YPFB en Santa Cruz, donde luego se asentará la gerencia. La inestabilidad política de los ochenta le provocó graves problemas financieros a la compañía, que finalmente en 1996 será privatizada por el presidente Sánchez de Losada, desmembrándose en: Andina, Chaco, Petrobras y Transredes, pasando de esa manera la exploración y producción a manos privadas, a cambio de un magro pago del 18% de regalías para el país. En cuanto a la industrialización, comenzó en 1920 con diferentes complejos refineros para gasolina y carburantes operados por YPFB. Los cuales, en 1999, fueron privatizados y entregados a la Empresa Boliviana de Refinería (en adelante EBR) subsidiaria de Petrobras (Brasil). A su vez también la comercialización quedó en su totalidad bajo el ámbito privado (Montes de Oca, 2005: 1). Los principales campos productores son: Sábalo, San Alberto, Paloma, Surubí, Kanata, Bulo y Río Grande. En cuanto al gas natural, también quedó bajo el sector privado a través de Andina SA, Chaco SA y Petrobras, siendo los mayores productores el departamento de Santa Cruz, pero fundamentalmente el de Tarija, ya que este último posee los campos de San Alberto, San Antonio, Margarita e Itaú que le permiten las exportaciones de su producción hacia Brasil. 115 Silvia Laura Rodríguez La producción de hidrocarburos para Bolivia pasó a ser central en su economía, a pesar de que su peso mundial no sea significativo. En particular la exportación de gas natural, a través de empresas privadas, creció a partir de exportar a Brasil en 1999 y en 2002 hacia Argentina, con el fin de generar energía eléctrica en dicho país. Por otro lado, el uso doméstico del gas desde 1984 se incrementó, brindando suministro solo a ciudades grandes o centros industriales, por falta de una red amplia de gasoductos. La distribución quedó bajo la órbita del sector privado a través de las empresas EMCOGAS (Cochabamba), Santa Cruz (SERLAS), Chuquisaca (EMDIGAS) y Tarija (EMTAGAS), siendo el resto de los departamentos provistos por YPFB. En cuanto al consumo de gas licuado de petróleo (butano y propano) aumentó a partir de la utilización de garrafas de 10 kg para el uso doméstico, que pasaron de 1 718 200 barriles a 3 467 135 barriles en 2003 (Montes de Oca, 2005: 3). 2. Área potencial: sin producción de hidrocarburos, pero con características altamente favorables geológicamente, representa el 55.6% dentro de las cuencas sedimentarias del país. Las cuales son: Madre de Dios, Beni, Chaco, Pantanal, Pie de Monte, Subandino Norte, Subandino Sur, Altiplano. Totalizando 610 528 km2 (Montes de Oca, 2005: 1). En este punto, la industria de hidrocarburos refiere tres tipos de reservas: a) reservas probadas, aquellas que por análisis geológicos y de ingeniería son recuperables bajo las condiciones económicas y operativas vigentes; b) reservas probables, son la cantidad estimada de hidrocarburos que se espera que existan, en función de las reservas probadas y que puedan ser obtenidos bajo las condiciones actuales; y c) reservas posibles, surgen del estudio del tamaño de las cuencas sedimentarias, por lo cual tienen un alto grado de certidumbre. En función de lo expresado, las reservas totales de petróleo en términos absolutos crecieron en 1 000 millones de barriles en el periodo 1992-2003. En el rubro de gas natural, las exploraciones fueron exitosas, probando reservas que pasaron de 5.69 TCF (trillones de pies cúbicos) en 1997 a 54.86 TCF en 2003. Las mismas se encuentran en Tarija 87%, Santa Cruz 9.6%, Cochabamba 2.1% y Chuquisaca 1.2%. Siendo el departamento tarijeño el que se constituirá en el centro del desarrollo gasífero del país (Montes de Oca, 2005: 5). En relación con el potencial hidrocarburífero, siguiendo el trabajo de Daniel Centeno en el Departamento de Tarija, donde investiga con 116 EL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA base en el “modelo geológico de Tarija”, constituido durante millones de años por construcción y destrucción, consolidación del basamento cristalino, formaciones de las placas tectónicas y presión de la Placa del Pacífico contra la Placa Continental Sudamericana, más la aparición de vida animal, las cuales dieron las condiciones necesarias para la formación y entrampamiento de hidrocarburos, originados a partir de la materia orgánica depositada en los fondos de los mares. A partir de esta afirmación, el geólogo mencionado plantea la formación de esa riqueza potencial por debajo de los 4000 metros, como consecuencia de la presión de las placas sobre las rocas durante los periodos Ordovícico y Silúrico (Centeno, 2007: 20). Desde la tesis que esgrime, estudia las cuatro grandes cuencas mencionadas: Subandino Norte, Subandino Sur, Altiplano y Madre de Dios, concluyendo que poseen grandes similitudes con el estilo de formación geológica de Tarija, por lo cual Bolivia tiene posibilidades de llegar a tener 1000 TCF de gas y petróleo en su subsuelo (Centeno, 2007: 29). LA DIVERSIDAD MINERAL Los yacimientos minerales de Bolivia se dividen en: a) Metálicos: si bien hay diferencias entre especialistas, en principio se han encontrado 153 minerales aceptados por la Asociación Internacional de Mineralogía. Según su importancia en las exportaciones del año 2003, podemos mencionar: zinc (Concepción - Santa Cruz), plata (Tatasi, Chorolque y Bonete - Potosí), estaño (Pando, Concepción - Santa Cruz, Provincia Andino Oriental), plomo (Camacho - La Paz), antimonio (Quijarro - Potosí), wólfram o tungsteno (Concepción - Santa Cruz, Larecaja - La Paz), oro (Pando, Santa Cruz), otros (sal, yeso, baritina, manganeso, bórax). También es importante destacar el Yacimiento Cerro Manomó con elementos de tierras raras, uranio y torio; Concepción con niobio y berilio, y el Cerro Mutún con la reserva de hierro y manganeso más importante de Bolivia, todos dentro del departamento de Santa Cruz. Por otro lado, registra importancia la presencia de bismuto en el cerro Illampu, cercano a La Paz (Montes de Oca, 2005: 9). b) No metálicos: tienen poco trabajo de exploración, los hallazgos se encuentran ligados a la necesidad de colocar plantas con fines específicos: cemento, estuco y cerámica. Dentro de este grupo hallamos: arcillas (Altiplano y el Oriente), yeso (Altiplano), fosfatos utilizados como fertilizantes, baritina (Huspa Huspa - Cochabamba), azufre (cordillera occidental de Bolivia), litio (Uyuni y Coipasa - Altiplano) (Montes de Oca, 2005: 3). Con 117 Silvia Laura Rodríguez respecto al litio, es importante destacar que se estima poseer reservas de un 70%, ubicadas en el salar de Uyuni, a 3 600 metros sobre el nivel del mar. Es una zona de altas precipitaciones, lo cual hace necesario para su explotación soluciones tecnológicamente más complejas que requieren mayor inversión. Este mineral es central en la fabricación de baterías de todo tipo (automóviles, celulares, armas) y por tanto de alta demanda mundial. LA NACIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PAÍS En el año 2006, a partir del triunfo electoral asume el gobierno el presidente Evo Morales Ayma, representante del MAS, quien bajo el Decreto N° 28 701 y en cumplimiento del mandato del pueblo boliviano expresado en el referéndum del 18 de julio de 2004, en relación con la recuperación de los recursos naturales del país. Establece el mencionado decreto que el Estado retoma el control, posesión y propiedad absoluta de los recursos hidrocarburíferos de la nación. A partir de esa fecha será YPFB el que administrará los mismos (El País, 2006, 2 de mayo). Con el objetivo de cerrar una historia caracterizada por los negocios de las mineras transnacionales con el aval de los sectores tradicionalmente dominantes del país, por la cual explotaban las riquezas minerales, manteniendo a la mayoría del pueblo carente de las necesidades básicas para vivir. Así fue que el gobierno del MAS se hizo cargo de las operaciones de las más importantes empresas internacionales: Glencore, Jindal Steel, Anglo-Argentinian Pan American Energy y South American Silver (ahora TriMetals Mining). El proceso trajo aparejado la anulación de los contratos, a lo cual dichas empresas respondieron con arbitrajes o demandas internacionales. El monto de los pagos realizados fue muy importante; se estimó que en 2014 se abonaron a privados y públicos por la nacionalización de estos sectores clave 1 900 millones de dólares, teniendo en cuenta que el PIB de Bolivia era de 28 000 millones de dólares ese año (Prashad, 2019: 2). La decisión del gobierno mostró un rumbo acertado, tanto por el aumento del tamaño de la economía, con un récord de divisas, como por la firme dirección de destinar esa ganancia hacia el desarrollo social. UN MODELO DE DESARROLLO ALTERNATIVO A partir de la asunción del presidente Evo Morales Ayma, en el año 2006, se producen cambios muy profundos en el país, entre los cuales hemos mencionado la nacionalización de sus recursos y posteriormente a ello la refundación de Bolivia, el 25 de enero de 2009, a través de una nueva constitución que da origen al Estado Plurinacional en la búsqueda del Vivir Bien, tal como lo plantean los dos primeros artículos de su Carta Magna: 118 EL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.1 La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano.2 A partir de esta transformación y la gestión de gobierno, Morales renovó su mandato en el 2009 y en el 2014 con amplio apoyo popular. Este último mandato no pudo ser completado ya que el 10 de noviembre de 2019 fue depuesto a través de un golpe de Estado con apoyo de sectores civiles, policíacos y las fuerzas armadas. En función de lo anteriormente expuesto, es importante analizar cuál fue el desempeño y los logros puntuales durante todo el periodo de su gobierno (2006-2019), para lo cual se tomarán en cuenta los datos macroeconómicos y sociales. En el periodo 2006-2017, el PIB aumentó un 78% a precios constantes, con una tasa de crecimiento promedio anual del 4.9%, la cual promedia los picos más altos de los años 2008 (6.2%) y 2013 (6.8%) con los más bajos de 2016 (4.3%) y 2017 (4.2%) (Carrillo y Converti, 2018: 2). El año previo a las elecciones presidenciales, 2018 llegó al 4.7 % y se estimaba cerrar el año 2019 bajo el mismo guarismo, mientras el resto de la región de América Latina y el Caribe, según la CEPAL, lo hizo al 1.8%, con un contexto económico desfavorable donde aún no se ha producido una reactivación económica (Carrillo, 2018: 2). Dentro del PIB, los sectores que aumentaron su participación fueron: la minería, que pasó del 8% a un 20% (2012), decreciendo a un 13% en 2017; la administración pública, del 5% al 18.8% (2017), y la construcción mantuvo un ritmo de crecimiento del 8.6% anual. La expansión del sector público jugó un papel esencial aumentando en forma constante entre 2006-2016, retomando su ritmo en 2018 llegando al 9% anual. El papel de la inflación con una media del 5.5 % para el periodo (2006-2017) y las tasas de interés accesibles, tanto en los bancos como en financieras para PYMES y empresas, dieron un contexto favorable durante el periodo para la inversión (Carrillo y Converti, 2018: 3). 1 Véase el texto completo de la Constitución boliviana del 25 de enero de 2009, disponible en https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Bolivia.pdf 2 Ib. 119 Silvia Laura Rodríguez La balanza comercial tuvo, a partir de 2014 y hasta el 2017, un saldo deficitario por la caída de las exportaciones. Las mismas eran esencialmente hidrocarburos, manufacturas, minerales y soja. Cabe aclarar que durante este periodo se produjo una brusca caída del precio del petróleo, el gas y los minerales, impactando directamente en el valor de las ventas al exterior. A su vez, la crisis de sus principales compradores de gas, Brasil y Argentina, redujeron su demanda en un 64% el primero y un 68% el segundo, tomando en cuenta el lapso anteriormente mencionado. Lo mismo ocurrió con Estados Unidos, que disminuyó sus compras en un 52% (entre 2014-2017). Por otro lado, las importaciones se contrajeron en menor medida, un 14%, tomando el mismo periodo de análisis, ya que los bienes de capital e intermedios se mantuvieron, lo cual muestra un activo aparato de producción (Carrillo y Converti, 2018: 5). La balanza de pagos registró una caída permanente durante 20142017, producto del déficit en la balanza comercial. Pero la acumulación de divisas durante los años de alto crecimiento y venta de materias primas permitió desarrollar una fortaleza financiera que dio lugar a una baja vulnerabilidad externa, en contextos económicos internacionales desfavorables, tanto por disponer de recursos para financiarse, como por poseer capacidad de control cambiario y no perder valor el peso boliviano frente al dólar. El control cambiario tuvo una llave, el proceso de desdolarización de la economía, para lo cual fueron centrales los buenos resultados macroeconómicos y la estabilidad, que permitieron la soberanía monetaria. Si en el año 2000 solo el 5% de los depósitos se encontraba en moneda nacional y el 95% en dólares, en 2018 el 84% se encuentra en los bancos en pesos bolivianos (Carrillo y Converti, 2018: 11). A su vez, es importante destacar que Bolivia fue, hasta 2019, el país con menor deuda sobre su PIB, un 15% menos que el promedio de América Latina. Uno de los mayores logros del Estado Plurinacional de Bolivia fue la transformación social. Una población en la que 45.2% en el año 2000 estaba sumida en la pobreza, se redujo en el 2017 al 17.1% (según datos del Ministerio de Economía de Bolivia), siendo el país de la región que más ha combatido la pobreza extrema durante 2005-2016. En la escala social la población de ingresos más bajos disminuyó del 61% en 2005 a 37% en 2017; a su vez, la de ingresos medios que era un 35% aumentó al 58% en esos mismos años, mostrando un aumento de las capas medias y la reducción de la población de bajos ingresos. Las herramientas para la redistribución progresiva del ingreso fueron varias, entre ellas (Carrillo y Converti, 2018: 12-14): a) Los programas sociales o transferencias directas: el bono Juancito Pinto (que llegó al 19.6% de la población), el bono Juana Azurduy 120 EL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA (que alcanzó al 18% de la población) y el programa Renta Dignidad (que cubrió al 12% de la población). b) La disminución de la desocupación laboral, habiendo quedado, hasta 2019, en un 2.9 % para los hombres y 4.1% para las mujeres. c) El salario mínimo aumentó de 500 a 2 060 bolivianos, es decir un 312%, teniendo en cuenta una inflación anual del 5.5%. Por último, es relevante marcar que, a pesar del contexto internacional desfavorable del periodo 2014-2017, que impactó como se mencionó anteriormente en todos los indicadores macroeconómicos, sumados a un déficit fiscal del 7.8% del PIB en 2017 y si bien la inversión pública disminuyó ese año se mantuvieron las políticas sociales contracíclicas, buscando sostener el consumo y evitando realizar un ajuste, como sugieren las recetas económicas ortodoxas. Posteriormente, en 2018 se vuelve a registrar un déficit del 8.32%, pero el gobierno decide avanzar con el pago del doble aguinaldo a fin de ese año, para seguir impulsando la demanda. Todo lo cual haciendo un balance general mostró, hasta noviembre de 2019, una economía estable y en expansión, con baja vulnerabilidad externa y una redistribución cada vez más igualitaria del ingreso (Carrillo, 2018: 6). Hasta aquí el balance general económico, a lo cual consideramos central sumarle los proyectos de inversión que estaban en desarrollo por parte del Gobierno del presidente Evo Morales, sobre todo en el sector de minería y en particular el que involucraba el aprovechamiento de la riqueza y el poderío del litio, en pos del bienestar del pueblo boliviano. En un contexto mundial donde la demanda de minerales y sobre todo de este último se encontraba en crecimiento producto de las innovaciones tecnológicas, surge la necesidad de asociarse para poder avanzar en la fase de industrialización y superar la etapa de proveedor de materia prima. Dadas las condiciones climatológicas que presenta el salar de Uyuni, donde se ubica el litio, por su nivel de precipitaciones, tal como se mencionó en el punto anterior, demanda mayor tecnología para su procesamiento, inversión y expertise. Todo lo cual produjo que el Estado no pudiera desarrollar por sí mismo la fase industrial y se viera obligado a asociarse con empresas transnacionales. En la búsqueda de posibles empresas socias, no hubo acuerdo con aquellas de origen occidental como Eramet (Francia), FMC (Estados Unidos) y Posco (Corea del Sur), tanto por la complejidad geográfica de la ubicación del mineral, como por razones de índole política. Ya que el presidente Evo Morales Ayma había puesto como condición que cualquier desarrollo sobre el litio debería hacerse con la empresa minera 121 Silvia Laura Rodríguez nacional (COMIBOL) y Yacimientos de Litio Bolivianos (en adelante, YLB), en condiciones de paridad (Prashad, 2019: 3). Finalmente, el acuerdo se produjo con las empresas chinas TBEA Group y China Machinery Engineering, las cuales firmaron con YLB, comenzando a experimentar nuevas formas de extracción y compartiendo ganancias. La idea de “un nuevo pacto social del litio”, según el planteamiento de Vijay Prashad, resultó inaceptable para las principales compañías mineras transnacionales, ya que las canadienses Tesla y Pure Energy Minerals tenían sumo interés, pero no estaban dispuestas a cumplir con las reglas del gobierno boliviano, por tanto, prevaleció la intención del acuerdo con las compañías chinas. Los acuerdos con las sociedades comerciales chinas dejaron a Bolivia, desde el punto de vista geopolítico, en medio de la guerra comercial que venía acaeciendo entre Estados Unidos y el gigante asiático, con las implicaciones que ello acarrea. Dado el valor estratégico de América Latina para el poder estadounidense, en función de lo cual despliega su política hegemónica, sumado a los nuevos objetivos trazados por la administración de Donald Trump a partir de 2018, los cuales serán desarrollados en el próximo punto. GEOPOLÍTICA DE LOS MINERALES REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA Y ALTA DEMANDA DE MINERALES Durante las últimas dos décadas se ha asistido una nueva revolución tecnológica. La misma ha ampliado el consumo en la sociedad moderna de numerosos dispositivos electrónicos y a su vez los procesos industriales se automatizaron requiriendo nuevos componentes para su fabricación. Dichos cambios han producido que, si hasta mediados del siglo XX solo se utilizaban quince minerales metálicos dentro de la tabla periódica de elementos, actualmente todos los que se encuentran en ella tienen algún tipo de uso. Desde la fabricación de teléfonos celulares a computadoras, pasando por pilas de combustible y células para energía fotovoltaicas, entre otras. Para ejemplificar lo acaecido, es importante tener en cuenta que, si en los ochenta se utilizaban doce minerales en la fabricación de chips de computadora, diez años después se utilizaron dieciséis y actualmente se requieren sesenta elementos para brindar al producto alta velocidad y capacidad integrada de circuitos (USGS, 2017: 8). Dentro de este contexto, la competencia por los recursos minerales pone en riesgo la producción industrial de aquellos países que carecen del autoabastecimiento y dicha situación abre el espacio para el conflicto político-económico, debido a que las concentraciones de los materiales en la corteza terrestre son desiguales, en virtud de los procesos 122 EL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA geológicos que dieron origen a cada territorio, a partir de lo cual la riqueza mineral se encuentra concentrada en pocos países, entre ellos China, Brasil, Sudáfrica y Rusia. Por otro lado, la existencia de estos elementos en sí no implica su explotación comercial, y a su vez la conciencia sobre el desarrollo sustentable va dando lugar a regulaciones restrictivas en pos de cuidar la salud de la población y remediar los daños causados por la contaminación ambiental, originados por la extracción y el procesamiento de minerales (USGS, 2017: 8). La dependencia de los minerales, tanto para la industria como para la defensa, ha llevado a Estados Unidos principalmente, a un análisis pormenorizado. De tal manera han clasificado como críticos aquellos de los cuales carece, y estratégicos los considerados centrales para la fabricación de armamento, resultando finalmente una lista de treinta y cinco materiales en 2018 los cuales juzgan de alta vulnerabilidad para el mantenimiento de su economía (USGS, 2018: 2). Por tanto, de ese estudio se desprende el diseño de una política para asegurar el mantenimiento del suministro de los mencionados componentes. Los cuales se detallan a continuación: Cuadro 1. Lista de minerales críticos y estratégicos para Estados Unidos Estratégicos seguridad Aluminio (Al) Principales usos Países con reservas Utilizado en todos los sectores de la economía China, India, Canadá, Rusia Baterías de plomo, propiedad anticorrosiva, material ignífugo, productos químicos, vidrio, cerámica China, Bolivia, Canadá Arsénico (As) Maderas, pesticidas y semiconductores China, Marruecos, Bélgica, Bolivia Barita (Ba) Perforación de pozos de gas, petróleo e industria de cemento China, India, Marruecos, México Tecnología médica, aeroespacial, informática, telecomunicaciones Brasil, Kazajistán, Japón Bismuto (Bi) Industria médica y atómica China, Bélgica, México Cesio (Cs) Utilizado en investigación y desarrollo Canadá, Namibia, Zimbabue Circonio (Zr) Utilizado en las industrias de cerámica de alta temperatura Australia, Sudáfrica, Rusia Cobalto (Co) Utilizado en baterías recargables y superaleaciones Noruega, Japón, China, Canadá Antimonio (Sb) Berilio (Be) Sí Sí continúa... 123 Silvia Laura Rodríguez Estratégicos seguridad Principales usos Países con reservas Cromo (Cr) Utilizado principalmente en acero inoxidable y otras aleaciones Kazajistán, Sudáfrica Escandio (Sc) Para aleaciones y pilas de combustible China, Kazajistán, Rusia, Ucrania Como recubrimientos protectores y aleaciones para acero. China, Indonesia, Birmania, Brasil, Bolivia Estroncio (Sr) Pirotecnia e imanes cerámicos China, México, España Fluorita (F) Fabricación de aluminio, gasolina y uranio combustible Sudáfrica, Túnez, China Estaño (Sn) Sí Galio (Ga) Sí Para circuitos integrados y dispositivos ópticos como LED China, Alemania, Kazajistán Germanio (Ge) Sí Para aplicaciones de fibra óptica y visión nocturna Canadá, China, Finlandia, Rusia Grafito (C) Para lubricantes, baterías y pilas de combustible China, India, Brasil Hafnio (Hf) Barras de control nuclear, aleaciones y alta temperatura de cerámica Australia, Sudáfrica, Rusia Helio (He) Resonancias magnéticas, agentes de elevación e investigación Qatar, Canadá, Argelia, Portugal Indio (In) Utilizado principalmente en pantallas LCD China, Bolivia, Japón, Corea, Taiwán Litio (Li) Baterías de celulares, automóviles Chile, Bolivia, Argentina, China Magnesio (Mg) Revestimiento de hornos para la fabricación de acero y cerámica Israel, Canadá, México Manganeso (Mn) Fabricación de acero Gabón, Sudáfrica, Australia, Bolivia Utilizado principalmente en aleaciones de acero Brasil, Canadá, Egipto Fabricación de aluminio, gasolina y uranio combustible Sudáfrica, Rusia, Alemania Para baterías y electrónica China , Australia, Brasil, India, Rusia Potasio (K) Como fertilizante Canadá, Rusia, Bielorrusia Renio (Re) Para gasolina y superaleaciones sin plomo Chile, China, Polonia, Kazajistán Niobio (Nb) Sí Elementos grupo platino (PGE) Elementos tierras raras (REE) Sí continúa... 124 EL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA Estratégicos seguridad Principales usos Países con reservas Rubidio (Rb) Utilizado para investigación y desarrollo en electrónica Namibia, Zimbabue, Canadá Uranio (U) Para fabricar combustible nuclear Canadá, Australia, Kazajistán Componentes electrónicos, principalmente condensadores Brasil, Australia, China, Rusia Fabricación de acero y células solares China, Suecia, México Como pigmento blanco o aleaciones metálicas Australia, Canadá, Noruega, Sudáfrica Tungsteno (W) Para fabricar metales resistentes al desgaste China, Bolivia, Vietnam Vanadio (V) Para aleaciones de titanio China, Rusia, Sudáfrica Tantalio (Ta) Sí Telurio (Te) Titanio (Ti) Sí Fuente: Elaboración propia con base en informes de U.S. Geological Survey (2017-2019). La administración de Trump se planteó la necesidad de terminar con la dependencia de los minerales extranjeros, toda vez que una interrupción en el suministro ocasionaría graves daños a la economía estadounidense, colocándola en una situación de vulnerabilidad de la que se proponen salir. Dicho objetivo no es fácil, ni vadeable a corto plazo, por más que se avance en materiales sustitutos, exploración y tecnologías de reciclaje. En principio se enfocaron en asegurarse la provisión de todos los elementos a través del comercio con países aliados y socios. Si se observa el listado del Cuadro 1, encontramos que incluye entre ellos: arsénico, cesio, fluorita, galio, grafito natural, indio, manganeso, niobio, tierras raras, rubidio, escandio, estroncio, tántalo y vanadio. En el caso de estos minerales, la industria estadounidense depende al 100% de su importación para permitir el desarrollo de fármacos, construcción, automotriz, energía, metalurgia, aleaciones, maquinaria industrial, vidrio, cerámica, medicina, turbinas, equipo médico, industria aeroespacial, aviones militares, relojes atómicos, pirotecnia, telefonía, satélites, computadoras, televisores, implantes médicos, combustible nuclear, filamentos de lámparas eléctricas, material cerámico de alta temperatura, lámparas electrónicas, lentes de alta calidad para instrumentos de precisión, electrodos especiales para soldadura, reactores nucleares, etc. Por tanto, tiene severas repercusiones en las empresas transnacionales más importantes de estos sectores debido a que Estados Unidos depende casi completamente de algunos países como Marruecos, China, Bélgica, Brasil, Rusia, Canadá, México, Sudáfrica, Vietnam, Alemania, Ucrania, República de Corea, Gabón, Australia, Japón, India y Kazajistán, entre otros (Castro Soto, 2018: 2). 125 Silvia Laura Rodríguez Es importante destacar que China es el país que más minerales le suministra a la economía de Estados Unidos. Tales como antimonio, arsénico, barita, bismuto, escandio, estroncio, fluorita, galio, grafito, indio, litio, elementos de tierras raras, renio, tantalio, tungsteno y vanadio. Todos clasificados como críticos para el gobierno de Trump y en particular algunos de ellos son estratégicos para la industria de defensa del país, como en el caso de los elementos de tierras raras, el tántalo, el germanio, el galio, el estaño y el antimonio. Cabe aclarar que con el nombre “tierras raras” (REE) se denominan quince elementos a los que se suman el estroncio y el itrio, que son vitales para la tecnología moderna (computadoras, medicina, electrónica) por sus propiedades magnéticas, luminiscentes, electroquímicas, peso reducido, alto rendimiento y estabilidad térmica. Todo lo cual les otorga un carácter único. En función de lo expuesto anteriormente, queda a la luz la dependencia de Estados Unidos con respecto al gigante asiático en el abastecimiento de minerales. Una nación con la que se encuentra en conflicto comercial (lo cual se desarrollará en el punto siguiente) y a la cual, junto con Rusia, el Departamento de Defensa en la persona de James Mattis desde 2018 designan como “potencias revisionistas”, ya que buscan “moldear el mundo de acuerdo a su modelo autoritario y ganando capacidad de influir sobre las decisiones económicas, diplomáticas y de seguridad de otras naciones” (Torres Sospreda, 2019: 14-15). Según el análisis del secretario de la Defensa, son países que buscan debilitar el orden internacional y hoy son la principal preocupación para la seguridad estadounidense, y ya no el terrorismo, como en años anteriores. Por último, es importante considerar cuáles son los minerales críticos y estratégicos para el país del Norte, cuyas reservas pueden encontrarse en territorio boliviano. Cuadro 2. Lista de minerales críticos y estratégicos para Estados Unidos que posee Bolivia Estratégicos seguridad Antimonio (Sb) Sí Principales usos Baterías de plomo, propiedad anticorrosiva, material ignífugo, productos químicos, vidrio, cerámica Arsénico (As) Maderas, pesticidas, semiconductores Barita (Ba) Perforación de pozos de gas, petróleo e industria de cemento Berilio (Be) Sí Tecnología médica, aeroespacial, informática, telecomunicaciones Estaño (Sn) Sí Utilizado como recubrimientos protectores y aleaciones para acero continúa... 126 EL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA Indio (In) Utilizado principalmente en pantallas LCD Litio (Li) Baterías de celulares, automóviles Manganeso (Mn) Fabricación de acero Niobio (Nb) Sí Elementos grupo platino (PGE) Elementos tierras raras (REE) Principalmente en aleaciones de acero Fabricación de aluminio, gasolina y uranio combustible Sí Utilizados para baterías y electrónica Potasio (K) Como fertilizante Tungsteno (W) Para fabricar metales resistentes al desgaste Uranio (U) Utilizado para fabricar combustible nuclear Zinc (Zn) Sí En industria aeroespacial para misiles y cápsulas espaciales, computadoras portátiles Fuente: Elaboración propia con base en informes de U.S. Geological Survey (2017-2019) y fuentes minerales de Bolivia. Tal como se observa en el Cuadro 2, quince minerales cuyo suministro es considerado imprescindible para el mantenimiento de la industria estadounidense se encuentran en las cuencas geológicas bolivianas, a lo cual se deben adicionar el gas y el petróleo. Lo que en conjunto es de suma importancia, tanto en el plano geopolítico como económico. CHINA Y ESTADOS UNIDOS: SEGURIDAD Y DISPUTA POR LA VENTAJA TECNOLÓGICA LA CARRERA POR LA NUEVA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA Durante los dos últimos años, 2018 y 2019, la guerra comercial entre Estados Unidos y China afectó la actividad económica mundial. En ese contexto disminuyó la actividad comercial entre ambos, debido a la imposición sucesiva de aranceles a los productos que intercambiaban entre sí. Hecho que comenzó con la decisión inicial de Trump, a lo cual Xi Jinping dio respuesta. En principio los que pagaron los costos fueron los consumidores y las empresas de ambos países. A su vez la escalada de precios por el aumento de los gravámenes terminó afectando a las transnacionales, tal es el caso de Apple, ya que sus dispositivos se fabrican en China, lo cual repercute en el resto de la industria estadounidense. Por otro lado, cuando Google decide romper con Huawei, asesta un severo golpe a dicha compañía, ya que le restringe el acceso a la tecnología Android, elevando la tensión (BBC, 2019: 4). En tanto, el sector manufacturero chino fue muy afectado: las computadoras, junto con los de equipamiento de cocina y comunicación tuvieron una reducción de 15 000 millones y el comercio de bienes en esos sectores cayó en un 127 Silvia Laura Rodríguez promedio del 55% debido a los nuevos aranceles. Mientras tanto otros países como Taiwán, México, la Unión Europea, Corea, Canadá e India se beneficiaron aumentando sus ventas a costa de la caída de las exportaciones chinas. Pero es notable destacar que, a pesar de los aranceles impuestos, las empresas del gigante asiático continuaban manteniendo el 75% de sus exportaciones hacia América del Norte. Los resultados finales de este enfrentamiento comercial fueron: precios más altos para los consumidores, pérdidas de las empresas de ambas partes, inestabilidad de la economía global y ganancias para terceros países (Naciones Unidas, 2019: 2-3). En el horizonte continuarían las pérdidas, ya que reorientar la productividad y las cadenas de valor demora mucho tiempo y demanda grandes costos. Reemplazar el potencial chino en las cadenas de suministro globales es una tarea que complica a sus rivales. Tal lo expuesto, es necesario hacer la pregunta sobre la causa real que está detrás de esta contienda comercial. Según la opinión de varios analistas, la guerra comercial tenía como fin último contener el auge de China, que viene avanzando en el desarrollo tecnológico especialmente dentro de las áreas de aviación, fabricación de chips, microprocesadores, vehículos eléctricos y baterías, buscando establecerse en una posición dominante en el año 2025. A su vez, la búsqueda del liderazgo en inteligencia artificial (aprendizaje automático) y las telecomunicaciones (las redes del 5G o internet de las cosas) la enfrentan directamente con Estados Unidos por ocupar el primer lugar en ese desarrollo. El 5G permite una infraestructura de nuevo tipo y, por ello, ciudades inteligentes. Esta nueva red abrirá posibilidades comerciales, demandará mayor cantidad de minerales para fabricar las innovaciones y será importante la elección del proveedor, porque de este dependerá la seguridad de los usuarios (BBC, 2019: 7). La disputa real fue, y es, por ganar la carrera tecnológica, en la cual Estados Unidos está rezagado. Es fundamental comprender tanto las políticas proteccionistas como las luchas geopolíticas dentro de la disputa capitalista por esta nueva revolución tecnológica, que la potencia hegemónica se niega a perder y por tanto establece como objetivo de seguridad la lucha entre Estados. Ahora la contienda es con las “potencias revisionistas” (China y Rusia) porque quieren dominar y atentan contra el orden mundial. El Departamento de Estado de Estados Unidos no plantea una guerra abierta, pero sí en cambio una relación militar “transparente” y de no agresión. Sin embargo, si la voluntad china no es la misma, habrá cooperación donde se pueda y enfrentamiento donde se deba (Torres Sospedra, 2019: 15). A fines de 2019 hubo un acuerdo entre las potencias protagonistas del enfrentamiento comercial, acordando no aplicar una nueva ronda 128 EL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA de aranceles e informando la pronta reducción de otros, mientras tendrán que dirimir la problemática de la propiedad intelectual de alta sensibilidad para Estados Unidos. SEGURIDAD DE ESPECTRO COMPLETO La concepción de dominación por espectro completo, de origen militar, es la que prevalece en el planeamiento de la política de defensa estadounidense. En función de esta es necesaria la utilización de múltiples estrategias para mantener la supremacía y contener a las fuerzas que rivalizan. Para ello se establecen diferentes esferas de acción: subterránea, superficial y espacial, junto con la territorialización, tomando en cuenta el grado de belicosidad de los actores. La dominación implica el control territorial, pero este no solo depende de las fuerzas armadas sino y fundamentalmente de la instalación de una visión del mundo acorde con el sistema capitalista. El análisis histórico muestra las contradicciones en la eficiencia de esta concepción para desactivar conflictos con los competidores u oponentes de la potencia hegemónica (Ramos, 2014: 1). El imperialismo del siglo XXI, con base en esta doctrina “crea al enemigo”, con el fin de apropiarse de todos aquellos territorios o comunidades que no se encuentren subsumidos a los dictados capitalistas. Por ello es necesario repensar la situación de Bolivia previa al Golpe dentro de los parámetros de esta visión. La creación de un enemigo: Evo Morales Ayma. La utilización de múltiples estrategias: 1. Intervención de la OEA planteando fraude en el sufragio electoral para renovar el mandato del presidente Morales Ayma. 2. Activación de los representantes políticos de la oposición, para instalar la ilegalidad de las elecciones. 3. Apoyo a grupos de corte reaccionario y altamente violentos para atacar a los diversos funcionarios del gobierno en turno y a la población civil que apoyara el triunfo del MAS. 4. Cooptación de la fuerza policíaca y las fuerzas armadas, para que no respondan a la investidura presidencial. 5. Difusión de campañas internacionales, donde se hablaba de supuestas maniobras fraudulentas. 6. Desarrollo de tensiones racistas, en particular rechazando todo lo indígena. La puesta en marcha conjunta de todas estas líneas de acción generó una crisis política sin salida para el presidente Morales, que se vio obligado a renunciar por la presión de las fuerzas armadas. Cabe remarcar que su vida estuvo en constante peligro durante el tiempo que permaneció en Bolivia, hasta llegar por acciones diplomáticas a México. 129 Silvia Laura Rodríguez CONCLUSIONES El golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019 buscó cerrar un ciclo de desarrollo alternativo y exitoso en América Latina, liderado por un representante de los pueblos originarios, con amplio apoyo popular durante sus tres mandatos (2006-2019). Un ciclo de trece años, donde la economía boliviana creció a partir de la nacionalización de los recursos naturales, que permitió acumular importantes ganancias debido a los altos precios de las materias primas y que decidieron ser invertidas en resolver las necesidades sociales históricas del pueblo boliviano: pobreza, analfabetismo, salud, vivienda, desempleo. Todos estos problemas fueron abordados por ese nuevo Estado Plurinacional. Los resultados fueron: la reducción de la pobreza y la ampliación de las capas medias, así como el fin del analfabetismo, entre otros. Pero con seguridad, la más importante fue la adquisición de derechos para todas las comunidades que conformaban el país. Un ciclo que también significó una apuesta al desarrollo tecnológico, a través de la asociación con China, en la industrialización del litio bajo condiciones de paridad entre las empresas estatales y las compañías privadas. Este emprendimiento podría significar el ingreso de Bolivia a fases de cadenas globales de valor en el futuro, con lo cual ganaría en autonomía y tecnologización, dejando de ser un proveedor de materias primas. Este significado era, también, un desafío a la hegemonía de Estados Unidos en América Latina, que en función de su política de defensa no permitiría bajo ninguna razón la presencia de China en los países del hemisferio occidental, a los cuales considera su espacio vital. A su vez, tampoco permitiría la continuidad de un modelo de desarrollo alternativo al capitalismo y altamente exitoso en lo económico y social. De la misma manera que pone por delante sus necesidades estratégicas en cuanto al suministro de minerales críticos y estratégicos de los cuales Bolivia posee gran cantidad de reservas. Por todo ello es importante considerar el proceso del golpe dentro de la concepción de dominación por espectro completo, toda vez que el gobierno de Evo Morales Ayma era para el hegemón un problema de seguridad tanto por la presencia de una potencia rival, como por la posesión de riquezas hidrocarburíferas de las que es altamente dependiente. BIBLIOGRAFÍA BBC News (2019a). Guerra comercial entre Estados Unidos y China: ¿cómo afecta a las industrias tecnológicas de ambos países? Disponible en https://www.bbc.com/mundo/noticias-49551605 Acceso 2 de febrero de 2020. 130 EL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA BBC News (2019b). 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Uno de los minerales que ha cobrado relevancia en el mundo es el litio, también conocido como “petróleo blanco u oro blanco”, pues es requerido para la producción de muchos bienes, 1 Este trabajo se basa en la tesis doctoral de Adriana Cadena titulada “Cadenas Globales de Valor en Minerales Estratégicos de América del Sur: El análisis del litio”, dirigida por la doctora Maribel Aponte-García. Para efectos de este capítulo, se presentan brevemente los componentes de conceptualización, autores relevantes de revisión de literatura, método y hallazgos, dejando fuera los aspectos técnicos, ya que se ha priorizado el análisis de coyuntura. También se ha actualizado el análisis hasta el año 2020. 2 Para el Servicio Geológico de los EE. UU. las rupturas en la cadena de suministro han sido durante mucho tiempo una preocupación del gobierno y de la industria (USGS, 2016). Ver http://www.usgs.gov/blogs/features/usgs_top_story/going-criticalbeing-strategic-with-our-mineral-resources/. “El que sea crítico está determinado por los usos industriales y comerciales de las materias primas. Aunque en la actualidad no existe una definición única del gobierno de EE. UU., en términos generales un mineral estratégico puede ser definido como uno que es importante para la economía de la nación; no tiene muchos reemplazos; proviene principalmente de países extranjeros; o está expuesto a las interrupciones del suministro (debido a desastres naturales, las guerras civiles y las huelgas laborales) que vulneran a la nación (EE. UU.)” (USGS, 2016) (Aponte-García, 2018: 277-278). 133 Adriana R. Cadena Cancino y Maribel Aponte-García especialmente necesario para renovar el parque automotor de combustible por uno eléctrico, dada la necesidad imperiosa de reducir las emisiones de gases contaminantes en el planeta y, también por el agotamiento de las reservas de petróleo en el futuro. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés United States Geological Survey) (2019) reporta que en el mundo las reservas de litio han aumentado de manera importante, tanto así que establece la existencia de 62 millones de toneladas extraídas a través de los salares y de rocas, ubicando a Argentina en primer lugar con 14.8 millones de toneladas; en segundo lugar a Bolivia con 9 millones de toneladas y a Chile con 8.5. Sin embargo, en enero de 2019 la consultora minera estadounidense SRK, después de realizar perforaciones a 50 metros de profundidad en un territorio que cubre el 64% del salar del Uyuni en Bolivia, llegó a la conclusión de que la reserva de litio de Bolivia es de 21 millones de toneladas (Obaya, 2019: 13), lo cual ubica a Bolivia como el país poseedor de las reservas más importantes de litio en el mundo, y que (Bloomberg, 2019) tiene el potencial para producir el 20% del litio mundial para 2022. De esta manera, podemos decir que los países suramericanos son fuertes productores de litio y poseen las mayores reservas del mineral, pues se estima que entre Argentina, Chile y Bolivia (llamados la Arabia Saudita del Litio o el Triángulo del Litio) suman más del 70% del litio disponible a nivel mundial. Los principales países productores son Australia, Chile, Argentina, China y Estados Unidos. Chile y Australia se destacan por ser los mayores exportadores de litio, mientras que Estados Unidos y China son los que más lo importan (Cadena, 2018). De los 62 millones de toneladas métricas (TM) mundiales de este recurso, Estados Unidos posee 6.8 TM. Según datos del USGS, Estados Unidos clasifica el litio como un mineral crítico para su seguridad nacional (definido como aquellos con una dependencia de las importaciones netas de sobre 50%). El litio es un mineral estratégico que se ha convertido en una prioridad para las empresas tecnológicas de Estados Unidos y China. Se obtiene de salmueras o vetas de minas y tiene múltiples aplicaciones (aeroespacial, energética, telecomunicaciones, electrónica y transportación). El litio extraído de los salares resulta ser económicamente más eficiente para la producción masiva de baterías para automóviles eléctricos, y por ello la importancia estratégica del litio de los tres países suramericanos. Con el nuevo hallazgo de las reservas de litio de Bolivia en 2019 (descrito en párrafos anteriores), se podría pensar en la conexión o precipitación del golpe de Estado, pues este convirtió a Bolivia en la mayor reserva mundial potencial de ese mineral (Aponte-García, 2019). 134 LITIO. CADENAS DE VALOR, EMPRESAS, POLÍTICAS DE INDUSTRIALIZACIÓN Así, Bolivia se consolidaba como un actor fundamental en la industria y el mercado del litio, y quedó en la mira de los que se disputan la superioridad tecnológica. “Estoy convencido de que somos una potencia”, afirmó el presidente Evo Morales.3 El objetivo general de este trabajo es analizar las conexiones entre las reservas, las cadenas globales de valor, los vínculos con empresas multinacionales productoras de litio, baterías de iones de litio y de vehículos eléctricos; la política de industrialización del litio; y explorar cómo estos elementos pudieran guardar relaciones con el golpe del 10 de noviembre de 2019 ejecutado en el Estado Plurinacional de Bolivia. LA CADENA DEL LITIO. HACIA LA CONSTRUCCIÓN TEÓRICA DE LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR EN MINERALES ESTRATÉGICOS Los estudios sobre cadenas globales de valor en minerales estratégicos fundamentados en análisis de bases de datos de comercio internacional son casi inexistentes, pues solo encontramos dos trabajos en su género: el trabajo desarrollado por Aponte-García (2018) que centra el análisis en la Cadena Global de Valor (CGV) del petróleo (hidrocarburo, no mineral) desde un criterio geopolítico, lo que nos sirvió de fuente fundamental para la formulación de la presente investigación, y el trabajo de Aponte-García (2011) que fue fundamental para el desarrollo de la metodología utilizada. Sin embargo, dado que no existe una teoría que nos permita estudiar los minerales estratégicos suramericanos desde la perspectiva de las CGV, tuvimos que establecer un marco de referencia para su estudio en el que se integran: la teoría de la dependencia, los abordajes sobre CGV, el extractivismo y los minerales estratégicos, con el fin de comprender las variables necesarias para el entendimiento del fenómeno (ver Cadena, 2018; y Apéndice para detalle de autores relevantes). La investigación partió de cuatro preocupaciones: 1) los países suramericanos necesitan conocer ampliamente las posibilidades de desarrollo industrial que emanan de la explotación e industrialización estratégica de sus recursos minerales más abundantes; 2) Si los países de América del Sur no sacan provecho de sus recursos minerales estratégicos, no lograrán incorporarse dentro de las cadenas globales de valor y continuarán profundizando un modelo primario-exportador; 3) Es necesario el estudio de la cadena de valor del litio para estimular su industrialización y demostrar la importancia que tiene alcanzar entre 3 Ver https://dirigentesdigital.com/mercados/latam/bolivia-prepara-nueva-revolucion -de-gas-y-litio-JK851685 135 Adriana R. Cadena Cancino y Maribel Aponte-García la Región una integración productiva real; y 4) los países con reservas significativas de minerales estratégicos confrontan riesgos geopolíticos que atentan contra la soberanía de los recursos naturales y el control político. El método propuesto para estudiar los minerales estratégicos suramericanos desde la perspectiva de la Cadena Global de Valor, siguiendo el método propuesto por Aponte-García (2011; 2018) consiste de cinco pasos (ver Cadena, 2018: 88-89; Aponte-García, 2018). El primer paso es escoger el mineral de estudio y los países de estudio. El segundo paso es determinar y dibujar las cadenas de valor del mineral. El tercer paso es mapear la CGV del litio con mayor relevancia tecnológica en el futuro en términos de negocios. En el caso del litio, se analizó la CGV de las baterías de iones de litio recargables e incluso se vincularon los nombres de las compañías de automóviles que las emplean. En el cuarto paso se presenta el mapeo y se identifican las empresas que explotan y exportan el litio en Argentina, Bolivia y Chile. El quinto paso es vincular a las empresas productoras locales del mineral (estudiado en el cuarto paso) con las empresas internacionales productoras del bien tecnológico escogido en el tercer paso. A continuación se presenta el Diagrama 1, que ilustra la CGV generada luego de completar los pasos dos y tres del método arriba descrito. Este diagrama se fundamenta en las principales aplicaciones del litio. Según datos del USGS expresados en porcentajes para el 2016, estos eran: la cerámica y el vidrio (32%), las baterías (35%), las grasas lubricantes (9%), el aire acondicionado (5%), las aleaciones de aluminio (1%), los polímeros (4%), así como otros usos (14%). Las principales hipótesis direccionales examinadas y confirmadas en los hallazgos, utilizando metodología cualitativa y cuantitativa para llevar a cabo la investigación, fueron: 1. Argentina, Chile y Bolivia hasta 2017 no le daban un trato de recurso estratégico al litio; 2. El litio extraído de Argentina y Chile se lleva como materia prima hacia los principales centros tecnológicos productores de automóviles eléctricos (Estados Unidos, Japón y China); y 3. Argentina y Chile están en el primer eslabón de la producción de baterías de litio para automóviles eléctricos. Para fines de este capítulo se ha añadido una nueva consideración a explorar. Bolivia emprende un proceso de industrialización que plantea la apropiación del valor añadido a lo largo de la cadena de producción y distribución y el lanzamiento de un auto eléctrico que está muy por debajo del precio del mercado de productos similares en el mercado internacional. Esto, sumado a la postura de una política de industrialización cónsona con el control de la producción nacional en manos de empresas estatales y locales privadas, constituye un elemento que propicia el golpe. 136 Diagrama 1. Cadenas de valor del litio y sus usos Producción primaria Primera transformación Segunda transformación Chile (Atacama, Maricunga) Bolivia (Uyuni, Copiasa) Argentina (Hombre Muerto, Olaroz, Rincón) Se inicia Prospección Óxido de litio Nitrato de litio usos usos Aplicaciones o usos Hidróxido de litio usos Pertenece a Tubos de televisión Pertenece a Industria electrónica Turbo reactores Pertenece a Pertenece a Industria aeroespacial Cerámica Amoniaco líquido uso Vidrio Fritas Extracción Metalurgia Carbonato de litio (purificación y precipitación) Teléfonos celulares Deriva usos Baterías de litio no recargables Baterías litión Aluminio Que continúa hacia usos tipos Baterías uso Cloruro de litio usos Deriva Litio metálico (electrólisis) usos Fuente: Cadena (2018: 111). Bromuro de litio usos Caucho sintético (butil-litio) Agua mineral Acumuladores ion-litio Soldaduras Aire acondicionado Combustible sin irradiar Reactores nucleares (uso futuro) Aleaciones de aluminio Medicamentos Industria química Pertenece a Grasas multipropósito Pigmentos Seguido de Tipo de industria Industria del vidrio, cerámica y la construcción Lubricantes sin petróleo Exploración Que Concentración produce de litio Tercera transformación Vidrio Salmueras usos Industria petroquímica Industria química Teléfonos celulares Tablets Notebooks Industria electrónica Calculadoras electrónicas Pertenece a Audífonos Cámaras fotográficas Marcapasos Industria de manufactura y relojes Relojes Pertenece a Bicicletas y motos eléctricas Industria automotriz y de transporte Autos eléctricos Pertenece a Pertenece a Pertenece a Pertenece a Pertenece a Pertenece a Pertenece a Industria del caucho y materias plásticas Industria alimenticia y procesado de alimentos Industria electrónica Industria metalmecánica Industria electrónica Industria petroquímica Industria nuclear Trenes de aterrizaje de aviones y sus partes Partes de aviones y helicópteros Pertenece a Las demás partes de aviones y helicópteros Pertenece a Industria aeroespacial Industria farmacéutica Adriana R. Cadena Cancino y Maribel Aponte-García HALLAZGOS El litio, la industrialización y el mercado internacional de los vehículos eléctricos: la pugna por el dominio de las materias primas y la apropiación del valor añadido El carbonato de litio es la materia prima necesaria para la industria de las baterías recargables para automóviles eléctricos y, por ende, el insumo necesario para la producción de los automóviles eléctricos de tipo híbrido, enchufable o totalmente eléctrico. En este contexto, países como Argentina, Bolivia y Chile cobran gran relevancia para la industria automotriz y de baterías recargables, pues si bien el litio es solo una materia prima, esta se constituye como la materia prima más importante para el auge de dicha industria y más cuando el litio es obtenido a través de las salmueras que resultan ser eficientes en materia de costos, mucho más que el litio extraído a través de roca. Zuleta (2014: 8), en sus apuntes sobre el mercado del litio y el carácter estratégico del mineral en Chile, argumenta que todo hace presumir que con el último anuncio de Tesla Motors, el boom mundial de los vehículos eléctricos ya habría arrancado y que se intensificará a partir del 2016-2017, cuando el fabricante de automóviles eléctricos más innovador de la historia lance al mercado su vehículo eléctrico de tercera generación dotado de dos características fundamentales: 1) una autonomía en el modo eléctrico de más de 322 kilómetros con carga completa de su batería de iones de litio; y 2) un precio del vehículo de alrededor de US$ 35 000 lo que garantizará su accesibilidad a una apreciable masa de consumidores de la Tierra. El autor amplía su predicción a partir de estimaciones basadas en cifras de 2013, donde en Estados Unidos entre enero y noviembre del año 2012 se habría consumido un total de 2 090 toneladas métricas de carbonato de litio, lo que significó un 72% de todo el litio necesario para la producción de baterías de iones de litio utilizadas por todos los vehículos eléctricos enchufables comercializados en Estados Unidos y el 68% de todo el litio requerido por los carros híbridos y enchufables que se venden en el mismo mercado, constituyendo este consumo el 1.24% del consumo global de litio. Por tanto, para producir medio millón de vehículos eléctricos, en 2020 solamente en Estados Unidos, Tesla Motors requerirá entre 40 800 y 59 442 toneladas métricas de carbonato de litio, lo que se traduce entre 24.29% y 35.38% del total de carbonato de litio que se consumió en el mundo en el 2013. Según información de Roskill (2013), el uso de litio en baterías recargables habría sido el responsable del 44% del crecimiento neto del consumo de litio entre 2000 y 2012 y del 70% del mismo entre 2008 y 138 LITIO. CADENAS DE VALOR, EMPRESAS, POLÍTICAS DE INDUSTRIALIZACIÓN 2012. Así mismo, se espera que esta aplicación contribuya con el 75% del crecimiento de la demanda proyectada hacia el 2017, cuando se estima que para ese año la demanda de carbonato de litio alcanzará más de 238 000 toneladas (Zuleta, 2009: 3). También Roskill, en información recabada de Zuleta (2009), “prevé que entre 2013 y 2017 el principal determinante del mercado (baterías recargables) se desplazará gradualmente de productos electrónicos portátiles hacia vehículos eléctricos, especialmente del tipo híbrido”. Los automóviles eléctricos se pueden clasificar en: 1) Vehículos eléctricos híbridos (HEV), que se caracterizan por poseer un motor con una propulsión eléctrica muy pequeña y por una combustión interna; 2) Vehículos híbridos enchufables (PHEV), que se caracterizan por poseer un motor de propulsión eléctrica con autonomía entre 40 y 60 km (puede recargarse enchufándolo a la energía eléctrica) y un motor por combustión interna; y 3) Vehículos completamente eléctricos (BEV) que se caracterizan por una propulsión solamente eléctrica, con autonomía de entre 120 km y 420 km (Zuleta, 2014). Cuadro 1. Análisis conjunto del comportamiento del mercado de vehículos PHEV y BEV en Estados Unidos, Japón y China entre 2013 y 2015 Estados Japón Unidos Marcas 2013-2015 N° 2013-2015 % % autos Unidades Unidades vendidas vendidas 1 Nissan 70 079 20.9 36 900 China Total 2013-2015 2013-2015 2013-2015 País % Unidades Unidades % origen vendidas vendidas 42.2 2 BYD 71 178 28 106 979 15.8 71 178 10.5 Japón China 60 570 10 Estados Unidos 61 605 18.3 61 605 9.1 Estados Unidos 5 Ford 55 851 16.6 55 851 8.3 Estados Unidos 6 Toyota 31 823 9.5 9 952 11.4 41 775 6.2 Japón 1 340 0.4 37 577 43 38 917 5.8 Japón 3 Tesla 59 755 17.8 4 Chevrolet 7 Mitsubishi 806 0.9 9 165 4 8 Zotye 26 811 11 26 811 4.0 China 9 Chery 26 158 10 26 158 3.9 China Alemania 86 0 23 005 3.4 11 Baic 10 BMW 20 828 6.2 2 091 2.4 21 492 9 21 492 3.2 China 12 Kandi 15 887 6 15 887 2.3 China 13 Geely 16 974 7 16 974 2.5 China continúa... 139 Adriana R. Cadena Cancino y Maribel Aponte-García Estados Japón Unidos Marcas 2013-2015 N° 2013-2015 % % autos Unidades Unidades vendidas vendidas 14 Fiat 13 636 Total China 2013-2015 2013-2015 País 2013-2015 % Unidades Unidades % origen vendidas vendidas 4.1 15 Roewe 16 JAC 17 Smart 4 904 1.5 18 VW 4 638 1.4 19 JMC 10 268 4 9 774 4 4 125 2 13 636 2.0 Italia 10 268 1.5 China 9 774 1.4 China 4 904 0.7 Alemania Alemania 4 638 0.7 4 125 0.6 China 20 Porsche 2 778 0.8 2 778 0.4 Alemania 21 Mercedes 2 798 0.8 2 798 0.4 Alemania 22 Honda 2 015 0.6 2 172 0.3 Japón 157 0.2 23 Cadillac 2 340 0.7 2 340 0.3 Estados Unidos 24 Hyundai 160 0.0 160 0.0 Corea del Sur 86 0.0 86 0.0 Suecia 1 374 0.2 Corea del Sur 1 237 0.2 China China 25 Volvo 26 Kia 1 374 0.4 27 Venucia 1 237 28 GAC Otros TOTAL 34 0.0 336 044 100 87 483 100 1 255 0 255 0.0 39,339 16 39 373 5.8 100 676 276 100.0 252 749 Fuente: Cadena (2018: 146-146), con base en información de Hybridcars.com; InsideEVs.com; Ev-sales; evobsession; chinaautoweb; kirillklip blogspot. El Cuadro 1 presenta los resultados del mapeo de las empresas productoras de los principales modelos de automóviles PHEV y BEV vendidos en Estados Unidos, Japón y China, entre 2013 y 2015, a través del cual se puede observar que, de las nueve principales empresas productoras de autos eléctricos, encontramos tres empresas de origen chino (BYD, Zotye y Chery), tres de origen estadounidense (Tesla, Chevrolet y Ford) y tres japonesas (Nissan, Toyota y Mitsubishi). Así mismo, China se consolida como el país que más produjo y vendió automóviles eléctricos con una participación de mercado analizado del 30%, seguido por Estados Unidos con el 28.1% y en tercer lugar se encuentra Japón con el 28% del mercado. Para comprobar que China, Estados Unidos y Japón son los mercados más importantes para los vehículos eléctricos (Cuadro 1), se obtuvo que del total de automóviles eléctricos que se vendieron en 2014, el 38.8% se vendió en Estados Unidos, el 18.7% en China y el 10.3% en Japón, lo que nos da un 67.8% en total entre los tres mercados; mientras 140 LITIO. CADENAS DE VALOR, EMPRESAS, POLÍTICAS DE INDUSTRIALIZACIÓN que para 2015 el mercado chino superó al estadounidense, teniendo una participación del 46.5%, seguido por Estados Unidos con el 35.8% y Japón con el 7.8% con respecto a las ventas mundiales, lo que significa que para 2015 el 90.2 % de los automóviles eléctricos tipo PHEV y BEV fueron vendidos en estos tres países. Cuadro 2. Principales empresas productoras de baterías de iones de litio, origen y cantidades de toneladas de litio requeridas entre 2013 y 2015 Principales empresas productoras de baterías de iones de litio de los automóviles eléctricos vendidos en Estados Unidos, China y Japón entre el 2013 y 2015. Expresado en porcentaje respecto del total de carbonato de litio requerido por empresa para la producción de las baterías y cantidad de carbonato de litio expresado en toneladas Empresas productoras de baterías Estados Unidos Japón China Total carbonato Carbonato demandado Total % Carbonato Carbonato litio (Ton) litio (Ton) % litio (Ton) 2013-2015 2013-2015 % % Panasonic 60.4 8 869 6.6 176 AESC 17.3 2 540 63.7 1 700 BYD 10.1 0.2 Samsung S DI 4.2 611 Bosch 3.4 495 32 27.1 2.5 42.15 Japón 4 240 17.37 Japón China 3 275 13.42 27.8 1 962 1 962 8.04 China 1 486 6.09 Corea 723 755 3.1 Japón 67 678 2.78 Corea 495 2.03 Alemania Wanxiang 0.9 10 287 3 275 1 486 Lithium Energy Japón A123 LGChem 1 242 46.4 Guoxuan de alta tecnología LG-Chem 17.6 País de origen 138 5.1 360 360 1.47 China 2.6 184 322 1.32 Corea Sanyo 0.3 44 44 0.18 Japón Kreisel 1.7 248 248 1.02 Austria Toshiba 0.2 29 29 0.12 Japón 122 0.5 Estados Unidos 13 0.05 Japón 1 0.01 China Tesla 0.8 122 Blue Energy 0.1 10 0.1 3 E-One Moli Energía 0 Otros 0.4 62 Total 100 14 686 100 2 668 1 0.4 28 90 0.37 100 7 052 24 406 100 Fuente: Cadena (2018: 148), con base en información de Hybridcars.com; InsideEVs.com. Los datos correspondientes a la cantidad de litio requerido se obtuvieron de multiplicar el resultado de la capacidad energética por el requerimiento de litio en cada batería (1.51 kg por kWh) según los cálculos encontrados en J. Speirs (2014). 141 Adriana R. Cadena Cancino y Maribel Aponte-García Según ilustra el Cuadro 2, con base en los resultados obtenidos del análisis del comportamiento de la venta de automóviles en China, Japón y Estados Unidos, tenemos que entre el 2013 y el 2015 los principales productores de baterías para los automóviles eléctricos vendidos en dichos mercados fueron Panasonic, empresa que requirió el 42.15% del total del carbonato de litio para la producción de baterías eléctricas en el periodo estudiado, seguido por AESC con una demanda de carbonato de litio del 17.37% y, ocupando un tercer lugar, la empresa China BYD con 13.42% de la demanda del carbonato de litio en este lapso; luego, en este periodo podemos determinar que para este nicho de mercado tan solo tres empresas están demandando el 72.94% del litio que se requirió para la producción de todo el parque automotor vendido tanto en Estados Unidos como en Japón y China entre 2013 y 2015. Del total de países con empresas productoras de baterías de iones de litio, entre 2013 y 2015 (para abastecer la demanda de autos eléctricos vendidos en Japón, Estados Unidos y China) Japón produjo el 63% de las baterías de iones de litio, seguido por China con el 23%, Corea del Sur con el 10% y 2% para Alemania. La demanda de carbonato de litio para la producción de baterías eléctricas para automóviles PHEV y BEV vendidos en Estados Unidos, Japón y China tuvo un crecimiento de 49.5% entre 2013 y 2014; y un crecimiento del 40.2% entre 2014 y 2015, lo que indica un gran aumento en la demanda de automóviles eléctricos, a propósito del incremento de modelos totalmente eléctricos que requieren de mayores cantidades de carbonato de litio. Es importante resaltar que el carbonato de litio demandado para la producción de automóviles eléctricos (de los países analizados en este apartado) respecto del total de carbonato de litio demandado para otros usos, para el 2013 representó el 15.6%, para el 2014 el 22.1% y para el 2015, el 34.3%, lo que confirma un nicho de mercado en expansión. En la actualidad, Estados Unidos y China se disputan la superioridad tecnológica y el mercado internacional de vehículos eléctricos. China ha fijado como objetivo convertirse en el mayor productor mundial de vehículos eléctricos y prioriza el desarrollo de materiales de baterías de litio en el Plan Quinquenal 2016-2020. Las baterías de litio renuevan el parque automotor dependiente de combustibles fósiles por uno eléctrico (Aponte-García, 2019). La batalla global entre Estados Unidos y China por dominar el mercado de baterías y de vehículos eléctricos incluye contrarrestar el control de China sobre las reservas estratégicas claves de litio, ya que este 142 LITIO. CADENAS DE VALOR, EMPRESAS, POLÍTICAS DE INDUSTRIALIZACIÓN es definitorio.4 Las entidades chinas controlan casi la mitad de la producción mundial de litio y el 60% de la capacidad de producción de baterías eléctricas. China necesitará, a partir de 2025, unas 800 000 toneladas de carbonato de litio anuales para satisfacer la demanda creciente de vehículos eléctricos, pudiendo suministrar el 60% de este mercado mundial pronto5 (Aponte-García, 2019). LA INDUSTRIALIZACIÓN EN EL TRIÁNGULO DEL LITIO: ARGENTINA, CHILE Y BOLIVIA Dada la importancia estratégica del litio para encarar los problemas ambientales y de energía del futuro, los tres países han realizado políticas en torno al manejo del litio y su industrialización (Cadena, 2018: 156-157). Según Aranda (2015: 111): Argentina se plantea la creación de una OPEP del litio con los otros países para proyectar una política común; Chile se debate sobre los Contratos Especiales de Operación de Litio, que abren la puerta a nuevos emprendimientos para la explotación de sus salares; mientras que Bolivia apuesta por una industrialización bajo control estatal. Es así como las políticas públicas en el ámbito del litio articulan posiciones en torno al estado de la propiedad, la legislación, el impuesto a la renta y el royalty al litio. En Argentina, el litio es considerado un recurso estratégico en las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy, por el impacto socioeconómico de las provincias donde se extrae, y la propiedad es concesible. En Jujuy, la empresa provincial JEMSE es partícipe de proyectos con un 8.5%. En estos casos los proyectos son aprobados por un comité de expertos. El impuesto a la renta es de 35% y el royalty es de 3%. En Bolivia, por decreto, desde 6 de diciembre de 2010 todas las concesiones mineras vigentes pasaron a ser “transitorias”. La propiedad es no concesible. El litio, como recurso evaporítico, solo puede ser explotado por la empresa estatal COMIBOL hasta los productos químicos básicos. Para productos secundarios COMIBOL podrá asociarse con privados manteniendo la mayoría estatal. El impuesto a la renta es de 25% y el royalty es de 12.5%. En Chile, actualmente el litio es considerado estratégico y de interés nuclear. La propiedad no es concesible, según lo previsto en el 4 Ver https://www.globalresearch.ca/china-usa-geopolitics-lithium/5695377?utm_cam paign=magnet&utm_source=article_page&utm_medium=related_articles 5 Ver https://www.worldenergytrade.com/index.php/m-news-metals/173-news-litio/ 4577-bolivia-espera-ser-el-cuarto-productor-mundial-de-litio-en-2021 143 Adriana R. Cadena Cancino y Maribel Aponte-García D.L. N° 2 886, que establece la reserva del Estado sobre el litio; sin embargo, para empresas con concesiones de extracción de litio anteriores al año 1979 se exceptuó esta disposición; condición en que se encontraba la propiedad minera de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) en el salar de Atacama y las de Codelco en los salares de Pedernales y Maricunga; así también a la Comisión Chilena de Energía nuclear (Cochilco, 2013: 12), lo cual quiere decir que estas últimas pueden concesionar sus pertenencias a terceros, además de haberse evitado el pago de impuestos de comisión por venta y de arrendamiento, lo cual ha favorecido sustancialmente a empresas como Rockwood y Albemarle. “En proyecto de Ley cursa un royalty minero para el litio y cobre del 3%, pues lo que se cobra en la actualidad se establece de acuerdo a las inversiones de la minera”.6 Al analizar el esquema de políticas públicas hacia el litio, se desprende que Argentina considera el litio como un mineral parcialmente estratégico, pues solo las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy le dan este reconocimiento; Chile, por su parte, le da un carácter estratégico y otorga contratos especiales de explotación; mientras que Bolivia solo permite que la explotación del mineral sea realizada por la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), que podrá asociarse con privados, pero siempre y cuando la empresa estatal mantenga la mayoría de la sociedad. Lo cierto es que los tres países tienen la oportunidad y el reto de incorporarse a la modernización energética no solo respondiendo a una lógica primario-exportadora, sino a través de una estrategia de industrialización orientada a la cadena de valor del litio por medio de la búsqueda de su industrialización. Luego, el hecho de que sea concesible o no concesible no determina el carácter estratégico real que tenga el litio en los países suramericanos, por lo que a continuación se estudiará la situación de este mineral en cada uno de los tres países suramericanos, con el fin de determinar su carácter estratégico o no, enmarcando el análisis dentro de las cadenas globales de valor. VÍNCULOS CON EMPRESAS MULTINACIONALES PRODUCTORAS DE LITIO Y VEHÍCULOS ELÉCTRICOS: LOS CASOS DE ARGENTINA, CHILE Y BOLIVIA Argentina como uno de los países con mayores reservas de litio a nivel mundial, cuenta con yacimientos en minerales como el espodumeno y la petalita en San Luis, Catamarca, Salta y Córdoba que, según Nacif (2012) se explota desde 1935, pero con una capacidad mínima de 6 Información obtenida de https://www.mch.cl/2018/09/13/proyecto-establece-royalty-al-cobre-al-litio-avanza-la-camara/# 144 LITIO. CADENAS DE VALOR, EMPRESAS, POLÍTICAS DE INDUSTRIALIZACIÓN producción, siendo empleado este litio fundamentalmente para la producción de cerámicas y vidrios; así mismo, Argentina cuenta con grandes reservas de litio contenidas en los salares cuya extracción por bombeo permite una mayor escala y menores costos de producción, y que se emplea entre otros usos para las baterías de automóviles eléctricos. El litio argentino se encuentra principalmente en los salares de Catamarca, Jujuy y Salta. A partir de la llegada del presidente Macri al gobierno, las empresas mineras han tenido un interés particular por Argentina y su litio, pues este gobierno “eliminó los controles cambiarios y de capital, así como un impuesto a la exportación de minerales con el propósito de atraer inversionistas extranjeros y afianzarse como exportador mundial de carbonato de litio” (Salazar, 2017: 3). Cuadro 3. Empresas productoras de baterías y automóviles eléctricos relacionadas con el litio argentino Empresas productoras de carbonato de litio en Argentina FMC (Estados Unidos) Orocobre y Toyota Tusho Empresas productoras de baterías para automóviles eléctricos Sony y Panasonic Sanyo, Panasonic, Toshiba, Hitachi Empresas productoras de automóviles eléctricos Tesla, Nissan, General Motor, Mitsubishi, Ford y Toyota Toyota, Tesla, GM, Mercedes, Honda, Nissan, Ford International Lithium Corp y Gangfeng BYD, LG Ghem y Panasonic BYD, Chery, Changan, Chevrolet, Hyundai, Kia, Cadillac, General Motors, Renault, Nissan, Daimler, Mercedes, Volkswagen, Ford, SAIC Motor, Nanjing Golden y Dongfen Lithium Americas Corp. Galaxy Resourcer, LG Corporation, GS Caltex y Kores Danjin Magna International, Lithium Energy Japan LG Chem Mitsubishi Panasonic/Tesla General Motors, Renault, Nissan, Daimler, Mercedes, Volkswagen, Ford, SAIC Motor, Nanjing Golden, Dongfen, Changan y Qoros Automotive Tesla Bolloré-Eramet Bolloré Renault y Bolloré Fuente: Cadena (2018: 225). El presente cuadro resumen es el resultado de una búsqueda exhaustiva realizada en fuentes de internet que se encuentran debidamente señaladas en la investigación principal (47 citas). Según ilustra el Cuadro 3, en el caso de Argentina, FMC, que opera desde 1997 en el país, es el principal productor de carbonato de litio, pues se estima que provee el 19% del consumo mundial de litio, con una capacidad de producción anual de 23 000 toneladas de carbonato de litio y 5 500 toneladas de cloruro de litio (Nacif, 2012). FMC tiene acuerdos de venta de litio con Sony, Panasonic Corp. (que hace las baterías a Tesla); 145 Adriana R. Cadena Cancino y Maribel Aponte-García a su vez, espera ser un proveedor de la gigafábrica de baterías de Tesla y, según revela la misma FMC a través de su página web, ya ha suministrado carbonato de litio a Nissan, General Motors y Mitsubishi. Por su parte, Toyota Tusho, que forma parte de la multinacional Toyota Corp., adquirió el 100% de los derechos de venta del carbonato de litio de la planta de Sales de Jujuy, y este litio se destinará para la venta a Sanyo y Panasonic; y Toshiba usará litio que también servirá para las baterías de iones de litio para la compañía Toyota. International Lithium Corp., en asocio con Gangfeng International, les suministra carbonato de litio a BYD, LG Chem y Panasonic. Lithium Americas Corp. tiene un acuerdo de suministro de carbonato de litio con Magna International y Mitsubishi. Galaxy Resources, LG Corporations, GS Caltex y Kores tienen acuerdo de suministro de carbonato de litio con LG Chem, que a su vez tiene acuerdos de suministro de baterías con la General Motors, Renault-Nissan, Daimler, Mercedes y Volkswagen, Ford y con las productoras de automóviles chinos SAIC Motors, Qoros Automotive, Grupo Faw y Changan, Nanjing Golden Dragon y Dongfen. Así mismo, Tesla en el 2015 le compra a LG Chem células para el bloque de baterías Roadster. Danjin Resources tiene la intención de suministrar a Tesla el carbonato de litio producido y Bolloré - Eramet que producirá para Renault y la misma Bolloré. Chile es uno de los principales productores de litio a nivel mundial (en disputa con Australia) y según El economista (2016) “el país posee el 40% de las reservas de litio de interés económico a nivel mundial”. Según la Comisión Nacional del Litio (2015: 10): los salares del norte de Chile que se ubican entre las regiones de Arica y Parinacota y Atacama tienen un gran potencial, puesto que constituyen el mayor depósito del recurso de litio en salares y permiten su extracción con los menores costos a nivel mundial. Sus salmueras contienen sodio, potasio, litio, calcio, cloruros, sulfatos, boratos. Se calcula que las reservas de litio presentes en el salar de Atacama sean del orden de 4.5 millones de toneladas. En 1998, con el ingreso de Minsal, empresa que hoy controla SQM, Chile “se posicionó como el primer productor y exportador de carbonato de litio, completando las 30 000 toneladas de concentrado, equivalentes al 50% de la demanda del mercado mundial, cifra con la que la Sociedad Chilena del Litio (SCL) hoy controlada por Albemarle, lidera las exportaciones del mineral”.7 7 Ver http://eleconomista.com.mx/industria-global/2016/11/22/rockwood-lithium-au mentara-extraccion-litio-chile 146 LITIO. CADENAS DE VALOR, EMPRESAS, POLÍTICAS DE INDUSTRIALIZACIÓN Es importante tener en cuenta que las dos únicas empresas que a enero de 2017 explotaron el litio en Chile son Soquimich (SQM), de origen chileno, y la estadounidense Albemarle. De la información recabada y completa sobre las empresas productoras podemos destacar que en Chile la empresa estadounidense Albemarle Corporation cuenta con los contratos más importantes de explotación de carbonato de litio en las pertenencias del desierto de Atacama y en segundo lugar se encuentra la empresa chilena SQM, empresa a la que quizá le den por terminado el contrato antes de tiempo, debido a algunos indicios de malos manejos de pago de impuestos y escándalos por presuntos aportes a campañas políticas. Luego, las más beneficiadas con la explotación de litio en Chile son las empresas estadounidenses, en este caso Albemarle, que busca quedarse con la explotación del 50% del litio mundial y con las concesiones de Chile, pues ya ha realizado grandes avances en esa dirección. Cuadro 4. Empresas productoras de baterías y automóviles eléctricos relacionadas con el litio chileno Empresas productoras de carbonato de litio en Chile Relación de empresas productoras de carbonato con otras mineras SQM (Chile) FMC (Estados Unidos) CITIC Group (China), International Lithium Corp o Tianqi Ganfeng (China) Kowa (Japón) Albemarle (Estados Unidos) (SCL) Li3 Energy (Estados Unidos) (en proyecto) Coldelco (Chile) (en proyecto) Empresas productoras de baterías para automóviles eléctricos Sony y Panasonic Tianqi Ganfeng (China), (BYD, LG Chem y Panasonic) AES Energy Storage Empresas productoras de automóviles eléctricos Tesla, Nissan, General Motor, Mitsubishi, Ford y Toyota Mitsubishi, Nissan, Honda, Tesla, Chery, BYD, Zotye Tesla/Panasonic Tesla Tesla, Toyota Chemicals, Samsung, LG, Sony y Panasonic Tesla (Gigafábrica) Tesla Tesla Fuente: Cadena (2018: 231). El presente cuadro resumen es el resultado de una búsqueda exhaustiva realizada a través de fuentes en internet que se encuentran debidamente señaladas en la investigación principal (28 citas). Del estudio realizado, podemos decir que el carbonato de litio producido por las empresas mineras establecidas en Chile está manejado por empresas estadounidenses; sin embargo, empresas chinas, japonesas y surcoreanas tienen cada vez más interés en quedarse con las pertenencias chilenas de litio. 147 Adriana R. Cadena Cancino y Maribel Aponte-García A finales del año 2014, la presidenta Bachelet crea la Comisión Nacional del Litio con el fin de crear una política pública del litio, acción que culminó con el informe “Litio: una fuente de energía una oportunidad para Chile” en el que se concluye que el litio es un mineral estratégico, resultado al que le surgen críticas como las de Alcayaga (2016), quien afirma que la presidenta Bachelet, cuando dice que “se reafirma el carácter estratégico y no concesionable del litio”, no hace nada nuevo, pues este carácter estratégico ya se había establecido por Pinochet en 1979”. Alcayaga (2016) refuta el informe, pues advierte que esta política “abre las puertas a la inversión extranjera en la explotación del litio, concesionándolo al margen de la Constitución y la Ley y peor aún permite que se explote como una simple materia prima, sin condicionar dicha inversión a que se industrialice el mineral”; y prueba de ello es que en una noticia del 22 de noviembre de 2016 (eleconomista.com.mx, 2016) se anuncia el Acuerdo entre el Gobierno y Rockwood (hoy propiedad de Albemarle) donde el gobierno chileno le otorga la ampliación de la extracción de litio “con el cual Chile espera aumentar anualmente una inyección de entre 70 y 100 millones de dólares anuales por el pago de derechos que hará Rockwood y que serán invertidos en investigación y desarrollo, según informa la Comisión Chilena de Energía Nuclear” y según Iturrieta (2017/01/04) “elevaría a Chile a representar el 40% de la oferta mundial del mineral hacia 2025, pues a 2017 representa el 35% de la oferta mundial”. En este nuevo contrato que le otorga Corfo a Albemarle por 27 años hasta 2044, según Alcayaga (2016) se le permitirá a la multinacional estadounidense ampliar su producción a 80 mil toneladas métricas de sales de litio de grado técnico y grado batería en su planta de La Negra y la posibilidad de producir 5 mil toneladas de hidróxido de litio anualmente; no existe en este acuerdo el más leve compromiso de que Rockwood (Albemarle) deberá producir en el mediano plazo productos secundarios de litio en Chile, lo que significa que no se le está condicionando a la empresa extranjera para que industrialice o cree valor y como ocurre con los contratos de inversión extranjera, después de firmados ya no se pueden solicitar cambios o algún ningún tipo de requisito de desempeño, pues podría el gobierno ser demandado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias en materia de Inversiones (CIADI), por no cumplir con los contratos pactados. Sin embargo, y a pesar del entusiasmo por el acuerdo que cerró Corfo con Albemarle, vale la pena resaltar la noticia de Área Minera 148 LITIO. CADENAS DE VALOR, EMPRESAS, POLÍTICAS DE INDUSTRIALIZACIÓN (2016) donde se conoció “que mientras la minera chilena SQM desde 1993 habría pagado al Fisco 424 MUSD en impuestos y 206 MUSD en arriendo, por el otro lado Rockwood, salvo el impuesto de primera categoría, no paga comisión por venta ni arriendo”, dado el contrato que la empresa estadounidense FOOTE Mineral habría celebrado con Corfo desde 1980, cuando crearon la Sociedad Chilena del Litio /SCL, que posteriormente en 1998 fue adquirida por la empresa Chemetall y esta a su vez en 2004 adquirida por Rockwood, y finalmente en 2015 Rockwood fue adquirida por Albemarle. Así, SQM paga una tasa real del 5.8% sobre sus ventas y Albemarle no paga nada a la estatal por la extracción del litio, lo que consideramos que por parte del Gobierno de Chile le concede una posición “extratégica”8 y no estratégica con el mineral, a pesar que desde el gobierno de Pinochet se ha contemplado al mineral como de “carácter estratégico”, no obstante por más de 36 años no se recibieron impuestos por parte de la compañía estadounidense por causa de la extracción del mineral. La ganancia de Chile con el nuevo contrato dado a Albemarle consiste en que (como se referenció en líneas anteriores) le ingresaría dinero al fisco gracias a que se le modificaría a la empresa la exención pago de impuestos y en cambio se le pondría una tasa progresiva que llegaría al 40%, de acuerdo con el precio internacional del litio. Dicho de otra forma, lo que busca actualmente Chile con la nueva política pública para el litio es mejorar el sistema de concesiones para fomentar la exploración y explotación, evitando limitar la entrada de nuevas empresas al sector, pero sepultando la posibilidad de desarrollar encadenamientos productivos chilenos, como lo hizo con el contrato otorgado a Albemarle, con el que solo se buscó otorgarle concesiones sin ningún criterio de exigencia de industrialización ni de incorporar a Chile y a sus empresas dentro de las cadenas de valor global. Podemos concluir que la producción de litio en Chile y Argentina se localiza aguas arriba en la cadena de valor de las baterías y los vehículos eléctricos, pero los Estados respectivos no participan directamente, pues se concesiona la explotación de los salares a privados y solo se reciben regalías. Así, se trata el litio como commodity, y no como mineral estratégico. Como consecuencia, los países suramericanos no pueden aprovechar el desarrollo tecnológico y la industrialización del litio en el marco del boom de los vehículos eléctricos. Los países suramericanos podrían imponer como requisito la industrialización del litio y la creación de alianzas estratégicas con 8 Con el término “extratégica/o” se quiere hacer referencia a la importancia del mineral para las empresas foráneas y no así para el Estado dueño de los recursos. 149 Adriana R. Cadena Cancino y Maribel Aponte-García empresas que poseen la tecnología. Con ello, se incorporarían a las cadenas globales de valor (CGV) y avanzarían a lo largo de la cadena, en este caso de la producción de baterías de iones de litio para vehículos eléctricos. Esto es precisamente lo que ha hecho el Estado Plurinacional de Bolivia, según analizamos en la siguiente sección. EL CASO DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Bolivia, como se expuso al inicio del presente documento, cuenta con la reserva de litio más importante del mundo. Los principales yacimientos se encuentran en la población de Uyuni en el departamento de Potosí en el conocido salar de Uyuni, el cual consiste “en un espejo de sal de 12 mil kilómetros cuadrados, situado a más de 3 600 metros de altitud del mar” (Eabolivia, 2017) y en el salar de Coipasa con alrededor de 3 300 km2. A partir del Plan Nacional de Desarrollo aprobado en 2006 y mediante el Decreto Supremo N° 29 117 de 2007, se declaró reserva fiscal minera todo el territorio nacional; se eliminó definitivamente el sistema minero concesional; y se promovió la recuperación de las facultades productivas de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). Mientras, la Ley de Minería y Metalurgia N° 3 720 del mismo año estableció que COMIBOL participará directamente en toda la cadena productiva: prospección y exploración; explotación; concentración; fundición y refinación; comercialización de minerales y metales y administración de las áreas fiscales (Aponte-García, 2019). En 2008 (Ley N° 3 720), el presidente Evo Morales declaró la prioridad nacional del Plan de Industrialización de los Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni (DS 29 496 del 1/04/2008) y anunció la construcción de una planta piloto de 17 MUSD financiados por la COMIBOL (Nacif y Lacabana, 2015: 156), con lo que se convierte Bolivia en el único país suramericano que invierte en la industrialización del litio. El gobierno del presidente Evo Morales decidió no concesionar la explotación de litio y sí emprender un proceso de industrialización, abarcando hasta la producción de carbonato de litio; y a partir de ese momento, abrirse a la inversión para otros procesos más complejos, como la fabricación de baterías para automóviles eléctricos. Algunos de los objetivos estratégicos expresados por Bolivia para conseguir la industrialización del litio fueron: 1). Producir 40 toneladas mensuales de carbonato de litio (a nivel piloto). 2). Producir 30 mil toneladas métricas anuales de carbonato de litio a escala industrial. 3). Producir baterías de litio” (GNRE, 2013: 15). No obstante, los objetivos estratégicos planteados por el gobierno boliviano, en realidad hasta 2013 no se cumplieron, pues la planta de Uyuni solo logró producir 9 toneladas métricas de carbonato de litio, sin certificación 150 LITIO. CADENAS DE VALOR, EMPRESAS, POLÍTICAS DE INDUSTRIALIZACIÓN del grado de pureza ni calidad de los materiales producidos, lo que implica un retraso en el inicio de sus operaciones. Sin embargo, el 10 de agosto de 2016, el diario La Razón anunció que “Bolivia exportó a la empresa China Machinery Engineering Corporation sus primeras diez toneladas de carbonato de litio provenientes de la planta piloto de Uyuni, un cargamento que tuvo un valor de 70 mil dólares”; siendo certificada su pureza por la empresa importadora china. Así mismo en paginasite.bo, en una noticia del primero de septiembre de 2016, se anuncia que el gobierno sella la segunda venta de carbonato de litio a China, por una cantidad de 15 toneladas a un precio mayor al anterior envío, ubicándose en 9 200 USD la tonelada, producción que a nuestro juicio es aún muy modesta. De acuerdo con el diario Página Siete (2016) se esperaba que para 2017, la alemana K-Utec entregara el proyecto de ingeniería del diseño final de la Planta Industrial de Carbonato de Litio. Esto daría inicio al proceso de contratación de una firma para la construcción, el montaje y la puesta en marcha de la Planta Industrial de Carbonato de Litio grado batería, con la que se estimaba una producción de la Planta de Carbonato de Litio de 30 000 toneladas al año, en dos líneas de producción (15 000 toneladas por línea). Si bien es importante lo alcanzado por Bolivia con la planta piloto, se deben tener en cuenta algunas de las situaciones del mercado actual, como lo trae a la discusión el analista del litio Juan Carlos Zuleta, quien asegura que “China está dispuesto a adquirir carbonato por debajo de la pureza del 99.5% (que es el requerido para el uso de litio de baterías)” (Página Siete, 2016). VÍNCULOS CON EMPRESAS MULTINACIONALES PRODUCTORAS DE LITIO Y VEHÍCULOS ELÉCTRICOS El Decreto Supremo N° 29 496 mencionado anteriormente habilitó a la COMIBOL para iniciar los primeros pasos de la industrialización de los recursos evaporíticos del salar de Uyuni. En el análisis realizado para este trabajo, se identificaron seis operaciones. 1. La Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos (GNRE) se creó por Resolución de COMIBOL 4 366/2010 (Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos, 2013: 13-14). La GNRE con operaciones en el salar de Uyuni, firmó un contrato bajo la modalidad llave en mano con la empresa china LinYiDake Trade Co., con el fin de adquirir la tecnología para la planta piloto de baterías de iones de litio. Así, “el 3 de enero de 2013 se inició la producción de litio con la inauguración de la planta piloto de carbonato de litio en Llipi, además de una planta piloto de baterías de iones de litio, que se implementó en la localidad de la Palca en Potosí” (GNRE, 2013: 33). 151 Adriana R. Cadena Cancino y Maribel Aponte-García 2. El COMIBOL- GNRE de Bolivia, llevaron a cabo una asociación no comercial con la empresa POSCO-KORES para la producción de materiales catódicos. Se realizó el convenio para el establecimiento conjunto de una planta piloto para la investigación, desarrollo y obtención de materiales catódicos para baterías ionlitio. El mismo sería implementado en la Planta La Palca-Potosí. (Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos, 2013: 62). 3. El GNRE de Bolivia con Venezuela establece un emprendimiento consistente en el desarrollo de separadores para batería de litio; Desarrollo de componentes electrónicos para la producción de Battery Managment Systems; Desarrollo de ánodos para baterías de litio a base de grafito y desarrollo de filmes de aluminio de alta pureza (Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos, 2013: 64). Se establece un convenio para impulsar la industrialización del litio entre la Nacional de Tecnología Química (CNTQ). GNRE y CNTQ de Venezuela el 25 de 2013, cuando firmaron un convenio “para la implementación de acciones conjuntas de investigación, desarrollo y formación para impulsar la industrialización del litio. (Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos, 2013: 62). 4. El GNRE - COMIBOL establece una participación conjunta entre el consorcio holandés y GNRE en la elaboración del plan maestro para el Proyecto de Industrialización del Litio. El consorcio holandés está conformado por Da Vinci Laboratory Solutions (DVLS), Universidad Tecnológica de Delft, Battery Technology International-BTI (Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos, 2013: 64). 5. Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y ACI System de Alemania en octubre de 2018 acuerdan la explotación del salar de Uyuni y la fabricación de baterías de iones de litio para la industria automovilística germana. ACI Systems invertiría 1 300 millones de dólares en proyectos en el salar de Uyuni (Obaya, 2019: 41). 6. Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y el consorcio de firmas chinas Xinjiang Tbea Group y Boacheng explotarán los salares de Coipasa y Pastos Grandes, donde en cuatro o cinco años estaría montada una cadena de fábricas de sulfato de potasio, hidróxido y carbonato de litio, ácido bórico, bromuro de sodio y litio metálico. La inversión estimada de China sería de 2 300 millones de dólares para la industrialización del litio (Sputniksnews 06/02/2019). La inversión anunciada, que será precisada en función de los estudios de diseño final que forman parte del acuerdo, prevé la producción 152 LITIO. CADENAS DE VALOR, EMPRESAS, POLÍTICAS DE INDUSTRIALIZACIÓN de 450 000 toneladas métricas/año (TMA) de sulfato de potasio, 60 000 TMA de hidróxido de litio, 60 000 TMA de ácido bórico, 10 000 TMA de bromo, 10 000 TMA de bromuro de sodio y cantidades no reveladas de carbonato de litio y baterías. El acuerdo incluye la construcción de una fábrica de baterías de iones de litio en China, con participación de YLB. INDUSTRIALIZACIÓN, EMPRESAS NACIONALES E INTERNACIONALES En abril de 2017 se promulgó la Ley N° 928 que creó la empresa pública nacional Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). Bolivia se convertía así en el único país suramericano que invertía en la industrialización del litio proyectando “la construcción de 41 plantas de litio –14 de ellas destinadas a producir baterías y energía, 20 para insumos y 7 para subproductos– estimando ingresos de 4 450 millones de euros a partir de 2030, tras una inversión de 3 900 millones”.9 YLB exploró alternativas con distintos socios estratégicos. En 2018 Bolivia alcanzó un acuerdo con la firma alemana ACI Systems que posibilitó la explotación del salar de Uyuni. Luego negoció con un consorcio chino Xinjiang Tbea Group-Baocheng; que acordó obtener un 49% de participación en el proyecto. En 2019 Bolivia y China suscribieron un acuerdo para construir una planta de carbonato de litio, cuya inversión supera los 1 000 millones de dólares. Evo Morales destacó que “hay un mercado garantizado en China para la producción de baterías”,10 y anunció que se preveía la construcción de una planta industrial en China (Aponte-García, 2019). En 2019 se presenta el primer automóvil eléctrico fabricado 100% en Bolivia. YLB firmó un contrato con el fabricante de vehículos eléctricos Quantum. Evo Morales celebró la noticia como parte del nuevo ciclo de industrialización que vive el modelo económico boliviano. Pocos Estados llevan adelante este proceso, que por supuesto otorga enormes ventajas a quien asuma su control, ya que la fabricación de autos eléctricos se encuentra en el centro de la disputa por el control del cambio tecnológico entre Estados Unidos y China.11 El gobierno de Evo Morales presentó su primer vehículo eléctrico el 3 de octubre 9 Ver https://dirigentesdigital.com/mercados/latam/bolivia-prepara-nueva-revolucion -de-gas-y-litio-JK851685 10 Ver https://www.elciudadanoweb.com/el-trasfondo-de-la-tension-entre-bolivia-y-es tados-unidos-por-el-litio/ 11 Ver https://dirigentesdigital.com/mercados/latam/bolivia-prepara-nueva-revolucion -de-gas-y-litio-JK851685 153 Adriana R. Cadena Cancino y Maribel Aponte-García de 2019 y el 10 de noviembre ocurrió el golpe de Estado en su contra12 (Aponte-García, 2019). Frente al litio, el presidente Evo Morales aseguró a un medio de comunicación que en ningún caso aceptará socios extranjeros para la industria “si es que no ofrecen la instalación de plantas de producción de baterías para los automóviles eléctricos” (La Razón, 2016). Esta posición estratégica del entonces presidente Evo Morales es plausible para el pueblo boliviano, pero no así para intereses foráneos, que requieren el litio boliviano para alcanzar la eficiencia energética del futuro. China sin duda alguna fue el aliado estratégico del gobierno boliviano y esto significa la intromisión del gigante asiático en América Latina, lo cual podría ser visto como poco estratégico para potencias que han mantenido una posición dominante en la región y en torno a los minerales estratégicos suramericanos. En la búsqueda de socios estratégicos para la exploración e industrialización del litio, las siguientes empresas extranjeras manifestaron su interés, entre ellas: Mitsubishi (Japón); Sumitomo (Japón); Bolloré (Francia); JOGMEC (Japón); Citic Gouan Group (China); Kores-POSCO (Corea del Sur); LinYiDake Co. Ltda (China); ACI Systems (Alemania); Xinjiang Tbea Group LTD (China); Ercosplan (Alemania); CAMC Engineering (China); K-Utec Salt Technologies (Alemania); Mayson/ CMEC (China) y Greentech (Francia). No obstante, se alcanzó un verdadero acuerdo con Alemania y China, como se expresó en líneas anteriores. Esta alianza estratégica entre Bolivia y China para la industrialización del litio boliviano, que incluye la construcción de una fábrica de baterías de iones de litio en China con participación de YLB, significa el establecimiento de China en América del Sur y la garantía del abastecimiento del litio necesario para las necesidades energéticas que demanda China. En el diario Sputnik (2019), encontramos textualmente las palabras del presidente Morales donde manifiesta que “esta alianza de China, el mayor productor de vehículos y mayor consumidor de litio del mundo, y Bolivia, como el país con la mayor reserva de litio, es una alianza estratégica muy importante en el mundo y significa enormes potencialidades de cooperación en el futuro”. Así China y Alemania (los grandes de Asia y Europa) garantizarían el litio para sus empresas. Sin duda alguna, los intereses económicos del mundo están puestos en Bolivia y en su litio, pues el valor del litio ha aumentado de 12 Ver https://d.elhorizonte.mx/internacional/litio-el-tesoro-detras-del-golpe-de-estado-en-bolivia/2698017 154 LITIO. CADENAS DE VALOR, EMPRESAS, POLÍTICAS DE INDUSTRIALIZACIÓN manera importante, lo que significa unos ingresos considerables para su Estado Plurinacional, pues, por ejemplo, “el embajador chino en Bolivia, Liang Yu, reconoció que necesitará 800 mil toneladas por año para 2025 para apoyar su floreciente industria de automóviles eléctricos” (Pausa, 2019). La decisión del gobierno de Evo Morales de tender lazos de negocios con China y Alemania y dejar fuera a los demás países extranjeros con multinacionales interesadas en el litio, ya era de por sí una decisión estratégica pero que podría comprometer la gobernabilidad boliviana. El 3 de noviembre de 2019, siete días antes de la renuncia de Evo Morales como presidente de Bolivia, debido a que las fuerzas armadas le sugirieron al presidente que renunciara a su mandato presidencial (lo cual lo convierte en un golpe de Estado), el gobierno de Morales derogó el decreto de empresa mixta de litio con la firma alemana ACI System, dadas las protestas presentadas por el Comité Cívico de Potosí, donde exigían más beneficios a la población por la explotación del litio, al considerar que solo favorecería a multinacionales extranjeras. La derogación del acuerdo con la firma alemana ACI System dejaría a China como el único país extranjero que podría emplear el litio boliviano, lo cual podría sugerir un descontento internacional y una posible intromisión en la política boliviana. TRES ALERTAS RELACIONADAS CON EL GOLPE DE ESTADO DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 201913 Previamente al golpe de Estado del 10 de noviembre, hubo tres alertas, según se plantea a continuación: 1. Visita de Ivanka Trump y anuncio de la carretera ruta del litio. Mientras el país tendía puentes con China para la explotación del mineral, en septiembre 2019, Ivanka Trump arribó a Jujuy, provincia argentina fronteriza con Bolivia, junto a funcionarios del gobierno estadounidense para anunciar “una inversión de 400 millones de dólares, destinada a obras viales, cuya traza, debería incluir un itinerario por la denominada ruta del litio”.14 2. El rechazo a la participación de transnacionales. En la actualidad, la empresa BYD (China) es el mayor productor de vehículos eléctricos, habiendo desplazado de este puesto a Tesla (Estados Unidos). Tesla y Pure Energy Minerals (Canadá) mostraron gran 13 Esta sección es tomada de Aponte-García (2019). 14 Ver https://www.elciudadanoweb.com/el-trasfondo-de-la-tension-entre-bolivia-yestados-unidos-por-el-litio/ 155 Adriana R. Cadena Cancino y Maribel Aponte-García interés en tener una participación directa en el litio boliviano. “Pero no pudieron llegar a un acuerdo que tomara en consideración los parámetros establecidos por el gobierno. El propio Morales era un impedimento directo para la toma de los campos de litio por parte de las transnacionales no chinas”.15 Después del golpe, el valor de las acciones de Tesla aumentó. 3. El rechazo a la regalía del 3% en Potosí.16 La empresa alemana ACI Systems había firmado un contrato con el gobierno de Morales para producir hidróxido de litio del mineral extraído en el salar y fabricar baterías de iones de litio para el mercado europeo. Xinjiang Tbea Group-Baocheng haría lo mismo para Asia. Ambas empresas participarían en sociedades mixtas en las que el accionista mayoritario sería la empresa estatal YLB. La región de Potosí cobraría una regalía del 3% para completar la cadena nacional de suministro impulsada por el Estado. El Comité Cívico de Potosí y su dirigente, Marco Pumari, arremetieron contra el gobierno porque la regalía del 3% era insultante. El comité cívico organizó bloqueos y manifestaciones por la ciudad. Finalmente, el presidente Morales cedió. Rompió el contrato con la empresa alemana. Se comprometió a invertir en una fábrica de baterías en Potosí y a trasladar la sede de YLB desde La Paz a Uyuni. Hasta las regalías tal vez serían negociables. CONCLUSIONES La producción de litio en Chile y Argentina está aguas arriba de la cadena de valor de las baterías y los automóviles eléctricos, pero los Estados respectivos no participan directamente, pues se concesiona la explotación de los salares a privados y solo se reciben regalías, lo que lleva a que le den un tratamiento de commodity al litio, y no de mineral estratégico, lo que bloquea la posibilidad de desarrollar tecnológicamente el mineral a favor de los pueblos suramericanos. El darle un tratamiento de commodity al litio imposibilita que los países suramericanos puedan aprovechar la industrialización del litio en el marco del boom de los automóviles eléctricos, además de no poder desarrollar tecnologías futuras que les permitan tener eficiencia energética que pudiera convertirse en un futuro inclusive en un tema de seguridad nacional, pues los acumuladores de litio podrían convertirse en la forma ideal de almacenar energía producida a través de fuentes renovables. 15 Ver https://www.clacso.org/detras-del-golpe-la-industrializacion-del-litio-en-bolivia/ 16 Ver https://www.asiatimes.com/2019/11/opinion/chinas-links-with-morales-figure -in-bolivia-coup/ 156 LITIO. CADENAS DE VALOR, EMPRESAS, POLÍTICAS DE INDUSTRIALIZACIÓN Sin embargo, el hecho de que los países suramericanos posean las mayores reservas mundiales de litio hace que tanto Argentina como Chile y Bolivia puedan establecer condiciones en negociaciones futuras, en el marco de la disputa global de los minerales estratégicos, por lo que podrían imponer requisitos de desempeño a las empresas que deseen explotar el litio. De esta manera, los países suramericanos podrían imponer como requisito la industrialización del litio, por lo que se deberían llevar a cabo alianzas estratégicas con empresas que poseen la tecnología desarrollada y con ello se produciría a favor de los suramericanos una etapa de apropiación de conocimiento científico y transferencia de tecnología, que les permita incorporarse a las CGV y avanzar a lo largo de la cadena, en este caso de la producción de baterías de iones de litio para automóviles eléctricos. A partir del análisis de los minerales estratégicos suramericanos, en particular del litio, se lleva a pensar en la necesidad de madurar la idea de la posibilidad de alcanzar en América del Sur un nuevo regionalismo estratégico basado en el manejo adecuado y soberano de los recursos minerales estratégicos, que se constituirían en la fuente de poder más importante de estos países a la hora de negociar con el resto del mundo. Es indispensable e inaplazable la inserción de los Estados suramericanos propietarios de los yacimientos de litio, en nombre de la soberanía nacional y de sus pueblos, en niveles superiores de las cadenas globales de valor en que participan, por lo que planteamos la necesidad imperiosa de un nuevo abordaje de una integración enfocada en los minerales estratégicos. Los intereses multinacionales por el litio suramericano son diversos y podemos considerar que en general el litio argentino y chileno está en manos de empresas estadounidenses, aunque en Chile, los japoneses tienen grandes avances; mientras tanto en Bolivia, su litio favorece a las empresas chinas, que hoy cuentan con la mayor producción de automóviles eléctricos a nivel mundial. Esta posición estratégica impuesta por Bolivia al establecer lazos con China y comprometer su litio con el gigante asiático, hace que se desestabilice el statu quo que siempre ha mantenido América Latina en relación con el manejo de sus minerales estratégicos; cuestión que podría haber puesto al gobierno de Evo Morales en una situación compleja para su gobernabilidad. Si bien no se puede afirmar que el litio fue el causante del golpe de Estado dado a Morales, podemos asegurar, sin duda, que fue uno de los elementos que propiciaron el golpe. Bolivia emprende un proceso de industrialización que plantea la apropiación del valor añadido a lo largo 157 Adriana R. Cadena Cancino y Maribel Aponte-García de la cadena de producción y distribución y el lanzamiento de un auto eléctrico que está muy por debajo del precio del mercado de productos similares en el mercado internacional. Esta política de industrialización, explotación del litio con control estatal, es un elemento que propicia el golpe. Se confirma que los países con reservas significativas de minerales estratégicos confrontan riesgos geopolíticos que atentan contra la soberanía de los recursos naturales y el control político. Apéndice. Marco conceptual simplificado y autores relevantes Enfoques abordados Conceptos relevantes Principales investigaciones relacionadas con las CGV Mapeo Uso de Minería de datos (UN Comtrade) Aponte-García (2011; 2014; 2018); Sturgeon y Gereffi (2009); Lall (2000); Feenstra y Hamilton (2006); Sturgeon y Memedovic (2011); Lall, Albaladejo y Zhang (2004). Upgrading Gereffi, Humphrey, Kaplinsky y Sturgeon (2001); Bianchi y Szpak, (2015). Cadena mundial de productos básicos OECD (2012); Gereffi y Korzeniewicz (1994); Tiffany (2009). Dependencia Centro-Periferia Industrialización Costos comerciales Inversión extranjera directa Exportaciones Furtado (1971); Bértola y Ocampo (2012); Kimura y Takahashi (2004); Prebisch y Singer (1950); Gereffi (1999); Kosacoffi y López (2007); Soejachmoen (2012); Osvaldo Sunkel (1991); Johnson (1970); Pantojas (2014). Minerales estratégicos Gobernanza Global Soberanía Keohane y Nye (2000); Bruckmann (2012); Olade (2013); Regueiro (2008). Extractivismo Especialización Reprimarización Arce Catacora (2011); Sarmiento (2008); Cancino (2012); Álvarez (2016); Acosta (2012); Gudynas (2014); Svampa (2011); Gereffi y Sturgeon (2013); García Linera (2011). Cadenas globales de valor Fuente: Cadena (2018: 17). BIBLIOGRAFÍA Alcayaga, J. (2016). El litio, un nuevo caso de desarrollo frustrado planificado. Disponible en http://www.elmostrador.cl/noticias/ opinion/2016/03/09/el-litio-un-nuevo-caso-de-desarrollofrustrado-planificado/ Acceso 25 de enero de 2017. 158 LITIO. CADENAS DE VALOR, EMPRESAS, POLÍTICAS DE INDUSTRIALIZACIÓN Área Minera (2016). Los contradictorios beneficios entre SQM y Rockwood, el nuevo socio que busca la Corfo. Disponible en www. aminera.com/2016/03/19/los-contradictorios-beneficios-sqmrockwood-nuevo-socio-busca-la-corfo/ Aponte-García, M. (2011). Intra-regional trade and grandnational enterprises in the Bolivarian Alliance: Conceptual Framework, methodology and Preliminary Analysis. 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En este trabajo no vamos a investigar las numerosas y sustantivas razones internas del golpe, sino las motivaciones que tuvo Washington para embarcarse en esa aventura y que coloca a Bolivia como uno de los dos logros del Departamento de Estado del año 2019 junto con la firma del acuerdo TMEC (U.S. Department of State, 2020). Un punto de partida es que los elementos internos señalados como rasgos del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), tales como el machismo, la homofobia, el autoritarismo, la corrupción y la recurrencia electoral tuvieron que hacer con el golpe llevado a cabo en octubre de 2019 y sirvieron como factores de explicación internos. Sin embargo, un tercio del gabinete de Morales fueron mujeres, mayormente indígenas. La hipótesis del presente trabajo es que lo que define el mes y el año del golpe, y la celada tendida por la Organización de los Estados Americanos (OEA), se remite a una combinación de las necesidades electorales del equipo del presidente Trump, del avance de los proyectos de explotación de litio y de la presencia de China, ambos temas de preocupación hemisférica discutidos en el National Security Strategy Paper de 2017 del Consejo 161 Oscar Ugarteche y Armando Negrete de Seguridad Nacional de Estados Unidos. A esto se sumó el malestar interno y la protesta ciudadana, de forma análoga al golpe contra Dilma Rousseff. Los agentes internos del golpe fueron del grupo cívico de Santa Cruz, los mismos que estuvieron en el intento de fracturar al país durante el primer periodo del gobierno del MAS. Este grupo pequeño se montó sobre la rabia popular mostrada ante la percepción de un fraude electoral, porque durante la noche del recuento de votos la computadora sufrió de un “apagón”, dando la impresión de que Morales quería ser reelecto de todos modos. El pretexto del golpe fue la tercera reelección efectuada contra la opinión pública según el referéndum de febrero de 2016, pero luego respaldada por la OEA en mayo de 2019, para finalmente repudiarla. Una interrogante es ¿por qué si el MAS tenía la mayoría del voto popular no lanzó a una dupla distinta a las elecciones y así garantizar su permanencia en el poder? Esta interrogante afirma el elemento de autoritarismo en el proceso político, que fue rechazado por las masas que salieron a protestar, y cuya violencia fue aprovechada por el grupo cruceño y por Estados Unidos. China no sigue el patrón de inversiones occidental, en el marco de una caída en los flujos anuales de inversión directa extranjera en el mundo. A partir de 2018, China se volvió un exportador neto de capitales, más dinámico que los países desarrollados. Bolivia, de otro lado, es un país con muy poca inversión extranjera por los impuestos y las regulaciones que puso el Gobierno de Morales, a pesar de tener un modelo económico extractivista, análogo al de Chile, Perú y Ecuador. Los montos de inversión extranjeros en Bolivia son el doble de los que tiene Paraguay, país vecino con menos recursos naturales: 11 838 MUSD versus 6 735 MUSD en 2018 (FMI, 2009-2018). Ambos países doblaron la inversión extranjera entre 2010 y 2018, Bolivia con 6 890 en 2010 mientras que Paraguay con 3 109 ese mismo año. No obstante, sus volúmenes son muy pequeños en comparación con los países vecinos de la costa del Pacifico, si bien tienen dinámicas iguales. Bolivia y China suscribieron el 20 de agosto de 2019 un acuerdo para la conformación de una empresa orientada a construir una planta de carbonato de litio, cuya inversión supera los 1 000 millones de dólares, como parte del proceso de industrialización de Bolivia. China, en este marco, tiene potencial de crecer rápidamente en el corto plazo, de seguirse con las políticas diseñadas por el Gobierno de Morales y el acuerdo firmado en agosto de 2019. No se ve, en cambio, inversión China en Paraguay, y es poco significativa en Chile. Sorprendentemente, Estados Unidos es un inversionista pequeño en Bolivia, a diferencia de todos sus países vecinos donde es el primer inversionista, incluido Paraguay. El interés histórico de Estados Unidos en Bolivia está en los yacimientos de gas y en su ubicación geográfica estratégica. 162 APROXIMACIONES DESDE LA GEOECONOMÍA AL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA Cuadro 1. Inversión directa extranjera. Los 20 mayores países (en millones de dólares) Bolivia (2018) MUNDO 11 848 Chile (2018) MUNDO 251 867 Perú (2013) MUNDO 75 596 España 2 637 Estados Unidos 36 131 Estados Unidos 16 316 Suecia 1 995 España 35 985 Canadá 11 439 Holanda 1 253 Canadá 30 888 España 5 823 Perú 1 125 Holanda 19 869 Islas Caimán 5 298 Francia 741 Reino Unido 11 951 Chile 4 989 Canadá 511 Italia 11 576 Panamá 4 054 Estados Unidos 492 Islas Caimán 11 267 Bermuda 3 541 Bahamas 400 Bermuda 8 388 Reino Unido 3 535 Panamá 341 Islas Vírgenes Británicas 7 920 Holanda 3 532 Suiza 299 Japón 7 273 R. P. China continental 2 461 Venezuela, República Bolivariana de 256 Colombia 5 326 Bahamas 2 242 Chile 247 Brasil 4 725 Colombia 2 216 Curazao 185 Australia 4 007 Brasil 1 529 Brasil 174 México 3 597 Islas Vírgenes Británicas 1 326 1 159 Islas Caimán 167 Suiza 3 379 México R. P. China continental 117 Francia 3 377 República de Corea 978 Austria 113 Liechtenstein 3 173 Luxemburgo 967 Colombia 98 Bahamas 2 714 Bélgica 938 Argentina 92 Noruega 2 218 Suiza 935 Reino Unido 84 Irlanda 2 171 Argelia 617 Fuente: Coordinated Direct Investment Survey. Disponible en https://data.imf.org/regular.aspx?key=61227424 Nota: No hay datos de Ecuador, los datos del Perú son de 2013. En este marco una inversión de 2 500 millones de dólares de China en los años venideros sería una muestra de su poder en la región y un cambio en la preponderancia de la inversión de origen estadounidense en la región que ya se comienza a apreciar en Brasil y Uruguay. 163 Oscar Ugarteche y Armando Negrete ¿QUÉ ES UN GOLPE DE ESTADO Y CÓMO Y POR QUÉ OCURRIÓ EN BOLIVIA? Las reelecciones presidenciales en América Latina son de larga data y de variados matices. La Revolución mexicana de 1910, liderada por Francisco I. Madero, surgió contra la reelección del General Porfirio Díaz, quien asumió de 1876 a 1880, fue reelecto de 1884 a 1888 e impulsó el desarrollo económico del país, con un crecimiento y desarrollo capitalistas incomparables para la época, pero ignoró el desarrollo del sistema político. Montado sobre su éxito económico, Díaz y su grupo político promovieron la reelección indefinida (Vásquez Gómez, 1890) y aprobaron que pudiera ser reelecto permanentemente, lo que devino en un conjunto de movimientos políticos adversos. Díaz había liderado la revolución de Tuxtepec, en 1876, con el lema Sufragio efectivo y no reelección, permitida en la Constitución de 1857. Paradójicamente, una vez que ganó las elecciones no quiso soltar el poder y, en 1910, Madero se alzó en su contra, repitiendo el lema que este defendió en 1876 pero olvidó cuando llegó al poder. Estuvo en el poder 26 años, en un periodo de gran apogeo económico. Otras reelecciones históricas son: las de los Somoza, en Nicaragua, que mantuvieron el poder presidencial desde los años 30 hasta la revolución sandinista en 1979; y Rafael Trujillo, de República Dominicana, primero presidente como generalísimo del ejército de 1930 a 1938 y de 1942 a 1952, y que gobernó de forma indirecta de 1938 a 1942 y de 1952 a 1961. Terminó con un golpe de Estado. La reelección permanente, en la historia de América Latina, va asociada a los regímenes de derecha, antipopulares y de carácter dictatorial. En general, hasta la Revolución Sandinista incluida, han terminado a través de revoluciones políticas y sociales. A partir del periodo que se inicia con el año 2000 hay una nueva etapa de reelecciones permanentes esta vez asociadas a regímenes de izquierda, populares, que han logrado mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías. En el caso de Morales, como en los casos anteriores, las reelecciones se dan por el éxito económico, como con Porfirio Díaz, pero igual que entonces, no van acompañadas por un proceso de desarrollo político, ni por un proceso de consolidación de la clase política, sino por el fortalecimiento del grupo que está en el poder. Hay una confusión manifiesta de ganar las elecciones con tomar el poder. Lo significativo en todos los casos es el apoyo popular, que determina quién se queda reelecto o quién se va, con un movimiento insurreccional o con un golpe de Estado. El problema en todos estos procesos es la interferencia de actores extranacionales. La Real Academia de la Lengua define el golpe de Estado como la “Actuación violenta y rápida, generalmente por fuerzas militares o rebeldes, por la que un grupo determinado se apodera o intenta 164 APROXIMACIONES DESDE LA GEOECONOMÍA AL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA apoderarse de los resortes del gobierno de un Estado, desplazando a las autoridades existentes”. También “como una derrota repentina de un gobierno a través de fuerza ilegal por parte de un pequeño grupo, a menudo militar” (Cambridge Dictionary). La idea del golpe de Estado es francesa del siglo XVII, y fue preconcebida por Gabriel Naudé –bibliotecario del cardenal Mazarino– que escribió Considérations politiques sur les coups d’État y acuñó el término (Martínez, 2014). La violencia con la que fue echado del poder Morales permite definirlo como un golpe. El ataque vandálico sobre su casa familiar y la violencia que siguió desde que comenzaron a incendiar los tribunales electorales, la noche de las elecciones, mientras se realizaba el conteo, más la intervención de la policía, permiten titular el evento como un golpe de nuevo tipo.1 González Calleja (2003) define algunas características de los golpes. En primer lugar, el secretismo en la preparación del complot y la necesaria rapidez de su ejecución dan al golpe una característica impronta de acto repentino, inesperado y, en ocasiones, impredecible. Una segunda característica del golpe es su pretendido carácter violento, ya que, casi por definición, su ejecución implica una transferencia de poder donde está presente la fuerza o la amenaza de su uso. Su objetivo es la conquista total del Estado o la transformación profunda de las reglas del juego político e, incluso, de la organización social en su conjunto. Agrega González Calleja: “El golpe es siempre un ataque fulminante y expeditivo a las instancias de gobierno que se ejecuta desde dentro del entramado del poder, y en eso se distingue fundamentalmente de las modalidades de violencia subversiva, como la guerra civil o la insurrección” (p. 91). Por la naturaleza de sus actores y por su desarrollo, el golpe se encuadra de forma más satisfactoria entre los procesos de transferencia anómala, ilegal y extrajurídica (por forzada y violenta) del poder de una élite a otra, ya sea una dizque militar o una minoría civil que inspira o apoya la subversión castrense (pp. 92-93). Las definiciones desde la ciencia política (Malaparte, 1931; Lieuwen, 1960, 1965; Finer, 1962; Putnam, 1967; Solaún, 1969; Nordlinger,1977; Luttwak, 1979; O’Kane, 1987; David, 1987; Dix, 1994; Bartelson, 1997; Carlton, 1997; Andrés, 2000, 2004; González Calleja, 2003; Bankowicz, 2012) lo centran en la violencia por fuerzas rebeldes para apoderarse del poder, desplazando a las autoridades existentes con apoyo militar. Según Huntington (1968: 30), el golpe de Estado lo efectúa “un grupo que participa en el sistema político existente y que posee bases 1 Véase https://www.excelsior.com.mx/global/policias-se-amotinan-en-tres-ciudades-de-bolivia-contra-evo-morales/1346701. Esto fue seguido de inmediato por todas las fuerzas policiales. 165 Oscar Ugarteche y Armando Negrete institucionales de poder dentro del sistema. En particular el grupo instigador necesita del apoyo de algunos elementos de las fuerzas armadas”. Tipifica los golpes por económicos, institucionales, palaciegos, etc. Martínez (2014) tipifica los golpes utilizando los criterios de Sartori. Dice: Tradicionalmente se ha vinculado el golpe de Estado con una intervención militar –más o menos sangrienta, pero violenta– que expulsa del poder a sus legítimos titulares, amparándose en la necesidad de salvar a la patria de una presunta deriva caótica –según los golpistas, ello les arroga legitimidad–, y que culmina con la articulación de un transitorio Gobierno militar (o civil-militar, o solo civil, pero auspiciado por los militares) hasta poder devolver el poder al pueblo. Bajo esta idea se han refugiado, en los últimos años, los sucesos de Madagascar en 2009, Níger en 2010, Egipto en 2011 y 2013, Guinea Bissau en 2012, Mali en 2012, la República Centroafricana en 2013, el intento fallido en 2013 en Chad, el exitoso de Tailandia en 2014 y el confuso de Lesotho también en 2014. Esta concepción del golpe de Estado es también la que sirvió en Turquía en 2012 para encarcelar al exjefe del Estado Mayor acusado de urdir una trama golpista (p. 192). Martínez (ib.) nombra los golpes en Honduras contra Zelaya (2009), en Paraguay contra Lugo (2012), el intento de golpe contra Correa en Ecuador en 2010 al que le sigue el golpe institucional que sacó a Dilma Rousseff en Brasil (2016), y ahora el golpe contra Evo Morales. No nombra el autogolpe de 1992 de Alberto Fujimori (que sí fue militar) para llevar a cabo las reformas económicas en el Perú. Boaventura de Sousa Santos, entrevistado por la BBC definió el neogolpe (golpe institucional o golpe blando) como un escenario en el que un gobernante electo queda impedido por una acción parlamentaria y sin ninguna causa en términos constitucionales. Para él: “se crean estados de excepción, aunque sin suspensión de la constitucionalidad, existe en ellos una omisión de la Corte Suprema de Justicia para frenar el proceso y hay una presencia no muy obvia, discreta pero evidente, de militares” (Ventas, 2016). Hay tres golpes análogos, el de Honduras, el de Paraguay y el de Brasil. A este hay que sumarle el de Bolivia en 2019. Todos tienen fuertes indicios de presencia estadounidense, el de Honduras estuvo en las declaraciones de la funcionaria del Instituto Republicano Internacional –agencia del Departamento de Estado– que lo anunció con antelación en su portal con un video, luego retirado, y los otros dos que tienen en común a la misma embajadora de Estados Unidos y una relación estrecha entre las fuerzas policiales de dichos países y sus entrenamientos por el gobierno americano (Viana, 2013). El golpe de Bolivia repite en el año 2019 a actores de Santa Cruz de la Sierra, auspiciados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 166 APROXIMACIONES DESDE LA GEOECONOMÍA AL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA Internacional (USAID) desde 2005 para derrocar a Morales y, también, los mismos lugares más afectados por la violencia: Santa Cruz, el Beni, Sucre, Tarija y Cochabamba. Los cuatro golpes (Honduras, Paraguay, Brasil y Bolivia) utilizaron a la Policía Nacional en lugar de las Fuerzas Armadas como era tradicionalmente en los golpes “duros”. Lo sustantivo es que tienen a las fuerzas policiales como actores determinantes del golpe blando; en que son en “defensa de la ley y la Constitución”; que conllevan un viraje político hacia un alineamiento con Washington y con la aplicación de medidas económicas ortodoxas. Todos son golpes “en defensa de la Constitución” y para reconstituir del poder de Washington en la región. La forma de la presencia policial para deponer al presidente en Bolivia fue un amotinamiento en las mismas zonas señaladas arriba (Infobae, 2019). A este grupo luego se sumaron el resto de las fuerzas policiales y, dos días más tarde, el presidente de Bolivia renunció. La colección de golpes señalada por Martínez en América Latina tiene un indicador fuerte de la presencia de Washington. Viana (2013) lo señala para Paraguay. Weisbrot (2016) para Brasil y Gollinger (2009) y Ugarteche (2010) para Honduras. Estos golpes suaves todos contravienen el principio de la No Intervención. Los neogolpes se han sofisticado, han mutado para difuminarse y, aparentemente, apartarse del concepto tradicional de golpe de Estado, pero buscan conseguir idéntico propósito: desbancar al titular del Poder Ejecutivo para poner a un gobierno alineado con Washington. En algunos casos aprovechan el malestar social y lo suman a sus intereses, como en Brasil y Bolivia. Los golpes convencionales y los neogolpes con interferencia externa abierta contravienen el principio del derecho internacional de no intervención primero acuñado por Emmerich de Vattel en su tratado sobre El Derecho de las Naciones, publicado en 1758 (Le droit des gens ou, Principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains) que, en síntesis, señala que en el derecho internacional, el principio de no intervención incluye, entre otros, la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado (Artículo 2.4 de la Carta). El principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados significa también que un Estado no debe intervenir de manera dictatorial en los asuntos internos de otros Estados (Encyclopaedia Princetoniensis). Lo que se apreció desde la guerra encubierta contra Nicaragua, al final de la Guerra fría fue, sin embargo, una intervención abierta contra gobiernos latinoamericanos que no están alineados con Washington, 167 Oscar Ugarteche y Armando Negrete luego justificada con el acuerdo de la OEA de 1993 e incorporada en la Carta Democrática Interamericana de la OEA firmada en Lima el 2001. Terminada la Guerra fría se inventó una nueva guerra fría contra gobiernos que tienen políticas económicas que divergen de las políticas ortodoxas del FMI y políticas exteriores no alineadas con Washington. Dichas políticas fueron la expresión de regímenes no-alineados con Washington y, en líneas generales, tuvieron buenos resultados hasta el momento en que Estados Unidos les declaró la guerra económica. El Artículo 20 de la Carta Democrática expresamente dice: “En caso de una alteración del régimen constitucional que afecte gravemente al orden democrático de un Estado miembro, cualquier Estado miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una evaluación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que considere oportunas”. Acá se inicia el principio de la intervención. Cuándo se decide si hay una alteración del orden democrático y quién lo decide, son cuestiones de poder. La apreciación sobre la alteración del régimen constitucional es interna con apoyo externo. De este modo, como la Constitución de Bolivia no permite a un presidente ser reelecto más de una vez, y fue reelecto tres, la OEA intervino. Más si tras la reelección salió una pifia popular por la percepción de un fraude. La OEA es el instrumento externo del golpe y lo valida. En Bolivia, primero la OEA le dio luz verde a Morales para la tercera reelección cuando el Secretario general dijo, en mayo 2019, “decir que Evo Morales hoy no puede participar, eso sería absolutamente discriminatorio con los otros presidentes que han participado en procesos electorales sobre la base de un fallo judicial reconociendo la garantía de sus derechos humanos”.2 Es decir, lo empujó a la tercera reelección y luego, el día de la elección, le dio el golpe de gracia y asistió en su salida. El 21 de octubre, la Misión de Observación Electoral de la OEA en Bolivia emitió un comunicado de prensa en el que expresaba “su profunda preocupación y sorprende el drástico y difícil de explicar cambio de tendencia de los resultados preliminares del conteo rápido revelado después del cierre de las urnas” (OEA, 2019). Lo importante es la percepción de fraude y el manejo mediático del mismo. Mientras se realizaba el conteo, es decir, después de que la OEA declarase el fraude, y antes de tener los resultados finales, diversos grupos quemaron los Tribunales Electorales Departamentales de Chuquisaca, Potosí, Tarija, Beni y Santa Cruz, los mismos lugares afectados por la violencia en el 2005 y los mismos lugares donde la policía se amotinó. 2 Véase https://www.infobae.com/america/opinion/2019/05/26/luis-almagro-volteay-viola-sistema-de-la-oea-para-apoyar-a-evo-morales/ 168 APROXIMACIONES DESDE LA GEOECONOMÍA AL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA Sin embargo, los analistas del CEPR dicen que los resultados del recuento rápido del primer 83.8% de los votos son consistentes con el resultado final proyectado de Morales ganando las elecciones con más de 10% de diferencia con el segundo candidato. Más aún, investigadores del MIT Election Data and Science Lab afirman que “las pruebas estadísticas no respaldan la afirmación de fraude” (Curiel y Williams, 2020). Agregan que ni la misión de la OEA ni ninguna otra parte ha demostrado que haya habido una amplia gama de irregularidades sistemáticas en las elecciones del 20 de octubre de 2019 (Long, Rosnick, Kharrazian y Cashman, 2019). Empero, el informe de la OEA del 4 de diciembre de 2019 señala que hubo manipulación intencional y serias irregularidades en el proceso electoral (OEA/SSD-DECO, 2019). De esta forma, la OEA primero le abrió la posibilidad a Morales de realizar una tercera reelección y luego de efectuada la declaró fraudulenta, primero sin ninguna evidencia, pero con apoyo popular. Luego apareció la evidencia. Fue, en el sentido de la intervención en Guatemala de 1954, un golpe producido con una campaña de prensa, para ganar la opinión pública contra el gobierno reelecto, junto con una campaña de miedo (Schlesinger y Kinzer, 1983). Declarada la posibilidad de fraude, las masas salieron a las calles enardecidas. En ese momento, el golpe se constituyó como “en defensa del orden constitucional” por el mecanismo abierto mediante el Artículo 20 de la Carta Democrática, lo que implica es que, si se hubiera cambiado la Constitución boliviana antes de la tercera reelección para decir que la reelección es permanente, como ha hecho Nicaragua, entonces no se aplicaría el Artículo 20. Al no haberse hecho eso y haber tenido lugar la tercera reelección, se abrió la puerta a la intervención “en defensa de la democracia”. En nombre de dicha defensa, los países miembros del Grupo de Lima, comenzando por el Perú, impidieron el paso del avión que llevaba a Morales a su destierro. Con esto, dichos países violentaron el derecho de asilo que dice en el Artículo XV de la Convención sobre Asilo Diplomático: Cuando para el traslado de un asilado a otro país fuera necesario atravesar el territorio de un Estado Parte en esta Convención, el tránsito será autorizado por este sin otro requisito que el de la exhibición, por vía diplomática, del respectivo salvoconducto visado y con la constancia de la calidad de asilado otorgada por la misión diplomática que acordó el asilo. En dicho tránsito, al asilado se le considerará bajo la protección del Estado asilante. Los países miembros del Grupo de Lima, en bloque, violentaron este Artículo XV, en principio para no irritar al Departamento de Estado. 169 Oscar Ugarteche y Armando Negrete La Carta Democrática Interamericana finalmente parece haber liquidado el principio de no intervención y el Artículo XV de la Convención sobre Asilo Diplomático con el tratamiento dado al presidente Morales en su ruta al exilio. Dijo Trump3 tras el golpe, el 11 de noviembre de 2019: Después de casi 14 años y de su reciente intento de pasar por encima de la Constitución boliviana y la voluntad del pueblo, la partida de Morales preserva la democracia y allana el camino para que el pueblo boliviano haga oír su voz. Estados Unidos aplaude al pueblo boliviano por exigir la libertad y a los militares bolivianos por cumplir su juramento de proteger no solo a una persona, sino también la Constitución de Bolivia. Estos eventos envían una fuerte señal a los regímenes ilegítimos de Venezuela y Nicaragua de que la democracia y la voluntad del pueblo siempre prevalecerán. Estamos ahora un paso más cerca de un hemisferio occidental completamente democrático, próspero y libre. Dijo el Departamento de Estado el 8 de enero de 2020 como uno de los logros: [...] el 2019 fue un periodo histórico de cooperación en todo el hemisferio occidental. Solo algunos de los logros: Los EE.UU., México y Canadá firmaron el USMCA. Este tratado logró los objetivos clave de la administración de modernizar y reequilibrar el acuerdo de comercio de América del Norte. Una vez en vigor, el Acuerdo resultará en un comercio más equilibrado y recíproco con México y Canadá. Apoyará los empleos bien remunerados de los estadounidenses. Hará crecer la economía de América del Norte y asegurará que nuestra región siga siendo la potencia económica del mundo. También en la región vimos un gran éxito para la democracia en Bolivia. Entonces el presidente Morales ignoró la voluntad de su pueblo expresada en un referéndum e hizo que su Corte Suprema declarara inconstitucionales los límites del plazo constitucional. Siempre me interesa saber cómo puede hacerlo la gente. Tenía –tenía– que ganar en la primera ronda, tenía que ganar por lo menos un 10 por ciento en las elecciones. Cuando no lo hizo, trató de alterar el conteo de votos y quedó atrapado en él. Las protestas populares obligaron a su renuncia y su propio partido 3 Véase https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-donald-j-trump-regarding-resignation-bolivian-president-evo-morales/ 170 APROXIMACIONES DESDE LA GEOECONOMÍA AL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA está trabajando ahora con el gobierno interino para organizar nuevas elecciones que están programadas para el 3 de mayo. Así que estamos viendo a Bolivia volver al camino democrático (U.S. State Department, 2020). El Departamento de Estado considera como un éxito para ellos, en 2019, tanto el tratado con México y Canadá, TMEC, como el derrocamiento del gobierno de Morales y la lectura presentada es la repetida desde el día del golpe por la OEA. El montaje mediático fue que había discrepancias entre el conteo rápido y el conteo final. Lo que quedó fue la percepción de fraude por la insistencia en la reelección indefinida. El resultado final fue de más de 10% de votos, pero se instaló el miedo del fraude a partir del autoritarismo de un gobierno reelecto tres veces, esta última vez contra la opinión de las mayorías. Esta forma de campaña de prensa se usa crecientemente para avalar golpes constitucionales. El golpe para sacar a Dilma Rousseff también tuvo un apoyo de prensa importante. Al final, Estados Unidos volvió a instalar un embajador en La Paz, en enero de 2020, luego de que en 2007 el embajador fuera expulsado por intentar hacer un golpe. Según Simón Romero (2008) del New York Times, el presidente boliviano, Evo Morales, ordenó al embajador estadounidense, Philip S. Goldberg, que abandonara el país el 9 de setiembre de 2008 acusándolo de apoyar a grupos rebeldes en las regiones orientales que fueron sacudidas por la intensificación de las protestas. “No queremos aquí a personas que conspiren contra la democracia”, dijo el señor Morales, al anunciar la decisión de expulsar al señor Goldberg, que antes fue embajador en Kosovo. El gatillo para expulsarlo fue la aparición de manifestaciones antigubernamentales desde Santa Cruz de la Sierra por el este de Bolivia llegando a haber un acto de sabotaje al gasoducto que lleva el gas de Bolivia a Brasil. La compañía estatal de energía de Bolivia acusó a los manifestantes de causar la explosión de un gasoducto que cortó el 10% de las exportaciones de gas natural del país al vecino. Las protestas en Tarija y en los departamentos o provincias vecinas se intensificaron desde la realización de un referéndum el 10 de agosto de 2008 para decidir la permanencia del presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y ocho de los nueve prefectos departamentales. Morales y su equipo ganaron con más del 67% de los votos. Uno de los líderes de estas protestas fue Branko Marinkovic Jovicevic y otro fue Luis Fernando Camacho. Branko Marincovic, hijo de padres yugoslavos, fue prófugo de la justicia boliviana con cargos pendientes por sedición y separatismo por haber organizado y financiado una banda armada que debería obtener por medios violentos la independencia de los Departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. Estuvo prófugo entre 2008 y enero de 2020, cuando regresó a inicios de año. Camacho, de 171 Oscar Ugarteche y Armando Negrete su parte, se convirtió a los 23 años en el vicepresidente de la organización cívica Unión Juvenil Cruceñista (UJC) que fue señalada por la Federación Internacional de Derechos Humanos en 2008 como supuesto grupo paramilitar. Fue actor del golpe de octubre de 2019 y es candidato a la presidencia en las elecciones de 2020. El tercer actor del movimiento separatista de 2008 fue Eduardo Rosza Flores, quien participó en la guerra serbocroata, donde adquirió experiencia militar. Murió en un enfrentamiento militar en 2009. Todos han pertenecido al Comité Cívico de Santa Cruz al cual también pertenece la presidenta interina Áñez. El común denominador del embajador estadounidense Goldberg y los líderes cruceños de la oposición militarizada son los Balcanes y los Estados que actualmente la componen. Según El diario La Jornada, de México, Morales ordenó entonces la expulsión de Philip Goldberg, al que acusó de respaldar un golpe civil de cinco prefectos de oposición, durante violentas protestas y cortes de ruta en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca. En esos sucesos, al menos 20 campesinos leales a Morales fueron asesinados por grupos de derecha en una emboscada en Pando, según informe de una misión de Unasur. Posteriormente, el gobernante ordenó el primero de noviembre la expulsión de la DEA (agencia antidrogas estadounidense), bajo la acusación de apoyar la desestabilización de su gobierno (AFP, 2008). En breve, el golpe contra Morales de 2019 fue un logro después de 14 años de haber tramado su salida con el apoyo del gobierno de Estados Unidos. Era un asunto de tiempo y de tener la escenografía política correcta. Esta fue montada cuando surgió la idea de una tercera reelección. Por tanto, cuando la Corte Suprema decidió “declarar la aplicación preferente” de los “derechos políticos” por encima de los artículos de la Constitución que limitan la cantidad de veces que una persona puede ser reelecta, le abrió la posibilidad a la OEA de apelar a los “derechos humanos” versus respetar las leyes electorales nacionales dándole la luz verde a Morales, en lugar de señalar que no procedía su candidatura. Considerando el referéndum de 2016 cuando la mayoría votó contra otra reelección, estaba puesta la trampa por la OEA. Lo demás siguió con dinero del grupo de Santa Cruz y asistencia mediática internacional, muy en el corte del golpe de Guatemala de 1954. Se repitió lo que dijo el Secretario de Estado como el portavoz de la mentira desde Washington. “Volver al camino democrático” en palabras de Pompeo quiere decir, realinear a Bolivia y recuperar el control del país. Esto se hizo montado sobre protestas populares genuinas contra el fraude percibido. Al final, La Paz nombró un embajador en Washington el 27 de 172 APROXIMACIONES DESDE LA GEOECONOMÍA AL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA noviembre de 2019 y cambió a todo su personal diplomático acreditado en el mundo, al mismo tiempo que atacó su relación con la Unión Europea y con México, y rompió relaciones con Cuba. LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL DE ESTADOS UNIDOS El documento titulado National Security Strategy of the United States of America es un trabajo publicado por la Casa Blanca con una carta introductoria del presidente de Estados Unidos. Tiene cuatro pilares: Pilar I: Proteger al pueblo americano, la patria y el estilo de vida americano; Pilar II: Promover la prosperidad americana; Pilar III: Preservar la paz a través de la fuerza; Pilar IV: Avanzar la influencia americana. Termina con la Estrategia en un contexto regional y separa seis regiones del mundo: Indopacífico; Europa; Medio Oriente; Asia Central y del Sur; Hemisferio Occidental; África. La estrategia nacional estadounidense con relación a América Latina parte del principio de que “el comercio de Estados Unidos en la región está prosperando y que las oportunidades de mercados para los bienes y servicios estadounidenses, los proyectos de energía e infraestructura y los proyectos de inversión directa continúan expandiéndose” (Casa Blanca, 2017: 51). A esto le agrega: “China busca poner a la región en su órbita a través de inversiones y préstamos dirigidos por el Estado. Rusia continúa su fallida política de la Guerra Fría reforzando a sus aliados radicales cubanos mientras Cuba continúa reprimiendo a sus ciudadanos. Tanto China como Rusia apoyan la dictadura en Venezuela y buscan expandir los vínculos militares y la venta de armas en toda la región. Los Estados democráticos del hemisferio tienen un interés compartido en enfrentar las amenazas a su soberanía (ib.). La estrategia militar y de seguridad allí expresada dice: construiremos sobre la base de esfuerzos locales y fomentaremos las culturas de la legalidad para reducir la delincuencia y la corrupción, incluso apoyando los esfuerzos locales para profesionalizar a la policía y otras fuerzas de seguridad; fortalecer el Estado de derecho y emprender la reforma judicial; y mejorar el intercambio de información para identificar a los delincuentes y a los líderes corruptos y desbaratar los tráficos ilícitos (ib.). En el campo de la energía dice el informe: Por primera vez en generaciones, Estados Unidos será una nación que domina la energía. La dominación energética. La posición central de Estados Unidos en el sistema energético global como productor, 173 Oscar Ugarteche y Armando Negrete consumidor e innovador asegura que los mercados sean libres y que la infraestructura de los Estados Unidos sea resistente y segura. Asegura que el acceso a la energía sea diversificado, y reconoce la importancia de la administración del medio ambiente. El acceso a fuentes domésticas de energía limpia y asequible, y la energía confiable apuntala una próspera, segura y poderosa Estados Unidos durante las décadas venideras. Desencadenando estos abundantes recursos energéticos: el carbón, gas natural, petróleo, renovables y nuclear se estimula la economía y construye una base para el futuro crecimiento. Nuestra nación debe aprovechar nuestra riqueza en recursos domésticos y eficiencia energética para promover la competitividad en todas nuestras industrias. Estados Unidos también anclan el sistema energético estadounidense, que es uno de los más integrados en el mundo. Nuestro vibrante comercio energético transfronterizo y la inversión son vitales para una robusta y resistente economía y mercado energético. Estamos comprometidos a apoyar las iniciativas de energía que atraigan inversiones, protejan el medio ambiente, fortalezcan nuestra seguridad energética, y abran el enorme potencial de nuestra región compartida. Las políticas climáticas continuarán dando forma al sistema energético global. El liderazgo de Estados Unidos es indispensable para contrarrestar una agenda energética anti-crecimiento que es perjudicial para los intereses económicos y energéticos de los Estados Unidos. Dada la futura demanda mundial de energía, gran parte del mundo en desarrollo requerirá combustibles fósiles, así como otras formas de energía, para alimentar sus economías y sacar a su gente de la pobreza. Estados Unidos continuarán avanzando un enfoque que equilibra la seguridad energética, el desarrollo económico y la protección del medio ambiente, seguirán siendo líderes mundiales en la reducción de la contaminación tradicional, así como de los gases de efecto invernadero, al mismo tiempo que mantengamos la expansión de nuestra economía. Este es un logro que puede servir como modelo para otros países, que viene de los flujos de innovación, los avances tecnológicos y la eficiencia energética, no de una regulación onerosa (ib., p. 22). El informe que define la estrategia de seguridad nacional contiene al menos dos ideas centrales. Primero, que la energía limpia no está en la agenda estadounidense. La energía fósil, en todas sus formas, es el centro y es allí donde están los intereses estadounidenses, incluyendo los transfronterizos con México y Canadá. Segundo, dice que: “el liderazgo de Estados Unidos es indispensable para contrarrestar una agenda energética anti-crecimiento”. Esto se puede entender de dos maneras. Una es que hay que combatir a los que están discutiendo la decroissance. Una segunda, es que hay que combatir a aquellos que afecten a la 174 APROXIMACIONES DESDE LA GEOECONOMÍA AL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA industria automotriz basada en combustibles fósiles porque eso tendría un efecto anti-crecimiento para la economía estadounidense. Todo lo relacionado con energías limpias tiene un efecto anticrecimiento para la economía estadounidense, porque no se han subido a ese carro tecnológico. En este mapa de ideas, Bolivia tiene por lo menos dos componentes importantes: uno tiene que ver con la explotación de gas. El otro con la explotación de litio. Bolivia es un país rico en hidrocarburos y la empresa del Estado Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, fundada en 1936, fue privatizada en la década del 90 en lo que en dicho país se llamó “la capitalización de las empresas”. Para esto desde 1996 la empresa fue “desmembrada en empresas de capitales privados (Andina, Chaco, Petrobras y Transredes, capitalizada por la quebrada norteamericana Enron), que le pagaban al país un magro 18% en concepto de regalías”.4 La percepción popular fue que el país estaba siendo esquilmado lo que llevó a protestas populares que culminaron con los sucesos sangrientos de 2003, con más de 70 personas muertas. Esto llevó a la renuncia y salida del país hacia Estados Unidos del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Losada. Cuando Evo Morales ganó sus primeras elecciones en diciembre del año 2005, nacionalizó los hidrocarburos y firmó nuevos contratos estableciendo hasta el 82% de regalías en favor del Estado boliviano, que permitió solventar los proyectos de infraestructura y el gasto social que derivaron en el sustantivo crecimiento económico del periodo 2006-2019. Los capitales estadounidenses están presentes en Vintage Oil, habiéndose observado una retracción de capitales americanos en este ramo desde la década de los noventa. De otra parte, Bolivia y Estados Unidos exportan gas y es un comercio que le interesa. La nacionalización de 2006 de YPFB fue un golpe a la visión señalada arriba y podría ser una razón económica fuerte adicional para el golpe del primer momento y de la última hora. La segunda razón tiene que ver con el litio, que se explicará a detalle más abajo. Por lo pronto, conviene recordar que Bolivia tiene las reservas de litio de superficie más grandes del mundo y, a través de la empresa pública Yacimiento de Litio de Bolivia “el 20 de agosto [de 2019] en la casa del pueblo de la ciudad de La Paz, se firmó la Minuta de Constitución de creación de la Empresa Mixta entre YLB y Xianjiang TBEA Group para la industrialización de los salares de Pastos Grandes, ubicado en Potosí, y Coipasa, ubicado en Oruro.”5 4 Véase https://www.ypfb.gob.bo/es/informacion-institucional/contexto-historico.html 5 Véase https://www.ylb.gob.bo/inicio/index?&per_page=12 175 Oscar Ugarteche y Armando Negrete Esto puso sobre la mesa la percepción de amenaza de China señalada en el informe de la Casa Blanca. Que “busca poner a la región en su órbita a través de inversiones y préstamos dirigidos por el Estado”. Más aún, cuando “los cambios en el equilibrio de poder regional pueden tener consecuencias globales y amenazar los intereses de Estados Unidos. Mercados, materias primas, líneas de comunicación y capital humano están ubicados dentro de regiones clave o se desplazan entre ellas. China y Rusia aspiran a proyectar poder en todo el mundo, pero interactúan más con sus vecinos” (Casa Blanca, 2017: 45). Cuadro 2. Préstamos de China a Bolivia (en millones de dólares) Fecha Sector Objeto Fuente millones de dólares nov-09 Energía Redes de gas caseras, plataformas de perforación de petróleo China Ex-Im Bank 60 dic-09 Otros Satélite chino China Development Bank 251 dic-11 Otros Helicópteros, infraestructuras China Development Bank 300 jul-12 Otros Compra 2 000 autobuses chinos China Ex-Im Bank 100 ago-15 Infraestructura Construcción de la carretera Rurrenabaque-Riberalta China Ex-Im Bank 600 sep-15 Infraestructura Construcción de autopistas China Ex-Im Bank 253 oct-15 Infraestructura El Sillar autopista China Ex-Im Bank 426 mar-16 Minería Proyecto de acero El Mutún China Ex-Im Bank 422 dic-16 Otros Proyecto de seguridad ciudadana China Ex-Im Bank 50 TOTAL 2 462 Fuente: Elaboración propia con datos de Gallagher y Myers (2019). La percepción de que China tenía un ancla en Bolivia con Evo Morales se aprecia primero por el volumen de préstamos que le han dado y su finalidad y luego por las inversiones directas extranjeras de China que pasaron de 3 a 117 millones de dólares entre 2010 y 2018 (FMI, Coordinated Direct Investment Survey, tabla 1-i Inward Direct Investment Position. Reporting Economy: Bolivia). La nueva inyección después de la firma del acuerdo de agosto de 2019 era por 2 300 millones de dólares. Quitarle a China los yacimientos de litio y poder controlar su explotación es sin duda una motivación tan fuerte para el golpe comparable a los yacimientos de gas. Las inversiones de China en Bolivia muestran que dicho país desembarcó en el país andino. 176 APROXIMACIONES DESDE LA GEOECONOMÍA AL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA Cuadro 3. Posición de inversión directa BOLIVIA 2010 CHILE PERÚ 2018 2012 2018 2009 2013 700 492 32 999 36 131 9 113 16 316 3 117 858 1 179 484 2 563 España 2 147 2 637 29 376 35 985 3. 056 5 823 Canadá 80 511 16 628 30 888 4 007 11 439 Estados Unidos China (incluye a Hong Kong) Fuente. FMI, Coordinated Direct Investment Survey, tabla 1-i Inward Direct Investment Position. Reporting Economy: Bolivia. Años disponibles en la base de datos. EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA EN BOLIVIA 2006 A 2019 Previamente al triunfo de Evo Morales en las elecciones presidenciales de diciembre de 2005, la economía había experimentado profundas reformas neoliberales. Estas políticas, promovidas desde los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional, estuvieron dirigidas a la privatización de empresas del Estado, iniciadas desde el gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997), la liberalización del comercio internacional y la preparación de una reforma energética y de hidrocarburos. Estos procesos económicos generaron un ambiente político y social muy dividido. Entre 2000 y 2005 se activaron en Bolivia numerosos movimientos sociales en contra de las reformas resultado de las políticas de ajuste económico y privatización. Desde el gobierno del exdictador general Hugo Banzer Suárez (1997-2001) se conformaron movimientos contra la privatización del agua potable y alcantarillado, especialmente en Cochabamba en la llamada Guerra del Agua; en la defensa de las plantaciones de coca, en la que participó el líder cocalero Evo Morales; y el importante crecimiento del movimiento indígena, en defensa de la representación y la participación políticas. Tras la dimisión del general Banzer en 2001, por motivos de salud, y con el incremento de los movimientos sociales, Bolivia comenzó una serie de sucesiones presidenciales. Entre 2000 y 2006, cuatro más alternaron el ejecutivo federal: Jorge Quiroga (2001-2002), Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), Carlos Mesa Gisbert (2003-2005) y Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006), motivadas por la presión popular y la creciente participación social en los movimientos. Durante este periodo, de manera análoga y a pesar de las sucesiones, las políticas neoliberales fueron la constante. El último intento de agresión neoliberal, que empujó a la dimisión de Carlos Mesa en junio de 2005, fue la protección a las empresas transnacionales de hidrocarburos y el aplazamiento de la reforma de los 177 Oscar Ugarteche y Armando Negrete hidrocarburos acordada en la Agenda de Octubre. Se trató de un amplio proceso social que involucró diversas fuerzas y sectores, también llamada la Guerra del Gas, que buscaba el establecimiento de impuestos a la actividad extractiva de hidrocarburos concesionada desde 1996 al capital extranjero. Sin embargo, esta propuesta no fue bien recibida por el Fondo Monetario Internacional, las empresas transnacionales, la embajada de Estados Unidos y los sectores de la burguesía nacional más conservadores bolivianos (Webber, 2010: 60). A principios de marzo de 2005 se endurecieron las protestas sociales y profundizaron las demandas por el incremento aún mayor de la carga fiscal propuesta a las transnacionales. Este movimiento obligó a una primera renuncia de Mesa al ejecutivo, que más tarde revirtió con un nuevo pacto que solo dividió aún más a la sociedad y radicalizó a los movimientos. Entre mayo y junio de 2005, los movimientos sociales tomaron las calles, bloquearon las carreteras y marcharon hacia la capital, con lo cual obligaron una segunda y definitiva renuncia de Mesa el 6 de junio de 2005. En lo sucesivo se instaló el gobierno interino de Rodríguez Veltzé, que llamó a elecciones en diciembre de ese año. El resultado fue la elección del candidato de origen indígena, sindicalista, activista y miembro del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales. Gráfico 1. Tasa de crecimiento PIB, Bolivia (1985-2018) 8 6 4 Estado plurinacional 2 Neoliberalismo 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 0 -2 -4 Fuente: obela.org, con datos del www.data.wordbank. org El gobierno del exlíder del movimiento de la Guerra del Gas recibió, con más del 54% de los votos, un país sumido en una profunda crisis política, económica y social. El país mantenía a más del 59% de la población en situación de pobreza y más del 36% en situación de 178 APROXIMACIONES DESDE LA GEOECONOMÍA AL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA pobreza extrema. El 80% de la población rural, especialmente conformada por indígenas y campesinos, se encontraba en situación de pobreza y el 65% en pobreza extrema. El nivel de desempleo nacional alcanzó el 8.1%. El índice de Gini, que mide el nivel de concentración del ingreso entre los deciles más altos y los más bajos, donde 0 indica perfecta igualdad y 1 perfecta desigualdad, registró en 2005 un nivel de 0.60, el más bajo de la región. Durante el largo periodo neoliberal, entre 1985 y 2005, el producto interno bruto de Bolivia creció a un ritmo promedio de 2.9%, y su relación per cápita a un 0.94%. De manera especial, fue en el periodo 2000-2005 cuando las políticas se recrudecieron y agravaron la situación. Medido no en términos de la producción total dentro de la economía (PIB), sino en términos del ingreso nacional producto de la actividad económica de los nacionales (INB), esto es con el descuento de la actividad de las empresas extranjeras, el crecimiento promedio fue de 2.6%. El nivel de la deuda externa, con relación al PIB, se mantuvo en un promedio de 86.6%, desde 1985. Entre 2000 y 2005, el nivel promedio descendió a 70.6%, solo más bajo que Argentina, que atravesaba una profunda crisis financiera desde 2001. El gobierno de Evo Morales tuvo la urgente necesidad de impulsar profundas reformas políticas y económicas en el Estado. De manera casi inmediata, el 1 de mayo de 2006, el nuevo gobierno mediante el decreto Héroes del Chaco nacionalizó los hidrocarburos y revivió la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, privatizada en 1996. Con esta primera medida, se rebasó la discusión sobre cuánto gravar las ganancias privadas sobre la producción y extracción privadas de hidrocarburos (si 32% o 50%), dispuestos en el referéndum de 2004, y se estatizaron la totalidad de los hidrocarburos en manos de empresas privadas, principalmente extranjeras. El decreto, en franca oposición a las políticas neoliberales, permitió al país recuperar una de las principales fuentes de ingresos nacionales. De manera adicional, se conformó en agosto de 2006 una Asamblea Constituyente para la redacción de una nueva Constitución, que sería aprobada en 2009 mediante un referéndum con una participación de más del 90% de la población. En esta nueva Carta Magna, además del inédito reconocimiento de derecho, autonomía y participación indígenas; de una reforma agraria que prohíbe el latifundio; de la pérdida del carácter oficial de la religión católica y el decreto de libertad de credo, se confirmó que “los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración” (Art. 349). Esta medida permitió devolver la administración del proceso de extracción y producción de hidrocarburos y resolvió la prometida reforma energética. 179 Oscar Ugarteche y Armando Negrete Mediante el Decreto 28 071, Héroes del Chaco, del 1 de mayo de 2006, se emitió la nueva Ley de Hidrocarburos que nacionalizó los ingresos derivados de la comercialización de gas y petróleo. La nueva Constitución de la República Plurinacional de Bolivia, emitida el 7 de febrero de 2009, se aseguró que, en adelante, “la totalidad de los ingresos percibidos por la comercialización de los hidrocarburos será propiedad del Estado” (Art. 359) boliviano, y protegió la operación de la empresa estatal YPFB en la operación del gas, así como la gestión y explotación estatal de cualquier recurso natural en territorio boliviano: agua, aire, tierra, minerales, etc. La nacionalización de los recursos permitió, en adelante, detener la inmensa expropiación de riqueza y conducir desde el Estado un proceso de industrialización y crecimiento económicos. Sin embargo, al romper con la dinámica levantada desde las políticas neoliberales se afectaron los intereses de los grandes capitales que operaban en Bolivia y en la región, cambiaron los intereses y las fuerzas regionales y se comenzó a acumular descontento del capital privado hacia el gobierno. En cambio, para Bolivia, la nacionalización de los hidrocarburos generó más de 31 500 MUSD en la primera década,6 con lo cual logró impulsar procesos de industrialización, crecimiento e inclusión económicas como nunca antes en el país. Durante los últimos años, hasta el reciente golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales, todos los indicadores sociales y económicos mejoraron. Bolivia se convirtió en un ejemplo de planificación económica, industrialización, distribución del ingreso, desarrollo social e inclusión política. Un tercio del total de los gabinetes, en los tres gobiernos del presidente Morales, tuvieron mujeres indígenas como ministras. Durante el periodo en que Evo Morales estuvo en el gobierno, entre 2006 y 2018, el PIB alcanzó una tasa promedio anual de crecimiento de 5%. Su crecimiento per cápita fue de 3.2% por muchos años, convirtiéndose en la economía que más crecía en Sudamérica en el siglo XXI. La inversión pública creció a un ritmo de más del 19% anual; en 2019 se aprobó un presupuesto diez veces más grande que el ejercido en 2005, casi el 12% del PIB. El ritmo de inversión impulsado por el gasto de gobierno y el auge económico se sostuvo, al mismo tiempo, sobre una formación bruta de capital con un promedio de crecimiento más del 9% anual. En términos generales, se conformó el mejor periodo de la economía boliviana en su historia. 6 Véase http://www.la-razon.com/economia/Nacionalizacion-hidrocarburos-Bolivia -millones-decada_0_2472952768.html 180 APROXIMACIONES DESDE LA GEOECONOMÍA AL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA 45.0E+9 Gráfico 2. Indicadores económicos, Bolivia Indicadores económicos, Bolivia 40.0E+9 35.0E+9 30.0E+9 25.0E+9 20.0E+9 15.0E+9 10.0E+9 5.0E+9 0.0E+0 2005 2018 PIB constante (millones de dólares) 2005 2018 2005 2018 2005 2018 Inversión del gobierno Formación bruta de capital Valor total del mercado (millones de dólares) (millones de dólares) (X + M) Fuente: obela.org, con datos del https://.data.wordbank.org El resultado de este auge económico fue compartido con una mayor distribución del ingreso y mejora del gasto social. El nivel de desempleo pasó de 8.1 a 4.2% en 2018, con un aumento del salario mínimo de 440 Bs (55 USD) mensuales en 2005 a 2 060 Bs (300 USD), un incremento de más de 4.7 veces. El índice de pobreza nacional bajó más de 25 puntos al pasar de 59.9% al 34.6%; la pobreza extrema bajó a la mitad, de 38% al 15.2% de la población; del cual la rural pasó de 62.9% al 33.4%, y la urbana de 24.3% al 7.2%. El índice de Gini descendió de 0.58 en 2005 a 0.46 en 2018, muy por debajo de la media de la región. De todo este proceso de intervención estatal, rechazo de las políticas neoliberales y desarrollo económico, no fue la planeación estatal o la nacionalización de las actividades estratégicas las que fueron intolerables para el capital internacional y, en particular, para Estados Unidos. Un proceso fundamental en la industrialización boliviana. que no pudo ser tolerado por Washington, fue el proyecto para la industrialización del litio por la asociación con China (principal socio importador) y el competidor más avanzado de Estados Unidos en la batalla económico-tecnológica contemporánea más importante: el cambio de la matriz energética. IMPORTANCIA DEL LITIO EN EL CAMBIO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA La disputa por Bolivia desde el punto de vista americano tiene que ver con geoeconomía. Ratzel (1897) decía que la geografía definía el futuro de la humanidad, las riquezas y los hechos económicos dentro de esos espacios son aún más importantes. La geoeconomía tiene la gramática 181 Oscar Ugarteche y Armando Negrete del comercio, pero la lógica de la guerra (Luttwak, 2017). Los nuevos conflictos son sobre recursos naturales crecientemente escasos, como han sido siempre. Quién controla los recursos estratégicos en el continente fue el tema del siglo XIX y regresa en el siglo XXI con nuevos actores. Se ha pasado de la etapa de los intereses británicos sobrepasados por el poder económico americano a inicios del siglo XX y de la etapa donde el Estado controló el grueso de las materias primas a partir de la década de los años sesenta del siglo XX. En el siglo XXI, después de las privatizaciones en América Latina, la cuestión es si China controlará los recursos estratégicos y remontará el poder de Estados Unidos al no poderla frenar. En el Perú y Chile compra los recursos naturales. En Bolivia el plan era invertir para industrializar. Con la nacionalización boliviana de los recursos naturales, en 2006, se incorporó al Estado el manejo y explotación del litio y se retiró ese recurso natural del mercado internacional. El país cuenta con una de las reservas más importantes de litio de superficie a nivel mundial. Otros países tienen litio de profundidad (México, Perú) que es más costoso de explotar y más difícil. Desde 2017, con apoyo de la nueva política económica, se creó la empresa Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB) como una empresa descentralizada, dependiente del Ministerio de Energía. La empresa, sobre la Estrategia Nacional de Industrialización de los Recursos Evaporíticos, se creó para para la explotación y comercialización del litio y del potasio. De manera estratégica, la producción del litio se planteó con el plan de desarrollo sobre el cual se definió el papel de la industria y el cambio de la matriz energética nacional y mundial (Montenegro, 2010: 44). La región sobre la cual se estructuraron, desde 2008, una gran parte de los desarrollos industriales fue el salar de Uyuni, por ser la zona en la que se encuentra concentrada la mayor reserva boliviana. Según la GNRE de COMIBOL, las reservas estimadas alcanzarían al menos 100 millones de toneladas de litio equivalente y 2 000 millones de toneladas de potasio (Guzmán Salinas et al., p. 71; tomado de GNRE, Memorias 2010, p. 34). Cien millones de toneladas de litio equivalen a aproximadamente 530 millones de toneladas de carbonato de litio, lo que puede asegurar al mundo la viabilidad para apostar por el litio en la producción masiva de acumuladores de energía eléctrica (baterías de ion litio) para motores eléctricos, en sustitución de los motores de combustión interna, además de otras aplicaciones en el campo de las energías alternativas (Montenegro y Montenegro; citados en Guzmán, 2014: 73). Quien controle Uyuni, controla el futuro energético limpio del mundo, sea para utilizarlo o para impedirlo. Dicho salar se encuentra en el suroeste del país, muy cerca de la frontera con Chile y Argentina. El interés por la explotación del litio de 182 APROXIMACIONES DESDE LA GEOECONOMÍA AL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA la región de Uyuni se remonta a finales de la década de los ochenta y principios de los noventa, sin embargo, en la primera década del siglo XXI la demanda de litio comenzó a crecer debido al desarrollo tecnológico y los usos para las baterías eléctricas de la gran mayoría de dispositivos electrónicos. Más que las urgentes necesidades ecológicas o ambientales globales, el desarrollo tecnológico y la acelerada eficiencia técnica y energética que ha alcanzado la energía eléctrica han convertido el litio en uno de los elementos estratégicos más importantes. En el cambio en la matriz energética mundial hacia energías renovables, este juega un papel importante y, por tanto, también en la disputa por la hegemonía económica mundial. En este contexto, la disputa económica que China ha emprendido contra Estados Unidos y el orden mundial ha llevado a que esta economía lidere el desarrollo, producción y comercialización de la matriz tecnológica e industrial de la energía eléctrica: paneles solares, baterías de litio, automóviles eléctricos, materiales conductores y semiconductores, etc. Por su parte, Estados Unidos quiere conservar el petróleo como fuente de energía, el cual es por cierto su principal fuente de exportación, y ha tratado de bloquear el desarrollo y total implementación, en la misma medida en que ha quedado rezagado en la carrera. Gráfico 3. Reservas estimadas de litio (millones de toneladas) Brasil Argentina México Chile Bolivia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fuente: obela.org con datos de https://dialogochino.net/15614-the-fight-for-control-of-chiles-lithium-business/ En este contexto, el litio juega un papel importante, por ser el principal insumo para las baterías, incluidas las de los automóviles eléctricos. Si bien Bolivia es el principal país con reservas de litio, Sudamérica 183 Oscar Ugarteche y Armando Negrete tiene, en conjunto, una de las áreas con mayor reserva de este mineral. Entre Bolivia, Chile y Argentina existe una zona que se conoce como El triángulo del litio, conformada por tres puntos: el salar de Atacama (Chile), el salar de Uyuni (Bolivia) y el salar de Hombre Muerto (Argentina). Sin embargo, en poco tiempo y con el aumento de la demanda de litio, el anterior triángulo se ha convertido en un corredor que avanza por toda la cordillera de los Andes. En la actualidad, existen más de 9 minas que van desde Puno, Perú hasta Jujuy, Argentina. Por el momento, el salar más importante en la producción de litio es el de Atacama, en Chile, no solo por ser el más productivo, sino por el tipo de litio que produce. En este proyecto participan empresas multinacionales como: Albermale Corporation (Estados Unidos); Sociedad Química y Minera de Chile (Chile), que también trabajan en el salar de Atacama y el salar del Carmen; Albermale; SIMCO SpA (Chile) y la Minera salar Blanco (Australia).7 Gráfico 4. Triángulo del litio, América del Sur Salar de Coipasa Salar de Uyuni Bolivia Pastos Grandes Caldera Chile Salar de Atacama Océano Pacífico Parque Solar Caucharí Salinas Grandes Salar de Olaroz Salar de Incaguasí Salar de Arizaro Salares de litio Guayatayoc Salar del Hombre Muerto Salar de Antofalla Argentina Fuente: obela.org En Argentina, el segundo país productor de litio, operan: Orocobre (Australia) en Jujuy, con participación del 25% de Toyota; Advantage Lithium (Canadá) en Cauchari, Antofalla, Incahuasi, Guayatayoc y Salinas Grande salar; Ganfeng (China) en Cauchari y Olaroz; Minera de Altiplano (Estados Unidos), una filial de FMC Corporation, en el salar de Hombre Muerto; Galaxy Resources (Australia) en el salar de Hombre 7 Datos tomados de http://www.obela.org/analisis/el-papel-del-litio-en-la-guerracomercial y https://www.guiaminera.cl/oro-blanco-genera-boom-de-proyectos-cercade-us2-000-millones-invierten-empresas-en-nuevas-iniciativas-de-litio-en-chile/ 184 APROXIMACIONES DESDE LA GEOECONOMÍA AL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA Muerto; y la Minera Exar (Canadá) subsidiaria de Lithium Americas en Cauchari y Olaroz; Mitsubishi y Baterías Magna. En la región, la corporación Ensorcia Metals Corporation (Estados Unidos) anunció un proceso para invertir 400 millones de dólares para abrir y operar dos plantas de baterías de litio: una en Chile, que planea empezará operaciones en el 2021; y la otra en la zona de Jujuy en Argentina. Según el diario El Mercurio de Santiago del 21 de enero de 2019, la empresa Ensorcia Chile está ligada al empresario estadounidense Daniel Layton, al experto en litio John Burba (de International Battery Metals, Inc.) y al chileno Ricardo Donoso. Con una inversión inicial de 220 millones de dólares, la corporación anunció que debería comenzar a producir en el último trimestre de 2019. En el norte de Argentina, en la provincia de Jujuy, se instaló el Parque Solar Caucharí dedicado a la generación de energía eléctrica mediante paneles solares, con tres complejos en una extensión de más de 800 hectáreas, más de 1.2 millones de paneles. El proyecto, capaz de generar electricidad para más de 160 mil hogares, financiado por el banco chino Eximbank (Export-Import Bank of China), pertenece a la empresa minera y energética estatal Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), la cual proveerá de energía para los proyectos de extracción minera de la región. Cabe recordar que, además de ser el financiador, el máximo productor de paneles solares es China, de ahí que estos fueran de los principales objetivos de la guerra arancelaria emprendida por Estados Unidos contra dicha economía. En este contexto, la asesora de la Casa Blanca e hija del presidente de Estados Unidos, Ivanka Trump, visitó en septiembre de 2019 dos meses antes del golpe de Estado en Bolivia y dos semanas después de la firma del acuerdo con China, la comunidad de Purmamarca en Jujuy, acompañada de 2 500 agentes federales argentinos que no dejaron la región. En la visita hizo el anuncio de una inversión de 400 millones de dólares para la construcción, ampliación y mantenimiento carretero de la ruta que conecta la zona del litio con el puerto de Buenos Aires. La inversión se realizará a través de la financiadora gubernamental estadounidense Overseas Private Investment Corporation (OPIC). De la inversión total, se acordó que el 80% de las inversiones son para reparar y ampliar el Corredor C, que conecta las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Este proyecto está orientado al mejoramiento de la capacidad instalada para la explotación de las minas de litio, su transporte, comercialización y actividades colaterales, en la que Estados Unidos pretende revertir la creciente participación y control chinos. Actualmente, China es el mayor importador de litio extraído de salares en el mundo, con 269 millones de dólares; de estos, el 74% son de 185 Oscar Ugarteche y Armando Negrete origen chileno y 12% argentino. Sin embargo, aunque no exporta carbonato de litio aún, Bolivia depende de las exportaciones minerales y, en particular, el 91% de sus exportaciones hacia China son productos minerales. Sudamérica se ha convertido en un territorio en disputa, tanto regional como mundial, principalmente por las reservas de litio como recurso estratégico, de manera análoga a como lo fue antes el salitre, que llevó a una guerra en el siglo XIX entre los mismos países ahora mencionados. La disputa por el control de los salares, la explotación, industrialización y comercialización se encuentran en la cumbre de la disputa por la hegemonía tecnológica y energética mundial. En los países del Triángulo del litio se disputa uno de los espacios geoestratégicos más importantes del mundo, en el que luchan las fuerzas políticas y económicas más poderosas y, en la cual, los ganadores serán los que marquen la pauta de la nueva matriz energética. EL LITIO EN BOLIVIA Y EL GOLPE En este contexto es que la industrialización para la explotación, procesamiento y comercialización del litio en Bolivia se abría paso con la nacionalización y con la inversión de nuevos proyectos. Aunque, en comparación con Chile y Argentina, la producción es menor y se encuentra controlada por la empresa estatal YLB, el proyecto de industrialización y explotación de litio ha sido muy importante para el desarrollo económico y representaba, hasta antes del golpe de Estado, uno de los objetivos principales del país. La estrategia del Estado boliviano, en términos generales, busca desarrollar una cadena de producción completa del litio con desarrollo tecnológico para su empresa estatal que rompa el esquema de país primario exportador. La creación de YLB tuvo el objetivo explícito de industrializar los recursos evaporíticos de Bolivia, en particular de litio y potasio, a través de proyectos que respondieran al desarrollo regional, orientados a la exportación y el mercado mundial, y fueran propiedad nacional. La estrategia promovió la construcción de minerías y plantas de procesamiento, en asociación con empresas extranjeras, en diversas fases de su procesamiento, mediante la creación de empresas mixtas. En los últimos años, el gobierno de Bolivia buscó, a partir de la asociación con capitales privados de vanguardia, contratos para la explotación y desarrollo de la industria del litio. En diciembre de 2018 YLB firmó un acuerdo con la empresa alemana ACI Systems GmbH (ACISA). El acuerdo tenía por objetivo no solo la extracción de litio, sino el procesamiento industrial del litio para la fabricación de baterías, a través de una empresa mixta, con mayoría estatal, que operaría con litio del salar de Uyuni. El proyecto iniciaría con una inversión de 1 300 MUSD, y comenzaría a operar a inicios de 2020. Este acuerdo fue rescindido en 186 APROXIMACIONES DESDE LA GEOECONOMÍA AL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA medio del golpe en los días entre la declaración de fraude por la OEA y el golpe mismo, que culmina con la renuncia del presidente a la elección, pero termina en su exilio inmediato. El 17 de octubre, tres días antes de las elecciones, el gobierno ratificó el acuerdo con ACISA para invertir hasta 1 300 MUSD en un proyecto que culminaría en la producción local de baterías de ion litio para automóviles. De inmediato luego de las elecciones las protestas de movimiento cívico del departamento de Potosí forzaron a Morales a la anulación de dicho acuerdo. La razón de las protestas fue mayores regalías por la explotación del litio en Uyuni, aunque la ley sobre minería y metalurgia fija una regalía del 3% para la región, por la explotación de carbonato de litio, cloruro de potasio y otros minerales. El gobierno de Evo Morales firmó, dos meses antes del golpe, otro acuerdo con la empresas Xinjiang TBEA Group Company para la industrialización de los salares de Coipasa y de Pastos Grandes, con el cual se buscaba la construcción de una planta de carbonato de litio para la producción de baterías y metal ligero, con una inversión inicial de 1 000 MUSD.8 Mediante estos acuerdos, el gobierno boliviano proyectó, en una asociación inédita de YLB, la construcción de una planta de baterías en China, con el 51% para YLB y el 49% para TBEA-Baocheng. Con esto, las perspectivas de transferencia de tecnología y desarrollo industrial, tanto para Bolivia como de la participación internacional de YLB, se potenciaría enormemente. Por otra parte, en el salar de Pastos Grandes, en el departamento de Potosí, la inversión proyectada alcanza 1 100 MUSD para la instalación de tres plantas de cloruro de litio, carbonato de litio y litio metálico. La pérdida de influencia y participación económica de Estados Unidos en la región del Triángulo del litio, frente al aumento de la presencia e inversiones de China, aumenta la presión sobre esta región. De manera adicional, la participación de China no ha inhibido los intereses de otras potencias en la región. Comienzan a aparecer proyectos de inversión de países como Rusia, Japón y Corea. Contrariamente a Argentina y Chile, más cercanos a las políticas neoliberales, Bolivia, al implementar nacionalizaciones e intervención estatal en el proceso de industrialización y comercialización del litio, se convirtió en un problema para el capital internacional y para el control estratégico estadounidense. Se convirtió en uno de los espacios geoestratégicos más importantes del mundo y las disputas por el control económico o la injerencia política en la región lo ha convertido un territorio en disputa hegemónica. 8 Cfr. https://www.efe.com/efe/america/economia/bolivia-y-china-forman-una-empre sa-para-fabricar-litio-metalico/20000011-4046760 187 Oscar Ugarteche y Armando Negrete De los principales acuerdos de YBL, a mediados de octubre de 2019, como resultado de movilizaciones sociales en Potosí, 1) se canceló el acuerdo de explotación conjunta con la empresa alemana ACISA mediante la anulación del decreto que creaba la sociedad industrial mixta, en atención a las demandas sociales por el incremento de mayores beneficios y regalías por la explotación del litio. Eso solo quiere decir que la empresa alemana podrá operar sin la sociedad con la empresa boliviana. 2) En el mes de noviembre, se ejecutó el golpe de Estado (cívico-militar) contra el gobierno de Evo Morales, lo cual ha dejado en suspenso el segundo, y más grande, acuerdo de cooperación con China. En este último se había establecido una inversión total 2 390 MUSD para la construcción de una planta industrializadora de litio en Coipasa, Oruro, la cual se impulsaría con una inversión inicial de 1 320 MUSD para la instalación de cinco plantas: una de sulfato de potasio, una de hidróxido de litio, una de ácido bórico, una de bromo puro y una más de bromuro de sodio. Hasta donde se sabe, el acuerdo no ha sido cancelado, pero hasta que no se resuelva la situación política del país, no se puede confirmar. La relación del golpe de Estado con los intereses de Estados Unidos por detener la exploración del litio por terceros países en la región y fortalecer su presencia en el Triángulo del litio encuentran muchas coincidencia con una serie de acontecimientos: la visita de Ivanka Trump a la frontera entre Argentina y Bolivia; el evidente atraso tecnológico estadounidense en la transformación de la matriz energética; la oposición de las políticas de desarrollo en Bolivia a los mandatos neoliberales orquestadas por el Consenso de Washington; el aumento de la presencia china en la producción estratégica de energía, extracción e industrialización del litio. Del mismo modo, se explica por qué Estados Unidos reconoció con tanta velocidad al gobierno de facto. Contrariamente a la manera en que ha procedido en Medio Oriente, esta vez Estados Unidos no busca el control directo del litio boliviano. Aunque es claro que la nación que controle la oferta de baterías de litio en el mundo, y la tecnología asociada, controlará el rumbo de la matriz energética y la vanguardia en la tecnológica de industrias estratégicas como la automotriz, las telecomunicaciones y los servicios urbanos. La hipótesis del presente texto es que, lo que ha conseguido Estados Unidos con el golpe de Estado está orientado a detener la participación de China en la industrialización del litio en Bolivia, y crear el espacio de tiempo suficiente para que sus inversiones en Chile y Argentina permitan revertir el atraso geopolítico y económico que tienen frente al gigante asiático en América del Sur. Los objetivos estadounidenses serían tres: el control del mercado del litio; el bloqueo a la industrialización boliviana; y poner freno al incremento de las inversiones estratégicas chinas en la región. 188 APROXIMACIONES DESDE LA GEOECONOMÍA AL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA ALGUNAS CONCLUSIONES Los factores externos que definen el momento del golpe y la celada tendida por la OEA remiten a una combinación de las necesidades electorales del equipo del presidente Trump y del avance de los proyectos de explotación de litio con fuerte presencia de China, ambos temas de preocupación hemisférica discutidos en el National Security Strategy Paper de 2017 del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Los agentes internos del golpe fueron del grupo cívico de Santa Cruz, que colocaron a la presidenta interina. Son los mismos que estuvieron en el intento de fracturar al país durante el primer periodo del gobierno del MAS y efectuaron actos violentos en las mismas zonas donde antes lo habían hecho. Esta vez incendiaron, durante la noche de las elecciones, los tribunales electorales departamentales. Este grupo pequeño se montó sobre la rabia popular mostrada ante la percepción de un fraude electoral y de alguna manera apoyó el amotinamiento policial que derivó en la renuncia del presidente en funciones. El golpe de Estado en Bolivia ha sido lo que se llama un neogolpe, o golpe blando, utilizando argumentos constitucionales. La tercera reelección es el tema central. La primera reelección fue la única constitucionalmente válida, según la Constitución emitida en 2009. La segunda reelección forzó la Constitución, pero se pudo argumentar que, como la nueva constitución no estaba vigente en 2006, en realidad era la primera. La tercera ya no tuvo ancla. ¿Por qué el MAS no solicitó una reforma constitucional en esa dirección, entonces? El Artículo 168 de la Constitución de 2009 dice que “el periodo de mandato de la presidenta o del presidente y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”. ¿Por qué no cambiaron el artículo si tenían mayoría? El referéndum efectuado en el año 2016 fue para ver si la ciudadanía le daba la luz verde a Evo Morales para la tercera reelección y le fue adverso. No obstante, el gobierno forzó la tercera reelección y provocó una genuina reacción social masiva que ha mostrado la división del país. Esto fue aprovechado por los actores de este golpe de Estado, la Unión Cívica de Santa Cruz, mismos que intentaron hacer una guerra de secesión durante su primer gobierno (2006-2011). Gran parte de los tribunales electorales departamentales incendiados en las protestas la noche de las elecciones de 2019 corresponden a los mismos lugares donde se desató la violencia luego de la realización de un referendo en el 2006, donde Morales obtuvo 67% del voto a favor que se quedara en la presidencia: Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca. La luz verde a la tercera reelección fue extrañamente brindada por el Secretario General de la OEA, con un argumento falaz sobre los derechos humanos de Evo Morales, en lugar de señalar el respeto a la 189 Oscar Ugarteche y Armando Negrete Constitución, emitida por el Estado Plurinacional el 7 de febrero de 2009, y confrontar el fallo de la Corte Suprema de Bolivia en esa dirección. Fue un error de Morales ir a la tercera reelección, pero fue una celada darle la luz verde internacional. Luego la misma OEA declaró con las mismas palabras que el secretario de Estado, Mike Pompeo, la nulidad electoral por fraude. Se repitió la palabra fraude en todos los medios desde el momento en que Almagro de la OEA lo pronunció durante el conteo de los votos, y se creó la realidad del mismo. Estados Unidos reingresó en la palestra boliviana por varias razones: primero para demostrar que tiene el poder para sacar a los gobiernos que considera adversarios del poder en un año electoral. Trump celebró el golpe de inmediato y dijo que le haría lo mismo a Venezuela y Nicaragua. Segundo, por la presencia de China en Bolivia, fuerte y en un sector estratégico. Tercero, porque Bolivia tiene las reservas de litio de superficie más grandes del mundo. Quien controle ese litio controlará las baterías eléctricas del futuro y la tecnología para fabricarlas. Bolivia y China habían firmado 8 semanas antes del golpe de Estado un acuerdo para explotar las minas y fabricar baterías. Finalmente, cuarto, porque Bolivia es un ejemplo contrafactual de las políticas del FMI. El país que no las sigue y que no sigue las reformas estructurales del Banco Mundial es el que tiene la tasa de crecimiento más alta de América Latina en el periodo 2006-2019, el que más ha logrado mejorar la distribución del ingreso y el que ha conseguido diseñar una política de industrialización que le da perspectiva de desarrollo a su país para las próximas décadas. Visto desde Washington, esto es un mal ejemplo. La polarización en Bolivia tiene varias facetas. Algunas son por razones raciales, de machismo y de autoritarismo y se vieron desde que Morales fuera electo la primera vez. La repetición electoral agravó dicha polarización inicial y ha resultado, de este modo, que se ha hecho muy visible la división entre los “blancos” y los “indios”, así como entre la concepción plurinacional del país y la visión cristiana del país. Esta última es una división falsa dado que la plurinacionalidad no tiene que ver con el cristianismo, sino con las culturas indígenas. Estados Unidos aprovechó esa división para asestar el golpe y recuperar el control de Bolivia, que tiene además importantes yacimientos de gas y litio y está en el centro geográfico de Sudamérica. Es el cuarto golpe blando que realiza, después de Honduras, Paraguay y Brasil, los últimos dos, vecinos fronterizos del país recientemente golpeado. En el camino se ha hecho evidente que la Carta de Derechos Humanos no es tomada en cuenta por los miembros del Grupo de Lima y que el derecho al asilo diplomático está en entredicho para Estados Unidos y dichos países. Se ha hecho evidente que la Carta Democrática abre el derecho a la intervención. 190 APROXIMACIONES DESDE LA GEOECONOMÍA AL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA BIBLIOGRAFÍA AFP (2008, 31 de diciembre). Explica Evo Morales la expulsión de Goldberg. La jornada. Disponible en https://www.jornada.com. mx/2008/12/31/index.php?section=mundo&article=022n2mun Andrés, J. (2000). El voto de las armas. 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(Roberto Bolaño, A Rebeca, paceña y chilanga; y viceversa). LA CRISIS ESTRUCTURAL A diferencia de los patrones que históricamente se han observado en otras crisis del capitalismo moderno, la más reciente se caracteriza por el hecho de que la humanidad alcanzó, por fin, el límite cualitativo y cuantitativo de explotación de la principal condición de posibilidad de existencia y de reproducción sistemática del capital: la propia materialidad del planeta Tierra. La crisis general actual del capital, por lo anterior, más que comenzar, transitar y agotarse en una agenda operativa de sus actores dominantes, tiene que ver primordialmente con las posibilidades de que la creación, acumulación y concentración de capital siga siendo una realidad en un contexto en el que la vida se aproxima con demasiada prontitud y velocidad hacia una serie de escenarios que comparten una multiplicidad de rasgos con aquellos momentos de extinciones masivas de la vida en el planeta; situación que atraviesa el tema de los límites cualitativos de mercantilización de la vida (con sus niveles vigentes y potenciales de consumo), pero también, y sobre todo, del sostenimiento de la vida humana en cuanto tal. A menudo tematizada por el pensamiento liberal como un problema estrictamente económico y de redefinición de las estrategias de aprovechamiento y circulación de recursos, la realidad de fondo en esta crisis es que el momento por el cual atraviesa la humanidad remite más a una condición límite de la forma de la civilización moderna antes 195 Ricardo Orozco que a un aspecto estrictamente de producción, de consumo, de financiamiento, de reparto de los dividendos, de especulación, de liquidez, etcétera (Echeverría, 2006). Y en este horizonte, que no se conforma con reproducir el dogma de la eternización del capitalismo a través de la puesta en marcha de una mayor y mejor racionalidad para su administración, gestión y gobierno, lo que es un hecho es que las consecuencias de su vigencia ya se hacen sentir alrededor de todo el orbe. Y es que, en efecto, hoy, más que nunca antes en la historia de la humanidad, el fantasma de la guerra irrestricta se encuentra presente en una mayor cantidad de espacios con consecuencias cada vez más devastadoras para civilizaciones y formas de convivencia colectiva completas. Asia, por ejemplo, se encuentra transitando por una serie de reorganizaciones territoriales que lo mismo se están resolviendo por la vía bélica que por el despliegue de iniciativas de despojo y de construcción de infraestructura a escalas masivas. Oriente Medio no termina de salir de las consecuencias dejadas detrás de sí por las sucesivas intervenciones occidentales en Afganistán, Irak, Siria y Yemen; pero tampoco logra deshacerse de la guerra global en contra del terrorismo, que más bien termina siendo una campaña global en contra del islam. África, en otras coordenadas, se encuentra atravesando por un recrudecimiento de sus regímenes de excepción, derivados de las necesidades globales del capital de apropiarse y mercantilizar sus recursos naturales, tan estratégicos para el progreso científico-tecnológico de los años por venir; pero también por el despliegue de nuevas tecnologías de racialización y esclavización de sus poblaciones. Europa, que insiste en representarse a sí misma frente al resto de la humanidad como el baluarte del progreso civilizacional, hoy no se halla muy lejos de volver a pasar por las experiencias del fascismo y el nacionalsocialismo de principios del siglo XX, aunque con rasgos y ejercicios de poder y de violencia mucho más devastadores que los disponibles durante la segunda gran guerra europea. América, por supuesto, no se encuentra aislada de estas dinámicas, aunque con sus rasgos particulares. Ecuador, Brasil y Argentina, por ejemplo, recién atravesaron por procesos político-electorales que los llevaron a vivir, durante los siguientes cuatro a seis años, una reversión absoluta de los logros alcanzados en materia social con los gobiernos –más o menos– progresistas que les antecedieron, desde los inicios del ciclo regional a principios del siglo XXI; y que en cada caso resultaron con la institución de regímenes políticos que se acercan, en diferente grado, a las peores experiencias de las dictaduras cívico-militares de seguridad nacional. Venezuela y Cuba, por su parte, atraviesan por un recrudecimiento del intervencionismo estadounidense más atroz, con el reforzamiento de los bloqueos comerciales y el despliegue 196 BIFURCACIÓN SISTÉMICA, PATRÓN DE PODER CAPITALISTA EN AMÉRICA de ejercicios militares concatenados con intentos de golpes de Estado por parte de las oligarquías nacionales (en el caso de Venezuela) o con una agenda regional de asfixia política y comercial cuyo único objetivo es un total aislamiento continental (como con Cuba). México, Colombia, Chile y Perú, fieles a su tradicional posición de sumisión ante los imperativos comerciales del neoliberalismo de autoría intelectual estadounidense, pasaron por un periodo de profundización de su agenda de liberalización y militarización de la vida en colectivo. Estados pequeños como Uruguay y Paraguay, junto con toda América Central, se sumaron a los casos en los que el conservadurismo –lo mismo de izquierda que de derecha– se enquistó en el control de la estructura estatal y de su andamiaje gubernamental solo para terminar reviviendo el militarismo de viejo cuño que sufrieron a finales del siglo pasado. Solo Bolivia, hasta ese momento, se mantuvo, dentro de todo el caos generado por lo que en diversos círculos de intelectuales de América se leyó como el agotamiento del ciclo progresista en la región (Malamud, 2016), como un bastión cuasi intocado por todos los intereses que ya desde principios de la segunda década del siglo comenzaban a distenderse sobre el sur del continente para dar marcha atrás con las conquistas que emergieron a contracorriente del neoliberalismo más atroz que se ensayó en el continente a partir del golpe de Estado a Salvador Allende, en el Chile de 1973. Transversal a todos estos hechos, al rededor del mundo, la vida en el planeta atraviesa por un momento de extinción masiva de especies animales y vegetales cuyas proporciones de devastación se asemejan mucho, en sus resultados, a las de otros fenómenos (de carácter estrictamente geológico) en los que se perdió poco más del 90% de la vida en el planeta. Hoy, la humanidad se encuentra frente a un escenario en el que su propia actividad, en menos de cincuenta años, ha llevado a la aniquilación total de alrededor del 75% de la vida silvestre en el mundo (Ceballos et al., 2015). El ritmo del consumo actual y la tendencia vigente en la mercantilización de la vida en sociedad solo apuntan a una aceleración de esa extinción, trasladando sus efectos hacia otros organismos y cuya desaparición supone una modificación cualitativa irreversible –en escalas humanas de tiempo– del conjunto de la vida en la Tierra. Pero no solo, pues, aunado a ello, se suman otras tantas dimensiones que le dan un sentido unitario a la crisis general del sistema, y no solo por añadidura o por enumeración extensiva de rasgos a documentar, sino por las consecuencias que se deprenden de su comprensión como un todo en el que cada una está condicionada y condiciona, al mismo tiempo, a otras (Bartra, 2013: 25-71). Así pues, hay: 197 Ricardo Orozco a) Una dimensión climática, en la que se juegan la temperatura del planeta y las variaciones de esta en el frágil equilibrio de los ecosistemas de todo tipo; las variaciones en las precipitaciones y las sequías, el incremento de fenómenos meteorológicos como los huracanes y, por supuesto, el deshielo de los casquetes polares y las modificaciones en las proporciones de agua dulce y agua salada; b) Una energética, en la que desempeñan un papel central los combustibles fósiles y los efectos que su extracción y uso tienen tanto en la degradación de las capas terrestres del planeta como en el envenenamiento de la totalidad del oxígeno disponible. En el caso del petróleo, además, está presente el problema que causan los derivados sintéticos como el plástico y otros químicos que se vierten a la tierra, al aire y al agua alterando su composición química de manera irreversible; c) Una alimentaria, expresada por el número cada vez mayor de humanos que no cuentan con los nutrientes básicos para mantenerse con vida, pero también, por la enorme cantidad de especies animales encubadas para consumo humano y el desgaste de los suelos para producir los alimentos necesarios para su engorda (potenciada por tratamientos hormonales cuyos efectos secundarios se transmiten al humano a través de su consumo). Una dimensión, asimismo, en la que las enfermedades y las plagas tienen un papel fundamental en la propagación de pandemias debido a la precarización de las condiciones de vida de las comunidades; d) Una demográfica, en la cual, a manera de miscelánea, es posible hallar lo mismo las enormes olas migratorias que se desplazan por todas las latitudes y altitudes del globo terráqueo que los fenómenos de sobrepoblación inducida para incentivar el consumo en economías domésticas, o a la inversa, el despoblamiento de territorios completos a través de la guerra (convencional o disfrazada de combate al narcotráfico y al terrorismo internacionales), los desplazamientos forzados, la destrucción territorial, etcétera. Más que la suma, es la unidad de todos estos rasgos lo que hace de la presente crisis una catástrofe civilizatoria que no halla en artificios de tipo económico (redistribución del ingreso, mesura en la explotación de los recursos materiales, decrecimiento en los niveles de consumo, rentas básicas universales, automatización de procesos productivos y cadenas de valor, etc.) su solución de fondo. Pero es, además, el rasgo más distintivo del malestar manifiesto en el presente en la multiplicidad y diversidad de expresiones de descontento, de oposición, de 198 BIFURCACIÓN SISTÉMICA, PATRÓN DE PODER CAPITALISTA EN AMÉRICA protesta y de resistencia en contra de la tendencia seguida por el capitalismo moderno. Es decir: esta crisis en la que estamos inmersos, y que está conmoviendo el conjunto de la vida social, es una crisis de la calidad misma de la vida civilizada, una crisis que no solo es económica y política, no es solo una crisis de los Estados nacionales y sus soberanías sino que está afectando y que lleva afectando mucho tiempo los usos y costumbres de todos órdenes: sexuales, culinarios, habitacionales, cohabitacionales; que afecta a la definición misma de lo que es la política, de lo que es la familia, de lo que es la educación, de la relación entre la ciudad y el campo. Todos estos elementos están en crisis al mismo tiempo (Echeverría, 2006: 5). Puesto todo lo anterior en los términos de un análisis formal, resulta evidente que el momento por el cual atraviesa el capitalismo contemporáneo se define por el creciente empuje con el que los contenidos por él consolidados a lo largo del último siglo (o quizá siglo y medio), para donarse a sí de una concreción histórica particular válida para ese espacio-tempo específico, está poniendo en cuestión –y cada vez con mayor insistencia y agudeza– esa forma que les fue dada en tanto condición de su posibilidad. Sin embargo, esto no es tanto lo determinante para su comprensión como sí lo es el hecho de que la forma vigente del capitalismo moderno ya no únicamente no está siendo capaz de reaccionar ante tal impugnación que le plantean los contenidos sociales, económicos, políticos, culturales, históricos, etc., en dirección hacia su autorreconfiguración –con el objetivo de ampliar sus márgenes de tolerancia a la tensión que se desenvuelve en su interior–, sino que, además, y en sentido contrario, está potenciando y acelerando, simultáneamente, dos reconstituciones de sus contenidos igual de profundamente conservadoras y retrógradas: la proliferación de fundamentalismos (lo mismo de izquierda que de derecha) ahí en donde las resistencias sociales son más virulentas, profusas y combativas, por un lado; y el desbordamiento de condiciones de vida en decadencia en los espacios en los que la articulación de las fuerzas sociales es aún mínima, habida cuenta del avasallamiento con el que el capital las domina (Echeverría, 2011). En los hechos, ambas reacciones del capitalismo contemporáneo (de la forma aún vigente de este), dan cuenta de los límites por él alcanzados en la reproducción de las dinámicas con las que toda la segunda mitad del siglo XX, y la primera década del XXI, respondió ante las afrentas que se le levantaban cuestionando su funcionamiento aniquilador de la vida. Pero también, y de manera aún más palpable, de un fenómeno hasta ahora no experimentado en sus quinientos años de historia: los niveles de inutilidad que comienza a representa el capitalismo mismo para los propios capitalistas en la consecución, por parte de estos, de mayores grados de concentración y centralización de capital (no en 199 Ricardo Orozco términos relativos y coyunturales, de corto o mediano plazo, sino como posibilidad de modus vivendi de larga duración. Y es que, en efecto, acá lo que empieza a manifestarse en plenitud es que los márgenes a los que el capitalismo es capaz de empujar la reducción de sus costos de producción: recurriendo al abaratamiento de la mano de obra (no calificada, semicalificada y calificada); a la externalización de costos (ya sea en la obtención de materias primas, en la disposición de infraestructura o en la expulsión de residuos resultado de la actividad económica en cuestión); o a la exención de impuestos y otras imposiciones tributarias, está aproximándose a los linderos de su agotamiento luego de más de quinientos años de reproducción cíclica y, sobre todo, luego de la masiva aceleración que implicó la puesta en práctica del neoliberalismo por todo el mundo (Wallerstein et al., 2015). LA DISPUTA POR LA HEGEMONÍA GLOBAL Y EL GOBIERNO DE/POR LA CRISIS Que el capitalismo haya alcanzado los límites de las condiciones de posibilidad de su existencia y del mantenimiento de la vida en el planeta significa que los espacios-tiempos que aún mantienen cierto grado de integridad en su composición orgánica (o donde se hallan los recursos necesarios para dar continuidad al sistema) son un activo escaso y de gran valorización para los capitales que se reparten el mundo. La violencia cada vez más atroz, aguda y sostenida que se despliega en todas las sociedades que habitan el planeta, los grados de aniquilación a los que son sometidas todas las formas de vida, el agotamiento de los espacios de valorización y de las posibilidades de continuar con la mercantilización de la existencia, entre otros tantos factores –lo mismo en sociedades centrales que en periféricas–, dan cuenta de ello y de las respuestas que ofrecen tanto el capitalismo como los condenados de la tierra a su decadencia: mientras que para los acumuladores de capital en la respuesta se juega su destino como la parte de la sociedad dominante, para los explotados y condenados del sistema el problema está en saber qué tanto serán capaces de sobrevivir a un eventual colapso, y, sobre todo, en qué condiciones de miseria se daría esa breve supervivencia. Al respecto, en la escala de las disputas interestatales por definir la trayectoria tanto de las respuestas como de los posibles y potenciales escenarios de barbarie que las acompañan, lo que ya se comienza a observar es una aceleración y un recrudecimiento de la disputa por esa posición privilegiada en la economía global que sea capaz de asegurar para sí las mejores condiciones posibles de supervivencia –con el menor riesgo concebible– a lo que sea que se aproxime derivado de la imposibilidad global de corregir las múltiples fallas y fracturas que presenta el capitalismo contemporáneo. 200 BIFURCACIÓN SISTÉMICA, PATRÓN DE PODER CAPITALISTA EN AMÉRICA En ese sentido, una primera trayectoria sistémica tiene que ver, en primer lugar, con el desplazamiento de los centros de poder y de acumulación y concentración de capital desde Occidente hacia Oriente; y en segundo, con la tendencia creciente de la economía china a hacerse con una posición de dominio en ese desplazamiento hemisférico. Contraparte de ambas dinámicas son, respectivamente, que Occidente se ha encauzado en la necesidad de desplegar algunos mecanismos de compensación que lo mantengan en una situación confortable o que le permitan recobrar la fortaleza necesaria como para volver a ser una potencia económica, política, histórica, cultural, etc., incuestionada –y al interior de esa condición, con Estados Unidos reafirmándose como la indisputada hegemonía del globo. Ahora bien, dentro de la crisis general de la forma civilizatoria vigente y las soluciones que se le están planteando desde una condición de interioridad sistémica (es decir, desde los intereses del propio sistema para su reproducción y continuidad), se desarrollan, asimismo, dos grandes propuestas de solución mutuamente excluyentes: la de una economía-mundo dominada por la manera china de reproducir el capitalismo, por una parte; y la de una economía-mundo dominada por el modelo estadounidense de reproducción del capital, por la otra. Esa tensión entre una potencia en declive y una que va en su momento cumbre de ascenso determina un cúmulo de contradicciones (menores en escala, pero no por ello menos importantes para la definición del rumbo del sistema en su conjunto) que tienen lugar en las esferas de influencia o los espacios geoculturales dentro de los cuales la condición de hegemonía de cada potencia encuentra su principal sustrato material e ideológico para edificarse y proyectarse hacia el resto de las áreas que componen la economía-mundo en su conjunto. Pero no solo, pues, aunado a ello, determina, asimismo y de manera simultánea, una reestructuración de las relaciones vigentes entre las economías centrales y las periféricas, teniendo como su centro de gravitación las definiciones necesarias para mantener posiciones de privilegio por parte de aquellas respecto de estas, y así sostener márgenes de explotación suficientes y crecientes en los años por venir. Tres mediaciones, por lo tanto, de las trayectorias y los sentidos que se le están imprimiendo al capitalismo moderno desde centros geopolíticos muy específicos, a través de estrategias concretas, para intentar lidiar con el agotamiento de los recursos naturales del planeta, con otras o todas las formas de vida; para mantener modelos de explotación autosustentables, para asegurar el consumo cautivo, para modificar las cadenas productivas de conformidad con los nuevos desarrollos tecnológicos y científicos, para ajustar las cadenas de valor a las nuevas necesidades de acumulación y concentración del sistema; para redefinir 201 Ricardo Orozco los modos de gubernamentalidad de las poblaciones, para afinar los dispositivos de poder que hacen posible las ciencias de la información y la comunicación, para mercantilizar otras experiencias de la vida cotidiana, y un larguísimo etcétera. PRIMERA MEDIACIÓN: LA DISPUTA ESTADOS UNIDOS-CHINA POR LA HEGEMONÍA GLOBAL En el plano de la primera dimensión, el que Estados Unidos sea una potencia en decadencia significa que no cuenta más con la capacidad para imponer sus intereses en las diversas tensiones políticas y en el funcionamiento de la matriz productiva/consuntiva global sin tener que recurrir de manera permanente a la agresión, el ejercicio de la violencia y la guerra –cualquiera que sea la forma adoptada por estas últimas, desde el combate armado convencional hasta la instauración de Estados de excepción, pasando por el sostenimiento de conflictos entre guerrillas o la generalización de contextos de criminalidad, como en el caso del narcotráfico internacional, en su veta armada–. Y, por lo contrario, que China sea una potencia en ascenso significa que cuenta con la suficiente fortaleza como para imponer sus propias reglas del juego político y económico sin tener que recurrir al despliegue de escenarios bélicos en sus espacios de interés. En ambos casos, por supuesto, no significa que el recurso de la guerra no sea una opción, porque lo es. Más bien, significa que, en el primero, la instauración de estados de excepción se vuelve cada vez más una necesidad de supervivencia y de mantenimiento del statu quo en una relación inversamente proporcional a la decadencia del rol hegemónico en cuestión. De tal suerte que, a menor capacidad de imponer ciertos intereses por la pura presión política y económica mayor es la necesidad de hacer valer esos mismos intereses por la vía de la coerción, la agresión y la violencia. Y viceversa, en el caso de China, entre más grande es su peso en la determinación de las decisiones políticas y económicas globales, mayor es, proporcionalmente, su tendencia a hacer valer esas decisiones y sus propios intereses por la vía de las presiones políticas y económicas. En gran parte, la necesidad de Estados Unidos de mantener su rol dominante en el mundo y la tendencia de China a continuar capitalizando su relación como principal socio comercial de aquel, para incrementar su dependencia y reducir sus márgenes de acción y su presencia en otras geografías del planeta, es lo que ha llevado a ambos actores a desestabilizar aún más una infinidad de espacios-tiempos periféricos de la economía-mundo contemporánea con el único propósito de minar la fortaleza y las relaciones de privilegio de su oponente, procurando obtener cualquiera de los siguientes escenarios: a) una de las 202 BIFURCACIÓN SISTÉMICA, PATRÓN DE PODER CAPITALISTA EN AMÉRICA partes excluye a la otra del espacio en disputa; b) una de las partes somete por completo a la otra a sus propios intereses; o c) el espacio en disputa en cuestión queda aniquilado –en una lógica en la que el principio de razonamiento es que vale más su total eliminación que el provecho del oponente. Relaciones así son extremadamente visibles, por ejemplo, en las disputas que ambas potencias sostienen desde hace ya varias décadas por espacios como los estrechos de Suez, Bab-al-Mandeb, Ormuz, Malaca y Panamá –indispensables para el tráfico marítimo del comercio global entre ambos hemisferios, y en particular, para el control de los flujos de petróleo y otros combustibles que alimentan a las grandes maquinarias industriales y tecnológicas en Estados Unidos, Europa y China–. Pero también en las disputas por el control de territorios nacionales (o porciones de ellos) de los que depende su futura capacidad de resiliencia a alguna de las dimensiones de la crisis civilizatoria en curso. Así pues, contar con la propiedad y la explotación exclusiva de los espacios-tiempos de los que depende la seguridad alimentaria de Estados Unidos y de China, o de las reservas más grandes de agua dulce en el planeta para hacer frente a las sequías y a los enormes volúmenes de consumo industrial y doméstico; o de los yacimientos de los principales minerales raros de los que depende la continuidad de los avances en materia científicotecnológica (como el litio, para el almacenamiento de energía; o el coltán y el cobre, de los que dependen los circuitos integrados de la mayor parte de los aparatos tecnológicos en la actualidad), resulta fundamental no solo en términos de la definición de la potencia que habrá de mantener el ejercicio hegemónico por las siguientes décadas, sino, además, en términos de lo que significa asegurar la continuidad de esa potencia y la existencia de su sociedad nacional en cuanto tal. En ese sentido, en las zonas periféricas de la economía-mundo se hace una generalidad la instauración de estados de permanente crisis como forma de gobierno o de gubernamentalidad de su población, que si bien está dada por la situación de decadencia y los límites estructurales a los cuales se enfrenta el capitalismo moderno, hallan en la disputa de China y Estados Unidos un elemento que la conduce y orienta. Y es que, en efecto, mientras que China se encarga de relevar a Estados Unidos en los espacios-tiempos en los que antaño este fue hegemónico y dominante (por ejemplo: el norte de África o el sur de América), Estados Unidos, a su vez, procura devastar las regiones que le sirven a China como pilares de la construcción de su propia hegemonía (Oriente Medio, en general; y las regiones por las que cruza el corredor comercial de la Ruta de la Seda, en particular). Eventos que, por supuesto, se entrecruzan con disputas locales, derivadas de los intereses específicos de los actores regionales, pero también que se concatenan con las 203 Ricardo Orozco respuestas que cada potencia induce en sus zonas de influencia para contrarrestar a su oponente (la reactivación de las dictaduras militares en América, por ejemplo, dan cuenta de las respuestas emprendidas por Estados Unidos para expulsar del continente a China). América, en este cuadro, resulta de vital importancia para la definición de la decadencia o de la recuperación estadounidense, por un lado; y para el apogeo o frustración de la hegemonía china, por el otro; habida cuenta de que es el continente en el cual se encuentra la hegemonía que imperó durante la mayor parte del siglo XX y de que es una región aislada del resto de los continentes por dos grandes océanos, situación de privilegio que hace de ella un espacio-tiempo de explotación exclusiva por parte de Estados Unidos: al compartir la misma geografía y ser aquel la única gran potencia que habita el continente, la economía estadounidense puede permitirse el privilegio de sobrevivir casi con exclusividad de la enorme diversidad, cualidad y cuantía de recursos explotables (naturales y humanos) que existen en el sur del continente sin la necesidad de tener que buscar los mismos beneficios en otras latitudes. Y es que si bien es cierto que América no cuenta con todas las materias primas que el capitalismo estadounidense requiere para su despliegue global, también lo es que sí contiene una proporción importante de los mismos, y que las actividades de explotación que Estados Unidos realiza en otras latitudes tienen el principal objetivo de apropiarse de ellas y agotarlas antes de que los beneficios de las mimas puedan ser extraídos por parte de sus socios comerciales o de sus competidores. Después de todo, el estatuto de hegemonía, para cualquier potencia, históricamente se ha basado en el mantenimiento de un delicado equilibrio en el que ni se permite el fortalecimiento productivo/consuntivo de los socios comerciales cuyos mercados sostienen el consumo de la producción de la economía hegemónica (para hacer de esos socios, en el largo plazo, competencias), ni se privilegia, tampoco, la total asfixia productiva/consuntiva de los socios porque, de hacerlo, la potencia hegemónica no contaría con mercados para inundar con sus mercancías y servicios. SEGUNDA MEDIACIÓN: LAS DISPUTAS CORPORATIVAS AL INTERIOR DE OCCIDENTE Para construir, sostener y proyectar su hegemonía sobre el resto del mundo, Estados Unidos se valió de un par de coyunturas históricas específicas que, a la postre, tras su agotamiento, dejaron a este en una posición de debilidad de la cual aún no ha salido, desde finales del siglo pasado. La primera fue la reconstrucción de Europa y de Japón tras finalizar ambas Guerras Mundiales y la Guerra del Pacífico. Con ambos espacios aniquilados por una de las más destructivas guerras de las que la humanidad tenga memoria, reconstruir aquello significó la captura 204 BIFURCACIÓN SISTÉMICA, PATRÓN DE PODER CAPITALISTA EN AMÉRICA de ambos mercados prácticamente de manera exclusiva para los negocios estadounidenses. La segunda tuvo que ver con el ascenso de la Unión Soviética como segunda gran potencia global (lo suficientemente fuerte como para resistir los embates estadounidenses y al mismo tiempo lo suficientemente débil como para no significar una amenaza capaz de sustituirlo, a pesar de la destrucción mutua asegurada que les proveían sus stocks de armas nucleares). El riesgo siempre latente de que el campo socialista atrajese a cada vez más Estados y economías nacionales hacia su esfera de influencia tuvo como consecuencia el fortalecimiento constante del Viejo Continente aun si ello significaba, en el mediano plazo, acelerar y acrecentar lo suficiente su poder político y económico como para convertirlo en una competencia real a la hegemonía de Estados Unidos. La tercera remite a América y a los regímenes dictatoriales que se instauraron en la región, facilitando el despliegue cualitativo y cuantitativo del modo neoliberal de acumulación de capital sin que en el continente existiese una resistencia política, económica, social o cultural con la potencia necesaria como para detener o desacelerar su ritmo de apropiación, mercantilización y explotación de la vida cotidiana. Y la cuarta se relaciona con la importancia que tuvo la apertura de China al capitalismo neoliberal, a comienzos de la década de los años ochenta del siglo XX, en particular en lo concerniente a su relación comercial con Estados Unidos. Y es que, en efecto, mientras que en la misma década en América campeaba el neoliberalismo exponenciando los márgenes de acumulación de capital a través del saqueo de la región, en el resto de las periferias globales economías nacionales enteras eran reconstruidas prácticamente de la nada y China, en especial ocupaba un lugar privilegiado de acumulación. Después de todo, ella sola, para 1982, ya representaba un mercado de poco más de mil millones de habitantes, casi doscientos millones de personas más que Europa y Asia Central juntas y setecientos millones más que toda América Latina y el Caribe en su conjunto. A partir de esos años, la mayor parte de las periferias globales entraron en un ciclo de crecimiento económico brutal, pero que nunca se tradujo en un modelo de justicia social que fuese capaz de redistribuir la riqueza socialmente producida hacia las capas demográficas más pauperizadas. En términos generales, la de los años ochenta fue una década perdida tanto como lo fueron la siguientes cuatro para el grueso de la población mundial, ensanchando la brecha que media entre los detentadores de capital y de los medios de producción, por un lado, y los despojados de todo, salvo de su condición de fuerza de trabajo, por el otro. Sin embargo, lo que ocurrió con China (y otros países como la India, que junto con aquella, en la misma década, sumaban 205 Ricardo Orozco poco más de mil setecientos millones de habitantes, de un total de cuatro mil millones y medio en todo el mundo), fue que, salvando las proporciones históricas en cada caso, ofrecieron a los capitales occidentales una suerte de repetición del escenario ante el cual se enfrentaron en la reconstrucción de Europa y Japón: dos inmensos mercados cautivos en los cuales todo estaba por inventarse. Para Europa aquello significó conseguir algunas ventajas productivas/consuntivas importantes de cara a un Estados Unidos que año con año perdía potencia en su despliegue global. Y para China, esa misma situación implicó convertirse, en el mediano plazo, en el principal socio comercial tanto de Europa como de Estados Unidos y así, a la postre, en la economía más grande, más rentable y con mayores grados de aceleramiento en materia de innovación tecnológica y científica. Para los albores de la segunda década del siglo XXI, aquellos choques económicos neoliberales aplicados por Occidente, en general, y por Estados Unidos, en particular a la economía china ya se habían convertido en la principal causa de que China fuese el principal contendiente de Estados Unidos y de Europa por relevar a aquel como la potencia dominante de la economía-mundo contemporánea. En la actualidad, al interior de Occidente, derivado de la específica confrontación entre China y Estados Unidos, están en juego tres cosas: a) las posibilidades de que Europa se fortalezca lo suficiente como para relevar a Estados Unidos, conservándolo en subordinación como un socio comercial necesario y fundamental; b) la capacidad de resistencia del continente frente a los embates políticos y económicos estadounidenses, empleados por la economía estadounidense para debilitar la posición comercial y de negocios de China en el Viejo Continente; y c) el mantenimiento de China como uno de sus principales socios comerciales, no solo por el grado de dependencia al que llegaron las economías europeas respecto de la producción y el consumo chinos, en general, sino, a su vez, por las posibilidades de transferencia tecnológica y científica, producto de las innovaciones asiáticas en ese rubro. Ahora bien, en esta suerte de disputa a tres bandas son los sectores productivos subsumidos al Big Data, la Inteligencia Artificial, el Machine Learning y la automatización de procesos los cuatro grandes rubros en los que cualquier posibilidad de hacerse con la hegemonía global encuentra su principal arena de combate –y cualquier actor su fortaleza geopolítica para sustituir a Estados Unidos–. Y lo cierto es que tal apuesta no es para menos, y tampoco es azarosa. Cuando para los estrategas y los capitales estadounidenses se hizo claro que la correlación de poder entre la economía estadounidense y la china se había equilibrado y comenzaba a mostrar signos de invertirse (McBride y Chatzky, 2019), Europa tuvo que enfrentarse ante el desafío que supuso el que 206 BIFURCACIÓN SISTÉMICA, PATRÓN DE PODER CAPITALISTA EN AMÉRICA la potencia que hasta ahora la había mantenido a flote y segura de sus competidores comenzara a atacarla y presionarla deliberadamente para afectar los intereses chinos en el continente –lo cual, por supuesto, significa atentar en contra de sus propios procesos de acumulación y concentración de capital–. Pero no solo, pues, además, lo que se hizo más evidente aún fue el posicionamiento chino, centrado en el objetivo de dominar, en el plano internacional, las principales tendencias tecnológicas sobre las cuales se está apoyando la acumulación de capital en el presente: a) centros de innovación científica-tecnológica; b) fabricación y producción inteligente; c) infraestructura industrial; d) producción sostenible; y e) equipos de tecnología de alta gama. Como trayectoria general de la reproducción orgánica del capitalismo moderno, ese énfasis en la sustitución del elemento humano por maquinas, robots y sistemas informáticos cada vez más autónomos es resultado de la insaciable búsqueda de abaratamiento de costos (como los del salario y el mantenimiento, o los del retraso y la destreza en la producción). Sin embargo, como especificidad del enfrentamiento geopolítico al interior de Occidente, esa tendencia se ha traducido en la aceleración de la reorganización de la totalidad de los procesos productivos y las cadenas de valor en todo el mundo. Para algunas economías de Europa, y para el propio Estados Unidos, por ejemplo, la automatización industrial se traducirá, en la siguiente década, en el reemplazo de más de un tercio de la fuerza laboral hoy activa por software y hardware automatizados y en constante aprendizaje y autosuperación (Manyika et al., 2017). Y ello, no únicamente en lo que concierte a la manufacturación de las mercancías, sino también, de manera muy tajante, en lo respectivo al rubro de los servicios, la experiencia del cliente y los trabajos que hoy día se clasifican como menos manuales y más cognitivos, barriendo, así, con todo el espectro en el que se encuentra dividida la actividad productiva vigente. Sin la necesidad de llevar el presente análisis más allá de lo hasta ahora delineado, es claro que procesos continentales como la fragmentación de la Unión Europea, el avasallante ascenso de los conservadurismos y fundamentalismos más reaccionarios, tanto de derecha como de izquierda, así como las sucesivas y expansivas olas de protestas sociales vigentes en el continente hunden sus nervios más profundos en este cambio sustancial de la estructura productiva/consuntiva propiciado por el avance de las nuevas tecnologías. En ese sentido, al cambio cualitativo que significó el que a lo largo del siglo XX, y sobre todo, en lo que va del XXI, las corporaciones transnacionales sustituyesen a los Estados nacionales como los actores principales –convirtiéndose en subsidiarios de la actividad corporativa en cuestión– hoy se suma una nueva modificación igual de sustancial, en la que las máquinas 207 Ricardo Orozco desplazan de la producción de la vida material al elemento humano que apenas cuenta con los medios para consumir el exceso de mercancías y servicios que estas producen, a ritmos siempre crecientes y con costes más bajos (Ornelas, 2017a). En perspectiva global, pero centrando las consecuencias en las implicaciones que dicho cambio tiene para Occidente, lo anterior significa que el patrón de acumulación seguido hasta hace unos años –en el que las economías centrales se especializaron en la producción de servicios y en el desarrollo de tecnologías de punta, o “renta tecnológica” (Echeverría, 2005: 18), relegando a las periferias a proveedoras de materias primas y manufacturas– hoy ya no es suficiente para mantener los estilos de vida que el welfare state, la tercera vía y la socialdemocracia generalizaron entre las sociedades occidentales a costa de los amplísimos y profundos grados de explotación laboral que desplegaron sobre las periferias globales (Ornelas, 2017b). Reordenar esas jerarquías que los avances tecnológicos en cada economía occidental se consiguen, con el propósito de capitalizarlas como ventajas competitivas de mediano o largo plazo, capaces de asegurar cierto periodo de preeminencia sobre sus aliados políticos y rivales económicos, no es y no ha sido una tarea sencilla de conseguir –menos aún si de lo que se trata es de no fortalecer a cualquiera de las dos superpotencias que hoy día son dominantes. Y es que, en el nivel de las economías nacionales que pertenecen al área geocultural de Occidente, la carrera de los desarrollos tecnológicos de punta es una cuestión de supervivencia de sus respectivas corporaciones y capitales para no ser aniquilados por la primacía que presenta, en primer lugar China, en sectores como el de telecomunicaciones (con la tecnología 5G), y en seguida Estados Unidos, con el dominio que aún mantiene en circuitos integrados y aplicaciones informáticas. La cuestión es que esa búsqueda por sobrevivir a los adelantos tecnológicos de una y del otro se ha convertido en una carrera contra reloj en la que la consecuencia más inmediata es la del costo humano que esas innovaciones tienen, no solo en el plano laboral, expulsando a millones de personas al desempleo, sino, sobre todo, por las repercusiones que esa misma tecnología tiene en la aceleración de la total obsolescencia de la especie humana: la aniquilación de sus capacidades de producción de su vida material. Hacia algún espacio-tiempo habría que expulsar las consecuencias más nefastas de esa dinámica. TERCERA MEDIACIÓN: LA REORGANIZACIÓN DE LAS CADENAS DE VALOR EN LAS PERIFERIAS Las disputas al interior de Occidente –entre economías centrales por mantenerse o ascender a una posición de privilegio, jerárquicamente 208 BIFURCACIÓN SISTÉMICA, PATRÓN DE PODER CAPITALISTA EN AMÉRICA superior a las de otras economías centrales– ha tenido como consecuencias más importantes para las periferias globales dos dinámicas muy específicas: a) al conseguir grados cada vez mayores y más amplios de automatización de un cúmulo de actividades productivas, los capitales y las corporaciones transnacionales occidentales han avanzado a pasos agigantados en la repatriación de sus procesos productivos localizados en las sociedades periféricas; y b) los procesos productivos que aún se mantienen en las periferias, porque los costos de producción siguen siendo más bajos que los que se obtendrían de trasladarse hacia las economías centrales, con todo y que ya estando en estas sean automatizadas, siguen siendo insuficientes para cubrir la magnitud del desempleo que la automatización de procesos, el BigData, la Inteligencia Artificial y el Machine Learning propician cada día ahí en donde se les incorpora a la actividad productiva de una nación. Una tendencia útil para visibilizar esa lógica de operación es, por ejemplo, la seguida por las corporaciones transnacionales monopólicas en lo relativo a su participación en la creación de empleos, como vectores de definición geopolítica de los espacios-tiempos y de las actividades productivas que el conjunto del sistema privilegia en determinados momentos de su historia. ¿En qué sentido? En la actualidad es ya un lugar común muy socorrido el afirmar que el crecimiento de una empresa o una corporación transnacional es un síntoma de que el cauce de la actividad económica está funcionando bien para el resto de la sociedad en la cual aquella despliega sus actividades, habida cuenta de que ese crecimiento se traduce, casi de manera automática o mecánica, en mayores fuentes de empleo y mayor dinamismo de la actividad comercial en general. Sin embargo, incluso si se toma a las quinientas mayores corporaciones transnacionales en conjunto, desde el punto de vista de su participación en la creación de empleos su impacto es marginal (Ornelas, 2016). Y el problema con tal trayectoria es que si se compara esa marginalidad en la creación de empleos con los niveles tan elevados de acumulación, concentración y centralización de capital que despliegan esas mismas corporaciones, lo que se obtiene como resultado es una correlación en donde la riqueza de una empresa es tanto o más grande que la de una economía nacional periférica, y la de un par de directivos o propietarios de un puñado de las mismas es tan vasta como la riqueza acumulada de la mitad de la población más empobrecida del planeta (Esquivel, 2015). En términos de economías nacionales, el impacto que esa tendencia ha tenido para las sociedades periféricas ha sido, también, mínimo. Y lo cierto es que no únicamente en lo que se refiere a la participación de dichas empresas, sino, en general, a la cuota de empleo que aportan estas sociedades: en el mundo, apenas veintiocho 209 Ricardo Orozco economías concentran cerca del 80% del total, y de estas, tres (China, Estados Unidos e India) concentran más del 40% de todo el empleo generado en el mundo. América, dentro de ese 80%, apenas participa con dos de sus economías nacionales, México (con el 1.53% sobre el total del mundo) y Brasil (con el 3.0% sobre el total del mundo). El resto de las sociedades del continente no figura (Ornelas, 2016: 4-18). Ahora bien, el empleo, por sí mismo, no es un factor que lo explique todo de la reconfiguración geopolítica que está teniendo curso en América, como si con emplear a la totalidad de las masas el tema se resolviese. El problema de fondo es, no obstante, que lo que ocurre con la automatización no es solo una expulsión masiva de personas hacia el desempleo: conlleva un cúmulo mayor de problemáticas derivadas directamente de la sustitución humana en las actividades productivas en general. La incapacidad de reabsorción de los cientos, miles o millones de personas que están siendo reemplazadas en las economías nacionales americanas (por lo demás, con bonos demográficos altísimos), por ejemplo, acarrea detrás de sí, en primer lugar, el incrementar la competencia dentro del mercado de trabajo y, con ello, el aumentar y sostener en niveles insostenibles las presiones colectivas sobre el ingreso de la población ocupada. Pero además, producto de que la automatización favorece y potencia la tendencia de los capitales transnacionales a absorber a los nacionales y a monopolizar la actividad económica, las capacidades de las corporaciones transnacionales de ejercer presión o simplemente someter a gobiernos locales y nacionales a sus designios no únicamente se incrementa en términos exponenciales, sino que, en paralelo, se conjuga con un proporcional debilitamiento de las autoridades públicas de los Estados a) al hacer depender cada vez más la producción nacional de los márgenes de producción de esas corporaciones; b) al reblandecer los marcos normativos aplicables a la actividad empresarial; c) al reducir su margen de captación de ingresos, tanto por el hecho de que estas compañías se sirven de la exención de los mismos para operar, como por el hecho de que las capacidades de consumo individuales y colectivas se ven medradas ya sea por los bajos salarios o por el desempleo. Y por si fuera poco, la cooptación colectiva hacia los márgenes internos del mercado informal y de la economía criminal se hace más aguda. En planos adyacentes, lo anterior se traduce, a su vez, en una creciente incapacidad por parte del Estado para proveer y administrar un stock de servicios públicos y condiciones de vida mínimas para hacer de la existencia de sus poblaciones algo soportable. Procesos como el aumento del hacinamiento urbano, de la violencia social, criminal y política, de la mortandad y los índices de insalubridad, por un lado, así como la reducción en el acceso a bienes como el agua potable, alimentos de 210 BIFURCACIÓN SISTÉMICA, PATRÓN DE PODER CAPITALISTA EN AMÉRICA calidad nutrimental o medicamentos y servicios de sanidad, por el otro se magnifican. La agenda de securitización de dimensiones y procesos de la vida cotidiana cada vez más y más amplios, tanto como la designación de un abanico cada día más diverso y abarcador de amenazas a la seguridad nacional de los Estados es reflejo de ello, y de cómo la apropiación privada y la mercantilización impulsadas por las agendas de negocios específicas de las grandes corporaciones transnacionales exigen respuestas y protecciones mayores ante escenarios en los que aquella presión social estalle (Salazar P., 2011). En América, es este conjunto de factores –más sus agregados y derivados– lo que en los últimos años ha hecho de la región un espaciotiempo en profunda disputa entre sectores cada día más amplios de la población que encuentran su propia existencia al borde de la extinción, de una parte, y capitales más voraces, de la otra. Es, en todo sentido, la causa de que la precariedad, la violencia y la explotación se hallen ahora articuladas en una forma de gubernamentalidad en la que el propósito no es el transitar hacia estadios de orden y estabilidad social –como en las viejas lógicas de operación del capital–, sino que, por lo contrario, lo es el mantener ese específico estado de crisis como la racionalidad que gobierne al mundo y que permita ordenar y reordenar permanente y sistemáticamente la totalidad de la vida ahí donde el capital sea capaz de externalizar los costos necesarios para sostener su reproducción orgánica ampliada. De unos años para acá, en América esa racionalidad es lo que se encuentra operando detrás de las feroces embestidas ante las cuales se enfrentaron los gobiernos progresistas de la región, inaugurados al principio del milenio con el ascenso de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, y que sufren sus mayores embestidas a mediados de la segunda década del siglo XXI, cuando la mayoría de ellos, además de haber alcanzado cierto agotamiento político, fueron objeto de intervenciones políticas, de bloqueos económicos-financieros, de afrentas diplomáticas, de golpes de Estado parlamentarios, de judicializaciones de sus mandatos, de asedios militares, de deposiciones forzadas por las fuerzas armadas y, en no menor medida, de manera transversal a todos esos eventos, de disputas electorales alimentadas por una nueva arma ideológica introducida en la región: el faccionalismo evangelicalista –que minimizado, ignorado o consentido por las fuerzas políticas progresistas del continente, creció silenciosa, paulatina y sostenidamente alimentando esos otros supremacismos raciales, confesionales, de género, clasistas, etc., que aún hoy se esfuerzan por encumbrar, sostener y legitimar regímenes políticos tan próximos al fascismo clásico americano: el de las dictaduras de seguridad nacional (Marini, 1955). 211 Ricardo Orozco DESARTICULACIONES REGIONALES: AMÉRICA COMO ESPACIO DE DEFINICIONES HEGEMÓNICAS1 Aunque para las teorías clásicas sobre geopolítica el control del territorio (el espacio aéreo y/o los cuerpos de agua) es el elemento fundamental que define el éxito o el fracaso de una intervención geopolítica o de un posicionamiento estratégico en cualquier parte del mundo, la experiencia histórica de los territorios periféricos muestra que toda operación de este tipo se sustenta en una lógica en la que se articulan cinco pliegues de dominación. A saber: i) El pliegue estrictamente geográfico: en el cual, además de las ventajas que provee el posicionamiento estratégico en una locación terrestre, marítima y/o aérea específica –tanto en términos espaciales como temporales–, es el control y explotación de los recursos naturales (materias primas) que provee dicho espaciotiempo el principal objetivo a conseguir. ii) El productivo/consuntivo: relativo a la organización, el ordenamiento, la definición, el control y la explotación de las capacidades de producción y las necesidades de consumo de una sociedad determinada, en términos materiales. iii) El poblacional: concerniente a la intervención en las dinámicas de reproducción orgánica de un colectivo específico, en términos de su regulación y su regularidad sexogenérica, racial y de clase; definiendo los rasgos tanto cualitativos como cuantitativos de ese colectivo en cuestión. iv) El político-administrativo: centrado en ejercer el control y la dirección de la actividad gubernamental de una estructura estatal determinada, tanto en el plano de su administración interna como en la conducción de sus posicionamientos a nivel regional, hemisférico y global. v) El subjetivo: dentro del cual se juegan una infinidad de factores relativos a la constitución subjetiva de los individuos de una sociedad, por un lado, y de sus relaciones intersubjetivas con el resto de la colectividad en la cual vive, por el otro, pero que tiene que ver, sobre todo, con la legitimación ideológica, política y epistemológica de la intervención geopolítica en cuanto tal. 1 La propuesta de teorización sobre las intervenciones geopolíticas que se expone en este apartado es un desarrollo propio que parte de una reelaboración de la concepción general de algunos postulados ofrecidos por la teoría decolonial (Quijano, 2014) articulándolos y complementándolos con los aportes que sobre la materia ha realizado la geografía crítica (León Hernández, 2016) y una lectura de espacialización de la crítica de la economía política trabajada por Bolívar Echeverría (2018). 212 BIFURCACIÓN SISTÉMICA, PATRÓN DE PODER CAPITALISTA EN AMÉRICA En términos generales, la articulación de estos cinco pliegues –concediéndosele mayor o menor importancia al despliegue de uno u otro de conformidad con las exigencias de la coyuntura histórica de la que se trate– es lo que permite que cualquier intervención se despliegue en el máximo de sus capacidades, como una geopolítica de espectro completo en la que, además, para cada caso se cubre la producción, la circulación, la distribución y el consumo de los productos obtenidos en cada pliegue. Así, por ejemplo, en el pliegue subjetivo transita desde qué tipo de legitimación producir, quién la produce, cómo hacerlo, en dónde, cuándo, etc., hasta el resultado al final de la cadena, que es el control de quién consume la legitimación ideológica, política y epistemológica producida en el primer momento, pasando, en una fase intermedia, por la completa organización de los canales, los procesos, las dinámicas, los espaciostiempos, etc., de circulación e intercambio de los contenidos políticos, ideológicos y epistemológicos producidos para que la colectividad objetivo los consuma y de esa manera acepte, interiorice y legitime el evento. Lo mismo sucede con los otros cuatro pliegues. En un sentido amplio, es la articulación de esos cinco planos en cada una de sus fases (producción, consumo, distribución y circulación), lo que constituye la unidad histórica general de intervención geopolítica cuyo control, explotación y conflicto tiene –en el capitalismo moderno y para el sujeto histórico capitalista (Echeverría, 2018) en cuestión– la función de ser condición de posibilidad del sostenimiento de la forma específica en que este configura y da sentido a la reproducción social en su totalidad (León Hernández, 2016) –lo que conlleva, de suyo, la reproducción de su propia lógica de valorización autovalorizante, por cuanto universal concreto. Atendiendo a esta precisión, por consiguiente se visibiliza, entonces, que cada intervención geopolítica del capital, en general, siempre se fundamenta en la necesidad de conseguir objetivos mucho más profundos que los concernientes a concesiones a grandes empresas, al control administrativo del gobierno de un país o a la facilitación de la actividad financiera en una colectividad: estas son, en estricto, la cara más visible de cualquier coyuntura geopolítica en el mundo, sin duda; pero no es en ese nivel en donde se juegan sus últimas consecuencias, pues este apenas remite a la práctica de la política (del ordenamiento institucional de una sociedad), cuando en realidad la potencia de toda intervención radica, antes bien, en la reorganización que hace de las prácticas de socialidad y de los contenidos políticos de una colectividad singular; esto es, o bien en la capacidad que se despliega para subsumir realmente aquello que aún permanece fuera –o apenas formalmente subsumido a la reproducción capitalista de la vida en sociedad–, o bien en la capacidad que se despliega de re-ordenar cualitativa y 213 Ricardo Orozco cuantitativamente aquello que ya subsumió realmente, pero que precisa de una nueva figura para adaptarlo a las nuevas relaciones y factores de producción vigentes. La especificidad de América, para cada uno de esos pliegues, es que: i) Las sociedades americanas comparten la misma plataforma continental que la potencia que hoy día se encuentra en declive frente a su competencia más próxima, China. Esa vecindad supone dos cosas: que Estados Unidos y América comparten la misma condición de aislamiento que les proveen los océanos Pacífico y Atlántico, respecto del resto de las masas continentales, por un lado; y, derivado de lo anterior, que América funciona para Estados Unidos como su propia reserva de recursos naturales, prácticamente bajo estatuto de exclusividad, a la manera en que las periferias asiática y africana funcionan para Europa y más recientemente para China. Visto lo anterior en un panorama más amplio, pero mucho más concreto, lo anterior implica que América es para la potencia hegemónica en decadencia (tanto como lo fue para sus antecesoras y ahora para su previsible sucesora), un espacio-tiempo de acceso, explotación y disfrute irrestrictico, permanente y sistemático de recursos que resultan estratégicos para la actividad comercial que alimenta y sostiene la condición de hegemonía de aquella. Su aseguramiento para uso exclusivo de Estados Unidos significa que la competencia por los recursos estratégicos de alguna manera se externaliza o se desplaza hacia las otras dos grandes zonas periféricas del mundo –por ser las de más fácil acceso para las potencias que compiten por la hegemonía global–, de tal suerte que la racionalidad que impera en esa ecuación es la de agotar la autosuficiencia relativa de esas regiones y las reservas de las mismas al mismo tiempo que se mantienen a salvo las propias de Estados Unidos en América. Acceder a estas por parte de China o Europa, por lo contrario, implica un acto de invasión a propiedad privada estadounidense, y, por lo tanto, conlleva o más riesgos o el otorgamiento de mayores concesiones a cambio. América, en materia energética, por ejemplo, ofrece a Estados Unidos, a través de las reservas probadas en sus yacimientos, la posibilidad de consolidar su estrategia de asegurar su autosuficiencia en consumo de hidrocarburos en plazos que se extienden hasta los cincuenta años. Y es que, si bien es cierto que alrededor del 70% de las reservas probadas se encuentran en Oriente Medio y Asia Central, Venezuela cuenta con una cuota de más de trescientos mil millones de barriles de reservas, México tiene el control de yacimientos limítrofes con la plataforma continental estadounidense y Brasil es el décimo quinto reservorio del hidrocarburo a nivel mundial (Ceceña, 2003). Ello, en un momento en el que la disponibilidad del crudo a nivel global es cada 214 BIFURCACIÓN SISTÉMICA, PATRÓN DE PODER CAPITALISTA EN AMÉRICA vez menor, la competencia por su aprovechamiento es más reñida y la dependencia de los principales centros consumidores crece constantemente, convierte a América en una suerte de edén que es preciso asegurar para sí para amortiguar el impacto del agotamiento externo. Pero América, además, es uno de los principales centros de concentración de biodiversidad en el planeta: “Brasil tiene 55 mil plantas raras, Colombia 45 mil, México y Perú 20 mil cada uno, y Venezuela, Bolivia y Ecuador entre 15 y 20 mil cada uno […], Perú tiene 1 642 especies de aves, Brasil 1 567; Brasil tiene 485 especies de anfibios y Perú 233” (Ceceña, 2002). Brasil, Colombia y Perú, además, son los tres países de la región (el primero, el sexto y el octavo lugar a nivel mundial, respectivamente) que concentran la mayor cantidad de agua dulce, con 5 661; 2 270 y 1 641 miles de metros cúbicos, en cada caso (Maps of the World, 2015). Y en el plano de los minerales estratégicos para las actividades económicas (científico-tecnológicas) del siguiente medio siglo, Estados Unidos depende de diversos países de la región en un cien por ciento de sus importaciones para diecisiete de ellos: de Brasil y Jamaica en su consumo de bauxita y alúmina; de México, en flúor; de Brasil y México, en grafito; de Brasil, en niobio y de México, en estroncio. Pero también lo hace, en una lista más amplia de estos elementos: de Chile, en un 88% del yodo, 77% del renio, 35% del cobre (junto con Perú y México) y 19% de la sal; de Bolivia, en un 87% del antimonio y 42% del tungsteno; y de Perú, en un 75% del estaño (junto con Bolivia), 72% del zinc (junto con México) y 57% de la plata (junto con México). Y respecto del litio, el mineral estratégico de mayor relevancia en este momento para el desarrollo de la inteligencia artificial, la automatización de procesos, el Machine Learning y el BigData, Estados Unidos depende en un 63% de Argentina y en un 33% de Chile (Jaskula, 2016); de ahí que la convergencia entre el cambio de gobierno en el primero y las presiones sociales en el segundo sean uno de los motivantes más fuertes para abrir en Bolivia –que posee un tercio de las reservas globales (Johnson y Palmer, 2019)–, a través de un golpe de Estado, un tercer frente de abastecimiento, en caso de que los otros dos proveedores comiencen a presentar dificultades por la coyuntura política específica que viven. América también posee algunas de las extensiones de tierra cultivable más grandes del orbe. México cuenta con un 55% de su tierra cultivable; Guatemala, con 35%; Nicaragua, con 45%; El Salvador, con 76%; Costa Rica, con el 36%; Panamá, con el 30%; Ecuador, con el 30%; Colombia, con el 40%; Venezuela, con el 24%; Bolivia, con el 35%; Brasil, con el 33%; Paraguay, con el 54%; Uruguay, con el 82%; Argentina, con el 55% y Chile, con el 21%. Tierras que, en su conjunto, sirven de contrapeso a las extensiones cultivables a las que el resto de las economías centrales acceden en la periferia africana y asiática (Banco Mundial, 2015). 215 Ricardo Orozco ii) Las diferencias salariales que existen entre las sociedades de las Américas y la estadounidense permiten a los capitales de este reducir sus costos de producción trasladando su actividad productiva hacia las zonas más pauperizadas de aquella, en donde la sobrepoblación presiona los salarios, la autoridad pública ofrece concesiones enormes a su establecimiento (como condonación de impuestos y nulas regulaciones ambientales). Además, justo por su enorme población y por la penetración que han tenido los capitales financieros en la región (aun en economías informales tan amplias como en los casos de México y Brasil), las poblaciones del continente representan enormes mercados cautivos de los productos que manufacturan y que les son devueltos con valor agregado desde las economías centrales. En otras palabras: Frente a la herencia colonial de nuestros países, y en razón del lugar que estos ocupan en la jerarquía económica mundial, resulta que las empresas transnacionales determinan, por su presencia, ausencia y migración, buena parte de las evoluciones de nuestras economías. La dependencia, por tanto, deriva no solo de la implantación de capitales extranjeros sino también de la “falta” de ellos. El proceso de polarización económica ha llegado al punto en que son contados los espacios económicos que cuentan con viabilidad endógena frente a las decisiones y la acción del gran capital transnacional (Ornelas, 2008: 147). iii) En el plano poblacional, la diversidad y la multiplicidad de poblaciones que existen en América históricamente ha justificado dos grandes tendencias de intervención geopolítica en la región. La primera de ellas tiene que ver con la manera en que la enorme proporción de sociedades indígenas sirve a Occidente, en general, y a Estados Unidos en particular, para justificar su proyección colonialista e imperialista con base en el argumento de que la región necesita transitar hacia formas de vida más civilizadas y progresistas. La segunda, con la infinidad de posibilidades y escenarios que las colectividades americanas le ofrecen a aquellos y sus capitales para ensayar nuevos dispositivos, estrategias y tecnologías de poder para después ser aplicados a otras geografías del planeta. En el primer caso, por lo tanto, el tipo de población que existe en el continente es aprehendido por el gran capital, las economías centrales de Occidente y sus potencias regionales y hegemónicas para desdoblar sobre ellas y sobre el resto de las periferias globales un montón de prácticas que las subordinan e inferiorizan bajo lógicas binarias y la idea de que en ellas se personifica todo el atraso que, se supone, Occidente ya ha dejado atrás. Oposiciones como libertad/represión, democracia/ dictadura, civilizado/bárbaro, progresista/atrasado, etc., son, entonces, 216 BIFURCACIÓN SISTÉMICA, PATRÓN DE PODER CAPITALISTA EN AMÉRICA montadas sobre ese discurso, que tiene su condición de posibilidad en la existencia de la diversidad de civilizaciones en la región, y que se emplea para justificar y legitimar intervenciones en nombre de la libertad, la democracia, el progreso y la civilización humana. iv) Las enormes presiones que ejerce el despliegue geopolítico estadounidense sobre el continente, ya sea por la vía de ejercicios estrictamente políticos o por la imposiciones de bloqueos y embargos a las actividades económicas de las sociedades de la región, por su potencial para movilizar a los sectores que le son favorables sobre el terreno, por la dependencia de los capitales americanos de sus empresas o por la capacidad con la que aún cuenta para intervenir de manera militar en cualquiera de sus territorios sin oposición o resistencia alguna que sea efectiva para detenerlo, históricamente ha condicionado a los aparatos gubernamentales de estos países a someterse, secundar o mantenerse inertes ante las decisiones de política exterior que aquel toma a través, por ejemplo, de organizaciones como la OEA o el Banco Interamericano de Desarrollo. Las intervenciones en el continente legitimadas por el voto de los Estados americanos en el seno de la OEA o el rechazo de iniciativas de articulación comercial regional, como el ALCA, dan cuenta, en cada extremo de la ecuación, de la importancia que reviste el control geopolítico de la autoridad pública en estos Estados para hacer valer cualquier tipo de intervención, por un lado, o para rechazarla, por el otro. Además, en el plano interno de cada Estado, su control permite el que se facilite la imposición de directrices definidas por la economía estadounidense a través de los actores locales en el resto del continente, sancionando su legitimidad, su validez jurídica y su aplicación efectiva. La introducción de las guerras en contra del narcotráfico internacional o la acelerada militarización de la vida en sociedad, por ejemplo, son dos casos muy concretos en los que se observa que, para hacer de ambas una tendencia regional que permitiese a Estados Unidos y sus capitales mantener cierta posición de fortaleza en la región –a pesar de sus esfuerzos concentrados en las guerras que desató en Oriente Medio– desde principios del siglo se requirió del desdoblamiento de una suerte de diplomacia total “que abarcase todas las relaciones y estructuras básicas envueltas en la supremacía de Estados Unidos sobre las otras naciones del continente” (Ianni, 1974: 18), y en la cual el racismo es su componente articulador básico. v) A pesar de la devastación que causaron en el continente los procesos de colonización occidentales primero, y luego las sucesivas intervenciones geopolíticas y dinámicas militaristas, América sigue siendo una fuente de saberes ancestrales y contemporáneos de suma importancia para el resto de las periferias globales y del mundo. La diversidad 217 Ricardo Orozco y la multiplicidad de sus poblaciones tiene en la región un rol protagónico en la generación y articulación de resistencias políticas y culturales, así como en la derivación de estas hacia saberes emancipatorios que históricamente han sido estudiados por Occidente para saber cómo contrarrestarlas y atajarles el camino en la consecución de sus emancipaciones. América, además, es una enorme caja de resonancia que, a través del colonialismo intelectual ejercido en sendos sectores de sus poblaciones, potencia los discursos del poder y de la explotación imperiales generados en los centros geopolíticos del saber mundial. LA REAPROPIACIÓN NEOLIBERAL DEL ESTADO EN AMÉRICA: EL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA Desde principios del milenio y hasta aproximadamente mediados de su segunda década, en América emergieron múltiples movimientos sociales, programas políticos, apuestas culturales y proyectos gubernamentales que le dieron a la región poco más de una década de gobiernos progresistas montados sobre una agenda de reivindicaciones sociales que si bien es cierto que en su implementación no terminaron con el neoliberalismo y en ningún sentido les hizo constituirse como proyectos anticapitalistas, sí dieron marcha atrás con algunas de sus trayectorias más nocivas y violentas. Hugo Chávez, en Venezuela (1999-2013); Luiz Inácio da Silva y Dilma Rousseff, en Brasil (2003-2011/2011-2016); Evo Morales, en Bolivia (2006-2019); Cristina Fernández, en Argentina (2007-2015); Rafael Correa, en Ecuador (2007-2017); José Mujica, en Uruguay (20102015) y Fernando Lugo, en Paraguay (2008-2009), son apenas la personalización de una tendencia social que los sobrepasa –por la magnitud y la fortaleza que adquirieron los movimientos sociales y políticos en el continente antes y durante su mandato–, pero que da cuenta, de manera sintética, del ciclo político en el que se adentraron las naciones americanas desde principios del siglo y durante los siguientes diez años. Y aunque es cierto que existen diferencias abismales entre unos y otros, derivadas de las especificidades de cada sociedad y de las correlaciones de fuerzas presentes y en juego en cada Estado, también es verdad, no obstante lo anterior, que en conjunto lograron conducir el rumbo de la región por derroteros que nunca antes en la historia de este continente se habían visto –no, por lo menos, desde los días de Salvador Allende; y excluyendo, por supuesto, la experiencia específica de Cuba y gran parte de los gobiernos revolucionarios en la franja central del continente, hacia finales del siglo XX. A su manera, cada uno de los progresismos gestados en la región –ya fuera que se concretasen en gobiernos nacionales o locales, en partidos políticos de gran envergadura o en movimientos sociales, políticos, 218 BIFURCACIÓN SISTÉMICA, PATRÓN DE PODER CAPITALISTA EN AMÉRICA culturales, populares, obreros, sindicales, indígenas, etcétera– logró abstraer a América, en diferentes grados y con intensidades distintas, de esas regiones del planeta privilegiadas por los capitales para llevar a cabo en sus economías las más atroces estrategias de externalización y reducción de costos de producción en sus tres configuraciones básicas (salarios, impuestos y medio ambiente). Y lo hicieron, no sobra señalarlo, en un momento en el que la trayectoria seguida por la automatización, la inteligencia artificial, el BigData y el Machin Learning ya comenzaban a posicionarse como los vectores o los catalizadores de los cambios cualitativos y cuantitativos de la actividad productiva/consuntiva por todo el orbe. En ese sentido –y sin menospreciar ni invisibilizar que los gobiernos progresistas en América también coadyuvaron a la profundización de algunas de las peores lógicas del neoliberalismo en sus sociedades: como la exacerbación del extractivismo y la agudización de la financiarización de la vida cotidiana; o, en otro registro, la militarización del colectivo–, mientras que en periferias como la africana y ciertas partes de la asiática se mantuvieron dentro de la tendencia a agudizar el neoliberalismo en toda su extensión y sus consecuencias, en América, durante una década, se impulsaron agendas que iban desde la moderación hasta grados más o menos radicales de ruptura con el programa económico y civilizatorio neoliberal. Brasil, Argentina y Ecuador fueron los tres casos en los que mayores concesiones se realizaron al gran capital transnacional para lograr construir matrices económicas estables a partir de las cuales fuese posible cambiar y mejorar las condiciones de vida de sus sociedades, en términos de una mayor justicia social. Cuba, Venezuela y Bolivia por su parte, se plantearon agendas y proyectos mucho más ambiciosos, más autónomos y radicales en donde si bien es cierto que se realizaron concesiones a los intereses que durante años sostuvieron al neoliberalismo en sus países, también es verdad que estas no fueron las piedras de toque del andamiaje que se construyó con posterioridad –estrategia que, por lo demás, les ofreció, en cada caso, márgenes más amplios de autonomía, negociación y resistencia a los embates que desde su génesis se tuvieron que enfrentar. Ahora bien, aunque en toda la región, a lo largo de la década, lo que privó fue el desdoblamiento de un mismo patrón de poder y de intervención geopolítica que siempre tuvo por objeto dar marcha atrás en algunas de las dinámicas que el progresismo había echado a andar, lo que es un hecho es que para el primer conjunto de Estados el asedio fue mucho menor que para el segundo. La disputa histórica con Cuba, las enormes reservas de gas y petróleo de Venezuela y la profundidad del cambio político y la reconstitución del Estado en Bolivia (entre otros 219 Ricardo Orozco factores) le confirieron a cada uno de estos Estados una posición privilegiada dentro de la órbita imperial que derivó en que los esfuerzos injerencistas sobre sus sociedades fuesen mayores y más agresivos que con el resto de los progresismos regionales. La fortaleza y la estabilidad de los compromisos políticos alcanzados en Cuba, Venezuela y Bolivia, además, era de una mayor densidad que en el resto del continente, lo cual, por sí mismo, ya suponía una dificultad mayor en términos de los esfuerzos que se requerían para lacerar de nuevo su tejido social y minar su potencial de cambio. Bolivia es sin duda el ejemplo de mayor radicalidad que da cuenta de lo anterior. Apenas ganado el control del andamiaje gubernamental del Estado, el progresismo boliviano –soportado por un enorme y combatiente movimiento en el que se articularon lo mismo bases indígenas y campesinas que industriales y urbano-sindicales– se llevó a cabo un proceso de reconstitución del Estado con el propósito de reconfigurar sus correlaciones de fuerzas y las tensiones orgánicas que lo atravesaban hasta conseguir mayores grados de horizontalidad en el ejercicio del poder. En ese mismo instante, además, se nacionalizó la industria de hidrocarburos (gas, petróleo y sus derivados); se transitó hacia la reapropiación de sectores estratégicos como los del transporte y las telecomunicaciones y se impulsó el más grande esfuerzo hasta entonces realizado en la historia de Bolivia de redistribución de la riqueza social a través de dos grandes vectores: a) acciones a favor de la inclusión, tales como: Renta Dignidad a favor de las personas mayores, Bono Juancito Pinto a favor de la escolarización de los niños y Renta Juana Azurduy de Padilla para las mujeres embarazadas, y b) políticas estructurales de inversión social y en infraestructuras. Además [de] aquellos programas más pequeños que han consentido democratizar el paulatino cambio de la matriz productiva: programa Proleche a favor de los productores pequeños de leche para defenderlos del monopolio y con fijación de precios de consumo, la creación de Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos, la Empresa Azucarera San Buenaventura, la Empresa Pública Nacional Estratégica Cementos de Bolivia, etcétera (Serrano, Mancilla, 2014). De acuerdo con reportes elaborados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2019), Bolivia, durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), con Evo Morales y Álvaro García Linera al frente, es el caso de mayor éxito en la región, dentro de la totalidad de los proyectos progresistas que emergieron desde principios del siglo. Hacia el 2019, Bolivia seguía siendo la economía que más crecía (4.9% del PIB), por encima del promedio de la región y del resto del promedio global. Entre el año 2000 y el 2018, además, la tasa neta de matriculación en educación elemental (primaria y secundaria) 220 BIFURCACIÓN SISTÉMICA, PATRÓN DE PODER CAPITALISTA EN AMÉRICA del país pasó del 62.4% al 76.4% en el caso de las mujeres y se mantuvo relativamente estable alrededor del 90% para los hombres (salvo un estancamiento entre 2012 y 2015 de alrededor del 85%); las tasas de alfabetización el país rondan el 99.4% para ambos géneros; la tasa de mortalidad infantil pasó del 58.8% al 21.8%; el gasto público en el sector salud alcanzó a superar el 6.0% del PIB; la proporción de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria descendió hasta el 17.1%; la tasa de desempleo cayó hasta debajo del 5.0% (aunque con una fuerte ocupación en la informalidad en los sectores urbanos del 63.1%); la pobreza pasó de su punto más alto, 58.5% en 2005 al más bajo en su historia 23.4% en 2018; mientras que la pobreza descendió desde el 22.9% hasta el 5.3% en el mismo periodo. Al margen de la abstracción estadística, lo que es un hecho es que durante el mandato popular del MAS las condiciones sociales en Bolivia mejoraron significativamente, tanto cualitativa como cuantitativamente. Y, sin embargo, en 2019 el gobierno encabezado por Morales y Linera fue depuesto por un golpe de Estado que aún se encuentra en curso y del cual aún no se sabe cuáles serán sus últimas consecuencias ni el límite al que llegarán sus actos para deshacer todo lo que se logró en los pasados trece años. ¿Qué factores explican que se haya logrado consumar dicho golpe, con una anuencia social tan grande al interior del país, en un momento en el que el desempeño de la plataforma del MAS y sus resultados en indicadores sociales y económicos mostraban algunos de sus mejores resultados? La hipótesis aquí propuesta se articula a partir de cuatros vectores: i) Al igual que ocurrió en casos como el brasileño y el argentino, el éxito de las políticas públicas y la agenda social del MAS llevó a amplios sectores de la sociedad a modificar su posición de clase en el conjunto del colectivo, creando, por un lado, un franja de clases medias más amplia, pero profundamente irritable y combativa que se volvió cada vez más beligerante en contra del desempeño del gobierno en turno; y por el otro, el relativo estancamiento de las capas medio-superiores (pequeñoburguesas) dentro de las cuales se alimentó un acumulado de resentimiento de clase y político causado por la pérdida, disminución o estancamiento de sus privilegios. Quizás es el rasgo más distintivo de legitimación de los conservadurismos de derecha que se hicieron gobierno en los años recientes: lo mismo en Brasil que en Argentina, Ecuador, Uruguay y, por supuesto, Bolivia, las dinámicas de mayor violencia en el seno de las disputas políticas que se juegan en cada sociedad son alimentadas por clases medias, blancas, generalmente militantes convencidas de la preservación de ciertos valores cristianos, las que salieron a las calles de sus respectivos países a pedir por la vuelta de la dictadura, los gobiernos 221 Ricardo Orozco autoritarios, la mano firme y la represión de las clases más pauperizadas y las comunidades indígenas. La clase media se lanzó a la cacería de los indios. En la noche del lunes 21 se quemaron 5 de los 9 órganos electorales, incluidas papeletas de sufragio. La ciudad de Santa Cruz decretó un paro cívico que articuló a los habitantes de las zonas centrales de la ciudad, ramificándose el paro a las zonas residenciales de La Paz y Cochabamba. Y entonces se desató el terror. Bandas paramilitares comenzaron a asediar instituciones, quemar sedes sindicales, a incendiar los domicilios de candidatos y líderes políticos del partido de gobierno. Hasta el propio domicilio privado del presidente fue saqueado; en otros lugares las familias, incluidos hijos, fueron secuestrados y amenazados de ser flagelados y quemados si su padre ministro o dirigente sindical no renunciaba a su cargo. Se había desatado una dilatada noche de cuchillos largos, y el fascismo asomaba las orejas (García Linera, 2019). ii) Las personalidades fuertes de los gobiernos del MAS se vieron afectadas por un desgaste político acumulado a lo largo de trece años (operó en particular en el último lustro), que se concatenó con un contexto de mayores dificultades para trabar alianzas y articular compromisos políticos estables con la multiplicidad de intereses y actores que resultaron fortalecidos por diez años de gobierno masista. iii) La correlación de fuerzas a lo largo y ancho de todo el continente se modificó en tres aspectos: a) En Estados Unidos asumió el control del gobierno y de la política exterior un proyecto fundado en la necesidad de practicar un despliegue geopolítico global de aguda agresión y profundamente violento para contrarrestar la debilidad en la que se vio inmersa la potencia estadounidense frente a dos de sus principales competidores: China y Rusia. Ya desde el preludio electoral, el contrapeso articulado por la relación entre el progresismo americano, por un lado, y los intereses rusos y chinos, por el otro, llevó a amplios círculos de estrategas y encargados del análisis y la proyección de la política exterior estadounidense a hacer de la contienda electoral boliviana su principal escenario de intervención geopolítica (Romano et al., 2019). No tanto porque las elecciones mismas estuviesen en el centro de la estrategia de intervención, sino, antes bien, porque, derivado del conflicto que la oposición a los gobiernos del MAS edificó sobre la interpretación constitucional del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE) –en torno de la habilitación de Evo Morales para candidatearse a la presidencia de nueva cuenta–, lo que privó como lógica de intervención fue la elaboración de escenarios de inestabilidad política y protestas 222 BIFURCACIÓN SISTÉMICA, PATRÓN DE PODER CAPITALISTA EN AMÉRICA sociales generalizadas de la oposición, aprovechando que dicha decisión por parte del TSE podría ser capitalizada sistemáticamente como un factor fundamental para normalizar un imaginario colectivo nacional y regional de ilegitimidad, de fraude electoral y de uso sectario de las instituciones del Estado en favor de la fórmula Morales-Linera. La precisión de tales previsiones, no está de más señalarlo, fue tanta que en ellas se incluyeron escenarios a) en los que el uso de violencia opositora escalara a niveles virulentos de manera inmediata con posterioridad a la publicación de los resultados electorales; b) en los que el bastión de la oposición fuese Santa Cruz (rol histórico dentro de la política boliviana en los mandatos del MAS); c) en los que el gobierno aún en funciones de Morales decidiese actuar de manera firme (a través del uso de las fuerzas policiales y/o armadas) ante la escalada de violencia de la oposición a su reelección; d) en los que la imposición de sanciones por parte de Estados Unidos resultarían contraproducentes para fortalecer a las fuerzas opositoras locales; y e) en los que la implementación de sanciones restringidas a ciertos liderazgos del MAS coadyuvarían al debilitamiento del sus bases, si bien resultarían, en última instancia, ineficaces para revertir los resultados sancionados por las autoridades (Romano et al., 2019). b) Los gobiernos progresistas aprovecharon la disputa por la hegemonía global para ampliar sus márgenes de autonomía regional mediante el estrechamiento de alianzas estratégicas con China y Rusia, fortaleciendo la presencia de ambos actores en la región en sectores clave como defensa, minería y energía. Hacia el tercer mandato del MAS al frente del andamiaje gubernamental del Estado boliviano, las relaciones que se establecieron con regímenes como los de Turquía e India (actualmente desafiantes al statu quo occidental) se sumaron al estrechamiento de vínculos con Rusia y China, colocando al Estado americano en el centro de diversos procesos de multipolarización del ejercicio del poder global. En cada caso, avanzar sobre los programas y la agenda gubernamental boliviana de industrialización del litio fue un tema motriz de los acercamientos diplomáticos tanto como lo fueron la industria petrolera, la farmacéutica, la de investigación biomédica, el sector agroindustrial y el de defensa (militar y armamentístico). Con China, específicamente, el gobierno boliviano firmó un conjunto de acuerdos de entre los cuales resaltan, por su importancia y valor estratégico, los concernientes a la participación de capitales chinos en proyectos de infraestructura nacional y regional, 223 Ricardo Orozco así como los relativos a la industrialización del litio en los salares de Potosí (a través de la empresa china Maison Engineering, que se suma a las inversiones de Tianqi Lithium la otra gran corporación china que en 2018 se convirtió en la segunda mayor inversionista de la chilena Sociedad Química y Minera [Rathi, 2018], principal explotadora del litio en los territorios limítrofes conocidos como el triángulo de litio [Minería Panamericana, 2019]). La cuota de mercado de China en la producción global de litio, sumada a sus inversiones en las más grandes empresas mineras chilenas, a los acuerdos firmados con Bolivia para la explotación de sus salares y a la convergencia, en el mismo año, de intensas movilizaciones sociales en Chile y el cambio de gobierno en Argentina (desplazándose de nuevo hacia la izquierda), son los cinco principales catalizadores políticos que, luego de la interpretación constitucional que habilitó la candidatura de Evo Morales a la presidencia por cuarta vez consecutiva, elevaron el nivel de riesgo que los gobiernos del MAS representaron para la intelligentsia estadounidense y sus capitales, previendo que si bien es cierto que el Estado aún no cuenta con una industrialización eficiente del mineral, la interrupción de flujos desde otras geografías y el acaparamiento de los yacimientos bolivianos por rusos y chinos, en un contexto en el que se proyecta que la flota de automóviles a nivel global crezca en 33% para los vehículos eléctricos, constituye un peligro de seguridad nacional para la economía de Estados Unidos y su predominio en las tecnologías de vanguardia (Crowther, 2018). Mientras que con Rusia se establecieron compromisos vinculados a inversiones en hidrocarburos, industria del litio, energía nuclear y de tecnología militar. También se firmaron convenios para la venta y exploración gasífera con la petrolera rusa Gazprom, que invertirá 1 200 millones de dólares en la exploración del campo Vitiacua, y con Acron, que se comprometió con la compra de entre 2 y 4 millones de metros cúbicos al día de gas […] así como acuerdos para capacitación técnica, envío de oficiales bolivianos a capacitarse en institutos y academias militares rusas, transferencia de tecnología y material de defensa (Martín-Carrillo, 2019). c) Las disputas electorales en la región modificaron el mapa político relativamente homogéneo que se tenía en tres direcciones: a) con virajes hacia conservadurismos de derecha sumamente violentos en los casos de Argentina y Brasil; b) la emergencia en 224 BIFURCACIÓN SISTÉMICA, PATRÓN DE PODER CAPITALISTA EN AMÉRICA México de un movimiento popular de corte progresista por primera vez en su historia; y c) la intempestiva irrupción política de movilizaciones populares e indígenas en Chile y Ecuador, oponiendo resistencia a los ajustes estructurales fondomonetaristas que se tenían proyectados en ambos países. Salvo los casos de Cuba y Venezuela (entre los actores de mayor influencia en la región), que en el último lustro han tenido que soportar un recrudecimiento sustancial de los bloqueos, los embargos y otras estrategias de intervención geopolítica en ambos países, pero sin claudicar, el resto de las sociedades americanas vivió un proceso de intenso cambio de signo ideológico en sus gobiernos y en las correlaciones de fuerzas dominantes en cada una de ellas. Venezuela vive actualmente una guerra de baja intensidad que, en últimas fechas, se ha concretizado en la autoproclamación de un gobierno que se hace llamar a sí mismo legítimo y de transición, soportado diplomáticamente por la mayor parte de los aliados de Estados Unidos en el hemisferio occidental. La plataforma gubernamental encabezada por Maduro, no obstante, sigue en pie, avanzando, incluso, hasta extremos en los que se busca hospedar una base militar permanente del ejército ruso en territorio venezolano (Newsweek, 2019). Brasil y Argentina, sin embargo, no corrieron con esa suerte: en el primero, una dictadura militar se instaló en la presidencia luego de judicializar un golpe de Estado parlamentario en contra de la presidente Rousseff y de proceder de manera similar en contra del expresidente Da Silva para bloquear su campaña electoral para regresar al mando del ejecutivo de ese país. Un servilismo pocas veces visto en la historia reciente de Brasil se apoderó de su política exterior ofreciendo el territorio brasileño a Estados Unidos para construir bases militares en las regiones fronterizas con el centro del continente, y avanzando sobre la interrupción o el bloqueo de la participación china y rusa en diversas iniciativas de infraestructura y comunicaciones (como la red de vías férreas que conectaría ambos océanos atravesando Brasil, Bolivia y Perú). En Argentina, por otra parte, se instaló en el gobierno del país una presidencia que, por medio de sistemáticos choques financieros, sumergió a su sociedad en una espiral de subreendeudamiento, déficit fiscal, escasa inversión pública, aniquilación del ingreso y elevación desmedida de la inflación. Además, en ambos casos la criminalización de la protesta social, la represión armada y el recurso a la violencia política se convirtieron en la norma general de gobierno. Brasil y Argentina son, en este sentido, los dos casos paradigmáticos de la concreción a la que se llegó en la articulación 225 Ricardo Orozco de intereses entre las estrategias de intervención geopolítica estadounidenses y los capitales locales de las economías americanas para dar un cambio de rumbo que capitalizase la reconstrucción del tejido social y de las capacidades de producción y necesidades de consumo que logró el progresismo en los diez años anteriores. Pero no son casos aislados: se concatenan con un patrón de intervención más amplio que entre 2014 y 2015 aprovechó la coyuntura electoral de la región para desestructurar la unidad regional alcanzada y reneoliberalizarla: fueron nueve elecciones presidenciales (El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Brasil, Bolivia, Uruguay, Guatemala y Argentina), más siete legislativas (El Salvador, México, Venezuela, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Colombia) en donde la oposición al progresismo ganó fuerza en la mayor parte de los casos (si bien no en el mando del gobierno, sí en los diferentes órganos del Estado y, sobre todo, en lo que se refiere a movilizaciones). Hacia el final del tercer lustro del siglo, solo la Bolivia del MAS mantuvo su trayectoria y su programa político fundamental, quedando cercada en el corazón del continente. Por eso se hizo importante para los intereses golpistas e injerencistas que, ante la victoria de Alberto y Cristina Fernández, en Argentina; el fortalecimiento electoral de la izquierda en Colombia; el desmoronamiento de la aprobación de los gobiernos de Jair Bolsonaro, en Brasil y de Pedro Pablo Kuczynski, en Perú (ambos por su implicación en maxiprocesos de corrupción); y de las movilizaciones indígenas, en Ecuador, y estudiantiles, en Chile; la derecha boliviana se fortaleciese, obstaculizando cualquier intento de articulación política entre el único gobierno que sorteó todo tipo de intervenciones sobre su territorio y ese conglomerado de fuerzas en disputa con el neoliberalismo renaciente. México se insertó en esta ecuación a través de dos variables: a) luego de cuatro gobiernos neoliberales y en extremo agresivos con las fuerzas populares del país, asumió el control gubernamental del Estado una plataforma política de izquierda moderada con peso y relevancia propias de oposición a los procesos injerencistas estadounidenses en el país y en el resto de las sociedades de América; b) a pesar del bajo perfil que presenta su política exterior hacia la región, la densidad de la misma es la suficiente como para que al tomar posesión el nuevo gabinete electo en 2018 las fuerzas progresistas en Venezuela, Argentina y Bolivia (más Cuba) comenzaran a buscar mecanismos de cooperación regional. 226 BIFURCACIÓN SISTÉMICA, PATRÓN DE PODER CAPITALISTA EN AMÉRICA iv) El papel central ganado por los grupos pentecostales y evangelicalistas en la región, funcionando como grupos de presión conservadores y dispositivos de proyección y potenciación ideológica de contenidos clasistas, raciales y genéricos. El tipo de subjetividad que engendra el neoliberalismo en los individuos y las colectividades a las que parasita, sumado a las olas de intensa violencia que se han vivido en la región a partir de la radicalización del uso de la violencia política y criminal como formas de gobernar a la población, han tenido diversos resultados entre los cuales se halla, principalmente, el vaciamiento de los contenidos de socialización que dan cohesión al cuerpo político y social. En los últimos cuarenta años, ese vaciamiento ha seguido dos trayectorias mutuamente excluyentes, pero en donde una se alimenta de la otra: por un lado, una disminución sustancial en la profesión del catolicismo en la región; y por el otro, la instauración y el crecimiento del evangelicalismo como sustituto de ese catolicismo (incapaz de dar respuesta a la avasallante violencia y a la disolución de todo lo sólido en el aire que viven las sociedades contemporáneas) y como paliativo del sufrimiento y el vacío existencial cada vez más generalizado que la valorización del valor producen en individuos y colectividades por igual. Fundamento teológico y ético del espíritu del capitalismo estadounidense y noreuropeo, el evangelicalismo se ha convertido en América y en el resto de las periferias globales en el dispositivo de poder y de proyección ideológica del consumismo y el productivismo estadounidense más efectivo para articular movimientos populares, clasemedieros y de masas afines al american way of life, potenciando en el camino, además, una multiplicidad de supremacismos raciales, clasistas, sexogenéricos, etc., que en la coyuntura de la diputa política particular que aquí se analiza es lo que ha radicalizado a las derechas del continente en contra de las fuerzas progresistas que se construyeron y autoafirmaron en los pasados diez años. En Brasil, Colombia y Venezuela (Kourliandsky, 2019), por ejemplo, el evangelicalismo no únicamente creció en términos de su masificación, sino que, además, logró conquistar posiciones de poder y de representatividad política en diversos órganos e instituciones del Estado (en mayor o menor medida, y cuantitativamente aún escasas, pero no por ello menos significativas). En cierto sentido, hoy el evangelicalismo funciona en las periferias de la misma forma que el adoctrinamiento liberal en contra del socialismo y el comunismo funcionó durante el periodo de la Guerra Fría. Y es que, con una fuerte conexión entre las clases medias y las comunidades más marginalizadas en cada ciudad americana, el evangelicalismo ha venido a colocarse como un sustituto efectivo de los andamiajes 227 Ricardo Orozco gubernamentales nacionales en la satisfacción de cierto número de necesidad primordiales para dichas comunidades. Y es, también, el principal promotor de agresivas agendas en contra de la conquista y sostenimiento de derechos, por ejemplo, en el plano del ejercicio de la sexualidad (como proyectos antiaborto, campañas de adoctrinamiento heteronormadas, criminalización de la homosexualidad, el lesbianismo y la conversión de género, etc.) en momentos en los que por toda América los movimientos de mujeres que luchan (para emplear la atinada expresión de las mujeres zapatistas) son los vectores centrales de un cúmulo de resistencias sociales. En Bolivia, los Comités Cívicos fueron los centros de poder a partir de los cuales se organizó una proporción importante de la violencia desatada antes, durante y después de consumar el golpe en contra de Morales y su gabinete. Y la cuestión es que, al ser el evangelicalismo un tema aún tabú en el debate público regional, relegándolo a la esfera de la vida privada del individuo, el resistir a su conservadurismo se ha convertido en un serio problema de carácter público, de ejercicio de la política y de gobierno ante el cual las fuerzas progresistas del continente aún no tienen ni atisbos de solución alguna, más allá de las desgastadas fórmulas del laicismo decimonónico. BIBLIOGRAFÍA Askhat, R. (2018, 30 de mayo). One Chinese company now controls most of the metal needed to make the world’s advanced batteries. Quartz. Disponible en https://qz.com/1292202/china-noweffectively-controls-half-the-worlds-lithium-production/ Acceso 14 de enero de 2020. Banco Mundial. (2015). Datos de libre acceso del Banco Mundial. Disponible en https://datos.bancomundial.org/indicador/AG.LND. AGRI.ZS?view=map Acceso 15 de enero de 2020. Bartra, A. (2013). Crisis civilizatoria. En R. 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En efecto, fue un logro fundamental, legitimado por un conjunto de decisiones de índole política, económica, social y cultural, tendientes a sentar las bases para una sociedad más igualitaria e incluyente, en un país en el que el 65% de la población es indígena y estuvo durante siglos sumida en la pobreza y marginada del poder y de las políticas del Estado. Desde hace un lustro, en medio de los estertores de la crisis económica global, cuando empezó a intensificarse la ofensiva de Estados Unidos y de las viejas elites de la región en contra de los gobiernos progresistas del continente, el del Movimiento al Socialismo, MAS, parecía ser el más estable de todos, en un continente cada vez más convulsionado. Por eso, el golpe de Estado de Bolivia, perpetrado por los militares y la oligarquía nacional y continental y urdido desde las fauces del poder 231 Consuelo Ahumada en Washington, pareció sorprender a muchos, tanto en el país del altiplano como en el resto de la región.1 Sin embargo, el análisis de algunos de los eventos y procesos, recientes y no tan recientes, no deja espacio para la sorpresa por el golpe de noviembre pasado. En el presente artículo se examinarán los principales factores que lo explican, en el marco del contexto regional y global. Se parte de la consideración de que este sobrevino como la culminación de un proceso histórico de confrontación social y política entre las élites, viejas y remozadas, ligadas a los intereses extranjeros, de un lado, y el grueso de la población, representada por el gobierno de Evo Morales, del otro. Este enfrentamiento, que se expresó con mayor claridad desde mediados de la década de los ochenta, se intensificó durante los trece años de su mandato, en la medida en que este puso en práctica políticas que cuestionaron el orden prevaleciente en el país y en el mundo. En el plano de la geopolítica regional, el triunfo electoral de Evo en 2005 y su desalojo de la presidencia en 2019 son concomitantes con el ciclo de casi dos décadas de ascenso, consolidación y retroceso de los gobiernos alternativos del sur del continente americano. A partir de esta consideración, el análisis siguiente se estructura en cinco secciones. En la primera se hace un breve contexto del golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019; en la segunda se examinan los cambios en la geopolítica global y regional y su incidencia en el golpe; la tercera se centra en la disputa por los recursos naturales y la política del gobierno en lo que respecta a su nacionalización; en la cuarta se analiza el liderazgo de Evo Morales frente a la agenda de Estados Unidos en Bolivia; por último, se presentan algunas conclusiones. 1 Durante la primera semana del mes de octubre de 2019 participé en un seminario internacional realizado en la ciudad de La Paz, organizado conjuntamente por la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia y CLACSO, y denominado Guerra comercial y crisis capitalista: impactos y alternativas para América Latina. Dada la coyuntura nacional y regional, el asunto que generó mayor expectativa e interés entre los participantes fue la posibilidad de conocer de primera mano la situación del país, a escasas dos semanas de las elecciones presidenciales. En ese respecto, en el seminario hubo un importante intercambio de experiencias entre varios funcionarios del Estado, entre ellos los Ministros de Economía y Finanzas Públicas y de la Presidencia y el presidente y vicepresidente del Banco Central. Aparte de sus intervenciones oficiales en el evento, fue posible también conversar con ellos, de manera menos formal y conocer sus impresiones y análisis, tanto sobre las perspectivas de las elecciones, como sobre algunos aspectos específicos de la situación nacional y de las amenazas que se cernían sobre el país. Aunque varios de ellos expresaron su preocupación por el alcance de la conducta de la oposición y por la estrategia de Estados Unidos de intensificar su permanente campaña de asedio y descrédito del gobierno de Evo Morales, se percibía un optimismo moderado sobre el resultado electoral. El presente artículo intenta recoger buena parte de dicha información e impresiones. 232 EL GOLPE DE ESTADO DE BOLIVIA Y LA CAMBIANTE GEOPOLÍTICA REGIONAL EL GOLPE EN SU CONTEXTO Durante la última década, el Estado Plurinacional de Bolivia venía destacándose por su estabilidad económica y sus avances en materia social. Entidades como la CEPAL mostraban sus logros en cuanto a la generación de recursos para multiplicar la inversión pública y social y reducir la pobreza y las desigualdades.2 Por su parte, los organismos financieros internacionales, tan obsesionados con la ortodoxia neoliberal, reconocían año tras año las cifras positivas de crecimiento y otros indicadores macroeconómicos que registraba el país.3 Sin embargo, es claro que en un mundo en el que se afianza cada vez más la agenda de dichos organismos y de los países poderosos, la transformación económica y social emprendida por el gobierno de Evo Morales era un proyecto insostenible y arriesgado. Por supuesto que la experiencia de Bolivia y sus resultados positivos, obtenidos mediante la puesta en práctica de medidas alternativas, no convenían al orden internacional vigente y a quienes más se benefician de este. Como se vino a confirmar después, el golpe de noviembre fue planeado con bastante anticipación y la intervención de Estados Unidos y sus aliados en el país y el continente fue crucial en todo este proceso. De acuerdo con un informe de CELAG, coordinado por Silvina Romano, el golpe empezó a gestarse al menos dos años antes. Se cuenta allí cómo varios think tanks avanzaban en la tarea de impedir a como diera lugar que el MAS ganara en primera vuelta electoral. La consultora Stratfor, que hace investigaciones de inteligencia para el gobierno estadounidense, evaluaba posibles escenarios de golpe. Se mencionan también documentos de Wikileaks, en los que queda claro que el acceso al litio de 2 De acuerdo con Alicia Bárcenas, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, en América Latina “Bolivia es el país que más rápidamente ha reducido la desigualdad, dejando atrás la triste última posición regional que ocupaba en 2002. Esto se ha logrado apuntalando una importante política de redistribución de los ingresos, orientando el gasto a los programas sociales que impactan en la reducción de la pobreza, y fortaleciendo el salario mínimo que ha aumentado 64% en términos reales entre 2005 y 2013” (Bárcenas, 2014). Sucesivos informes regionales publicados por este organismo dan cuenta de esos logros. 3 Los organismos financieros internacionales tuvieron que reconocer que entre 2006 y 2019, durante el gobierno de Evo Morales, la economía boliviana se cuadruplicó, al pasar de 9 573 millones de dólares a 42 401 millones. En el seminario realizado en la Paz arriba mencionado, Pablo Ramos, entonces presidente del Banco Central de Bolivia, BCB, explicó en su intervención que, a pesar de dicho reconocimiento, fue necesario que su gobierno les aclarara en más de un evento oficial que los resultados económicos positivos se debieron en gran parte a la política de nacionalización de los recursos naturales, la fuerte inversión pública en infraestructura y servicios sociales y la industrialización de los recursos naturales, en especial el gas y el litio. Se trataba precisamente de una agenda opuesta a la prescrita por el FMI. 233 Consuelo Ahumada este país aparecía como un objetivo estratégico para Estados Unidos (Romano et al., 2019).4 En las semanas que precedieron a las elecciones presidenciales se respiraba un ambiente muy tenso, poco habitual, incluso en las condiciones de una sociedad tan polarizada como la boliviana. Ardía la Chiquitanía en el Amazonas y aunque, tal como lo conoció el mundo entero, el gobierno hacía enormes esfuerzos por controlar el incendio, la oposición y la gran prensa, dentro y fuera del país, insistían en responsabilizar a Evo del desastre e incluso insistían en compararlo con el presidente Bolsonaro de Brasil.5 Se incentivaba la movilización social y el caos por cuenta de los llamados comités cívicos de la ultraderecha. Entretanto, el principal candidato de la oposición, Carlos Mesa, y otros de sus dirigentes empezaron a alertar con anticipación sobre un supuesto fraude y llamaron a desconocer el resultado electoral, el cual preveían como favorable al gobierno. Después se desataría la violencia en contra del gobierno legítimo, de sus funcionarios y partidarios, en especial en El Alto y Cochabamba, y se produjo el incendio de tres de los siete colegios electorales en donde estaban consignados los votos y las actas. En estos momentos de alta tensión, entraría en acción Luis Almagro, secretario general de la OEA. La comisión encargada de la auditoría, que había sido solicitada de manera ingenua por el mismo gobierno boliviano a esa entidad, se pronunció de manera anticipada sobre supuestas irregularidades, cuando apenas había revisado un porcentaje mínimo de la votación y, como es lógico, no estaba lista la revisión total del proceso. En dicho pronunciamiento se habló de algunas irregularidades y de probabilidades, pero no se mostraron evidencias. Eso sí se mencionó la palabra fraude y se echó a rodar por los medios y las redes sociales, que estuvieron prestos a cumplir su cometido contra 4 En 16 audios conocidos y divulgados por el presidente de Bolivia dos días antes del golpe, se registran conversaciones entre miembros de la oposición y tres senadores de Estados Unidos: Marco Rubio, Bob Menéndez y Ted Cruz. En el primero de estos audios se llama a quemar estructuras del partido de gobierno, a alegar fraude y a no reconocer la victoria de Evo, en caso de que se diera. Se habla de una financiación de medio millón de dólares. En las conversaciones se menciona la participación en el plan de miembros del gobierno de Bolsonaro y de Duque, así como de la Iglesia Evangélica (Portal Erbol, 2019). 5 En este respecto, y a manera de ejemplo, el entonces presidente del Banco Central denunció en una intervención durante el evento mencionado que pocos días antes Estados Unidos había enviado una comisión técnica a Bolivia, supuestamente para ayudar a extinguir el fuego del Amazonas, pero en realidad, como lo pudo comprobar el Gobierno boliviano, se trataba de un grupo de expertos en fraude y manipulación electoral. Como es lógico, no se les permitió ingresar al país. 234 EL GOLPE DE ESTADO DE BOLIVIA Y LA CAMBIANTE GEOPOLÍTICA REGIONAL el gobierno. Con ello se pretendió darle legitimidad al golpe y el señor Almagro volvió a cumplir su función de vocero y portaestandarte de la Casa Blanca, una función que ha desempeñado sin el menor recato durante todo su periodo al frente de la institución.6 Lo que sucedió después era también parte de un libreto conocido, aunque renovado, adaptado a la época de la inmediatez de la comunicación y su impacto global: el rechazo por parte de la oposición al llamado a nuevas elecciones que hizo la OEA, el pedido de renuncia al presidente por parte de la policía y el ejército en medio de las amenazas e intimidación, su traumática salida del país con el apoyo heroico del gobierno de México y en medio de la hostilidad de la mayor parte de los mandatarios de la región, quienes no permitieron que el avión mexicano en el que viajaba Evo, junto con el vicepresidente y otros funcionarios, sobrevolara el territorio de sus respectivos países.7 A partir de entonces, se desató la represión y persecución contra la población, pero en especial contra los indígenas, con tintes claramente racistas, se atropelló la institucionalidad democrática, se expidió orden de captura contra los principales funcionarios del gobierno y dirigentes del MAS, a quienes se acusó de terrorismo. De esta manera, se concretó un golpe de Estado azuzado por los medios, pero fraguado a la vieja usanza de los años sesenta y setenta, de tan ingrata recordación en la historia de América Latina. Sin embargo, para entender de manera más precisa el contexto antes esbozado, se requiere volver varios años atrás en la historia. La Embajada de Estados Unidos y todas sus agencias adscritas en Bolivia, la CIA, la DEA y USAID y la National Endowment Foundation (NED), con el apoyo de la oligarquía del país, intentaron durante décadas impedir que la figura e influencia de Evo Morales surgiera y se consolidara en 6 En un análisis del documento final de la auditoría, presentado por la OEA semanas después del golpe, CELAG encuentra que este es tan tendencioso como el informe preliminar y desvirtúa los argumentos de la OEA sobre supuestas irregularidades. Pero, lo más importante, el análisis concluye que, aun admitiendo esos argumentos sobre el presunto fraude en el 4.8% de la muestra tomada, el resultado final arrojaría una diferencia en el resultado electoral del 10.08%, que le daba el triunfo a Evo Morales en primera vuelta (CELAG, 2019b). 7 Este episodio recordó otro similar ocurrido en julio de 2013, cuando tres países europeos, Francia, Portugal e Italia se negaron a permitir que el avión presidencial de Bolivia, con Evo a bordo, sobrevolara o aterrizara en sus aeropuertos para proveerse de combustible. El presidente viajaba hacia La Paz, después de una reunión en Rusia, y Washington presionó a los países europeos para que así procedieran porque sospechaba que Evo traía con él a Edward Snowden, acusado de espionaje. Esta negativa, que puso en peligro la vida del mandatario, fue una clara expresión de racismo y desprecio por el presidente indígena. “Nunca en mi vida había oído que le nieguen el permiso al presidente en un avión oficial”, afirmó Evo, después de ser obligado a aterrizar en Viena (RTVE, 2013). 235 Consuelo Ahumada el ámbito nacional. Tal como lo relata con bastante precisión y esmero la periodista argentina Stella Calloni, desde los años 80 cuando emergió como líder del movimiento cocalero del Chapare, en Cochabamba, trataron de anularlo políticamente, sin escatimar medios y recursos. Fue perseguido, encarcelado, golpeado e intentaron extraditarlo a Estados Unidos, acusándolo de tener vínculos con el narcotráfico y la guerrilla. Trataron de asesinarlo en más de una ocasión (Calloni, 2013). En enero de 2002, cuando era parlamentario del MAS fue expulsado de la Asamblea Legislativa, en un acto sin precedentes, abiertamente ilegal. Héctor Arce, su abogado en esta y muchas otras ocasiones y su Ministro de Justicia hasta el momento del golpe de noviembre, señaló lo siguiente: La expulsión de Evo se concretó en un contexto histórico de ascenso de los movimientos sociales, en momentos de efervescencia colectiva. El pueblo boliviano estaba organizado y había experimentado victorias significativas recientes, como las obtenidas con la Guerra del Agua y las movilizaciones campesinas en el Altiplano, que habían dado como resultado un ostensible empoderamiento popular (Arce, 2012: 57-58).8 No obstante, toda esta persecución fue en vano, porque su ascendencia entre el movimiento indígena y campesino fue creciendo. Pocos meses después entró al Palacio de Gobierno por haber obtenido la segunda votación en las elecciones generales, lo que le daba derecho a optar a la Presidencia de la República. En esta ocasión, Washington promovió una alianza contra él que impidió que el Congreso lo eligiera como presidente. Pero en las elecciones de 1985 obtuvo por fin el triunfo de manera incuestionable. El golpe de noviembre tuvo un antecedente claro. En 2008, durante su tercer año de gobierno, los mismos actores y las mismas agencias promovieron un golpe militar. Entre agosto y septiembre de ese año impulsaron una revuelta que terminó con destrucción y saqueo en 75 instituciones públicas en todo el país. Los prefectos de los departamentos de la Media Luna intentaron derrocar al gobierno y el del Pando reprimió violentamente una marcha de indígenas y campesinos que lo defendían, dejando un saldo de 11 muertos y numerosos heridos. El golpe fracasó por cuatro factores: primero, el repudio internacional que provocaron 8 En conversaciones sostenidas por esta autora en distintas ocasiones con Arce, tanto en la ciudad de Sucre, Bolivia, como en Quito y en Bogotá entre 2013 y 2015, me fue posible conocer de primera mano su labor de muchos años como defensor y asesor de Evo Morales en múltiples y diversos casos, desde antes de su llegada a la presidencia. 236 EL GOLPE DE ESTADO DE BOLIVIA Y LA CAMBIANTE GEOPOLÍTICA REGIONAL las terribles imágenes de la represión contra los indígenas; segundo, la expulsión del embajador de Estados Unidos, Phillip Goldberg, por su incansable labor a favor del golpe y de la separación de esos departamentos; tercero, la activación de la movilización popular a favor del gobierno después de la expulsión del embajador, y cuarto, la postura firme de Unasur para impedir que este se concretara y respaldar al gobierno legítimo (Calloni, 2013). LA GEOPOLÍTICA GLOBAL Y REGIONAL Y EL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA LOS CAMBIOS EN EL ORDEN MUNDIAL9 Durante las dos primeras décadas del siglo XXI, el surgimiento del Grupo de los BRICS representó un verdadero desafío, tanto para el orden económico internacional, proveniente de la posguerra, como para el poder tradicional de las potencias industrializadas, en especial Estados Unidos y la Unión Europea. El protagonismo creciente de este Grupo, que irrumpió en el contexto de la crisis económica global, ha sido también un paso importante en la consolidación del llamado nuevo multilateralismo, a lo cual contribuyó también la creación del Grupo de los Veinte o G20.10 Para José Antonio Sanahuja y Andrés Serbín, el viejo multilateralismo, producto de los acuerdos de Bretton Woods (1944) y San Francisco (1945), refleja la división de poder que se estableció en la posguerra, en el marco de un mundo bipolar. Dicho orden, que se expresa en el Grupo 9 Una versión inicial de este acápite fue incluida en la publicación: Las perspectivas de la integración latinoamericana en el marco de la crisis económica global y del nuevo multilateralismo (Ahumada, 2016: 67-106). 10 El término BRICS fue acuñado en 2001 por Jim O’Neill, economista de Goldman Sachs, para referirse a los países emergentes que tendrían mayor influencia en la economía mundial del siglo XXI. Son países que, como en el caso de Rusia y la República Popular China, iniciaron en la segunda mitad del siglo XX un proceso acelerado de reformas económicas para insertarse en el capitalismo global. Desde la perspectiva de la teoría crítica y el marxismo, el importante desarrollo que alcanzaron tuvo su origen en el avance y consolidación del capitalismo de Estado, en su proceso hacia el socialismo. Este camino fue revertido por las élites en ambos países, con miras a la restauración del capitalismo, después de la muerte de Stalin (1953) y Mao Tse-tung (1976), respectivamente. Por su parte, el G20 se creó oficialmente el 26 de septiembre de 1999, en el marco de la crisis financiera asiática que se presentó entre 1997 y 1998 y surgió como un foro de cooperación multilateral conjunta entre los países desarrollados y los países en desarrollo, con carácter deliberativo, cuyas decisiones se tomarían con base en el consenso. De los países de la región, Brasil, Argentina y México hacen parte de este grupo. 237 Consuelo Ahumada de los Siete o G7 no tiene representatividad ni legitimidad, en la medida en que no da cuenta de procesos como la descolonización ni del poder creciente de los países asiáticos en la economía internacional (Sanahuja y Serbín, 2012: 202-203). La primera reunión de los BRICS se realizó en el año 2006, con la participación de Brasil, Rusia, India y China, y en 2010 se invitó a Sudáfrica a hacer parte del Grupo. Desde el principio, los países miembros empezaron a plantear enfoques comunes con respecto a diversos aspectos de la situación internacional, convirtiéndose en la práctica en un contrapeso a las potencias tradicionales. Y es incuestionable que tienen cómo hacerlo. Su PIB agregado es el 28.5% de la economía global. En conjunto representan el 43% de la población mundial y ocupan el 26% de la superficie del globo terráqueo. Según datos proporcionados por Alicia González, en 2012 el comercio entre ellos ascendió a 219 400 millones de euros (González, 2014). En el campo económico, los BRICS reafirmaron bien pronto su compromiso con otros países y regiones del orbe, en especial con las economías emergentes y los países en desarrollo. En América Latina, expresaron su apoyo a los nuevos procesos de integración regional, en particular Unasur. Aprobaron la creación del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) “con el fin de movilizar recursos para proyectos de infraestructura y de desarrollo sostenible en los países BRICS y en otras economías emergentes y en desarrollo”, tal como se afirma en el punto 11 la declaración de la Cumbre de Fortaleza, Brasil, realizada en julio de 2014 (BRICS, 2014). Así mismo, se constituyó el Acuerdo de Reservas de Contingencia (CRA), con un capital inicial de 100 mil millones de dólares.11 En el plano político se plantean también claros desafíos al poder de Washington. El Grupo ha insistido en la necesidad de construir una nueva arquitectura financiera mundial que permita ampliar la participación de los países de la periferia en las decisiones globales y contrarrestar el poder del dólar en los mercados financieros internacionales. En ese respecto, la declaración final de la cumbre de 2014 expresa la decepción y preocupación de los BRICS porque no se ha reformado el FMI, tal como se acordó en 2010, de manera que refleje el creciente peso de las economías emergentes y de los países en desarrollo en la economía mundial. Expresa además la preocupación de los cinco países por los numerosos conflictos que se desarrollan en el ámbito mundial, en 11 La Cumbre de Fortaleza de los BRICS incluyó una reunión conjunta con Unasur, en la cual se propuso una alianza entre el Banco del Sur, fundado en diciembre de 2007 y el Nuevo Banco del Desarrollo, para apoyar en forma conjunta a los países de América Latina. VI Cumbre BRICS (2014, 15 de julio). 238 EL GOLPE DE ESTADO DE BOLIVIA Y LA CAMBIANTE GEOPOLÍTICA REGIONAL especial por la situación de Irak, de Ucrania y de varios países africanos (BRICS, 2014). LAS TRANSFORMACIONES POLÍTICAS DE LA REGIÓN En el marco de estos cambios en las relaciones económicas y políticas internacionales y de la cruzada global en contra del terrorismo desatada por Estados Unidos a partir del año 2001, surgieron y se consolidaron en Suramérica los llamados gobiernos alternativos o progresistas. Cada uno de estos procesos tuvo sus propias particularidades, en la medida en que respondía a condiciones históricas específicas y a liderazgos diversos. Pero todos confluyeron en el rechazo a los estragos de la agenda neoliberal impuesta en las últimas décadas del siglo XX y en la búsqueda de alternativas para el desarrollo económico y social de los países, a partir del fortalecimiento del papel del Estado. La espiral transformadora se inició en Venezuela con Hugo Chávez (1999) y en Brasil con Lula da Silva (2002), a quienes sucedieron Nicolás Maduro y Dilma Rousseff, respectivamente. Siguió con Néstor y Cristina Kirchner en Argentina, Tabaré Vásquez y Pepe Mojica en Uruguay, Fernando Lugo en Paraguay, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador. Uno tras otro, como en una reacción en cadena, llegaron a la presidencia por la vía electoral en procesos comandados por fuertes liderazgos, que agruparon a amplios y diversos sectores de la población, de la ciudad y el campo. Todos estos gobiernos partieron de coaliciones amplias con organizaciones políticas y sociales variadas, incluidos algunos empresarios y sectores de las viejas elites. En medio de múltiples dificultades, que tienen que ver con las imposiciones y restricciones del orden financiero global y del contexto internacional, con las condiciones históricas específicas de cada país, con el carácter y la naturaleza del Estado y sus instituciones, en especial de sus fuerzas militares y su trayectoria, estos mandatarios adelantaron, en mayor o menor medida, y con resultados variados, un conjunto de políticas tendientes a alcanzar el desarrollo nacional y a consolidar sociedades más igualitarias. En este punto, es importante hacer referencia al momento preciso en el que se produjo el triunfo electoral de Evo Morales en Bolivia, precisamente cuando el avance de los gobiernos alternativos de la región alcanzaba uno de sus puntos más altos. Entre el 4 y el 5 de noviembre de 2005, en medio de una fuerte movilización social, presidida por algunos de estos mandatarios y por Evo Morales, entonces candidato presidencial favorito a ganar las elecciones se realizó en la ciudad de Mar de Plata, Argentina, la IV Cumbre de las Américas. En este evento, al cual asistió el presidente George Bush, se consumó el hundimiento del ALCA, un proyecto de integración colonial que Estados Unidos 239 Consuelo Ahumada pretendió imponer en todo el continente desde el año 1994, cuando se realizó la primera Cumbre de las Américas. Pocas semanas después, el 18 de diciembre, Evo sería elegido presidente de Bolivia. A continuación, se hará un esbozo general de las principales orientaciones que asumieron estos gobiernos de la región. Estas se dieron en tres aspectos fundamentales, que son los siguientes: POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES El cambio en esta materia estuvo marcado por tres criterios centrales: a) Revaluación de las relaciones históricas de subordinación frente a Estados Unidos, que prevalecieron durante todo el siglo XX, así como de sus estrategias políticas, económicas e internacionales en la región. b) Apertura y fortalecimiento de las relaciones económicas y políticas con otras regiones del mundo, particularmente Asia (China e India); Europa Oriental (Rusia y las antiguas repúblicas de la URSS); el Medio Oriente (Irán, Siria) y África (Libia, Sudáfrica). c) Postura internacional independiente frente a Estados Unidos y las otras potencias occidentales en foros internacionales, particularmente en la Organización Mundial del Comercio, OMC. Brasil y Argentina ejercieron un papel de liderazgo de los llamados países emergentes frente a algunas de las propuestas de las grandes potencias, en especial en las reuniones del G20. Bolivia y Ecuador plantearon posturas y políticas alternativas en asuntos tan importantes como la crisis climática, la migración, la deuda externa y las relaciones con la banca internacional. PAPEL DEL ESTADO, MODELO DE DESARROLLO, AUTODETERMINACIÓN Y SOBERANÍA NACIONAL El cuestionamiento de las políticas derivadas del llamado Consenso de Washington por parte de estos gobiernos trajo como consecuencia el afianzamiento en la región de un modelo que le otorga un papel preponderante al Estado, y que se convirtió en una alternativa al neoliberalismo en términos políticos y económicos. Al mismo tiempo, en algunos de estos países se convocó la participación real en los procesos sociales y políticos de los más amplios sectores de la población, históricamente marginados. Las bases jurídicas de estos procesos de profundización de la democracia fueron plasmadas en las nuevas constituciones adoptadas en los distintos países, pero particularmente los andinos: Venezuela, Ecuador y Bolivia. Todos ellos adelantaron asambleas constituyentes, que implicaron movilización y participación ciudadana, no exentas de contradicciones, algunas de ellas muy fuertes, para legitimar el cambio 240 EL GOLPE DE ESTADO DE BOLIVIA Y LA CAMBIANTE GEOPOLÍTICA REGIONAL en la Constitución. Como elemento central, se reivindica la soberanía y autodeterminación nacional frente a las medidas impuestas por los organismos financieros internacionales y las potencias mundiales, en especial Estados Unidos. INTEGRACIÓN REGIONAL Teniendo como punto de partida los criterios anteriormente señalados, estos gobiernos cuestionaron el modelo de integración basado en la competitividad de los mercados, acorde con los criterios del Consenso de Washington, y que privilegia los acuerdos de comercio e inversión. En el caso de la región, se expresa en esquemas de integración como el de la Alianza del Pacífico. En este respecto, el papel desempeñado por Unasur como modelo alternativo de integración fue muy importante. Más allá de los fríos cálculos de intercambio comercial que favorece a los grandes, se logró avanzar en criterios tendientes a consolidar una integración de mayor peso en los países, en torno a la reducción de la pobreza, el desarrollo económico y la industrialización. Los esfuerzos de Bolivia por industrializar la producción de litio, a los que se hará referencia en la siguiente sección, corresponden a este criterio. Con el mismo objetivo de crear mecanismos de integración autónomos de la región, aunque con alcance geográfico más amplio, en 2010 se conformó en la Riviera Maya mexicana la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC. En el plano de la cooperación para la defensa conjunta de los 12 países integrantes de Unasur, se destaca la conformación del Consejo de Defensa Suramericana, CDS, cuyo inicio formal se dio en la reunión de Unasur en Santiago de Chile, en marzo de 2009. Este Consejo se propuso como una alternativa de la región a la Organización de Estados Americanos, OEA, tutelada desde sus inicios por la Casa Blanca. Se planteó, entre otros objetivos, consolidar a Suramérica como una zona de paz, estabilidad democrática y desarrollo integral (Unasur, 2009). Hay que señalar que el Consejo desempeñó un papel crucial para impedir el golpe de Estado en Bolivia en 2008 y en Ecuador en 2010. Todos estos criterios quedaron truncados con la contraofensiva de Estados Unidos en la región, pero en especial con el cambio de gobierno en Brasil, lo que representó un golpe contundente a la existencia misma de Unasur. LA PRESENCIA DE CHINA EN LA REGIÓN El gran desarrollo industrial y tecnológico de la República Popular China, la consolidación de los BRICS y la emergencia de los gobiernos alternativos de América Latina, propiciaron las condiciones para un incremento importante del papel económico de China en la región. A ello se sumaron 241 Consuelo Ahumada las crecientes dificultades económicas y comerciales de Estados Unidos, que se manifestaron en el estallido de la crisis global del año 2008. Una crisis que se extendió al continente europeo y afectó de manera importante a las llamadas economías emergentes del mundo entero. Todos estos eventos han representado un desafío enorme para el país del Norte y han puesto en riesgo su papel como primera potencia mundial. La guerra comercial entre estos dos gigantes económicos, que se ha intensificado durante los tres últimos años, es un reflejo de esas tensiones. No solo se trata de que China sea su principal contrincante en la disputa por el poderío económico global, sino también cuenta el hecho de que los intereses de Washington se han visto seriamente amenazados en una región que desde comienzos del siglo XX estuvo bajo su poderío incuestionable. En el curso de la última década, China incrementó sus relaciones económicas y comerciales con América Latina y el Caribe, convirtiéndose en primer o segundo socio comercial de varios países. Las siguientes cifras sobre el intercambio entre las dos regiones son muy ilustrativas con respecto a esta tendencia: en el año 2000 el comercio del país asiático con América Latina era de 12 000 MUSD, pero en 2009 ascendió a 180 000 MUSD (Econsouth, 2011). En lo que respecta a Brasil, su comercio con China pasó de 2 000 MUSD en el año 2000 a 56 200 MUSD en 2010. Pero la República Popular China no solo superó a Estados Unidos como principal socio comercial de Brasil, sino que en el mismo año pasó a ser el mayor inversionista extranjero directo en el país del sur, con 17 000 MUSD (ib., p. 5). El incremento de las relaciones comerciales con el resto de la región también ha sido impresionante. Mientras en el año 2000 el comercio de China con América Latina alcanzó los 12 mil millones de dólares estadounidenses, hacia el año 2009 había crecido hasta cerca de los 118 mil millones de dólares (ib., p. 5). Datos más recientes, proporcionados por el gobierno del país asiático, muestran que el volumen del comercio bilateral entre este y América Latina llegó a 307 400 millones de dólares en 2018, lo que representa un aumento del 18.9% con respecto al año anterior, según datos proporcionados por la Administración General de Aduanas, AGA, de China (Xinhua, 2019).12 12 En el Segundo Foro de Inversión y Cooperación de Alto Nivel China-América Latina, que tuvo lugar en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile el 16 de octubre de 2019, se destacó que China es desde 2015 el primer socio comercial de América del Sur. Para los dirigentes de la CEPAL y la CAF, la Iniciativa de la Franja y la Ruta, impulsada por China en los últimos años, “ofrece grandes oportunidades para la región y puede ser un mecanismo viable para lograr los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” (CEPAL, 2019). 242 EL GOLPE DE ESTADO DE BOLIVIA Y LA CAMBIANTE GEOPOLÍTICA REGIONAL Sin embargo, las relaciones entre el gigante asiático y los países suramericanos no están exentas de tensiones y contradicciones. Estos últimos, incluido Brasil, exportan a China fundamentalmente recursos naturales y materias primas. En contraste, la venta de productos manufacturados y semielaborados ha encontrado barreras comerciales en el país asiático. Por el contrario, China le exporta a América Latina productos procesados, con mayor valor agregado, en especial maquinaria, productos eléctricos y manufacturados. Como en el caso de las importaciones que hace Estados Unidos de la región, la exportación prioritaria de materias primas deja a los países muy dependientes del crecimiento de la economía del país importador, así como de la volatilidad de sus precios en el mercado internacional. LA DISPUTA POR EL CONTROL DE LOS RECURSOS NATURALES: DE POTOSÍ A UYUNI LA NACIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS Y LA RECONQUISTA DE LA DIGNIDAD En su conocido libro Guerra por los recursos, el futuro escenario del conflicto global, publicado en 2001, poco después de los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos, el estadounidense Michael T. Klare planteó que, una vez terminada la Guerra Fría, las guerras del futuro serían motivadas por la posesión y el control los recursos naturales vitales: el petróleo, los minerales, las reservas forestales y las fuentes de agua dulce, entre otros. Las consideraciones ideológicas, políticas, culturales y de otro tipo seguirían presentes, pero la prioridad sería la guerra de carácter económico por el acceso a dichos recursos. Este planteamiento resulta muy pertinente para América Latina y en particular para Bolivia, un país minero por excelencia, que desde la Conquista ha dependido de un solo producto, explotado siempre bajo las condiciones de enclave colonial y sujeto a los vaivenes del mercado internacional. Como en el caso de otros países de la región y del mundo con similar trayectoria, el modelo propició el surgimiento y afianzamiento de una sociedad profundamente excluyente y desigual, basada en una oligarquía minera y agraria fuerte, estrechamente ligada al capital y a los intereses extranjeros. Tal como lo relata Eduardo Galeano en Las venas abiertas de América Latina, desde las épocas de la Colonia, hace 500 años, su actual territorio, antes el Alto Perú, fue fuente principal de materias primas, en particular plata, para la Corona española y para el capitalismo mundial, a cambio del exterminio de millones de indígenas que trabajaban en su extracción. Cerro Rico, en la ciudad de Potosí, fue durante siglos 243 Consuelo Ahumada la mina de plata más importante del mundo y continúa siendo el emblema de la explotación colonial del viejo imperio español: En Potosí la plata levantó templos y palacios, monasterios y garitos, ofreció motivo a la tragedia y a la fiesta, derramó la sangre y el vino, encendió la codicia y desató el despilfarro y la aventura. La espada y la cruz marchaban juntas en la conquista y en el despojo colonial (Galeano, 1970: 35). Y continúa destacando el aporte de la plata al progreso de Europa: Los metales arrebatados a los nuevos dominios coloniales estimularon el desarrollo económico europeo y hasta puede decirse que lo hicieron posible. Ni siquiera los efectos de la conquista de los tesoros persas que Alejandro Magno volcó sobre el mundo helénico podrían compararse con la magnitud de esta formidable contribución de América al progreso ajeno (ib., pp. 38-39). A finales del siglo XIX, con el derrumbe del precio de la plata, vendría el auge de la explotación del estaño y su gran demanda internacional por parte del mundo industrializado. Esta producción se centró también en los departamentos de Potosí y Oruro y, durante la mayor parte del siglo pasado, Bolivia fue el segundo productor de estaño en el mundo, después de Malasia. En el país del altiplano, este negocio estaba en manos de tres grandes familias, las de Simón Patiño, Carlos Víctor Aramayo y Mauricio Hoschild, llamados los barones del estaño (Zuazo, 2017). A finales del siglo XX entró en crisis el mercado del estaño por acumulación de reservas, lo que provocó el desplome de su precio internacional. Posteriormente, a comienzos del presente siglo, vendría el descubrimiento de sus reservas de gas natural, las mayores del continente. Este breve recuento sobre la importancia de la minería y los recursos estratégicos en Bolivia, lejos de ser superfluo, resulta fundamental para entender y valorar el sentido y alcance del proyecto desarrollado por el gobierno de Evo Morales. Su balance, que no es el objeto del presente artículo, no podría hacerse sin consultar las condiciones históricas específicas del país, el arraigo y la preponderancia de un modelo minero exportador, al servicio de Estados Unidos y de las demás potencias económicas a partir del siglo XX. En su decurso histórico, Bolivia no contó con una élite que defendiera un proyecto industrializador, que propiciara el mercado interno y le pusiera algunos límites a la inversión extranjera. Salvo los primeros años del periodo conocido como la Revolución boliviana (1952-1964) o el corto gobierno del general Juan José Torres (1970-1971), el país no 244 EL GOLPE DE ESTADO DE BOLIVIA Y LA CAMBIANTE GEOPOLÍTICA REGIONAL tuvo un Estado que se comprometiera con políticas de corte democrático-liberal, como sí sucedió en los países de mayor desarrollo de la región. De hecho, hasta la llegada de Evo Morales al gobierno, Bolivia fue el país más empobrecido de la región, en contraste con su enorme riqueza en recursos estratégicos. De ahí el gran desafío que se planteó el gobierno de Evo Morales desde sus inicios, para emprender su proyecto político revolucionario en un país tan rezagado. El 1 de mayo de 2006 promulgó el Decreto Supremo N° 28 701 de nacionalización de hidrocarburos, dando cumplimiento a la primera de sus dos principales promesas de campaña. La segunda, que no se examinará en este trabajo, fue la convocatoria y realización de la Asamblea Constituyente, con el objeto de conferirles mayor legitimidad a todas sus decisiones políticas. En el discurso pronunciado el 1 de mayo de 2013 en la plaza Murillo de La Paz, siete años después de la histórica decisión, Evo señaló lo siguiente: “Hemos recuperado a Bolivia, hemos recuperado a la patria, ahora la patria es nuestra. Recuperar los recursos naturales, los servicios básicos y especialmente la dignidad para el pueblo boliviano. Al margen de las reivindicaciones de los distintos sectores, primero está la Patria, primero está nuestra querida Bolivia” (Calloni, 2013: 15). Y más adelante afirmó: Las políticas sociales, las políticas económicas, también ahora ya no las define el Fondo Monetario Internacional. Las políticas democráticas, la política, ahora ya no la define la Embajada de Estados Unidos. A los ministros de Gobierno, ministros de Defensa, a los comandantes de la policía, de las fuerzas armadas, ahora ya no los nombra la Embajada de Estados Unidos (Calloni, 2013: 15). En este mismo sentido, se pronunciaron otros funcionarios de su gobierno. En la entrevista antes mencionada, concedida a Calloni, el entonces vicepresidente García Linera hizo el siguiente balance sobre la política del gobierno frente a la nacionalización de los recursos naturales y las perspectivas de desarrollo del país: El gobierno del primer presidente indígena de Bolivia tomó la heroica decisión de nacionalizar los recursos naturales, el gas y el petróleo, que hoy nuevamente son de todos los bolivianos, y los dineros de esos recursos benefician a todos por igual. La segunda medida fue construir la igualdad no solamente como discurso sino como vida material (Calloni, 2013: 383). En efecto, el decreto de nacionalización de los recursos naturales fue fundamental y su impacto trascendió lo económico. En virtud de esta medida, se invirtió la relación de los ingresos del gas y el petróleo 245 Consuelo Ahumada entre el Estado y el sector privado, al establecerse el 82% para el primero y 18% para el segundo. En minería, la participación del Estado pasó de un 25 a un 55% y en telecomunicaciones del 17 al 45%. El Estado se convirtió así en principal empresario e inversionista y, a partir de la nacionalización, empezó a desempeñar un papel estratégico en el sector mediante la empresa Yacimientos Petroleros Fiscales de Bolivia, YPFB. Como consecuencia de la decisión de nacionalizar los recursos naturales, la inversión pública y social se incrementó de manera exponencial. Señala García Linera en la entrevista mencionada: Esos recursos permitieron pagar y mejorar salarios, trazar una estrategia de industrialización boliviana, expandiendo el proceso de modernización, de acuerdo al pequeño y micro productor agrario y urbano. Usamos esos recursos para crear una red de carreteras, de hospitales, ampliando la educación y la salud públicas, mejorando su calidad, y en forma urgente, expandir la electrificación del país (ib., p. 385). Y continúa el vicepresidente con un asunto político fundamental para el país y para la recuperación de la dignidad perdida: ¿Qué nos dio eso? Nos dio una base de autodeterminación real. La autodeterminación de los pueblos no solamente es un hecho espiritual, es un hecho material. Y si un pueblo, país o un Estado no tiene la capacidad de pagar los salarios de sus funcionarios ni de resolver las prioridades, la autodeterminación es un canto lírico, un texto, una consigna (ib., p. 385). Además de mejorar notoriamente las condiciones sociales y la infraestructura del país y de reafirmar la soberanía y la autodeterminación nacional de Bolivia, se modificaron las relaciones internacionales, en particular con Estados Unidos: Cuando nos acercábamos a ellos ya no era para pedirles un nuevo refinanciamiento de la deuda, ni para pedirles que nos garantizaran apoyo para obtener un crédito de los organismos internacionales, porque éramos insolventes, como sucedió antes. (…) Ahora era para establecer una nueva relación entre pueblos a partir de las necesidades de Bolivia y lo que Estados Unidos puede mínimamente cumplir de una relación más equilibrada (ib., p. 386). Por su parte, Evo señaló en el mismo sentido, también en una entrevista con Calloni en 2009: “Bolivia ya no es un Estado mendigo, un 246 EL GOLPE DE ESTADO DE BOLIVIA Y LA CAMBIANTE GEOPOLÍTICA REGIONAL Estado limosnero. Cooperación internacional, bienvenida. “Inversión de empresarios, si son socios, no patrones, bienvenida” (p. 17). En este respecto, José Ramón Quintana, Ministro de la Presidencia durante buena parte del gobierno del MAS, y hoy en día refugiado en la Embajada de México en La Paz y perseguido por el gobierno golpista, también se expresó de manera clara: Se han producido tres grandes revoluciones: la primera: la de la soberanía, identidad, orgullo nacional. Más democráticos y más controversiales. Segunda, la revolución vinculada a la posibilidad de construir un gran proyecto industrial para Bolivia. Antes era país subalterno, pobre, humillado y ofendido. Era una economía subsidiaria. Antes el futuro no era nuestro, dependíamos de otros actores. La tercera gran revolución tiene que ver con el despegue de la economía, la inserción de Bolivia en el mundo. Hoy en día Evo habla con los principales líderes del mundo. Puede elegir a sus inversionistas extranjeros y a sus aliados y sus socios.13 Insistiendo en la conexión entre la nacionalización de los recursos naturales y la relación con el mundo, señala: A partir de 2006, decidimos romper el servilismo y abrirnos al mundo, sobre la base del diálogo y la preservación elemental de la soberanía. Decidimos dejar de ser apéndice colonial de Estados Unidos y nacionalizar la política exterior a partir de la voluntad popular. El proyecto de industrialización no se podía construir sin la nacionalización de los recursos y la diversificación de nuestras relaciones internacionales: Rusia, China, Corea del Sur, Francia. Así, Bolivia alcanzó la categoría de igualdad en las relaciones con otros países.14 Por último, Luis Alberto Arce, Ministro de Economía y Finanzas Públicas del gobierno, responsable en muy buena medida de la ejecución de la política económica del país y recién elegido candidato del MAS para la anunciada contienda electoral de mayo 2020, afirma lo siguiente: La propuesta fue desde el comienzo construir un modelo económico alternativo al neoliberal, un modelo social comunitario. La forma de 13 Notas tomadas de su intervención en el seminario internacional Guerra comercial y crisis capitalista: impactos y alternativas para América Latina (Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia / CLACSO, 2019, 2 de octubre). 14 ib. 247 Consuelo Ahumada generar riqueza para redistribuirla fue la apropiación del Estado de los recursos naturales, que estaban en manos de las transnacionales. Así, el Estado se benefició de los precios altos del gas y otros recursos naturales, y obtuvo los recursos para garantizar, entre otras políticas, los subsidios, con el fin de reducir la deserción escolar y mejorar el consumo de las familias más pobres.15 LA BATALLA POR EL LITIO Durante la segunda década del siglo XXI el mayor interés del gobierno y de los inversionistas extranjeros se desplaza hacia un recurso de inmenso valor estratégico: el litio, conocido también como el oro blanco. Bolivia, Chile y Argentina conforman el llamado triángulo del litio, que cuenta con el 85% de las reservas de este metal y de los depósitos de salmuera en el planeta. El salar de Uyuni, en Bolivia, situado también en los departamentos de Potosí y Oruro, es el más grande desierto de sal continua del mundo. El litio ha sido componente clave de diversos tipos de industrias y productos, como las grasas lubricantes, los aires acondicionados y la energía nuclear. También se ha utilizado en la producción de psicofármacos. Sin embargo, más allá de sus usos tradicionales, este metal adquiere gran importancia por varios factores: 1) el cuestionamiento creciente del uso de los combustibles fósiles, ante su impacto cada vez más grave sobre la crisis climática, lo que ha puesto como prioritaria la búsqueda de alternativas de energía limpia en el planeta; 2) el desarrollo tecnológico, expresado en la fabricación de automóviles eléctricos, computadores, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos con funciones diversas. A partir del litio, se construyen baterías denominadas de iones de litio, fundamentales para todos estos procesos. En pleno siglo XXI la división internacional del trabajo y las contradicciones que de ella se han derivado históricamente entre los países industrializados y los productores de materias primas siguen plenamente vigentes. Señala Agustina Sánchez que, en el caso del litio, no se rompe la lógica con la que funciona la economía global: es un recurso explotado por empresas multinacionales en los países que lo poseen, para atender la demanda de los países industrializados, que son los que lo requieren con apremio para sus procesos de industrialización y para mantener la competencia tecnológica entre ellos. Se trata de la 15 Notas tomadas de su intervención en el seminario internacional Guerra comercial y crisis capitalista: impactos y alternativas para América Latina (Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia / CLACSO, 2019, 2 de octubre). 248 EL GOLPE DE ESTADO DE BOLIVIA Y LA CAMBIANTE GEOPOLÍTICA REGIONAL persistencia del viejo esquema de producción industrial con alto valor agregado para los primeros, y de exportación de materias primas por parte de los segundos (Sánchez, 2019). En consonancia con su política de recuperación de los recursos naturales para beneficio del país, Bolivia inició un proceso de nacionalización e industrialización del litio desde el año 2008. En este respecto, se trata de una política contraria a la de Chile, que acorde con su estrategia económica, desde que empezó el auge del litio se empeñó en insertarse en el mercado mundial como exportador de materia prima. Señala Sánchez que el plan de industrialización del país del altiplano fue presentado por los movimientos campesinos y sindicales, y planteaba la creación de una empresa pública y estatal, así como el desarrollo de una política pública dirigida a la producción de carbonato de litio y cloruro de potasio. En ese camino, en el año 2009 fue aprobada la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en la que se declara que los recursos naturales son de “carácter estratégico e interés público” (Sánchez, ib.). Los avances en cuanto a la nacionalización y las condiciones de la industrialización del litio quedaron claramente estipulados en la legislación de Bolivia. En abril de 2017, después de ser aprobada por la Asamblea Legislativa, el presidente sancionó la Ley N° 928, que creó la Empresa Pública Nacional Estratégica Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y estableció que esta tiene la responsabilidad de “Realizar las actividades de toda de la cadena productiva: prospección, exploración, explotación, beneficio o concentración, instalación, implementación, puesta en marcha, operación y administración de recursos evaporíticos, complejos de química inorgánica, industrialización y comercialización” (Ley N° 928/2017, Art. único, fracc. II). Más adelante se establece que desarrollará “los procesos de química básica de dichos recursos, con una participación 100% estatal para producción y comercialización de Cloruro de Litio, Sulfato de Litio, Hidróxido de Litio y Carbonato de Litio; Cloruro de Potasio, Nitrato de Potasio, Sulfato de Potasio, sales derivadas e intermedias y otros productos de la cadena evaporítica”. Se estipula también con precisión que “procesos posteriores de semi-industrialización, industrialización y procesamiento de residuos se podrán realizar mediante contratos de asociación con empresas privadas nacionales o extranjeras, manteniendo la participación mayoritaria del Estado” (Ley N° 928/2017, Art. único, fracc. III). Mediante esta reglamentación tan minuciosa y detallada que incluye todas las etapas del proceso, se aspiraba a que el sector estatal tuviera total control y conocimiento del proceso del salar de Uyuni, con el fin de que el país pudiera insertarse en el mercado mundial del 249 Consuelo Ahumada litio, sin depender de las grandes multinacionales del sector. Un año después de la aprobación de la ley, en abril de 2018 la empresa ACY Systems, de Alemania, fue seleccionada por el Estado como socio estratégico para un proyecto de procesamiento de un producto denominado salmuera residual, de alto valor comercial. Acorde con la ley, se estableció que el proyecto para la fabricación de las baterías de iones de litio en el territorio boliviano sería 51% estatal y 49% privado. Pero este contrato tuvo que revertirse por presión de la oposición en los días previos al golpe. Sin duda, la estrategia de nacionalización e industrialización de los recursos naturales, en particular del litio, buscaba sentar las bases para el desarrollo económico y social y reafirmar la soberanía nacional de Bolivia y recuperar la dignidad del país. Pero también se convirtió en un nuevo y muy importante desafío a los intereses de Estados Unidos en Bolivia, en su intensa competencia económica y comercial con la República Popular China y con Rusia. Y por supuesto que Washington tenía razones para preocuparse por la suerte de sus intereses coloniales en el país. Después de varias reuniones, visitas y acercamientos entre sus gobiernos, desarrolladas en el curso de la última década, el 19 de junio de 2018 los mandatarios de China y Bolivia se reunieron en Beijing y suscribieron nuevos acuerdos de entendimiento en sectores como infraestructura, comercio, agricultura y seguridad ciudadana. Según la nota de prensa conocida, “firmaron una declaración conjunta sobre una asociación estratégica integral entre sus países, la cual estará sustentada en el diálogo fluido e intenso sobre asuntos bilaterales, regionales y globales, la profundización de la confianza mutua (…)”. Así, Bolivia podrá acceder a la asistencia científica y tecnológica necesaria para materializar futuros proyectos de industrialización de sus recursos naturales” (Radio Habana Cuba, 2018). En el mismo sentido, con Rusia también se hicieron convenios importantes. El 11 de julio de 2019 los presidentes Vladimir Putin y Evo Morales suscribieron siete acuerdos en Moscú, referidos a seguridad, agricultura y energía. Se establecieron convenios bilaterales relacionados con agricultura, seguridad pública y nuclear, exploraciones en la industria del litio y la energía. Se suscribió un Memorando de entendimiento entre el Ministerio de Energías, de Bolivia, y la Cooperación Estatal de Energía Atómica de la Federación de Rusia para el desarrollo de la industria del litio (Página 7, 2019). El exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, ha resaltado también la importancia y potencialidad de la economía del litio para Bolivia en el siglo XXI. Señala que el gobierno trabajaba para convertir al país en el centro de desarrollo energético de la región y 250 EL GOLPE DE ESTADO DE BOLIVIA Y LA CAMBIANTE GEOPOLÍTICA REGIONAL para suministrarles energía a los países vecinos. Por ello, Bolivia era un país bastante apetecido, sobre el cual se cernía una cierta codicia internacional.16 EL PAPEL DE EVO MORALES FRENTE A LA AGENDA DE ESTADOS UNIDOS EN BOLIVIA El liderazgo de Evo se forjó en un periodo de más de tres décadas, en el que pasó de ser dirigente sindical y político del movimiento cocalero de la región del Chapare a convertirse en fundador del MAS y promotor y dirigente de importantes movilizaciones sociales. “El camino recorrido por Evo resume un ejemplo de construcción de liderazgo surgido naturalmente –en lo social y en lo político– en la lucha cotidiana, que lo llevó a resistir para sobrevivir en un país donde el colonialismo, con su carga feroz de racismo, perdura desde hace cientos de años”, señala Calloni (2013: 53). Fue sin duda un periodo marcado por la injerencia creciente y permanente de Estados Unidos en todas las esferas de la vida del país. Dos objetivos centrales marcaron su agenda en Bolivia: la política antinarcóticos, basada en una fuerte militarización del país, y la implementación de las políticas neoliberales, incluido por supuesto el acceso y control de los recursos naturales. En este acápite examinaremos el papel desempeñado por Evo Morales frente a estas dos prioridades. Empecemos por destacar el enorme poder de las fuerzas militares y sus vínculos con el Pentágono, en particular desde los inicios de la Guerra Fría. En el contexto de la marcada inestabilidad política que caracterizó la vida republicana de las naciones de América Latina durante dos siglos, Bolivia ostenta el récord al registrar 189 golpes militares. Al igual que el ejército del resto de los países de la región, el de Bolivia fue entrenado en el Comando Sur de Estados Unidos siguiendo los lineamientos de la Doctrina de Seguridad Nacional. Pero en medio del ruido de las metrallas y los sables, vendría el gobierno progresista del general Juan José Torres, quien fue derrocado en agosto de 1971, antes de completar su primer año, por el general Hugo Banzer. Desde entonces, puede decirse que Estados Unidos estrechó el control sobre las fuerzas militares del país, tal como lo señala el mismo Evo: Cuando llegamos al Palacio Quemado teníamos al Grupo Militar adentro instalado, era como tener la Embajada y la CIA y todo eso. En realidad, todo se manejaba allí. Estaban también en el Estado Mayor del Ejército. Incluso tuvimos que hacer un debate interno en la policía. 16 Entrevista en el programa Hora 23 (Bolivisión, 2019, 16 de julio). 251 Consuelo Ahumada Yo les dije que tenían que destetarse –en esos términos lo dije– de la Embajada de Estados Unidos. Era demasiada la dependencia del grupo de policía de la Embajada. Había llegado a ser una fuerza local que obedecía a una fuerza extranjera (Calloni, 2013: 406). Por eso, el papel de las fuerzas armadas en el golpe de Estado de noviembre pasado, el número 190 en la historia del país, no podía ni debía haber tomado por sorpresa a nadie. Desde finales de la década del ochenta el control militar se intensificó todavía más, en el marco de la estrategia antinarcóticos de Estados Unidos en Bolivia y en los países andinos, en particular Colombia y Perú. En el caso boliviano, esta política se centró en el Chapare, principal zona productora de coca del país. Washington le impuso al gobierno de Paz Estenssoro asesores militares para desalojar a los campesinos y acabar con su cultivo ancestral de coca. Evo, quien se había trasladado a vivir a la región desde su provincia natal en Oruro y empezaba ya a descollar como líder del movimiento cocalero, que se había visto fortalecido desde los años ochenta con un número importante de mineros que se desplazaron a esta actividad después de la privatización de las minas por el gobierno neoliberal. Posteriormente, en 1994, el gobierno boliviano, por imposición de la DEA lanzó el programa Operación Nuevo Amanecer, cuyo objetivo era destruir la producción de coca en el Chapare. Tres años después, Banzer y su vicepresidente Quiroga intentaron imponer el Plan Dignidad, de Estados Unidos, cuyo objetivo era “coca cero”. La reacción contra esta política en contra de los cocaleros no se hizo esperar. En 1994 Evo se convirtió en presidente de la Confederación de Productores de Coca del Trópico de Cochabamba y se puso al frente de enormes movilizaciones por la vida, la coca y la dignidad. La estrategia antinarcóticos se utilizó claramente para militarizar la región y criminalizar la protesta del movimiento cocalero. Fue entonces cuando el gobierno de Sánchez de Losada lo apresó y pretendió extraditarlo, al tiempo que dio inicio a una campaña de medios a nivel nacional e internacional, que pretendía mostrarlo como el zar de la coca (Calloni, 2013). Ya existían claros indicios de que importantes sectores de las elites políticas y militares estaban estrechamente vinculados al negocio de la cocaína. Por ello, al igual que en los otros países andinos, el auge de la producción de hoja coca fue el resultado de la demanda del mercado de la cocaína. Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más grande del país y el eje central de la oposición se convirtió en principal centro del narcotráfico en Bolivia. Importantes empresarios de la región están ligados al negocio, en el cual tienen vínculos con grupos fascistas y racistas de origen nazi y croata y por supuesto, con la DEA. 252 EL GOLPE DE ESTADO DE BOLIVIA Y LA CAMBIANTE GEOPOLÍTICA REGIONAL El 6 de noviembre de 2008, en un acto de soberanía después de que fuera derrotado el intento de golpe de Estado antes mencionado, el gobierno de Evo anunció la sustitución de la DEA por una unidad especializada de inteligencia, dependiente de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) y decidió que sus equipos, vehículos, armamento e instalaciones pasaran a ser propiedad del Estado. Anunció que coordinaría con Unasur, la Comunidad Andina y los países vecinos la lucha antinarcóticos y les dio un plazo de 3 meses a los funcionarios de la DEA para salir del país (Calloni, 2013: 326). También fueron obligados a salir del país la CIA, USAID y todas las demás entidades de Estados Unidos. Además de enfrentarse con tanto valor y decisión a la estrategia antinarcóticos de Estados Unidos, el MAS y Evo se pusieron al frente de la lucha contra la privatización del agua y el gas en Bolivia. En el año 2000 se dio una fuerte movilización social en Chapare, conocida como la Guerra del Agua, para expulsar a la empresa multinacional Aguas de Tunari, a la que el gobierno de Hugo Banzer pretendía entregarle el agua. Ante la presión popular, el mandatario tuvo que revertir el contrato de privatización del agua. Pocos años después, en 2003, el presidente Gonzalo Sánchez de Losada retomó una vieja propuesta de Estados Unidos de llevar el gas hacia el Pacífico pasando por Chile. Era una propuesta que había hecho el presidente Quiroga un año antes, pero había tenido que retirarla. En esta nueva ocasión, el MAS lideró la Coordinadora por la Defensa y la Recuperación del Gas, que se puso al frente de la Guerra del Gas. Sánchez de Lozada debió derogar la medida y convocar un diálogo nacional, pero poco después huyó del país y dejó en la presidencia a Carlos Mesa, quien a su vez renunció antes de completar el periodo. CONCLUSIÓN Examinar las cambiantes y complejas condiciones internacionales, regionales y nacionales y las múltiples interrelaciones entre todos estos planos, resulta crucial para entender a cabalidad el golpe de Estado de 2019 en Bolivia. En el ámbito global, hay dos asuntos centrales: el primero, la guerra económica y comercial entre Estados Unidos y la República Popular China y su disputa por recursos naturales estratégicos e inversiones en todo el orbe. El segundo es el fortalecimiento de la agenda de la extrema derecha en el mundo, sobre todo a partir de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Esta agenda ha estado marcada por unas políticas cada vez más excluyentes en lo económico y lo social, el auge del racismo y el fascismo y la salida militar a los conflictos, entre otras orientaciones. 253 Consuelo Ahumada En el plano regional, el golpe de Estado sobrevino en un periodo marcado por el retroceso de los gobiernos alternativos en la región. El golpe contra Dilma Rousseff, la derrota electoral de las fuerzas progresistas en Argentina y en Uruguay, la traición del gobierno de Lenin Moreno en Ecuador, el asedio permanente a la República Bolivariana de Venezuela han sido los principales hitos de esta tendencia. En esta misma línea, desaparece Unasur y con ello se pierde el poder de convocatoria y unidad de la región en torno a las políticas alternativas que guiaron a estos gobiernos. Una OEA cada vez más sometida a los intereses y designios de Estados Unidos vuelve a cobrar presencia activa en los asuntos del continente, tal como se vio en el caso de Bolivia. En cuanto a las condiciones nacionales en las cuales se logró imponer el golpe de Estado, es necesario entender las tensiones cada vez más marcadas de la sociedad boliviana, expresadas con claridad desde hace más de tres décadas, pero agudizadas durante los 13 años del Estado Plurinacional de Bolivia. En medio de limitaciones, problemas, contradicciones y errores, el gobierno de Evo pudo sacar adelante un proyecto de desarrollo alternativo, caracterizado por una fuerte inversión pública y social y basado en la nacionalización de los recursos naturales del país, por mucho tiempo en poder de las multinacionales y los países poderosos, en especial de Estados Unidos. Además de los logros económicos y sociales, el proyecto pudo devolver la dignidad a una población mayoritariamente indígena y marginada históricamente del Estado y de la política, por parte de una oligarquía comprometida a fondo con los intereses de Estados Unidos. El proyecto de nacionalización e industrialización del litio y la decisión de que el Estado lo desarrollara de manera autónoma, en asociación con otros países, precipitó el golpe. En todo este proceso transformador que emprendió Bolivia el papel de Evo Morales fue fundamental. En este caso, sus grandes enemigos de dentro y de fuera no pretendieron solo acabar con una alternativa económica y social diferente al modelo vigente. También quisieron doblegar al indígena que se atrevió a concretar los derechos de su pueblo, después de 500 años de marginamiento y exclusión. Pero el importante legado del Estado Plurinacional de Bolivia perdurará, no solo para el país sino para los pueblos y naciones del mundo entero. BIBLIOGRAFÍA Ahumada, C. (2016). Las perspectivas de la integración latinoamericana en el marco de la crisis económica global y del nuevo multilateralismo, pp. 67-106. En M. Ardila (Ed.), ¿Nuevo multilateralismo en América Latina? Concepciones y actores en pugna. 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La mayor cobertura, tanto por parte de voces expertas, como de medios de comunicación con proyección internacional, fueron los meses previos a las elecciones, consensuando en torno a una imagen negativa del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), en particular de su líder, Evo Morales. ¿Cómo es que un golpe de Estado pasa prácticamente desapercibido para la comunidad internacional? ¿Quiénes han sido las voces expertas y los medios de comunicación que fueron delineando un consenso negativo en torno a la Bolivia del MAS? ¿Por qué prevalecieron ciertos relatos negativos frente a otros que recuperaban los logros del MAS? ¿Qué actores e intereses podrían asociarse a los sistemáticos procesos de desestabilización y desmoralización del MAS desde el inicio del gobierno (2006)? En el siguiente capítulo intentamos dar respuesta a estas preguntas retomando el concepto de manufacturación de consenso (Chomsky y Herman, 2000) articulado a la noción de red de poder (Mills, 1976), en particular, la red de la derecha internacional (Hamm, 2014; Parmar, 2012) y aplicándolo al proceso de desestabilización y desmoralización a nivel político y de opinión pública del gobierno del MAS, tanto en el ámbito local como a nivel internacional, considerando particularmente el rol del gobierno y del sector privado estadounidense. Para dar cuenta de 259 Silvina Romano, Tamara Lajtman, Aníbal García y Arantxa Tirado ello, retomamos fuentes oficiales (del gobierno de Estados Unidos); informes de think tanks y fundaciones (en especial las vinculadas a cuestiones latinoamericanas y a las expertas en seguridad y estrategia) y publicaciones de los principales medios de comunicación concentrados y bibliografía secundaria. Los resultados se expresan en tres redes de poder que abordan tres momentos clave a lo largo del gobierno del MAS, en particular los últimos años, que contribuyen de modo incipiente a situar y comprender las razones y alcances del golpe de Estado: el referéndum de febrero de 2016 (21F), el golpe de Estado de noviembre 2019 y algunos indicios del proceso posgolpe.1 Cada red está compuesta por instituciones locales, regionales y transnacionales, así como por trayectorias personales de relevancia, que permiten dar cuenta del entramado de intereses materiales (económicos, políticos y geopolíticos) que operan a su vez en el plano de una reproducción ideológica (desde dentro y con proyección hacia el exterior) como antídoto contra cualquier proyecto o alternativa de cambio real frente al capitalismo neoliberal (Zizek, 2003; García Linera, 2015; Dorfman y Mattelart, 2002). MANUFACTURACIÓN DE CONSENSO Y RED DE PODER DE DERECHA Como expondremos a continuación, los ejes del relato negativo en torno al MAS son al menos tres, que vienen repitiéndose de modo sistemático (de allí parte del éxito) desde hace una década: el autoritarismo y la falta de democracia en el gobierno de Morales; la corrupción y el tráfico de influencias de esta gestión; y la supuesta vinculación con el tráfico de drogas y actividades terroristas. Sin desconocer la complejidad de la política interna boliviana, las múltiples dificultades y tensiones que se desarrollaron a lo largo del gobierno del MAS, es llamativo que parecieran prevalecer en la opinión pública aspectos negativos en lugar de los aspectos positivos en torno a la inclusión económica, política y cultural de mayorías históricamente postergadas. Aun reconociendo que no existe una influencia total ni una relación mecánica entre medios de comunicación/redes sociales y la opinión pública, es importante notar que en los meses anteriores a las elecciones de octubre de 2019 proliferaron los análisis destacando la corrupción y la ineficiencia del gobierno, así como el énfasis en las supuestas ansias de Evo Morales por 1 Podría incluirse también el proceso de desestabilización e intento de balcanización de Bolivia en 2008, pero excede las posibilidades de este trabajo. No obstante, es importante aclarar que se trata de un antecedente fundamental para comprender el modo en que operó la derecha en Bolivia durante los gobiernos del MAS. Recomendamos BoliviaLeaks. La injerencia política de Estados Unidos contra el proceso de cambio (2006-2010), Quintana (2016). 260 EL CONSENSO NEGATIVO EN TORNO AL GOBIERNO DEL MAS perpetuarse en el poder (vulnerando aparentemente los valores democráticos), notas que auguraban que inevitablemente la votación de presidente y vicepresidente no se definiría de una vez, sino que habría una segunda vuelta. Entendemos que para comprender este proceso el concepto de manufacturar consenso es especialmente útil, en primer lugar, porque teórica y metodológicamente implica articular y delinear los vínculos (incluidas las tensiones) de las voces expertas (think tanks), los medios de comunicación, el gobierno, los organismos internacionales y las grandes corporaciones (identificar acuerdos, tensiones e intereses). En segundo lugar, porque esta propuesta articulada a la de Wright Mills, de corte sociológico, contribuye a eliminar suspicacias sobre una lectura conspirativa: no se trata de que “alguien” define lo que hay que hacer, sino que se trata de una dinámica compleja de vínculos e intereses que se materializan en decisiones, financiamientos, reuniones, cursos, etc., que reproducen ideas consideradas como las más correctas y adecuadas (sobre política, economía, etc.). Por último, Chomsky y Herman (2000, 1979) advierten que uno de los consensos que atraviesa la política exterior estadounidense (y los mecanismos para influenciar en la opinión pública) desde hace décadas es el del anticomunismo, que en el caso de las relaciones de Estados Unidos en América Latina se ha condensado en el anti-progresismo (Díaz Parra y Romano, 2019; Romano, 2019). Lo preocupante (y efectivo) de este sentido común, es que al ser el comunismo (como categoría muy amplia que en realidad implica cualquier alternativa al neoliberalismo) el peor resultado posible, los actores y componentes de la red de derecha prefieren inclinarse a favor de (o incluso justificar) el fascismo (Chomsky y Herman, 2000: 68-69). El consenso es la reproducción de la ideología dominante, en tanto la eliminación de la posibilidad de pensar/hacer cualquier alternativa viable diferente al statu quo. Se retoma aquí el planteo elemental gramsciano, haciendo énfasis en el rol de ocultamiento de la ideología (Larraín, 2007), que asociamos a la existencia de una red de poder que opera en términos materiales e ideológicos en la reproducción del sistema, pero que suele mostrarse de modo fragmentado o carente de conexiones. Esta red transnacional de poder articula organismos gubernamentales y no gubernamentales, empresas, instituciones financieras internacionales, organismos internacionales, fundaciones privadas y medios de comunicación a nivel local, nacional y transnacional, think tanks y líderes de opinión (Hamm, 2014; Parmar, 2012; Mills, 1978). En el caso de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina como espacio periférico, esta red muestra una sólida articulación y presencia a partir de las dinámicas, programas, proyectos y financiamiento de asistencia 261 Silvina Romano, Tamara Lajtman, Aníbal García y Arantxa Tirado para el desarrollo en diversos rubros, proveniente tanto del gobierno como del sector privado estadounidense (Tellería y Gonzáles, 2015; Romano, 2015; Calandra, 2012; Roelofs, 2012 y 2007; Parmar, 2012; Berman, 1982). Desde ese universo de alcance trasnacional se generan redes de incidencia a nivel nacional y local, expandiéndose en ámbitos como la formación de líderes, asesoramiento de partidos políticos y funcionarios, cursos de formación en universidades, financiamiento a fundaciones privadas y ONG, así como la presencia de estos actores o sus opiniones en la prensa hegemónica. La identificación de algunos de los componentes de esta red permite evidenciar (documentar) al menos dos cuestiones: los intereses geoeconómicos y geopolíticos que prevalecen en la política exterior estadounidense y los sectores aliados a nivel local (incluso considerando la existencia de múltiples tensiones); el impacto de las “voces expertas” y medios de comunicación concentrados (siempre asociados a intereses de determinadas corporaciones trasnacionales e incluso al gobierno de Estados Unidos) en los líderes de opinión.2 Esto contribuye a reforzar ciertos sentidos comunes, que podrían enmarcarse de modo amplio en la reproducción de la ideología hegemónica, que operaría en términos negativos frente a cualquier proceso (gobierno, por ejemplo) que implique un cambio sustancial o se aparte del orden instituido, bajo diversos relatos que así lo justifican (que no son lo suficientemente democráticos, que son autoritarios, que vulneran el orden republicano, que son amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos), en continuidad con el anticomunismo (identificado también con el socialismo, el progresismo, el antimperialismo) en tanto sentido común fuertemente arraigado en las sociedades occidentales y componente clave del “Modo de Vida Americano” (Chomsky y Herman, 2000; 1979; Said, 2004). ANTES DEL GOLPE: REFERÉNDUM 21F Unas semanas previas al referéndum de febrero 2016, destinado a elegir si cabía modificar la constitución del Estado Plurinacional de Bolivia para incluir la reelección presidencial, se desató una campaña de desprestigio/deslegitimación del liderazgo del presidente Evo Morales a 2 La teoría “clásica” del líder de opinión (la de Lazarsfeld, Berelson y Gaudet), sostiene que en un grupo de gente siempre habrá una persona más respetada (por sus conocimientos, status, clase, etc.) y que servirá de referente a los demás. De este modo, al persuadir a esa persona se espera lograr ampliar esa influencia en mayor o menor medida al resto del grupo, que buscará acercarse a las opiniones, acciones y discurso del líder (Scott Smith, 2008: 177). Si bien puede discutirse esta perspectiva y complejizarla, parecería persistir una tendencia de estos líderes a informarse a través del contacto con medios de comunicación (Mattelart y Mattelart, 1997) y, más recientemente, a partir del contacto con las redes sociales, aunque no sean las únicas fuentes. 262 EL CONSENSO NEGATIVO EN TORNO AL GOBIERNO DEL MAS través de medios masivos y redes sociales, el denominado “escándalo Zapata”. En un primer momento se acusó la existencia de una “red de corrupción”, favoritismos y clientelismo propiciada por el Poder Ejecutivo y funcionarios de alto rango del gobierno del MAS (sin pruebas fehacientes). Posteriormente, el caso se centró en la desmoralización del presidente. Pasado el referéndum se hizo público que las pruebas brindadas para inculpar a Evo Morales y a otros funcionarios del gobierno del MAS eran falsas.3 Diagrama 1. Estados Unidos y red de derecha. Referéndum Departamento de Estado de Estados Unidos USAID NED F Fundación Nueva Democracia Raúl Peñaranda V F (formador opinión pública) F Agencia Nacional de Prensa M P Organismo clave en opinión pública D Vicepresidente ANP es vicepresidente de la SIP Ortiz Antelo (Senador Unidad Demócrata) FU M Red Atlas FIDES conservadores “libertarios” Estados Unidos Vicepresidente 2014-2016 I Página 7 Sociedad Interamericana de prensa V Unión de Partidos Latinoamericanos (miembro de la Unión Democrática Internacional) F: Financia M: Miembro V: Vínculo FU: Fundador D: Director C: Conferencia I: Impacto C Fundación Nieman (Harvard) Formación opinión / propaganda opuesta procesos de cambio América Latina Desestabilización y golpes de Estado CEDICE Venezuela Inter American Dialogue ELEUTERA Honduras Instituto Liberal Brasil Fuente: Romano, 2018: 186. 3 Por razones de espacio no podemos profundizar en el caso, que es detalladamente descrito en “El Cártel de la Mentira”. 263 Silvina Romano, Tamara Lajtman, Aníbal García y Arantxa Tirado Destacan varios actores del periodismo y la política local así como voces expertas, provenientes de think tanks y fundaciones vinculadas a reconocidos políticos de la oposición, con contactos en diferentes organizaciones regionales e internacionales, entre ellos: Oscar Ortiz Antelo (senador) y su Fundación Nueva Democracia y la Fundación Milenio, Carlos Valverde, Raúl Peñaranda, Samuel Doria Medina y organismos de prensa como Agencia Nacional de Prensa, Página 7, Agencia de Noticias Fides, Erbol, entre otros. La mayoría de estos organismos son financiados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) por medio de la Fundación Nacional para la Democracia (NED),4 extienden sus vínculos con partidos y organismos de derecha como la Fundación Atlas o la Red Liberal de América Latina (RELIAL), la Universidad Harvard y fundaciones que promueven la “libertad de expresión”, el Inter-American Dialogue (IAD), el Center for International Private Enterprise (CIPE, dependiente de la NED), con importante proyección en la prensa local (Asociación Nacional de Prensa, también financiada por la NED), miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa, y también en contacto con organismos como IFEX de Canadá y la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información (ambos vinculados a la OEA). LA PREVIA AL GOLPE La NED siguió asignando fondos a los organismos y fundaciones presentes en la Figura 1, destacando financiamiento para organizaciones directamente vinculadas a la política interna boliviana: cursos, formación y conferencias sobre elecciones, gobernabilidad, accountability, formación de jóvenes líderes, etcétera. La Fundación Milenio tiene como uno de sus objetivos modernizar estructuras nacionales para crear condiciones de apertura económica, democracia, entre otros. Recibe financiamiento de la NED. El Instituto Republicano Internacional (IRI), think tank creado en 1983 y ligado al partido republicano de Estados Unidos. Sus principales líneas de trabajo son asistencia electoral, buenas prácticas de gobierno, entre otras. Cuenta con financiamiento de la NED y USAID, entre otros. La Fundación para el Periodismo, fundada en 2008, cuenta con financiamiento de la Embajada Británica en Bolivia, el Banco de Desarrollo de América Latina, Konrad Adenauer Stiftung, NED, entre otros. La Agencia Fides es miembro de la Agencia Nacional de 4 Loreta Tellería profundiza estos vínculos en el tercer capítulo de esta obra “La asistencia de Estados Unidos a Bolivia en el siglo XXI. Entre la injerencia y la subversión”. 264 EL CONSENSO NEGATIVO EN TORNO AL GOBIERNO DEL MAS Noticias y de la Sociedad Interamericana de Prensa (campaña directa en contra de gobiernos progresistas). Recibe financiamiento de la NED. Se vincula con universidades como Harvard, a través de cursos y un premio brindado por la Fundación Nieman (vinculada a la Sociedad Interamericana de Prensa en programas de lucha por la “libertad de expresión”). La Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, constituida en Santa Cruz en 2015, dirigida por José Antonio Rivera Santiváñez, su secretaria es Julieta Montaño Salvatierra, en mayo de 2015 recibió el premio Mujeres CORAJE de la USAID y recibe financiamiento de la NED. En noviembre de 2018 la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia y la Fundación de los Derechos Humanos presentaron una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA contra la repostulación de Morales. La presencia directa de la USAID (sin intermedio de subagencias como la NED) en vísperas de las elecciones (entre el 27 de agosto y el 13 de septiembre de 2019) se dio a partir de la asistencia técnica a la respuesta de incendios forestales en la Región de Chiquitanía con la presencia en territorio de 14 expertos. Según información oficial, uno de los grupos permaneció en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, brindando asistencia al Centro de Operaciones de Emergencia del Gobierno de Santa Cruz (COE) para reforzar la logística, la planificación y la coordinación a nivel departamental y local. Además, un experto en aviación del USFS brindó orientación técnica a los funcionarios de la Fuerza Aérea sobre coordinación, táctica y seguridad de operaciones de fuego-tierra-aire.5 LA OPINIÓN EXPERTA Destaca uno de los informes de Inter American Dialogue6 –con la “opinión experta” de Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública, Center for the Study of Economic and Social Reality y Brújula Digital– que: 1) por primera vez, en una década y media, se espera que las elecciones de 2019 sean cerradas; 2) en caso de que gane Morales, parece poco probable que el MAS tenga el mismo control legislativo actual, lo que puede derivar en que se vea obligado a hacer alianzas; y 3) el principal desafío es “la baja legitimidad del proceso electoral” debido al referéndum de febrero de 2016, que permitió la participación de Morales en el actual proceso electoral. 5 Ver https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/OFDA_LAC_Newsle tter_October_2019.pdf 6 Ver https://www.thedialogue.org/analysis/will-bolivias-next-election-lead-to-more -uncertainty/ 265 Silvina Romano, Tamara Lajtman, Aníbal García y Arantxa Tirado También es clave la opinión difundida por American Society/ Council for Americas (AS/COA), que afirma que Morales perdió el 21F y que la ley le prohibía un cuarto periodo en la presidencia.7 Asimismo, y como trasfondo geopolítico fundamental, deben incluirse las voces expertas de think tanks directamente interesados en los recursos naturales, que incluso aparecen en los cables de Wikileaks,8 dando cuenta de una “guerra por los recursos”, que tiene al litio boliviano como epicentro y donde se percibe la preocupación por la presencia de otros competidores. En un artículo titulado “El papel de Bolivia en la transición energética amenazado por la incertidumbre del litio”, el Atlantic Council –think tank referente del establishment imperialista fundado en 1961 en el marco de la Guerra Fría– plantea que: Bolivia tiene un alto potencial para ser crucial en el desarrollo de litio (…) el mayor inhibidor de la inversión extranjera es la reputación de Bolivia que tiene un clima de inversión inseguro. Después de asumir el cargo en 2006, Morales nacionalizó la industria de hidrocarburos de Bolivia, despojando la propiedad de compañías extranjeras. (…) El litio puede convertirse en un problema geopolítico. China ya tiene una producción nacional significativa y ha comprado una gran parte de la compañía de litio más grande de Chile, consolidando cierto control sobre el suministro de litio (Atlantic Council, 2018, 6 de agosto). Más de un año antes de las elecciones, Stratfor (consultora que realiza investigaciones de inteligencia para el gobierno estadounidense) plantea, en una serie de informes, un escenario posible (¿deseado? ¿buscado?) de disturbios, inestabilidad y posibles sanciones de Estados Unidos frente a una victoria de Evo Morales. a) La amenaza de la nacionalización y la fuerte intervención estatal permanecerán siempre presentes si Morales logra la reelección, una perspectiva que podría desalentar a los inversores extranjeros interesados en las reservas de litio del país (Stratfor, 2018a, 15 de junio). b) Una ola prolongada de protestas también traería consigo riesgos políticos para el gobierno de Morales. (…) sofocar violentamente las protestas poselectorales correría el riesgo de atraer la atención negativa de los Estados Unidos en forma de sanciones selectivas. 7 Ver https://www.as-coa.org/articles/poll-tracker-bolivias-2019-presidential-race 8 Ver https://wikileaks.org/plusd/cables/09LAPAZ1599_a.html 266 EL CONSENSO NEGATIVO EN TORNO AL GOBIERNO DEL MAS Las sanciones pueden hacer poco para revertir un resultado electoral, pero podrían amenazar las finanzas de los funcionarios del gobierno boliviano y pueden influir en su voluntad de buscar otro mandato en el poder (Stratfor, 2018b, 20 de septiembre). En cuanto a las repercusiones en la prensa, se percibe una continuidad y proyección de lo planteado por las voces expertas y actores de la oposición que encuentran voz y visibilidad en estos medios de comunicación: 1. Washington Post. El gobierno de Evo Morales ha experimentado una década de estabilidad económica y alivio de la situación de pobreza. Pero esta estabilidad económica incluyó medidas características del autoritarismo de izquierda: colocar amigos en los tribunales, ignorar medidas de fiscalización y permitir la corrupción más descarada (…). Para Jorge Quiroga, expresidente boliviano de centroderecha que está liderando la oposición, la pregunta es si la Corte Interamericana actuará como “una especie de hospital en el que solo se hacen autopsias a democracias ya muertas, o como un hospital que interviene lo suficientemente a tiempo como para salvar al paciente” (Washington Post, 2019, 4 enero). 2. The Guardian. Bolivia, junto con Nicaragua, es la única democracia que permite reelección ilimitada en América Latina (…) “Esto es un golpe contra la Constitución y una burla frente a los resultados del referéndum” advierte el senador conservador Óscar Ortiz a este medio (The Guardian, 2017, 3 diciembre). 3. El Nuevo Herald. El presidente Evo Morales está siguiendo el clásico manual de las dictaduras. Primero, eliminó los límites de permanencia en la presidencia (…) Morales, ha atacado también a los medios independientes, proponiendo una “ley contra las mentiras”, atacando las noticias que valoran negativamente su gestión. La comunidad internacional debe apoyar la democracia y los Derechos Humanos en Bolivia. El Senado de Estados Unidos ha dado un paso en este sentido, aprobando unánimemente una resolución calificando como antidemocrática la repostulación de Morales (El Nuevo Herald, 2019, 26 mayo). Del contexto pregolpe también hay que destacar relatos basados en el “repertorio clásico” de la doctrina de seguridad hemisférica estadounidense que identifica al enemigo político (en este caso, encarnado en la figura de Evo Morales) con el terrorismo/narcoterrorismo (Loveman, 2009). Este relato (articulado por think tanks y el propio gobierno estadounidense) data de los años en que Evo Morales se desempeñaba 267 Silvina Romano, Tamara Lajtman, Aníbal García y Arantxa Tirado como dirigente cocalero9 y persiste durante su gestión como presidente, incluyendo la última campaña electoral. • El 17 de noviembre de 2019 The Wall Street Journal publica nota titulada “Morales Made Bolivia a Narco State: How many Mexicans know the role that Evo has played in the coca business?” (The Wall Street Journal, 2019, 17 noviembre). Personajes como Carlos Sánchez Berzain10 y Leonardo Coutinho11 hacen difusión de ese texto en sus cuentas de Twitter. • El 19 de noviembre de 2019 Berzain publica nota de opinión “La confrontación en Bolivia es Narcotráfico contra la Democracia”, que es reproducida por varios medios (Berzain, 2019, 19 de noviembre). • Una crónica de World Politics Review titulada “Who Isn’t Involved?: How Corruption Fuels Trafficking of Cocaine in Bolivia” plantea que la expulsión de la DEA en 2008 dejó sin control la corrupción relacionada con las drogas en los niveles más altos del gobierno boliviano, creando espacio para un aumento alarmante de la actividad ilícita que impregna los cuerpos inferiores del gobierno, especialmente en las cárceles y entre las fuerzas del orden (World Politics Review, 2018, 6 junio). Este relato crítico y desmoralizador acerca del líder del MAS coincide con el hecho de, que durante su gestión, llevó a cabo políticas alternativas en materia de seguridad y defensa, principalmente por medio de la nacionalización de la lucha contra el narcotráfico (Ledebur y Youngers, 2012; CONALTID, 2016) y medidas concretas de cuestionamiento de la presencia estadounidense en el país, tales como la eliminación de la oficina de la CIA del palacio de gobierno y la expulsión de la DEA (Tellería y Gonzales, 2015). Desde entonces, Bolivia fue sistemáticamente “descertificada” por la Casa Blanca por medio de determinaciones que declaran que el país ha fracasado en cumplir obligaciones contenidas en los acuerdos internacionales sobre estupefacientes.12 9 En diciembre de 2001 (4 meses después de los ataques a las Torres Gemelas) en un foro organizado por el Center of Strategic and International Studies (CSIS) en Washington, el embajador de Estados Unidos en Bolivia, Manuel Rocha, se refirió a los cocaleros como “talibanes” (La Prensa, 2001, 6 de diciembre; citado en Lazarte, 2008: 52). 10 Ver https://twitter.com/Csanchezberzain/status/1196244710962143232 11 Ver https://twitter.com/lcoutinho/status/1196420143817142272 12 Las motivaciones políticas de la “descertificación” unilateral por parte de Estados Unidos se evidencian si se tiene en cuenta una serie de indicadores positivos como, por ejemplo, el hecho de que se ha logrado incautar más de 200 toneladas de cocaína 268 EL CONSENSO NEGATIVO EN TORNO AL GOBIERNO DEL MAS EL GOLPE Aunque Morales haya salido victorioso en los comicios del 20 de octubre (por un margen un poco mayor al 10 por ciento) la oposición declaró inválidos los resultados, tal como lo preveían influyentes think tanks y medios de prensa internacional. Esto provocó una escalada de violencia para justificar un golpe de Estado cívico, policial y militar. Finalizados los comicios, la oposición rechazó los resultados, denunció fraude y se negó a participar en la auditoría conducida por la OEA, que deslizó desde un inicio que, efectivamente, el gobierno del MAS había vulnerado los datos para que el conteo final resultara a su favor. En este escenario, que se venía augurando y proyectando desde hacía tiempo, los actores locales e internacionales coinciden en general con aquellos vinculados a la manufacturación del caso Zapata, así como a la campaña antirrepostulación y de deslegitimación del MAS entre 2018 y 2019. Los actores clave en el golpe de Estado y la manufacturación de consenso en torno a la necesidad de expulsar al MAS del gobierno se vincularon y proyectaron a nivel internacional a través de las fundaciones, ONG y medios de comunicación concentrados que forman parte de la red de poder de derecha desde hace décadas. Esto explica la rapidez con la que se legitimó el golpe a nivel internacional, a pesar de la ilegalidad y los altos niveles de violencia física y simbólica que llevaron a la renuncia del MAS, su posterior persecución y exilio de buena parte de la cúpula y funcionarios de nivel medio del gobierno. ACTORES DESTACADOS A NIVEL LOCAL/NACIONAL Carlos Mesa. Candidato opositor al MAS y expresidente de Bolivia. Implicado en campaña y montaje previos al 21F, implicado en rol desestabilizador de la OEA. Forma parte del Inter-American Dialogue (IAD). Luis Fernando Camacho. Presidente del Comité Cívico de Santa Cruz. Tuvo reuniones con Ernesto Araujo (Forum, 2019), Gustavo Tarre, quien estaba asociado al Center for Strategic & International Studies.13 Tiene lazos políticos con Branko Marinkovic, quien se refugió en Brasil en 2010 tras ser acusado de sedición y separatismo de Santa Cruz (El Diario, 2020, 15 enero). En diciembre de 2019, Camacho fue invitado al IAD (Telesur, 2019). Carlos Sánchez Berzain. Exministro de Defensa de Gonzalo Sánchez de Lozada (2003). El 27 de octubre estuvo con Roxana entre 2006 y 2013, frente a las 67 toneladas del periodo 1988 a 2005; o que según el informe 2016 de la UNODC sobre la situación de la lucha contra las drogas en Bolivia, el área cultivada con coca en 2015 es la más baja desde que este organismo inició el monitoreo de cultivos de coca en Bolivia en 2003 (UNODC, 2016). 13 Ver https://twitter.com/LuisFerCamachoV/status/1166319600394539008 269 Diagrama 2. Estados Unidos y red de derecha: golpe en Bolivia Gobierno Estados Unidos FU OEA Fundación Milenio USAID NED O Fundación Nueva Democracia Opinión experta crítica gobierno MAS V I (formador opinión pública) R M Ortiz Antelo Centro para la Empresa Privada Internacional M M (Senador Unidad Demócrata) M Vicepresidente 2014-2016 Unión de Partidos Latinoamericanos (miembro de la Unión Democrática Internacional) Red Atlas conservadores “libertarios” Estados Unidos I Desestabilización y golpes de Estado FU M Página 7 Sociedad Interamericana de prensa V C C D FIDES M Atlantic Council Global Energy Center Formación opinión / propaganda opuesta procesos de cambio América Latina Litio Bolivia: Unsafe Investment Climate - mayo 2019 Fuente: Romano, Lajtman, García Fernández y Tirado, 2019. www.celag.org. R I golpe M “Lider oposición bolivariana” Human Rights Foundation Noruega C Ética y ley CONADE I Williams Kaliman ONG Ríos de Pie ambientalista Inter American Dialogue Fundación Nieman (Harvard) Panamá Papers CNN D D Fraude Violencia Vaca Daza M Agencia Nacional de Prensa V Camacho Santa Cruz Organismo clave en opinión pública FU Waldo Albarracin predice V Raúl Peñaranda F Stratfor Carlos Mesa I voz experta periodista V F V Medios y redes sociales I CNN FOX F: Financia M: Miembro V: Vínculo Bloomberg Entrenado en Fort Benning ex-Escuela de las Américas Logos International University religiosa / cristiana R: Reconocimiento FU: Fundador D: Director C: Conferencia I: Impacto O: Objetivo EL CONSENSO NEGATIVO EN TORNO AL GOBIERNO DEL MAS Lizárraga, quien formó parte del gobierno golpista de Añez hasta el 26 de enero. También estuvo acompañado de Manfred Reyes Villa, acusado de enriquecimiento ilícito y entrenado en Fort Benning, y Mario Cossio, quienes viven en Estados Unidos (Página/12, 2019, 18 de noviembre). Escribe periódicamente para Infobae y es director del Interamerican Institute for Democracy. Waldo Albarracín. Decano de la Universidad Mayor de San Andrés, y miembro del Consejo Nacional en Defensa de la Democracia (CONADE). Instó a la resistencia civil para defender el voto y garantizar la segunda vuelta en el país (El Diario, 2019, 14 noviembre). Iván Arias Duran. Fue protagonista del operativo encubierto previo al Golpe. Se reunió con el opositor Jaime Antonio Alarcón Díaz y otros miembros de los comités cívicos, donde acordaron obtener equipos de votación rápida para las elecciones presidenciales, a fin de utilizarlos para manipular la opinión pública sobre los resultados electorales y declarar fraude. Jhanisse Vaca Daza. Directora de la ONG Ríos de Pie (Standing Rivers), la cual ha utilizado su plataforma de manera permanente para diseminar información manipulada y generar un rechazo hacia las políticas del gobierno a nivel nacional. Ríos de Pie es financiada por Freedom Fellowship de Human Rights Foundation (HRF) de Estados Unidos. Williams Kaliman. Fue juramentado como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia en diciembre de 2018. Antes se desempeñó como comandante general del ejército y parte de su formación militar la realizó en Estados Unidos en Fort Benning (ex Escuela de las Américas).14 ACTORES DESTACADOS A NIVEL INTERNACIONAL El proceso fue avalado desde fuera, por gobiernos y organismos internacionales. Como se expone a continuación, destaca el gobierno de Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea (UE), la OEA y los numerosos medios de prensa que otorgaron voz a los perpetradores del Golpe. El Subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Michael G. Kozak, advirtió el 21 de octubre que “Estados Unidos está observando de cerca la 1a ronda de elecciones en Bolivia, especialmente la repentina interrupción de la tabulación electrónica de votos. Autoridades electorales deben restaurar credibilidad y transparencia al proceso ya para que se respete la voluntad del pueblo”.15 Este mismo día, avisó que Estados Unidos trabajará con la “comunidad internacional” contra “cualquiera que menoscabe las instituciones 14 Ver https://www.williamjperrycenter.org/alumni-news/alumni-meeting 15 Ver https://twitter.com/WHAAsstSecty/status/1186276427416657922 271 Silvina Romano, Tamara Lajtman, Aníbal García y Arantxa Tirado democráticas de Bolivia” y que “Estados Unidos rechaza los intentos del Tribunal Electoral de subvertir la democracia de Bolivia al retrasar el conteo de votos y tomar medidas que socaven la credibilidad de las elecciones bolivianas”. Al día siguiente, la Embajada de Estados Unidos en Bolivia hizo un llamado al TSE para que actúe inmediatamente para restaurar la credibilidad en el proceso de conteo de votos.16 Por su parte, representantes de la UE se sumaban a las opiniones que desacreditaban el resultado de las elecciones: • La inesperada interrupción del conteo electrónico de votos después de la primera vuelta de las elecciones generales en Bolivia ha generado serias dudas que deben ser totalmente aclaradas de manera inmediata. • Se espera que las autoridades bolivianas, especialmente el Tribunal Supremo Electoral, aseguren lo máximo de transparencia en el conteo de votos, y en el proceso de registro de los resultados. • Es vital garantizar la credibilidad del proceso electoral, asegurar la confianza de los votantes y respetar la voluntad del pueblo boliviano. Los recientes incidentes deben ser investigados. Además, hacemos un llamado a todas las partes a abstenerse del uso de la violencia. • La Unión Europea ha sido y es un socio principal de Bolivia en la promoción del desarrollo económico y social, y también en el fortalecimiento del Estado de Derecho. Nuestra cooperación se basa en un compromiso compartido de los valores y principios democráticos que deben ser respetados en todo momento. (European Union External Action, 2019). En cuanto a la comunidad interamericana, destaca el papel de la OEA. El 21 de octubre (preparando el terreno para el consenso a nivel internacional), la OEA declaró que este proceso electoral se ha dado en condiciones muy complejas. Durante esta observación electoral, la Misión de Observación Electoral de la OEA ha testificado la inequidad evidente entre las candidaturas. Ha sido notorio el uso de recursos públicos durante la campaña. La Misión de la OEA manifiesta su profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas. Oportunamente, la Misión dará un informe con recomendaciones de cara a una segunda vuelta (OEA, 2019). 16 Ver https://twitter.com/EmbEUAenBolivia/status/1186577693011333120 272 EL CONSENSO NEGATIVO EN TORNO AL GOBIERNO DEL MAS Contribuyó con conteos de votos que no fueron representativos y con declaraciones de su representante, que contrastaban con otros informes más completos como el de CEPR (Long et al., 2019). También otros organismos como CELAG cuestionaron la demora en la publicación del informe completo y luego criticaron el método de la OEA (Rebelión, 23 de noviembre de 2019). A ocho meses del Golpe el The New York Times publicó un artículo replicando informe de un think tank criticando el método utilizado por la OEA y deslizando que tal vez no hubo fraude. Los principales medios de comunicación concentrados y agencias de prensa se alinearon rápidamente en contra del gobierno del MAS, retomando las declaraciones de organismos internacionales y expertos. Una nota de la BBC (2019, 22 octubre) titulada “Bolivia: furia por la confusión en los resultados…”, advertía que si “se demostraban los resultados, Morales y Mesa deberían enfrentar una segunda vuelta el 15 de diciembre”. The New York Times (2019, 21 octubre) titula directamente: “Presidente acusado de fraude en elecciones en Bolivia…”. En la nota se retoma un tuit de Waldo Albarracín, retuiteado por la Agencia de Noticias Fides. Se comenta cómo Albarracín, herido por el gas lacrimógeno, “Ensangrentado, dijo que el hecho se produjo cuando exigían que se respete el voto”. A su vez, recupera la declaración del candidato opositor, Mesa: “este gobierno está tratando de bloquear la segunda vuelta”, mientras que aclara que Mesa sería el preferido en una segunda vuelta. Por su parte, el Washington Post (2019, 22 octubre) titula “Protestas, incendios provocados, saqueos en Bolivia mientras los opositores acusan a Evo Morales de intentar robar elecciones” y prosigue: La oposición y observadores internacionales elevan sus quejas, mientras el presidente de turno, Evo Morales se adjudica una victoria electoral (…). Los críticos advierten que las elecciones podrían perder pronto legitimidad, la violencia estalló en varias ciudades, el país está al borde de transformarse en aquello que han insistido [el gobierno de turno] que no es: Venezuela (Washington Post, 2019). En la misma línea, pero dando eco a los organismos internacionales, The Guardian (2019, 21 octubre) subraya que “la Unión Europea advirtió que la interrupción inesperada del conteo electrónico de votos genera preocupación. La OEA también afirma estar profundamente preocupada y sorprendida por el drástico y difícil de explicar cambio en la tendencia, luego de la interrupción del conteo” y retoma los principales ejes del relato anti MAS: Según expertos: la incapacidad de Morales para ganar en primera vuelta refleja la preocupación por la ralentización de la economía, los 273 Silvina Romano, Tamara Lajtman, Aníbal García y Arantxa Tirado escándalos de corrupción, y su obsesión con buscar un cuarto mandato a pesar de la negativa en el referéndum, muchos bolivianos están preocupados porque de reelegirse, Morales estará en el gobierno por casi veinte años ya (The Guardian, 2019). Por último, la Agencia Reuters (2019, 22 octubre) indica que “Los manifestantes inundaron las calles de la capital boliviana frente a los resultados de las elecciones, ante la sospecha de la manipulación de los resultados por parte del TSE. La manifestación ha sido una de las más concurridas en la última década, más de 100 000 personas”. Otorgando legitimidad a la oposición, describe: “El candidato opositor Mesa apareció en las manifestaciones en la ciudad de Santa Cruz, y declaró: justo ahora, a unos metros, se está cometiendo un fraude fabuloso, para hacernos creer que no habrá segunda vuelta (…) le están mintiendo al país y dando la espalda al voto de ustedes”. DESPUÉS DEL GOLPE: GOBIERNO DE FACTO Y LA “NORMALIZACIÓN” DEL ESTADO Desde el apoyo del Secretario de Estado a la presidenta de facto (Department of the State, 2020), hasta la celebración del trabajo de la OEA y las numerosas visitas oficiales y reuniones, dan cuenta del rápido acercamiento al gobierno estadounidense y sus agencias (CNN, 2020, 15 enero). Vuelve a operar con bastante rapidez la asistencia bilateral en el ámbito electoral y en lo relativo a asesoría y potenciales acuerdos en seguridad, rubros donde existe una aceitada relación, que había sido en parte obstaculizada durante los gobiernos del MAS. Este retorno se justifica con un relato de “normalización”, para volver al Estado anterior al gobierno del MAS. Se suman al retorno de Estados Unidos en Bolivia, las agencias e instituciones de la Unión Europea, que no dudan en mantener vínculos y financiar al gobierno de facto, incluso en asesoría técnica para procesos electorales (ámbito donde la diferencia entre lo técnico y lo político es únicamente a nivel formal). ASESORÍA EN EL ÁMBITO ELECTORAL Desde inicios de 2020 diversas fuentes (funcionarios estadounidenses, comunicados oficiales, funcionarios del gobierno de facto) advierten sobre la asistencia estadounidense a las elecciones en Bolivia, precisamente el ámbito donde se desataron las tensiones que conllevaron a la deslegitimación del MAS (sobre todo en el exterior) y a la posibilidad de un golpe de Estado. El 6 de enero Trump determinó que la provisión de asistencia de Estados Unidos a Bolivia en el año fiscal 2020 es vital para los intereses nacionales de Estados Unidos (Casa Blanca, 2020). Pocos días después, 274 EL CONSENSO NEGATIVO EN TORNO AL GOBIERNO DEL MAS el secretario privado de Añez, Erick Foronda Prieto, reveló que tras el levantamiento del veto a Bolivia la asistencia estadounidense priorizará los siguientes temas: apoyo a las elecciones, cuidado del medio ambiente y emprendimientos tecnológicos de jóvenes, seguridad y defensa. En relación al primer punto, confirma la llegada de cuatro técnicos de la USAID para respaldar todo el proceso electoral en conjunto con la cooperación de la OEA, UE y Naciones Unidas (La Razón, 2020, 8 enero). Es fundamental destacar el retorno de la Office of Transition Initiatives (OTI) de la USAID a Bolivia. Esta oficina fue clave en el proceso de desestabilización a inicios del gobierno del MAS y el intento de golpe cívico-prefectural de 2008, aprobando más de un centenar de subvenciones con un valor de 4 066 131 de dólares para ayudar a los gobiernos de la Media Luna a “operar más estratégicamente” (Main y Beeton, 2015). Actualmente, en el contexto previo a las elecciones de septiembre de 2020, la misión de la OTI, según información oficial, es apoyar “el entorno propicio para un proceso electoral informado, transparente, e inclusivo que pueda responder a crisis inesperadas a través de: i) el fortalecimiento de la capacidad de los nuevos actores políticos para la autoexpresión y la interacción; ii) la promoción de procesos democráticos de reflexión interna en organizaciones sociales representativas; iii) aumentar la capacidad de las organizaciones locales para articular una respuesta a las crisis derivadas de la pandemia de coronavirus (USAID, 2020). El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que tenía proyectos antes del Golpe, también decidió ceñirse a proyectos de asistencia para el proceso electoral con el actual gobierno de facto. Bajo estos programas el PNUD canalizó la cooperación internacional de Alemania, Dinamarca y Reino Unido. El mismo TSE informó sin tanto detalle la asistencia que estaba recibiendo para reformular el TREP por el nuevo sistema llamado Difusión de Resultados Preliminares (DIREPRE). Para ello, contrataron a la empresa Reckon Digital con un contrato por 669 700 USD para la creación del sistema de cómputo, la preparación de técnicos y su instalación. La empresa Danoffice IT tiene contrato por 743 244 USD para suministro de computadoras. Por último, la empresa Cancom Online Gmbh de Alemania tiene contrato por equipos de cómputo por 318 810 USD.17 Además, cada línea estratégica de apoyo cuenta con la asistencia de la ONU, Embajada de Suecia, UE, Gobierno de Canadá y Reino Unido. La ONU trabaja con ONU Mujeres y el Programa de Voluntarios de la ONU (VNU), la Fundación IDEA colabora con “otras líneas de cooperación técnica” (Fuente Directa, 2020, 7 febrero). 17 Ver https://procurement-notices.undp.org/view_awards.cfm 275 Silvina Romano, Tamara Lajtman, Aníbal García y Arantxa Tirado ASESORÍA Y POTENCIALES ACUERDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD: LA “DEUDA” DE LA GUERRA ANTINARCÓTICOS El Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Paz, Bruce Williamson manifestó el deseo de Washington de “fortalecer” las relaciones con La Paz, refiriéndose incluso a la posibilidad de que la Administración para el Control de Drogas (DEA) vuelva a operar en el país andino, decisión que dejó en manos del gobierno interino.18 Según Erick Foronda, la asistencia estadounidense en los rubros de seguridad y defensa será fundamental “porque se ha descubierto en Bolivia la presencia de narcoterrorismo y una fuerte presencia del narcotráfico que merece una atención particular”, por lo que plantea la importancia de restablecer relaciones con la NAS (Oficina de Asuntos Antinarcóticos) (La Razón, 2020, 8 enero). El 5 de febrero de 2020 el diputado Tomás Monasterio de Unidad Demócrata (UD) entregó una carta dirigida al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, en la que solicita que la DEA inicie una investigación internacional a Evo Morales por el delito de narcotráfico. El 2 de marzo Bolivia participó por primera vez en la conferencia anual de planeación USCAP 2021, para fortalecer lazos de cooperación internacional en seguridad. El evento hace parte del Plan de Acción Conjunta de Seguridad Regional liderado por Colombia y Estados Unidos.19 De acuerdo al último Informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR) de 2020, realizado por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado “el gobierno de transición ha logrado avances importantes en la interdicción y extradición de narcotraficantes”. El reporte marca una valoración claramente opuesta los informes anteriores en los que se considera que, bajo la administración del expresidente Morales, Bolivia “ha fracasado demostrablemente” en cumplir con sus obligaciones. Concretamente, el informe recomienda que el próximo gobierno debe basarse en los esfuerzos del gobierno de transición para fortalecer los esfuerzos para detener el desvío del procesamiento de coca a cocaína mediante el endurecimiento de los controles sobre el comercio de la hoja de coca, el logro de reducciones netas en el cultivo de coca y la mejora de la aplicación de la ley y los esfuerzos judiciales para investigar y procesar la actividad criminal relacionada con las drogas (Department of State, 2020a). Por su parte, la UE (principal socio internacional de la estrategia de nacionalización de la lucha contra el narcotráfico llevada a cabo por el gobierno del MAS) concretó un apoyo de 27 millones de euros destinados 18 Ver https://twitter.com/LaRazon_Bolivia/status/1197256223877451776?s=20 19 Ver https://twitter.com/USEmbassyBogota/status/1234554375550439425 276 EL CONSENSO NEGATIVO EN TORNO AL GOBIERNO DEL MAS a la gestión gubernamental, lucha integral contra el narcotráfico y desarrollo (10 millones); políticas sectoriales de agua, saneamiento, cuencas y recursos naturales (17 millones). El jefe de la Delegación de la UE, León de la Torre, manifestó que este desembolso es parte del compromiso de esa organización para el apoyo al proceso de transición democrática que atraviesa Bolivia (Presidencia de Bolivia, 2020, 17 febrero). CONSENSO EN CONTRA DEL MAS E INVISIBILIZACIÓN DEL GOBIERNO DE FACTO: THINK TANKS Y PRENSA Antes del golpe de Estado en Bolivia, el Inter-American Dialogue publicó tres notas sobre las elecciones. En una nota de agosto de 2019, invitaron al director de Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública, ONG financiada por USAID y a Raúl Peñaranda a dar “opinión experta” sobre las elecciones (Inter-American Dialogue, 2019). En octubre, en vísperas de las elecciones criticaron un probable nuevo periodo de Evo Morales y la nota fue replicada por el Washington Post (2019, 14 octubre). Posterior al golpe, volvieron a invitar a Raúl Peñaranda y a Daniel Moreno director de Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública para criticar la función que tuvo el TSE en las elecciones. Vale destacar que, de las noticias sobre lo acontecido en Bolivia, el Inter-American Dialogue es uno de los think tanks con presencia en medios y agencias de impacto, como AP y Fox News. Después del golpe, el Atlantic Council publicó informe sobre la profundización de la crisis política y la división racial y Bolivia como reflejo de la polarización de la región. Hasta diciembre de 2019, los medios que retomaban la “opinión experta” de think tanks como el Atlantic Council, el Inter-American Dialogue, Wilson Center, WOLA y Brookings Institution fueron Infobae, The Washington Times, The Voice of America, El Deber, Fox News. Como dato clave, a pesar de que hubo un golpe de Estado en Bolivia, la escasez de informes contrasta con las numerosas publicaciones sobre Venezuela, México, o la cuestión migratoria. En conjunto con la valoración (en general negativa respecto del MAS) en los informes y apariciones en la prensa, se produce una invisibilización del caso de Bolivia. La atención brindada en la previa a las elecciones y las numerosas notas dando cuenta de los numerosos defectos del gobierno del MAS, contrasta con la escasa presencia tanto en informes, como en eventos e intervenciones en la prensa que tengan como eje el desempeño del gobierno de facto de Bolivia. A nivel local, destacan libros y artículos publicados por la Fundación Milenio (financiada por la NED) después del golpe: “La Chiquitanía desvela la verdad del país. Políticas agroambientales y calidad de gobierno en Bolivia” (2019, noviembre); “Las claves de la 277 Diagrama 3. Estados Unidos y red de derecha. Gobierno de facto Corporaciones y Think Tanks Estados Unidos servicios Stratfor de consultoría publica Informes que “predicen” segunda vuelta e inestabilidad 2019. Crítica Política del MAS sobre litio Departamento Defensa servicios de Estados Unidos consultoría IBI Consultores Center for Strategic and International Studies evento Tuto Quiroga el camino a seguir en Bolivia (post golpe) NED financia Murillo gira Estados Unidos Embajada EEUU La Paz Fundación Milenio secretario privado Foronda Prieto reunión investigador Informes favorables gobierno facto ministro de gobierno Asesoría Electoral exfuncionario OTI informante OEA Salvador Romero Tribunal Superior Electoral vínculo exasesor apoya PNUD Sánchez Berzain dirige Council of the Americas publicación publica asistencia USAID subagencia presidente RAND Corporation Gobierno de facto Bolivia Departamento de Estado agencia Farah investigador Gobierno EEUU Ortiz Antelo Presencia DEA podcast Americas Quarterly Raúl Peñaranda voz experta Inter American Dialogue publica sobre Bolivia Fuente: Elaboración propia basada en diversas fuentes. “Bolivia is still stuck on Morales” FOX AP Denuncia contra Evo Morales por narcoterrorismo corporaciones europeas Reckon Digital Dannofice CancomOnline Gmbh Inter American Institute for Democracy evento Sociedad Interamericana de Prensa EL CONSENSO NEGATIVO EN TORNO AL GOBIERNO DEL MAS transición democrática y la política como arte de negociación” (2019, diciembre), reproducido por Brújula Digital: “Bolivia: el día después, cambios que vienen o ya están aquí” (2020, mayo), entre otros. ACTORES DESTACADOS Douglas Farah: presidente de la consultora en seguridad nacional IBI Consultores que realiza consultorías para el gobierno de Estados Unidos. Es investigador senior del CSIS e investigador del Center for Strategic Research de la National Defense University de Estados Unidos. En octubre de 2019 publicó el Informe “Bolivia: Socio silencioso en la empresa criminal conjunta bolivariana. Evo Morales, el MAS y la inestabilidad regional” (Farah, 2019). También colabora con William J. Perry Center for Hemispheric Defense Studies y con RAND Corporation. Erick Foronda Prieto: periodista boliviano que llegó a ser jefe de redacción de los medios de prensa Última Hora y La Razón. Tiene ciudadanía estadounidense. Trabajó durante más de 20 años en la oficina de prensa de la Embajada de Estados Unidos en La Paz, posición desde la cual desempeñó un papel importante en la obtención de información sobre sectores periodísticos y políticos bolivianos, en función de crear escenarios favorables a Estados Unidos. Se convirtió en persona de confianza, estableciendo un vínculo estrecho con el exembajador Philip Goldberg. Pieza clave en la campaña del “NO”, en el 21F. Fue asesor de Oscar Ortiz. Como secretario privado de Áñez, acompañó al ministro de gobierno de facto Arturo Murillo en su visita a Estados Unidos.20 Luis Fernando López: ratificó que se realizaron conversaciones con miembros de las fuerzas armadas antes de la renuncia del entonces presidente Evo Morales, para establecer acuerdos y mantener el orden constitucional. Fue encargado de realizar el acercamiento con efectivos de la las fuerzas armadas. Hasta asumir el Ministerio de Defensa fue presidente ejecutivo de Lola Group S. R. L., agencia cruceña especializada en estrategia, marketing y comunicación integral. Fue oficial e instructor de la Escuela de Cóndores Satinadores en Sanandita, entre 1986 y 1989. Este cuerpo fue creado en 1981 durante la dictadura de Luis García Meza y desde 1987 realiza ejercicios conjuntos con Fuerzas Especiales estadounidenses, de las que recibió instrucción en lucha “antiterrorista”. Arturo Murillo: empresario hotelero. Llegó a la política cuando lo convocó el excandidato millonario a presidente Samuel Doria Medina, referente de Unidad Nacional (UN). En diciembre de 2019 realizó una visita a Estados Unidos. Se reunió con Mauricio Claver-Carone, director para América Latina del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca. También participó en el evento en AS/COA junto a Marco Rubio. Dialogó 20 Ver https://twitter.com/erickforonda2?lang=es 279 Silvina Romano, Tamara Lajtman, Aníbal García y Arantxa Tirado con John Barsa, funcionario de la USAID. Su visita a Estados Unidos se completó con dos reuniones: una en la CIDH y otra en la OEA con Luis Almagro. CONCLUSIÓN Lo acontecido en Bolivia marca un antes y un después en la historia de ese país y de América Latina en el siglo XXI. Pero esta ruptura es llamativa, precisamente por las continuidades. Por un lado, encuentra numerosas coincidencias con las prácticas y relatos de los gobiernos dictatoriales de la década de los setenta en la región: desestabilización, golpe a manos de las fuerzas armadas, persecución política, exilio, pedidos de captura internacional, violencia física contra funcionarios y funcionarias, negación de salvoconductos para funcionarios y funcionarias asilados en una embajada, entre otros actos de máxima vulneración a los derechos políticos y sociales. Por otro lado, las instituciones, relaciones, trayectorias y financiamiento ilustrados en las redes de poder datan también de varias décadas atrás, trascienden por ello en tiempo y espacio (van de lo local a lo trasnacional) al gobierno del MAS, a la vez que lograron atravesar, influenciar e incidir en el día a día de la política interna, en momentos clave para la legitimación o reforzamiento (o lo contrario) de dicho gobierno. Así, los importantes intentos de desmoralización y desestabilización del proceso de cambio en Bolivia fueron posibles en buena medida gracias a la existencia de esta trama, que muestra la confluencia de cada actor y organismo con otros, al operar en beneficio de sus propios intereses, obstaculizando, deslegitimando, desarticulando cualquier proyecto o proceso que se desvíe de ciertas normativas y lineamientos consensuados en torno al neoliberalismo. De modo tal que no es necesario que la iniciativa provenga especial o particularmente del gobierno estadounidense o su sector privado, para “poner en marcha a la oposición en contra del gobierno”. No, porque este sector tiene su propia historia, técnicas y herramientas. No obstante, también es cierto que una oposición tan debilitada y desacreditada como la derecha boliviana logró avanzar hasta un golpe de Estado, en cierta medida gracias al apoyo brindado o encontrado en esta red institucional, no solo en el financiamiento, sino gracias a la proyección a través de think tanks, fundaciones y medios de comunicación que colocaron a este grupo sistemáticamente “del lado correcto de la política”, al tiempo que colocaron en el polo opuesto al MAS. Una vez consolidado este consenso negativo a nivel local e internacional, es tarea compleja desarticular la trama de sentido que se teje en torno a un relato que selecciona determinados hechos, pone énfasis en ciertos personajes y focaliza en algunas aristas del problema, invisibilizando otras. Esta selectividad tiene gran impacto, pues incluye la invisibilización o incluso justificación de actos de 280 EL CONSENSO NEGATIVO EN TORNO AL GOBIERNO DEL MAS violencia y criminalización de personas, grupos y sectores con determinadas ideas y prácticas políticas. BIBLIOGRAFÍA Americas Society / Council of the Americas. (2019, 18 de octubre). Poll tracker: Bolivia’s 2019 Presidential Race. Disponible en https:// www.as-coa.org/articles/poll-tracker-bolivias-2019-presidentialrace Acceso 8 de julio de 2020. Atlantic Council (2018, 6 de agosto). Bolivia’s role in the energy transition threatened by lithium uncertainty. 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NOTA DE COMPILADORES Lo sucedido en Bolivia es un parteaguas en la historia reciente de América Latina. Se trata de un golpe de Estado “clásico” que, en pleno siglo XXI, conecta con las tácticas, ideología, prácticas y reacciones propias de los gobiernos cívico-militares de la década de los setenta que ha tenido un enorme impacto no solo en la política, la economía y la sociedad boliviana, sino que se percibe inevitablemente en la vida cotidiana de la población boliviana. Es llamativa, sin embargo, la escasa cobertura y atención de la comunidad internacional (más allá del gobierno de Estados Unidos y declaraciones puntuales de la Unión Europea) frente al hecho y a los procesos posteriores en el país, lo que conduce a reflexionar sobre qué es lo que se dice hoy, qué se dirá mañana sobre el golpe, según el análisis de diferentes sectores. Y lo más importante: ¿cómo se está elaborando este proceso en la memoria colectiva?1 Algunos antropólogos plantean que existe una “memoria débil” y una “memoria fuerte” (Manz, Oglesby, García Noval, 1999). Podría asumirse en cierta medida que la memoria fuerte es la que se transforma en “historia oficial”, pero no por ello es más real (o válida) que la historia relatada y rememorada por el pueblo ¿Cómo elaborará la sociedad 1 Sobre historia y memoria, recomendamos Halbwachs (1947: 3-30). 287 Ernesto Eterno boliviana y latinoamericana este golpe? ¿Qué quedará en la memoria? ¿Quiénes escribirán la “nueva historia oficial” de Bolivia? El último trabajo publicado en esta compilación consiste en un relato vida modo de historia oral, e incluso “relato de vida” sobre el modo en que ocurrió el golpe (entrelazando aspectos coyunturales e históricos desde una perspectiva y narrativa geopolítica): los actores involucrados, los tiempos y dinámicas, los intereses en juego. Apelar al relato de alguien que experimentó el proceso, incluso comprendiendo la subjetividad del análisis, no solo permite recuperar datos valiosos (se trata de un actor privilegiado en cuanto a acceso a información), sino que transmite el sentimiento individual y colectivo en torno a lo sucedido, otorgando determinados significados a este golpe de Estado (que probablemente comparten y sienten las personas que allí estaban) trascendiendo la mera descripción del hecho en sí mismo (Fraser, 1993). 2 El objetivo es, en primer lugar, contribuir no solo a no olvidar, sino a una construcción de memoria colectiva, desde el presente, para comprender por qué hoy pueden repetirse (con diversos matices) eventos de un pasado aparentemente tan distante como el de la contrainsurgencia y las dictaduras militares en la región, además de constituir uno de los tantos caminos y esfuerzos para asegurarnos de que no suceda nunca más. Por otro lado, este es solo el comienzo de una vasta tarea que anhelamos sea continuada por colegas de la academia, del ámbito político y la militancia, de reunir y sistematizar los relatos de las personas involucradas en este momento trágico de la historia de Bolivia y de América Latina, solo así lograremos mantener viva la memoria. BIBLIOGRAFÍA Fraser, R. (1993). La historia oral como historia desde abajo. Ayer, 12. Halbwachs, M. (1947). La Mémoire Collective et le Temps. Cahiers Internationaux de Sociologie, 2, pp. 3-30, París. Manz, B.; Oglesby, E. y García Noval, J. (1999). De la memoria a la reconstrucción histórica. Guatemala: Asociación para el Avance 2 Es importante destacar que ambas estrategias metodológicas se basan en entrevistas en profundidad abiertas, combinadas con la triangulación de otras fuentes (Pujadas, 2000). No obstante, nos atrevemos a tomar el relato como una pieza de historia oral y de relato de vida, por la implicación del actor con los hechos, cuyo relato, dada la reversión de procesos en Bolivia, se ha tornado rápidamente en una narración de los subordinados ante una nueva institucionalidad que presiona con violencia para extirpar lo que hasta hace unos meses era una nueva historia oficial del Estado Pluricultural de Bolivia, construida a partir del consenso de la Asamblea Constituyente de 2006. 288 Estados Unidos en Bolivia: imperialismo recargado contra un “triste país” de las Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO), Colección Autores Invitados. Pujadas, J. (2000). El método biográfico y los géneros de la memoria. Revista de Antropología social, 9, pp. 127-158. INTRODUCCIÓN En el balance histórico sobre la política estadounidense en Bolivia resulta dominante su injerencia y responsabilidad en promover no solo cambios de gobierno sino también la violación sistemática de los derechos humanos como paso previo al saqueo de la Nación. La larga lista de estas violaciones crueles e inhumanas están a la vista: masacres sangrientas, golpes de Estado, supresión de derechos ciudadanos, persecuciones, encarcelamiento, tortura, asesinatos selectivos y ejecuciones sumarias. La patente de corso preside su intervención en procesos electorales desde la década de los cuarenta, golpes militares en las décadas de los sesenta y setenta y, en la actualidad, su explícito apoyo y financiamiento en operaciones subversivas encubiertas con fines de desestabilización y quiebre de gobiernos no alineados a sus intereses, como el ocurrido en noviembre del 2019 contra Evo Morales. Su condición de imperio, maquillado de democracia aliada, ha obligado al norte a preservar la constante necesidad de imponer dominio mediante sus doctrinas de seguridad, control de recursos naturales y su imperativo geopolítico en la región impulsando a sucesivos gobiernos, democráticos y autoritarios, en el uso indiscriminado de la fuerza pública y otros métodos criminales. Durante décadas, la resistencia y las luchas del pueblo boliviano contra a la intervención extranjera colocan al imperialismo como fundamento de la liberación y su emancipación definitiva que no parece agotarse en el corto plazo. Nada hace presumir que Estados Unidos esté interesado en la democracia, en la guerra genuina contra los delitos transnacionales ni en el apoyo sincero en promover el desarrollo, como pretendieron hacernos creer este último medio siglo. Esta narrativa solo sirvió como fuente de legitimación o máscara de proa para imponer su proyecto político, ideológico, económico y militar. Quienes crean lo contrario debieran acercarse a revisar los intereses estratégicos de Estados Unidos en el mundo para descubrir el prontuario de las violaciones de los derechos humanos y la impostura estadounidense en América Latina y Bolivia, en particular, a lo largo del siglo XX y comienzos del XXI. I Desembarcaron imperceptibles antes del 10 de noviembre, durante los días aciagos y después del golpe. La bruma de la euforia callejera de los 21 días sirvió como la mejor máscara de proa para parapetarse 289 Ernesto Eterno en los lugares claves, desde los cuales disparaban con la eficacia de francotiradores. Llevaron a cabo la operación quirúrgica policial-militar que el Comando Sur y la CIA planificaron años antes. Los comités cívicos habían hecho un trabajo impecable con la misma fuente de financiamiento con la que lubricaron el trabajo político de diversas ONG, iglesias y sectores ultraconservadores. La extirpación de la “bestia indomable”, como solían decir los agentes del crimen encubierto en los pasillos del búnker de la Avenida Arce refiriéndose a Evo, estaba ocurriendo en una sucesión de hechos relativamente ordenados que rematarían como estaba previsto. En Washington, los operadores políticos se frotaban las manos a la misma hora en que la OEA sellaba la caída definitiva del enemigo común, acordada previamente con el Departamento de Estado. Almagro se había encargado de comunicar a sus asesores que salía de vacaciones a alguna isla del Caribe después de cumplir las tareas sucias encomendada por sus amos. El informe sobre las presuntas irregularidades electorales había vomitado su cuota de sangre días antes de lo acordado. Cada palabra del informe y cada dato que lo sustentaba, estudiado con perfección de cirujano, tenían la chispa necesaria para incendiar la pradera e inocular el veneno letal. Los medios de comunicación y la explosión deliberada de las redes colocaron la munición de guerra en las calles. Destruir a Evo era una devolución de gentileza, pensaba el Secretario General, que ayudaría a su reelección para seguir destripando países desde el altar de la inmundicia hemisférica llamada OEA. Desde Washington, Miami y La Paz se celebraba el corolario del golpe con una euforia indescriptible, al borde de las lágrimas, al mismo tiempo que imaginaban una venganza terrible contra quienes habían osado expulsarlos ignominiosamente del país para escribir su propia historia. En ningún lugar de América Latina, a excepción de Cuba, Nicaragua, Ecuador o Venezuela, el decoro nacionalista había alcanzado la categoría de la dignidad como en Bolivia. Empero, los titulares del gobierno antimperialista más largo de toda su historia jamás habían sospechado que la daga imperial esperaba pacientemente la hora precisa para asestar el golpe mortífero. Nunca tomaron en serio ni fueron constantes para tomar conciencia necesaria de la tenebrosa historia de la CIA y sus agentes respecto al largo y a veces impenetrable historial de crímenes, vendettas, asesinatos u operaciones encubiertas para destruir gobiernos. Se movieron con una torpeza inocente que daba signos de adormecimiento, pero también de desconcierto y subestimación del coloso que mata sin estridencia. El gobierno de Evo Morales se desplomó sin disparar un solo tiro. En el dilema de sacar tanques a la calle o replegarse políticamente primó la vida de la gente. Se evitaron las muertes que no merece un país 290 Estados Unidos en Bolivia: imperialismo recargado contra un “triste país” para que horas más tarde la dictadura ensangrentara, nuevamente, las calles por exigencias de la felonía extranjera con la complicidad perenne de los entregadores. Las guarimbas andinas operaron con una eficacia puritana que nadie lograba explicarse. Los mandos de las FF. AA. y Policía hicieron lo suyo, se postraron de rodillas ante un triste y pobre cañonazo de dólares. Hasta Fernando Camacho sabía el precio de la conducta ruin de uniformados educados con modales coloniales. Extraña caída de un gobierno popular que durante casi 14 años le había privado al imperio más grande del mundo hacer lo que le diera la gana en territorio que no era el suyo. Evo quebró la maldición de vivir humillados en tierra propia. Esta suerte de xenofilia compulsiva y acomplejada había permitido que los gringos acostumbraran a meter la mano en todo aquello que se les antojara. Hicieron del país su mejor colonia, la más dócil, aquella en la que los mecanismos de enajenación oficiaron de ama de llaves. La sucesión de gobiernos entreguistas había cedido todo a cambio de dádivas con las cuales disponían de la vida y milagros del país. Con el gobierno de la revolución democrática y cultural se terminó aquello de que la visa estadounidense equivalía al valor de una patria. Los bolivianos tuvieron el coraje de devolver las cosas a su lugar cuando los estadounidenses desalojaron el país que no les pertenecía. Empero, una minoría acomplejada y adusta sentía en carne propia la nostalgia de su ausencia y nuevamente se postraron a sus pies para evitar la humillante derrota histórica que cambiaba el país para siempre. II Retomar Bolivia o recolonizarla implicaba un inexorable ajuste de cuentas. En tiempos en los que prima la furia imperial nadie vuelve a reocupar la provincia rebelde pidiendo disculpas ni tocando amablemente las puertas. Ningún gesto de clemencia era aceptable luego de tanta infamia, de tanta “retórica antiestadounidense”, de tanta acusación contra el modelo universal y ejemplar de democracia. Había llegado la hora en la que el modelo democrático estadounidense dejaba de ser cuestionado cotidiana y públicamente por su impostura. Se cancelaba el relato amargo de las fechorías imperiales que sucedían a lo largo y ancho del mundo y que servían al gobierno para mostrarlos como en realidad eran y no como decían que eran. Los estadounidenses cavilaban. Pareciera que de nada había servido ocupar material y culturalmente este territorio durante más de 50 años hasta que tuvo que aparecer un “talibán andino” al mando de sus tropas irreverentes, presuntos terroristas, pidiendo respeto a la soberanía de su país y lo que es peor, haciéndolo respetar como corresponde a una “patria que aspira a vivir con decencia y morir con honor” como alguien dijo. 291 Ernesto Eterno ¿Cómo pudo escapar del dominio geopolítico este “triste país” en cuyas manos está el gobierno del mundo? ¿Qué sucedió para que esta “gente malagradecida”, que vivía en la miseria absoluta, lograra transitar por el camino indeseado a su quimérica independencia? ¿Era admisible que esta república andinocéntrica, sometida durante tanto tiempo por los tecnócratas coloniales y sus cómplices nativos, pudiera convertirse en el modelo regional exitoso sin pasar por las recetas encantadas del Consenso de Washington? Sí, claro que sí, todo esto era posible y estaba ocurriendo sin su consentimiento, pero no debía prosperar más porque era un mal ejemplo para el resto. La región está convulsionada, se dijeron, y había que poner las cosas en su lugar. Sus analistas –think tanks– salieron al paso sosteniendo que el Departamento de Estado había sido muy complaciente permitiendo que los “países bananeros” se aprovecharon de su involucramiento beligerante en Medio Oriente. La desatención del Sur le estaba costando caro al orgullo imperial, respondían los halcones. “Tenemos que retomar el control de nuestro patio trasero”, sugerían los senadores latinos que veían el escenario como una amenaza a su prestigio de matones macilentos y a sus negocios turbios. En tanto este escenario no cuadraba con el imperativo hegemónico, exigieron disciplinar al pelotón de naciones díscolas o “estados fallidos”. Y en Bolivia, así fue. El 11 de noviembre del 2019, a escasas horas de consumado el golpe, casi con un cinismo decrépito, la Casa Blanca emitía un comunicado señalando que estaban monitoreando los sucesos en Bolivia:3 “Hacemos un llamado a todos para que se abstengan de la violencia”, señalaron. Claro, lo hicieron para evitar el desborde social después de haber alimentado todas las formas de violencia callejera y simbólica que precipitaron la caída del gobierno del MAS. Evo ya había emprendido el camino sin retorno y el país estaba en manos de las Fuerzas Armadas o del Comando Sur que es lo mismo, en medio de la desazón policial que pedía clemencia para que los militares eviten su linchamiento por haber ofendido el símbolo de la whipala. En un acto demencial imperdonable, policías de distintos rangos procedieron a arrancar la whipala de sus uniformes y de lugares emblemáticos como si se tratara de un acto de extirpación de idolatrías. Policías indígenas mostraban el profundo lastre colonial antiindígena que luego matizaron con el uso de la Biblia en actos grotescos de expiación pública. Toda una sociología de sumisión cultural y negación de sí mismos que merece un estudio aparte. 3 Véase https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-donald -j-trump-regarding-resignation-bolivian-president-evo-morales/ 292 Estados Unidos en Bolivia: imperialismo recargado contra un “triste país” Hoy, a pocos días del golpe y como si se tratara de un acto de venganza política la gente les grita sin temor alguno en las calles “¡Motines, motines!”. Son gritos que interpelan desde lo más profundo de su impotencia popular la conducta abyecta de policías y militares entrenados para masacrar al pueblo. En cada grito se destila la memoria de un país que vive todavía el arbitraje armado. Una democracia triste bajo la sombra de las bayonetas. III Los estadounidenses no solo planificaron y diseñaron la ruta del golpe, las fuentes de financiamiento, la configuración de la estructura policial/judicial y sus eslabones operativos, sino también las tareas represivas posteriores. Medio siglo de ocupación les enseñó que no hay que dejar vacíos porque luego irrumpe la plebe enajenada por deseos de libertad. Por eso no llegaron para contemplaciones ni para dejar que las cosas sucedieran al azar. Están acostumbrados a cerrar círculos, ciclos políticos, aplastar caudillos nacionalistas, luego de proficuos estudios psicológicos, y en Bolivia, después de 14 años de vacancia humillante, requieren galvanizar su retorno matizado de escarmiento, colocando en la pica a quienes osaron desafiarlos impunemente. Su actuación responde al tipo de gobierno del que proceden que no es otra cosa que una caricatura grotesca de la identidad de aquello que dicen ser. Su retorno encaja con la estrategia de la tercerización represiva para evitar reacciones innecesarias o acusaciones anticipadas que afecten la operación y su prestigio posterior. Es un desembarco calculado que no admite errores. Poseen control absoluto del poder político desde el propio Palacio de Gobierno, y por extensión, dominio férreo sobre el Ministerio de Gobierno cuyo titular, otra caricatura simiesca, hace de guardián de cosas supremas desde su condición de testaferro orondo. Todas sus dependencias coercitivas se han puesto en línea bajo un mando policial servil que está bajo vigilancia remota. Policías y civiles tocan el cielo con las manos cuando suenan las alarmas operativas o cuando deben investigar y detener a presuntos sediciosos y terroristas que están haciendo un supuesto daño el proceso de “pacificación” o estorbando la “transición democrática”. Hay un ejército de policías detrás de cada ciudadano estadounidense ofreciendo sus mejores servicios truculentos para satisfacer su ansiedad vengativa y la necesidad de restaurar el mando sobre un Estado anémico. Policías y militares sacan a relucir sus mejores galas para postrarse de hinojos mostrando sus expedientes vinculantes. Es la mejor hora de los oportunistas desde cuya miseria moral se considera al poder extranjero como imperativo de poder, orden y modernización frente a muchedumbres premodernas, incómodas y desafectas al progreso. 293 Ernesto Eterno Los lambiscones surgen de todas partes y se muestran serviles para todo: se mueven inquietos en el comando policial, en cada fuerza especial, en las unidades operativas hasta en las comisarías de barrio. Se intuye que los extranjeros son los únicos capaces de sostener este edificio de poder sustitutivo frente a la amenazante turbulencia social. Creen que es el tiempo de construir nuevas fidelidades ante el ocaso masista. La promesa golpista de subir los salarios al mismo nivel de las Fuerzas Armadas y de lograr el sueño de una jubilación con el 100% de su último sueldo inyecta una dosis adicional de compromiso y entusiasmo a una policía acostumbrada al maltrato salarial, a las cuotas ilícitas exigidas por sus mandos, al desprecio de clase y al abuso colonial silenciado por la necesidad y el miedo a perder un oficio que a veces se convierte en botín de calle. La estructura represiva cuenta con los mejores cuadros de las unidades militarizadas que el gobierno previo no pudo desmontar porque no se lo propuso o porque fueron ineptos para ello. De la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) salen sus mejores elementos de inteligencia que combina con unidades de intervención rápida. Los estadounidenses tuvieron décadas para entrenarlos en una convivencia subalterna que trascendía gobiernos, incluso de corte progresista o antimperial. La “Escuela Garras del Valor” en realidad era una usina ideológica que haciendo creer que combatían el narcotráfico terminaban enajenados a los pies de la DEA o la NAS para fines inconfesables. Más que una escuela de entrenamiento era un centro de domesticación. Por su parte, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) que periódicamente manda sus “mejores cuadros” a estudiar técnicas de investigación anticrimen o antiterrorismo a Lima, Colombia o Miami que es lo mismo, está disponible las 24 horas del día. Están entrenados para sostener un discurso aparentemente coherente y cuando la incoherencia predomina a la hora de acusar a las víctimas, procede la astucia criolla. Estos cuadros de “élite” operan incluso sin fiscales frente a cualquier orden superior que nace de las entrañas del ministerio de gobierno o de su equipo de asesores jurídicos ansiosos de incriminar inocentes para complacer al “jefe” que debe complacer a otros “jefes” extraños pero imperativos. Trabajan en equipo en la construcción de escenarios sediciosos aparentes, reconstruyen imaginarias rutas financieras, conexiones con presuntos autores, cómplices y encubridores para dar pábulo a sus hipótesis desquiciadas, pero necesarias para alimentar el circo mediático y el consumo popular de episodios malsanos. La única forma que encontraron para legitimar la brutalidad represiva, la violación sistemática de los derechos de las personas, suspender 294 Estados Unidos en Bolivia: imperialismo recargado contra un “triste país” sus garantías constitucionales y explosionar el orden jurídico es mostrando un tablero sedicioso y a responsables visibles de un gigantesco y siniestro plan destinado a destruir la democracia, incendiar el país y volverlo comunista, o por lo menos narcoterrorista. Su mayor aspiración es encontrar el “Plan” o en su ausencia, la exigencia suprema es “montar pruebas” para demostrar evidencias de que 14 años del gobierno de Evo Morales fueron lapidarios para el país. Para esta coartada cuentan con el relato necesario de la sedición y el terrorismo, filiales imaginarias del miedo, aunque no saben exactamente su significado. Los medios de comunicación, como los guardianes de un orden inexistente, repiten como loros domesticados y al unísono la palabra “sedición y terrorismo” sin crisparse un segundo o mover algún músculo curioso de sus cerebros. Lo importante de toda la escenificación de los supuestos delitos o de funcionarios corruptos es que necesitan simular operaciones gansteriles como si fueran ejecuciones prolijas de un trabajo de desmontaje para el que cuentan con fiscales solícitos, jueces bastardos y policías dóciles que juegan a mostrarse eficaces ante la mirada de sus patrones. Por cierto, una prensa idiotizada por el consenso fabricado para consumo senil se muestra dispuesta a incrementar la luz de sus reflectores en directa proporción a las “primicias” que reciben con la sutileza de cuervos hambrientos. Es toda una parafernalia y un montaje policíaco que conduce a la pulverización de los derechos constitucionales o la implantación de un Estado de No derecho. Los miembros de la Inteligencia policial, si puede llamarse inteligencia a un pelotón de sicarios entrenados para obedecer sin preguntar, admiten que vive un “tiempo feliz” frente al pasado inmediato en el que su engranaje estaba oxidado al límite de su extinción. Se quejan de que el gobierno del MAS no los tomaba en cuenta porque creían saber más que ellos puesto que su oficio es saber más que nadie. Ahora, los llamados “servicios de inteligencia” se ofrecen como doncellas maltratadas a un amo poderoso expresando una conducta sumisa e infame que los retrata como una verdadera fuerza de ocupación colonial. Nunca antes los equipos de inteligencia policial habían dispuesto de un mando unificado, recursos económicos ilimitados, apoyo político sin retaceos ni ambigüedad, tecnología renovada (drones, cámaras, dispositivos de escucha, instrumentos de clonación de celulares) y una guía ordenada de trabajo que los convierte en los gladiadores supremos del país. Tienen un ministro cuyo discurso revanchista y vengativo exacerba y tensiona su musculatura de simios tambaleantes. Cada conferencia de prensa organizada para mostrar pruebas inventadas, vínculos sediciosos imaginarios o testigos intimidados sirve para aprobar sus técnicas y multiplicar la firmeza de sus actos ilegales, al mismo tiempo para recibir el óleo del jefe de la manada. 295 Ernesto Eterno Como en los mejores tiempos de la dictadura y el neoliberalismo, se rearticuló la “comunidad de inteligencia”, constituida por los departamentos de inteligencia de las FF. AA., policía, entidades civiles estratégicas (migración, Aduana, entidades de frontera) cooperados por viejos policías y militares a los que los estadounidenses los entrenaron como mastines hambrientos a precio de plato de lentejas. Más que una “comunidad” se trata de un triángulo perverso formado por militares y policías del servicio pasivo, FF. AA. y policía del servicio activo y el equipo político encubierto de la embajada. Son cientos de agentes que forman parte de la comunidad, aunque los estipendios y las indulgencias solo se distribuyen entre pocos. Si algo queda claro en este océano de actos grotescos que atentan contra la seguridad y dignidad de las personas es que el oficio de la inteligencia policial, en esta hora decisiva, tiene la oportunidad de barrer con todos los obstáculos legales y formales para hacer su trabajo en forma y constituirse en el centro de gravedad del nuevo régimen: el régimen servirá a la inteligencia lo que la inteligencia proveerá al régimen, una suerte de termómetro de cuya vigilia dependerá la vida del gobierno como sueñan los agentes del nuevo orden político. La estructura represiva es un viaje al fondo del nuevo régimen gobernado desde afuera. Sin reparo alguno funcionan escuchas telefónicas ilegales, persecución insidiosa contra sospechosos de toda índole, emboscadas policiales para esquilmar a incautos, detenciones indebidas intimidando familias íntegras, cobros descomunales de supuestos costos judiciales, audiencias arregladas con fiscales corruptos y jueces venales; “cosecha milagrosa” dirán algunos con el cinismo de siempre. A la maquinaria represiva montada para fines de desmontaje político se agrega la estructura judicial-policial extorsiva tradicional cuyos intereses corporativos semimafiosos empieza a enredarse generando grietas que a corto plazo podrían profundizarse y enturbiar el orden que ellos mismos intentan crean cotidianamente. El perfeccionamiento de la “siembra de pruebas”, la invención de conexiones, declaraciones bajo presión y promesa de medidas sustitutivas, traslados intimidantes de celdas, tortura y confinamiento en lugares insalubres y tétricos, forman parte del menú del régimen policíaco que gobierna la nación a expensas del discurso de “pacificación” para consumo de idiotas. El país entero mostró su malestar cuando la presidenta autonombrada decidió subirse al ruedo electoral echando al tacho sus promesas de gestionar una transición electoral limpia, transparente y democrática. En un intento fallido quiso bajar la crispación de propios y extraños aclarando que haría campaña en horas fuera de oficina y fines de semana como si el gobierno no fuera un oficio de 24 horas. 296 Estados Unidos en Bolivia: imperialismo recargado contra un “triste país” Bolivia es un laboratorio político en el que se instala el proyecto largamente acariciado por los estadounidenses y que hoy pueden hacerlo realidad: el Estado policial. Disparar primero y preguntar después constituye la fórmula que funciona no solo en el ámbito de la justicia, también en otros escenarios como en el sector público, en la economía, las finanzas, en las empresas, pero fundamentalmente en los medios de comunicación. Como juego de abalorios, las acusaciones sin fundamento llueven en cascada mientras se preparan otras que sustituyen a las primeras en una sucesión interminable destinada a aumentar el volumen del malestar social contra el gobierno saliente. Es el pan de cada día que la prensa mediocre, enteca y venal esconde con el mismo entusiasmo con el que actúa el sistema judicial. El mejor ejemplo de los abusos y violaciones sin límite del nuevo régimen constituye el encierro intimidante de las personas asiladas en la embajada de México a las que aún se mantiene en calidad de detenidos políticos. Ni en las dictaduras más crueles y venales la condición de asilo y la Convención que la respalda ha sufrido todas las formas inimaginables de estupro como el que se practica actualmente. Sin contemplación alguna y con un enfado insólito decidieron vulnerar la Convención de Viena de 1961, relacionada con el asilo político, a gusto y paciencia de la propia Cancillería boliviana expuesta al ridículo y la vergüenza internacional. La presencia asediante de decenas de policías de toda especie en los exteriores del edificio, realizando operativos masivos e intimidantes de manera periódica, trasladando equipos de reflectores para iluminar los alrededores, expresando actitudes hostiles, abusivas, insultantes y desprolijas dice de la obsesión persecutoria del régimen y su desenfado por la economía jurídica internacional. Un acto que podría asumirse como demencial, que resume el clima de violaciones flagrantes de los derechos humanos y las normas internacionales ocurrió el 30 de enero. Esa madrugada se secuestró a dos de los asilados, César Navarro y Pedro Damián Dorado, después de haber recibido los salvoconductos para cumplir su asilo en México. Mediante un operativo combinado entre policías y fiscales, luego de su desplazamiento al aeropuerto internacional, se los detuvo ilegalmente y se los trasladó a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) en un acto incomprensible y aberrante que hoy trata de ser justificado por el ministerio de gobierno y cancillería por la “descoordinación entre policía y fiscalía”. La protección diplomática organizada para el efecto y encabezada por la embajada de México, Unión Europea e Iglesia Católica, fue burlada de manera vergonzosa no plagada de violencia e intimidación de agentes civiles encubiertos preparados para la ocasión por el propio gobierno. 297 Ernesto Eterno El mismo día se detuvo indebidamente a la ciudadana Patricia Hermosa, exsecretaria de Evo Morales, para robarle los documentos que acreditaban la inscripción de Evo a la lista de diputados y senadores. La detención ilegal de la ciudadana tenía como objetivo robar específicamente la libreta del servicio militar obligatorio de Evo Morales, sin cuyo requisito no se habilita como candidato a diputación o senaduría. Hermosa, en su condición de apoderada legal fue acusada de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo y encarcelada a pesar de su estado de gravidez previamente declarado, otro hecho inaudito que caracteriza al régimen, amén de otros cientos de abusos y violaciones de derechos humanos. A este caso se suma otra detención indebida, días más tarde, del exdiputado del MAS, Gustavo Torrico, por presuntas declaraciones públicas como corresponde a la libertad de expresión, pero que fueron interpretadas por el régimen como pruebas de sus actividades sediciosas y terroristas, situación que fue oportunamente denunciada por el propio Relator Especial de la ONU sobre independencia de jueces y abogados, Diego García Sayán. Sayán, en un artículo de prensa señaló categóricamente que Podría haber [sido] esta una transición democrática; pero no, hay persecución política usando a la justicia [...] Con razón, ha generado ya alarma internacional despertando memorias de oscuros momentos de la historia boliviana que parecían cobijados en un pasado lejano [...] Contra la palabra empeñada y la esencia de un gobierno transitorio y de agenda acotada, la imprevista postulación a la presidencia de la señora Áñez golpeó en la médula misma de una transición en la que el gobierno habría tenido que ser 100% neutral. [...] En este contexto delicado, hay razones para concluir que la independencia judicial está bajo ataque y que el ejercicio libre de la abogacía se encuentra seriamente afectado (El País, 7 de febrero de 2020). La suspensión de garantías constitucionales como el debido proceso o la presunción de inocencia ocurren silenciosamente a diario contra personas vinculadas al gobierno anterior e incluso contra personas inocentes a las que se ha privado de libertad y procesado ilegalmente por encontrarse cerca de los hechos represivos callejeros ocurridos en noviembre. Su condición humilde impide que los medios se interesen en estos casos y como no podía esperarse de otra manera ni la Defensa Pública ha mostrado interés en cumplir sus deberes institucionales. Días previos a estos acontecimientos descritos, el enviado especial de la ONU, Jean Arnauld, había llamado la atención al régimen para frenar el conjunto de abusos denunciados por la Defensoría del Pueblo y otras entidades, además de los afectados, recomendando que se debía prestar especial atención al respeto y garantía del debido proceso. 298 Estados Unidos en Bolivia: imperialismo recargado contra un “triste país” El funcionario señaló que “En un contexto electoral es esencial que no se realicen actos de persecución política incluyendo el abuso de procedimientos judiciales” (Erbol, 3 de febrero de 2020). Los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Declaración del Consejo Permanente de Seguridad de la OEA, el informe de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Argentina, la declaración explícita del Director de Human Rights Watch, Vivanco, sobre el golpe de Estado y sus expresiones violatorias de los derechos humanos en Bolivia apenas han servido como un testimonio barato e intrascendente frente a las inadmisibles masacres sangrientas, heridos sin atención médica, cientos de detenidos indebidos, torturas infligidas como si se tratara de campos de guerra o de acusados sin proceso alguno. El incremento de la persecución política, el asedio judicial, el lawfare descomedido y el silenciamiento de los medios de comunicación constituyen una aberración y una afrenta en medio de discursos de doble moral sobre la pacificación y la responsabilidad de un gobierno encargado de llevar a cabo elecciones democráticas limpias y transparentes pero que desdiciéndose de su promesa decidió ponerse a la cabeza de la campaña electoral para competir por la presidencia. Estos son ciertamente tiempos turbulentos en el que la doble moral, el abuso de poder, la militarización de las calles, el control del sistema judicial y la fiscalía, además de la represión sistemática que configura un verdadero Estado policial, tienen como respaldo la decisión política del gobierno de Estados Unidos a través del Comando Sur. Este último, mediante los Grupos Militares, tramitó de manera directa la adquisición de material bélico, equipos antimotines, municiones y todo tipo de gases lacrimógenos ante los gobiernos de Brasil y Ecuador para cooperar en el incremento de las capacidades represivas de las FF. AA. y policía bolivianas. Los intereses estratégicos por cierto son superiores a cualquier compromiso con el respeto a los DD. HH. Conviene recordar que los Estados Unidos no forman parte de los convenios internacionales destinados a proteger la vida de los seres humanos en el marco del derecho público humanitario. Por cierto, esta política represiva, criminal y persecutoria en sí misma encierra el objetivo de enviar señales categóricas al sector electoral más conservador del país cuya demanda de mano dura permite mantener constante el apoyo social y el respaldo electoral al régimen golpista. Por otra parte, la política punitiva y violatoria de los DD. HH. en Bolivia cuenta con el respaldo explícito de Estados Unidos que además de defender al régimen en el seno de la OEA, gestiona apoyos internacionales en favor de Jeanine Áñez haciendo la vista gorda de sus excesos. El compromiso de Estados Unidos se ha mostrado solícito para ofrecer apoyo financiero y asistencia técnica para las elecciones mediante sus 299 Ernesto Eterno agencias liderizadas por USAID, pero a su vez para restablecer todos los niveles de cooperación al gobierno de Jeanine Áñez. No es una casualidad, por ello, que a menos de 45 días de haberse producido el golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales, el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresara personalmente en su Twitter su respaldo a la presidenta autonombrada Jeanine Áñez “mientras trabaja para garantizar una transición democrática, pacífica a través de elecciones libres”.4 Empoderados por los compromisos derivados del conjunto de visitas de diversas delegaciones de Estados Unidos al Palacio de Gobierno y galvanizados por la suspensión de las restricciones al suministro de asistencia a Bolivia después de 9 años, la maquinaria represiva incrementó sus actuaciones ilegales al amparo del apoyo extranjero explícito que recibe el régimen. El memorándum emitido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump a su secretario de Estado, Michael Pompeo, para destrabar la cooperación y asistencia no es propiamente un saludo a la bandera toda vez que se dejó claramente establecido que Bolivia constituía un país “vital para los intereses de Estados Unidos” (Casa Blanca, 2020). La categoría de “país vital” no es una simple enunciación diplomática, es en esencia un objetivo estratégico para cuyo cumplimiento se espera disponer de más de 100 millones de dólares en el año fiscal 2019-2020, precisamente en un año electoral decisivo para el destino nacional. El espectro de la “cooperación” comprende, en el caso boliviano, todo un entramado de operaciones de financiamiento a programas y proyectos de intervención en diversas áreas frente a las cuales ningún gobierno tuvo, en el pasado, la capacidad de controlar y/o fiscalizar y menos este, cuyo apetito apunta a los centavos mientras la burocracia estadounidense tiene en la mira ganar las elecciones de la forma que más le conviene a sus intereses vitales. Por cierto, en esta nueva fase la “cooperación” adquiere connotaciones distintas dadas las condiciones anómalas en las que el país está viviendo. Queda claro que en las actuales circunstancias las distintas agencias estadounidenses deben traducir este mandato en clave injerencista, mucho más cuando el régimen apenas atina a mantenerse de pie en medio de una conflictividad social en ascenso. En este contexto, Bolivia ocupa, después de Venezuela, una de las más altas prioridades en el espectro de su dominio tutelar. Conviene recordar que su Estrategia Integrada de País (aprobada el 21 de agosto de 2018) señalaba que, en el caso de Bolivia, el primer objetivo consistía en “Promover reformas económicas y de gobernanza orientadas al mercado y otras medidas 4 Véase https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1207014890734534659 300 Estados Unidos en Bolivia: imperialismo recargado contra un “triste país” que fomenten una economía abierta, diversificada y sostenible con una fuerte protección medioambiental que considere a Estados Unidos como socio comercial principal” (Department of State, 2019) ¿Alguna duda sobre el futuro? Para un buen entendedor sobran las palabras. IV La estructura represiva del régimen se extiende a las FF. AA., como no podía ser de otra manera en un gobierno de signo golpista. Policía, jueces y fiscales aportan lo suyo para suspender, violar derechos y sembrar miedo, entretanto los militares tienen la disciplina de hombres armados, control territorial y el arsenal disuasivo necesario para enfrentar supuestas amenazas al nuevo orden político. Pero lo que es más importante, disponen de un mando militar cuya capacidad de domesticación y sumisión política excede cualquier interpretación política o sociológica. En menos de que cante un gallo aquellos generales y coroneles que habían logrado simpatizar con la Revolución Democrática, a pesar de su racismo astutamente encubierto, buscaban afanosamente un lugar desde el cual convivir con el nuevo régimen. ¡Muerto el rey, viva el rey! como dirían los comensales lambiscones. El actual es un mando pleno de generales ignorantes agazapados en el oportunismo de las circunstancias. La mayoría de ellos no comprenden las fronteras conceptuales entre seguridad nacional y orden público, no logran entender la naturaleza real de las amenazas que enfrenta el país o interpretan caprichosa o arteramente el alcance conceptual de sedición, terrorismo o narcoterrorismo. Confunden profesionalismo con policialización en un afán comedido de intentar hacer calzar necesidad política con disponibilidad militar, teoría repentina tan desordenadamente expuesta en sus recientes reuniones de guarnición el Gral. Sergio Orellana, actual Comandante en Jefe de las FF. AA. La ignorancia de la milicia como el carnaval de charreteras es atroz pero necesario para los fines que hoy requiere el régimen como la potencia dominante en el país. De hecho, estos son los soldaditos de plomo y papel que fueron entrenados en los años ochenta y noventa en sus cubículos de espanto, atiborrados por sus manuales diseñados para su propia domesticación. Orellana, en otra de sus infelices intervenciones frente a la guarnición militar de La Paz señaló que “había que olvidarse de las amenazas externas” para concentrar todos los esfuerzos y enfrentar las amenazas terroristas internas. Las circunstancias exigen que las FF. AA. sirvan a causas menos nobles que defender los recursos naturales, evitar la intromisión extranjera o apoyar procesos de independencia económica. Tampoco se requiere hoy un mando que sintonice con las teorías del conflicto, una sofisticación intelectual a deshora, sino un mando militar que opere 301 Ernesto Eterno sus capacidades represivas contra la plebe cumpliendo el sacrosanto deber de “defender a la patria”, claro está, aunque no se sepa qué patria se está defendiendo. Sería un despropósito aspirar a tener unas FF. AA. patriotas o medianamente profesionales en unas circunstancias infelices para el destino nacional. Estamos repitiendo casi grotescamente lo que trágicamente había acontecido durante la Revolución Nacional de 1952 cuando el gobierno del MNR terminó a los pies de la Alianza para el Progreso/ USAID colocando a las FF. AA. al servicio de las masacres mineras de 1965 y 1967 en nombre de la lucha anticomunista. Luego la dictadura haría lo que le encomendara su patronato ideológico. El tablero de urgencias políticas requiere hoy que las FF. AA. actúen como verdadera fuerza pretoriana no solo para saciar el apetito de la estabilidad doméstica sino para mantener a raya a la plebe, su mayor dolor de cabeza en tanto depositaria de un nuevo proyecto geopolítico de base plurinacional. A partir del golpe de Estado de noviembre la necesidad del disciplinamiento geopolítico hemisférico está cobrando una nueva víctima en el largo historial de la ignominia imperial en Bolivia. Un ciclo de sumisión militar al extranjero nuevamente pasa por su anquilosamiento intelectual, su conducta servil y su remate sangriento en las calles. Ni en la Revolución Nacional, ni en los interregnos nacionalistas, peor aún hoy, las FF. AA. comprendieron que su papel es central en la construcción del Estado Nacional ya sea preservando los recursos naturales con valor estratégico, conservando militantemente la soberanía o manteniendo la estabilidad interna. Solo la potencia plebeya, de mineros, campesinos e indígenas ha sido capaz de impulsar o alimentar una corriente nacionalista dentro del Ejército con la que se sostuvieron los gobiernos de Buch, Villarroel y Torres. En este último ciclo fueron los movimientos sociales los que impulsaron un vínculo más amplio entre FF. AA. y gobierno, pero incapaz de sostenerlo como un proyecto de construcción estatal. Resulta tan dolorosamente cruel que unas FF. AA. que solo existen por la “plebe” (95% de soldados, 80% de sargentos y suboficiales y 50% de oficiales provienen de estratos sociales pobres, indígenas y/o campesinos) tengan que reprimir a los sectores sociales de los que provienen con tanta brutalidad que dice de su incapacidad para entender a la Nación y su diversidad, consecuentemente su ineptitud e indolencia para comprender el tamaño de la Patria que deben defender. La mayor prueba de fuego que dieron las FF. AA. de signo colonial, mostrando la consistencia del disciplinamiento del alto mando a las consignas del régimen represor y sus patrones extranjeros, fueron las masacres en Senkata (ciudad de El Alto) y Sacaba (Cochabamba) en la que FF. AA./Policía, mediante operaciones conjuntas, mataron a más de 30 302 Estados Unidos en Bolivia: imperialismo recargado contra un “triste país” personas e hirieron a más de 500. Una matanza de indígenas y campesinos que se produjo al puro estilo de las viejas dictaduras de las décadas de los sesenta y setenta, bajo el imperativo ideológico de la doctrina de seguridad nacional. En esta última tarea represiva, la lógica militar estuvo preñada por la necesidad de contener a supuestos sediciosos y narcoterroristas encubiertos en “hordas masistas” que amenazaban la pacificación del país. Empero, ningún miembro del Alto Mando Militar se había topado con un solo terrorista, sedicioso armado o narcoterrorista flagrante que no sea el que circulaba en el lenguaje del odio y en el espíritu servil para el que fueron amaestrados durante 50 años en los campos de tiro de Panamá o de Fort Benning, en Estados Unidos. En una expresión casi siniestra de apoyo al golpe militar y anticipándose a los sucesos de Senkata y Sacaba, el comunicado de la Casa Blanca del 11 de noviembre celebraba la caída del gobierno democráticamente electo de Morales sosteniendo que “Estados Unidos aplaude al pueblo boliviano por exigir libertad y al Ejército por acatar su juramento de proteger no solo a una persona sino a la Constitución boliviana (…)” (Casa Blanca, 2019). Este comunicado tiene la carga de un relato tétrico porque simplemente ratificaba oficialmente lo que subrepticiamente había trabajado la última década en los intramuros cuartelarios. Pontificar la actuación del Alto Mando militar boliviano desde Washington equivalía a recibir la inmunidad necesaria para unos generales vencidos por todas las batallas de la mediocridad moral. Quienes promovieron el golpe de Estado ya no solo exigían la renuncia sino la instalación de un nuevo orden político sobre la base de las bayonetas mientras se dirimiera el destino del nuevo gobierno. Con la lógica de deponer gobiernos caprichosamente ningún presidente debiera quedar de pie en Bolivia debido a la aparente primacía constitucional, como si los gobiernos fueran resultado de la malicia ancestral y no de los votos emanados en acto electoral libre y democrático, como manda la misma constitución, y que lo obliga a ejercer un control racional de la fuerza pública. Para decirlo claramente, la Casa Blanca apoyaba el pronunciamiento militar en nombre de la libertad como mecanismo para proscribir gobiernos democráticos, pero de signo popular al margen de la apelación a normas constitucionales que exigían sucesiones ordenadas y apegadas a la propia Constitución Política del Estado. El punto cardinal en este episodio es que el alto mando recibía explícitamente la bendición golpista de la potencia hegemónica en el momento en el que no existía autoridad legalmente establecida que dirigiera el gobierno. El apoyo explícito de Estados Unidos a las FF. AA. estaba estampado en el comunicado oficial que equivalía a una “licencia para matar”. En las horas de vacancia gubernamental en las que la milicia tomó bajo su responsabilidad la situación del país, el mando militar hizo suya 303 Ernesto Eterno la declaración de la Casa Blanca otorgándole más valor que a la propia Constitución Política del Estado. En naciones semicoloniales la orden del amo suele obedecerse con más entusiasmo que la que emana de autoridad legalmente elegida y es precisamente esta cultura de obediencia pragmática la que se encargó de educar el Comando Sur en los últimos 50 años. En contrapartida, en casi 14 años las FF. AA. no fueron educadas para enfrentar un nuevo proyecto de Estado o no se las educó lo suficiente para sostener la soberanía que exigía la transición de la estatalidad. A propósito de la caída de la Revolución Nacional en 1964, igualmente protagonizada por las FF. AA., Sergio Almaraz Paz señalaba que Contra una revolución débil surgieron los generales fuertes y el gobierno, abreviando su existencia, hubo de depender cada vez más de ellos. La derrota era doble: que la revolución hubiera de depender de los militares ya era el signo de la capitulación, pero que estos en doce años no hubiesen cambiado de mentalidad, dice del fracaso ideológico de un proceso de influencias totalmente disparejo (Almaraz, 1969: 460). En efecto, una semana después de la petición de renuncia que hiciera el Mando Militar a la cabeza del Gral. Kaliman a Evo Morales, los fusiles tomaron el lugar de las instituciones democráticas y los tanques fueron a reprimir los reductos de resistencia popular con la misma agilidad que las órdenes emanaban en línea desde el Grupo Militar-Palacio de Gobierno-mandos militares. Minutos antes de la renuncia de Evo Morales, las FF. AA. ejecutaron el Plan de Operaciones “Esteban Arce”, movilizando a miles de soldados a las calles junto a otros miles de policías para coronar el golpe que en versión civil ya había detonado 21 días antes y que requería el corolario militar el 10 de noviembre. ¿Quién redactó y de dónde salió el comunicado militar sugiriendo la renuncia del presidente Constitucional? ¿Quién dio la orden para que las FF. AA. salieran a las calles en ausencia de su Capitán General? ¿Cuántas horas las FF. AA. tomaron bajo su mando el país, en ausencia de autoridades democráticamente electas? ¿Qué autoridad civil democrática mantuvo el mando de las FF. AA. hasta que a Jeanine Áñez le pusieron la banda presidencial? Ciertamente, estas preguntas están siendo clarificadas al paso del tiempo, en especial por la investigación de María Galindo, una periodista y feminista radical quien denunció que después de la renuncia inesperada de Evo Morales el 10 de noviembre, a convocatoria de la Iglesia católica, fuerzas extranjeras y políticos criollos decidieron el futuro del país a espaldas del pueblo boliviano. ¿A quién representaban en ese momento Erick Foronda, el funcionario decano de la embajada de Estados Unidos, Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Oscar Ortiz, miembros de la Iglesia católica, el embajador de Brasil, o los embajadores de la Unión Europea? 304 Estados Unidos en Bolivia: imperialismo recargado contra un “triste país” Mientras fuerzas extranjeras decidían el futuro de los bolivianos con la complicidad de los comensales de la patria, miles de soldados y decenas de tanquetas del Ejército salieron de los cuarteles para mostrar que en Bolivia los militares todavía tienen la fuerza y el poder para dirimir o arbitrar conflictos políticos. Como nunca antes, la Fuerza Aérea puso en operación de sobrevuelo de las ciudades principales sus helicópteros y aviones de entrenamiento chinos K-8, y la armada boliviana, como siempre, la cuota de ridiculez militar. Pese a que el Gral. Kaliman puso el último clavo en el féretro democrático y que comandó la movilización militar para desmovilizar a la gente en las calles de El Alto, La Paz y Cochabamba, su presencia incomodaba por sus discursos progubernamentales previos que obligaron al régimen a su inmediato cambio por el Gral. Sergio Orellana, su Jefe de Estado Mayor, en apariencia menos contaminado por el gobierno derrotado. En este tablero de sometimientos múltiples, la ficha proestadounidense, por donde se lo vea, es sin duda el ministro de Defensa, Fernando López Julio, un militar retirado del arma de caballería en el grado de capitán a principios de los noventa que se convirtió en un empresario que diversificó sus actividades de acuerdo a las circunstancias. López sirvió como elemento clave de enlace golpista desde un principio bajo el mando del golpista mayor, Luis Fernando Camacho, y fue el que trasladó los mensajes y el dinero al Gral. Kaliman, compañero de curso y hombre de su mayor confianza en la ciudad de Santa Cruz. López Julio cumple todos los requisitos del catálogo de Estados Unidos para ejercer control político sobre las FF. AA. y promover su transformación en una Fuerza de Tarea del régimen, pero lo que es más importante, en una fuerza de ocupación colonial de largo plazo para cuyo objetivo debe limpiar las huellas antimperiales que dejó el régimen anterior. Egresado del Colegio Militar de la Nación Argentina en 1985, guarda en sus entrañas la marca inequívoca de la dictadura militar rioplatense cuyos antecedentes en materia de DD. HH. constituyen la mayor vergüenza para América Latina y el mundo. Responsables del asesinato y desaparición de más de 30 000 ciudadanos, los militares argentinos de la época marcaron a sangre y fuego la doctrina de la seguridad nacional promovida por Estados Unidos en la frágil identidad del militar boliviano. De hecho, López Julio constituye un subproducto de este clima de radicalismo ideológico políticomilitar anticomunista, hijo de padre también militar formado y entrenado en la dictadura militar de los sesenta y setenta. El ministro golpista fue sin duda el operador más eficaz para gestionar el golpe militar con ayuda extranjera. De hecho, su ratificación en la primera crisis de gabinete obedece más a las necesidades 305 Ernesto Eterno imperativas de estabilidad y la disponibilidad de un mando marcial e inequívoco para las FF. AA. que, a los ajustes políticos mezquinos entre Camacho y Áñez, derivados de la sorpresiva candidatura de esta última. Este dilema fue resuelto sin mayor trámite, claro está, por el agente tutelar del gobierno, Erick Foronda, por encargo del Grupo Militar de Estados Unidos. Estos, dicen que se sienten muy cómodos trabajando con López, un personaje que los entiende y que favorece los dos planos de sus necesidades esenciales: trabajar sin demoras en el apoyo institucional para restablecer los viejos niveles de cooperación y asistencia y promover la diplomacia de militar a militar, simultáneamente. El Grupo Militar del Comando Sur en Bolivia mantiene una diplomacia a dos bandas: con el Ministro de Defensa para que las decisiones burocráticas fluyan a la velocidad de la luz, como en el caso de la adquisición de pertrechos policiales para fines represivos y la aprobación de los decretos de impunidad y adquisición de artículos militares del extranjero, por otra parte, con el Comando en Jefe y con cada uno de los comandantes de fuerza con el objetivo de mantener control de la estructura operativa para que las órdenes políticas se cumplan fielmente sin demora ni resistencia alguna. Como en los mejores tiempos, oficiales y sargentos del Grupo Militar de Estados Unidos se pasean orondos por los patios del Cuartel General de Miraflores retomando de esta manera el mando sobre el conjunto de generales beodos que esperan como recompensa un viaje pagado a Miami o el regalo miserable de una prenda de uniforme de origen estadounidense. La dignidad castrense ha llegado demasiado bajo en estas horas sombrías. Los estadounidenses se sienten muy cómodos en ambas orillas, con un ministro complaciente y que “habla su idioma” y con comandantes simples que se sienten con la libertad de reclamarles ayuda militar en compensación por el largo tiempo de abandono al que los tenía sometidos el gobierno anterior. En ambos casos, los asesores militares nativos que dispone López y los que impuso el Grupo Militar, constituyen eslabones necesarios para avanzar en el mapa de transformaciones materiales, doctrinales e ideológicas que deben operarse en las FF. AA. a pedido del Comando Sur. Estos, saben más que nadie que la influencia del proyecto bolivariano tuvo un fuerte impacto en la milicia boliviana, aunque desafortunadamente el proyecto de defensa regional, emergente del proceso de integración de UNASUR, no sirvió de mucho frente a la sórdida campaña comunicacional interna que desarrollaron los estadounidenses durante los largos 14 años. La batalla que debe librar el Comando Sur dentro de las FF. AA. bolivianas en su tarea de realineamiento no aparenta ser fácil y comprenden más que nadie que deben empezar por el plano simbólico. Disponen de una lista de operaciones quirúrgicas que deben ser 306 Estados Unidos en Bolivia: imperialismo recargado contra un “triste país” ejecutadas rápidamente para encontrar la empatía doctrinaria y la obediencia que exige la metrópoli. La primera de ellas estuvo dirigida a prohibir el saludo marcial de “Patria o Muerte” entre el mando y la tropa. En efecto, a los pocos días de asumir el ministerio, López Julio emitió un comunicado a las FF. AA. que señalaba lo siguiente: “Con el propósito de incentivar una cultura de paz, velando por el bienestar de los ciudadanos de nuestra amada patria, por disposición del Ministerio de Defensa a partir de la fecha (29 de noviembre) se prescinde el uso de esa expresión” (El Deber, 4 de diciembre de 2019). En los hechos y más allá de la inocuidad del mensaje casi indescifrable, el comunicado expresaba una ruptura de las FF. AA. con el gobierno anterior e intentaba expresar de manera categórica el retorno o restablecimiento real del viejo orden simbólico dentro de la milicia criolla abonada por la influencia extranjera. Dicho de otra manera, este mensaje marcaba el principio de la contraofensiva ideológica estadounidense en el vientre del nacionalismo militar boliviano tan acostumbrado a mostrar su indefensión en horas críticas. De ahí que su contenido sea más un homenaje a la solemne estupidez o al sometimiento de los nuevos mandos militares a sus viejos patrones de siempre. Si el razonamiento del Ministro de Defensa en las FF. AA. era incentivar pedagógicamente la paz entre sus soldados como un fin en sí mismo, como señalaba el contenido del mensaje, nada más simple que proscribir las FF. AA. en aras de mejorar las condiciones de vida de los más pobres en lugar de engordar generales mofletudos al servicio de coroneles o sargentos que hablan inglés. La justificación para proscribir la frase “Patria o Muerte” estaba reñida no con la tradición militar boliviana, puesto que en su historia habitan personajes que ofrendaron su vida por la patria, sino con la incompatible interpretación del amo estadounidense para el cual resultaba intolerable que en su provincia militar habite el espíritu de rebeldía que atribuían a la influencia cubana. Además de lo anterior, resultaba tan dolorosamente revelador y hasta ofensivo para los estadounidenses que la cubanía calara tan hondo, a pesar del largo tiempo que les tocó ocupar moral, espiritual y doctrinariamente a las FF. AA. bolivianas a las que consideran como una extensión subalterna de sus avanzadas militares en la región. El saludo de “Patria o muerte” en las FF. AA. bolivianas ofendía más a la sensibilidad tutelar estadounidense que a los propios soldados semicoloniales puesto que en su lectura imperial la Revolución Cubana había penetrado la atmósfera marcial tan peligrosa como la de aquellos cientos de médicos cubanos, ocupados en preservar la salud de los bolivianos y en salvar la vida de los más pobres. Y claro, la espiritualidad fidelista y revolucionaria cubana en las arenas nacionalistas 307 Ernesto Eterno bolivianas resultaba ciertamente ofensivo para la edulcorada marca imperial que no admite competencia ideológica ni militar. Por cierto, para el Pentágono la nación militar boliviana existe a partir de ellos y solo se sostienen con su autorización, el resto es simplemente parte de la leyenda negra o de licencias molestosas o ahistóricas que se toman de vez en cuando los ejércitos coloniales. La tarea siguiente no era menor. Se trataba de extirpar un tumor maligno que había sido inoculado dentro de las FF. AA. por Evo Morales y su séquito antimperialista que, según los estadounidenses, estaba dañando profundamente los fundamentos ideológicos que sustentaban el alineamiento a su proyecto, nada más y nada menos que en su patio trasero castrense: la “Escuela Antiimperialista Gral. Juan José Torres”. Este instituto había sido creado en agosto del 2016 con el objetivo de “construir una identidad estratégica y de defensa nacional/popular vinculada a la preservación de la soberanía del Estado Plurinacional como la antítesis a los institutos estadounidenses que educaban al personal boliviano en la guerra contra sus propios pueblos”. La disposición de su extirpación formaba parte del juego de revanchas que tenía en mente el Comando Sur a través de su Grupo Militar instalado en La Paz. La orden se transmitió mediante Erick Foronda a la presidenta autonombrada que asumía la función de capitana general de las FF. AA. En el discurso de reconocimiento ante las FF. AA., elaborado por el propio Foronda, la autonombrada declaró sin remilgo alguno que, Estos últimos años hemos observado que las Fuerzas Armadas se han apartado de su doctrina y han creado instancias educativas e ideologizadas que no les han retribuido ninguna enseñanza, pero que han gastado el presupuesto de su institución. Mi gobierno quiere devolver a las Fuerzas Armadas el rol y prestigio que siempre las caracterizó, para ello vamos a trabajar con países amigos, para recuperar programas de capacitación y entrenamiento del más alto nivel enmarcadas en la ciencia militar (Nodal, 27 de noviembre de 2019). Así de claro y categórico el mensaje que cuestionaba el extravío profesional y desconocía la capacidad de las FF. AA. para educarse ellas mismas, pero además, despreciando sus propias competencias. La capitana generala estableció que el nuevo horizonte profesional –sinónimo de domesticación– a futuro se impondría desde afuera mediante gobiernos amigos que no era otra cosa que la que procedía de la metrópoli imperial estadounidense. La autonombrada olvidó decir que la única amistad militar que conoce la derecha boliviana es la derecha militar estadounidense, ocupada en amaestrarla con el mismo entusiasmo con el que se amaestran mascotas. 308 Estados Unidos en Bolivia: imperialismo recargado contra un “triste país” La presidenta autonombrada les espetaba en la cara a los oficiales que el exclusivo prestigio que existía para las FF. AA. era el que se forjaba alrededor de la matriz educativa extranjera porque la nacional era inocua o solo servía para el puro desprestigio. Aunque la autoridad ignoraba lo que leía, en buen romance les estaba señalando que la integración militar al pueblo boliviano, la participación en las nacionalizaciones, su involucramiento en tareas sociales, la protección de los recursos naturales e industrialización y su alejamiento de toda posibilidad represiva suponía un camino errado que los había apartado de su doctrina y de la ciencia militar. “Apartarse de la doctrina” implicaba no solo acercarse a doctrinas reñidas u opuestas al imperio sino también abandonar la esfera del viejo orden doctrinario al que se le debía obediencia. Si el alejamiento de la doctrina implicaba dejar de reprimir al pueblo para unirse a él, la llamada de atención planteaba entonces restablecer la vieja tradición de enfrentarse al pueblo y divorciarse porque al parecer un pueblo bien reprimido implica unas FF. AA. desideologizadas y bien educadas en la “ciencia militar”, es decir, en la ciencia disponible por los perennes opresores. En realidad, lo que se estaba cuestionando en el fondo era la autonomía ideológica de las FF. AA., la ruptura de la tutela extranjera y el camino nacionalista que estaban transitando que no era otra cosa que seguir de cerca el camino que el mismo Estado Plurinacional había decidido seguir en aras de lograr su soberanía e independencia económica y política. Nadie le había informado a la autonombrada y a su asesor que a un proceso de transformación estatal democrático le sigue o es coetáneo un proceso de transformación militar que es lo que debe acontecer para que la transformación estatal no sienta la amenaza militar por su desajuste doctrinal como ha solido acontecer en las provincias semicoloniales de América Latina. Sostener que las FF. AA. se habían apartado de su doctrina equivalía a reconocer que las FF. AA. solo tenían, como debían tener, como referencia y tutela a quienes poseían la “ciencia militar”, aquella que durante décadas se aprendía en los patios imperiales y cuyo contenido estaba destinado a enfrentar, mediante masacres sangrientas, al “enemigo interno” encarnado unas veces en los mineros, campesinos o indígenas como había ocurrido a lo largo del siglo XX y principios del XXI. Como una suerte de descubrimiento sociológico se dijo que las FF. AA. se habían desprestigiado durante 14 años con el gobierno saliente y que era hora de “recuperar su prestigio” con el nuevo régimen, que por lo demás era simplemente transitorio, prestigio que por otra parte fue repuesto, pero al revés de como sucedió luego con la masacre de octubre negro del 2003. Otra ocurrencia farisaica. Para el Comando Sur no solo era cuestionable que las FF. AA. bolivianas –apéndice estratégico– adquirieran 309 Ernesto Eterno una reputación que no proviniera de sus antros doctrinarios o de sus bienes simbólicos y materiales, sino que era extremadamente peligroso que la ideología militar nacionalista sustentara estratégica y geopolíticamente al nuevo Estado Plurinacional. Un proyecto de nacionalismo militar boliviano pleno, como anclaje autodefensivo en la construcción del Estado Plurinacional, implicaba avanzar estratégicamente a un punto de no retorno en su identidad, coherencia y pertenencia estatal, frente a las viejas prácticas de feudalización de las FF. AA. bolivianas. Aunque de manera un tanto cándida se esperaba que la Escuela Antiimperialista cambiara la mentalidad militar dejando de lado su arraigada cultura colonial, su crónica dependencia del extranjero y lograra más bien una vinculación orgánica con el proceso de cambios que reforzaría su identidad nacional, lo cierto es que fue más un experimento académico pobre, mal dirigido y con recursos escasos que un proyecto político e ideológico de alcance estratégico y autodefensivo. Aquí, el divorcio entre la necesidad estratégica real y el deseo político contingente se confabularon para refugiarse en el puro voluntarismo gubernamental dejando en las propias manos de los militares una reforma o revolución intelectual. Un proyecto de defensa que necesitaba alcanzar la estatura del nuevo Estado Plurinacional implicaba en todo caso crear, desde abajo y desde arriba, una nueva estructura educativa, política y doctrinal más allá de un mero instituto, aislado geográfica y académicamente, que se dedicara simplemente a la mera interpretación del papel imperial de Estados Unidos en nuestras comarcas. En todo caso, el mensaje de la presidenta autonombrada tenía como destinatarios a la mayoría del personal militar que de alguna manera compartía la necesidad de una restauración conservadora en el país. En el ámbito militar la restauración equivalía a recuperar la aparente pérdida de prerrogativas y privilegios que durante el gobierno de Evo Morales habían sido confiscados. Autoidentificados como clase media militar de la clase media social creyeron que el conjunto de prerrogativas tradicionales estaban siendo amenazadas y recortadas en aras de un exceso de democratización y “populismo” que traía consigo el Estado Plurinacional. De alguna manera, la autoidentificación como clase media militar se leía, más que como una categoría sociológica, como un conjunto de códigos y prácticas sectoriales privilegiados –como el que demandaban los médicos bolivianos–, o bajo el lente de un pacto pragmático que consistía en gozar de ciertas licencias o márgenes de autonomía que garantizaban la fidelidad política con el gobierno de turno. Una suerte de lealtades pragmáticas entre el sector militar y político cuyos costos financieros los cubría, no el gobierno nacional, como era natural, sino el Comando Sur mediante la otorgación de cientos de becas, decenas de cursos militares y de especialización en sus fortines, 310 Estados Unidos en Bolivia: imperialismo recargado contra un “triste país” centenares de seminarios, talleres y por cierto, ejercicios conjuntos y combinados que exigía el viaje de decenas de oficiales y sargentos al extranjero para formarse, entrenarse y capacitarse en las “nuevas amenazas a la seguridad hemisférica”. La clase política del viejo régimen neoliberal y la propia dictadura militar usaron ese poderoso instrumento de mediación material transfiriendo a Estados Unidos la facultad de intervenir en el país, colocando bajo su control estratégico, doctrinario e ideológico a las FF. AA. En un país pobre como Bolivia, la pobreza militar era relativamente resuelta por el conjunto de dádivas estadounidenses que, desnacionalización mediante, servían para contener su malestar como para preservar su doble fidelidad: obediencia relativa al poder político criollo y sumisión ideológica y doctrinaria al poder hegemónico extranjero. Aunque este no es el espacio adecuado para una explicación más amplia de los efectos de la dependencia crónica de las FF. AA. al poder de Estados Unidos, lo cierto es que durante los 14 años del gobierno de Evo Morales los estadounidenses no se quedaron con los brazos cruzados ante la pérdida o mutación que ejercían casi con normalidad sobre su dominio militar nativo. No conviene olvidar que desde mediados de la década de los ochenta el Comando Sur, Grupo Militar de por medio, instaló sus oficinas en los predios del mismísimo Cuartel General de Miraflores, asumiendo una capacidad insólita de control sobre todas las actividades de las FF. AA. en su conjunto a nivel nacional. Para decirlo en términos coloquiales, Estados Unidos sabía tanto de las FF. AA. o incluso mucho más que los propios mandos que periódicamente eran relevados como mandaba su Ley Orgánica. Consecuentemente tenían conocimiento del arco geográfico e institucional de necesidades, conflictos internos, disputas interarmas, precariedades o trabas burocráticas, además de conocer en profundidad los episodios vinculados a la corrupción interna. Con el conocimiento acumulado durante décadas y los amigos que lograban fidelizar internamente, el Grupo Militar desarrolló sistemáticas campañas de propaganda y de guerra psicológica contra el Proceso de Cambio cuestionando el resultado de los gobiernos del “socialismo del siglo XXI”. Colocaron en primer renglón los casos de Venezuela y Cuba señalando que Bolivia se encaminaba irremediablemente a ese aparente “destino fallido”. De alguna manera se impuso la narrativa del Comando Sur que sostenía que las democracias y la seguridad en la región estaban amenazadas por la emergencia de los “populismos radicales” a los que consideraban demagógicos y corruptos que ponían en vilo las libertades públicas en el hemisferio. Aunque la guerra psicológica estaba preñada de falacias insostenibles, las FF. AA. se convirtieron en un campo de disputa política entre el gobierno y el Comando Sur. Lejos de cualquier juicio subjetivo, las 311 Ernesto Eterno FF. AA. como pocas veces habían logrado mejoras notables en sus capacidades operativas, condición y calidad de vida, prestigio y condiciones materiales para su desempeño profesional en los 14 años frente al desinterés político y la carencia de recursos que caracterizaron los últimos 40 años. En síntesis, la propuesta del régimen de acercar doctrinariamente a las FF. AA. a un modelo extranjero para recuperar “programas de capacitación y entrenamiento” de quienes poseían la “ciencia militar”, constituía en verdad el núcleo gravitante de la nueva política de defensa: el retorno a la influencia estadounidense doctrinaria e ideológica de las FF. AA. bolivianas, por lo tanto, su desnacionalización. López, como titular del sector, tomó la posta de su presidenta y sin más pereza procedió a clausurar la Escuela Antimperialista señalando que su cierre implicaba “devolverle el lugar que corresponde a las Fuerzas Armadas, y parte de eso es cambiar algo que no va con la doctrina militar porque bajo ese concepto antimperialista se generaban doctrinas foráneas que no tenían nada que ver con el espíritu de los bolivianos y peor con las FF. AA” (Infodefensa, 22 de enero de 2020). Aunque en apariencia se producía una contradicción entre la presidenta que planteaba restablecer el tutelaje extranjero y el ministro que sostenía que había que dejar de lado doctrinas foráneas, en realidad ambos comulgaban con el urgente realineamiento de las FF. AA. a su patrón hegemónico e ideológico tradicional. Ciertamente la ignorancia y el desprecio de la presidenta autonombrada no solo corrían paralelos a las del ministro sino también la pereza mental con la que suele tomar las cosas una derecha política que siente más interés por la comida de su mascota que por el destino nacional y la formación intelectual y doctrinaria de sus hombres armados. Guiados por una comprensión simplona sobre el significado de la ideologización militar y sus implicaciones estatales, clausuraron la Escuela Antimperialista ofreciendo una nueva presea de plata a sus patrones políticos que esperaban expectantes el nuevo zarpazo antinacional para volver a reconstituir el Estado aparente –Estado del no ser–, que es en todo caso un Estado sometido a los dictámenes externos bajo una caricatura o disfraz nacional. La Escuela Antimperialista tenía como premisa educativa el imperativo de contribuir a construir una doctrina de defensa plurinacional para compatibilizar con el desarrollo del nuevo Estado y por lo tanto erradicar la cultura colonial, su dependencia capitalista y el apego proimperialista proveniente de la semicolonia republicana que le negaba al Estado su condición esencial que es pertenecerse para ser. Asimismo, la Escuela pretendía desarrollar una crítica a la geopolítica del viejo orden capitalista e imperial que sustentaba su dominio en 312 Estados Unidos en Bolivia: imperialismo recargado contra un “triste país” el complejo militar-industrial, en el sistema financiero, en las guerras de rapiña y en las múltiples formas de intervención política, económica y financiera sobre países periféricos como el nuestro, tributario de nuestros recursos naturales al sistema dominante a precio de gallina muerta. La definición filosófica de la Escuela sostenía que era incompatible la existencia de un Estado Plurinacional con FF. AA. coloniales y por eso la urgencia de su descolonización para dar paso a una nueva doctrina y geopolítica plurinacional con base en la soberanía industrial, control territorial y proyección internacional autónoma. De igual manera se sostenía que si el imperialismo no conciliaba con las FF. AA. que luchan por la independencia y soberanía nacionales entonces la Nación debía prepararse defensivamente para enfrentarse con el adversario natural e implacable del imperio. La escuela proponía conocer desde la historia las antítesis entre Nación e imperio para luego tratar de comprender las razones de su dependencia y subdesarrollo. Pero claro, estas sofisticaciones ideológicas eran demasiado complejas para una mente simplona como la del ministro López que al igual que su jefe político, Luis Fernando Camacho, estaban convencidos de que para gobernar a las FF. AA. bastaba un pequeño cañonazo de dólares y no una lluvia espesa de ideas de índole geopolítico plurinacional. La Escuela Antimperialista fue clausurada en enero de 2020 y sus predios entregados a la Escuela Militar de Ingeniería de Santa Cruz cambiando de nombre por el de “Héroes de Ñancahuazú”, otra decisión torpe en la que la ignorancia rendía tributo al desprecio de la propia historia militar. La decisión de colocar a la Escuela Antiimperialista el nombre de “Gral. Juan José Torres” procedía del legado del nacionalismo militar boliviano, recogido de Busch y Villarroel, que el “General del Pueblo” había restaurado en su corto periodo de gobierno mediante un conjunto de decisiones políticas dirigidas a recuperar la soberanía nacional. La nacionalización de minas, colas y desmontes de manos de empresas estadounidenses, la expulsión del Cuerpo de Paz, acusado de promover el control de la natalidad en las minas y el campo, el cierre de la base militar de Estados Unidos en El Alto, llamada “Guantanamito”, o la postura de las FF. AA. ante la Junta Interamericana de Defensa (JID) rechazando la imposición de la doctrina anticomunista, le costaron a Torres su asesinato en Buenos Aires a manos de los escuadrones de la muerte de la Triple A argentina en el marco del “Plan Cóndor”. Este cambio de nombre por el de “Héroes de Ñancahuazú” proponía dar un giro de 180 grados a la impronta antimperial de la Escuela expresando con ello el retorno al mito de la victoria militar boliviana sobre la supuesta invasión guerrillera comunista al país. Si el mando militar hubiera tenido un mínimo de conocimiento acerca del contexto político y de los sucesos más profundos de la guerrilla de Ñancahuazú, 313 Ernesto Eterno tendrían que avergonzarse de las celebraciones de una imaginaria y exaltada épica militar boliviana. Sin desmerecer el espíritu nacional de quienes concurrieron a la guerrilla –soldados, oficiales y suboficiales y sargentos–, lo cierto es que el Ejército asistió colonialmente a este escenario al mando de oficiales estadounidenses, con uniformes, comida, armas y pertrechos, con entrenamiento e ideología de Estados Unidos, alimentado por la inteligencia proveniente de la CIA y cuyas decisiones políticas y militares, transmitidas por el embajador de Estados Unidos, Henderson, emanaban directamente de Washington para dar fin a una guerrilla que planteaba la desocupación extranjera de Bolivia, la recuperación de su soberanía, el control de su riqueza y la nacionalización de las propias FF. AA. Probablemente, la presencia de Estados Unidos y su intervención en las FF. AA. de Bolivia desde mediados de la década de los cincuenta hasta principios del siglo XX no tenga parangón en América Latina. Esta abrumadora intervención tiene que ver con muchos factores, entre ellos, la imperiosa necesidad de disponer de materias estratégicas para la potencia dominante en un país con enormes reservas en minerales e hidrocarburos principalmente, facilitado por las élites políticas criollas que respondían a su naturaleza de clase. La ubicación geográfica de Bolivia en la región le concede un valor adicional a la potencia hegemónica interesada primero en poseerla y luego en irradiar su proyecto de dominación entre los países vecinos. Por cierto, la reocupación militar boliviana exigía una limpieza ideológica de lo que se consideraba la “huella socialista/populista/comunista”. Esto implicaba sustituir la narrativa nacionalista que había irradiado Evo Morales y el Proceso de Cambio en más de una década de discursos y acciones convergentes. Los nuevos regentes del ideario democrático, pacificador y transicional sostenían que no cabía el horizonte conceptual forjado durante la “tiranía” de Evo Morales en unas FF. AA. que habían recuperado para sí y para el pueblo la democracia, la paz y la reconciliación. La defensa soberana de los recursos naturales, la preservación de la soberanía, el rechazo a la injerencia extranjera, la reafirmación de la unidad entre militares y pueblo y la construcción de un norte estratégico bajo el alero del nuevo Estado Plurinacional fueron considerados como parte de la narrativa extirpable del “socialismo del siglo XXI”. La tarea inmediata entonces fue sustituir el arsenal teórico de unas FF. AA., consideradas aisladas internacionalmente, con el cuerpo conceptual emanado de la seguridad hemisférica, una elegante manera de involucrar nuevamente a la institución militar en la esfera de la seguridad estadounidense. El arsenal de conceptos inherentes a la construcción del Estado Plurinacional empezó a ser sustituido por un nuevo lenguaje exigido 314 Estados Unidos en Bolivia: imperialismo recargado contra un “triste país” por el momento político, caracterizado además por un severo ajuste de cuentas interno y actos de venganza entre pares de los que no se libra una buena parte del personal de las propias FF. AA. Como por arte de magia, pero con la feroz ayuda de los medios de comunicación, se instaló la gramática de la sedición y el terrorismo bajo la batuta estridente del ministro de gobierno, Arturo Murillo, secundado por el ministro de Defensa. Este último repite como loro adocenado la retórica de la existencia de fuerzas sediciosas nacionales y extranjeras, abonada por los servicios de inteligencia policiales, que ponen en peligro la estabilidad y pacificación del país. Como si se tratara de un escenario surrealista, FF. AA. y Policía, después de más de medio siglo de encono y con un baño de sangre de por medio (Febrero, 2003), desplegaron sus mejores galas represivas ocupando las calles de las principales ciudades del país. Este fenómeno de la militarización policial o al revés, el de la policialización militar sirvió para alimentar el nuevo discurso de la fuerza pública dirigido a destruir al enemigo común: sediciosos y terroristas. Reafirmando sus profecías autocumplidas, en una entrevista periodística el ministro de Defensa señaló que el país enfrentaba un escenario de riesgo e inseguridad dada la amenaza sediciosa y que por lo tanto la militarización de las calles respondía a esos objetivos preventivos. Si bien la militarización callejera constituía un objetivo disuasivo frente a los movimientos sociales en áreas urbanas, queda claro que el objetivo mayor asignado a las FF. AA. es garantizar el retorno encubierto de las agencias de seguridad antidroga de Estados Unidos al Chapare y a los Yungas de La Paz. Por ello, las declaraciones de López no fueron inocentes a la hora de insistir en el retorno de las FF. AA. y policía a estas regiones para “iniciar la erradicación” de cocales. Por su parte, los dirigentes sindicales de las 6 federaciones del trópico adelantaron su explícito rechazo a los planes represivos del gobierno, así como al retorno de la agencia antidroga como la DEA o USAID. López señaló que en la región del Chapare, su objetivo principal, existían armas pero que ignoraba si era para formar milicias. En un rutilante juego de palabras o respondiendo a un inédito hallazgo conceptual en el marco de la seguridad nacional, señaló que “el Chapare era una tierra de nadie y que la región se había convertido en un micro-Estado narcoterrorista donde impera la ley de ellos, policías no entran, entonces básicamente es un micro-Estado independiente” (El Deber, 19 de enero de 2020). Frente a las declaraciones de los dirigentes sindicales, las FF. AA. tuvieron que elaborar argumentos elípticos para anunciar su retorno al Chapare. Primero, señalaron que iniciarían las tareas de erradicación de cocales, promesa incumplida porque dicha labor se realiza junto a la 315 Ernesto Eterno policía que estaba impedida de ingresar a la región. Segundo, declararon que realizarían maniobras militares con fuerzas especiales de paracaidistas en una región que ofrece severas dificultades para este tipo de operaciones. Finalmente tuvieron que resignarse a ingresar en un movimiento encubierto en vehículos civiles y sin armas con el argumento de relevar sus tropas. La reacción política de Evo Morales desde la Argentina no se dejó esperar. Mediante su Twitter señaló que: “El Gobierno de facto dice que militarización del trópico busca relevar tropas, luego que es por seguridad ciudadana, y, finalmente, para un curso de paracaidismo. Quizá piensan lanzar tanques en paracaídas sobre el trópico. No saben cómo ocultar el plan de guerra para reprimir”. Más temprano comentó que “con la militarización de las ciudades más importantes de Bolivia rige un Estado de sitio de facto que ha suspendido derechos y garantías constitucionales del pueblo, una prueba más de la dictadura de Áñez que gobierna el país”.5 Más allá de las reflexiones peregrinas y fanatismos gramaticales, el ministro de Defensa no se dio por enterado de que la región del Chapare se había convertido, en la última década, en uno de los territorios más pacíficos, productivos y prósperos del país, a diferencia del pasado neoliberal inmediato (1985-2005) en el que imperaba la violencia, el abuso de poder y la transgresión a la soberanía nacional. Ignorando olímpicamente lo que significa la presencia territorial del Estado y su sustento democrático, a López no le pasaron el dato de que el Chapare registra la participación electoral sostenible más alta y democrática de todo el país pero que además convive con otras expresiones democráticas como la sindical e indígena. Tampoco advirtieron a López que el Trópico de Cochabamba es una de las regiones que consagran el crisol de la bolivianidad y el territorio en el que el modelo de lucha contra el narcotráfico es uno de los más exitosos del mundo por su construcción democrática y concertada como reconocen la propia ONU y la Unión Europea. Sostener que el Chapare es un “territorio de nadie o un micro-Estado terrorista independiente” es una muestra de la mayor ignorancia y un agravio para las más de 200 000 almas que luchan diariamente por diversificar su producción y satisfacer las necesidades alimenticias de gran parte del país sin ignorar la existencia de gente involucrada en actividades ilícitas. El Chapare tiene el nivel de productividad más alto entre las regiones semiindustriales que tributa con productos tropicales junto a las industrias y empresas públicas que generan no solo energía y petróleo sino 5 Véase https://twitter.com/evoespueblo/status/1218198118157684738 316 Estados Unidos en Bolivia: imperialismo recargado contra un “triste país” también otros insumos como la urea y amoniaco, amén de constituir la columna vertebral del sistema de transporte nacional. Pero lo que es lamentable es que el ministro de Defensa no fuera informado de que la política antidroga de Estados Unidos resultó un verdadero fracaso en el mundo y en particular en Bolivia, mucho más cuando la DEA de Estados Unidos y soldados estadounidenses convirtieron la región del trópico en la más violenta y con el mayor índice de violación de los derechos humanos cometidos por ellos mismos y por parte de los efectivos policiales, entrenados por sus agentes antidroga. En todo caso, esa toponimia del “micro-Estado narcoterrorista independiente” parece más una coartada táctica para justificar el retorno de las FF. AA. y la policía como cabecera de playa a la región previo retorno de los agentes de la DEA y sus viejas estrategias fracasadas. Lo cierto es que no solo FF. AA. y Policía se encuentran a la espera de retornar a su rutina represiva y ejercer control político en el Chapare de cara a las elecciones de mayo, sino que el control de esta parte del país, con ayuda externa, tiene como objetivo mayor el aparente derrumbe del poder político de Evo Morales y del movimiento cocalero que es central en la vertebración de los movimientos sociales de Bolivia. Detrás de la satanización territorial del Chapare, como refugio de sediciosos y narcoterroristas, de la presunta existencia de armas o la presencia de milicias o personal extranjero, la tarea principal es restablecer la presencia de la DEA y recuperar el control del núcleo geopolítico más importante del país para dar rienda suelta nuevamente a su narrativa antidroga en la región. El Chapare constituye el centro de gravedad geográfica que une oriente con occidente y que vincula al norte amazónico con el sur andino. Dicho de otra manera, la reocupación militar/policial del Chapare constituye el preámbulo en el restablecimiento de la presencia de Estados Unidos por el lado antidroga con la DEA y del Comando Sur como núcleo de control y coordinación estratégica para la región, respectivamente. Se pretende restablecer la base militar que el movimiento cocalero desalojó el 2006 junto a la DEA y posteriormente a USAID. V Nunca antes la injerencia estadounidense había alcanzado proporciones tan groseras como las que se lograron implantar en Bolivia y que hoy adquieren la dolorosa e indignante carta de ciudadanía imperial en los patios interiores de la estructura del régimen. Hasta las dictaduras más brutales apoyadas externamente con recursos, hombres y programas como la de Barrientos (1964-1969) o la de Banzer (19711978), mantuvieron cierta formalidad en sus procesos de domesticación y adiestramiento político. En cambio, hoy ocupan, planifican y dirigen, 317 Ernesto Eterno desde las entrañas mismas del poder, a un régimen errático y tambaleante, imposible de ejercer resistencia alguna en nombre de un pueblo abatido. Por el contrario, sienten la presencia extranjera como la columna vertebral sobre la que descansa todo su poder y nutren sus acciones ilegales inspiradas en su respaldo hasta convertirlo en impunidad. Por eso, en cada abuso, en cada brutalidad de la fuerza pública, en cada tortura que aplican, en cada detención indebida o en todas las formas de extorsión e intimidación practicadas contra sus víctimas está presente la inconfundible sombra del apoyo político de Estados Unidos. La estridencia e irracionalidad del ministro de Gobierno que preside la persecución política o las amenazas torpes que exhala cada vez que puede el ministro de Defensa contra los movimientos sociales derivan de este blindaje extranjero, aparentemente indestructible y duradero. Por cierto, en esta casta encomendera no cabe un adarme de decoro a la hora de la interlocución con los invasores convertidos en sus capitanes constantes. Saludan y bajan la cabeza en señal de docilidad, como rebaño obediente. La dignidad es una virtud que no cabe en la historia de los entregadores acostumbrados a sacrificar a pueblos enteros en aras de sus intereses subalternos. La sumisión es por cierto la antípoda del decoro y en ese territorio la derecha más radical que encarna el régimen se mueve con la naturalidad cultural que les permite mostrarse victoriosos. Sienten que su resignación a un poder extraño y poderoso vale la pena en tanto garantice la ruina del gobierno que acaban de derrocar. Empero, esta resignación preside la historia de espanto que empieza a vivir el país. La violación de los DD. HH. es una cara de la medalla, la otra, la que está en curso y tiene que ver con el saqueo del país avanza inexorable sobre la ignorancia de los dueños contingentes del poder. Mientras los extranjeros arman el mapa del despojo de la riqueza a escala nacional los gobernantes criollos operan en el reino de las baratijas y el oficio del robo de bagatela. Aquí cabe lo que alguna vez señaló el presidente argentino Arturo Umberto Illia (1963-1966) a propósito de su reflexión entre constantes y entregadores: “El problema no es que los de afuera nos quieran comprar, el problema es que los nuestros nos quieren vender”. Ciertamente, hay como una psicología de la endeblez y la autonegación en esta clase educada en la obediencia al extranjero y es esta xenofilia la que los induce dolorosamente a la entrega de una patria acostumbrada a darles todo para que se le niegue el derecho a existir. El golpe trae consigo cambios radicales. La mayor mutación que están experimentando las instituciones y funcionarios es que cada día están doblegados ante decisiones extranjeras que salen de esas entrañas ocupadas, como si fueran decisiones propias cuando en verdad provienen directa o indirectamente desde Washington o de los oscuros 318 Estados Unidos en Bolivia: imperialismo recargado contra un “triste país” pasillos del Comando Sur de Miami, que es lo mismo. En Bolivia, como en aquellos países semicoloniales, las diferencias entre lo que haga el Departamento de Estado o el Departamento de Defensa, a través del Pentágono, desaparecen a la luz de una tenebrosa enajenación política en que la derecha con tintes fascistas ha embarcado al país. Trátese de civiles o militares, de ministerios o de empresas estatales o de minúsculas entidades del gobierno nacional, se tiene conciencia de que trabajan abonando este pacto de reciprocidades abyectas entre el régimen y la fuerza extranjera dominante. Hay como un clima de confusión y resignación generalizada que se sostiene en el miedo a perder el último eslabón de la estabilidad cotidiana: el trabajo. Los autores y cómplices mendaces del golpe de Estado que prometían una transición pacífica y un clima de reconciliación finalmente se sacaron la máscara para convertir la transición en su inapelable oportunidad para sostenerse en el poder conquistado a fuerza de fusiles y muertos. No es que el poder o la confusión los hayan extraviado en el camino, es más bien la única opción que existe para darle continuidad a la ocupación extranjera en cuyo horizonte ya se divisan los primeros rasgos del fraude electoral. El imperativo constitucional se ha trastocado al límite y lo que se pretendía como transición pacificadora post-Evo está concluyendo como una simple y burda dictadura que muestra los colmillos de un poder que no tiene ninguna voluntad de obedecer el veredicto de las urnas, ni mucho menos. La comisión de mediadores, llámese Unión Europea, Iglesia Católica y partidos o facciones políticas golpistas –como la de Mesa, Camacho o Quiroga– contribuyeron a convertir a una senadora ultraconservadora en presidenta títere y al Palacio de Gobierno en una vulgar caterva de simulacros políticos cotidianos destinados a aplastar a un pueblo, todavía consternado por los acontecimientos de horas dramáticas que parecen no tener una explicación racional. Entretanto, el poder real se ha despojado de su apariencia democrática y de agente internacional aliado para mostrar su verdadero rostro imperial. A cada paso expone todas las opciones con las que cuenta para hacer prevalecer la decisión de que su retorno significa tutelaje de largo plazo, algo que no parecen entender hasta hoy ni los que fueron gobierno ni las propias organizaciones sociales que se muestran todavía desvertebradas y atónitas. Por ello el proceso electoral entraña una estafa de magnitudes imprevistas. Lo que ocurrió en Bolivia es un golpe de Estado de consecuencias no solo locales sino de alcance regional y lo que ocurra en esta provincia ocupada tenderá a replicarse en las otras, aunque de manera distinta. Brasil ya experimentó el quiebre de su democracia mediante el golpe legislativo contra Dilma Rousseff, similar al que ocurrió en Paraguay con 319 Ernesto Eterno Fernando Lugo, Zelaya fue echado del gobierno hondureño mediante el tradicional golpe militar y los intentos de expulsar del poder a Nicolás Maduro de Venezuela pasan por el uso de una panoplia de guerra híbrida con daños cuantiosos y de imprevisibles consecuencias. El propio Comando Sur en su postura estratégica de enero de este año (2020) señaló que la región se considera como “espacio crítico en la competencia global” (U.S. Southern Command, 2020) y Bolivia ha sido declarada como un “aliado vital” en estas lides geopolíticas. Ciertamente, frente a la convulsión social que acontece en el sur –Chile, Colombia, Ecuador– se avizora la receta del disciplinamiento por la vía del garrote en su versión de guerra económica contra Venezuela o de estrangulamiento energético y financiero como en Cuba. En Bolivia el golpe de Estado y sus maniobras subyacentes, incluido el fraude previsible de mayo del 2020, señalan el punto de no retorno respecto a la reocupación colonial estadounidense. Lo que no había concluido con éxito en aquella aventura golpista cívico-prefectural del 2008, dirigida no solo a coagular el flujo progresista en América Latina, lo concluyeron el 2019 con aquellos actores que ese año no tuvieron cabida en los planes del imperialismo estadounidense por desconocimiento o desdén: militares, policías, ONG y su ejército de jóvenes, iglesia y la OEA y de manera indirecta funcionarios felones de la Unión Europea que operaron por encargo ruin. El nuevo golpe de noviembre en Bolivia parece corresponder a la categoría de la guerra híbrida en la que los aliados criollos ultraconservadores/ultramontanos, además de constituir eslabones prescindibles de la maquinaria golpista, están mostrando su exponencial desprecio a la democracia y su culto exaltado al dinero. Las denuncias vienen por dos puntas: la de los propios participantes del golpe y las que el golpe mismo contribuyó a esclarecer. María Galindo, militante del feminismo radical en La Paz, denunció públicamente la concurrencia de actores políticos y la presencia de actores no estatales que muestra la inconfundible intervención de fuerzas externas decidiendo el futuro del país. Galindo en su artículo (Pájaro Rojo, 29 de enero de 2020) titulado “Bolivia: Janine Áñez no cayó del cielo para salvar la democracia boliviana” censurado por el periódico Página 7, un vulgar boletín auspiciado por la embajada americana, denuncia, apoyada en declaraciones de Waldo Albarracín, presidente de CONADE (Consejo Nacional de Defensa de la Democracia) el contubernio triangulado por la Iglesia Católica, en el que confluyeron una suma variable de actores que impulsaron y coronaron el golpe. Estuvieron presentes agentes criollos fieles a Estados Unidos como Tuto Quiroga y Luis Fernando Camacho, políticos también vinculados con la embajada de Estados Unidos como Carlos Mesa con su asesor Ricardo Paz, delegados 320 Estados Unidos en Bolivia: imperialismo recargado contra un “triste país” de Doria Medina y del gobernador Rubén Costas y operadores extranjeros como el embajador del Brasil y el comisario político de Estados Unidos, Erick Foronda. Los conspicuos representantes de la Iglesia Católica –Eugenio Scarpellini– y de la Unión Europea con León de la Torre y otros, que habían definido previamente la ruta de la aparente transición gubernamental por encargo extranjero, simulaban escuchar atentamente a quienes oficiaban el papel de encomenderos políticos. Los políticos cumplieron su papel de bajar la crispación del conflicto social y la Unión Europea e Iglesia se convirtieron como por arte de magia en los virtuales mediadores providenciales para evitar que el desborde de las “turbas masistas” pudiera terminar con los planes de cambio de régimen. Incluso fueron más allá de toda previsión: negociaron dinero y canonjías con algunos diputados y senadores del MAS a cambio de facilitar una comedia previamente cocinada entre bambalinas. Un juego siniestro de “autoridades” autonombradas para oficiar ritos simulados para conjurar el impacto social y político del golpe. Conviene subrayar dos apuntes sobre las comadronas golpistas: la presencia del representante de la universidad, Waldo Albarracín, que ofició como el promotor de las movilizaciones estudiantiles bajo chantaje y muy bien financiadas en La Paz y los auspicios de la Iglesia Católica, que además de otorgar la Universidad Católica como sede golpista, también aportaron con el diseño de la ruta crítica de la “pacificación”, después de contribuir a incendiar el país con sus sermones y recomendaciones pastoriles. Como de costumbre, la cuota oscura de la Iglesia no podía faltar en un nuevo episodio golpista metamorfoseado como transición y pacificación. El episodio central que ocupa la denuncia de Galindo y que los medios de comunicación esconden con una felonía digna de la peor especie, es la oferta de dinero que hace Tuto Quiroga y que acepta la senadora Jeanine Áñez para ocupar, por “sucesión constitucional”, la presidencia del Estado. Quiroga, el mayor agente de la CIA en Bolivia, además de convencer a Áñez para que ocupe el cargo con todos sus riesgos previo pago de 200 a 300 mil dólares, también impone las condiciones inherentes: gabinete, asesores, programa de transición y las consecuencias políticas derivadas del momento crítico que tendrían luego un remate sangriento en Sacaba y Senkata, amén de todo lo que ocurriera en circunstancias tan convulsas. Además de la ilegalidad o ilegitimidad con la que Áñez asumió esta responsabilidad el hecho escabroso es que lo ejerce en condiciones abyectas debido al pago negociado con el representante de la agencia más oscura y criminal del imperio de Estados Unidos. Convendrá recordar que este episodio no es nuevo en Bolivia. La CIA ya nos tenía acostumbrados a este método de envilecimiento por la vía de la compra de conciencias desde la década de los sesenta, con el 321 Ernesto Eterno general Barrientos como su alumno más destacado, al que se suma en el otro extremo temporal Carlos Mesa, como un discípulo poco aventajado del neoliberalismo. Las declaraciones públicas de Luis Fernando Camacho en las que explica que su padre pagó a mandos militares y policiales nos remite a otro escenario en el que se revela nuevamente el uso descomedido de dinero con el objetivo de consumar el golpe, unos mediante el amotinamiento y otros mediante la exigencia de renuncia al presidente constitucional, Evo Morales. Ambos esclarecimientos golpistas no desmentidos, mediados por los pagos a la presidenta autonombrada y mandos militares y policiales, además de los cuantiosos recursos que significó la movilización ciudadana a la cabeza de los comités cívicos, periodistas, analistas y medios, ONG, jóvenes y redes de desestabilización informales y que finalmente condujeron a la renuncia de Evo, entraña y explica la naturaleza del golpe, sus financiadores directos y por cierto, el precio colonial que significó hacerse de un país. Si bien es cierto que aún queda mucho por esclarecer en el complejo episodio golpista tanto en su génesis, actores, cronología, así como en su cartografía política y social, no hay duda de la existencia de una geopolítica inexorable que la acompaña. Como muy bien sugiere Rafael Bautista, este proceso desestabilizador –desestructuración estatal– encuentra en Bolivia el mejor escenario para la recaptura geoestratégica de Sudamérica tanto para estadounidenses como para las oligarquías vecinas más rancias como las de Chile y Brasil. Frente al evidente fracaso de su estrategia contra Cuba, Nicaragua y Venezuela, Bolivia se constituyó en el eslabón más débil en la cadena de eslabones progresistas a ser desmantelados por diversas razones. El éxito económico sin tutela extranjera, el proyecto industrial, potencialmente peligroso para su emancipación definitiva, pero además el inmensurable valor atribuido al litio en el marco de la geopolítica energética, amén de la invalorable posición que perfilaba el país para convertirse en el nuevo canal territorial similar al que le tocó desempeñar a Panamá en el siglo XX sin duda hablan del proceso de desfeudalización imperial. Bolivia encarnaba la construcción del corredor bioceánico de cara al siglo XXI perfilándose como un verdadero puente geopolítico y transformador de los flujos comerciales interoceánicos, pero además como una plataforma inédita en la modificación monetaria global, teniendo en cuenta la intervención de las potencias emergentes como China, Rusia y la India. Por ello, aunque el detalle pareciera anecdótico, lo cierto es que ningún golpe en Bolivia promovido por Estados Unidos había logrado desarrollar un nivel de conocimiento y de intervenciones múltiples a lo largo de 14 años de gobierno del MAS, financiamiento millonario 322 Estados Unidos en Bolivia: imperialismo recargado contra un “triste país” y negociaciones complejas, simultáneas, nacionales e internacionales además de una guerra mediática y comunicacional sin precedentes, cuyo corolario no solo fue la derrota política del adversario sino la ocupación física del propio Palacio de Gobierno. Camacho fue apenas un personaje accesorio colocado a imagen de la teatralidad que exigía la ritualidad cristiana –desencadenada en Santa Cruz– que llegaba con la Biblia en la mano para evocar la derrota de un aparente demonio. En un tiempo en el que la opinión pública se construye –fabricación del consenso según Chomsky y Herman (2000)– en el tejido tecnológico de sistemas y plataformas comunicacionales, la estrategia de la posverdad ha servido en Bolivia como uno de los factores quirúrgicos más efectivos en este proceso golpista. No cabe duda de que el arsenal de las mentiras cotidianas, los errores del gobierno del MAS, las acciones convergentes de la derecha nacional e internacional y las operaciones encubiertas de las agencias de seguridad estadounidenses fueron tributarios de una derrota aplastante en las calles de todas las capitales departamentales. Queda claro que el detonante de la ofensiva final estuvo en manos de la OEA con un informe anodino pero lo suficientemente artero como para explosionar el clima social ya enrarecido durante más de dos semanas. El mal llamado Ministerio de Colonias colocó su cuota golpista en un escenario de supuesto fraude, narrativa que durante un año sostuvieron en los medios de comunicación el ejército de bufones mal pagados. La intervención de Estados Unidos, además de la destrucción del Estado democrático, convirtió el golpe en un escenario político de magnitudes grotescas que dejó incluso de lado los tradicionales mecanismos de mediación o formalidades intervencionistas tradicionales. Nada impidió izar la bandera estadounidense en el mástil de una clase bastarda –autodenominada “pititas”– que creía que enarbolando consignas propias de la “guerra de colores” estaba conquistando derechos políticos secuestrados por un supuesto “tirano”. Las manos oscuras de la injerencia y de la intervención imperial se agitaban en las primeras planas de la prensa más conservadora y venal que tuvo Bolivia a lo largo de su existencia. La caída de Morales permitió que la CIA retornara a Palacio sin cortapisas. Conviene recordar que hasta el año 2006, esta siniestra agencia de seguridad de Estados Unidos empleaba a un grupo de policías y oficinas dentro de Palacio de Gobierno con el fin de acceder a información de primera mano de gobiernos neoliberales bajo el sofisticado nombre de Unidad de Análisis de Seguridad Presidencial (UNASEP). En cambio, el golpe de noviembre del 2019 le permitió llegar a las puertas mismas y ocupar de manera directa y sin remilgo alguno el propio Palacio de Gobierno para instalarse a espaldas de la propia presidenta 323 Ernesto Eterno autonombrada en calidad de asesor personal. Para graficar sintéticamente: no es que la senadora Áñez llegó a Palacio de Gobierno para ser presidenta desde la Asamblea Legislativa, se hizo presidenta en tanto y en cuanto los estadounidenses tomaron literalmente el Palacio de Gobierno con apoyo de militares y policías felones que contribuyeron a darle formalidad a un acto consumado. Los estadounidenses esta vez no se privaron ni siquiera de anunciar la secuencia del golpe mediante su fiel testaferro, Erick Foronda, a través de su seguidilla de tuits. El 22 de octubre, a dos semanas del golpe informaba que el encargado de negocios de Estados Unidos había sido convocado a Washington, “No para congratularlo” señaló. El viernes 8 de noviembre, en una secuencia ininterrumpida del seguimiento al golpe publicó: “NO AFLOJAR ¡Cortes electorales imparciales! ¡Ya!” Y sentenció, “Próxima semana definitiva”, agregando una monumental mentira para inflamar el estado de ánimo de la Policía, “El gobierno desarmó a la policía. Horas antes de que se desate el motín. El motín de los policías ya casi es nacional”. Por cierto, a esa hora en que el vocero estadounidense anunciaba el motín nacional de la policía, los mandos ya habían sido comprados por la familia de Luis Fernando Camacho con los dineros que le había proporcionado la agencia madre de Foronda. Quienes lograron hacer realidad el golpe en sus distintas fases fueron sin duda dos personajes, además de otros, que pertenecen al sofisticado ejército criollo de agentes tributarios de la CIA: Jorge Tuto Quiroga y Erick Foronda. Ambos poseen un largo historial de relaciones carnales con la agencia matriz a la que le deben fortuna y reputación además de encarnar un sentimiento de odio profundo y frustraciones políticas acumuladas contra el gobierno de Evo Morales. Quiroga, el candidato financiado por la embajada estadounidense había sido derrotado abrumadoramente en las elecciones del 2005 y en todos los escenarios en los que pretendió asumir el liderazgo de la oposición. Los cables desclasificados de Wikileaks (2005-2010) en el caso boliviano muestran a Tuto Quiroga como un vulgar soplón a sueldo cuyo prestigio ante la embajada empezó a eclipsarse a partir de su derrota en el referéndum revocatorio del 2008 gestionado por iniciativa suya (Quintana, 2016). Luego de muchas maniobras para preservarse como aliado proyanqui, Quiroga encontró espacio como vocero de causas ultraconservadoras de Bolivia en la comunidad internacional neofascista, apoyado por representantes republicanos residentes en Miami, con apoyo financiero de la CIA. Foronda, en cambio, desde su cubículo de la embajada de Estados Unidos trabajaba con la paciencia de un cirujano en un profundo proceso continuo y sosegado de envilecimiento de periodistas, medios y empresarios mediáticos que no tiene parangón en la historia del 324 Estados Unidos en Bolivia: imperialismo recargado contra un “triste país” periodismo nacional. Fue un mediador emblemático de aquello que se puede llamar la mayor compra fraudulenta del periodismo nacional para fines inconfesables. Como veremos más adelante, ambos se convirtieron en operadores eficientes de los mandatos establecidos por el Departamento de Estado. Mientras Tuto Quiroga gestionaba la construcción articulada del nuevo gabinete en directa relación con Camacho, Mesa y Doria Medina, en consulta con Washington, Foronda se hizo propietario a tiempo completo de la oficina del asesor presidencial junto a otro equipo selecto de funcionarios vinculados directamente a la embajada de Estados Unidos. Más que un gobierno legítimo o legal que se expresara mediante un gabinete nacional, lo que se logró instalar fue un equipo de felones con una fidelidad ideológica y conciencia plena para subordinarse, no a un proyecto de gobierno sustitutivo sino a un objetivo de desmantelamiento del Estado Plurinacional. Desde esta perspectiva se puede hablar entonces de un gabinete testaferro más que de un gobierno de transición derivado de un cambio de régimen. Quiroga trabajó en los detalles de la estabilización política y asistencia jurídica parlamentaria para reforzar la transición y se puso a disposición del régimen esperando convertirse en el candidato presidencial que las circunstancias exigían. Recibió como premio el encargo de responsable de la defensa del gobierno democrático ante la comunidad internacional para contrastar la idea de golpe de Estado, cargo al que luego de escasas semanas de ejercerlo renunció para proclamarse candidato presidencial por cuenta propia. Foronda, en cambio, la garganta profunda del régimen, instaló su gabinete bajo mando directo de la embajada de Estados Unidos a la que había servido durante casi tres décadas y cuya misión esencial radica en dirigir el timón del gobierno digitando decisiones presidenciales para evitar cualquier extravío ajeno a los objetivos estratégicos impuestos por sus patrones. En realidad, más que un asesor de la presidenta, Foronda es un ministro de la presidencia que goza de poderes supremos, encomendado y dirigido desde el Departamento de Estado. En los hechos cotidianos la presidenta autonombrada funciona a control remoto dada su inexperiencia en la gestión de gobierno, sus limitaciones intelectuales y su radicalismo verbal que la hacen vulnerable a su condición de candidata de la embajada de Estados Unidos. Aunque este no es el espacio propicio para explicar los detalles de la personalidad y trayectoria con influencia estadounidense de Foronda, convendrá señalar que está fuertemente vinculado con dos presidentes bolivianos cuyas gestiones están marcadas por masacres sangrientas: Gonzalo Sánchez de Lozada y Jeanine Áñez. En el primer caso, Foronda se desempeñó como consejero de prensa para cubrir el juicio que se le 325 Ernesto Eterno siguió a este y a su exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzain, en el Estado de la Florida, e indirectamente trabajó para forjar la impunidad de estos siniestros personajes que propiciaron la masacre de más de 60 personas y más de 1 000 heridos en la ciudad de El Alto, en octubre del 2003. En el segundo caso, Foronda, en su calidad de asesor presidencial está implicado de manera directa en las masacres de Senkata y Sacaba en tanto presidía la coordinación, junto al ministro de la Presidencia, con el Ministerio de Gobierno y Defensa con los que acordaron la intervención militar-policial que produjo la dramática masacre de 36 personas y más de 500 heridos en ambos lugares. Su condición de asesor no lo libra de enfrentar juicios nacionales e internacionales por estos crímenes de lesa humanidad sabiendo su destacado papel en el núcleo central de las decisiones presidenciales. Foronda en su calidad de asesor de prensa trabajó con más de 10 embajadores estadounidenses y por lo tanto le tocó presenciar muchos episodios claves de la historia nacional que explican el peso dominante de la potencia sobre los sucesivos gobiernos neoliberales desde 1985. Fue parte del operativo de expulsión de Evo Morales el año 2002, durante la gestión del embajador Manuel Rocha, precisamente con el gobierno de Tuto Quiroga (2001-2002), su entrañable compañero de agencia. De igual manera le tocó estar muy cerca de los episodios de octubre del 2003 que eran informados directamente y minuto a minuto al embajador Greenlee por el propio Sánchez de Lozada. Por alguna extraña casualidad, Foronda interviene, esta vez de manera directa, en las masacres sangrientas de noviembre del 2019. Curiosa reminiscencia de esta oscura personalidad cercana a la muerte cuya exaltada fidelidad a Estados Unidos es superior a la de su propio país. Se es fiel al que paga mejor, diría el agente. Conviene recordar que Foronda también estuvo involucrado en el epicentro mismo de la aventura golpista del 2008 facilitando todo el arsenal mediático en procura de que su embajador Philip Goldberg, el llamado carnicero de la antes Yugoslavia, cumpla la tarea de destruir el gobierno de Evo Morales. En un capítulo poco grato para las relaciones Estados Unidos-Bolivia, a Foronda le tocó lidiar, desde su función de asesor de prensa, con un conjunto de acusaciones públicas debidamente sustentadas provenientes del gobierno nacional que apuntaban a develar el involucramiento de las agencias estadounidenses –CIA, USAID, NED, IRI– y de Goldberg en particular, en el golpe de Estado del 2008. Por cierto, Evo Morales declaró a Goldberg persona non grata en septiembre del mismo año que obligó a Foronda a redactar la nota de su despedida amenazadora que 11 años después se cumplió casi como una profecía. A tiempo de abandonar el país, Goldberg señalaba que su expulsión era un error histórico y que esa decisión “podría tener efectos 326 Estados Unidos en Bolivia: imperialismo recargado contra un “triste país” serios de muchas formas que al parecer no se ha evaluado apropiadamente. […] A quienes nos han acusado de infamias y a quienes nos han insultado y han distorsionado la verdad, no tengo nada que decirles” (Quintana, 2016). Estaba claro que la despedida sonaba más a una amenaza imperial que a un gesto de buena educación diplomática. Foronda y Goldberg forman parte de una misma ecuación política e ideológica y por lo mismo sostienen ideas y sentimientos semejantes que los convirtieron en amigos entrañables. Incluso, Foronda viajó a Bogotá exclusivamente para felicitar a Goldberg por su designación como nuevo embajador de la colonia sudamericana, segunda sede informal del Comando Sur. Lo hizo después de que este fuera prácticamente expulsado de Filipinas por su presidente Rodrigo Duterte (2016) que lo consideraba intratable y al que llamó “hijo de puta” y sobre el cual el gobierno filipino dispone de un amplio prontuario de transgresiones aberrantes. La designación de embajador en Bogotá sucede a su desempeño frustrado en La Habana como encargado de negocios en la que le tocó intentar socavar la estabilidad de Cuba mediante la denuncia internacional de supuestos “ataques sónicos” contra personal diplomático, algo verdaderamente surrealista. Los rasgos particulares de la personalidad de Goldberg, asociados a sus obsesivas tareas desestabilizadoras, operaciones encubiertas y trabajos de inteligencia siniestra que muestran una fuerte tentación criminal, al parecer destellan en la esmirriada psicología de Foronda y en sus complejos malsanos que lo llevan a confundir la realidad con sus pasiones vengativas. El peso político de Foronda despegó a partir de su intervención en el cónclave golpista convocado por la Iglesia católica y en sus posteriores gestiones para mantener a una parte importante de la prensa nacional afiliada a sus tradicionales métodos de obediencia. De hecho, las designaciones de los ministros que en principio correspondía a la presidenta autonombrada fueron realizadas entre Tuto Quiroga, un grupo de asesores y el representante directo de la embajada de Estados Unidos. Se acordó sin discrepancia alguna designar a Karen Longaric, por su perfil profesional, su postura antimasista y sus vínculos de larga data con USAID y la embajada americana a la que le asignaron la tarea de devolver Bolivia a su órbita colonial “desideologizada”. Dadas las circunstancias, ambos compartían la necesidad de instalar un régimen de mano dura con aire vengativo en el Ministerio de Gobierno y nada mejor que Arturo Murillo, también un agente reclutado y bien pagado por la CIA durante todo el gobierno de Evo Morales. El Ministerio de Comunicación exigía una voz apropiada para exacerbar los ánimos contra el gobierno anterior y no se encontró una ficha mejor que la comunicadora social Roxana Lizárraga, amiga entrañable y funcionaria a sueldo, junto a Amalia Pando, de la Fundación neofascista 327 Ernesto Eterno que preside Sánchez Berzain en Miami, Estados Unidos. La cuota en el Ministerio de Salud le correspondía al Colegio Médico, el operador político clave que se desplegó furibundo en las calles casi un año antes del golpe y cuya titularidad fue asumida por un médico anticomunista rabioso y falto de ideas, ideal para la campaña anticubana promovida desde Washington. Obras Públicas, el ministerio tan codiciado le correspondió ocuparlo al exalcalde de Rurrenabaque, Yerko Núñez, en un juego de negociaciones pragmáticas entre Ernesto Suárez y la propia presidenta autonombrada que días previos formaba parte de su elenco político subalterno. A Luis Fernando Camacho le correspondió designar al ministro de defensa, su operador militar, Desarrollo Rural y Tierras, operador con movimientos sociales y al ministro de la presidencia, Jerjes Justiniano como agente tutelar de la presidencia. El resto de los nombramientos se hicieron como parte del juego de concesiones y simbolismos con distintos actores políticos y territoriales que contribuyeron al golpe de Estado. Las decisiones que se adoptaron en los 100 primeros días de gobierno corresponden a las necesidades imperativas, tanto de corto plazo como en su proyección para el largo plazo, y no han sido necesariamente uniformes debido a la desvertebrada composición del gabinete. En materia de Política Exterior el retorno del país a la órbita imperial fue casi instantánea y no exigió el menor rigor marcial para cumplir sus metas. Cancillería cumplió la tarea de romper relaciones con Venezuela y Cuba, expulsar a sus médicos solidarios y echar lodo sobre el trabajo humanitario de ambos países como establecía el catálogo yanqui en esas horas sombrías para los aliados del Estado Plurinacional. Longaric, la canciller que se convirtió en una suerte de delegada bufa del régimen cumplió la tarea de romper con UNASUR, abandonar CELAC y ALBA y acercarse al Pacto Andino, además de vincularse orgánicamente al Grupo de Lima y a cuanto organismo necesitara la Política Exterior de Estados Unidos, no de Bolivia. En contraste con la necesidad de lograr aliados para consolidar su legitimidad socavada favorecieron el conflicto bilateral contra México por el caso de los asilados, el asedio a la residencia y los salvoconductos, Argentina, país que no reconoce hasta hoy su estatuto democrático, España por la torpeza y grosería del Ministerio de Gobierno que inventó el apoyo a una supuesta fuga de los asilados y la Unión Europea por añadidura. En contrapartida, Longaric puso a disposición del gobierno de Estados Unidos la política exterior del país bajo el supuesto prisma de intereses recíprocos y respeto a la soberanía nacional. Definió el restablecimiento de las relaciones bilaterales, la designación de embajadores a Estados Unidos, OEA y ONU, el retorno de USAID, la reapertura para la llegada de la cooperación extranjera, así como el restablecimiento de las relaciones con Israel, dejando las puertas abiertas para 328 Estados Unidos en Bolivia: imperialismo recargado contra un “triste país” el retorno de la DEA y otras agencias de cooperación estadounidenses como el Cuerpo de Paz y las ONG de filiación ultraconservadora. Además de los conflictos bilaterales o de los alineamientos a una multilateralidad digitada desde Washington, el régimen enfrenta severos cuestionamientos a su política de derechos humanos frente a los cuales ni Estados Unidos ni la Iglesia Católica y en algún caso la Unión Europea se pronunciaron luego de las masacres sangrientas. El informe de la CIDH, la Resolución del Consejo Permanente de la OEA, los pronunciamientos sistemáticos de funcionarios de Alto Nivel de la ONU vinculados con los DD. HH. y de otras organizaciones civiles internacionales constituyen severas derrotas en el ámbito externo alimentadas por el comportamiento antidemocrático, abusivo y despótico de los organismos de seguridad del Estado y de sus satélites subalternizados de jueces y fiscales que ponen en entredicho los debidos procesos y toda la arquitectura de protección de derechos de las personas. Otras cuestiones, como la del Silala, frente a Chile, están siendo tratadas desde una perspectiva irresponsable y políticamente incorrecta develando secretos de Estado. El problema mayor de Longaric es el fuego cruzado con sus colegas, que cada vez usurpan sus funciones dejando en el limbo vergonzoso su responsabilidad institucional. La política comunicacional es la fuente nutricia de la que se alimenta la legitimidad del régimen y proviene tanto del envilecimiento de los medios de comunicación públicos y privados como de la cantera masiva de redes sociales que cuentan con apoyo externo. En el primer caso destaca la agresividad con la que la ministra de Comunicación impuso una política de cerco mediático mediante la intimidación, miedo y censura a los medios privados, control marcial sobre los oficiales y censura sobre los alternativos. Haciendo coro con la amenaza de cacería de sujetos sediciosos, la ministra de Comunicación amenazó con procesar a los medios o periodistas que cometieran actos sediciosos. La violación de la libertad de expresión como de prensa fue severamente cuestionada por la opinión pública que hasta mereció una severa llamada de atención del Relator Especial de la CIDH para medios de comunicación, Edson Lanza. El cierre de más de 50 medios comunitarios que estaban en manos de pueblos indígenas, organizaciones sociales o sindicatos fueron silenciados y en algunos casos desmantelados arbitrariamente. La grosera censura alcanza medios internacionales como la cancelación de la frecuencia de Telesur, Rusia Today e HispanTv. Se acusa al régimen por la muerte de un periodista argentino, la expulsión de equipos periodísticos extranjeros, además por la aplicación de la regulación política de pautas publicitarias como mecanismo para el alineamiento de contenidos, pago de prebendas a periodistas o apertura de programas pro-oficiales, financiados por el 329 Ernesto Eterno Ministerio de Comunicación. La persecución política contra periodistas críticos, así como las masacres blancas en medios de comunicación estatales o la intervención judicial contra redes de medios sospechosas de vinculación con el gobierno anterior forman parte de la censura compulsiva que hoy se ejerce sin el menor asomo de cuestionamiento por la comunidad internacional. La política comunicacional se ha convertido en un coto de caza, pero a su vez en un instrumento para el silenciamiento de la realidad. En contrapartida, los medios maximizan hasta la saciedad contenidos cuyo epicentro radica en satanizar al gobierno de Evo Morales sin ninguna posibilidad de contrastación frente a la cascada de denuncias de corrupción sin sustento en investigaciones judiciales. Lo cierto es que quienes se rasgaban las vestiduras en el pasado inmediato ante cualquier sospecha de violación de la libertad de prensa hoy mantienen un silencio cómplice. El régimen ha logrado instalar una verdadera maquinaria de producción de sentido en torno al fraude electoral, la inexistencia del golpe de Estado, el narcotráfico y la corrupción. Siguiendo esta misma línea oficial se continúa promoviendo líneas estigmatizadoras contra los movimientos sociales y de negación del sujeto indígena, así como representaciones de violencia inherentes a este sector encarnadas bajo conceptualizaciones intolerables asociadas a “hordas” o “salvajes” como le agrada decir a la propia presidenta autonombrada. De igual manera, el uso de simbologías que tienen legitimidad en amplios sectores de la sociedad como la religión católica o evangélica vinculadas al retorno de Dios al Palacio es otro de los discursos enajenantes que los medios oficiosos sostienen a diario. En el ámbito económico, con apoyo masivo de los medios, el régimen está creando las condiciones favorables para un retorno de las políticas privatizadoras instalando la idea del derroche en los grandes proyectos de industrialización, la improductividad o los déficits aparentes que estarían arrojando las empresas públicas como elemento de justificación. El copamiento de las empresas públicas por exfuncionarios que proceden de la empresa privada con el objetivo de desmantelar los bienes colectivos constituye una política indirecta de privatización a la que se suma el virtual saqueo de las empresas públicas en manos de gerentes improvisados o designados por razones políticas como en ENTEL, BOA, ENDE, YPFB y otras. VI El futuro está cargado de una incertidumbre explosiva. Bolivia está transitando peligrosamente del Estado Plurinacional hacia las deplorables condiciones del “Estado aparente” en el que las elecciones de 330 Estados Unidos en Bolivia: imperialismo recargado contra un “triste país” mayo de 2020 jugarán un papel determinante. La designación del presidente del TSE, Salvador Romero, y de algunos vocales cuya neutralidad política está en duda por su fuerte vinculación con el Departamento de Estado, hacen presagiar un proceso funesto para la desarrollada vocación democrática del pueblo boliviano. La inesperada candidatura de la presidenta autonombrada, así como el uso de todo el aparato estatal para fines electorales, la protección gubernamental de grupos violentos o las gestiones políticas paralelas que oficia el Comité Cívico con los frentes políticos conservadores, en su pretensión de usurpar la voluntad popular, constituyen señales peligrosas para la salud democrática. El escenario político en Bolivia parece enfilar hacia el modelo hondureño cuyo libreto esta predeterminado en Washington: golpe, proscripción y fraude como señalara muy bien el periodista argentino Héctor Bernardo (Diario Contexto, 21 de febrero de 2020). La inhabilitación del expresidente Evo Morales y del excanciller Diego Pary como candidatos a senadores por Cochabamba y Potosí, anunciada el jueves 20 de febrero por el presidente del TSE, hacen presagiar un futuro sombrío. La intervención de Estados Unidos no solo es una sospecha, es una constatación de su tenebrosa decisión de impedir que nuevamente el pueblo pueda gobernarse a sí mismo. En 1965, la CIA operó abiertamente en Bolivia para darle continuidad al golpe de Estado de Barrientos (1964) financiando groseramente su campaña para convertirlo en presidente constitucional, así como el apoyo logístico y financiero a sus potenciales aliados y a la prensa de la época. Durante esos años la OEA se encontraba operando activamente en la región para lograr el alineamiento de los países de América Latina a la política de Estados Unidos para expulsar a Cuba y promover nuevas intervenciones de sus agencias de seguridad contra la revolución socialista cubana. Hoy, la incursión galopante de funcionarios estadounidenses que arribaron al país para apoyar al gobierno ofreciendo ayuda económica y asistencia técnica para llevar a cabo las elecciones forman parte de la coartada política en la que se encuentran empeñados desde hace más de una década, en su afán de revertir el horizonte plurinacional en el que Bolivia se había embarcado desde el año 2009. No es una casualidad que se anunciara la llegada de USAID para “supervisar las elecciones en Bolivia” y tampoco ofreciera financiamiento inmediato para la reconstrucción de los edificios electorales incendiados por la revuelta conservadora, el apoyo de expertos en sistemas informáticos, así como recursos frescos para apoyar proyectos a petición del órgano electoral. La presencia de la NED, el financiamiento a ONG vinculadas con procesos electorales, el apoyo económico y el auspicio a los observadores electorales extranjeros forman parte del tablero tradicional injerencista al que nos tiene acostumbrados Washington. Esto constituye la mayor 331 Ernesto Eterno evidencia de la injerencia de Estados Unidos sobre uno de los procesos electorales claves para el futuro de la nación andino-amazónica teniendo en cuenta que Bolivia hoy no necesita un solo centavo de la cooperación externa para construir su democracia. El propio papel de la OEA en estos comicios electorales debiera llamar poderosamente la atención debido a su nefasto papel desempeñado en el golpe de noviembre del 2019 y que hoy, desde una posición asistencialista y técnica aparentemente neutral, pretende maquillar su dependencia radical a los mandatos de sus financiadores benévolos. No cabe duda de que el cerco mediático construido para el golpe seguirá sosteniendo la impostura de un gobierno que dejó atrás su compromiso democrático para convertirse en una verdadera dictadura policial-militar suspendiendo los derechos constitucionales de los ciudadanos amparados en una poderosa maquinaria represiva. El ministro de gobierno que cumple prolijamente la tarea de testaferro de intereses extranjeros en su propia patria amenazó con suspender las elecciones allí donde la policía no estuviera presente cumpliendo sus funciones. ¿A alguien en Bolivia y en el mundo le queda duda sobre la abyecta conducta golpista y violenta de la policía y FF. AA.? Bolivia es sin duda un territorio en el que se disputa la dignidad de un pueblo y el proyecto de construcción de la Patria Grande, frente a la felonía del viejo impostor imperial bajo el trasfondo de su célebre doctrina Monroe. BIBLIOGRAFÍA Almaraz Paz, S. (1969). Réquiem para una República. S.d.: Obras Completas. Casa Blanca (2019, 11 de noviembre). Statement from President Donald J. Trump Regarding the Resignation of Bolivian President Evo Morales. Disponible en https://www.whitehouse. gov/briefings-statements/statement-president-donald-j-trumpregarding-resignation-bolivian-president-evo-morales/ Acceso 2 de marzo de 2020. Casa Blanca (2000). Presidential Determination on waiving a restriction on United States assistance to Bolivia. Disponible en https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidentialdetermination-waiving-restriction-united-states-assistancebolivia/ Acceso 21 de febrero de 2020. Chomsky, N. y Herman, E. (2000). Los guardianes de la libertad. 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Disponible en https://www.nodal.am/2019/11/bolivia-las-FF. AA.condecoran-con-la-maxima-distincion-a-la-presidenta-de-factojeanine-anez/ Acceso 2 de marzo de 2020. Pájaro Rojo (2020, 29 de enero). María Galindo: Bolivia. Una columna censurada ilumina la trastienda de la candidatura de Janine Áñez. Disponible en https://pajarorojo.com.ar/?p=45678 Acceso 5 de marzo de 2020. Quintana, J. (2016). BoliviaLeaks. La injerencia política de Estados Unidos contra el proceso de cambio (2006-2010). La Paz: Estado Plurinacional de Bolivia, Ministerio de la Presidencia. U.S. Southern Command (2000). 2020 Posture Statement to Congress. Disponible en https://www.southcom.mil/Media/Special-Coverage/ SOUTHCOMs-2020-Posture-Statement-to-Congress/ Acceso 3 de febrero de 2020. 333 APÉNDICE CRONOLOGÍA DE LAS ELECCIONES Y EL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA La siguiente cronología aborda algunos de los principales hechos, declaraciones y decisiones antes y durante las elecciones de octubre de 2019, así como aquellos acontecidos postelecciones vinculados al golpe de Estado, concluyendo con los momentos destacados de los primeros meses del gobierno de facto. No solo se consideran aspectos locales o a nivel nacional, sino la actuación de la comunidad internacional, considerando especialmente el rol desempeñado por el Gobierno de Estados Unidos, seguido de la Unión Europea (UE) y diversos organismos internacionales. En el ámbito regional destaca la incidencia de la Organización de los Estados Americanos (OEA). ESCENARIO PREVIO A LAS ELECCIONES 29 de noviembre de 2017 El Departamento de Estado de Estados Unidos condena la decisión del Tribunal Constitucional de Bolivia e insta a que Morales desista de presentarse en los comicios de 2019. 16 de diciembre de 2018 Robert Palladino (portavoz adjunto del Departamento de Estado): “No están dadas las condiciones para llevar a cabo elecciones libres e imparciales en 2019”. 335 Cronología de las elecciones y el golpe de Estado en Bolivia 31 de enero de 2019 Los senadores Bob Menéndez, Dick Durbin (Demócrata) y Ted Cruz (Republicano) presentaron el proyecto “Una resolución que apoya los principios y estándares democráticos en Bolivia y en toda América Latina” para que el Legislativo de Estados Unidos se pronuncie en contra de la repostulación de Evo Morales. 21 de febrero de 2019 Kimberly Breier (exsecretaria adjunta del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental) indicó que la comunidad internacional debe permanecer vigilante de las próximas elecciones en Bolivia. 1 de abril de 2019 12 legisladores bolivianos y tres representantes de colectivos ciudadanos pidieron a Donald Trump que presione ante la OEA para rechazar la postulación de Evo Morales. 8 de agosto de 2019 En el Memorandum on the Presidential Determination on Major Drug Transit or Major Illicit Drug Producing Countries for Fiscal Year 2020 enviado por Trump al Departamento de Estado, se designa a “Bolivia y al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela por no haber cumplido en los 12 meses anteriores con sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales antinarcóticos”. 20 de octubre de 2019 Elecciones presidenciales. Principales candidatos: Evo Morales por el MAS y el exmandatario y opositor Carlos Mesa. LUEGO DE LAS ELECCIONES 21 de octubre de 2019 El Gobierno advierte las dificultades para el conteo inmediato de los votos: en principio, solo se tendría el resultado del 80% de los votos, pues el porcentaje restante procedía de áreas rurales donde no solo no hay internet, sino que las comunicaciones y la insuficiente infraestructura vial dificultan o ralentizan la movilidad. Al día siguiente de las elecciones se logró el conteo del 83.76% de los votos. En ese primer conteo provisional (incompleto) el 45.28% era para el MAS (Evo Morales) frente al 38.16% de Mesa. Esos números (si hubiesen sido los definitivos) obligaban a una segunda vuelta. Sin embargo, faltaba aún contabilizar los votos de las zonas rurales Michael G. Kozak (Subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental) advierte: “Estados Unidos está observando de cerca la Primera ronda de elecciones en Bolivia, especialmente la repentina interrupción de la tabulación electrónica de votos. Autoridades 336 Cronología de las elecciones y el golpe de Estado en Bolivia electorales deben restaurar credibilidad y transparencia al proceso para que se respete la voluntad del pueblo. ”Estados Unidos rechaza los intentos del Tribunal Electoral de subvertir la democracia de Bolivia al retrasar el conteo de votos y tomar medidas que socaven la credibilidad de las elecciones bolivianas. Hacemos un llamado al Tribunal Superior Electoral (TSE) para que actúe de inmediato para restaurar la credibilidad en el proceso de conteo de votos”. La OEA publicó un informe en el que advertía sobre “graves irregularidades”, que insinuaba la existencia de un fraude y postulaba una repetición de la elección. Carlos Mesa denunció al gobierno de fraude, retomando el informe de la OEA. Comenzó una ola de protestas liderada en buena medida por diversos integrantes de la oposición. 22 de octubre de 2019 Declaración del portavoz de la UE sobre el proceso electoral en Bolivia: La interrupción inesperada del conteo electrónico de votos después de la primera vuelta de las elecciones generales en Bolivia ha suscitado serias preocupaciones que deben abordarse completa y rápidamente. Se espera que las autoridades bolivianas, en particular el TSE, garanticen la máxima transparencia de los procedimientos de conteo y tabulación y sus resultados. Esto es vital para garantizar la credibilidad del proceso electoral, asegurar la confianza de los votantes y respetar la voluntad del pueblo boliviano. Los incidentes recientes deben ser investigados y, además, pedimos a todas las partes que se abstengan de la violencia. Varias organizaciones convocan a huelga general indefinida y en las calles se registran enfrentamientos entre partidarios de ambos bandos. 23 de octubre de 2019 Convocatoria de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para “considerar la situación” de Bolivia a pedido de las Misiones Permanentes de Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y del representante de Juan Guaidó. La sesión se concretó de manera apresurada, sin margen para la participación del canciller boliviano Diego Pary y en medio del recuento de los resultados de las elecciones celebradas tres días antes. Se presentó un informe todavía preliminar, cuestionando unos resultados electorales que no eran definitivos, lo que sirvió para posicionar la matriz del “fraude”, ayudando a desencadenar los acontecimientos. 337 Cronología de las elecciones y el golpe de Estado en Bolivia Ante este panorama planteado por la OEA, el Gobierno boliviano solicitó a la propia organización la realización de una auditoría de las elecciones, por parte de una nueva misión electoral que se vio envuelta en un escándalo por la dimisión de su jefe de misión, claramente posicionado en contra del Gobierno de Evo Morales. 24 de octubre de 2019 La UE emite un comunicado en el que indica que “espera que el gobierno boliviano y las autoridades electorales resuelvan la situación respetando la voluntad del pueblo”. Retoma el informe preliminar de la OEA. Evo Morales advierte que es probable que el objetivo tras las protestas y la articulación con la huelga sea promover un “golpe de Estado”. Durante el proceso de auditoría de la OEA surgen nuevos perfiles de la oposición, y adquieren visibilidad y enorme liderazgo (en poco tiempo), como Luis Fernando Camacho (de Santa Cruz), quien convoca al Ejército y a la Policía a sumarse a la lucha contra Evo Morales. 25 de octubre de 2019 El Tribunal Superior Electoral informa que, casi concluido el conteo de la totalidad de votos, un 47.08% es para el MAS, mientras que un 36.51% es para el candidato opositor Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana. Habiendo una diferencia de 10 puntos no es necesaria una segunda vuelta y el MAS se proclama ganador de la contienda electoral. EL GOLPE, LA AUTOPROCLAMACIÓN DE ÁÑEZ Y EL GOBIERNO DE FACTO 6 de noviembre de 2019 La violencia se exacerbó en la medida en que se ponía en duda el resultado de las elecciones: manifestantes opositores incendian el ayuntamiento en Vinto y obligan a la alcaldesa a caminar descalza por el pueblo, cubierta de pintura roja. 8 de noviembre de 2019 Tres unidades policiales se amotinaron en Cochabamba, Sucre y Santa Cruz. Las protestas de la oposición se extendieron a varias zonas del país, mientras la policía se mostraba cercana a los manifestantes en La Paz. 10 de noviembre de 2019 La OEA realizó un comunicado de prensa la madrugada del 10 de noviembre filtrando de manera interesada los hallazgos preliminares de los auditores, nunca un informe definitivo. Esta medida sirvió de presión al Gobierno de Morales para que convocara a nuevas 338 Cronología de las elecciones y el golpe de Estado en Bolivia elecciones ante el descrédito desde la OEA a las instituciones electorales bolivianas y anuncia que renovará la totalidad de los miembros del TSE. Fue el propio Secretario General el que presionó para adelantar los resultados de la auditoría. Atendiendo a las recomendaciones de la OEA, Evo Morales convoca a nuevas elecciones generales y anuncia que renovará la totalidad de los miembros del TSE. El comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Williams Kaliman, y el comandante de la policía, Vladimir Yuri Calderón, pidieron la renuncia del mandatario Morales. Kaliman señaló que la solicitud responde a la necesidad de velar por la seguridad nacional. “Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial”. Evo Morales anuncia su dimisión con el objetivo de poner fin a la violencia y lograr la paz social, e insiste en que Bolivia está siendo víctima de un golpe de Estado: “Mi responsabilidad como presidente indígena y de todos los bolivianos es evitar que los golpistas sigan persiguiendo a mis hermanos y hermanas dirigentes sindicales y maltratando y secuestrando a sus familiares”. 11 de noviembre de 2019 Mike Pompeo (Secretario de Estado de Estados Unidos): “Encomiamos el trabajo profesional de la misión técnica de la OEA que encontró muchas irregularidades preocupantes en las elecciones en Bolivia del 20 de octubre. Apoyamos plenamente los llamados bolivianos y de la OEA para que se realicen nuevas elecciones y se elija a un nuevo Tribunal Electoral que pueda asegurar elecciones libres y justas que reflejen la voluntad del pueblo boliviano. A fin de restaurar la credibilidad del proceso electoral, todos los funcionarios del Gobierno y oficiales de cualquier organización política implicados en las elecciones viciadas del 20 de octubre deben apartarse del proceso electoral”. Declaración de la Alta Representante/Vicepresidenta de la UE, Federica Mogherini, sobre Bolivia: “Estamos siguiendo los acontecimientos en Bolivia. Quiero expresar claramente nuestro deseo de que todas las partes en el país ejerzan moderación y responsabilidad, y lleven al país, de manera pacífica y tranquila, a elecciones nuevas y creíbles que permitan al pueblo de Bolivia expresar su voluntad democrática”. Un grupo de opositores saquean la residencia de Evo Morales y su hermana. 12 de noviembre de 2019 Tras la consumación del golpe de Estado, se convocó un nuevo Consejo Permanente en el que se presentó otro informe de resumen de los hallazgos preliminares, nunca definitivos, de la auditoría. 339 Cronología de las elecciones y el golpe de Estado en Bolivia En esta sesión Luis Almagro llegó a afirmar que el golpe de Estado en Bolivia “ocurrió el 20 de octubre cuando se cometió el fraude electoral que tenía como resultado el triunfo del expresidente Evo Morales en primera vuelta”. Se justificaba así la impugnación de los resultados electorales que dieron la victoria a Evo Morales que sirvió de base para el derrocamiento de su Gobierno. Evo Morales logra salir del país, viaja a México, donde permanece como asilado político hasta lograr viajar a la Argentina el 12 de diciembre de 2019, con el asilo del Gobierno de Alberto Fernández. La senadora Jeanine Áñez se autoproclama presidenta de Bolivia sin quórum en el Parlamento. Solo recibe el apoyo de los opositores y los dos tercios de la Cámara rechazan su sucesión. 13 de noviembre de 2019 Mike Pompeo: Estados Unidos felicita a la senadora boliviana Jeanine Áñez “por asumir el cargo de presidenta de Estado interina para liderar a su nación a través de esta transición democrática, bajo la Constitución de Bolivia y de acuerdo con los principios de la Carta Democrática Interamericana. Esperamos trabajar con la OEA, las instituciones constitucionales civiles de Bolivia y el pueblo boliviano mientras se preparan para celebrar elecciones libres y justas lo antes posible. Hacemos un llamamiento a todas las partes para proteger la democracia durante las próximas semanas y abstenerse de actos violentos contra sus conciudadanos y sus bienes”. La presidenta del Senado de Bolivia, Adriana Salvatierra (MAS), reclama que no ha dimitido y que, por lo tanto, le correspondería a ella sustituir a Evo Morales en la Presidencia de la República. Áñez defiende la legitimidad de su investidura, negando que haya sido un golpe de Estado y aclarando que solo se mantendrá en el cargo el tiempo necesario para celebrar unas nuevas elecciones. 14 de noviembre de 2019 Reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Se acusa de sedición a periodistas argentinos que cubrían el golpe. 15 de noviembre de 2019 La Cancillería boliviana anuncia la salida de la ALBA y posible retiro de UNASUR. El gobierno de facto aprueba un decreto que exime de responsabilidad penal a policías y militares, una normativa calificada como “licencia para matar” por los partidarios de Morales. 340 Cronología de las elecciones y el golpe de Estado en Bolivia Masacre de Sacaba: Campesinos cocaleros que marchaban en Sacaba (Cochabamba) rumbo a La Paz en repudio al golpe de Estado y la represión fueron duramente reprimidos por las FF. AA. y la policía. Nueve personas fueron asesinadas a bala. 19 de noviembre de 2019 El gobierno de facto entrega 5 millones de dólares a las Fuerzas Armadas para compra de equipamiento. Masacre de Senkata: Habían pasado ya 16 días de bloqueo en Senkata, donde se encuentra instalada una planta de gas que abastece a buena parte del país. Un operativo conjunto de las FF. AA. y la policía intentó desactivar de manera violenta el bloqueo. El saldo fue de diez muertos, 65 heridos y decenas de detenidos. 20 de noviembre de 2019 Se designa a Jaime Aparicio como embajador de Bolivia ante la OEA. El gobierno de facto solicitó un crédito al Banco Central de Bolivia por 2 800 millones de bolivianos para pagar gastos corrientes (salarios y aguinaldos). Se trata de un monto que todos los años desde 2006 se inscribe en el Programa Fiscal Financiero y se debería utilizar para situaciones de emergencia. Durante los 14 años de Gobierno del MAS no fue necesario utilizar esos recursos y, por tanto, nunca fueron solicitados. 21 de noviembre de 2019 Mike Pompeo: “Reconocemos la importancia de la transición política de Bolivia a la democracia en nuestro hemisferio, y admiramos al pueblo boliviano por defender su Constitución, su democracia y las elecciones libres, justas y transparentes”. Aquellos que participaron en las atroces irregularidades y la manipulación de los votos en las defectuosas elecciones del 20 de octubre deben, por el bien de Bolivia, hacerse a un lado y dejar que los bolivianos reconstruyan sus instituciones. Prometemos nuestro apoyo al pueblo boliviano y al Gobierno de transición liderado por la presidenta Jeanine Áñez mientras se preparan para estas elecciones. 22 de noviembre de 2019 El gobierno de facto denuncia a Evo Morales por terrorismo y sedición (que se sanciona con la pena máxima de 30 años de cárcel). La demanda también se aplica contra el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, exiliado en la Embajada de México. 26 de noviembre de 2019 El gobierno de facto nombra a Óscar Serrate como representante de Bolivia en Estados Unidos. 341 Cronología de las elecciones y el golpe de Estado en Bolivia 28 de noviembre de 2019 La UE emite un comunicado rechazando la violencia y destrucción que siguieron a las elecciones, manifiesta su apoyo a la misión de observación de la OEA y pide a las autoridades interinas “que adopten medidas necesarias para revertir la situación y restaurar la confianza y que tengan por principal objetivo la organización del proceso electoral”. Creación del Centro Especial Antiterrorista (CEAT), una unidad policial creada específicamente para evitar actos de terrorismo o sedición en el país. 30 de noviembre de 2019 El relator de la CIDH sobre los Derechos de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Francisco José Eguiguren, calificó como “masacre” las muertes en El Alto y Sacaba. 2 de diciembre de 2019 Designan a “Tuto” Quiroga como delegado ante la comunidad internacional. 9 de diciembre de 2019 Mike Pompeo. Estados Unidos celebra el trabajo profesional de la misión de auditoría electoral de la OEA en Bolivia. La investigación exhaustiva presentada por los 36 expertos de 18 nacionalidades subraya que se tomaron acciones “deliberadas” y “maliciosas” para manipular la elección de Bolivia a favor del expresidente Evo Morales. Basado en el rigor del informe independiente, Estados Unidos finalmente está de acuerdo con la conclusión del informe de que “en base a la abrumadora evidencia encontrada, lo que se puede afirmar es que ha habido una serie de operaciones intencionales destinadas a alterar la voluntad expresada en las encuestas”. “Alentamos al gobierno de transición de Bolivia a continuar sus esfuerzos para prepararse para elecciones libres, justas y transparentes que reflejen la voluntad del pueblo boliviano lo más rápido posible”. 10 de diciembre de 2019 El gobierno de facto eleva una denuncia contra Evo Morales en La Haya por “crímenes de lesa humanidad”. La CIDH urgió al Estado boliviano a avanzar en la reparación de los lesionados y sus familiares en los hechos de violencia represiva que se sucedieron en noviembre de 2019. También exige al Estado “cesar los actos de violencia atribuibles a agentes estatales o a grupos privados actuando en asocio, en connivencia con o bajo la tolerancia de los mismos y a que garantice que a cada persona lesionada en el contexto sociopolítico actual reciba tratamiento médico y sanitario adecuado”. 342 Cronología de las elecciones y el golpe de Estado en Bolivia 17 de diciembre de 2019 El Gobierno suspende el pago del Bono Juana Azurduy a las madres gestantes y niños recién nacidos. Este es un incentivo económico para mujeres gestantes condicionado al cumplimiento de 4 controles prenatales, parto institucional y control post parto para niños y niñas menores de dos años condicionado a 12 controles integrales de salud bimensual. Se anuncia el posible reinicio del pago en marzo 2020. 22 de diciembre de 2019 Bolivia ingresa al Grupo de Lima. 23 de diciembre de 2019 Se designa a Jacqueline Murillo (hermana del ministro de Gobierno) como cónsul en Miami. 26 de diciembre de 2019 El gobierno de facto denuncia a México de “tergiversar y distorsionar” la realidad sobre las medidas de seguridad tomadas en los alrededores de la Embajada de México e intentar lavar la imagen “autoritaria y antidemocrática” del expresidente Morales. 27 de diciembre de 2019 El gobierno de facto denuncia a la Cancillería de España por “abuso y atropello a la soberanía” boliviana. 30 de diciembre de 2019 La USAID reactiva su presencia en Bolivia para los programas Fortalecimiento de la democracia y la transparencia en las elecciones y Recuperación de la Chiquitanía. 31 de diciembre de 2019 La UE emite un comunicado en donde “expresa profunda preocupación” por la expulsión de dos diplomáticos españoles en Bolivia y pidió explicaciones al gobierno interino de Áñez. El gobierno de facto declara como “personas no gratas” y expulsa a la embajadora de México y a diplomáticos españoles. 5 de enero de 2020 El gobierno de facto anuncia que USAID ayudará a reconstruir tribunales quemados durante los días del golpe. 6 de enero de 2020 Trump. Determinación presidencial sobre la exención de una restricción a la asistencia de Estados Unidos a Bolivia bajo la Sección 706 de la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores, año fiscal 2003. Se determina que la provisión de asistencia de Estados Unidos a Bolivia en el año fiscal 2020 es vital para los intereses nacionales de Estados Unidos. 8 de enero de 2020 Se allanan las oficinas de PDVSA en La Paz. El gobierno de facto anuncia procesos judiciales contra 592 exautoridades del Gobierno de Morales. Para recuperar los 343 Cronología de las elecciones y el golpe de Estado en Bolivia activos cuestionados se creó un grupo de tareas conformado por el Ministerio de Justicia, la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Gobierno. 9 de enero de 2020 La Fiscalía General de Bolivia llama a declarar a Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero y el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y pide a España informes sobre la presencia en territorio boliviano de miembros del Grupo Especial de Operaciones. El gobierno de facto eleva una petición a Interpol para la captura de Evo Morales. 10 de enero de 2020 Los senadores estadounidenses Jim Risch (Republicano) y Bob Menéndez (Demócrata), presidente y miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, junto con los senadores Marco Rubio (Republicano) y Ben Cardin (Demócrata), la presidenta y miembro de rango del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental, Delincuencia Transnacional, Seguridad Civil, Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Globales de la Mujer aplaudieron la aprobación de la S.Res.447, expresando preocupación por irregularidades generalizadas en las elecciones generales de Bolivia y el apoyo a la convocación de nuevas elecciones en la fecha más temprana posible. La resolución se presentó el 4 de diciembre y se aprobó fuera del comité con una enmienda el 11 de diciembre. El Senado completo aprobó la resolución el 8 de enero. 14 de enero de 2020 Se congelan las cuentas de PDVSA en Bolivia. Además, el gobierno de facto solicita al Gobierno argentino que repudie las declaraciones de Evo Morales sobre la creación de milicias armadas. 16 de enero de 2020 Se desmantela la Escuela Antiimperialista de las FF. AA. y sus instalaciones pasan a la Escuela Militar de Ingeniería con el nombre de “Héroes de Ñancahuazú”. 17 de enero de 2020 Se traspasa la administración del aeropuerto de Chimoré desde AASANA a los ministerios de Defensa y de Gobierno. Ese mismo día, se advierte sobre una militarización “preventiva” de calles con equipos antimotines ante posibles movilizaciones. 24 de enero de 2020 Bolivia suspende relaciones con Cuba tras declaraciones del canciller Bruno Rodríguez contra el Gobierno boliviano. 5 de febrero de 2020 Diplomáticos israelíes fueron recibidos en Bolivia y acordaron restablecer programas de cooperación. 344 Cronología de las elecciones y el golpe de Estado en Bolivia 6 de febrero de 2020 El ministro de Hidrocarburos anuncia medidas para disminución de la subvención de hidrocarburos, se anuncia que se importará petróleo crudo para procesarlo en Bolivia (en la que existe capacidad ociosa). Esto reduciría los gastos entre un 30 y 40%. 7 de febrero de 2020 El gobierno de facto lanza licitación para la importación de combustibles al precio más bajo y de mejor calidad. 10 de febrero de 2020 El gobierno de facto designa a Jaime Aparicio (también embajador ante la OEA) como nuevo agente de Bolivia ante la CIJ. 12 de febrero de 2020 Áñez designa como vicecanciller a Manuel Suárez Ávila, exsecretario privado de Gonzalo Sánchez de Lozada. 15 de febrero de 2020 El gobierno de facto anuncia juicio contra Evo Morales y demás responsables por aceptar que las afluentes del Silala corran naturalmente a Chile en la contrademanda que presentaron en La Haya. 20 de febrero de 2020 La UE informa que, por invitación de Bolivia, enviará una Misión de Observación Electoral. Isabel Santos es la encargada de la misión y cuenta con 10 analistas. 25 de febrero de 2020 Conferencia de prensa. Oficial superior del Departamento de Estado sobre el compromiso de Estados Unidos con Bolivia. 6 de marzo de 2020 La UE y el TSE firman un acuerdo para la observación de elecciones generales en 2020. El acuerdo es para que la Misión de Observación Electoral de la UE verifique y compruebe cada uno de los puntos del proceso electoral. 10 de marzo de 2020 El TSE adquiere nuevo programa informático para el nuevo proyecto de Difusión de Resultados Preliminares (DIREPE). El contrato se concretó con la empresa británica Reckon. 16 de junio de 2020 OEA lanza el “Comunicado sobre campaña de desinformación en torno al rol de la OEA en las elecciones de Bolivia”. Acusa al New York Times de propagar mentiras al negar el fraude electoral en Bolivia: • En febrero, John Curiel y Jack R. Williams, investigadores de Election Data and Science Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), publicaron en el Washington Post un artículo en el que aseguraron, con base en un análisis estadístico, 345 Cronología de las elecciones y el golpe de Estado en Bolivia • que no había elementos para sospechar que hubo fraude en las elecciones de Bolivia, contradiciendo las conclusiones de la OEA. El 7 de junio fue el turno de New York Times, que, en un artículo titulado “Una elección amarga. Acusaciones de fraude. Y, ahora, una reconsideración”, advierte que el análisis de la OEA que ayudó al derrocamiento de Morales fue deficiente y estuvo basado en datos incorrectos y técnicas estadísticas inapropiadas. BIBLIOGRAFÍA BBC (2019, 21 de octubre). Elecciones en Bolivia: suspenden el recuento provisional de votos cuando todo apuntaba a una segunda vuelta entre Evo Morales y Carlos Mesa. Disponible en https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50119933 Acceso 11 de julio de 2020. Casa Blanca (2020, 6 de enero). Presidential Determination on waiving a restriction on United States assistance to Bolivia. Disponible en https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidentialdetermination-waiving-restriction-united-states-assistancebolivia/ Acceso 8 de julio de 2020. CELAG (2019). Análisis del informe final de la OEA sobre las elecciones en Bolivia. Disponible en https://www.celag.org/wpcontent/uploads/2019/12/analisis-del-informe-final-de-la-oeasobre-las-elecciones-en-bolivia.pdf Acceso 7 de julio de 2020. CELAG (2020a). Pronunciamiento de entidades internacionales sobre violaciones a la democracia y los DD. HH. en Bolivia. Disponible en https://www.celag.org/pronunciamiento-de-entidadesinternacionales-sobre-violaciones-a-la-democracia-y-los-dd-hhen-bolivia/ Acceso 11 de julio de 2020. CELAG (2020b). Los primeros 100 días de gobierno de Jeanine Áñez. Disponible en https://www.celag.org/los-primeros-100-dias-degobierno-de-jeanine-anez/ Acceso 11 de julio de 2020. CNN (2019, 25 de octubre). Tribunal Supremo de Bolivia completa el 100% del conteo electoral: el resultado da a Evo Morales como ganador. Disponible en https://cnnespanol.cnn.com/2019/10/25/ tribunal-supremo-de-bolivia-completa-el-100-del-conteoelectoral/ Acceso 10 de julio de 2020. Department of State (2017). Democracy in Bolivia. Disponible en https://www.state.gov/democracy-in-bolivia/ Acceso 11 de julio de 2020. EEAS (2019a). Statement by the spokesperson on the electoral process in Bolivia. Disponible en https://eeas.europa.eu/headquarters/ headquarters-homepage_en/69205/Statement%20by%20the%20 346 Cronología de las elecciones y el golpe de Estado en Bolivia spokesperson%20on%20the%20electoral%20process%20in%20 Bolivia Acceso 1 de julio de 2020. EEAS (2019b). Declaración de la Alta Representante/Vicepresidenta de la Unión Europea, Federica Mogherini, sobre Bolivia. Disponible en https://eeas.europa.eu/delegations/bolivia/70242/declaraci%C3%B3nde-la-alta-representantevicepresidenta-de-la-uni%C3%B3n-europeafederica-mogherini_ka Acceso 11 de julio de 2020. Eitb.eus (2019, 18 de noviembre). ¿Qué está pasando en Bolivia? Las claves del golpe de Estado. Disponible en https://www.eitb.eus/es/ noticias/internacional/detalle/6811071/cronologia-golpe-estadobolivia/ Acceso 11 de julio de 2020. Embajada de Estados Unidos en Bolivia (2018/2019). Etapa previa a las elecciones presidenciales bolivianas de 2019. Disponible en https://bo.usembassy.gov/es/etapa-previa-a-las-eleccionespresidenciales-bolivianas-de-2019/ Acceso 11 de julio de 2020. Europa Press (2019, 31 de diciembre). La UE rechaza la decisión de Bolivia de expulsar del país a dos diplomáticos españoles. Disponible en https://www.europapress.es/internacional/noticiaue-rechaza-decision-bolivia-expulsar-pais-dos-diplomaticosespanoles-20191231132950.html Acceso 9 de julio de 2020. MuyWaso (2019, 18 de noviembre). El dolor tras la masacre de Sacaba, un relato testimonial. Disponible en https://muywaso.com/ despues-de-la-masacre-de-sacaba-un-relato-testimonial/ Acceso 10 de julio de 2020. Noticias ONU (2019, 7 de noviembre). La ONU condena los ‘atroces crímenes’ en Bolivia. Disponible en https://news.un.org/es/ story/2019/11/1465091 Acceso 11 de julio de 2020. OEA (2019, 11 de octubre). Declaración de la Misión de Observación Electoral OEA en Bolivia. Disponible en https://www.oas.org/ es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-085/19 Acceso 11 de julio de 2020. OEA (2020). Comunicado sobre campaña de desinformación en torno al rol de la OEA en las elecciones de Bolivia. Disponible en https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa. asp?sCodigo=C-064/20 Acceso 11 de julio de 2020. Página/12 (2019, 18 de noviembre). La trama civil del derrocamiento de Evo Morales. Disponible en https://www.pagina12.com. ar/231610-la-trama-civil-del-derrocamiento-de-evo-morales. Acceso 12 de mayo 2020. Página/12 (2020, 15 de enero). Testimonios reveladores de la masacre de Senkata. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/241787testimonios-reveladores-de-la-masacre-de-senkata Acceso 5 de julio de 2020. 347 Cronología de las elecciones y el golpe de Estado en Bolivia Parlamento Europeo (2019). Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de noviembre de 2019, sobre la situación en Bolivia. Disponible en https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ TA-9-2019-0077_ES.html Acceso 8 de julio de 2020. Romano, S.; Lajtman, T.; García Fernández, A. y Tirado, A. (2019). EE. UU. y la construcción del golpe en Bolivia. CELAG. Disponible en https://www.celag.org/wp-content/uploads/2019/11/ee-uu-y-laconstruccion-del-golpe-en-bolivia-1.pdf Acceso 2 de julio de 2020. The New York Times (2020, 7 de junio). Una elección amarga. Acusaciones de fraude. Y, ahora, una reconsideración. Disponible en https://www.nytimes.com/es/2020/06/07/espanol/americalatina/elecciones-bolivia-evo-morales.html Acceso 7 de julio de 2020. The Washington Post (2020, 27 de febrero). Bolivia dismissed its October elections as fraudulent. Our research found no reason to suspect fraud. Disponible en https://www.washingtonpost. com/politics/2020/02/26/bolivia-dismissed-its-october-electionsfraudulent-our-research-found-no-reason-suspect-fraud/ Acceso 8 de julio de 2020. UNDP (2020). Procurement Notices. Disponible en https:// procurement-notices.undp.org/view_awards.cfm Acceso 3 de julio de 2020 U.S. Congress (2019). S.Res.35 — A resolution supporting democratic principles and standards in Bolivia and throughout Latin America. Disponible en https://www.congress.gov/bill/116thcongress/senate-resolution/35/text?q=%7B%22search%22%3A%5 B%22H.R.+4692%22%5D%7D Acceso 1 de julio de 2020. 348 ACERCA DE LAS AUTORAS Y LOS AUTORES ADRIANA R. CADENA CANCINO Doctora en Procesos Políticos, Económicos y Sociales de América Latina. Maestra en Gobierno y Asuntos Públicos (FLACSO-México). Directora Ejecutiva de la Fundación América Mundial. Directora de la Confederación Nacional de la Mesa Nacional de Pesca Artesanal de Colombia. Docente universitaria; autora de libros sobre integración y artículos en revistas científicas nacionales e internacionales. ANÍBAL GARCÍA Doctorando en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Investigador de la Unidad de Análisis Geopolítico del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Miembro del Grupo de Trabajo “Crisis y economía mundial” y “Antiimperialismo: perspectivas transnacionales en el sur global” de CLACSO. Correo electrónico: <gafa1989@gmail.com>. ARANTXA TIRADO Doctora en Relaciones Internacionales e Integración Europea por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Doctora y maestra en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la UAB. Profesora asociada del Departamento de Ciencia Política 349 Acerca de las autoras y los autores y Derecho Público de la UAB e investigadora de la Unidad de Análisis Geopolítico del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG). Correo electrónico: <arantxa.tirado@gmail.com>. ARMANDO NEGRETE Licenciado en Economía (UNAM). Maestro en Estudios Latinoamericanos (UNAM). Doctorando en Estudios Latinoamericanos (UNAM). Técnico Académico del Instituto de Investigaciones Económicas en el Observatorio Económico Latinoamericano (UNAM). CARLOS ALBERTO SILVESTRE ROJAS Investigador de la Comunidad Pluricultural Andino Amazónica para la Sustentabilidad (COMPAS-Bolivia) y asistente de coordinación del proyecto “Hacia la Sustentabilidad Alimentaria en Sudamérica y África del Centro de Desarrollo y Medio Ambiente” de la Universidad de Berna, Suiza. CONSUELO AHUMADA Profesora del Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social (CIDS), Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad Externado de Colombia. Miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas (ACCE) y vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Economía Crítica (ACECRI). Integrante de los GT “Estado, desarrollo y desigualdades regionales” y “Geopolítica, integración regional y sistema mundial” de CLACSO. DAVID CHOQUEHUANCA CÉSPEDES Político aymara; desempeñó el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia durante el primer, segundo y tercer gobierno del presidente Evo Morales. También ejerció de secretario general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América- Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP). ELISABETH BUERGI-BONANOMI Doctora en Derecho, investigadora y docente del Centro de Desarrollo y Medio Ambiente y Facultad de Derecho, Universidad de Berna, Suiza. GUILLERMO OGLIETTI Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), posgraduado del Instituto Torcuato Di Tella de Buenos Aires y licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC, Argentina). Dirigió el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Territorio, Economía y Sociedad de la Sede Andina de la UNRN en Bariloche. A 350 Acerca de las autoras y los autores lo largo de su vida académica se ha concentrado en problemáticas del desarrollo económico como la inmigración, la inversión extranjera, la relación ahorro-inversión y la enfermedad holandesa en los países latinoamericanos y, recientemente, ha orientado sus trabajos al área de la economía del turismo y de las finanzas y la economía urbana. Es subdirector ejecutivo de CELAG/Argentina. JOSÉ MANUEL FREDDY DELGADO BURGOA Ph.D. presidente del directorio de la Comunidad Pluricultural Andino Amazónica para la Sustentabilidad (COMPAS-Bolivia). R4D Coordinador Sud América Proyecto Sustentabilidad Alimentaria, Centro de Desarrollo y Medio Ambiente de la Universidad de Berna, Suiza (CDE-UniBe) y COMPAS. LORETA TELLERÍA ESCOBAR Politóloga y economista. Magíster en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos. Doctoranda en Historia de la Universidad de La Habana, Cuba. Investigadora de temas de Seguridad, Defensa y relaciones Bolivia-Estados Unidos. Correo electrónico: <loretatelleria@yahoo.es>. LUCÍA CONVERTI Licenciada en Economía, maestranda en Estudios Sociales Latinoamericanos (UBA). Investigadora de CELAG desde 2016. Se desempeñó como jefa de gabinete de presidencia en el Banco BICE de Argentina (2014-2015). MARIBEL APONTE-GARCÍA Doctora en economía por la Universidad de Massachusetts, Estados Unidos, profesora e investigadora de la Universidad de Puerto RicoRecinto de Río Piedras, integrante de varios Grupos de Trabajo del Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales (CLACSO). Representante Región Caribe, Comité Directivo de CLACSO (2016-2018). MÓNICA BRUCKMANN Socióloga y doctora en Ciencia Política por la Universidad Federal Fluminense; profesora del Departamento de Ciencia Política y del Programa de Posgrado en Historia Comparada de la Universidad Federal de Río de Janeiro; vicepresidente de la Agencia Latinoamericana de Información – ALAI. Coordina el Grupo de Trabajo Geopolítica, Integración Regional y Sistema Mundial del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales-CLACSO y el Núcleo de Geopolítica, Integración Regional y Sistema Mundial de la Universidad Federal de Río de Janeiro – GIS/UFRJ. Es miembro del consejo deliberativo del Instituto 351 Acerca de las autoras y los autores de Investigación Social Tricontinental; del Consejo Directivo del Centro Internacional Celso Furtado para el Desarrollo; de la Red de Estudios de Economía Mundial – REDEM, con sede en la Benemérita Universidad de Puebla e investigadora asociada del Centro Tricontinental – CETRI. Fue asesora de la Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas – UNASUR (2011-2014); directora de Investigación de la Cátedra y Red de la UNESCO sobre Economía Global y Desarrollo Sustentable - REGGEN (2000–2018). NICOLÁS OLIVA Economista por la Universidad Católica del Ecuador. Máster en Economía del Desarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y Máster en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Candidato a doctor por la UAB. Se ha desempeñado como investigador del Centro de Estudios Fiscales (CEF) por ocho años y desempeñó el cargo de director del CEF por dos años. Ha realizado investigaciones en el campo de la economía de la desigualdad, política fiscal, hacienda pública y estudios de evaluación de impacto. Ha sido parte de los equipos que diseñaron e implementaron las últimas reformas tributarias en Ecuador. Actualmente, participa en el grupo de investigación de políticas poskeynesianas para Ecuador, con especial atención en la teoría monetaria moderna y determinantes de la inversión en economías rentistas. Es subdirector ejecutivo de CELAG/Ecuador. OSCAR UGARTECHE Licenciado en Finanzas, Fordham University, Nueva York. MSc. Finanzas Internacionales, London Business School. Doctor en Historia y Filosofía, Universidad de Bergen. Doctor Honoris Causa por la Universidad de San Agustín, Arequipa, Perú. Consultor del sistema de las Naciones Unidas sobre cuestiones de deuda internacional 19781994. Profesor de Finanzas Internacionales en la Universidad Católica del Perú 1984-2004 y en la UNAM 2008. Investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM desde 2005 trabajando en economía internacional. Profesor visitante en St. Antony’s College, Oxford; Centro de Desarrollo, Universidad de Bergen; Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Londres; Universidad Libre de Berlín; Universidad de Newcastle; Universidad General Sarmiento de Buenos Aires. Miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias. RICARDO RODRÍGUEZ OROZCO Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Miembro del Grupo de Trabajo “Geopolítica, integración regional y sistema mundial” del Consejo Latinoamericano de 352 Acerca de las autoras y los autores Ciencias Sociales (CLACSO). ORCID/0000-0001-9067-6001. Correo electrónico: <ricardorozco@live.com.mx>. SERGIO MARTÍN-CARRILLO Máster en Desarrollo Económico y Sostenibilidad por la Universidad Internacional de Andalucía (UIA) y la Universidad Pablo de Olavide (UPO) y licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Granada (UGR). Ha sido docente-investigador en el Centro de Relaciones Internacionales del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) de Ecuador y Coordinador de la Maestría en Relaciones Internacionales de este centro, de 2014 a 2016. También ha sido invitado como docente en la Universidad Andina Simón Bolívar de Sucre (Bolivia). Ha sido consultor internacional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) mediante el programa ART-GOLD Bolivia y consultor internacional en el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural de Bolivia en materia de políticas públicas para el desarrollo productivo. Actualmente es investigador del CELAG, donde, además, forma parte del Consejo Ejecutivo y coordina la Unidad de Debates Económicos junto con el doctor Guillermo Oglietti. SILVIA LAURA RODRÍGUEZ Historiadora especializada en la temática de la estructura económica de América Latina y su formación dependiente. Integrante del Grupo de Trabajo CLACSO “Geopolítica, sistema mundial e integración latinoamericana”. Desarrolla actualmente la Especialización en China Contemporánea en la Universidad de Lanús. Profesora en Enseñanza Media y Superior. Licenciada en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Fue colaboradora y organizadora durante el año 2014 de actividades de Prensa para UNASUR en Argentina. SILVINA ROMANO Investigadora Adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Coordinadora de la Unidad de Análisis Geopolítico del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Miembro del Grupo de Trabajo de “Estudios sobre Estados Unidos” y “de Geopolítica, integración regional y sistema mundial” de CLACSO. Doctora en Ciencia Política, licenciada en Historia, así como en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Correo electrónico: <silvinaceleste@gmail.com>. 353 Acerca de las autoras y los autores TAMARA LAJTMAN Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Becaria doctoral en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la UBA. Máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ). Es investigadora de la Unidad de Análisis Geopolítico del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Miembro del Grupo de Trabajo “Geopolítica, integración regional y sistema mundial” de CLACSO. Correo electrónico: <tamara.lajtman@gmail.com>. XIMENA CAMPOS Docente Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca (FCA-UMRPSFXCh), exsecretaria municipal de Desarrollo Económico del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. 354