Abogado y Profesor | Procesos colectivos, acceso a la justicia, litigio de interés público y reforma judicial | fv-abogados.com | classactionsargentina.com | fmiargentina.com Address: Argentina | Chascomús - La Plata - Buenos Aires
En este trabajo abordaremos la estrategia desarrollada desde la Coordinadora de Abogadxs de Inter... more En este trabajo abordaremos la estrategia desarrollada desde la Coordinadora de Abogadxs de Interés Púbico (CAIP),[i] junto con distintas organizaciones y movimientos sociales[ii], para acceder a información pública sobre las condiciones legales y de procedimiento bajo las cuales, en el 2018, la República Argentina contrajo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el mayor crédito otorgado en la historia de dicha institución financiera (CEPA,20/12/2021; Brenta, 2019; Lozano, 2019; Hamilton, 2021).
Explicaremos cómo se logró demostrar, con los mismos expedientes e instrumentos públicos emitidos por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que el crédito stand-by del 2018 y su posterior ampliación resultan insanablemente nulos; porque, de manera manifiesta, se violan los requisitos esenciales de control y procedimiento exigidos por la Ley de Administración Financiera N° 24156 (LAF) y la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo N° 19549 (LNPA) para operaciones de crédito público externo de este tipo.
Ante la gravedad y trascendencia del asunto, hacemos un llamado a todas las instituciones y perso... more Ante la gravedad y trascendencia del asunto, hacemos un llamado a todas las instituciones y personas comprometidas con el sistema de administración de justicia, la igualdad de género, la no discriminación y el fortalecimiento del sistema democrático a presentarse ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los términos del artículo 9 de la Acordada CSJN 7/2013. Esta norma, recordamos, permite la intervención espontánea de terceros en causas que tramitan ante el máximo tribunal cuando se trata de asuntos de trascendencia o interés público.
La participación de organizaciones de la sociedad civil, personas expertas en derecho constitucional y derechos humanos, asociaciones de la magistratura, colegios de la abogacía, clínicas jurídicas, y profesoras, investigadoras o académicas especializadas, puede aportar argumentos valiosos para que la Corte tome una decisión informada y con plena conciencia de sus implicancias.
El plazo para presentarse es breve. No por la reglamentación, sino por la urgencia del asunto si queremos que el caso tenga una decisión en tiempo útil. Les invitamos a analizar el asunto y, en su caso, realizar las presentaciones correspondientes a la mayor brevedad posible para colaborar en el intento de generar un debate público, que entendemos de absoluta relevancia, sobre la composición de nuestro máximo tribunal y el rol de las mujeres en los espacios de toma de decisión dentro del Poder Judicial.
Hace dos semanas publicamos acá una nota titulada “Techo de cristal”, donde abordamos el problema... more Hace dos semanas publicamos acá una nota titulada “Techo de cristal”, donde abordamos el problema de la ausencia de mujeres en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y lo que implica, en ese contexto, la postulación de dos candidatos varones para ocupar las vacantes en el Tribunal.
Desde entonces sucedieron tres cosas importantes. La primera es que la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación realizó las dos audiencias públicas donde fueron interrogados ambos candidatos. La segunda es que el Poder Judicial rechazó la demanda promovida por diversas organizaciones de la sociedad civil para impugnar tales candidaturas. La tercera es que, el lunes 26 de agosto, ese caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
En este nuevo contexto, nos interesa profundizar en el escenario judicial, donde la CSJN deberá resolver la controversia colectiva que se desató cuando el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) propuso a dos varones para ocupar las vacantes existentes.
Una Corte Suprema sin diversidad de género tiene implicaciones para toda la sociedad. Los tribuna... more Una Corte Suprema sin diversidad de género tiene implicaciones para toda la sociedad. Los tribunales, y especialmente la Corte, toman decisiones que tienen un impacto profundo en la vida de las personas y en la forma en que se interpreta y aplica la ley. Lo hicieron siempre, y desde la reforma constitucional de 1994 lo hacen cada vez más al intervenir en procesos colectivos y de interés público. Una Corte diversa está mejor preparada para entender y abordar los complejos conflictos legales y sociales que llegan a sus estrados.
En este orden de ideas, vale destacar también que una Corte Suprema que no refleja la diversidad de la sociedad pierde legitimidad ante los ojos de la ciudadanía. En una democracia es fundamental que las instituciones sean percibidas como representativas y conectadas con las realidades de todas las personas. Es imposible que esto suceda cuando, mientras más de la mitad de la sociedad son mujeres (de acuerdo con el último censo nacional), el máximo Tribunal de Justicia del país está integrado exclusivamente por varones.
Por todo esto, resulta imperativo ampliar y profundizar el debate público sobre el tema. Y para eso es necesario subrayar que la composición de la Corte Suprema, lejos de una cuestión palaciega, es un asunto que afecta de manera muy trascendente a toda la sociedad.
In this paper we will address the full strategy developed by the Coordinadora de Abogadxs de Inte... more In this paper we will address the full strategy developed by the Coordinadora de Abogadxs de Interés Púbico (CAIP), together with different NGOs and social movements, to access public information about the legal and procedural conditions under which, in 2018, the International Monetary Fund (IMF) granted the Argentine Republic the largest loan in the history of that financial institution.
For this purpose, we will explain how we were able to demonstrate, with official files and public documents issued by the National Executive Power (PEN, by its Spanish acronym) and the Central Bank of the Argentine Republic (BCRA, by its Spanish acronym), that the 2018 stand-by credit and its subsequent extension are manifestly null and void for having grossly violated mandatory essential control requirements and procedural safeguards that are imposed on government officers (for this sort of sovereign debt operations) by the Financial Administration Act No. 24.156 (FAA) and the National Administrative Procedure Act No. 19.549 (NAPA).
First, we will briefly review the different administrative, judicial, media and advocacy actions that were performed for that purpose as part of a joint strategy, as well as their concrete results and the impact they generated on the Congress and the PEN.
Secondly, we will explain the scope of the complaint filed for obtaining a declaration of nullity of the loan, based on the discovered official files and documents. As we will see, although so far it has not been possible to obtain the legal nullity of the loan, the strategic litigation on this delicate and transcendental issue has achieved numerous concrete objectives. We hope they will deepen the discussion by showing the political illegitimacy of the debt, and consequently reach another Nunca Más (never again) consensus on this type of arbitrary and illegal maneuvers.
Finally, we will argue about the convenience of transferring and implementing the approach and working methodology that we deployed in Argentina in other countries, as well as to profit from the experience gained during its development. To this end, we will point out three specific benefits that this type of strategic litigation can bring in the struggle to avoid the imposition of arbitrary and illegal loans by the IMF, which historically (in collusion with national public officers), had consistently conditioned the development of our societies.
En este breve texto analizaremos el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 desde una persp... more En este breve texto analizaremos el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 desde una perspectiva jurídica y política, explicando las implicancias constitucionales, institucionales y democráticas de este acto del Poder Ejecutivo. Para ello abordaremos los presupuestos constitucionales que son exigidos para el dictado de un DNU, los problemas específicos del DNU 70/2023 y los mecanismos de control disponibles para dejarlo sin efecto. Finalmente, plantearemos algunas reflexiones sobre la responsabilidad de los distintos actores involucrados directa e indirectamente en todo este proceso.
El objetivo de esta nota es aportar algunas reflexiones para la discusión sobre el control judici... more El objetivo de esta nota es aportar algunas reflexiones para la discusión sobre el control judicial de políticas públicas sanitarias y los mecanismos que son necesarios implementar para evitar injerencias judiciales indebidas en un contexto como el argentino, donde el Poder Judicial se encuentra deslegitimado y fuertemente cuestionado.
La dictadura cívico-militar de 1976/83 contrajo deuda a sangre y fuego, escamoteando la documenta... more La dictadura cívico-militar de 1976/83 contrajo deuda a sangre y fuego, escamoteando la documentación de los actos, haciendo ostentación de paralelismo legal y ejercicio del terror clandestino. Y en esto la Junta Militar, José Alfredo Martínez de Hoz, Guillermo Walter Klein y compañía se manejaron con la tranquilidad de que las armas apuntaban contra el pueblo. Esa era su impunidad como técnicos de la política económica y la garantía de la ingeniería financiera que montaron junto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) –entre otros– para sus negocios y los de sus amigos.
Cuarenta años después, cuando en junio de 2018 se terminó la fiesta de colocación de bonos en el mercado privado (porque esos “inversionistas” no son ingenuos), el gobierno de Mauricio Macri endeudó al país con el FMI por 57.100.000.000 de dólares. Al hacerlo dejó huellas documentales que demuestran la absoluta ilegalidad con que se contrajo el crédito. Estos documentos fueron obtenidos a través de un litigio estratégico con la intervención del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), la Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP) y el Centro de Estudios para la Integración Financiera (CINFIN). Toda esta documentación oficial está disponible para consulta en fmiargentina.com.
Con esta decisión la CSJN puso fin a la discusión sobre los alcances del art. 55, LDC. Una discus... more Con esta decisión la CSJN puso fin a la discusión sobre los alcances del art. 55, LDC. Una discusión repetida, con matices, en prácticamente todos los casos colectivos promovidos por asociaciones de defensa del consumidor y que, incluso hasta el día de la fecha (y a pesar del precedente en comentario) cuenta con criterios jurisprudenciales discrepantes en distintos juzgados y cámaras de apelación nacionales, federales y provinciales, así como en diferentes superiores tribunales locales.
Asimismo, entendemos que también puso fin a la discusión sobre los alcances del art. 53, LDC, que gobierna la misma cuestión en el campo de los procesos individuales de consumo. No podemos desprender otra conclusión de los términos en que, según vimos, el tribunal expuso sus argumentos para determinar el alcance amplio del beneficio de justicia gratuita.
Además de la evidente relevancia del tema de fondo en discusión, la sentencia que comentamos revi... more Además de la evidente relevancia del tema de fondo en discusión, la sentencia que comentamos reviste interés desde una perspectiva procesal. Ello así porque contiene una interpretación del tribunal sobre la “regla de prevención”, establecida en el segundo párrafo del art. 3 (y en el tercer párrafo del art. 8, agregamos) de la Ley de Amparo N°13.928 y modificatorias.
En las líneas que siguen, analizaremos en primer lugar el contexto procesal en que fue dictada la sentencia. Luego señalaremos lo común que es la existencia de procesos colectivos paralelos y superpuestos frente a riesgos o violaciones masivas de derecho, aportando algunas lecturas de la doctrina sobre la materia.
En tercer lugar, presentaremos un breve repaso del marco normativo y jurisprudencial que gobierna la competencia por prevención a nivel nacional y local. Y sobre este piso de marcha, procederemos a analizar los argumentos que expuso el tribunal para fundar su decisión.
Finalmente, con todo esto en mente y a modo de cierre, me propongo llamar la atención sobre dos cosas.
La primera es la conveniencia de modificar el reglamento del “Registro Público de Procesos de Incidencia Colectiva”, aprobado por Acordada SCBA Nº 3.660 (modificada por el Acuerdo SCBA N° 3721/14), a fin de establecer con claridad que la competencia por prevención en procesos colectivos tiene por fundamento la anotación de la resolución de admisibilidad del amparo colectivo en dicho Registro.
La segunda de ellas es que, aun en el marco de poca claridad que establece la normativa vigente en este campo, correspondía aplicar dicho criterio en este caso. O bien, a todo evento, la regla supletoria del art. 189 del CPCC.
La última nota que publicamos en el Cohete a la Luna y Tiempo Argentino, titulada La deuda con el... more La última nota que publicamos en el Cohete a la Luna y Tiempo Argentino, titulada La deuda con el FMI es ilegal generó sus rebotes. Recibimos numerosas devoluciones y preguntas desde distintos ámbitos. Sin dudas, el punto que más debate generó fue la información relativa al planteo de nulidad de un acuerdo de 57.000 millones de dólares, de los cuales más del 77% ya fueron desembolsado por el FMI.
En este sentido, nos llegaron inquietudes y cuestionamientos sobre la viabilidad de plantear una acción de nulidad que, de ser receptada favorablemente por el Poder Judicial, implicaría retrotraer la situación al escenario previo a la firma de la primera Carta de Intención. Estas preocupaciones podrían resumirse en una sola pregunta: ¿acaso sería posible que Argentina no devuelva los 44.000 millones de dólares que el Fondo nos prestó?
También recibimos comentarios e interrogantes acerca de cómo podría impactar el planteo en el actual escenario político y social. Hoy en día, todo indica que el FMI busca posicionarse como un aliado de Argentina y otros países en vías de desarrollo. En este sentido, también pareciera que el FMI, acaso por primera vez en su historia, estaría más inclinado a incentivar programas de inversión y expansión económica en lugar de los programas de ajuste a los que nos tiene acostumbrados.
En tal contexto, podría sostenerse que es imprudente afirmar en el debate público (y mucho más discutir ante el Poder Judicial) que el acuerdo con el FMI es nulo. Especialmente cuando, al mismo tiempo, el Fondo apoyó a nuestro país en la dura negociación con los bonistas. Y más aún si tenemos en cuenta que, ya cerrado el frente externo privado, la próxima parada que nos espera es el propio FMI.
Al respecto queremos señalar dos cosas. La primera es que se trata de una preocupación legítima para quienes no conocen los pormenores del asunto. La segunda es que tal preocupación resulta infundada si consideramos los alcances del planteo judicial, lo cual explicaremos más abajo en esta breve nota.
El Cohete a la Luna publicó una nota de Horacio Rovelli titulada “Un combate desigual. Por qué es... more El Cohete a la Luna publicó una nota de Horacio Rovelli titulada “Un combate desigual. Por qué es imprescindible auditar la deuda cuyo pago se está renegociando”.
En este interesante artículo, Rovelli describe algunos aspectos del circo de emisión de bonos soberanos durante la gestión macrista, explicando con claridad hechos que al ciudadano de a pie siempre le resulta difícil comprender.
Como conclusión, afirma que es necesario auditar la deuda para saber qué se hizo con los dólares obtenidos, así como quiénes y a dónde fugaron gran parte de ese dinero. Para llegar a esto, al inicio del capítulo “Análisis y Síntesis” el autor realizó la siguiente afirmación: “La deuda es legal porque el gobierno de Cambiemos se endeudó y el Congreso de la Nación, con el voto afirmativo de muchos de los que hoy son conspicuos miembros de la bancada oficial, le autorizó todos los años a tomar esa deuda”.
Sobre este punto específico es que nos interesa discutir, ya que la porción de la deuda externa argentina que tiene por causa el crédito stand-by contraído en el 2018 con el FMI es, a diferencia de lo que sostiene Rovelli, manifiestamente ilegal.
El 3 de marzo de 2020 la jueza dictó sentencia en la causa rechazando in limine la acción colecti... more El 3 de marzo de 2020 la jueza dictó sentencia en la causa rechazando in limine la acción colectiva y permitiendo, al mismo tiempo, la continuidad del caso en clave individual para tratar la situación de la Sra. Lezaun.
Según se desprende de la decisión, la Sra. Silvia Inés Lezaun fundó su legitimación activa “en su carácter de jubilada y como cotitular del derecho de incidencia colectiva general individual homogéneo a la seguridad social”, mientras que la Asociación Civil “Años” hizo lo propio “en su carácter de asociación que propende a la defensa de los derechos de los jubilados”.
Las pretensiones colectivas fueron rechazadas porque la jueza consideró, como principal fundamento, que el caso no involucra derechos individuales homogéneos y que, por tanto, las actoras carecen de legitimación colectiva para promoverlas.
La decisión también presenta argumentos vinculados con el requisito que exige demostrar problemas individuales para acceder a la justicia, establecido por la CSJN en “Halabi” y luego regulado en el apartado II.2.c. de la Acordada N° 12/2016 de la siguiente manera: “en la demanda se deberá precisar (…) la afectación del derecho de acceso la justicia de los integrantes del colectivo involucrado”.
El 24 de febrero de 2019 se cumplen 10 años del precedente “Halabi”, la sentencia que
significó... more El 24 de febrero de 2019 se cumplen 10 años del precedente “Halabi”, la sentencia que
significó un punto de inflexión en el campo de la defensa colectiva de derechos en sede judicial en Argentina.
El cambio se produjo principalmente porque en esta sentencia la Corte Suprema
reconoció a los “derechos individuales homogéneos” como un género de los “derechos de incidencia colectiva” del art. 43 CN y, por tanto, como posible objeto de tutela a través de procesos colectivos.
En consonancia con ello, la Corte redefinió el concepto de “causa o controversia”
(elemento habilitante de la competencia del Poder Judicial en los términos del art. 116 CN), señalando que su configuración es diferente de acuerdo con el tipo de derechos que se pretenda defender (individuales, colectivos o individuales homogéneos). De este modo el tribunal amplió drásticamente el poder del Poder Judicial, ya que el nuevo enfoque sobre los alcances de su competencia permitió a los jueces intervenir desde entonces en muchos conflictos que antes eran rechazados por el sistema, fundamentalmente por considerarse que debían ser tratados por los otros poderes del Estado (por ser colectivos).
Sobre estas premisas, al igual que en 1957 cuando mediante “Siri” dio nacimiento al
amparo para la tutela de derechos individuales, al dictar sentencia en “Halabi” el tribunal sostuvo que el art. 43 de la CN es “claramente operativo” y que “es obligación de los jueces darle eficacia, cuando se aporta nítida evidencia sobre la afectación de un derecho fundamental y del acceso a la justicia de su titular”.
CIJur - Centro de Información Jurídica del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, 2018
Esta breve nota propone revisar la normativa constitucional y orgánico-funcional que gobierna la ... more Esta breve nota propone revisar la normativa constitucional y orgánico-funcional que gobierna la actuación del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires (MPBA) y del Ministerio Público de la Nación (MPN), para argumentar en función de ella que el órgano local, a pesar de sus diferencias con su par nacional, cuenta con legitimación colectiva para actuar en defensa de grupos de personas
Las marchas y contramarchas que se desprenden a poco se avanza con el análisis de los repertorios... more Las marchas y contramarchas que se desprenden a poco se avanza con el análisis de los repertorios jurisprudenciales, sobre el instituto de la legitimación activa y sobre todo lo que a procesos colectivos se refiere, dejan entrever un alto componente de inseguridad jurídica que debemos proscribir de nuestro sistema. La recepción legislativa de un sistema procesal adecuado y eficiente para la protección de los derechos de consumidores y usuarios deviene imprescindible en el comienzo de este nuevo milenio y, como quedó expuesto, el Principio Procesal de Bilateralidad de la Audiencia que define nuestro sistema admite flexibilizarse, e incluso podría verse reforzado, a efectos de permitir el diseño de ese nuevo tipo de proceso. Solo resta entonces replantear las directrices políticas que pretendemos nos guíen en este campo, para lo cual entendemos se torna impostergable la necesidad de abrir el debate y sincerar posiciones a efectos de lograr soluciones compatibles con los intereses en juego en el marco de los procesos colectivos.
Podemos observar que el máximo de 20 jus arancelarios establecido en el nuevo art. 20 bis dela Le... more Podemos observar que el máximo de 20 jus arancelarios establecido en el nuevo art. 20 bis dela Ley 13.928 y modificatorias (que hoy significa alrededor de $ 20.000), determina que los profesionales que actúen en amparos colectivos podrán percibir como honorario máximo por toda la tramitación del caso en primera instancia exactamente la misma suma de dinero que, como honorario mínimo y de orden público, podrán percibir por actuar en el trámite de "Inscripciones de nacimiento, nombres, estado civil y sus registraciones" (art. 9,apartado I, inc. 1 "s" de la Ley 14967).
En este trabajo abordaremos la estrategia desarrollada desde la Coordinadora de Abogadxs de Inter... more En este trabajo abordaremos la estrategia desarrollada desde la Coordinadora de Abogadxs de Interés Púbico (CAIP),[i] junto con distintas organizaciones y movimientos sociales[ii], para acceder a información pública sobre las condiciones legales y de procedimiento bajo las cuales, en el 2018, la República Argentina contrajo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el mayor crédito otorgado en la historia de dicha institución financiera (CEPA,20/12/2021; Brenta, 2019; Lozano, 2019; Hamilton, 2021).
Explicaremos cómo se logró demostrar, con los mismos expedientes e instrumentos públicos emitidos por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que el crédito stand-by del 2018 y su posterior ampliación resultan insanablemente nulos; porque, de manera manifiesta, se violan los requisitos esenciales de control y procedimiento exigidos por la Ley de Administración Financiera N° 24156 (LAF) y la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo N° 19549 (LNPA) para operaciones de crédito público externo de este tipo.
Ante la gravedad y trascendencia del asunto, hacemos un llamado a todas las instituciones y perso... more Ante la gravedad y trascendencia del asunto, hacemos un llamado a todas las instituciones y personas comprometidas con el sistema de administración de justicia, la igualdad de género, la no discriminación y el fortalecimiento del sistema democrático a presentarse ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los términos del artículo 9 de la Acordada CSJN 7/2013. Esta norma, recordamos, permite la intervención espontánea de terceros en causas que tramitan ante el máximo tribunal cuando se trata de asuntos de trascendencia o interés público.
La participación de organizaciones de la sociedad civil, personas expertas en derecho constitucional y derechos humanos, asociaciones de la magistratura, colegios de la abogacía, clínicas jurídicas, y profesoras, investigadoras o académicas especializadas, puede aportar argumentos valiosos para que la Corte tome una decisión informada y con plena conciencia de sus implicancias.
El plazo para presentarse es breve. No por la reglamentación, sino por la urgencia del asunto si queremos que el caso tenga una decisión en tiempo útil. Les invitamos a analizar el asunto y, en su caso, realizar las presentaciones correspondientes a la mayor brevedad posible para colaborar en el intento de generar un debate público, que entendemos de absoluta relevancia, sobre la composición de nuestro máximo tribunal y el rol de las mujeres en los espacios de toma de decisión dentro del Poder Judicial.
Hace dos semanas publicamos acá una nota titulada “Techo de cristal”, donde abordamos el problema... more Hace dos semanas publicamos acá una nota titulada “Techo de cristal”, donde abordamos el problema de la ausencia de mujeres en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y lo que implica, en ese contexto, la postulación de dos candidatos varones para ocupar las vacantes en el Tribunal.
Desde entonces sucedieron tres cosas importantes. La primera es que la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación realizó las dos audiencias públicas donde fueron interrogados ambos candidatos. La segunda es que el Poder Judicial rechazó la demanda promovida por diversas organizaciones de la sociedad civil para impugnar tales candidaturas. La tercera es que, el lunes 26 de agosto, ese caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
En este nuevo contexto, nos interesa profundizar en el escenario judicial, donde la CSJN deberá resolver la controversia colectiva que se desató cuando el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) propuso a dos varones para ocupar las vacantes existentes.
Una Corte Suprema sin diversidad de género tiene implicaciones para toda la sociedad. Los tribuna... more Una Corte Suprema sin diversidad de género tiene implicaciones para toda la sociedad. Los tribunales, y especialmente la Corte, toman decisiones que tienen un impacto profundo en la vida de las personas y en la forma en que se interpreta y aplica la ley. Lo hicieron siempre, y desde la reforma constitucional de 1994 lo hacen cada vez más al intervenir en procesos colectivos y de interés público. Una Corte diversa está mejor preparada para entender y abordar los complejos conflictos legales y sociales que llegan a sus estrados.
En este orden de ideas, vale destacar también que una Corte Suprema que no refleja la diversidad de la sociedad pierde legitimidad ante los ojos de la ciudadanía. En una democracia es fundamental que las instituciones sean percibidas como representativas y conectadas con las realidades de todas las personas. Es imposible que esto suceda cuando, mientras más de la mitad de la sociedad son mujeres (de acuerdo con el último censo nacional), el máximo Tribunal de Justicia del país está integrado exclusivamente por varones.
Por todo esto, resulta imperativo ampliar y profundizar el debate público sobre el tema. Y para eso es necesario subrayar que la composición de la Corte Suprema, lejos de una cuestión palaciega, es un asunto que afecta de manera muy trascendente a toda la sociedad.
In this paper we will address the full strategy developed by the Coordinadora de Abogadxs de Inte... more In this paper we will address the full strategy developed by the Coordinadora de Abogadxs de Interés Púbico (CAIP), together with different NGOs and social movements, to access public information about the legal and procedural conditions under which, in 2018, the International Monetary Fund (IMF) granted the Argentine Republic the largest loan in the history of that financial institution.
For this purpose, we will explain how we were able to demonstrate, with official files and public documents issued by the National Executive Power (PEN, by its Spanish acronym) and the Central Bank of the Argentine Republic (BCRA, by its Spanish acronym), that the 2018 stand-by credit and its subsequent extension are manifestly null and void for having grossly violated mandatory essential control requirements and procedural safeguards that are imposed on government officers (for this sort of sovereign debt operations) by the Financial Administration Act No. 24.156 (FAA) and the National Administrative Procedure Act No. 19.549 (NAPA).
First, we will briefly review the different administrative, judicial, media and advocacy actions that were performed for that purpose as part of a joint strategy, as well as their concrete results and the impact they generated on the Congress and the PEN.
Secondly, we will explain the scope of the complaint filed for obtaining a declaration of nullity of the loan, based on the discovered official files and documents. As we will see, although so far it has not been possible to obtain the legal nullity of the loan, the strategic litigation on this delicate and transcendental issue has achieved numerous concrete objectives. We hope they will deepen the discussion by showing the political illegitimacy of the debt, and consequently reach another Nunca Más (never again) consensus on this type of arbitrary and illegal maneuvers.
Finally, we will argue about the convenience of transferring and implementing the approach and working methodology that we deployed in Argentina in other countries, as well as to profit from the experience gained during its development. To this end, we will point out three specific benefits that this type of strategic litigation can bring in the struggle to avoid the imposition of arbitrary and illegal loans by the IMF, which historically (in collusion with national public officers), had consistently conditioned the development of our societies.
En este breve texto analizaremos el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 desde una persp... more En este breve texto analizaremos el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 desde una perspectiva jurídica y política, explicando las implicancias constitucionales, institucionales y democráticas de este acto del Poder Ejecutivo. Para ello abordaremos los presupuestos constitucionales que son exigidos para el dictado de un DNU, los problemas específicos del DNU 70/2023 y los mecanismos de control disponibles para dejarlo sin efecto. Finalmente, plantearemos algunas reflexiones sobre la responsabilidad de los distintos actores involucrados directa e indirectamente en todo este proceso.
El objetivo de esta nota es aportar algunas reflexiones para la discusión sobre el control judici... more El objetivo de esta nota es aportar algunas reflexiones para la discusión sobre el control judicial de políticas públicas sanitarias y los mecanismos que son necesarios implementar para evitar injerencias judiciales indebidas en un contexto como el argentino, donde el Poder Judicial se encuentra deslegitimado y fuertemente cuestionado.
La dictadura cívico-militar de 1976/83 contrajo deuda a sangre y fuego, escamoteando la documenta... more La dictadura cívico-militar de 1976/83 contrajo deuda a sangre y fuego, escamoteando la documentación de los actos, haciendo ostentación de paralelismo legal y ejercicio del terror clandestino. Y en esto la Junta Militar, José Alfredo Martínez de Hoz, Guillermo Walter Klein y compañía se manejaron con la tranquilidad de que las armas apuntaban contra el pueblo. Esa era su impunidad como técnicos de la política económica y la garantía de la ingeniería financiera que montaron junto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) –entre otros– para sus negocios y los de sus amigos.
Cuarenta años después, cuando en junio de 2018 se terminó la fiesta de colocación de bonos en el mercado privado (porque esos “inversionistas” no son ingenuos), el gobierno de Mauricio Macri endeudó al país con el FMI por 57.100.000.000 de dólares. Al hacerlo dejó huellas documentales que demuestran la absoluta ilegalidad con que se contrajo el crédito. Estos documentos fueron obtenidos a través de un litigio estratégico con la intervención del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), la Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP) y el Centro de Estudios para la Integración Financiera (CINFIN). Toda esta documentación oficial está disponible para consulta en fmiargentina.com.
Con esta decisión la CSJN puso fin a la discusión sobre los alcances del art. 55, LDC. Una discus... more Con esta decisión la CSJN puso fin a la discusión sobre los alcances del art. 55, LDC. Una discusión repetida, con matices, en prácticamente todos los casos colectivos promovidos por asociaciones de defensa del consumidor y que, incluso hasta el día de la fecha (y a pesar del precedente en comentario) cuenta con criterios jurisprudenciales discrepantes en distintos juzgados y cámaras de apelación nacionales, federales y provinciales, así como en diferentes superiores tribunales locales.
Asimismo, entendemos que también puso fin a la discusión sobre los alcances del art. 53, LDC, que gobierna la misma cuestión en el campo de los procesos individuales de consumo. No podemos desprender otra conclusión de los términos en que, según vimos, el tribunal expuso sus argumentos para determinar el alcance amplio del beneficio de justicia gratuita.
Además de la evidente relevancia del tema de fondo en discusión, la sentencia que comentamos revi... more Además de la evidente relevancia del tema de fondo en discusión, la sentencia que comentamos reviste interés desde una perspectiva procesal. Ello así porque contiene una interpretación del tribunal sobre la “regla de prevención”, establecida en el segundo párrafo del art. 3 (y en el tercer párrafo del art. 8, agregamos) de la Ley de Amparo N°13.928 y modificatorias.
En las líneas que siguen, analizaremos en primer lugar el contexto procesal en que fue dictada la sentencia. Luego señalaremos lo común que es la existencia de procesos colectivos paralelos y superpuestos frente a riesgos o violaciones masivas de derecho, aportando algunas lecturas de la doctrina sobre la materia.
En tercer lugar, presentaremos un breve repaso del marco normativo y jurisprudencial que gobierna la competencia por prevención a nivel nacional y local. Y sobre este piso de marcha, procederemos a analizar los argumentos que expuso el tribunal para fundar su decisión.
Finalmente, con todo esto en mente y a modo de cierre, me propongo llamar la atención sobre dos cosas.
La primera es la conveniencia de modificar el reglamento del “Registro Público de Procesos de Incidencia Colectiva”, aprobado por Acordada SCBA Nº 3.660 (modificada por el Acuerdo SCBA N° 3721/14), a fin de establecer con claridad que la competencia por prevención en procesos colectivos tiene por fundamento la anotación de la resolución de admisibilidad del amparo colectivo en dicho Registro.
La segunda de ellas es que, aun en el marco de poca claridad que establece la normativa vigente en este campo, correspondía aplicar dicho criterio en este caso. O bien, a todo evento, la regla supletoria del art. 189 del CPCC.
La última nota que publicamos en el Cohete a la Luna y Tiempo Argentino, titulada La deuda con el... more La última nota que publicamos en el Cohete a la Luna y Tiempo Argentino, titulada La deuda con el FMI es ilegal generó sus rebotes. Recibimos numerosas devoluciones y preguntas desde distintos ámbitos. Sin dudas, el punto que más debate generó fue la información relativa al planteo de nulidad de un acuerdo de 57.000 millones de dólares, de los cuales más del 77% ya fueron desembolsado por el FMI.
En este sentido, nos llegaron inquietudes y cuestionamientos sobre la viabilidad de plantear una acción de nulidad que, de ser receptada favorablemente por el Poder Judicial, implicaría retrotraer la situación al escenario previo a la firma de la primera Carta de Intención. Estas preocupaciones podrían resumirse en una sola pregunta: ¿acaso sería posible que Argentina no devuelva los 44.000 millones de dólares que el Fondo nos prestó?
También recibimos comentarios e interrogantes acerca de cómo podría impactar el planteo en el actual escenario político y social. Hoy en día, todo indica que el FMI busca posicionarse como un aliado de Argentina y otros países en vías de desarrollo. En este sentido, también pareciera que el FMI, acaso por primera vez en su historia, estaría más inclinado a incentivar programas de inversión y expansión económica en lugar de los programas de ajuste a los que nos tiene acostumbrados.
En tal contexto, podría sostenerse que es imprudente afirmar en el debate público (y mucho más discutir ante el Poder Judicial) que el acuerdo con el FMI es nulo. Especialmente cuando, al mismo tiempo, el Fondo apoyó a nuestro país en la dura negociación con los bonistas. Y más aún si tenemos en cuenta que, ya cerrado el frente externo privado, la próxima parada que nos espera es el propio FMI.
Al respecto queremos señalar dos cosas. La primera es que se trata de una preocupación legítima para quienes no conocen los pormenores del asunto. La segunda es que tal preocupación resulta infundada si consideramos los alcances del planteo judicial, lo cual explicaremos más abajo en esta breve nota.
El Cohete a la Luna publicó una nota de Horacio Rovelli titulada “Un combate desigual. Por qué es... more El Cohete a la Luna publicó una nota de Horacio Rovelli titulada “Un combate desigual. Por qué es imprescindible auditar la deuda cuyo pago se está renegociando”.
En este interesante artículo, Rovelli describe algunos aspectos del circo de emisión de bonos soberanos durante la gestión macrista, explicando con claridad hechos que al ciudadano de a pie siempre le resulta difícil comprender.
Como conclusión, afirma que es necesario auditar la deuda para saber qué se hizo con los dólares obtenidos, así como quiénes y a dónde fugaron gran parte de ese dinero. Para llegar a esto, al inicio del capítulo “Análisis y Síntesis” el autor realizó la siguiente afirmación: “La deuda es legal porque el gobierno de Cambiemos se endeudó y el Congreso de la Nación, con el voto afirmativo de muchos de los que hoy son conspicuos miembros de la bancada oficial, le autorizó todos los años a tomar esa deuda”.
Sobre este punto específico es que nos interesa discutir, ya que la porción de la deuda externa argentina que tiene por causa el crédito stand-by contraído en el 2018 con el FMI es, a diferencia de lo que sostiene Rovelli, manifiestamente ilegal.
El 3 de marzo de 2020 la jueza dictó sentencia en la causa rechazando in limine la acción colecti... more El 3 de marzo de 2020 la jueza dictó sentencia en la causa rechazando in limine la acción colectiva y permitiendo, al mismo tiempo, la continuidad del caso en clave individual para tratar la situación de la Sra. Lezaun.
Según se desprende de la decisión, la Sra. Silvia Inés Lezaun fundó su legitimación activa “en su carácter de jubilada y como cotitular del derecho de incidencia colectiva general individual homogéneo a la seguridad social”, mientras que la Asociación Civil “Años” hizo lo propio “en su carácter de asociación que propende a la defensa de los derechos de los jubilados”.
Las pretensiones colectivas fueron rechazadas porque la jueza consideró, como principal fundamento, que el caso no involucra derechos individuales homogéneos y que, por tanto, las actoras carecen de legitimación colectiva para promoverlas.
La decisión también presenta argumentos vinculados con el requisito que exige demostrar problemas individuales para acceder a la justicia, establecido por la CSJN en “Halabi” y luego regulado en el apartado II.2.c. de la Acordada N° 12/2016 de la siguiente manera: “en la demanda se deberá precisar (…) la afectación del derecho de acceso la justicia de los integrantes del colectivo involucrado”.
El 24 de febrero de 2019 se cumplen 10 años del precedente “Halabi”, la sentencia que
significó... more El 24 de febrero de 2019 se cumplen 10 años del precedente “Halabi”, la sentencia que
significó un punto de inflexión en el campo de la defensa colectiva de derechos en sede judicial en Argentina.
El cambio se produjo principalmente porque en esta sentencia la Corte Suprema
reconoció a los “derechos individuales homogéneos” como un género de los “derechos de incidencia colectiva” del art. 43 CN y, por tanto, como posible objeto de tutela a través de procesos colectivos.
En consonancia con ello, la Corte redefinió el concepto de “causa o controversia”
(elemento habilitante de la competencia del Poder Judicial en los términos del art. 116 CN), señalando que su configuración es diferente de acuerdo con el tipo de derechos que se pretenda defender (individuales, colectivos o individuales homogéneos). De este modo el tribunal amplió drásticamente el poder del Poder Judicial, ya que el nuevo enfoque sobre los alcances de su competencia permitió a los jueces intervenir desde entonces en muchos conflictos que antes eran rechazados por el sistema, fundamentalmente por considerarse que debían ser tratados por los otros poderes del Estado (por ser colectivos).
Sobre estas premisas, al igual que en 1957 cuando mediante “Siri” dio nacimiento al
amparo para la tutela de derechos individuales, al dictar sentencia en “Halabi” el tribunal sostuvo que el art. 43 de la CN es “claramente operativo” y que “es obligación de los jueces darle eficacia, cuando se aporta nítida evidencia sobre la afectación de un derecho fundamental y del acceso a la justicia de su titular”.
CIJur - Centro de Información Jurídica del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, 2018
Esta breve nota propone revisar la normativa constitucional y orgánico-funcional que gobierna la ... more Esta breve nota propone revisar la normativa constitucional y orgánico-funcional que gobierna la actuación del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires (MPBA) y del Ministerio Público de la Nación (MPN), para argumentar en función de ella que el órgano local, a pesar de sus diferencias con su par nacional, cuenta con legitimación colectiva para actuar en defensa de grupos de personas
Las marchas y contramarchas que se desprenden a poco se avanza con el análisis de los repertorios... more Las marchas y contramarchas que se desprenden a poco se avanza con el análisis de los repertorios jurisprudenciales, sobre el instituto de la legitimación activa y sobre todo lo que a procesos colectivos se refiere, dejan entrever un alto componente de inseguridad jurídica que debemos proscribir de nuestro sistema. La recepción legislativa de un sistema procesal adecuado y eficiente para la protección de los derechos de consumidores y usuarios deviene imprescindible en el comienzo de este nuevo milenio y, como quedó expuesto, el Principio Procesal de Bilateralidad de la Audiencia que define nuestro sistema admite flexibilizarse, e incluso podría verse reforzado, a efectos de permitir el diseño de ese nuevo tipo de proceso. Solo resta entonces replantear las directrices políticas que pretendemos nos guíen en este campo, para lo cual entendemos se torna impostergable la necesidad de abrir el debate y sincerar posiciones a efectos de lograr soluciones compatibles con los intereses en juego en el marco de los procesos colectivos.
Podemos observar que el máximo de 20 jus arancelarios establecido en el nuevo art. 20 bis dela Le... more Podemos observar que el máximo de 20 jus arancelarios establecido en el nuevo art. 20 bis dela Ley 13.928 y modificatorias (que hoy significa alrededor de $ 20.000), determina que los profesionales que actúen en amparos colectivos podrán percibir como honorario máximo por toda la tramitación del caso en primera instancia exactamente la misma suma de dinero que, como honorario mínimo y de orden público, podrán percibir por actuar en el trámite de "Inscripciones de nacimiento, nombres, estado civil y sus registraciones" (art. 9,apartado I, inc. 1 "s" de la Ley 14967).
Priori Posada, Giovanni F. – Cavani, Renzo (coordinadores) “Los procesos colectivos en debate”, 2024
Luego de reseñar brevemente algunos conceptos generales que sirvan de contexto y premisas para el... more Luego de reseñar brevemente algunos conceptos generales que sirvan de contexto y premisas para el análisis, en este trabajo nos enfocaremos en señalar diez cuestiones que consideramos necesario discutir y repensar de cara al fenómeno del procesamiento de conflictos colectivos estructurales en sede judicial, su resolución y la implementación de las decisiones tomadas en consecuencia.
Tales cuestiones son las siguientes: (i) audiencias públicas; (ii) amigas y amigos del tribunal; (iii) poderes, responsabilidades y articulación entre jueces y juezas; (iv) colectivización de pretensiones estructurales promovidas en clave individual; (v) instrumentos de implementación (ejecución) de la sentencia estructural; (vi) supervisión y monitoreo de dicha implementación; (vii) astreintes; (viii) flexibilización de las formas y del sistema de preclusión; (ix) publicidad y registros; y (x) intervención de expertas y expertos como colaboradoras del tribunal.
Luego, presentaremos algunas ideas a modo de cierre con el objetivo de profundizar en el debate y avanzar en regulaciones en la materia, las cuales resultan necesarias, en mayor o menor medida, para toda la región latinoamericana.
Cervantes Valarezo, Andrés (coord.) "Cuestiones actuales de derecho procesal", Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, 2023
El trabajo analiza cómo la Corte Suprema de Justicia de Argentina (CSJN) abordó recientemente el ... more El trabajo analiza cómo la Corte Suprema de Justicia de Argentina (CSJN) abordó recientemente el modo de verificar el cumplimiento de la ejecución de sentencias de reforma estructural.
El desarrollo de su contenido está dividido en cuatro partes. El apartado II trata cuestiones conceptuales de orden general para comprender el origen, alcance y principales características de las sentencias de reforma estructural, así como también cuestiones específicas en materia de sentencias estructurales que benefician a personas privadas de su libertad.
El apartado III se ocupa de los dos precedentes que configuran el principal punto de atención de nuestro análisis. En primer término “Verbitsky I”, dictado por la CSJN en el año 2005, por medio del cual se declaró un estado de cosas inconstitucional y se ordenó a la Provincia de Buenos Aires reformular su sistema penitenciario y su sistema legal en materia de prisión preventiva, además de brindar protección urgente a las personas enfermas, niños, niñas y adolescentes que estaban privadas de su libertad en comisarías. En segundo lugar “Verbitsky II”, dictado por la CSJN en mayo de 2021 para revisitar su decisión del 2005 y establecer si el remedio estructural por entonces ordenado estaba o no agotado en sede jurisdiccional. De esta decisión analizaremos específicamente los elementos considerados por el tribunal para descartar el efectivo cumplimiento de la sentencia.
Finalmente, en el apartado IV sostenemos la necesidad de establecer indicadores de cumplimiento y calendarios por objetivo como parte esencial de las sentencias de reforma estructural, ya que sin ellos difícilmente pueda controlarse la debida ejecución de estas decisiones
González Postigo, Leonel - Sucunza, Matías A. (compiladores) "Juicios por Jurados en la Justicia Civil. Materiales y Reflexiones desde Argentina", 2021
El presente trabajo tiene por objetivo problematizar la relación entre juicio por jurados civil y... more El presente trabajo tiene por objetivo problematizar la relación entre juicio por jurados civil y procesos colectivos a los efectos de justificar la introducción del sistema de juicio por jurados para la resolución de conflictos colectivos en la República Argentina.
A tal fin, el análisis buscará evidenciar cuán conveniente puede ser la implementación de un sistema de resolución de conflictos colectivos a través de jurados populares como herramienta superadora de la justicia técnica que hoy en día monopoliza la gestión y resolución judicial de conflictos en Argentina. En este sentido, también buscaremos resaltar cuán importante puede ser la instauración de juicios por jurados para casos colectivos desde la faz política, como estrategia que podría ayudar en la construcción de un nuevo sentido común sobre el Poder Judicial y la forma en que administra las controversias en una sociedad determinada (con las consecuencias que ello supone sobre nuestros derechos y arreglos comunitarios).
Comenzaremos resaltando los aspectos positivos de ambas instituciones y señalaremos cómo se complementan entre sí. Procuraremos visibilizar la doble condición que comparten el juicio por jurados y los procesos colectivos. Por un lado, el conformar herramientas de transformación o desafío estructural; por otro, la omisión inconstitucional que impide su debida implementación, producto de la ausencia de reglamentación legal. Nos interesa señalar su carácter de presupuestos en la reconstrucción del sistema político en general y judicial en particular, así como presentar a esa omisión como un problema causal.
Para este desarrollo, abordaremos las objeciones que se han planteado en torno al jurado para resistir su aplicación y cuáles podrían esgrimirse o se han empleado al mismo efecto desde la dimensión colectiva. Trataremos de contrastar estas miradas conservadoras con información empírica existente y argumentos técnicos para indagar si estas posturas anti-jurado tienen algún tipo de fundamento atendible o si, por el contrario, se basan en meras falacias que responderían a otro tipo de intereses no explicitados.
En tercer lugar, analizaremos la situación de los Estados Unidos en relación con el juicio por jurados y las acciones de clase. Dado que la Constitución Nacional argentina posee importantes influencias de su par estadounidense, especialmente en cuanto a la estructura y competencias del Poder Judicial, el análisis se enfocará en ciertos aspectos de corte estructural que deberíamos tener en cuenta a la hora de pensar en un modelo de juicio por jurados para conflictos (individuales o colectivos) de trascendencia social en Argentina. Luego, recuperaremos los proyectos de conocimiento público o leyes sobre juicios por jurados en procesos colectivos que existen en el país, describiendo esquemáticamente sus características centrales.
En cuarto término, efectuaremos consideraciones generales sobre qué jurado podría introducirse y qué aspectos son imprescindibles valorar para ello. En este sentido, no nos detendremos a proponer un modelo particular de jurado para procesos colectivos porque entendemos que, previo a ello, nos debemos un profundo debate sobre la necesidad de modificar las anquilosadas estructuras procesales con las que hoy en día el Poder Judicial de la Argentina resuelve conflictos colectivos de indiscutible relevancia social, económica y política.
Por último, ofreceremos algunas conclusiones a las que fuimos llegando durante el análisis propuesto, con el objetivo de contribuir a la discusión pública de cara a las reformas judiciales en curso.
Koichi Miki (ed.) "Technology, the Global Economy and Other New Challenges for Civil Justice", Intersentia , 2021
In 2002 Ortells Ramos argued that the use of new technologies in judicial proceedings could be se... more In 2002 Ortells Ramos argued that the use of new technologies in judicial proceedings could be seen in three different ways. Firstly, new technologies could be seen as an auxiliary means for the development of certain procedural acts (for example, hearings’ videotaping.) Secondly, they can be a means to facilitate new ways in the performance of procedural acts (electronic notifications, electronic filing, videoconferences, etc.) Thirdly, they can lead to a real pure digital or online process.
The decision over the scope and depth with which new technologies are used to face disputes resolutions depends, firstly and naturally, on a public policy choice.
For many years, even recognizing their benefits in the Law field, the use of new technologies has been restricted in its implementation to the little and gradual technological development (with the impact it had on the costs of its acquisition, maintenance and update), and also to the limited capacity of online mechanisms for communicating information.
These constrains do not exist nowadays. However, we witness a turning point in historical terms where, beyond public policy decisions, the cultural factor will also play a determining role when it comes to its implementation success. I am referring to the cultural factor.
In this sense, for example in Latin America, one of the findings made by the Justice Studies Center of the Americas through its works in the region is that “even though a decision process and a deep intense regulatory change have taken place, rule implementation processes, cultural changes or actors’ practice and knowledge, citizenship participation and trust in these have been rather weak and little planned”.
Piché also makes reference to this matter in her analysis of Canada’s situation, highlighting that for a better implementation of new technologies in the field of procedural law “it is necessary that judges’ and lawyers’ attitudes evolve and that such actors decide to trust in technology so that they can see it as a vehicle for change, since, together with it, it would be possible to move towards greater efficiency and a fairer dispute resolution, both inside and out-side courts”.
I share her opinion in that “the main key” to change our justice administration systems relies on a greater use of new technologies in courts and in the pro-vision of other judicial services.
Accordingly, Piché holds that technology is use-ful to “challenge and transform the provision of legal services, as well as producing greater efficiency in the management of disputes resolution systems”. All this would result, besides in the strengthening of the access to justice human right.
It is indisputable that the use of new technologies in general, and specially of artificial intelligence, is a tool of absolute transcendence for the improvement of case management in any procedural system around the world. This would allow for great savings in human and material resources, as well as for progress in the making of judgements, which could be given in reasonable deadlines.
What is apparently not very clear is to what extent we are willing to hand over the decision-making power to computer systems.
This does not mean, by no means, that new technologies, especially artificial intelligence, are not relevant instruments for making decisions. The experiences of the Constitutional Courts of Colombia and the Federal High Court of Brazil, to which we have made reference to in this work, show, to some extent, evidence of that.
One of the challenges is, apparently, to find the way of developing judicial branches that use new technologies and exploit all their potential, but that do not separate the jurisdiction, the act of doing justice (or least trying to do so) from their social, historical and anthropological essence,
Bruno Feigelson, Daniel Becker e Marco Antonio Rodrigues (Coordinadores) "Litigation 4.0: o futuro da justiça e do processo civil vis-a-vis as novas tecnologias", Ed. Revista dos Tribunais., 2021
Este trabajo se encuentra dividido en 6 partes.
La primera (apartado II) aborda el proceso ele... more Este trabajo se encuentra dividido en 6 partes.
La primera (apartado II) aborda el proceso electrónico y la tendencia generalizada al abandono del papel como soporte de comunicación, pasando revista sobre el proceso de escasa cuantía y el monitorio europeo.
La segunda parte (apartado III) se dedica al análisis de los mecanismos de resolución de controversias online, trabajando especialmente sobre la reciente experiencia del Reino Unido con la “Corte online”.
La tercera parte (apartado IV) se enfoca en los alcances y desafíos de la inteligencia artificial como instrumento para la gestión de casos y resolución de cuestiones, señalando ejemplos de su utilización en el marco de las Cortes Constitucionales de Brasil y Colombia.
La cuarta parte (apartado V) está dedicada a las implicancias de estas nuevas tecnologías en términos de acceso ciudadano a la información pública, ofreciendo como ejemplo la experiencia del Centro de Estudios de Justicia de las Américas y su Índice de Accesibilidad a la Información Judicial en Internet.
La quinta parte (apartado VI) comprende una suerte de repaso de algunas de las ventajas, riesgos y desafíos que presenta la implementación de nuevas tecnologías en el proceso judicial.
Finalmente, la sexta parte (apartado VII) tiene por objeto presentar ciertas reflexiones en términos de balance y prospectiva.
Carlos Henrique Soares – Leonardo Silva Nunes – Luiz Augusto de Lima Ávila (organizadores) “Direito em Tempos de Crise. Soluções processuais adequadas para a tutela de direitos coletivos e individuais”, Ed. Dialética – Academia de Direito Processual, 2020
El problema de sobrepoblación carcelaria en la Provincia de Buenos Aires es endémico, estructural... more El problema de sobrepoblación carcelaria en la Provincia de Buenos Aires es endémico, estructural y se arrastra desde hace décadas.
La existencia de un estado de cosas inconstitucional en la materia fue declarada en el año 2005 por la CSJN al resolver “Verbitsky”. Desde entonces, y salvo durante algunos breves períodos intermedios, la situación solo se ha profundizado.
El caso en análisis fue promovido en un contexto que agrava todavía más la situación y reclama decisiones urgentes: la expansión de un virus con altas tasas de mortalidad que, hasta ahora, solo puede combatirse con higiene y distanciamiento físico. Ambas formas de prevención resultan casi imposibles de respetar dentro de las unidades penitenciarias de la Provincia debido, precisamente, a la señalada situación estructural de sobrepoblación.
Frente a eso, la prisión domiciliaria y las medidas alternativas para ciertos sectores de esa población carcelaria (en especial, los que están en alto riesgo de contagio del virus) no parecen irrazonables si consideramos que se trata de remedios ya articulados por importantes tribunales extranjeros desde hace casi una década. Entre ellos, ni más ni menos que la Suprema Corte de los Estados Unidos (“Brown v. Plata”).
Según intentamos explicar, la decisión de la SCBA que comentamos descansa, fundamentalmente, en una interpretación estricta sobre el modo en que se conforma el grupo o clase representada en el caso.
Podría haberse llegado a otra conclusión de haberse elegido un enfoque diferente, más amplio, que contemplase la homogeneidad desde el punto de vista de la pandemia y el riesgo a la salud y la vida de las personas privadas de su libertad.
Tal vez, también podría haberse llegado a otra conclusión si se hubiera dado una discusión sobre el tema abierta a la sociedad, mediante la celebración de audiencias públicas.
Como hemos señalado en numerosas oportunidades, hay demasiado en juego en procesos colectivos de estas características para que el debate procesal quede escondido en papeles intercambiados entre unas pocas partes.
La interpretación realizada por el tribunal en cuanto a las cuestiones individuales de los miembros del grupo como elemento de ruptura del caso colectivo es preocupante y pone en riesgo la viabilidad futura de este instrumento de tutela colectiva. Sostenemos esto porque, aplicada estrictamente, esta interpretación podría impedir de plano el planteo de habeas corpus colectivos correctivos en supuestos de violación de derechos individuales homogéneos.
Por ahora, solo queda esperar el recurso extraordinario federal y la postura que, en su caso, asumirá nuestra CSJN frente al tema (tanto en términos de admisibilidad como de procedencia).
Heitor Sica, Antonio Cabral, Federico Sedlacek e Hermes Zaneti Jr. (organizadores) "Temas de Direito Processual Contemporâneo: III Congresso Brasil - Argentina de Direito Processual (Volume I)", Editora Milfontes, pp. 695-708, 2019
Entrando al tema que traje para conversar hoy con ustedes, aprovechando la metáfora que se utiliz... more Entrando al tema que traje para conversar hoy con ustedes, aprovechando la metáfora que se utilizó en la conferencia anterior podríamos decir que la causa “Mendoza” es nuestra propia “tragedia procesal” en materia de litigio estructural. La presentación, que intentará explicar por qué digo esto, está planteada en cuatro partes. Como esta sentencia es objeto de estudio a nivel internacional, la idea es proponer una lectura crítica al respecto que nos permita ir un poco más allá del papel para comprender lo que está sucediendo en la realidad. Primero quiero contarles algunas premisas constitucionales y legislativas propias de nuestro país, ya que son importantes para entender lo que está pasando ahí en materia de litigios estructurales. Luego me voy a referir específicamente a la causa “Mendoza Beatriz y otros c. Estado Nacional”, que es el proceso donde se discute la limpieza del Riachuelo, de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo. Les voy a contar cuál es el alcance del conflicto, y también les voy a contar cómo se planteó este conflicto en sede judicial. A partir de ahí, en tercer lugar me voy a enfocar en cuatro cuestiones puntuales, cuatro problemas estructurales de este proceso estructural, que tienen que ver con la legitimación pasiva, la falta de información adecuada con que se está trabajando, los problemas de representatividad que se están dando al interior del proceso, y los serios problemas de implementación que ha tenido una decisión que, en el mes de julio, va a cumplir 10 años. Finalmente voy a decir algunas palabras sobre las dificultades políticas y procesales que enfrenta el sistema de administración de justicia a la hora de implementar en la práctica este tipo de remedios estructurales.
Pereira Campos, Santiago (Coordinador) "Justicia Colectiva en Iberoamerica", Ed. La Ley Uruguay, Montevideo, pp. 241-278, 2019
Este trabajo tiene por objetivo ofrecer un panorama general sobre cómo se está desarrollando un f... more Este trabajo tiene por objetivo ofrecer un panorama general sobre cómo se está desarrollando un fenómeno relativamente novedoso en la República Argentina. Me refiero a la intervención de los jueces en el marco de ciertos conflictos colectivos que denominaré “conflictos de interés público”, cuya solución requiere controlar la constitucionalidad o convencionalidad deacciones y omisiones del resto de los poderes del Estado en materia de políticas públicas(especialmente aquellas vinculadas con sectores de la población tradicionalmente postergados,desprotegidos o desaventajados), y en ocasiones dictar complejas órdenes estructurales para remediar situaciones igualmente complejas. Se trata de una intervención que ha permitido al Poder Judicial en general, y especialmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN),consolidar su rol institucional en tanto poder de Estado y que también ha merecido fuertes críticas en diversas oportunidades debido, en gran medida a mi modo de ver, a las relevantes consecuencias sociales, políticas y económicas derivadas de la misma. La intención es presentar y analizar concisamente algunas de las cuestiones que rodean y explican dicho fenómeno en la República Argentina, así como también el marco constitucional que lo determina y la evolución jurisprudencial que se ha producido en torno al tema durante la última década. Mi principal finalidad es argumentar sobre lo que entiendo configura en la actualidad el problema más delicado en este campo. Me refiero a la ausencia de un proceso judicial con reglas adecuadas para abordar conflictos que, por muchas razones según veremos, difieren de aquellos que el legislador tuvo en mente al sancionar las normas procesales queactualmente gobiernan la tutela constitucional de derechos en Argentina.
Loïc Cadiet – Burkhard Hess – Marta Requejo Isidro (Eds) “Approaches to Procedural Law: The Pluralism of Methods (Studies of the Max Planck Institute)”, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, Germany, 2017, pp. 391-414, Oct 2017
With my research I want to demonstrate two fundamental hypotheses. The first one is the profound ... more With my research I want to demonstrate two fundamental hypotheses. The first one is the profound inadequacy of current Argentine federal civil procedure (enacted in the National Code of Civil Procedure and several special statutes) to provide for an open, robust, transparent and informed discussion for the sort of socially, politically and economically complex collective conflicts that affect disadvantaged groups, and, because of that, its usual failure to deliver politically legitimate collective decisions before society. The second hypothesis is the urgent need for reform, not only of those procedural rules but also of the institutional structures in charge of processing cases raised by these kinds of social and political conflicts, in order to make judges accountable for the huge amount of political power they have gained due to the constitutional and conventional review of public policies. A power they are exercising very frequently, particularly since 2009 thanks to the interpretation the SCJA gave to the “case or controversy” doctrine in the leading case Halabi.
Luís Alberto Reichelt - Marco Félix Jobim (Organizadores) "Coletivização e unidade do direito", Thoth Editora, Porto Alegre, 2019, Capítulo I, 2019
La agenda que preparé para esta presentación busca, como primera medida, explicar algunas premisa... more La agenda que preparé para esta presentación busca, como primera medida, explicar algunas premisas de tipo constitucional para poder entender el contexto en el que se desarrolla este fenómeno en Argentina. Luego me enfocaré en dos casos que derivaron en los precedentes más importantes de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en este campo. Me refiero al caso “Verbitsky”, con su sentencia estructural del año 2005, y al caso “Mendoza, Beatriz”, con su sentencia estructural del año 2008. Respecto de la causa “Mendoza” voy a detenerme en las características del conflicto y también en el alcance que tuvo la sentencia de la CSJN, para plantear desde ahí cuatro críticas estructurales que pueden hacerse a este proceso estructural. Estas críticas tienen que ver con la legitimación pasiva, la falta de información con la que se está trabajando en el expediente, los problemas de representación que hay al interno del gran grupo de personas afectado por esta situación, y también con los serios problemas que tenemos a diez años del dictado de la sentencia para poder implementarla y lograr resultados efectivos y eficientes que logren cambiarle la vida a mucha gente que, como vamos a ver, sufre grandes riesgos y daños a su salud por esta situación de contaminación ambiental. Finalmente, voy a señalar algunas cuestiones sobre el tipo de dificultades que tenemos en Argentina para implementar este tipo de sentencias. Creo que estas cuestiones también se pueden trasladar a Brasil, al menos por las experiencias que conozco gracias al trabajo que venimos realizando en estos años. También diré algunas palabras sobre la necesidad urgente de reformar este campo del derecho procesal y me referiré a la necesidad de repensar el proceso no sólo “hacia adentro”, en su estructura procedimental, sino también “hacia afuera”, analizando la reconfiguración que exige el vínculo entre el Poder Judicial y el resto de los poderes del Estado cuando se produce a través de este tipo de procesos
Fandiño, Marco - González, Leonel (Directores) "Diálogo Multidisciplinario sobre la Nueva Justicia Civil de Latinoamérica", Centro de Estudios de las Américas (CEJA), 2017
El principal objetivo de la obra es de orden didáctico. Desde esta perspectiva, pretende presenta... more El principal objetivo de la obra es de orden didáctico. Desde esta perspectiva, pretende presentar a jueces, abogados y hacedores de políticas públicas de la región los lineamientos generales, principios e instituciones que gobiernan el campo de la tutela colectiva de derechos en clave representativa. Esto es, aquellos procesos judiciales llevados adelante en beneficio de grupos de personas por ciertos atípicos representantes de derechos ajenos (individuos, organizaciones del tercer sector y organismos públicos), cuya actuación judicial impactará con cualidad de cosa juzgada –con diversos alcances– incluso sobre quienes no han sido parte formal en el debate
"El derecho probatorio y la decisión judicial", Universidad de Medellín, pp. 227-240 , Aug 2016
IX CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO PROCESAL Universidad de Medellín Colombia, Centro de Conven... more IX CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO PROCESAL Universidad de Medellín Colombia, Centro de Convenciones de Cartagena de Indias 25 al 27 de Agosto de 2016
/// La atendibilidad de la prueba científica genera problemas en el contexto de casos individuales y en el contexto de casos colectivos. Ello así debido a que los jueces, por regla, carecen del bagaje científico necesario para enfrentarla y valorar sus resultados. Por tal motivo la publicidad y el contradictorio en la producción de este tipo de pruebas resultan de fundamental importancia. De un lado, concurren a fortalecer la transparencia del procedimiento. Del otro, colaboran en la obtención de un mejor resultado al facilitar el control durante la producción y dotar de mejores elementos de juicio al magistrado para proceder a su valoración. Entiendo que el alto impacto subjetivo, social, económico y hasta político que pueden producir las sentencias colectivas demanda extremar esfuerzos para profundizar ese contradictorio, aumentar la publicidad y dotar al juez de más y mejores elementos de juicio a la hora de valorar la prueba científica. Las ideas que fueron presentadas en este trabajo pretenden servir como disparador para discutir posibles alternativas a fin de lograr esos objetivos.
Relato Nacional por la República Argentina. XXV JORNADAS IBEROAMERICANAS DE DIREITO PROCESSUAL - ... more Relato Nacional por la República Argentina. XXV JORNADAS IBEROAMERICANAS DE DIREITO PROCESSUAL - XI JORNADAS BRASILEIRAS DE DIREITO PROCESSUAL, Porto de Galinhas, 14, 15 e 16 de setembro de 2016. Painel 10 - Balanço sobre a influência dos Códigos Modelo de Processo Civil e Processos Coletivos para Iberoamerica nos diversos países. Presidente (Chairperson): Joan Picó i Junoi. Código Modelo de Processos Coletivos. Relator Geral: Aluisio Mendes. Este relato fue preparado en base a diversos trabajos publicados previamente por el autor y remitido al Ponente General en el mes de Abril de 2016 /// Sea de modo expreso o en modo implícito, en base a lo expuesto hasta aquí podemos afirmar que la influencia del CM en el desarrollo del derecho argentino sobre tutela colectiva de derechos ha sido profunda. Nuestra CSJN ha receptado un modelo híbrido similar al establecido en el CM, determinado principalmente por la fusión del derecho federal estadounidense con el derecho brasileño. La reforma a la LDC operada en el año 2008, a su turno, ha regulado cuestiones -según hemos visto- en forma muy similar al modo en que fueron reguladas en el CM. Incluso cierta jurisprudencia ha comenzado a invocar el CM como fuente de derecho. Fuente no imperativa pero, cuanto menos, con suficiente peso argumental y de autoridad para venir en auxilio a la hora de resolver cuestiones no previstas en la ley. Queda pendiente todavía, sin embargo, dotar de sistematicidad y coherencia a todo esto. Una sistematicidad y coherencia con la que cuenta el CM y que, lamentablemente, sigue ausente en Argentina por la falta de actividad del Congreso de la Nación en este campo.
Conferencia presentada en el "III Congreso Internacional de Derecho Procesal - Garantías constit... more Conferencia presentada en el "III Congreso Internacional de Derecho Procesal - Garantías constitucionales en el proceso", celebrado el 13 y 14 de Octubre de 2015 y organizado por el Instituto Costarricense de Derecho Procesal
As onze conferências que eu compartilho no presente livro foram realizadas em eventos acadêmicos ... more As onze conferências que eu compartilho no presente livro foram realizadas em eventos acadêmicos que ocorreram na Argentina e no Brasil entre os meses de maio de 2017 e novembro de 2018, com exceção das duas primeiras que são dos finais dos anos de 2013 e de 2015, e que servem como uma espécie de introdução geral ao tema.
A ideia de publicá-las surgiu no final de 2018, e só foi possível graças à colaboração de Daniel Arce, de Camila Beguiristain, de Matías Caimi, de Manuel Caramés, de Yasmín Aguirre e de Santiago Di Maria, que transcreveram de forma detalhada os vídeos e áudios dos respectivos registros. Após, dediquei-me a editar e a corrigir esse material para o adaptar ao formato de livro, mantendo a linguagem simples utilizada em cada oportunidade. Também selecionei alguns trabalhos próprios (e em coautoria) que são trazidos como referências ao final de cada capítulo. Trata-se de um convite para quem deseje se aprofundar nos temas abordados.
Ao longo das páginas, será possível encontrar o desenvolvimento de explicações, de propostas e de críticas sobre diferentes questões, conceitos e ideias vinculados ao tratamento e à decisão de conflitos coletivos perante o Judiciário.
Tenho investigado, lecionado e escrito sobre esses temas por mais de quinze anos2, e trabalho na condição de advogado em matérias a eles relacionadas por quase uma década. Esse esclarecimento é relevante para que se saiba a partir de que condição falo e escrevo, vez que estou convencido de que não há discursos neutros.
Será possível notar que alguns dos temas analisados se repetem em diferentes apresentações, e que, em certos casos, são explicados de forma quase idêntica. Conforme o meu modo de ver e de entender o fenômeno do processo coletivo, giram ao redor destes temas as principais problemáticas que devem ser consideradas, enfrentadas e debatidas com franqueza (e com urgência e estado de espírito crítico) caso realmente desejemos avançar para a formação de um sistema efetivo de defesa coletiva de direitos e cumprir, dessa forma, o comando do artigo 43 da Constituição Nacional.
Estão inseridos entre eles, por exemplo, o fenômeno dos conflitos coletivos como um sinal da nossa sociedade contemporânea, a ausência de mecanismos processuais adequados e eficientes para debater tais conflitos no palco judicial e as vantagens que – mesmo na ausência de mecanismos com tais características – os processos coletivos trazem consigo em matéria de acesso à justiça, de dissuasão de condutas ilícitas coletivas, de macroeconomia processual e de tratamento igualitário de conflitos homogêneos.
Também são repetidas ideias sobre a falta de legitimidade político-majoritária do Poder Judiciário para se envolver nesses temas, sobre a necessidade de criação de instrumentos que permitam a obtenção desta legitimidade, sobre o papel do juiz no nosso sistema democrático, sobre os limites para que controle as decisões de outros Poderes do Estado em matéria de políticas públicas, sobre a necessidade de que a problemática seja abordada a partir de um enfoque multidisciplinar e, por fim, sobre os fortes interesses corporativos e estatais que explicam a falta de regulamentação da matéria e a grande quantidade de conflitos coletivos que tem recebido – ou que ainda recebe – tratamentos e decisões verdadeiramente escandalosos e, mais que isso, desprovidos de conhecimento ou de controle sociais.
No geral, como se pode perceber pela sua simples descrição e como espero que fique claro com o seu desenvolvimento, não se trata de questões de técnica processual coletiva (que existem e também devem ser debatidas). Trata-se, em verdade, de questões sociais, políticas, econômicas, culturais e organizacionais muito mais profundas e complexas do que as possíveis características ou desenhos próprio.
Este trabajo busca introducir a las lectoras en el conocimiento de los principales institutos pro... more Este trabajo busca introducir a las lectoras en el conocimiento de los principales institutos procesales necesarios para tramitar, resolver y eventualmente implementar las decisiones judiciales tomadas en el contexto de procesos colectivos y acciones de clase. Asimismo, presenta algunos de los problemas, interrogantes e implicancias de orden político, social y económico que genera el corrimiento del ámbito de debate de cuestiones colectivas hacia el seno del poder judicial.
Como principal clave de lectura les proponemos partir de una premisa fundamental: la enorme magnitud y el tipo de conflictos que se están discutiendo, papel va, papel viene, dentro del poder judicial. Sobre todo, ante los superiores tribunales de justicia de nuestros países.
Solo en Argentina, desde donde escribo, en los últimos 10 años el poder judicial federal y las jurisdicciones locales han dictado resoluciones y sentencias de diverso tipo (cautelares y de mérito) en el marco de procesos donde se debate, por ejemplo, el modo de facturar en el mercado de teléfonía móvil, la cartelización de empresas de distintos rubros, el acceso voluntario a la interrupción del embarazo y la impugnación de la ley que lo autoriza, las condiciones de detención de personas privadas de su libertad en establecimientos penitenciarios y diversos derechos fundamentales que les asisten (educación, requisas dignas, beneficios de la seguridad social, salario por el trabajo realizado, prisiones domiciliarias para embarazadas y madres con niñas pequeñas), las condiciones de internación en establecimientos neuropsiquiátricos, la defensa de sitios de memoria del genocidio argentino, situaciones de contaminación por explotación minera en zonas prohibidas, recuperación de espacios culturales y del patrimonio histórico, el trato digno que deben aplicar las entidades bancarias a sus clientes, la protección de patrimonio paleontológico, los límites de tasa de interés que cobran las tarjetas de crédito, la validez constitucional del blanqueo de capitales por parte de familiares de funcionarias y funcionarios públicos, la comisión que pagan inquilinos e inquilinas para acceder a una vivienda familiar, diversas prácticas ilícitas de mutuales y obras sociales (aumentos indebidos, bajas indebidas, cobros en exceso), la legalidad y razonabilidad de los cuadros tarifarios de servicios públicos esenciales (gas, luz, agua, telefonía), el pago de impuesto a las ganancias integrantes del poder judicial, situaciones de riesgo y daño ambiental por actividades de diversa índole (industrias, desmontes, represas, aplicación de agrotóxicos, obras de infraestructura vial), cargos y comisiones cobradas indebidamente por entidades bancarias, financieras y otras prestamistas, cláusulas contractuales abusivas de todo tipo y color, impuestos tasas y contribuciones que se consideran inconstitucionales, daños por productos elaborados (automotores, protectores solares), derechos de usuarios de servicios de turismo, restricciones de derechos en el contexto de la pandemia de Covid-19, condiciones edilicias de ciertos tribunales, la validez del empréstito contraído por Argentina con el FMI en 2018, el acceso a medicamentos para ciertas enfermedades, la falta de vacantes en las escuelas públicas, y el régimen de derechos y obligaciones de personas migrantes, entre muchas otras cuestiones.
Como podrán advertir, hablamos de conflictos que involucran a cientos de miles, millones y hasta decenas de millones de personas afectadas de manera homogénea en sus derechos, o en riesgo de serlo.
Conflictos que, en nuestra región, se desarrollan en el contexto de marcos convencionales y constitucionales que exigen proteger de manera preferente ciertos bienes y derechos, por un lado, y ciertos grupos de personas que han sido tradicionalmente relegadas o débilmente protegidas, por el otro.
Marcos constitucionales que, además, en diversos supuestos reconocen expresamente el derecho de acceso colectivo a la justicia (como Argentina, Brasil y Colombia), y tribunales que lo han hecho operativo a pesar de su falta de regulación adecuada (adecuación que, por la entidad de los conflictos, debería ser estricta).
Frente a este tipo de conflictos y de marcos convencionales y constitucionales, claramente diferentes a los que se tuvieron en cuenta para diagramar nuestras herramientas procesales tradicionales, resulta imprescindible revisar y repensar diversas técnicas y nociones conceptuales clásicas para adaptarlas a clave colectiva.
A lo largo de estas páginas podrán ver el desarrollo de explicaciones, planteos y críticas sobre ... more A lo largo de estas páginas podrán ver el desarrollo de explicaciones, planteos y críticas sobre diversas cuestiones, conceptos e ideas vinculadas con el tratamiento y decisión de conflictos colectivos en sede judicial.
Se trata de temas sobre los que vengo investigando, escribiendo y dictando clases desde hace más de quince años, y sobre los cuales trabajo como abogado litigante desde hace casi una década. Esta última aclaración es importante para que sepan desde donde hablo y escribo, ya que estoy convencido de que no hay discursos neutros.
Podrán ver que algunos de los temas analizados se repiten en distintas presentaciones y, en ciertos casos, se explican de manera casi idéntica. A mi modo de ver y entender el fenómeno de los procesos colectivos, alrededor de esos temas giran las principales problemáticas que debemos considerar, enfrentar y discutir francamente (con urgencia y espíritu crítico, además) si realmente queremos avanzar hacia un sistema efectivo de defensa colectiva de derechos y cumplir de ese modo con el mandato del artículo 43 de la Constitución Nacional.
Entre ellos me refiero, por ejemplo, al fenómeno de los conflictos colectivos como signo de nuestras sociedades contemporáneas, la ausencia de mecanismos procesales adecuados y eficientes para discutir tales conflictos en sede judicial, y las ventajas que –aun en ausencia de mecanismos con tales características– traen consigo los procesos colectivos en términos de acceso a la justicia, disuasión de conductas ilícitas colectivas, macroeconomía procesal y tratamiento igualitario de conflictos homogéneos.
También se repiten ideas sobre la falta de legitimidad política mayoritaria del Poder Judicial para involucrarse en estos temas, la necesidad de generar instrumentos que permitan construir esa legitimidad, el rol de los jueces en nuestro sistema democrático y sus límites para controlar las decisiones de los otros poderes del Estado en materia de políticas públicas, la necesidad de abordar la problemática desde una perspectiva interdisciplinaria y no solo jurídica, y, por supuesto, los fuertes intereses corporativos y estatales que explican la falta de regulación en la materia y la gran cantidad de conflictos colectivos que han recibido –o bien reciben en la actualidad– tratamientos y decisiones verdaderamente escandalosas y, además, alejadas de todo conocimiento y control social.
En general, como puede advertirse de su sola enunciación y como espero quede claro con su desarrollo, no se trata de cuestiones de técnica procesal colectiva (que efectivamente las hay, por supuesto, y también deben ser discutidas). Se trata, más bien, de cuestiones sociales, políticas, económicas, culturales y organizacionales mucho más profundas y complejas que las características y diseño que pueda tener una ley procesal en la materia.
A partir del conocido precedente “Halabi” (CSJN, 2009) ha quedado claro en nuestro medio que la g... more A partir del conocido precedente “Halabi” (CSJN, 2009) ha quedado claro en nuestro medio que la garantía de debido proceso legal colectivo es plenamente operativa y que es deber de los jueces dotarla de eficacia. Un deber de eficacia de raigambre no sólo constitucional sino también convencional. En virtud de ello, desde entonces no es posible sostener la improcedencia de esta tutela diferenciada por el sólo hecho de no haber sido regulada por el legislador procesal. Los señalados avances jurisprudenciales y reglamentarios, sin embargo, lejos de agotar las discusiones han multiplicado los interrogantes que los operadores de este tipo de litigios enfrentan día a día. Es que aun conociendo la doctrina y reglamentos de la Corte Suprema y de los restantes tribunales del país acerca de los postulados fundamentales que deben servir de guía en esta materia, tal conocimiento es insuficiente debido a que las aproximaciones al fenómeno continúan siendo parciales e incompletas. Dichos interrogantes, además, se alimentan del hecho que el fenómeno abordado en este libro ha producido un cambio de paradigma en la modalidad de trabajo de jueces y abogados, quienes –con motivo de la tradición continental europea en la que fueron formados- como regla no están acostumbrados a trabajar con la jurisprudencia como principal fuente del derecho. Si bien es cierto que varios proyectos intentaron –con desparejo acierto técnico- enfrentar la responsabilidad de regular este capítulo fundamental del debido proceso, el llamado al legislador nacional aún no ha sido atendido. Lo mismo puede decirse que sucede en la casi totalidad de las jurisdicciones locales, tal como podrá concluir el lector luego de analizar los trabajos que presentamos en este libro. Hay jurisdicciones que han incorporado a la tutela colectiva como parte del código procesal civil y comercial y otras que, al igual que en el régimen nacional, sólo contemplan previsiones aisladas y dispersas sobre algunas instituciones del litigio colectivo (como la legitimación o la cosa juzgada) en el marco de ciertas leyes especiales (mayormente ambiente y consumo). Este enfoque carece de la necesaria vocación de sistema que impone concentrar en un cuerpo normativo autónomo o en un capítulo especial de la legislación procesal de cada jurisdicción la totalidad de las instituciones impactadas por esta particular variante de enjuiciamiento. El panorama brevemente descripto hasta aquí ha transformado a los procesos colectivos en uno de los capítulos de política pública necesitados de una atención prioritaria.
Los problemas e interrogantes que surgen en torno al fenómeno son numerosos. Por razones de espa... more Los problemas e interrogantes que surgen en torno al fenómeno son numerosos. Por razones de espacio hemos debido limitar la investigación a tres de ellos, cuyas aristas fundamentales intentaremos exponer en este trabajo para presentar por su intermedio algunas reflexiones sobre la materia en examen. Por cuestiones de orden metodológico, el análisis se encuentra estructurado en dos partes.
La primera de ellas será dedicada a plantear algunos de los principios fundamentales de la teoría general de la prueba, sentando las premisas en función de las cuales analizaremos el fenómeno de la prueba científica. En este orden de ideas, nos detendremos brevemente en la finalidad que persigue el proceso civil y distinguiremos los alcances de la noción de prueba jurídica, así como sus diversas acepciones. Sentado ello abordaremos el rol que cumple la prueba en el proceso y apuntaremos algunas notas sobre las nociones de relevancia lógica, admisibilidad y atendibilidad. Para no exceder el objeto de esta parte del trabajo, y aprovechando la audiencia especializada a la cual es destinado el discurso, muchas cuestiones se darán por presupuestas y el análisis se focalizará particularmente en aquellos aspectos que cobran nuevos perfiles al involucrarse con el fenómeno de la prueba científica.
La segunda parte del trabajo será dedicada al análisis de los tres problemas que escogimos en relación a la prueba científica. El primero de ellos se encuentra configurado por la delimitación de los alcances de la noción. La importancia de esta empresa es evidente ya que no existe consenso sobre qué debe entenderse por prueba científica, lo cual a su vez provoca confusiones a la hora de evaluar su actuación en el proceso. Una vez identificado nuestro objeto de estudio nos ocuparemos de los problemas involucrados en torno a la admisibilidad de la prueba científica. A tal fin analizaremos los mecanismos a través de los cuales ingresa al proceso, el especial escrutinio que debe efectuarse por parte del juez para evitar la incorporación de junk science (ciencia basura) a través de los mismos y la evolución jurisprudencial de la materia en los Estados Unidos de América. En esta tarea nos será de especial utilidad la experiencia norteamericana ya que en dichas latitudes las discusiones que surgieron a la luz sobre el tema que nos ocupa cobraron especial trascendencia con motivo de los grandes intereses económicos y políticos involucrados. Finalmente, nos ocuparemos de la atendibilidad o eficacia de la prueba científica, haciendo hincapié sobre los dilemas que se presentan al juez cuando debe evaluar el trabajo de un experto siendo lego en la materia.
Lejos de intentar agotar el tema, la finalidad de las reflexiones que iremos presentando a lo largo del trabajo puede considerarse cumplida para nosotros en la medida que ellas resulten de utilidad para fomentar la discusión sobre una materia que la realidad social contemporánea ha prácticamente impuesto como objeto obligatorio de estudio para el jurista.
Frente a estos nuevos problemas, que involucran grandes grupos de personas y complejos asuntos de... more Frente a estos nuevos problemas, que involucran grandes grupos de personas y complejos asuntos de índole social y política, el proceso civil tradicional comenzó a enfrentar serios inconvenientes para brindar soluciones eficientes a los justiciables. Antiguamente éste era entendido apenas como un asunto entre dos partes, destinado a la solución de un conflicto que involucraba sus propios intereses individuales . Los dilemas sectoriales o de grupo y ciertos temas políticamente sensibles no encontraban cabida en dicho espacio de debate, entendiéndose que debían ser canalizados y desactivados por otras vías de discusión, generalmente incardinadas en la legislatura o en el marco del Poder Ejecutivo. Tal concepción, que no era casual sino fruto de la notable influencia ejercida en este campo por los principios liberales del individualismo que caracterizaron las grandes codificaciones del siglo XIX, se vio superada por las circunstancias y debió comenzar a ceder frente a una realidad acuciante que demandaba respuestas.
Laura Clérico - Paula Gaidó (directoras) "La Corte Ricardo Lorenzetti", Ed. Ad-Hoc (en edición)
La sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Halabi" significó ... more La sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Halabi" significó un cambio radical para el desarrollo de los procesos colectivos en Argentina.
Mediante esta decisión, el tribunal avanzó sobre el análisis de aspectos de absoluta relevancia en la materia, ofreciendo precisiones y determinaciones conceptuales en base a las cuales se trabaja, con algunos ajustes menores que se realizaron posteriormente, hasta el día de hoy. Sin perjuicio de su relevancia, esta sentencia de la Corte dejó instalados diversos y serios interrogantes.
El objetivo de este trabajo es analizar con detenimiento qué argumentos utilizó el tribunal para sostener lo que dijo, y ofrecer una lectura crítica de algunas de esas cuestiones. Asimismo, desde esa perspectiva crítica, buscamos evidenciar diversas contradicciones, errores e inconsistencias internas que tiene la decisión. Luego, y con motivo de los resultados de este análisis, proponemos una lectura del tema que intenta entender lo que hizo la Corte en este caso.
Desde esta perspectiva, abordaremos el conflicto que disparó el planteo del caso, el alcance de la pretensión promovida por Ernesto Halabi y el trámite que siguió el proceso hasta llegar a la Corte (apartados II y III), la definición que brindó el tribunal sobre el alcance de los "derechos de incidencia colectiva" reconocidos en el art. 43 CN (apartado IV), la redefinición de la doctrina de "causa o controversia" en tanto elemento habilitante de la competencia judicial (apartado V), el vacío legal y la exhortación al Congreso de la Nación para que se ocupe de una buena vez de sancionar una ley en la materia, y también el carácter plenamente operativo del art. 43 CN (apartado VI).
Luego nos ocuparemos de analizar las referencias que se hicieron al derecho comparado en la materia (apartado VIII), el establecimiento de requisitos de admisibilidad para procesos colectivos en tutela de derechos individuales homogéneos (apartado VIII), las "pautas adjetivas mínimas" establecidas por la Corte para el trámite de este tipo de procesos (apartado IX), las precisiones efectuadas sobre los alcances y la raíz constitucional de la cosa juzgada colectiva (apartado X), el modo en que el tribunal abordó la cuestión de fondo, a pesar de encontrarse firme y consentida (apartado XI), y la "reserva" que se hizo sobre los alcances de la opinión de Highton de Nolasco (apartado XII).
Gebruers, Cecilia (compiladora) "Estrategias, Perspectivas y Abordajes Clínicos en Derechos Humanos", Ed. EdUNLPam, 2023
En este trabajo abordaremos la estrategia desarrollada desde la Coordinadora de Abogadxs de Inter... more En este trabajo abordaremos la estrategia desarrollada desde la Coordinadora de Abogadxs de Interés Púbico (CAIP), junto con distintas organizaciones y movimientos sociales, para acceder a información pública sobre las condiciones legales y de procedimiento en las cuales, en el año 2018, la República Argentina contrajo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el mayor crédito otorgado en la historia de dicha institución financiera.
Para ello, explicaremos cómo se logró demostrar, con expedientes e instrumentos públicos emitidos por el propio Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que el crédito stand-by del 2018 y su posterior ampliación son insanablemente nulos por haberse violado de manera manifiesta los requisitos esenciales de control y procedimiento que, para este tipo de operaciones de crédito público externo, exigía la Ley de Administración Financiera N° 24156 (LAF) y la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo N° 19549 (LNPA).
En este orden de ideas, realizaremos un breve recorrido sobre las distintas acciones administrativas, judiciales y de incidencia comunicacional y política que se articularon como parte de una estrategia conjunta, sus resultados concretos y el impacto que generaron en el Congreso de la Nación y en el PEN. También explicaremos los alcances de la acción judicial de nulidad promovida con fundamento en los documentos oficiales descubiertos. Según veremos, si bien hasta el momento no se logró obtener la nulidad jurídica del crédito, el litigio estratégico sobre esta delicada y trascendente cuestión alcanzó numerosos objetivos concretos que esperamos permitan profundizar la discusión para construir la ilegitimidad política de la deuda y un Nunca Más a este tipo de maniobras arbitrarias e ilegales.
Para terminar, sostendremos la conveniencia de transferir e implementar en otros países el enfoque de abordaje y la metodología de trabajo que utilizamos, así como la experiencia obtenida durante su desarrollo. Para ello, apuntaremos tres beneficios específicos que este tipo de litigio estratégico puede traer aparejados en la lucha por evitar la imposición de acuerdos arbitrarios e ilegales por parte del FMI que, históricamente y en connivencia con funcionario nacionales, han condicionado el desarrollo de nuestras sociedades.
“Ponencias Generales. Ponencias Seleccionadas”, Ed. Rubinzal Culzoni, pp. 177-186., 2019
Las instituciones y estructuras procesales y orgánico – funcionales analizadas brevemente en est... more Las instituciones y estructuras procesales y orgánico – funcionales analizadas brevemente en este trabajo son sólo algunas de las alternativas, entre muchas otras,que nos ofrece el derecho comparado y la experiencia recogida en diversos estados locales de nuestro país para avanzar en una reforma de los mecanismos de resolución judicial de controversias.En un escenario nacional signado por el desarrollo de numerosos procesos de reforma a nivel local y nacional no debemos olvidar las expectativas de la sociedad frente a un sistema de administración de justicia que, en tanto servicio público, debería ser mucho más eficiente, económico y accesible de lo que es.En este sentido, como explica Oteiza, “Las limitaciones que con mayor o menor grado enfrentan los Estados para brindar una justicia civil eficiente se encuentran en tensión con las altas expectativas sociales sobre su funcionamiento, ya que los valores individuales y sociales puestos en juego constituyen la base del reconocimiento del poder estatal de coerción”. Teniendo en cuenta esta premisa, resulta esencial avanzar con el establecimiento de nuevas estructuras y formas procesales que permitan invertir con la mayor eficiencia posible los escasos recursos que se destinan al Poder Judicial y, al mismo tiempo, responder a las demandas sociales que presionan al sector.Para ello consideramos fundamental que se incorporen los beneficios de las nuevas tecnologías de la información, se destierre la idea de que una buena jueza es necesariamente también una buena gestora o administradora de una organización burocrática como es su juzgado o tribunal, y se profundice la vinculación con otras disciplinas tales como la economía, la sociología, la psicología, el trabajo social y la política para obtener nuevas miradas y perspectivas que nos permitan reformar del mejor modo posible nuestros sistemas judiciales.
Gargarella, Roberto - Guidi, Sebastián (Directores) "Constitución de la Nación Argentina Comentada", Ed. La Ley, 2019
En el presente comentario abordaremos principalmente las decisiones y algunas de las reglamentaci... more En el presente comentario abordaremos principalmente las decisiones y algunas de las reglamentaciones más relevantes dictadas por la CSJN para dotar de eficacia al art. 43 CN en el campo de la tutela colectiva de derechos. Elaborando sobre las premisas de un trabajo anterior, profundizaremos acá en el intento de demostrar que es posible identificar en Argentina diversos principios e instituciones que dan contenido a un verdadero derecho constitucional a un “debido proceso colectivo” que comprende, cuanto menos, aquellos principios y reglas que el tribunal consideró “esenciales” para proteger el debido proceso de los miembros del grupo ausentes en el debate. Todos estos principios y reglas están orientados a garantizar pautas razonables, adecuadas y previsibles para la discusión en sede judicial de conflictos complejos y policéntricos. Conflictos que son bien diferentes de aquellos que sirvieron como premisa para pensar y diagramar los contornos de la garantía de debido proceso legal individual que gobierna nuestros estudios académicos y políticos sobre la problemática y, por tanto, determina la silueta de las reglas procesales que de allí se han derivado.
Oteiza, Eduardo (coordinador) "Sendas de la reforma de la justicia a principios del siglo XXI", Ed. Marcial Pons, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, San Pablo, 2018
En coautoría con Roberto O. Berizonce. El presente trabajo tiene por objetivo presentar las prin... more En coautoría con Roberto O. Berizonce. El presente trabajo tiene por objetivo presentar las principales características del sistema procesal civil y comercial argentino, explicando sus raíces, la evolución histórica de sus principales reformas, algunas discusiones sobre instituciones específicas que han marcado cambios relevantes en dicho país (mediación prejudicial obligatoria, procesos colectivos y acciones de clase, control de convencionalidad), y también presentar el rol que ha asumido el Poder Judicial, con la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su cúspide, en el contexto institucional y político derivado de la reforma constitucional de 1994.
AA.VV "XXIX Congreso Nacional de Derecho Procesal. Ponencias generales y ponencias seleccionadas", pp. 183-196, 2017
Este trabajo se propone identificar para la discusión algunas cuestiones vinculadas con el rol qu... more Este trabajo se propone identificar para la discusión algunas cuestiones vinculadas con el rol que cumplen los jueces en el actual sistema jurídico y político argentino. Cabe advertir que los temas presentados seguramente demandan mayores desarrollos y una explicación más profunda de la que puede hacerse aquí, especialmente en lo que hace a algunos postulados que asumo como punto de partida de ciertas afirmaciones. El objetivo de estas líneas, sin embargo, tiene más que ver con la generación de interrogantes que con el aporte de respuestas a un tema bien complejo y delicado. Con esa idea en mente, abordaré los problemas que se presentan a la hora de identificar el tipo de juez a que nos referimos cuando hablamos del tema, la influencia que ha tenido la tradición romano canónica sobre el rol de los jueces y cómo los procesos de reforma en Argentina se han ocupado de regular su perfil, la articulación de la función judicial con actividades en el campo académico, el deber funcional de controlar la constitucionalidad de acciones y omisiones de otros poderes del Estado en materia de política pública, el rol de justificación y legitimación del ejercicio de su poder mediante una adecuada motivación de la sentencia, y finalmente su función de comunicadores del derecho en un lenguaje que debería ser cada vez más simple y fácil de comprender para quienes no forman parte de la comunidad jurídica.
Berizonce, Roberto O. - Giannini, Leandro J. (Directores) "Aspectos procesales del Código Civil y Comercial de la Nación", Librería Editora Platense, 2017 , Jul 2017
De lo que llevamos dicho hasta aquí surge a las claras que el actual proceso de “declaración de i... more De lo que llevamos dicho hasta aquí surge a las claras que el actual proceso de “declaración de incapacidad” no se adecua a los estándares convencionales que ha adoptado la legislación de fondo (primero con la LNSM y luego con el CCyCN). Tributario de la idiosincrasia de otro modelo, propio de una concepción que aparece ampliamente superada frente a los avances del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la juridización de la constitución, requiere de una urgente reforma pensada y diagramada en función de la nueva concepción social cuyos principales alcances hemos explicado en este trabajo. De ello, a no dudarlo, dependerá la eficacia de la tutela sustantiva.
Sergio Cruz Arenhart e Marco Félix Jobim (Organizadores) "Processos Estruturais", pp. 63 y ss., Jun 2017
Según argumentaré, la efectividad de las sentencias de reforma estructural está condicionada por ... more Según argumentaré, la efectividad de las sentencias de reforma estructural está condicionada por dos tipos de dificultades. En primer lugar, por la supuesta interferencia que su cumplimiento supone con relación a los poderes discrecionales de las otras ramas del gobierno. Llamaré a este condicionante “dificultad política”. En segundo lugar, por la ausencia de regulaciones adecuadas para trabajar en sede judicial sobre conflictos colectivos que requieren este tipo de remedios para su adecuada resolución. Llamaré a este segundo condicionante “dificultad procedimental". Las decisiones dictadas por la CSJN en el marco de los casos “Verbitsky” y “Mendoza” configuran buenos ejemplos de esta clase de procesos, de la sentencia que de ellos resulta, y de los dos tipos de dificultades señaladas hace un momento. Por tal motivo serán especialmente tomadas como punto de referencia a lo largo del trabajo, tanto para desarrollar el alcance de dichas dificultades como para presentar algunas alternativas ideadas por la CSJN a fin de sortearlas. Mediante el análisis propuesto, este trabajo postula y afirma dos cosas. Por un lado, la legitimidad democrática del Poder Judicial para dictar sentencias de reforma estructural. Por el otro, la urgente necesidad de sancionar normas adecuadas en la materia a efectos de permitir que tales decisiones resulten eficaces y puedan derivar en resultados concretos para sus beneficiarios (muchas veces, grupos desaventajados y relegados de la discusión institucional). Eficacia que debe entenderse como parte esencial de la garantía de debido proceso legal y que configura un valor fundamental del derecho procesal moderno (trabajo previamente publicado en "XXVII Congreso Nacional de Derecho Procesal. Ponencias Generales y Ponencias Seleccionadas", Buenos Aires, 2013)
Susana Henriques da Costa, Kazuo Watanabe e Ada Pellegrini Grinover (Coordenadores) "O processo para solução de conflitos de interesse público", pp. 287 y ss., Jun 2017
El proceso judicial es tan sólo uno de los medios habilitados para resolver conflictos en el marc... more El proceso judicial es tan sólo uno de los medios habilitados para resolver conflictos en el marco de una sociedad democrática. Medios que, en cuanto tales, sólo pueden valorarse con relación al tipo de conflicto que se pretenda resolver por su intermedio. En este sentido, alguna vez escuché un profesor que comparaba al proceso judicial con el oído humano: los sonidos débiles no puede percibirlos, mientras que los sonidos altos lo aturden. Conflictos ambientales y sociales como el ventilado en la causa “Mendoza” claramente aturden el proceso civil tradicional, pensado siglos atrás para atender problemas de otras dimensiones. Esto es lógico. No puede pretenderse que un proceso ideado para discutir derechos individuales pueda brindar una respuesta adecuada a la hora de resolver asuntos que involucran derechos “de incidencia colectiva”. Las complejas aristas sociales, políticas y económicas que presentan los procesos colectivos (ambientales y no ambientales) exigen un mecanismo de discusión rodeado de mayor transparencia, publicidad y ciertos reaseguros que permitan solucionar el conflicto sin vulnerar la garantía de debido proceso legal de las personas involucradas. La República Argentina carece de un marco legal adecuado para atender este fenómeno que, a esta altura del siglo XXI, ya no puede considerarse como algo verdaderamente novedoso (Trabajo previamente publicado en Revista Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata N° 42, Diciembre de 2013)
MORELLO, Augusto M. – SOSA, Gualberto L. – BERIZONCE, Roberto O. “Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y la Nación. Comentados y Anotados”, 4ta Edición, Abeledo Perrot, 2016, Tomo II, pp. 1001-1010
El acceso a la justicia, entendido no solo como la posibilidad de acceder sino de transitar un pr... more El acceso a la justicia, entendido no solo como la posibilidad de acceder sino de transitar un proceso para la obtención de una decisión justa, constituye uno de los pilares fundamentales de nuestra organización republicana y democrática que ha exigido del Estado la remoción de distintos tipos de obstáculos que históricamente dificultaron y que actualmente siguen impidiendo –o bien dificultando gravemente- el ingreso (y permanencia) de ciertos grupos al servicio de justicia, obstáculos que si bien generalmente se han identificado con factores económicos, culturales o sociales tienen una matriz común que los define y determina: la desigualdad estructural que expresan y que imposibilita el ejercicio efectivo de la protección de bienes individuales o colectivos socialmente relevantes.
MORELLO, Augusto M. – SOSA, Gualberto L. – BERIZONCE, Roberto O. “Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y la Nación. Comentados y Anotados”, 4ta Edición, Abeledo Perrot, 2016, Tomo III, pp. 37-42
MORELLO, Augusto M. – SOSA, Gualberto L. – BERIZONCE, Roberto O. “Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y la Nación. Comentados y Anotados”, 4ta Edición, Abeledo Perrot, 2016, Tomo V, pp. 422-429
MORELLO, Augusto M. – SOSA, Gualberto L. – BERIZONCE, Roberto O. “Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y la Nación. Comentados y Anotados”, 4ta Edición, Abeledo Perrot, 2016, Tomo V, pp. 429-438
MORELLO, Augusto M. – SOSA, Gualberto L. – BERIZONCE, Roberto O. “Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y la Nación. Comentados y Anotados”, 4ta Edición, Abeledo Perrot, 2016, Tomo II, pp. 280-287
MORELLO, Augusto M. – SOSA, Gualberto L. – BERIZONCE, Roberto O. “Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y la Nación. Comentados y Anotados”, 4ta Edición, Abeledo Perrot, 2016, Tomo III, pp. 809-818
MORELLO, Augusto M. – SOSA, Gualberto L. – BERIZONCE, Roberto O. “Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y la Nación. Comentados y Anotados”, 4ta Edición, Abeledo Perrot, 2016, Tomo II, pp. 1190-1208
Capítulo 27 de la obra coordinada por Fredie Didier Jr., Marco Jobim e William Santos Ferreira "Coleção Grandes Temas do NOVO CPC - Direito Probatório", Editora Jus Podivm, Salvador Bahía, 2015, Sep 2015
Sumario: I. Introducción: contexto de lectura y planteo. II. Consideraciones generales y rupturas... more Sumario: I. Introducción: contexto de lectura y planteo. II. Consideraciones generales y rupturas paradigmáticas en torno a la prueba anticipada. III. Regulación normativa: tipos. IV. Prueba anticipada conservativa: a) Concepto; b) Alcance; c) Fines; d) Utilidad. V. Prueba anticipada proactiva: a) Concepto; b) Alcance; c) Fines; d) Utilidad; e) Puntos a considerar. VI. Reglas procedimentales comunes: a) Recaudos de admisibilidad de la prueba anticipada; b) Legitimación; c) Oportunidad de planteamiento; d) Clases de pruebas admitidas; e) Competencia; f) Contradictorio: defensa en juicio y acceso a la justicia; g) Valor y apreciación de la prueba. VII. Reglas de incidencia en el nuevo CPC: a) Publicización y constitucionalización del proceso; b) Afianzamiento de los poderes del juez; c) Consagración del principio de colaboración; d) Distribución de la carga probatoria; e) Autocomposición. VIII. Institutos afines en el derecho comparado. IX. Conclusiones
Capítulo del libro “Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación. Aspectos Relevantes. Análisis Doctrinario”, Ed. ERREPAR, Buenos Aires, 2015, pp. 339 y ss, Mar 2015
En este trabajo abordaremos la regulación sobre procesos colectivos propuesta por el Anteproyecto... more En este trabajo abordaremos la regulación sobre procesos colectivos propuesta por el Anteproyecto de Código Procesal de Familias, Civil y Comercial para la Provincia de Buenos Aires, elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (en adelante, “el Anteproyecto” o “la iniciativa”).
A tal efecto, primero dedicaremos algunos párrafos para establecer qué son y para qué sirven los procesos colectivos (apartado II). Luego señalaremos las fuentes de derecho local, nacional y comparado (interno e internacional) que fueron consideradas para el estudio y redacción de la propuesta (apartado III). En tercer lugar, explicaremos la técnica legislativa utilizada en la iniciativa (apartado IV).
En cuarto término, presentaremos el contexto general de discusión que propone el Anteproyecto en su conjunto y donde la propuesta sobre procesos colectivos busca operar (apartado V). Sobre este piso de marcha, analizaremos un elenco de los principales institutos comprendidos en la regulación (apartado VI) y daremos cierre al trabajo con una nueva exhortación para avanzar en el debate y sanción legislativa de mecanismos procesales adecuados para atender conflictos de enormes proporciones y de implicancias que van mucho más allá de lo jurídico (apartado VII).
Revista de la Escuela del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado, 2022
El trabajo presenta un análisis del proceso colectivo tramitado en el expediente “Centro de Estud... more El trabajo presenta un análisis del proceso colectivo tramitado en el expediente “Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo” (Expte. Nº FLP 8399/2016), donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) anuló en agosto de 2016 las Resoluciones del Ministerio de Energía y Minería de la Nación (MEyMN) N° 28/2016 y 31/2016 que establecieron en su oportunidad un nuevo régimen tarifario del servicio público esencial de gas natural para todos los usuarios de la República Argentina.
Por medio de este estudio del caso pretendemos mostrar en detalle un ejemplo que permite visibilizar el potencial de los procesos colectivos como instrumento de participación ciudadana en el control de la cosa pública y mecanismo para estimular el control judicial de la actividad administrativa, así como también diversas cuestiones procesales problemáticas que se presentaron a lo largo de la discusión y que, en mayor o menor medida, son compartidas por otros procesos de este tipo.
El trabajo también ofrece una lectura crítica de la sentencia dictada por la CSJN, mediante la cual intentamos demostrar cómo el tribunal limitó drásticamente ese potencial a través de diversas inconsistencias lógicas y argumentales que derivaron en una decisión según la cual: (i) los señalados actos administrativos fueron anulados para un sector de los usuarios afectados y, al mismo tiempo, considerados válidos para otros; y (ii) se impusieron las costas de todas las instancias del proceso por su orden, a pesar de tratarse de un caso de nulidad manifiesta y de un caso de interés público.
En este trabajo comentaremos la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en e... more En este trabajo comentaremos la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en el expediente “X., B. c. Dirección nacional de Migraciones Delegación Córdoba s/recurso directo a juzgado” (Competencia FCB 38991/2018/CA2-CS1), donde el máximo tribunal (con remisión a los fundamentos del dictamen del Procurador General) realizó precisiones de relevancia para determinar cómo resolver situaciones de vinculación entre procesos individuales y procesos colectivos donde se discuten las mismas cuestiones.
En primer lugar, ubicaremos el tema en contexto y desarrollaremos algunas precisiones conceptuales para explicar por qué esta vinculación entre procesos individuales y colectivos es un fenómeno común y creciente en nuestro país (apartado II). Luego abordaremos algunos antecedentes jurisprudenciales para mostrar el tipo de problemas que provoca esa vinculación y la existencia de criterios contradictorios de decisión al respecto (apartado III).
En tercer lugar, trabajaremos sobre los antecedentes del caso en comentario para identificar el conflicto, entender qué se discutía y conocer cómo el caso llegó a la CSJN (apartado IV). Sobre ese piso de marcha, analizaremos la sentencia de la CSJN para identificar cuál es la interpretación que estableció el tribunal en la materia, además de agregar otros argumentos que sostienen el acierto de la solución finalmente adoptada (apartado V).
Presentaremos también algunos ejemplos de cómo la cuestión se encuentra regulada en diversos proyectos de ley sobre procesos colectivos que tramitan en nuestro país (apartado VI), así como los contornos del tema en el derecho brasileño, fuente directa en la materia (VII). Finalmente, a modo de cierre, insistiremos en la necesidad de regular la cuestión para evitar situaciones de indefensión y de violación al derecho a ser juzgados en plazo razonable (apartado VIII).
Nos proponemos analizar cómo operan los modelos de cosa juzgada que gobiernan los sistemas de pro... more Nos proponemos analizar cómo operan los modelos de cosa juzgada que gobiernan los sistemas de procesos colectivos representativos en el arco de acuerdos transaccionales en materia de consumo.
El centro de la cuestión radica en que, en los acuerdos transaccionales, los partícipes hacen reconocimientos y concesiones recíprocas para comprometer obligaciones dudosas o litigiosas y, como consecuencia de eso, se compromete el destino de derechos de los miembros de la clase o grupo de personas que están involucrados en el conflicto, aunque no hayan participado del proceso más que a través de un representante adecuado.
Recordemos que, de acuerdo con las bases sentadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el conocido caso “Halabi”, la matriz representativa fue la escogida para realizar la tutela prevista en el art. 43, segundo párrafo, de la Constitución Nacional. Tengamos también en cuenta que el efecto de la transacción homologada es el de la cosa juzgada.
La premisa a partir de la cual debe iniciarse el análisis, entonces, es que el legitimado extraordinario actúa en el proceso colectivo con la calidad de adecuado representante de la clase, ejerciendo una defensa vigorosa de todos los intereses de sus miembros, sea mediante una pretensión o una defensa, tal y como si ellos mismos hubieran estado presentes o asumiendo que, de haber ejercido directamente la defensa, no podrían haberlo hecho de mejor modo. Este aspecto, generalmente complejo, lo daremos por cumplido a los efectos del análisis que proponemos, ya que la idea es centrarnos en la eficacia de los efectos del acuerdo desde el punto de vista normativo y analítico.
Intentaremos mostrar que, a pesar de su expresa regulación, el modelo de cosa juzgada secundum eventum litis previsto en el art. 54 de la LDC no resulta aplicable a los efectos de un acuerdo transaccional homologado porque, en este contexto, la decisión judicial será siempre “favorable” a los intereses del grupo.
El 03/08/2020 la Inspección General de Justicia (IGJ) dictó la Resolución General N° 34/2020, lue... more El 03/08/2020 la Inspección General de Justicia (IGJ) dictó la Resolución General N° 34/2020, luego modificada por su similar N° 35/2020. En lo sustancial, estos actos administrativos de alcance general establecieron una medida de acción positiva a favor de las mujeres en los términos del art. 75 inc. 23 de la CN, consistente en la imposición de un deber de respetar la paridad de género en la integración de los órganos de administración y fiscalización de sociedades, fundaciones, asociaciones y simples asociaciones.
Ambas Resoluciones fueron apeladas por diversas empresas. Luego del rechazo en sede administrativa, la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (en adelante “la Sala C”) decidió primero hacer lugar a la queja y luego a la apelación. Como consecuencia de ello, en la parte dispositiva de esta última sentencia resolvió “dejar sin efecto las resoluciones apeladas”.
El objetivo de este trabajo no es analizar la cuestión de fondo allí debatida ni los fundamentos desarrollados por el tribunal para motivar su decisión. Nos interesa, en cambio, abordar dos aspectos procesales del caso que involucran, además, cuestiones de debido proceso, participación ciudadana y relaciones de poder entre distintos fueros del Poder Judicial y entre distintos Poderes del Estado.
El primero de ellos es el problema que supone la tramitación individual del caso cuando su objeto involucra un análisis de validez y/o constitucionalidad de políticas públicas, presentado ante el Poder Judicial en el marco de una pretensión de carácter indivisible (cuya decisión favorable a las apelantes generó, en este caso puntual, una situación de indefensión del grupo de personas al cual se dirige la medida de acción positiva tomada en la Resolución IGJ N° 34/2020).
El segundo aspecto que analizaremos es la particular situación en que se encuentra el caso debido a múltiples conflictos de competencia que han ido surgiendo a lo largo de su trámite. Conflictos que involucran deslindes de poder entre fueros del Poder Judicial y entre este departamento de Estado y la Administración Pública.
A modo de cierre, sostendremos que, como consecuencia de tales conflictos de competencia, la tramitación del caso por vía del proceso colectivo es todavía una alternativa vigente. Una alternativa sobre la cual consideramos sería necesario avanzar, ya que permitiría garantizar una discusión pública, abierta y participativa sobre la medida de acción positiva implementada por la IGJ en los actos impugnados.
En este trabajo analizaremos en detalle distintos casos promovidos por "ciudadanos" durante la pa... more En este trabajo analizaremos en detalle distintos casos promovidos por "ciudadanos" durante la pandemia para impugnar la ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (en adelante, Ley IVE), sancionada el 30 de diciembre de 2020 y publicada en el Boletín Oficial el 15 de enero de 2021.
Con sustento en este análisis, realizaremos algunas reflexiones preliminares que nos permiten sostener la existencia de numerosos e irresolubles obstáculos de orden constitucional, procesal y de principio para la admisibilidad y la procedencia de este tipo de acciones colectivas.
No solo porque buscan impugnar, en abstracto, la constitucionalidad de leyes sancionadas por el Congreso de la Nación (cuestión sobradamente abordada por la CS), sino también porque presentan evidentes defectos postulatorios, asumen interpretaciones equivocadas sobre los alcances de la legitimación colectiva y olvidan la necesidad de intervención de otros grupos de personas con intereses contrapuestos.
308 | Mayo - Junio 2021 | Edición especial: Código Procesal de la Justicia en las Relaciones de Consumo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (dirigido por Walter F. Krieger), 2021
En este trabajo realizaremos una primera lectura de la regulación sobre procesos colectivos de co... more En este trabajo realizaremos una primera lectura de la regulación sobre procesos colectivos de consumo establecida en el cap. 4 del Código Procesal para la Justicia en las Relaciones de Consumo (en adelante, “el Código” ) sancionado el 11 de marzo de 2021 como Anexo A de la ley 6407 de la Ciudad de Buenos Aires.
Según veremos, se trata de una normativa que significa importantes avances en términos de previsibilidad, acceso a la justicia y debido proceso colectivo, aunque también contempla previsiones que configuran un retroceso para esos mismos derechos y garantías y que plantean cuestiones problemáticas en términos constitucionales.
Esta regulación viene a determinar las reglas procesales que deben aplicarse en el fuero especial creado por el art. 41 de la ley 26.993, conforme surge de lo dispuesto por el art. 5º del Código: “La Justicia en las Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será competente para conocer: (...) 3. En los procesos colectivos que involucren relaciones de consumo descritas en el inc. 1º de presente”.
El cap. 4 se ocupa de regular legitimación colectiva, beneficio de gratuidad, mediación pre(judicial, requisitos de admisibilidad, adecuada representación, objeto de los procesos colectivos de consumo, trámite, notificaciones, contenido de la sentencia, cosa juzgada colectiva, destino de las indemnizaciones y transacción.
Como puede advertirse, la sola lectura de los institutos procesales abordados confirma un claro avance en comparación con las escasas normas contempladas actualmente en la ley 24.240 y modificatorias (en adelante, “LDC”). Al mismo tiempo, evidencia que numerosas cuestiones de relevancia para el trámite de este tipo de procesos han quedado sin tratamiento expreso. Entre ellas, y entre otras, pueden destacarse los poderes de gestión del jueces y juezas en este contexto de enjuiciamiento, las medidas cautelares, la intervención de terceros e integrantes del grupo representado, los amigos y amigas del tribunal, la vinculación entre procesos colectivos, y la vinculación entre procesos individuales y procesos colectivos.
En los desarrollos que siguen nos ocuparemos de analizar el modo en que han sido diagramadas las cuestiones efectivamente reguladas en el Código, identificando sus bondades y posibles problemas. Asimismo, aportaremos algunos desarrollos conceptuales y de derecho comparado que permitan poner los temas en contexto y colaborar en el entendimiento, interpretación y aplicación del Código.
El 17 de septiembre de 2019 fue presentado en la Legislatura de Tucumán un proyecto de ley para r... more El 17 de septiembre de 2019 fue presentado en la Legislatura de Tucumán un proyecto de ley para regular los procesos colectivos.
La iniciativa tramita en el Expediente N° 208-PL-19 y tiene su origen en el trabajo de la Comisión de Redacción del Anteproyecto de Procesos Colectivos, dirigida por Claudia B. Sbdar e integrada por José Humberto Sahian, Bárbara Steimberg, Germán Muler y Daniel Moeremans.
En estas líneas comentaremos 20 puntos concretos de la propuesta, los cuales entendemos demuestran su seriedad, su alto nivel de innovación, la claridad de sus objetivos en términos de política pública y una destacable sistematicidad y consistencia interna
DECONOMI. Revista Electrónica del Departamento de Derecho Económico y Empresarial, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 2020
Este trabajo presenta una lectura crítica sobre el modo en que están regulados algunos aspectos d... more Este trabajo presenta una lectura crítica sobre el modo en que están regulados algunos aspectos de los procesos colectivos en el marco del “Proyecto de Código de Defensa del Consumidor”, actualmente en trámite ante la Cámara de Diputados de la Nación. Las previsiones en esta materia se encuentran en el Capítulo 5, Sección segunda, bajo el título “Procesos colectivos de consumo” (arts. 171 al 182). Se trata de una docena de artículos que no llegan a constituir una regulación sistémica y completa para atender la problemática. Según veremos, algunas reglas incluidas en la propuesta configuran avances en este campo, pero hay otras que se presentan como claros retrocesos. A continuación, analizaremos brevemente las cuestiones que nos parecen más relevantes. El objetivo es aportar argumentos y líneas de enfoque para la discusión que, necesariamente, debería profundizarse en caso de que esta propuesta avance en el trámite legislativo.
En este contexto procesal, entendemos que el pronunciamiento sobre competencia no era inoficioso ... more En este contexto procesal, entendemos que el pronunciamiento sobre competencia no era inoficioso ya que los problemas de representación colectiva del grupo no pueden hacer perder virtualidad al caso. El caso resuelto por la CSJN presentaba un problema de falta de representación colectiva sobreviniente. En este supuesto, se produjo por incumplimiento del requisito de inscripción en el registro especial (lo cual impacta directamente en la legitimación). Sin embargo, es fundamental tener presente que también podría darse, por ejemplo, por desaparición del requisito de representatividad adecuada, por desistimiento del proceso o por abandono del mismo. Cualquiera sea la causa de su configuración, este problema debería resolverse por el Poder Judicial en forma tal de no dejar desprotegido al grupo representado por el legitimado colectivo.
Revista Derechos en Acción, Año 3/Nº 8 Invierno 2018, pp. 567-583
Luego de más de 6 meses de trabajo y discusión, en el mes de Octubre del año 2008 la Facultad de ... more Luego de más de 6 meses de trabajo y discusión, en el mes de Octubre del año 2008 la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata aprobó la reglamentación en función de la cual se implementó el Programa “Clínica Jurídica”. Poco tiempo antes de cumplirse 3 años desde la toma de tal decisión, la finalidad de esta ponencia es divulgar las principales características del Programa y compartir algunas de las cuestiones que se presentaron a la hora de su diagramación e implementación. A tal efecto describiré cuáles son los alcances y objetivos del Programa, en qué tipo de asuntos se enfoca el trabajo, cuáles son las razones que llevaron a la generación de un reglamento para definir roles y coordinar tareas, qué tipo de organización interna tiene este Programa en particular, cuáles son las directrices y principios que sostienen la iniciativa y guían las actividades allí realizadas, cuál es el procedimiento que debe seguirse para habilitar la intervención de cualquiera de las comisiones en un asunto determinado, cómo se resolvió regular el tema de los honorarios a devengarse en el marco de los casos patrocinados por el Programa, y –finalmente- qué mecanismos complementarios fueron ideados para brindar apoyo y profundizar el desarrollo del espacio sin alterar su carácter fuertemente pedagógico.
Revista de Derecho Administrativo N° 118 (Julio / Agosto 2018), Ed. Abeledo Perrot
¿Puede un tribunal omitir pronunciarse sobre su competencia en la primera actuación? ¿Puede hacer... more ¿Puede un tribunal omitir pronunciarse sobre su competencia en la primera actuación? ¿Puede hacerlo cuando la causa le fue remitida a raíz de una declaración de incompetencia? ¿Puede hacerlo y requerir informes que no tienen por objeto el esclarecimiento de esa competencia? Y, ¿si de la causa surge acreditada de forma manifiesta su responsabilidad constitucional (o sea, su competencia) para entender en el asunto? ¿Puede tomar una decisión del tipo sin hacer referencia a la pretensión de la parte, el dictamen del Ministerio Público Fiscal o a cómo se vincula la solicitud de informes con las cuestiones urgentes que debe resolver? ¿Puede hacerlo y no decir nada sobre las medidas cautelares solicitadas? ¿Aún cuando se halle probada la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora suficientes para su dictado? ¿Puede hacer todo ello en un caso de extrema urgencia vinculado con bienes y sujetos de tutela constitucional preferente? ¿Luego de tres años desde que la causa fue radicada ante sus estrados? Ningún tribunal de derecho debería poder. La CSJN tampoco debería, pero puede. Y lo hace ignorando el caso, contra toda regla establecida y tergiversando las existentes. La presente nota tiene por objeto: (i) identificar el uso que la CSJN realiza del art. 32 de la LGA en tanto fundamento jurídico de su actuación en causas ambientales colectivas de interés público; (ii) evidenciar la arbitrariedad (en el sentido más técnico del término) del uso de dicha norma en razón del caso, de las reglas en que se estructura el ejercicio de competencia del Tribunal e, incluso, del sentido y razón de ser del propio art. 32 de la LGA; (iii) exponer que ese uso arbitrario conforma una práctica de la CSJN que parece estar consolidándose y resulta ajena a todo tipo de control; y (iv) exhibir que la existencia y administración de esa práctica agrava la violación de los derechos fundamentales involucrados en este tipo de casos colectivos y es abiertamente deferente a los intereses de las corporaciones económicas que lucran con la actividad discutida y al actuar omisivo del Estado
La Ley, Edición Especial: Anteproyecto de Ley de Procesos Colectivos, 10/07/2018
Se trata sólo de una ley procesal, podría decirse. Ahora bien, ¿cuánto hay en juego en una ley pr... more Se trata sólo de una ley procesal, podría decirse. Ahora bien, ¿cuánto hay en juego en una ley procesal? La respuesta debe ser destacada: en esta ley, muchísimo. Lo que está en juego es el alcance y las características definitorias de un sistema procesal para hacer efectiva la garantía de debido procesal legal colectivo reconocida en el art. 43 de la Constitución Nacional. Por consiguiente, lo que está en juego es la posibilidad de tutela efectiva de grandes sectores de la población que necesitan del Poder Judicial para que sus derechos sean respetados o reconocidos. También podría decirse que no hay necesidad de una regulación en la materia, que resulta suficiente con las pautas jurisprudenciales y los reglamentos dictados por la CSJN para gobernar este campo. Sobre esto también la respuesta debe ser clara: una vez tomada la decisión por el constituyente, el legislador no tiene opción. Y nosotros tampoco. Debe haber una regulación especial para tratar conflictos de esta magnitud y complejidad. Resulta insostenible una práctica de litigio que intenta trabajar con conflictos de interés público en base a instrumentos procesales pensados para enfrentar conflictos individuales y eminentemente privados.
Revista de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, Junio 2018 (trabajo remitido en septiembre de 2016)
Una declaración de nulidad no es lo mismo que una declaración de inconstitucionalidad. La primera... more Una declaración de nulidad no es lo mismo que una declaración de inconstitucionalidad. La primera deriva en invalidación, la segunda deriva en inaplicabilidad en un caso concreto. Caso que puede ser individual o colectivo desde "Halabi" y su redefinición de "causa o controversia" en cuanto elemento habilitante de la competencia judicial (art. 116 CN).
La invalidación implica, a mi modo de ver, que los efectos de la sentencia igualmente beneficiaron a los usuarios “no residenciales”.
Un ejemplo puede servir para demostrar mi argumento: si un órgano judicial declara la nulidad de una ley formal del Congreso por haberse incurrido en un vicio de procedimiento insalvable, ¿podría sostenerse que esa ley resulta aplicable para algunos y no para otros, aun cuando así lo diga la sentencia?
Me parece claro que no.
En este sentido, la declaración de la CSJN sobre la limitación subjetiva de los alcances de su sentencia debe confrontarse con el hecho que las Resoluciones MEyMN Nº 28/2016 y Nº 31/2016 no pueden al mismo tiempo ser válidas (para un sector de los usuarios) e inválidas (para otro).
Más allá de cualquier discusión jurídica, esta afirmación se apoya en el principio lógico de no contradicción. Un principio fundamental que “ontológicamente, se enuncia afirmando que ‘nada puede ser y no ser juntamente’. En su versión lógica tiene esta forma: ‘No se puede afirmar y negar juntamente una misma cosa de un mismo sujeto’”.
Lo que quiero subrayar es que el sistema judicial que nosotros tenemos y el rol del juez dentro d... more Lo que quiero subrayar es que el sistema judicial que nosotros tenemos y el rol del juez dentro de ese sistema judicial fue pensado para atender otro tipo de conflictos, y muchas de las preguntas que intento plantear hoy no tienen que ver justamente con conflictos de tipo individual, con conflictos de tipo privado, sino con conflictos de interés público. Desde esta perspectiva, creo que el rol de los jueces en la actualidad es un rol político, tal vez más político que nunca en la historia. Cuando hablo de rol político, valga la aclaración —aunque creo que es sobreabundante—, no estoy hablando de política partidaria. La palabra política tiene numerosas acepciones, pero básicamente tiene que ver con lo que es la ciencia de la organización del gobierno. Si queremos tener algunas respuestas y empezar a mejorar alguna de las cosas que están pasando con nuestro sistema de administración de justicia, sobre todo en el contexto de estos casos de interés público, tenemos que hacernos cargo de una idea que me parece que es básica y evidente: los jueces están haciendo política. Lo están haciendo a través de sus decisiones. No lo están haciendo como lo hace el Poder Ejecutivo o el Legislativo, sino a través de decisiones tomadas en el contexto de casos, causas o controversias, lo cual —insisto— es su misión esencial y fundamental. Pero también es una función política que no existía cuando esas causas eran puramente individuales, privadas. Pasa a ser una función política cuando esas causas involucran a millones de personas
En la pasada edición de esta Revista publicamos un documento titulado “Propuesta de Bases para la... more En la pasada edición de esta Revista publicamos un documento titulado “Propuesta de Bases para la Discusión de un Proyecto que Regule los Procesos Colectivos”, el cual fue elaborado con motivo de la invitación realizada por el Ministerio de Justicia y Derecho Humanos de la Nación para realizar aportes y sugerencias a la Comisión que se estaba formando por entonces para discutir y elaborar un marco legal en la materia. En esa línea de trabajo y con la intención de colaborar en la redacción de un producto legislativo que aporte soluciones a una realidad compleja en la que la reina una gran dispersión de criterios para el manejo de los conflictos colectivos, trabajamos posteriormente en la redacción del anteproyecto de ley que ahora compartimos aquí. Se trata, una vez más, de un documento que pretende sumar al debate como insumo para la discusión. En cuanto tal, esperamos que sea examinado críticamente y modificado en todo cuanto se crea oportuno y conveniente. El anteproyecto busca traducir las líneas de principio y tomas de posición establecidas por el grupo de trabajo en aquella “Propuesta de Bases”. Así, abarca los institutos indispensables propios de este tipo de tutela representativa y aquellos que juzgamos apropiados a nuestro contexto jurídico y social. El texto, como podrá advertirse, tiene por principal objetivo establecer un sistema procesal maleable, que corte transversalmente el ordenamiento, recepte los conflictos sin sectorizaciones materiales y regule los procesos colectivos de modo general. Desde lo sustancial proponemos un proceso que permita incorporar al debate los diversos intereses que confluyen en estos conflictos multipolares, así como habilitar una discusión amplia, pública y transparente de modo de legitimar las decisiones que allí se adopten. Entendimos que era necesario vincular este esquema procesal con su actual contexto y reciente evolución, lo que condujo a tomar en especial consideración los avances producidos en este campo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (tanto en ejercicio de su competencia jurisdiccional como reglamentaria) y a vincular el proceso colectivo con los diversos sistemas de derecho vigentes, tanto procesales como materiales. Si bien ha sido pensado, redactado y orientado hacia el ordenamiento jurídico nacional, entendemos que igualmente puede servir de disparador y fuente de ideas para los procesos de reforma que se están comenzando a desarrollar en diversas jurisdicciones locales ante una realidad incontestable que reclama cada vez con más urgencia el establecimiento de reglas claras de discusión para dirimir conflictos colectivos ante los tribunales de justicia. La redacción final de este texto estuvo a cargo nuestro, pero no podría haberse realizado sin el trabajo del grupo en la “Propuesta de Bases” y sin el aporte de críticas, comentarios y sugerencias realizadas por varios de sus integrantes a los borradores del texto.
Nadie puede concebir hoy la existencia de una decisión judicial que carezca de motivación. Esto e... more Nadie puede concebir hoy la existencia de una decisión judicial que carezca de motivación. Esto es, que no explique las razones por las cuales resuelve el conflicto del modo en que lo hace y no de otro. Tampoco es aceptable cualquier solución, ni de cualquier manera. Deberán superarse distintos tipos de escrutinios que demuestren su razonabilidad a la luz del marco hermenéutico, lo cual en muchos conflictos supone también recrear otras condiciones de discusión y decisión en el escenario judicial. Es aquí donde el deber de motivación, como exigencia normativa, muestra la distancia existente con la obligación de fundar, resignificando este último concepto histórico y erigiéndose como una herramienta elemental no sólo para visibilizar y componer esos desarreglos, legitimar el sistema y rendir cuentas, sino también para ajustar las tensiones presentes en la resolución de cualquier disputa.
Si bien la provincia, al igual que a nivel nacional, continúa sin una regulación sistémica sobre ... more Si bien la provincia, al igual que a nivel nacional, continúa sin una regulación sistémica sobre procesos colectivos, esta iniciativa legislativa impone una forma de regulación procesal a los jueces que tramiten procesos colectivos. En efecto, tal como señalamos puede leerse que -de aprobarse el texto de esta propuesta legislativa- los jueces deberán dictar una resolución por la cual se le asigne tramite colectivo al proceso, se individualice y caracterice a la clase, se califique a su representante como adecuado y se establezca la forma en que se dará publicidad al proceso. Se trata, en definitiva, de una verdadera y propia instancia de "certificación" de la acción colectiva al estilo del mecanismo regulado en las acciones de clase del sistema federal estadounidense. El contenido y las formalidades para el dictado de dicha resolución o aparecen claramente impuestos en el artículo 7 inciso "c" del proyecto, ya que directamente se refiere a ella al momento de enumerar los requisitos de la comunicación que debe realizar el juzgado al Registro. Estas mínimas pautas, respecto de las cuales en líneas generales la doctrina ha dado su acuerdo, estarán marcando el rumbo que los legisladores luego podrán continuar profundizando en caso de avanzar con una regulación integral sobre procesos colectivos.
El título de este breve comentario habla de “hermosos autos sin motor”, una expresión tomada del ... more El título de este breve comentario habla de “hermosos autos sin motor”, una expresión tomada del reporte general presentado por Burbank, Farhang y Kritzer en el XIV Congreso Mundial de Derecho Procesal celebrado en Heidelberg en el año 2011. Los autores la utilizaron para ilustrar el fracaso de los sistemas de derecho comparado que han introducido mecanismos de acciones de clase sin atender a la estructura de incentivos que debe acompañarlos (si se pretende que se usen y funcionen, claro está).
El presente documento contiene una propuesta de bases para colaborar en la discusión y elaboració... more El presente documento contiene una propuesta de bases para colaborar en la discusión y elaboración de una Ley Nacional de Procesos Colectivos para la República Argentina. El estudio de los procesos colectivos ha arribado en nuestro país a un grado de madurez que se distingue claramente respecto del estado de avance parcial que, en paralelo, evidencian las concreciones legislativas en la materia. En efecto, desde hace décadas y especialmente a partir de la introducción de la categoría de los “derechos de incidencia colectiva” con la reforma constitucional de 1994, la doctrina ha desarrollado progresivamente distintos contenidos fundamentales para el estudio adecuado de la problemática de estos mecanismos de procesamiento y enjuiciamiento de conflictos colectivos. Sin embargo, la legislación sigue manteniendo una tendencia fragmentaria en la materia, que se exhibe especialmente desde dos perspectivas: (i) Al avanzar, sin vocación de sistema, sobre la reglamentación de algunos de sus aspectos controvertidos (típicamente: la enunciación de los sujetos legitimados para accionar colectivamente o la previsión de algunas variantes de regulación de los alcances subjetivos de la cosa juzgada), descuidando otros temas relevantes (vg., la representatividad adecuada, la litispendencia, la interacción de las acciones colectivas e individuales, etc.). (ii) Al continuar sancionando normas relativas al trámite de este tipo de conflictos en cuerpos normativos aislados por materia (por ejemplo, leyes de defensa del consumidor o del medio ambiente; leyes de amparo, etc.), desconociendo así la regla de buena técnica legislativa que impone simplificar, en la medida de las posibilidades, los instrumentos de tutela cuando no existen razones de peso que justifiquen un trato dispar entre controversias que comparten cualidades análogas, como en gran medida ocurre con los conflictos y procesos colectivos.
En este trabajo realizaremos una primera lectura de la regulación sobre procesos colectivos de co... more En este trabajo realizaremos una primera lectura de la regulación sobre procesos colectivos de consumo establecida en el Capítulo 4 del Código Procesal para la Justicia en las Relaciones de Consumo (en adelante "el Código") sancionado el 11 de marzo de 2021 como Anexo A de la Ley N° 6.407 de la Ciudad de Buenos Aires. 2
Según veremos, se trata de una normativa que significa importantes avances en términos de previsibilidad, acceso a la justicia y debido proceso colectivo, aunque también contempla previsiones que configuran un retroceso para esos mismos derechos y garantías y que plantean cuestiones problemáticas en términos constitucionales.
Courier of Kutafin Moscow State Law University (MSAL), 2022
The paper presents an overview of the conventional, constitutional and legislative context in whi... more The paper presents an overview of the conventional, constitutional and legislative context in which class actions are working in three Latin American countries: Argentina, Chile and Brazil. First of all, the article will consider the conventional level of class actions regulation within the framework of the Inter-American human rights system. The introduction of class actions in the constitutions will be analyzed subsequently. The article also will deal with legislation amendments necessary to ensure the protection of thee rights in the context of class actions and the most relevant latest developments in the field, identifying recent procedural reforms and drafts on the matter.
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Данная статья является обзором того, как представлены коллективные иски в различных конвенциях, конституциях в целомв законодательстве таких стран Латинской Америки, как Аргентина, Чили и Бразилия. В первую очередь будет рассмотрено регулирование коллективных исков на уровне принятых международных конвенций в рамках Межамериканской системы защиты прав человека. Далее будет сделан обзор того, как отражены коллективные иски в конституциях рассматриваемых стран. Будут также рассмотрены проведенные изменения в законодательстве вышеназванных стран, которые были необходимы для обеспечения прав, вытекающих из права на коллективный иск, актуальные достижения в этой области и последние реформы и проекты реформ в судопроизводстве.
El trabajo desarrolla, principalmente en clave descriptiva, los contornos que asume la regulación... more El trabajo desarrolla, principalmente en clave descriptiva, los contornos que asume la regulación sobre procesos colectivos en el marco del borrador 2020 del proyecto ELI – UNIDROIT sobre Principios del Derecho Procesal Civil Europeo.
Reseña de la sentencia de la CSJN en “Recurso de hecho deducido por el Consejo de Defensores de l... more Reseña de la sentencia de la CSJN en “Recurso de hecho deducido por el Consejo de Defensores de la Provincia de Buenos Aires en la causa Verbitsky, Horacio s/ hábeas corpus”, 13/05/2021, Fallos 344:1102.
El trabajo analiza las condiciones legales y de procedimiento en base a las cuales, en junio de 2... more El trabajo analiza las condiciones legales y de procedimiento en base a las cuales, en junio de 2018, la República Argentina contrajo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un crédito stand-by por la suma de $50.000.000.000, ampliado posteriormente por U$S 7.100.000.000. También explica las acciones desarrolladas en términos de litigio estratégico para obtener información pública sobre el tema y sostiene, tal como se encuentra pedido judicialmente, que el crédito y su ampliación es nulo de nulidad manifiesta y absoluta.
Esta nulidad deriva no solo por el hecho de que el crédito fue tomado por el Poder Ejecutivo sin intervención del Congreso, sino por haberse violado de manera manifiesta diversas leyes nacionales. En especial, requisitos esenciales establecidos por la Ley de Administración Financiera N° 24.156 (LAF) y la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo N° 19.549 (LNPA).
Revista de Processo | Vol. 305/2020 | pp. 403 - 424 | Jul / 2020 , 2020
Este artigo sustenta que a efetividade das sentenças de reforma estrutural está condicionada a do... more Este artigo sustenta que a efetividade das sentenças de reforma estrutural está condicionada a dois tipos de dificuldades. Em primeiro lugar, pela suposta interferência que seu cumprimento sugere em relação aos poderes discricionários de outros ramos (poderes ou funções) do governo. Denominarei essa condicionante “dificuldade política”. Em segundo lugar, pela ausência de regulamentação adequada para trabalhar, em sede judicial, com conflitos coletivos que requerem esse tipo de remédio para sua adequada solução. Denominarei essa segunda condicionante “dificuldade procedimental”. Ambas as dificuldades são apresentadas e analisadas à luz dos dois casos de reforma estrutural mais importantes decididos pela CSJN argentina: “Mendoza” e “Verbitsky”. Além disso, este trabalho postula e afirma dois pontos. Por um lado, a legitimidade democrática do Poder Judiciário para proferir sentenças de reforma estrutural. Por outro, a urgente necessidade de sancionar normas adequadas na matéria, com o fim de permitir que tais decisões sejam eficazes e possam produzir resultados concretos para os seus beneficiários (muitas vezes, grupos Desfavorecidos e relegados da discussão institucional).
Civil Procedure Review, v.10, n.2: mai.-ago., 2019, pp. 119-127, 2019
The paper presents an overview of Federal Civil Procedure in Argentina, analyzing its historical ... more The paper presents an overview of Federal Civil Procedure in Argentina, analyzing its historical and cultural influences as well as current trends. Firstly, it describes how the Spanish conquest influenced Argentine civil procedure and the main reforms that took place during 1968, 1981 and 2001. Then, it describes Argentine civil procedure main features, such as the “attenuated party-driven procedure”, the “contradiction principle”, and the “mixed written-oral system”, among others. Particularly, it focuses on two procedural devices developed along the last twenty-five years: mandatory mediation before accessing to courts and class actions litigation. Finally, the report states that, despite Argentina´s reform efforts, the Federal Civil Procedure structure still works with an outdated model based in a written scheme, with low levels of transparency and publicity, no close contact between parties and judges and lacks of new technologies, among other structural problems.
Revista Iberoamericana de Derecho Procesal | vol. 8/2018 | p. 255 - 306 | Jul - Dez / 2018
Sea de modo expreso o en modo implícito, en base a lo expuesto hasta aquí podemos afirmar que la ... more Sea de modo expreso o en modo implícito, en base a lo expuesto hasta aquí podemos afirmar que la influencia del CM en el desarrollo del derecho argentino sobre tutela colectiva de derechos ha sido profunda. Nuestra CSJN ha receptado un modelo híbrido similar al establecido en el CM, determinado principalmente por la fusión del derecho federal estadounidense con el derecho brasileño. La reforma a la LDC operada en el año 2008, a su turno, ha regulado cuestiones -según hemos visto- en forma muy similar al modo en que fueron reguladas en el CM. Incluso cierta jurisprudencia ha comenzado a invocar el CM como fuente de derecho, si bien no imperativa cuanto menos con suficiente peso argumental y de autoridad para venir en auxilio a la hora de resolver cuestiones no previstas en la ley. Queda pendiente todavía, sin embargo, dotar de sistematicidad y coherencia a todo esto. Una sistematicidad y coherencia con la que cuenta el CM, y que lamentablemente sigue ausente en Argentina por la falta de actividad del Congreso de la Nación en este campo (Trabajo previamente publicado en Paulo H. dos Santos Lucón, Ricardo de Carvalho Aprigliano, Joao P. Hecker da Silva, Ronaldo Vasconcelos y Adnré Orthmann (Coordenadores) "Processo em Jornadas. XI Jornadas Brasileiras de Direito Processual. XXV Jornadas Ibero-Americanas de Direito Processual", Ed. Juspodivm, Salvador, 2016)
Revista Iberoamericana de Derecho Procesa | vol 7/2018 | p. 179-187 | Jan - Jun /2018, 2018
O trabalho analisa o novo papel que os juízes estão assumindo no controle da atividade administra... more O trabalho analisa o novo papel que os juízes estão assumindo no controle da atividade administrativa e legislativa em termos de ações e omissões no campo das políticas públicas. Também as maneiras como os juízes justificam o exercício deste grande poder que eles têm hoje: um poder eminentemente político e não apenas jurídico. Finalmente, apresenta algumas ideias sobre a importância de entender o que os juízes estão dizendo em suas decisões para permitir à sociedade ter conhecimento do que está acontecendo no judiciário e, assim, gerar uma prestação de contas um pouco mais seria que aquela dada até hoje
CADE Doctrina y Jurisprudencia, Tomo XLV, Febrero 2018, Montevideo, pp. 97 y ss.
El objetivo de este trabajo es presentar las innovaciones reglamentarias que ha realizado la Cort... more El objetivo de este trabajo es presentar las innovaciones reglamentarias que ha realizado la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina (en adelante “CSJN") con la finalidad de avanzar en una mejor gestión y tramitación de los procesos colectivos de interés público que cada vez con mayor asiduidad se promueven ante los tribunales. Estas reglamentaciones, dictadas en su mayoría en los últimos 10 años, han venido a enfrentar, al menos parcialmente, algunos de los problemas más delicados que se derivan de la ausencia de una reglamentación legislativa adecuada en la materia a nivel nacional y federal. Según veremos, y a pesar del reconocimiento constitucional de derechos colectivos y legitimaciones colectivas para actuar en su defensa en sede judicial desde hace más de 20 años, el Congreso de la Nación todavía no ha regulado en forma adecuada este tipo de procesos excepcionales. Esto genera una gran inseguridad jurídica y también condiciones de posibilidad para la comisión de abusos que, en mayor o menor medida, repercutieron (y todavía repercuten) en la legitimidad del sistema de tutela colectiva ante la sociedad y ante el resto de los propios operadores jurídicos. Aun cuando pudieran llegar a oponerse algunos reparos en términos de la constitucionalidad de estas reglamentaciones dictadas por la CSJN, fundados en que han venido lisa y llanamente a regular materia procesal que en principio correspondería al Congreso (cuestión que no abordaré aquí), lo cierto es que la realidad de los hechos impuso la necesidad de avanzar en tal sentido para suplir el delicado vacío legal en la materia y evitar que asuntos de tanta trascendencia sean debatidos y resueltos en la oscuridad y secretismo de un expediente casi puramente escrito, como fruto de un debate entre muy pocos, sin inmediación con el juez ni audiencias públicas, sin mecanismos de intervención y participación social, y sin herramientas de publicidad que concurran a garantizar transparencia y control social sobre la discusión.
La sociedad ha cambiado drásticamente desde que fueron pensadas y diagramadas las premisas sobre ... more La sociedad ha cambiado drásticamente desde que fueron pensadas y diagramadas las premisas sobre las cuales se asientan los sistemas procesales civiles de nuestra región. Con la sociedad, lógicamente, cambiaron también los conflictos que deben resolver nuestros tribunales utilizando al efecto esos sistemas procesales. Lo que no cambió al mismo ritmo fueron las estructuras y el funcionamiento del Poder Judicial. Lo que tampoco cambió al mismo ritmo fueron las reglas procesales mediante las cuales ese Poder Judicial interviene y resuelve conflictos que involucran cada vez con mayor frecuencia cuestiones de interés público. Nos encontramos ante una problemática que demanda una discusión seria para encontrar estrategias de abordaje adecuadas y respuestas efectivas. Discusiones no sólo jurídicas, sino también vinculadas con las aristas de orden social, cultural, económico y político implicadas en el fenómeno
BRICS Law Journal, Volume III (2016) Issue 2, Sep 2016
This article provides an overview of the federal administrative justice system in Argentina. It b... more This article provides an overview of the federal administrative justice system in Argentina. It begins with an explanation of how the power to enact procedural law and to organize administrative courts is distributed between the federal state and the local states. It then describes the core constitutional and statutory principles and structures of administrative jurisdiction and the courts, and discusses the lack of a general special procedure to deal with actions involving the federal state and federal subject matter issues (except for interim measures and 'amparo' proceedings). The article goes on to provide an explanation of what is currently happening regarding class actions within this context, and it ends with remarks by the author on some provisional conclusions.
Int'l Journal of Procedural Law, Volume 5 (2015), No. 1, Jun 2015
Ante las enormes lagunas existentes en este campo, y en un contexto social donde la promoción de ... more Ante las enormes lagunas existentes en este campo, y en un contexto social donde la promoción de acciones colectivas se ha multiplicado exponencialmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) asumió –especialmente a lo largo de los últimos diez años– un rol determinante en el establecimiento y desarrollo de diversos principios, reglas de debate e institutos procesales orientados a ordenar este tipo de discusiones.
Esa tarea, que fue llevada adelante no sólo por medio de precedentes sino también a través del ejercicio de las competencias reglamentarias del tribunal, será analizada en este trabajo con el objetivo de demostrar que es posible identificar en Argentina diversos principios que permiten hablar de un verdadero derecho constitucional a un “debido proceso colectivo”, orientados a garantizar pautas razonables y adecuadas para la discusión en sede judicial de conflictos complejos y policéntricos que son bien diferentes de aquellos que sirvieron como premisa para pensar y diagramar los contornos de la garantía de debido proceso legal individual (y, por tanto, las reglas procesales que de allí se han derivado).
Mi trabajo parte de las clásicas enseñanzas de Chayes sobre la materia, las cuales –a poco de cumplirse 40 años desde su publicación– han cobrado una inusitada trascendencia para comprender el fenómeno de la discusión de conflictos colectivos en sede judicial en la República Argentina, y tal vez en toda la región Latinoamericana. Asimismo, asume una concepción fuerte de la idea de “principio”, tomando para ello la doctrina de Dworkin y de Díaz en punto a que los mismos configuran un verdadero condicionante constitucional para la actuación de los operadores jurídicos. Por último, también tengo particularmente presente el carácter normativo que ha adquirido la jurisprudencia en la República Argentina, donde “las decisiones judiciales han dejado de ser vistas como una mera fuente jurídica formal y (…) los jueces resuelven los casos según decisiones precedentes”.
Sobre este piso de marcha contextual y conceptual, lo que postulo es que la identificación y determinación de los alcances del derecho a un debido proceso colectivo –que encuentra su raíz fundamental en el art. 43 CNA– configura una tarea conceptual útil para establecer las características esenciales que debería tener una legislación adecuada en la materia (cuya sanción se presenta como algo urgente), así como también para disponer –en el mientras tanto– de la mínima seguridad jurídica que exigen las trascendentes discusiones desarrolladas en este tipo de procesos sobre delicados asuntos sociales, políticos y económicos que involucran a grandes grupos de personas. Grupos que, además, en muchos casos se encuentran relegados de los canales tradicionales de diálogo institucional en el marco de un mecanismo de democracia puramente representativa que se muestra cada vez más inadecuado para los tiempos que corren
Han existido algunos avances en el campo de la tutela individual, es cierto. Pero el problema cr... more Han existido algunos avances en el campo de la tutela individual, es cierto. Pero el problema crítico de hoy es la tutela colectiva del sector ante prácticas ilícitas masivas que son diagramadas y pensadas, justamente, para generar afectaciones individuales de escasa cuantía que producen al mismo tiempo enormes ganancias y aseguran un alto grado de impunidad debido a la señalada falta de incentivos para avanzar individualmente con el reclamo en sede judicial. Entonces, una vez más: el principal problema en este campo del derecho es de acceso al sistema de justicia. Es un problema de indefensión. Y es grave, muy grave en la actualidad. Si realmente nos tomamos en serio los arts. 42 y 43 de la CN y queremos solucionarlo, entiendo que debemos comenzar por darnos una discusión franca y seria que -más allá de las cuestiones de técnica procesal, relativamente sencillas de resolver- tome como punto de partida la explicitación y ponderación de todos los intereses involucrados en torno a la litigación y resolución de los conflictos colectivos de consumo en sede judicial, y se enfoque en las importantes ventajas que apareja su utilización en términos de acceso, economía procesal, disuasión de conductas ilícitas colectivas, igualdad de tratamiento y participación de la sociedad civil en el control de la cosa pública y los poderes fácticos del mercado. En definitiva, debemos discutir primero sobre qué línea de política pública se quiere seguir para implementar la garantía constitucional de acceso colectivo a la justicia en este campo (con todo lo que ello implica, especialmente en términos de intereses afectados directa o indirectamente), y sólo después avanzar sobre las cuestiones de técnica procesal que, insisto, son relativamente sencillas de resolver en la medida que estemos de acuerdo sobre qué tipo de proceso colectivo de consumo queremos y para qué lo queremos
Civil Procedure Review, v.6, n.1: 95-102, jan-apr., 2015, May 2015
The paper presents some concerns regarding how the Argentine Supreme Court of Justice has been de... more The paper presents some concerns regarding how the Argentine Supreme Court of Justice has been dealing with class actions for damages since it recognized its viability in 2009, forbidding its admissibility as a matter of principle in cases where individual access to justice is not compromise.
Revista Electrônica Artigos Jurídicos e Direito em Debate (Brasil), Jan 2015
En la sesión especial del 17 de septiembre de 2014, luego de una extensa jornada, la Cámara de Di... more En la sesión especial del 17 de septiembre de 2014, luego de una extensa jornada, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó los proyectos de ley que, en materia de consumo, remitiera el Ejecutivo Nacional el 4 de agosto del mismo año. A veinte años de la última reforma constitucional, la normativa recientemente sancionada se dirige a reglamentar el artículo 42 de la Constitución Nacional (CN), que reconoce con el más alto rango el derecho de los consumidores y usuarios de bienes y servicios en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Los proyectos recientemente convertidos en ley comprenden: (i) la creación de un nuevo sistema de resolución de conflictos; (ii) el establecimiento de un observatorio de precios; y (iii) la modificación de la Ley de Abastecimiento vigente. En el trabajo abordamos los aspectos procesales salientes vinculados con el nuevo sistema de solución de conflictos de consumo y presentamos algunas críticas a su respecto.
Russian Law Journal, volume II (2014) Issue III, Aug 2014
The paper describes how Argentine policy makers have thought about and enacted rules on collectiv... more The paper describes how Argentine policy makers have thought about and enacted rules on collective litigation in the field of consumer and environmental protection. It presents an overview of the scope and content of those rules, with special focus on standing to sue and adequacy of representation. It also explains how the Supreme Court of Justice of Argentina has reacted when facing collective conflicts even in absence of adequate procedural rules to deal with collective conflicts. The case law of this high Court has provided relevant guidance to lower courts as well as to litigants regarding case management and constitutional requisites of collective litigation mechanisms. It has also summoned Congress due to the lack of a comprehensive and adequate procedural regulation in this field of law. In doing that, it has shaped a system quite similar to that enacted in the US Federal Rule of Civil Procedure 23. Almost 20 years after the constitutional amendment which has given constitutional status to collective standing to sue, it may be said that this kind of representative proceedings is just going through a developing and experimental phase in Argentina. Thanks to the role of the Supreme Court in the last 10 years, however, there are good reasons to have great expectations about what is coming up in the near future.
Civil Procedure Review, Vol. 4, Año 2013 (Special Edition) (con arbitraje), Nov 2013
El presente trabajo busca ofrecer una lectura general del estado en que se encuentra la tutela ju... more El presente trabajo busca ofrecer una lectura general del estado en que se encuentra la tutela judicial colectiva de derechos a nivel federal en la República Argentina, tanto en lo relativo al medio ambiente como en lo que respecta a los derechos de consumidores y usuarios. El enfoque es concreto y no ahonda en muchos detalles habida cuenta las características del encuentro académico en el cual se presenta, el limitado espacio disponible y la finalidad principal que perseguimos los argentinos que participamos del evento binacional para el cual fue escrito el trabajo: presentar ante nuestros colegas brasileños un cuadro lo más completo posible de las aristas principales del tema para poder ahondar en las cuestiones más específicas a la hora de la discusión. El relato comprende tres partes bien diferenciables entre ellas. La primera es de tipo introductorio y pretende ubicar el tema en contexto (apartado II). La segunda se enfoca en institutos procesales específicos y tiene características más bien descriptivas, aunque sin perder de vista cierta lectura crítica de algunos aspectos (apartado III). La tercera y última es de tipo prospectivo, en tanto pretende reflejar algunas tendencias que pueden vislumbrarse en distintos proyectos de ley que actualmente se encuentran en discusión en el Congreso de la Nación Argentina (apartado IV).
Revista Iberoamericana de Derecho Procesal, Mar 2013
El trabajo analiza las principales características que asume el control de convencionalidad en el... more El trabajo analiza las principales características que asume el control de convencionalidad en el marco del sistema interamericano de protección de derechos humanos y presenta algunas de las particularidades y dilemas que hacen al modo en que el mismo ha sido ejercido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la República Argentina.
El trabajo aborda y discute distintos proyectos legislativos sobre acciones de clase y procesos c... more El trabajo aborda y discute distintos proyectos legislativos sobre acciones de clase y procesos colectivos que tramitan en el Congreso de la Nación Argentina. A tal fin se desarrolla la evolución histórica de la tutela colectiva de derechos en la República Argentina para comprender mejor las críticas efectuadas más adelante con relación al contenido de los proyectos. Luego, el trabajo enumera las iniciativas legislativas que se encuentran en debate y presenta el primer problema que puede advertirse con relación a ellas (falta de articulación con la normativa vigente). Partiendo de estas premisas, se desarrolla una crítica sobre tres cuestiones generales que aplican en mayor o menor medida a todos los proyectos (la imitación del mecanismo federal de acciones de clase estadounidense; la sorprendente falta de consideración de numerosos antecedentes jurisprudenciales, doctrinarios y legislativos en la materia; y la insistencia en acudir al amparo como vía procesal para discutir sobre conflictos colectivos). Finalmente, se presenta una crítica específica respecto de tres cuestiones específicas que el autor entiende de fundamental importancia para lograr un sistema procesal colectivo eficiente. Cuestiones que se encuentran defectuosamente reguladas en los proyectos, o bien ni siquiera tratadas (la certificación de la acción; el requisito de la representatividad adecuada; y los mecanismos de liquidación y ejecución de sentencias colectivas)
Revista de Derecho Procesal Rubinzal Culzoni 2019-I
Traducción al español del trabajo de Heitor Vitor Mendonça Sica “Brevíssimas reflexões sobre a ev... more Traducción al español del trabajo de Heitor Vitor Mendonça Sica “Brevíssimas reflexões sobre a evolução do tratamento da litigiosidade repetitiva no ordenamento brasileiro, do CPC/1973 ao CPC/2015”, publicado en Revista de Processo, v. 41, nº 257, p. 269-281, São Paulo: RT, julho de 2016 (actualizado por el autor para esta publicación)
Traducción al español del trabajo de Michele Taruffo “La funzione epistemica della prova”. Publicado en Mosmann, M. Victoria – Panigadi, Mariela (coordinadoras) “Problemática de la prueba”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2018
La función de la prueba en el contexto del proceso se define de diversas maneras según la concepc... more La función de la prueba en el contexto del proceso se define de diversas maneras según la concepción que se adopte respecto del proceso judicial y de la finalidad a la cual éste se encuentra orientado. Esto vale para cualquier tipo de proceso (civil, penal, administrativo o constitucional) toda vez que cada uno de ellos puede ser construido de distintas maneras por las normas que lo regulan, y también puede ser objeto de perspectivas teóricas diferentes.
Traducción al español del trabajo de Chayes, Abram “The Role of the Judge in Public Law Litigatio... more Traducción al español del trabajo de Chayes, Abram “The Role of the Judge in Public Law Litigation”, 89 Harv. L. Rev. 1281 (1975-1976) ///
EL ROL DEL JUEZ EN EL LITIGIO DE INTERES PÚBLICO
Abram Chayes
Traducción al español de Olivia Minatta y Francisco Verbic
Tradicionalmente los procesos judiciales fueron entendidos como un modo de resolver conflictos entre aquellos particulares que no hubieran podido llegar a un acuerdo por sí mismos. En este artículo, el Profesor Chayes sostiene que esa concepción del proceso judicial no da cuenta de mucho de lo que está sucediendo actualmente en los tribunales federales. Los litigios civiles involucran, cada vez en mayor medida, la necesidad de resolver cuestiones de interés público de base legal o constitucional, y frecuentemente culminan con una sentencia prospectiva. El litigio no se enfoca en las implicancias de justicia que puedan derivarse de la interacción entre las partes, sino en la aplicación de una determinada política regulatoria a la cuestión de que se trate. El pleito no solamente clarifica el significado del derecho, remitiendo a las partes para que resuelvan privadamente sus asuntos, sino que también establece por sí mismo un régimen a fin de ordenar la futura interacción de las partes y de los ausentes, sujetándolos a una continua supervisión judicial. Dicho rol de los tribunales, y de los jueces, no tiene precedentes y conlleva serias preocupaciones en torno a su legitimidad. A pesar de ello, la conclusión preliminar del Profesor Chayes es que la intervención de los jueces en litigios de interés público es viable, e incluso resulta inevitable si se quiere hacer justicia en una sociedad cada vez más regulada
Traducción al español del trabajo de Resnik, Judith "Managerial Judges", 97 Harv. L. Rev. 374 (19... more Traducción al español del trabajo de Resnik, Judith "Managerial Judges", 97 Harv. L. Rev. 374 (1982) /// Hasta hace poco, el establishment jurídico estadounidense adoptaba una visión clásica sobre el rol de los jueces. Desde este punto de vista, se supone que los jueces no deben tener involucramiento o interés en las controversias que resuelven. Teóricamente, la objetividad y la ecuanimidad permiten a los jueces decidir los casos de manera justa e imparcial. Los emblemas míticos que rodean a la deidad de la justicia ilustran esta visión de lo que es una actitud judicial apropiada: la Justicia lleva balanzas, que reflejan la obligación de ponderar los reclamos imparcialmente; tiene una espada, que le da gran poder para ejecutar decisiones; y una venda en sus ojos, que la protege de distracciones. Sin embargo muchos jueces federales se han apartado de su anterior actitud, abandonando esa postura relativamente desinteresada para adoptar una posición más activa, más
“directiva”. De manera cada vez más asidua, los jueces no solo están resolviendo el mérito de los asuntos que les presentan los litigantes sino que también se están reuniendo en su oficina con las partes para incentivar la celebración de acuerdos transaccionales y para supervisar la preparación del caso. Así, tanto antes como después del juicio, los jueces están jugando un rol fundamental en el diseño del litigio e influenciando sus resultados. Muchos doctrinarios identifican una clase de proceso
–el “litigio de interés público” o el caso de “reforma estructural” -en la cual los jueces federales han asumido un nuevo rol. Se trata de casos donde los jueces supervisan activamente la implementación de un amplio rango de remedios diseñados para terminar con la segregación racial en las escuelas y para reformar cárceles y otras instituciones. Algunos doctrinarios han cuestionado la legitimidad del poder ejercido por los jueces en lo que ahora se conoce generalmente como “un nuevo modelo de litigio civil”. Pocos, sin embargo, han indagado en los aspectos de gestión de esta tarea judicial, posterior a la sentencia. Aun menos atención se ha prestado al rol que tienen los jueces en las fases anteriores al juicio, tanto en los casos complejos como en los más comunes. Creo que el rol de los jueces antes de la resolución del conflicto por medio de una sentencia está pasando por un cambio tan sustancial como el que se ha reconocido en las etapas posteriores al juicio en los casos de interés público.
En este breve artículo intento tratar exclusivamente aquellas que son, a mi modo de ver, las dos ... more En este breve artículo intento tratar exclusivamente aquellas que son, a mi modo de ver, las dos principales características del nuevo CPC brasileño. Tales características emergen de las reglas que: (a) demuestran claramente cómo el CPC debe servir de método para que se resuelvan conflictos (poniendo énfasis en la función instrumental del proceso), lo cual debe ser realizado en el modo más amplio posible; (b) permiten la realización concreta del principio de igualdad, estimulando a los tribunales para crear jurisprudencia uniforme y estable, por tanto confiable, y generando algunas hipótesis en las cuales los precedentes de órganos jurisdiccionales superiores son verdaderamente vinculantes para el resto de los órganos del Poder Judicial.
A tal fin, en primer lugar abordaré cómo es que llegaron las acciones de clase a la República Arg... more A tal fin, en primer lugar abordaré cómo es que llegaron las acciones de clase a la República Argentina y por qué, aun cuando la economía procesal es una de las notas definitorias de tales procesos, la Corte Sup. ha sido reticente a reconocerla como un objetivo de política pública a ser avanzado por medio de este tipo de litigios (1). Más aún, según veremos (y sin demasiada justificación) la Corte Sup. ha determinado como principio que las acciones de clase sólo resultan admisibles en casos donde se encuentra en juego el derecho de acceso a la justicia, prohibiendo expresamente este tipo de procesos —salvo excepciones— cuando existen intereses que justifican la promoción de acciones individuales. En segundo término, sostendré que esta limitación en el alcance de las acciones de clase en Argentina no sólo carece de fundamentos constitucionales, legales y de principio que la sustenten, sino que además va a contramano de una realidad judicial caracterizada por una altísima carga de trabajo en términos de cantidad de casos a ser tratados y resueltos cada año. Asimismo, analizaré la excepción establecida por la Corte Sup. con respecto a este límite a fin de señalar que a través de ella el tribunal se ha reservado una discreción casi absoluta para dar cauce a acciones de clase, aun cuando existan en juego pretensiones individualmente recuperables. Por último, postularé que este tipo de procesos, en la medida en que sean promovidos y tramitados de acuerdo con las reglas establecidas por la jurisprudencia de la propia Corte Sup., pueden generar un alto grado de eficiencia en el sistema de administración de justicia y avanzar también otros importantes valores sin comprometer seriamente el debido proceso de los miembros ausentes.
American Law Institute - Samuel Issacharoff (Reportero General), Jun 2014
La presente articulación de Principios persigue identificar buenos proce-dimientos para gestionar... more La presente articulación de Principios persigue identificar buenos proce-dimientos para gestionar procesos colectivos. En particular, busca identifi-car técnicas que promueven la eficiencia y eficacia de los procesos colectivos como herramientas para hacer respetar las leyes vigentes. A menudo, esto significa evitar el cumplimiento deficiente derivado de la falta de incentivos adecuados, pero también puede significar evitar los excesos de sobrepro-tección generados en este campo por los remedios colectivos. La decisión de permitir la colectivización del reclamo puede ser crucial para el futuro del proceso. Sin colectivización, la justicia puede ser imposible de alcanzar. Colectivizado el reclamo, los intereses y riesgos derivados del litigio pue-den cambiar de manera significativa. Este proyecto busca ayudar a jueces, legisladores y otros operadores a tomar decisiones correctas con relación a tal colectivización. También busca mejorar la gestión judicial de los casos colectivos. Si bien este proyecto no pretende proveer un código compren-sivo que abarque todos los aspectos de los procesos colectivos, su objetivo es proveer un marco para una recomendada reforma del derecho en este campo y proveer también algún lenguaje adecuado para ser incluido en le- yes o reglas. La audiencia de este proyecto incluye jueces, legisladores, otros creadores de reglas (tales como las asociaciones de abogados estatales y sus comisiones consultivas), investigadores, y otros sujetos con control sobre o interés en el litigio civil. Debido a que las acciones de clase y otros dispositi-vos de colectivización de disputas también están siendo desarrollados fuera de los Estados Unidos, la audiencia puede incluir jueces, legisladores y aca-démicos extranjeros.
Traducciòn al español del trabajo de Issacharof Samuel "Class Actions and State Authority", Vol. ... more Traducciòn al español del trabajo de Issacharof Samuel "Class Actions and State Authority", Vol. 44, Issue 2 (Winter 2012), pp. 369-390 ///
A medida que los experimentos con acciones de clase se expanden hacia costas cada vez más lejanas, especialmente en países tributarios de la tradición jurídica continental europea, hay un interrogante que surge recurrentemente. ¿Cuál es la relación entre las acciones de clase y el tradicional poder regulatorio del Estado? La respuesta que ofrecemos aquí es que las acciones de clase se presentan de tres maneras diferentes ante dicho poder estatal: como un desafío directo al mismo, como un complemento y como un rival. Recientes acciones de clase tramitadas en los Estados Unidos de América son analizadas en este trabajo para examinar esas tres funciones y para brindar una justificación diferente a cada una de ellas. En el fondo, cada justificación gira en torno a un discutido compromiso con la diversificación de la autoridad regulatoria –fenómeno aquí denominado "pluralismo regulatorio"-, lo cual provee de coherencia a las tres formas de interacción que se presentan entre la autoridad pública y la autoridad privada que reclama el rol de "fiscal privado" (private attorney general).
Revista de Derecho Procesal, 2011-2 (Argentina), Jul 2011
El propósito de este trabajo es presentar los alcances y criticar una de las restricciones impues... more El propósito de este trabajo es presentar los alcances y criticar una de las restricciones impuestas a la Legal Services Corporation por el Congreso de los Estados Unidos de América. La Legal Services Corporation (en adelante “LSC”) es
la encargada de distribuir en dicho país, mediante financiamiento de programas específicos, los fondos federales que el Congreso destina todos los años a la prestación de ayuda legal gratuita para las personas carentes de recursos. En líneas muy generales y sin perjuicio de lo que será explicado más adelante, la restricción que me interesa analizar es aquella que impide a los abogados que trabajan en programas financiados por dicha entidad promover o participar en acciones de clase en defensa de los derechos de sus clientes. Intentaré demostrar que esta limitación es irrazonable
per se, y que tal carácter es aún más grave en un escenario social profundamente marcado por la reciente crisis económica. La premisa fundamental sobre la cual se asienta el análisis que sigue está en considerar el acceso a la justicia como un derecho humano básico en cualquier sociedad democrática. Si bien dicha premisa es algo evidente (por lo cual no será objeto de desarrollo en el presente trabajo), creo que vale la pena explicitarla desde el vamos para que pueda comprenderse mejor mi posición sobre el tema.
Revista La Ley, Suplemento Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales (en coautoría con Eduardo D. Oteiza), Jan 2008
En conclusión, considero que la reforma del 2006 no logró sacar a la Corte de Casación de su ambi... more En conclusión, considero que la reforma del 2006 no logró sacar a la Corte de Casación de su ambigüedadde fondo: el péndulo continúa oscilando entre juicio de legitimidad y juicio de tercer grado.Aquellos que tienden a enfatizar el aspecto garantista del recurso de casación para el ciudadano, enpresencia de (verdaderos o presuntos) errores graves de juicio (y, por tanto, de mérito), no toman conciencia deque la verdadera ventaja para el individuo y para toda la colectividad sería contar con la posibilidad de utilizarprecedentes jurisprudenciales persuasivos, claros y no contradictorios.Solo así la función nomofiláctica podría ser útil para contener la explosión de la conflictividad judicial queaflige al sistema de justicia, no sólo italiano, sino de muchos países del mundo
Revista de Derecho Procesal Rubinzal Culzoni 2008-I, May 2008
En conclusión de esta breve reseña sobre las tendencias culturales que emergen de las reformas pr... more En conclusión de esta breve reseña sobre las tendencias culturales que emergen de las reformas procesales en Europa, es necesario advertir que, en última instancia, el objetivo de una justicia eficiente depende solo en pequeña medida del modo de ser de las normas procesales. Depende en cambio, fundamentalmente, de la organización de la administración de justicia, a su vez condicionada por el papel que a la justicia civil viene atribuido en el marco de la sociedad. Con demasiada frecuencia los legisladores consideran esta materia como una de las tantas technicalities entre las cuales debatirse. Muy por el contrario, y sin caer en la retórica, la justicia civil es un momento importante para la afirmación de la dignidad del hombre y merece, por parte del poder político, una delicada atención
Traducción del trabajo de Michele Taruffo "Le funzione delle Corti Supreme" (en coautoría con Eduardo D. Oteiza), en "Libro de ponencias generales, relatos generales y trabajos seleccionados", XXIV Congreso Nacional de Derecho Procesal | Revista de Derecho Procesal Rubinzal Culzoni 2007-II, Nov 2007
Según la tradición que se remonta esencialmente a Calamandrei y a su fundamental estudio sobre la... more Según la tradición que se remonta esencialmente a Calamandrei y a su fundamental estudio sobre la Casación, una corte suprema desarrolla dos funciones fundamentales: efectúa ante todo un control de legalidad sobre las decisiones emanadas de los jueces inferiores, y además opera en el sentido de asegurar la potencial uniformidad de la jurisprudencia, tanto propia como de los órganos jurisdiccionales de nivel inferior. Como es sabido, Calamandrei se ocupaba principalmente de la Casación, pero esta definición de las funciones de una corte suprema puede ser extendida no sólo a aquellas que siguen el modelo de la casación, sino también a todas las otras cortes supremas, de los ordenamientos del civil law y también de los ordenamientos del common law. En otros términos: todas las cortes supremas desarrollan estas dos funciones; sin embargo lo hacen con modalidades muy diversas, con efectos que son diferentes de caso en caso, y en particular con una mayor o menor acentuación de las funciones de control de legalidad respecto a la función que consiste en asegurar la uniformidad de la jurisprudencia, o viceversa. Esto equivale a decir que no es suficiente individualizar en términos generales las dos funciones para agotar la descripción de aquello que las cortes supremas hacen, y sobre todo que es oportuno profundizar en el análisis de las modalidades específicas con que aquellas desarrollan sus competencias institucionales. Es claro, sin embargo, que no resulta posible afrontar aquí un examen comparativo que incluya todos los aspectos relevantes de la actividad de todas las cortes supremas; para lo cual existe una amplia literatura que describe el funcionamiento de tales cortes en los diversos ordenamientos. De todos modos, se puede adoptar una prospectiva que consienta comparar los modelos principales de corte suprema, haciendo referencia a la modalidad con que las diversas cortes desarrollan las dos funciones antes indicadas, y reseñando los principales ordenamientos en que tales modelos actúan. Con una fuerte dosis de simplificación, se pueden identificar tres modelos principales: el modelo angloamericano, el modelo alemán y el modelo franco-italiano. Vale la pena delinear las características fundamentales de estos modelos, individualizando también las principales diferencias que atañen al rol que las cortes supremas más representativas de cada modelo desarrollan en el ámbito de sus respectivos sistemas jurídicos
El capítulo en comentario termina concluyendo que “la concepción´de igualdad como no sometimiento... more El capítulo en comentario termina concluyendo que “la concepción´de igualdad como no sometimiento se construye necesariamente sobre la noción de afectación estructural, que a su vez requiere un tipo de control de constitucionalidad que supere aquel que tan bien se ajustaba al tratamiento de casos en los que se veía afectada la igualdad como no discriminación”. Esta noción de igualdad “necesita un nuevo modelo de intervención judicial”. Y para ello, afirma Saba, “el gran desafío sigue siendo” no solo la reconceptualización del derecho de igualdad en sí mismo (como propone a lo largo de todo el libro), sino especialmente “identificar los remedios apropiados que los jueces podrían ordenar en casos de violaciones estructurales del derecho a ser tratado igual, sin que eso implique un cambio radical del régimen democrático, uno que sustraiga de los ámbitos de la democracia la decisión sobre políticas públicas”.
Además de encontrarse en pleno desarrollo como mencioné al inicio, la problemática de los proceso... more Además de encontrarse en pleno desarrollo como mencioné al inicio, la problemática de los procesos colectivos ocupa hoy un lugar importante en nuestro país. Un lugar importante no sólo en la agenda académica, sino también en la agenda política. Muestra de su relevancia en la agenda académica es la celebración en Buenos Aires, durante el mes de junio de 2012, de lo que será por primera vez en la historia una conferencia internacional co-organizada entre la Asociación Internacional de Derecho Procesal y el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. ¿El tema de la conferencia? Procesos Colectivos y Class Actions. Muestra del lugar que ocupa en la agenda política, a su turno, es la existencia en el Congreso de la Nación de numerosos proyectos legislativos tendientes a reglamentar el art. 43, 2do párrafo de la Constitución Nacional mediante la sanción (salvo algunas excepciones) de un régimen muy similar al de las acciones de clase estadounidenses. En tal contexto, el libro de Salgado se presenta como un material fundamental para comprender el estado de esta particular área del derecho procesal en la República Argentina. Un material actualizado y crítico, fruto de un enfoque sistémico y lógico que convoca adhesiones. Un material que propone argumentos y alternativas interesantes para poder manejar muchas de las cuestiones que se presentan al operador jurídico en la práctica cotidiana, sea éste abogado litigante, funcionario judicial o participante directo o indirecto en el proceso legislativo
Llegada a su quinta edición, la obra en comentario se ha ganadoun lugar como clásico en la materi... more Llegada a su quinta edición, la obra en comentario se ha ganadoun lugar como clásico en la materia. El abordaje minucioso y profundo dado por los autores a la figura, sin perder por ello practicidad y dinamismo, ha convertido a este clásico en parte insustituible de cualquier biblioteca jurídica, tanto de aquellos abogados en ejercicio de la profesión libre o integrantes de la magistratura, como de aquellos dedicados a la investigación y la academia. El desarrollo de la temática en estudio discurre a través de una estructura sistémica meditada y prolija, incursionando en el contenido de las diversas aristas del amparo en base a profundos conceptos y definiciones, abundantes citas doctrinarias y análisis de jurisprudencia novedosa, todo ello bajo el prisma de las medulosas reflexiones y permanentes críticas superadoras a que nos tiene acostumbrados el maestro Augusto M. Morello.
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Explicaremos cómo se logró demostrar, con los mismos expedientes e instrumentos públicos emitidos por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que el crédito stand-by del 2018 y su posterior ampliación resultan insanablemente nulos; porque, de manera manifiesta, se violan los requisitos esenciales de control y procedimiento exigidos por la Ley de Administración Financiera N° 24156 (LAF) y la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo N° 19549 (LNPA) para operaciones de crédito público externo de este tipo.
La participación de organizaciones de la sociedad civil, personas expertas en derecho constitucional y derechos humanos, asociaciones de la magistratura, colegios de la abogacía, clínicas jurídicas, y profesoras, investigadoras o académicas especializadas, puede aportar argumentos valiosos para que la Corte tome una decisión informada y con plena conciencia de sus implicancias.
El plazo para presentarse es breve. No por la reglamentación, sino por la urgencia del asunto si queremos que el caso tenga una decisión en tiempo útil. Les invitamos a analizar el asunto y, en su caso, realizar las presentaciones correspondientes a la mayor brevedad posible para colaborar en el intento de generar un debate público, que entendemos de absoluta relevancia, sobre la composición de nuestro máximo tribunal y el rol de las mujeres en los espacios de toma de decisión dentro del Poder Judicial.
Desde entonces sucedieron tres cosas importantes. La primera es que la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación realizó las dos audiencias públicas donde fueron interrogados ambos candidatos. La segunda es que el Poder Judicial rechazó la demanda promovida por diversas organizaciones de la sociedad civil para impugnar tales candidaturas. La tercera es que, el lunes 26 de agosto, ese caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
En este nuevo contexto, nos interesa profundizar en el escenario judicial, donde la CSJN deberá resolver la controversia colectiva que se desató cuando el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) propuso a dos varones para ocupar las vacantes existentes.
En este orden de ideas, vale destacar también que una Corte Suprema que no refleja la diversidad de la sociedad pierde legitimidad ante los ojos de la ciudadanía. En una democracia es fundamental que las instituciones sean percibidas como representativas y conectadas con las realidades de todas las personas. Es imposible que esto suceda cuando, mientras más de la mitad de la sociedad son mujeres (de acuerdo con el último censo nacional), el máximo Tribunal de Justicia del país está integrado exclusivamente por varones.
Por todo esto, resulta imperativo ampliar y profundizar el debate público sobre el tema. Y para eso es necesario subrayar que la composición de la Corte Suprema, lejos de una cuestión palaciega, es un asunto que afecta de manera muy trascendente a toda la sociedad.
For this purpose, we will explain how we were able to demonstrate, with official files and public documents issued by the National Executive Power (PEN, by its Spanish acronym) and the Central Bank of the Argentine Republic (BCRA, by its Spanish acronym), that the 2018 stand-by credit and its subsequent extension are manifestly null and void for having grossly violated mandatory essential control requirements and procedural safeguards that are imposed on government officers (for this sort of sovereign debt operations) by the Financial Administration Act No. 24.156 (FAA) and the National Administrative Procedure Act No. 19.549 (NAPA).
First, we will briefly review the different administrative, judicial, media and advocacy actions that were performed for that purpose as part of a joint strategy, as well as their concrete results and the impact they generated on the Congress and the PEN.
Secondly, we will explain the scope of the complaint filed for obtaining a declaration of nullity of the loan, based on the discovered official files and documents. As we will see, although so far it has not been possible to obtain the legal nullity of the loan, the strategic litigation on this delicate and transcendental issue has achieved numerous concrete objectives. We hope they will deepen the discussion by showing the political illegitimacy of the debt, and consequently reach another Nunca Más (never again) consensus on this type of arbitrary and illegal maneuvers.
Finally, we will argue about the convenience of transferring and implementing the approach and working methodology that we deployed in Argentina in other countries, as well as to profit from the experience gained during its development. To this end, we will point out three specific benefits that this type of strategic litigation can bring in the struggle to avoid the imposition of arbitrary and illegal loans by the IMF, which historically (in collusion with national public officers), had consistently conditioned the development of our societies.
Cuarenta años después, cuando en junio de 2018 se terminó la fiesta de colocación de bonos en el mercado privado (porque esos “inversionistas” no son ingenuos), el gobierno de Mauricio Macri endeudó al país con el FMI por 57.100.000.000 de dólares. Al hacerlo dejó huellas documentales que demuestran la absoluta ilegalidad con que se contrajo el crédito. Estos documentos fueron obtenidos a través de un litigio estratégico con la intervención del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), la Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP) y el Centro de Estudios para la Integración Financiera (CINFIN). Toda esta documentación oficial está disponible para consulta en fmiargentina.com.
Asimismo, entendemos que también puso fin a la discusión sobre los alcances del art. 53, LDC, que gobierna la misma cuestión en el campo de los procesos individuales de consumo. No podemos desprender otra conclusión de los términos en que, según vimos, el tribunal expuso sus argumentos para determinar el alcance amplio del beneficio de justicia gratuita.
En las líneas que siguen, analizaremos en primer lugar el contexto procesal en que fue dictada la sentencia. Luego señalaremos lo común que es la existencia de procesos colectivos paralelos y superpuestos frente a riesgos o violaciones masivas de derecho, aportando algunas lecturas de la doctrina sobre la materia.
En tercer lugar, presentaremos un breve repaso del marco normativo y jurisprudencial que gobierna la competencia por prevención a nivel nacional y local. Y sobre este piso de marcha, procederemos a analizar los argumentos que expuso el tribunal para fundar su decisión.
Finalmente, con todo esto en mente y a modo de cierre, me propongo llamar la atención sobre dos cosas.
La primera es la conveniencia de modificar el reglamento del “Registro Público de Procesos de Incidencia Colectiva”, aprobado por Acordada SCBA Nº 3.660 (modificada por el Acuerdo SCBA N° 3721/14), a fin de establecer con claridad que la competencia por prevención en procesos colectivos tiene por fundamento la anotación de la resolución de admisibilidad del amparo colectivo en dicho Registro.
La segunda de ellas es que, aun en el marco de poca claridad que establece la normativa vigente en este campo, correspondía aplicar dicho criterio en este caso. O bien, a todo evento, la regla supletoria del art. 189 del CPCC.
En este sentido, nos llegaron inquietudes y cuestionamientos sobre la viabilidad de plantear una acción de nulidad que, de ser receptada favorablemente por el Poder Judicial, implicaría retrotraer la situación al escenario previo a la firma de la primera Carta de Intención. Estas preocupaciones podrían resumirse en una sola pregunta: ¿acaso sería posible que Argentina no devuelva los 44.000 millones de dólares que el Fondo nos prestó?
También recibimos comentarios e interrogantes acerca de cómo podría impactar el planteo en el actual escenario político y social. Hoy en día, todo indica que el FMI busca posicionarse como un aliado de Argentina y otros países en vías de desarrollo. En este sentido, también pareciera que el FMI, acaso por primera vez en su historia, estaría más inclinado a incentivar programas de inversión y expansión económica en lugar de los programas de ajuste a los que nos tiene acostumbrados.
En tal contexto, podría sostenerse que es imprudente afirmar en el debate público (y mucho más discutir ante el Poder Judicial) que el acuerdo con el FMI es nulo. Especialmente cuando, al mismo tiempo, el Fondo apoyó a nuestro país en la dura negociación con los bonistas. Y más aún si tenemos en cuenta que, ya cerrado el frente externo privado, la próxima parada que nos espera es el propio FMI.
Al respecto queremos señalar dos cosas. La primera es que se trata de una preocupación legítima para quienes no conocen los pormenores del asunto. La segunda es que tal preocupación resulta infundada si consideramos los alcances del planteo judicial, lo cual explicaremos más abajo en esta breve nota.
En este interesante artículo, Rovelli describe algunos aspectos del circo de emisión de bonos soberanos durante la gestión macrista, explicando con claridad hechos que al ciudadano de a pie siempre le resulta difícil comprender.
Como conclusión, afirma que es necesario auditar la deuda para saber qué se hizo con los dólares obtenidos, así como quiénes y a dónde fugaron gran parte de ese dinero. Para llegar a esto, al inicio del capítulo “Análisis y Síntesis” el autor realizó la siguiente afirmación: “La deuda es legal porque el gobierno de Cambiemos se endeudó y el Congreso de la Nación, con el voto afirmativo de muchos de los que hoy son conspicuos miembros de la bancada oficial, le autorizó todos los años a tomar esa deuda”.
Sobre este punto específico es que nos interesa discutir, ya que la porción de la deuda externa argentina que tiene por causa el crédito stand-by contraído en el 2018 con el FMI es, a diferencia de lo que sostiene Rovelli, manifiestamente ilegal.
Según se desprende de la decisión, la Sra. Silvia Inés Lezaun fundó su legitimación activa “en su carácter de jubilada y como cotitular del derecho de incidencia colectiva general individual homogéneo a la seguridad social”, mientras que la Asociación Civil “Años” hizo lo propio “en su carácter de asociación que propende a la defensa de los derechos de los jubilados”.
Las pretensiones colectivas fueron rechazadas porque la jueza consideró, como principal fundamento, que el caso no involucra derechos individuales homogéneos y que, por tanto, las actoras carecen de legitimación colectiva para promoverlas.
La decisión también presenta argumentos vinculados con el requisito que exige demostrar problemas individuales para acceder a la justicia, establecido por la CSJN en “Halabi” y luego regulado en el apartado II.2.c. de la Acordada N° 12/2016 de la siguiente manera: “en la demanda se deberá precisar (…) la afectación del derecho de acceso la justicia de los integrantes del colectivo involucrado”.
significó un punto de inflexión en el campo de la defensa colectiva de derechos en sede judicial en Argentina.
El cambio se produjo principalmente porque en esta sentencia la Corte Suprema
reconoció a los “derechos individuales homogéneos” como un género de los “derechos de incidencia colectiva” del art. 43 CN y, por tanto, como posible objeto de tutela a través de procesos colectivos.
En consonancia con ello, la Corte redefinió el concepto de “causa o controversia”
(elemento habilitante de la competencia del Poder Judicial en los términos del art. 116 CN), señalando que su configuración es diferente de acuerdo con el tipo de derechos que se pretenda defender (individuales, colectivos o individuales homogéneos). De este modo el tribunal amplió drásticamente el poder del Poder Judicial, ya que el nuevo enfoque sobre los alcances de su competencia permitió a los jueces intervenir desde entonces en muchos conflictos que antes eran rechazados por el sistema, fundamentalmente por considerarse que debían ser tratados por los otros poderes del Estado (por ser colectivos).
Sobre estas premisas, al igual que en 1957 cuando mediante “Siri” dio nacimiento al
amparo para la tutela de derechos individuales, al dictar sentencia en “Halabi” el tribunal sostuvo que el art. 43 de la CN es “claramente operativo” y que “es obligación de los jueces darle eficacia, cuando se aporta nítida evidencia sobre la afectación de un derecho fundamental y del acceso a la justicia de su titular”.
Explicaremos cómo se logró demostrar, con los mismos expedientes e instrumentos públicos emitidos por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que el crédito stand-by del 2018 y su posterior ampliación resultan insanablemente nulos; porque, de manera manifiesta, se violan los requisitos esenciales de control y procedimiento exigidos por la Ley de Administración Financiera N° 24156 (LAF) y la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo N° 19549 (LNPA) para operaciones de crédito público externo de este tipo.
La participación de organizaciones de la sociedad civil, personas expertas en derecho constitucional y derechos humanos, asociaciones de la magistratura, colegios de la abogacía, clínicas jurídicas, y profesoras, investigadoras o académicas especializadas, puede aportar argumentos valiosos para que la Corte tome una decisión informada y con plena conciencia de sus implicancias.
El plazo para presentarse es breve. No por la reglamentación, sino por la urgencia del asunto si queremos que el caso tenga una decisión en tiempo útil. Les invitamos a analizar el asunto y, en su caso, realizar las presentaciones correspondientes a la mayor brevedad posible para colaborar en el intento de generar un debate público, que entendemos de absoluta relevancia, sobre la composición de nuestro máximo tribunal y el rol de las mujeres en los espacios de toma de decisión dentro del Poder Judicial.
Desde entonces sucedieron tres cosas importantes. La primera es que la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación realizó las dos audiencias públicas donde fueron interrogados ambos candidatos. La segunda es que el Poder Judicial rechazó la demanda promovida por diversas organizaciones de la sociedad civil para impugnar tales candidaturas. La tercera es que, el lunes 26 de agosto, ese caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
En este nuevo contexto, nos interesa profundizar en el escenario judicial, donde la CSJN deberá resolver la controversia colectiva que se desató cuando el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) propuso a dos varones para ocupar las vacantes existentes.
En este orden de ideas, vale destacar también que una Corte Suprema que no refleja la diversidad de la sociedad pierde legitimidad ante los ojos de la ciudadanía. En una democracia es fundamental que las instituciones sean percibidas como representativas y conectadas con las realidades de todas las personas. Es imposible que esto suceda cuando, mientras más de la mitad de la sociedad son mujeres (de acuerdo con el último censo nacional), el máximo Tribunal de Justicia del país está integrado exclusivamente por varones.
Por todo esto, resulta imperativo ampliar y profundizar el debate público sobre el tema. Y para eso es necesario subrayar que la composición de la Corte Suprema, lejos de una cuestión palaciega, es un asunto que afecta de manera muy trascendente a toda la sociedad.
For this purpose, we will explain how we were able to demonstrate, with official files and public documents issued by the National Executive Power (PEN, by its Spanish acronym) and the Central Bank of the Argentine Republic (BCRA, by its Spanish acronym), that the 2018 stand-by credit and its subsequent extension are manifestly null and void for having grossly violated mandatory essential control requirements and procedural safeguards that are imposed on government officers (for this sort of sovereign debt operations) by the Financial Administration Act No. 24.156 (FAA) and the National Administrative Procedure Act No. 19.549 (NAPA).
First, we will briefly review the different administrative, judicial, media and advocacy actions that were performed for that purpose as part of a joint strategy, as well as their concrete results and the impact they generated on the Congress and the PEN.
Secondly, we will explain the scope of the complaint filed for obtaining a declaration of nullity of the loan, based on the discovered official files and documents. As we will see, although so far it has not been possible to obtain the legal nullity of the loan, the strategic litigation on this delicate and transcendental issue has achieved numerous concrete objectives. We hope they will deepen the discussion by showing the political illegitimacy of the debt, and consequently reach another Nunca Más (never again) consensus on this type of arbitrary and illegal maneuvers.
Finally, we will argue about the convenience of transferring and implementing the approach and working methodology that we deployed in Argentina in other countries, as well as to profit from the experience gained during its development. To this end, we will point out three specific benefits that this type of strategic litigation can bring in the struggle to avoid the imposition of arbitrary and illegal loans by the IMF, which historically (in collusion with national public officers), had consistently conditioned the development of our societies.
Cuarenta años después, cuando en junio de 2018 se terminó la fiesta de colocación de bonos en el mercado privado (porque esos “inversionistas” no son ingenuos), el gobierno de Mauricio Macri endeudó al país con el FMI por 57.100.000.000 de dólares. Al hacerlo dejó huellas documentales que demuestran la absoluta ilegalidad con que se contrajo el crédito. Estos documentos fueron obtenidos a través de un litigio estratégico con la intervención del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), la Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP) y el Centro de Estudios para la Integración Financiera (CINFIN). Toda esta documentación oficial está disponible para consulta en fmiargentina.com.
Asimismo, entendemos que también puso fin a la discusión sobre los alcances del art. 53, LDC, que gobierna la misma cuestión en el campo de los procesos individuales de consumo. No podemos desprender otra conclusión de los términos en que, según vimos, el tribunal expuso sus argumentos para determinar el alcance amplio del beneficio de justicia gratuita.
En las líneas que siguen, analizaremos en primer lugar el contexto procesal en que fue dictada la sentencia. Luego señalaremos lo común que es la existencia de procesos colectivos paralelos y superpuestos frente a riesgos o violaciones masivas de derecho, aportando algunas lecturas de la doctrina sobre la materia.
En tercer lugar, presentaremos un breve repaso del marco normativo y jurisprudencial que gobierna la competencia por prevención a nivel nacional y local. Y sobre este piso de marcha, procederemos a analizar los argumentos que expuso el tribunal para fundar su decisión.
Finalmente, con todo esto en mente y a modo de cierre, me propongo llamar la atención sobre dos cosas.
La primera es la conveniencia de modificar el reglamento del “Registro Público de Procesos de Incidencia Colectiva”, aprobado por Acordada SCBA Nº 3.660 (modificada por el Acuerdo SCBA N° 3721/14), a fin de establecer con claridad que la competencia por prevención en procesos colectivos tiene por fundamento la anotación de la resolución de admisibilidad del amparo colectivo en dicho Registro.
La segunda de ellas es que, aun en el marco de poca claridad que establece la normativa vigente en este campo, correspondía aplicar dicho criterio en este caso. O bien, a todo evento, la regla supletoria del art. 189 del CPCC.
En este sentido, nos llegaron inquietudes y cuestionamientos sobre la viabilidad de plantear una acción de nulidad que, de ser receptada favorablemente por el Poder Judicial, implicaría retrotraer la situación al escenario previo a la firma de la primera Carta de Intención. Estas preocupaciones podrían resumirse en una sola pregunta: ¿acaso sería posible que Argentina no devuelva los 44.000 millones de dólares que el Fondo nos prestó?
También recibimos comentarios e interrogantes acerca de cómo podría impactar el planteo en el actual escenario político y social. Hoy en día, todo indica que el FMI busca posicionarse como un aliado de Argentina y otros países en vías de desarrollo. En este sentido, también pareciera que el FMI, acaso por primera vez en su historia, estaría más inclinado a incentivar programas de inversión y expansión económica en lugar de los programas de ajuste a los que nos tiene acostumbrados.
En tal contexto, podría sostenerse que es imprudente afirmar en el debate público (y mucho más discutir ante el Poder Judicial) que el acuerdo con el FMI es nulo. Especialmente cuando, al mismo tiempo, el Fondo apoyó a nuestro país en la dura negociación con los bonistas. Y más aún si tenemos en cuenta que, ya cerrado el frente externo privado, la próxima parada que nos espera es el propio FMI.
Al respecto queremos señalar dos cosas. La primera es que se trata de una preocupación legítima para quienes no conocen los pormenores del asunto. La segunda es que tal preocupación resulta infundada si consideramos los alcances del planteo judicial, lo cual explicaremos más abajo en esta breve nota.
En este interesante artículo, Rovelli describe algunos aspectos del circo de emisión de bonos soberanos durante la gestión macrista, explicando con claridad hechos que al ciudadano de a pie siempre le resulta difícil comprender.
Como conclusión, afirma que es necesario auditar la deuda para saber qué se hizo con los dólares obtenidos, así como quiénes y a dónde fugaron gran parte de ese dinero. Para llegar a esto, al inicio del capítulo “Análisis y Síntesis” el autor realizó la siguiente afirmación: “La deuda es legal porque el gobierno de Cambiemos se endeudó y el Congreso de la Nación, con el voto afirmativo de muchos de los que hoy son conspicuos miembros de la bancada oficial, le autorizó todos los años a tomar esa deuda”.
Sobre este punto específico es que nos interesa discutir, ya que la porción de la deuda externa argentina que tiene por causa el crédito stand-by contraído en el 2018 con el FMI es, a diferencia de lo que sostiene Rovelli, manifiestamente ilegal.
Según se desprende de la decisión, la Sra. Silvia Inés Lezaun fundó su legitimación activa “en su carácter de jubilada y como cotitular del derecho de incidencia colectiva general individual homogéneo a la seguridad social”, mientras que la Asociación Civil “Años” hizo lo propio “en su carácter de asociación que propende a la defensa de los derechos de los jubilados”.
Las pretensiones colectivas fueron rechazadas porque la jueza consideró, como principal fundamento, que el caso no involucra derechos individuales homogéneos y que, por tanto, las actoras carecen de legitimación colectiva para promoverlas.
La decisión también presenta argumentos vinculados con el requisito que exige demostrar problemas individuales para acceder a la justicia, establecido por la CSJN en “Halabi” y luego regulado en el apartado II.2.c. de la Acordada N° 12/2016 de la siguiente manera: “en la demanda se deberá precisar (…) la afectación del derecho de acceso la justicia de los integrantes del colectivo involucrado”.
significó un punto de inflexión en el campo de la defensa colectiva de derechos en sede judicial en Argentina.
El cambio se produjo principalmente porque en esta sentencia la Corte Suprema
reconoció a los “derechos individuales homogéneos” como un género de los “derechos de incidencia colectiva” del art. 43 CN y, por tanto, como posible objeto de tutela a través de procesos colectivos.
En consonancia con ello, la Corte redefinió el concepto de “causa o controversia”
(elemento habilitante de la competencia del Poder Judicial en los términos del art. 116 CN), señalando que su configuración es diferente de acuerdo con el tipo de derechos que se pretenda defender (individuales, colectivos o individuales homogéneos). De este modo el tribunal amplió drásticamente el poder del Poder Judicial, ya que el nuevo enfoque sobre los alcances de su competencia permitió a los jueces intervenir desde entonces en muchos conflictos que antes eran rechazados por el sistema, fundamentalmente por considerarse que debían ser tratados por los otros poderes del Estado (por ser colectivos).
Sobre estas premisas, al igual que en 1957 cuando mediante “Siri” dio nacimiento al
amparo para la tutela de derechos individuales, al dictar sentencia en “Halabi” el tribunal sostuvo que el art. 43 de la CN es “claramente operativo” y que “es obligación de los jueces darle eficacia, cuando se aporta nítida evidencia sobre la afectación de un derecho fundamental y del acceso a la justicia de su titular”.
Tales cuestiones son las siguientes: (i) audiencias públicas; (ii) amigas y amigos del tribunal; (iii) poderes, responsabilidades y articulación entre jueces y juezas; (iv) colectivización de pretensiones estructurales promovidas en clave individual; (v) instrumentos de implementación (ejecución) de la sentencia estructural; (vi) supervisión y monitoreo de dicha implementación; (vii) astreintes; (viii) flexibilización de las formas y del sistema de preclusión; (ix) publicidad y registros; y (x) intervención de expertas y expertos como colaboradoras del tribunal.
Luego, presentaremos algunas ideas a modo de cierre con el objetivo de profundizar en el debate y avanzar en regulaciones en la materia, las cuales resultan necesarias, en mayor o menor medida, para toda la región latinoamericana.
El desarrollo de su contenido está dividido en cuatro partes. El apartado II trata cuestiones conceptuales de orden general para comprender el origen, alcance y principales características de las sentencias de reforma estructural, así como también cuestiones específicas en materia de sentencias estructurales que benefician a personas privadas de su libertad.
El apartado III se ocupa de los dos precedentes que configuran el principal punto de atención de nuestro análisis. En primer término “Verbitsky I”, dictado por la CSJN en el año 2005, por medio del cual se declaró un estado de cosas inconstitucional y se ordenó a la Provincia de Buenos Aires reformular su sistema penitenciario y su sistema legal en materia de prisión preventiva, además de brindar protección urgente a las personas enfermas, niños, niñas y adolescentes que estaban privadas de su libertad en comisarías. En segundo lugar “Verbitsky II”, dictado por la CSJN en mayo de 2021 para revisitar su decisión del 2005 y establecer si el remedio estructural por entonces ordenado estaba o no agotado en sede jurisdiccional. De esta decisión analizaremos específicamente los elementos considerados por el tribunal para descartar el efectivo cumplimiento de la sentencia.
Finalmente, en el apartado IV sostenemos la necesidad de establecer indicadores de cumplimiento y calendarios por objetivo como parte esencial de las sentencias de reforma estructural, ya que sin ellos difícilmente pueda controlarse la debida ejecución de estas decisiones
A tal fin, el análisis buscará evidenciar cuán conveniente puede ser la implementación de un sistema de resolución de conflictos colectivos a través de jurados populares como herramienta superadora de la justicia técnica que hoy en día monopoliza la gestión y resolución judicial de conflictos en Argentina. En este sentido, también buscaremos resaltar cuán importante puede ser la instauración de juicios por jurados para casos colectivos desde la faz política, como estrategia que podría ayudar en la construcción de un nuevo sentido común sobre el Poder Judicial y la forma en que administra las controversias en una sociedad determinada (con las consecuencias que ello supone sobre nuestros derechos y arreglos comunitarios).
Comenzaremos resaltando los aspectos positivos de ambas instituciones y señalaremos cómo se complementan entre sí. Procuraremos visibilizar la doble condición que comparten el juicio por jurados y los procesos colectivos. Por un lado, el conformar herramientas de transformación o desafío estructural; por otro, la omisión inconstitucional que impide su debida implementación, producto de la ausencia de reglamentación legal. Nos interesa señalar su carácter de presupuestos en la reconstrucción del sistema político en general y judicial en particular, así como presentar a esa omisión como un problema causal.
Para este desarrollo, abordaremos las objeciones que se han planteado en torno al jurado para resistir su aplicación y cuáles podrían esgrimirse o se han empleado al mismo efecto desde la dimensión colectiva. Trataremos de contrastar estas miradas conservadoras con información empírica existente y argumentos técnicos para indagar si estas posturas anti-jurado tienen algún tipo de fundamento atendible o si, por el contrario, se basan en meras falacias que responderían a otro tipo de intereses no explicitados.
En tercer lugar, analizaremos la situación de los Estados Unidos en relación con el juicio por jurados y las acciones de clase. Dado que la Constitución Nacional argentina posee importantes influencias de su par estadounidense, especialmente en cuanto a la estructura y competencias del Poder Judicial, el análisis se enfocará en ciertos aspectos de corte estructural que deberíamos tener en cuenta a la hora de pensar en un modelo de juicio por jurados para conflictos (individuales o colectivos) de trascendencia social en Argentina. Luego, recuperaremos los proyectos de conocimiento público o leyes sobre juicios por jurados en procesos colectivos que existen en el país, describiendo esquemáticamente sus características centrales.
En cuarto término, efectuaremos consideraciones generales sobre qué jurado podría introducirse y qué aspectos son imprescindibles valorar para ello. En este sentido, no nos detendremos a proponer un modelo particular de jurado para procesos colectivos porque entendemos que, previo a ello, nos debemos un profundo debate sobre la necesidad de modificar las anquilosadas estructuras procesales con las que hoy en día el Poder Judicial de la Argentina resuelve conflictos colectivos de indiscutible relevancia social, económica y política.
Por último, ofreceremos algunas conclusiones a las que fuimos llegando durante el análisis propuesto, con el objetivo de contribuir a la discusión pública de cara a las reformas judiciales en curso.
The decision over the scope and depth with which new technologies are used to face disputes resolutions depends, firstly and naturally, on a public policy choice.
For many years, even recognizing their benefits in the Law field, the use of new technologies has been restricted in its implementation to the little and gradual technological development (with the impact it had on the costs of its acquisition, maintenance and update), and also to the limited capacity of online mechanisms for communicating information.
These constrains do not exist nowadays. However, we witness a turning point in historical terms where, beyond public policy decisions, the cultural factor will also play a determining role when it comes to its implementation success. I am referring to the cultural factor.
In this sense, for example in Latin America, one of the findings made by the Justice Studies Center of the Americas through its works in the region is that “even though a decision process and a deep intense regulatory change have taken place, rule implementation processes, cultural changes or actors’ practice and knowledge, citizenship participation and trust in these have been rather weak and little planned”.
Piché also makes reference to this matter in her analysis of Canada’s situation, highlighting that for a better implementation of new technologies in the field of procedural law “it is necessary that judges’ and lawyers’ attitudes evolve and that such actors decide to trust in technology so that they can see it as a vehicle for change, since, together with it, it would be possible to move towards greater efficiency and a fairer dispute resolution, both inside and out-side courts”.
I share her opinion in that “the main key” to change our justice administration systems relies on a greater use of new technologies in courts and in the pro-vision of other judicial services.
Accordingly, Piché holds that technology is use-ful to “challenge and transform the provision of legal services, as well as producing greater efficiency in the management of disputes resolution systems”. All this would result, besides in the strengthening of the access to justice human right.
It is indisputable that the use of new technologies in general, and specially of artificial intelligence, is a tool of absolute transcendence for the improvement of case management in any procedural system around the world. This would allow for great savings in human and material resources, as well as for progress in the making of judgements, which could be given in reasonable deadlines.
What is apparently not very clear is to what extent we are willing to hand over the decision-making power to computer systems.
This does not mean, by no means, that new technologies, especially artificial intelligence, are not relevant instruments for making decisions. The experiences of the Constitutional Courts of Colombia and the Federal High Court of Brazil, to which we have made reference to in this work, show, to some extent, evidence of that.
One of the challenges is, apparently, to find the way of developing judicial branches that use new technologies and exploit all their potential, but that do not separate the jurisdiction, the act of doing justice (or least trying to do so) from their social, historical and anthropological essence,
La primera (apartado II) aborda el proceso electrónico y la tendencia generalizada al abandono del papel como soporte de comunicación, pasando revista sobre el proceso de escasa cuantía y el monitorio europeo.
La segunda parte (apartado III) se dedica al análisis de los mecanismos de resolución de controversias online, trabajando especialmente sobre la reciente experiencia del Reino Unido con la “Corte online”.
La tercera parte (apartado IV) se enfoca en los alcances y desafíos de la inteligencia artificial como instrumento para la gestión de casos y resolución de cuestiones, señalando ejemplos de su utilización en el marco de las Cortes Constitucionales de Brasil y Colombia.
La cuarta parte (apartado V) está dedicada a las implicancias de estas nuevas tecnologías en términos de acceso ciudadano a la información pública, ofreciendo como ejemplo la experiencia del Centro de Estudios de Justicia de las Américas y su Índice de Accesibilidad a la Información Judicial en Internet.
La quinta parte (apartado VI) comprende una suerte de repaso de algunas de las ventajas, riesgos y desafíos que presenta la implementación de nuevas tecnologías en el proceso judicial.
Finalmente, la sexta parte (apartado VII) tiene por objeto presentar ciertas reflexiones en términos de balance y prospectiva.
La existencia de un estado de cosas inconstitucional en la materia fue declarada en el año 2005 por la CSJN al resolver “Verbitsky”. Desde entonces, y salvo durante algunos breves períodos intermedios, la situación solo se ha profundizado.
El caso en análisis fue promovido en un contexto que agrava todavía más la situación y reclama decisiones urgentes: la expansión de un virus con altas tasas de mortalidad que, hasta ahora, solo puede combatirse con higiene y distanciamiento físico. Ambas formas de prevención resultan casi imposibles de respetar dentro de las unidades penitenciarias de la Provincia debido, precisamente, a la señalada situación estructural de sobrepoblación.
Frente a eso, la prisión domiciliaria y las medidas alternativas para ciertos sectores de esa población carcelaria (en especial, los que están en alto riesgo de contagio del virus) no parecen irrazonables si consideramos que se trata de remedios ya articulados por importantes tribunales extranjeros desde hace casi una década. Entre ellos, ni más ni menos que la Suprema Corte de los Estados Unidos (“Brown v. Plata”).
Según intentamos explicar, la decisión de la SCBA que comentamos descansa, fundamentalmente, en una interpretación estricta sobre el modo en que se conforma el grupo o clase representada en el caso.
Podría haberse llegado a otra conclusión de haberse elegido un enfoque diferente, más amplio, que contemplase la homogeneidad desde el punto de vista de la pandemia y el riesgo a la salud y la vida de las personas privadas de su libertad.
Tal vez, también podría haberse llegado a otra conclusión si se hubiera dado una discusión sobre el tema abierta a la sociedad, mediante la celebración de audiencias públicas.
Como hemos señalado en numerosas oportunidades, hay demasiado en juego en procesos colectivos de estas características para que el debate procesal quede escondido en papeles intercambiados entre unas pocas partes.
La interpretación realizada por el tribunal en cuanto a las cuestiones individuales de los miembros del grupo como elemento de ruptura del caso colectivo es preocupante y pone en riesgo la viabilidad futura de este instrumento de tutela colectiva. Sostenemos esto porque, aplicada estrictamente, esta interpretación podría impedir de plano el planteo de habeas corpus colectivos correctivos en supuestos de violación de derechos individuales homogéneos.
Por ahora, solo queda esperar el recurso extraordinario federal y la postura que, en su caso, asumirá nuestra CSJN frente al tema (tanto en términos de admisibilidad como de procedencia).
/// La atendibilidad de la prueba científica genera problemas en el contexto de casos individuales y en el contexto de casos colectivos. Ello así debido a que los jueces, por regla, carecen del bagaje científico necesario para enfrentarla y valorar sus resultados. Por tal motivo la publicidad y el contradictorio en la producción de este tipo de pruebas resultan de fundamental importancia. De un lado, concurren a fortalecer la transparencia del procedimiento. Del otro, colaboran en la obtención de un mejor resultado al facilitar el control durante la producción y dotar de mejores elementos de juicio al magistrado para proceder a su valoración. Entiendo que el alto impacto subjetivo, social, económico y hasta político que pueden producir las sentencias colectivas demanda extremar esfuerzos para profundizar ese contradictorio, aumentar la publicidad y dotar al juez de más y mejores elementos de juicio a la hora de valorar la prueba científica. Las ideas que fueron presentadas en este trabajo pretenden servir como disparador para discutir posibles alternativas a fin de lograr esos objetivos.
A ideia de publicá-las surgiu no final de 2018, e só foi possível graças à colaboração de Daniel Arce, de Camila Beguiristain, de Matías Caimi, de Manuel Caramés, de Yasmín Aguirre e de Santiago Di Maria, que transcreveram de forma detalhada os vídeos e áudios dos respectivos registros. Após, dediquei-me a editar e a corrigir esse material para o adaptar ao formato de livro, mantendo a linguagem simples utilizada em cada oportunidade. Também selecionei alguns trabalhos próprios (e em coautoria) que são trazidos como referências ao final de cada capítulo. Trata-se de um convite para quem deseje se aprofundar nos temas abordados.
Ao longo das páginas, será possível encontrar o desenvolvimento de explicações, de propostas e de críticas sobre diferentes questões, conceitos e ideias vinculados ao tratamento e à decisão de conflitos coletivos perante o Judiciário.
Tenho investigado, lecionado e escrito sobre esses temas por mais de quinze anos2, e trabalho na condição de advogado em matérias a eles relacionadas por quase uma década. Esse esclarecimento é relevante para que se saiba a partir de que condição falo e escrevo, vez que estou convencido de que não há discursos neutros.
Será possível notar que alguns dos temas analisados se repetem em diferentes apresentações, e que, em certos casos, são explicados de forma quase idêntica. Conforme o meu modo de ver e de entender o fenômeno do processo coletivo, giram ao redor destes temas as principais problemáticas que devem ser consideradas, enfrentadas e debatidas com franqueza (e com urgência e estado de espírito crítico) caso realmente desejemos avançar para a formação de um sistema efetivo de defesa coletiva de direitos e cumprir, dessa forma, o comando do artigo 43 da Constituição Nacional.
Estão inseridos entre eles, por exemplo, o fenômeno dos conflitos coletivos como um sinal da nossa sociedade contemporânea, a ausência de mecanismos processuais adequados e eficientes para debater tais conflitos no palco judicial e as vantagens que – mesmo na ausência de mecanismos com tais características – os processos coletivos trazem consigo em matéria de acesso à justiça, de dissuasão de condutas ilícitas coletivas, de macroeconomia processual e de tratamento igualitário de conflitos homogêneos.
Também são repetidas ideias sobre a falta de legitimidade político-majoritária do Poder Judiciário para se envolver nesses temas, sobre a necessidade de criação de instrumentos que permitam a obtenção desta legitimidade, sobre o papel do juiz no nosso sistema democrático, sobre os limites para que controle as decisões de outros Poderes do Estado em matéria de políticas públicas, sobre a necessidade de que a problemática seja abordada a partir de um enfoque multidisciplinar e, por fim, sobre os fortes interesses corporativos e estatais que explicam a falta de regulamentação da matéria e a grande quantidade de conflitos coletivos que tem recebido – ou que ainda recebe – tratamentos e decisões verdadeiramente escandalosos e, mais que isso, desprovidos de conhecimento ou de controle sociais.
No geral, como se pode perceber pela sua simples descrição e como espero que fique claro com o seu desenvolvimento, não se trata de questões de técnica processual coletiva (que existem e também devem ser debatidas). Trata-se, em verdade, de questões sociais, políticas, econômicas, culturais e organizacionais muito mais profundas e complexas do que as possíveis características ou desenhos próprio.
Como principal clave de lectura les proponemos partir de una premisa fundamental: la enorme magnitud y el tipo de conflictos que se están discutiendo, papel va, papel viene, dentro del poder judicial. Sobre todo, ante los superiores tribunales de justicia de nuestros países.
Solo en Argentina, desde donde escribo, en los últimos 10 años el poder judicial federal y las jurisdicciones locales han dictado resoluciones y sentencias de diverso tipo (cautelares y de mérito) en el marco de procesos donde se debate, por ejemplo, el modo de facturar en el mercado de teléfonía móvil, la cartelización de empresas de distintos rubros, el acceso voluntario a la interrupción del embarazo y la impugnación de la ley que lo autoriza, las condiciones de detención de personas privadas de su libertad en establecimientos penitenciarios y diversos derechos fundamentales que les asisten (educación, requisas dignas, beneficios de la seguridad social, salario por el trabajo realizado, prisiones domiciliarias para embarazadas y madres con niñas pequeñas), las condiciones de internación en establecimientos neuropsiquiátricos, la defensa de sitios de memoria del genocidio argentino, situaciones de contaminación por explotación minera en zonas prohibidas, recuperación de espacios culturales y del patrimonio histórico, el trato digno que deben aplicar las entidades bancarias a sus clientes, la protección de patrimonio paleontológico, los límites de tasa de interés que cobran las tarjetas de crédito, la validez constitucional del blanqueo de capitales por parte de familiares de funcionarias y funcionarios públicos, la comisión que pagan inquilinos e inquilinas para acceder a una vivienda familiar, diversas prácticas ilícitas de mutuales y obras sociales (aumentos indebidos, bajas indebidas, cobros en exceso), la legalidad y razonabilidad de los cuadros tarifarios de servicios públicos esenciales (gas, luz, agua, telefonía), el pago de impuesto a las ganancias integrantes del poder judicial, situaciones de riesgo y daño ambiental por actividades de diversa índole (industrias, desmontes, represas, aplicación de agrotóxicos, obras de infraestructura vial), cargos y comisiones cobradas indebidamente por entidades bancarias, financieras y otras prestamistas, cláusulas contractuales abusivas de todo tipo y color, impuestos tasas y contribuciones que se consideran inconstitucionales, daños por productos elaborados (automotores, protectores solares), derechos de usuarios de servicios de turismo, restricciones de derechos en el contexto de la pandemia de Covid-19, condiciones edilicias de ciertos tribunales, la validez del empréstito contraído por Argentina con el FMI en 2018, el acceso a medicamentos para ciertas enfermedades, la falta de vacantes en las escuelas públicas, y el régimen de derechos y obligaciones de personas migrantes, entre muchas otras cuestiones.
Como podrán advertir, hablamos de conflictos que involucran a cientos de miles, millones y hasta decenas de millones de personas afectadas de manera homogénea en sus derechos, o en riesgo de serlo.
Conflictos que, en nuestra región, se desarrollan en el contexto de marcos convencionales y constitucionales que exigen proteger de manera preferente ciertos bienes y derechos, por un lado, y ciertos grupos de personas que han sido tradicionalmente relegadas o débilmente protegidas, por el otro.
Marcos constitucionales que, además, en diversos supuestos reconocen expresamente el derecho de acceso colectivo a la justicia (como Argentina, Brasil y Colombia), y tribunales que lo han hecho operativo a pesar de su falta de regulación adecuada (adecuación que, por la entidad de los conflictos, debería ser estricta).
Frente a este tipo de conflictos y de marcos convencionales y constitucionales, claramente diferentes a los que se tuvieron en cuenta para diagramar nuestras herramientas procesales tradicionales, resulta imprescindible revisar y repensar diversas técnicas y nociones conceptuales clásicas para adaptarlas a clave colectiva.
Se trata de temas sobre los que vengo investigando, escribiendo y dictando clases desde hace más de quince años, y sobre los cuales trabajo como abogado litigante desde hace casi una década. Esta última aclaración es importante para que sepan desde donde hablo y escribo, ya que estoy convencido de que no hay discursos neutros.
Podrán ver que algunos de los temas analizados se repiten en distintas presentaciones y, en ciertos casos, se explican de manera casi idéntica. A mi modo de ver y entender el fenómeno de los procesos colectivos, alrededor de esos temas giran las principales problemáticas que debemos considerar, enfrentar y discutir francamente (con urgencia y espíritu crítico, además) si realmente queremos avanzar hacia un sistema efectivo de defensa colectiva de derechos y cumplir de ese modo con el mandato del artículo 43 de la Constitución Nacional.
Entre ellos me refiero, por ejemplo, al fenómeno de los conflictos colectivos como signo de nuestras sociedades contemporáneas, la ausencia de mecanismos procesales adecuados y eficientes para discutir tales conflictos en sede judicial, y las ventajas que –aun en ausencia de mecanismos con tales características– traen consigo los procesos colectivos en términos de acceso a la justicia, disuasión de conductas ilícitas colectivas, macroeconomía procesal y tratamiento
igualitario de conflictos homogéneos.
También se repiten ideas sobre la falta de legitimidad política mayoritaria del Poder Judicial para involucrarse en estos temas, la necesidad de generar instrumentos que permitan construir esa legitimidad, el rol de los jueces en nuestro sistema democrático y sus límites para controlar las decisiones de los otros poderes del Estado en materia de políticas públicas, la necesidad de abordar la problemática desde una perspectiva interdisciplinaria y no solo jurídica, y, por supuesto, los fuertes intereses corporativos y estatales que explican la falta de regulación en la materia y la gran cantidad de conflictos colectivos que han recibido –o bien reciben en la actualidad– tratamientos y decisiones verdaderamente escandalosas y, además, alejadas de todo conocimiento y control social.
En general, como puede advertirse de su sola enunciación y como espero quede claro con su desarrollo, no se trata de cuestiones de técnica procesal colectiva (que efectivamente las hay, por supuesto, y también deben ser discutidas). Se trata, más bien, de cuestiones sociales, políticas, económicas, culturales y organizacionales mucho más profundas y complejas que las características y diseño que pueda tener una ley procesal en la materia.
La primera de ellas será dedicada a plantear algunos de los principios fundamentales de la teoría general de la prueba, sentando las premisas en función de las cuales analizaremos el fenómeno de la prueba científica. En este orden de ideas, nos detendremos brevemente en la finalidad que persigue el proceso civil y distinguiremos los alcances de la noción de prueba jurídica, así como sus diversas acepciones. Sentado ello abordaremos el rol que cumple la prueba en el proceso y apuntaremos algunas notas sobre las nociones de relevancia lógica, admisibilidad y atendibilidad. Para no exceder el objeto de esta parte del trabajo, y aprovechando la audiencia especializada a la cual es destinado el discurso, muchas cuestiones se darán por presupuestas y el análisis se focalizará particularmente en aquellos aspectos que cobran nuevos perfiles al involucrarse con el fenómeno de la prueba científica.
La segunda parte del trabajo será dedicada al análisis de los tres problemas que escogimos en relación a la prueba científica. El primero de ellos se encuentra configurado por la delimitación de los alcances de la noción. La importancia de esta empresa es evidente ya que no existe consenso sobre qué debe entenderse por prueba científica, lo cual a su vez provoca confusiones a la hora de evaluar su actuación en el proceso. Una vez identificado nuestro objeto de estudio nos ocuparemos de los problemas involucrados en torno a la admisibilidad de la prueba científica. A tal fin analizaremos los mecanismos a través de los cuales ingresa al proceso, el especial escrutinio que debe efectuarse por parte del juez para evitar la incorporación de junk science (ciencia basura) a través de los mismos y la evolución jurisprudencial de la materia en los Estados Unidos de América. En esta tarea nos será de especial utilidad la experiencia norteamericana ya que en dichas latitudes las discusiones que surgieron a la luz sobre el tema que nos ocupa cobraron especial trascendencia con motivo de los grandes intereses económicos y políticos involucrados. Finalmente, nos ocuparemos de la atendibilidad o eficacia de la prueba científica, haciendo hincapié sobre los dilemas que se presentan al juez cuando debe evaluar el trabajo de un experto siendo lego en la materia.
Lejos de intentar agotar el tema, la finalidad de las reflexiones que iremos presentando a lo largo del trabajo puede considerarse cumplida para nosotros en la medida que ellas resulten de utilidad para fomentar la discusión sobre una materia que la realidad social contemporánea ha prácticamente impuesto como objeto obligatorio de estudio para el jurista.
Mediante esta decisión, el tribunal avanzó sobre el análisis de aspectos de absoluta relevancia en la materia, ofreciendo precisiones y determinaciones conceptuales en base a las cuales se trabaja, con algunos ajustes menores que se realizaron posteriormente, hasta el día de hoy. Sin perjuicio de su relevancia, esta sentencia de la Corte dejó instalados diversos y serios interrogantes.
El objetivo de este trabajo es analizar con detenimiento qué argumentos utilizó el tribunal para sostener lo que dijo, y ofrecer una lectura crítica de algunas de esas cuestiones. Asimismo, desde esa perspectiva crítica, buscamos evidenciar diversas contradicciones, errores e inconsistencias internas que tiene la decisión. Luego, y con motivo de los resultados de este análisis, proponemos una lectura del tema que intenta entender lo que hizo la Corte en este caso.
Desde esta perspectiva, abordaremos el conflicto que disparó el planteo del caso, el alcance de la pretensión promovida por Ernesto Halabi y el trámite que siguió el proceso hasta llegar a la Corte (apartados II y III), la definición que brindó el tribunal sobre el alcance de los "derechos de incidencia colectiva" reconocidos en el art. 43 CN (apartado IV), la redefinición de la doctrina de "causa o controversia" en tanto elemento habilitante de la competencia judicial (apartado V), el vacío legal y la exhortación al Congreso de la Nación para que se ocupe de una buena vez de sancionar una ley en la materia, y también el carácter plenamente operativo del art. 43 CN (apartado VI).
Luego nos ocuparemos de analizar las referencias que se hicieron al derecho comparado en la materia (apartado VIII), el establecimiento de requisitos de admisibilidad para procesos colectivos en tutela de derechos individuales homogéneos (apartado VIII), las "pautas adjetivas mínimas" establecidas por la Corte para el trámite de este tipo de procesos (apartado IX), las precisiones efectuadas sobre los alcances y la raíz constitucional de la cosa juzgada colectiva (apartado X), el modo en que el tribunal abordó la cuestión de fondo, a pesar de encontrarse firme y consentida (apartado XI), y la "reserva" que se hizo sobre los alcances de la opinión de Highton de Nolasco (apartado XII).
Para ello, explicaremos cómo se logró demostrar, con expedientes e instrumentos públicos emitidos por el propio Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que el crédito stand-by del 2018 y su posterior ampliación son insanablemente nulos por haberse violado de manera manifiesta los requisitos esenciales de control y procedimiento que, para este tipo de operaciones de crédito público externo, exigía la Ley de Administración Financiera N° 24156 (LAF) y la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo N° 19549 (LNPA).
En este orden de ideas, realizaremos un breve recorrido sobre las distintas acciones administrativas, judiciales y de incidencia comunicacional y política que se articularon como parte de una estrategia conjunta, sus resultados concretos y el impacto que generaron en el Congreso de la Nación y en el PEN. También explicaremos los alcances de la acción judicial de nulidad promovida con fundamento en los documentos oficiales descubiertos. Según veremos, si bien hasta el momento no se logró obtener la nulidad jurídica del crédito, el litigio estratégico sobre esta delicada y trascendente cuestión alcanzó numerosos objetivos concretos que esperamos permitan profundizar la discusión para construir la ilegitimidad política de la deuda y un Nunca Más a este tipo de maniobras arbitrarias e ilegales.
Para terminar, sostendremos la conveniencia de transferir e implementar en otros países el enfoque de abordaje y la metodología de trabajo que utilizamos, así como la experiencia obtenida durante su desarrollo. Para ello, apuntaremos tres beneficios específicos que este tipo de litigio estratégico puede traer aparejados en la lucha por evitar la imposición de acuerdos arbitrarios e ilegales por parte del FMI que, históricamente y en connivencia con funcionario nacionales, han condicionado el desarrollo de nuestras sociedades.
involucran derechos “de incidencia colectiva”. Las complejas aristas sociales, políticas y económicas que presentan los procesos colectivos (ambientales y no ambientales) exigen un mecanismo de discusión rodeado de mayor transparencia, publicidad y ciertos reaseguros que permitan solucionar el conflicto sin vulnerar la garantía de debido proceso legal de las personas involucradas. La República Argentina carece de un marco legal adecuado para atender este fenómeno que, a esta altura del siglo XXI, ya no puede considerarse como algo verdaderamente novedoso (Trabajo previamente publicado en Revista Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata N° 42, Diciembre de 2013)
A tal efecto, primero dedicaremos algunos párrafos para establecer qué son y para qué sirven los procesos colectivos (apartado II). Luego señalaremos las fuentes de derecho local, nacional y comparado (interno e internacional) que fueron consideradas para el estudio y redacción de la propuesta (apartado III). En tercer lugar, explicaremos la técnica legislativa utilizada en la iniciativa (apartado IV).
En cuarto término, presentaremos el contexto general de discusión que propone el Anteproyecto en su conjunto y donde la propuesta sobre procesos colectivos busca operar (apartado V). Sobre este piso de marcha, analizaremos un elenco de los principales institutos comprendidos en la regulación (apartado VI) y daremos cierre al trabajo con una nueva exhortación para avanzar en el debate y sanción legislativa de mecanismos procesales adecuados para atender conflictos de enormes proporciones y de implicancias que van mucho más allá de lo jurídico (apartado VII).
Por medio de este estudio del caso pretendemos mostrar en detalle un ejemplo que permite visibilizar el potencial de los procesos colectivos como instrumento de participación ciudadana en el control de la cosa pública y mecanismo para estimular el control judicial de la actividad administrativa, así como también diversas cuestiones procesales problemáticas que se presentaron a lo largo de la discusión y que, en mayor o menor medida, son compartidas por otros procesos de este tipo.
El trabajo también ofrece una lectura crítica de la sentencia dictada por la CSJN, mediante la cual intentamos demostrar cómo el tribunal limitó drásticamente ese potencial a través de diversas inconsistencias lógicas y argumentales que derivaron en una decisión según la cual: (i) los señalados actos administrativos fueron anulados para un sector de los usuarios afectados y, al mismo tiempo, considerados válidos para otros; y (ii) se impusieron las costas de todas las instancias del proceso por su orden, a pesar de tratarse de un caso de nulidad manifiesta y de un caso de interés público.
En primer lugar, ubicaremos el tema en contexto y desarrollaremos algunas precisiones conceptuales para explicar por qué esta vinculación entre procesos individuales y colectivos es un fenómeno común y creciente en nuestro país (apartado II). Luego abordaremos algunos antecedentes jurisprudenciales para mostrar el tipo de problemas que provoca esa vinculación y la existencia de criterios contradictorios de decisión al respecto (apartado III).
En tercer lugar, trabajaremos sobre los antecedentes del caso en comentario para identificar el conflicto, entender qué se discutía y conocer cómo el caso llegó a la CSJN (apartado IV). Sobre ese piso de marcha, analizaremos la sentencia de la CSJN para identificar cuál es la interpretación que estableció el tribunal en la materia, además de agregar otros argumentos que sostienen el acierto de la solución finalmente adoptada (apartado V).
Presentaremos también algunos ejemplos de cómo la cuestión se encuentra regulada en diversos proyectos de ley sobre procesos colectivos que tramitan en nuestro país (apartado VI), así como los contornos del tema en el derecho brasileño, fuente directa en la materia (VII). Finalmente, a modo de cierre, insistiremos en la necesidad de regular la cuestión para evitar situaciones de indefensión y de violación al derecho a ser juzgados en plazo razonable (apartado VIII).
El centro de la cuestión radica en que, en los acuerdos transaccionales, los partícipes hacen reconocimientos y concesiones recíprocas para comprometer obligaciones dudosas o litigiosas y, como consecuencia de eso, se compromete el destino de derechos de los miembros de la clase o grupo de personas que están involucrados en el conflicto, aunque no hayan participado del proceso más que a través de un representante adecuado.
Recordemos que, de acuerdo con las bases sentadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el conocido caso “Halabi”, la matriz representativa fue la escogida para realizar la tutela prevista en el art. 43, segundo párrafo, de la Constitución Nacional. Tengamos también en cuenta que el efecto de la transacción homologada es el de la cosa juzgada.
La premisa a partir de la cual debe iniciarse el análisis, entonces, es que el legitimado extraordinario actúa en el proceso colectivo con la calidad de adecuado representante de la clase, ejerciendo una defensa vigorosa de todos los intereses de sus miembros, sea mediante una pretensión o una defensa, tal y como si ellos mismos hubieran estado presentes o asumiendo que, de haber ejercido directamente la defensa, no podrían haberlo hecho de mejor modo. Este aspecto, generalmente complejo, lo daremos por cumplido a los efectos del análisis que proponemos, ya que la idea es centrarnos en la eficacia de los efectos del acuerdo desde el punto de vista normativo y analítico.
Intentaremos mostrar que, a pesar de su expresa regulación, el modelo de cosa juzgada secundum eventum litis previsto en el art. 54 de la LDC no resulta aplicable a los efectos de un acuerdo transaccional homologado porque, en este contexto, la decisión judicial será siempre “favorable” a los intereses del grupo.
Ambas Resoluciones fueron apeladas por diversas empresas. Luego del rechazo en sede administrativa, la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (en adelante “la Sala C”) decidió primero hacer lugar a la queja y luego a la apelación. Como consecuencia de ello, en la parte dispositiva de esta última sentencia resolvió “dejar sin efecto las resoluciones apeladas”.
El objetivo de este trabajo no es analizar la cuestión de fondo allí debatida ni los fundamentos desarrollados por el tribunal para motivar su decisión. Nos interesa, en cambio, abordar dos aspectos procesales del caso que involucran, además, cuestiones de debido proceso, participación ciudadana y relaciones de poder entre distintos fueros del Poder Judicial y entre distintos Poderes del Estado.
El primero de ellos es el problema que supone la tramitación individual del caso cuando su objeto involucra un análisis de validez y/o constitucionalidad de políticas públicas, presentado ante el Poder Judicial en el marco de una pretensión de carácter indivisible (cuya decisión favorable a las apelantes generó, en este caso puntual, una situación de indefensión del grupo de personas al cual se dirige la medida de acción positiva tomada en la Resolución IGJ N° 34/2020).
El segundo aspecto que analizaremos es la particular situación en que se encuentra el caso debido a múltiples conflictos de competencia que han ido surgiendo a lo largo de su trámite. Conflictos que involucran deslindes de poder entre fueros del Poder Judicial y entre este departamento de Estado y la Administración Pública.
A modo de cierre, sostendremos que, como consecuencia de tales conflictos de competencia, la tramitación del caso por vía del proceso colectivo es todavía una alternativa vigente. Una alternativa sobre la cual consideramos sería necesario avanzar, ya que permitiría garantizar una discusión pública, abierta y participativa sobre la medida de acción positiva implementada por la IGJ en los actos impugnados.
Con sustento en este análisis, realizaremos algunas reflexiones preliminares que nos permiten sostener la existencia de numerosos e irresolubles obstáculos de orden constitucional, procesal y de principio para la admisibilidad y la procedencia de este tipo de acciones colectivas.
No solo porque buscan impugnar, en abstracto, la constitucionalidad de leyes sancionadas por el Congreso de la Nación (cuestión sobradamente abordada por la CS), sino también porque presentan evidentes defectos postulatorios, asumen interpretaciones equivocadas sobre los alcances de la legitimación colectiva y olvidan la necesidad de intervención de otros grupos de personas con intereses contrapuestos.
Según veremos, se trata de una normativa que significa importantes avances en términos de previsibilidad, acceso a la justicia y debido proceso colectivo, aunque también contempla previsiones que configuran un retroceso para esos mismos derechos y garantías y que plantean cuestiones problemáticas en términos constitucionales.
Esta regulación viene a determinar las reglas procesales que deben aplicarse en el fuero especial creado por el art. 41 de la ley 26.993, conforme surge de lo dispuesto por el art. 5º del Código: “La Justicia en las Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será competente para conocer: (...) 3. En los procesos colectivos que involucren relaciones de consumo descritas en el inc. 1º de presente”.
El cap. 4 se ocupa de regular legitimación colectiva, beneficio de gratuidad, mediación pre(judicial, requisitos de admisibilidad, adecuada representación, objeto de los procesos colectivos de consumo, trámite, notificaciones, contenido de la sentencia, cosa juzgada colectiva, destino de las indemnizaciones y transacción.
Como puede advertirse, la sola lectura de los institutos procesales abordados confirma un claro avance en comparación con las escasas normas contempladas actualmente en la ley 24.240 y modificatorias (en adelante, “LDC”). Al mismo tiempo, evidencia que numerosas cuestiones de relevancia para el trámite de este tipo de procesos han quedado sin tratamiento expreso. Entre ellas, y entre otras, pueden destacarse los poderes de gestión del jueces y juezas en este contexto de enjuiciamiento, las medidas cautelares, la intervención de terceros e integrantes del grupo representado, los amigos y amigas del tribunal, la vinculación entre procesos colectivos, y la vinculación entre procesos individuales y procesos colectivos.
En los desarrollos que siguen nos ocuparemos de analizar el modo en que han sido diagramadas las cuestiones efectivamente reguladas en el Código, identificando sus bondades y posibles problemas. Asimismo, aportaremos algunos desarrollos conceptuales y de derecho comparado que permitan poner los temas en contexto y colaborar en el entendimiento, interpretación y aplicación del Código.
La iniciativa tramita en el Expediente N° 208-PL-19 y tiene su origen en el trabajo de la Comisión de Redacción del Anteproyecto de Procesos Colectivos, dirigida por Claudia B. Sbdar e integrada por José Humberto Sahian, Bárbara Steimberg, Germán Muler y Daniel Moeremans.
En estas líneas comentaremos 20 puntos concretos de la propuesta, los cuales entendemos demuestran su seriedad, su alto nivel de innovación, la claridad de sus objetivos en términos de política pública y una destacable sistematicidad y consistencia interna
principios que sostienen la iniciativa y guían las actividades allí realizadas, cuál es el procedimiento que debe seguirse para habilitar la intervención de cualquiera de las comisiones en un asunto determinado, cómo se resolvió regular el tema de los honorarios a devengarse en el marco de los casos patrocinados por el Programa, y –finalmente- qué mecanismos complementarios fueron ideados para brindar apoyo y profundizar el desarrollo del espacio sin alterar su carácter fuertemente pedagógico.
La invalidación implica, a mi modo de ver, que los efectos de la sentencia igualmente beneficiaron a los usuarios “no residenciales”.
Un ejemplo puede servir para demostrar mi argumento: si un órgano judicial declara la nulidad de una ley formal del Congreso por haberse incurrido en un vicio de procedimiento insalvable, ¿podría sostenerse que esa ley resulta aplicable para algunos y no para otros, aun cuando así lo diga la sentencia?
Me parece claro que no.
En este sentido, la declaración de la CSJN sobre la limitación subjetiva de los alcances de su sentencia debe confrontarse con el hecho que las Resoluciones MEyMN Nº 28/2016 y Nº 31/2016 no pueden al mismo tiempo ser válidas (para un sector de los usuarios) e inválidas (para otro).
Más allá de cualquier discusión jurídica, esta afirmación se apoya en el principio lógico de no contradicción. Un principio fundamental que “ontológicamente, se enuncia afirmando que ‘nada puede ser y no ser juntamente’. En su versión lógica tiene esta forma: ‘No se puede afirmar y negar juntamente una misma cosa de un mismo sujeto’”.
En esa línea de trabajo y con la intención de colaborar en la redacción de un producto legislativo que aporte soluciones a una realidad compleja en la que la reina una gran dispersión de criterios para el manejo de los conflictos colectivos, trabajamos posteriormente en la redacción del anteproyecto de ley que ahora compartimos aquí. Se trata, una vez más, de un documento que pretende sumar al debate como insumo para la discusión. En cuanto tal, esperamos que sea examinado críticamente y modificado en todo cuanto se crea oportuno y conveniente.
El anteproyecto busca traducir las líneas de principio y tomas de posición establecidas por el grupo de trabajo en aquella “Propuesta de Bases”. Así, abarca los institutos indispensables propios de este tipo de tutela representativa y aquellos que juzgamos apropiados a nuestro contexto jurídico y social.
El texto, como podrá advertirse, tiene por principal objetivo establecer un sistema procesal maleable, que corte transversalmente el ordenamiento, recepte los conflictos sin sectorizaciones materiales y regule los procesos colectivos de modo general. Desde lo sustancial proponemos un proceso que permita incorporar al debate los diversos intereses que confluyen en estos conflictos multipolares, así como habilitar una discusión amplia, pública y transparente de modo de legitimar las decisiones que allí se adopten.
Entendimos que era necesario vincular este esquema procesal con su actual contexto y reciente evolución, lo que condujo a tomar en especial consideración los avances producidos en este campo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (tanto en ejercicio de su competencia jurisdiccional como reglamentaria) y a vincular el proceso colectivo con los diversos sistemas de derecho vigentes, tanto procesales como materiales.
Si bien ha sido pensado, redactado y orientado hacia el ordenamiento jurídico nacional, entendemos que igualmente puede servir de disparador y fuente de ideas para los procesos de reforma que se están comenzando a desarrollar en diversas jurisdicciones locales ante una realidad incontestable que reclama cada vez con más urgencia el establecimiento de reglas claras de discusión para dirimir conflictos colectivos ante los tribunales de justicia.
La redacción final de este texto estuvo a cargo nuestro, pero no podría haberse realizado sin el trabajo del grupo en la “Propuesta de Bases” y sin el aporte de críticas, comentarios y sugerencias realizadas por varios de sus integrantes a los borradores del texto.
Es aquí donde el deber de motivación, como exigencia normativa, muestra la distancia existente con la obligación de fundar, resignificando este último concepto histórico y erigiéndose como una herramienta elemental no sólo para visibilizar y componer esos desarreglos, legitimar el sistema y rendir cuentas, sino también para ajustar las tensiones presentes en la resolución de cualquier disputa.
En efecto, tal como señalamos puede leerse que -de aprobarse el texto de esta propuesta legislativa- los jueces deberán dictar una resolución por la cual se le asigne tramite colectivo al proceso, se individualice y caracterice a la clase, se califique a su representante como adecuado y se establezca la forma en que se dará publicidad al proceso. Se trata, en definitiva, de una verdadera y propia instancia de "certificación" de la acción colectiva al estilo del mecanismo regulado en las acciones de clase del sistema federal estadounidense.
El contenido y las formalidades para el dictado de dicha resolución o aparecen claramente impuestos en el artículo 7 inciso "c" del proyecto, ya que directamente se refiere a ella al momento de enumerar los requisitos de la comunicación que debe realizar el juzgado al Registro. Estas mínimas pautas, respecto de las cuales en líneas generales la doctrina ha dado su acuerdo, estarán marcando el rumbo que los legisladores luego podrán continuar profundizando en caso de avanzar con una regulación integral sobre procesos colectivos.
Sin embargo, la legislación sigue manteniendo una tendencia fragmentaria en la materia, que se exhibe especialmente desde dos perspectivas: (i) Al avanzar, sin vocación de sistema, sobre la reglamentación de algunos de sus aspectos controvertidos (típicamente: la enunciación de los sujetos legitimados para accionar
colectivamente o la previsión de algunas variantes de regulación de los alcances subjetivos de la cosa juzgada), descuidando otros temas relevantes (vg., la representatividad adecuada, la litispendencia, la interacción de las acciones colectivas e individuales, etc.). (ii) Al continuar sancionando normas relativas al trámite de este tipo de conflictos en cuerpos normativos aislados por materia (por ejemplo, leyes de defensa del consumidor o del medio ambiente; leyes de amparo, etc.), desconociendo así la regla de buena técnica legislativa que impone simplificar, en la medida de las posibilidades, los instrumentos de tutela cuando no existen
razones de peso que justifiquen un trato dispar entre controversias que comparten cualidades análogas, como en gran medida ocurre con los conflictos y procesos colectivos.
Según veremos, se trata de una normativa que significa importantes avances en términos de previsibilidad, acceso a la justicia y debido proceso colectivo, aunque también contempla previsiones que configuran un retroceso para esos mismos derechos y garantías y que plantean cuestiones problemáticas en términos constitucionales.
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Данная статья является обзором того, как представлены коллективные иски в различных конвенциях, конституциях в целомв законодательстве таких стран Латинской Америки, как Аргентина, Чили и Бразилия. В первую очередь будет рассмотрено регулирование коллективных исков на уровне принятых международных конвенций в рамках Межамериканской системы защиты прав человека. Далее будет сделан обзор того, как отражены коллективные иски в конституциях рассматриваемых стран. Будут также рассмотрены проведенные изменения в законодательстве вышеназванных стран, которые были необходимы для обеспечения прав, вытекающих из права на коллективный иск, актуальные достижения в этой области и последние реформы и проекты реформ в судопроизводстве.
Esta nulidad deriva no solo por el hecho de que el crédito fue tomado por el Poder Ejecutivo sin intervención del Congreso, sino por haberse violado de manera manifiesta diversas leyes nacionales. En especial, requisitos esenciales establecidos por la Ley de Administración Financiera N° 24.156 (LAF) y la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo N° 19.549 (LNPA).
Esa tarea, que fue llevada adelante no sólo por medio de precedentes sino también a través del ejercicio de las competencias reglamentarias del tribunal, será analizada en este trabajo con el objetivo de demostrar que es posible identificar en Argentina diversos principios que permiten hablar de un verdadero derecho constitucional a un “debido proceso colectivo”, orientados a garantizar pautas razonables y adecuadas para la discusión en sede judicial de conflictos complejos y policéntricos que son bien diferentes de aquellos que sirvieron como premisa para pensar y diagramar los contornos de la garantía de debido proceso legal individual (y, por tanto, las reglas procesales que de allí se han derivado).
Mi trabajo parte de las clásicas enseñanzas de Chayes sobre la materia, las cuales –a poco de cumplirse 40 años desde su publicación– han cobrado una inusitada trascendencia para comprender el fenómeno de la discusión de conflictos colectivos en sede judicial en la República Argentina, y tal vez en toda la región Latinoamericana. Asimismo, asume una concepción fuerte de la idea de “principio”, tomando para ello la doctrina de Dworkin y de Díaz en punto a que los mismos configuran un verdadero condicionante constitucional para la actuación de los operadores jurídicos. Por último, también tengo particularmente presente el carácter normativo que ha adquirido la jurisprudencia en la República Argentina, donde “las decisiones judiciales han dejado de ser vistas como una mera fuente jurídica formal y (…) los jueces resuelven los casos según decisiones precedentes”.
Sobre este piso de marcha contextual y conceptual, lo que postulo es que la identificación y determinación de los alcances del derecho a un debido proceso colectivo –que encuentra su raíz fundamental en el art. 43 CNA– configura una tarea conceptual útil para establecer las características esenciales que debería tener una legislación adecuada en la materia (cuya sanción se presenta como algo urgente), así como también para disponer –en el mientras tanto– de la mínima seguridad jurídica que exigen las trascendentes discusiones desarrolladas en este tipo de procesos sobre delicados asuntos sociales, políticos y económicos que involucran a grandes grupos de personas. Grupos que, además, en muchos casos se encuentran relegados de los canales tradicionales de diálogo institucional en el marco de un mecanismo de democracia puramente representativa que se muestra cada vez más inadecuado para los tiempos que corren
EL ROL DEL JUEZ EN EL LITIGIO DE INTERES PÚBLICO
Abram Chayes
Traducción al español de Olivia Minatta y Francisco Verbic
Tradicionalmente los procesos judiciales fueron entendidos como un modo de resolver conflictos entre aquellos particulares que no hubieran podido llegar a un acuerdo por sí mismos. En este artículo, el Profesor Chayes sostiene que esa concepción del proceso judicial no da cuenta de mucho de lo que está sucediendo actualmente en los tribunales federales. Los litigios civiles involucran, cada vez en mayor medida, la necesidad de resolver cuestiones de interés público de base legal o constitucional, y frecuentemente culminan con una sentencia prospectiva. El litigio no se enfoca en las implicancias de justicia que puedan derivarse de la interacción entre las partes, sino en la aplicación de una determinada política regulatoria a la cuestión de que se trate. El pleito no solamente clarifica el significado del derecho, remitiendo a las partes para que resuelvan privadamente sus asuntos, sino que también establece por sí mismo un régimen a fin de ordenar la futura interacción de las partes y de los ausentes, sujetándolos a una continua supervisión judicial. Dicho rol de los tribunales, y de los jueces, no tiene precedentes y conlleva serias preocupaciones en torno a su legitimidad. A pesar de ello, la conclusión preliminar del Profesor Chayes es que la intervención de los jueces en litigios de interés público es viable, e incluso resulta inevitable si se quiere hacer justicia en una sociedad cada vez más regulada
“directiva”. De manera cada vez más asidua, los jueces no solo están resolviendo el mérito de los asuntos que les presentan los litigantes sino que también se están reuniendo en su oficina con las partes para incentivar la celebración de acuerdos transaccionales y para supervisar la preparación del caso. Así, tanto antes como después del juicio, los jueces están jugando un rol fundamental en el diseño del litigio e influenciando sus resultados. Muchos doctrinarios identifican una clase de proceso
–el “litigio de interés público” o el caso de “reforma estructural” -en la cual los jueces federales han asumido un nuevo rol. Se trata de casos donde los jueces supervisan activamente la implementación de un amplio rango de remedios diseñados para terminar con la segregación racial en las escuelas y para reformar cárceles y otras instituciones. Algunos doctrinarios han cuestionado la legitimidad del poder ejercido por los jueces en lo que ahora se conoce generalmente como “un nuevo modelo de litigio civil”. Pocos, sin embargo, han indagado en los aspectos de gestión de esta tarea judicial, posterior a la sentencia. Aun menos atención se ha prestado al rol que tienen los jueces en las fases anteriores al juicio, tanto en los casos complejos como en los más comunes. Creo que el rol de los jueces antes de la resolución del conflicto por medio de una sentencia está pasando por un cambio tan sustancial como el que se ha reconocido en las etapas posteriores al juicio en los casos de interés público.
A medida que los experimentos con acciones de clase se expanden hacia costas cada vez más lejanas, especialmente en países tributarios de la tradición jurídica continental europea, hay un interrogante que surge recurrentemente. ¿Cuál es la relación entre las acciones de clase y el tradicional poder regulatorio del Estado? La respuesta que ofrecemos aquí es que las acciones de clase se presentan de tres maneras diferentes ante dicho poder estatal: como un desafío directo al mismo, como un complemento y como un rival. Recientes acciones de clase tramitadas en los Estados Unidos de América son analizadas en este trabajo para examinar esas tres funciones y para brindar una justificación diferente a cada una de ellas. En el fondo, cada justificación gira en torno a un discutido compromiso con la diversificación de la autoridad regulatoria –fenómeno aquí denominado "pluralismo regulatorio"-, lo cual provee de coherencia a las tres formas de interacción que se presentan entre la autoridad pública y la autoridad privada que reclama el rol de "fiscal privado" (private attorney general).
la encargada de distribuir en dicho país, mediante financiamiento de programas específicos, los fondos federales que el Congreso destina todos los años a la prestación de ayuda legal gratuita para las personas carentes de recursos. En líneas muy generales y sin perjuicio de lo que será explicado más adelante, la restricción que me interesa analizar es aquella que impide a los abogados que trabajan en programas financiados por dicha entidad promover o participar en acciones de clase en defensa de los derechos de sus clientes. Intentaré demostrar que esta limitación es irrazonable
per se, y que tal carácter es aún más grave en un escenario social profundamente marcado por la reciente crisis económica. La premisa fundamental sobre la cual se asienta el análisis que sigue está en considerar el acceso a la justicia como un derecho humano básico en cualquier sociedad democrática. Si bien dicha premisa es algo evidente (por lo cual no será objeto de desarrollo en el presente trabajo), creo que vale la pena explicitarla desde el vamos para que pueda comprenderse mejor mi posición sobre el tema.