Derecho Ambiental

El desarrollo evolutivo de los derechos ambientales dentro del derecho internacional de los derechos humanos ha sido vertiginoso, tanto a nivel de instrumentos como de mecanismos internacionales, regionales y locales de derechos humanos.  Muestra de ello es la actual tendencia mundial hacia su consolidación a través de una tercer Pacto Internacional de Derechos Humanos de Naciones Unidas, impulsado por el Consejo Constitucional de Francia, el Club de Juristas de Francia y el Centro Internacional de derecho comparado del ambiente (CIDCE), instrumento que vendría a complementar los dos primeros sobre derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales, firmados ambos en 1966.

En la tramitación del proyecto de Ley sobre Protección de Glaciares en Chile es fundamental tener en consideración todas las posibilidades que hoy nos ofrece la tecnología, de manera de lograr una solución equilibrada que se adapte al desarrollo sustentable. En tal sentido, una de las revoluciones tecnológicas actuales que resulta clave para reducir los efectos de la industria minera de alta montaña en el derretimiento de los glaciares es el hidrógeno verde, un combustible sintético con un gran potencial en Chile y que será muy efectivo en el combate contra el cambio climático en los años venideros.

El presente trabajo analiza la obra de Raúl Brañes, a la luz del derecho comparado. El objetivo del mismo es descubrir y describir las metodologías que fueron utilizadas por el autor en su obra, prolífica, de derecho ambiental latinoamericano. Para realizar tal análisis y su evolución, sus trabajos serán observados en relación con su tiempo y con las particularidades biográficas del autor, las cuales pueden resultar explicativas de parte de las opciones de estudio que va tomando. Veremos que el trabajo emprendido se topa en diversas ocasiones con una realidad muy probable: no hay una metodología preconcebida por el autor ni tampoco consistente en el tiempo. Esta dificultad, sin embargo, hace aún más interesante la valoración de sus obras, que fluyen conjuntamente con la propia creación y evolución de la rama del derecho ambiental en América Latina, donde Brañes es reconocido como uno de sus padres fundadores. 1. Su exilio y su época como consultor internacional. Raúl Brañes fue, en la Universidad de Chile, estudiante y luego profesor de Derecho Procesal 1 , hasta que en 1973 dejó el país para radicarse en México, exiliado por la dictadura 2. A esto alude implícitamente , en la dedicatoria que dejara escrita para su último trabajo, que se reproduce íntegra por ser inspiradora precisamente para quienes Brañes quizo incentivar:

O artigo apresenta a ideia das cidades como novos atores da governança ambiental global (GAG). O objetivo é o estudo e análise do papel das cidades na abordagem das questões ambientais globais. O método de pesquisa foi o teórico-dedutivo, partindo do entendimento da GAG, analisando a organização destas, assim como soluções locais aos problemas ambientais de relevância global. Se revisaram instrumentos internacionais, bibliografia nacional e estrangeira e planos de ação ambientais de cidades. Como conclusão se confirma o papel destacado das cidades na temática ambiental e a existência de redes de política e paradiplomacia para abordar questões ambientais.

En esta ocasión, se trae a colación el caso Chérnobil porque cuestiona la interacción entre el hombre y la naturaleza. Este caso es sólo una muestra más de cómo ese afán de expansión y progreso económico (desmedido e  irresponsable), puede ocasionar catástrofes tan grandes y de incalculables consecuencias. El presente trabajo tiene como objetivo explorar la relación entre crecimiento económico y medio ambiente.

El propósito esencial de la presente, será la puesta en consideración del recurso hídrico como elemento de análisis a fin de proyectar un nuevo modo de gestión, a la luz de la objeción de las estructuras jurídicas tradicionales, de manera de reformular cualquier política de gestión del agua que se consustancie con la nueva perspectiva ambiental acogida por el art. 41 CN y el reconocimiento del derecho humano al agua.

The marine energy, specially their localization and environmental impact can be subject of preoccupation by the law, through his facilitation and installation, as the regulation applicable in each country in which this kind of projects can be developed. There are multiple relevant law topics that the treatment of the law aspects can be justify, especially in the Environmental Law area, from the view of the permits, licenses and consenting processes that marine energy can afford. The number of authorities and administrative agencies associated with permits, evaluation and compliance that a marine energy project can be afford in Chile is multiple, however, for order and systematization it will be two aspect of analysis: a) environmental regulation and b) environmental impact assessment evaluation. Each of this aspect it can´t be dissociated in the real world, but, can be used for the better understating of the legal framework in marine energy and environmental law aspects (in the context of a new technology and insufficient knowledge ecosystems).
The section “environmental regulation” tries to identify the applicable permits and licenses to the marine energy projects.
The second section “environmental impact assessment evaluation” analyzes the law process related to the Environmental Law Act (Ley N° 19.300).
Some other authorities will be treated in this paper with competences beyond the impact evaluation assessment: compliance and sanctions in environmental matters.
This paper is necessarily related with the regulation and administration of common goods, marine areas, with multiple users and in interests that can be in conflict (such as navigation, fishery and conservation).

El objetivo principal de este trabajo es determinar si la normativa provincial aplicable a los bos-ques del Espinal ha cumplido o no con los objetivos establecidos por la Ley Nacional No. 26.331 de 2007 de presupuestos mínimos ambientales para la protección de los bosques nativos de Argenti-na, y si las provincias mencionadas se han planteado o no obligaciones más exigentes. Se utilizó como guía un cuadro que fue diseñado en el marco de otro trabajo científico publicado anterior-mente, en el cual se analizaron distintas regiones forestales. El ámbito territorial seleccionado se basó en un criterio ecológico aplicado a las regiones forestales, no limitándose a la división a través de las jurisdicciones institucionales (provincias). El Espinal es una especie de bosque nativo que se encuentra ubicado en las provincias de Santa Fe, Córdoba, San Luis, Entre Ríos, Corrientes y La Pampa en Argentina. Se trata de una investigación de carácter exploratorio, donde se aplicó el método de la hermenéutica jurídica. Es posible concluir que la problemática ambiental vinculada con la protección y el manejo de los bosques nativos en Argentina se encuentra en constante refor-mulación a nivel nacional y provincial, y que este último en su mayoría cumple con los objetivos y acciones fijados por la Ley Nacional de Bosques Nativos (No. 26.331).

El Antropoceno abre el camino a un nuevo paradigma en la historia del planeta Tierra, poniendo de relieve la crisis ecológica global, resultado de acciones antrópicas. De hecho, hace falta buscar respuestas legales a los desafíos que surgen en esta coyuntura. De ahí que, este artículo hace un análisis, desde la perspectiva del desarrollo sostenible, una propuesta basada en los principios para sostener el derecho ambiental en la nueva época geológica del Antropoceno. Para ello, en primer lugar, el trabajo aborda las implicaciones jurídicas derivadas del reconocimiento del Antropoceno, entendiéndolo como un concepto que va más allá de la geología y entra en el mundo jurídico como un paradigma inédito. Posteriormente, estudia los principios del derecho ambiental que se manifiestan como respuesta
a las rupturas provocadas por el Antropoceno. Por lo tanto, se llevó a cabo una investigación exploratoria y descriptiva, bibliográfica y documental, con análisis de trabajos y artículos científicos mediante el método analítico-deductivo.

El presente artículo refiere a la protección de la fauna y el régimen de la caza en Uruguay. En Uruguay la protección de la fauna y la regulación de la caza aparecen reguladas desde hace muchos años. La Ley N° 9481, de 4 de julio de 1935, sigue siendo el marco jurídico principal sobre el tema, reglamentada por sucesivos decretos. Si bien estas normas fueron aprobadas antes de la aparición del propio Derecho Ambiental, claramente hoy las podríamos considerar como normas de conservación de la biodiversidad. Más recientemente, la protección de la fauna aparece recogida por varios instrumentos de gestión ambiental, reconocidos por el artículo 7 de la Ley N° 17.283 de 28 de noviembre de 2000 (Ley General del Ambiente), tales como la Evaluación de Impacto Ambiental (Ley N° 16.466, de 19 de enero de 1994), el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Ley N° 17.234, de 22 de febrero de 2000), y el ordenamiento territorial (Ley N° 18.308, de 18 de junio de 2008).

Análisis del caso de los negocios de la Universidad de Harvard en los Esteros del Iberá y las violaciones de derechos humanos perpetradas. Contribución a obra colectiva Empresas transnacionales, recursos
naturales y conflicto en América Latina. Para una visibilización de la
violencia invisible.

Palabras clave: derecho ambiental, regulación, fallos judiciales, contaminación RESUMEN En Argentina la problemática del acceso al agua conforma un tema que se ha insertado en la agenda pública a partir de, por un lado la creciente contaminación del recurso hídrico y su mercantilización y por el otro, la judicialización de distintos conflictos por el acceso y calidad del agua. Las empresas proveedoras del servicio enfrentan un conjunto de desafíos vinculados a la necesidad de sostener y mejorar la provisión en el territorio e incluir a nuevos usuarios. Puntualmente en una parte importante de la Provincia de Buenos Aires (PBA), la empresa Aguas Bonaerense S.A (ABSA) y otros organismos municipales que proveen el servicio de agua enfrentan serios cuestiona-mientos judiciales vinculados a los altos valores de arsénico y nitratos presentes en el agua que provee a los hogares. El objetivo general del presente artículo es analizar una selección de casos jurisprudenciales vinculados con la calidad del agua potable que se consume en el ámbito de la PBA. Luego de la presentación de los objetivos y de la metodología adoptada se caracteriza el territorio de la PBA y los municipios afectados por los fallos (Lincoln, 9 de Julio, Carlos Casares y Junín). Posteriormente, se estudia el diseño institucional y regulatorio del servicio de agua, se analizan los fallos respecto a los altos niveles de arsénico presentes en el agua que se distribuye en los municipios señalados y por último, a modo de cierre, se presentan las implicaciones respecto a otros procesos judiciales en curso en la PBA. ABSTRACT Access to water is an issue which was included in the public agenda in Argentina, because of its increasing pollution and commercialization, and on the other hand because of water quality and access litigation increase. Companies which provide this service face some challenges in connection with the need to maintain and improve the supply in the area and include new users. Specifically in one region of Buenos Aires Province (BAP), the company Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) and other

Este resumen busca explicar de manera sencilla sólo las cuestiones novedosas que planteo en mi proyecto. A pesar de que han aparecido varias ideas aisladas sobre cómo debe ser la nueva Carta Fundamental, no ha surgido un intento de ensayo de la misma salvo el que el suscrito ha redactado previo al estallido social chileno y publicado en Europa durante el período pandémico mundial bajo el título: "Proyecto de una nueva Constitución Política de la República de Chile". Este realiza un intento por esgrimir un texto que recoja tanto los Tratados Internacionales, la jurisprudencia y el Derecho Comparado como la doctrina de varios constitucionalistas a nivel mundial, las Cartas Magnas de todo el mundo y las asambleas que la ciudadanía ha efectuado entregando sus ideas, consagrando un proyecto con los más altos estándares posibles en Derechos Humanos adecuados a la realidad chilena.

Este trabajo busca exponer, a través de una metodología cuantitativa sobre producción y aplicación normativa, la manera en la que se han desarrollado las disposiciones normativas que reglamentan el proceso de sustracción, con relación a los motivos para solicitar la adjudicación de áreas dentro de Zonas de Reserva Forestal, y cómo estas disposiciones podrían establecerse como una garantía del derecho de acceso a la tierra de las comunidades campesinas. http://www.asociacioncavelier.com/aym_images/files/7-Cavelier-Revista-7.pdf

El artículo tiene como objetivo cuestionar la afirmación de que los derechos dichos de “tercera generación” poseen siempre titularidad transindividual. Partiendo de la característica de la multifuncionalidad de los derechos fundamentales y del concepto de “derecho fundamental como un todo" de Robert Alexy, el estudio intenta demostrar que el derecho fundamental al medioambiente, a depender de su función en el caso concreto, puede se presentar como una pretensión jurídica individual, colectiva o difusa, cuya tutela judicial se dará, en cada caso, de forma distinta. Para ello, el trabajo utiliza como ejemplo el derecho fundamental al medioambiente en la Constitución brasileña de 1988.

Este artículo tiene por objeto presentar la función y utilidad del ambien-talismo en general, con el especial énfasis que se le da en la Constitución Federal de Brasil al definir fundamentos, objetivos y características feno-menales para las prácticas más verdecentristas. El tema aborda las cuestio-nes reglamentarias y legales, así como un pilar crítico relevante: el Estado Ambiental como un factor político que impide el entero desarrollo huma-nista de América Latina.

Hay muchas más preguntas que respuestas, cuando uno se pone a pensar en los diferentes aspectos de la responsabilidad civil extracontractual en el daño ambiental. La primera dificultad que uno se encuentra entre muchas, es la definición o el concepto de lo que significa el medio ambiente; luego viene otro escollo: ¿Qué debe entenderse por daño ambiental? ¿habrá que conceptualizarlo, desde la ecología, desde la antropología, desde la visión de la economía clásica o desde la visión de la economía ambiental, o recurrir a definiciones de carácter normativas? De lo que sí estoy seguro, es de que cualquier concepto, de entrada, tiene el criterio de la flexibilidad como principio. No hay normas ni fundamentalismos en este intento de ensayo. Y siguiendo con los obstáculos de carácter epistemológico y jurídico, encontramos otros aspectos tan singulares y tan complicados, como son: ¿Cómo se debe reparar? ¿quiénes deben reparar? es decir, ¿quiénes son los responsables? y una última pregunta y, quizás, más complicada en sus respuestas, es ¿a quién o a quiénes debemos reparar o indemnizar?

La salvaguarda del medioambiente en y a través de la protección de la biodiversidad tiene muchas facetas, algunas de las cuales todavía no han sido exploradas desde el punto de vista jurídico. La pretensión de este análisis es indagar, en particular, sobre los mecanismos jurídicos que existen para velar por la protección de las especies migratorias como factor esencial en los procesos y funciones de la biodiversidad. Se evalúa su necesidad, su pertinencia y el acomodo de los mecanismos existentes, realizando propuestas de mejora del sistema vigente. Todo ello se analiza dentro del marco ético, jurídico y económico que pueda justificar la caracterización específica de tales especies como necesitadas de esa especial protección, adicional y paralela al de otras especies naturales con sistemas consolidados de salvaguarda.

Las especies naturales migratorias tienen una serie de caracteres asociados a su intrínseca naturaleza que hace que, como tales, estén necesitadas de una especial protección. Esta protección no existe, salvo algunas especies en particular, bajo el ordenamiento ambiental general. En efecto, el sistema general de protección de la biodiversidad a través de espacios y especies resulta insuficiente porque contempla una serie de notas que raramente son compatibles con las notas biológicas de las especies migratorias.
Este artículo analiza cuáles son esas notas y trata de reevaluar la cualidad de las especies naturales migratorias dentro del marco general que justifica su protección especial como parte, precisamente, del bienestar y la sostenibilidad de la biodiversidad en sus funciones y procesos más esenciales. Aduce, para ello, razones biológicas, éticas y jurídicas y las analiza críticamente como base para tal configurar tal paso.
A partir de tales bases se propugna una recategorización del título jurídico de protección de las especies migratorias, precisamente basado en tal nota de la migratoriedad como fundamento para esa protección especial. Invirtiendo, así, las condiciones de uso sostenible y de aprovechamiento general hacia los de la precaución y la garantía del carácter migrante que define cada especie y al fenómeno migratorio como fundamento.
Finalmente y como consecuencia de ese análisis de ese completo marco, se propugnan cambios de orientación en la normativa internacional, nacional y reglamentaria que posibilite que esta protección sirva para una mejor salvaguarda de la biodiversidad planetaria en su conjunto.

As chamadas áreas consolidadas das propriedades rurais surgiram no Novo Código Florestal com o principal objetivo de resolver conflitos ou lesões a direitos, diante da transição entre as legislações ambientais de 1965 e 2012, principalmente para as pequenas propriedades e para aquelas em que a política agrícola da época permitia exploração, como é o caso do cerrado já citado no artigo anterior "Floresta não é bioma e cerrado não é floresta".

La Ley Nacional de Presupuestos Mínimos para el Enriquecimiento, la Restauración, Conservación, Aprovechamiento y Manejo Sostenible de los Bosques Nativos es el marco normativo de una política pensada para detener las altas tasas de deforestación existentes en el país. La norma se asienta sobre un instrumento de gestión: el ordenamiento ambiental del territorio. Para su implementación, consagró en su texto a la participación ciudadana como un requisito ineludible o un verdadero presupuesto mínimo que las provincias deben respetar. Esta idea, en un país  federal como Argentina y en una provincia predominantemente agroexportadora como Córdoba, conllevó y conlleva un sinnúmero de desafíos. Repasar el proceso participativo allí llevado a cabo nos obliga a debatir el concepto de presupuesto mínimo ambiental (art. 41 de la CN), la noción y práctica de la participación pública ciudadana, la actuación de las entidades técnico-científicas en los procesos de discusión ambientales (universidades e institutos de investigación), el modelo productivo vigente en la provincia, como así también las prácticas reales de algunas instituciones gubernamentales. El de Córdoba es un caso testigo que invita a tomar nota acerca del rol de cada uno de estos actores en la praxis de los procesos políticos y participativos en materia ambiental y forestal.

En el marco de los diez años de la expedición de la Ley 1333 del 2019, que establece el procedimiento sancionatorio ambiental en Colombia, se da a conocer esta obra colectiva, la cual se encarga de analizar de manera detallada las herramientas jurídicas que facultan al Estado a imponer determinadas sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al medio ambiente y los recursos naturales
Mayor información https://medioambiente.uexternado.edu.co/procedimiento-sancionatorio-ambiental-10-anos-de-la-ley-1333-de-2009/

El propósito de este trabajo es dilucidar cuál es –en la actualidad- el marco jurídico que determina la capacidad decisoria para la gestión del agua en Argentina. Encarar esa pregunta exige, en primer lugar, asumir el gran proceso de transformación que estamos viviendo, por el cual muchas categorías y conceptos que nos permitían procesar la realidad han dejado cumplir eficientemente su función. Asistimos a una profunda redistribución del poder político sobre los recursos hídricos y las proyecciones de ese proceso son inciertas. Con ese objetivo en mente, analizaremos aquí la mutación –o lisa y llana extinción- del derecho de aguas clásico a manos del tridente Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) / Bienes Colectivos / Presupuestos Mínimos. A esos efectos, describiremos las premisas constitucionales del sistema clásico, para tratar, a renglón seguido, cómo esas tres nociones han venido a erosionarlas. Finalmente, ensayaremos un diagnóstico sobre dónde estamos hoy en términos de dinámica de fuerzas jurídicas, para tratar de imaginar el camino que nos espera.

El objetivo de la presente contribución consiste en revisitar algunas problemáticas que formaron parte de los debates constitucionales desarrollados en el contexto de la reforma
de 1994 y, en particular, sobre algunos aspectos del texto del artículo 41 incorporado en el apartado Nuevos Derechos y Garantías. A partir del análisis de un corpus de documentos
conformado por las versiones taquigráficas de los debates producidos en el seno de la Convención Constituyente se pretende recuperar algunos interrogantes que interpelaban a
los constituyentes, en especial respecto de la perspectiva ética subyacente para pensar la problemática ambiental así como sobre el concepto de patrimonio cultural. Este rescate se
realiza desde un enfoque histórico y, al mismo tiempo reconsiderando críticamente las perspectivas y conceptos a través de los cuales procuraron darles respuesta a la luz de
debates y miradas contemporáneas que poseen especial relevancia en el ámbito latinoamericano.

El presente artículo plantea una reflexión sobre lo que pueden con-
siderarse las bases constituyentes de una justicia ambiental, centrándose en su papel para la comprensión de una práctica más diversa e integral de la idea de justicia. Para ello, se parte de un conciso recorrido general a través de ciertas escuelas de la filosofía del derecho, mencionando algunas posturas de la teoría de la justicia liberal clásica, pasando por su crisis y desembocando en las recientes posturas en el campo referentes a los planteamientos sobre la teoría de las capacidades en el ámbito jurídico, estableciendo con ello una serie de relaciones y premisas para una propuesta alrededor de una visión de justicia ambiental en Colombia y su intersección
con la justicia rutinaria y protagónica.

Este trabajo tiene por objeto analizar las principales líneas de evolución del régimen de la responsabilidad medioambiental instaurado por la Ley 26/2007, de 23 de octubre. Se parte del estudio de sus principales características originarias para reflejar los cambios normativos que se han producido a lo largo de estos años y las consecuencias que han traído consigo en el presente. Finalmente, se identifican las cuestiones que están pendientes de resolver para garantizar la eficacia plena del régimen y se plantean propuesta sobre cómo abordarlas.

El presente artículo tiene por objeto analizar el criterio jurisprudencial entregado por el Segundo Tribunal Ambiental en relación a la legitimación activa para reclamar las resoluciones de la Superintendencia del Medio Ambiente. Lo anterior llevará a examinar el contenido que se le ha dado al concepto de “afectado” o “directamente afectado” entregado por la Ley N° 20.417 y la Ley N° 20.600. Sobre la base de lo anterior, se analizará también si dicho criterio respecto de la legitimación activa para recurrir al órgano jurisdiccional especial, satisface completamente un verdadero y real acceso a la justicia ambiental. En este sentido, se mencionará la necesidad de que dichos “afectados” puedan contar con las herramientas y los medios necesarios que les garanticen una participación oportuna y de calidad desde la sede administrativa, ya que, considerando el “carácter revisor” del contencioso administrativo, llegar solo a la sede judicial, significa comenzar la carrera con mucha desventaja. Finalmente, se esbozarán algunas posibles soluciones para atender este último problema en sede administrativa.

El objeto de este trabajo es precisar el estado de situación del derecho de acceso a la información pública en materia ambiental, de acuerdo al régimen normativo vigente en nuestro país, para revisar su desarrollo
con relación a los standards del sistema interamericano de derechos humanos. Puntualmente, y a ese efecto, emplearé a modo de vara de medida las recomendaciones de la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos.

De este modo, comenzaré por esbozar algunas ideas generales respecto de la relevancia del derecho de acceso a la información como herramienta fundamental para la asegurar el control democrático y garantizar la transparencia en el estado de derecho moderno.

Posteriormente, describiré sintéticamente el marco jurídico nacional e internacional aplicable en la materia, con algunas referencias jurisprudenciales casi imperativas al efecto de interpretar los instrumentos vigentes, deteniéndome luego en ciertos problemas que el estado normativo actual genera en al momento de intentar ejercer el derecho de acceso a la información.

Acto seguido, procederé a desarrollar el marco regulatorio específico del acceso a la información ambiental en nuestro ámbito nacional, haciendo hincapié en las normas constitucionales y legales que lo constituyen y, en particular, en la ley 25.831, el régimen de libre acceso a la información pública ambiental.

Concluiré formulando algunas observaciones sobre el estado actual de la cuestión y reflexionando respecto de la adecuación de nuestros dispositivos normativos a la regulación que se desprende de la doctrina de los órganos del sistema interamericano.