Derecho agrario

La función Social y ecológica de la Sociedad vino sufriendo una evolución desde la época de la reforma constitucional de 1936 y retomando una fuerza en la constitución de 1886, en donde se entra a proteger al propiedad privada y el estado colombiano tenía una visión diferente sobre el ciudadano, en donde se establecía que este último tenía que brindar un beneficio social y productivo al estado, ¿pero si lo hacia el mismo individuo por que no la propiedad también? y es donde encontramos en la constitución de 1991 el artículo 58 que garantiza plenamente el derecho a la propiedad como un derecho fundamental mirándolo dentro de los lineamientos del estado social de derecho creado con esta constitución, este artículo establece también que la propiedad debe cumplir una función social y otra ecológica como obligación inherente de la propiedad, que esta debería cumplir, esto quiere decir que las obligaciones establecidas por la función social varían dependiendo de la regulación que el estado le otorgue así como los deberes que el propietario tiene con la misma sociedad de garantizar que estas funciones se cumplan. Con relación a la función ecológica es preciso establecer que los resguardos indígenas de nuestro país tienen la responsabilidad de garantizar la continuidad de las dinámicas ecológicas naturales, la conservación de la biodiversidad, los bosques, el agua, el aire y el suelo, así como la garantía de supervivencia de las comunidades indígenas, con las posibilidades de reproducirse física y culturalmente, esto con el fin de que al establecerse una propiedad en una área protegida no afecte el normal desarrollo del ecosistema, lo que representaría una función social encaminada por este tipo de resguardos encaminadas a cumplir una función ecológica que beneficia colectivamente el interés general. Para cumplir esta función ecológica en nuestro país encontramos en la Ley 160 de 1994 el establecimiento del instituto INCORA [hoy INCODER] verificará y certificará el cumplimiento de la función social de la propiedad de los resguardos y el Ministerio del Medio Ambiente [hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial] lo relacionado con la función ecológica que le es inherente y ya explicado por mi anteriormente en el primer párrafo de mi escrito referente al artículo 58 de la constitución política de 1991. De acuerdo con lo anterior se ratifica en el Decreto No. 2164 de 1.995, estableció que cuando se trate de procedimientos de ampliación, reestructuración o saneamiento de resguardos indígenas, el auto que ordene la visita se comunicará al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y en la misma comunicación se le solicitará el pronunciamiento expreso sobre la verificación y certificación del cumplimiento de la función ecológica de la propiedad del resguardo. Así mismo, el Decreto N° 216 de 2.003 estableció que corresponde a la Oficina de Educación y Participación del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la función de conceptuar en lo de su competencia, sobre la función ecológica de la propiedad, en los casos que disponga la ley, en coordinación con las instituciones respectivas esto en cuanto a las disposiciones constitucionales también impartidas en el artículo 58 que se convertiría según mi opinión en la piedra angular para el cumplimiento de la función social y ecológica que debe cumplir la sociedad para el benéfico de la sociedad.

Este trabajo busca exponer, a través de una metodología cuantitativa sobre producción y aplicación normativa, la manera en la que se han desarrollado las disposiciones normativas que reglamentan el proceso de sustracción, con relación a los motivos para solicitar la adjudicación de áreas dentro de Zonas de Reserva Forestal, y cómo estas disposiciones podrían establecerse como una garantía del derecho de acceso a la tierra de las comunidades campesinas. http://www.asociacioncavelier.com/aym_images/files/7-Cavelier-Revista-7.pdf

Vídeo da exposição do encontro do Grupo de Pesquisas em Direito Aplicado ao Agronegócio do IDCC, sobre o tema "Bases científicas do Direito Agrário".
A abordagem centrou-se no enfrentamento de 3 elementos basilares para o estudo do Direito Agrário: Atividade Agrária, Imóvel Agrário e a definição do Produtor Rural.
Link para vídeo da exposição: https://youtu.be/c1NjuqJZgck

Se analiza el régimen jurídico aplicable al reuso de efluentes en Argentina, y las competencias involucradas en la aplicación del mismo.
SUMARIO: I. Introducción.- II. El reuso de aguas residuales en la provincia de Mendoza, Argentina.- III. Competencia en el poder de policía sobre la gestión del reuso de efluentes en la Provincia de Mendoza.- IV. El control de la calidad de los efluentes.- V. Conclusiones/Resumen.

La privatización de la tierra fue un proceso de adaptación de la economía salvadoreña como respuesta a la transformación del mercado internacional donde a través de las reformas liberales se generó un transición en la concentración de producción del añil al café, suceso que desenlaza una cambio en los recursos de producción agrícola, en este caso, la tierra; sin embargo, las causas de dicha reforma y el papel que jugó en el país varían de acuerdo a la interpretaciones socio-históricas con que se analiza la temática. Antes, es importante conocer el contexto político y social en el que se produce esta transición. Antes de la independencia las instituciones coloniales se habían encargado de dirimir sus desacuerdos con la tradición indígena, al desaparecer las autoridades españolas los conflictos entre las clases antagónicas estallaron. En esta escena nos encontramos a los liberales, los conservadores y la población aborigen indígena. Los conservadores querían mantener las mismas autoridades y en la medida de lo posible el mismo sistema; por otro lado, los liberales querían cambiar la forma de gobierno; y finalmente, nos encontramos con la antigua tradición que se encontró amenazada por los nuevos idearios inspirados por la economía liberal y la ilustración. "Los liberales apoyaban la liberación del comercio, la separación entre iglesia y estado, la abolición de privilegios y el régimen federal. Los conservadores se identificaban con mayores restricciones al comercio, el mantenimiento de estrechos vínculos entre el estado y las autoridades eclesiásticas y la vigencia de las instituciones antiguas… Las diferencias cambiaron a través del tiempo…" (Ministerio de Educación, 1994) Desde de la instauración de la República las ansias por liberar las tierras e introducir reformas radicales era evidente. El líder independentista Juan Manuel Rodríguez en 1824 decía: "las tierras están mal repartidas…los indígenas poseen la mayor parte… e impiden que cultiven las demás tribus… la ley de igualdad debe abolir todo derecho particular…" 1. También Mariano Prado, quien

Estudo preliminar da obra “Agronegócio: Direito e a interdisciplinaridade do setor” (Editora Contemplar, 2018). Trata das ciclos do Direito Agrário brasileiro.

QUERUBINI, Albenir. Os ciclos do agrarismo e o Direito Agrário brasileiro. In: PUTTINI MENDES, Pedro et. al. Agronegócio: Direito e a interdisciplinaridade do setor 1. ed. Campo Grande: Editora Contemplar, 2018.

MUNICIPIO: SAN JOSÉ CUAUTLANCINGO ESTADO: PUEBLA NUMERO DE EXPEDIENTE: 12345/2018 TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO 37 CON RESIDENCIA EN CALLE TREINTA Y UNO ORIENTE. NÚMERO VEINTIUNO, COLONIA CARMEN HUEXOTITLA, PUEBLA, PUEBLA, CÓDIGO POSTAL 72524 PRESENTE. MARÍA TERESA CARMONA SÁNCHEZ POR MI PROPIO DERECHO Y SEÑALANDO COMO DOMICILIO EL UBICADO EN CALLE GUERRERO NÚMERO CUATROCIENTOS VEINTE, POBLADO SANCTORUM, MUNICIPIO DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA Y AUTORIZANDO PARA EFECTOS DE OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES, AÚN LAS PERSONALES, ASÍ COMO RECIBIR Y DAR TODA CLASE DE DOCUMENTOS A EL/LA LICENCIADO(A) __________________, CON DOMICILIO EN, __________________________________________________________ ANTE ESTA AUTORIDAD RESPETUOSAMENTE COMPAREZCO Y EXPONGO: QUE, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 18 FRACCIÓN I DE LA LEY AGRARIA VENGO A PROMOVER JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO RESPECTO A LOS DERECHOS QUE CORRESPONDIERON AL EJIDATARIO CARLOS ALBERTO VELA GARRIDO, A QUIEN SE LE RECONOCIERON LOS MISMOS DENTRO DEL

Se trata de un material dirigido a apoyar el proceso de formación profesional que se desarrolla vía telemática en el marco del Derecho Procesal venezolano en la actual crisis del COVID-19. Toca el origen de los interdictos y desarrolla la importancia estratégica de éstos y la acción de deslinde destacando la perspectiva agraria

Pode-se afirmar que redigir um bom contrato é uma arte. Um bom contrato vai assegurar certeza para a relação jurídica objeto que surge a partir do contrato. Dois elementos subjetivos são chaves na redação de bons contratos: o talento e a técnica. Por ser o talento algo inato à pessoa, iremos nos deter aqui a ressaltar os elementos técnicos, já que não é necessário apenas possuir talento para redigir um bom contrato. Aquele que conhece a técnica, os detalhes do tipo de contrato e do seu objeto, também vai redigir um bom contrato. O mais importante ao redigir um contrato é pensar o caso, é conhecer os detalhes daquela relação jurídica. Embora existam parâmetros técnicos que serão idênticos aos contratos em geral, não se pode perder de vista que cada contrato será um contrato diferente, justamente pelas circunstâncias fáticas e peculiares de cada caso. Por isso, ao redigir um contrato de arrendamento rural, por exemplo, além de atentar para os requisitos e pressupostos legais, deve-se atentar para as especificidades daquela relação contratual: partes, objeto, preço, forma e tempo do cumprimento das obrigações, garantias, observância das cláusulas obrigatórias, cláusulas de preservação do meio ambiente, cláusulas acessórias, etc. Outros elementos formais também devem ser observados com relação à escrita do contrato, assim como: linguagem, unidade, coerência, apresentação visual, etc. Diante da quase inexistência de materiais específicos sobre técnicas de redação dos contratos agrários, vamos aqui referenciar os principais elementos a serem observados na redação dos contratos agrários.

Se trata de un material dirigido a apoyar el proceso de formación profesional que se desarrolla vía telemática en el marco del Derecho Procesal venezolano. Especificamente, se describe el proceso agrario y los criterios que determinan la competencia atrayente de los tribunales de tierra. Asimismo, se destaca la competencia de los tribunales agrarios en la doble perspectiva de tribunales del contencioso administrativo agrario y con competencia para dirimir controversias típicas de tierras entre particulares.

En este trabajo se exponen algunas ideas desarrolladas en torno a las normas adjetivas de la (LTDA 2010) que regulan el procedimiento ordinario agrario, que comprende el estudio y análisis de sus bases legales - tanto históricas como actuales-;  su ámbito subjetivo, material y territorial de aplicación; los principios procesales que lo rigen;  los diferentes lapsos y términos procesales contemplados en la ley especial agraria y su forma de cómputo; las fases o etapas procesales de las que se compone, desde la introducción de la demanda hasta la sentencia definitiva; los recursos procesales que proceden contra ésta y su correspondiente ejecución.
El único fin de esta iniciativa es realizar aportes que propicien debates más profundos sobre el procedimiento ordinario agrario, para así contribuir, por un lado, al mejor esclarecimiento y comprensión de los preceptos jurídicos que atañen a esta figura y por el otro, al establecimiento de una interpretación uniforme de las normas adjetivas de la (LTDA 2010), que sea generadora de confianza legítima, de certeza y seguridad jurídica para los operadores de justicia y justiciables.
Esta inquietud intelectual nos ha surgido como fruto de vivencias personales en nuestra reciente práctica litigiosa en materia agraria, en virtud de la cual hemos podido constatar, por un lado, que las anteriores particularidades del procedimiento ordinario agrario, en apariencia sencillas y fáciles de asimilar, por el contrario, ameritan ser estudiadas y tratadas con gran detenimiento y por el otro lado, que, lamentablemente, es escasa la doctrina patria que se ha ocupado del análisis de las normas adjetivas del procedimiento ordinario agrario, habiendo recibido éste mayor atención, a nuestro parecer, de parte de las distintas Salas que conforman el TSJ, quienes desde la entrada  en vigencia de la primigenia  (LTDA 2001) han dictado múltiples fallos con implicaciones en la materia objeto de esa ley, cuya consulta electrónica hemos hecho gracias a los avances tecnológicos de la época.
Algunas de esas decisiones –en ocasiones bastante polémicas y controversiales- nos permitimos citar a lo largo de este trabajo, con el ánimo de facilitar a los lectores el conocimiento de la posición asumida por nuestro Máximo Tribunal en los temas aquí tratados, con las observaciones y críticas sobre los mismos que hemos  considerado pertinentes, para lo cual nos hemos sentidos profundamente inspirados por las sabias palabras del Maestro (Loreto, 1944), para quien:

Si las actuaciones de los jueces y las partes deben ser públicas para que el pueblo ejerza sobre ellas la elevada misión de controlar la vida y la salud moral del proceso, también es necesario que la crítica de esas actuaciones sea igualmente pública, a fin de que su autor asuma toda la responsabilidad de su opinión y escape así su juicio de la categoría de aquellos que se lanzan en el ambiente oscuro y bajo de la murmuración. Murmurar de los jueces, es un crimen; criticar sus decisiones en público con justas e ilustradas razones, es elevada función ciudadana.  (Subrayado y negrillas nuestros).  (pp.557-558)
 

Siguiendo al distinguido Maestro del procesalismo científico patrio, hemos  osado publicar estas líneas, con la única aspiración de que los conceptos que aquí se emiten sean tenidos por los lectores como hechos con estricto apego al ordenamiento jurídico y con una bien intencionada voluntad de cumplir con los fines descritos en el segundo párrafo de esta introducción.
El documento que aquí presentamos lo entendemos como “MANUAL”, en tanto que con él, ni siquiera remotamente, pretendemos agotar todas las peculiaridades del procedimiento ordinario agrario, sino más bien aportar u ofrecer algunas herramientas básicas que faciliten al lector el introducirse en estudios  más densos sobre el tema; y como “PRACTICO” en cuanto que, durante su desarrollo, se hace un uso frecuente del argumento de autoridad, representado en la cita de la doctrina generalmente admitida y, sobre todo, del precedente judicial, tanto en apoyo como en rechazo de algunas tesis asumidas; procurando que ambas fuentes reflejen una visión actual de los aspectos en que son invocadas.
Representa este trabajo -la que aspiramos sea- nuestra primera incursión en este tipo de actividades y con él, antes que ofrecer posibles respuestas a las interrogantes que se pueden presentar en la práctica litigiosa por ante los juzgados especializados agrarios –que, eventualmente, las podrá encontrar-, lo que más bien se persigue, es compartir nuestros cuestionamientos sobre la figura en estudio.
Por tanto, si las líneas que siguen contribuyen a suscitar esas mismas u otras incertezas procesales en relación a lo  que, en la actualidad, el procedimiento ordinario agrario es, o sobre lo que debería ser en el futuro; y más aún, si se anima a responderlas, entonces este modesto esfuerzo habrá valido la pena.

SUMARIO:  INTRODUCCIÓN. 1. COMPARACIÓN ENTRE LOS CONTRATOS AGRARIOS Y EL CONTRATO DE TRABAJO DE LOS TRABAJADORES RURALES. 1.1. Los contratos agrarios: 1.1.1. Definición. 1.1.2. Características de los contratos agrarios. 1.2. El contrato de trabajo rural y su deslinde de los contratos agrarios: 1.2.1. Definición del contrato de trabajo rural. 1.2.2. Características del contrato de trabajo rural y sus diferencias con los contratos agrarios. 1.3. La primacía del fondo sobre las formas como mecanismo para evitar el fraude a la ley (Art. 23 de la Ley de Tierras).  2. CLASES DE TRABAJADORES RURALES: 2.1. Trabajadores permanentes. 2.2. Trabajadores temporeros. 2.3. Trabajadores ocasionales. 3. BENEFICIOS Y PRESTACIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES RURALES. 3.1. Jornada.  3.2. Vacaciones. 3.3. Prestaciones sociales (prestación de antigüedad). 3.4. Indemnizaciones por terminación de la relación de trabajo por causas imputables al patrono. 3.5. Utilidades. Especial referencia al artículo 16 de la Ley de Tierras. 3.6. El tema de los cultivos propios del trabajador rural. 4.- SINDICALIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES RURALES. 4.1. La sindicalización de los trabajadores rurales en la legislación nacional y en los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 4.2. Influencia de los trabajadores rurales organizados sindicalmente. 4.3. La negociación colectiva en el ámbito del trabajo rural. 5. REFLEXIÓN FINAL: EL IMPUESTO SOBRE LAS TIERRAS OCIOSAS O INFRAUTILIZADAS QUE ESTABLECE LA LEY DE TIERRAS ¿UNA MODALIDAD DE TRABAJO FORZOSO?.

(Artículo publicado en Libro “Ensayos Laborales”, Colección Estudios Jurídicos – Nº 12, editado por Fernando Parra Aranguren y publicado por el Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, 2005, pp.569-598).

A través de diversos enfoques sectoriales, vincula conceptos sobre agua, ambiente y energía, con énfasis en contenidos jurídicos y económicos. Analiza con un enfoque de nexo la relación agua, energía y alimentos, el estado actual del derecho internacional de aguas en latino américa,  la regulación de las energías renovables y la transición hacia la mismas, el costo y valor del agua, el derecho al ambiente y los caudales ecológicos

Este estudio pretende resaltar la importancia de las Zonas de Reserva Campesina como territorios construidos y apropiados por organizaciones campesinas del suroccidente colombiano  y posteriormente  reconocidas por el Estado en la Ley 160 de 1994. Se realiza una reseña sobre las leyes de reforma agraria expedidas por el Estado Colombiano y las complejas situaciones de implementación de modelos que no han permitido una redistribución equitativa de la tierra, y por el contrario han generado mayor concentración.

Resumen: El presente escrito busca resaltar las Zonas de Reserva Campesina –ZRC– como dispositivo jurídico anexo al ordenamiento territorial rural estipulado por la Ley 160 de 1994, el cual reviste gran importancia en medio de los dos paradigmas de tratamiento dado a la tierra en Colombia, en los que se observa la destinación de tierras baldías para la explotación a gran escala a favor y fomento de grandes empresas agroindustriales nacionales o extranjeras, o muy por el contrario, tierras para lograr una mayor equidistribución de la propiedad de la misma entre los campesinos y/o trabajadores/as agrarios, buscando con ello lo mínimo: contener el alarmante crecimiento del índice Gini de tierras que se ha presentado en los últimos años en el país. ¿A qué actividad serán destinadas las tierras baldías en el posconflicto? Será la pregunta que guiará el análisis que se presenta en este trabajo.
Abstract: The present paper seeks to highlight the Peasant Reserve Zones-ZRC-as a legal instrument annexed to the rural territorial order stipulated by Law 160 of 1994, which is of great importance in the midst of the two paradigms of treatment given to land in Colombia, in which it is observed the use of uncultivated lands for the large-scale exploitation in favor and promotion of large national or foreign agroindustrial enterprises, or quite the opposite, land to achieve a greater equidistribution of ownership of the land between peasants and / or agricultural workers, looking for the least: to contain the alarming growth of the land Gini index that has been presented in recent years in the country. What activity will be allocated to wasteland in post-conflict? It will be the question that will guide the analysis presented in this paper.

Lineamientos básicos para implementar los requerimientos de justicia en materia de justicia agraria y rural en el marco del punto 1 del acuerdo de la Habana entre el Gobierno de Colombia y las Farc EP.  Realizado por Hinabu Consultores (Fernando Vargas, Heidi Abuchaibe, con apoyo de Genny Rico),  Contratado por OIM Colombia y cuyo destinatario o beneficiario fue el Consejo Superior de la Judicatura de Colombia. Diciembre 2015

RESUMO:
Trata-se de pesquisa que examina as causas das atuais dificuldades que emergem na maioria das vezes que se tenta empreender uma análise jurídica rigorosa a respeito da validade da origem das propriedades particulares sobre terras localizadas em território goiano. Demonstra que, em grande medida, essas dificuldades decorrem de algumas soluções imediatistas adotadas pelo Decreto n.º 1.318, de 1854, que veiculou o Regulamento da Lei de Terras do Império, somadas a outras condicionantes históricas e jurídicas. Atualmente, essas dificuldades são de complexa superação, quando não insuperáveis, o que tem levado o Estado de Goiás a presumir a validade da origem do domínio particular em várias situações, principalmente invocando o art. 150 da Constituição Estadual de 1947.
ABSTRACT:
It is a research that analyzes the causes of the current difficulties that
emerge, most of the time, when attempting to undertake a rigorous
legal analysis regarding the validity of the source of private
properties on lands located in goiano territory. It demonstrates that,
to a large extent, these difficulties stem from some shortsighted
solutions adopted by Decree no. 1,318, of 1854, which conveyed the
Regulation of the Land Law of the Empire, summed up the other
historical and legal constraints. Currently, these difficulties are
complex overrun, when not insurmountable, which has led the State of
Goiás to assume the validity of the source of the private domain in
several situations, mainly by invoking the art. 150 of the State
Constitution of 1947.

Se acentúa el trabajo interdisciplinario de los profesionales en ciencias económicas, requiriendo conocimientos de normas y organismos ajenos estrictamente al ámbito impositivo (SENASA, Minagri, etc.). En este marco, los autores analizan las normas relativas a la propiedad del ganado y el sistema de marcas y señales que existen en la actualidad y la unificación que se está planteando a nivel local y nacional en busca, entre otros objetivos, de la trazabilidad.

Resumen: El presente trabajo pretende analizar los aportes del Derecho Agrario brasileño al desarrollo y la sostenibilidad del sector agrario, en observancia de lo dispuesto por los objetivos establecidos en la "Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible" de la ONU. Palabras clave: Derecho Agrario brasileño. Agenda 2030 de la ONU. Desarrollo Sostenible. The Brazilian Agrarian Law and its endeavors to the effectiveness of the goals set by the 2030 UN Agenda Abstract: This paper proposes to analyze the efforts of the Brazilian Agrarian Law for the development and sustainability of the agrarian sector, to comply with the objectives set by the 2030 UN Agenda for Sustainable Development.