HACIA LA CONTRUCCIÓN DE UN REGIMEN JURÍDICO
INTERNACIONAL DE LAS INVERSIONES ESTRANJERAS.
La Contribución del Capítulo XI del TLCAN.
María Elena GALVEZ ESPARZA1
SUMARIO: I. Introducción. II. Aspectos Básicos del Capítulo XI de inversiones del
TLCAN. III. La oferta de arbitraje de la Sección B. IV. Naturaleza el arbitraje de
inversiones. V. Aportación de México a la construcción del régimen internacional
de las inversiones extranjeras. VI. Conclusiones. VII. Bibliografía.
Palabras claves: TLCAN, arbitraje, inversiones extranjeras, laudo, medida, nivel
mínimo de trato, Cláusula Calvo.
I.
INTRODUCCIÓN
El derecho internacional de las inversiones extranjeras consiste en un conjunto de
normas que protegen a la inversión y al inversionista extranjero frente a los Estados
anfitriones de éstas y su máximo deseo es el establecimiento de mecanismos de
solución de controversias que le otorguen seguridad jurídica, razón por la cual para
el inversionista el derecho internacional de las inversiones extranjeras son ese
mecanismo de protección y no sólo los estándares del derecho sustantivo
expresados concretamente en los diversos tratados comerciales y acuerdos de
promoción y protección recíprocos de las inversiones. Por el lado del Estado, el
derecho internacional de las inversiones consiste en el mecanismo de promoción de
las inversiones, de atracción de capitales con el propósito de fomentar el desarrollo
económico y social del país receptor, lo que nos permite observar los intereses de
estas partes en situaciones de conflicto2.
El nuevo modelo económico diseñado después de la segunda guerra mundial
favoreció el crecimiento del comercio internacional y de las inversiones extranjeras
1
Maestra en Derecho Internacional Privado,
profesora de tiempo completo del
Departamento de Derecho de la Universidad de Sonora.
2
García-Bolivar, Omar, Nociones básicas del arbitraje internacional de inversiones,
en disponible en http://www.bg-consulting.com/basic.pdf, desplegado el 20/08/2011
expresado
en
la
aparición
del
fenómeno
llamado
internacionalización,
mundialización o globalización económica3. Este ha tenido la virtud de modificar el
concepto de soberanía, así como de trastocar figuras jurídicas típicas del derecho
internacional como son la protección diplomática y la responsabilidad internacional
permitiendo la construcción del régimen legal a que aquí nos referimos.
II.
ASPECTOS BÁSICOS DEL CAPÍTULO XI DE INVERSIONES
DEL TLCAN
El Capítulo XI de inversiones del TLCAN, se divide en tres secciones principales. La
sección A establece el derecho sustantivo de las inversiones extranjeras y de los
inversionistas; la sección B, establece el mecanismo de solución de controversias
para este capítulo y la sección C enlista una serie de definiciones que ampara la
interpretación de este capítulo. El XI, es el capítulo por el que se ha afirmado que el
TLCAN es un tratado de inversión confiriéndole además el título de tratado de
tercera generación, siendo el modelo a seguir en otros acuerdos regionales.
La primera sección, regula la parte sustantiva del régimen de las inversiones
extranjeras y está conformada por disposiciones que se pueden dividir en cuatro
grupos. El primero, puntualiza el trato que los Estados Parte están comprometidos a
conceder a los inversionistas y a las inversiones extranjeras; el segundo la
expropiación y compensación; el tercero, las limitaciones de los gobiernos con el fin
de que no interfieran con la libertad de los inversionistas y sus inversiones en el
ámbito económico, y el cuarto, las disposiciones que forman parte del régimen legal
de las inversiones que enmarca el Tratado, incluyéndose claro está la definición de
inversión e inversionista favoreciendo una interpretación sumamente amplia4.
3
Feldstein de Cárdenas, Sara Lidia, Arbitraje e Inversiones Extranjeras, Programa
de Derecho Internacional, Centro Argentino de Estudios Internacionales, disponible
en http://www.caei.com.ar/es/programas/di/d14.pdf. Desplegado el 20/08/2011
4
Posadas Urtusuástegui, Alejandro y Vega Cánovas, Gustavo. “El capítulo 11 del
TLCAN:
Protección
a
la
inversión
extranjera.
Pág.
126,
http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1667/9.pdf. Desplegado el 20/08/2011.
en
Las bases de ésta disciplina son las reglas de trato a la inversión, es decir, las
normas de conductas que el Estado debe desplegar, su comportamiento hacia las
inversiones y los inversionistas de respeto a los estándares de trato justo y
equitativo, norma clásica del derecho internacional5. El TLCAN obliga a las partes al
Trato Nacional, Trato de Nación Más Favorecida y al Nivel Mínimo de Trato, que
constituyen los pilares del capítulo de inversión y cuyo antecedente nos remite al
GATT, (General Agreement on Tariffs and Trade), reconocidos como principios
básicos del comercio internacional y que hoy se encuentran en la base de la
Organización Mundial del Comercio (OMC). Se otorgan recíprocamente entre los
Estados Parte, bajo el criterio de que el gobierno anfitrión debe dar un trato a los
inversionistas extranjeros no menos favorable que a los nacionales y con el
propósito de unificar beneficios. Son los niveles internacionales mínimos de trato que
la inversión extranjera debe recibir, independientemente de que la inversión nacional
no reciba el mismo trato.
III.
LA OFERTA DE ARBITRAJE DE LA SECCIÓN B
La oferta de arbitraje contenida en el artículo 1120, establece que un inversionista
contendiente podrá someter su reclamación al arbitraje y fija las condiciones a que
ésta debe sujetarse y específicamente señala las opciones de la oferta, colocando
en primer lugar la aplicación del Convenio del CIADI seguido de las Reglas del
Mecanismo Complementario del CIADI y finalmente las Reglas de Arbitraje de
UNCITRAL. La opción primera es en perspectiva, ya que es preciso que los Estados
de las dos partes contendientes sean miembros del CIADI para su aplicación,
mientras que en el segundo de los casos sólo se requiere que una de las Partes
contenciosas sea parte del CIADI ya sea en calidad de anfitrión de la inversión o el
país de origen de la inversión o del inversionista sean Parte de la Convención y en el
último de los casos queda libre a la elección del inversionista sin requisito alguno.
5
Granato, Leonardo. Protección del inversor extranjero en los Tratados Bilaterales
de Inversión. 2005, texto accesible en http://www.eumed.net/libros/2005/lg/lg-pie.pdf
Desplegado el 20/08/2011.
Hasta la fecha la opción del Convenio del CIADI no es aplicable ya que sólo Estados
Unidos de Norteamérica es parte del CIADI, por lo tanto cuando la relación se
produce entre éste país y México o Canadá, el inversionista puede elegir las Reglas
del Mecanismo Complementario del CIADI o las Reglas de la UNCITRAL, mientras
que cuando la relación se produzca ente Partes de México y Canadá, en cualquiera
calidad, solo podrán ser aplicables las Reglas de la UNCITRAL. Canadá firmó en el
2006 la Convención, sin embargo no ha sido ratificada, mientras que México sólo a
nivel de debates en el ámbito privado y académico se ha insistido con en los
beneficios que le redituaría su suscripción para efectos de convertirlo en un Estado
más competitivo que atraería más inversiones extranjeras directas que incidirían en
el crecimiento económico del país.
Como parte de las conveniencias o inconveniencias de la Convención, podemos
apuntar que esta contiene en sí misma un sistema de recursos así como la
vinculación del laudo a la ejecución automática del mismo, so pena de incurrir en
responsabilidad internacional. Los Estados que no son parte del CIADI tienen
algunos recursos que podrían considerarse ventajosos debido a que los laudos
dictados por los tribunales arbitrajes pueden apelarse ante los tribunales
jurisdiccionales y en la ejecución de éstos es aplicable la Convención de Nueva York
sobre reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos arbitrales extranjeros y la
Convención de Panamá sobre arbitraje comercial internacional, dando margen de
mayor probabilidad de arreglo para el Estado condenado por el laudo.
IV.
NATURALEZA DEL ARBITRAJE DE INVERSIONES
El arbitraje internacional de inversiones es un mecanismo alternativo al judicial de
solución de controversias de naturaleza mixta porque contiene elementos del
derecho internacional público y del derecho internacional privado, al permitir que se
coloquen en una contienda litigiosa internacional una entidad soberana y un sujeto
privado. El arbitraje privado como el arbitraje público, son ampliamente conocidos,
mientras que este apenas está descubriendo sus aristas ya que es un mecanismo
híbrido ideado por el Banco Mundial (BM) para fomentar un clima de confianza para
las inversiones. El B.M. logra consolidarlo en 1965 con la suscripción del Convenio
sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de
otros Estados y la creación por éste del Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias relativas a Inversiones, sin embargo inicialmente no fue bien aceptado.
Hoy en día se ha convertido en el principal foro arbitral a nivel mundial para la
solución de controversias entre inversionistas y Estados6. Esta figura de arbitraje
asume la jurisdicción exclusiva sobre el asunto llevado al tribunal, excluyendo las
jurisdicciones estatales en esta primera instancia y en las subsecuentes, dependerá
de los tratados suscritos por los Estados participantes del litigio.
Para los países pobres es una desventaja cuando no les está permitido a los
gobiernos la adopción de medidas de carácter económico o de políticas
encaminadas a proteger determinados sectores sociales, porque cualquiera
conducta, medida, ley, reglamento, etc., es considerada una expropiación directa o
indirecta según el caso, con funestas consecuencias económicas para el Estado
condenado, tal es el caso de la experiencia de México y otros países
latinoamericanos.
V.
APORTACIÓN DE MÉXICO A LA CONSTRUCCIÓN DEL RÉGIMEN
INTERNACIONAL DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS
El 30 de agosto de 2000, un tribunal arbitral del CIADI aplicando el Reglamento del
Mecanismo Complementario condenó al gobierno mexicano al pago de la cantidad
de más de 16 millones de dólares a favor de la empresa estadounidense Metalclad,
por reclamaciones que constituyeron acciones equivalentes a una expropiación
indirecta violatorias del capítulo XI y de las cláusulas del nivel mínimo de trato
pactado en el tratado. Para resolver éstas, el tribunal atrajo al análisis del capítulo XI,
el apartado de transparencia que se encuentra en el preámbulo y en las
disposiciones del capítulo XVIII referidas a publicación, notificación y administración
6
Dañiño Zapata, Roberto, Arbitraje Comercial y de Inversiones con el Estado: “El
CIADI: 40 años después”, Conferencia dictada en el I Seminario Internacional de
Arbitraje,
en
Lima
Perú,
el
24
de
Agosto
de
2005,
disponible
en
http://siteresources.worldbank.org/INTLAWJUSTICE/2145761139604306966/20817278/ElCiadi40anosdespuesICSID40YearsLaterLima082405.p
df, desplegado el 20/08/2011.
de las leyes de los Estados parte. El tribunal dictó que la insistente negativa del
gobierno municipal de Guadalcázar, de San Luis Potosí, a otorgar un permiso de
construcción de un vertedero de desechos tóxicos, fue violatoria de la ley mexicana,
equiparándola con una violación a una norma internacional del TLCAN. El laudo fue
recurrido por el gobierno mexicano ante la Corte Suprema de Columbia Británica,
alegando que el tribunal se había excedido en sus facultades y que había
equivocado en la interpretación de los artículos 1105 y 1110. La Corte, aceptando
su jurisdicción sobre el asunto consideró que el tribunal arbitral había excedido en
sus facultades al haber fijado obligaciones de transparencia al gobierno mexicano
que no existen en el TLCAN y haber actuado como un tribunal de apelaciones
mexicano y no un tribunal arbitral, emitió una decisión que aunque dividida, rechazó
la conclusión del tribunal arbitral de que la violación del artículo 1105 constituía una
violación al artículo 1110; no obstante, la decisión de la Corte coincidió con el panel
en que la acción del gobernador del Estado de declarar el área donde se pretendía
construir el vertedero de desechos tóxicos como zona ecológica, tipificaba una
expropiación. La condena se redujo a 15,6 millones de dólares7.
Como consecuencia de esta experiencia y otros casos iniciados bajo este esquema,
la Comisión de Libre Comercio del TLCAN emitió una interpretación sobre el artículo
1105, confirmando que el estándar establecido es absoluto y con referencia al
derecho internacional consuetudinario, su contenido y cumplimiento será analizado
independientemente de otras obligaciones contenidas en la ley nacional, en el
Tratado o en cualquier otro. La interpretación tiene la idea fundamental de remitir al
derecho consuetudinario y no simplemente al derecho internacional8.
7
Informe del Observatorio Mundial del Comercio del Public Citizen, Octubre 2005,
disponible en
http://www.citizen.org/documents/Chapter_11_Spanish_FINAL.pdf,
desplegado el 20/08/2011.
8
Cruz Barney, Oscar. “Protección al medio ambiente y solución de controversias en
materia de inversiones en el TLCAN”, Revista Latinoamericana de Derecho, Año II,
núm.
3,
enero-junio
de
2005,
pp.
19-48.
Disponible
en:
http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1012&context=oscar_cruz_barn
ey, Desplegado el 20/08/2011.
Los criterios acerca de los estándares de trato a la inversión tienen su origen en el
derecho consuetudinario y se han venido instalando en el derecho convencional,
principalmente en los Acuerdos Bilaterales de Promoción y Protección Recíproca de
Inversiones, obligándose las partes a observar un cierto comportamiento previsible
que representa un estándar para evaluar la actividad gubernamental en relación con
el inversionista y su inversión. Aquellos a que se hace referencia consisten en el
trato nacional, trato de nación más favorecida y trato mínimo y han venido a formar
parte del sistema jurídico nacional mediante la diversidad de Acuerdos bilaterales y
Tratados comerciales, debido a que al pactarlos en los tratados internacionales éstos
desplazan la ley interna manteniéndose por encima de éstos solamente la
Constitución mexicana9.
González de Cossío señala que con el artículo 1105 del TLCAN “el derecho
internacional en materia de inversión extranjera ya se filtró al derecho mexicano y de
una manera que tiene los mismos efectos del artículo 42 del Convenio del CIADI”.
Según éste especialista, el numeral citado contempla un dispositivo impresionante,
9
López Ayón, Sergio y Posadas Urtusuástegui, Alejandro. “Inversión y Derecho
Internacional de la Inversión Extranjera. Reflexión sobre algunas disciplinas
adoptadas por México”. Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. VI, 2006,
pp. 301-344. Pág. 320. En el caso Metalclad contra los Estados Unidos Mexicanos,
el Tribunal Arbitral del CIADI, dictó un
laudo condenatorio contra país anfitrión,
mismo que nos puede dar una idea de la importancia que reviste la obligación de
nivel mínimo de trato. Entre otras cuestiones, cabe señalar que el nivel mínimo de
trato también es aplicable cuando se ha otorgado dentro del propio país receptor de
la inversión por niveles distinto de gobierno, como en el caso que nos ocupa donde
el gobierno municipal no había otorgado las mismas garantías ofrecidas por otro
nivel de gobierno, el federal, en el sentido de otorgar permiso para operar un
establecimiento de desechos peligrosos en el municipio de Guadalcázar en San Luis
Potosí.
Cfr.
http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=sho
wDoc&docId=DC542_Sp&caseId=C155www.wordbank.icsid.org/cases/, desplegado
el 20/08/2011.
pues “hace que el derecho internacional sea correctivo del derecho mexicano en
materia de inversión extranjera”. Esto es sólo para darnos una idea de que el “trato
acorde con el derecho internacional, incluido trato justo y equitativo, así como
protección y seguridad plenas”, es lo que se conoce como “trato mínimo”10.
Por otra parte, el artículo 1110 del TLCAN, que se refiere a la expropiación y
compensación, establece que ninguna de las partes podrá nacionalizar ni expropiar,
directa o indirectamente una inversión de un inversionista de otra Parte en su
territorio, ni adoptar ninguna medida equivalente a la expropiación o nacionalización
de esa inversión (“expropiación”), salvo que sea por causa de utilidad pública; sobre
bases no discriminatorias; con apego al principio de legalidad y mediante
indemnización. Sin embargo, el derecho de expropiar bienes particulares es una
atribución soberana de los Estados y su fundamento en México se encuentra en el
artículo 27, IV de la Constitución, partiendo del principio general del dominio
originario del Estado11. Sin embargo, el artículo en comento, restringe la posibilidad
de que cualquier gobierno de los territorios parte del tratado, pueda adoptar medida
equivalente a la expropiación o nacionalización, si no se encuentran presentes
cualquiera de las causas y bases que se estipulan en el mismo.
Como se ha señalado, el término “medida” se refiere a cualquier ley, reglamento y
otras disposiciones, procedimientos, requisitos, licencias o permisos o prácticas que
adopte el gobierno, en cualquiera de sus niveles, que afecte a la inversión
10
González de Cossío, Francisco, México ante el Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias de Inversión. Un comentario. Revista de Derecho Privado. Nueva Serie.
Nueva Época, Año I, Número 1 Enero-Abril, Año 2001, p. 103-104.
11
Rábago Dorbecker, Miguel. El régimen constitucional y legal de la expropiación en
México en el ámbito nacional e internacional: ¿Génesis de un doble estándar o
convergencia de criterios?. Ponencia presentada para el Congreso Internacional
sobre Derecho Comparado “Reforma económica y cambio legal en Asia y México:
una perspectiva comparada”, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, del
4
al
6
de
octubre
de
2005.
http://www.juridicas.unam.mx/sisjur/dercompa/pdf/2-104s.pdf,
20/08/2011.
Pág.
1,
desplegado
en
el
extranjera. El capítulo XI cubre un tema de gran importancia ya que hace referencia
a los derechos y obligaciones que implica el régimen de propiedad y el tratamiento
que debe otorgarse a la indemnización y a la forma como debe ser cubierta por el
país que expropia. Sin embargo, al no especificarse la forma y procedimientos bajo
los que debe llevarse a cabo, son los Estados Parte, los que en sus leyes nacionales
establecen los sistemas de expropiación y compensación de la propiedad privada.
Así anotado, en toda expropiación debe haber una compensación por pérdidas, ya
que de no ser así, se convertiría en una confiscación. El artículo 1110 obliga a los
Estados contratantes, según los términos del párrafo 2 y 3, al pago de una
indemnización sin demora y completamente liquidable, “…equivalente al valor justo
de mercado que tenga la inversión expropiada inmediatamente antes de que la
medida expropiatoria se haya llevado a cabo…”. En esta tendencia se dirigió la
reforma a la Ley de Expropiación, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el
22 de diciembre de 1993: “El precio que se fijará como indemnización por el bien
expropiado, será equivalente al valor comercial que se fije sin que pueda ser inferior,
en el caso de bienes inmuebles, al valor fiscal que figure en las oficinas catastrales o
recaudatorias.”12
La normatividad sobre expropiación cierra el artículo 21, señalando que la ley se
entiende aplicable sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de
que México sea parte y, en su caso, en los acuerdos arbitrales que se celebren. Esto
puede leerse como un acto de discriminación para con los nacionales con respecto
de los extranjeros cuyo país de origen mantiene acuerdos internacionales en materia
comercial, por tanto las disposiciones del TLCAN chocan con el artículo 27
constitucional en materia de indemnización, en cuanto a que representa una
violación a la garantía de igualdad de mexicanos y extranjeros, pues los privilegios
consagrados a favor de los inversionistas extranjeros no son equivalentes. La
expropiación ha sido la nota que invariablemente subsiste como base de las
demandas de arbitraje por violación al TLCAN que inversionistas extranjeros han
interpuesto contra México, reclamando al Estado mexicano la violación de los
artículos 1105 y 1110 y sobre la que ya se han sentado importantes precedentes.
12
Artículo 10 de la Ley de Expropiación.
Los laudos arbitrales en materia de inversión han creado precedentes nefastos para
los sistemas ambientales, pues se han privilegiado los intereses económicos de los
inversionistas extranjeros en detrimento de las leyes nacionales que regulan y
protegen el medioambiente, como fue el caso Metalclad de San Luis Potosí que
pretendía el establecimiento de una planta de tratamiento de desechos tóxicos ya
mencionado. Otro caso igualmente importante lo fue el registrado ante el CIADI con
el No. ARB (AF)/00/2 por la demanda entablada contra los Estados Unidos
Mexicanos por la empresa española Técnicas Medioambientales TECMED, S.A., por
violación al Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones suscrito
entre el Reino de España y México en 1995, que por cierto fue el primero en su
especie que México ratificó. La reclamación consistió en la negativa de la renovación
de la autorización para operar el confinamiento de residuos tóxicos conocido como
CYTRAR, establecido en la ciudad de Hermosillo, Sonora y el laudo que el tribunal
arbitral dictó condenó a México por los daños causados a la inversión española de
referencia, inspirándose en el laudo del caso Metalclad, que interpretó el concepto
de expropiación ampliándolo de tal manera que éste incluye cualquier interferencia
con la propiedad, incluso cuando la reglamentación interna imponga requisitos a las
empresas y ésta puede reclamar la aplicación de medidas equivalentes a una
expropiación indirecta. Este caso fue conocido en la localidad de Hermosillo, debido
a que un amplio sector de la comunidad al verse amenazada en la seguridad y en su
salud salió a las calles a exigir el cumplimiento de la ley y el cierre inmediato del
citado confinamiento de residuos tóxicos. Existen otras lamentables experiencias
que le han costado importantes sumas de millones de dólares al gobierno mexicano
que ha sido omiso en atender las implicaciones que estos tipos de arbitrajes de
inversiones producen para algunos sectores de la sociedad mexicana, sobre todo los
más marginados.
En la mayor parte de los casos el inversionista reclama al Estado por actos de
expropiación en sus diversas modalidades. Este es un tema no resuelto, según
afirma Faya Rodríguez, pero las diversas corrientes analizan el asunto y han
formulando observaciones al tema a nivel propuesta de una clasificación de la
expropiaciones en directas, indirectas, y otra más
que nombra como “medidas
equivalentes”. En los dos primeros casos se trata de una confiscación o
transferencia, mientras que en la tercera se refiere a un efecto que la hace
equivalente y que hace irrelevante cualquier distinción formal en las categorías de
propiedad13.
VI.
CONCLUSIONES
Es preocupante que el gobierno mexicano, manteniendo la Cláusula Calvo en la
Constitución Política de los Estados Mexicanos, suscriba tratados comerciales y
acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones que obligan a su
complimiento comprometiendo al Estado en situaciones no previstas a incurrir en
responsabilidad internacional.
Las experiencias que ha tenido México como parte demandada en los más de 20
casos que la Secretaría de Economía tiene en sus registros públicos, deben obligar
al Poder Ejecutivo Federal a poner mayor atención al tema de las inversiones
extranjeras no sólo en lo que toca a las políticas de atracción de éstas, sino en las
implicaciones que produce en determinados sectores sensibles de la sociedad y de
los recursos naturales explotados sin escrúpulo alguno por las empresas
trasnacionales.
La nacionalización y expropiación de las inversiones extranjeras han sido, sin duda
alguna, las que han llevado al derecho internacional a la creación de normas
protectoras de la inversión con el fin de garantizar su seguridad jurídica y fincarla
como un principio y las que han dado pauta para sentar precedentes.
El pago de “una indemnización apropiada con arreglo a las normas en vigor del
Estado que adopte estas medidas en el ejercicio de su soberanía y de conformidad
con el derecho internacional”, forma parte de las disposiciones contenidas e la
Resolución 1803 (XVII) de la AGNU del 14 de diciembre de 1962, para el caso de
que un Estado las decrete sobre bienes de los extranjeros reconociendo dicha
13
Faya Rodríguez, Alejandro, A quince años del Capítulo XI del TLCAN. Un análisis
económico y jurídico, documento publicado en la página de la Secretaría de
Economía
del
Gobierno
Federal,
http://www.economia.gob.mx/pics/pages/1227_base/TLCAN15.pdf .
20/08/2011.
en
Desplegado
el
resolución el derecho de los Estados a nacionalizar y expropiar bajo determinadas
condiciones, las cuales consisten en el interés público, proceso legal, no
discriminación e indemnización, lo que nos lleva a la conclusión de que tales
acciones están limitadas por el derecho internacional.
El artículo 1114 de la Sección A se refiere a las medidas relativas a medio ambiente
cuando señala:
“1. Nada de lo dispuesto en este Capítulo se interpretará como impedimento
para que una Parte adopte, mantenga o ponga en ejecución cualquier
medida, por lo demás compatible con este capítulo, que considere apropiada
para asegurar que las inversiones en su territorio se efectúen tomando en
cuenta inquietudes en materia ambiental.
2. Las partes reconocen que es inadecuado alentar la inversión por medio de
un relajamiento de las medidas internas aplicables a salud, seguridad o
relativas a medio ambiente. En consecuencia, ninguna Parte deberá eliminar,
o comprometerse a eximir de la aplicación de esas medidas a la inversión…”
Este artículo por tanto debiera ser estrictamente observado por el gobierno
mexicano, pues como la historia lo ha puesto al descubierto, en muchas ocasiones
se ha permitido el establecimiento de maquiladoras en la zona fronteriza a las que
en Estados Unidos se les ha negado su operación debido a la emisión en altos
niveles de contaminantes.
Bajo la perspectiva de incrementar el empleo, de transferir tecnología y de obtener
divisas, se han otorgado concesiones que han ignorado disposiciones en materia
ecológica y ambiental y aún con disposiciones como éstas, en el caso Metaclad
Corporation, el Tribunal arbitral internacional hizo caso omiso de las propias
disposiciones del Tratado en materia de medio ambiente.
El apartado C de las definiciones, así como los aspectos relacionados con la
expropiación y la compensación, han sido el principal fundamento de las violaciones
al tratado en perjuicio de su inversión por parte de los Estados que la hospedan.
VII.
BIBLIOGRAFIA
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
LEY DE EXPROPIACIÓN.