Derecho Procesal Constitucional

"GUANTÁNAMO, O PROCESSO E JULGAMENTO PELAS COMISSÕES MILITARES E A GARANTIA DO HABEAS CORPUS: A PRISÃO CONTINUADA SEM ACUSAÇÃO OU JULGAMENTO"

Abstract
The study investigates the Guantánamo Bay detention camp, the process and trial of those detained by the Military Commissions, and the continued imprisonment without trial, considering the manifest violation of human and international rights, inciting a debate that aims to focus on two objectives: the status of Guantanamo detainees, and the Human and Humanitarian Rights related to them. Engendering domestic and international concern, the detention camp has been deeply controversial since its opening. The legal status of detainees is greatly contested as well as the lack of access by prisoners to the constitutional rights of the American Charter and to the human rights. Could the Law of War and the
Geneva Conventions be applied? Under the circumstances allowing the creation of a Military Commission, could it be constituted at Guantánamo? Guantánamo is operating in its sixteenth year and some of the detainees are imprisoned in the totality of this time. In this regard, the debate continues to be useful for the academic community. Given this panoramic
exposition of the organization of the text, as well as the problem on which it deals with and the objective indicated, the methodological path that has been imposed here is a bibliographical and documentary research.
Keywords: Guantánamo Bay detention camp. American Military Commissions. Continued imprisonment without formal charge or trial.

Resumen
La investigación estudia la prisión de Guantánamo, el proceso y el juicio de los detenidos por las Comisiones Militares y la prisión de carácter continuado y sin juicio, teniendo en vista haber manifiesta violación de los derechos humanos e internacional, incitando un debate que pretende enfocarse en dos objetivos: el estado de los detenidos de Guantánamo y los Derechos Humanos y Humanitarios relativos a ellos. Al engendrar preocupación doméstica e internacional, la prisión causa una profunda controversia desde su apertura. El estatus legal de los detenidos es muy cuestionado, así como la falta de acceso de los prisioneros a los derechos constitucionales de la Carta estadounidense y a los derechos humanos. ¿Se aplica la Ley de la Guerra y las Convenciones de Ginebra? Según las circunstancias que permiten la creación de una Comisión Militar, ¿podría constituirse en Guantánamo? Guantánamo está operando en su décimo sexto año y algunos de los detenidos están atrapados en la totalidad de este tiempo. En este sentido, sigue el debate siendo útil para la comunidad académica. Dada esta exposición panorámica de la organización del texto, así como conocido el problema sobre el que ella se dirige y el objetivo que se indica, el camino metodológico que aquí se impuso es el de una investigación bibliográfica y documental.

Palabras clave: Prisión de Guantánamo. Comisiones Militares Americanas. Prisión continuada sin acusación formal o juicio.

Resumo
A pesquisa estuda a prisão de Guantánamo, o processo e o julgamento dos detidos pelas Comissões Militares e a prisão de caráter continuada e sem julgamento, tendo em vista haver manifesta violação dos direitos humanos e internacional, incitando um debate que pretende focar em dois objetivos: o status dos detentos de Guantánamo e os Direitos Humanos e Humanitários relativos a eles. Engendrando preocupação doméstica e
internacional, a prisão causa uma profunda controvérsia desde a sua abertura. O status legal dos detidos é muito contestado assim como a falta de acesso dos prisioneiros aos direitos constitucionais da Carta americana e aos direitos humanos. Aplica-se a Lei da Guerra e as Convenções de Genebra? Segundo as circunstâncias que permitem a criação de uma Comissão Militar, poderia ela ser constituída em Guantánamo? Guantánamo está operando em seu décimo sexto ano e alguns dos detidos estão presos na totalidade deste tempo. Neste sentido, segue o debate sendo útil para a comunidade acadêmica. Dada esta exposição panorâmica da organização do texto, bem como conhecido o problema sobre a qual ela debruça e o objetivo que se indica, o caminho metodológico que aqui se impôs é o de uma pesquisa bibliográfica e documental.
Palavras-chave: Prisão de Guantánamo. Comissões Militares Americanas. Prisão continuada sem acusação formal ou julgamento.

SUMARIO: Introducción; 1. (La prisión de) Guantánamo: ¿puertas cerradas para los derechos humanos? Una historia sin fin; 2. Comisiones Militares: proceso y juicio de los "combatientes"; 2.1 Proceso y juicio; 2.2 Los avances y retrocesos de las Comisiones Militares; 3. Habeas Corpus: un
remedio constitucional en favor de los derechos humanos; 4. Un análisis del HC de Tofiq Nasser Awad al Bihhani, et al. v. Donald Trump, et al., una petición que pretende evitar abusos cíclicos de poder: la prisión de carácter continuado sin acusación o juicio.

Este trabajo busca introducir a las lectoras en el conocimiento de los principales institutos procesales necesarios para tramitar, resolver y eventualmente implementar las decisiones judiciales tomadas en el contexto de procesos colectivos y acciones de clase. Asimismo, presenta algunos de los problemas, interrogantes e implicancias de orden político, social y económico que genera el corrimiento del ámbito de debate de cuestiones colectivas hacia el seno del poder judicial.

Como principal clave de lectura les proponemos partir de una premisa fundamental: la enorme magnitud y el tipo de conflictos que se están discutiendo, papel va, papel viene, dentro del poder judicial. Sobre todo, ante los superiores tribunales de justicia de nuestros países.

Solo en Argentina, desde donde escribo, en los últimos 10 años el poder judicial federal y las jurisdicciones locales han dictado resoluciones y sentencias de diverso tipo (cautelares y de mérito) en el marco de procesos donde se debate, por ejemplo, el modo de facturar en el mercado de teléfonía móvil, la cartelización de empresas de distintos rubros, el acceso voluntario a la interrupción del embarazo y la impugnación de la ley que lo autoriza, las condiciones de detención de personas privadas de su libertad en establecimientos penitenciarios y diversos derechos fundamentales que les asisten (educación, requisas dignas, beneficios de la seguridad social, salario por el trabajo realizado, prisiones domiciliarias para embarazadas y madres con niñas pequeñas), las condiciones de internación en establecimientos neuropsiquiátricos, la defensa de sitios de memoria del genocidio argentino, situaciones de contaminación por explotación minera en zonas prohibidas, recuperación de espacios culturales y del patrimonio histórico, el trato digno que deben aplicar las entidades bancarias a sus clientes, la protección de patrimonio paleontológico, los límites de tasa de interés que cobran las tarjetas de crédito, la validez constitucional del blanqueo de capitales por parte de familiares de funcionarias y funcionarios públicos, la comisión que pagan inquilinos e inquilinas para acceder a una vivienda familiar, diversas prácticas ilícitas de mutuales y obras sociales (aumentos indebidos, bajas indebidas, cobros en exceso), la legalidad y razonabilidad de los cuadros tarifarios de servicios públicos esenciales (gas, luz, agua, telefonía), el pago de impuesto a las ganancias integrantes del poder judicial, situaciones de riesgo y daño ambiental por actividades de diversa índole (industrias, desmontes, represas, aplicación de agrotóxicos, obras de infraestructura vial), cargos y comisiones cobradas indebidamente por entidades bancarias, financieras y otras prestamistas, cláusulas contractuales abusivas de todo tipo y color, impuestos tasas y contribuciones que se consideran inconstitucionales, daños por productos elaborados (automotores, protectores solares), derechos de usuarios de servicios de turismo, restricciones de derechos en el contexto de la pandemia de Covid-19, condiciones edilicias de ciertos tribunales, la validez del empréstito contraído por Argentina con el FMI en 2018, el acceso a medicamentos para ciertas enfermedades, la falta de vacantes en las escuelas públicas, y el régimen de derechos y obligaciones de personas migrantes, entre muchas otras cuestiones.

Como podrán advertir, hablamos de conflictos que involucran a cientos de miles, millones y hasta decenas de millones de personas afectadas de manera homogénea en sus derechos, o en riesgo de serlo.

Conflictos que, en nuestra región, se desarrollan en el contexto de marcos convencionales y constitucionales que exigen proteger de manera preferente ciertos bienes y derechos, por un lado, y ciertos grupos de personas que han sido tradicionalmente relegadas o débilmente protegidas, por el otro.

Marcos constitucionales que, además, en diversos supuestos reconocen expresamente el derecho de acceso colectivo a la justicia (como Argentina, Brasil y Colombia), y tribunales que lo han hecho operativo a pesar de su falta de regulación adecuada (adecuación que, por la entidad de los conflictos, debería ser estricta).

Frente a este tipo de conflictos y de marcos convencionales y constitucionales, claramente diferentes a los que se tuvieron en cuenta para diagramar nuestras herramientas procesales tradicionales, resulta imprescindible revisar y repensar diversas técnicas y nociones conceptuales clásicas para adaptarlas a clave colectiva.

El objetivo de la ponencia será el identificar el concepto de vulneraciones masivas de derechos fundamentales y cuál es el rol que juega la jurisdicción constitucional frente a ellas; encontrando ésta justificación para obrar en conceptos tales como el estado de cosas inconstitucional (Corte Constitucional Colombiana) y las fallas estructurales de un estado determinado (Suprema Corte de los Estados Unidos), entre otros.

ES: El esfuerzo sistematizador de la justicia constitucional contenido en el libro que se prologa es, sin lugar a dudas, inestimable. La clasificación del sistema de protección constitucional venezolano que originalmente propone Ortega Weffe tiene la que es una virtud cardinal de toda construcción intelectual dirigida a estos fines: explica simple, analítica, crítica y exhaustivamente el sector de la realidad que constituye su objeto, proveyendo de una herramienta en verdad útil para la comprensión de un sistema que, en palabras del autor con las que coincidimos, es “versátil, completo, complejo y garantista, con pésima ejecutoria judicial”.

Estamos en presencia de una obligada y segura carta de navegación para el estudio del Derecho Procesal Constitucional venezolano, que apuntalará −estamos seguros− la mejor comprensión, la investigación y −quiera Dios que muy pronto− la reconstrucción de nuestra justicia constitucional, rumbo Norte franco hacia “una interpretación que privilegie el mandato del pueblo hecho letra constitucional en preservación de [los] derechos [fundamentales]”.

EN: Ortega Weffe's effort in systematising constitutional justice, contained in the book being prologued is -without a doubt- invaluable. The classification of the Venezuelan constitutional protection system originally proposed here has a cardinal virtue for any intellectual construction: it explains simply, analytically, critically and exhaustively the sector of reality that constitutes its object, providing a truly useful tool for the understanding of a system which, in the words of the author -with which we agree- is "versatile, complete, complex and guarantee-oriented, with terrible judicial execution".

We are in the presence of an essential and safe navigation chart for the study of Venezuelan Constitutional Procedural Law, which will underpin -surely- the better understanding, research and -God willing, very soon- the reconstruction of Venezuelan constitutional justice, heading north towards "an interpretation that privileges the mandate of the people made constitutional text in preservation of [fundamental] rights".

Este artículo introduce en algunos asuntos que pueden suscitarse en la conformación de una sentencia constitucional, como la existencia de fundamentos y votos singulares, y la incidencia de las solicitudes de aclaración y de nulidad respecto a lo decidido en la resolución principal, presentando ejemplos sobre los temas abordados.

La finalidad de este trabajo es sostener la legitimidad constitucional del ius puniendi, para lo cual se subraya su anclaje en el bien común político como fin de la comunidad política. Con esa meta, se ahonda en la comprensión del concepto de bien común, su contenido específico y su función rectora para la actividad de toda la comunidad política y, por ende, para el Derecho; luego se desarrolla cómo, dentro de ese bien común, resulta un componente esencial el castigo de los delitos –en su justa comprensión– y, finalmente, se analiza la Constitución Nacional para mostrar que es heredera de esa tradición del pensamiento filosófico y jurídico que supo dar forma al Occidente cristiano.

The purpose of this work is to sustain the constitutional legitimacy of the ius puniendi, for which its anchorage in the political common good as the end of the political community is emphasized. With this goal in mind, it delves into the understanding of the concept of the common good, its specific content and its guiding function for the activity of the entire political community and, therefore, for the Law; then it develops how, within that common good, the punishment of crimes –in its proper sense– is an essential component and, finally, the National Constitution is analyzed to show that it is heir of that tradition of philosophical and legal thought that knew how to shape the Christian West.

En este trabajo realizaremos una primera lectura de la regulación sobre procesos colectivos de consumo establecida en el cap. 4 del Código Procesal para la Justicia en las Relaciones de Consumo (en adelante, “el Código” ) sancionado el 11 de marzo de 2021 como Anexo A de la ley 6407 de la Ciudad de Buenos Aires.

Según veremos, se trata de una normativa que significa importantes avances en términos de previsibilidad, acceso a la justicia y debido proceso colectivo, aunque también contempla previsiones que configuran un retroceso para esos mismos derechos y garantías y que plantean cuestiones problemáticas en términos constitucionales.

Esta regulación viene a determinar las reglas procesales que deben aplicarse en el fuero especial creado por el art. 41 de la ley 26.993, conforme surge de lo dispuesto por el art. 5º del Código: “La Justicia en las Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será competente para conocer: (...) 3. En los procesos colectivos que involucren relaciones de consumo descritas en el inc. 1º de presente”.

El cap. 4 se ocupa de regular legitimación colectiva, beneficio de gratuidad, mediación pre(judicial, requisitos de admisibilidad, adecuada representación, objeto de los procesos colectivos de consumo, trámite, notificaciones, contenido de la sentencia, cosa juzgada colectiva, destino de las indemnizaciones y transacción.

Como puede advertirse, la sola lectura de los institutos procesales abordados confirma un claro avance en comparación con las escasas normas contempladas actualmente en la ley 24.240 y modificatorias (en adelante, “LDC”). Al mismo tiempo, evidencia que numerosas cuestiones de relevancia para el trámite de este tipo de procesos han quedado sin tratamiento expreso. Entre ellas, y entre otras, pueden destacarse los poderes de gestión del jueces y juezas en este contexto de enjuiciamiento, las medidas cautelares, la intervención de terceros e integrantes del grupo representado, los amigos y amigas del tribunal, la vinculación entre procesos colectivos, y la vinculación entre procesos individuales y procesos colectivos.

En los desarrollos que siguen nos ocuparemos de analizar el modo en que han sido diagramadas las cuestiones efectivamente reguladas en el Código, identificando sus bondades y posibles problemas. Asimismo, aportaremos algunos desarrollos conceptuales y de derecho comparado que permitan poner los temas en contexto y colaborar en el entendimiento, interpretación y aplicación del Código.

Traducido al español por CriptoNoticias Resumen. Una versión puramente de igual-a-igual de dinero en efectivo electrónico permitiría que los pagos en línea sean enviados directamente de una parte a otra sin pasar por una institución financiera. Las firmas digitales proporcionan parte de la solución, pero los beneficios principales se pierden si aún se requiere un tercero de confianza para evitar el doble gasto. Proponemos una solución al problema del doble gasto utilizando una red de igual-aigual. La red marca el tiempo de las transacciones al agruparlas en una cadena continua de pruebas de trabajo basadas en hash, formando un registro que no se puede cambiar sin rehacer la prueba de trabajo. La cadena más larga no solo sirve como prueba de la secuencia de eventos presenciados, sino también como prueba de que proviene del mayor grupo de potencia de CPU. Mientras la mayoría de la potencia de CPU esté controlada por nodos que no cooperan para atacar la red, ellos generarán la cadena más larga y superarán a los atacantes. La propia red requiere una estructura mínima. Los mensajes se transmiten sobre una base de mejor esfuerzo, y los nodos pueden abandonar y unirse de nuevo a la red a voluntad, aceptando la cadena de prueba de trabajo más larga como prueba de lo que sucedió mientras estaban fuera.

El peligro en la demora normalmente viene estudiado como uno de los presupuestos para el dictado de una medida cautelar. El artículo propone que es algo más que eso, pues su adecuado análisis podría incluso determinar los casos en los cuales se puede producir una afectación al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.

La opción política por la residualidad en la justicia constitucional peruana –ahora consolidada en el precedente Elgo Ríos- obliga a un nuevo enfoque –por parte de Jueces y litigantes- del rol de la justicia ordinaria. Se trata, en buena cuenta, de una suerte de “cambio de cultura” en la tutela de los derechos fundamentales. Y es que en la idea de una justicia constitucional difuminada, los procesos judiciales ordinarios deben servir como instrumentos eficaces de tutela de tales derechos. Son los que denomino auténticos “amparos ordinarios” . Sólo a partir de éste enfoque y su aplicación práctica, cabe reflexionar en torno a la consistencia de la opción por la residualidad en el acceso a los procesos constitucionales de la libertad, sin vaciar de contenido su tutela excepcional y urgente contra la agresión. Es allí donde –en mi concepto- descansa la importancia política del precedente Elgo Ríos en la medida que: (i) Obliga a los operadores a identificar la materia constitucional en los casos “ordinarios”. Es decir, “casos constitucionales” no son solo los que se ventilan en los “procesos constitucionales” (de la libertad o de control concentrado), sino que lo son aquellos donde surja la necesidad de tutelar derechos fundamentales, independientemente si el caso es “civil”, “penal”, “laboral”, etc; (ii) Impacta en la organización de la jurisdicción, porque todos los órganos con poder jurisdiccional tienen la facultad-deber de identificar esta materia en sus quehaceres jurisdiccionales de los casos sometidos a su competencia; y, (iii) El cambio de modelo en los procesos constitucionales de la libertad (alternatividad por residualidad) encuentra coherencia –y sustento- con el rol de la judicatura en el paradigma del “Estado Constitucional” donde no se hace distingo entre “Jueces Constitucionales” y “Jueces Ordinarios”, dado que todos son jueces defensores de la Constitución, de la constitucionalidad y de los derechos fundamentales.

En el presente trabajo, el autor explica que nuestro ordenamiento jurídico acoge una concepción amplia sobre el hábeas corpus, lo que implica que a través de este no solo se protege la libertad física, sino también otros derechos, siempre que estos sean conexos a la libertad individual. Entre estos derechos pasibles de tutela se encuentra el derecho al debido proceso, siendo posible, entonces, cuestionar resoluciones judiciales ordinarias que afecten conjuntamente a la libertad personal y derechos que forman parte de la tutela procesal efectiva. Finalmente, explica que, aunque se trata de un supuesto excepcional, también es posible interponer un hábeas corpus contra otro hábeas corpus (y –más generalmente– contra otro proceso constitucional), como lo ha señalado el propio Tribunal Constitucional

El trabajo pretende reflexionar acerca de los problemas que la estructuración actual del amparo presenta para realizar el sentido protectorio que constituye su razón de ser, a fin de pensar en alternativas que pudiesen devolverle su condición de medio para la protección inmediata y efectiva de derechos fundamentales. Para ello se propicia su tratamiento como pretensión monitoria o estructura del tipo; y/o, la introducción de la oralidad e instituciones complementarias como variante

Who should prove the existence or nonexistence of some fact in a judicial proceeding? Should the Claimant help the Defendant to prove asserts of truth of particular facts or vice versa? Is there a new rule within all the rules governing the presentation of facts and proof in proceedings before courts? Those are issues of a great importance studied by scholars and courts in the last years relating to the law of evidence and this essay which provides a framework for further research gives a particularly and critic point of view influenced by a vision of the process as an instrument of freedom or as a right that point to protect freedoms.

El trabajo sigue los lineamientos de una obra anterior -"Protección cautelar frente al Estado", 2da. ed., Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2009- y recobrados en una posterior, como consecuencia de las modificaciones legislativas producidas en la materia en la Argentina -"Medidas cautelares frente al Estado. Continuidades y rupturas", Buenos Aires, Ad Hoc, 2013.

Durante las últimas dos décadas, los derechos LGBT+ se han expandido de forma importante por toda Sudamérica. Esto no ha ocurrido en el Perú. Sobre la base de estudios que buscan explicar la expansión y variación del reconocimiento de derechos LGBT+, el artículo analiza la falta de progreso en el reconocimiento de las parejas del mismo sexo en el poco estudiado caso peruano. Se centra en las razones por las cuales el entorno nacional ha limitado la tendencia regional y en las oportunidades de cambio. El argumento principal es que la influencia de las iglesias católica y evangélica en la cultura y la política peruanas, intensificada por las campañas recientes contra la “ideología de género”, es la principal razón detrás de esta obstrucción. Sin embargo, como se explica, las oportunidades de cambio se han ampliado. Los estándares de igualdad y no discriminación en orientación sexual e identidad de género establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la receptividad judicial a esas doctrinas y la creciente movilización legal de los activistas LGBT+ son factores que contribuyen a un escenario potencial de cambio y formulación judicial de una política pública. Se evalúa el resultado negativo del caso Ugarteche ante el Tribunal Constitucional (2020) y se concluye que no representa un obstáculo insalvable en la búsqueda de la igualdad por la vía judicial.

En principio, nos parece que el estudio sobre lo «cautelar» dentro del proyecto de Código Civil y Comercial debe ser analizado bajo las perspectivas de las doctrinas sistémicas en derecho procesal, puesto que ello permite un abordaje de cada norma o conjunto de normas, sin la necesidad de encasillar
o prefijar la naturaleza jurídica del tipo cautelar contemplado en ella, y permitiendo un análisis particularizado sobre la base de los derechos tutelados y finalidades perseguidas por el legislador.
En general, en todo el proyecto, tienen un rol preponderante la tutela urgente, la tutela inhibitoria y la tutela preventiva, otorgándose amplias facultades a los jueces para decidir qué mecanismo será el mejor en cada caso concreto.

De una manera objetiva, puntual y sintética reseñamos el libro: “Lecciones de Derecho Penal-Parte General-Teoría Jurídica del Delito” del doctor Iván Meini. El libro nos presenta la postura del autor, en diversos temas, contrastada con otras ideas y lo más importante: moderniza las clásicas instituciones penales. Queda claro el contenido del libro, sin embargo, de la lectura del mismo el lector encontrará muchos más aspectos, que no son posibles reseñar, es labor de todo académico que le interesa el derecho penal y público en general, descubrirlos.

En las últimas décadas la protección del medio ambiente y de la multiculturalidad se ha convertido en una de las preocupaciones centrales de los Estados. En nuestro país, la Constitución ha dedicado varios de sus artículos a reconocer la identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas, así como a promover el uso sostenible de los recursos naturales. Asimismo, el Tribunal Constitucional no ha sido ajeno a esta labor, emitiendo diversos pronunciamientos referidos a la tutela del derecho fundamental al medio ambiente. Por otra parte, el Legislativo, atendiendo a sus obligaciones internacionales, emitió hace unos años la Ley de Consulta Previa y posteriormente su reglamento. Precisamente, el autor, a propósito de su participación en el Encuentro Constitucional por la Tierra organizado por la Corte colombiana, aborda estas materias.