Acciones Colectivas

A partir del conocido precedente “Halabi” (CSJN, 2009) ha quedado claro en nuestro medio que la garantía de debido proceso legal colectivo es plenamente operativa y que es deber de los jueces dotarla de eficacia. Un deber de eficacia de raigambre no sólo constitucional sino también convencional.  En virtud de ello, desde entonces no es posible sostener la improcedencia de esta tutela diferenciada por el sólo hecho de no haber sido regulada por el legislador procesal.  Los señalados avances jurisprudenciales y reglamentarios, sin embargo, lejos de agotar las discusiones han multiplicado los interrogantes que los operadores de este tipo de litigios enfrentan día a día. Es que aun conociendo la doctrina y reglamentos de la Corte Suprema y de los restantes tribunales del país acerca de los postulados fundamentales que deben servir de guía en esta materia, tal conocimiento es insuficiente debido a que las aproximaciones al fenómeno continúan siendo parciales e incompletas. Dichos interrogantes, además, se alimentan del hecho que el fenómeno abordado en este libro ha producido un cambio de paradigma en la modalidad de trabajo de jueces y abogados, quienes –con motivo de la tradición continental europea en la que fueron formados- como regla no están acostumbrados a trabajar con la jurisprudencia como principal fuente del derecho.  Si bien es cierto que varios proyectos intentaron –con desparejo acierto técnico- enfrentar la responsabilidad de regular este capítulo fundamental del debido proceso, el llamado al legislador nacional aún no ha sido atendido.  Lo mismo puede decirse que sucede en la casi totalidad de las jurisdicciones locales, tal como podrá concluir el lector luego de analizar los trabajos que presentamos en este libro.  Hay jurisdicciones que han incorporado a la tutela colectiva como parte del código procesal civil y comercial y otras que, al igual que en el régimen nacional, sólo contemplan previsiones aisladas y dispersas sobre algunas instituciones del litigio colectivo (como la legitimación o la cosa juzgada) en el marco de ciertas leyes especiales (mayormente ambiente y consumo).  Este enfoque carece de la necesaria vocación de sistema que impone concentrar en un cuerpo normativo autónomo o en un capítulo especial de la legislación procesal de cada jurisdicción la totalidad de las instituciones impactadas por esta particular variante de enjuiciamiento. El panorama brevemente descripto hasta aquí ha transformado a los procesos colectivos en uno de los capítulos de política pública necesitados de una atención prioritaria.

Los linchamientos, pueden ser enmarcados dentro de fenómenos más amplios de apropiaciones comunitarias de regulación de la violencia y la seguridad, que se manifiestan bajo prácticas diversas que van desde la proliferación de la seguridad privada y los encerramientos habitacionales, hasta las rondas informales de vecinos y los grupos de autodefensa.
En el estado de Puebla estos episodios de violencia llamaron la atención hacia la segunda década del dos mil, por el incremento alarmante de eventos, superando el número de acontecimientos en otras entidades federativas del país. En el presente diagnóstico se hace una incursión en la complejidad del fenómeno de los linchamientos, se exploran circunstancias y detonantes en su conformación concreta para el caso de Puebla, así como se proponen, en base en esos estudios, recomendaciones de política pública para su atención.

Entendemos que esta dimensión política de las acciones colectivas, y su necesaria conexión con el nivel de conocimiento de las mismas por parte de la comunidad, es algo fundamental para que no sean tan permeables al fuertísimo lobby desarrollado por los sectores de poder que deben enfrentar este tipo de planteos, así como también para evitar que los casos colectivos queden perdidos en la burocracia judicial general (puesto que no se ha reconocido todavía el principio de trato prioritario de estas causas, a pesar de tratarse de asuntos de intereses público que involucran enormes números de personas)

El presente documento contiene una propuesta de bases para colaborar en la discusión y elaboración de una Ley Nacional de Procesos Colectivos para la República Argentina. El estudio de los procesos colectivos ha arribado en nuestro país a un grado de madurez que se distingue claramente respecto del estado de avance parcial que, en paralelo, evidencian las concreciones legislativas en la materia. En efecto, desde hace décadas y especialmente a partir de la introducción de la categoría de los “derechos de incidencia colectiva” con la reforma constitucional de 1994, la doctrina ha desarrollado progresivamente distintos contenidos fundamentales para el estudio adecuado de la problemática de estos mecanismos de procesamiento y enjuiciamiento de conflictos colectivos.
Sin embargo, la legislación sigue manteniendo una tendencia fragmentaria en la materia, que se exhibe especialmente desde dos perspectivas: (i) Al avanzar, sin vocación de sistema, sobre la reglamentación de algunos de sus aspectos controvertidos (típicamente: la enunciación de los sujetos legitimados para accionar
colectivamente o la previsión de algunas variantes de regulación de los alcances subjetivos de la cosa juzgada), descuidando otros temas relevantes (vg., la representatividad adecuada, la litispendencia, la interacción de las acciones colectivas e individuales, etc.). (ii) Al continuar sancionando normas relativas al trámite de este tipo de conflictos en cuerpos normativos aislados por materia (por ejemplo, leyes de defensa del consumidor o del medio ambiente; leyes de amparo, etc.), desconociendo así la regla de buena técnica legislativa que impone simplificar, en la medida de las posibilidades, los instrumentos de tutela cuando no existen
razones de peso que justifiquen un trato dispar entre controversias que comparten cualidades análogas, como en gran medida ocurre con los conflictos y procesos colectivos.

El presente artículo aborda la experiencia innovadora que constituye la Biblioteca Humana Migrante, realizada por el colectivo MIGRA en Talca (Región del Maule, Chile). A partir de la recopilación de información primaria y secundaria, se propone entender cuáles son los discursos que dicha experiencia promueve y cuál es el significado que ella le atribuye a la ocupación del espacio público. Los resultados dan cuenta de una acción que desde la perspectiva de los "marcos de acción colectiva" denominaremos "micromovilización", orientada a la construcción de significados integradores en el contexto del reciente flujo

No hay duda alguna que el Derecho del consumo ha adquirido cada vez más atención e importancia en los últimos años. Esto no sólo se observa en los cada más profusos y sofisticados trabajos de Derecho privado en la materia, sino también desde otras dos perspectivas. Una, se refiere a la creciente atención en el quehacer de los actores que participan y hacen uso de él, como el Sernac y las Asociaciones de Consumidores. Otra, de frecuente reporte por los medios de prensa, quienes informan acerca de casos que son resueltos o acordados en nuestros tribunales, disponiendo de los derechos de cientos o de miles de personas, “consumidores”.

Ahora bien, la recientemente aprobada Ley Nº 21.081, conocida como “Ley de fortalecimiento del Sernac”, vino a introducir importantes reformas a los actores y procedimientos que conforman el sistema de protección de los derechos de los consumidores. Muchas de estas reformas derivan de los más de 20 años de experiencia en materia de consumo, tanto en la justicia de policía local como ordinaria, y son respuestas directas a prácticas y problemas de este sistema que el legislador ha decidido modificar.

Para poder examinar de manera adecuada muchas de estas reformas, se hace necesario ir más allá de una perspectiva estrictamente exegética y por ello ésta debe ser complementada mediante la incorporación de las otras perspectivas que hemos mencionado. En particular, creemos que para aquellos que trabajan día a día en materia de consumo, es necesario
aproximarse a esta ley y su reciente reforma legal desde un enfoque más comprehensivo, que considere al Derecho del consumo como un “área de litigación” especial. Con ello, busca reconocerse que los “casos” que se llevan en esta área del Derecho, no sólo generan debates muy relevantes de Derecho privado, sino también complejas y ricas discusiones de Derecho administrativo, Derecho procesal y probatorio. De la misma manera, es necesario una perspectiva que no sólo ponga atención en la regulación, sino que también en las prácticas y los actores que intervienen en el sistema.

Dado lo anterior, la presente publicación busca proveer al lector de una mirada más holística acerca del Derecho del consumo y su reciente reforma legal, por lo que los artículos que lo conforman hacen uso de metodologías y enfoques diversos. Algunos de ellos hacen un uso estricto del método dogmático. Otros vinculan dicho análisis con la jurisprudencia y/o con la experiencia cotidiana trabajando en el área, identificando prácticas que desafían la ley y anticipando futuros nudos problemáticos una vez implementada la reforma legal. Inclusive, hay algunos artículos que hacen uso de metodologías propias de las ciencias sociales. Finalmente, hay artículos que presentan análisis muy detallados de la reforma legal, mientras que hay otros que privilegian una mirada panorámica, destinada a contextualizar y ubicar las principales modificaciones y sus repercusiones.