Manual sobre Derechos Humanos y Prueba en el proceso penal , 2021
Tendré como objetivo contribuir a la discusión sobre la regla de exclusión de la prueba ilícita a... more Tendré como objetivo contribuir a la discusión sobre la regla de exclusión de la prueba ilícita a través de dos puntos muy concretos. En primer lugar, reseñaré los fundamentos teóricos que usualmente se asignan a la regla de exclusión (apartado II) y observaré cómo esos fundamentos son receptados en la legislación o jurisprudencia de países de tradiciones jurídicas variadas (apartado III). A continuación, intentaré demostrar que el lenguaje en que la regla de exclusión es formulada no es una buena herramienta para detectar su fundamento en función del fenómeno de la convergencia que, como se verá, consiste en el comportamiento adaptativo de los aplicadores de normas a través del cual desplazan reglas hacia estándares y estándares hacia reglas. Asimismo, señalaré que este fenómeno se presenta particularmente con la norma que regula la exclusión de prueba ilícita, ya que abarca situaciones muy diferentes y, por tanto, genera una incomodidad justificada en quienes deben decidir los casos a partir de disposicio- nes jurídicas —reglas o estándares— que sugieren, por su redacción, poseer un fundamento único (apartado IV). Finalmente, sostendré que la detección de los factores relevantes para cada grupo de casos puede enriquecer la discusión para evaluar la incorporación de más fundamentos en su configuración de modo coherente (apartado V).
Quaestio Facti. Revista Internacional sobre Razonamiento Probatorio, 2021
El trabajo se propone realizar un análisis del concepto subyacente al término «máximas de experie... more El trabajo se propone realizar un análisis del concepto subyacente al término «máximas de experiencia». En primer lugar, se intenta establecer el estado actual de la comprensión del término por parte de la doctrina. A partir de ello, se da cuenta de la diversidad de conceptos que se manejan y se propone evaluar la estructura lógica de los enunciados a los que se suele catalogar como máximas de experiencia y el rol que cumplen en la valoración de la prueba. A continuación, el texto busca explorar el reemplazo del término por el concepto de generalizaciones y escoge una clasificación de estas. Finalmente, se advierte acerca de algunos peligros en su utilización y se pro- ponen ciertos criterios para su empleo en los razonamientos sobre hechos.
Pensar la prueba, Rovatti, P. & Limardo, A. (dirs.), Editores del Sur, Buenos Aires, 2020
El 8 de marzo de 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte IDH) dictó ... more El 8 de marzo de 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte IDH) dictó sentencia de fondo en el caso “V.P.C. y otros vs. Nicaragua”. En esa oportunidad, el tribunal supranacional debió dar su opinión, entre otros puntos, acerca de la compatibilidad entre un veredicto emitido por un jurado popular sin exteriorización de razones y la exigencia de motivación de las sentencias como parte integrante del debido proceso previsto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, CADH). Como es sabido, muchos Estados parte en la CADH han adoptado el sistema de jurados para el enjuiciamiento de casos penales, de manera tal que se trataba de una ocasión importante para la historia jurisprudencial de la Corte IDH. En el caso, la Corte concluyó que una decisión sobre hechos sin exteriorización de razones no es, por definición, incompatible con la exigencia de motivación. Sin embargo, el pronunciamiento puede no haber estado a la altura de las circunstancias. Principalmente, creo que las tres ideas fundamentales que atraviesan las consideraciones del tribunal (valoración de la prueba, estándares de prueba y exigencia de motivación) se encuentran contaminadas de ciertas confusiones conceptuales que provocaron una sentencia engorrosa, contradictoria y sin demasiada fundamentación, a la que se le pueden efectuar algunas críticas. Para demostrar esto, en primer lugar, identificaré y enunciaré los argumentos empleados por la Corte IDH en su decisión. A continuación, señalaré algunos problemas que puede presentar la tesis del tribunal internacional desde la perspectiva de una concepción racionalista de la prueba y, en paralelo, propondré ciertas ideas respecto de cuál podría ser la relación entre valoración de la prueba, estándares de prueba y motivación que hubiese permitido abordar de una manera más adecuada el asunto tratado por la Corte IDH.
Estudios sobre el sistema penal adversarial, Rua, G. (dir.), Rovatti, P. & Limardo, A. (coords.), ediciones Didot, Buenos Aires, 2018
¿Cómo se debe controlar que la solicitud de enjuiciar públicamente a un ciudadano no resulte arbi... more ¿Cómo se debe controlar que la solicitud de enjuiciar públicamente a un ciudadano no resulte arbitraria? Esta es la pregunta a la que se intentará dar respuesta en este trabajo. La elección del interrogante se debe, centralmente, a dos motivos: en primer lugar, por las importantes consecuencias que conlleva para una persona ser sometida a un juicio oral y público, entre las que se destaca sin lugar a dudas la posibilidad de ser privado de su libertad ambulatoria; en segundo lugar, desde la óptica del Ministerio Público Fiscal, reducir la arbitrariedad a la hora de decidir acusar a una persona importa un objetivo primordial para realizar una eficiente gestión de política criminal y para el cumplimiento del mandato constitucional del artículo 120 de la Constitución Nacional. Sin embargo, antes de concentrarme directamente en el núcleo de la cuestión, creo necesario realizar un recorrido lógico que permita explicar y comprender la conclusión a la que arribaré. Por esa razón, en el punto 1, examinaré brevemente el sentido y los alcances de la etapa preliminar del proceso penal, concentrándome en el acto de formulación de acusación por parte del Ministerio Público Fiscal, sobre el cual se analizará su definición, características y regulación constitucional. Asimismo, se precisará acerca del grado de conocimiento y corroboración necesario para el avance del proceso a la etapa de juicio oral y público. A continuación, en la sección 2, brindaré fundamentos que permitan explicar y justificar la existencia de un control jurisdiccional del acto de acusación, tanto en su faz formal como sustancial, entendida esta última como su respaldo probatorio. Para ello, será necesario abordar la doctrina de control de convencionalidad y explicar su relación con el control formal de la acusación. Además, con el fin de hallar la razón de ser del control sustancial, se estudiarán los distintos argumentos ensayados para su justificación, y se intentará arribar a una conclusión acerca del motivo de su necesidad. Luego de ello, en el acápite 3, analizaré la cuestión central de estas líneas. Ella radica en determinar cuáles podrían y deberían ser los alcances de la implementación de un control sustancial. A partir de un análisis de derecho comparado (en particular, de la institución del Gran Jurado de los Estados Unidos de América), sistemático (del sentido y significado de la etapa preliminar y del juicio), y de su concreta operatividad (por ejemplo, la posibilidad de producir prueba para efectuarlo), intentaré sostener la extensión restringida que considero adecuada para este tipo de control. Por último, en el apartado 4, propondré algunas líneas de ideas orientadas a compensar el alcance para aquel control definido en el punto III, principalmente relacionadas con la actividad desplegada por los fiscales y a las decisiones que toman acerca de impulsar el avance de un caso y solicitar el enjuiciamiento público de una persona.
Manual sobre Derechos Humanos y Prueba en el proceso penal , 2021
Tendré como objetivo contribuir a la discusión sobre la regla de exclusión de la prueba ilícita a... more Tendré como objetivo contribuir a la discusión sobre la regla de exclusión de la prueba ilícita a través de dos puntos muy concretos. En primer lugar, reseñaré los fundamentos teóricos que usualmente se asignan a la regla de exclusión (apartado II) y observaré cómo esos fundamentos son receptados en la legislación o jurisprudencia de países de tradiciones jurídicas variadas (apartado III). A continuación, intentaré demostrar que el lenguaje en que la regla de exclusión es formulada no es una buena herramienta para detectar su fundamento en función del fenómeno de la convergencia que, como se verá, consiste en el comportamiento adaptativo de los aplicadores de normas a través del cual desplazan reglas hacia estándares y estándares hacia reglas. Asimismo, señalaré que este fenómeno se presenta particularmente con la norma que regula la exclusión de prueba ilícita, ya que abarca situaciones muy diferentes y, por tanto, genera una incomodidad justificada en quienes deben decidir los casos a partir de disposicio- nes jurídicas —reglas o estándares— que sugieren, por su redacción, poseer un fundamento único (apartado IV). Finalmente, sostendré que la detección de los factores relevantes para cada grupo de casos puede enriquecer la discusión para evaluar la incorporación de más fundamentos en su configuración de modo coherente (apartado V).
Quaestio Facti. Revista Internacional sobre Razonamiento Probatorio, 2021
El trabajo se propone realizar un análisis del concepto subyacente al término «máximas de experie... more El trabajo se propone realizar un análisis del concepto subyacente al término «máximas de experiencia». En primer lugar, se intenta establecer el estado actual de la comprensión del término por parte de la doctrina. A partir de ello, se da cuenta de la diversidad de conceptos que se manejan y se propone evaluar la estructura lógica de los enunciados a los que se suele catalogar como máximas de experiencia y el rol que cumplen en la valoración de la prueba. A continuación, el texto busca explorar el reemplazo del término por el concepto de generalizaciones y escoge una clasificación de estas. Finalmente, se advierte acerca de algunos peligros en su utilización y se pro- ponen ciertos criterios para su empleo en los razonamientos sobre hechos.
Pensar la prueba, Rovatti, P. & Limardo, A. (dirs.), Editores del Sur, Buenos Aires, 2020
El 8 de marzo de 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte IDH) dictó ... more El 8 de marzo de 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte IDH) dictó sentencia de fondo en el caso “V.P.C. y otros vs. Nicaragua”. En esa oportunidad, el tribunal supranacional debió dar su opinión, entre otros puntos, acerca de la compatibilidad entre un veredicto emitido por un jurado popular sin exteriorización de razones y la exigencia de motivación de las sentencias como parte integrante del debido proceso previsto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, CADH). Como es sabido, muchos Estados parte en la CADH han adoptado el sistema de jurados para el enjuiciamiento de casos penales, de manera tal que se trataba de una ocasión importante para la historia jurisprudencial de la Corte IDH. En el caso, la Corte concluyó que una decisión sobre hechos sin exteriorización de razones no es, por definición, incompatible con la exigencia de motivación. Sin embargo, el pronunciamiento puede no haber estado a la altura de las circunstancias. Principalmente, creo que las tres ideas fundamentales que atraviesan las consideraciones del tribunal (valoración de la prueba, estándares de prueba y exigencia de motivación) se encuentran contaminadas de ciertas confusiones conceptuales que provocaron una sentencia engorrosa, contradictoria y sin demasiada fundamentación, a la que se le pueden efectuar algunas críticas. Para demostrar esto, en primer lugar, identificaré y enunciaré los argumentos empleados por la Corte IDH en su decisión. A continuación, señalaré algunos problemas que puede presentar la tesis del tribunal internacional desde la perspectiva de una concepción racionalista de la prueba y, en paralelo, propondré ciertas ideas respecto de cuál podría ser la relación entre valoración de la prueba, estándares de prueba y motivación que hubiese permitido abordar de una manera más adecuada el asunto tratado por la Corte IDH.
Estudios sobre el sistema penal adversarial, Rua, G. (dir.), Rovatti, P. & Limardo, A. (coords.), ediciones Didot, Buenos Aires, 2018
¿Cómo se debe controlar que la solicitud de enjuiciar públicamente a un ciudadano no resulte arbi... more ¿Cómo se debe controlar que la solicitud de enjuiciar públicamente a un ciudadano no resulte arbitraria? Esta es la pregunta a la que se intentará dar respuesta en este trabajo. La elección del interrogante se debe, centralmente, a dos motivos: en primer lugar, por las importantes consecuencias que conlleva para una persona ser sometida a un juicio oral y público, entre las que se destaca sin lugar a dudas la posibilidad de ser privado de su libertad ambulatoria; en segundo lugar, desde la óptica del Ministerio Público Fiscal, reducir la arbitrariedad a la hora de decidir acusar a una persona importa un objetivo primordial para realizar una eficiente gestión de política criminal y para el cumplimiento del mandato constitucional del artículo 120 de la Constitución Nacional. Sin embargo, antes de concentrarme directamente en el núcleo de la cuestión, creo necesario realizar un recorrido lógico que permita explicar y comprender la conclusión a la que arribaré. Por esa razón, en el punto 1, examinaré brevemente el sentido y los alcances de la etapa preliminar del proceso penal, concentrándome en el acto de formulación de acusación por parte del Ministerio Público Fiscal, sobre el cual se analizará su definición, características y regulación constitucional. Asimismo, se precisará acerca del grado de conocimiento y corroboración necesario para el avance del proceso a la etapa de juicio oral y público. A continuación, en la sección 2, brindaré fundamentos que permitan explicar y justificar la existencia de un control jurisdiccional del acto de acusación, tanto en su faz formal como sustancial, entendida esta última como su respaldo probatorio. Para ello, será necesario abordar la doctrina de control de convencionalidad y explicar su relación con el control formal de la acusación. Además, con el fin de hallar la razón de ser del control sustancial, se estudiarán los distintos argumentos ensayados para su justificación, y se intentará arribar a una conclusión acerca del motivo de su necesidad. Luego de ello, en el acápite 3, analizaré la cuestión central de estas líneas. Ella radica en determinar cuáles podrían y deberían ser los alcances de la implementación de un control sustancial. A partir de un análisis de derecho comparado (en particular, de la institución del Gran Jurado de los Estados Unidos de América), sistemático (del sentido y significado de la etapa preliminar y del juicio), y de su concreta operatividad (por ejemplo, la posibilidad de producir prueba para efectuarlo), intentaré sostener la extensión restringida que considero adecuada para este tipo de control. Por último, en el apartado 4, propondré algunas líneas de ideas orientadas a compensar el alcance para aquel control definido en el punto III, principalmente relacionadas con la actividad desplegada por los fiscales y a las decisiones que toman acerca de impulsar el avance de un caso y solicitar el enjuiciamiento público de una persona.
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un jurado popular sin exteriorización de razones y la exigencia de motivación de las sentencias como parte integrante del debido proceso previsto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, CADH). Como es sabido, muchos Estados parte en la CADH han adoptado el sistema de jurados para el enjuiciamiento de casos penales, de manera tal que se trataba de una ocasión importante para la historia jurisprudencial de la Corte IDH. En el caso, la Corte concluyó que una decisión sobre hechos sin exteriorización de razones no es, por definición, incompatible con la exigencia de motivación. Sin embargo, el pronunciamiento puede no haber estado a la altura de las circunstancias. Principalmente, creo que las tres ideas fundamentales que atraviesan las consideraciones del tribunal (valoración de la prueba, estándares de prueba y exigencia de motivación) se encuentran contaminadas de ciertas confusiones conceptuales que provocaron una sentencia engorrosa, contradictoria y sin demasiada fundamentación, a la que se le pueden efectuar algunas críticas. Para demostrar esto, en primer lugar, identificaré y enunciaré los argumentos empleados por la Corte IDH en su decisión. A continuación, señalaré algunos problemas que puede presentar la tesis del tribunal internacional desde la perspectiva de una concepción racionalista de la prueba y, en paralelo, propondré ciertas ideas respecto de cuál podría ser la relación entre valoración de la prueba, estándares de prueba y motivación que hubiese permitido abordar de una manera más adecuada el asunto tratado por la Corte IDH.
Esta es la pregunta a la que se intentará dar respuesta en este trabajo. La elección del interrogante se debe, centralmente, a dos motivos: en primer lugar, por las importantes consecuencias que conlleva para una persona ser sometida a un juicio oral y público, entre las que se destaca sin lugar a dudas la posibilidad de ser privado de su libertad ambulatoria; en segundo lugar, desde la óptica del Ministerio Público Fiscal, reducir la arbitrariedad a la hora de decidir acusar a una persona importa un objetivo primordial para realizar una eficiente gestión de política criminal y para el cumplimiento del mandato constitucional del artículo 120 de la Constitución Nacional.
Sin embargo, antes de concentrarme directamente en el núcleo de la cuestión, creo necesario realizar un recorrido lógico que permita explicar y comprender la conclusión a la que arribaré.
Por esa razón, en el punto 1, examinaré brevemente el sentido y los alcances de la etapa preliminar del proceso penal, concentrándome en el acto de formulación de acusación por parte del Ministerio Público Fiscal, sobre el cual se analizará su definición, características y regulación constitucional. Asimismo, se precisará acerca del grado de conocimiento y corroboración necesario para el avance del proceso a la etapa de juicio oral y público.
A continuación, en la sección 2, brindaré fundamentos que permitan explicar y justificar la existencia de un control jurisdiccional del acto de acusación, tanto en su faz formal como sustancial, entendida esta última como su respaldo probatorio. Para ello, será necesario abordar la doctrina de control de convencionalidad y explicar su relación con el control formal de la acusación. Además, con el fin de hallar la razón de ser del control sustancial, se estudiarán los distintos argumentos ensayados para su justificación, y se intentará arribar a una conclusión acerca del motivo de su necesidad.
Luego de ello, en el acápite 3, analizaré la cuestión central de estas líneas. Ella radica en determinar cuáles podrían y deberían ser los alcances de la implementación de un control sustancial. A partir de un análisis de derecho comparado (en particular, de la institución del Gran Jurado de los Estados Unidos de América), sistemático (del sentido y significado de la etapa preliminar y del juicio), y de su concreta operatividad (por ejemplo, la posibilidad de producir prueba para efectuarlo), intentaré sostener la extensión restringida que considero adecuada para este tipo de control.
Por último, en el apartado 4, propondré algunas líneas de ideas orientadas a compensar el alcance para aquel control definido en el punto III, principalmente relacionadas con la actividad desplegada por los fiscales y a las decisiones que toman acerca de impulsar el avance de un caso y solicitar el enjuiciamiento público de una persona.
un jurado popular sin exteriorización de razones y la exigencia de motivación de las sentencias como parte integrante del debido proceso previsto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, CADH). Como es sabido, muchos Estados parte en la CADH han adoptado el sistema de jurados para el enjuiciamiento de casos penales, de manera tal que se trataba de una ocasión importante para la historia jurisprudencial de la Corte IDH. En el caso, la Corte concluyó que una decisión sobre hechos sin exteriorización de razones no es, por definición, incompatible con la exigencia de motivación. Sin embargo, el pronunciamiento puede no haber estado a la altura de las circunstancias. Principalmente, creo que las tres ideas fundamentales que atraviesan las consideraciones del tribunal (valoración de la prueba, estándares de prueba y exigencia de motivación) se encuentran contaminadas de ciertas confusiones conceptuales que provocaron una sentencia engorrosa, contradictoria y sin demasiada fundamentación, a la que se le pueden efectuar algunas críticas. Para demostrar esto, en primer lugar, identificaré y enunciaré los argumentos empleados por la Corte IDH en su decisión. A continuación, señalaré algunos problemas que puede presentar la tesis del tribunal internacional desde la perspectiva de una concepción racionalista de la prueba y, en paralelo, propondré ciertas ideas respecto de cuál podría ser la relación entre valoración de la prueba, estándares de prueba y motivación que hubiese permitido abordar de una manera más adecuada el asunto tratado por la Corte IDH.
Esta es la pregunta a la que se intentará dar respuesta en este trabajo. La elección del interrogante se debe, centralmente, a dos motivos: en primer lugar, por las importantes consecuencias que conlleva para una persona ser sometida a un juicio oral y público, entre las que se destaca sin lugar a dudas la posibilidad de ser privado de su libertad ambulatoria; en segundo lugar, desde la óptica del Ministerio Público Fiscal, reducir la arbitrariedad a la hora de decidir acusar a una persona importa un objetivo primordial para realizar una eficiente gestión de política criminal y para el cumplimiento del mandato constitucional del artículo 120 de la Constitución Nacional.
Sin embargo, antes de concentrarme directamente en el núcleo de la cuestión, creo necesario realizar un recorrido lógico que permita explicar y comprender la conclusión a la que arribaré.
Por esa razón, en el punto 1, examinaré brevemente el sentido y los alcances de la etapa preliminar del proceso penal, concentrándome en el acto de formulación de acusación por parte del Ministerio Público Fiscal, sobre el cual se analizará su definición, características y regulación constitucional. Asimismo, se precisará acerca del grado de conocimiento y corroboración necesario para el avance del proceso a la etapa de juicio oral y público.
A continuación, en la sección 2, brindaré fundamentos que permitan explicar y justificar la existencia de un control jurisdiccional del acto de acusación, tanto en su faz formal como sustancial, entendida esta última como su respaldo probatorio. Para ello, será necesario abordar la doctrina de control de convencionalidad y explicar su relación con el control formal de la acusación. Además, con el fin de hallar la razón de ser del control sustancial, se estudiarán los distintos argumentos ensayados para su justificación, y se intentará arribar a una conclusión acerca del motivo de su necesidad.
Luego de ello, en el acápite 3, analizaré la cuestión central de estas líneas. Ella radica en determinar cuáles podrían y deberían ser los alcances de la implementación de un control sustancial. A partir de un análisis de derecho comparado (en particular, de la institución del Gran Jurado de los Estados Unidos de América), sistemático (del sentido y significado de la etapa preliminar y del juicio), y de su concreta operatividad (por ejemplo, la posibilidad de producir prueba para efectuarlo), intentaré sostener la extensión restringida que considero adecuada para este tipo de control.
Por último, en el apartado 4, propondré algunas líneas de ideas orientadas a compensar el alcance para aquel control definido en el punto III, principalmente relacionadas con la actividad desplegada por los fiscales y a las decisiones que toman acerca de impulsar el avance de un caso y solicitar el enjuiciamiento público de una persona.