Desde fines de 2009 la Corte Suprema ha promovido la idea del “decaimiento del procedimiento admi... more Desde fines de 2009 la Corte Suprema ha promovido la idea del “decaimiento del procedimiento administrativo sancionador” como un medio tendiente a limitar la potestad sancionadora de la administración. En pocas palabras, esta idea consiste en que si una resolución condenatoria tarda demasiado tiempo en ser adoptada, no tiene valor jurídico. La noción fue rápidamente difundida en el medio legal, dando origen a una jurisprudencia frondosa.
Este artículo, sin embargo, cuestiona los fundamentos jurídicos de esta doctrina y postula que los remedios que el derecho arbitre para enfrentar la morosidad administrativa no pueden concebirse sin atender al interés general que justifica la potestad sancionadora de la administración.
Desde fines de 2009 la Corte Suprema ha promovido la idea del “decaimiento del procedimiento admi... more Desde fines de 2009 la Corte Suprema ha promovido la idea del “decaimiento del procedimiento administrativo sancionador” como un medio tendiente a limitar la potestad sancionadora de la administración. En pocas palabras, esta idea consiste en que si una resolución condenatoria tarda demasiado tiempo en ser adoptada, no tiene valor jurídico. La noción fue rápidamente difundida en el medio legal, dando origen a una jurisprudencia frondosa.
Este artículo, sin embargo, cuestiona los fundamentos jurídicos de esta doctrina y postula que los remedios que el derecho arbitre para enfrentar la morosidad administrativa no pueden concebirse sin atender al interés general que justifica la potestad sancionadora de la administración.
Uploads
Papers by Tomás Blake
Este artículo, sin embargo, cuestiona los fundamentos jurídicos de esta doctrina y postula que los remedios que el derecho arbitre para enfrentar la morosidad administrativa no pueden concebirse sin atender al interés general que justifica la potestad sancionadora de la administración.
Talks by Tomás Blake
Este artículo, sin embargo, cuestiona los fundamentos jurídicos de esta doctrina y postula que los remedios que el derecho arbitre para enfrentar la morosidad administrativa no pueden concebirse sin atender al interés general que justifica la potestad sancionadora de la administración.