Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública “Cumplimos 7 años de trabajo” La comunidad indígena en el contexto urbano. Desafíos de sobrevivencia Jesús Mendoza Mendoza Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública Documento de Trabajo núm. 85 Marzo de 2010 Las opiniones expresadas en este documento no reflejan la postura oficial del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, o de la Cámara de Diputados y sus órganos de gobierno. Este documento es responsabilidad del autor. Este documento es una versión preliminar, favor de citarlo como tal. Comité del CESOP Mesa Directiva Dip. Daniel Gabriel Ávila Ruiz Presidente Dip. Sergio Mancilla Zayas Secretario Dip. Alberto Esquer Gutiérrez Secretario Dip. Feliciano Rosendo Marín Díaz Secretario Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública Mtro. Carlos Enrique Casillas Ortega Director General Gustavo Meixueiro Nájera Director de Estudios de Desarrollo Regional Francisco J. Sales Heredia Director de Estudios Sociales Efrén Arellano Trejo Encargado de la Dirección de Opinión Pública Ernesto Cavero Pérez Subdirector de Análisis y Procesamiento de Datos Josúe Jijón León Coordinador Técnico Dunia Ludlow Deloya Vinculación y Gestión Liliam Mara Flores Ortega Rodríguez Gilberto Fuentes Durán José de Jesús González Rodríguez Jesús Mendoza Mendoza Salvador Moreno Pérez Iván H. Pliego Moreno Octavio Ruiz Chávez Investigadores Trinidad Otilia Becerra Moreno Elizabeth Cabrera Robles Carena Díaz Petit Luz García San Vicente Roberto Ocampo Hurtado Apoyo en Investigación Alejandro López Morcillo Editor José Olalde Montes de Oca Asistente Editorial Documento de Trabajo, núm. 85, marzo 2010. Publicación del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, LX Legislatura. Av. Congreso de la Unión 66, Edificio I, primer piso, Col. El Parque, México, D.F., Tel. 5036 0000 ext. 55237, correo electrónico cesop@congreso.gob.mx LA COMUNIDAD INDIGENA EN EL CONTEXTO URBANO DESAFÍOS DE SOBREVIVENCIA Jesús Mendoza Mendoza. 1. Concentraciones urbanas, realidad común. Las comunidades indígenas de nuestro país se han identificado tradicionalmente con el campo. La evidencia antropológica muestra que la realidad de su ámbito geográfico está intrínsecamente ligado a sus cosmovisiones culturales. Sin embargo, aun partiendo de esta realidad, es un hecho de que en congruencia con la tendencia nacional y mundial hacia la urbanización, marcada ésta por fenómenos evidentes de concentración demográfica regional y la conformación socio-económica de su entorno; existen comunidades y una creciente población indígena urbana. Este hecho puede explicarse a partir de dos perspectivas: la presencia originaria de poblaciones indígenas en el hoy territorio de las crecientes manchas urbanas, y la migración de indígenas hacia las ciudades. Dado este creciente fenómeno, es necesario describir y parcialmente explicar la cada vez más acentuada composición urbana de algunas comunidades indígenas y de los indígenas migrantes fuera de sus comunidades de origen. En estudios realizados por la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas en coordinación con el PNUD para los años 2000 y 20051, se advierte que en México el 99% de los municipios cuenta con presencia indígena; cifras que se refuerzan con estudios realizados por CONAPO, lo anterior evidencia que actualmente el tema indígena no es exclusivamente un fenómeno rural. El indígena urbano es hoy en día una realidad inexorable como resultado de su propio desarrollo y de su participación, aunque parcial, en el desarrollo del país. 1 CDI-PNUD, Estadísticas de los Pueblos Indígenas en México, 2000 y 2005, consultado en www. Cdi.gob.mx 1 La dificultad de estudiar al indígena urbano radica en la imposibilidad de ubicarlo en un espacio geográfico único; la convivencia intercultural entre pueblos distintos que convergen en un espacio urbano propicia que el indígena se convierta en una unidad de análisis heterogénea, con lenguas, usos y costumbres y cosmovisiones distintas. La pérdida de identidad y la aspiración de pertenencia a la urbe que lo rechaza, se convierten en fenómenos de marginación, discriminación y exclusión al que se enfrentan día con día. Para agregar mayor dificultad al estudio descriptivo, la pérdida de la lengua indígena materna propicia que dejen de ser incluidos en estudios y programas de asistencia social dirigidos a Pueblos y Comunidades Indígenas, pues el criterio identificador de lengua-hablante, impera por encima del de auto adscripción, en la determinación y reconocimiento del ser indígena. El propósito de este estudio descriptivo es mostrar la dimensión del fenómeno, el patrón de ocupación de territorios indígenas por la mancha urbana y de migración interna de los indígenas a las ciudades. De igual modo señalaré algunos de los problemas enfrentados por las comunidades. 2. Dimensión del Fenómeno Urbano en México Desde la década de los 90’s, el territorio mexicano es una realidad metropolitana, pues más del 50% de la población radica en regiones de conurbación e interrelación, donde confluyen dos o más municipios. Los estudios de prospectiva muestran que esta tendencia no solo se mantiene en el tiempo sino que se agudizará, de acuerdo a las estimaciones realizadas por CONAPO. 2 Tales proyecciones sugieren que para el año 2025, el 55.2% de la población total del país se concentrará en zonas metropolitanas. Los indígenas no quedan al margen de esta tendencia; uno de cada tres indígenas vive hoy en una ciudad del país. En 2010 el 77% de la población vive en poblaciones con más de 2 500 personas, consideradas como asentamientos urbanos.3 2 3 www.conapo.gob.mx, Proyecciones, fecha de consulta: Febrero del 2010. Elaboración propia con datos de www.conapo.gob.mx 2 La pregunta es ¿por qué resultan las zonas metropolitanas polos de atracción y concentración, tanto de la actividad económica como de la población, incluida la población indígena? Alfonso Iracheta señala al menos tres causas de este fenómeno de atracción: “…. Primero, porque las metrópolis concentran ventajas de localización para los actores económicos y sociales ; … segundo, porque ofrecen mejores condiciones de vida por la variedad del empleo y la oferta de todo tipo de servicios; y … tercero, porque pueden ser más eficientes en la provisión de servicios y equipamientos sociales y de apoyo a la producción…4 En realidad, las fuerzas económicas que dan lugar al origen de las grandes concentraciones urbanas son de naturaleza centrífuga y centrípeta. La primera es resultado de la dispersión de la actividad económica producto de los costos de transporte, de la no aparición de economías de escala y de la reorientación de la demanda; la segunda, propicia la concentración de la actividad económica en el espacio. Henderson señala como producto de esta fuerza la aparición de las siguientes características en el espacio derivadas del proceso de urbanización 5 a) La generación de clusters de industrias en un territorio determinado trae consigo externalidades positivas a la inversión: ampliación de los beneficios y reducción de los costos de operación. Las externalidades tecnológicas traen consigo derramamiento de conocimiento y se crean “clusters de conocimiento”, que reducen los costos de capacitación y a la vez reducen el tiempo necesario para que el personal comience a ser productivo; como consecuencia de lo anterior, las tasas internas de retorno de la inversión son más elevadas y los beneficios se obtienen en IRACHETA, Alfonso, “Políticas Públicas para Gobernar las Metrópolis Mexicanas”, El Colegio Mexiquense, México 2009, p.181 5 HENDERSON, Vernon, “Urbanization, Economic Geography and Growth”, Brown University, 2003, p.6 4 3 un menor tiempo, incrementando por ende la productividad de determinada industria. Por otro lado, la generación de clusters propicia una disminución en los costos de los bienes de consumo intermedio y de consumo final, derivado de la baja de costos de transporte y la existencia de una industria aglomerada que se traduce en la reducción de costos de proveedores. La consecuencia final es la disminución del costo de los insumos intermedios de determinada industria. Por otro lado, las industrias requieren de una menor inversión pues hacen uso de la capacidad previamente instalada (ventajas comparativas) en dicho territorio; esto es luz, agua, drenaje, seguridad, transporte; etc., lo que facilita que una industria comience a operar “normalmente”. b) El aumento de flujos migratorios hacia zonas urbanas explicadas por la concepción general de la población de que una ciudad es una forma de organización geográfica, económica y social que permite a sus habitantes alcanzar un nivel de vida elevado, lo cual ocasiona un “cambio en la composición de la demanda de bienes”; esto es: si consideramos que el proceso de urbanización se encuentra ligado al proceso de desarrollo económico, decimos que la urbanización va de la mano con un aumento sostenido del ingreso per cápita de los habitantes de una región urbana determinada. De acuerdo con la Curva de Engel, la parte porcentual del presupuesto destinada a la alimentación disminuye cuando el ingreso real per cápita aumenta. Por lo tanto, la elasticidad ingreso de los productos agrícolas deberá ser menor a la unidad, en tanto que la demanda de bienes de primera necesidad como lo son los alimentos tenderán a disminuir en términos porcentuales. Los incrementos sostenidos del ingreso real por habitante se fundamentan a su vez en incrementos en la productividad por trabajador, en los distintos sectores de la economía, tal como lo vimos en el punto anterior, lo cual implica que se desarrollen 4 nuevas tecnologías y que sean necesarios un menor número de trabajadores para cubrir la demanda de productos agrícolas, tal como señala Polese: “ … el juego combinado de los aumentos de la productividad en el sector (y también en los otros sectores), y de la baja relativa de la demanda de bienes agrícolas, produce inevitablemente el movimiento de mano de obra agrícola hacia otros sectores de la economía. Las actividades no agrícolas obedecen a fuerzas económicas que favorecen a la creación de ciudades”6 c) El proceso de urbanización se asocia íntimamente con un cambio demográfico, por lo que las políticas públicas urbanas y de población están implícitamente articuladas. La dinámica de población se ve influida mediante la instrumentación de diferentes programas sectoriales, urbanos, de salud, de educación, empleo, vivienda, y comunicación. Existen ya evidencias de la gran influencia directa que la estructura económica y social de las áreas urbano-industriales ejercen sobre el comportamiento reproductivo, logrando descensos muy rápidos de la fecundidad, que a mediano plazo favorecen un crecimiento más lento de la fuerza de trabajo y en consecuencia un incremento más rápido del capital por trabajador, de la productividad y de los ingresos.7 Así mismo, está claro que los incrementos en el ingreso ocasionan una transferencia progresiva hacia los productos urbanos. La atracción de mano de obra hacia la ciudad se refleja en salarios reales y nominales más elevados en la ciudad que en las zonas rurales, producto de los ajustes en la composición de la demanda y de las preferencias de las industrias de establecerse en zonas urbanas no solo por las externalidades generadas, sino por la capacidad instalada que en ellas existe. Polese, Mario, “Economía Urbana y Regional: Introducción a la Relación entre el Territorio y Desarrollo”, BUAP, Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, Costa Rica, , p. 128 7 www.ine.gob.mx, fecha de consulta: abril 2008 6 5 Pese a, y derivado de las “expectativas” generadas que convierten a la Metrópoli en polos de atracción, se originan en ellas una serie de problemáticas que se enuncian a continuación: 1. Los procesos de asentamientos urbanos y de localización de la industria, son procesos generalmente no planificados; los patrones de crecimiento socio-urbano dinámico son desordenados y tienden a la baja sustentabilidad, en especial en la periferia de la ciudad central. 2. El crecimiento exponencial de la población en centros urbanos se traduce en rezagos significativos en la dotación de servicios e infraestructura urbana básica. Esta tendencia se acentúa en las zonas marginadas de las urbes, donde regularmente encuentran su asentamiento las comunidades étnicas migrantes. 3. Baja institucionalidad y complejidad financiera y fiscal de los gobiernos de las autoridades locales, propicia un déficit en la recaudación de recursos financieros para afrontar las demandas sociales generadas en el territorio urbanas en general y en reducidos casos consideran a las agrupaciones indígenas en lo específico.8 4. Las metrópolis carecen de un adecuado marco legal e institucional de coordinación intergubernamental y son omisas en las consideraciones de la reglamentación que promueva y permita el desarrollo cultural de las concentraciones étnicas. En México, las urbes con más de 1 millón de habitantes están conformando un nuevo patrón de concentración territorial de corte policéntrico.9 Al final del siglo XX se visualizó IRACHETA, Alfonso, …”Politicas Públicas….” Op Cit, p. 182 Según Gustavo Garza …” entre 1900 y el 2000 el número de estas ciudades se elevó de 33 a 350. Igualmente impresionante fue el crecimiento de cada una de las localidades, ejemplificado por la ciudad de México, que se expandió de manera exponencial de 345 mil habitantes en 1900 a 18 millones en el 2000, convirtiéndose en la segunda megaurbe del planeta” GARZA, Gustavo, “Evolución de las Ciudades Mexicanas en el siglo XX”, Revista de Información y Análisis No. 19, COLMEX, México, 2002, p. 10 8 9 6 nítidamente la transformación de un sistema urbano preeminentemente monocéntrico, con la ciudad de México como polo principal, a otro policéntrico de aún mayor nivel de concentración, donde destacan nueve metrópolis con más de 1 millón de habitantes. Los trabajos recientes de la comisión conformada por la SEDESOL, CONAPO y el INEGI10, desarrollaron la metodología que permitió la definición de 55 zonas metropolitanas en las que la interrelación regional es su principal característica y donde los grupos étnicos, buscan opciones de desarrollo y han conformado complejos mosaicos de convivencia como en el caso del Municipio de Valle de Chalco en la zona metropolitana de la Ciudad de México, donde la diversidad de grupos étnicos la hace una región de numerosas lenguas y riqueza cultural, aunque también se caracteriza por elevados índices de marginación y numerosas tareas pendientes en el terreno del acceso a la justicia. Cuadro 1. Producto Interno Urbano Nacional Porcentaje del PIB Urbano de los Sectores de Actividad no Agrícola Año PIB Urbano (%) 90.78 92.07 93.96 94.17 1985 1990 1995 2000 Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 10 La Comisión, es una comisión interinstitucional que es conformada con el fin de delimitar las zonas metropolitanas del país. 7 En cuanto a la importancia económica, cabe destacar que las actividades características y de mayor relevancia de las regiones urbanas, están contenidas en los sectores secundario y terciario. El cuadro anterior, muestra que a partir del año 1985 y hasta el año 2000, el porcentaje de participación del sector servicios y el sector industrial, rebasa el 90% del total. La tendencia no solo se conserva sino que se refuerza en los últimos años. Dados los patrones de rápida concentración urbana regional y las tendencias a la metropolización de las ciudades en México y el bajo crecimiento económico de los últimos años, se ha observado al interior de las ciudades, grandes archipiélagos de pobres11, donde se agudizan los problemas de déficit de vivienda, servicios públicos e infraestructura y la incapacidad de la economía de crear suficientes empleos bien remunerados. Los indígenas urbanos forman parte, mayoritariamente de este grupo vulnerable de la población urbana. . 3. Migración Indígena a las Urbes. De acuerdo con indicadores de CONEVAL, INEGI, CONAPO y CDI, las comunidades indígenas del país, en su gran mayoría, se encuentran en condiciones de marginación y pobreza: carencia de servicios públicos, ausencia de instituciones educativas y de salud, cuestionable respeto a sus derechos humanos y sociales, el olvido, el desempleo y niveles de desarrollo humano por debajo de la media nacional, son tan sólo algunos de los problemas que las caracterizan. 12 No obstante los esfuerzos que se realizan actualmente, las políticas públicas específicas aún son insuficientes para solucionar el problema.La falta de oportunidades, los bajos niveles de 11 Idem. CDI-PNUD, Estadísticas de los Pueblos Indígenas, www.cdi.gob.mx www. Conapo.gob.mx, Indices de marginación. www.coneval.gob.mx, Medición Multidimensional de la Pobreza. 12 8 desarrollo humano, la marginación y la pobreza, se convierten por tanto en un incentivo para que la población indígena decida dejar sus territorios y migre hacia los centro urbanos, donde suponen que tendrán mejores posibilidades de desarrollo y prosperidad, ya que predomina la idea de que en la ciudad se puede obtener un mejor nivel de vida. En México, el contexto indígena es cada vez más una realidad urbana, las ciudades son una muestra clara de pluriculturalidad, las urbes se ven enriquecidas culturalmente por la presencia ancestral de los pueblos originarios y de las comunidades indígenas migrantes, que conviven con comunidades de diversos orígenes y tradiciones. La Zona Metropolitana de la Cuidad de México, es el asentamiento urbano con mayor recepción de flujo migratorio, se estima que cada año 7 mil 40013 indígenas llegan a la capital del país con la idea de encontrar mejores condiciones de vida de las que tienen en sus lugares de origen. El éxodo masivo de indígenas a los centros urbanos del país y del extranjero es un fenómeno que se ha observado durante las últimas décadas, pero que en años recientes se ha intensificado de manera considerable, lo que se explica entre otras causas, a que en el campo mexicano y en las regiones tradicionalmente indígenas del país, prevalecen factores de expulsión que se corresponden con las tendencias de concentración de la actividad económica en la ciudad. La Gráfica 1, muestra las principales entidades receptoras de población indígena total para los años 2000 y 2005. Más adelante, se muestran en el cuadro 2 los movimientos específicos de la población de indígena que denotan un cambio de lugar de residencia correspondiente a cada Región indígena del año 2000 al año 2005 13 http://www.cdi.gob.mx/sicopi/migracion_oct2006/10_daniel_ponce_vazquez.pdf 9 Gráfica 1 Entidades Federativas Destino de la Población Indígena Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI Los principales movimientos de la población indígena para los años 2000 y 2005 se observan en la gráfica anterior. Puede apreciarse que el estado con mayor migración interna es el Estado de México, seguido por el Distrito Federal, Sinaloa y Quintana Roo. El 30% de la población indígena migrante se dirigió a la megalópolis de la Ciudad de México y sus zonas aledañas en el Estado de México, manteniendo la misma tendencia entre el 2000 y el 2005. Para el año 2000, esto representó a 60 mil 837 personas, mientras que en el 2005, la cifra correspondiente es de 36 mil 701 personas. Seguidos de estos, se encuentran los estados de Sinaloa, Quintana Roo, Nuevo León, Oaxaca, Baja California, Puebla, Veracruz y Jalisco. Nuevo León y Jalisco, merecen especial atención; en el año 2000, Nuevo León recibió a 7 mil 368 indígenas, esto es cerca del 3.5% de la distribución; para el 2005, esta cifra se 10 incrementó hasta 8 mil 825 personas, lo que en términos porcentuales representó al 6.3% de los migrantes indígenas. Jalisco por su parte, en el 2000 recibió al 2.9% de los migrantes considerados indígenas, mientras que para el 2005, esta cifra aumentó al 4.2%. Mapa 1 Principales Entidades DESTINO de la Población Indígena 2005 11 Mapa 2 Principales Entidades ORIGEN de la Población Indígena, 2005 Los mapas anteriores destacan a las entidades federativas con mayor movimiento poblacional de indígenas. El primero de ellos se refiere a las principales entidades destino, enfatizando el flujo de indígenas hacia la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. El segundo mapa señala las principales entidades de las que parten grupos indígenas. Destacan Oaxaca y Veracruz. En el cuadro siguiente se refieren los movimientos de la población mayor de 5 años de acuerdo a la Región Indígena. En él, es posible observar los movimientos de la población dentro de la entidad de origen, hacia otras entidades y finalmente, hacia Estados Unidos. Si 12 bien el universo que contempla son las regiones indígenas, no toma en cuenta a los municipios que, aunque en ellos existe presencia indígena, esta no constituye la mayoría. Cuadro 2. Población por Región Indígena según su Origen y Ubicación Actual Población de 5 y más años según Región Indígena de origen y lugar de residencia actual* Región Indígena Lugar de Residencia actual Personas Región Indígena Lugar de Residencia actual Personas Altos de Chiapas En la entidad 452374 Mixe En la entidad 112440 En otra entidad 1550 En otra entidad 1582 279 En Estados Unidos de América 139 En Estados Unidos de América Total Altos de Chiapas Chimalapas 454203 Total Mixe En la entidad 13233 Mixteca En otra entidad En Estados Unidos de América Total Chimalapas Chinanteca Costa y Sierra Sur Total Cuicatlán Huasteca Total Huasteca 311178 73 En otra entidad 6233 12 En Estados Unidos de América 2650 Total Mixteca En la entidad 151352 Montaña Guerrero En otra entidad 1372 558 320061 de En la entidad 428770 En otra entidad 3201 153282 En Estados Unidos de América Total Montaña de Guerrero En la entidad 174771 Norte de Chiapas En otra entidad 546 En Estados Unidos de América Total Costa y Sierra Sur Cuicatlán En la entidad 13318 En Estados Unidos de América Total Chinanteca 114161 325 175642 En la entidad 695617 En otra entidad 5863 En Estados Unidos de América 1160 203026 En otra entidad 1023 204196 174268 En otra entidad 3378 702640 En la entidad 1910708 Popoluca-Náhuatl En otra entidad 93059 En Estados Unidos de América 2911 1236 178882 En la entidad 132243 En otra entidad 1236 En Estados Unidos de América Total Popoluca-Náhuatl 13 147 En la entidad En Estados Unidos de América Total Otomí Hidalgo - Querétaro 2006678 432454 En la entidad En Estados Unidos de América Total Norte de Chiapas Otomí Hidalgo Querétaro 483 220 133699 Fuente: Elaboración propia con base a www.inegi.org.mx, Población de 5 años y más según residencia de origen y residencia en el 2005 por entidad federativa y municipio. Cuadro 2. Población por Región Indígena según su Origen y Ubicación Actual Continuación Población de 5 y más años según Región Indígena de origen y lugar de residencia actual* Huicot En la entidad 66606 En otra entidad En Estados Unidos de América Total Mazahua-Otomí 244 En Estados Unidos de América 570 3386 En Estados Unidos de América 84 226465 En la entidad 1334494 En otra entidad 48309 En Estados Unidos de América 1863 132895 Total Purépecha Selva Lacandona En la entidad 609506 En otra entidad 2343 En Estados Unidos de América Total Selva Lacandona Sierra Juárez de En otra entidad 10704 En la entidad 49506 Tarahumara En otra entidad 83 En Estados Unidos de América 13 49602 790290 En otra entidad 10876 795 1177 300226 En la entidad 88556 En otra entidad 190 En Estados Unidos de América Total Tarahumara Valles centrales 611970 288345 1384666 En la entidad 121 En la entidad En Estados Unidos de América Total Sierra de Juárez En Estados Unidos de América Total Sierra Norte de Puebla y Totonacapan Mazahua-Otomí 483 En otra entidad Total Mayo-Yaqui Sierra Norte de Puebla y Totonacapan En otra entidad 222995 Total Maya Mayo-Yaqui 261 En la entidad Total Istmo Maya 131842 67111 Total Huicot Istmo En la entidad Purépecha 96 88842 En la entidad 119481 En otra entidad 1050 698 801961 En Estados Unidos de América Total Valles Centrales En la entidad 258953 Total general 8934857 En otra entidad 1631 En Estados Unidos de América 90 260674 * Nota: Únicamente se considera a los municipios indígenas, que conforman las regiones indígenas. Fuente: Elaboración propia con base a www.inegi.org.mx 14 121229 Las tendencias migratorias de cada una de las regiones indígenas muestran los siguientes patrones:  Altos de Chiapas. De un universo de 452 mil 203 indígenas, 1 mil 839 radicaron en una entidad distinta a la de origen. A nivel nacional, los principales destinos de indígenas provenientes de esta región fueron: Veracruz, Distrito Federal, Oaxaca y Puebla.  Mixe. De 114 mil 161 personas, 1721 realizaron un cambio de domicilio fuera de su entidad en el periodo de 2000 a 2005; las 1 mil 582 personas procedentes de la región Mixe, prefirieron como destino las entidades federativas del Estado de México y el Distrito Federal.  Chimalapas: Con una población de tan solo 13 mil 318 personas, en la región 81 decidieron radicar fuera de sus municipios de origen, convirtiéndose el Distrito Federal en el principal destino.  Mixteca. La región suma poco más de 320 mil personas, de las cuales 8 mil 883 migraron a otra entidad en el periodo que va del año 2000 al 2005. Los originarios mixtecos prefirieron las siguientes entidades federativas como destinos el Estado de México, Distrito Federal y Veracruz.  Chinanteca. De 153 mil 282 personas, 1 mil 930 decidieron radicar en principalmente en el Distrito Federal, Veracruz y Estado de México.  Montaña de Guerrero. Considerada como una de las regiones indígenas más marginadas, la Montaña de Guerrero consta de 432 mil 454 habitantes; en el periodo 15 comprendido entre el año 2000 y 2005, migraron 3 mil 684 personas hacia los destinos de Estado de México, Distrito Federal y Baja California  Costa y Sierra Sur. En realidad, constituye una de las Regiones indígenas con menor movimiento de población hacia otras entidades para el periodo comprendido entre los años 2000 y 2005. En él, migraron solo 891 personas de las 175 mil 642 provenientes de dicha región. Los destinos principales fueron Distrito Federal, Estado de México, Oaxaca y Veracruz.  Norte de Chiapas. De un total de 203 mil 26 personas, reportaron un movimiento hacia distintos lugares 1 mil 170 personas, cuyos destinos principales los constituyen los estados de México, Morelos, Sinaloa y Distrito Federal.  Cuicatlán. Con más de medio millón de habitantes (702 mil 640), la región reportó una migración de 7 mil 23 personas hacia los estados de Distrito Federal, México y Sinaloa.  Otomí Hidalgo-Querétaro. Reportó en el 2000 una población originaria de 178 mil 882 personas; en el 2005 habían realizado un cambio de domicilio a otra entidad o a Estados Unidos un total de 4614 personas. A nivel nacional, las entidades destino de los originarios de esta región fueron el Estado de México, Distrito Federal y Veracruz.  Huasteca. Por su diversidad y volumen de población destaca la Región Huasteca, que en el año 2000 se conformaba de más de 2 millones de habitantes. Reportaron radicar en una entidad distinta a la del año 2000 cerca de 100 mil personas, señalando las entidades de Distrito Federal, Estado de México, Puebla y Veracruz como los principales destinos. 16  Popoluca- Náhuatl. Con 133 mil 699 habitantes en el año 2000, en la Región Popoluca- Náhuatl migraron 1456 personas hacia otras entidades federativas, principalmente Distrito Federal y Estado de México.  Huicot. Con poco más de 50 mil habitantes (67 mil 111), migraron para el año 2005 a otras entidades y Estados Unidos 505 personas. A nivel nacional los destinos preferenciales fueron Estado de México, Distrito Federal, Tabasco, Yucatán y Baja California Norte.  Purépecha. Migraron 1 mil 53 personas a los estados de México, Sinaloa, Chihuahua y Distrito Federal.  Istmo. La región se conformaba en el año 2000 por 226 mil 465 habitantes, de los cuales 3470 migraron hacia otras entidades (Zacatecas, Nayarit, Distrito Federal y Estado de México) y Estados Unidos  Selva Lacandona. De 611 mil 970 personas, migraron 2 mil 464, cuyos destinos nacionales fueron las entidades de Veracruz, Oaxaca, Estado de México y Distrito Federal.  Maya. Con más de 1 millón de habitantes, del año 2000 al 2005, cambiaron de domicilio fuera de su municipio de origen hacia otras entidades de la república 48 mil 309 personas, siendo los principales estados destinoel Distrito Federal y el Estado de México; destacan Yucatán y Chiapas como los estados de la región que concentran mayores movimientos ; y hacia Estados Unidos migraron 1 mil 863 personas.  Sierra de Juárez. Conformada por más de 3 millones de personas, se convierte en la Región Indígena más poblada. Reportó una migración de 11 mil 884 personas con destino a los estados de Jalisco, Estado de México y Distrito Federal y a Estados Unidos. 17  Mayo – Yaqui. Con menos de 50 mil habitantes, la región presentó movimientos de población en tan solo 96 personas principalmente a los estados de Sinaloa y Baja California.  Tarahumara. De 88 mil 842 personas, migraron solamente 286  Sierra Norte de Puebla y Totonacapan. Poco más de 800 mil personas habitaban la región en el año 2000. Cinco años después, habían migrado alrededor de 11571 personas. El estado que fungió como principal destino es el Distrito Federal.  Valles Centrales. De los 121 mil 229 habitantes, migraron 1748 hacia Sinaloa y el Distrito Federal y Estados Unidos.  Mazahua Otomí. Cambiaron de domicilio a otra entidad 1 mil 631 personas y 90 migraron a Estados Unidos. Los principales destinos nacionales fueron el Estado de México, Distrito Federal y Veracruz. Estas aproximaciones señalan la tendencia de los Indígenas a migrar hacia centros urbanos; en la siguiente gráfica se observan los principales estados de origen. Gráfica 2 Entidades Federativas Origen de la Población Indígena 18 Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI Los principales orígenes al igual que los destinos de la migración indígena hablan mucho de los patrones de movimiento de las comunidades. Oaxaca sigue siendo la entidad de donde parten la mayoría de indígenas; por sí solo representa cifras cercanas al 20% de los indígenas migrantes. Chiapas incrementó cinco puntos porcentuales entre 2000 y 2005 su participación como entidad de origen de los migrantes indígenas al pasar de 3.1 % a 7.9%; es decir, en el año 2000, salieron del Estado aproximadamente 6 mil 526 indígenas, mientras que para el 2005, el éxodo indígena alcanzó cifras que rebasan a 11 mil 66 indígenas. El caso opuesto lo representa Guerrero, quien retrocedió cerca de 5 puntos porcentuales, de Guerrero partieron en el 2000 cerca de 26 mil 734 indígenas, mientras que para el año 2005, esta cifra tan solo alcanzó a 9 mil 945. La migración indígena no es solo un movimiento de población por sí mismo, tiene implicaciones sociales y económicas de fuerte repercusión; estadísticamente son los hombres indígenas quienes poseen una propensión a migrar ligeramente mayor a las mujeres (en el 2005, el 53% de la población indígena migrante fue masculina, frente a un 47% de población femenina migrante), es importante considerar la implicación de que el indígena varón migre hacia las urbes, con respecto al cambio en los patrones de producción, lo que implica una nueva forma de organización social, comenzando por los núcleos familiares. 19 El panorama urbano, sin embargo, resulta un contexto hostil para el indígena y su comunidad, el incremento constante del número de indígenas urbanos hace más evidente los conflictos por el choque cultural entre diversos pueblos. Los indígenas sufren de inicio, graves problemas de discriminación y de rechazo y la incapacidad de entidades y organizaciones para ofrecer satisfactores a sus requerimientos. Cuando su condición es monolingüe, los problemas se acentúan, hasta el grado de la exclusión, la marginación y el desprecio14. El factor de atracción que las zonas urbanas ejercen sobre los indígenas ya no es tan grande como en décadas anteriores, la falta de oportunidades de empleo, de programas gubernamentales destinados al mejoramiento de sus condiciones de vida en las ciudades, la discriminación y la situación de abuso continuo, los convierten en uno de los grupos urbanos más vulnerables a condiciones de pobreza. 15 En las zonas urbanas a las que las comunidades indígenas migran, se genera un proceso de simbiosis cultural, que coincide con el entorno hostil e intolerante y que provoca en muchos casos la transformación de los valores culturales tradicionales al interior de sus comunidades. Las comunidades regularmente muestran una fuerte unidad étnica y rasgos característicos muy arraigados emblemáticos de su cultura originaria, mantienen el uso de su idioma y mantienen la cosmovisión desde la perspectiva de sus tradiciones, costumbres y normas de vida particulares.. 4. Situación del Indígena en la Ciudad. El proceso migratorio sostenido campo-ciudad, se configura desde el siglo XX, pues la información del Censo de Población de 1970 ya refiere una condición poblacional del país predominantemente urbana. El proceso de urbanización transforma las relaciones entre el 14 En el punto 4 del estudio, se describen indicadores socioeconómicos de indígenas en el Distrito Federal, mismos que dan cuenta de las circunstancias de marginación y rezago aquí expuestas. 15 http://www.cdi.gob.mx/sicopi/migracion_oct2006/10_daniel_ponce_vazquez.pdf 20 campo y la ciudad, modifica los modos de vida rurales y los transforma hacia modos de vida urbanos con lo que se transforma el entorno físico y sociodemográfico. El indígena participa también de esta situación, la ciudad se percibe como un potencial refugio para alcanzar mejores condiciones de vida con la esperanza siempre de mantener su cultura y sus instituciones, con la idea contradictoria en muchos casos de llevar con él la permanencia y resguardo de la identidad ancestral y en algunos otros la oportunidad de renunciar a ellos y sepultarlos, como estigma de pobreza y rechazo. El modo de vida urbano, las distancias, las relaciones sociales de producción e inclusive la ideología urbana transforman al indígena derivando en un doble proceso de pérdida de identidad: por un lado, aspira a pertenecer a una sociedad que le rechaza y por el otro pierde su autoreconocimiento y el sentido de pertenecía a algún pueblo indígena: rechaza y es rechazado. La aculturación, la discriminación, la pérdida de identidad y del lenguaje, el miedo, la pobreza y las amenazas por nuevas formas de violencia y delincuencia, son tan solo algunos de los problemas que se suman de inicio a su incorporación a la vida de ciudad. Que el indígena sea cada vez más urbano es una realidad; de acuerdo con el Informe preliminar de la Academia Mexicana de los Derechos Humanos, en el año 2008, uno de cada tres indígenas del país vive en alguna ciudad; 75 de las 364 ciudades con que cuenta el sistema urbano nacional cuentan con más de 10 mil indígenas; las seis ciudades que concentran más de 100 mil indígenas son la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, con más de un millón, Mérida, 340 mil, Puebla 168 mil, Cancún 147 mil, Oaxaca 133 mil y Toluca 107 mil. En conjunto estas seis ciudades agrupan al 43.5% de toda la población indígena urbana del país.16 16 AMDH, Informe Preliminar de la Ciudad Pluricultural. La Política Indígena del Gobierno del D.F. y su armonización con instrumentos Internacionales, México, 2008. 21 Mapa 3 Concentración de la Población Indígena en las Ciudades El mapa señala la concentración de la población indígena en las principales ciudades del país, sin perder de vista que existe presencia indígena en la totalidad de los municipios. 22 De acuerdo con el siguiente Cuadro 3, la proporción de indígenas urbanos no presenta una variación significativa, cerca del 38% de la población indígena total reside en localidades urbanas17, esto es más de 2 millones de habitantes. Cuadro 3. Distribución de la Población en Localidades Urbanas Población Indígena de acuerdo al tipo de localidad Tipo de localidad/ Año Total Localidades Rurales (%) Localidades Rurales Total Localidades Urbanas (%) Localidades Urbanas Total 2000 2005 6,044,547 61.8 3,735,530 6,011,202 62.3 3,744,979 38.3 2,315,062 37.7 2,266,223 Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI En la Ciudad de México es posible localizar 57 de las 62 lenguas que se hablan en el país y que son reconocidas oficialmente por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), 17 Se utilizó el criterio de poblacional de INEGI para definir una localidad urbana, el cual refiere que una localidad es urbana cuando concentra a 2500 o más habitantes. 23 reflejando la pluriculturalidad de la ciudad y la persistencia de la misma como receptora de migración indígena. Los principales asentamientos corresponden a los pueblos hablantes de mazahua, otomí, mixteco, zapoteco y por supuesto náhuatl. Aunque las cifras oficiales varían altamente entre instituciones18, es evidente la presencia de un amplio grupo de indígenas en la principal urbe del país, donde se realizan los dos fenómenos que explican la urbanización de la población indígena: la permanencia y existencia de grupos ancestrales en el territorio urbano, grupos originarios con base territorial y recursos naturales y por el otro, la llegada de comunidades migrantes. El primer grupo tiene una explicación histórico- geográfica per sé mientras que el segundo responde a dos dinámicas: por un lado pueblos que desde tradiciones históricas han comercializado sus productos en la ciudad, y por el otro, pueblos que debido a movimientos poblacionales producto de rezagos, falta de oportunidades y despojos, han decidido migrar a las ciudades en busca de mejoras en sus niveles de bienestar. Aunque encontramos diversas razones de explicación para la migración de la población indígena a la ciudad, tales como conflictos internos, fenómenos naturales o daños externos, las causas predominantes para explicar su salida son los rezagos de servicios, la carencia de oportunidades y los despojos patrimoniales, todo lo cual, conlleva una relación estrecha al acceso a la justicia y al respeto de los derechos.19 La realidad del indígena en la ciudad refuerza las estructuras de pobreza, marginación, discriminación y rezago. Los datos del Informe de la Academia Mexicana de Derechos 18 INEGI reportó cerca de 142 mil indígenas en la ciudad, mientras que CONAPO cerca de 340 mil. 19 GÓMEZ Magda, Derecho I dige a y Co titucio alidad , XII Co greso Internacional de la Comisión de Derecho Consuetudinario y Pluralismo Legal, México, 2000 24 Humanos,20corroboran dicha afirmación en materia educativa, pobreza y características de la vivienda: A. Rezago Educativo  En el Distrito Federal la tasa de analfabetismo entre los indígenas es casi cuatro veces mayor que la de la población no indígena: 13% mientras que la media de la ciudad es de 3%.  En el rango de 5 a 9 años, el índice de exclusión educativa de los niños indígenas es de más del doble que el del D. F. y cuatro veces en el caso de las niñas.  Entre los 10 y los 14 años, hombres indígenas presentan un índice de exclusión educativa cuatro veces mayor que el del Distrito Federal y las adolescentes, de casi ocho veces.  53.1% de los jóvenes indígenas en la Ciudad de México llega a una educación superior a la primaria, mientras la media nacional con municipios con población indígena es del 32.7%, cifra que se aleja de la media en el distrito federal, que es de 61% B. Pobreza por Ingresos  El grueso de la población indígena (48%), percibe entre uno y dos salarios mínimos, frente al 31% de la población no indígena que comparte el nivel de ingresos señalado. Asimismo, el 18% de la población no indígena percibe más de 5 salarios mínimos, mientras que la población indígena con una percepción salarial similar no rebasa el 8%. Lo que refleja salarios superiores a la media de municipios con población indígena que se distribuye principalmente en uno y dos salarios mínimos, 20 AMDH, Informe Preliminar de la Ciudad Pluricultural. La Política Indígena del Gobierno del D.F. y su armonización con instrumentos Internacionales, México, 2008. 25 pero se aleja de la media nacional, que se ubica principalmente en los tres salarios mínimos con el 43.6%.  El grueso de la población indígena (80%), que reside en las urbes presenta al menos pobreza de capacidades y pobreza de patrimonial lo que coloca al problema por encima de la media nacional.  57 de cada 100 mujeres indígenas se dedica al trabajo domestico. C. Características de la Vivienda  El hacinamiento sigue siendo una característica de la vivienda indígena, pues mientras los hogares no indígenas con un solo cuarto representan apenas 16.4%, los indígenas alcanzan un porcentaje de 34.3%  Las características de la vivienda indígena urbana son las siguientes: 93.3% cuenta con agua entubada, y 99.2% con energía eléctrica, aunque las cifras están todavía alejadas de la media de los habitantes de la ciudad, donde un 97.36% cuenta con agua, 99.57% con energía eléctrica y 98.21% con drenaje. Los datos anteriormente señalados referentes a los indígenas urbanos, se encuentran arriba de la media de las comunidades rurales indígenas, pero bajo la media del resto de la población urbana , lo que puede traducirse en que persiste la tendencia al rezago del indígena en la ciudad. 5. Acceso a la Justicia en las Zonas Urbanas. La falta de certeza en el respeto a las garantías individuales y a los derechos sociales de las comunidades indígenas, no sólo es factor de generación de injusticia para individuos y grupos, también constituyen un severo obstáculo para el desarrollo integral de las zonas urbanas del país. 26 El artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se refiere a los derechos de pueblos y comunidades indígenas en el apartado A y a las obligaciones de la Federación, los Estados y los Municipios para con ellos en el apartado B. Además, reconoce la composición pluricultural de la nación, se contempla la definición legal de pueblo y comunidad indígena, la libre determinación y autonomía y se señalan los derechos indígenas que pueden ejercerse en el marco de la Constitución y las leyes con respeto al pacto federal y la soberanía de los estados. Es claro que se requiere mucho trabajo aún paa lograr el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho, con personalidad jurídica, con derechos territoriales y representación política. La evidencia muestra que no siempre se hacen efectivas las normas jurídicas que reconocen derechos específicos a los indígenas, incluso en algunos casos en los procedimientos judiciales. Los factores que provocan este problema son diversos: desde el desconocimiento de su existencia o contenido, a la velada discriminación, pasando, en ocasiones por la falta de normas de procedimiento para asegurar su observancia. Nuestra Constitución reconoce la riqueza que entraña el hecho de nuestra conformación pluricultural, sin embargo, esta gran reforma de 2001 no ha logrado ser implementada en las instituciones nacionales. El régimen democrático nacional debe aún reconocer la diversidad cultural en todas sus dimensiones, incluido el derecho y las instituciones de justicia, y debe asimismo eliminar las condiciones estructurales e ideológicas que materializan y justifican la exclusión, como una de las armas principales de la subordinación y la discriminación. La relación entre derecho y discriminación es un tema relevante en la discusión contemporánea en torno a los derechos indígenas en México.21 Uno de los esquemas que de manera sensible requiere atención especial es el relativo a la procuración e impartición de justicia y sus esfuerzos contra la discriminación hacia los FERRER, Manuel, “Pueblos Indígenas en México en el Siglo XIX: La Igualdad Jurídica, ¿Eficaz Sustituto del Tutelaje Tradicional?, IIJ UNAM, p. 171 21 27 indígenas. La revisión de algunos expedientes y procesos judiciales, así como manifestaciones de población involucrada en algunos procesos, señalan espacios sobre los que se debe trabajar más para lograr los niveles de profesionalización y especialización de un sistema efectivo de administración de justicia. Uno de estos espacios de mejora, son las dificultades de acceso a la representación y una defensa de oficio especializada, complicaciones para presentar pruebas testimoniales en su defensa, obstáculos para comunicarse y entender las fases del proceso jurisdiccional, además de las derivadas de la falta de comprensión de las leyes o incluso del español. Todos estos problemas se complican en las zonas urbanas pues éstas no se identifican con lo indígena, faltando el poco apoyo institucional existente en las zonas rurales indígenas. El indígena involucrado en un proceso judicial puede sufrir injusticias tales como declarar en su contra. Estudios sobre la defensoría de presos indígenas realizados por Magda Gómez22, muestran que como se construye una verdad jurídica se aleja en mucho de la verdad real, o la versión de los hechos tal como sucedieron, lo cual lleva a que se penalice al indígena con argumentaciones jurídicas que no siempre corresponden al concepto de justicia. Bajo el amparo de la estricta legalidad formal se elabora el expediente judicial y se impone una versión de los hechos donde no caben una interpretación amplia donde diversas visiones culturales expliquen algunas conductas; de ahí que actualmente tomen mayor relevancia los peritajes de antropología jurídica donde se advierte sobre la autenticidad de algunas prácticas identificadas con usos y costumbres. La perspectiva de riesgo en el acceso a la justicia se basa en tres elementos esencialmente: la contraposición de modelos culturales; la oposición entre discursos dada por el lenguaje jurídico especializado contra el lenguaje cotidiano, y; el conflicto lingüístico. En el esquema urbano o metropolitano, la misma convivencia bajo referentes sociales distintos y la combinación de conceptualizaciones tradicionales indígenas, con conceptualizaciones de clase o urbana, complican enormemente la determinación de lo que es una falta o un delito. GÓMEZ Magda, Derecho I dige a y Co titucio alidad , XII Co greso I ter acio al de la Co isió de Derecho Consuetudinario y Pluralismo Legal, México, 2000 22 28 Las referencias culturales a partir de las que se resuelven las controversias en la comunidad, deben ser cada vez más justipreciadas en el proceso judicial. Es claro que los patrones de creencias y de sistemas de norma, el sentido de lo justo y lo injusto, lo permitido y lo prohibido se deben tomar en cuenta como referente de validez para conformar el esquema de la legalidad y la institución judicial. La práctica cotidiana muestra aún, situaciones de angustia, tristeza, y desesperación de acuerdo con las narraciones de indígenas presos que al contar la versión de su delito suelen referir elementos que conformarían una realidad generalmente opuesta o distante a la registrada en el expediente, lo que la rigurosidad de la norma señala como secuestro a la autoridad por la acumulación de los elementos, para la comunidad podría ser el mecanismo para convocarle a la explicación de alguna intervención. La búsqueda del detalle y coherencia durante la narración, así como el recurso al lenguaje figurado, pretende restablecer una identidad que debe considerarse durante el proceso, de ahí también la insistencia en el contexto y en las relaciones interpersonales en torno a las cuales tuvo lugar el hecho delictivo.23 La confrontación entre discursos o conceptual, se inserta además en el conflicto lingüístico entre el español, como lengua oficial, y la lengua indígena, como lengua dominada y no siempre se toma en cuenta esta última para el espacio judicial, lo que en si influye en equivocadas percepciones de subordinación y actos discriminatorios. El dominio limitado del español como consecuencia del conflicto entre lenguas tiene efectos en el desarrollo del proceso judicial, generando en el indígena inseguridad y sumisión, que dificultan su intervención activa en su propio proceso, lo que dificulta la comprensión de su discurso y no es extraño que en algunos casos se sumerjan en el silencio y con ello provoquen una rigurosidad aún mayor durante el proceso. El recurso a traductor o intérprete, suele reducirse a un apoyo limitado que no resuelve el problema de la comunicación judicial. El traductor en muchas ocasiones es otra persona también indígena 23 CDI. La Vigencia de los Derechos Indígenas en México. CDI, México 2007 29 que no domina el discurso jurídico o el registro formal del lenguaje exigido en esos espacios, lo cual no garantiza el resultado esperado de una defensa especializada. La igualdad ante la ley en las prácticas jurídicas se revela así como el gran reto sobre el que deben encontrarse los elementos que impidan la discriminación étnica en el acceso a la justicia. La diferencia cultural no puede ni debe ser un obstáculo para acceder a la justicia. 6. Estructura Institucional Vinculada. En correspondencia con la atención focalizada hacia los grupos étnicos del mundo, existen hoy en día diversas organizaciones e instituciones internacionales promotoras del respeto a los derechos de los pueblos indígenas, así como de su protección y desarrollo integral. México ha sido parte en distintas conferencias y grupos de trabajo que perfilan las orientaciones y propuestas de estrategias y mecanismos de tutela sobre los derechos de los grupos étnicos, al grado de alcanzar al interior del país un considerable esfuerzo institucional para señalar los rumbos y directrices de las políticas públicas y para efectuar acciones institucionales que han hecho posible el avance en la solución de esta compleja problemática, con especial énfasis en los temas relacionados con el acceso a la justicia. La Comisión de los Derechos Humanos de la ONU, regida por la Carta Internacional, la Organización de los Estados Americanos y la Organización Internacional del Trabajo, principalmente, así como los esfuerzos de los organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, determinan en el contexto internacional las definiciones de alcance y los marcos conceptuales que contextualizan las situaciones de diversos pueblos y señalan las prioridades y esquemas normativos básicos para asegurar su desarrollo armónico. En México, conforme al artículo 41 de la Carta Magna se ejerce la soberanía por medio de los Poderes de la Unión, definidos para la federación en el artículo 49 constitucional conforme a la división de poderes, como Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En cada uno de ellos se cuenta con instituciones especializadas para la protección de los derechos y 30 garantizar el acceso a la justicia de los indígenas. En el Poder Judicial se ubica el Instituto Federal de la Defensoría Pública; en el Poder Legislativo, diversas Comisiones Ordinarias y grupos de trabajo atienden las preocupaciones en la materia, como la Comisión de Asuntos Indígenas, la Comisión de Justicia, y la Comisión de Derechos Humanos existentes tanto en la Cámara de Diputados, como en la de Senadores, así como las bicamerales entre las que destaca la de Concordia y Pacificación. Del Poder Ejecutivo, destaca primeramente como dependencia especializada la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio y con autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa; la Procuraduría General de la República, a través de la Unidad Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas; y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, de servicio público y social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado en la Secretaria de Educación Pública. Adicionalmente, existen diversos programas y estrategias instrumentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como órgano constitucional autónomo, así como de otras dependencias del Poder Ejecutivo, como las secretarías de Desarrollo Social, Educación Pública, Salud y Turismo, entre otras, donde también es beneficiaria la población indígena;. así como en tribunales administrativos especializados en lo relativo a justicia agraria en los tribunales correspondientes o al derecho del trabajo en los laborales o Juntas de Conciliación y Arbitraje. 6.1. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. La Ley reglamentaria de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) se publicó en el Diario Oficial el 21 de mayo de 2003 y abroga la correspondiente al Instituto Nacional Indigenista. La misión de la CDI es orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para alcanzar el desarrollo integral y sustentable y el ejercicio pleno de 31 los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La CDI define como su visión, el que los pueblos y comunidades indígenas lleguen a definir sus proyectos de desarrollo en un marco de equidad e incidan en la formulación, aplicación de políticas públicas para su beneficio, vivan en condiciones sociales y económicas similares al promedio nacional y gocen de plena vigencia de sus derechos y respeto a su diversidad. Entre los programas que opera destaca el de Promoción de Convenios en Materia de Justicia que se propone como una de sus tareas fundamentales transferir recursos financieros a Organizaciones Sociales y Núcleos Agrarios para que realicen acciones de promoción y defensa de los derechos indígenas. El fin es el de propiciar la participación de la sociedad en el diseño de los programas de la CDI y, alentar la complementariedad de acciones de acceso a la justicia que beneficien a los pueblos indígenas. La CDI ha fungido como promotor de la relación directa entre el Estado, la sociedad civil y los pueblos indígenas, en contextos de apertura y disposición nacional e internacional, orientados a desarrollar sus capacidades autonómicas de acuerdo con el marco legal vigente en respeto a sus derechos y libertades fundamentales. Como gran referente se señala la situación de los derechos indígenas a partir de la reforma del 2001; describe la forma en que el Estado ha asumido el enfoque de la pluriculturalidad, el nivel de cumplimiento y el alcance del mandato Constitucional en las legislaturas de los estados para reconocer a los pueblos y comunidades indígenas en su legislación y la acción institucional. En su estructura cuenta con una Dirección de Asesoría y Consulta dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y con la Dirección de Derechos Indígenas dependiente de la Unidad de Planeación y Consulta. Destacan la propuesta de un proyecto para la realización del censo que permita cuantificar con precisión la población indígena que se encuentra privada de libertad por alguna razón jurisdiccional y las tareas de acompañamiento y asesoría que se efectúa a la población que lo requiere. 32 6.2. Unidad Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas. La Unidad Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas es el órgano del Poder Ejecutivo encargado de investigar y perseguir los delitos del orden federal en la Procuraduría General de la República. Esta institución tiene como objetivo contribuir a garantizar el estado democrático de derecho y preservar el cumplimiento irrestricto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mediante una procuración de justicia federal eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos, en colaboración con instituciones de los tres órdenes de gobierno y al servicio de la sociedad. Dicha institución cuenta con la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, donde se ubica la Unidad Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas; en esta se instrumentan estrategias orientadas a la consolidación de una cultura de respeto a los derechos humanos de los miembros de pueblos y comunidades indígenas, entre ellas, la presencia de los indígenas en los procesos judiciales, que permite obtener, entre otros beneficios, el no ejercicio de la acción penal en los casos procedentes, la aplicación de penas mínimas, la gestión de asistencia de traductores o bien, un beneficio de ley. 6.3. Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Conforme a la Ley, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), tiene como objetivo promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional; promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo del conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de la Nación; y asesorar a los tres órdenes de gobierno para articular las políticas públicas necesarias en la materia. Entre sus atribuciones destaca la de establecer la normatividad y formular programas para certificar y acreditar a técnicos y profesionales bilingües; impulsar la formación de 33 especialistas en la materia que asimismo sean conocedores de la cultura de que se trate, vinculando sus actividades a programas de licenciatura y postgrado, así como a diplomados y cursos de especialización, actualización y capacitación. La importancia de dicha institución es clave para lograr preparar, profesionalizar y certificar a traductores en materia jurídica, para que a través de ellos los hablantes de lenguas distintas al español tengan un proceso jurisdiccional justo y una mejor vinculación y acceso al sistema de justicia nacional. Destacan también por su relevancia, las atribuciones conferidas a la institución para actuar como órgano de consulta y asesoría en la materia, de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de las instancias de los Poderes Legislativo y Judicial; de los gobiernos de los estados y de los municipios, y de las instituciones y organizaciones sociales y privadas, así como la de informar sobre las disposiciones constitucionales, los tratados internacionales ratificados por México y la propia Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en materia de lenguas indígenas, y expedir a los tres órdenes de gobierno las recomendaciones y medidas pertinentes para garantizar su preservación y desarrollo. Cuenta con atribuciones para la celebración de convenios, apegandose a las actividades propias del Instituto y a la normatividad aplicable, de donde se destaca el realizado con el Instituto Federal de la Defensoría Pública, dependiente del Poder Judicial, para la especialización en diversas lenguas de los profesionales del Derecho responsables de la defensoría de comunidades indígenas. 6.4. Participación del Poder Legislativo. Tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados existen comisiones de trabajo especializadas en asuntos indígenas y en los temas vinculados con los derechos humanos y con la justicia; destacamos dentro de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, áreas de trabajo en temas sobre justicia y derechos humanos en materia 34 indígena; de seguimiento a casos de presos indígenas encarcelados injustamente; y de armonización de los instrumentos jurídicos internacionales con las leyes nacionales. De la actividad legislativa reciente, destaca entre las iniciativas turnadas a la Comisión de Asuntos Indígenas, la que se refiere a la reforma y adición a diversas disposiciones del Código Penal Federal para incorporar los sistemas normativos indígenas dentro de los elementos que debe tomar en cuenta el juzgador al aplicar sanciones y por otro lado, la que se presentó en abril de 2007 que se refiere a la reforma a la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas para incorporar la figura de intérprete y de traductor, así como objetivos y atribuciones del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. También es de señalar la Minuta turnada por la Cámara de Senadores que contiene el proyecto de reformas a la Ley Federal de Defensoría Pública, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y el Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer la obligación del Defensor Público a solicitar un traductor de la lengua indígena y se faculte al Instituto Federal de Defensoría Pública para contratar servicios y celebrar convenios con instituciones para estos fines. En general, destaca la preocupación sobre los temas relativos al fortalecimiento institucional vinculados a la cultura y el desarrollo lingüístico, a la representación en materia electoral y a la necesidad de fortalecimiento de mecanismos para hacer realidad el acceso a la jurisdicción mediante la representación adecuada en el sistema de defensoría. Durante lo que va de la LXI legislatura destacan en la Comisión de Asuntos Indígenas dos Iniciativas para reformar la Ley de la CDI, tales iniciativas tienen el objetivo de incluir dentro de sus funciones el diseño, elaboración y actualización del Padrón Nacional de Comunidades Indígenas en coordinación con dependencias y entidades federales, estatales y municipales, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y las instituciones académicas y de investigación que se requieran. Por otra parte, la que se refiere a la reforma de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas para establecer que las instituciones de educación superior que impartan la carrera de Derecho, incorporen 35 programas académicos para garantizar la especialización de alumnos y profesionistas en la cultura indígena y en las lenguas étnicas de sus regiones además de instituirse anualmente el premio al defensor de los derechos de los pueblos indígenas. 6.5. Instituto Federal de Defensoría Pública. El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) es un órgano del Poder Judicial de la Federación, dependiente del Consejo de la Judicatura Federal, con independencia técnica y operativa, cuyo fundamento constitucional se ubica en el artículo 20 y tiene su base en la Ley Federal de Defensoría Pública, el IFDP fue creado en 1998 para garantizar la prestación de los servicios de defensoría pública bajo los principios de gratuidad, probidad, honradez y profesionalismo. Los servicios que presta son de defensa y de asesoría mediante defensores públicos, en los asuntos del orden penal federal, desde la averiguación previa hasta la ejecución de las penas, y de asesores jurídicos, en asuntos de orden no penal, con excepción de los expresamente otorgados a otras instituciones. Para el servicio de defensa penal, el defensor público se adscribe ante el Ministerio Público de la Federación, los Juzgados de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito, según corresponda. En cuanto a la ejecución de sentencias, los defensores públicos practican visitas carcelarias y realizan los trámites que correspondan para obtener los beneficios solicitados por internos sentenciados por delitos federales. Con respecto a la asesoría jurídica, los servicios que se proporcionan corresponden a las modalidades de 1) orientación: cuando el asunto planteado no es de la competencia legal del Instituto se orienta al solicitante en términos generales pero suficientes sobre la naturaleza y particularidades del problema, y se le canaliza mediante oficio fundado y motivado a la institución que a juicio del asesor deba proporcionarle atención jurídica gratuita; 2) asesoría: se proporciona al solicitante respecto al problema planteado cuando, después de analizar las manifestaciones y documentos que aporte, se determina que el caso 36 es de la competencia del Instituto pero no es viable la intervención legal y procesal, y; 3) representación: consiste en el patrocinio legal que se otorga a la persona que solicita la prestación del servicio por ser destinatario del mismo conforme a lo dispuesto en la Ley . La visión que formula el IFDP es la de constituirse en órgano garante de los servicios de defensa pública en los asuntos del orden penal federal, desde la averiguación previa hasta la ejecución de las sentencias, y de asesoría jurídica en asuntos de orden no penal, salvo los expresamente otorgadas por la Ley a otras instituciones, contribuyendo a superar desigualdades sociales, preservar los derechos humanos, consolidar el estado de derecho y el principio constitucional de acceso a la justicia, así como fortalecer el Poder al que pertenece. De acuerdo con la Ley que lo crea, el Instituto debe contar con las unidades administrativas y personal técnico que para el adecuado desempeño de sus funciones se determinen en el presupuesto y que debe designar por cada Unidad Investigadora del Ministerio Público de la Federación, Tribunal de Circuito y por cada Juzgado Federal que conozca de materia penal, cuando menos a un defensor público y al personal de auxilio necesario. Asimismo, refiere que las unidades investigadoras del Ministerio Público de la Federación, los Juzgados y Tribunales del Poder Judicial Federal deben proporcionar apoyo para la ubicación física apropiada y suficiente que permita la actuación de los defensores públicos y asesores jurídicos en sus locales. 7. Indígenas Implicados en Procesos Penales en las Ciudades El artículo 2º constitucional, apartado A, Fracción VIII, establece que en lo que se refiera a: VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en 37 todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Así como la Constitución determina que las costumbres y especificidades culturales deben ser tomadas en cuenta, hace explícito que el resto de los derechos constitucionales deben ser respetados, así como las leyes que de ella emanen. En el caso de los indígenas la Ley General de Derechos Lingüísticos y la Ley para Eliminar la Discriminación, así como el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales, se vuelven cruciales en la administración de justicia. Para contrarrestar el problema de acceso a la justicia de los Pueblos Indígenas, la CDI ha instituido dos tipos de acciones, encabezadas ambas por la ratificación del derecho de los indígenas de autoadscripción: 1. Promoción de convenios intra-institucionales que promuevan Acciones Litigiosas, Gestoría y Capacitación. 2. Desencarcelamiento: Conforme a sus diagnósticos, existen en el país 9970 presos indígenas. El programa tiene como objetivo el desencarcelamiento de 1000 presos anuales; el presupuesto para esta tarea es de 9 millones de pesos anuales. El programa se maneja mediante el pago de fianzas de 63 mil pesos, correspondientes a 1150 días de SMMV. La fianza se paga para que el juicio se haga en libertad. Los indígenas deben de ser primodelincuentes y los delitos no deben ser graves, si el monto otorgado por la CDI es superior a la fianza establecida por la autoridad, la CDI promueve que el dinero sea ocupado en algún negocio productivo y se le da seguimiento al indígena liberado (siempre y cuando no regrese a su comunidad de origen o migre). De acuerdo con información derivada de la consulta efectuada a la Unidad Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas, el número de indígenas implicados en procesos penales en febrero del 2010, fue de 731 indígenas sentenciados y 276 procesados. La 38 misma institución señala que los indígenas que incurren en delitos con mayor frecuencia pertenecen a los siguientes grupos, en orden de importancia: Tsotsil, Náhuatl, Zapoteco y Mixteco, siendo los delitos contra la salud, agresiones a servidores públicos, homicidio, violaciones, robo, delitos ambientales, privación ilegal de la libertad, falsificación de papel moneda, violación a la Ley General de Población y violación de la Ley General de Armas y Explosivos. Para el año 2005, en la Ciudad de México habían 441 presos indígenas, destacando el reclusorio norte con 101 varones y el reclusorio sur con 110 varones. Refirieron los presos indígenas pertenecer a los pueblos Mazahua, Nahua y Mixteco. Los delitos por los cuales fueron inculpados son los siguientes de acuerdo a orden de incidencia: robo calificado, homicidio, violación y delitos contra la salud. Es importante señalar que el 100% de los acusados en el DF por violación, son mazatecos. Las mujeres implicadas en algún delito se encuentran en su mayoría en el penal de Santa Martha: 41 mujeres, de las cuales 22 son madres con hijos al interior de los reclusorios. Los pueblos de los que provienen son Nahuas, Mazahuas y Mixtecos. Los delitos por los cuales están inculpadas son en los siguientes en orden de frecuencia: homicidio, robo calificado, secuestro y crecientemente, delitos contra la salud. 8. Consideraciónes finales En los últimos años, a partir de la reforma constitucional del artículo 2° podemos advertir la disponibilidad de adecuaciones normativas realizadas en el contexto legal para asegurar el cumplimiento a las disposiciones constitucionales que enfatizan no solo el respeto a los derechos indígenas, sino la instrumentación de acciones que promuevan su desarrollo y acceso a la justicia. De igual forma advertimos la existencia de cuerpos institucionales que conforme a sus atribuciones y orientación estratégica realizan acciones para potenciar la solución de los conflictos en su oportunidad y disponer de los medios para lograr que los pueblos alcancen 39 mejores niveles de un desarrollo humano integral, bajo sus propios referentes y en respeto a su propia percepción y orientaciones culturales. No obstante y derivado de los parámetros que describen, por un lado los indicadores socioeconómicos de las comunidades ubicadas en el contexto urbano y por otra parte la ausencia de la especialización institucional para el diseño de estrategias que den atención a la problemática específica de la población indígena asentada en las ciudades, se observa la conveniencia de hacer una revisión en ambos terrenos para formular propuestas de adecuación institucional. Tales propuestas deben procpiciar tanto la certeza en el acceso a la justicia, como en la participación de los beneficios del Estado para el desarrollo individual y social, en estricto respeto a las diferencias culturales de las personas y de las comunidades indígenas por complicado y contradictorio que parezca. Lo que ha quedado en evidencia en esta breve descripción de los problemas que enfrentan los ciudadanos indígenas viviendo en las metrópolis o grandes ciudades, es que los problemas del campo se transfieren a la ciudad, especialmente el rezago en el que viven, agudizado este por lo que implica vivir lejos de sus referentes territoriales. De igual modo se agregan los problemas de pobreza urbana que incluyen hacinamiento, violencia, insalubridad y nuevas enfermedades. Podríamos afirmar que se trata de una doble migración, en primer término hacia un nuevo espacio cultural y lingüístico y en segundo término, hacia un espacio esencialmente discriminatorio, históricamente hablando. Aún así. la evidencia muestra que los indicadores sociales de los indígenas en las ciudades es mejor que en las zonas rurales y que existe una creciente migración interna y una absorción de viejos territorios indígenas por la mancha urbana, estableciendo nuevos retos para nuestras complejas urbes. En general nos encontramos ante un suceso cultural contradictorio para el país. La reforma del 2001 incluyó en una Constitución básicamente liberal, en lo que respecta a los derechos civiles, una dimensión indígena, comunitaria, reconociendo su especificidad como pueblos originarios y parcialmente restableciendo diferencias entre ciudadanos del mismo país por razones de autoadscripción u origen. Se trata de un equilibrio precario, pues un concepto 40 crucial en esta nueva reforma es la autoidentificación como indígena, tal identificación no necesariamente es del todo clara, especialmente en las ciudades donde los ciudadanos indígenas pierden su identidad originaria. 41                           Ciudadanía y calidad de vida: consideraciones en torno a la salud Francisco J. Sales Heredia Actores y decisiones en la reforma administrativa de Pemex Alejandro Navarro Arredondo Turismo: actor de desarrollo nacional y competitividad en México Octavio Ruiz Chávez Fiscalización y evaluación del gasto público descentralizado en México Juan Carlos Amador Hernández Impacto de la actividad turística en el desarrollo regional Gustavo M. Meixueiro Nájera Apuntes para la conceptualización y la medición de la calidad de vida en México Sara María Ochoa León Migración, remesas y desarrollo regional Salvador Moreno Pérez La reforma electoral y el nuevo espacio público Efrén Arellano Trejo La alternancia municipal en México César Augusto Rodríguez Gómez Propuestas legislativas y datos de opinión pública sobre migración y derechos humanos José de Jesús González Rodríguez Los principales retos de los partidos políticos en América Latina César Augusto Rodríguez Gómez / Oscar Rodríguez Olvera La competitividad en los municipios de México César Augusto Rodríguez Gómez Consideraciones sobre la evaluación de las políticas públicas: evaluación ex ante Francisco J. Sales Heredia Construcción de la agenda mexicana de Cooperación transfronteriza Iván H. Pliego Moreno Instituciones policiales: situación y perspectivas de reforma Efrén Arellano Trejo Rendición de cuentas de los gobiernos locales Juan Carlos Amador Hernández ¿Seguimos o cambiamos la forma de evaluar los programas sociales en México? Octavio Ruiz Chávez Nuevos patrones de la urbanización. Interacción económica y territorial en la Región Centro de México. Anjanette D. Zebadúa Soto La Vivienda en México y la población en condiciones de pobreza Liliam Flores Rodríguez Secuestro. Actualización del marco jurídico. Efrén Arellano Trejo Crisis económica y la política contracíclica en el sector de la construcción de vivienda en México. Juan Carlos Amador Hernández El lavado de dinero en México, escenarios, marco legal y propuestas legislativas. José de Jesús González Rodríguez Transformación de la esfera pública: Canal del Congreso y la opinión pública. Octavio Ruiz Chávez Análisis de lo temas relevantes de la agenda nacional para el desarrollo metropolitano. Salvador Moreno Pérez Racionalidad de la conceptualización de una nueva política social. Francisco J. Sales Heredia Desarrollo local y participación ciudadana Liliam Flores Rodríguez              Reglas de operación de los programas del Gobierno Federal: Una revisión de su justificación y su diseño. Gilberto Fuentes Durán La representación política en México: una revisión conceptual y de opinión pública Gustavo Meixueiro Nájera La reforma electoral, avances y pendientes César Augusto Rodríguez Gómez La alianza por la Calidad de la Educación: modernización de los centros escolares y profesionalización de los maestros Juan Carlos Amador Hernández 200 años de federalismo en México: una revisión histórico. Iván H. Pliego Moreno Tendencias y percepciones sobre la Cámara de Diputados. Efrén Arellano Trejo Paquete Económico 2010 y la Agenda de Reformas. Puntualizaciones. Juan Carlos Amador Hernández Liberalismo Económico y algunos de sus impactos en México. Carlos Agustín Vázquez Hernández Error judicial y responsabilidad patrimonial del Estado José de Jesús González Rodríguez El papel del Congreso en la evaluación de los programas sociales sujetos a reglas de operación Salvador Moreno Pérez Representación jurídica para la población indígena en el Sistema de Justicia Nacional Jesús Mendoza Mendoza 2009, un año de crisis para el turismo Octavio Ruiz Chávez Contenido y perspectivas de la reforma penal y de seguridad pública. Efrén Arellano Trejo                      Disciplina partidista en México: el voto dividido de las fracciones parlamentarias durante las LVII, LVIII y LIX legislaturas María de los Ángeles Mascott Sánchez Panorama mundial de las pensiones no contributivas Sara María Ochoa León Sistema integral de justicia para adolescentes Efrén Arellano Trejo Redes de política y formación de agenda pública en el Programa Escuelas de Calidad Alejandro Navarro Arredondo La descentralización de las políticas de superación de la pobreza hacia los municipios mexicanos: el caso del programa hábitat Alejandro Navarro Arredondo Los avances en la institucionalización de la política social en México Sara María Ochoa León Justicia especializada para adolescentes Efrén Arellano Trejo Elementos de análisis sobre la regulación legislativa de la subcontratación laboral José de Jesús González Rodríguez         La gestión, coordinación y gobernabilidad de las metrópolis Salvador Moreno Pérez  Evolución normativa de cinco esquemas productivos del Fondo de Apoyo para Empresas en Solidaridad: de la política social al crecimiento con calidad Mario Mendoza Arellano  La regulación del cabildeo en Estados Unidos y las propuestas legislativas en México María de los Ángeles Mascott Sánchez Las concesiones de las autopistas mexicanas, examen de su vertiente legislativa José de Jesús González Rodríguez El principio del que contamina paga: alcances y pendientes en la legislación mexicana Gustavo M. Meixueiro Nájera Estimación de las diferencias en el ingreso laboral entre los sectores formal e informal en México Sara María Ochoa León El referéndum en la agenda legislativa cipación ciudadana en México Alejandro Navarro Arredondo de la parti- Evaluación, calidad e inversión en el sistema educativo mexicano Francisco J. Sales Heredia Reestructuración del sistema federal de sanciones Efrén Arellano Trejo El papel del Estado en la vinculación de la ciencia y la tecnología con el sector productivo en México Claudia Icela Martínez García          La discusión sobre la reforma política del Distrito Federal Salvador Moreno Pérez  Oportunidades y Seguro Popular: desigualdad en el acceso a los servicios de salud en el ámbito rural Karla S. Ruiz Oscura  Panorama del empleo juvenil en México: situación actual y perspectivas Víctor Hernández Pérez  50 aniversario de la conformación de la Unión Europea Arturo Maldonado Tapia Jésica Otero Mora Las dificultades de las transiciones administrativas en los municipios de México César Augusto Rodríguez Gómez La segunda vuelta electoral, experiencias y escenarios José de Jesús González Rodríguez La reestructuración organizacional en Petróleos Mexicanos Alejandro Navarro Arredondo ¿Cómo debemos distribuir cuando nuestro objetivo es la justicia social? Francisco J. Sales Heredia Participación de Pemex en el gasto social de alguno de los estados de la república Francisco J. Sales Heredia La Ley General de Desarrollo Social y la medición de la pobreza Sara María Ochoa León El debate sobre el desarrollo sustentable o sostenible y las experiencias internacionales de desarrollo urbano sustentable Salvador Moreno Pérez Nueva legislación en materia de medios de comunicación Efrén Arellano Trejo El cambio climático en la agenda legislativa María Guadalupe Martínez Anchondo ¿Qué distribuir cuando nuestro objetivo es la justicia social? Francisco J. Sales Heredia La reforma al Poder Judicial en el marco de la Reforma del Estado José de Jesús González Rodríguez El Poder Legislativo y la construcción de la cultura democrática Efrén Arellano Trejo La evaluación y el diseño de políticas educativas en México Juan Carlos Amador Hernández Migración y codesarrollo Alejandro Navarro Arredondo Reforma penal: los beneficios procesales a favor de la víctima del delito Oscar Rodríguez Olvera Construcción de ciudadanía y derechos sociales Sara María Ochoa León El desarrollo regional y la competitividad en México Salvador Moreno Pérez La modernización de la gestión pública: el potencial de la tecnología de información Eduardo Rojas Vega La gestión del agua en los gobiernos locales de México César Augusto Rodríguez Gómez Excedentes petroleros y desarrollo regional José de Jesús González Rodríguez El sector eléctrico como política de Estado en el desarrollo nacional María Guadalupe Martínez Anchondo