Demanda de inconstitucionalidad

El trabajo analiza el alcance de la libertad de empresa de los servicios de comunicación audiovisual (SCA) regulados por la ley uruguaya 19.307. Se evalúan las eventuales restricciones o limitaciones  a este derecho a la luz de los fallos de la Suprema Corte de Justicia en control de constitucionalidad del artículo 56 que impone incompatibilidades a estos servicios. En virtud de la temática, se esbozan consideraciones sobre las debilitadas fronteras entre las diferentes ramas del derecho, entre otras apreciaciones.

El trabajo analiza la sentencia 643/2018 de fecha 16 de mayo de 2018 de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, la que releva de oficio la falta de legitimación pasiva ad causam del Poder Legislativo en los procesos de inconstitucionalidad de la ley por vía de acción.
Se plantea la naturaleza y alcance de la legitimación en estos procesos, la importancia de su riguroso tratamiento procesal por el tribunal así como otras consideraciones relevantes que surgen del fallo.

Constitucional del Ecuador una acción pública de inconstitucionalidad del Acuerdo Interministerial que reduce el estipendio o compensación económica de los estudiantes de internado rotativo. No es cualquier acción. Implica el repaso por la doctrina, valores, principios y reglas constitucionales que permitan verificar la inconsistencia e incompatibilidad del Acuerdo con la Constitución. Y es que el Ecuador se erige como un Estado Constitucional y Democrático, que amplifica la función del juez como garante para efectivizar y materializar de forma directa las normas contenidas en la Constitución. En este sentido, cualquier acto o disposición normativa tiene que guardar armonía con la Constitución. No cabe una norma que viole a la Constitución. No puede existir una disposición que vulnere o contradiga a la Constitución. Si lo hace, debe ser inmediatamente expulsada del ordenamiento jurídico del país. Y es ésta, la tarea del juez constitucional ante una demanda de inconstitucionalidad. El Acuerdo Interministerial que regula la implementación del internado rotativo en los establecimientos de salud, es inconstitucional. Inobserva al principio de progresividad y no regresividad de derechos, motivación, contenido esencial de los derechos, e igualdad y no discriminación. El principio de progresividad y no regresividad de derechos es vulnerado. Se desatiende al desarrollo progresivo de las condiciones de vinculación de los estudiantes en los centros de salud al reducir entre $200 a $300 el estipendio económico que históricamente se entregaba a los estudiantes. Además, es discriminatorio. Detalla rubros económicos para cada carrera, diferenciando negativamente, sin motivación o razonabilidad alguna, a las profesiones de cada estudiante (medicina $394, enfermería $295.50, obstetricia $394 y nutrición $197), lo que atenta contra el principio de igualdad. La demanda presentada es ejemplo de lo que debe hacerse desde la universidad. Entregar respuestas y alternativas, técnicas y efectivas, para la sociedad.