Cosa Juzgada

As ações coletivas têm como pontos sensíveis a discussão acerca da legitimidade e da coisa julgada. O presente estudo tem por escopo a análise desta última, em que o debate se justifica porque a coisa julgada reflete as consequências do processo no mundo real. A coisa julgada nas demandas coletivas teve sua extensão ampliada para operar-se erga omnes ou ultra partes (redação original do art. 16 da Lei n. 7.347/1985 e art. 103 da Lei n. 8.078/1990), objetivando evitar a multiplicação de demandas com o mesmo pedido e causa de pedir e a existência de decisões conflitantes. Ocorre que a Lei n. 9.494/1997, até hoje em vigor, alterou o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública (Lei n. 7.347/1985) para limitar a coisa julgada à competência territorial do órgão prolator. A partir de então, surgiram grandes celeumas na doutrina e na jurisprudência pátria quanto à constitucionalidade, eficácia e aplicabilidade desta alteração, que ainda não foram definitivamente dirimidas. Diante desse cenário, são feitas considerações críticas, mediante emprego do método dedutivo, acerca da limitação da coisa julgada pela competência territorial do órgão prolator da decisão, que permitem concluir pela sua incompatibilidade com o microssistema processual coletivo e, também, que ela representa barreira ao acesso à justiça.

This article is based on the general report on the Americas for the I International Conference of the International Procedure Law Association and the Ibero-American Procedure Law Institute and the XXIII Ibero-American Conference on Procedure Law, Colloquium of the International Procedure Law Association, which was held June 6-9, 2012 in Buenos Aires.

Con el desarrollo –cada vez más robusto- de los sistemas jurisdiccionales supranacionales aparecieron nuevas aristas relacionadas a la cosa juzgada. Así, por ejemplo, se plantearon los siguientes interrogantes: i) ¿la “cosa juzgada” puede distinguirse en niveles?, ¿una nacional y otra internacional?; ii) Si existen recursos o vías internacionales pendientes, ¿puede, a nivel doméstico, realmente hablarse de “cosa juzgada” ?, iii) ¿Cuál es el efecto de la cosa juzgada internacional?, ¿se aplica ella solo al caso concreto o extiende sus efectos a los otros casos idénticos dentro del Estado condenado?, ¿deroga la cosa juzgada local?, ¿se extiende a los otros Estados miembros que no fueron partes en el litigio concreto?

La cosa juzgada dota a la sentencia de una certeza inamovible e inalterable, para evitar que vuelva a generarse una y otra vez el mismo conflicto ya resuelto. La doctrina dominante sostiene que los límites subjetivos de la cosa juzgada son relativos y alcanzan sólo a las partes y a quienes han intervenido jurídicamente en el litigio; no obstante existir un sinnúmero de casos en que tales efectos se extienden ultra partes.
La máxima res iudicata tertio non nocet no es absoluta, y en numerosas circunstancias de hecho, los terceros resultan alcanzados por la sentencia, por lo que existe un sinnúmero de excepciones a la “regla general” sobre el efecto relativo de las sentencias, o lo que es lo mismo, el límite subjetivo de la cosa juzgada, que nos demuestran que la regla general no es tal: 1) Las sentencias constitutivas, 2) Las resoluciones cautelares y el despacho de la ejecución, 3) La resolución que concreta la enajenación forzosa, adjudicando el bien objeto de embargo, al ejecutante o al mejor postor en subasta pública, 4) La resolución de apertura del procedimiento concursal, 5) La sentencia firme que declara el divorcio, 6) Cualquier otra sentencia que recaiga sobre el estado civil de una persona, especialmente los que determinan la filiación, 7) La sentencia absolutoria o condenatoria en materia penal, 8) La declaración de inconstitucionalidad de norma legal, 9) La sentencia que declara la nulidad de derecho público, 10) La sentencia de Tribunales Ambientales, en materia anulatoria, etc.
Estas numerosas excepciones confirman que en realidad no existe tal cosa como la regla general del efecto relativo de las sentencias; lo que se ve reforzado con la inmutabilidad que conlleva la cosa juzgada, que consiste que ninguna otra autoridad (jurisdiccional o no) podrá alterar los términos de una sentencia, efecto que no podría llevarse a cabo si la sentencia sólo alcanzara a las partes.

Se analiza la conexidad existente entre la pretensión reivindicatoria y la pretensión de mejor derecho de propiedad, determinándose que al resolverse un proceso de mejor derecho de propiedad puede adquirir la autoridad de cosa juzgada, la cual será oponible en un posterior proceso de reivindicación

En el presente trabajo se examina la posibilidad de anular una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, por contener una injusticia intolerable que viola garantías constitucionales a una de las partes, a través de la acción autónoma de nulidad, no legislada en el sistema jurídico local y nacional, pero con reconocimiento pretoriano.
El enfoque parte de la contraposición entre el principio de inmutabilidad de la cosa juzgada y las garantías del debido proceso, por la situación de indefensión en la que puede caer el sujeto si se lo priva de la oportunidad de hacerse oír, en razón de la firmeza que posee la resolución, colisionando así el valor “seguridad jurídica” con el valor “justicia”.
Luego se desarrolla el contenido de la acción, analizando su viabilidad en ordenamientos que gozan de un sistema impugnativo completo y que cuentan con medios específicos para atacar la cosa juzgada. Se realiza una comparación entre la revisión y la pretensión autónoma de nulidad, concluyendo en la conveniencia de receptar esta última en aquellos casos en que la injusticia de la sentencia firme es intolerable y manifiesta, siempre teniendo en miras un criterio restrictivo que no permita la revisión ad infinitum de la cosa juzgada.

Nos proponemos analizar cómo operan los modelos de cosa juzgada que gobiernan los sistemas de procesos colectivos representativos en el arco de acuerdos transaccionales en materia de consumo.

El centro de la cuestión radica en que, en los acuerdos transaccionales, los partícipes hacen reconocimientos y concesiones recíprocas para comprometer obligaciones dudosas o litigiosas y, como consecuencia de eso, se compromete el destino de derechos de los miembros de la clase o grupo de personas que están involucrados en el conflicto, aunque no hayan participado del proceso más que a través de un representante adecuado.

Recordemos que, de acuerdo con las bases sentadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el conocido caso “Halabi”, la matriz representativa fue la escogida para realizar la tutela prevista en el art. 43, segundo párrafo, de la Constitución Nacional. Tengamos también en cuenta que el efecto de la transacción homologada es el de la cosa juzgada.

La premisa a partir de la cual debe iniciarse el análisis, entonces, es que el legitimado extraordinario actúa en el proceso colectivo con la calidad de adecuado representante de la clase, ejerciendo una defensa vigorosa de todos los intereses de sus miembros, sea mediante una pretensión o una defensa, tal y como si ellos mismos hubieran estado presentes o asumiendo que, de haber ejercido directamente la defensa, no podrían haberlo hecho de mejor modo. Este aspecto, generalmente complejo, lo daremos por cumplido a los efectos del análisis que proponemos, ya que la idea es centrarnos en la eficacia de los efectos del acuerdo desde el punto de vista normativo y analítico. 

Intentaremos mostrar que, a pesar de su expresa regulación, el modelo de cosa juzgada secundum eventum litis previsto en el art. 54 de la LDC no resulta aplicable a los efectos de un acuerdo transaccional homologado porque, en este contexto, la decisión judicial será siempre “favorable” a los intereses del grupo.

Sobre preclusiones procesales en el derecho chileno en tiempo de reformas. Ensayo de una teoría general desde un enfoque valorativo jurídico hasta las aplicaciones particulares de la preclusión. Estudio se enfoca en los principios y en los procesos escritos y orales.

La cosa juzgada (res judicata) es un principio general del derecho aceptado por todos los sistemas jurídicos del mundo. En virtud ello, constituye también una fuente de derecho internacional público. Los tribunales internacionales se han referido a este principio y lo han aplicado desde antaño.
En la sentencia de fondo del caso concerniente a la aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Bosnia y Herzegovina c. Serbia y Montenegro) la Corte Internacional de Justicia le ha dedicado un considerable espacio a la invocación de la cosa juzgada, lo que amerita hacer un repaso del contenido de dicho principio, a la luz de la jurisprudencia y la doctrina internacionales, así como un análisis de su aplicación en el mencionado asunto y las críticas que ha recibido la decisión de la Corte en este punto.

El autor afirma que es posible que el Tribunal Constitucional declare la nulidad de sus propias decisiones cuando estas contengan vicios o incorrecciones graves, dañosas e insubsanables. A efectos de justificar su posición analiza diversos supuestos de incorrecciones o vicios que pueden presentar las resoluciones del Tribunal Constitucional, explica si sobre esa base este órgano colegiado puede declarar la nulidad o ineficacia de sus decisiones, evalúa críticamente las principales objeciones planteadas contra dicha posibilidad, y por último, explica algunos criterios que permitirían racionalizar la potestad nulificante del Alto Tribunal.

Cualquier sistema de justicia relativamente sofisticado cuenta con reglas de clausura de la litigación. Estas reglas funcionan con un doble objetivo: primero, poner término a una controversia judicial actual, clausurando el debate y solidificando mediante la decisión final aquello que el tribunal ha sentenciado; segundo, se presenta una finalidad futura, es decir, profiláctica hacia posibles futuros litigios sobre el mismo asunto que las reglas de cierre del sistema pretenden evitar mediante el establecimiento de mecanismos que, como sostiene Jordi Nieva, prohíben duplicación de juicios. Dicho de otra manera, la constelación de reglas de clausura, donde la res judicata es la más relevante, tiene una función dual, una actual y presente, y una futura pero eventual, ya que operará solo en el evento de que se pretenda someter nuevamente el mismo asunto a una decisión judicial. Es decir, se cierra una puerta detrás de las partes, pero también se cierra una delante.

Artículo en co-autoría con Lourdes Flores Nano en donde se analiza que pesar de que suele optarse por acudir al arbitraje para resolver un litigio en un menor tiempo, esto termina siendo incierto por el abuso de procesos de amparo. El Tribunal Constitucional, mediante su precedente vinculante recaído en el caso María Julia, intenta dar freno al uso desmedido del amparo para la materia en cuestión. De esta manera, los autores del presente artículo repasan las causales expresas para interponer un amparo arbitral, su diferencia con el proceso de nulidad del laudo, así como la particular posición del tercero afectado por la decisión recaída en un arbitraje.

El autor argumenta que una decisión encaminada a pronunciarse sobre la cuestión de cosa juzgada de cara a un proceso en donde se esclarezca el derecho de propiedad debe evaluar de forma exhaustiva el fundamento del petitorio, y no limitarse a analizar la concurrencia de las partes y del pedido formal, ello con la finalidad de constatar la triple
identidad requerida para la configuración de la cosa juzgada. Asimismo, menciona que el principio constitucional de la función social de la propiedad orienta la correcta identificación y aplicación de la cosa juzgada.

El autor propone una concepción unitaria sobre la autonomia del dleito de lavado de activos, tema que desarrolla a partir de superar la distinción binaria entre autonomía procesal y material, así como implementar su propuesta de manera práctica absolviendo las incertidumbres que genera la colisión de la sentencia absolutoria en el proceso de lavado de activos así como la posibilidad de cuestionar la autonomía del lavado empleando la dogmática de los delitos de conexión

RESUMEN: En el presente trabajo se analiza el instituto de la cosa juzgada en el sistema interamericano, como también sus efectos objetivos y subjetivos. Se toma por base la doctrina procesal para demonstrar en que en el ámbito interamericano no es posible defender los efectos erga omnes de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a su falta de ejecutabilidad general, no al menos en su sentido técnico procesal de la institución. Existe más bien un sistema de precedentes que posibilita la vinculación interpretativa como parámetro de unidad, igualdad y coherencia del sistema interamericano en la búsqueda de la amplia protección de los derechos humanos. ABSTRACT: In this paper we analyze the institution of the inter-American res judicata, as well as its objective and subjective effects. It is based on the procedural doctrine to demonstrate that in the inter-American field it is not possible to defend the erga omnes effects of the decisions of the Inter-American Court of Human Rights, due to its lack of general executability, not at least in its procedural technical sense of the institution. Rather, there is a system of precedents that enables interpretative linkage as a parameter of unity, equality and coherence of the inter-American system in the search for broad protection of human rights.

Teoría general de la filiación expuesta de forma analítica, con análisis de su concepto y su contexto. Funda la base de la filiación en criterios para darle origen. Establece ciertos factores para su adjudicación. Presenta metacriterios de decisión para resolver los diversos conflictos que puedan presentarse en la filiación.

El presente artículo tiene por objetivo hacer una propuesta relativa a dos de los conceptos más importantes del proceso civil, del sistema de justifica en general e, incluso, del derecho procesal como rama de la ciencia jurídica: la cosa juzgada y la teoría de la prueba. En este intento, de seguro insuficiente, se pretende abordar desde una perspectiva inexplorada como se relacionan las reglas de clausura del proceso civil, cuya intención es dotar de estabilidad a las relaciones jurídicas que han sido objeto de adjudicación, con la intención epistémica de averiguación de la verdad en el proceso, señalando que la res judicata funcionara, dedde dicho prisma como una regla obstativa del conocimiento

Las nociones de sentencia firme, sentencia definitiva, sentencia ejecutoriada, efecto suspensivo del recurso y efecto devolutivo son locuciones técnico-jurídicas cuyos contornos no son del todo claro, pues, en general, no aparecen definidas en los códigos de rito, pero revisten una relevancia notoria en lo que hace a la definición de cosa juzgada, la seguridad jurídica, la ejecución de la pena, la prescripción de la acción o de la pena y la puesta en práctica del poder punitivo que monopoliza el estado. Impactan también en la consecución de los fines de la pena.
La cuestión relativa a la definición de sentencia firme, del momento de ejecución de sentencia y de la prescripción de la acción o de la pena no ha pasado inadvertida en la jurisprudencia de los tribunales provinciales y de la Corte Suprema nacional. Interesa, en particular, hacer un repaso de la secuencia de sentencias o diálogo jurisprudencial que se ha llevado a cabo entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y algunos tribunales superiores de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en tanto creemos que agrega un perspectiva distinta a la discusión de esta cuestión, pues incorpora la autonomía provincial como un aspecto más a valorar y merituar al momento de tomar posición sobre la delimitación de los conceptos en cuestión. .

comentar el fallo recaído en el expediente
ADECUA c/ Nuevo Banco de Santa Fe S.A.,
en el cual se resolvió revocar una sentencia
de la Sala E de la Cámara Nacional en
lo Comercial que había acogido una excepción
de cosa juzgada y rechazado una
demanda colectiva que tenía por objeto la
restitución de primas de seguro abonadas
por los usuarios y consumidores al Banco
demandado.

La tesis que sostengo es que al tribunal constitucional le corresponde el deber de interpretar las normas impugnadas explícitamente (positivamente) siempre. Sin excusas. Así, la posibilidad de la sentencia ficta debe ser descartada. Para llegar a esta conclusión parto de una posición pacífica y muy extendida según la cual el rol sustancial, la razón de ser del tribunal constitucional es –valga el pleonasmo– interpretar la Constitución. Es su supremo intérprete. Y esta suprema interpretación debe ser, además, en clave de garante de la vigencia efectiva de los derechos constitucionales.

El autor del presente artículo formó parte del Colegiado que dictó la sentencia del Exp. N° 04617-2012-PA/TC, la cual estuvo cerca de ser anulada por el nuevo TC. En esta oportunidad, desarrolla el fundamento y características principales de la cosa juzgada, al fin de destacar su importancia en la consolidación de un discurso jurídico, cuyas características son justamente ser inmutable e indiscutible. Considera como grave la tesis que pretende anular las sentencias del TC, en tanto no solo ponen en riesgo la controversia ya dilucidada sino también la interpretación dada por la Constitución en aquella.

El autor analiza dos tesis que se contraponen: aquella que plantea que el artículo 121º del Código Procesal Constitucional peruano debe interpretarse a la luz del inciso 2º del artículo 139º de la Constitución, de tal manera que protegiendo la santidad de la cosa juzgada de la sentencia del TC debe entenderse justificada la inimpugnabilidad del fallo; y, aquella planteada por el Magistrado Vergara Gotelli en la RTC Nº 1078-2007-PA/TC que sostiene que la prohibición de impugnación debe entenderse si ésta pretende un reexamen del pronunciamiento de fondo que esboza el fallo (revisión in iudicando). Así, sostiene el Magistrado Vergara Gotelli que sí es posible la impugnación del fallo si éste se pronuncia pese a que existen infracciones al debido proceso en la tramitación del procedimiento del recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional (revisión in procedendo) . En este caso, la declaración de nulidad tendría efectos restitutorios al momento en que se produjo el vicio o error detectado. El autor coincide con la posición del Magistrado Vergara Gotelli y suma argumentos al respecto.

Ponencia presentada en el XXIX CONGRESO NACIONAL DE DERECHO PROCESAL, Termas de Río Hondo 2017. El trabajo fue premiado con el primer lugar del concurso de Jovénes procesalistas, organizado por elDial y supervisado por la AADP.
Publicado por elDial

La situación problemática de la cual parte el presente trabajo, surge de la dificultad y complejidad en la ejecución de resoluciones y sentencias que han evidenciado casos paradigmáticos de los llamados litigios estructurales, como son las causas "Mendoza" 1 y "Verbitsky" 2.  El presente trabajo se estructuró sobre la base de la ponencia presentada para la Comisión de Procesal Constitucional del XXVII Congreso Nacional de Derecho Procesal, a realizarse en la ciudad de Córdoba, los días 18,19 y 20 de septiembre de 2013.

La presente investigación tiene como objetivo principal dar respuesta a la pregunta: en qué consiste la prevalencia de la JEP respecto de la cosa juzgada acordada en el acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC EP.? Mediante una investigación jurídica descriptiva. Haciendo uso del Derecho comparado se analizó el funcionamiento de tribunales en países como Sierra Leona y Camboya y los supuestos normativos usados por el Tribunal Internacional en los juicios de Nuremberg. El análisis incluyo también revisión del Acto legislativo 01 de 2017, mediante el cual se reforma la constitución y se incluyen artículos transitorios, durante la investigación se realizaron entrevistas a Magistrados de la JEP, se realizó un trabajo de indagación con las victimas a través de la Defensoría del Pueblo de Cali y Los resultados obtenidos nos permiten comprender que la prevalencia de la Justicia Especial para la Paz, va mucho mas allá de un tribunal para sancionar conductas punibles, es la oportunidad de conocer la verdad y restaurar el tejido social de una nación.

Eficacia positiva de la cosa juzgada e iniciativa para su introducción al proceso. Rol del juez en la vinculación de procesos conexos entre las mismas partes. Comentario a la Sentencia de la Corte Suprema rol: 28600/2016, del 8 de noviembre de 2016 jesús ezurmenDia álvarez * 1. Introducción En el derecho procesal chileno existe una construcción normativa relativa-mente uniforme respecto a la cosa juzgada. De ordinario, es posible encontrar literatura que permite identificar sus elementos, sus límites subjetivos y objetivos, y por sobre todo, las formas de hacerla valer en distintas etapas y formas pro-cesales. Sin embargo, este reconocimiento ha sido erigido sobre el paradigma de la cosa juzgada típicamente entendida como la excepción de cosa juzgada, y más específicamente como el denominado efecto negativo o excluyente de la res judicata. Las raíces históricas de nuestro proceso civil, así como las normas que le sirvieron de guía o modelo 1 , tienen una marcada tendencia a consagrar y pro-teger-debidamente por cierto-, el efecto de cosa juzgada como impedimento a la repetición de procesos, y en consecuencia sentencias, respecto de la misma materia, en tanto se verifique la denominada triple identidad. Así, es posible encontrar en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil (en adelante CPC) la identificación de la excepción de cosa juzgada y la consagración a nivel legal de la identidad de partes, de objeto y de causa de pedir. No obstante lo señalado, no existe en nuestra legislación procesal ninguna norma que trate formal y explícitamente la eficacia o efecto positivo-también * Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales Universidad de Chile.

La organización del Estado colombiano así como la historia de su pensamiento jurídico corresponden, sin lugar a dudas, a la influencia legalista liberal francesa; de suerte que aún hoy, y a pesar del viraje que representó la Constitución Política de 1991 y la reorganización jurídica, social y política que trajo consigo, el apego por la norma y el “leguleyismo” desbordado como característica atávica que se resiste al cambio. En este sentido, la implementación de las herramientas constitucionales que pretenden posibilitar el cumplimiento efectivo de los objetivos trazados por la Carta Política del ’91 se contrapone a la rígida lógica que como se expuso en un principio, aún permea el pensamiento jurídico colombiano. El ejemplo más evidente dentro de esta tendencia es el que se configura en la utilización de la acción de tutela como mecanismo de rectificación de las sentencias judiciales, y alrededor de ésta, la disputa entre las altas Cortes por la supremacía de sus decisiones, poniendo en peligro, según algunos, la institución de la cosa juzgada formal.

Este texto pretende exponer brevemente un recorrido histórico, así como los argumentos jurídicos que se han construido alrededor de este controvertido tópico, que en últimas representa el cambio estructural que implantó el constituyente primario en la redacción de la Carta Política de 1991, la primacía de la justicia material sobre la justicia formal.

AUTORES: Ignacio Pavón, Catherine Romo, Carlos Vergara, Julieta Zapico

RESUMEN: El presente trabajo tiene por objeto analizar la situación chilena tras la dictadura de Augusto Pinochet en materia de Justicia Transicional, en el entendido que para alcanzar una real transición a la democracia aún existen asignaturas pendientes, como son los procesos penales y las reformas a la judicatura militar. En este sentido, cobra importancia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le ha impuesto una serie de obligaciones al Estado chileno en esta materia, por lo que paulatinamente se ha ido aceptando la revisión de los pronunciamientos de los Consejos de Guerra por los hechos acaecidos entre 1973 y 1990. Para justificar esto, se ha instaurado la figura de la cosa juzgada fraudulenta, ya que así es posible revisar sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada cuyo único objetivo era garantizar la impunidad de autores de violaciones a derechos humanos durante el régimen militar.

PALABRAS CLAVES: Justicia Transicional – Consejos de Guerra – Cosa Juzgada Fraudulenta – Corte Interamericana de Derechos Humanos – Dictadura Militar.

Análisis de la situación del ex Presidente, Ollanta Humala Tasso, por los crímenes de desaparición forzada de personas, asesinato y encubrimiento real. Se postula que la Fiscalía puede reabrir la investigación, en vista que se trata de graves violaciones a los derechos fundamentales conocidas a la luz de nuevo material probatorio, lo cual impediría que se beneficie de la cosa juzgada formal, puesto que no hubo pronunciamiento sobre el fondo.