Jaime Arancibia

Abstract This article discusses the United States and European Union's sanctioning powers over extraterritorial antitrust infringements that affect their internal markets. It remarks the domestic sanction of those actions on the ground that they have produced an adverse impact on the domestic territory, which must be substantial and direct. In addition, it identifies some deferential or comity criteria which contributes to conciliate jurisdictional interests affected by cross border infringements. Antitrust-jurisdiction-extraterritorial

Por ser el cultivo y la enseñanza del saber necesarios para el bien
común, no es de extrañar que sean objeto de interés público. Desde
tiempos inmemoriales, la autoridad política, representante de este
interés, ha procurado que la participación de las personas en la educación
sea, al menos, justa. El dar a cada uno lo «suyo» educacional
exige que tanto la contribución como el provecho del conocimiento
se realicen de modo libre y responsable. Por tanto, la justicia educativa
se ve afectada no solo por el incumplimiento de deberes entre
maestros y discípulos, sino también por atentados a sus libertades de
pensamiento, enseñanza y aprendizaje.

En un sistema universitario mixto, de participación privada y estatal,
es posible la interrogante de si las instituciones debieran someterse
a un régimen jurídico común. Porque la justicia distributiva ordena
tratar a todos por igual en aquello que sean iguales, la respuesta a
esta pregunta dependerá de si las universidades son iguales para
efectos de una sana política universitaria.

The United Kingdom (which includes the jurisdiction of England and Wales) has long been seen as the home of a flourishing culture of self-regulation. Statutory intervention to place self-regulatory bodies (SRBs) on a firm footing, as well as the widening application of the Human Rights Act 1998, have to a great extent made up for an initial reluctance by the courts to subject their activities to the same sort of review as would apply to government departments. The overall result is an increasingly mature and well-established network of SRBs which are likely to continue in their respective roles for some time to come.

En Chile, para quien se inicia en el estudio de las instituciones jurídicas previstas por el ordenamiento para la protección de los componentes de la comunidad, no resulta difícil encontrar a poco andar una clara referencia a la tradición inglesa y estadounidense, o a la tradición ilustrada de los derechos humanos.

In classic constitutionalism, rights and freedoms were conceived as protection barriers against power, not against individuals. Nevertheless, today it does not seem so clear that constitutional rights have only the State as passive subject, at least since the German theory of Drittwirkung or the horizontal effects of constitutional rights. In this article, we will analyze the horizontal effects of constitutional rights in Chile, and how has been recognized and applied by the jurisprudence.

El artículo 118 del DFL N 1 de 1982, establece que:“De no existir acuerdo entre el concesionario y la Superintendencia (de Electricidad y Combustibles), el VNR (Valor Nuevo de Reemplazo) será determinado por una comisión pericial”. Nos ha parecido interesante precisar la naturaleza jurídica de esta entidad, que fija un componente esencial para el cálculo de la tarifa eléctrica. Como se sabe, la pericia y los peritos no son instituciones jurídicas. Simplemente se trata de una cualidad personal: poseer conocimientos científicos, artísticos o prácticos. Por lo tanto, cuando nos preguntamos a cerca de la naturaleza jurídica de un perito, nos referimos a la función que desarrolla (administrativa, jurisdiccional, asesora), y al ámbito de su ejercicio (público, privado).

Este trabajo tiene por objeto precisar el significado de la expresión “propietario” del artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, para efectos de determinar el sujeto legitimado para solicitar los informes administrativos a que hace referencia el artículo 55 inciso 4 del mismo texto legal. En el caso que el propietario de un predio constituya una servidumbre de edificación eléctrica en favor de un tercero, la definición anterior es fundamental para fijar quién será el sujeto legitimado para presentar dichas solicitudes.

Este capítulo analiza la Sentencia Nº 20/2007 del TDLC, la cual autoriza a GLR Chile a comprar la totalidad de las acciones de Iberoamerican Radio Chile S.A. siempre que cumpla con una serie de condiciones. Se trata de una operación que permitirá que el actor dominante tenga la propiedad de 12 cadenas de radio con alcance nacional, que captará más del 37% del avisaje en radios y que tendrá en promedio alrededor del 30% de las frecuencias FM disponibles, pero en algunas localidades tendrá el 100% de ellas. Dado que las frecuencias son un bien escaso y en algunas partes ya no está disponible, este trabajo hará un análisis no solo de la industria radial, sino también del grado de desafiabilidad o contestabilidad del mercado y de sus barreras a la entrada. Al respecto,
queremos avanzar en proponer reformas en términos de cómo debiera asignarse el espectro radioeléctrico.

El autor analiza la obligación impuesta a las empresas aseguradoras de riesgo de incendio para el financiamiento del Cuerpo de Bomberos de Chile, que en su opinión reúne las características de un tributo especial de afectación. En particular, se trata de un gravamen estatal en dinero exigido a los beneficiarios directos de prestaciones de utilidad pública con el fin específico de financiar dichos servicios. Por ello, la obligación está sujeta a una serie de requisitos constitucionales y el control de inaplicabilidad del acto tributario debe extenderse a cada uno de estos elementos.

La Contraloría General de la República goza de capacidad procesal y legitimación para ser parte directa en los juicios relativos al ejercicio de sus potestades. Su personalidad jurídica parcial o suficiente le permite actuar en juicio a pesar de carecer de patrimonio. No actúa con la personalidad sino únicamente con los bienes del Fisco