Dulcinea Flores

El presente artículo documenta las discusiones y polémicas que generó la decisión del arzobispado de San Salvador de cerrar la oficina de Tutela Legal del Arzobispado, que contenía un archivo de más de 50.000 testimonios de víctimas de la guerra salvadoreña.  El texto revisa tres reacciones de organismos, personas y políticos, y visibiliza la preocupación sobre si es competente o no cerrar este archivo, hasta ahora privado y en manos de la Iglesia Católica. La primera reacción estudiada es la de la cúpula de la Iglesia Católica y sus pronunciamientos; la segunda, la de la sociedad civil dividida entre la condena y la celebración; la tercera fue la protesta y la denuncia. La decisión gubernamental de cerrar el archivo se toma diez días después de que la Sala de lo Constitucional Salvadoreña admitió una demanda para declarar inconstitucional la Ley de Amnistía. La ausencia que ha existido de unas políticas de memoria durante los veinte años de gobiernos de derecha y los primeros cinco años de una administración de izquierda en el ejecutivo son muy significativos para entender estos hechos y la impunidad que han implicado.