Papers by Victoria Mosmann
https://classactionsargentina.com/ , 2024
Tutela colectiva del derecho al hábitat. Urbanización de barrios populares. Ordenan tramitar una ... more Tutela colectiva del derecho al hábitat. Urbanización de barrios populares. Ordenan tramitar una causa donde se discute la reasignación del Impuesto País y se solicita la inconstitucionalidad del Decreto 193/2024
Class actions en argentina , 2024
Con fecha 10 de mayo de 2024 la Corte de Justicia de Salta, Sala I, en el caso «CASTILLO, LUIS DE... more Con fecha 10 de mayo de 2024 la Corte de Justicia de Salta, Sala I, en el caso «CASTILLO, LUIS DEMETRIO VS. STOP MOTOS, TARSHOP S.A. – RECURSO DE
INCONSTITUCIONALIDAD» (Expte. Nº CJS S-I 43.107/23), se pronunció sobre
el alcance del beneficio de justicia gratuita previsto en la Ley 24.240. Si
bien la sentencia fue dictada en un caso en el que se reclamaba en virtud
de derechos individuales, el Supremo Tribunal Local definió los alcances
del beneficio de justicia gratuita en casos individuales de consumo sobre
la interpretación ya realizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en casos colectivos, estimando que comprenden tanto las tasas como las
costas definiendo así en el ámbito local el alcance del instituto.
Sobre judicializar la salud mental: Realidad, perspectiva y tensión del proceso con el bloque constitucional/convencional de derechos, 2024
El presente trabajo aborda la problematica que se da en Argentina, respecto de la alta cantidad d... more El presente trabajo aborda la problematica que se da en Argentina, respecto de la alta cantidad de procesos judiciales de determinaciones de la capacidad que pesan sobre personas, muchas veces sin el debido contralor o razonabilidad.
https://classactionsargentina.com/ , 2024
La CSJN Argentina se expide sobre legitimación colectiva y tramitación de los procesos colectivos... more La CSJN Argentina se expide sobre legitimación colectiva y tramitación de los procesos colectivos donde se debaten derechos de los pueblos originarios. Daños masivos por la “Masacre de Napalpí”
Revista Eletrônica de Direito Processual
El sistema procesal argentino está compuesto por una legislación federal y un Código Procesal Civ... more El sistema procesal argentino está compuesto por una legislación federal y un Código Procesal Civil y Comercial por provincia. Las medidas cautelares no se encuentran reguladas en ninguno de los Códigos Procesales Civiles vigentes en Argentina, ni en ninguno de los planes de reforma de los Códigos Provinciales. Sin embargo, es posible analizar este instituto en relación con las figuras que sí se encuentran reguladas en el país, tales como las medidas cautelares, las medidas autosatisfactivas, las sentencias anticipadas, la ejecución provisional de sentencias, las acciones preventivas y el proceso monitorio. El artículo buscó conceptualizar las medidas cautelares; compararlas con las medidas cautelares previstas en el Código Procesal Civil de Brasil de 2015; analizar las figuras e instituciones existentes en el sistema procesal del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación de Argentina, especialmente en lo que se refiere a los requisitos legales; las pretensiones que pueden form...
Informe nacional presentado en las XXVII Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal, Porto Alegre, 2023://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/redp
1) La tutela provisional en Argentina. 2) Las medidas cautelares y su regulación en Argentina: a)... more 1) La tutela provisional en Argentina. 2) Las medidas cautelares y su regulación en Argentina: a) ¿Cuáles son los requisitos exigidos legalmente para su adopción?; b) ¿Respecto de qué pretensiones pueden adoptarse?; c) ¿Las resoluciones provisionales se adoptan con o sin conocimiento de la contraparte?; d) ¿A través de qué acto procesal interviene la parte afectada? ¿A través de la celebración de una audiencia o se le concede un plazo para presentar sus argumentos por escrito o se prevé otra modalidad de intervención o impugnación?. 3) Presupuestos procesales: a) ¿En qué oportunidad se realiza el control de oficio de los presupuestos procesales?; b) Antes de relevar la falta de estos presupuestos procesales, ¿debe el juez oír las partes?. 4) Cierre.
https://classactionsargentina.com/2023/06/23/amigos-del-tribunal-en-la-pampa-el-superior-tribunal-de-justicia-reglamento-la-ley-n-3117-lpa/, 2023
establece la figura de los Amigos del Tribunal en los procesos judiciales de competencia originar... more establece la figura de los Amigos del Tribunal en los procesos judiciales de competencia originaria o recursiva ante el Superior Tribunal y en tanto se trate de casos de trascendencia colectiva o interés público. Antecedentes La ley provincial 3117, de fecha 22 de noviembre de 2018, dispone en su artículo 17 que el máximo tribunal de la provincia de La Pampa es el encargado de reglamentar la implementación de la figura de los Amicus Curiae para garantizar su puesta en funcionamiento.
Revista Eletrônica de Direito Processual
Revista Eletrônica de Direito Processual
La postergación de las comunidades indígenas en Latinoamérica ha sido materia de reivindicaciones... more La postergación de las comunidades indígenas en Latinoamérica ha sido materia de reivindicaciones desde la revolución de mayo de 1810 y la situación crítica en la que se encuentran hace que los conflictos que atraviesan la vida de las comunidades indígenas sean múltiples y diversos. De este universo de casos analizaremos en el presente el supuesto de los conflictos que pueden ser sometidos a la justicia ordinaria a través de un proceso por audiencias, intentando indagar sobre la conveniencia o no de su empleo, y en su caso si el proceso por audiencias debe ser adaptado a las especiales circunstancias que reviste un conflicto indígena para cumplir con las garantías que componen la tutela judicial efectiva. La metodología utilizada fue el análisis del marco normativo (normas constitucionales y legales) y jurisprudencial (sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) en materia de protección de los derechos de las comunidades indígenas.Al final, se encontró que el sometimi...
Revista Eletrônica de Direito Processual, 2021
Revista de Ciencia de la Legislación - Número 9 - Mayo 2021 , 2021
Civil Procedure Review, v. 12, n. 2: maio-ago. 2021. , 2021
This essay presents a critical view of the evolution of the Argentine procedural model. It takes ... more This essay presents a critical view of the evolution of the Argentine procedural model. It takes into account the central value of adequate judicial protection in a state of law. It links the sanction of the current Procedural Code with an autocratic government. From these perspectives, it analyzes the ideological perspective of
REVISTA JURIDICA DEL NOROESTE ARGENTINO, 2020
The work aims to analyze the provisional or immediate enfrocement of a sentence
in the Argentine ... more The work aims to analyze the provisional or immediate enfrocement of a sentence
in the Argentine legal system, highlighting the reception of the institute and it´s perspectives
Sumario: I. Resumen. — II. Sujetos en situación de vulnerabilidad. — III. Los principios del dere... more Sumario: I. Resumen. — II. Sujetos en situación de vulnerabilidad. — III. Los principios del derecho. Principios procesales: sistema jurídico abierto. Positivización de los principios. — IV. La igualdad en el proceso. — V. Sujetos en situación de vulnerabilidad y la eficacia del sistema procesal. — VI. A modo de aporte y reflexión sobre las nuevas reglas de derecho privado y su reflejo en el proceso civil. I. Resumen La igualdad en el proceso y la intervención de sujetos con desigualdades extraprocesales que inciden en el ejercicio de su derecho de acceso real a la justicia, encuentra en el Código Civil y Comercial algunos hitos que resultan destacables y que deberán ser acogidos en las reformas a los procesos civiles tan largamente postergadas en nuestro país. Se propone la incorporación del principio de instrumentalidad de equiparación subjetiva. II. Sujetos en situación de vulnerabilidad Diversos estatutos especiales o normas sectoriales tales como la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, la Ley 26.061 de Niños, Niñas y Adolescentes, 26.657 de Salud Mental, la Ley 26.486 de Protección Integral a las Mujeres, las leyes que regulan los derechos de los trabajadores, entre otros, reconocen específicas regulaciones de derechos a determinados fragmentos de la población que se caracterizan por la debilidad de su posición ante determinada situación con efectos jurídicos. La norma procesal de carácter genérico prevista en los códigos de procedimiento, no recepta dicha modalidad, sino sólo en el caso de la insuficiencia de medios económicos para estar en juicio, otorgando asistencia jurídica gratuita o defensa oficial, y el beneficio de litigar sin gastos como valiosas —pero únicas— medidas de equiparación (1). Dichas herramientas que surgieron de la evolución de las luchas por el acceso a la justicia resultan insuficientes para paliar todos los obstáculos por los que se ve atravesado ese derecho respecto de los más débiles. Así, las carencias económicas o socioculturales atentan contra el real alcance que debe tener la intervención de los sujetos en el proceso generando circunstancias de marginalidad. La vulnerabilidad procesal es la susceptibilidad del litigante que le impide practicar los actos procesales en razón de una limitación personal involuntaria ocasionada por factores de salud y/o de orden económico, de información técnica, u organizacional, de carácter permanente o provisorio (2). Esta segregación que deja fuera de las fronteras del proceso a quienes son incapaces de arribar al umbral de acceso a la justicia, necesita ser paliada y equilibrada con medidas afirmativas, que sumen a quien lo necesita el suficiente contenido positivo para poder llegar al final buscado en el proceso, con tantas posibilidades de éxito y efectividad como cualquier otro ciudadano. Contamos entonces con reglas de fondo que regulan la situación de vulnerabilidad extraprocesal de los sujetos, pero carecemos de regulación respecto de la vulnerabilidad procesal, circunstancia, que como veremos, fue analizada por la Corte Interamericana respecto de Argentina. El Estado fue declarado responsable en el caso "Furlan y familiares c. Argentina" (3), y en ese precedente, la CIDH marcó una serie de estándares para el manejo del proceso en nuestro país poniendo de resalto los deberes especiales que tiene el Estado para garantizar los derechos humanos de sujetos en situación de vulnerabilidad, y en ese sentido se dijo que toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial, en razón de los deberes especiales cuyo cumplimiento por parte de la Nación son necesarios para satisfacer las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos. Se remarcó la imperatividad de la adopción de medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre, como la discapacidad (4). Se hizo hincapié en el rol fundamental que juega el debido acceso a la justicia para enfrentar distintas formas de discriminación (5).
El recurso de inaplicabilidad de la ley es una herramienta procesal para realizar, en el marco de... more El recurso de inaplicabilidad de la ley es una herramienta procesal para realizar, en el marco de los procesos judiciales, el derecho a la igualdad, mediante la aplicación uniforme de criterios interpretativos. Al mismo tiempo, la participación de los denominados amigos del tribunal constituye una herramienta para otorgar mayor legitimidad a aquellos pronunciamientos.
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Papers by Victoria Mosmann
INCONSTITUCIONALIDAD» (Expte. Nº CJS S-I 43.107/23), se pronunció sobre
el alcance del beneficio de justicia gratuita previsto en la Ley 24.240. Si
bien la sentencia fue dictada en un caso en el que se reclamaba en virtud
de derechos individuales, el Supremo Tribunal Local definió los alcances
del beneficio de justicia gratuita en casos individuales de consumo sobre
la interpretación ya realizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en casos colectivos, estimando que comprenden tanto las tasas como las
costas definiendo así en el ámbito local el alcance del instituto.
in the Argentine legal system, highlighting the reception of the institute and it´s perspectives
INCONSTITUCIONALIDAD» (Expte. Nº CJS S-I 43.107/23), se pronunció sobre
el alcance del beneficio de justicia gratuita previsto en la Ley 24.240. Si
bien la sentencia fue dictada en un caso en el que se reclamaba en virtud
de derechos individuales, el Supremo Tribunal Local definió los alcances
del beneficio de justicia gratuita en casos individuales de consumo sobre
la interpretación ya realizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en casos colectivos, estimando que comprenden tanto las tasas como las
costas definiendo así en el ámbito local el alcance del instituto.
in the Argentine legal system, highlighting the reception of the institute and it´s perspectives
Directora: Mária Victória Mosmann
Coordinadora: Sofía Benavidez
Prólogo: Roberto G. Loutayf Ranea
María Victoria Mosmann - Sofía Benavidez
María Pía Molina – Contanza María Calleri
Patricia Norma Argoitia – Macarena Cornejo
Daniela David – Emiliano Amaya VilLafañe
María Luciana Raskovsky - Matias Minetti
Luis Adolfo Alavila Casermeiro
Año 2017 - 1. Las medidas cautelares en el Código Civil y Comercial de la Nación
En efecto, tal como señalamos puede leerse que -de aprobarse el texto de esta propuesta legislativa- los jueces deberán dictar una resolución por la cual se le asigne tramite colectivo al proceso, se individualice y caracterice a la clase, se califique a su representante como adecuado y se establezca la forma en que se dará publicidad al proceso. Se trata, en definitiva, de una verdadera y propia instancia de "certificación" de la acción colectiva al estilo del mecanismo regulado en las acciones de clase del sistema federal estadounidense.
El contenido y las formalidades para el dictado de dicha resolución o aparecen claramente impuestos en el artículo 7 inciso "c" del proyecto, ya que directamente se refiere a ella al momento de enumerar los requisitos de la comunicación que debe realizar el juzgado al Registro. Estas mínimas pautas, respecto de las cuales en líneas generales la doctrina ha dado su acuerdo, estarán marcando el rumbo que los legisladores luego podrán continuar profundizando en caso de avanzar con una regulación integral sobre procesos colectivos.
La tutela judicial efectiva para lograr su plena vigencia debe vencer las barreras de la gran desigualdad que en nuestro país sufren millones de personas. Según el informe publicado por UNICEF con fecha 5 de agosto de 2020, la pobreza infantil llegaría en diciembre del 2020 a ocho millones de niños en situación de pobreza , y según los informes publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)en el segundo semestre de 2019 el 25,9% de los hogares argentinosse encontrabanbajo la línea de pobreza, y el 35,5 % de la población se encontraba bajo la línea de pobreza porcentajes que, se estima, serán superados en el 2020 como consecuencia del COVID - 19.
En una sociedad tan desigual, si no se pone especial atención a las condiciones de vulnerabilidad con las que llegan las personas al proceso, se termina replicando la desigualdad puertas adentro del sistema judicial. La vulnerabilidad aparece así como un concepto relevante en relación a las garantías y efectividad de los derechos, pondremos entonces el eje de análisis en la recepción jurisprudencial de esta perspectiva para, desde allí, releer el contenido del principio de tutela judicial efectiva.
En classactionsargentina.com/2024/02/08/procesos-colectivos-justicia-comunitaria-condiciones-de-vulnerabilidad-y-otras-dimensiones-del-acceso-a-justicia-en-el-primer-borrador-oficial-del-convenio-iberoamericano-de-acceso-a-la-justicia
La recopilación de enlaces y edición de este documento son el resultado del trabajo conjunto de pasantes del Juzgado de Minas de la provincia de Salta, en el marco del Régimen General de Pasantías para alumnos de la Universidad Católica de Salta y el régimen de Practicas Tribunalicias del Programa de Ingreso al Poder Judicial dictado por la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial.
*Coordinación: María Victoria Mosmann
*Recopilación y edición: Arturo Isa y Nicolás Arandía