Facultad de Derecho

Versión editada y aumentada de la Exposición de Incorporación a la Academia del Mar, originalmente titulada "Tecnociencias Sensibles y Política Exterior Argentina", pronunciada en la Sesión Plenaria Número 142, del 27 de marzo de 2012, en el Centro Naval, Florida 801, Buenos Aires, República Argentina. Publicada como Cuaderno Talásico Número 37 por la Academia del Mar. Ver el Resumen Ejecutivo.

Este trabajo pretende analizar de manera comparativa los modelos argentino y español de enjuiciamiento penal por casos de corrupción, exponiendo los principales desafíos que enfrentan los sistemas judiciales y las nuevas herramientas para abordar este tema. Este tipo de crímenes involucran a la sociedad como víctima de estas acciones ilícitas. Por lo tanto, el sistema judicial debe procesar y castigar estos crímenes relacionados con los asuntos públicos porque su impunidad amenaza la estabilidad de las sociedades democráticas. Esta investigación demostrará si el papel de la víctima en los modelos analizados de enjuiciamiento penal contribuye o no al éxito de las investigaciones ya la penalización de la corrupción.

En este artículo comentamos los fundamentos de un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que anuló la condena a prisión que un Tribunal impuso, en virtud del acuerdo de juicio abreviado que presentaron las partes, porque se excedió del límite de 6 años de pena que establece la ley para su admisibilidad. Tras la reseña del caso y el planteo

La discusión acerca de la posibilidad de iniciar un nuevo proceso penal en casos constitutivos de lo que ha dado en denominarse “cosa juzgada fraudulenta” ha tenido, en Argentina, una relevancia considerable. Esto ha sido particularmente así partir del dictado de ciertas decisiones judiciales trascendentes sobre este tema, tanto por parte de tribunales cuya jurisprudencia suele tener un impacto a nivel local1, como por tribunales
locales que se han ocupado del tema.2 También ha colaborado a la difusión de la discusión sobre el asunto la existencia de algunas obras que han planteado las bases para el análisis del tema en nuestro país.3 Sin embargo, pese a su relevancia tanto para la discusión académica como para las decisiones judiciales y la actividad legislativa, no se cuenta en Argentina, al menos hasta el momento, con una obra que se haya ocupado de realizar un
análisis integral sobre la “cosa juzgada fraudulenta”.

En el presente artículo compartiremos algunas ideas sobre lo que, desde nuestra perspectiva, implicaría diseñar la persecución penal estratégica de los fenómenos criminales vinculados a las drogas ilícitas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante CABA). Hacemos referencia aquí a fenómenos criminales porque entendemos conveniente que los asuntos penales relacionados con las drogas sean abordados como problemas públicos, como veremos más adelante, y no únicamente como figuras típicas o delitos.

De esta manera, proponemos que se observen en forma holística, como parte de un entramado social complejo que excede por mucho a las meras categorías jurídicas, y que exige buscar formas de innovación en estrategias y articulaciones estatales. En este sentido, pretendemos hablar desde un enfoque de políticas, orientandonos al desarrollo de conceptos y de acciones frente la necesidad de definir o redefinir la política criminal a ser desplegada en el marco de la Ley de Desfederalización implementada en CABA .

Para alcanzar estos objetivos, en primer lugar, acercamos una descripción teórica sobre de lo que implicaría definir la política criminal, conocer los fenómenos criminales y desarrollar investigaciones desde una perspectiva político criminal, lo que se conoce como persecución penal estratégica. En segundo lugar, desarrollaremos algunas de las características que posee el despliegue de la política criminal actual, en función de información pública obtenida de fuentes primarias y secundarias de organismos públicos y de la sociedad civil. En tercer lugar, nos enfocaremos en señalar algunas de las posibles acciones que podría contemplar un plan de política criminal  para abordar los fenómenos criminales en cuestión. Por último y en cuarto lugar, reflexionaremos sobre las ideas centrales de este trabajo y los desafíos que tenemos desde el Estado para intervenir la criminalidad.

La posición de la víctima en nuestros sistemas de administración de justicia
ha variado sustancialmente en los últimos años. Desde posiciones doctrinarias y de jurisprudencia que se inclinaban por suprimir o restringir casi absolutamente su participación en el proceso, hasta la jerarquización de sus derechos y garantías, y el consecuente reconocimiento del valor de sus aportes e intereses en el marco de la gestión de conflictos penales. Ese recorrido, en nuestra tradición jurídica, está fuertemente marcado por la jurisprudencia del sistema interamericano de Derechos Humanos y la incorporación de instrumentos convencionales específicos a nuestro
bloque de normas constitucionales (art. 75, inc. 22º, de la CN).
En síntesis, la novedad es el reconocimiento de que la víctima es titular de la
garantía de debido proceso, como tal. Luego, la discusión es el alcance de las facultades que le vamos a conferir en nuestros ordenamientos procesales para el
ejercicio y operatividad de ese conjunto de derechos y garantías. En otras palabras, qué poder se le acuerda, con qué alcances y restricciones, y en la medida de qué propósitos.
Desde esa perspectiva, presento aquí un breve recorrido de nuestras
tradiciones jurídicas respecto de la categorización de la víctima, y sus herramientas de acceso a la justicia o de tutela judicial efectiva.
Luego, planteo un contrapunto específico de actuación, respecto de ciertas
habilitaciones y restricciones de acusaciones particulares o querellas para personas jurídicas, en casos que involucren graves violaciones a los Derechos Humanos (art. 84, inc. b, del CPPF y 82 bis del CPPN).