Uno de los grandes problemas que enfrenta el pueblo de Puerto Rico es desconocer el alcance verdadero de esta Reforma Laboral 2017. El conjunto de leyes que la componen, analizadas como un todo, nos revelan una agenda conservadora sin... more
Uno de los grandes problemas que enfrenta el pueblo de Puerto Rico es desconocer el alcance verdadero de esta Reforma Laboral 2017. El conjunto de leyes que la componen, analizadas como un todo, nos revelan una agenda conservadora sin precedentes. La misma tiene poco que ver, y no aporta nada, a resolver la crisis fiscal que sufre el archipiélago caribeño. De lo que se trata es que los ricos se hagan más ricos, accediendo al dinero de los trabajadores, trabajadoras y las personas más pobres de nuestro archipiélago.
Los autores de este libro discuten esas contradicciones y presentan de forma sencilla el alcance de las Leyes 3, 4, 8 y 26, todas del 2017 y aprobadas en estos últimos cuatro meses en el contexto de las mayores prohibiciones que impone la ley federal PROMESA. De ser uno de los países de la región caribeña, e incluso de América Latina, con la legislación laboral más avanzada, Puerto Rico retrocede 100 años en la defensa de los derechos sociales que procuró su legislación social y laboral, de forma que ahora prevalece la inestabilidad laboral, el despido libre, la prohibición de organizarse sindicalmente y negociar colectivamente en el sector público, mientras se enmendó casi toda la legislación protectora del trabajo para satisfacer la ambición desmedida de un sector privado que quiere quedarse con toda la riqueza que generan los trabajadores. Esto a pesar de que históricamente y como sector productivo ha sido incapaz de generar los empleos a los que está obligado y por lo que nuestro pueblo les garantiza 2 billones de dólares anuales en exención contributiva.
Estas leyes de ajuste fiscal y flexibilidad laboral, junto a la Ley Federal PROMESA aprobada por el Congreso de Estados Unidos y el Plan para Puerto Rico, programa de gobierno del partido pro unión a los Estados Unidos que administra el país han roto el pacto social constitucional del siglo pasado. En tal sentido, lo único que puede prometernos nuestro gobierno es sencillamente una peor calidad de vida, mayor transferencia de los fondos públicos para servir el interés del sector privado, el abandono de los servicios sociales y mayor exclusión social y desesperación para todos.
Los autores de este libro discuten esas contradicciones y presentan de forma sencilla el alcance de las Leyes 3, 4, 8 y 26, todas del 2017 y aprobadas en estos últimos cuatro meses en el contexto de las mayores prohibiciones que impone la ley federal PROMESA. De ser uno de los países de la región caribeña, e incluso de América Latina, con la legislación laboral más avanzada, Puerto Rico retrocede 100 años en la defensa de los derechos sociales que procuró su legislación social y laboral, de forma que ahora prevalece la inestabilidad laboral, el despido libre, la prohibición de organizarse sindicalmente y negociar colectivamente en el sector público, mientras se enmendó casi toda la legislación protectora del trabajo para satisfacer la ambición desmedida de un sector privado que quiere quedarse con toda la riqueza que generan los trabajadores. Esto a pesar de que históricamente y como sector productivo ha sido incapaz de generar los empleos a los que está obligado y por lo que nuestro pueblo les garantiza 2 billones de dólares anuales en exención contributiva.
Estas leyes de ajuste fiscal y flexibilidad laboral, junto a la Ley Federal PROMESA aprobada por el Congreso de Estados Unidos y el Plan para Puerto Rico, programa de gobierno del partido pro unión a los Estados Unidos que administra el país han roto el pacto social constitucional del siglo pasado. En tal sentido, lo único que puede prometernos nuestro gobierno es sencillamente una peor calidad de vida, mayor transferencia de los fondos públicos para servir el interés del sector privado, el abandono de los servicios sociales y mayor exclusión social y desesperación para todos.
