Amparo

El presente fascículo pretende acercar la figura del amparo
a todos los integrantes de nuestra sociedad y presentarla
como lo que es, un instrumento para mejorar la convivencia
entre ellos; y también para evitar y protegerlos de los
abusos de poder, ampliando la protección de los derechos.
El amparo es el procedimiento legal que permite reconstruir
el tejido social deteriorado por los excesos de poder
y por las disparidades sociales. A través de él podemos
reconocernos como sujetos de derechos, condición básica
para exigir su respeto frente a la autoridad y propiciar el
respeto entre unos y otros.
El trabajo se plantea desde la perspectiva de la nueva Ley
de Amparo, concebida como una de las herramientas para
la realización de las metas planteadas en la Constitución
desde la reforma en materia de derechos humanos de
junio de 2011

El trabajo pretende reflexionar acerca de los problemas que la estructuración actual del amparo presenta para realizar el sentido protectorio que constituye su razón de ser, a fin de pensar en alternativas que pudiesen devolverle su condición de medio para la protección inmediata y efectiva de derechos fundamentales. Para ello se propicia su tratamiento como pretensión monitoria o estructura del tipo; y/o, la introducción de la oralidad e instituciones complementarias como variante

La vida en sociedad lleva a situaciones en las cuales el ejercicio pleno de los derechos de los cuales gozan los particulares se ve amenazado injustamente por el accionar de terceros. En la mayoría de los casos la respuesta jurisdiccional llega luego de que esa amenaza se concreta de manera efectiva. Allí no cabe más que requerir la reparación de los daños producidos y esa reparación – que generalmente se lleva adelante a través de un proceso judicial-, puede tardar varios años en llegar.

A través de este trabajo, se intenta analizar brevemente la configuración constitucional del Amparo como Acción de Defensa, así como describir su intenso desarrollo jurisprudencial como proceso constitucional de carácter tutelar, de tramitación especial y sumarísima (regido por los principios de inmediatez y subsidiariedad), que tiene por objeto la restitución o restablecimiento inmediato de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuando sean amenazados, suprimidos o restringidos por actos u omisiones ilegales o indebidos de autoridades públicas o particulares, en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Los primeros días del mes de febrero del año 2017, volviendo a sus actividades los juzgados luego de la feria judicial, se conoció la sentencia en la causa “Highton de Nolasco, Elena Inés c/EN s/Amparo Ley 16986”, por la cual se hizo lugar a la pretensión de la Magistrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pudiendo así permanecer en el cargo vitaliciamente.
La causa, que trajo nuevamente a colación el célebre caso “Fayt”, ha vuelto a declarar la nulidad absoluta de una norma constitucional, renaciendo así una serie de debates que van desde el valor del control de constitucionalidad hasta el contenido esencial del derecho a la inamovilidad de los cargos judiciales.
Se trata de un análisis jurídico-político sobre la decisión tomada en primera instancia, en la cual se pretende comprender el alcance de la sentencia dictada a favor de uno de los miembros de la Corte en su actual composición.

El presente artículo analizará la institución procesal del rechazo liminar en el amparo a partir del uso de precedentes del TC que han restringido el acceso a este proceso constitucional, vulnerando el derecho de acceso a la justicia y de defensa de los accionantes.

Llegada a su quinta edición, la obra en comentario se ha ganadoun lugar como clásico en la materia. El abordaje minucioso y profundo dado por los autores a la figura, sin perder por ello practicidad y dinamismo, ha convertido a este clásico en parte insustituible de cualquier biblioteca jurídica, tanto de aquellos abogados en ejercicio de la profesión libre o integrantes de la magistratura, como de aquellos dedicados a la investigación y la academia. El desarrollo de la temática en estudio discurre a través de una estructura sistémica meditada y prolija, incursionando en el contenido de las diversas aristas del amparo en base a profundos conceptos y definiciones, abundantes citas doctrinarias y análisis de jurisprudencia novedosa, todo ello bajo el prisma de las medulosas reflexiones y permanentes críticas superadoras a que nos tiene acostumbrados el maestro Augusto M. Morello.

El Área de Política de Drogas de la Asociación Pensamiento Penal tiene el agrado de presentar el “Modelo de Amparo – Autocultivo de Cannabis con fines terapéuticos” como una herramienta al servicio de toda aquella persona que encuentre limitaciones a la hora de acceder a la justicia, invocando la necesidad de utilizar la sustancia en estado vegetal, por no estar comprendida su realidad en la legislación argentina vigente hasta el momento (Ley 27.350).
Vemos como una cuestión central, el hecho de poder contar con este modelo inicial de Amparo para reclamar judicialmente, con argumentos sólidos, el derecho a cultivar cannabis con fines terapéuticos.
Es importante mencionar que el presente modelo es una base, que de ninguna forma resulta definitiva y no susceptible a cambios o actualizaciones por parte de quien la utilice. En este sentido, el texto debería ser actualizado con cualquier asunto legislativo, normativo y jurisprudencial (nacional o local) que haga a la temática que se plantea. En la actualidad, las afecciones susceptibles de ser tratadas con los derivados de la planta de cannabis son variadas y múltiples y, por lo tanto, la información vertida en el modelo debería ser complementada con toda aquella que resulte de mayor utilidad para el caso específico sobre el cual se entienda.
Cabe destacar que el modelo está pensado para ser utilizado tanto por abogados/as particulares, como por Defensorías Públicas en todo el país e incluso por las instituciones, ONGs y/o equipos de litigantes que brinden asesoramiento jurídico gratuito y asistan a las personas que pretendan presentar una acción semejante.
Luego, y sin perjuicio lo anterior, a lo largo del documento podrán
observar secciones en color azul y recuadradas, las cuales refieren a los
apartados que deben ser analizados e incorporados por cada una de las personas que utilicen el modelo, con la información relacionada al caso en concreto. En cada uno de estos apartados se indicará una pequeña referencia sobre cuál es el punto que debe tenerse en cuenta a la hora de agregar la información necesaria.
Finalmente, desde el Área de Política de Drogas esperamos que encuentren aquí un instrumento de utilidad, que sirva como base para que más personas puedan acceder a los tribunales del país, con el único objetivo de requerir que no se criminalicen los más elementales derechos reconocidos por el orden jurídico nacional e internacional, en el marco de una política de drogas respetuosa de los derechos humanos.

Este texto colectivo sobre el Amparo en la actualidad. Posibilidades y límites, desde el título anuncia su propósito, de amplia dimensión y notoriamente propositivo: repensar, reflexionar sobre la naturaleza del amparo a la luz de estos tiempos –de cambios tecnológicos permanentes, de continua movilidad social y cultural, de globalización problemática, de inestabilidades epistemológicas, de cuestionamientos que inciden incluso en la naturaleza misma de lo humano–; además, esta reflexión es plural, pues la plantea un reconocido conjunto de juristas y especialistas en el tema, tanto nacionales como de nuestro continente; y, sobre todo, su temperamento es, si cabe, pragmático, pues incide en las variadas formas y las proyecciones tutelares que puede tener este importante proceso constitucional.

En México existe la obligación constitucional de reparar las violaciones de derechos humanos. Esta obligación es acorde con el derecho internacional de los derechos humanos, conforme al cual, cualquier violación de derechos humanos debe ser reparada.

En nuestro país, el recurso de protección de derechos humanos es el amparo. Esto hace replantearnos cómo responde éste –o puede responder–, como un recurso efectivo, a las obligaciones de garantía de los derechos humanos y a la reparación de las violaciones a éstos. Así pues, una de las preguntas más importantes que debe contestarse en la actualidad respecto del amparo mexicano es qué es lo que pretende proteger y cómo puede evolucionar una figura que surgió para responder a realidades y contextos diferentes a los actuales.

En el presente artículo intento demostrar cómo, a través de varias decisiones, la Suprema Corte de Justicia mexicana ha dado alcances reparatorios al amparo como juicio protector de derechos humanos, más allá del clásico efecto restitutorio.

El exmagistrado del TC presenta una crítica fundamentada del nuevo precedente recaído en el caso Elgo Ríos. Sostiene que es un error haber elaborado un precedente aplicable a todos los tipos de amparo a partir de la revisión del precedente Baylón, el cual solo es relativo al amparo laboral. Asimismo, sostiene que las reglas vinculantes constituyen conceptos genéricos, lo cual da “luz verde” a que todo juez emita rechazos in limine a las demandas de amparo. De esta forma, considera que este precedente, aunado a la línea jurisprudencial que viene desarrollando el TC, convierte al Colegiado en un órgano de inadmisibilidades e improcedencias.

En este pequeño ensayo se tratará de estos tipos de improcedencia, la división existente entre estas y, además, se agregarán algunos de dichas causales de improcedencia a modo de verbigracias para la mejor comprensión del lector, ergo, el ensayo está más enfocados a otros estudiantes del amparo como yo lo soy al realizar este trabajo.

En el marco de la Conmemoración de los 100 años de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, precursora de los Derechos Sociales; la Comisión Estatal de Derechos
Humanos en el Estado de Michoacán de Ocampo, en colaboración con el Gobierno del Estado
de Michoacán, Tribunal Electoral en el Estado de Michoacán, el Tribunal de Justicia
administrativa del Estado de Michoacán, el Poder Judicial del Estado de Michoacán, así como
la Ilustre Academia Iberoamericana de Doctores, consideraron oportuno la realización de un
evento académico para analizar diversos tópicos sobre Derechos Humanos y Amparo, con la
finalidad de generar una amplia participación y afluencia de la comunidad jurídica y la
sociedad en general.

En los últimos años no se ha dejado de hablar de la reforma constitucional de derechos humanos
del 06 de junio de 2011, sus efectos principales y de la implementación y definición de medidas de
control jurisdiccional y protección de los derechos humanos más efectivos.

A partir de esta reforma han surgido varios términos jurídicos que implican un nuevo estudio,
nuevas reflexiones y cambios constitucionales, ejemplo de ello, son los términos que surgen de los
análisis a las resoluciones de nuestro tribunal constitucional y que dieron bienvenida a la décima
época el Semanario Judicial y su gaceta, nos referimos a los términos parámetro, principio pro
homine, regularidad constitucional, bloque de constitucionalidad y parámetro de regularidad
constitucional, entre otros.

Hoy nos referiremos a este último tema, a esta nueva forma de hacer control constitucional, a través
de los parámetros establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en él reflexionaremos
sobre su origen, razón y función.

Los postulados del iuspositivismo teórico, que entendían, por un lado, al legislador como un operador jurídico dotado de encarecidas competencias (tanto materiales como formales) para cristalizar las aspiraciones populares, y, por el otro, al juez como una figura mecánica, controlada y disminuida en sus funciones, al día de hoy resultan insuficientes para dar cuenta de las transformaciones que la “constitucionalización” de nuestros derechos ha provocado en el ordenamiento jurídico y en la vida social.

El entendimiento de la división de poderes y el papel de la judicatura son dos de los componentes que están cambiando con mayor rapidez en México. Con el paso del tiempo se ha comenzado a abandonar una visión estática del sistema jurídico-político, en la que difícilmente podían existir dinámicas contramayoritarias que rompieran con una noción rígida de la división de poderes. La dinámica constitucional actual refleja un Estado estructurado a partir de un creciente número de funciones, distribuidas entre un heterogéneo grupo de actores que, no obstante, han de articularse para alcanzar fines comunes.

Un reciente litigio relacionado con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es un buen ejemplo de esta nueva dinámica. Se trata del amparo indirecto 589/2018, resuelto el 31 de julio de 2018 por el juez octavo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, Fernando Silva García. El juicio fue promovido por los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SNA,a fin de controvertir la “omisión en el cumplimiento de ratificar, o en su caso, rechazar, a los magistrados anticorrupción nombrados por el Ejecutivo Federal mediante oficio fechado el 24 de abril de 2017 atribuido a la Cámara de Senadores y la Comisión Permanente de la LXIII Legislatura”.

No es difícil advertir por qué se trata de un asunto de la mayor relevancia política y social. El SNA es la apuesta más ambiciosa del Estado para atender uno de los más graves problemas de la democracia mexicana. Y la falta del nombramiento de una de las piezas clave del sistema —los magistrados anticorrupción—; se trata de una clara omisión legislativa que impide su adecuado funcionamiento.

Son aún más relevantes los dilemas jurídicos que se ven reflejados en la forma en que fue resuelto el caso. La sentencia dictada es una muestra de las transformaciones del derecho y los derechos en el ordenamiento mexicano. En ella es posible encontrar, entre otras cuestiones, un replanteamiento de la doctrina de las cuestiones políticas, un particular entendimiento de la relación entre interés jurídico e interés legítimo, así como una construcción jurisprudencial del derecho fundamental a vivir en un “ambiente libre de corrupción”.

Asimismo, los efectos de la sentencia resultan por demás significativos. Baste con decir que, entre otras cosas, el juez de distrito ordenó al presidente de la República “transparent[ar] la designación de los Magistrados Anticorrupción”, y también ordenó que el Senado (o la Comisión Permanente) “decida inmediatamente sobre la ratificación o no” de dichos magistrados.

Sucede, sin embargo, que esta sentencia también es una muestra de los riesgos que implica la nueva dinámica constitucional. Durante la instrucción del juicio, se solicitó a los integrantes del CPC que “precisara[n] en específico lo que reclamaban de las autoridades responsables”. Y, a través de una particular lectura de la demanda y del escrito aclaratorio, la sentencia redefinió los actos impugnados y las autoridades responsables, modificó los conceptos de violación, resolvió una litis a modo y fijó efectos incompatibles con la naturaleza del proceso de designación. Todo ello, con una argumentación que presenta serias deficiencias. Se trata, para decirlo pronto, de un fallido caso de activismo judicial.

En las siguientes líneas ofrecemos una reconstrucción crítica de algunos de los aspectos más cuestionables de la sentencia, a la luz de la legislación pertinente, y tomando en consideración sus múltiples implicaciones. Lo hacemos bajo el presupuesto de que el renovado papel de la judicatura implica que desde la academia se haga un esfuerzo serio —pero crítico— a fin de dar cuenta y evaluar el desempeño no sólo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sino de todo el aparato jurisdiccional en su conjunto.

Desde la reforma en materia de derechos humanos de 2011 se ha insistido en que todos los jueces son auténticos jueces constitucionales. Quizá la afirmación sea un tanto hiperbólica. Pero, al día de hoy, es indiscutible que incluso los juzgadores de primera instancia pueden dictar sentencias con repercusiones a escala nacional. El presente amparo indirecto, que aquí analizamos, es una prueba de ello.

A continuación, se explica la estructura que sigue este análisis. En el siguiente apartado (II) se analiza la forma en que la sentencia estudió lo que quizá era el principal obstáculo procesal que enfrentaban los integrantes del CPC: la existencia de la causal de improcedencia contra actos soberanos y discrecionales del Poder Legislativo. Acto seguido (apartado III), se aborda la particular manera en que la sentencia justificó tanto el interés jurídico como el interés legítimo de los quejosos. Después (apartado IV) diseccionamos la estrategia argumentativa seguida por el juez Silva para sostener la existencia de un derecho fundamental a vivir en un “ambiente libre de corrupción”, enfatizando su falta de adecuación con el resto de la sentencia. Posteriormente (apartado V), reseñamos brevemente la manera en que se resolvió el fondo de la controversia, así como los paradójicos efectos fijados. Finalmente, en el último apartado (VI) reflexionamos sobre las implicaciones del caso.

El texto establece, a partir del análisis de un amparo que involucra a un oficial zapatista, las bases que tomaron en cuenta las autoridades de la época, para configurar al zapatismo como un delito. Es a la vez una propuesta metodológica en el uso de la fuente judicial, en especial el amparo, para comprender algunas aristas del sentido de la justicia en tiempos de revolución.

L’amparo est l’institution constitutionnelle d’origine hispanique la plus répandue dans le monde, même si le monde germanique dispose d’une institution semblable. L’amparo a connu un vrai succès mais il faut distinguer cette figure d’autres institutions proches. Cette étude permettra d’examiner la notion (I), les origines et le développement du mécanisme (II), puis sa configuration en Espagne où l’on trouve un amparo pour les cours ordinaires et un autre pour la Cour constitutionnelle (III), dont les contours et problèmes (IV-VIII) seront ici examinés en prenant dûment en compte les données quantitatives liées à son application pratique.

Un grupo de 400 madres solteras, policías de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, fueron readscritas del municipio de Morelia a otros de la región Sierra-Costa, dejando en indefensión a los menores de edad. Se impugnó la constitucionalidad de dichas readscripciones, obteniéndose sentencia favorable con el efecto de dejar insubsistentes los traslados, y ordenando que no se emitan nuevos actos en condiciones similares.

C. JUEZ DE DISTRITO EN TURNO EN EL ESTADO. P R E S E N T E. C. HÉCTOR NAVARRO RAMÍREZ, mexicano, casado, de 48 años de edad, comerciante, con estudios universitarios, originario de esta ciudad de Aguascalientes y con domicilio en la actualidad en la calle Lomas del Cobano en esta ciudad de esta ciudad, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el Despacho ubicado en la calle Paris número 1222, planta alta en el fraccionamiento Residencial del Valle Sección II en esta ciudad y con fundamento en el artículo 18 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, solicita la consulta vía internet del expediente electrónico en el presente juicio, Sistema del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el usuario "paccmx" y en los mismos términos solicito que por su conducto se me realicen todo tipo de notificaciones. Lo anterior de conformidad con las fracciones I a III del artículo 26 de la Ley de Amparo, y artículo 21 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, autorizando para que en mi nombre y representación reciban toda clase de notificaciones, así como para que reciban todo tipo de documentos, asistan a todo tipo de diligencias en los términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los Licenciados DENNIS JOSÉ PÉREZ ARCHULETTA, REYMUNDO MARTÍNEZ PÉREZ así como únicamente para oír, recibir toda clase de notificaciones a la P.D. EDUARDO TORRES ROBERTO, ante Usted, respetablemente comparezco para exponer: Que por el presente escrito vengo a interponer escrito original de DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, con base y fundamento en lo dispuesto por los artículos 107 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 fracción I, inciso c) de la Ley orgánica del poder Judicial Federal, solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos y las autoridades que a continuación mencionare y para ajustarme a