Poder y violencia en Colombia
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Poder y violencia en Colombia - Fernán E. González González
PODER Y VIOLENCIA EN COLOMBIA
Por Fernán E. González González
Las investigaciones incluidas en esta publicación fueron realizadas con la colaboración financiera de Colciencias, entidad pública cuyo objetivo es impulsar el desarrollo científico, tecnológico e innovador de Colombia.
Poder y Violencia en Colombia
© Odecofi-Cinep
Carrera 5ª No. 33B – 02
PBX (57-1) 2456181 • (57-1) 3230715
Bogotá D.C., Colombia
www.cinep.org.co
www.odecofi.org.co
© Fernán E. González G.,
fergon39@hotmail.com
Editor General Colección Odecofi: Fernán E. González G.
Coordinación editorial: Helena Gardeazábal Garzón
Corrección de estilo: Álvaro Delgado Guzmán
Diagramación: Alberto Sosa
Diseño de carátula: Carlos Cepeda Ríos
Desarrollo ePub: Lápiz Blanco S.A.S
Primera edición
ISBN: 978-958-644-171-1
Abril de 2014
Bogotá D.C., Colombia
Impreso en Colombia – Printed in Colombia
A los miembros del equipo
Violencia, paz y construcción del Estado
en sus diversos momentos, sin cuya colaboración,
este libro jamás hubiera sido escrito.
Presentación
Las anteriores publicaciones de Odecofi evidenciaron la importancia del espacio geográfico para comprender la manera diferenciada como las diversas regiones se insertan en el conflicto armado, relacionándose de maneras muy diferentes con los diversos actores armados, pero también el estilo diverso de sus interacciones con el mundo de la economía, que permite acercarse al análisis de las posibilidades económicas de proyectos como los Programas de Desarrollo y Paz y los Laboratorios de Paz, así como de las posibilidades políticas y sociales de la movilización social que surge en ellas.
Sin embargo, además de la importancia de la dimensión territorial del conflicto y del desarrollo económico, esos estudios nos plantean interrogantes de orden político, como los relacionados con las posibilidades de consolidar relaciones ciudadanas de convivencia y fortalecer las instituciones en regiones que han sufrido esos fenómenos. Por lo demás, hay que tener en cuenta que algunas de esas regiones continúan, en alguna medida, bajo el influjo de unos u otros actores armados, y que algunas de ellas se insertan de manera subordinada al conjunto de la economía nacional y se caracterizan por relaciones políticas de corte clientelista. Todas estas preguntas adquieren una mayor relevancia en la coyuntura actual de las negociaciones de las Farc con el gobierno de Juan Manuel Santos, que empieza a modificar esa situación a partir de los avances de la recuperación estatal del control del territorio desde el final del gobierno de Pastrana y, especialmente, bajo las dos administraciones de Uribe Vélez.
A fin de responder a tales interrogantes, el presente libro combina diferentes tipos de acercamiento, como la discusión teórica sobre el papel de la guerra y de la estructura agraria en la configuración del Estado en algunos países de Europa occidental e Iberoamérica. Por lo general, sus autores han destacado principalmente las consecuencias que las guerras entre naciones han tenido en el fortalecimiento institucional de los Estados y la aparición de formas más democráticas de consulta de los gobernados, enderezadas a concertar con los gobernantes el apoyo, tanto en recursos financieros como en el reclutamiento de tropas. Sin embargo, este análisis, centrado en los desarrollos de Francia e Inglaterra, tiende a pasar por alto que las guerras entre naciones no siempre producen el fortalecimiento de un Estado central que subordine los poderes regionales, ni la consiguiente democratización política de las naciones afectadas. Con frecuencia, los resultados son el fortalecimiento de formas autoritarias o las difíciles negociaciones de los funcionarios del Estado central con los poderes realmente existentes en las regiones y localidades, que provocan un cierto equilibrio, considerado desastroso para el Estado central pero visto como un triunfo por los poderes locales y regionales. Obviamente, tal equilibrio de poderes es resultado de la evolución previa de las regiones, de las relaciones entre las ciudades y el mundo agrario y del régimen de propiedad y trabajo imperante en el campo y la ciudad.
No obstante, la concentración en el papel que las guerras internacionales han cumplido en la configuración de los Estados ha hecho que no se considere el rol que cumplen las guerras internas en la configuración e institucionalización de los Estados. Normalmente, estas guerras civiles han sido estimadas como una expresión de la fragmentación de las elites y de su difícil relación con el Estado central, que tienen como trasfondo la falta de integración de los territorios y la inexistencia de un mercado nacional que los articule. Sin embargo, un análisis más detallado de esas guerras podría mostrarlas también como intentos, no siempre exitosos, de superación de tales fragmentaciones mediante la articulación de esos poderes y regiones. Obviamente, semejantes esfuerzos, expresados tanto en las guerras civiles como en la lucha política, no siempre conducen al predominio del centro político y de su capital sobre las regiones, sino que tienen por resultado una serie de equilibrios cambiantes entre la nación, las regiones y las localidades.
De ahí la importancia otorgada en este libro al tema de las guerras internas ocurridas en Iberoamérica, que evidencian los distintos arreglos institucionales entre esos ámbitos de poder y que preparan el acercamiento, de carácter tanto histórico como estructural, al proceso de configuración del Estado en Colombia desde el siglo XIX hasta nuestros días, siempre en relación con la violencia y el papel de los partidos, tanto en lo primero como en lo segundo. Se enfatiza especialmente la comparación entre las violencias del siglo XX, desde los conflictos de los años treinta y los de mediados de ese siglo hasta la violencia actual, mostrando sus diferentes momentos y modalidades.
En ese acercamiento a la violencia presente se propone combinar el examen de la dimensión objetiva del conflicto, centrada en los problemas estructurales de la vida política y económica del país, con la observación de los aspectos subjetivos de la percepción y valoración de tales dimensiones, que enmarcaron la opción de algunos agentes sociales por la opción armada dentro de un contexto reciamente marcado por la coyuntura internacional, inicialmente la de la guerra fría
y después la lucha internacional contra el narcotráfico y el terrorismo. Este acercamiento interactivo entre factores objetivos y subjetivos del conflicto asume, asimismo, una apreciación multiescalar que lo ubica en la interrelación de tres polos: el nacional, el regional y el local (y, a veces, incluso los polos, subregional y sublocal).
Para este acercamiento se aprovechan aportes previos de los grupos de investigación de Odecofi y del propio Cinep, tanto de sus actuales miembros como de los de la vieja guardia, que sembraron algunas de las ideas de este libro. Entre ellos habría que mencionar, afrontando el riesgo de omitir algunos nombres, a Fabio Zambrano, Julián Vargas, María Victoria Uribe, Elsa Blair, José Jairo González, Alejo Vargas, Mauricio Romero, Fabio López de la Roche y Consuelo Corredor.
En los años más recientes habría que destacar los análisis adelantados por los miembros del equipo de investigación del Cinep, Violencia, paz y construcción del Estado
, cuyo principal producto fue el texto Violencia política en Colombia. De la nación fragmentada a la construcción del Estado, escrito conjuntamente con Ingrid Bolívar y Teófilo Vásquez, cuyas intuiciones fundamentales inspiraron nuestros trabajos posteriores. Con el refuerzo de Silvia Otero, María Clara Torres y Omar Gutiérrez, este equipo inició la aventura de Odecofi en alianza con amigos y colegas de la Universidad de Antioquia, del CID de la Universidad Nacional, sede de Bogotá, y del Cerac, igualmente instalado en Bogotá, lo cual permitió un diálogo permanente con los equipos liderados por Clara Inés García, Clara Inés Aramburo, Gloria Isabel Ocampo, Jorge Iván González, Marta Cardozo y Jorge Restrepo. A esta iniciativa se fueron sumando jóvenes investigadores como Víctor Barrera, Camilo Nieto, Diego Quiroga, Andrés Aponte, José Darío Rodríguez, Diana Moreno y Támara Ospina. Sin la colaboración y el diálogo permanente con ellos, este libro jamás habría sido escrito. Para los detalles de la bibliografía y la organización de las partes del libro fue invaluable la cooperación de Támara Ospina y Víctor Barrera.
Entre esos aportes, habría que destacar especialmente el borrador inicial sobre esta temática redactado conjuntamente por el autor, Ingrid Bolívar y Silvia Otero; de él se toman específicamente los aportes de Ingrid Bolívar sobre Tilly, Elias y Mann, así como sus ideas en torno a la importancia de considerar los hábitos de pensamiento
desde los cuales nos acercamos a la realidad política. Tal borrador se vio enriquecido con una ponencia que discutía la manera como los modelos de Charles Tilly sobre la formación de algunos estados europeos han sido aplicados a los países iberoamericanos por Miguel Ángel Centeno, en un seminario organizado por Carlos Patiño en la Universidad Nacional. Esta ponencia fue posteriormente reelaborada y completada a partir del diálogo con autores como Fernando López-Alves y Frank Safford, para ser discutida en el Congreso de LASA del año 2013.
Otro de los aportes previos recogidos, de alguna manera, en el presente libro, hace referencia a la reconstrucción histórica hecha por Silvia Otero sobre la relación entre la trayectoria de las vías de comunicación y la electrificación del país, el desarrollo económico y las coyunturas de la vida política nacional. Además, el libro se beneficia mucho del trabajo de equipo realizado por Teófilo Vásquez, Diego Quiroga y Andrés Aponte en torno a la evolución territorial y temporal del conflicto armado colombiano con destino al Grupo de Memoria Histórica, que alimentó de alguna manera el libro general del grupo, Basta ya, cuyo relato central se ve aquí complementado por una mirada adicional de largo plazo sobre la construcción del Estado colombiano en el espacio y el tiempo.
La participación en el Grupo de Memoria Histórica nos permitió beneficiarnos del diálogo con otros miembros del Grupo, liderado por Gonzalo Sánchez y Marta Nubia Bello y del que hacían parte también colegas y amigos como María Victoria Uribe, Andrés Suárez, Iván Orozco, Rodrigo Uprimny y otros más de una lista interminable. En honor a la verdad, esta obra es fruto del diálogo con muchos autores, nacionales y extranjeros, como Daniel Pécaut, María Teresa Uribe, Mary Roldán, Katherine Legrand, Alejandro Reyes Posada, Ana María Arjona, Harvey Kline y otros muchos que se han ocupado del tema de la violencia y el Estado en Colombia y cuya mención en detalle sería tarea imposible.
Estos numerosos aportes nos permitieron dialogar con los esquemas generales de autores como Charles Tilly y Barrington Moore, enriquecidos con matices tomados de los enfoques de Theda Skocpol, Norbert Elias, Pierre Bourdieu, Philip Abrams, Michael Mann y Stathis Kalyvas. Asimismo, con el intento de Miguel Ángel Centeno de aplicar el modelo de Tilly a Iberoamérica y contrastarlo con la historia comparada de los países del continente, a partir de los acumulados de nuestro equipo y de los demás equipos de Odecofi sobre las lógicas territoriales del conflicto armado colombiano.
Finalmente, adquirimos una deuda difícil de pagar: el apoyo constante de muchos funcionarios de Colciencias, que ha sido la principal agencia financiadora de este estudio, del grupo de Odecofi y de las investigaciones previas que prepararon estos análisis. Sería imposible mencionarlos a todos por su nombre, pero no podemos omitir el apoyo inicial de Juan Plata y Marta Angélica Barrantes en los comienzos del grupo.
Bogotá, 15 de marzo de 2014
Introducción
Hacia una mirada interactiva y multiescalar
del conflicto armado y la construcción del
Estado en Colombia
El recorrido que hemos hecho, en previas publicaciones de Odecofi, por las diferentes maneras como el conflicto armado interno colombiano se concentra de manera diferenciada en las macrorregiones, regiones y subregiones afectadas, según las particularidades de su población, la organización social y la inserción económica, junto con los análisis de las posibilidades económicas de los proyectos emanados de los Programas de Desarrollo y Paz y de los Laboratorios de Paz, así como de las probabilidades políticas y sociales de la movilización social que surge en ellas, nos plantea interrogantes de orden político: ¿cuáles son las posibilidades de consolidar relaciones ciudadanas de convivencia y fortalecimiento de las instituciones en regiones que han sufrido esos impactos, que en alguna medida continúan bajo el influjo de algunos actores armados, que se insertan de manera subordinada al conjunto de la economía nacional y que se caracterizan por relaciones políticas de corte clientelista?
El desafío que estos interrogantes plantean a los equipos de Odecofi se ve aumentado por los cambios de la coyuntura en los niveles nacional, regional y local: los escándalos de la llamada parapolítica, la permanencia de estructuras locales y regionales de poder ligadas a los grupos paramilitares y narcotraficantes, el surgimiento de bandas emergentes que agrupan a antiguos paramilitares, la persistencia de algunos núcleos paramilitares, la expansión de cultivos de uso ilícito, el aumento de las ejecuciones extrajudiciales y los llamados falsos positivos
, junto con las actividades de las guerrillas en algunas regiones, hacen evidente la necesidad de restablecer o crear relaciones de convivencia ciudadana y de fortalecer instituciones de carácter democrático en regiones afectadas por el conflicto armado. Una mirada de más larga duración nos lleva a la necesidad de considerar, de contera, problemas más estructurales de la vida política colombiana, como la persistencia de relaciones de tipo clientelista y de altos niveles de corrupción o ineficiencia de las entidades estatales, que con frecuencia aparecen ligados a las trabas coyunturales arriba mencionadas.
Por ese motivo, las investigaciones de la línea política del Observatorio colombiano para el desarrollo regional, la convivencia ciudadana y el fortalecimiento institucional de regiones fuertemente afectadas por el conflicto armado, que inspiran a Odecofi, buscan detectar los obstáculos, limitaciones y posibilidades que encuentran las regiones afectadas por esa situación para el establecimiento o restablecimiento de la convivencia ciudadana y el fortalecimiento de instituciones democráticas. Se pretende superar la concepción voluntarista y un tanto mesiánica que pretende achacar la responsabilidad de esos padecimientos a la poca voluntad política de los gobernantes, a la inexistencia de líderes capaces o a la falta de cultura política de la población, y plantearse mejor las razones estructurales de tales problemas, las cuales están ligadas a procesos políticos anteriores.
Este recorrido histórico nos ha obligado a matizar la concepción ideal del Estado como una realidad homogénea y claramente diferenciada de la sociedad, con pleno dominio sobre el conjunto de esa sociedad. Y a evitar la tentación de sobrestimar la capacidad de las instituciones estatales para transformar la sociedad, que pasa por alto las limitaciones que presentan las situaciones realmente existentes en regiones y localidades. En ese sentido, el hecho de que el Estado colombiano nunca haya tenido control total del territorio ni haya detentado el pleno monopolio de la violencia legítima, en vez de ser una anomalía o irregularidad, aparece como parte de nuestro proceso particular de formación de las instituciones estatales y de construcción de nación. De ahí la necesidad de cotejar este estilo particular de construcción estatal con los procesos de integración social, territorial y política que acompañaron el desenvolvimiento de los Estados nacionales en la Europa occidental.
Tal requerimiento se ha visto reforzado por los recientes estudios del conflicto armado colombiano, tanto los emanados de los grupos de Odecofi como aquellos centrados en el relato general del desarrollo territorial del conflicto (González, Bolívar & Vásquez, 2003). Esos análisis parten de una intuición fundamental: la convicción de que los procesos de violencia, actuales y anteriores, del desarrollo económico desigual de las regiones y de la construcción del Estado nacional tienen que ver, en primer lugar, con la manera como los espacios regionales se han venido poblando y articulando entre sí para configurar el espacio de la nación; en segundo lugar, con el modo como sus pobladores se han ido cohesionando y organizando internamente, y, en tercer lugar, con la manera como las regiones y sus pobladores han ido articulándose. En esa articulación se otorgó especial importancia al papel que desempeñaron los partidos políticos tradicionales como redes de poderes locales y regionales que se fueron configurando a partir de las guerras civiles, las luchas electorales, los programas de principios y los mecanismos de corte clientelista a lo largo del siglo XIX y buena parte del XX.
La utilidad de los estudios de caso resulta de las acentuadas variaciones de los procesos de colonización operados en el tiempo y el espacio, que a su vez se reflejan en la manera y el momento de inserción de los actores en las diversas regiones, como aparece en las publicaciones de Odecofi que establecen el contraste entre las macrorregiones del suroccidente y el oriente del país y las subregiones del oriente y el Urabá antioqueños, el Bajo Putumayo y el departamento de Córdoba.
El análisis del suroccidente colombiano, hecho por el equipo dirigido por Teófilo Vásquez (2011), compara las subregiones de colonización campesina donde se originaron las Farc con las zonas a las que se expandieron estas guerrillas en los años ochenta y noventa y las áreas actuales de refugio y de proyección hacia las zonas fronterizas en su actual momento de repliegue. Por su parte, el examen del oriente colombiano, iniciado por Omar Gutiérrez (2012b) y completado posteriormente por varios investigadores del Cinep, evidencia las diferencias del conflicto armado en las regiones del Meta, Casanare, Ariari, Catatumbo, Magdalena Medio y la ciudad de Cúcuta, según los diferentes grados de presencia de las instituciones estatales en ellas, las particularidades de la configuración social de tales regiones y subregiones y la manera gradual y selectiva como sus pobladores han ido articulándose a la economía y la vida política de Colombia y del mundo por conducto de la economía del petróleo y de la coca.
El caso del Urabá antioqueño, analizado por Clara Inés Aramburo (2011) y su equipo, ilustra la manera como los procesos de mayor inserción a la economía nacional y mundial interactúan dinámicamente con su previa configuración social y cultural. Allí, el desarrollo de la agroindustria bananera trae consigo un aumento de la presión sobre la tierra fértil y la concentración de la población en las cabeceras municipales, al lado de un desplazamiento de colonos campesinos hacia todos los flancos de la región
En contraste con los estudios de las macrorregiones del suroccidente y el oriente colombianos, así como de la subregión del Urabá antioqueño, el caso del Bajo Putumayo, analizado por María Clara Torres (2011), muestra una situación enteramente diferente de las relaciones establecidas por las regiones periféricas con el Estado, al ilustrar las paradojas de la construcción del Estado en el nivel local a partir de un caso bien particular: el de la contribución, así sea indirecta, de los campesinos cocaleros del Bajo Putumayo a la creación de un orden político y social en comunidades de zonas de colonización. Y al contrario de las visiones normalmente aceptadas, que tienden a considerar al campesinado como a seres totalmente alejados de la institucionalidad y del mercado nacional y mundial, la autora describe la manera como ellos, desde la marginalidad y la ilegalidad, se van articulando al mercado mundial y al Estado central.
En cambio, la situación del oriente antioqueño, analizada por Clara Inés García (2011) y su equipo del Iner, ofrece un panorama inicialmente muy distinto del presentado por las regiones atrás nombradas, ya que no se trata de una zona de colonización reciente ni de una zona de frontera a punto de cerrarse, como ocurre con las áreas donde se insertan inicialmente el ELN y el EPL, sino de una región con una larga historia de poblamiento e inserción, tanto en el conjunto de las subregiones de Antioquia como en las del resto del país. Allí la implantación de los actores armados se presenta mucho más tardíamente, después de la violenta represión del Estado central y de los poderes regionales y locales, tanto formales como informales, contra la propuesta de las poblaciones frente a los cambios políticos y económicos ligados al desarrollo de proyectos de generación hidroeléctrica y de vías nacionales de infraestructura vial. Las agrupaciones armadas, tanto guerrilleras como paramilitares, se apuntalan en las tensiones sociales provocadas por esa situación.
Finalmente, el caso de Córdoba, estudiado por Gloria Isabel Ocampo (2014), muestra una realidad muy alejada de las anteriores: se trata de zonas de frontera agraria, abierta o a punto de cerrarse, que han experimentado recientemente procesos de rápida expansión económica acompañada de tensiones sociales, o de regiones que han modificado radicalmente su relación con el Estado y la economía nacional. En esos diferentes casos el estilo de inserción de los actores armados ilegales varía enormemente, según la organización social imperante en ellos.
La comparación de los casos regionales de estudio hace evidentes las diferencias de las interacciones entre el Estado central, las regiones y las localidades, mostrando los diversos efectos descargados sobre las políticas nacionales en los ámbitos regionales y locales. El contraste entre el Bajo Putumayo, donde la bonanza cocalera lleva a los pobladores a insertarse formalmente en las instituciones estatales para acceder a ciertos beneficios y a ser reconocidos e integrados a las lógicas del Estado central, y el oriente antioqueño, donde la mayor estatalización de las políticas de infraestructura y electrificación, por el hecho de afectar diferenciadamente a la región, es observada como una amenaza para su identidad cultural, muestra de qué manera las diferentes situaciones previamente existentes inciden en las interacciones suscitadas entre los diferentes espacios del poder.
El caso de la municipalización del Bajo Putumayo representa un proceso de construcción del Estado desde abajo, que parte de las sociabilidades previamente existentes para buscar una mayor integración a los servicios e instituciones estatales. La ventaja de este estudio es su intento de responder al vacío casi generalizado que existe en la Sociología y la Ciencia Política sobre la manera como interactúan las distintas áreas de la vida política, pues normalmente la formación del Estado tiende a ser concebida desde el centro y pasa por alto el análisis de la interacción entre las burocracias centrales y los poderes de hecho que existen o van tomando cuerpo en regiones y localidades. En contraste con este proceso, el oriente antioqueño mostraría los resultados culturales, sociales y económicos de una inserción económica y política al departamento y la nación que va en contravía de la tradición cultural de una región con una larga historia y termina erigiendo un escenario de tensiones muy proclive a la implantación de los actores armados.
En cambio, la presencia de tales agrupaciones en la macrorregión del Suroccidente refleja su diverso papel en la constitución de las subregiones que la componen y los diferentes estilos y momentos de su articulación a la vida económica y política del conjunto de la nación, que permiten entender la manera diversa como sus pobladores interactúan con los agrupaciones armadas. Se hace evidente la diferencia del papel que ejercen los grupos guerrilleros en las zonas donde ayudaron a la configuración regional frente a las zonas donde su presencia es predominantemente militar. Finalmente, los estudios sobre el Nororiente del país y el Urabá antioqueño mostrarían la manera diversa como se combinan las tensiones producidas por una rápida inserción en la economía nacional y mundial con las tensiones previamente existentes, para dar lugar a un escenario proclive al asentamiento de actores armados de diferente orientación ideológica.
Finalmente, el caso de Córdoba permite acercarnos a un contexto regional donde el Estado central no ha logrado territorializar plenamente su autoridad sino que debe hacer presencia apoyándose en la existencia de unas relaciones sociales y unas sociabilidades políticas previamente existentes, como base del surgimiento de poderes paralelos que operan como sustitutos o complementos de las instituciones estatales. En ese contexto surgen relaciones miméticas entre los diversos actores armados, legales o ilegales, y diversas normatividades que coexisten y compiten entre sí. Ante la normatividad oficial, la tradición de informalidad jurídica expresa la manera compleja como se articula la región al Estado y, consiguientemente, el estilo de presencia de las instituciones estatales en ella.
La observación de estos procesos nos lleva a plantearnos la necesidad de analizar las relaciones que se presentan entre las regiones centrales y las regiones y territorios periféricos, para distinguir los casos donde, como afirma Miguel Ángel Centeno (2002b: 64-67), el Centro no controla
la periferia, a diferencia de las naciones cuyas capitales logran un aceptable dominio del territorio. Conviene, pues, explorar los condicionamientos estructurales y coyunturales que hacen o no posible la configuración de los Estados con su respectivo monopolio de la coerción legítima y de la justicia.
Para ello hemos recurrido a los planteamientos de Ernest Gellner (1992: 22 y 1997), que insisten en que la sedentarización de las poblaciones y su fijación en unos territorios delimitados restringen las posibilidades físicas, económicas y políticas de desplazarse hacia otras zonas y las obligan a esforzarse por hacer coincidir en el mismo espacio geográfico sus redes de relaciones políticas, económicas y religiosas. Según este autor, el encerramiento
o enjaulamiento
de la población dentro de un territorio previamente definido, el aumento de las interacciones sociales y económicas de los grupos poblacionales en ese espacio, el paso de una economía nacional a una monetaria y la consiguiente expansión de los medios de comunicación y transporte son condiciones previas para que tenga sentido el esfuerzo centralizador del Estado. Para este autor, sin la existencia previa de esos condicionamientos sociales de la vida política, el esfuerzo unificador de un líder o un grupo político sería excesivamente costoso y no valdría la pena: es casi imposible imponer el monopolio estatal de la coerción cuando la población tiene la oportunidad de escapar a periferias más marginales y aisladas, cuyas tierras puede colonizar.
Sin embargo, tal perspectiva, que se mueve desde el centro hacia la periferia, deja de lado la otra cara de la moneda: la explicación de la capacidad de los poderes regionales y locales para resistir exitosamente los intentos supuestamente modernizantes del Estado central, gracias al apoyo de sus clientelas electorales, que le permiten negociar con los políticos del ámbito central y mostrar sus carencias frente a las particularidades de regiones y localidades. Esa capacidad de resistencia de los poderes locales y regionales y sus relaciones con la población electoral llevan a dar un nuevo significado al fenómeno del clientelismo en el proceso de construcción del Estado nacional.
Sin embargo, hay otra cara del problema que también se pasa por alto: el interés de los pobladores por ser reconocidos e integrados a las lógicas del Estado central, evidenciado por el trabajo de María Clara Torres (2011) en torno a la formación del Estado local en el Putumayo. Y, asimismo, por los análisis de Teófilo Vásquez (2011) y María Clemencia Ramírez (2001) enfocados en los movimientos de los campesinos cocaleros, que muestran la contradicción que tienen los intereses de reconocimiento e integración de los campesinos frente al Estado nacional con respecto a los intereses contraestatales de las Farc. Y otro aspecto similar del mismo problema es evidenciado por Ingrid Bolívar en su análisis de las movilizaciones sociales de los campesinos del sur de Bolívar, que buscan claramente una relación directa con los funcionarios del Estado central para saltarse la intermediación de los políticos tradicionales y de los funcionarios estatales del orden regional y local.
Para afrontar estos diversos matices del problema de las relaciones entre los ámbitos local, regional y nacional del poder parece importante contrastar la observación histórica de los procesos de construcción del Estado con el comportamiento cotidiano de la población frente a la Política: en ese sentido, la combinación de la etnografía del Estado y la historia política comparada busca superar, tanto la mirada abstracta y estatalizante de la Política como la exaltación de los poderes locales y la renuencia a aceptar la regulación estatal: se insiste así en que el Estado no es una construcción suprahistórica o supracultural, ni una entidad separada o independiente de la sociedad, sino que está imbuido en la cultura y en una densa gama de relaciones sociales locales.
En otras palabras, como muestra Akhil Gupta para el caso de la India, el Estado se aprovecha
de previas relaciones de dominación existentes en los territorios y transcurre dentro de otras formas institucionales que regulan las relaciones sociales, como la familia, la sociedad civil o la economía. Esta percepción etnográfica coincide con los planteamientos de Michael Mann (1997), quien, apoyado en la sociología histórica, se queja de la poca atención que los teóricos han prestado usualmente al tema de las relaciones entre el Estado central y los poderes previamente existentes en regiones y localidades, e insiste en que la centralización estatal no destruye esos poderes sino que los articula en torno a ella. Tales preocupaciones han llevado a los etnógrafos políticos a insistir en la necesidad de estudiar los aspectos cotidianos y culturales del Estado, entre ellos las prácticas burocráticas, la recaudación de impuestos, la asignación de subsidios, la expedición de documentos de identificación, etc., con el fin de examinar las dispersas redes institucionales y sociales por las que la ley se coordina y consolida
(Sharma y Gupta, 2002: 9).
Por otra parte, es importante el llamado de Clifford Geertz (2003) a pensar en la heterogeneidad y el conflicto presentes en los procesos de construcción del Estado a partir de la emergencia de nuevos Estados en Asia y África después de la descolonización. Su experiencia investigativa en Marruecos e Indonesia lo ha llevado a preocuparse por los casos donde el Estado no es soberano o no lo es de manera plena, en un enfoque que él denomina un Viaje de la Antropología hacia la Historia
. Este rumbo busca superar los enfoques más o menos parroquialistas, centrados en tribus y pueblos aislados del desarrollo y el intercambio cultural del conjunto de las naciones, aunque pretende utilizar los aportes de esos estudios para el análisis de sociedades más complejas, supuestamente modernas
y autoconscientes, inmersas en un contexto marcado por la descolonización, la Guerra Fría, la modernización, los nacionalismos y la globalización, entre otras características. Según él, el contraste entre los desarrollos de los nuevos y los antiguos Estados lo lleva a sugerir la necesidad de reflexionar seriamente en torno de las categorías heredadas de la Filosofía y la Ciencia Política de corte occidental, ya que las calidades de nación, cultura, país y Estado no son plenamente aplicables a muchos de los nuevos Estados, aunque incluso tampoco a algunos de los antiguos.
Geertz se muestra sorprendido de que el desconcierto de historiadores, filósofos, científicos políticos y sociólogos cuando tratan de aplicar las categorías de Max Weber y Ernesto Renán a la inmensa variedad de grupos parroquiales y locales existentes en las nuevas naciones y frecuentemente enfrentados entre sí, se extienda también a los propios antropólogos, cuya disciplina debería llevarlos a enfatizar la importancia de diferencias. Por eso, plantea la necesidad de cambiar el criterio de que el Estado es semejante a la maquinaria de un Leviatán que domina la sociedad, y enmarcarlo en el contexto de la sociedad donde funciona; luego trata de respaldar su fórmula menos Hobbes, más Maquiavelo
con sus estudios etnográficos sobre Marruecos e Indonesia. Y concluye que el Estado en esos dos países –e igualmente en Nigeria, India, Canadá, Bélgica, Georgia, Estados Unidos y COLOMBIA– no es tanto el símbolo externo de una nacionalidad cuasinatural cuanto un instrumento social fabricado a la carrera para dar una forma relativamente unificada a una serie de identidades desiguales, deseos cruzados y asunciones que compiten entre sí. Para él, en estos lugares complicados, la soberana y compacta noción de la Nación-Estado, basada en una población singular y distinta (como la Francia cívica, el Japón monádico, el Portugal católico y la Tailandia budista), no solo está ausente sino que está lejos de existir. Así, su viaje hacia la Historia
termina con una mirada optimista porque encuentra signos de que se está abandonando la mirada moralista y sobreintelectualizada de muchos estudios, que contraponen a víctimas y villanos, para adoptar un enfoque más realista y pragmático sobre estos procesos.
Este acercamiento antropológico con un viaje hacia la Historia
permite acercarse a la constitución cultural del Estado
, que tiene que ver con la esfera de las representaciones sociales y especialmente con la manera como las instituciones del Estado encarnan en la vida cotidiana de la gente: la población aprende sobre la existencia del Estado a partir de las prácticas cotidianas, Estas prácticas aparentemente banales, rutinarias y repetitivas de las burocracias van moldeando el significado real del Estado, tanto para los funcionarios como para los ciudadanos en general. Sin embargo, normalmente este procedimentalismo burocrático
es considerado como apolítico y meramente técnico, a pesar de que sus prácticas permiten concretar las tareas políticas de la formación del Estado y el ejercicio concreto del poder. En lo referente a ese ejercicio del poder, los estudios sobre etnografía política hechos en la India permiten observar que el seguimiento estricto de las reglas burocráticas puede ir acompañado por altos niveles de corrupción, que reflejan las prácticas del Estado realmente existente (Sharma y Gupta, 2002: 11-12).
Tales enfoques combinados pueden ayudarnos a comprender mejor fenómenos como el clientelismo, la presencia de los caudillos militares en algunos países y su ausencia en otros, el sentido de las guerras civiles que caracterizaron la historia del siglo XIX en Iberoamérica e incluso la presencia o ausencia de los populismos de la primera mitad del XX y de los neopopulismos más recientes. Y deducir las limitaciones de los Estados iberoamericanos, que hacen que solo ocasionalmente se involucren en guerras necesariamente limitadas, que no logran producir los efectos positivos de fortalecimiento estatal y de neutralización del poder militar que lograron sus pares en los países europeos.
En resumen, estas diferencias en la integración de las diversas regiones al conjunto de la vida nacional marcan, tanto las diferencias en la presencia de los actores armados como la manera diversa como funcionan en ellas las instituciones estatales. Así, la combinación de los estudios regionales de caso con la concepción del desarrollo político nacional y las reflexiones teóricas antes señaladas, confirma la intuición fundamental que ha guiado los trabajos de Odecofi: la necesidad de ubicar espacialmente los procesos de violencia –actuales y previos–, desarrollo económico desigual de las regiones y construcción del Estado nacional. La manera como los territorios se han venido poblando y articulando, tanto entre sí como con las instituciones centrales del Estado para configurar el espacio de la nación, hace importante considerar el modo como sus pobladores se han ido cohesionando y organizando internamente. Y, consiguientemente, hacen ver la necesidad de una visión multiescalar de la configuración del Estado, basada en la continua interacción entre nación, región y localidades, cuyos diversos momentos e interrelaciones hacen que la presencia de las instituciones estatales sea necesariamente diferenciada. Para analizar esas interacciones es importante considerar el papel que desempeñaron los partidos políticos tradicionales como redes de poderes locales y regionales que fueron tomando cuerpo a partir de las guerras civiles, las luchas electorales, los programas ideológicos y los mecanismos de corte clientelista a lo largo del siglo XIX y buena parte del XX.
A la vez, obligan a buscar un acercamiento multidisciplinar al problema de la construcción del Estado, que permita analizar este proceso desde arriba y desde abajo, a fin de que se haga justicia a la manera como las instituciones estatales del orden central se articulan y negocian con los poderes previamente existentes en localidades y regiones o los que están configurándose en las regiones en proceso de formación e integración a la nación. De ahí que nuestros esfuerzos de investigación terminen por sugerir la necesidad de un acercamiento interdisciplinar que combine la Antropología y la Sociología política, la Historia Política y la Ciencia Política, que hagan evidentes sus ventajas para una comprensión más compleja y diferenciada de los procesos de construcción del Estado en Occidente.
Por eso, nuestras investigaciones se centran en la interacción de los niveles nacional, regional, subregional y local de la vida política: ellas contraponen los cambios políticos del orden nacional y global con los desarrollos políticos del orden local y regional, para mostrar de qué manera los grandes cambios constitucionales y legales, las transformaciones económicas, el desarrollo de proyectos de infraestructura, los virajes de las políticas públicas y las mutaciones del régimen político en el orden nacional tienen efectos diferenciados de acuerdo con las condiciones particulares de regiones y localidades. Y, a su vez, los cambios políticos, económicos y sociales de regiones y localidades modifican la vida política, económica, social y cultural del conjunto de la nación.
En ese sentido, la propuesta analítica de Odecofi insiste en la necesidad de un acercamiento interdisciplinar sensible, tanto a las interacciones entre centro y periferia como a la combinación entre la observación de las contradicciones estructurales de larga duración y las percepciones y valoraciones subjetivas de esas contradicciones, que permita construir un modelo histórico y relacional destinado a estudiar la violencia política en relación con los procesos de formación del Estado en Colombia. Se buscaría así una explicación interactiva y multiescalar de los fenómenos violentos, actuales y anteriores, mediante la interrelación entre factores estructurales y subjetivos.
Los elementos estructurales serían:
1. La configuración social de las regiones, su poblamiento y cohesión interna, ligados a un problema agrario nunca resuelto;
2. La integración territorial y política de las regiones y sus pobladores mediante el sistema político bipartidista;
3. Las tensiones y contradicciones sociales que se derivan de los dos procesos anteriores, frente a la incapacidad del régimen para tramitarlas adecuada y pacíficamente.
Mientras que los factores subjetivos serían las interpretaciones que personas y grupos sociales hacen de esas tensiones, sus valoración de las mismas tiene que ver con sus hábitos de pensamiento, sus preconcepciones y marcos ideológicos, que finalmente arrojan opciones y decisiones voluntarias frente a la situación así diagnosticada.
Esta propuesta analítica llevaría, en conclusión, a explicar la violencia colombiana como un resultado no planeado previamente de manera voluntaria sino algo impremeditado, resultante de la combinación de esas contradicciones estructurales de larga duración y del ámbito nacional, con tensiones sociales, económicas y políticas de orden regional y local en el mediano y el corto plazos, interrelacionadas con interpretaciones complotistas y maniqueas de la sociedad, tanto de los sectores de izquierda como de derecha, en un contexto mundial y continental marcado inicialmente por la Guerra Fría y luego por la lucha mundial contra el terrorismo y el narcotráfico, todo lo cual conduce a las opciones voluntarias de algunos actores y grupos sociales por la solución violenta de esas contradicciones y tensiones.
Esta interacción entre factores estructurales y subjetivos ha llevado a nuestras investigaciones a interrogarse sobre las categorías que sirven de punto de partida para el acercamiento a la vida política, tanto por parte de los analistas como de la opinión pública en general: el énfasis en la sociogénesis de nuestras preconcepciones ayuda a entender la manera problemática como la sociedad colombiana se enfrenta a la Política. La atención se centra especialmente en el análisis de los hábitos de pensamiento
con el cual los analistas, los formadores de opinión pública y el público en general se aproximan al mundo de la política. También se dedica mucha atención a la manera como las poblaciones interpretan y adaptan las reformas estatales a sus particulares contextos regionales y locales. Así, el análisis de la sociogénesis de los preconceptos sobre la Política y el Estado se convierte en parte integral del proceso de construcción simbólica del Estado y de la política para mostrar su carácter histórico. Este criterio nos lleva a superar las concepciones un tanto apocalípticas y catastrofistas, que buscaban aplicar a Colombia las caracterizaciones de Estado fallido o a punto de colapsar, pero también las visiones más recientes sobre la captura o reconfiguración mafiosas del Estado.
Para ilustrar sobre la manera multiescalar e interactiva como los análisis de los grupos de Odecofi se reflejan en el mundo político, el presente libro pretende enmarcar los conflictos y desarrollos regionales en el contexto más amplio del desarrollo político de Colombia, a fin de combinar tanto los procesos del nivel central y nacional como los desarrollos de los niveles local y regional; para eso hay que considerar tanto los procesos de la proyección desde el centro hacia las regiones y localidades como los de las regiones y localidades hacia el centro. De ahí la importancia que se otorga a la dimensión espacial, tanto de los fenómenos de violencia pública como de los procesos de construcción del Estado, aunque siempre en relación con las diversas trayectorias temporales de los mismos desarrollos. Por eso mismo se insiste siempre en la observación procesual y diferenciada, tanto espacial como temporal, de esos fenómenos.
El criterio procesual se distancia necesariamente de enfoques normativos y teleológicos, presentes en muchos de nuestros hábitos de pensamiento sobre la vida política y el Estado, para mostrar que nuestros preconceptos y valoraciones son mucho menos abstractos de lo que pensamos, ya que ellos resultan de procesos históricos muy diferentes de los que hemos vivido en nuestros países del Tercer Mundo. Por eso, la primera parte del libro, El proceso de formación estatal en Europa e Iberoamérica. Algunos elementos conceptuales para la discusión, se inicia con un capítulo concentrado en discutir algunas caracterizaciones del conflicto armado colombiano en relación con la realidad del Estado, al cual se refieren algunos cuando hablan de colapso parcial del Estado
, Estado fallido o precario, Estado capturado (‘cooptado’) o reconfigurado. El análisis de estas percepciones nos ha llevado a hablar más bien de Estado en construcción
o de presencia diferenciada de las instituciones estatales en el espacio y el tiempo
, para sugerir que las instituciones estatales tienden a comportarse de distinta manera, según sean las particularidades de las regiones y localidades, especialmente en consonancia con el grado y el momento de su integración en el conjunto de la vida nacional.
Esta diferenciación se concreta en diversos grados de estatalización e institucionalización nacional de la vida política, a los cuales corresponden variados tipos de relaciones entre el Estado central y los poderes locales y regionales. Tal diversidad se refleja asimismo en maneras diferenciadas de ejercicio de la ciudadanía y en diversos estilos de cultura política, que rompen con la concepción abstracta y homogeneizante de los textos constitucionales y de las teorías de la ciencia política convencional.
Esa visión más dinámica nos conduce a un segundo capítulo de esta primera parte del libro, que recoge, en primer lugar, algunos análisis clásicos sobre los procesos de formación del Estado que prestan especial atención a las interacciones entre el curso de su formación simbólica y los condicionamientos estructurales de tales procesos, lo cual permite aproximarse de forma más realista a los problemas de nuestra vida política. En este capítulo se intenta elaborar un modelo de construcción de Estado que combina el esquema general de Charles Tilly, centrado en los efectos políticos de las guerras entre naciones, con las ideas de Barrington Moore Jr. sobre la relación entre estructura agraria y régimen político, aunque enriquecidos con otros aportes, como los de Theda Skocpol sobre la importancia de las burocracias centrales, los planteamientos generales de Elias sobre la integración de territorios y estratos sociales y el énfasis en la construcción simbólica del Estado (Philip Abrams), así como el papel de los juristas y del derecho (Pierre Bourdieu) en la construcción de algunas naciones de Occidente.
Frente al énfasis puesto por algunos de estos autores en los efectos que las guerras entre naciones tienen en el fortalecimiento institucional de los Estados y la aparición de formas más democráticas de consulta de los gobernados, se señala que este análisis tiende a pasar por alto que las guerras entre naciones no siempre desembocan en el fortalecimiento del Estado central que subordina los poderes regionales, ni en la consiguiente democratización política de las naciones. En algunos casos, ellas han conducido más bien al fortalecimiento de formas autoritarias o al evidenciado en un equilibrio complejo de fuerzas entre los funcionarios del Estado central y los poderes realmente existentes en las regiones y localidades, producto de difíciles negociaciones entre esos ámbitos de poder. Este equilibrio de poderes, estimado como desastroso para el Estado central y exitoso para los poderes locales y regionales, es resultado de la evolución previa de las regiones, de las relaciones entre las ciudades y el mundo agrario, así como del régimen de propiedad y trabajo imperante en el campo y la ciudad.
Esa evolución previa y el consiguiente equilibrio entre diversos ámbitos del poder llevan a la necesidad de analizar, en un segundo momento, las dificultades de aplicar este modelo abstracto de construcción estatal a naciones que no han vivido esos procesos y que carecen de las condiciones que hicieron posible su exitoso resultado en ellas (Gellner). Tales dificultades muestran los problemas que resultan de concentrar la atención solo en el papel que las guerras internacionales desempeñan en la configuración de los Estados, sin considerar suficientemente cuál sería el rol de las guerras internas en la configuración e institucionalización de los Estados. Normalmente, estas guerras civiles han sido interpretadas como expresión de la fragmentación de las elites y de su relación con el Estado central, que tienen como trasfondo la falta de integración de los territorios y la inexistencia de un mercado nacional que los articule. Sin embargo, un análisis más detallado de esas guerras podría mostrarlas también como intentos, no siempre exitosos, de superación de esas fragmentaciones mediante la articulación de esos poderes y regiones. Obviamente, semejantes esfuerzos, expresados tanto en las guerras civiles como en la lucha política ordinaria, no siempre conducen al predominio del centro político y de su capital sobre las regiones, sino que tienen por resultado una serie de equilibrios cambiantes entre la nación, las regiones y las localidades.
Los problemas del trasplante del modelo de las instituciones estatales engendradas por esas guerras entre naciones son particularmente visibles en los países de Iberoamérica y en la descolonización del continente africano, cuyas condiciones sociales y económicas distan mucho de las realidades de los países donde tales instituciones surgieron originalmente. Para ese análisis, se consideran, en primer lugar, los énfasis que Michael Mann, Catherine Boone, Edward Gibson, Carlos Gervasoni y otros ponen en la necesidad de considerar las relaciones de la centralización del poder con los poderes de orden subnacional y la combinación que Stathis Kalyvas, en sus análisis de las guerras civiles, establece entre escisiones maestras y micromotivaciones regionales y locales.
Por esa razón esta primera parte del libro finaliza con el examen de los intentos que Miguel Ángel Centeno hace de aplicar a Iberoamérica el esquema tilleano, aunque tratando de ubicarlo en el contexto de una visión más integral y combinada de las guerras de la Independencia, las guerras entre naciones y las guerras internas, que parten de las tensiones heredadas del orden colonial y de las relaciones entre elites locales y poder central. Allí se acentúan aspectos como la necesaria existencia previa de una elite nacional cohesionada, la integración territorial del país, la articulación o no articulación de las elites locales y regionales en torno a un centro político, el momento y la manera de inserción del país en el mercado mundial. Tal discrepancia con los análisis de Centeno se ve complementada por la discusión de la posible aplicación de las categorías de Barrington Moore a los diferentes países iberoamericanos, que obliga igualmente a introducir muchos matices y diferencias.
Esta diferenciación se concreta en diversos grados de estatalización e institucionalización nacional de la vida política, a los cuales corresponden variados tipos de relaciones entre el Estado central y los poderes locales y regionales. Tal diversidad se refleja asimismo en maneras diferenciadas de ejercicio de la ciudadanía y en diversos estilos de cultura política, que rompen con la concepción abstracta y homogeneizante de los textos constitucionales y de las teorías de la ciencia política convencional.
No obstante, puede concluirse que una mirada de conjunto sobre las guerras de Iberoamérica, suscitadas por las tensiones de la época colonial, las contiendas de la Independencia y los conflictos internos y externos, mostraría que la guerra incide ciertamente en la conformación de los Estados, pero con resultados muy diferentes de los que algunos teóricos habrían preferido. Y que la estructura agraria incide igualmente en la construcción de los regímenes políticos, pero de manera más compleja y diferenciada de lo que esperaría el modelo teórico.
Esta discusión teórica de orden general, así como el recurso a la historia comparada del desarrollo político de los países iberoamericanos recordada en la primera parte de este libro, nos permiten acercarnos al análisis del proceso histórico de la formación del Estado colombiano para estudiar el papel que ha desempeñado la Violencia en la configuración del Estado colombiano, más allá de los enfoques de carácter normativo y moralista de la política, que parten de una lectura acrítica de la experiencia de la formación de Estados ya consolidados, en contraste con la necesidad de considerar los momentos previos, bastante conflictivos y violentos, de esos mismos Estados y de otros casos menos exitosos de formación estatal
Tales consideraciones generales de la primera parte del libro preparan la segunda, El conflictivo proceso de formación estatal en Colombia, que intenta dialogar con las categorías generales y los casos de otros países iberoamericanos para mostrar la correspondencia del examen procesual e interactivo de la historia de construcción del Estado, expresada en la presencia diferenciada de las instituciones estatales en el espacio y el tiempo, con una diversidad de las formas con las cuales el conflicto armado afecta a las diferentes regiones, subregiones y localidades del país, según sus procesos de configuración social, poblamiento y articulación con el conjunto de la escena política e inserción en la vida económica de la nación y del mundo. Sin embargo, este impacto diferenciado del conflicto armado en las regiones no impide que en ellas se inicien y desenvuelvan importantes contextos de movilización social y programas de desarrollo económico y de impulso de la vida democrática y la gobernabilidad.
Esta diversidad de formas del conflicto armado suscitadas por la relación de las regiones con las instituciones estatales nos planteó la necesidad de remitirnos a los inicios de la conflictiva construcción del Estado colombiano, a partir de los antecedentes del poblamiento colonial y los diferentes grados de relación de las regiones con los aparatos del Estado colonial hasta las turbulencias del siglo XIX, marcado por guerras internas y enfrentamientos electorales entre los partidos tradicionales, con su consiguiente papel en la configuración de las identidad nacional.
La hegemonía de los partidos Liberal y Conservador en la vida política colombiana empezó a ser desafiada por la aparición de algunos grupos sociales y políticos desde las primeras décadas del siglo XX, en una coyuntura de crecimiento del gasto público estatal y de surgimiento de tensiones en el incipiente mundo obrero y en el mundo rural de una fronteras agraria en expansión. El contraste entre la actitud de incomprensión de esas tensiones por parte de las principales facciones del Partido Conservador y de la Iglesia católica y la mayor apertura por parte de formaciones progresistas del Partido Liberal, junto con las tensiones internas del Partido Conservador, va a provocar la caída del Partido Conservador y a preludiar muchos de los problemas del siglo XX colombiano.
Por eso, el siguiente capítulo introduce una comparación entre las violencias de los años treinta del siglo XX y las de mediados de ese siglo, ambas correspondientes a transiciones de los partidos tradicionales en el poder, aunque en diferentes contextos, que a su vez llevarán a diferentes resultados. Las presiones violentas, que perseguían la homogeneización política de algunas regiones donde no existía una clara hegemonía de alguno de los partidos tradicionales –presentes en ambas situaciones–, provocaron efectos de distinto alcance. Los episodios violentos de los años treinta se concentraron en algunas regiones y localidades, mientras la guerra con el Perú impidió que se generalizaran en el conjunto del país, a pesar de que ella coincidió con algunas tensiones en las zonas de colonización rural. En cambio, en los años cuarenta y cincuenta los episodios violentos despiertan una crisis general de la vida política, al coincidir con un ambiente muy polarizado en torno a los intentos de modernización de la República liberal y al surgimiento de una movilización populista.
Tal crisis del sistema político explica la solución consocional que los partidos encuentran de la Violencia de mediados del siglo XX, pero las limitaciones de esa solución, tanto para enfrentar los rezagos de esa violencia como para responder adecuadamente a los cambios sociales que se producían en los años sesenta, desembocan en un nuevo escenario violento, aunque de naturaleza muy distinta de aquella, centrada en la contraposición de los dos partidos tradicionales.
Estas consideraciones conducen a los siguientes capítulos, dedicados a la violencia más reciente y a los intentos de solución negociada del conflicto armado. Uno de tales apartes, Un nuevo tipo de insurgencia, está dedicado al momento fundacional de nuevos grupos insurgentes como producto de la combinación entre factores estructurales –como las tensiones del mundo rural provenientes de la colonización permanente de las zonas periféricas y las dificultades de sus pobladores para articularse al conjunto de la vida nacional en materia política y económica– y factores subjetivos como la interpretación complotista de esas tensiones y la opción voluntaria por la solución violenta de las mismas. De esa manera, los problemas estructurales referidos a la exclusión política y a las tensiones del mundo rural no parecen ser una explicación suficiente para acudir al recurso de la opción violenta, pues hay que considerar también la interpretación y la valoración de esos problemas estructurales en un contexto mundial de Guerra Fría y un momento continental marcado por la Revolución Cubana. En este contexto, la combinación de factores estructurales y subjetivos lleva al surgimiento de un nuevo tipo de guerrillas, inspiradas en diversas versiones del marxismo leninismo, en zonas de colonización periférica de la frontera agraria abierta o a punto de cerrarse.
En esta interpretación se da mucha importancia al monopolio del Estado por el sistema bipartidista, que entrañaba grandes dificultades para que las instituciones estatales pudieran responder adecuadamente a las necesidades de las organizaciones sociales y políticas construidas al margen de los partidos tradicionales, las cuales, a su vez, reflejaban las tensiones sociales de las zonas de colonización periférica provocadas por la no solución del problema agrario.
Posteriormente, en el capítulo final del libro, Entre la guerra y la paz, se analiza la oscilación entre los ciclos expansivos de la violencia y los diversos intentos de solución negociada de la guerra, con resultados diversos. El nuevo ciclo de la violencia comienza en los años ochenta, cuando la guerrilla empieza a salir de su ubicación en la periferia del país para expandirse hacia zonas más integradas. Tal transformación obedece nuevamente a la combinación de factores estructurales y subjetivos: las limitaciones del reformismo del régimen bipartidista, especialmente en el campo, y su incapacidad para responder a las tensiones sociales impulsadas por los cambios operados en el país en los años sesenta y setenta, expresados en grandes movilizaciones populares y cívicas al margen del bipartidismo, son interpretadas, tanto por la derecha como por la izquierda, como una situación prerrevolucionaria. Las opciones voluntarias de uno u otro lado conducen a una nueva ola de violencia, concretada en la decisión voluntaria de las Farc de abandonar sus zonas originales para proyectarse hacia espacios más integrados política y económicamente al conjunto de la vida nacional, donde encontrarían, como respuesta, la organización de grupos paramilitares de derecha, basados en la alianza de los poderes locales y regionales de esos territorios, grupos emergentes vinculados al narcotráfico y sectores de las fuerzas estatales de seguridad.
Paradójicamente, esta determinación voluntaria de las Farc de expandirse territorialmente coincide con la decisión voluntarista del presidente Betancur de abrir un proceso de negociación, que, por supuesto, encontraba resistencias en el Establecimiento, particularmente en los poderes locales y regionales, alarmados por los avances políticos de la izquierda y las amenazas de las Farc en sus regiones. Esta trágica coincidencia de opciones contradictorias explica, al menos parcialmente, las dificultades que tuvo que encarar el proceso de paz en marcha, el auge de los grupos paramilitares, aliados con formaciones tanto del narcotráfico como de las fuerzas estatales de seguridad, que desembocaron en el exterminio de la Unión Patriótica, favorecido por la ambigüedad de la combinación de las formas de lucha adoptada por las Farc y el Partido Comunista.
Esa coyuntura abre el escenario de las oscilaciones entre las negociaciones de paz y el ascenso de las violencias, que culmina con la referencia al proceso actual de negociaciones entre el gobierno Santos y las Farc en La Habana. Las oscilaciones pasan por diversos momentos, a partir del fracaso de las negociaciones de los presidentes Betancur y Barco y la combinación entre el intento de relegitimación del sistema político y el ataque a Casa Verde bajo la presidencia de Gaviria, que desembocan en una nueva expansión de la lucha guerrillera, las ambigüedades del gobierno Samper en materia de paz en medio de las vicisitudes del llamado Proceso 8000 y el nuevo intento de paz de El Caguán, bajo Pastrana, cuyo fracaso llevó a un endurecimiento de la opinión pública y al triunfo electoral de Uribe Vélez en dos periodos presidenciales consecutivos.
Finalmente, el contraste que las políticas de la Seguridad Democrática, basadas en la negación de la existencia de un conflicto interno y que logran obligar a las Farc a replegarse hacia sus zonas tradicionales de refugio en la periferia del país, establecen con las actuales negociaciones de La Habana, sirve de conclusión para el acercamiento al trasfondo político del conflicto armado colombiano de los últimos decenios. Obviamente, tal aproximación a las posibilidades y limitaciones de este proceso de diálogo es necesariamente de carácter preliminar, dado que sus desarrollos son todavía parciales e incompletos.
Primera parte
El proceso de formación estatal
en Europa e Iberoamérica
Capítulo 1
Aproximaciones al estudio del Estado en Colombia: conflicto armado, ilegalidad y narcotráfico
Nuestras reflexiones comienzan por señalar lo paradójico que resulta el hecho de que la violencia política desde los años cincuenta hasta hoy, la penetración de la economía del narcotráfico en la sociedad colombiana y, consiguientemente, los nexos de los actores ilegales en la vida pública sean los principales motivadores de nuestras reflexiones sobre la configuración concreta del Estado colombiano. La Violencia y la ilegalidad han provocado, como corolario no planeado ni previsto, el desarrollo y la profundización de la reflexión conceptual sobre la manera concreta como funciona el Estado en nuestro país. Antes, los enfoques dominantes tendían a ser primordialmente jurídicos y normativos: se consideraba entonces que el proceso de construcción del Estado colombiano había culminado con la Constitución Nacional de 1886, refrendada por el triunfo del gobierno en la llamada Guerra de los Mil Días, entre finales del siglo XIX y principios del XX.
Solo con la Violencia de los años cincuenta empezó a hablarse, por boca de Paul Oquist (1978), de colapso parcial del Estado
para describir la tragedia colombiana de esos años. Mientras otros, entre ellos monseñor Germán Guzmán, Orlando Fals Borda, Eduardo Umaña Luna y Camilo Torres (1962), la entendieron como una revolución social frustrada
, Pierre Gilhodès (1974) hablaba de una rebelión campesina frustrada y Eric Hobsbawn (1968) se refería a los guerrilleros como rebeldes primitivos
. Esta relativa ausencia de referencias al Estado contrasta con el interés de algunos académicos norteamericanos por analizar nuestro conflicto armado como fenómeno surgido del juego entre la modernidad y la tradición, tal como ocurrió con Robert Williamson (1965), Richard Weinert (1966), Robert Dix (1967), Wiliam Payne (1968) y Vernon Fluharty (1981).
Esta falta de interés en la relación de la violencia con el Estado se fue modificando gradualmente con las referencias de los trabajos de Daniel Pécaut (1987, 1988) al concepto de precariedad del Estado, la mención de las soberanías en vilo de María Teresa Uribe (2001: 251-256) y la presencia diferenciada de las instituciones del Estado en el espacio y el tiempo, acuñada por los equipos del Cinep (González, Bolívar y Vásquez, 2003).
Posteriormente, las transformaciones territoriales operadas por las acciones de los grupos armados ilegales y el aumento de su cobertura espacial llevaron a algunos a hablar de Colombia como un Estado fallido o a punto de colapsar, mientras la ligazón del narcotráfico con la violencia condujo a otros a la denominación de nuevas guerras
, más vinculadas a la codicia humana que a la ideología política. Posteriormente, la inserción de narcotraficantes y actores armados en la vida política, especialmente en los niveles locales y regionales, introdujo las categorías de parapolítica
, reconfiguración mafiosa del Estado y captura (‘cooptación’) del Estado.
Colombia: ¿un Estado fallido?
En 2005