Debido Proceso

El derecho laboral es una de las herramientas más importantes para cualquier trabajador  o trabajadora. Su conocimiento básico ayuda a comprender la situación propia dentro de la empresa, así como entrega conceptos que pueden y deben ser usados para la protección de diferentes derechos.
La finalidad principal de la presente cartilla, es que tanto trabajadores como trabajadoras puedan llegar a analizar e interpretar sus propias condiciones laborales, reconociendo así los conceptos más importantes del derecho laboral colombiano, concentrándose principalmente en el derecho laboral individual, y la seguridad social, e igualmente que conozca aspectos básicos de libertad sindical y relaciones laborales ilegales. a través de conceptos sencillos  y dotarlos de los instrumentos necesarios para la defensa de sus derechos.

Nadie puede concebir hoy la existencia de una decisión judicial que carezca de motivación. Esto es, que no explique las razones por las cuales resuelve el conflicto del modo en que lo hace y no de otro. Tampoco es aceptable cualquier solución, ni de cualquier manera. Deberán superarse distintos tipos de escrutinios que demuestren su razonabilidad a la luz del marco hermenéutico, lo cual en muchos conflictos supone también recrear otras condiciones de discusión y decisión en el escenario judicial.
Es aquí donde el deber de motivación, como exigencia normativa, muestra la distancia existente con la obligación de fundar, resignificando este último concepto histórico y erigiéndose como una herramienta elemental no sólo para visibilizar y componer esos desarreglos, legitimar el sistema y rendir cuentas, sino también para ajustar las tensiones presentes en la resolución de cualquier disputa.

Este escrito es resultado del proyecto investigativo “Sistemática acusatoria comparada en Suramérica”. Metodológicamente está fundamentado en documentos y en trabajo de campo, con entrevistas y visitas a cada uno de los países que conforman el sur del continente. Se constató que el procedimiento penal, en la región, es un instrumento destinado a garantizar el acceso a la justicia para el Estado por medio del órgano de acusación, sea esta Fiscalía o Ministerio Público, como para las víctimas, imputados y terceros, afectados con la posible comisión de un delito. Todos los países incorporan en su legislación interna la Convención Americana de Derechos Humanos, comprometiéndose a cumplir con un conjunto de parámetros mínimos de justicia penal, entre ellos el derecho del imputado a recurrir el fallo condenatorio ante juez o tribunal superior establecido en el artículo 8.2 literal h) de la Convención. Sin embargo, en Suramérica, exceptuando Argentina, existe un gran déficit de protección de esta garantía mínima en los procesos penales, y una estructuración de los recursos que no consulta los derechos de los imputados, por lo que existe una reiterada omisión estatal en la protección y efectividad de los derechos humanos. Precisamente, Colombia es uno de los países donde aún no se disponen medidas legislativas idóneas que hagan plenamente efectivo el derecho a recurrir al fallo condenatorio, lo que plantea una posible responsabilidad internacional del Estado por vulneración de los derechos reconocidos en la Convención y la omisión de adoptar medidas legislativas que garanticen su protección y su efectividad.

Abstract. This paper is a result of the research project “Systematic compared accusatory in South America.” It is methodologically based on documents and fieldwork, interviews and visits to each of the countries of southern Africa. It was found that the criminal proceedings in the region, were an instrument to ensure access to justice for the state by the prosecuting body is this office or prosecutors, and victims, defendants and third parties affected the possible commission of a crime. All countries incorporate in their domestic law to the American Convention on Human Rights, agreeing to meet a set of minimum standards of criminal justice, including the right of the accused to appeal his conviction to a higher court established in the literal Article 8.2 h) of the Convention. But in South America, except Argentina, there is a large gap for this minimum guarantee in criminal proceedings, and structuring of resources not see the rights of the accused, so that the settled state failure to protect and effectiveness of Human Rights. Precisely Colombia is a country where even legislatively unsuitable legislation give full effect to the right to appeal his conviction are provided, which poses a possible international responsibility of the State for violation of the rights recognized in the Convention and the omission of adopt legislative measures to ensure their safety and effectiveness.