Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires Tesis de Doctorado en Historia La estrategia de la Unión Industria Argentina 1966-1976 Doctoranda: Verónica Gabriela Baudino Directora: Dra. Silvia Lázzaro Co-director: Dr. Pablo Rieznik 3 de junio de 2011  Índice Introducción…... ………………….......................……………………………………. 8 Planteo del problema……………………………………………………….. 8 Metodología……………………………………………………………...... 10 Organización de la Tesis…………………………………………………... 11 Un balance historiográfico………………………………………………… 13 Por qué estudiar la UIA…………………………………………………… 36 Aspectos Teóricos…………………………………………………………. 39 Capítulo 1. Desarrollo del capitalismo argentino (1966-1976)……………………. 43 El peso de la renta diferencial………………………………………………43 Exportaciones y competitividad de la industria argentina……………….…47 Mecanismos de compensación y transferencia……………………………..52 La crisis de acumulación……………………………………………………72 Capítulo 2. Composición social de la UIA……………………………………………77 Breve historia de la Unión Industrial Argentina……………………………77 La UIA desde el punto de vista institucional……………………………….86 Composición social………………………………………………………...105 Capítulo 3. La UIA y la gestión de Onganía (1966-1969)…………………………. 132 El gobierno de Onganía…………………………………………………….133 La intervención de la UIA frente al gobierno………………………………138 Intervención en el CEA…………………………………………………….174 Capítulo 4. De cordobazo a Cámpora (1969-1973)………………………………….. 183 El Cordobazo………………………………………………………..……… 184 Las salidas a la crisis…………………………………………………………186 El frente interno: las diputas…………………………………………………214 El frente externo: ruptura y nuevas alianzas………………………………….221 Capítulo 5. El regreso del peronismo (1973-1976)……………………………………. 230 El retorno del peronismo al gobierno…………………………………………231 La UIA se hace peronista……………………………………………………. 233 Tomando distancia del “Gobierno Popular”…………………………………..240 El Rodrigazo y la ofensiva golpista…………………………………………..254 La descomposición de la alianza reformista: el final de la CGE…………….. 276 La UIA ante el golpe militar………………………………………………… 283 Conclusión………………………………………………………………………………289 Bibliografía y fuentes…………………………………………………………………..295 Índice de cuadros y gráficos Cuadros Cuadro 1. Inversiones aprobadas por rama de actividad, 1966-1975. Miles de dólares…………………………………………………………………………… 64 Cuadro 2. Inversiones aprobadas por rama de actividad, 1966-1975 (n % sobre el total)……………………………………………………………………………66 Cuadro 3. Industria Petroquímica. Principales proyectos promocionados* presentados hasta 1976. Valores absolutos y miles de dólares…………………..69 Cuadro 4. Inversión y ocupación de los proyectos siderúrgicos aprobados por la Secretaría de Comercio e Industria. Cantidad de ocupados y miles de dólares…..69 Cuadro 5. Perfil de las firmas pertenecientes a la fracción vinculada con el funcionamiento del complejo económico estatal-privado. 1966-1976……………70 Cuadro 6 Delegados de socios individuales a la Junta Directiva. Nombres y empresas, 1966-1973……………………………………………………………..110 Cuadro 7. Miembros del Directorio Ejecutivo de la UIA, cargos y capitales a los que pertenecen (1966-1974)………………………………......111 Cuadro 8. Capitales miembros de la dirección de la UIA según rama de la producción, 1966-1974……………………………………………………….114 Cuadro 9. Capitales miembros de la dirección de la UIA pertenecientes a los Rankings de vendedores 1966-1974, según sus ventas. En millones de dólares…118 Cuadro 10. Capitales miembros de la dirección de la UIA pertenecientes a los Rankings de vendedores, 1966-1974, según sus utilidades. En millones de dólares..119 Cuadro 11. Capitales miembros de la dirección de la UIA según sus ganancias (1958 y 1972). En dólares…………………………………………………………121 Cuadro 12. Capitales miembros de la dirección de la UIA según su capital (1958 y 1972). En dólares………………………………………………………….124 Cuadro 13. Relación entre las principales empresas que operan en Argentina (dirigentes de la UIA) y EE.UU. en función de sus utilidades, según rama de producción (1973). En millones de dólares…………………………………………………….127 Cuadro 14. Relación entre las principales empresas que operan en Argentina (dirigentes de la UIA), Japón y Europa en función de sus utilidades, según rama de producción (1973). En millones de dólares…………………………………………..128 Cuadro 15. Miembros del CEA, empresa relacionada y pertenencia a la UIA. 1967-1969…………………………………………………………………………….178 Gráficos Gráfico 1. Participación de la industria manufacturera en el PBI a costo de factores, por décadas, 1900-1990……………………………………………………..46 Gráfico 2. Ingreso y apropiación de Renta Diferencial en la Argentina, según sujeto, en millones de pesos de 2004, 1910-1977…………………………………….46 Gráfico 3. Composición de las exportaciones argentinas por rubro, 1963-1976, en porcentaje de valor de exportación………………………………………………..48 Gráfico 4. Participación de las exportaciones argentinas en el mercado mundial, en porcentaje de valor, 1948-1983…………………………………………………….49 Gráfico 5. Relación de la productividad del trabajo en Argentina con EEUU y Gran Bretaña, 1935-1975…………………………………………………………….50 Gráfico 6. Relación del PBI argentino con el norteamericano, 1920-1977…..51 Gráfico 7. Variación de las tasas anuales del PBI industrial en América Latina y países seleccionados, en porcentaje, 1950-1981………………………………………51 Gráfico 8. Grado de valuación del tipo de cambio nominal en relación al tipo de paridad ($/U$S) Argentina, 1960-1976………………………………………………..55 Gráfico 9. Nivel de sobrevaluación (%) de la moneda ($/U$S) en relación a la paridad (eje izquierdo) y evolución del costo laboral mensual en U$S corrientes (eje derecho). Argentina, 1960-1976……………………………………………………….57 Gráfico 10. Nivel de sobrevaluación (%) de la moneda ($/U$S) en relación a la paridad (eje izquierdo) y Tasa de ganancia industrial (%) eje derecho. Argentina, 1960-1976……………………………………………………………………………………58 Gráfico 11. Nivel de sobrevaluación (%) de la moneda ($/U$S) en relación a la paridad (eje izquierdo) y IBIF (millones de pesos 1993, eje derecho). Argentina, 1960-1976…………………………………………………………………………………..59 Gráfico 12. Inversiones aprobadas por ramas 1958-1973……………………67 Gráfico 13. Inversión aprobada por sectores, 1958-1973. Miles de dólares….68 Gráfico 14. Producto bruto interno al costo de factores, % del PBI al costo de factores, sobre datos a precios de 1960……………………………………..74 Gráfico 15. Capitales miembros de la dirección de la UIA según rama de la producción, 1966-1974……………………………………………………..114 Gráfico 16. Composición de las exportaciones argentinas por origen, 1963-1989. En porcentajes del valor……………………………………………….117 Gráfico 17. Posición de la industria automotriz Argentina en el mercado internacional (1957-1977). En unidades…………………………………….129 Gráfico 18. Posición de la industria petrolera argentina en el comercio internacional (1920-2000). En metros cúbicos……………………………….129 Introducción 1. Planteo del Problema El objetivo de esta tesis es reconstruir la estrategia que asume la Unión Industrial Argentina (UIA) en un período decisivo de la crisis orgánica de la sociedad argentina: aquel que se inicia con el golpe de 1966 y culmina con el comienzo del cierre de la crisis hegemónica, a partir de la liquidación de la fuerza social revolucionaria en 1976. La UIA es la entidad corporativa más representativa de la fracción industrial de la burguesía argentina. Por lo tanto, su estudio se constituye en un objeto privilegiado para determinar el comportamiento de aquella. Se espera, con ello, aportar a la historia de la burguesía argentina y brindar un sustantivo aporte a la dilucidación de las causas que determinaron la derrota de la revolución en los ´70. La definición de la estrategia tiene como premisa la reconstrucción de los diferentes momentos tácticos Véase Marín, J.: Los hechos armados. Un ejercicio posible, La Rosa Blindada/PICASO, Buenos Aires, 2003.. Para realizar esa reconstrucción nos valdremos del análisis de los diferentes pronunciamientos, propuestas económicas y definiciones políticas que se expresaron. Observaremos la posiciones asumidas por la UIA a lo largo de su gobierno y de los distintos planes económicos que se ensayaron aquí. Veremos, a su vez, las posiciones sostenidas frente a la crisis de la “Revolución Argentina”, acicateada por un ciclo insurreccional protagonizado por crecientes fracciones del proletariado y de la pequeño burguesía, y su derrotero ante el surgimiento de una alternativa revolucionaria que ponía en cuestión la continuidad de las relaciones sociales capitalistas. Veremos, a su vez, su postura frente al retorno al poder, luego de 20 años de proscripción, de la representación mayoritaria con la que se identificaba la clase obrera local, el peronismo. Repasaremos, por último, sus posiciones frente a la crisis del gobierno peronista y ante el surgimiento de una ofensiva golpista que finalizó en la instauración del régimen militar inaugurado el 24 de marzo de 1976. La UIA constituye una corporación empresarial, que como tal, se orienta a defender los intereses económicos inmediatos de las fracciones y capas de la burguesía que la integran frente al Estado, frente a otras corporaciones burguesas y frente a los sindicatos. En este sentido, no debería ser el lugar por el que se canalicen las demandas directamente políticas, ya que en ese sentido actúan los partidos políticos (incluido el “partido militar”), que los empresarios apoyan, sostienen o incluso participan de su vida interna. Sin embargo, las características de este tipo de corporaciones, que permiten presentar demandas comunes de una fracción de clase, hacen que en ciertos momentos particulares se canalicen a través de la corporación económica demandas y posiciones políticas. En primer lugar, porque una demanda económica sectorial siempre implica sentar posiciones políticas. En segundo lugar, porque el partido político, que debe aparecer como defensor de un interés general y por tanto, tiene un carácter policlasista, no siempre deja lugar para la expresión directa de las demandas de la clase dominante. A su vez, en tercer lugar, porque el período estudiado presenta una particularidad en la cual las expresiones corporativas de la clase dominante adquieren una centralidad que no tienen en momentos de reproducción normal del sistema. El capitalismo argentino se encontraba sumergido en una profunda crisis de acumulación, que ya para 1966 había derivado en una crisis de hegemonía, en la que la burguesía no podía estabilizar la dominación y se encontraban amenazadas las bases del conjunto social en tanto capitalista. La apertura de un proceso revolucionario, que se extendió entre 1969 y 1976 es el punto culminante de la crisis orgánica del capitalismo argentino, que explica la particularidad de la intervención directa de las corporaciones burguesas en la vida política argentina. Las demandas corporativas son, en esta coyuntura, intervenciones en las que aparece la disputa por la salida que tomará la crisis. El apoyo o la crítica a un gobierno no tienen por objetivo la consecución de las demandas económicas, sino más bien incidir en el curso político para apuntalar o derrocar gobiernos en función de la coincidencia programática. Veremos, a lo largo de nuestra tesis, cómo se da este proceso en el que, a través de la corporación económica, se expresa la construcción de un programa y una estrategia política para sacar al capitalismo nacional de su crisis. La hipótesis central de nuestra tesis sostiene que la UIA nuclea en su interior a un pequeño grupo de capitales industriales concentrados y un numeroso conjunto de capitales pequeños a escala nacional. Pero, por lo menos hacia 1976, ninguno representaba a las capas más altas en términos internacionales. Es decir, se trata de medianos y pequeños capitales. No obstante, el carácter heterogéneo de la entidad hace que en su interior aparezcan intereses contradictorios y luchas internas entre diferentes capas de la burguesía industrial. De esta manera, su dirigencia, alineada con los capitales más grandes, debió procesar y sintetizar demandas encontradas, y muchas veces salió en defensa de políticas que no redundaban en resultados positivos para todos. De la misma manera, debió enfrentar en algunos momentos el surgimiento de tendencias opositoras en su interior, viéndose obligada a ceder posiciones para evitar cismas. El punto de coincidencia, sin embargo, se asienta en que más allá del tamaño de cada capital asociado, se trata en su conjunto de pequeños capitales a escala internacional que requieren de protección del mercado interno. Su comportamiento no se encuentra determinado por la búsqueda de ganancias a corto plazo sino por una estrategia de acumulación guiada por la obtención de ganancias mediante la inversión industrial y la explotación de los trabajadores. En el marco de la crisis económica reinante en el período, la UIA delineó un programa signado por la eliminación del capital sobrante y la implementación de una serie de medidas tendientes a generar condiciones propicias para la acumulación de su capital real amenazado por la competencia inter-capitalista y por las disputas, económicas y políticas, con la clase obrera. Dichas medidas implicaban la represión de la clase obrera y el avance sobre ciertos sectores del capital, instrumentado mediante las dictaduras militares del período. El golpe militar de 1976 constituye el punto más alto de unificación burguesa y, en consecuencia, su triunfo sobre los sectores de la clase obrera y pequeña burguesía que pusieron en jaque su hegemonía. 2. Metodología La metodología utilizada en la investigación presente parte de la reconstrucción de los principales aspectos que determinaron la estrategia de la Unión Industrial Argentina durante el período abordado. La reconstrucción de las acciones de la entidad, las alianzas establecidas a cada paso, su intervención frente a los diferentes gobiernos, no deben ser despojados de su determinación estructural más general. De ahí la necesidad de presentar los presupuestos teóricos acerca de las peculiaridades del capitalismo argentino y de la sociología de la entidad. La tarea no ha sido realizada sin la dificultad que reviste el estudio de la burguesía nacional. La UIA no ha conservado un archivo documental, que de seguro hubiera resguardado información muy rica para la reconstrucción de los problemas planteados. Los estatutos, las Actas de reuniones, cartas internas, etc. tienen un valor inestimable, pero no se encuentran disponibles. Los dirigentes de la entidad y funcionarios públicos que podrían haber brindado un inestimable testimonio, o han fallecido, o no quieren dar entrevista sobre su intervención en la época. Es el caso de Martínez de Hoz, quien se negó a ser entrevistado para ahondar en la historia del Consejo Empresario Económico, CEA, entidad de la que varios dirigentes de la UIA eran miembros. Nos hemos servido entonces de cierta documentación de la entidad como las Memorias y Balances, Revista de la UIA, Guía de Socios y Estatuto 1974. En el CEDESA se conservan algunos de los pocos documentos de la UIA. Agradezco la posibilidad de consultar su biblioteca. Documentos de otras corporaciones de la burguesía (Memorias y Balance de la Confederación General Económica y Memoria y Balance de la Sociedad Rural Argentina) y asociaciones en las que participó la entidad (Memorias del Congreso de la Asociación de Industriales Latinoamericanos). Publicaciones especializadas en empresariado o que contienen información sobre éste (Quién es quién, Guía de la Industria y Guía del Accionista) y negocios (Mercado y Prensa Económica). Asimismo, hemos utilizado fuentes periódicas (Clarín, Cronista Comercial, La Nación, La Prensa, Primera Plana). Contamos con entrevistas a Martín Lagos, directivo del CEA y José María Dagnino Pastore, ministro de Economía durante el gobierno de Onganía. Ambas han contribuido a desentrañar puntos oscuros del problema. Finalmente, determinada bibliografía ha sido objeto de consulta permanente tanto para los procesos históricos, las intervenciones de la UIA y de otras corporaciones de la burguesía y el carácter más general de las mismas en función de las particularidades del capitalismo argentino. La lectura de las fuentes se ha hecho de manera crítica, diferenciando por tipo de fuente, contrastándolas con los procesos político-económicos más generales, e intentando distinguir las intenciones discursivas de quienes las enunciaron de los objetivos más profundos que expresaban. 3. Organización de la Tesis El problema general de la tesis requiere poner de manifiesto las condiciones del desarrollo del capitalismo en Argentina durante el período 1966-1976 dado que constituye unas de las determinaciones (la más profunda) de la acción político-corporativa de la UIA. Ante todo, en esta introducción realizaremos un balance historiográfico sobre el problema, recorriendo los principales autores y categorías utilizadas. Luego, el capítulo 1, atenderá a las dificultades de inserción internacional de la Argentina como rasgo esencial de las vinculaciones Estado-burguesía y de la formulación de estrategias. Seguido de esto, debe considerarse la composición social de la UIA. El capítulo 2 aborda dicha problemática reconstruyendo las principales variables necesarias para determinar las características de la entidad. Se contempla la estructura organizativa, las internas políticas, las cualidades de sus socios y las estrategias de acumulación de las empresas miembro. Partiendo de la base estructural de la entidad, desarrollamos en los capítulos 3, 4 y 5 los programas sostenidos en cada subperíodo histórico y las gestiones desarrolladas por sus miembros como funcionarios de los gobiernos. Se tratan las alianzas que teje la entidad en cada período particular. La división de las etapas obedece a los grandes cambios en la política nacional que determinaron la intervención de la UIA. La asunción de Onganía marca el inicio de una dictadura militar llamada a restablecer las condiciones de acumulación y mediar en la disputa inter-burguesa. El año 1969, con la explosión del Cordobazo, marca el fracaso de la experiencia y el viraje de la estrategia político-económica. Desde 1966 hasta 1969, entonces, es el recorrido del capítulo 3. El cuatro abarca desde la apertura del proceso revolucionario hasta la transición democrática pactada y la elección de Cámpora que delinea un instante de paz inter-burguesa (al menos en el aspecto formal), en 1973. El quinto, se dedica a analizar el derrotero de la breve experiencia reformista y la exacerbación de las disputas y la organización del “partido del orden” en pos de la salida dictatorial de 1976. El corte temporal en 1976 expresa la victoria de la burguesía más concentrada, que logra imponer su resolución de la crisis, luego de décadas de incapacidad política. Por último, la síntesis de las determinaciones estructurales de la UIA y su intervención específica en cada etapa político-económica son expuestas en las conclusiones, donde se explica la relación entre ambos niveles de análisis. 4. Un balance historiográfico El golpe militar de 1955 evidencia la apertura de una crisis política y económica del capitalismo argentino. Los altos niveles de renta diferencial que permitieron al gobierno peronista erigirse como árbitro entre las dos clases fundamentales, burguesía y proletariado, al conceder un marco propicio para mejorar sus condiciones de reproducción, quedaban en el pasado. Sumado al restablecimiento de la plena competencia en los mercados mundiales de posguerra, la debilidad del capitalismo argentino se ponía nuevamente sobre el tapete. Sobrevendría así la incapacidad de la burguesía de restablecer su pleno dominio social (hegemonía). Las sucesiones de distintos regímenes (militares y democráticos) y planes económicos, cruzados a cada momento por las persistentes luchas de la clase obrera, y una tendencia de ésta a salirse de los marcos institucionales que proponía la burguesía para su contención, son una muestra de ello. O´Donnell, G. (1982): El Estado burocrático-autoritario. Triunfos, derrotas y crisis, Editorial Belgrano, Buenos Aires; Basualdo, E.M: Estudios de Historia Económica Argentina. Desde mediados del Siglo XX a la actualidad, Siglo XIX. Buenos Aires, 2006; Peralta Ramos, M.: La economía y política argentina: poder y clases sociales (1930-2006), FCE, Buenos Aires, 2007; Sartelli, E.: La Plaza es nuestra, Ediciones ryr, 2007; Iñigo Carrera, J.: La formación económica de la sociedad argentina, Imago Mundi, Buenos Aires, 2007; Sartelli, E.: “Celeste, blanco y rojo. Democracia, nacionalismo y clase obrera en la crisis hegemónica (1912-1922)”, en Razón y Revolución, n° 2, Buenos Aires, primavera de 1996. Los problemas que plantea esta tesis han sido intensamente debatidos en la bibliografía, al menos desde dos aspectos. Por un lado el económico. Muchos estudios han analizado el comportamiento y las particularidades de la burguesía argentina para avanzar en la resolución de las causas de las recurrentes crisis. Por otro lado, se ha recabado en la dinámica de las representaciones corporativas de la burguesía. Dado que el período que nos proponemos analizar es 1966-1976, reconstruiremos las posiciones de los principales trabajos sobre la temática que abarcan este período, para así balancear los avances logrados y plantear la delimitación del objeto de análisis de la presente tesis. Las particularidades de la burguesía argentina Modelos de acumulación y burguesía nacional La obra de Eduardo Basualdo es representativa de un arco muy amplio de trabajos sobre empresariado argentino. Azpiazu, D. y Khavisse, M.: La concentración de la industria argentina en 1974, Centro de Economía Transnacional (CET), Buenos Aires, 1984; Azpiazu, D., Basualdo, E.M. y Khavise, M.: El nuevo poder económico en la Argentina de los ´80, Editorial Legasa, Buenos Aires, 1986; Azpiazu, D.: Concentración de la industria argentina a mediados de los ´90, EUDEBA/ FLACSO, Buenos Aires, 1986; Azpiazu, D. y Schorr, M.: Hecho en Argentina. Industria y Economía 1976-2007. Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires, 2010; Castellani, A: Estado, empresas y empresarios. La construcción de ámbitos privilegiados de acumulación entre 1966 y 1989, Buenos Aires, Prometeo libros, Buenos Aires, 2010. Partiendo de un presupuesto central (el desarrollo económico cambia su especificidad de acuerdo a la fracción que logra acumular poder político y dirigir el Estado), considera que las políticas estatales son la causa principal de las crisis y los períodos de crecimiento económico. A su juicio, la burguesía nacional nació durante el peronismo, gracias a una serie de medidas que privilegiaron la economía mercado internista, y dieron lugar al desarrollo de los pequeños y medianos capitales. La Confederación General Económica fue, según el autor, la institución que aglutinó los intereses de esta fracción de la burguesía y permitió su conformación como sujeto social. Sin embargo, el ascenso de la fracción más concentrada del capital, a través de la dictadura militar de 1976, habría asestado un golpe final a la burguesía nacional. Deudor del esquema tradicional que divide a la historia económica argentina en “modelos”, Basualdo estudia los modelos de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) y neoliberal. Nacida en los años ’30, la ISI habría profundizado la diferencia de productividad dentro de los capitales que la sostienen y, por lo tanto, la heterogeneidad de la industria, entre 1963 y 1973. Tanto en número de establecimientos, valores de producción, valor agregado y obreros ocupados, el autor observa una reversión de la anterior primacía de los pequeños capitales. Basualdo, E.: Estudios… op. cit., p. 62. Para Basualdo, este predominio de las grandes empresas no se explica por la productividad del trabajo que alcanzan los capitales más grandes, sino por la constitución de oligopolios. Las Empresas Transnacionales (ET) consolidaron un sistema oligopólico de fijación de precios, afirmación cuya única prueba es el nivel de centralización del capital industrial alcanzado. Es decir, a partir del dato de que las ET tienen un mayor peso en las ramas más concentradas, Basualdo afirma su carácter oligopólico. En toda su obra, la concentración del capital es sinónimo de oligopolio y de escasa competitividad en una rama. A pesar de que esta segunda etapa de la ISI está signada por la concentración de la producción en menos manos, Basualdo considera que todavía se mantiene el mismo patrón de acumulación mercado internista. El cambio se produce con la política económica de la dictadura militar de 1976. Sus elementos centrales fueron la liberalización generalizada de los mercados, especialmente del financiero, y la apertura económica al exterior. Sus consecuencias: la desindustrialización, la redistribución regresiva del ingreso y el creciente poder de los grupos económicos y de los capitales extranjeros. La fracción del capital beneficiada por la política militar fue la constituida por los Grupos Económicos y las Empresas Transnacionales, que se habían instalado previamente y lideraron el proceso desde 1976, gracias a una creciente transferencia de ingresos desde el Estado. Estas fracciones, según el autor, se opusieron a los intereses de la burguesía nacional, dedicada a la producción industrial para el mercado interno. Desde la última dictadura militar, habría accedido al poder otra capa de la burguesía, surgida con anterioridad al peronismo: la “oligarquía diversificada”. A partir de sus propiedades agrícolas, habría expandido sus bases de acumulación hacia otras ramas, fundando su desarrollo en la apropiación de excedentes, no en su generación. Este sector de clase habría acaudillado el proceso económico los últimos treinta años, a partir de la valorización financiera, la toma de deuda y la apropiación de transferencias estatales. Estos procesos, acompañados de la concentración y centralización de capitales, terminaron por liquidar a la burguesía nacional. Comportamiento empresarial y acción estatal Siguiendo, en parte, la explicación antes reseñada, otra línea de pensamiento muy difundida combina la acción empresarial y las políticas estatales como factores determinantes de la existencia o no de capitales exitosos. No obstante, estas decisiones, desde esta óptica, no pueden dejarse libradas a la subjetividad de los empresarios, sino que deben ser dirigidas por el Estado. En esta vertiente se engloban, con sus diferencias, aquellos intelectuales dedicados al estudio de empresas, así como quienes analizan los niveles macro de la economía, aunque haciendo especial hincapié en las cualidades de la burguesía que la motoriza. Asimismo, pueden diferenciarse aquellos autores con una visión positiva de la burguesía argentina y sus perspectivas (Kosacoff y López), de quienes resaltan sus características negativas. Ver Sábato, J: La clase dominante en la Argentina moderna. Formación y características, Buenos Aires, Imago Mundi, 1991; Rouquie, A.: Poder Militar y Sociedad Política en la Argentina, Tomo II, 1943-1973, Emecé, Buenos Aires, 1994. Uno de los autores enrolados en ésta última apreciación, Jorge Schvarzer, Schvarzer, Jorge: La industria que supimos conseguir, Ediciones Cooperativas, Buenos Aires, 2000. caracteriza el periodo correspondiente a los últimos treinta años con el concepto “desindustrialización”. El inicio de este proceso comenzó con la extranjerización de la economía en 1968, mediante la consolidación de la hegemonía de los capitales transnacionales. Éstos se instalaron aprovechando las políticas estatales de protección del mercado interno, que implicaban sólo la explotación del mercado local, sin una estrategia exportadora. La característica productiva de estas empresas sería la obsolescencia tecnológica, ya que Argentina representaba sólo el 1% de sus ganancias. Por lo tanto, no se justificaba una inversión al nivel de las casas matrices. Se instalaban con maquinaria vieja y aprovechaban la mano de obra calificada para adaptarlas a muy bajo costo. Estos capitales no se interesaron en el desarrollo industrial del país, sino sólo en beneficiarse de la protección interna. Su plan fue dividirse ciertos nichos protegidos por la política estatal. El ejemplo clave de este comportamiento es la industria automotriz. Ídem, p. 258 y 259. Ante el fracaso de un impulso a la economía argentina vía la instalación de empresas extranjeras, la élite (Schvarzer no identifica a qué fracción de la burguesía respondía) intentó revertir su falta de “vocación” exportadora mediante premios y castigos. Esta política fracasó y ninguna medida posterior pudo revertir la situación, según Schvarzer, “por la debilidad de esta idea fuerza”. Ídem, p. 270. Finalmente, entonces, la debilidad del capitalismo argentino se origina en el plano de lo político-ideológico. No obstante el avance del capital extranjero durante los ‘60, el gran viraje en la política económica ocurrió en 1976, en lo que el autor define como “El retorno de los brujos”. El nuevo modelo se fundó en la vuelta a una Argentina basada en la renta natural, liquidando una experiencia de desarrollo que no había llegado a madurar. La apertura económica generó la destrucción de gran parte de las empresas mercado-internistas y el impulso de las fábricas de bienes “más simples”. En la misma línea teórica y complementando el trabajo de Schvarzer, se posiciona Marcelo Rougier, Rougier, Marcelo: Industria, finanzas e instituciones en la Argentina. La experiencia del Banco Nacional de Desarrollo, Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires 2004. cuya obra analiza las políticas concretas que imposibilitaron el fortalecimiento de los sectores más débiles de la burguesía. A partir del estudio del Banco de Crédito Industrial (BI, 1944-1955) y su sucesor, el Banco de Desarrollo Industrial (BANADE, 1967-1976), busca comprender el rol de estas instituciones como instrumento de financiación de la industria. Su análisis demostraría que el BI y el BANADE tuvieron escaso impacto como instrumento de política industrial. Otorgaron pocos créditos destinados a la inversión a largo plazo, mientras que la mayor parte fue destinada a cubrir gastos corrientes de empresas ya instaladas, a financiar empresas de transporte y al IAPI. Además, los préstamos no estuvieron dirigidos primordialmente a pequeñas y medianas empresas, favoreciendo la concentración de capital. En la mencionada línea se inscriben también estudios de empresas, centrados en las dificultades del empresariado local, Pampin, G.: “La industria de bienes electrónicos y el desarrollo tecnológico en Argentina: expansión y crisis de Winco S.A., 1954-1980”, Revista de Historia Industrial, Nº 38, Buenos Aires, 2008; Rougier, M.: “Expansión y crisis de La Cantábrica (1940-1990)”. En Rougier, Marcelo (dir.): Políticas de promoción y estrategias empresariales en la industria argentina 1950-1980, Ediciones Cooperativas, Buenos Aires, 2007. o bien que resaltan las conductas positivas de casos excepcionales. Schvarzer, J. y Rougier, M.: Las grandes empresas no mueren de pie: el (o)caso de SIAM, Grupo Editorial Norma, Buenos Aires, 2006; Roman, V. y di Salvo, M. T.: “Los ‘hombres de farmacia’ como empresarios”, XXI Jornadas de Historia Económica, Caseros, 2008; Dethiou, C.: “"Macar S.R.L”: Trayectoria de una empresa textil (1956-1990)”, XXI Jornadas de Historia Económica, Caseros, 2008. Desde una perspectiva cercana al desarrollismo, Bernardo Kosacoff Kosacoff, Bernardo, et al.: El desafío de la competitividad: la industria argentina en transformación, Alianza, Buenos Aires, 1993. sostiene que existe una burguesía local potente, asentada en los sectores más concentrados y productivos, especialmente ligados al agro. En su trabajo El desafío de la competitividad analiza comparativamente las exportaciones de las denominadas MOA (manufactura de origen agropecuario) y MOI (manufactura de origen industrial). La primera conclusión a la que arriba, a partir de la medición de los coeficientes de exportación de los distintos grupos industriales, es que las dos terceras partes de la producción industrial argentina las generan un grupo de empresas que destina menos del 5% de su producción a las exportaciones. En contraposición, los que exportan más del 10% de la producción no alcanzan a representar el 20% de la oferta productiva local. Esto demuestra, a su juicio, la especialización exportadora de una minoría de grupos industriales y la orientación privilegiada de la mayoría de los capitales al mercado interno. Este proceso se habría profundizado entre los ‘70 y los ‘90. A su vez, los resultados muestran que fueron las MOA (especialmente alimentos, bebidas y tabaco) las de mayor vocación exportadora, gracias a mejores precios, nuevos cultivos y mejoras tecnológicas. Analiza comparativamente los diferentes sectores económicos y verifica una tendencia al crecimiento de la agroindustria, cuya superioridad proviene de sus ventajas a escala internacional. Desde este punto de vista, la acumulación en Argentina tiende a centrarse en los sectores más productivos, que constituyen una verdadera burguesía nacional productiva que invierte y tiene como estrategia la exportación. Kosacoff supone que la primacía de los sectores más competitivos es producto del triunfo de una política de desregulación de la economía, pero considera que esta inclinación del empresariado debería ser regulada por el Estado, incentivando el desarrollo de otras industrias con mayor valor agregado: “Es muy importante rescatar la ruptura de la abusiva orientación ‘mercado internista’ de la industria argentina y apuntalar este punto de partida hacia un desafío que signifique el incentivar la asignación de recursos hacia las actividades con mayor valor agregado y ser conscientes de la fragilidad de un modelo de especialización exportadora basado en la expansión de los recursos naturales y de las actividades manufactureras ubicadas en las primeras etapas de la cadena productiva.” Kosacoff et al., op. cit., p. 170. Andrés López López, A.: “Empresarios, instituciones y desarrollo económico: el caso argentino”, CEPAL, edición electrónica, 2006. puede identificarse con la línea desarrollada por Kosacoff. En discusión con Basualdo y Schvarzer, su hipótesis enuncia que la clase empresaria argentina no tiene genéticamente una racionalidad distinta a la del resto de los países. A su juicio, es de la combinación del contexto económico e institucional y la conducta del empresario, de donde pueden extraerse las conclusiones acerca de las cualidades del desarrollo industrial argentino. Asumiendo el rol empresario como el dinamizador del desarrollo económico, sostiene que la debilidad del empresariado argentino radica en su menor tamaño con respecto a sus competidores, así como a la ausencia de financiamiento. En el sentido planteado por Kosacoff, el marco institucional debe asumir, según López, la tarea de diseñar e implementar políticas que generen las condiciones para el buen desempeño empresario. Situación conseguida, en su opinión, en el período agroexportador, en forma parcial durante la ISI y que se abandonó con la apertura económica del ‘76. Desde un perfil similar se destacan los casos exitosos del empresariado que deben ser emulados para generalizar el crecimiento económico. Los grandes capitales son identificados como productivos y el motor del desarrollo. Barbero, M.I.: “La historia de empresas en la Argentina: trayectoria y temas en debate en las últimas diez décadas”, en La historia económica argentina en la encrucijada. Balances y perspectivas, Prometeo, Buenos Aires, 2006; Gilbert, J.: “El grupo Ernesto Tornquist y sus vínculos sociales”, Jornadas AAHE, Caseros, 2008. La posición de López, como la de Kosacoff, tiene la virtud de llevar el problema hacia el análisis de las condiciones concretas de la producción y de la competencia entre capitales. Sin embargo, tiene el defecto de considerar a la acción estatal como sujeto fundamental, capaz de revertir todas las acciones nocivas del mercado, sin medir los límites que el propio Estado tiene, límites que brotan de la economía que lo sostiene. La burguesía, desde la izquierda Dado que esta tesis se inscribe en la tradición de estudios deudores de los postulados teóricos elaborados por Karl Marx, creemos necesario dedicar un espacio sustancial a repasar los trabajos que han abordado el estudio de la burguesía argentina desde esta óptica. A su vez, muchas de las ideas elaboradas por el marxismo argentino han tenido una impronta decisiva en posteriores trabajos sobre la burguesía local, el desarrollo del capitalismo y las causas de su estancamiento y crisis. A continuación repasaremos críticamente las posiciones de sus principales teóricos y su influencia en la teoría social. La izquierda argentina ha sostenido, básicamente, dos posiciones distintas sobre el problema del comportamiento de la burguesía nativa, posiciones que se identifican casi linealmente con las dos grandes corrientes que se reparten influencias en su seno: el estalinismo y el trotskismo. Entre las tesis dominantes, observamos una tendencia que sostiene que la burguesía está atrofiada por causa de la opresión imperialista y los resabios feudales en el campo. La principal traba al desarrollo del capitalismo argentino sería su carácter dependiente del imperialismo. Se sigue de este razonamiento que la eliminación de la opresión imperialista debería dar paso a un desarrollo plenamente capitalista de la Argentina. Para conseguir tal objetivo, la clase obrera debería apoyar al sector oprimido del empresariado local, en una revolución democrático-burguesa que liberaría las trabas que impiden su crecimiento. Esta estrategia, de apoyo de los “sectores progresistas” del empresariado local por parte de las masas explotadas, es propia de la corriente estalinista, representada, entre otros, por el Partido Comunista (PC), el Partido Comunista Revolucionario (PCR) y los intelectuales nucleados en torno al Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales (CICSO). El trotskismo, por su parte, ha tenido dos representantes ampliamente reconocidos. Nos referimos a Silvio Frondizi y Milcíades Peña. Ambos suponen que el imperialismo es el causante del atraso en el desarrollo de las fuerzas productivas. El segundo hace especial énfasis en la ligazón de la oligarquía terrateniente con el imperialismo como causa del rentismo, la falta de inversión y el atraso económico. Para ambos, la burguesía nacional ha sido siempre cómplice de la opresión extranjera, por lo que no fue ni puede ser agente del desarrollo nacional. El desarrollo de las fuerzas productivas y la revolución deben ser dirigidas por el proletariado, pues no puede confiarse ninguna tarea a una burguesía inútil. Como analizaremos a continuación, estas afirmaciones se sostienen más en principios teóricos que en la investigación empírica. No estudian las características concretas de la burguesía nacional, de acuerdo a su desarrollo histórico, sino que le oponen un modelo de lo que la burguesía nacional debería ser, acordando en que las trabas al desenvolvimiento “normal” de las fuerzas productivas en Argentina tiene como principal responsable al capital extranjero. La hipótesis comunista En esta tradición situamos al autor Carlos Echagüe. Echagüe, Carlos: Argentina: declinación de la soberanía y disputa ínter imperialista, Editorial Ágora, Buenos Aires, 2004. En su opinión, lo distintivo de la burguesía nacional es su relación con el imperialismo: se trataría de una fuerza intermedia con contradicciones con el imperialismo, en cuyo seno hay un sector que lo enfrenta políticamente. Existe otra fracción, de origen nacional, cómplice de la opresión imperialista, que no puede ser considerada “nacional”. A esta fracción, compuesta por muchos de los capitales locales más grandes, la denomina burguesía intermediaria. De acuerdo con Echagüe, en la Argentina predominan las relaciones capitalistas, pero trabadas y deformadas por la dominación imperialista y el mantenimiento del latifundio en el campo. “Los imperialistas no sólo nos presionan o condicionan desde afuera. Sus monopolios, sus personeros –los públicos y los encubiertos- y sus socios locales están y predominan adentro del país. No debemos equivocarnos sobre esta cuestión esencial. Dicho de otro modo: las amenazas, los chantajes, los condicionamientos, la prepotencia de las grandes potencias se imponen principalmente a través del control que de una u otra manera ejercen sobre los resortes claves del poder político y económico dentro del país.” Idem, p. 161. Considera que desde 1976 se ha profundizado la dinámica de extranjerización de la economía, cuyos actores triunfantes fueron la burguesía imperialista e intermediaria. Ambas conspirarían contra la autonomía nacional, política y económica de Argentina, y llevarían a cabo un proceso de desindustrialización. Esta conceptualización del desarrollo económico es utilizada muy frecuentemente. Supone una dinámica de desplazamiento de las actividades económicas del ámbito productivo al improductivo. La demostración de este fenómeno suele presentarse a través del cierre masivo de empresas y el predominio de los grandes capitales. El problema de esta interpretación, extendida a autores como Eduardo Basualdo, es, en primer lugar, la inmediata asimilación de la disminución de empresas con la decadencia de la industria. Pero ello no implica necesariamente un proceso de “desindustrialización”. Los procesos de concentración y centralización del capital consisten exactamente en esta dinámica: acumulación de mayor cantidad de capital en menos manos, y aumento de la productividad del trabajo mediante la implementación de nueva tecnología o ampliación de la escala de producción. El efecto es la quiebra de pequeñas empresas y el despido de obreros. Es un mecanismo que se intensifica en momentos de crisis, cuando la ganancia capitalista está en baja. Entonces, cada empresa utiliza estos medios para poder apoderarse de mayores masas de ganancia. Se fusionan con empresas, compran otras, lo que pone a disposición una masa de capital suficiente como para bajar sus costos de producción y desplazar a los competidores más pequeños. Esto es lo que expresan, parcialmente, los censos: la profundización de la industria en pos de aumentar su productividad. El tema de la disminución de la industria en el PBI, que utilizan como argumento estos autores, merece ser tratado con más cuidado. Por empezar, es un fenómeno mundial la expansión de lo que la economía burguesa llama “servicios”. Por otro lado, se subestima la importancia del agro y las agroindustrias. En general éstas son dejadas de lado por los investigadores aduciendo que no son industrias “reales”. El problema es la falta de claridad acerca de qué considera Echagüe industria. Es cierto que la industria “de transformación”, como suele llamarla la economía burguesa, perdió importancia. Pero eso no implica la desindustrialización del país, sino la supervivencia de la producción en las industrias más competitivas. Esa es la razón por la cual existe un predominio de las agroindustrias desde la década de 1970, que se asientan en la competitividad del agro argentino. Para Echagüe, la hegemonía imperialista no es permanente, ya que la Argentina es un país “intensamente disputado” por diferentes imperialismos. Entre ellos, los principales son el ruso y el yanqui, que tejen alianzas con una fracción de la burguesía nativa. En consecuencia, las diferentes fracciones intervinientes serían la burguesía imperialista rusa, la burguesía imperialista yanqui y sus agentes de la burguesía local, burguesía intermediaria. En forma relegada se encontraría la burguesía nacional. La forma de identificar a cada una de las mencionadas fracciones de la burguesía argentina es según su actitud ante el imperialismo. Idem., pp. 261-274. Por un lado, los agentes del imperialismo son aquellas empresas que parecen nacionales, pero que son en realidad testaferros de capitales extranjeros. Sin embargo, a la hora de identificarlo no ofrece ninguna prueba empírica sólida ni deducción válida, y sólo se recurre a los indicios y la sospecha. Por otra parte, capitales como Arcor, Pescarmona, Macri y Roggio, pertenecerían a la burguesía intermediaria, dado que serían socios menores del imperialismo. La fuga de recursos al exterior, las inversiones en otros países, el beneficio con subsidios estatales y la posterior participación en las privatizaciones, son pruebas suficientes para expulsarlos de la burguesía nacional. Por último, la burguesía nacional, que representaría la posibilidad de desarrollar las fuerzas productivas. Bajo el título-pregunta, “¿Existe la burguesía nacional?”, Echagüe distingue su principal cualidad: la contradicción con el imperialismo. Señala que nació castrada y evidenció por un largo período ser incapaz de liderar un proceso liberador. Sin embargo, la experiencia peronista muestra sus potencialidades, que de todos modos deben ser apuntaladas por políticas mercado-internistas y un gran apoyo estatal. Estas declaraciones no son acompañadas por ejemplos de qué capitales concretos conforman esta fracción. No obstante, en otra sección del libro, al mencionar a Sancor, Agricultores Federados y la Asociación de Cooperativas Argentinas, nos da una idea de a quiénes se refiere. La defensa de las PYME como capitales con un comportamiento diferente a los monopolios, a su entender más progresivo, es otra pista para terminar la definición: por burguesía nacional Echagüe entiende a los pequeños y medianos capitales locales. En otra vertiente del mismo planteo, el de CICSO, Martín Asborno Asborno, Martín: La moderna aristocracia financiera. Argentina 1930-1992, El bloque, Buenos Aires, 1993. diferencia entre las fracciones financiera y productiva de la burguesía, ésta última identificada con la burguesía nacional. Por oposición, aunque no se dice explícitamente, el sector que expresaría los intereses nacionales sería el de los industriales, en general, pequeños y medianos empresarios. Según Asborno, la burguesía nacional vivió dos momentos de auge: durante el primer y segundo gobierno peronista, y en 1973, con el proyecto del FREJULI. El comienzo del fin del liderazgo de la burguesía nacional se produjo con la caída de Perón, cuando la correlación de fuerzas entre las clases viró, desde un proyecto industrialista basado en una alianza entre la burguesía nacional y la clase obrera, hacia un modelo liberal-desarrollista, liderado por el capital financiero. El avance de la extranjerización de la economía y de los grandes grupos económicos se mantuvo estable durante las décadas de 1960 hasta 1973 cuando sufrió un revés temporal a favor de la industria y la independencia nacional. A partir de 1974, el capital financiero local, que tenía un proyecto de articulación internacional, y el capital financiero internacional se lanzaron a la lucha por el control del aparato estatal, en un esfuerzo por conducir el proceso social y político de acuerdo a sus intereses. Para poder dirigir el proceso, el capital financiero debió desarticular la alianza existente entre el capital industrial y la clase obrera. Las contradicciones entre ambas fracciones de la burguesía estaban asentadas en las dificultades que el modelo industrialista-populista había puesto al modelo de tipo financiero. El golpe de Estado de 1976 representó la acción directa de los sectores financieros por el control político para la realización de sus objetivos. Una condición de los mismos era forzar a los capitales ineficientes a desaparecer del mercado. Según el autor, los “criterios de selección” no estaban dados por las ventajas comparativas de las ramas, sino por la capacidad diferenciada de los capitales para soportar los nuevos marcos políticos e institucionales. Dichos criterios significaron un acelerado y masivo pasaje de los capitales de la esfera productiva a la financiera. La debilidad central de este trabajo es la falta absoluta de fundamentación empírica. La separación entre las fracciones de la burguesía no tiene sustento empírico y se asienta en confusiones teóricas. Cuando Asborno intenta definir al sector financiero, aunque se distingue por su actividad o forma de acumulación, lo hace en base al tamaño de los capitales. Para el autor, los grandes capitales, o los monopolios, no basan su poder en la producción, sino que su gran escala de acumulación los determina a obtener sus ganancias en forma improductiva. Una constante en estas posiciones es la indefinición sobre este punto. Declaman la característica financiera de los grandes capitales, pero su demostración se basa en el control de empresas subsidiarias, el liderazgo en ciertas industrias, etc. Entonces, la capacidad competitiva de un capital, en particular, el tamaño que le permite mayores economías de escala, se transformaría en una cualidad negativa que lo convertiría en improductivo. Productivos serían, según esta visión, sólo los pequeños capitales nacionales, cuya escala determina una productividad del trabajo menor que les impide competir de igual a igual con los grandes capitales. Dicho de otra manera: nacional es el capital inútil. El trotskismo Milcíades Peña y Silvio Frondizi consideran que el comportamiento de la burguesía argentina está determinado por ser aliada del capital extranjero debido a que éste garantiza su reproducción. Por este motivo, la misma no puede acaudillar el desarrollo de las fuerzas productivas en Argentina. Silvio Frondizi afirma que la burguesía nacional se encuentra imposibilitada para cumplir un rol progresivo, dado su estado de descomposición económica. Su impotencia para desarrollar un capitalismo “industrial” al estilo de los países desarrollados deviene del acoso de imperialismo, tanto británico como estadounidense, que a principios de siglo XX delinearon su orientación como proveedora de materias primas agrarias. La inversión extranjera fue orientada a las ramas extractivas, servicios públicos, operaciones crediticias y, desde 1930, a la industria (frigoríficos, ferrocarriles, teléfono, usinas eléctricas, etc.) Este tipo de inversiones generó una estructura semi-colonial que debilitó la capacidad de desarrollo autónomo por dos razones: la repatriación de las ganancias del capital extranjero (y por lo tanto la ausencia de reinversión en el país) y el predominio de una burguesía agropecuaria parasitaria, que dilapidaba sus ganancias en gasto improductivo. La industria nacional fue desarrollada a partir de 1930 pero con varias dificultades: escasez de capital disponible (por repatriación de riquezas), destino parasitario de la plusvalía de la burguesía agropecuaria y falta de obreros especializados. No obstante estas limitaciones, la industria argentina se desarrolló, pero ligada a capitales extranjeros aportados por los inmigrantes. La fracción de la burguesía que domina la economía tendría una estructura latifundista que, a juicio de Frondizi, impediría el desarrollo de una economía agraria pujante. Sin embargo, no propone una reforma agraria, ya que considera la concentración de la propiedad como progresiva frente a la fragmentación. Esta fracción del capital estaría estrechamente vinculada al capital extranjero, del que necesita para sostener su dominación. Frondizi, Silvio: La realidad argentina, Praxis, Buenos Aires, 1955, p. 92. El único elemento que podría impulsar el desarrollo del capitalismo en este país sería el Estado. Éste debería asumir la defensa exterior y sostener los intereses del capitalismo nacional. El peronismo constituyó el único régimen que intentó cumplir ese rol. Frondizi supone, entonces, el carácter semi-colonial como la determinación principal de la economía argentina. El imperialismo la confinó a ser proveedora de materias primas, aparentemente por un acto de voluntad, dando a entender que la historia podría haber sido otra. En vez de reconocer como punto de partida el carácter agrario del capitalismo argentino, dado que esa es la mercancía más competitiva con la cual puede integrarse al mercado mundial, antepone la fuerza del imperialismo como factor decisivo. Invierte así, causa y consecuencia. Como sucede en general con otros textos de este tipo, la voluntad de explorar empíricamente cede paso a las afirmaciones sin fundamento. Supone, por ejemplo, un perfil parasitario de la burguesía argentina, que no reinvierte las ganancias en proyectos productivos. No atiende, por ejemplo, a la mecanización del agro argentino, que para las décadas de 1920 y 1930, según los cultivos, había desplazado y descalificado gran parte de la mano de obra por medio de la introducción de cosechadoras y elevadores de granos. Sartelli, Eduardo: “Ríos de oro y gigantes de acero.Tecnología y clases sociales en la región pampeana (1870-1940)”, en Razón y Revolución nº 3, Buenos Aires, invierno de 1997. Milcíades Peña, Peña, M.: Masas caudillos y elites. La dependencia argentina de Yrigoyen a Perón, Editorial El Lorraine, Buenos Aires, 1986. por su parte, caracteriza a la Argentina como un país “seudo industrial”, dependiente y atrasado. La burguesía industrial argentina nació concentrada, dado que es un desprendimiento de la burguesía agraria. Es decir, su acumulación no fue producto de la competencia entre capitales, sino que sería subsidiaria de la oligarquía latifundista, cuyas ganancias se asentarían en el poder político y no en su alta competitividad. Es así que, en primera instancia, ve una burguesía homogénea de terratenientes e industriales, entre los cuales no existirían fricciones. A su vez, esta burguesía no tendría contradicciones con el capital imperial dado que se beneficiaría con el atraso en que tendría subsumida a la Argentina. Propone una lógica en la que tanto la burguesía nacional como la imperialista se benefician con la baja composición orgánica del capital, que permite obtener sobre-ganancias basadas en rentas monopólicas ligadas al mundo de las finanzas. Los países atrasados obtienen mayores ganancias por el alto porcentaje de trabajo vivo incorporado a la mercancía a diferencia de la situación de los países desarrollados. Como válvula de ajuste, el capital imperialista presuntamente invierte capital financiero en países como Argentina y compensa sus menores ganancias. Entonces, la industria argentina es, para Peña, parasitaria y especulativa. Sólo realiza inversiones a corto plazo en ramas monopólicas ligadas a la industria de bienes de consumo, con poca inversión y ganancias rápidas. La protección aduanera y cambiaria les permitió a estos capitales ganar sin necesidad de competir. Peña, en particular, no demuestra lo que sostiene, en especial la piedra angular de su teoría: el fin de la libre competencia y el predominio de los monopolios. Tal como describimos, Peña presupone una economía donde los grandes capitales monopólicos dominan los mercados. Esto implica la existencia de mercados cautivos, por lo cual no hay disputas entre distintos capitales, tanto de la misma rama como de otra. Presupone el fin de la libre competencia, a su entender uno de los factores que genera el atraso del capitalismo argentino. Lógicamente, la contraparte de esta proposición es que la libre competencia permitiría el desarrollo a escala ampliada del país. A su vez, el fin de la competencia lo lleva a elaborar un esquema libre de contradicciones, en el cual cada capital se asienta en un mercado y no disputa con nadie la apropiación de plusvalía. Esta concepción trae aparejada la caracterización de Argentina como seudo-industrial. Esto implica la existencia de una industria trunca, atrasada. No obstante la realidad parece ser otra. Estudios sobre los procesos de trabajo demuestran que alrededor de 1920, industrias como calzado, cerveza, carruaje y molinos ya habían alcanzado un alto nivel en cuanto al desarrollo del proceso productivo. Ya eran “gran industria”, tipo de organización de la producción que aumenta en términos muy significativos la productividad del trabajo, llegando en algunas ramas al nivel de las de Estados Unidos. Kabat, M.: Del taller a la fábrica. Procesos de trabajo, industria y clase obrera en la rama del calzado (Buenos Aires 1870-1940), Ediciones ryr, Buenos Aires, 2005. Por último, esta seudo-industrialización sería la portadora de los beneficios percibidos por la burguesía imperialista. Dada la diferencia en la composición orgánica del capital, se amputarían las diferencias de plusvalía por medio de otros métodos extraeconómicos. En su concepción no existe la igualación de la tasa de ganancia que implica la circulación de plusvalía de los capitales menos productivos hacia los más productivos, mediante la imposición de sus precios menores gracias a su mayor productividad del trabajo. Los grandes capitales no precisan controlar políticamente ni instalar sus plantas en una determinada zona geográfica, ya que la misma dinámica de acumulación le permite apropiar plusvalía generada por capitales más chicos en el mercado. En discusión con varias de las posiciones desarrolladas, hemos avanzado en estudios de caso de empresas y/o ramas de la industria en los que se concluye que las causas de la crisis económica y política no se corresponden con un comportamiento especulativo de la burguesía nacional ni que es cuestión de replicar la experiencia de los “ganadores”. Se trata, a nuestro juicio, de las limitaciones estructurales propias de los capitales nacionales, que, en su mayoría, no cuentan con ventajas de costos para competir en el mercado mundial. Baudino, V.: El ingrediente secreto, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2008; Kornblihtt, J.: Crítica del marxismo liberal, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2008. 4.2. Representaciones corporativas de la burguesía nacional Las particularidades de la burguesía nacional han delineado las posiciones que sus diferentes fracciones adoptaron a la hora de resolver la crisis en términos políticos y corporativos. Para el período que se inicia con la dictadura de 1976, que escapa al alcance de nuestro trabajo, se han desarrollado los trabajos: Pucciarelli, A. (coord.): Empresarios, tecnócratas y militares: la trama corporativa de la última dictadura, Siglo XXI, Buenos Aires, 2004; Pucciarelli, A. (coord.): Los años de Alfonsín: ¿el poder de la democracia o la democracia del poder?, Siglo XXI, Buenos Aires, 2006. A continuación expondremos los estudios acerca de las dos principales representaciones corporativas de la burguesía industrial: Confederación General Económica y Unión Industrial Argentina. También se han desarrollado últimamente estudios sobre Think Tanks, como la Fundación Mediterránea, CEMA y FIEL. Ver Heredia, M. (2003): “El proceso como bisagra. Emergencia y consolidación del liberalismo tecnocrático: FIEL, FM y CEMA”, Pucciarelli (coord), Empresarios, tecnócratas y militares.., op. cit.; Ramírez, H.: Corporaciones en el poder. Institutos y acción política en Brasil y Argentina. IPÊS, FIEL y Fundación Mediterránea, Lenguaje Claro Editora, Buenos Aires, 2007. Confederación General Económica La Confederación General Económica fue creada en 1952 a partir de la unificación de un número importante de federaciones del interior de país ya existentes. La contemporaneidad con el gobierno peronista extendió la interpretación de que la institución es producto del régimen, que la impulsó como forma de asegurarse una base social dentro del empresariado. La intervención oficial de la UIA y las relaciones entabladas por empresarios pertenecientes a la CGE con Perón y su gabinete, respaldan dicha tesis. A su vez, las coincidencias de la entidad con el programa peronista refuerzan la línea. La relación de la CGE con el peronismo ha sido objeto de estudios que profundizaron principalmente en las coincidencias programáticas, así como en el mutuo apoyo en el segundo y tercer gobierno peronista. En la década de 1950 la CGE adhirió a la mayoría de las medidas impulsadas por el gobierno y participó activamente del mismo. Esta “invasión” promulgada por Perón de las corporaciones al aparato estatal es señalada como uno de los acicates de la crisis política desatada tiempo después y que tiñó el regreso del líder del Partido Justicialista. Sidicaro, R.: Los tres peronismos: Estado y poder económico 1946-1955, 1973-1976, 1989-1999, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2003. En efecto, el Pacto Social impulsado en 1973 tenía como vértebra principal a la CGE, y el programa económico reformista puesto en marcha era identificado con el de la CGE. Su frustración se correspondería con el principio del fin de un modelo asentado en una fracción de la burguesía contraria a la que ascendería en 1976. Rougier, M. Fiszbein, M. (2006): La frustración de un proyecto económico: el gobierno peronista de 1973-1976. Manantial, Buenos Aires. Por otra parte, el análisis de la entidad ha dado cuenta del enfrentamiento programático, especialmente con la UIA. Se enfatiza la contradicción “nacional y popular” con el dependentismo de la dirigencia tradicional que, a pesar de ocupar los resortes del poder, no se habría erigido en una clase dominante con intereses en el “engrandecimiento del conjunto nacional”. Cúneo, D.: Comportamiento y crisis de la clase empresaria. Pleamar, Buenos Aires, 1967; Niosi, J.: Los empresarios y el Estado Argentino (1955-1969), Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 1974. El eje que articula el análisis de las posiciones de la entidad es la supuesta diferenciación entre una “burguesía nacional” aliada histórica del movimiento obrero, expresada por la CGE y la “dependiente”, encarnada en los empresarios de la UIA. Galetti, P.: “Líneas contrapuestas en la evolución de las entidades empresarias.” Realidad Económica, 16 ago.-30 sep. 2000. n. 174, Buenos Aires, 2000. Una línea interpretativa diferente busca resaltar no sólo diferencias programáticas sino las alianzas tácticas de la CGE con las diferentes entidades empresariales existentes y el movimiento obrero de acuerdo con las fluctuaciones de los ciclos económicos. De esta forma, la CGE se unifica con la UIA en una alianza “defensiva” propia de los momentos descendentes del ciclo económico, mientras queda “sola” en los ascendentes. O´Donnell, G.: Catacumbas, Prometeo, Buenos Aires, 2008; Acuña, C.: “Las contradicciones de la burguesía en el centro de la lucha entre el autoritarismo y la democracia (1955-1983)”, Realidad Económica, Nº 138, Buenos Aires, 1966. Asimismo son analizadas por esta corriente las posiciones adoptadas por la CGE durante Revolución Argentina, en su intento por construir un Estado Burocrático-Autoritario, capaz de disciplinar las tendencias que retroalimentaban las crisis económicas y políticas. O´Donnell, G.: El Estado burocrático-autoritario. Triunfos, derrotas y crisis, Editorial Belgrano, Buenos Aires, 1982. La principal coincidencia entre los distintos estudios es que la CGE representa los intereses de los pequeños y medianos empresarios argentinos. La hipótesis pretende ser demostrada a partir del contenido de las políticas económicas defendidas por la entidad. La protección arancelaria, el fomento del crédito, el cuestionamiento hacia las inversiones extranjeras, los subsidios estatales, darían cuenta así de la cualidad de los capitales a los que estaban destinadas. De Ímaz, J. L.: Los que mandan, Eudeba, Buenos Aires, 1965; Lindenboim, J.: “El empresariado industrial argentino y sus organizaciones gremiales entre 1930 y 1946” – IDES – Instituto de Desarrollo Económico y Social, Desarrollo Económico, Vol. 16, No. 62 (Jul – Sept., 1976), Buenos Aires, 1976; Freels, J.: El sector industrial en la política nacional, Eudeba, Buenos Aires, 1970. No obstante, sólo un trabajo, que analizaremos más adelante, ha iniciado el ejercicio de ponderar el peso económico de los integrantes de la entidad. Caggiano, R.: Notas sobre el desarrollo de la burguesía nacional. La Confederación de la Industria y La UIA en el período 1957-1973, Centro de Estudios Urbanos y Regionales, Instituto Torcuato Di Tella, Buenos Aires, 1975. La Unión Industrial Argentina La Unión Industrial Argentina (UIA) ha sido analizada en varios estudios que intentan dar cuenta del comportamiento de la burguesía en Argentina durante el período que nos compete. La entidad ha sido analizada para otros períodos históricos. El proceso de conformación de la misma se estudia en Shakley, E.: “Unión Industrial Argentina, 1887-1920. Problems of industrial Development”, Ph.D dissertation, Rutgers University, 1977; Lindemboin, J.: “El empresariado industrial argentino y sus organizaciones gremiales entre 1930 y 1946”, en Desarrollo Económico nº 62, julio-septiembre 1976, Buenos Aires; Barbero, M. y Felder, S.: “Industriales italianos y asociaciones empresariales en la Argentina. El caso de la Unión Industrial Argentina (1887-1930)”, Estudios Migratorios Latinoamericanos, nº 6/7, Buenos Aires, CEMLA, 1987. El período post dictadura de la entidad es analizado en Ostiguy, P.: Los capitanes de la industria: grandes empresarios, política y economía en la Argentina de los años 80, Legasa, Buenos Aires, 1990. Un análisis de la intervención de la corporación durante el menemismo: Bonnet, A.: La hegemonía menemista: el neoconservadurismo en la Argentina, 1989-2001, Prometeo, Buenos Aires, 2007. Para una reconstrucción de la intervención de la UIA durante la crisis de 2001 ver: Gaggero, A. y Wainer, A.: “Crisis de convertibilidad: el rol de la UIA y su estrategia para el (tipo) de cambio”, Realidad Económica Nº 204, 16 de mayo al 30 de junio de 2004, Buenos Aires; Mancebo, P.: “En busca de una nueva universalidad hegemónica: la Unión Industrial Argentina ante la crisis de 2001”, 5º Jornadas de Investigadores del IIGG, Buenos Aires, 2009; Castellani, A. y Schorr, M.: “Argentina: convertibilidad, crisis de acumulación y disputas en el interior del bloque hegemónico”, Cuadernos del Cendes, vol. 21 Nº 57, Caracas, 2004. La mayoría de los trabajos analizan las posiciones de la entidad ante los diferentes gobiernos. En función de las políticas apoyadas y/o propuestas, caracterizan las cualidades de la organización. Dado que los trabajos suelen atender a las relaciones y disputas entre las entidad industriales, los autores que estudian la UIA suelen coincidir con los analizados en el apartado dedicado a la CGE. Guillermo O´Donnell, en su trabajo El Estado burocrático-autoritario. Triunfos, derrotas y crisis O´Donnell, G.: El Estado…, op.cit. postula que la UIA, durante la denominada Revolución Argentina, representaba a las franjas mono u oligopólicas y transnacionalizadas del capital tendientes a “acomodarse” en cada ciclo económico persiguiendo sus intereses de corto plazo. A juicio del autor, la dinámica de la gran burguesía (representada por la UIA) se regía por una lógica cortoplacista y de saqueo, propia de economías dependientes en las que no se instituyeron Estados Burocrático-Autoritarios. Éste tipo de regímenes transformarían la forma de acumulación del capital de las fracciones que representa la UIA (y del resto de las empresas) gracias a la estabilidad política y macro-económica. En una línea que se propone continuar con los postulados de O´Donnell, Carlos Acuña Acuña, C.: op.cit. analiza los alineamientos de entidades empresariales en Argentina entre 1955-1983 sosteniendo que la UIA formó parte de la alianza “liberal”, núcleo de los grandes capitales industriales y agrarios. Los principales aspectos del programa de la misma habrían sido la retracción del Estado de las esferas económica y social, la libre asignación de recursos a través del mercado y el otorgamiento de un papel relevante al capital multinacional, en clara oposición a la alianza encabezada por la Confederación General Económica (CGE). En 1973, la incorporación de la CGE al gobierno peronista, sumado a la ausencia de canales de comunicación con las nuevas autoridades así como las tensiones internas no resueltas, forzó la integración de la UIA a la CGE, vía fusión con la CGI. La CGI (Confederación General Industrial) era la entidad de tercer grado que nucleaba a los empresarios industriales integrados a la CGE. De esta fusión nació CINA, que apoyó el Pacto Social de Gelbard. La crisis política y económica que se desenvolvió desde 1974, impulsó la conformación de APEGE Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias, formada a fines de 1975 y que reunía a las fracciones empresarias que impulsaron el golpe de estado. Estaba compuesta, entre otras corporaciones por los ruralistas de CRA y SRA. que minó las bases de la CGE y CINA. Jorge Niosi, Niosi, J.: op.cit. por su parte, caracteriza que la UIA expresa los intereses de los grandes capitales industriales que requieren del mantenimiento de las condiciones de dependencia económica argentina de los países imperialistas para su reproducción. A su juicio, dicha fracción del capital apoyó la dictadura iniciada en 1966 con el objeto de delinear una política afín a sus necesidades al intentar desarrollar un programa asentado en la dependencia económica de los países imperialistas bajo la dirección de esta fracción del capital. El programa de la UIA se distinguiría del la CGE, verdadera expresión de la burguesía nacional y el desarrollo industrial. La supuesta contradicción nacional-dependiente encarnada en los programas de las alianzas en pugna también es señalada por Dardo Cúneo, ligado a la CGE. Cúneo, D.: op.cit. El autor caracteriza que ACIEL, Acción Coordinada de las Instituciones Empresarias Libres, que reunía a la Sociedad Rural Argentina, la Corporación Argentina de Comercio, La Bolsa de Comercio y a la UIA. y en consecuencia las entidades que la conformaron, entre ellas la UIA, se guiaban por criterios tradicionalistas, entre los cuales el libre comercio y el rechazo a la ingerencia del Estado serían sus pilares. El trabajo de Sidicaro Sidicaro, R.: op.cit. toma como período político para el estudio de la UIA el tercer peronismo. Argumenta que la UIA estaba compuesta por grandes empresas nacionales y transnacionales amenazadas por las políticas implementadas desde 1973. En dicho contexto, la UIA se incorporó a la CGE (formando la CINA), aunque la fusión resultó precaria por las marcadas diferencias entre ambos componentes. En 1975 la UIA se pliega al golpismo: de esta manera explica la descomposición de la CGE. Jorge Schvarzer, Schvarzer, J.: Empresarios del pasado. La Unión Industrial Argentina, Imago Mundi, Buenos Aires, 1991. Cabe señalar la existencia de una “historia oficial” de la UIA que, en una forma muy superficial, se sirve de los trabajos citados para una reconstrucción fáctica de la entidad: Luna, F.: 1887-2007. La Unión Industrial Argentina, 120 años defendiendo la producción nacional, UIA, Buenos Aires, 2007 en el trabajo más extenso sobre la UIA que se haya realizado, no pone el énfasis en la dicotomía dependiente-nacional, sino en la inclinación industrialista o no de la corporación. Sostiene que la entidad hizo poco hincapié en defender políticas pro-industriales. La razón, a su criterio, es que la UIA estuvo dirigida por exponentes de la burguesía diversificada, asentada en varias ramas y con una fuerte impronta financiera. Esto habría determinado que la UIA no haya defendido ni los intereses de la industria en su totalidad, ni siquiera los de algunas empresas en particular. Como evidencia plantea que muchas de las empresas de sus dirigentes se fundieron, como Tamet, Campomar o Selsa. La razón que esgrime es que buscaban rentabilidad rápida mediante el control del mercado con grandes empresas que al poco tiempo resultaban obsoletas. Los empresarios que seguían esta lógica, sólo esperaban exprimir la planta instalada sin reinvertir en nueva tecnología y luego cerrar la fábrica sin más para girar su capital hacia otra rama de la producción. No obstante, señala que esta línea general fue interrumpida durante la gestión de Elbio Coelho desde 1967, cuando la preeminencia de la CGE obligó a la UIA a inclinarse por políticas pro-pymes. Sin embargo, esas consideraciones no están basadas en un seguimiento sistemático de la política de la UIA. Debería preguntarse por qué, si la UIA no defendía los intereses industriales, los empresarios mantuvieron en pie a la organización. La principal dificultad del análisis de Schvarzer es que considera la dinámica de concentración y centralización como una cuestión que se resuelve de manera política y no económica y que hay un interés industrial trascendente, que pugnaría por la supervivencia y rentabilidad de todas las empresas. Es decir, un programa “industrial” que primaría por encima de la competencia y por encima de los intereses particulares (de cada rama y de grandes, medianos y chicos) y de la propia tendencia a la eliminación de competidores menos eficientes. A diferencia de las posiciones antes mencionadas, John William Freels Freels, W.: op.cit. postula que el programa de la UIA es muy similar al de la CGE, soslayando la reiterada insistencia en las diferencias entre una fracción dependiente-especuladora y otra industrialista. El trabajo busca, a través de los enfoques de las entidades sobre determinadas problemáticas (inversiones extranjeras, intervención del Estado en la economía, etc.) y una serie de encuestas a empresarios, demostrar que no hay motivos para sostener la rivalidad entre las corporaciones. Su intención manifiesta es aportar mediante el trabajo elementos que permitan a ambas entidades arribar a una mayor comprensión dejando de lado “presunciones erróneas y profundos prejuicios”. Freels, W.: op.cit., p.161. Una excepción a la falta de una caracterización de las empresas socias la constituye el trabajo “Notas sobre el desarrollo de la burguesía nacional. La Confederación General de la Industria y La Unión Industrial en el período 1957-1973”. Caggiano, R.: op.cit. Mediante un análisis político y de composición social comparativo entre las corporaciones industriales más representativas, sostiene que no puede diferenciarse a la burguesía nacional de aquella que supuestamente no lo es por el tamaño del capital (asimilando pequeño con programa industrial nacional). Por el contrario, considera a la UIA como parte de la burguesía nacional, diferenciada de la CGE no tanto por su programa político sino debido al tamaño de sus capitales. No obstante la claridad conceptual, la principal debilidad de este intento se encuentra en que las clasificaciones según tamaño, centrales según el autor en la caracterización de la entidad, no cuentan con suficiente desarrollo y fundamentación empírica. Por otra parte, no estudia las disputas internas de la entidad, que permiten observar diferenciaciones que derivan en líneas de intervención y políticas divergentes. 4.3. Los conflictos interburgueses Como hemos visto, el análisis de la CGE y la UIA en la mayoría de los casos se ha realizado en el marco del estudio de las pujas inter-burguesas. El escrito de Guillermo O´Donnell titulado “Estado y alianzas en la Argentina, 1956-1976” ha ejercido una gran influencia entre aquellos trabajos preocupados por el conflicto inter-burgués. El trabajo citado de O’Donnell ha sido reeditado recientemente en: O’Donnell, G.: Catacumbas, Prometeo, Buenos Aires, 2008. No podemos dejar de señalar, a su vez, la influencia que ha tenido el trabajo de Juan Carlos Portantiero citado a continuación, con importantes puntos en común con lo postulado por O’Donnell. Portantiero, Juan Carlos: “Clases dominantes y crisis política en la Argentina”, en Braun, O.: El capitalismo argentino en crisis, Siglo XXI, Buenos Aires, 1973. El autor señala la constitución de dos alianzas de clase durante el período 1955-1976, cuyos enfrentamientos van a explicar la recurrente crisis política y económica. La primera de las alianzas (ofensiva) incluye a las fracciones más concentradas de la burguesía urbana y rural, que a nivel corporativo se expresarían en la SRA y en la UIA. Su programa consistía en recuperar rentabilidad y relanzar la acumulación por la vía de: a) mejora en los precios relativos de la producción agraria, b) caída de los salarios reales, c) aumento de la productividad, d) abrir un proceso de concentración y centralización del capital que permita la liquidación de capital sobrante, eliminando las transferencias a la burguesía mercado internista que no puede competir sin ellas, y ampliando el ejército industrial de reserva para conseguir de esta manera una caída salarial. La realización de este programa, que podríamos llamar “liberal”, implicaba un ataque directo a las condiciones de existencia de la clase obrera, de la pequeño burguesía y de las fracciones más débiles de la burguesía La constitución de esta alianza fracasa en el largo plazo por la irrupción de otra alianza (defensiva) que opone resistencia. Esta alianza, que podríamos llamar “reformista” o “mercado internista”, se expresó políticamente en el peronismo y en términos corporativos en la unión de la CGT y la CGE. Incluía a la clase obrera, a la pequeña burguesía y a las fracciones más débiles de la burguesía. Tenía un carácter defensivo, ya que su objeto era impedir la realización del programa liberal, y a su vez, porque no portaba una solución económica al problema de la crisis de acumulación. Sus objetivos consistían en la defensa de las condiciones de vida de la clase obrera (defensa del salario) y la defensa de la industria local, que se obtendría mediante una reactivación económica y la expansión del mercado interno. Su fuerza provenía de la clase obrera organizada nucleada en su seno. El poder de veto de la alianza defensiva impidió la consolidación de la alianza liberal y la profundización de su plan económico. Esto se expresó en la constante pendulación de la gran burguesía urbana, sacrificando sus intereses de largo plazo cuya realización se producía en el programa liberal. La burguesía urbana más concentrada pendulaba de una alianza a otra en los distintos momentos del ciclo económico, siguiendo sus intereses de corto plazo. Cuando el ciclo ascendente se aproximaba a la crisis de balanza de pagos, se acerca a la burguesía rural para imponer las políticas que originan la fase descendente (control del déficit fiscal, devaluación, congelamiento de salarios, contracción del mercado interno). Cuando los efectos recesivos y distributivos del plan generaban la reacción de las fracciones más débiles de la burguesía urbana y de la clase obrera (al tiempo que el alivio en la balanza de pagos hacían factibles las medidas de reactivación económica que reclamaban), la gran burguesía urbana se montó sobre la alianza defensiva acompañando sus políticas, puesto que en el corto plazo también se beneficiaba por la reactivación del mercado interno. Sin embargo, las políticas expansivas llevaron sistemáticamente a nuevas crisis de balanza de pagos. La consecuencia política de ello es que se quebró una y otra vez la cohesión inter-burguesa necesaria para estabilizar la dominación política. La permanente reedición de la alianza defensiva impuso una “democratización por defecto”, trabando la “solución” autoritaria, con la que el capital más concentrado esperaba disciplinar a las clases subordinadas y sacar al capitalismo argentino de las recurrentes crisis. 5. Un balance: por qué estudiar la UIA Un recorrido por las obras más representativas acerca de la burguesía nacional industrial/empresariado, dan cuenta de una desproporción. Mientras los estudios acerca de los aspectos centrados en la acumulación de capital han avanzado bastante para el período, los análisis de la dimensión política de ese proceso no han estado a la misma altura. Cabe aclarar que nos referimos al estado de los estudios sobre la naturaleza y dinámica de las representaciones corporativas de la burguesía nativa industrial. Tanto para la CGE y UIA, los estudios mencionados sustentan sus teorías mediante un análisis muy generalizado de ambas entidades, sin examinar suficientemente su programa y composición social. Los estudios mencionados constituyen valiosos aportes aunque no logran sistematizar las particularidades de ambas entidades, y de hacerlo, las conclusiones a las que arriban no se sustentan con las pruebas aportadas. La razón es que su objetivo, salvo excepciones, no es la reconstrucción de la naturaleza de las entidades, sino de procesos que las tienen como uno de los actores de la escena. Es así que su abordaje resulta superficial para la importancia que reviste el objeto. Se lo enmarca en el estudio del Estado, de las relaciones entre corporaciones, etc., sin prestar suficiente atención a sus principales determinaciones, recortando el observable en función de problemas más generales y de períodos de tiempo muy acotados. En este sentido es preciso, dada la centralidad de estas entidades para la comprensión de las particularidades y comportamiento de la burguesía nacional, abordarla en profundidad: atender a su programa político y las variaciones del mismo en el tiempo, a las alianzas que tejen y principalmente a su composición social. Dado que la Unión Industrial Argentina puede considerarse el nucleamiento central de la burguesía argentina, tanto por la cantidad de socios como por su centralidad económica, y participación en la política nacional, consideramos necesario su estudio. Partimos de la idea de que el estudio de su composición y estrategia permitirá echar luz sobre las particularidades de la fracción más importante de la burguesía nacional. Cómo ha intervenido frente a los diferentes gobiernos y qué salidas a la crisis hegemónica propuso y sostuvo, posibilitará el avance también en el conocimiento de las potencialidades de la misma como clase dominante. Consideramos que ciertas ideas comunes sobre la UIA deben rediscutirse. Por un lado, la tesis que sostiene que la estrategia de la entidad durante el período se habría caracterizado por la persecución de intereses de corto plazo no asentadas en un desarrollo industrial de largo aliento, que en algunos trabajos es identificado con intereses anti-nacionales que distancian a esta fracción de la burguesía nacional. Nos proponemos reconstruir el programa de la UIA para reevaluar qué carácter tienen las políticas propuestas. Por otro lado, es preciso reconstruir la composición social de la entidad, ya que la caracterización de sus miembros como grandes no tiene en cuenta la dimensión internacional de la competencia capitalista. En este sentido, los grandes capitales a escala nacional son y se comportan como capitales pequeños ante la competencia extranjera. Derivado de los problemas anteriores, observamos que es incorrecta o acrítica la utilización del término “liberal” para la denominación de la estrategia desarrollada por la UIA. La idea del predominio del mercado sin intervención del Estado, apela a una situación no verificable en términos históricos. En primer lugar, por que el carácter capitalista de Estado implica que su función privilegiada es la reproducción del capital. En este sentido, constituyen una unidad con los capitales individuales, al requerir estos de su existencia y funcionamiento. Por otra parte, la debilidad misma de la burguesía nacional en términos de competencia internacional, impide se lleve adelante un liberalismo en los términos clásicos. Estos capitales requieren, para su supervivencia, de la tutela estatal y la protección. Proponemos el uso del término “liberal” para denominar la estrategia de la burguesía más concentrada, que no implica la lucha por superar el intervencionismo estatal, sino por orientar ese “intervencionismo” a favor de sus intereses. A pesar de la connotación que el término “liberal” supone, elegimos utilizarlo porque es la forma en que históricamente se ha denominado a una serie de medidas políticas y económicas (disciplinamiento de la clase obrera, disminución de los salarios reales y de los gastos estatales destinados a sostener la reproducción de la mano de obra, eliminación de ciertas transferencias y la protección destinada a sostener a los capitales menos eficientes, etc.), postuladas por estas fracciones de la burguesía. El contenido este programa será objeto de la presente tesis. La dinámica que cobra la lucha inter-burguesa (en nuestro caso, el movimiento de la UIA), es señalado como producto de su propia acción política sobre el curso de la economía. Así, ante una estructura económica dada, la sucesión de los ciclos económicos aparece ligada a la acción de las dos alianzas en pugna. Consideramos pertinente revisar si la acción de la UIA ha determinado el curso económico o si, inversamente, es la estructura económica y el devenir de la acumulación de capital, las que determinan su intervención política. Relacionado con el último punto, consideramos que debe introducirse al análisis de las alianzas y estrategias de la burguesía, la conformación de una tercera alianza o fuerza social, con características revolucionarias, en 1969, que marcó el curso de la etapa subsiguiente. En este sentido, se debe revisar el rol de APEGE, que nucleaba a los empresarios golpistas, y la polarización de los enfrentamientos sociales, como la verdadera causa de la descomposición de la CGE. A nuestro entender, dicho lugar, como sostienen algunos autores, no fue ocupado por la UIA, sino que la vanguardia de la alianza liberal – golpista fue APEGE. 6. Aspectos teóricos Consideramos necesario partir de nuevas premisas para el estudio de la UIA. En primer lugar, entendemos por burguesía nacional a aquella fracción de la burguesía mundial que acumula en un espacio nacional propio. En función de su necesidad de desarrollo, requiere de un Estado que procure la constitución y la defensa de su mercado nacional. Como señala Pierre Vilar, el nacionalismo no aparece ligado, en primera instancia, a sentimientos e ideologías compartidas por toda la sociedad, sino a una necesidad concreta de conformación y defensa de un mercado interno propicio para el desarrollo de la burguesía. Vilar, Pierre: “Desarrollo económico y progreso social”, en Crecimiento y desarrollo, Editorial Planeta, 1993, pp. 408- 410. A su vez, siguiendo los planteos de Shaikh, la particularidad de la expansión de dicha fracción nacional de la burguesía mundial está relacionada en forma directa con las capacidades productivas con las que cuenta. Los diferentes grados de acumulación de las naciones se condicen, entonces, con sus distintas potencias productivas y no se explican sólo por sus determinaciones políticas. Shaikh, Anwar: Valor, acumulación y crisis, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2006. La burguesía como clase es una totalidad que traspasa las fronteras nacionales en una dinámica de contradicción permanente, causada por la competencia. Todos los capitales luchan entre sí por vender su mercancía en el mercado y así poder seguir reproduciéndose. Quien no produce al valor que reconoce el mercado, progresivamente va quedando en el camino. Este mecanismo de competencia va diferenciando a la burguesía. De acuerdo con la actividad que desarrolla se divide en fracciones: industrial, financiera, agraria, comercial. En relación a su tamaño se diferencia por capas. Éste último es el corte que determina en primera instancia la relación entre los capitales particulares, ya que su posición depende de la escala, que determina, en buena medida, su productividad. Por ende, en la competencia quienes tienen superioridad son, normalmente, los grandes sobre los chicos. En forma semejante, la posición de un país determinado en el mercado mundial depende de la escala que la acumulación haya alcanzado en su interior. Dicho de otra manera, del tamaño de los capitales que constituyen el corazón de la acumulación nacional. Un país poderoso en la arena mundial no es más que uno en el cual la acumulación de capital ha alcanzado una escala importante, en relación al resto. Es decir, uno en el cual la burguesía que se apoderó de ese espacio, ha llegado a un grado elevado de desarrollo. Las burguesías poderosas controlan Estados poderosos y tienen una enorme influencia en las trayectorias nacionales de otras burguesías. A estas burguesías suele caracterizárselas como “imperialistas”. Las burguesías débiles tienen, por el contrario, Estados débiles a los que no controlan completamente, compartiendo su poder con fracciones burguesas extranjeras. A estas burguesías suele denominárselas “semi-coloniales” o “dependientes”. Es obvio que un movimiento político poderoso, que centralice el poder estatal y lo ponga al servicio de la acumulación de la burguesía nativa, puede crear mejores condiciones al desarrollo económico local. Sin embargo, esta mirada pierde de vista las condiciones materiales reales de la acumulación, es decir, la existencia de ventajas competitivas concretas, sin la cual ningún movimiento político puede generar condiciones adecuadas de acumulación. Dicho de manera vulgar, ninguna revolución nacional transformará a Arabia Saudita en una potencia agropecuaria. Esta es nuestra principal crítica a lo que llamamos “politicismo”: la idea de que la acumulación de capital depende de actos de voluntad (individual, de clase, nacional). Finalmente, entonces, las posibilidades competitivas de una burguesía se juegan en una serie de variables que no pueden deducirse a priori, sino que resultan del análisis histórico concreto. Una de ellas es el momento de su aparición en el mercado mundial. Quienes arrancan primero tendrán, muy probablemente, ventajas de escala. Cuanto más tarde se llegue, habrá mayor necesidad de mecanismos de compensación. De todos los posibles, los principales mecanismos de compensación son dos: la existencia de una gran masa de población que sirva como fuente de fuerza de trabajo barata y la propiedad de un bien no reproductible competitivo. Si ninguno de estos elementos está presente, difícilmente el país en cuestión pueda recuperar terreno. En este proceso de competencia, los Estados nacionales Utilizamos la noción de Estado como garante de la reproducción de los intereses sociales de la burguesía en su conjunto. Miliband, R.: Marxismo y política, Siglo XXI, México, 1978; Miliband, R. (1985): El estado en la sociedad capitalista, Siglo XXI, México, 1985; Sartelli, E.: La cajita infeliz, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2005. Para una reactualización del debate instrumentalismo-estructuralismo consultar: Thwaites Rey, M. Estado y marxismo: un siglo y medio de debates, Prometeo, Buenos Aires, 2007. juegan el rol de garantizar la reproducción del sistema social propio y de obtener ventajas en los ajenos. Sucede que la burguesía no es una totalidad homogénea, como decíamos más arriba, razón por la cual que el Estado beneficie a unos capitales nacionales significa que perjudica a otros. El Estado debe operar, entonces, en relación a unas y otras fracciones del capital nacional, posibilitando el desarrollo de grandes y chicos en ciertos momentos, como durante el peronismo, o liberalizando las políticas para favorecer la concentración y centralización del capital, como durante el menemismo. En general, el sentido común suele asociar tres conceptos que deberían diferenciarse: Estado, régimen y gobierno. El primero remite al aparato de dominación política, la maquinaria de la que se vale una clase para mantener las relaciones sociales de producción en su lugar: la administración, las fuerzas represivas y el entramado jurídico. En ese sentido, la naturaleza del Estado es la de la clase que lo ostenta. El concepto de régimen alude a la forma que adopta la dominación social, que es el resultado de las relaciones de fuerza entre las clases y fracciones de clase. En el capitalismo podemos distinguir, básicamente, tres regímenes: democracia (plena hegemonía), bonapartismo (empate) y fascismo (reconstrucción de la dominación por fuera del Estado mediante la guerra civil hacia la clase obrera). Por último, con gobierno, nos referimos al personal político específico que se encuentra al frente de la administración. En relación a los enfrentamientos, las disputas entre las diferentes fracciones de la clase dominante (y en disputa con las clases explotadas) no siempre aparecen en términos de “clase contra clase”. Salvo en períodos muy especiales, las clases no actúan como tales, sino que entran en alianzas con otras, adoptando la forma de fuerza social. Es decir, la burguesía generalmente no se expresa como tal al actuar en la esfera política, sino que actúa en alianza con otras clases sociales y fracciones de clase. Las alianzas se estructuran en función de los programas y estrategias, expresión de los intereses de las fracciones y clases integrantes. Llamamos programa a una plataforma, un sistema de lineamientos acerca de los objetivos políticos y sociales de determinada clase. La estrategia es el plan general para llevar a cabo el programa. Clausewitz, K.: De la guerra, Colofón, México, 2006. Tomamos el concepto de fuerza social de los análisis clásicos de Gramsci, A.: Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 2001. Aplicado al análisis de la lucha de clases en la Argentina, para este período, seguimos los trabajos desarrollados por CICSO: Balvé, Beba y Beatriz Balvé: El ‘69. Huelga política de masas, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2005; Marín, Juan Carlos: Los hechos armados. Un ejercicio posible, La Rosa Blindada/PICASO, Buenos Aires, 2003; Izaguirre, Inés: Los desaparecidos: recuperación de una identidad expropiada, CEAL, Buenos Aires, 1994. Sin embargo, la resolución de una crisis hegemónica requiere que una fuerza social se transforme en partido, es decir, que al menos una de las clases actúe como tal. En el período que comprende la tesis identificamos dos estrategias de la burguesía: “reformista” y “liberal”. La primera de ellas, encarnada por las capas más chicas de la burguesía argentina, proponía una subordinación de los problemas económicos a los políticos priorizando la distribución de riquezas hacia las capas pequeñas de la burguesía y la clase trabajadora a fin de reeditar la alianza propia del período peronista. Sartelli, Eduardo: La plaza es nuestra. El argentinazo a la luz de la lucha de la clase obrera en la Argentina del siglo XX, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2007. La estrategia liberal, por su parte, jerarquizaba el relanzamiento económico en base a la eliminación de capital sobrante, tendiente a favorecer a las capas más concentradas de la burguesía nacional y extranjera. Dada la peculiaridad de la tarea, ésta no podía llevarse a cabo sin altos niveles de represión. En la vereda opuesta, a partir de 1969 observamos la conformación de una alianza revolucionaria que incidirá en la dinámica de lucha entre las alianzas estratégicas de la burguesía. En los capítulos siguientes, observaremos el desempeño de la UIA en torno a estas alianzas. Capítulo 1. Desarrollo del capitalismo argentino 1966-1976 El objetivo de este primer capítulo es brindar una mirada panorámica de las características del desarrollo del capitalismo en la Argentina, centrándonos en las particularidades del período comprendido en nuestra tesis y en las determinaciones que operan sobre la burguesía que se desempeña en este espacio de acumulación. Consideramos imprescindible sentar las bases y los presupuestos sobre este problema, para luego poder observar el programa y la estrategia de la corporación de la que nos ocuparemos en nuestra tesis, la Unión Industrial Argentina. De acuerdo con parte de la bibliografía analizada en la introducción, el período comprendido entre 1966-1976 se enmarcaría dentro del llamado “Modelo por Sustitución de Importaciones”. En este capítulo analizaremos el desarrollo económico de la etapa desde una perspectiva diferente. Partiremos de las particularidades de la estructura económica capitalista antes que de los resultados de las políticas adoptas. El eje de nuestra mirada se centrará en los límites de la inserción de la Argentina en términos exitosos en el mercado mundial. Estos límites han sido históricamente compensados mediante la transferencia de renta diferencial, base de la acumulación argentina. Analizaremos los principales aspectos económicos de la etapa, imprescindible para comprender las cualidades de los capitales que integran la Unión Industrial Argentina y el sentido de las estrategias desarrolladas en su seno. Nos serviremos, para la reconstrucción del desarrollo económico del período, de bibliografía especializada en la temática. Partiremos de las hipótesis acerca de las particularidades del capitalismo argentino sostenidas en los trabajos de Eduardo Sartelli, Juan Kornblihtt y Juan Iñigo Carrera. Sartelli, E.: La plaza es nuestra, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2008; Kornblihtt, J.: Acumulación de capital en Argentina a escala internacional. La producción de tubos sin costura: origen y desarrollo de Siderca (1954-1989), Tesis Doctoral, FFYL, UBA, 2011; Iñigo Carrera, Juan: La formación económica de la sociedad argentina, Imago Mundi, Buenos Aires, 2007. No daremos cuenta de los debates que suscita cada punto desarrollado, dado que no es el objeto de esta tesis. Nos remitiremos a clarificar aquí los prepuestos de los que partimos para enteder el programa y estrategia de la Unión Industrial Argentina. 1. El peso de la renta diferencial La participación de la industria en el Producto Interno crece constantemente desde principios de siglo, hasta tocar su techo en 1969 (Gráfico 1). Por el contrario, el agro va perdiendo primacía y peso en el PBI constantemente, hasta que en los ’60 deja de ser el principal rubro del Producto, desplazado por la industria. Este indicador parece corroborar la idea de un cambio de modelo de acumulación asentado en nuevas bases desde la década de 1930. Es más, la tendencia ascendente otorgó la imagen de un camino hacia la modernización de la economía argentina y su “despegue” en términos internacionales. Si prestamos atención a otros indicadores, observamos que en el período ha sido constante la buena performance de las exportaciones agropecuarias, salvo algunos años excepcionales. En efecto, esta situación nos remite a que la industria ha sido, en estos tiempos, sostenida por la renta de la tierra incorporada en las mercancías agropecuarias. La competitividad del agro posibilitó a la Argentina percibir por sus exportaciones una importante masa de renta diferencial de la tierra. En la rama agraria, el precio de las mercancías se fija de acuerdo a las tierras más improductivas, dado que su producción encuentra un límite físico de la existencia de tierras y en las diferentes calidades de las mismas. A diferencia del resto de las actividades, donde el productor más eficiente impone condiciones, el aumento en la demanda de bienes agrarios exige la puesta en producción de peores tierras. Al ponerse en producción tierras menos fértiles, que necesitan una inversión mayor y por ende mayores costos, se incrementan los precios de las mercancías agrarias. En consecuencia, los productores más eficientes obtienen una masa de ganancia superior, producto de las diferencias entre los altos precios de las mercancías agrarias de las mejores tierras y sus bajos costos de producción. Argentina ha percibido durante toda su historia este plus en forma de renta diferencial por la exportación de mercancías agrarias. Dado que es extraordinaria, la renta no afecta la ganancia, constituyéndose en una porción de riqueza disputable. Por variados mecanismos, como el tipo de cambio o los impuestos al comercio exterior, podía ser apropiado o girado a sectores no terratenientes, que sin este tipo de compensaciones se encontraban en dificultades para mantener sus actividades frente a la competencia de productores internacionales más eficientes. Bil, D., Kornblihtt, J. y Dachevsky, F.: “La “industrialización por sustitución de importaciones” en Argentina a la luz de los datos empíricos”, en AAVV: La crisis orgánica de la sociedad argentina, Opfyl, en evaluación. El gráfico 2 muestra la distribución en cada etapa de la renta entre los terratenientes (dueños de la tierra) y otros sectores de la burguesía argentina. Como se observa en el gráfico, a lo largo de casi todo el siglo XX, la magnitud de renta que escapó de las manos de los dueños de la tierra para ser apropiada por otras fracciones de la clase dominante ha sido más que significativa. Buena parte de esa renta ha sido apropiada por la burguesía industrial nacional, y gracias a ello ha podido recrear condiciones propicias para su desarrollo. A su vez, en el gráfico se observa una caída general de la renta entre 1966 y 1970, con una recuperación parcial en 1967. A partir de ese momento, la renta comienza a subir, al calor del aumento de los precios internacionales de las materias primas, llegando a su récord en 1973, en plena crisis internacional. Estas fluctuaciones se condicen con el movimiento general de la producción interna, mostrando la relación entre el derrotero de la renta de la tierra y el de la economía argentina en su conjunto. Ferreres, O.: Dos siglos de economía argentina. 1810-2004, Editorial El Ateneo, Buenos Aires, 2004. Consulta de versión electrónica. Dichas fluctuaciones no serán inocuas en los conflictos político-corporativos del período, marcándole el ritmo, como veremos a lo largo de la tesis. Tampoco la caída de la tasa de ganancia que se produce entre 1965 y 1967, que comienza a recuperarse desde allí hasta 1973, para posteriormente caer en picada. Iñigo Carrera, Juan: La formación económica de la sociedad argentina, Imago Mundi, Buenos Aires, 2007, p. 60. Gráfico 1. Participación de la industria manufacturera en el PBI a costo de factores, por décadas, 1900-1990 Fuente: Bil, D. et al, op. cit. Gráfico 2. Ingreso y apropiación de Renta Diferencial en la Argentina, según sujeto, en millones de pesos de 2004, 1910-1977 Fuente: Bil, D. et al., op. cit. La apropiación de renta diferencial por sectores industriales les permitió cierto desarrollo a partir de la compra de insumos y maquinarias en el exterior. Han avanzado así las ramas del calzado, gráficos, alimentación (molinos, bebidas, frigoríficos, otros alimentos elaborados), carruajes, metalurgia (con sus derivaciones como el subsector de implementos agrícolas), textil, confección, vidrio, maderera (mueblería y otras), además de un amplio sector de “transporte”, entre otras actividades. Kabat, Marina: Del taller a la fábrica. Proceso de trabajo y clase obrera en la industria del calzado (1870-1940), Ediciones ryr, Buenos Aires, 2005; Bil, Damián: Descalificados. Proceso de trabajo y clase obrera en la industria gráfica (1890-1940), Ediciones ryr, Buenos Aires, 2007; Pascucci, Silvina: Costureras, monjas y anarquistas: trabajo femenino, Iglesia y lucha de clases en la industria del vestido, Buenos Aires, 1890-1940, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2007; Sartelli, Eduardo y Marina Kabat: “¿Clase obrera o sectores populares?”, en Anuario CEICS, nº 2, 2008. Este movimiento es el reflejado en las líneas del PBI, donde el porcentaje de la producción industrial crece en relación al agro. No obstante, su acumulación se ha circunscripto al mercado interno, dada su falta de competitividad frente a los capitales que concurren al mercado mundial. 2. Exportaciones y competitividad de la industria argentina Lo antes dicho se evidencia en la composición de las exportaciones argentinas. Se observa una primacía absoluta de las exportaciones agropecuarias, que se mantiene a lo largo del tiempo. Y esto en una etapa en que muchos autores, con los que no acordamos, señalan que existían condiciones para el despegue de las exportaciones industriales. Muy lejos del primer puesto del agro, se encuentran las pieles, cueros y textiles. Más lejos aún se posicionan las mercancías químicas, plásticas y de caucho, los metales y las maquinarias, instrumentos y materiales de transporte (Gráfico 3). Gráfico 3. Composición de las exportaciones argentinas por rubro, 1963-1976, en porcentaje de valor de exportación Fuente: Bil, D. et al., op.cit. El lugar que ocupan estas manufacturas en el mercado internacional es muy reducido. Medido en términos de valor, en el Gráfico 4 se observa una tendencia decreciente en la participación en el mercado internacional. En el período que abarcamos en la tesis, 1966-1976, se posicionan alrededor del 0,8% del valor total, con una notable tendencia decreciente. Gráfico 4. Participación de las exportaciones argentinas en el mercado mundial, en porcentaje de valor, 1948-1983 Fuente: Dachevsky, Fernando: “Competencia internacional y endeudamiento externo. Las (des)ventajas absolutas y los límites de la acumulación de capital en la Argentina”, en El Aromo, nº 54, 2010, p.18. En la base de las dificultades del capitalismo argentino para desarrollar una industria líder en el mercado internacional, se encuentran las desventajas en cada determinación de la competitividad de un capital. En primer lugar, se observa una brecha muy grande con respecto a la productividad del trabajo, comparándola con la de los países que lideraron la acumulación de capital a lo largo del siglo XX: Estados Unidos y Gran Bretaña (Gráfico 5). Se observa una recuperación de los niveles entre 1967 y 1969, año en que se produce una leve pero sostenida caída hasta llegar al punto de inflexión, 1975, que marca un abrupto descenso. Gráfico 5. Relación de la productividad del trabajo en Argentina con EEUU y Gran Bretaña, 1935-1975 Fuente: Elaboración propia en base a Iñigo Carrera, op. cit., pp. 241 y 242. Este retroceso se verificó incluso a nivel del PBI, no sólo en relación a las potencias mundiales como los Estados Unidos, sino en relación a países de características similares, como los latinoamericanos (Gráficos 6 y 7). Gráfico 6. Relación del PBI argentino con el norteamericano, 1920-1977 Fuente: Bil, D., et.al, op.cit. Gráfico 7. Variación de las tasas anuales del PBI industrial en América Latina y países seleccionados, en porcentaje, 1950-1981 Fuente: Bil, D., et.al, op.cit. Observamos así como la apariencia de una etapa signada por la pujanza de la industrial esconde la preponderancia de un sector agrario que lo sostuvo. El crecimiento del entramado industrial desde 1930 estuvo atado a la transferencia de renta y a la protección efectiva del mercado interno, que respondían a las necesidades de una burguesía industrial incapaz de competir a escala internacional. Desde luego, no estamos ante un cambio de “modelo de acumulación” ya que, pese al crecimiento de la industria, el agro siguió siendo, como antes de 1930, el principal motor del crecimiento. En efecto, el desarrollo de los capitales industriales, a razón de su debilidad, continúa atado a las transferencias de renta que pueda efectuar el Estado a lo largo de todo el período estudiado. Veremos en el próximo acápite cómo se ha efectivizado dicha transferencia a través de las fluctuación del tipo de cambio y las leyes de promoción industrial. 3. Mecanismos de compensación y transferencia La Argentina es un capitalismo débil, caracterizado por su tamaño reducido y su inclusión tardía en el mercado mundial, de la mano de las mercancías agrarias. Estas limitaciones le impidieron a la Argentina alcanzar la concentración y centralización de capital adecuada para competir ventajosamente con los capitales rectores de la producción mundial, que comenzaron a acumular más tempranamente y en mercados internos de mayor tamaño. Sartelli, Eduardo: La plaza es nuestra, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2007, p. 16 y 17. A diferencia de otros países de desarrollo tardío, como los del Sudeste Asiático, el capitalismo argentino no cuenta con mano de obra barata que pueda compensar su retraso en la inserción en el sistema mundial. La escasez inicial de fuerza de trabajo y la necesidad de su importación recurriendo a la inmigración, producto de la ausencia de un campesinado que pudiera ser expropiado y compelido a emplearse como mano de obra, le otorgaron al proletariado cierta homogeneidad. Sumado al temprano desarrollo de una organización sindical fuerte, éste se convirtió en un factor de poder que impidió sistemáticamente todo avance sobre sus condiciones de vida, manteniendo altos los niveles salariales hasta su derrota en 1976. De hecho, esto queda muy bien manifestado en el período estudiado: los intentos de bajar los salarios reales y eliminar conquistas chocaron siempre contra la organización obrera, al punto de abrir un proceso revolucionario que puso en tela de juicio la dominación social de la burguesía. Por otra parte, Argentina no dispone de un mercado interno de gran tamaño, como Brasil, (por eso señalamos que es un capitalismo “chico”), que permita alcanzar un grado elevado de acumulación del capital y economías de escala puertas adentro, que sirva como plataforma para lanzarse a competir en el mercado internacional. La tercera flaqueza, su carácter agrario, es al mismo tiempo su mecanismo de compensación. También la Deuda Externa opera como mecanismo de compensación, principalmente en momento de renta de la tierra baja. La clave reside en la alta productividad del suelo argentino, que como explicamos, permite la obtención de renta diferencial. Dicha renta, al ser pausible de disputa, es apropiada por otros sujetos diferentes al terrateniente. Sin embargo, a medida que avanza el desarrollo de las fuerzas productivas, las mercancías agrarias comienzan a ocupar una posición marginal en el comercio internacional. Así, a partir del desarrollo operado a nivel mundial luego de la Segunda Guerra Mundial, las mercancías agrarias son relegadas en el mercado por la importancia que asumen otro tipo de mercancías. Por otro lado, este tipo de mercancías va perdiendo también su posición destacada dentro del conjunto de la producción nacional, evidenciando sus límites para seguir sosteniendo el crecimiento de las fuerzas productivas desarrolladas a partir de la década del ’50. Este problema explica la crisis de acumulación que se despliega, como telón de fondo, durante todo el período que abarca nuestra tesis. Pero de ello nos ocuparemos en el acápite correspondiente. Como señalábamos, mediante la intervención estatal, la burguesía industrial se apropia de parte de la renta mediante mecanismos de transferencia. Los principales mecanismos son el tipo de cambio y los subsidios. El tipo de cambio, de acuerdo con su valuación, puede proteger la industria, abaratar los costos de mano de obra o permitir la importación barata de equipamiento. Un tipo de cambio subvaluado, simplificando el análisis, perjudica a la clase obrera y aquellos capitales que importan bienes manufacturados, mientras que una moneda sobrevaluada, en ausencia de tarifas, afecta a la industria nacional mercado internista debido al ingreso masivo de competidores extranjeros. Las tarifas y aranceles también pueden operar como un mecanismo de transferencia. Un nivel de tarifas elevado permite a aquellos capitales que producen localmente vender en el mercado interno por encima del precio internacional, mientras que a los capitales que compran esos insumos se les encarece. De todos modos, la generalidad es que todos los capitales están protegidos, pagándose por sus mercancías en el mercado interno un sobreprecio respecto del internacional. La capacidad de pagar “sobreprecios” surge de la obtención de renta de la tierra, o deuda, y su caída provoca dificultades para que proteger a todos los capitales por igual y la apertura de procesos de concentración y centralización. A su vez, la renta captada por el estado a través de impuestos es transferida a la burguesía industrial mediante subsidios directos o indirectos (exenciones impositivas, subsidios a la exportación, etc.) Durante la etapa, esta forma de transferencia era regulada mediante las leyes de promoción industrial. A continuación veremos en detalle como operaron en el período el tipo de cambio y la promoción industrial. 3.1. Valuación del tipo de cambio El tipo de cambio puede ser un mecanismo de transferencia de riquezas en la medida en que expresa el poder de compra de la moneda en relación a la capacidad de compra y a la productividad comparada con los EE.UU. En momentos en que la moneda está sobrevaluada se produce una transferencia en favor de la importación de capital y en contra de los productores de bienes de consumo interno, en ausencia de tarifas proteccionistas. Por el contrario, su devaluación implica una protección frente a la importación de bienes de consumo pero dificulta la importación de bienes de capital. Dependiendo de la relación con el mercado externo actúa o no como mecanismo de transferencia desde el sector exportador. Por este motivo no es un mecanismo compensador en sí mismo, sino que depende del valor que se estipule y las necesidades de cada fracción particular en función de sus ciclos de acumulación. En este acápite observaremos la incidencia del tipo de cambio en las posibilidades de acumulación de la burguesía industrial argentina para el período estudiado. Veremos, en primer lugar, la relación entre el tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real, para determinar los niveles de subvaluación o sobrevaluación de la moneda. A continuación observaremos el resto de las variables que operan para determinar la necesidad de devaluar o no para la burguesía industrial en cada coyuntura: costos laborales, tasa de ganancia e inversión. Cruzaremos estas variables con el tipo de cambio para determinar así la conveniencia o no de una devaluación para la burguesía industrial, y en función de ello, sentaremos una base empírica para determinar las razones del apoyo o la oposición de la UIA cada vez que se plantearon este tipo de medidas. Al observar la evolución del tipo de cambio nominal en relación al tipo de cambio de paridad (Gráfico 8), observamos que en 1966 la moneda está sobrevaluada un 20%, mientras que en 1970 está subvaluada un 5% y en 1972 un 7%. Por su parte, en 1975 se encuentra un 45% sobrevaluado. En todos estos años se produjeron devaluaciones, aunque no todas fueron apoyadas por la UIA. Gráfico 8. Grado de valuación del tipo de cambio nominal en relación al tipo de paridad ($/U$S) Argentina, 1960-1976 Fuente: Observatorio Marxista de Estadística. Dado que la valuación implica la posibilidad de importar o la posibilidad de proteger la industria (no sólo por la restricción que impone a la importación de mercaderías, sino también porque devuelve competitividad disminuyendo el costo relativo de la fuerza de trabajo), hay momentos que conviene a ciertas fracciones de burguesía salir de la paridad pugnando por sobrevaluación o devaluación. Para evaluar qué nivel cambiario requiere la industria para su desarrollo, se deben tener en cuenta los costos laborales, la tasa de ganancia y las perspectivas de inversión. En relación al costo laboral en dólares, observamos que hacia 1967 estaba en alza (Gráfico 9), por lo que la devaluación impuesta por Krieger Vasena buscaba ponerle un freno. Por el contrario, en 1970 y 1972 el costo laboral en dólares tendía a la baja, por lo que no había una necesidad urgente para la burguesía industrial de imponer una devaluación, lo que explicaría la oposición de la UIA a tales medidas. El ascenso de los salarios hacia 1974 es sin duda uno de los elementos que explica el apoyo de la burguesía industrial a las devaluaciones implementadas por los ministros Gómez Morales y Rodrigo en 1975. El detalle de las políticas económicas en cada etapa será analizada en los capítulos correspondientes, sumado a las posiciones de la UIA ante cada medida. Aquí nos disponemos a observar el movimiento general del tipo de cambio en el período y su incidencia en la acumulación de capital para comprender la acción política de la entidad industrial. Gráfico 9. Nivel de sobrevaluación (%) de la moneda ($/U$S) en relación a la paridad (eje izquierdo) y evolución del costo laboral mensual en U$S corrientes (eje derecho). Argentina, 1960-1976 Fuente: Observatorio Marxista de Estadística. El análisis en relación a la tasa de ganancia no aparece tan transparente (Gráfico 10). En 1966 y 1967 la tasa de ganancia industrial se encontraba en un punto relativamente bajo (13,7% y 14,2%, respectivamente). Iñigo Carrera, J., op. cit. La devaluación aparece como un estímulo al despegue de la misma, que de hecho comienza a subir hasta 1969, donde se frena pero en un nivel superior (17,4%). A partir de entonces oscilará en torno a esos valores hasta 1973. Por lo tanto en 1970 y 1972 no parece que la tasa de ganancia presionase hacia una devaluación. En cambio, en 1974 y 1975, la tasa de ganancia industrial empieza a caer, lo cual empuja hacia el planteo de una nueva devaluación. Gráfico 10. Nivel de sobrevaluación (%) de la moneda ($/U$S) en relación a la paridad (eje izquierdo) y Tasa de ganancia industrial (%) eje derecho. Argentina, 1960-1976 Fuente: Observatorio Marxista de Estadística. Un último punto a tener en cuenta es en relación a la necesidad de invertir y por lo tanto de importar capital (Gráfico 11). Hacia 1966 y 1967 la inversión se encontraba estancada, pese a que se contaba con una moneda levemente sobrevaluada, lo cual puede estar vinculado con los bajos niveles de tasa de ganancia explicados anteriormente. A partir de la devaluación, se recupera la actividad industrial, crece la inversión y la importación de bienes de capital durables. Si la perspectiva era en 1970 y 1972 que esa tendencia continuase era esperable que algunas fracciones de la burguesía requirieran mantener un tipo de cambio sobrevaluado para sostener el curso de las inversiones, como efectivamente planteó un sector de la UIA frente a tales políticas. Gráfico 11. Nivel de sobrevaluación (%) de la moneda ($/U$S) en relación a la paridad (eje izquierdo) y IBIF (millones de pesos 1993, eje derecho). Argentina, 1960-1976 Fuente: Observatorio Marxista de Estadística. 3.2. Las Leyes de Promoción Industrial La Promoción Industrial comienza a ser utilizada como método de transferencia en Argentina en las décadas de 1930 y 1940. En esta etapa sólo se trataba de medidas aisladas, que fueron sistematizadas a partir de 1958. El momento en que esta política cobró mayor relevancia fue la década de 1970, mediante la sanción de las leyes 20.560, de 1973, y 21.608, de 1977. La ley 20.560 tuvo como objetivo explícito la expansión y consolidación de la industria de propiedad nacional, así como la descentralización geográfica industrial. A su vez, se propuso mejorar la estructura de costos de la industria existente para facilitar su crecimiento. Los instrumentos para su realización fueron por un lado, los aportes del Estado (subsidios directos) y por otro, medidas fiscales (exenciones impositivas). La ley establecía entonces: a. Aportes directos del Estado mediante el otorgamiento de certificados de promoción industrial, no reembolsables y normativos. El monto máximo de los certificados de promoción que podía recibir cada empresa no podía exceder el 50% de alguno de los siguientes conceptos a su elección: inversión fija en equipo nacional, inversión en obra civil, capital financiero, gastos de investigación y desarrollo de tecnología. Estos aportes se reservaban para las empresas que tuvieran 100% de capital nacional. b. Participación del Estado en el capital de las empresas promocionadas. c. Franquicias tributarias de un máximo de 10 años (no aplicación de ciertos impuestos). d. Exención o reducción de derechos de importación de bienes de capital cuando no se fabricaran localmente o cuando no cumplieran condiciones de calidad o plazos. e. Otorgamiento de subsidios para compensar los costos de localización (por ejemplo, energía o gas más barato). Por otro lado, se implementaron instrumentos financieros como los créditos a mediano y largo plazo con tasas de interés y condiciones preferenciales. El Estado obraba como garante, mediante el BANADE, que también otorgaba avales para la obtención de créditos del exterior destinados a la adquisición de bienes de capital que no pudieran producirse en el país. A su vez, de esta ley nacional se derivan decretos que legislaron los regímenes de promoción regional y sectorial. Los decretos 575/74, 2.140/74, 893/74 y 1.238/75 integraban a la mayoría de las provincias (excepto Capital Federal) a la Promoción Industrial. Los mismos otorgaban dos tipos de beneficios: un régimen crediticio especial a través del BANADE; y la exención impositiva para las empresas y los inversionistas. Estos mecanismos consistían en la desgravación de la materia imponible en los impuestos a las ganancias, a los capitales y al patrimonio, por diez años desde la puesta en marcha de la planta; la desgravación del 100% de la materia imponible en los impuestos y el patrimonio en los ejercicios cerrados entre la fecha de aprobación del proyecto y la puesta en marcha del mismo; la exención por 10 años del IVA; la exención parcial o total del pago de derechos de importación de bienes de capital; la exención total del impuesto a los sellos sobre los contratos de la sociedad por diez años. Los inversionistas podían optar por una de las dos franquicias: diferimiento del pago de la suma que debieran abonar en concepto de impuestos a las ganancias, a los capitales, a los patrimonios y a las ventas correspondientes a ejercicios con vencimientos generales posteriores a la fecha de inversión; o deducción, a los efectos del cálculo del Impuesto a las Ganancias, de las sumas efectivamente invertidas en el ejercicio fiscal como aportes directos de capital. Entre los proyectos sectoriales se encontraba el decreto 592/73, referente a la industria petroquímica, que reservó para el sector público la producción de materias primas y una participación mayoritaria en proyectos de derivados petroquímicos de segunda generación. Dejó al capital privado la producción de derivados de generación sucesiva, con una participación estatal superior al 25%. Los beneficios para la empresa consistían en diferimiento del pago de impuesto a los réditos (impuesto a las ganancias) y del impuesto sustitutivo de la transmisión gratuita de bienes. Para los inversionistas se ofrecía una deducción del 75% de las sumas aportadas a cambio del impuesto a las ganancias. En relación a la industria siderúrgica, el decreto 619/74, tenía por objetivo lograr el autoabastecimiento y exportar. Las actividades promocionadas contemplaban las unidades siderúrgicas integradas, semi-integradas y de laminación o forja. Los beneficios incluían participación del Estado en caso de requerimiento de las empresas; créditos, avales y garantías en las condiciones previstas por la ley general de promoción; franquicias impositivas para las empresas (diferimiento de pago de Impuesto a las Ganancias, durante 10 años) y deducción para Impuesto a las Ganancias. El decreto 1.177/74 se refería a la industria forestal, con los mismos beneficios que para la industria siderúrgica. Por su parte, la ley 21.608 enunciaba como objetivo explícito del nuevo régimen de Promoción Industrial la expansión de la capacidad industrial del país, fortaleciendo la participación de la empresa privada en este proceso. A su vez, procuraba fomentar la mejora de la eficiencia de la industria por modernización, integración, fusión, economías de escala y cambios en su estructura para que adapten sus costos a los niveles internacionales. Los instrumentos de aplicación eran, por un lado, tributarios, que consistían en la exención, reducción, diferimiento en el pago de tributos y amortizaciones aceleradas de bienes de uso por períodos determinados en forma parcial o total (esta última reducía el impuesto a las ganancias). Por otro lado, se otorgaban facilidades para la compra, locación o comodato de bienes de dominio privado del Estado (por ejemplo, terrenos fiscales). A su vez, disminuían los derechos de importación a mercaderías producidas en el país como consecuencia de una actividad promovida, estableciendo escalas decrecientes que estimulen la productividad y la eficiencia. Con respecto a los regímenes regionales, se emitieron decretos para La Rioja, San Luis, Catamarca y Tucumán. Sus beneficios radicaban en la exención del 100% del Impuesto a las Ganancias, al Impuesto a los capitales y al IVA, la liberación de derechos de importación y el diferimiento de la mayoría de los impuestos nacionales para los inversionistas. Asimismo, pueden incluirse los subsidios a las exportaciones como parte de los instrumentos de fomento a la industria. Desde 1960, Argentina entregó beneficios a las exportaciones en diversas formas: 1. Las políticas fiscales en juego son el reintegro, el draw back y el reembolso. El primero de ellos consistía en una restitución de los impuestos internos sobre el producto exportado (se percibe en efectivo). El segundo, en la devolución de los impuestos pagados por la importación de bienes para consumo (se percibe como un crédito). Por último, el tercero restituía en forma parcial o total los tributos interiores (era una combinación de los dos beneficios anteriores). Los impuestos internos refieren a Impuestos al sello, ganancias e ingresos brutos. No incluye el IVA, ya que no es un costo porque no es una balanza de débito y crédito. 2. Las políticas financieras, según Kosacoff, CEPAL: Documento de Trabajo N° 51: El comercio internacional de manufacturas de la Argentina 1974-1990. Políticas comerciales, cambios estructurales y nuevas formas de inserción internacional, bajo la dirección de Bernardo Kosacoff. consistían en generar, por un lado, una corriente de financiación a la actividad exportadora y, por otro, adecuar los costos locales a los parámetros internacionales, a fin de tornar competitivas a las manufacturas argentinas. Operaban tres tipos de créditos: financiación de la producción local, de la venta externa y por último de los compradores externos en operaciones importantes y a largo plazo. Los fondos de estos préstamos provienen del BCRA (Banco Central de la República Argentina), y en este sentido estaban sujetos a las disponibilidades reales con las que cuenta el BCRA antes que a las políticas promocionales estrictamente. La prefinanciación se destinaba a la producción interna de bienes, y solía tener una tasa de interés del 1% anual. La financiación beneficiaba al exportador desde que éste embarcaba la mercadería hasta que cobraba la exportación. La tasa de estos préstamos no excedía el 6,5% anual. La post financiación constaba de beneficios para empresas y ramas: exenciones para ciertas empresas consideradas estratégicas, como SOMISA y Propulsora; incentivos a las exportaciones de plantas llave en mano, donde se incluían los equipos, gastos de montaje, etc.; y un sistema de reembolsos. Concluimos del análisis de las leyes y de la manera en la que se llevaron adelante, que la principal forma de transferencia fue la impositiva. Es decir, los beneficios se otorgaban mediante la exención del pago de impuestos sobre los montos efectivamente invertidos, sobre el valor producido o mediante la devolución de impuestos para los exportadores. Ferrucci, Ricardo: La promoción industrial en Argentina, Eudeba, Buenos Aires, 1986, pp. 99 a 135 y FMI: Argentina: incentivos fiscales para el fomento del desarrollo, elaborado por Fernando Sánchez Ugarte y Antonio Zabalza Martí, agosto de 1986. Por lo tanto, sólo los capitales que invertían gozaban de beneficios estatales, aunque esto no implicaba que invirtieran en tecnología de punta. Disentimos, por tanto, con aquellos autores que utilizan el análisis de estos tipos de transferencias para argumentar que las empresas beneficiarias tenían un carácter “rentista” y no invertían. Por el contrario, la forma en que se implementaron los beneficios de la Promoción Industrial demuestran lo contrario, y por lo tanto, es necesario encontrar los límites al desarrollo en profundidad del capitalismo argentino en otro lado. Esta era la forma en la que se instituyó la compensación a los capitales industriales. A continuación tomaremos algunos ejemplos concretos de las inversiones implementadas que gozaron de los beneficios de la Promoción Industrial. También incluiremos dentro de las formas de promoción, la participación de ciertas empresas como proveedoras de las empresas del Estado. Castellani, A: Estado, empresas y empresarios. La construcción de ámbitos privilegiados de acumulación entre 1966 y 1989, Buenos Aires, Prometeo, 2010. De esta forma, creemos que se hecha por tierra la aseveración infundada que sostiene que los beneficiarios de transferencias promocionales eran capitales “parasitarios” y “rentistas”. A su vez, veremos que las empresas beneficiarias abarcaban una amplia cantidad de ramas, lo que demuestra que se trataba de beneficios generales y no de transferencias selectivas. Inversiones aprobadas El mecanismo de promoción de la industria requería, en primer lugar, la presentación de una solicitud con un proyecto de inversión por parte de la empresa interesada. El mismo era evaluado o rechazado por la repartición correspondiente. Analizaremos, a continuación, la evolución de las inversiones aprobadas en función de las ramas favorecidas. Cabe aclarar que no se trata de subsidios efectivamente otorgados, sino de la disposición del gobierno a concederlos, más allá de la ejecución efectiva de los proyectos. El total de inversiones aprobadas entre 1966 y 1975 evidencia un proceso ascendente desde las bajas sumas de 1966 hasta 1969 (Cuadro 1). El año 1970 muestra un brusco descenso, recuperándose en 1971, cuando se llega al pico en la aprobación de proyectos. Los años 1972 y 1973 muestran cierta estabilidad, cayendo de manera brusca en 1974. La distribución entre las diferentes ramas de la economía muestra la preferencia por la aprobación de proyectos de industrias de minerales no metálicos, papeleras y de maquinaria y equipos. UADE: Promoción industrial en la Argentina. Análisis y evolución de sus resultados en el período 1958/75, 1976. Cuadro 1. Inversiones aprobadas por rama de actividad, 1966-1975. Miles de dólares Sectores 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 Total Agricultura, caza y pesca 122,2 2.876,6 127,2 304,6 123,2 53 373,7 460     4.440,5 Alimentos, bebidas y tabaco 8.233 2.122,8 6131,2 11.511,2 5.508,8 5.928 489,9 465,4 817,8 2.491,3 43.699,4 Textiles, confecciones y cuero 4.028 2.5159,9 14.904,7 2.9783,3 2.2176,5 2.2995,5 3.486,3 925,1   42.695,7 166.155 Industria de la madera (incluido muebles) 246,6 7.677 2.975,3 1.491,4 336,5 1.893,7 1.067 363,9 355,2 1.431,1 17.837,7 Papel y productos de papel, imprenta y editoriales 1.251,4 6.252,6 9.666,5 1.20062,6 8.064,8 3.7954,7 1.715,9 1.642,4   9.091,7 195.702,6 Indust. Química Derivados del petróleo y del carbón, de caucho y plásticos 11.913,4 6.021,5 44.809 9.6336,8 2.7649,1 18.460,9 21.215,5 44.716,2 2.028,9 5.400,4 278.551,7 Minerales no metálicos 700 1.921,3 24.177,7 1.6637,2 2.813,7 6.565,4 656,2 366,1   300.030,7 353.868,3 Ind. Metálicas básicas 68,5 5.040,6 2.415,2 5.735,1 3.460,9 2.708,2 1.044,2 3.182,8   4.221,5 27.877 Fabricación de prod. Metálicos, maquinarias y equipos 7.764,1 21.770,6 47.680,1 31.215,3 21.817,7 35.949,9 9.800,3 2.688 585,5   179.271,5 Otras ind. Manufactureras   16,2 75,1 63,8 57,4 34,4   600,2     847,1 Electricidad, gas y agua                     0 Construcción     283,5 228,2 32 853,3 627,2       2.024,2 Servicios 4.330,2 305,3 1.884,7 396,4     304,8       7.221,4 Otros 7,8                   7,8 Total 38.665,2 79.164,4 155.130,2 313.765,9 92.040,6 133.397 40.781 55.410,1 3.787,4 365.362,4 1.277.504,2 Fuente: UADE: Promoción industrial en la Argentina. Análisis y evolución de sus resultados en el período 1958/75, 1976, p. 40. En términos porcentuales (Cuadro 2), se observa que la rama agrícola ha sido la de menor cantidad de proyectos aprobados durante el período 1966-1976 (nunca superó el 1% del total). Los alimentos han variado su participación porcentual, siendo su máxima en 1974 (21,6%). Los textiles por su parte, exhiben su mayor cifra en 1967 (31,8%) al igual que la industria de madera (9,7%). La mayor participación de la rama papelera ocurrió en 1971 (28%), la de la industria química en 1973 (80,7%), los minerales no metálicos en 1968 (15,6%), la industria de maquinaria en 1975 (77,6%), y la construcción en 1971 (1,5%). Cuadro 2. Inversiones aprobadas por rama de actividad, 1966-1975 (n % sobre el total) Sectores 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 Agricultura, caza y pesca 0,3 3,6 0,1 0,2 0,1 0,1 0,9 0,8     Alimentos, bebidas y tabaco 21,3 2,7 4 5,6 6 4,4 1,2 0,8 21,6 0,6 Textiles, confecciones y cuero 10,4 31,8 9,6 14,5 24,1 17,2 8,5 1,7   11 Industria de la madera 0,6 9,7 1,9 0,7 0,4 1,4 2,6 0,7 9,4 0,4 Papel y productos de papel 3,2 7,9 6,2 5,8 8,8 28,5 4,2 3   2,4 Indust. Química 30,8 7,6 28,9 46,8 30 13,8 52 80,7 53,6 5,5 Minerales no metálicos 1,8 2,4 15,6 8,1 3,1 4,9 1,6 0,7   1,4 Ind. Metálicas básicas 0,2 6,4 1,6 2,8 3,8 2 2,6 5,7   77,6 Maquinarias y equipos 20,1 27,5 30,7 15,2 23,7 26,9 24,1 4,8 15,4 1,1 Otras ind. Manufactureras           0,1   1,1     Electricidad, gas y agua                     Construcción     0,2 0,1   0,7 1,5       Servicios 11,2 0,4 1,2 0,2     0,8       Otros 0,1                   Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Fuente: UADE, op. cit., p. 41. Si ampliamos el marco temporal a 1958-1973, observamos la primacía de proyectos aprobados de las ramas de maquinaria y equipo y química y petroquímica (Gráfico 12 y 13). En un segundo lugar, lejano al primero, los alimentos, textiles, papel e industrias metálicas básicas. Últimos, los minerales no metálicos y la industria de madera y muebles. Gráfico 12. Inversiones aprobadas por ramas 1958-1973 Fuente: Elaboración propia en base a Schvarzer, Jorge: La promoción industrial en Argentina, CISEA, 1987, p. 41. Los datos incorporados en el citado trabajo de la UADE, coinciden en las ponderaciones del peso de cada rama en el total de subsidios aprobados con las proporciones recién analizadas. Gráfico 13. Inversión aprobada por sectores, 1958-1973. Miles de dólares Fuente: UIA: Promoción industrial en la Argentina: “Cuantificación de los resultados logrados por los regímenes de promoción industrial”, Buenos Aires, 1984, Apéndice. Si analizamos en detalle los proyectos de la rama petroquímica entre 1974 y 1975, observamos que se trata, en muchos casos, de empresas concentradas del mercado interno, radicadas principalmente en Buenos Aires (Cuadro 3). Dos de ellas, Indupa y Electrocolor, dirigentes de la UIA. Los rangos de inversión autorizada y ocupación son muy variables, oscilando entre los 44 millones de dólares y 35 obreros, hasta 150 millones de dólares con una ocupación de 290 trabajadores. Aunque sólo disponemos del dato de tres proyectos siderúrgicos aprobados (Cuadro 4), observamos una tendencia similar: existe una amplia diferencia entre el mayor proyecto (Acindar) y el menor (Fundición Gatt). Además de haber sido aprobados, los proyectos expuestos en el cuadro fueron puestos en marcha en su totalidad. Cuadro 3. Industria Petroquímica. Principales proyectos promocionados* presentados hasta 1976. Valores absolutos y miles de dólares Decreto Empresa Localización Fecha present. Fecha aprob. Inversión Ocupación Estado de situación Observaciones           miles usd       592 Petroq. Río III Córdoba nov-74 may-75 80000 214 PMT (1982) Único productor 592 Maleic Bs As ago-76 dic-77 13458 64 PMT (1981) Único productor 592 Polibutenos Arg. Bs As jun-74 jul-77 6623 54 PMT (1982) Único productor 2674 Inductor Bs As nov-75 mar-79 150924 290 PMT (1986) Único productor 2674 Polisur Bs As dic-75 nov-78 114725 224 PMT (1982) 85% de mercado 2674 Monomeros Vinil Bs As nov-75 ene-79 90561 156 PMT (1986) ** 2674 Petropol Bs As nov-75 may-79 61670 184 PMT (1987) 33% del mercado 2674 Electrocolor Bs As ene-76 dic-79 57826 165 En ejecución   2674 Petroq.B. Blanca Bs As ene-76 nov-78 44561 35 PMT (1981) 80% del mercado * Inversión autorizada hasta los cinco millones de dólares ** El mercado es controlado por Electrolocolor e Indupa Fuente: Azpiazu, Daniel y Basualdo. Eduardo: Cara y contracara de los grupos económicos, Cántaro Editores, Buenos Aires, 1990, p. 101. Cuadro 4. Inversión y ocupación de los proyectos siderúrgicos aprobados por la Secretaría de Comercio e Industria. Cantidad de ocupados y miles de dólares Proyecto Inversión miles de Personal ocupado Provincia Régimen Fecha de aprobación Estado de Situación   usd           Acindar 251000 1200 Santa Fe 619 ene-75 PMT Stein Aleaciones 1879 46 Mendoza 922 ene-76 PMT Fundición Gatt 503 18 Santa Fe 922 abr-75 PMT Total 253382 1264         Fuente: Azpiazu, D. y Basualdo, E.: op. cit., p. 131. En el cuadro 5 se disponen las empresas beneficiadas a partir de su vinculación con empresas estatales como compradores y/o proveedores de insumos. Es decir, la forma en que operó la transferencia hacia estos capitales, además de los beneficios promocionales, fue mediante la compra de insumos y venta de insumos a precios preferenciales, asegurándole un mercado a las empresas favorecidas. Asimismo, han sido asistidas con créditos a tasas privilegiadas del Banco Nacional de Desarrollo y la participación directa del Estado en el paquete accionario de la empresa. De dichos beneficios se han favorecido en el período Acindar, Benito Roggio, Bridas, Celulosa Argentina, Corcemar, Dálmine Siderca, Electrocolor, Impresit, Loma Negra, Minetti, Paneldile, Pasa, Compañía Naviera Pérez Companc, Propulsora Siderúrgica, Sade, Siemens y Techint, entre otras. Cuadro 5. Perfil de las firmas pertenecientes a la fracción vinculada con el funcionamiento del complejo económico estatal-privado. 1966-1976 Empresa Rama Grupo al que Percepción de benef. Formas de Org/empresa     pertenece prom. 1966-1975 vinculación pública relacionada         con el conplejo   Acindar Industria Acindar a)Reg. De promo. Ind Compradora de Somisa   siderúrgica   sector siderúrgico insumos element.         b)Créditos a tasa prefererenciales otorgados por el BIR del Estado         Banade           c) Participación estatal en el paquete accionario de la           firma     Benito Roggio Construcción Roggio Sin datos Construcción DNV         obra pública   Bridas Petróleo Bridas Sin datos Proveedora de YPF y Gas del Estado         insumos DNV         Construcción           Pública   Celulosa Arg. Industria celulósica Celulosa Régimen de promoción industrial en el sector celulosa y Perteneciente a rama       Argentina papel estratégica del           complejo fuertemente           promocionada   Corcemar Industria cementera Corcemar Régimen de promoción industrial en el sector cementero Perteneciente a rama           estratégica del           complejo fuertemente           promocionada   Dálmine-Siderca Industria siderúrgica Techint Créditos y gantías otorgados por el BIR/Banade Compradora de insumos SOMISA         claves al Estado. Vendedora YPF         de productos de empresas           públicas   Electrocolor Industria petroquímica Celulosa a) Participación estatal en el paquete accionario de la Promoción industrial sector PBB     Argentina firma petroquímico, vinculada con         b)Participación promocionada en la concreción de un un emprendimiento fuertemente DGFM YPF       "polo de desarrollo" promocionado por el Estado.           Compradora de insumos   Impresit. Construcción Macri Sin datos Construcción Obra pública DNV Loma Negra Industria cementera Loma Negra Régimen de promoción industrial en el sector cementero Perteneciente a rama           estratégica del           complejo fuertemente           promocionada   Minetti y cia. Industria cementera No Régimen de promoción industrial en el sector cementero Perteneciente a rama       corresponde Créditos y garantías otorgados por el BIR/Banade estratégica del           complejo fuertemente           promocionada   Paneldile Construcción No Sin datos Construcción Obra pública DNV     corresponde       Pasa Industria petroquímica No Régimen promoción industrial para el sector petroquímico Promoción industrial sector DGFM YPF     corresponde   petroquímico.           Compradora de insumos           elementales a empresas públicas   Cía. Naviera Petróleo Pérez Companc a) Participación estatal en el paquete accionario de la Perteneciente a rama YPF y Gas del Estado Pérez Companc     firma estratégica del         b) Créditos y garantías otorgados por el BIR/Banade complejo fuertemente           promocionada.           Compradora de insumos           clave al Estado.   Propulsora Industria siderúrgica Techint a) Empresa creada como proyecto promocionado Perteneciente a rama Somisa siderúrgica     b) Créditos y garantías otorgados por el BIR/Banade estratégica del           complejo fuertemente           promocionada.           Compradora de insumos           clave al Estado.   Sade Construcción Pérez Companc Garantías otorgadas por el BIR/Banade Construcción de obra pública DNV     (a partir de 1975)       Siemens Industria electrónica Siemens Sin datos Proveedora de bienes a empresas ENTEL         del Estado   Techint Construcción Techint Garantías otorgadas por el BIR/Banade Construcción de obra pública DNV Fuente: Castellani, A.: op. cit., pp. 105 a 108. 4. La crisis de acumulación A mediados de la década de 1950, los mecanismos de compensación que hasta ese entonces operaban a gran escala, especialmente la renta, comienzan a agotarse. Como señalamos anteriormente, las mercancías agrarias pierden peso a medida que nuevas mercancías van ocupando los reglones principales en el mercado mundial. El hecho de que Argentina se inserte competitivamente en forma exclusiva en esta rama, que a su vez pierde peso en el comercio internacional, hace que la acumulación de capital comience a estancarse. A su vez, el desarrollo de las fuerzas productivas a nivel interno comienza a sobrepasar, para este momento, a la capacidad de la renta para seguir sosteniendo su dinámica. Como se observa en el Gráfico 14, el peso de la industria como porcentaje del PBI se incrementa, mientras que el del agro se contrae. La brecha entre el peso de un agro preponderante y una industria pequeña, pero en crecimiento, comienza a achicarse durante la década en la década de 1940, hasta que el peso de la industria se iguala con el agro en los ’50, y lo sobrepasa, cada vez en mayor medida a partir de aquí. Lo que este punto muestra es la incapacidad, cada vez más acentuada, del agro argentino para sostener a una industria ineficiente e incapaz de competir. Es decir, la incapacidad del elemento compensador por excelencia, de subsanar las debilidades del capitalismo nacional y seguir sosteniendo el desarrollo de las fuerzas productivas. Como expresión de esto, todas las variables tienden a desplomarse. La industria se concentra y se centraliza, caen la ocupación y los salarios, y las variables sociales (salud, educación, mortalidad infantil, etc.), acompañan la tendencia decreciente. Nos encontramos ante la crisis orgánica del capitalismo argentino. Es decir, una crisis que pone en cuestión la viabilidad de esta experiencia nacional en los términos (capitalistas) en que se desarrolló hasta el momento, que se manifestó en la etapa, en primer lugar como crisis de acumulación. En segundo lugar se manifestó como una crisis hegemónica, en la que se exacerbaron los enfrentamientos interburgueses en la búsqueda de una resolución de la crisis. Y por último, en la apertura de una proceso revolucionario, con la aparición de una fuerza social en la que se canalizaron las tendencias insurreccionales surgidas en el seno de la clase obrera ante la incapacidad de la burguesía para dar solución a la crisis y los intentos de descargar su costo sobre las espaldas del proletariado. Una vez cerrada la crisis hegemónica, la continuidad de esta experiencia nacional debió recurrir, para sostenerse, a nuevos mecanismos de compensación: el abaratamiento de los costos de la fuerza de trabajo, una de las disputas centrales para la burguesía durante el período, que sólo se logró parcialmente, a sangre y fuego, a partir de 1976, con la derrota del proletariado. El otro mecanismo de compensación es la deuda externa, que comienza a extenderse significativamente, nuevamente, desde 1976. Aún así, la capacidad de dichos mecanismos para sostener la acumulación de capital en el país se encuentra todavía en duda. Iñigo Carrera, J.: op.cit.; Sartelli, op. cit.; Kabat, M.: “Sobrepoblación relativa. El aspecto menos conocido de la concepción marxista de la clase obrera”, Anuario CEICS, Buenos Aires, 2009. Gráfico 14. Producto bruto interno al costo de factores, % del PBI al costo de factores, sobre datos a precios de 1960 Fuente: Bil, D., Konrblihtt y Dachevsky, F.: “La ‘industrialización por sustitución de importaciones’ en Argentina a la luz de los datos empíricos”, La crisis orgánica de la sociedad argentina, Opfyl, en evaluación Conclusiones El objetivo del capítulo ha sido definir cuál fue el curso de la evolución económica entre 1966-1976 para poder comprender las estrategias que se plantea la UIA a lo largo del período. En la definición de su evolución determinamos no sólo el curso de los indicadores básicos sino las peculiaridades del capitalismo argentino, y en consecuencia de la burguesía nacional que se expresa a través de la UIA. Al partir de la Argentina como parte del mercado mundial, observamos necesariamente su lugar en relación a sus competidores. Consideramos que dicha mirada permite dar cuenta de los límites y potencialidades de la burguesía local, dado que se enfrenta al capital nacional a las condiciones que impone el mercado para su desarrollo. Hemos visto, siguiendo esta línea, los límites de la burguesía industrial argentina para sostenerse en la competencia capitalista a escala mundial e insertarse en el mercado. Aquellos países, como Argentina, que no pueden insertarse internacionalmente en términos exitosos, muestran la debilidad de su espacio de acumulación. Sus capitales deben circunscribirse al mercado interno, y gozar de mecanismos de transferencia desde el Estado para poder sobrevivir. La línea desarrollada se sostiene en la declinante y escasa participación de la Argentina en el mercado mundial (que ocupa alrededor del 1% del mercado), resultado de su baja productividad industrial, medida en nuestro caso en relación a Estados Unidos, vector del sistema. La incapacidad de los capitales argentinos para liderar ramas a escala internacional da cuenta de su fragilidad proveniente de sus costos superiores. Los mismos, tienen como premisa las particularidades del desarrollo del capitalismo en Argentina: posee un mercado chico y se ha insertado tardíamente en el mercado internacional. A su vez, a diferencia de experiencias como las del Sudeste Asiático, su mano de obra es costosa, por lo cuál no puede compensar sus altos costos desarrollando industrias en ramas con alta composición en fuerza de trabajo, como la textil. No obstante, gracias a la alta fertilidad de la tierra en Argentina, dichos capitales pueden reproducirse, aunque más no sea en el mercado interno. No tienen más potencia que la de sobrevivir, pero si no contaran con las transferencias provenientes de la renta de la tierra, quebrarían. El tipo de cambio puede operar como un mecanismo compensador de la falta de competitividad de acuerdo con su valuación y el ciclo en el que se encuentran los diferentes capitales. Así, un dólar sobrevaluado permite importar a quien lo requiera, pero, en ausencia de aranceles, arruina a aquellas capas de la burguesía más pequeñas. Un dólar devaluado imprime protección al mercado interno y reduce salarios. Las leyes de promoción industrial, constituyen otro de los mecanismos privilegiados de la época para transferir recursos y así compensar la falta de competitividad. En el período se vehiculizó preferentemente mediante programas especiales de exención impositiva, compra y venta a empresas estatales a precios preferenciales. En síntesis, concluimos que no ha variado la esencia del capitalismo argentino, asentado en la exportación de bienes agropecuarios, sino que gracias ella pudieron sostenerse mecanismos de compensación que otorgaron la apariencia de un nuevo modelo signado por la conversión productiva hacia la industria manufacturera. Capítulo 2. Composición social de la UIA En este capítulo procuraremos examinar la naturaleza de la UIA. La centralidad del problema reside en la necesidad de dar cuenta de las características estructurales de la entidad que constituyen el basamento de su acción corporativa. En efecto, es preciso conocer qué tipo de entidad es la UIA a fin de entender las razones de su programa y estrategia. La misma implica indagar en la historia previa al punto de partida temporal de nuestra tesis (1966) a fin de entender los móviles de su fundación, sus primeros socios y acciones. Este apartado, debido a que cumple la función de recomponer los antecedentes al período que abarca la tesis, será abordado a partir de bibliografía secundaria. En segundo término, la pregunta apunta a conocer la naturaleza legal de la entidad. El estatuto de la UIA redactado en 1974 oficiará de insumo a fin de reconstruir los objetivos formales y su estructura organizativa. Dado que el estatuto de 1958, que fija la normativa para el período estudiado, no se encuentra disponible para su consulta (ni en bibliotecas ni a través de los abogados de la UIA Consulta realizada a Victoria Giulleti, abogada de la UIA. Asimismo pedimos el expediente en la Inspección General de Justicia hace meses y aún no nos lo han entregado.), tomaremos el estatuto de 1974 que, de acuerdo con el trabajo Industriales del pasado Schvarzer, op. cit. P. 149., cuenta con una modificación con respecto al de 1958, que no llegó a ponerse en marcha. En tercer lugar, examinaremos las funciones, y jerarquía de los organismos de gobierno de la entidad, así como los socios que los componían. Por último, conocer qué tipo de entidad es la UIA significa dar cuenta de su composición social: las ramas de la industria en las que se insertaban sus socios, los tamaños de sus empresas y su perspectiva a nivel internacional. Este punto será reconstruido mediante los listados de dirigentes que aparecen en su Memoria y Balance, Rankings de la Revista Mercado, balances de empresas 76 empresas dirigentes incluidos en las Guía del Accionista y Guía de Sociedades Anónimas y bibliografía pertinente. 1. Breve historia de la Unión Industrial Argentina La Unión Industrial Argentina fue fundada el 7 de febrero de 1887 mediante la unificación de dos entidades: Club Industrial Argentino y Centro Industrial Argentino. Una asamblea compuesta de 470 socios constituyó la instancia de creación. El primer presidente que la entidad eligió fue Antonio Cambaceres, senador nacional e hijo de un importante técnico de la industria frigorífica. Entre las primeras medidas adoptadas se destacan el encargo de un censo industrial para enviar a la Exposición Internacional de París y el inicio de la publicación Boletín. Los temas centrales que preocupaban a la entidad eran el laboral Shakley, E.: “Unión Industrial Argentina, 1887-1920. Problems of industrial Development”, Ph.D dissertation, Rutgers University, 1977, p.110. y el arancelario: “No todos los industriales, ni todos los socios de la UIA deseaban una protección generalizada. La mayoría quería tarifas selectivas para proteger sus negocios. Por una parte, pedía protección para sus productos; por la otra exigía libre ingreso para sus insumos.” Luna, F.: 1887-2007. La Unión Industrial Argentina, 120 años defendiendo la producción nacional, UIA, Buenos Aires, 2007, p. 29 Un éxito parcial en ese sentido fue la ley tarifaria de 1891, que benefició a los grandes empresarios estableciendo una protección. El aliento a las compras estatales y los pedidos de “compre nacional” para favorecerse como proveedores del Estado constituyeron mecanismos para asegurarse un mercado para sus productos. En 1887 quedaron de manifiesto las primeras disputas internas. Un grupo acaudillado por Francisco Uriburu rompió con la UIA y creó la Sociedad de Industrias Fabriles Confederadas. La experiencia, no obstante, tuvo corta vida y una vez disuelta, sus miembros volvieron a la UIA. En cuanto a los asociados, en 1887 se contaban 877 socios, descendiendo éstos a 539 en 1907. La disminución obedece a la renuncia de un numeroso contingente de pequeños empresarios que dejaron la entidad en manos de los grandes empresarios. La razón sería que los grandes podían sostener económicamente a la institución, y aquellos que más aportaban obtenían un lugar privilegiado en la estructura de poder. La cuota seguía siendo reducida pero existían colectas especiales que involucraban a grandes aportistas: Demarchi, de Bary, Rezzónico y Otonello, Rigolleau, Ashworth y Cía., Tornquist y la Compañía General de Fósforos. De esta manera, los pequeños capitales quedaban afuera de la dirección y, por tanto, no se sentían representados. Recién en 1904 se aceptaron a las cámaras como representantes de los diferentes sectores de la industria, previa reforma del estatuto ya que antes sólo se admitía a socios individuales. Con esta reforma, se ampliaron las posibilidades de los pequeños capitales de aspirar a un lugar en la dirección o, al menos, ver reflejadas sus demandas específicas. El problema de la protección a la industria marcó la línea de intervención de los primeros años del siglo XX. La discusión con el Partido Socialista constituyó un ejemplo de esto. Este planteaba libre-cambio para proteger los ingresos de los trabajadores, considerando que la protección aduanera “permitía a los industriales gozar de beneficios oligopólicos que eran pagados por los consumidores a través de precios elevados”. La UIA, por su parte, llevó a la Comisión Investigadora de los Trusts en la Cámara de Diputados, impulsada por Juan B. Justo, la línea contraria: “con las rebajas proyectadas no se conseguirá, en absoluto, abaratar la vida, en atención a que el actual encarecimiento de la vida obedece a causas complejas, de carácter universal y no al supuesto proteccionismo de nuestras industrias”. Guerrero, A.: La industria Argentina. Su origen, organización y desarrollo, Plantié, Buenos Aires, 1944. p. 268, citado en Luna, op. cit., p.35. No obstante, de acuerdo con su conveniencia, se opuso en casos de necesidad de insumos a la protección aduanera de los mismos. El período comprendido por las Guerras Mundiales estuvo signado por un gran crecimiento industrial nacional, Dorfman, A.: Historia de la Industria Argentina, Solar Hechette, Buenos Aires, 1942. la proletarización de amplios sectores de la población y la pauperización de los trabajadores. Dicha situación sentó las bases para el desarrollo de luchas obreras. La actitud de la UIA hacia los conflictos radicó en el establecimiento de alianzas con la SRA para gestionar ante el presidente radical Hipólito Irigoyen en 1917, la negativa a participar de Asamblea Nacional del Trabajo en 1918, y la contribución con suscripciones personales a la Liga Patriótica Argentina para liquidar el movimiento obrero durante la Semana Trágica en 1919. El año 1920 fue escenario de nuevas disputas internas. Los representantes de los grandes capitales convocaron a atraer a nuevos socios ya que “de no hacerse así continuaremos dirigidos por la pequeña industria que ejerciendo prepotencia ahuyenta a la gran industria hasta obligarla a formar centros aislados”. Boletín, 15 de febrero 1920, citado en Luna, op. cit., p. 38. Dicha preponderancia de la pequeña y mediana industria se habría apoyado en las normas legales: “en mérito de graves fallas de los estatutos, pueden ejercer prepotencias decisivas.” Luna, op. cit., p. 29. En consecuencia, se dispuso una nueva reforma estatutaria en la que se otorgaba igual representación a los distintos sectores y cámaras, independientemente del número de asociados que tuvieran. Así la UIA volvía a quedar orientada por las industrias más grandes. El liderazgo de Colombo (1925-1945) En 1925 asume la presidencia Luis Colombo, quien se mantuvo en ese cargo desde la renuncia del presidente Luis Palma hasta el inicio de las conflictivas relaciones con Perón. Colombo se opuso a Hipólito Irigoyen en su segunda presidencia y estuvo implicado en la organización del golpe militar de 1930. La crisis económica mundial y la firma del tratado Roca-Runciman dispararon el enfrentamiento de la entidad con las autoridades nacionales y con otras fracciones de la burguesía. Guerrero, Américo: La industria argentina. Su origen, organización y desarrollo, Buenos Aires, Plantié, 1944. Para un análisis alternativo del tratado ver Sartelli, Eduardo: “Cuando Dios era argentino: La crisis del mercado triguero y la agricultura pampeana (1920-1950)”, en Anuario IHES, Universidad de Nacional de Rosario, 1994. La UIA hizo una campaña en la que solicitaba se tengan en cuenta los intereses de los empresarios. Publicó un Manifiesto en mayo de 1933 en el que denunciaba una “tendencia económica que sólo contempla los intereses agropecuarios […] al arbitrio de proponer y prestigiar el sacrificio de la industria manufacturera como único medio de mejoramiento del comercio de ganados y cereales argentinos. Otra vez, como en 1878 se enfrentaban los intereses de la industria y el campo”. Anales de la UIA, nº 773, mayo de 1933, citado en Luna, op. cit., p. 44. Asimismo, la institución organizó un mitin opositor el 12 junio de 1933 en el Luna Park, como parte de la campaña de la UIA contra el librecambio preponderante en la política nacional. En dicho evento masivo, al que los empresarios llevaron a sus trabajadores, Colombo se pronunció en la siguiente dirección: “Queremos que cualquier concesión a los países amigos se reduzca estrictamente a materias primas que no producimos o artículos que no se elaboren en el país, sin que eso implique cerrar ilimitadamente las posibilidades de producirlos o fabricarlos”. Anales, op. cit., citado en Luna, op. cit., p. 45. La UIA no desechaba el tratado que permitía colocar preferencialmente la producción ganadera en Inglaterra, sino la posibilidad de que se otorguen mayores concesiones a las importaciones británicas como contraprestación. La presidencia nacional respondió al reclamo poniendo en duda la representatividad de la UIA. La contrapartida de la entidad fue: “La UIA, fundada en 1887, es el órgano representativo genuino de todas las actividades fabriles del país y así lo demuestran las 50 Secciones Gremiales y Asociaciones Adheridas que la componen cuya lista tenemos el honor de acompañar. Agregamos también los telegramas originales de adhesión, que hemos recibido de 37 entidades locales del comercio, la industria y la producción que suman, de este modo, su valioso apoyo numérico y moral a la acción de esta casa. Por otra parte, al presentar el petitorio que concreta las aspiraciones de la industria y el trabajo, expresadas tanto en el mitin referido como en las publicaciones y manifestaciones anteriores, hemos querido agregar también la firma de los obreros fabriles [por lo cual se] elevará las firmas de los obreros inmediatamente [cuando] se termine de recogerlas para demostrar […] que el pedido no los suscriben sólo las industrias sino, además, todos los hombres de trabajo, desde el más humilde hasta el más destacado”. Ídem. Más allá de estos desacuerdos puntuales, la UIA se mostró de acuerdo en general con la política industrial del período. Las medidas adoptadas ante la crisis económica mundial, signadas por el aumento de los derechos aduaneros desde 1931, la política de control de cambios y la creación de Juntas Reguladoras de la Producción, impulsadas algunos años después por Federico Pinedo, fueron evaluadas como positivas por la UIA. En términos de estructura institucional, la expansión y diversificación industrial, Villanueva, J.: “El origen de la industrialización argentina”, en Desarrollo Económico, nº 47, octubre-diciembre de 1972. seguidas por el surgimiento de nuevos sindicatos, impulsaron la formación de cámaras industriales que se asociaron a la UIA. De las 48 cámaras empresariales que conformaban la nómina de socios en 1932, la entidad pasó a contar 72 en 1941 y 91 en 1946. Dicho incremento implicó el aumento del número de dirigentes ya que a cada cámara le correspondían dos representantes en los órganos de gobierno. En la UIA se asistía a la “sobrerrepresentación” de ciertos sectores, ya que las cámaras no necesariamente expresaban intereses de ramas claramente diferentes entre sí. Así, algunas empresas contaban con un número mayor de representantes, dado que pertenecían a varias Cámaras industriales. Por ejemplo, Loma Negra, formaba parte tanto la Asociación de fabricantes de Cemento Portland como de la Asociación de Canteras de Granito dando como resultado estar representada dos veces dentro de la UIA. No obstante, aún ante el aumento del número de socios la toma de decisiones continuaba en manos de un reducido grupo de dirigentes representantes de empresas grandes. De acuerdo con Lindemboin Lindemboin, J.: “El empresariado industrial argentino y sus organizaciones gremiales entre 1930 y 1946”, en Desarrollo Económico, nº 62, Buenos Aires, julio-septiembre 1976. la mayoría de los socios del período representaban a empresas textiles, metalúrgicas, alimenticias y en menor medida, químicas. A su juicio, no se detectaban capitales sólo industriales, sino que los dirigentes pertenecían a capitales grandes y diversificados, no dedicados exclusivamente a la actividad fabril. La presidencia de Castillo desde 1940, ante la renuncia de Roberto Ortiz, marcó dos etapas diferentes para la UIA. En primer término, la entidad se mostró de acuerdo con la política económica proyectada, bajo la dirección de Federico Pinedo como ministro de Hacienda. Su Plan de Reactivación Económica contemplaba reclamos de la UIA como el draw back, medidas anti-dumping, créditos a largo plazo para la industria y reajuste de tarifas aduaneras. El aborto del Plan y la renuncia de Pinedo incentivó una creciente oposición de UIA a Castillo en unidad con SRA, CACIP (Confederación Argentina del Comercio, de la Industria y de la Producción) y Bolsa de Comercio de Buenos Aires. La UIA frente al Peronismo El inicio de la dictadura encabezada por el General Pedro Ramírez resultó auspicioso para la entidad. El presidente asistió a las celebraciones por el Día de la Industria, otorgó a la entidad espacios en la Radio del Estado y creó organismos de tutela en los que participaba activamente la UIA, por el ejemplo el Banco Industrial. Asimismo, en un principio la entidad trazó buenas relaciones con Perón Waldman, P.: El peronismo, 1943-1955, Sudamericana, Buenos Aires, 1981, p. 121. al frente del área de trabajo. Poco duró la armonía. Desde 1944, comenzaron los enfrentamientos a raíz de la política laboral liderada por Perón, a juicio de la UIA, excesiva. En 1945, los enfrentamientos se agravaron a causa del estímulo a las luchas obreras proveniente de la Secretaría de Trabajo, que denunciaba la entidad: “la indisciplina que necesariamente engendra en los establecimientos el uso siempre más generalizado de cierta terminología que hace presentar a los patrones en una posición de prepotencia y cada arreglo, no como un acto de justicia, sino como una conquista que de ser necesario, los trabajadores sabrían defender con la fuerza […] Palabras y conceptos mal asimilados, semejantes a los que usaban los viejos organizadores socialistas durante la primera faz del gremialismo obrero.” Revista de la UIA, enero de 1945, citado en Luna. F.: op.cit. , p.56. Como contrapartida, Perón desestimaba la representación de la UIA: “No acepto a la UIA, testaferros pagados por organismos patronales. Por eso llamo al patrón de la fábrica y no al gerente de la UIA. No acepto intermediarios en esta situación.” La Prensa, 27 de diciembre de 1944, citado en Luna, op. cit., p. 56 La idea de Perón era subordinar a la UIA al Estado, de la misma manera que lo hizo con la central sindical obrera. Buscaba de esa forma asegurarse una base empresaria dispuesta a la colaboración con el Estado. Sidicaro, R.: Los tres peronismos, Siglo XXI, Buenos Aires, 2002, p. 88. Dicha pretensión provocó una divisoria interna en la entidad, enfrentado a sectores colaboracionistas con los opositores. El mismo dilema en el que se vieron sumergidos durante años la mayoría de los sectores políticos y corporativos de la Argentina. Altamirano, C.: Bajo el signo de las masas, Emecé, Buenos Aires, 2007. Entre aquellos socios que propugnaban una línea de colaboración con el peronismo se encontraban Miguel Miranda, Rolando Lagomarsino y Ernesto Herbin. La mayoría de los socios, en cambio, se oponían a la cooperación. Esta fracción era lidarada por Raúl Lamuraglia, Noé y López. En 1945, ante una licencia a su cargo pedida por Colombo, Lamuraglia heredó la presidencia y profundizó la línea institucional antiperonista juntando fondos para apoyar la campaña de la Unión Democrática. Luego de la victoria de Perón, se realizaron los comicios para elegir nuevamente autoridades en la UIA, en los que triunfó la línea anti-colaboracionista. Se presentaron dos listas. La denominada “Conciliación”, cuyo candidato, Herbin, defendía el programa de colaboración con el nuevo gobierno. Entre los candidatos al Consejo Directivo por esa lista, se encontraban Clutterbuck (Siam), Tornquist (Tamet) y Pini. Esta tendencia gozaba del respaldado del ex presidente Colombo a pesar de su antigua oposición al peronismo. La lista triunfante, “Renovación”, era encabezada por Gambino (La Cantábrica), acompañado por Saint, Juan Oneto Gaona y Bardín (Iggam). Las intervenciones de la entidad durante el período se caracterizaron por el desacuerdo con los aumentos salariales por decreto, los controles de precios y la restricción de exportaciones para mantener el mercado interno. Su adhesión al documento impulsado por CACIP y la Bolsa de Comercio, en la que se repudiaba a Perón, respondía a la mencionada línea opositora: “Desde que se creó la Secretaría de Trabajo y Previsión –organismo cuya existencia no objetamos- se mezcla en la solución de los problemas sociales ese espíritu que denunciamos y cuya unilateralidad se quiere justificar en la necesidad de combatir y extirpar el comunismo, granjeando al gobierno los presuntos méritos de una política social avanzada. No creemos feliz ese procedimiento aunque fueran aceptables todas sus soluciones y, mucho menos, cuando no es fruto de un régimen y sólo depende de una voluntad personal transitoria y circunstancial.” Luna, op. cit. p.57 El 17 de mayo de 1945 la UIA fue intervenida, mediante una resolución ministerial del departamento de Justicia. El gobierno pretendía, de esta manera, desplazar a los dirigentes opositores para conseguir la tan ansiada base empresarial del régimen. Una vez asumido Perón, en 1946, el nuevo mandatario decretó la derogación de la personería jurídica a la UIA. De ahí en más, la corporación operó intervenida por un funcionario que mantenía contacto con los socios, mientras en paralelo se reunía una Junta Ejecutiva Provisoria, no reconocida por las autoridades oficiales. En mayo de 1947 el Estado designó a un nuevo interventor, L. Morbelli, que disolvió la Junta Provisoria y designó una comisión asesora formada entre otros por Llauró, Merlín, Fortabat y Campomar. La misma tuvo cierto acercamiento al gobierno a partir de 1951, en función del reiterado llamado a la unificación empresaria. Las gestiones no avanzaron y a finales del gobierno de Perón, en 1953, ante la formación de la Confederación General Económica, la UIA quedó finalmente liquidada mediante un decreto que ordenaba la transferencia de sus bienes a la Escuela Industrial de la Nación. Con el golpe militar de 1955, autodenominado “Revolución Libertadora”, los vínculos de la UIA con el poder político mejoraron notablemente. El gobierno restableció la personería jurídica a la entidad y se nombró como interventor-normalizador a P. Gambino, último presidente electo, crítico del peronismo. En 1958 se redactó el nuevo estatuto, acorde a las nuevas condiciones de la industria y la entidad. Se inició en dicho momento una campaña de reinstalación en la escena pública, mediante comunicados, la publicación de la Memoria anual y la Revista de la Unión Industrial Argentina. 2. La UIA desde el punto de vista institucional Tal como adelantamos, la Unión Industrial Argentina se restituyó como una entidad con reconocimiento legal luego del golpe contra el gobierno peronista. La Revolución Libertadora habilitó la normalización de la entidad, la restitución de su situación legal y la facultad para operar nuevamente, plenamente reconocida por el Estado. El estatuto de 1958 ofició como el documento mediante el cual la institución se dio una nueva normativa para su funcionamiento, luego de años de irregularidades. Como explicamos, dicho estatuto no se encuentra disponible, razón por la cual examinaremos el estatuto de 1974. De acuerdo con Schvazrer existe sólo una diferencia entre el Estatuto de 1974 con respecto al de 1958. Schvarze, op. cit., p.149. El autor no señala en su libro cuál es la variación, sino sólo que “no llegó a tener vigencia”. Por su parte, en la “historia oficial” de la UIA, Felix Luna Luna, F., op. cit., p. 71. señala que la reforma consistió en ampliar las representaciones de cada sector. Ante la imposibilidad de utilizar el Estatuto que rigió a lo largo del período estudiado, reseñaremos el Estatuto reformado de 1974, que nos permite reconstruir los objetivos de la entidad, su funcionamiento interno y la naturaleza de sus organismos de gobierno. A su vez, sobre el final, señalaremos en qué consistieron las modificaciones en cuanto a la representación de los diferentes sectores internos. Utilizaremos para ello la comparación del Estatuto de 1974 con la descripción realizada por Schvarzer del de 1958. Procuraremos a su vez contrastar la letra del Estatuto de 1974 con la información disponible en las Memorias y Balance de la entidad del período previo. Por último, la naturaleza de la reforma termina de entenderse al poner sobre la mesa las disputas internas que atravesaron la entidad entre 1970 y 1974. A la luz de dichos enfrentamientos, se aclara el sentido de la reforma, que no es menor, como parece señalar Schvarzer, sino que es central a la hora de comprender las pujas internas y la existencia de dos programas en disputa al interior de la UIA. De acuerdo con el documento en cuestión, las finalidades de la UIA privilegiaban el desarrollo de una industria nacional, que se identificaba con el mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad en su conjunto. Según el documento, los objetivos de la UIA serían: “a) Alcanzar la efectiva consolidación, la más amplia integración y la mayor expansión de la industria sobre la base del potencial industrial existente y la promoción de nuevas y mayores actividades; b) Propugnar una auténtica integración nacional mediante el afianzamiento de un desarrollo industrial equilibrado a nivel regional; c) Afirmar el fin social de la producción industrial, destinada a efectivizar las aspiraciones de la comunidad de alcanzar el mayor bienestar general para todos sus habitantes; d) Crear las mayores y mejores condiciones de ocupación para la población potencialmente activa asegurando la incorporación de las nuevas generaciones; e) Promover el constante desarrollo tecnológico del sector industrial de forma tal de lograr la permanente actualización, al más alto nivel, de la producción nacional; f) Asegurar la mayor exportación de productos industriales argentinos a todos los mercados del mundo.” Estatuto de la Unión Industrial Argentina, 1974, p. 1. La UIA proponía que la realización de sus intereses individuales como industriales devendría en la satisfacción de los intereses de los trabajadores, presentando sus intereses particulares como generales. Como medios aceptables, según el estatuto, para la consecución de los mencionados objetivos, la entidad enumeraba una amplia gama de instancias legales, políticas y comerciales: “Para la consecución de las finalidades anunciadas en el artículo anterior, la asociación arbitrará todos los medios idóneos dispuestos a su alcance y podrá utilizar a tal efecto sus recursos. Asimismo y con el objeto de atender en particular los múltiples aspectos que comprende la actividad industrial, la asociación podrá: Fomentar: la más amplia y libre agremiación; la capacitación técnica, científica y profesional de las personas vinculadas a la industria; la integración industrial a nivel sectorial y regional; un mayor nivel sectorial y regional; un mayor nivel de bienestar social y la mayor difusión del resultado de la industria nacional. Integrar organismos y/o entidades de carácter público, privado o mixto, nacionales, extranjeras e internacionales; Organizar y/o participar de: exposiciones y ferias industriales, congresos, convenciones, jornadas, seminarios, conferencias y comisiones de estudio y de trabajo; Crear y sostener: publicaciones, bibliotecas especializadas, oficinas especiales de asesoramiento y servicios; Expedir todo tipo de documentación tendiente a permitir, facilitar y mejorar las gestiones propias de la actividad industrial, exigida por entidades públicas o privadas, nacionales, extranjeras o internacionales; Realizar toda otra acción tendiente al logro de las finalidades de la asociación.” Ídem, pp. 1 y 2. A su vez, “La Unión Industrial Argentina tendrá la más amplia capacidad para realizar cualquier tipo de acto jurídico que directa o indirectamente sirva al cumplimiento de sus finalidades sociales. En consecuencia, en la forma, plazos y condiciones que le sean más convenientes, podrá: Adquirir y/o enajenar toda clase de bienes, por cualquier título jurídico que sea; Celebrar toda clase de convenciones o contratos, civiles, comerciales y administrativos; Celebrar toda clase de operaciones con cualquier clase de personas físicas o jurídicas, creadas o a crearse, y con toda clase de establecimientos bancarios, internacionales, extranjeros o del país, pudiendo ser estos nacionales, provinciales, municipales, oficiales, privados o mixtos, instituciones de crédito y/o de fomento industrial internacionales, extranjeras o nacionales y, especialmente, con el Banco Central de la República Argentina, Banco Hipotecario Nacional, Banco de la Provincia de Buenos Aires y Banco de la Ciudad de Buenos Aires, con o sin garantía reales o de cualquier otra naturaleza; Concertar concesiones con los gobiernos nacional, provinciales o municipales y celebrar contratos consiguientes; Recibir legados, donaciones y/o subsidios; Celebrar cualquier otro acto u operación directa o indirectamente vinculado a los objetivos sociales y a los medios previstos para su logro.” Ibídem, pp. 2 y 3. El patrimonio de la entidad se componía, “a) De las cuotas que abonen sus asociados; b) De los bienes que posee en la actualidad y de los que adquiera en lo sucesivo por cualquier título, así como de las rentas que los mismos produzcan; c) Cualquier otra entrada que pueda obtenerse.” Íbidem, p. 3. Acerca de su disolución, la entidad disponía: “La disolución de la Unión Industrial Argentina sólo podrá ser resuelta por una Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto, requiriéndose un quórum de las cuatro quintas partes de sus integrantes y la resolución favorable de los dos tercios de los votos presentes. […] Cualquiera fuera el origen, causa, forma y órgano o autoridad que resolviera su disolución, la liquidación será practicada por el Presidente y Vicepresidente de Administración y Finanzas o por quienes los reemplacen en el ejercicio de esas funciones. Si a ese momento no existieran esas autoridades actuarán las personas o persona que designe la Junta Directiva o en su defecto las que designen veinte asociados colectivos como mínimo, siguiéndose ese orden, pues estos últimos actuarán si esos organismos no se reunieran o no se pronunciaren al respecto después de intimidados a pronunciarse legalmente por los mismos.” Ibídem, p. 3. Los socios En el estatuto de 1974 se establecieron tres categorías de socios: adherentes, colectivos y honorarios. Los primeros eran aquellas personas físicas que desarrollaran una actividad industrial en el país. De acuerdo con la fuente, “Serán socios adherentes: Las personas físicas o las jurídicas que no estando comprendidas en el artículo 11º desarrollen una actividad industrial o relacionada con la industria, o promuevan su creación, afianzamiento y desarrollo; Las entidades de primero, segundo, tercero o cualquier otro grado que no puedan ser asociados colectivos porque sus estatutos y fines no concuerdan con los de la institución, pero sean coincidentes con los propósitos perseguidos por la misma y deseen prestar su concurso a la asociación. […] Son derechos de los asociados adherentes: Utilizar los servicios que preste la institución; Peticionar a las autoridades de la misma; Participar en las reuniones de los Consejos a que sean invitados; Integrar las comisiones internas de la asociación de conformidad con lo que establezca el Reglamento General. Son deberes de los asociados adherentes: Respetar, cumplir y acatar los presentes estatutos, el Reglamento General y las resoluciones de los órganos directivos; Abonar puntualmente las cuotas”. Ídem, p. 5. Los socios adherentes eran los miembros exclusivos de la Junta Directiva, como se observa en su composición en las Memorias y Balances de los años 1966, 1967, 1970, 1971 y 1972. Aún postulándose como representantes de cámaras regionales o sectoriales, no encontramos en el período dirigentes que no formaran parte de la institución como socios individuales. Su aceptación como socios dependía de la decisión de la Junta Ejecutiva con el asesoramiento de la Comisión Directiva. De acuerdo con la Guía de Socios, en 1960 la UIA presentaba un total de 1.375 empresas, o sea de socios adherentes, cifra que para el año 1970 descendió a 1.127. Guía de Socios, UIA, varios años. Los socios colectivos eran las cámaras, las asociaciones u otras entidades de primer grado que nucleaban empresas industriales. “[…] Serán asociados colectivos las entidades, asociaciones, cámaras, federaciones, comités, centros o corporaciones territoriales y las sectoriales que no tengan limitada su actuación a una jurisdicción territorial determinada, siempre que estén constituidas por empresas entre cuyas actividades se cuenta la industria y reúnan las condiciones que exigen los presentes estatuto.” Estatuto, op. cit., pp. 3 y 4. Su ingreso estaba sujeto a la aprobación de la dirigencia de la UIA, se les respetaba su autonomía y se les exigía para su incorporación que tengan personería jurídica. Sus derechos y obligaciones eran: “Son derechos de los asociados colectivos: Utilizar por sí y sus asociados los servicios que preste la asociación; Peticionar a las autoridades de la misma; Designar representante o representantes a los órganos directivos de la asociación en la forma que estos estatutos prevén para cada uno de ellos; Participar, por intermedio de representantes, en los organismos y comisiones internas de la asociación, de conformidad con lo prescripto por el Reglamento General. […] Son deberes de los asociados colectivos: Respetar, cumplir y acatar los presentes estatutos, el Reglamento General y las resoluciones de los órganos directivos; Abonar puntualmente las cuotas”. Ídem, p. 4. De acuerdo con las Memorias y Balances, la cantidad de cámaras asociadas durante 1966 sumaban 280, descendiendo en 1969 a 176, variando sensiblemente en 1971, con 179, y cerrando el período estudiado con 186 cámaras en 1972 y 190 asociados colectivos en 1973. En 1974 la UIA se fusionó con la CGE, con lo cual ya no existen estos datos de aquí al final del período estudiado. Como su número hace suponer, las cámaras asociadas eran muy variadas, en cuanto a rama de la industria, tamaño de sus integrantes o la posición en el mercado nacional e internacional. Cada cámara contaba, según el estatuto, con representantes en la Comisión Directiva y en la Asamblea Ordinaria que elegía autoridades. Por último, en cuanto a la categoría de Socio Honorario, el Estatuto disponía: “Serán asociados honorarios los asociados colectivos y/o adherentes y/o personas físicas o jurídicas que hayan prestado señalados servicios a la asociación, a la industria o a la República en lo que a creación, afianzamiento o desarrollo industrial se refiere. Este título será otorgado por la Asamblea a [propuesta de] la Junta Directiva, por decisión de los dos tercios de los votos presentes y en votación secreta. La decisión de la Junta Directiva requiere de una mayoría de los dos tercios de los miembros presentes en la sesión que se resuelva efectuar la propuesta a la Asamblea. Los asociados honorarios estarán obligados a respetar, cumplir y acatar los presentes estatutos, el Reglamento General y las resoluciones de los órganos directivos. Tendrán asimismo derecho a concurrir a la sede social, utilizar los servicios de la asociación, participar en las comisiones internas de la entidad, presentar proyectos e informes a los órganos directivos y recibir gratuitamente todas las publicaciones que se efectuaren para los asociados.” Ídem, p. 6. Organismos de gobierno El conjunto de los socios se organizaba en cinco instancias de gobierno para 1974: Asamblea, Directorio Ejecutivo, Junta Directiva, En las Memoria y Balance entre 1966 a 1972, previo a la reforma del estatuto, se denomina a los mencionados organismos: Junta Ejecutiva y Consejo Directivo respectivamente. Consejo Sectorial y Consejo Territorial. El ámbito que reunía a la dirigencia de la UIA era el Directorio Ejecutivo (denominado Junta Ejecutiva antes de la reforma estatutaria). Estaba compuesto, según el estatuto, de la siguiente manera: “El Directorio Ejecutivo [Junta Ejecutiva hasta 1974] estará compuesto por el Presidente, el Vicepresidente Sectorial, el Vicepresidente Territorial, los Vicepresidentes de Área que determine la Junta Directiva de acuerdo con lo previsto en el inciso b) del artículo anterior, además del Vicepresidente de Administración y Finanzas que establecen los presentes estatutos, y seis vocales. Salvo el Presidente y los Vicepresidentes Territorial y Sectorial, el resto de los integrantes del Directorio Ejecutivo serán elegidos por la Junta Directiva, de entre sus miembros.” Estatuto de la UIA, 1974, p. 11. Como hemos señalado, hasta la reforma tenían preponderancia en esta instancia de gobierno los socios individuales (ya sea que fueran elegidos a título individual o como representantes de alguna cámara). Constituían funciones de dicho organismo la administración de la entidad y la ejecución de las políticas diseñadas por la Junta Directiva (Consejo Directivo hasta 1974): “El Directorio Ejecutivo tendrá a su cargo la dirección y administración de la Asociación y su representación legal, por intermedio del Presidente. El Directorio Ejecutivo podrá otorgar poderes generales o especiales, incluso para representar en juicio a la Asociación y cuyas firmas obligan a la misma, a las personas que al efecto se designen y que podrán ser integrantes o no de dicho órgano.” Ibídem. Sus facultades: “a) Administrar y disponer de los bienes de la Asociación y ejercer todas facultades necesarias para el ejercicio de su mandato, incluso aquellas paras las cuales la ley requiere poder especial conforme al artículo 1.881 del Código Civil y articulo 9º del Decreto Ley Nº 5.965/63, pudiendo celebrar en consecuencia por sí o por intermedio de sus representantes, todos los actos previstos en el artículo 4º de los presentes estatutos; b) Encomendar la parte ejecutiva de las tareas de la Asociación a una o más personas, integrante o no del Directorio Ejecutivo, y estableciendo al efecto la denominación del o de los cargos, que podrá o podrán ser remunerados en el segundo de los casos; c) Proyectar y someter a la Junta Directiva el presupuesto de la institución, calculando los recursos del ejercicio y los gastos a efectuarse dentro del mismo; d) Aceptar o rechazar el ingreso de nuevos asociados; e) Nombrar las comisiones internas de trabajo permanentes y transitorias y organizar las oficinas que fueren necesarias para el servicio de los asociados, con intervención del Vicepresidente de Administración y Finanzas; f) Nombrar los funcionarios, asesores y empleados que se le propongan, fijar sus remuneraciones si fuesen rentados, asignarles o modificarles sus tareas y suspenderlos, en su caso, con intervención del Vicepresidente de Administración y Finanzas y dando cuenta de ello a la Junta Directiva. A los funcionarios y asesores los removerá con aprobación de dicho órgano y a los empleados por sí.” Ídem, p. 14. El presidente, autoridad del mencionado organismo, contaba entre sus tareas citar y presidir Asambleas, reuniones de Junta y Directorio así como “representar a la asociación en todos sus actos” Ídem, p. 11.. Asimismo tomaba decisiones que luego debía justificar ante la Junta Directiva. En efecto, el presidente aparece como una figura de máxima importancia. Se elegía cada dos años mediante el voto de los delegados de socios adherentes y colectivos. “Funciones del Presidente Ejercer la representación de la Asociación; Presidir las Asambleas y sesiones del Consejo Territorial y Consejo Sectorial, Junta Directiva, Directorio Ejecutivo y efectuar las convocatorias a las mismas; Realizar y/o autorizar los pagos, de acuerdo con los estatutos y el Reglamento General; Resolver los asuntos de carácter apremiante, debiendo dar cuenta en tal caso en la primera oportunidad al Directorio Ejecutivo y/o Junta Ejecutiva; Presentar a la Asamblea Ordinaria la memoria a que se refieren estos estatutos.” Ibídem. Los vocales eran elegidos por la Asamblea, y a partir de 1964 sumaban 21 individuos. Constatamos en las Memorias y Balances esta cantidad, que contradice lo postulado por el Estatuto de 1974, que limita los vocales a seis. Por su parte, los vicepresidentes regionales tenían la tarea de representar a su región ante la UIA y pasaron de ser tres en 1964 a siete en 1970. La Junta Directiva (Consejo Directivo hasta 1974) estaba compuesta por representantes de los socios colectivos, divididos en representantes de cámaras sectoriales y de cámaras territoriales; lo que no quita que muchos de ellos fueran a la vez que representantes por una cámara, socios individuales de la UIA. Funcionaba mediante reuniones periódicas que evaluaban el curso de la institución y debía ser consultado por el Directorio Ejecutivo. Estatuto, op. cit., y Memoria y Balance, UIA, varios años. “La Junta Directiva (Consejo Directivo hasta 1974) estará compuesta por veinticuatro representantes territoriales e igual cantidad de representantes sectoriales, elegidos de entre sus miembros por los respectivos Consejos. La Junta Directiva tendrá también dos representantes de la pequeña y mediana industria, elegidos por sus delegados en el Consejo Sectorial. Integrarán asimismo la Junta Directiva los Vicepresidentes Sectorial y Territorial o quienes estatutariamente los reemplacen.” Estatuto, op. cit., p. 8. Su funcionamiento se estipulaba a través de reuniones mensuales ordinarias, con la posibilidad de convocar a reuniones extraordinarias: “La Junta Directiva se reunirá por lo menos una vez al mes en sesión ordinaria el día y hora que la misma haya fijado, pudiendo realizar además reuniones extraordinarias”. De acuerdo con el Estatuto sus funciones eran, primordialmente reglamentar distintas instancias de la institución, diseñar políticas y encomendar al Directorio Ejecutivo su implementación: “a) Reglamentar estos estatutos en sesión especial convocada a tal efecto, la que deberá contar con el quórum de la mitad más uno de sus integrantes. Si no se obtuviese dicho quórum se convocará para una segunda sesión que se celebrará después de transcurridos diez días de la primera convocatoria y cualquiera sea el número de asistentes. Las decisiones, en ambos casos, serán tomadas por los dos tercios de los presentes; b) Reglamentar todo lo relacionado con los Vicepresidentes; c) Dictar todas las otras reglamentaciones necesarias para el cumplimiento de los fines sociales de la institución; d) Establecer políticas a que deberá ajustar su acción el Directorio Ejecutivo; e) Encomendar al Directorio Ejecutivo la instrumentación de todas aquellas medidas que creyera conveniente para la asociación, con sujeción a lo dispuesto en los presentes estatutos y en el Reglamento General; f) Autorizar y/o refrendar los actos del Directorio Ejecutivo que se sometan a su consideración; g) Decidir sobre la integración de organismos y/o entidades de las previstas en el inciso b) del artículo 3º; Resolver sobre toda otra cuestión relativa a la consecución de los fines establecidos en los presentes estatutos y que, por los mismos, no le esté expresamente asignada a otro órgano de la asociación.” Ídem, p. 10. En la base de la pirámide que estructura el poder de la UIA, se encontraban las Asambleas, una de ellas, extraordinaria, convocada en casos de crisis y la otra ordinaria, encargada de elegir presidente y aprobar lo actuado en cada año. “La Asamblea es la autoridad máxima de la institución y estará formada por todos los representantes que integren los Consejos Territorial y Sectorial. Cada integrante tendrá el mismo número de votos con que cuenta en su respectivo Consejo. Cada uno de los dos Consejos tendrá la misma cantidad total de votos. El sistema de votación es el que fijará el Reglamento General para cada Consejo. Se reúne solamente en los casos que fijen estos estatutos y toma sus resoluciones por mayoría de los votos presentes, salvo los casos en que estos estatutos determinen una mayoría o quórum especial. El quórum será de la mitad más uno del total de votos con que cuente los Consejeros Territorial y Sectorial. Si no se consiguiera tal quórum para la hora fijada en la convocatoria, se esperará media hora más debiendo entonces celebrarse la reunión cualquiera fuera el número de los votos de los firmantes en el libro correspondiente. Las Asambleas serán Ordinarias y Extraordinarias.” Ídem, p. 6. Las Asambleas extraordinarias, “serán convocadas cuando así lo resuelva el Directorio Ejecutivo o cuando lo solicitare por lo menos, la tercera parte de los integrantes de la Junta Directiva o la Comisión Revisora de Cuentas. En tales casos, los peticionantes deberán presentar por escrito y fundadamente al Directorio Ejecutivo, los puntos concretos a tratarse en esa Asamblea Extraordinaria. El Directorio Ejecutivo está obligado a considerar la petición y a citar a la Asamblea dentro de un plazo de quince días de haberla recibido. Las resoluciones en las Asambleas Extraordinarias serán siempre adoptadas por dos tercios de los votos presentes.” Ídem, p. 6 y 7. Las Asambleas Ordinarias, por su parte, “se reunirán una vez al año, dentro de los cuatro meses de cerrado el ejercicio, que finalizará el 31 de marzo de cada año, a efectos de: Considerar la memoria, balance general, inventario e informe de la Comisión Revisora de Cuentas; Elegir al Presidente de la Asociación; Designar los integrantes titulares y suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas; Designar dos asambleístas para aprobar y firmar el Acta Conjuntamente con el Presidente, el Vicepresidente de Administración y Finanzas o con quienes los reemplacen en el ejercicio de esas funciones”. Ídem, p. 6. Ambas asambleas eran lideradas por el Presidente de la institución, “Presidirá la Asamblea el Presidente de la asociación o quien legalmente lo reemplace, el cual sólo tendrá voto en caso de empate. Tendrá voz al solo efecto de encauzar el debate o hacer las observaciones de orden que fueran pertinentes, salvo el caso en que delegare la Presidencia en la persona que corresponda. Actuará como Secretario del acto el Vicepresidente de Administración y Finanzas o quien legalmente lo reemplace.” Ídem, p. 7. Paralelamente a los organismos descriptos, la entidad estipulaba para 1974 el funcionamiento de un Consejo Territorial y un Consejo Sectorial. El primero de ellos, “estará integrado por los representantes de los asociados colectivos territoriales hasta un máximo de tres por cada Provincia, por la Capital Federal y por el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Los consejeros deberán ser integrantes de la Comisión Directiva de la entidad a que pertenezcan.” Ídem, p. 8. “El Consejo Territorial se reunirá ordinariamente cuatro veces al año, en la fecha y lugar que el mismo determine.” Ídem. Se estipularon como facultades del Consejo Territorial: “[…] Analizar los problemas inherentes al sector industrial en función de su localización y proponer las medidas pertinentes para su solución; Considerar, analizar y proponer una adecuada política de desarrollo industrial territorial que tienda a lograr el equilibrio entre sus distintas zonas y una efectiva integración nacional; Elaborar y proponer las estrategias y medidas necesarias para el afianzamiento y expansión de la industria radicada en el interior del país; Elegir de entre sus propios miembros, cada dos años, los representantes territoriales en la Junta Directiva, el Vicepresidente Territorial que será a su vez, el Vicepresidente de este Consejo Territorial, y un Vicepresidente Territorial Alterno que lo reemplazará en caso de ausencia, incapacidad, muerte o renuncia, temporariamente o hasta la finalización de su mandato, según el caso; Crear comisiones y grupos de trabajo para analizar y elegir al Consejo Territorial las propuestas tendientes al cumplimiento de las funciones encomendadas en los inciso anteriores.” Ídem, p. 8. Por su parte, el Consejo Sectorial, “estará integrado por los representantes de las entidades gremiales empresarias representativas de sectores, ramas o actividades específicas que reúnan las condiciones establecidas en el artículo 11º de los presentes estatutos. Integrarán también el Consejo Sectorial, seis representantes de la entidad que represente a la pequeña y mediana industria. Los consejeros deberán ser integrantes de la Comisión Directiva de la asociación a que pertenecen.” Ibídem. Estaba compuesto por un representante por cada cámara, a los que se sumaban más representantes de acuerdo a la representatividad de la cámara en cuestión, que se medía en función de la cantidad de trabajadores que empleara y el tamaño de sus capitales: “Cada entidad empresaria asociada tendrá como mínimo un representante. Además, cada una de ellas contará con un representante adicional, a razón de uno cada 1% o fracción superior al 0,5%, cuando su grado de representatividad relativa sea mayor del 1% del total representado por las entidades integrantes del Consejo. El grado de representatividad resultará del promedio de los porcentajes correspondientes a la mano de obra ocupada, al monto del capital y al valor de la producción, suministrados por cada entidad empresaria mediante declaración escrita, cada dos años.” Ibídem. De esta manera, en dicho consejo tenían una representación mayoritaria los empresarios más grandes, como forma de contrapesar al Consejo Territorial, en la que los empresarios más pequeños, radicados en el interior del país, eran mayoría. El Consejo Sectorial se reunía cada tres meses, al igual que el Territorial, siendo su periodicidad inferior a la de la Junta y el Directorio. “El consejo sectorial sesionará en forma ordinaria cuatro veces al año en la fecha y lugar que el mismo determine.” Ibídem. Las facultades del mismo eran: “a) Analizar los problemas que puedan afectar las diversas ramas o actividades industriales y proponer medidas para su solución; Elaborar planes o recomendaciones para el mejor y más amplio crecimiento de las distintas ramas o actividades industriales; Elegir de entre sus propios miembros, cada dos años, los representantes sectoriales en la Junta Directiva. Ibídem.“ Sus principales funciones consistirían en elaborar estrategias sectoriales o territoriales según del Consejo del que se tratara. Dichas funciones parecen haber sido desarrolladas hasta 1974 por los Departamentos y Comisiones, ya que los consejos constituyen una de las novedades del estatuto del ‘74. De hecho, en las Memorias y Balances de la UIA se les otorga un lugar importante como elaboradores de propuestas en diferentes campos de la política económica e intervención directa en reuniones, encuentros, etc. Los Departamentos estaban compuestos por miembros de la Junta Directiva y el Directorio Ejecutivo y contaba con distintas Comisiones, especializadas distintas temáticas. Los informes elaborados eran presentados y aprobados (o rechazados) por la Junta Directiva. El Departamento de Economía y Política Industrial incluía la Comisión de Asuntos Impositivos, la Comisión de Comercio Exterior, la Comisión de Comercio Interior, la Comisión de la Construcción y la Comisión del Planeamiento. El Departamento de Política Laboral, de acuerdo con la Memoria y Balance, no contaba con subdivisión en Comisiones. En 1969-1970, se sumaron los Departamentos de Educación y Tecnología, de Relaciones con el Interior del País, de Relaciones Públicas. Como se observa en la descripción, van reduciéndose la cantidad de socios con cargos decisivos a medida que se asciende en el croquis organizativo. En la base, la Asamblea de delegados de cámaras sectoriales y territoriales, compuesta por disposición del Estatuto de 1974 por un máximo de 144 socios, con una representación equilibrada de los capitales más pequeños (Consejo Territorial) y de los más grandes (Consejo Sectorial). La Junta Directiva estaba compuesta, siempre en base a la misma fuente, por 48 miembros y finalmente se encontraba el Directorio Ejecutivo, con una composición de alrededor de 15 socios. Este último conformaba la cúpula de la organización, que trataba propuestas y era controlada por el resto de los organismos: la Junta Directiva y los Consejos. Por su parte, el presidente, al estar facultado para tomar decisiones ad referéndum del Directorio Ejecutivo, parece erigirse en la cabeza de la institución. El Estatuto de 1958 Según Schvarzer, Schvarzer, op. cit., p. 168. desde 1958 a 1974, el conjunto de los socios se organizaba en tres tipos de organismos de gobierno: Asamblea, Consejo Directivo y Junta Ejecutiva. Por lo tanto, los Consejos Territorial y Sectorial son una creación de 1974. Otra diferencia sería la composición de la asamblea. Como vimos, en 1974 estaba compuesta por los integrantes de los Consejos Territorial y Sectorial, en partes iguales. Es decir, por los socios de las cámaras por rama o sector (Sectorial) y delegados de las cámaras provinciales (Territorial), en similar representación. Según Schvarzer, las asambleas en el período previo estaban integradas por delegados de los socios individuales y delegados de las cámaras, sin distinguir entre sectoriales o territoriales. A su vez, durante este período también existían dos tipos de asamblea (ordinaria y extraordinaria). La diferencia radica en que la composición de ambos tipos de asamblea no era similar: “Una Asamblea está formada por los socios individuales y colectivos, a razón de un voto para cada uno, y está explícitamente definida para el caso en que se trate la posible disolución de la entidad (art. 9) e implícitamente para la elección del presidente de la UIA (arts. 59 a 62). La otra Asamblea definida por el Estatuto está integrada por un consejero por cada socio colectivo y un delegado por cada cincuenta socios individuales (arts. 65 y 66) se encarga de elegir al resto de la dirigencia, así como de aprobar lo actuado en cada ejercicio. […] A comienzos de la década del sesenta, la primera de ellas estaba compuesta por 1.200 a 1.400 socios individuales, más los 150 representantes de igual número de cámaras; en consecuencia, la designación del presidente dependía abrumadoramente del primero. […] Esta Asamblea, además, quedaba como un reaseguro latente frente a cualquier propuesta posible de disolver la entidad, y por extensión, ante alguna amenaza especial a la continuidad de la UIA que aconsejara reunirla; se trata de dos alternativas teóricas, dado que dicha asamblea nunca se reunió, en la práctica, salvo en su variante implícita en cada elección de presidente de la entidad. Más aún, tampoco se reunió en 1974, cuando se decidió disolver la UIA, pese a que la entidad se fusionó con la CGI”. Schvarzer, op. cit., p. 168. Claramente, la composición de las asambleas, sus funciones y su efectivo funcionamiento daba primacía a los grandes capitales en la elección de las autoridades de la UIA. Es clara la preponderancia de los socios individuales, en donde primaban los capitales de mayor tamaño, por sobre las cámaras. Por otro lado, la representación por las cámaras no necesariamente implicaba una garantía a la presencia de los pequeños empresarios provinciales en la asamblea. Muchos de los dirigentes de las cámaras que integraban la UIA, que no estaban divididas en sectoriales y territoriales, se correspondían con los empresarios más importantes en cada rama. Estos capitales tenían prioridad para imponer sus representantes en los órganos de gobierno, como se constata en las Memorias y Balances del período. La diferencia que aparece entonces entre ambos estatutos es que hacia 1974, ganaron espacio los capitales más chicos radicados en el interior del país. Habían obtenido un organismo que componían casi exclusivamente (el Consejo Territorial), y a su vez, habían logrado imponer una representación similar a la de los socios más grandes en la asamblea que designaba a las autoridades y aprobaba la memoria anual. Sin duda estos cambios son el producto de un movimiento secesionista en el interior de la UIA, que comienza a gestarse en 1970, y que culmina en 1974 con la integración a la CGE. La disidencia fue encabezada por seccionales del interior del país, que representaban a los capitales más pequeños y expresaban tendencias reformistas opuestas a la dirigencia de la entidad. Nos ocuparemos de estas divisiones internas en los próximos capítulos. Aquí solo nos limitamos a señalar la naturaleza de la reforma estatutaria y su vinculación con la crisis interna en la que ganan espacio los pequeños capitales del interior. 3. Composición social Bibliografía sobre el problema La pregunta que nos ocupará en el presente apartado es cuáles son las características de los socios de la UIA. En primer término, reseñaremos los déficits de la bibliografía que ha tratado el problema, que justifican la necesidad de volver a investigar este punto. El trabajo más detallado es Notas sobre el desarrollo de la burguesía nacional, de Roque Caggiano. Caggiano, Roque: Notas sobre el desarrollo de la burguesía nacional. La Confederación de la Industria y La UIA en el período 1957-1973, Centro de Estudios Urbanos y Regionales, Instituto Torcuato Di Tella, Buenos Aires, 1975. La intención del trabajo es investigar los ámbitos de acumulación de las empresas que componen las entidades (UIA y CGI) así como su tamaño. El trabajo toma a los 100 directivos de la Junta Ejecutiva de la UIA (excluyendo a los revisores de cuentas titulares y suplentes) que durante el período (1957-1973) ocuparon un total de 502 cargos, con un promedio aproximado de 5 años de desempeño por persona. Para ese total de directivos, el autor indagó en su participación en sociedades anónimas radicadas en Argentina a partir de las Guías de Sociedades Anónimas de los años 1960 y 1971/2. Obtuvo información para 76 de los 100 iniciales. El autor divide a los dirigentes entre aquellos pertenecientes a sociedades anónimas industriales (SAI) y sociedades anónimas no industriales (SANI). Las SAI representaban el 57% de las actividades en las cuales participaban los directivos de la UIA. Dentro de las 163 SAI, a las que pertenecen los dirigentes analizados (algunos tenían participación en más de una empresa), se destacan las químicas, alimenticias, textiles, minerales no metálicos y construcción de maquinaria. Entre los años 1960 y 1971 diminuyó en un 13% la cantidad de SAI representadas en la muestra. Decreció la participación de empresas textiles, productoras de minerales no metálicos, constructoras de maquinaria y aparatos eléctricos, metálicas básicas y fabricación de productos metálicos. A su vez, aumentaron en importancia las dedicadas a la producción de productos químicos y material de transporte. Así se asistió a una disminución del total de SAI y a una redistribución de las ramas de la industria en las que participaban. Entre las SANI el autor resalta que el 30% participaba en empresas dedicadas a negocios financieros y un 20% a las actividades inmobiliarias y constructoras. Las restantes, por orden de importancia: actividades comerciales, agropecuarias, servicios varios y en menor medida las actividades mineras, forestales y frutales. Entre los años 1960-1971 Caggiano observa un aumento de su participación en 18 unidades, compensado por la disminución de las SAI. Las actividades con mayores incorporaciones fueron las financieras, inmobiliarias y las comerciales. Dentro de las financieras se incrementaron las aseguradoras e inversoras a la vez que disminuyeron los bancos. En relación a su participación en los mercados, Caggiano sostiene que el 68% de las empresas estudiadas se encontraba entre los primeros ocho puestos de las ramas en las que competía. A su vez, de las 163 SAI, un 12% colocaba parte de su producción en los mercados externos, en su mayoría en la rama de la industria química. Dentro de las SANI existía una mayor vocación exportadora, marcada por la presencia de empresas comerciales dedicadas a la exportación e importación de mercancías. En síntesis, para el autor, la Junta Directiva estuvo compuesta durante los años 1957 y 1973 por directivos representantes de empresas en su mayoría industriales, que ocupaban los primeros puestos en las ramas en las que competían y que destinaban su producción, preponderantemente, hacia el mercado interno. A pesar del avance en la temática que significa la obra de Caggiano, hay ciertos problemas que quedan irresueltos. En primer lugar, la muestra que utiliza presenta un sesgo que su autor no reconoce ni problematiza. Como hemos visto al analizar los estatutos, la dirección de la UIA, por la forma que asumen los mecanismos de elección de autoridades, presenta un sesgo claro hacia los capitales más grandes, dejando afuera a una inmensa cantidad de capitales más pequeños que no tienen una expresión en los organismos directivos. Conocemos las dificultades para estudiar la dimensión de todos los capitales que integran la UIA, pero no podemos dejar de señalar este límite que convierte al trabajo de Caggiano en un estudio sobre la composición social de la dirección de la UIA, no sobre el conjunto de los empresarios que la integran. En los capítulos que siguen, recomponiendo los enfrentamientos internos y las diferentes estrategias que se enfrentan al interior de esta corporación, intentaremos salvar las dificultades para investigar individualmente a cada miembro de la UIA, lo que nos permitirá postular una hipótesis sobre su heterogeneidad interna que no se expresa, necesariamente, en su dirección. A su vez, en el trabajo de Caggiano no figuran los nombres de las empresas que componen las estadísticas del autor, dato central para poder identificarlas y así profundizar el análisis de acuerdo a nuevos interrogantes y seguir su trayectoria. Por el otro, no se hace referencia al tamaño de los capitales. En el trabajo no se presenta el detalle de los capitales incluidos en el análisis, sino información agregada sobre los mismos, lo cual dificulta un estudio más pormenorizado de los socios de la UIA. Asimismo, el autor utiliza como insumo los Rankings de ventas que, aunque permiten un acercamiento a los problemas planteados, no los resuelve. Para delinear el perfil económico de los capitales es preciso atender a sus ganancias, que permiten acercarnos a la competitividad de los mismos. Los Rankings de ventas, no dan cuenta de las potencialidades de los capitales en cuestión, sino que presentan solamente una visión estática de los montos de ventas acotados a la escala nacional, sin atender a la dimensión internacional de la competencia. Por último, la clasificación de las empresas en SAI y SANI es problemática, dado que no queda claro a quienes engloba en cada una. Por esa razón, no la utilizaremos. En principio, consideramos industria al capital productor de plusvalía, diferente de aquellos que se apropian de ésta (comercio y finanzas). Hasta aquí la división de Caggiano parece pertinente. No obstante, dado que dentro de las SANI incluye al sector agrario, aparece aquí un problema. Nosotros optamos por diferenciar agro de industria (así como diferenciar a ambas del comercio y las finanzas), no por ser actividades diferentes sino en tanto constituyen las grandes ramas en las que se divide la economía. Sartelli, E.: “¿Cómo se estudia la historia de la industria?”, Anuario CEICS, nº 1, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2007. El trabajo de Schvarzer, por su parte, clasifica la totalidad de los socios de la UIA de acuerdo con las Guías de Socios de los años 1960 y 1970. Para el año 1960 identifica un total de 1.375 socios. La mayoría radicado en Capital Federal y, de acuerdo con el Ranking de ventas, tres cuartas partes de ellos serían grandes empresarios. Schvarzer señala a su vez un mínimo de pequeñas empresas. La pertenencia a la industria no era excluyente, ya que en los listados figuraban financistas y otro tipo de actividades no industriales. En el listado de 1970, el autor cuenta 1.127 socios. Del Ranking de 1975 extrae que 86 empresas de las 100 más importantes eran miembros de la UIA. Extiende la mirada sobre los 500 capitales más vendedores y concluye que la mayoría formaba en las filas de la UIA. Schvarzer arriba a similares conclusiones que Caggiano en cuanto a la composición social de la entidad, remarcando la primacía de los grandes capitales. Al igual que Caggiano, el análisis de Schvarzer presenta dos grandes problemas. Primero, que nuevamente hay un sesgo claro en la muestra hacia los grandes capitales, preponderantes entre los socios individuales de la entidad. Se deja afuera aquí a las cámaras que integran la entidad, que incluyen a la mayoría de los empresarios del interior del país, más chicos que los que dirigen la UIA. Se podría argumentar que su peso es numéricamente inferior al de los socios individuales: alrededor de 1.200 socios contra unas 200 cámaras. Su representación en la dirección y la primacía de los socios individuales a la hora de elegir autoridades puede funcionar como argumento en este sentido. Sin embargo, los resultados de las disputas internas, que obligaron a la dirección de la UIA a hacer grandes concesiones entre 1970 y 1974 (una de ellas es la reforma de los estatutos que reconoce la importancia de los pequeños capitales provinciales), muestra lo contrario. El otro problema del trabajo de Schvarzer es que nuevamente se recurre a los rankings de ventas internos para determinar el tamaño de los capitales que integran la entidad. Ya señalamos los límites de este indicador, que no contempla otras variables más importantes para determinar el tamaño de una empresa: los montos de capital empleado o su capacidad de competir a escala internacional. Otros estudios, sin tomarse el trabajo de constatarlo empíricamente, comparten la apreciación de estos autores, que ya es parte del sentido común: la UIA expresa los intereses de los grandes empresarios nacionales. Como veremos, tal aseveración es discutible. Directivos y empresas Dados los límites que presentan los trabajos que han intentado avanzar en la reconstrucción de la composición social de la UIA en el período analizado, hemos debido recurrir a un análisis específico, que presentaremos a continuación. Nos circunscribiremos al análisis de las cualidades de la dirigencia de la UIA durante el período 1966-1974. La fecha de cierre corresponde con el ingreso de la UIA a la CGE y la imposibilidad de diferenciar en este período el problema en cuestión. El problema que nos convoca no es la composición del total de los socios de la entidad debido a que la extensión y dispersión es muy grande cuando se intenta una reconstrucción total. Teniendo en cuenta la cantidad de cámaras que integran la entidad, y los capitales que las comprenden, el problema se magnifica. El los capítulos que siguen intentaremos una aproximación a la composición social del conjunto de los capitales que la integran a partir de un análisis de sus disputas internas. En consecuencia, nos centramos en el núcleo duro de la UIA. Observaremos quiénes ocuparon qué cargos y a qué empresas representaban, así como las peculiaridades de éstas últimas. Nos centraremos en los capitales integrantes del Directorio Ejecutivo y Junta Directiva, que de acuerdo a la reconstrucción de la estructura organizativa constituyen los principales círculos de poder. A diferencia de Caggiano, quien también estudia la Junta Ejecutiva, tomaremos sólo las empresas que figuran como referencia de los directivos en las Memorias y Balances, y no el total de empresas en las que estos directivos participaban. Como adelantamos, la Junta Directiva (o Consejo Directivo) estaba compuesto por representantes de las cámaras y por delegados de los socios individuales. A éstos últimos prestaremos atención. Durante el período 1966-1973, la Junta Directiva de la UIA contó con un total de 32 delegados representantes de los socios individuales. La mayoría de ellos permaneció durante el total del período estudiado, aunque algunas excepciones sólo ejercieron entre uno y tres años. En el Cuadro 6 disponemos los nombres de los representantes de los socios individuales y las empresas a las que pertenecían. Cuadro 6. Delegados de socios individuales a la Junta Directiva. Nombres y empresas, 1966-1973 Junta Directiva de la UIA Delegados de socios individuales 1966-1973 Nombre Empresa S. Bartomeo Danubio J.C. Bietti Comertarsa R. Bone Gurmendi-Errebé P. Bronzini Alg. Vinca D. Criado Fernández Criado C. Maggiorini Conrado Maggiorini E.A.Montepagno Plantié Gráfica O.Murray C.A.C.Portland V.Rios G.Bardi y Ríos A.Scremin Rycsa-Cura-Senior N.Schmajuk Pullmania S.Torreiro Papelera Mitre M.Zimmerman Lonvie G.Schinler Shell G.Andrews Standard Electric M.Meligrama Mathieson-Atanor J.Sperlink P.Pechersky L.Wharton Sudemtex R.Beschinsky E.Machotta J.Santos Siam J.Silbert Silbert J.Bosco Larrea Tatay Campbell Drysdale A.Del Bosco J.Del Bosco O.Fontana Fontana Hnos. L.Pinkler CEE Siam R.Gondar Electroclor A.B.Valdez Guereño A.Achaval Fiplasto J.A.Chico López Fialp-Hisisa E.Femminini Fab.Arg. De Pigmentos E.Montagna Terrabusi M.A.Villalba Gurmendi Fuente: Elaboración propia en base a Schvarzer, op. cit., p.p. 276 y 277. El Directorio Ejecutivo (Junta Ejecutiva) fue presidido en los años 1966 y 1967 por Juan Oneto Gaona, titular de la tabacalera Piccardo, y entre 1968 y 1974 por Elbio Coelho, perteneciente a la firma Maddanon y Coelho y Transmix. En el siguiente cuadro reconstruimos a partir de las Memorias y Balances de la época el total de los directivos, sus cargos y las principales empresas con las que estaban relacionados (Cuadro 7). Cuadro 7. Miembros del Directorio Ejecutivo de la UIA, cargos y capitales a los que pertenecen (1966-1974) Autoridad Empresa Cargo 1966-1967 1968-1973 1973-1974 Juan Oneto Gaona Tabacos Piccardo Presidente José Enquin Febo S.A. Vice 1º Vice 1º Juan Stocker Platex S.A. Vice 2º Vice 2º Francisco Masjuan Atma SAIC Vice 3º Vice 3º Vice 3º José Negri Jose Negri Vice 4º Vice 4º Roberto Petracca Petracca e Hijos Secretario Revisor de ctas. Revisor de ctas. Héctor Amorosi Héctor Amorosi & CIA Prosecretario 1º Prosecretario 1º Antonio Cardalda Compañía Química S.A. Prosecretario 2º - Raúl Verzini Corp. Cementera Arg. Tesorero Tesorero Juan Podesta Fideoro-Podestá e Hijos Protesorero Fernando Camauer Camauer SAIC Vocal titular José Agrest Agrest SACIF Vocal titular Vocal titular Vocal Titular Carlos Franke Alejandro Llauró e Hijos Prosecretario 2º Vocal titular Vocal Titular Lorenzo Olivero Alpargatas SAIC Vocal titular Vocal titular Hernando Campos Menéndez Atanor Vocal titular Alejandro Frers Swift La Plata Vocal titular Rodolfo Martelli Ducilo S.A. Vocal titular Vocal titular Elbio Coelho Maddanon y Coelho Vocal titular Presidente Presidente Transmix S.A. Luis Gottheil Pirelli SAIC Vocal titular Vocal titular Ricardo Noseda Petrosur S.A. Vocal titular Carlos Piñol Campomar S.A. Vocal titular Manuel Teitelman Papelera Teitelman Vocal titular Mario Fano Cometarsa S.A. Vocal suplente Vocal suplente Antonio Labiano Angel Zaffaroni S.A. Vocal suplente Vocal suplente Alfredo Weiss Meller-Goodwin SAC Vocal suplente Vocal suplente Elías Ramirez Alba S.A. Vocal suplente Prosecretario 2º Daniel Bonorino Duperial S.A. Vocal suplente Vocal titular Martín Noel Noel y CIA Vocal suplente Secretario Secretario Raúl Tampieri Tampieri y CIA Vocal suplente Vocal titular Mario Roldan Papelera Hispano-Argentina Rev. de ctas. Tit. Edelmiro Rodriguez Copacabana SAIC Rev. de ctas. Tit. Rev. de ctas.Tit. Juan Fabregas Hoesch Rev. de ctas. Tit. Vocal suplente Vocal Suplente Emilio Van Peborgh Cristalerías Rigolleau S.A. Rev. de ctas. Tit. Eduardo Verardo Verardo y Cia. Rev. de ctas. Tit. Revisor de ctas. Raúl del Sel Selsa S.A. Rev. ctas. Sup. Vocal titular Roberto Favelevic Gotuzzo S.A. Rev. ctas. Sup. Vocal titular Vice 2º Vicente de Arteaga Turri SACI Rev. ctas. Sup. Enrique Ariotti Vice regional-Sta Fe Vice regional-Sta Fe Francisco Diaz Telli Vice Mendoza Vice Mendoza Manuel Ordoñez Vice. As. Ind. Cba. Vice. As. Ind. Cba. José Castro Vice. As. Ind. Cba. Enrique Patron Costas Camara Prod. Salta Carlos Hardoy UI del Chaco UIA del Chaco José María Paz UI Tucumán Armando Strada Chryler Fevre Argentina Protesorero Protesorero Pedro Lella ESSO Vocal titular Julio Ferloni Quimex S.R.L. Vocal titular Carlos Prats Celulosa Jujuy S.A. Vocal titular Enrique Scotto Cia. Gral. Fabril Financiera Vocal suplente Vocal Titular Horacio Botana LOSA Vocal suplente Miguel Teubal Ezra Teubal Hnos. Vocal suplente Vocal Suplente Juan Solar Grimoldi Rev. de ctas.Tit. Jacques Hirsch Villa Aufritch y Cia. Rev. de ctas.Tit. Vocal Titular Roberto Petracca Petracca e Hijos Rev. de ctas.Tit. Eduardo Verardo Verardo y Cia. Rev. ctas. Sup. Juan Villaverde Est. Met. Tubomet S.A. Rev. ctas. Sup. Alfredo Pulenta Bodegas Peñaflor Rev. ctas. Sup. Eduardo Braun Cantilo Astarsa Vice 1º Raúl Ondarts Hidronor I Vice 4º Juan Puerta Vice Cámara de Mendoza José Luis Pinasco Cerámicas Alassio Fed. Gremial del Comercio e Industria de Rosario Roberto Álvarez Cormetal UI de Tucumán Miguel Bevilacqua Asoc. De Ind. de Entre Ríos Edmundo C. Paul Electrocolor Prosecretario 1º Elías Ramírez Estancia Centella Prosecretario 2º Patricio Zavalía Lagos Fed. De Ind.Textiles Vocal Titular León Lerner Vocal Titular Enrique Bauerle Vocal Titular Federico Padilla Guillermo Padilla Ltda. Vocal Titular Raúl Zapater Zapater Díaz S.A. Vocal Titular Héctor Gronchi Vocal Titular Basilio Serrano Solian Vocal Titular Roberto Blanco Elfapel Vocal Suplente Juan A. Salar Alberto Grimoldi S.A. Vocal Suplente Carlos Herren Atanor Vocal Suplente Pablo Waisman Vocal Suplente Rodolfo Roccatagliata Vocal Suplente Severino Pita Revisor de ctas. Ernesto Balza Estancia El Rosario Revisor de ctas. Carlos Rodriguez Egaña Revisor de ctas. José Beliver Revisor de ctas. Suplente Horacio L. Levin Revisor de ctas. Suplente Carlos Piscione S.I.T. S.A. Revisor de ctas. Suplente Fuente: Elaboración propia en base a Memorias y Balances de la UIA. 1967, 1968, 1970, 1971, 1972, 1973 y 1974. Los capitales dirigentes de la UIA (las empresas con representación en las instancias de gobierno analizadas) se desempeñaban en las ramas de alimentos, astilleros, automóviles, autopartes, bebidas, botones, calzado, caucho, celulosa, cemento, cerámica, combustible, comercial, confección, construcción, cueros, electrodomésticos, electrónica, etc. El porcentaje en el que cada rama se encontraba representada se concentró en: alimentos (10%), metalurgia (10%), química (15%) y textil (18%) (Gráfico 15 y Cuadro 8). Las secundaban las industrias del petróleo (3%), electrodomésticos (3%), automóviles (3%), vidrio (4%), maquinaria (4%) y papel (6%). El resto de las ramas tenían una representación menor. Gráfico 15. Capitales miembros de la dirección de la UIA según rama de la producción, 1966-1974 Fuente: Elaboración propia en base a Memoria y Balance de la UIA, varios años; Guía El Accionista de S.A., 1959-1960. Cuadro 8. Capitales miembros de la dirección de la UIA según rama de la producción, 1966-1974 Empresa Rama Estancia Centella Alimentos Estancia El Rosario Alimentos Noel y CIA Alimentos Swift La Plata Alimentos Tampieri y CIA Alimentos Terrabusi Alimentos Fideoro-Podestá e Hijos Alimentos Astarsa Astillero Siam Di Tella Automóviles Chryler Fevre Argentina Automóviles Hoesch Autopartes Jose Negri Bebidas Guillermo Padilla Ltda. Bebidas alcohólicas Conrado Maggiorini Botones Febo S.A. Calzado Grimoldi Calzado Zapater Díaz S.A. Caucho Celulosa Jujuy S.A. Celulosa Compañía Argentina de Cemento Portland Cemento Corp. Cementera Arg. Cemento Cerámicas Alassio Cerámicas Shell Combustibles Copacabana SAIC Comercial Agrest SACIF Confección Cristalerias Rigolleau S.A. Construcción Elfapel Cueros Petrosur S.A. Distribuidora de combustibles Atma SAIC Electrodomésticos Longvie Electrodomésticos Standar Electric Electrónica Meller Estopa Plantié Gráfica Hidronor Hidroeléctrica Transmix S.A Hormigón elaborado Alejandro Llauró e Hijos Jabones Guereño Jabones Fiplasto Madera Fontana Hnos. Maquinaria Mellor-Goodwin SAC Maquinaria Turri SACI Maquinaria Cormetal Metalurgia Est. Met. Tubomet S.A. Metalurgia Pulmania Metalurgia Rycsa Metalurgia Angel Zaffaroni S.A. Metalurgia Cometarsa S.A. Metalurgia Gurmendi-Errebé Metalurgia Pirelli SAIC Neumáticos Papelera Mitre Papel Héctor Amorosi & CIA Papel Papelera Hispano-Argentina Papel Papelera Teitelman Papel ESSO Petróleo Alba S.A. Química Duperial S.A. Química Verardo y Cia. Química Quimex S.R.L. Química Atanor Química Compañía Química S.A. Química Electrocolor Química Fábrica Argentina de Pigmentos Química Villa Aufritch y Cia. Química Solian Química Silbert Siderurgia Tabacos Piccardo Tabaco Alpargatas SAIC Textil Campomar S.A. Textil Danubio Textil Ezra Teubal Hnos. Textil Fed. De Ind.Textiles Textil Gotuzzo S.A. Textil Selsa S.A. Textil S.I.T. S.A. Textil Sudamtex Textil Platex S.A. Textil Ducilo S.A. Textil Cia. Gral. Fabril Financiera Textil/Gráfica/Alimentos LOSA Transporte Petracca e Hijos Vidrios Rigoleau Vidrios Bodegas Peñaflor Vinos Fuente: Elaboración propia en base a Memoria y Balance de la UIA, varios años; Guía El Accionista de S.A., 1959-1960. Si comparamos el peso de las ramas en las que se desempeñaban los dirigentes de la UIA en el mercado mundial (representada por su capacidad para exportar su producción), observamos que en conjunto, representaban un porcentaje menor que el del sector agropecuario (Gráfico 16). Su inferior participación en las exportaciones expone las debilidades económicas de la mayoría de las ramas de la industria que se radican en el espacio nacional, y en particular, de los capitales representados en la UIA. Gráfico 16. Composición de las exportaciones argentinas por origen, 1963-1989. En porcentajes del valor Fuentes: Rapoport, M.: Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2003), Emecé, Bs As, 2007, pp. 488 y 538 y Ferreres, Orlando: Dos siglos de economía argentina. Historia argentina en cifras, Fundación Norte y Sur, 2006. Soporte electrónico La segunda variable de análisis que tomaremos para evaluar la composición social de la dirigencia de la UIA son sus ventas. Ya hemos señalado las limitaciones de recurso. No obstante, nos permite observar la importancia relativa de las empresas dirigentes de la UIA en comparación con las 100 empresas más vendedoras del mercado nacional. De un total de 82 capitales pertenecientes a la dirección de la UIA verificamos que en 1966, 16 conformaban el ranking de los mayores vendedores en el mercado nacional (de acuerdo con la Revista Mercado). Entre ellos, 10 figuraban entre los 50 primeros puestos, mientras que el resto, ocupaba lugares marginales. Asimismo, observamos que los 10 principales capitales en términos de ventas competían en las ramas química, alimentaria, petrolera y automotriz (ESSO, Shell, Chrysler, Alpargatas, Ducilo, Pirelli, Siam Di Tella, Duperial, Swift, Standard Electric, Gurmendi y Piccardo). El análisis de la situación en 1969 arroja similares resultados. El año 1970 no presenta variaciones sustanciales con respecto a la cantidad de empresas dirigentes que conformaron el ranking sino en el puesto de ventas de algunas de ellas. El descenso más notorio fue el de la empresa alimentaria Swift, desde el puesto 8 en 1966 al 61 en 1970. Aunque en el período 1971-1974 no se asistió a grandes fluctuaciones con respecto al total de capitales dirigentes de la UIA integrantes del Ranking, otras dos empresas sufrieron importantes caídas en sus niveles de ventas: Siam Di Tella pasó del puesto 18 en 1969 al 55 en 1974, mientras que Standard Electric descendió del lugar 34 en 1971 al 86 en 1974. En suma, podemos concluir que un promedio de 25 empresas del total de 82 dirigentes se encontraban entre 1966 y 1974 entre las más vendedoras a nivel nacional (un 29,2%). Entre ellas, el 16% se ubicaba en los primeros diez puestos, el 20% entre los puestos 11 a 20, 24% entre los puestos 21 a 50, mientras que la gran mayoría de los capitales dirigentes, el 40% se ubicaba entre los puestos 51 a 120. De las 25 empresas dirigentes de la UIA que se ubicaban entre los primeros 120 puestos, el 16% se encontraba en el top ten, mientras que el 86% restante se ubicaba entre el puesto 11 y el 120 (Cuadro 9). Si vemos el problema desde otro ángulo, el resultado obtenido es que de un total de 120 empresas posicionadas en los rankings de ventas en Argentina para el período, sólo 25 participaban de la dirigencia de la UIA. Es decir, menos del 21%. Cuadro 9. Capitales miembros de la dirección de la UIA pertenecientes a los Rankings de vendedores 1966-1974, según sus ventas. En millones de dólares Total Puesto Porcentaje de Capitales en Ranking del ranking capitales     1 a 10 16% Chrysler     ESSO     Swift La Plata       Shell   11 a 20 20% Alpargatas       Ducilo S.A.       Duperial S.A.       Pirelli 25     Petrosur Capitales 21 a 50 24% Piccardo Dirigentes     Standar Electric       Guillermo Padilla Ltda.       Gurmendi-Errebé       Siam Di Tella       Compañía Química S.A.   51 a 120 40% Alba S.A.       Atanor       Peñaflor       Cía. General Financiera       Corp. Cementera Arg.       Cristalerias Rigolleau S.A.       Noel y CIA       Terrabusi       Astarsa       Electrocolor Fuente: Elaboración propia en base a Memoria y Balance de la UIA, varios años; Revista Mercado, varios años. Al tomar como variable de análisis las utilidades, muchos de los capitales que aparentaban gozar de cierto dinamismo en términos de ventas, exponen sus debilidades. Las ventas miden el tamaño de mercado de cada empresa, contabilizando el monto obtenido mediante la comercialización. Este indicador no toma en cuenta los costos de producción y, por lo tanto, qué porcentaje de esos ingresos por ventas se apropia efectivamente cada empresa. Por esta razón es preciso atender a las utilidades, es decir, las ganancias de cada empresa, dado que expresan de forma más adecuada la posición de cada capital en el mercado. Hemos observado que las empresas ESSO, Shell, Chrysler, Alpargatas, Ducilo, Pirelli, Duperial, Swift, Standard Electric, Gurmendi, Piccardo y Siam Di Tella constituyeron las empresas más importantes en términos de ventas dentro de la dirigencia de la UIA. Como detallamos, dichas empresas se posicionaron dentro de las más vendedoras del mercado local. No obstante, al indagar en sus utilidades, el ranking se reorganiza. Tanto Swift, como Siam y Chrysler, pasan a ocupar los últimos lugares entre las empresas dirigentes posicionadas en los rankings. Las tres empresas, aunque con una cantidad importante de ventas, mostraron signos negativos en las utilidades de la mayoría de los ejercicios del período. Caso contrario se observa en las empresas Sudamtex, Alba y Atanor, posicionadas marginalmente en términos de ventas, aunque con una performance a la altura de los capitales más importantes (Cuadro 10). Cuadro 10. Capitales miembros de la dirección de la UIA pertenecientes a los Rankings de vendedores, 1966-1974, según sus utilidades. En millones de dólares   1966 1969 1970 1971 1972 1973 1974   Empresa Utilidades Utilidades Utilidades Utilidades Utilidades Utilidades Utilidades Promedio 1966-1974 ESSO 7,74 8,52 2.220,70 79,26 -560,62 970,54 44,12 395,7491574 Alpargatas SAIC 759,00 5,22 551,63 292,45 466,49 477,50 21,70 367,7118851 Duperial S.A. 1,43 3,88 382,56 159,57 391,11 398,21 18,10 193,5531799 Ducilo S.A. 6,61 3,41 283,72 216,38 165,16 401,79 18,26 156,4749767 Gurmendi-Errebé 2,19   236,51 107,23 161,96 238,21 10,83 108,1333477 Sudamtex 2,65     65,32 326,40 342,41 15,56 107,4777124 Shell 9,56     -475,85 106,93 982,14 44,64 95,34685483 Alba S.A. 1,25 1,72 234,88 97,23 92,53 123,21 5,60 79,49131998 Atanor 1,46 1,37 130,23 95,32 157,07 137,23 6,24 75,56033792 Pirelli SAIC 2,09 2,59   171,06 252,98 95,36 4,33 75,48827344 Corp. Cementera Argentina 1,40 0,85 175,35 86,91 88,00 91,70 4,17 64,05466937 Electrocolor 1,72   115,81 59,79 113,69 126,43 5,75 60,4550573 Compañía Argentina de Cemento Portland 0,78     206,91 185,07     56,10879433 Bodegas Peñaflor 1,74 1,25 206,51 8,62 68,80 69,02 3,14 51,29570794 Tabacos Piccardo 0,44   263,72 8,09 19,73 36,25 1,65 47,1252996 Cristalerias Rigolleau S.A. 1,63 1,36 146,51 49,79 92,89 33,75 1,53 46,78023877 Terrabusi 3,29   238,14         34,48993355 Noel y CIA 2,18 1,37 41,40 37,13 64,53 52,68 2,39 28,81191683 Standar Electric -1,24   511,63 21,28 -1,33 -341,96 -15,54 24,6890075 Cia. Gral. Fabril Financiera 1,34     24,89 53,87 35,71 1,62 16,77684943 Compañía Química S.A. 0,83 0,56 19,07 1,38 21,87 49,46 2,25 13,63161958 Rigoleau 1,63             0,232857143 Guereño 0,75             0,107142857 Astarsa       4,68 -56,89     -7,458291118 Swift La Plata -0,66 7,95 279,07 -40,32 305,16 -580,36 -26,38 -7,934562714 Chryler Fevre Argentina 1,90 6,71 40,00 -559,89 214,40 -364,46 -16,57 -96,84435423 Siam Di Tella -5,73   75,81 -173,51 -488,09 -764,38 -34,74 -198,6621274 Fuentes: Elaboración propia en base a Memoria y Balance de la UIA, varios años; Revista Mercado, varios años Los balances Consideramos los balances como una aproximación a la realidad, sin desconocer las variaciones con respecto a la misma que suelen contener. de las empresas constituyen otra fuente disponible y sustanciosa para analizar las ganancias de las empresas. La misma, nos brinda información de la mayoría de los capitales de la dirigencia de la UIA, sin circunscribirse sólo a aquellos que componen los rankings de Revista Mercado. Reconstruimos las ganancias para los años 1958 y 1972 (Cuadro 11) dado que son las fuentes disponibles que permiten comparar la información para la mayor parte del universo escogido. Ordenamos las empresas de acuerdo a las ganancias registradas en 1972 dado que este año coincide con el período estudiado (las ganancias de 1958 son igualmente tomadas como referencia). Entre las empresas con mayores ganancias en 1972 se encontraban Ángel Zaffaroni, Ducilo, Standard Electric, Terrabusi, Llauró e Hijos, Estancia Centella, Rigoleau y Pirelli. Los capitales Esso, Alba, Corcemar, Duperial, Atanor, Rycsa y Gurmendi, también deben ser tenidos en cuenta a partir de los balances de 1958, dado que no disponemos de información para 1972 pero constituyen capitales importantes (más de un millón de dólares de ganancias). El resto de los capitales sumaron en 1972 ganancias bastante inferiores a las de los antes mencionados, constituyendo una mayoría cuyos beneficios no superan los 400.000 dólares anuales. En suma, de un total de 81 empresas miembro de la dirigencia de la UIA relevadas, sólo un promedio de 13 superaban el millón de dólares anuales de ganancia, mientras las 68 restantes, se ubicaban en por debajo de la mitad de esa cifra. No contamos con datos para 1974 de las empresas Chrysler y Piccardo. Dada su importancia, aunque no podamos comprobar su capital suscripto con datos del balance, debemos ubicarlas en los primeros puestos para 1974. Cuadro 11. Capitales miembros de la dirección de la UIA según sus ganancias (1958 y 1972). En dólares* Balances 1958 Balances 1972 Empresa Rama Ganancias Ganancias Angel Zaffaroni S.A. Metalurgia 15.972,46 4.941.470,42 Ducilo S.A. Química 1.721.629,95 2.555.355,21 Standar Electric Electrónica 1.077.959,92 2.520.874,17 Terrabusi Alimentos 326.709,85 2.134.285,42 Estancia Centella Alimentos 1.750.925,42 Alejandro Llauró e Hijos Jabones 64.891,74 1.537.832,71 Rigoleau Vidrios 336.664,89 1.149.961,67 Pirelli SAIC Neumáticos 1.160.181,53 828.503,75 Noel y CIA Alimentos 253.680,74 729.116,46 Compañía Argentina de Cemento Portland Cemento 1.214.954,68 671.788,13 Duperial S.A. Química 1.152.796,81 472.064,17 Guereño Jabones 346.318,26 455.200,21 Electrocolor Química 524.675,75 381.069,38 Petracca e Hijos Vidrios 89.862,06 366.407,29 Cia. Gral. Fabril Financiera Textil/Gráfica/Alimentos 1.916.475,35 358.719,38 Mellor-Goodwin SAC Maquinaria 255.665,42 Febo S.A. Calzado 36.084,98 240.250,00 LOSA Transporte 236.489,79 Estancia El Rosario Alimentos 39.186,68 234.423,33 Guillermo Padilla Ltda. Bebidas alcohólicas 278.805,19 215.248,75 Cerámicas Alassio Cerámicas 15.182,00 190.861,67 Agrest SACIF Confección 132.157,32 190.766,67 Papelera Teitelman Papel 216.078,57 161.215,21 Alpargatas SAIC Textil 135.730,83 Fiplasto Madera 472.563,05 134.912,29 Petrosur S.A. Distribuidora de combustibles 134.102,08 Shell Petróleo 129.591,25 Papelera Hispano-Argentina Papel 224.132,07 126.156,04 Zapater Díaz S.A. Caucho 147.971,54 116.914,58 Papelera Mitre Papel 113.124,95 96.942,29 Longvie Electrodomésticos 266.038,25 85.759,17 Turri SACI Maquinaria 15.430,88 58.721,67 Gotuzzo S.A. Textil 70.365,28 57.454,17 Selsa S.A. Textil 341.584,65 56.310,00 Meller Maquinaria 11.026,92 54.302,50 Verardo y Cia. Química 49.764,38 S.I.T. S.A. Textil 155.461,55 41.200,63 Fontana Hnos. Maquinaria 333,29 30.043,75 Bodegas Peñaflor Vinos 18.222,29 Quimex S.R.L. Vidrios 20.571,55 15.767,08 Plantié Gráfica 4.272,35 15.320,42 Platex S.A. Textil 15.137,71 Celulosa Jujuy S.A. Celulosa 6.909,38 Danubio Textil 43.541,63 4.346,46 Est. Met. Tubomet S.A. Alimentos 2.471,46 Hoesch Autopartes 818,54 Alba S.A. Química 1.062.271,67 Astarsa Astillero 342.680,46 Atanor Química 1.357.559,89 Campomar S.A. Textil 546.879,74 Chryler Fevre Argentina Automóviles Cometarsa S.A. Metalurgia 245.271,76 Conrado Maggiorini Botones 33.973,85 Copacabana SAIC Comercial 1.866,09 Cormetal Metalurgia 23.261,71 Corp. Cementera Arg. Cemento 799.529,56 Elfapel Cueros 291,18 ESSO Petróleo 1.960.126,68 Ezra Teubal Hnos. Textil 212.588,51 Grimoldi Calzado 82.041,88 Héctor Amorosi & CIA Papel -40,00 Pulmania Metalurgia -230,12 Rycsa Metalurgia 1.316.870,59 Solian Siderurgia Sudamtex Textil Tabacos Piccardo Tabaco 193.632,33 Tampieri y CIA Alimentos Villa Aufritch y Cia. Química Gurmendi-Errebé Metalurgia 1.004.296,34 -7,71 Atma SAIC Electrodomésticos 208.621,33 -3.258,13 Fábrica Argentina de Pigmentos Química 135.914,34 -8.179,79 Transmix S.A Hormigón elaborado -76.861,25 Silbert Siderurgia 307.259,49 -3.399.556,25 Siam Di Tella Automóviles -3.609.844,17 Swift La Plata Alimentos 2.909.669,69 -5.162.189,79 *Las celdas vacías remiten a empresas sin registro en las fuentes. Fuente: Elaboración propia en base a Memoria y Balance de la UIA, varios años; Guía El Accionista de S.A., 1959-1960; Guía de S.A., 1972 La última variable de análisis en la que indagaremos es el monto de capital de las empresas dirigentes a fin de completar el panorama circunscripto al ámbito nacional. En el Cuadro 12 se exponen tanto el capital autorizado como el capital suscripto de las diferentes empresas. El primero remite estatutariamente al capital máximo que la empresa se propone invertir y el segundo al capital efectivamente aportado por los accionistas al momento de la fecha. Dado, por una parte, que el capital real es expresado en la categoría capital suscripto y, por otra, que sólo éste figura en las fuentes de 1973, nos ceñiremos a dicho concepto. Según los montos de los capitales suscriptos, las empresas que dirigen la UIA pueden separarse, en primer lugar, en un grupo reducido de empresas con inversiones entre 6 y 14 millones de dólares. Ubicamos la variable de corte en 14 millones de dólares aunque el capital con mayor capital suscripto sea Hidronor (926 millones de dólares), debido a la excepción que constituye y la gran diferencia entre ésta empresa y el resto de los capitales más concentrados. El grupo siguiente se compone se empresas de tamaño mediano, entre 1 y 6 millones de dólares, mientras que en el restante recae un importante número de empresas cuyas inversiones no supera el millón de dólares. Reiremos las salvedades con respecto a las empresas Chrysler, Esso, Alba y Piccardo. Cuadro 12. Capitales miembros de la dirección de la UIA según su capital (1958 y 1972). En dólares Balances 1958 Balances 1972 Empresa Rama Capital autorizado USD Capital suscripto USD Capital suscripto e int. USD Hidronor Hidroeléctrica   926.041.666,67 Siam Di Tella Automoviles 17.647,06 14.117,65 14.832.185,42 Silbert Siderurgia 317.647,06   14.490.902,92 Angel Zaffaroni S.A. Metalurgia 58.823,53 47.058,82 13.895.833,33 Petrosur S.A. Petróleo   9.916.666,67 Cia. Gral. Fabril Financiera Textil/Gráfica/Alimentos 14.117.647,06 16.545.064,79 8.327.083,33 Estancia Centella Textil 6.674.124,58 Alejandro Llauró e Hijos Jabones 235.294,12 138.823,53 6.250.000,00 Sudamtex Textil   5.833.333,33 Duperial S.A. Química 8.823.529,41 1.764.705,88 5.759.778,54 Pirelli SAIC Gráfica 5.882.352,94 3.058.823,53 5.729.166,67 Terrabusi Alimentos 1.176.470,59 694.117,65 4.475.187,92 Ducilo S.A. Textil 4.705.882,35 4.102.997,65 4.470.162,29 Rigoleau Vidrios 3.529.411,76 2.172.125,88 2.957.062,50 Cerámicas Alassio Cerámicas 176.470,59 141.176,47 2.337.354,17 Electrocolor Química 3.764.705,88 882.352,94 2.292.838,33 Fiplasto Madera 1.176.470,59 740.568,24 1.977.596,88 Standar Electric Electrónica 4.705.882,35 1.764.705,88 1.860.577,50 Swift La Plata Alimentos 1.750.162,35   1.742.809,79 Noel y CIA Papel 588.235,29 364.860,00 1.445.639,58 Petracca e Hijos Vidrios 352.941,18 218.811,76 1.416.666,67 Guereño Jabones 588.235,29 435.294,12 1.344.725,83 Mellor-Goodwin SAC Alimentos   985.775,00 Hoesch Autopartes   916.666,67 Shell Petróleo   806.666,67 Estancia El Rosario Metalurgia 117.647,06 750.000,00 Bodegas Peñaflor Vinos 642.615,42 Meller Maquinaria 117.647,06 109.176,47 625.000,00 Alpargatas SAIC Textil 550.000,00 Longvie Electrodomésticos 459.582,35   478.538,75 Papelera Teitelman Vidrios 470.588,24 398.011,76 455.697,92 Compañía Argentina de Cemento Portland Cemento 2.941.176,47 2.058.823,53 416.666,67 Febo S.A. Calzado 47.058,82 57.941,18 416.666,67 Agrest SACIF Confección 470.588,24 275.735,29 408.802,08 Turri SACI Maquinaria 87.058,82   380.208,33 Villa Aufritch y Cia. Química   370.000,00 Selsa S.A. Electronica 588.235,29 448.367,06 286.458,33 Guillermo Padilla Ltda. Bebidas alcoholicas 411.764,71 402.165,88 265.336,46 Gotuzzo S.A. Textil 176.470,59 88.235,29 208.333,33 Atma SAIC Electrodomésticos 1.176.470,59 1.598.773,28 198.427,29 Papelera Mitre Papel 176.470,59 148.235,29 187.500,00 Fábrica Argentina de Pigmentos Química 329.411,76 156.250,00 Platex S.A. Metalurgia   143.750,00 Papelera Hispano-Argentina Papel 205.882,35   104.166,67 Est. Met. Tubomet S.A. Alimentos 79.706,88 Zapater Díaz S.A. Caucho 352.941,18 70.588,24 62.500,00 Fontana Hnos. Maquinaria 35.294,12 17.705,88 55.104,17 LOSA Transporte   52.083,33 Verardo y Cia. Química   41.666,67 Transmix S.A Hormigón elaborado   26.041,67 Plantié Textil 5.882,35   25.000,00 S.I.T. S.A. Textil 352.941,18 235.294,12 20.833,33 Quimex S.R.L. Química 58.823,53 24.705,88 19.375,00 Danubio Textil 941.176,47 10.416,67 Jose Negri Bebidas   9.166,67 Gurmendi-Errebé Metalúrgia 2.141.176,47   5.208,33 Celulosa Jujuy S.A. Celulosa 4.166,67 Pulmania Vidrios 23.529,41 4.705,88 2.291,67 Astarsa Astillero 1.764.705,88 1.011.214,12 Atanor Química 2.352.941,18 2.284.605,88 Campomar S.A. Textil 1.200.000,00 1.197.647,06 Chrysler Fevre Argentina Automóviles 2.352.941,18 517.647,06 Cometarsa S.A. Metalúrgia 705.882,35 Compañía Química S.A. Química Conrado Maggiorini Botones 941.176,47 85.882,35 Copacabana SAIC Comercial 11.764,71 Cormetal Metalurgia 588.235,29 114.665,88 Corp. Cementera Arg. Cemento 2.352.941,18 1.115.642,35 Elfapel Cueros 117.647,06 51.764,71 ESSO Petróleo 23.529.411,76 22.147.018,35 Ezra Teubal Hnos. Alimentos 1.176.470,59 564.705,88 Fed. De Ind. Textiles Textil Fideoro-Podestá e Hijos Alimentos   Grimoldi Calzado 176.470,59   Héctor Amorosi & CIA Papel 117.647,06 25.882,35 Maddanon y Coelho Estopa   Rycsa Metalurgia 5.882.352,94 2.866.023,53 Solian Química   Tabacos Piccardo Tabaco 1.176.470,59   Tampieri y CIA Alimentos   Alba S.A. Química 1.470.588,24     *Las celdas vacías remiten a empresas sin registro en las fuentes. Fuente: Elaboración propia en base a Memoria y Balance de la UIA, varios años; Guía El Accionista de S.A., 1959-1960; Guía de la Industria, 1972 Comparación internacional El examen de la composición social arrojó hasta el momento que la dirigencia de la UIA se compone de un pequeño grupo de capitales grandes y una mayoría de capitales menores a escala nacional (sin mencionar siquiera el enorme universo de capitales más chicos aún, que no podían aspirar a la dirección de la UIA en este período). Si ampliamos la mirada al mercado mundial el escenario se muestra diferente. Aquellas empresas que parecían grandes en relación a sus pares nacionales, son pequeños capitales comparadas con las grandes empresas que operan en el mercado mundial. Consideramos la diferenciación entre grandes y pequeños capitales de acuerdo a su posición dominante o no dentro de su rama de la producción a escala internacional. En efecto, aquellos capitales que se constituyen en vectores, es decir que marcan las pautas de acumulación de su sector en el mercado internacional son entendidos como grandes capitales, a diferencia de aquellos pequeños cuya falta de productividad los relega a posiciones subordinadas. Shaikh, A.: Valor, acumulación y crisis, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2006, pp.187 a 271. Empresas como Swift, Chrysler, Standard Electric, Pirelli, Shell, Duperial y Piccardo, muy bien posicionadas a nivel nacional, muestran un rendimiento muy inferior a aquellas que operan en el mercado norteamericano insertas en sus mismas ramas. Si atendemos a sus utilidades, General Foods supera a Swift, Ford a Chrysler, General Electric a Standard Electric, Firestone Tire a Pirelli, Exxon a Shell, Dupont a Duperial y Phillip Morris a Piccardo (Cuadro 13). La comparación con los capitales que operan en Europa y Japón evidencia también la debilidad de aquellos que operan en la Argentina. Las empresas grandes en Argentina, son muy inferiores a Nestlé, Volkswagenwerk, Philips, Royal-Dutch Shell, Imperial Chemical, British American Tobacco (Cuadro 14). En este punto cabe aclarar que aunque en algunos casos se trate capitales extranjeros, en Argentina se comportan como capitales pequeños, circunscribiendo su mercado al local. Es que el espacio nacional no cuenta con ventajas que les posibiliten utilizarlo como plataforma para la exportación. Es indistinto el origen del capital, ya que lo determinante son las potencialidades que Argentina brinda para la acumulación de capital. Kornblihtt, J.: op.cit.; Kabat, M.: op.cit.; Baudino, V.: op.cit. Cuadro 13. Relación entre las principales empresas que operan en Argentina (dirigentes de la UIA) y EE.UU. en función de sus utilidades, según rama de producción (1973). En millones de dólares   Argentina Estados Unidos Rama Empresa Utilidades Empresa Utilidades Alimentos Swift La Plata -580,36 General Foods 110 Automotríz Chrysler -364,46 Ford 1.586 Electrónica Sandard Electric -341,96 General Electric 585 Neumáticos Pirelli 95,36 Firestone Tire 154 Petróleo Shell 982,14 Exxon 3.142 Química Duperial 398,21 Dupont 404 Tabaco Piccardo 36,25 Phillip Morris 263 Fuente: Elaboración propia en base a Guía de Sociedades Anónimas, 1973, Revista Mercado, Anuario 1974-1975 Cuadro 14. Relación entre las principales empresas que operan en Argentina (dirigentes de la UIA), Japón y Europa en función de sus utilidades, según rama de producción (1973). En millones de dólares   Argentina Europa y Japón Rama Empresa Utilidades Empresa Utilidades Alimentos Swift La Plata -580,36 Nestlé 217 Automotríz Chrysler -364,46 Volkswagenwerk 312 Electrónica Standard Electric -341,96 Phillips 323 Petróleo Shell Argentina 982,14 Royal Dutch-Shell 2.715 Química Duperial 398,21 Imperial Chemical 567 Tabaco Piccardo 36,25 Brit. Americ. Tobacco 272 Fuente: Elaboración propia en base a Guía de Sociedades Anónimas, 1973, Revista Mercado, Anuario 1974-1975 Un análisis más pormenorizado de la posición de las industrias automotriz y petrolera en Argentina refuerza lo antes señalado. En el Gráfico 17 se dispone una comparación entre las unidades de automotores producidas por Argentina, Brasil, R.F. Alemana y Japón durante el período 1957-1977. Argentina se mantiene en una posición de clara inferioridad, mientras Brasil despega hacia 1968, Alemania sostiene su superioridad aunque con altibajos y Japón no cesa de crecer. Harari, I.: “¿Vehículos del imperialismo?”, en Razón y Revolución nº 20, Buenos Aires, 2010. Para un análisis de la industria automotriz consultar también: Sorrouille, J.: Transnacionales en América Latina. El complejo automotor en Argentina, Nueva Imagen, México, 1980, La industria petrolera evidencia su inferioridad en términos diferentes. Aunque el Gráfico 4 muestre un considerable ascenso en la producción de petróleo (en m3), fue perdiendo peso en el mercado mundial. Desde el 6º puesto ocupado en 1920, descendió al 20º en el 2000, debido al constante descubrimiento de nuevos yacimientos alrededor del mundo que relegaron el lugar ocupado por la Argentina. Dachevsky, Fernando: “El petróleo argentino bajo la lupa” en Anuario CEICS nº 1, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2007. Gráfico 17. Posición de la industria automotriz Argentina en el mercado internacional (1957-1977). En unidades Fuente: Elaboración del Obsrevatorio Marxista de Estadística en base a Anuário da Indústria Automobilística Brasileira, ANFAVEA, 2009; Anuario, ADEFA, 2006; Sitio de la Verband der Automobilindustrie http://www.vda.de/en/zahlen/jahreszahlen/export/ y sitio de la Japan Automobile Manufacturers Association http://www.japanauto.com/ Gráfico 18. Posición de la industria petrolera argentina en el comercio internacional (1920-2000). En metros cúbicos Fuente: Tomado de Dachevsky, F.: op.cit.. Elaboración en base a Secretaría de Energía: Anuario Estadístico de Combustibles, años varios; PEMEX: Anuario Estadístico, 1977 y British Petroleum: Statistical Review of World Energy, 2007 La situación del resto de las ramas no es mejor. La participación de las industrias de maquinaria, productos metálicos, alimentos elaborados, productos vegetales, vehículos, textiles y minerales, en el mercado mundial se ubicó entre 1962 y 1989 por debajo del 2,5%. Incluso maquinaria, textiles y productos metálicos no alcanzan el 0,5% de participación en el mercado mundial (ver Capítulo 1). La razón subyacente a la marginalidad de los exponentes de la industria radicada en Argentina en el concierto internacional es su inferioridad en términos de productividad, explicadas en el capítulo precedente. Conclusiones La primera conclusión a la que arribamos es que, dada su conformación, la UIA es una entidad burguesa. Sus socios son empresas o cámaras de la industria que detentan la posesión de los medios de producción, y excluyen a aquellos sujetos sociales carentes de los mismos (clase obrera), retomando la diferenciación en clases que Karl Marx establece de acuerdo a su relación con los medios sociales de producción. Marx, K.: El capital, Siglo XXI, Buenos Aires, 2004. Su composición social, a su vez, parece distanciarse de lo que los trabajos de Caggiano y Schvarzer postulan. Por un lado, el porcentaje de capitales pertenecientes al conjunto de los mayores vendedores en el mercado nacional constituyó una minoría de entre los dirigentes de la entidad (29%). Algo similar puede establecerse en relación a otras variables. En cuanto a utilidades, el porcentaje de empresas más vendedoras se mantiene, aunque el recorte de acuerdo a utilidades en cambio de ventas (que muestran el mercado) implica una reorganización de los puestos ocupados por las empresas dirigentes de la UIA. Las empresas ESSO, Shell, Chrysler, Alpargatas, Ducilo, Pirelli, Duperial, Swift, Standard Electric, Gurmendi, Piccardo y Siam Di Tella constituyeron las empresas más vendedoras, pero sus utilidades no mostraron una performance acorde a sus ventas. En efecto, atendiendo a esta variable, Swift, Siam y Chrysler, pasan a ocupar los últimos lugares entre las empresas dirigentes posicionadas en los rankings. Por el contrario, Sudamtex, Alba y Atanor, posicionadas marginalmente en términos de ventas, obtuvieron utilidades a la altura de los capitales más importantes. En cuanto a ganancias, analizadas a partir de los balances de algunas de las empresas, de un total de 81 empresas dirigentes, sólo 13 superaban el millón de dólares anuales de ganancia (16%), mientras las 68 restantes (84%), se ubicaban por debajo de la mitad de esa cifra. De acuerdo a los montos de los capitales suscriptos, de los capitales de los disponemos de datos para 1974, clasificamos la UIA en tres sectores. Las empresas dirigentes de la UIA con inversiones entre 6 y 14 millones de dólares, constituyen el 13% del total. El subgrupo siguiente, compuesto por capitales de tamaño mediano, con inversiones entre 1 y 6 millones de dólares, representa el 23%. Por último, el 64% restante recae en el subgrupo de empresas cuyas inversiones no supera el millón de dólares. Concluimos así que dentro de la misma dirigencia, existía una diferenciación clara entre un reducido grupo de capitales “grandes” y un grupo mayoritario de “chicos”. A su vez, adelantamos como hipótesis, que quedaba fuera de la dirección una enorme mayoría de capitales aún más chicos. Extendiendo la mirada al mercado internacional observamos que dichos capitales, en apariencia “grandes”, son muy inferiores a sus pares en las ramas en las que se insertan a escala mundial. Así, la UIA estaba compuesta por un grupo minoritario de los capitales más concentrados a nivel nacional en alianza con un vasto sector conformado por capitales chicos. Sin embargo, adoptando una mirada internacional, vital para comprender una realidad que excede las fronteras nacionales, la falta de competitividad internacional del conjunto de los capitales dirigentes de la entidad unifica en tanto pequeños capitales a todos los integrantes de la dirección. En los siguientes capítulos indagaremos si su estrategia política-económica evidencia la mencionada condición estructural. Capítulo 3. La UIA ante la Revolución Argentina (1966-1969) El presente capítulo tiene como objetivo reconstruir la estrategia de la UIA entre 1966 y 1969. Es decir, comprender el plan de acción llevado a cabo ante el gobierno llamado “Revolución Argentina”, liderado por Juan Carlos Onganía. Para ello, examinaremos las líneas rectoras de la institución en materia salarial, arancelaria, fiscal, macroeconómica y política. Analizaremos entonces la intervención de la entidad durante el gobierno de Onganía, como parte integrante del mismo. Observaremos qué propuestas elevaron en cada momento y qué discusiones sostuvieron con las autoridades vigentes. A su vez, indagaremos en el alineamiento con sectores específicos del personal político (Fuerzas Armadas, Iglesia y sindicatos). Por otra parte, nos interesa seguir la intervención de la UIA en otras entidades empresariales: la Acción Coordinadora de las Instituciones Empresarias Libres (ACIEL) y el Consejo Empresario Argentino (CEA). La primera de ellas constituye un organismo que vehiculizó la alianza de las principales corporaciones agropecuarias, la UIA y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en su disputa con la Confederación General Económica. La segunda entidad, está conformada por los capitales más grandes a nivel nacional, muchos de ellos, dirigentes de la UIA. El problema en este punto reside en las razones programáticas/estratégicas de la doble afiliación de los capitales de gran escala. Utilizaremos como insumo, para la reconstrucción, extractos de discursos y declaraciones de dirigentes de la UIA incluidas en periódicos de circulación masiva (Clarín, Cronista Comercial, La Nación, La Prensa), y revistas especializadas en negocios y política (Mercado, Primera Plana). A su vez, analizaremos los documentos incluidos en las Memorias y Balances de la UIA y los artículos incluidos en los diferentes números de la Revista de la UIA. El corpus documental del capítulo consta de 48 discursos de dirigentes y documentos de la entidad publicados en periódicos, dos Memorias y Balances (1967 y 1968), tres entrevistas (una publicada en La Nación, una en la bibliografía y una en poder de la autora), dos artículos de la Revista de la UIA y dos Informes de las Comisiones Económica y de Comercio Exterior de la entidad. Para el acápite dedicado al Consejo Empresario Argentino nos serviremos de bibliografía sobre la temática y entrevistas (Martín Lagos, directivo del CEA). Cabe aclarar que para el análisis de la historia de CEA existe escasa disponibilidad de fuentes (cualquiera sea su tipo). Casi la totalidad de sus miembros en el período estudiado han fallecido. Sólo se exceptúa José Martínez de Hoz quien ha rechazado a acceder a una entrevista debido a “problemas de salud y situación judicial”. Por este motivo, hemos acudido a Lagos, quien a pesar de no haber desempeñado cargos en el período estudiado, durante su función se ha interiorizado en la historia de la entidad y puede dar cuenta, aunque más no sea parcialmente, de ciertos rasgos de la misma. El abordaje metodológico del que partiremos entiende que los pronunciamientos de la entidad, sus demandas frente a los poderes del Estado, las alianzas trazadas con otras fracciones de la burguesía y el desempeño de cargos públicos por parte de sus miembros, dan cuenta de los diferentes momentos tácticos durante el período estudiado y constituyen, por ende, su estrategia. Es decir, de su propuesta de acción para la resolución de la crisis de acumulación abierta desde mediados de la década de 1950. La hipótesis guía del presente capítulo sostiene que la UIA asumió una estrategia que denominamos “liberal” ante la caída de la tasa de ganancia y la productividad industrial. Su propuesta de resolución de la crisis implicaba la eliminación de capitales sobrantes, la apertura de un proceso de concentración y centralización y el avance sobre las conquistas y los niveles salariales obtenidos por la clase obrera en el período anterior. Sin embargo, no podían demandar, dado su tamaño pequeño a escala internacional, una apertura total de la economía, ya que sus capitales requerían también de ciertos niveles de protección. 1. El gobierno de Onganía Naturaleza del golpe La situación política y económica que catalizó el golpe militar de 1966 se caracterizó por un contexto de alta activación del movimiento sindical y una caída generalizada de los indicadores económicos. Persistía la dificultad de la burguesía de consolidar algún tipo de dominación política estable Portantiero, J.C.: “Economía y política en la crisis argentina: 1958-1973”, Revista Mexicana de Sociología, 1977; De Riz, L.: La política en suspenso, 1966-1976, Ediciones Paidos Ibérica, Buenos Aires, 2000, pp. 13 a 30; Verone, M.: La caída de Illia, Editorial Coincidencia, Buenos Aires, 1985; Peralta Ramos, M.: La economía política Argentina: poder y clases sociales, 1930-2006. Fondo de Cultura Económica de Argentina, 2007, pp., 109; Rouquié, A.: Poder militar y sociedad política en Argentina, Emecé Editores, Buenos Aires. 1983, pp. 303 a 423., expresado en la incapacidad de Arturo Illia de establecer las condiciones necesarias para la restauración de la hegemonía. Arturo Illia fue electo presidente en comicios en que el peronismo había sido proscrito. Su gestión debió enfrentar la presión de las Fuerzas Armadas y el movimiento sindical peronista. También la de las corporaciones empresarias. La SRA se mantuvo en el frente opositor durante toda la gestión de Illia, a la que caracterizaron como “intervencionista”. En uno de sus comunicados sostenía: “El dirigismo y el intervencionismo estatal, cada día más notable que caracterizan la política económica estatal, debe desecharse a pesar de ser la doctrina en la plataforma partidaria.” Memoria y Balance, SRA, 1964; Niosi, J.: op. cit. La UIA también efectuó críticas, relacionadas en particular con la supuesta inacción del gobierno ante el Plan de Lucha de la CGT de 1964 (en el que los trabajadores realizaron 1.436 ocupaciones de fábricas), y la implementación del salario mínimo vital y móvil. Las críticas de ambas entidades empresariales se recrudecerían hacia mediados de 1966, unificándose con las formuladas por la Cámara Argentina de Comercio y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Las burguesías petrolera, automotriz y farmacéutica también constituyeron un importante acicate del golpe de 1966 por haber “sufrido” la anulación de contratos petroleros, la regulación de la industria automotriz y el impulso de una ley de medicamentos que los perjudicaba. Selser, G.: El onganiato, Hyspamerica Ediciones Argentina, 1986, pp. 19 a 32; García Lupo, R.: Mercenarios y monopolios en la Argentina, Achaval, Buenos Aires, 1971, 40 a 52; Ramil Cepeda, C.: Crisis de una burguesía dependiente, La Rosa blindada, Buenos Aires, 1972, pp. 7 a 38. Estos sectores, que requerían una resolución a la crisis de acumulación y una respuesta contundente a la activación del movimiento sindical entroncaron con un sector de las Fuerzas Armadas, también disconforme con el gobierno radical y dispuesto a actuar en consecuencia. El sector “azul”, En 1962 se “oficializó” la división faccional de las Fuerzas Armadas entre azules y colorados en torno a la caracterización del peronismo. La primera de ellas consideraba al peronismo como una fuerza cristiana y nacional que había evitado que la clase obrera adopte el programa comunista. La segunda de ellas ligaba al peronismo con el comunismo y lo rechazaba de plano. Ambos sectores se enfrentaron el 1963, culminando con la victoria de los azules y el desplazamiento de los colorados. Rouquié, A.: op.cit., p. 307; Pandolfo, R.: Azules y colorados. El conflicto político militar a comienzos de los sesenta, Editorial Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, Buenos Aires, 1994; Castello, E.: La democracia inestable 1962-1966, BPR Publishers, 1986. hegemónico en la institución, era el personal político más idóneo para ocupar el lugar de balance entre las fuerzas antagónicas enfrentadas con el gobierno de Illia. En este sentido, la facción liderada por Onganía Onganía había defendido el criterio legitimista de preservación del orden constitucional durante el conflicto entre azules y colorados. logró presentarse como la más neutral dentro del frente golpista, que expresaba las necesidades de la burguesía (en sus diferentes tendencias políticas) y del sindicalismo peronista. La dictadura instaurada en 1966 ha sido caracteriza por Guillermo O´Donnell como un “Estado burocrático Autoritario” O´Donnell, G: El Estado Burocrático-Autoritario, op. cit. p.57; O´Donnell, G.: Catacumbas, Editorial Prometeo, Buenos Aires, 2009, p. 19 a 64. cuya finalidad habría sido constituirse como el representante de los intereses de una fracción particular de la clase dominante: la gran burguesía. El objetivo del golpe, a juicio del autor, era normalizar la dinámica de acumulación argentina, basada en una lógica cortoplacista y de saqueo, propia de los países dependientes. En este sentido, el gobierno militar pretendió generar contextos de acumulación que alejaran a la gran burguesía de su comportamiento especulativo, estrategia que habría fracasado. A juicio del autor, un “Estado burocrático autoritario” (BA) se caracteriza porque: a- “Es, primaria y fundamentalmente, el aspecto de la sociedad global que garante y organiza la dominación ejercida a través de una estructura de clases subordinada a las fracciones superiores de una burguesía altamente oligopólica y transnacionalizada. Dicho de otra manera, su principal base social es la gran burguesía.” O´Donnell,G.: El Estado Burocrático-Autoritario, op. cit., p. 57-59. b- Institucionalmente cobran peso la coacción y los programas de normalización de la economía. c- Tiende a la exclusión política. d- Suprime la ciudadanía y la democracia política. e- Excluye económicamente al sector popular. f- Cierre de los canales de acceso al gobierno, excepto para las FFAA y las grandes empresas privadas y públicas. Ídem. Se diferencia de otras experiencias autoritarias latinoamericanas porque no se asienta primeramente en oligarquías y capitales transnacionalizados insertos en actividades primarias exportadoras, dominantes sobre una población de escaso contenido obrero y poco movilizada. Tampoco se trata de una experiencia “populista anti-oligárquica” basada en el crecimiento al calor de medidas proteccionistas, que forjan una alianza con sectores medios y bajos recientemente activados. Por último, según O´Donnell, el BA contrasta con el fascismo dado que éste se asentó en burguesías más “propiamente nacionales” que las del BA, a la vez que el rol del partido es reemplazado por otro actor: las Fuerzas Armadas. Ídem. Las cualidades centrales del régimen propuesto por O´Donnell, que se sintetizan como Estado burocrático-autoritario, no dan cuenta, a nuestro entender, de una situación históricamente excepcional, como este autor pretende demostrar. En primer lugar, dado que por su carácter y sus funciones como garante de la dominación social, todo Estado es autoritario. A su vez, en tanto su función es la de legislar y encauzar la forma que toma la dinámica social de modo que permita la reproducción del sistema, se sirve de todo un “aparato” administrativo, denominado burocracia. Véase Engels, F.: El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, Madrid, 1983, pp. 290-296. En todo caso, en períodos de crisis se instauran regímenes de tipo dictatoriales, en los que no cambia la esencia del Estado sino la forma política en la que se implementa la represión o el “autoritarismo” (de modo más abierto y violento que en los períodos democráticos). Sartelli, E.: “Celeste, blanco y rojo. Democracia, nacionalismo y clase obrera en la crisis hegemónica (1912-1922)”, Razón y Revolución, nº 2, Buenos Aires, primavera de 1996. La exclusión política, la supresión de la ciudadanía y la democracia política, la relegación económica del sector popular y el cierre de canales de acceso al gobierno no constituyen características de un tipo de Estado particular, sino el contenido de un régimen político (la dictadura) específico en determinado momento histórico. Véase Marx, K.: El dieciocho brumario de Luis Bonaparte, Need, Buenos Aires, 1998, pp. 60-61. Es más, muchos de los mencionados rasgos están presentes en todos los regímenes políticos burgueses en mayor o menor medida. Véase Lenin, V. I.: El Estado y la revolución, en Obras Completas, Editorial Cartago, Buenos Aires, 1961, t. XXVII, pp. 18-26. Nuestro siguiente punto de desacuerdo refiere a la base social del Estado burocrático autoritario de O´Donnell: la gran burguesía. A entender del autor, el objetivo del nuevo gobierno habría consistido en “normalizar” la economía, borrando los rasgos propios de un país dependiente: saqueo y especulación. En primer lugar, dicha caracterización de las peculiaridades del capitalismo argentino y de la burguesía nacional presupone un comportamiento ausente de inversiones a largo plazo que, en el mundo real, imposibilita cualquier acumulación. El cortoplacismo y la especulación sobre los que tanto se insiste en la bibliografía carecen de pruebas que sustenten dicha teoría. Ver críticas a ésta concepción del comportamiento de la burguesía nacional en Sartelli, E.: “El enigma de Proteo. A propósito de J. Sábato, Larry Sawers y el estancamiento de la economía argentina”, Ciclos nº 10, IHES, FCE, Buenos Aires, 1996; Kornblihtt, J.: Crítica del marxismo liberal, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2008, pp. 13 a 58; Baudino, V.: El ingrediente secreto, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2008, pp. 17 a 48. En segundo lugar, si el saqueo y la especulación constituyen la base de acumulación de la gran burguesía, es contradictorio que ésta haya sido el sustento social del BA. ¿Cuál es la razón por la cual la burguesía más concentrada apoyaría un régimen tendiente a socavar su fuente de ganancia? Antes bien, el propósito de Onganía parece haber sido resolver la crisis de acumulación generalizada del capitalismo argentino. Así la adhesión del gran capital parece condecirse con la perspectiva de resolver sus dificultades para obtener ganancias. Al observar la dinámica política que adopta el gobierno de Onganía, el punto de apoyo difiere del que marca el autor reseñado. El lugar en la estructura de poder y las políticas económicas que se otorgó a las diferentes fracciones de la burguesía indica que el régimen en cuestión oscilaba entre sectores en pugna. Se dividieron los ministerios y cargos políticos de modo tal que cada fracción de la burguesía, y cada facción política del Ejército, controlasen una porción de la administración. Los paternalistas, nacionalistas y liberales, tendencias internas del ejército, recibieron respectivamente su tajada. Tanto las corporaciones industriales de la gran burguesía (Krieger Vasena, ministro de Economía entre 1967 y 1969, se alineaba con la UIA y el Consejo Empresario Argentino), como las de la burguesía mediana y pequeña (Salimei, ministro de Economía entre 1966 y 1967, estaba relacionado con la CGE), tuvieron en diferentes momentos representación en el gobierno. Hasta dos de los tres sectores en que se dividió el movimiento obrero dieron su apoyo al gobierno de facto, e incluso luego de constatar el carácter antiobrero de las políticas implementadas, se mantuvo el coqueteo de un sector del gobierno con los sindicatos. De esta forma, Onganía pretendía equilibrar el poder de cada fracción. El gobierno de Onganía no parece haber expresado los intereses de una de las fracciones de la burguesía, sino que intentaba sintetizar las pretensiones de cada una de ellas. Ante el quiebre en la cúpula de la burguesía vigente desde 1955, Onganía constituyó una experiencia de tipo bonapartista que tuvo por fin lograr la paz intraburguesa y restituir finalmente su hegemonía. El bonapartismo es un régimen político asentado en una paridad de fuerzas entre las clases y fracciones de la clase dominante. se trata de un personal que se eleva por encima de ese equilibrio e intenta conciliar, en mayor o menor medida (y momentáneamente), los diferentes intereses con el objetivo de “congelar” el desarrollo de las contradicciones. pero ese régimen, bajo el capitalismo, siempre responde en última instancia a la clase dominante. véase Trotsky, L.: La lucha contra el fascismo en alemania, Ediciones Pluma, Buenos Aires, 1974, t. II, p. 76. En suma, la dictadura acaudillada por Onganía pretendía restaurar las condiciones de reproducción de un capitalismo en crisis y restablecer cierto equilibrio entre las diferentes fracciones de la burguesía en pugna mediante un régimen bonapartista. La búsqueda de resolver las contradicciones inter-burguesas que impedían el cierre de la crisis hegemónica y el alza de la lucha de la clase obrera no fue posible, como demuestra la profundización de las contradicciones, luego del Cordobazo. La Unión Industrial Argentina, en la situación planteada, llevó adelante una estrategia para lograr políticas afines a sus intereses intentando que el gobierno de Onganía se convierta en el representante de algunos de los capitales más concentrados de la Argentina. Indagaremos las ideas defendidas por la entidad y su incidencia en el gobierno en los acápites que siguen. 2. La intervención de la UIA frente al gobierno de Onganía 2.1 El respaldo al golpe militar El plan de la dictadura militar instaurada el 28 de mayo de 1966, comandada por el general Juan Carlos Onganía, se desarrollaría en tres etapas, denominadas tiempo económico, social y político, que se debían suceder unas a otras. La primera etapa apuntaba a solucionar las cuestiones económicas, basándose en el crecimiento de los sectores más eficientes. El segundo sería el “tiempo social”, cuyo eje sería la redistribución. El último de los tiempos, el político, consistiría en la apertura a la participación de la sociedad. Bra, G.: El gobierno de Onganía, Ceal, Buenos Aires, 1985, pp. 9 a 24; Anzorena, O.: Tiempo de violencia y utopía: del Golpe de Onganía al Golpe de Videla, Ediciones Colihue, Buenos Aires, 1998, p. 33.; Perina, R.: Onganía, Levingston, Lanusse: los militares en la política argentina, Editorial de Belgrano, Buenos Aires, 1983, p. 28.; Casanova, P.: El Estado en América Latina: teoría y política, Siglo XXI, Buenos Aires, 1998, p. 203. Entre las principales medidas políticas contamos la disolución de legislaturas nacionales y provinciales, y la prohibición de los partidos políticos. Se implementaron políticas de control de la actividad sindical mediante la SIDE, delineadas en el CONASE (Consejo Nacional de Seguridad). Se intervinieron los medios de comunicación y las universidades nacionales, proceso que terminó en la represión de la resistencia estudiantil en la “Noche de los bastones largos”. Este último conflicto comenzó cuando a fines de julio de 1966 el Poder Ejecutivo Nacional, por ley 16.912, dictaminó que el gobierno de las Universidades estaría a cargo de los rectores, decanos o presidentes, cancelando el sistema de gobierno universitario. Las atribuciones de los consejos superiores o directivos se traspasarían al Ministerio de Educación. En respuesta a las medidas tomadas, las universidades iniciaron medidas de lucha que culminaron con una fuerte represión por parte del gobierno. Bra, G.: op. cit., p. 9 y 10. La UIA estuvo compenetrada en el golpe desde sus inicios. Inclusive, meses antes de la caída de Illia, en la revista de la entidad se publicó un artículo en el que se ponderaba la importancia de contar con un Ejército que actúe en determinadas coyunturas en las que el desarrollo integral de la nación (material y espiritual) se vea comprometido. Allí se ponía el acento en la necesidad de que el Estado cumpla plenamente con sus funciones de garante de la seguridad tanto externa como interna, para lo cual urgía reestructurar el Ejército modernizándolo y capacitándolo para “salir combatiendo desde sus cuarteles a fin de satisfacer necesidades menores e inmediatas y en condiciones de movilizarse hasta alcanzar el máximo potencial nacional si la circunstancia lo exigiera.” Revista de la UIA, nº 28, enero-marzo de 1966, p.48. Dejaba sentado así que el Ejército debía intervenir en caso de ponerse en cuestión la normal reproducción de espacio nacional de acumulación, justificando su alineamiento junto a las fuerzas golpistas que derrocaron a Illia y la defensa de las Fuerzas Armadas como un personal idóneo para la resolución de crisis políticas. Una vez consumado el golpe, la entidad concurrió al acto de asunción de la autoridad entrante, así como al del nombramiento del ministro de Economía Jorge Néstor Salimei. Se hicieron presentes allí también representantes de la Confederación General Económica (CGE), Sociedad Rural Argentina (SRA) y Federación Agraria Argentina (FAA), dando muestras del amplio apoyo que recibió el nuevo gobierno. Cronista Comercial, 29 de junio de 1966. Un mes después de la instauración del régimen militar, la UIA lanzó un comunicado de prensa en el que llamaba a todos los argentinos a contribuir “con su acción y con su palabra a la tarea urgente de la reconstrucción nacional”. Cronista Comercial, 5 de julio de 1966. Es decir, llamando a respaldar las tareas asumidas por el gobierno entrante. A su entender, la crisis que se vivía “no es sólo ni principalmente económica”, Cronista Comercial, 5 de julio de 1966. y dejaba sentadas las bases de su programa económico sobre la que volveremos más adelante. En función de establecer estrechas relaciones e intentar imponer su proyecto, la institución, a lo largo de los primeros meses del nuevo gobierno, llevó adelante reuniones con el ministro de Trabajo, Juan Pedro Tamborenea, Cronista Comercial, 11 de agosto de 1966. con el ministro de Bienestar Social, Roberto Petracca (perteneciente a la UIA), el de Vivienda, Ernesto García Olano, así como con el presidente Onganía. En oportunidad de una reunión con este último, el principal dirigente de la UIA, Juan Martín Oneto Gaona, declaró: “Ha sido una entrevista fantástica [...] Siempre estoy satisfecho pero hoy me encuentro más que satisfecho.” Cronista Comercial, 19 de agosto de 1966. El sentido de estas palabras se reiteró en los discursos de los dirigentes de la UIA en la celebración del Día de la Industria. Lo hizo ante un auditorio de notables figuras políticas, entre los que se encontraban representantes de ACIEL, SRA, CAC, el secretario de Industria, Mario Galimberti, el ministro de Economía Salimei, el presidente de la Corte Suprema, el canciller Nicanor Costa Méndez y el comandante de operaciones navales Benigno Varela, entre otros. Oneto Gaona, en esta oportunidad exaltó las aspiraciones del nuevo gobierno nacional de transformar profundamente el sistema político: “La celebración del Día de la Industria tiene lugar en circunstancias excepcionales para el país, dado que un nuevo gobierno ha iniciado una acción que aspira a operar una transformación profunda de nuestro sistema político y de los usos vigentes en casi todas las ramas de la actividad nacional.” La Nación, 2 de septiembre de 1966. El soporte de la UIA a las líneas trazadas por la Revolución Argentina se expresó posteriormente en los festejos del Día de la Industria en 1967, cuando Oneto Gaona expuso nuevamente su acuerdo con el proceso iniciado por la dictadura de Onganía. Allí comprometió el “esfuerzo” de los industriales en la empresa del gobierno, tendiente a superar el estancamiento en que se había sumergido a la nación: “Los empresarios argentinos somos decididos partidarios de todo esfuerzo tendiente a la superación de un estancamiento que venía amenazando los esenciales valores de nuestra patria y que esterilizaba, en aras de la aplicación de medidas parciales y de sucedáneos de las verdaderas soluciones, tanto la capacidad, la energía y la imaginación de los sectores empresarios, como el empeño, la dedicación y aún el sacrificio de los sectores laborales.” La Nación, 23 de mayo de 1967. Como vemos, la UIA apoyó la intervención y la reconfiguración del mapa político que intentaba llevar adelante el gobierno militar. Constituyó una de las fuerzas que se disputaba la dirección que debía tomar el gobierno, trazando alianzas. Una de las alianzas tejidas adoptó el nombre de ACIEL, mediante la que se establecía una acción conjunta con entidades de la burguesía agraria y comercial, a fin de imponer su estrategia al gobierno de Onganía. A su vez, se entabló una alianza, aunque más mediada y no institucionalizada, con una facción de las Fuerzas Armadas. 2.2. La UIA en ACIEL ACIEL fue una entidad de cuarto grado creada en 1958. Estaba conformada por 1.486 instituciones, de las cuales las más significativas eran UIA, Sociedad Rural Argentina (SRA), Cámara Argentina de Comercio (CAC) y Bolsa de Comercio. La UIA intervino en dicho nucleamiento hasta 1971, cuando se retiró debido a disputas internas y externas. La asociación perduró hasta 1972. El presidente en 1966 era Jorge Oría, quien se mantuvo en su cargo hasta las elecciones a mediados de año. En dicha oportunidad fueron electos: Jorge Fontechia Morales (Bolsa de Comercio de Buenos Aires) como presidente, y para oficiar de vicepresidentes: José Luciano Tasle (Bolsa de Comercio de Córdoba), Francisco Díaz Telli (Unión Comercial e Industrial de Mendoza) y Felipe Zabala (Cámara de Comercio Exterior de Rosario). También formaban parte de la dirigencia: Felipe Zabala, como vice tercero; Antonio Labiano (presidente de Cámara Metalúrgica de Industrias Manufactureras), como secretario; y Enrique Figueroa, como asesor. La Nación, 6 de mayo de 1967. Actuaba como delegado de la UIA en ACIEL Antonio Labiano. En 1968, se realizaron elecciones nuevamente, asumiendo la presidencia Emilio Hardoy. Los representantes de la UIA ante ACIEL en 1969 fueron: Juan Carlos Fernández Rivas, quien posteriormente será presidente de ACIEL y Elbio Coelho, presidente de la UIA. Memoria y Balance, UIA, 1967. La UIA participaba mediante su presidente de turno, o en su lugar, algún miembro de la Junta Ejecutiva. Durante el período 1966-1969, ningún miembro de la UIA ocupó el cargo de presidente, aunque la dinámica interna parece implicar cierta paridad en la toma de decisiones para las entidades-miembro más importantes. ACIEL oficiaba de tribuna para sentar posiciones sobre diferentes aspectos de la economía y política nacional, como expresión unificada de las entidades-miembro. Tenía como fin vehiculizar la alianza política de ciertas fracciones de la burguesía argentina unificadas bajo la estrategia liberal. De acuerdo con unos de sus documentos: “Es permanente propósito de ACIEL de cooperar en la solución de los problemas de carácter general que afectan al país, coordinando para ello la opinión y accionar de los sectores empresarios que integran la institución, se ha visto alentado por la coincidencia de muchas de las enunciaciones y actos del Gobierno de la Revolución Argentina, con los principios e ideario que ACIEL viene sosteniendo desde su fundación. En su constante diálogo con las Autoridades, ha manifestado su aplauso y complacencia ante medidas acertadas de gobierno, pero también ha hecho llegar sus críticas constructivas, para el perfeccionamiento de otras. Además, ha insistido en la necesidad y urgencia de poner en marcha algunas, dentro del propio ámbito estatal a efectos de solucionar problemas crónicos, como es, por ejemplo, el déficit presupuestario.” Ídem. La UIA participó activamente en ACIEL mediante sus representantes, según sus propias declaraciones, mostrando su acuerdo con la firma sistemática de los documentos colectivos, y la concurrencia a reuniones y encuentros, a través de los representantes de la entidad industrial destinados a dichas tareas. “En su carácter de entidad adherida, la UIA ha prestado su firme e ininterrumpido concurso a ACIEL, en cuyo ámbito encontró siempre, por parte de todos los sectores y entidades empresarias hermanas, la más amplia comprensión y respaldo para sus problemas específicos, como también el respeto y reconocimiento de su representatividad como institución rectora de la industria. En todas las Asambleas del Consejo de Coordinación, celebrados dentro de este ejercicio, la UIA se hizo presente con varios delegados que expusieron diversas ponencias y participaron activamente en el trabajo de las comisiones formadas.” Ídem. ACIEL emitió declaraciones de apoyo al golpe en las que se defiende la necesidad de intervención de las Fuerzas Armadas en la escena política. “La situación que las Fuerzas Armadas se han visto imperiosamente obligadas a quebrar es la consecuencia inevitable de largos años de ficción constitucional, tanto en el orden político como en el económico”. La Prensa, 6 de julio de 1966. Las intervenciones de ACIEL en lo referente a las medidas económicas adoptadas por el gobierno emergieron como síntesis de las posiciones comunes a las entidades miembro, más allá de la existencia de divergencias internas respecto de la política económica. Ésta línea se encuentra en consonancia con el rol de ACIEL, en tanto alianza en función de ciertos puntos programáticos esenciales. 2.3. La UIA y las Fuerzas Armadas En el interior de las FF.AA. que dieron el golpe de 1966 se desarrollaban tendencias enfrentadas. Los “paternalistas”, cuyo principal representante era Onganía, estaban entroncados con las corrientes tradicionalistas de la iglesia. Su ideología era conservadora, y estaba impregnada de paternalismo, hostil a toda movilización social e “ilusionado en recuperar la integración social de un mítico pasado patriarcal”. O´Donnell, G.: El Estado burocrático autoritario, op. cit., p. 90. Además de Onganía, uno de sus representantes más visibles fue el secretario de gobierno, Mario Díaz Colodrero, proveniente del Ateneo de la República. El Ateneo era una organización católica integrada por un grupo de miembros históricos de la Acción Católica y de los Cursos de Cultura Católica. Verbitsky, H.: La iglesia en la Argentina: De Lonardi al Cordobazo (1955-1969), Sudamericana, Buenos Aires, 2008, p. 230. Desde el gobierno, este sector de las FF.AA. procuró mantener cierto control de la CGT apoyando a los dirigentes afines al régimen. En efecto, en las elecciones sindicales de 1966 fueron excluidas las fracciones claramente opositoras, encabezadas por el Partido Comunista, y fue reelecto Prado como secretario general. Éste, a pesar de la presión de las bases, propiciaba “dialogar con el gobierno y los empresarios”. O´Donnell, G.: El Estado Burocrático-Auoritario, op. cit., p. 101. Intentaban por este medio subordinar al conjunto de los sindicatos a la estrategia del régimen. Por otra parte se encontraban lo liberales, liderados por Julio Alzogaray y Alejandro Lanusse. Su base de sustento la constituía la gran burguesía y el circuito de abogados, economistas, publicistas e intelectuales que los rodeaban. De acuerdo con Rouquié, esta corriente, que tiñó a los colorados, comprendía tanto a “auténticos demócratas” observantes de los procedimientos constitucionales como a liberales partidarios de un Estado mínimo. El acuerdo parece haber radicado en un rechazo a la participación política de las masas. En efecto, uno de sus exponentes expresaba: “Hasta 1912 gobernaron las minorías ilustradas. El gobierno de los mejores y de los más aptos [que] permitió que el país creciera y se modernizara. La ley Sáenz Peña, al garantizar el sufragio universal, dio paso a la demagogia en la vida política argentina, y desembocó en gobiernos ineficientes.” Entrevista a Benjamín Menéndez, citada en Roquié, A.: op. cit., p. 235. El exponente más destacado del programa del ala liberal fue el Ministro de Economía Adalberg Krieger Vasena. Una tercera tendencia, minoritaria, era la “nacionalista”, con vínculos con el desarrollismo y que tendrá un breve protagonismo con el ascenso de Levingston. Como señalamos, la UIA se mantuvo alineada con el régimen instaurado por las Fuerzas Armadas. Algunos encuentros públicos ilustran las buenas relaciones con la Marina, históricamente antiperonista. En diciembre de 1966 autoridades de la Marina obsequiaron un óleo de la Fragata Libertad a la UIA. La Nación, 28 de diciembre de 1966. Posteriormente, representantes de la UIA visitaron el Comando en Jefe de la Armada Nacional en Mar del Plata. El propósito del encuentro fue la campaña de la institución por lograr “condiciones favorables para el desarrollo industrial”. Allí la entidad subrayó la incidencia de los impuestos y las cargas sociales sobre la actividad industrial. Cronista Comercial, 19 de agosto de 1968. A las mencionadas expresiones de convergencia, debe sumarse la participación de dirigentes de la UIA como funcionarios del régimen militar. Raúl Ondarts, directivo de la empresa Hidronor y vice 4º de la Junta Directiva de la UIA (1973-1974), se desempeñó como Subsecretario de Economía y Trabajo desde enero de 1967 a enero de 1968, bajo el ala de Krieger Vasena. Roberto Petracca, propietario de Petracca & Hnos. y Revisor de Cuentas Titular de la Junta Directiva de la UIA (1968-1973), se desempeñó como Ministro de Bienestar social, desde octubre de 1966 a marzo de 1967. Por su parte, Emilio Van Peborgh, directivo de Cristalerías Rigolleau y Revisor de Cuentas Titular de la Junta Directiva de la UIA (1966-1967), ocupó el cargo de Ministro de Defensa desde marzo de 1968 a junio de 1969. Base de datos AUNAR, Ministerio de Economia. A su vez, aunque no haya formado parte de la dirigencia, Krieger Vasena se encontraba en las filas de la UIA. La facción liberal constituyó el sector aliado a la UIA en el período estudiado. En efecto, como desarrollaremos en los siguientes acápites, la UIA sólo apoyó la política económica del gobierno una vez asumido Krieger Vasena, al contrario que durante la gestión de Jorge Salimei. 2.4. Salimei: la oposición El primer Ministro de Economía designado por Onganía para liderar el proyecto fue Jorge Salimei, propietario de Sasetru, director del Banco de Boulogne En dicho banco, sostienen, estarían depositados fondos eclesiásticos. Rouquie, A., op. cit., p. 261. y de empresas de transportes, obras públicas y finanzas. Participaba de los Cursillos de Cristiandad y sus ocho subsecretarios también provenía de la Iglesia: formaban parte de la Asociación Católica de Dirigentes de Empresa. La Asociación Católica de Dirigentes de Empresa era (y es) una corporación integrada por directivos de empresas, fundada en 1952 por la Acción Católica. Contaban con estrechos lazos con las Fuerzas Armadas, y sus miembros ocuparon cargos públicos bajo el gobierno de Onganía (la mayoría del gabinete de Salimei pertenecía a dicha institución). Miembros de la UIA, como Van Perborg formaban también en sus filas. Ver Verbitsky, H., op. cit., p. 229. Era miembro de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, perteneciente a la CGE. Niosi, J., op. cit., p. 171. Todo su gabinete era de extracción burguesa. Sus estrechos vínculos con los generales retirados Señorans y Conesa habrían determinado su nombramiento al frente del ministerio. La gestión de Salimei se desarrolló durante el año 1966, caracterizada por el estancamiento del producto bruto interno, la caída de la inversión bruta fija (en un 7,1%), un leve ascenso de las inversiones extranjeras y déficit de balanza de pagos. Su plan estuvo signado por una política monetaria gradualista para el control de la inflación y cierto intervencionismo estatal, expresado en la persistencia del control de cambios. Su plan más recordado fue el llamado “Operativo Tucumán” consistente en una reestructuración de la rama azucarera asentada en la centralización de la producción mediante el cierre de ingenios y la modernización de la producción. Las intervenciones de la UIA de cara a las políticas implementadas por Salimei nunca fueron favorables. Ni bien asumidas las autoridades militares y Salimei en la cartera de Economía, la corporación empresarial expuso un programa económico caracterizado por una serie de presupuestos y medidas. Al Estado, la entidad le reservaba un rol como estimulante del desarrollo económico, inclusive mediante la inversión pública en nichos estratégicos no desarrollados por el capital privado. Las críticas de la UIA no se dirigieron a la gestión de Salimei en particular dado que el mandato recién se iniciaba. Marcaba, no obstante, la línea que se pretendía que adopten las nuevas autoridades nacionales y las del ministerio de Economía en particular. Expresaban la existencia de un Estado deficitario, ineficiente, que requería el saneamiento de su estructura. Tal como vemos en un artículo publicado en julio de 1966: “1º) No ignoramos que el Estado desempeña hoy un papel importante en el proceso económico, tanto para trazar planes indicadores, sin menoscabo de la libertad de iniciativa, como para suplir a la empresa privada en las zonas o esferas en que ésta no pueda ejercer su acción. Ahora bien: el ejercicio de esa función orientadora exige una categórica rectificación de rumbos en la conducta que el Estado argentino ha seguido durante los últimos años. Reclama, entre otras cosas, la contención severa de los gastos públicos, la reducción de los enormes déficit fiscales, la simplificación de nuestra pesada máquina administrativa, la primacía de la eficiencia sobre el favoritismo personal o político y, desde luego, la más escrupulosa probidad en el manejo de la cosa pública. Sólo así el Estado inspirará la confianza indispensable para constituirse en un auténtico motor de desarrollo económico.” Cronista Comercial, 1 de julio de 1966. La política monetaria también fue terreno de definiciones. La inflación, a juicio de la entidad, había sido impulsada por gastos fiscales excesivos, salarios no ajustados a la productividad de la industria nacional y alto nivel de consumo. Su solución, en efecto, debía implicar el aumento de la tasa de explotación de los trabajadores, reiterada en muchas oportunidades durante el período. “4º) La estabilidad del signo monetario es condición ineludible de toda recuperación. La inflación endémica que padecemos y que ha hecho multiplicar los precios por cien en veinte años, ha descapitalizado a vastos sectores de la sociedad. Además anula el efecto de los constantes aumentos de salarios, desalienta el ahorro o lo desvía hacia la compra de monedas extranjeras, constituye un motivo de desprestigio interno e internacional. Debe, por ello, ponerse freno a este proceso atacando sus causas generadoras y, en modo especial, la baja productividad, el consumo interno excesivo, el ya mencionado déficit fiscal y una política salarial que no guarda relación con nuestra capacidad creadora de riqueza.” Ídem. Las medidas de estabilización de la inflación debían conjugarse con la adecuación del valor de la moneda nacional con la realidad. Es decir, se solicitaba la devaluación del peso, juzgada como beneficiosa para incentivar el comercio exportador y disminuir los costos salariales. Asimismo, la intención de expandir sus mercados hacia el exterior presuponía para la entidad la necesidad que el Estado tome la tarea de gestionar las relaciones con otros países. Era reiterada nuevamente la centralidad de reducir los costos para incrementar la productividad de sus industrias y lograr colocar la producción industrial en los mercados externos: “5º) No habrá recuperación económica sin un vigoroso impulso de nuestro comercio exterior y, particularmente, sin un sustancial aumento de nuestras exportaciones, tanto tradicionales como no tradicionales. Además de un vertical aumento de la productividad, ello exige aligerar y simplificar las engorrosas trabas administrativas que dificultan esa expansión y llegar a tipos de cambio coincidentes con el valor real de nuestra moneda. Reclama, asimismo, lograr una racional estructura de costos y utilizar el aparato de nuestro servicio exterior en la conquista de nuevos mercados y en la consolidación de los existentes.” Ídem. El último punto central en la primera formulación del programa de la UIA lo constituyó el sistema previsional. En 1954, mediante la sanción de la ley 14.370, el sistema pasó de ser por capitalización individual a reparto, en el que los trabajadores ocupados sostendrían de manera solidaria a aquellos trabajadores jubilados. En 1958, el gobierno de Frondizi sancionó la Ley 14.499 en la que se instauró que los haberes jubilatorios serían equivalentes al 82% móvil del salario mensual asignado al cargo del afiliado, Basualdo, E.: “La evolución del sistema previsional argentino”, Documento de trabajo nº 2, CIFRA, Buenos Aires, 2009. estandarizando el nivel de los haberes. Este sistema fue fuertemente criticado por la UIA desde la asunción del gobierno de Onganía: “7º) El sistema previsional argentino es tan caro como ineficaz. No proporciona a las clases pasivas la seguridad y el bienestar a que tienen derecho, en tanto que el saldo deficitario de las Cajas de Jubilaciones representa una carga onerosa para los sectores productivos. Este sistema debe ser reformado a fondo para que no absorba una parte considerable de las rentas generales y para que asegure adecuada protección a los beneficiarios. Existen ya proyectos elaborados que pueden servir de excelente base para la reforma integral de régimen actual”. Cronista Comercial, 1 de julio de 1966. Asimismo, en posteriores exposiciones, la entidad clarificó su política con respecto a la clase obrera. Debían anularse aquellas “pseudo-conquistas” sociales que atentasen contra el desarrollo industrial general. Desde la Revista de la UIA, Carlos Coll Benegas Ex ministro de Economía del gobierno de Arturo Frondizi. describía la posición de la entidad ante los salarios. Su hipótesis consistía en que la inflación en Argentina era producto del “tremendo egoísmo de sus clases sociales”. Era expresión de la lucha entre los distintos sectores sociales por retener para sí una amplia porción de la riqueza nacional y se desencadenó a partir de la política salarial del peronismo: “Por motivos demagógicos y para asegurarse las bases del poder, el gobierno de aquella época, decretó considerables aumentos masivos del salarios. Para financiar esos aumentos se utilizaron dos vías. El déficit del presupuesto, por un lado, que naturalmente se produjo como consecuencia de los mayores salarios que debía abonar la administración pública y las numerosas empresas que el Estado había adquirido, y la política crediticia, por otro, que permitió a las empresas privadas abonar también mayores salarios.” Revista de la UIA, nº 29, junio de 1966, p. 40. Dado que el aumento salarial sería el último responsable de la inflación, siempre según este vocero de la UIA, las medidas ensayadas enfocadas en el control de precios no redundarían en la estabilización monetaria. “Se quiere por eso, a veces, contener el alza del nivel de vida mediante medidas de control de precios. Esto no funciona porque es el mayor poder adquisitivo de los obreros el que provoca el alza. No se puede corregir el efecto sin extirpar la causa”. Ibídem. El problema se originaría porque en vez de aumentar y mejorar las capacidades productivas, operaría una distribución injusta de la riqueza. “En el país no tratamos de elevar nuestro nivel de vida produciendo más y mejor, sino sacándole algo al vecino. La forma de dárselo es logrando mayor remuneración para el sector. Esa mayor remuneración sólo es posible creando más medios de pago, es decir, inflando.” Ibídem. A su juicio, el proceso de alza salarial se habría facilitado porque la burguesía no pudo controlar los avances de los trabajadores y el gobierno no la apoyó en esta empresa. La propuesta que se deriva de las afirmaciones citadas es la necesidad de aplicar congelamientos salariales: “Los empresarios no han podido o no han sabido resistir la presión obrera, ya sea porque no han encontrado suficiente apoyo en el gobierno, o porque el propio gobierno ha dado el mal ejemplo aumentando excesivamente el salario de sus servidores o porque de todas maneras pueden trasladar los mayores costos a los precios, dado el grado de proteccionismo que impera en la Argentina”. Ibídem. A fines de 1966 la entidad participó, con esta línea, en el Consejo Nacional de Salario Vital, Mínimo y Móvil. Intervino allí planteando que las distintas resoluciones adoptadas por el Consejo habían desvirtuado el sentido y el concepto de las remuneraciones, particularmente con respecto a las adoptadas para aprendices y menores, retribuciones por antigüedad y escalafones. También señaló que se distorsionaba el régimen de los jornales en razón de la permanente vinculación de las asignaciones familiares con el salario mínimo, que desalentaba el esfuerzo personal. Por último, objetó la vinculación de los sueldos con las indemnizaciones por despido, ya que de esa forma éstas se elevaban constantemente. Memoria y Balance, UIA, 1967. Con motivo de la moratoria para el pago de deudas previsionales presentada por Salimei, la UIA inició gestiones para conseguir su modificación, ya que a su criterio la misma era imposible de cumplir por su corto plazo y altas tasas de interés. Cronista Comercial, 18 de agosto de 1966. Por otra parte, en función de la necesidad de lograr estabilidad en términos inflacionarios, la UIA presentó posiciones ambiguas con respecto al “Acuerdo de precios” propuesto por el ministro de Economía. El mismo fue lanzado por las autoridades militares, en 1966, con el fin de lograr la cooperación del empresariado para controlar las alzas de precios y así evitar un mecanismo de coerción por parte del Estado sobre el empresariado. La UIA se resistió al Acuerdo durante la gestión de Salimei. Con motivo de una reunión de empresarios de diversas organizaciones (UIA, CGE, CAC y ACIEL) con el subsecretario de comercio, Manuel Crespo, para tratar la propuesta del gobierno. Allí, el ministro alertó sobre una política de estímulo hacia quienes “respondieran positivamente al llamado oficial, y de compulsión y desaliento a quienes no aportaran al sacrificio comunitario”. Cronista Comercial, 9 de agosto de 1966. El “castigo” implicaría la no incorporación de los sectores renuentes a la moratoria impositiva, al crédito bancario y a las rebajas arancelarias. La UIA no se mostró favorable. Según su criterio, el método de premios y castigos no era el más adecuado. Implícitamente, estaba anticipando su negativa a someterse al acuerdo de precios y procuraba que no se le aplicasen los “castigos” correspondientes. En noviembre del mismo año, la UIA expresó nuevamente su oposición al acuerdo mediante un comunicado en que se oponía a las políticas de control de precios, dado que, a su juicio, producirían efectos contraproducentes en el desarrollo económico, disminuyendo la producción, incrementando costos y precios, bajando el consumo, la actividad fabril y el empleo. “Las denominadas leyes de abastecimiento que comenzaron a aplicarse con variadas modificaciones en este país desde el año 1938 hasta 1959, y la actualmente vigente nº 16.454, no han constituido en la práctica instrumentos eficaces para cumplir los objetivos tenidos en cuenta al ser dictadas. En efecto todas las medidas de control de precios y costos que se han aplicado desde el año 1939 hasta la fecha han contribuido al deterioro de las actividades que han estado bajo su control. Nuestro punto de vista como contribución del sector industrial a moderar el proceso inflacionario de precios y costos es promover la mayor producción y fluencia de productos al mercado y conjuntamente con dicha política una promoción del concepto de productividad y eficiencia, no sólo en nuestras actividades, sino en todo el quehacer nacional. En resumen, los controles de precios producen las siguientes consecuencias inmediatas y encadenadas en el tiempo: 1) Baja la producción 2) Aumentan los costos 3) Aumentan los precios 4) Disminuye el consumo 5) Baja la actividad fabril 6) Declina la fuente de trabajo 7) Se genera desocupación 8) Disminuye la calidad 9) Se deteriora la sana y libre oferta 10) Disminuye la percepción de impuestos 11) No se resuelven los problemas sociales”. La Nación, 26 de noviembre de 1966. En el mismo comunicado se sostenía en tono extorsivo que tal ley de control de precios impedía el cumplimiento del régimen de pago de las deudas provisionales: “De más está decir que es precisamente de rentas generales de donde han de salir principalmente los recursos para cumplir los compromisos presentes y futuros de los programas contemplados en ese Ministerio [Economía], y de los aportes a las cajas de previsión los recursos para satisfacer el programa de previsión social”. La Nación, 26 de noviembre de 1966. En sintonía con la orientación industrialista bajo la tutela estatal que reclamaron en los primeros meses, la UIA sostuvo la necesidad de revertir ciertas tendencias de las condiciones de inserción en el mercado externo. En 1966, durante un almuerzo del Rotary Club de Buenos Aires, El Rotary Club, entidad que nuclea empresarios nacida en Estados Unidos, ha sido un lugar privilegiado de exposición de las posiciones de la UIA. Otra entidad católica vinculada a la corporación, ha sido en el período la organización del monje francés Georges Grasset. Roberto Petracca, dirigente de la UIA, era parte de la mencionada institución. Verbitksy, H.: op. cit., p. 229. Oneto Gaona disertó acerca de las posibilidades que abriría para la Argentina la conformación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). Señalaron su resquemor a la existencia de una estructura local más afín a las importaciones que a las exportaciones que, de no revertirse, remarcaría las condiciones de debilidad de la industria argentina frente a sus competidores e impediría aprovechar las posibilidades que brindaba el ALALC. Demandaron, en función de ello, la intervención estatal con políticas orientadas a generar competitividad para el entramado industrial local. Entonces, el Estado debería subsidiar las tarifas de energía, resolver el problema de salarios altos no-competitivos (anulando el “costoso” sistema provisional) y devaluar la moneda para proteger a la industria nacional, contribuyendo de esa manera a que se alcancen de los estándares de competitividades, al menos latinoamericanos. “La industria argentina no podrá competir con sus semejantes latinoamericanas mientras tengamos energía cara e insuficiente, en tanto otros países del área la tengan barata y abundante; mientras debamos afrontar la estructura previsional, costosa e insuficiente, y otros la tenga económica y eficaz; si continuamos con tipos de cambio sobrevaluados que implican un impuesto a las exportaciones de manufacturas y un subsidio a la importación, en tanto otros tienen tipos de cambio realistas e incluso infra valuados”. La Nación, 8 de septiembre de 1966. En función de las perspectivas exportadoras a las que apuntaba la UIA, la entidad impulsó todas las actividades relevantes relativas al comercio exterior que estuvieron a su alcance. En tal sentido, en junio de 1966, la UIA envió una delegación al CICyP (Consejo Interamericano del Comercio y Producción). Las ideas rectoras del consejo conformado por unos 300 empresarios de toda América eran el avance hacia la liberalización del comercio. El paso intermedio sería la creación de un mercado común iberoamericano que generase mercados amplios que justificaran las inversiones en los países miembros. Primera Plana, 14 de junio de 1966. En diciembre del mismo año la entidad participó de la VI Conferencia de la ALALC en la que se acordaron desgravaciones a cerca de 500 productos, 141 de las cuales fueron concedidas por la Argentina. La negociación se dio entre Argentina, México y Brasil sobre productos industriales. “Por primera vez en muchos años, nuestro país concurrió a la conferencia con una disposición perfectamente definida y realista en el sentido de que se apoye a la ALALC pero sin que esto suponga un menoscabo al propio desarrollo nacional.” La Nación, 24 de diciembre de 1966. Más allá de las pretensiones de complementariedad económica con países americanos, claro quedó por parte de UIA la necesidad de resolver las debilidades de la industria nacional, antes de abrir a la competencia exterior en un mercado común: “Vemos con satisfacción que esta postura ha sido mantenida por la Cancillería argentina al poner de manifiesto en su actuación el criterio básico de que el proceso de integración multinacional es un objetivo que no debe ni puede sustituir al de la propia integración nacional, ni ser llevado adelante sino sobre la base de la gradual homogeneización de las estructuras y políticas económicas, basado en el ordenamiento nacional de la economía de cada país integrante del acuerdo.” Ídem. A fines de 1966, la irresolución de las dificultades en materia económica le costó el cargo al ministro de Economía, que fue desplazado de su puesto por Onganía. De Dromi, M.L: Historia política Argentina, Editorial Astrea y Depalma, 1988, p. 412. Los términos en los que fue instaurado el Acuerdo de Precios, la no aplicación de congelamiento salarial, y una devaluación muy tenue constituyeron los principales aspectos de desacuerdo de la UIA con la gestión de Salimei. Así describía la situación que terminó en la eyección de Salimei Guillermo O’Donnell: “Mil novecientos sesenta y seis cerró con un nulo crecimiento del producto y con una caída en la tasa de inversión, en tanto alguna devaluación no mejoraba la exigua situación de la balanza de pagos ni la inflación heredada del período anterior. Para peor, luego de que los sindicatos y el gobierno expresaran varias veces su preocupación por el alza de precios, se reactualizaron disposiciones que permitían a aquel fijar precios máximos y sancionar a los ‘empresarios inescrupulosos’ que los infringieran.” O’Donnell, El Estado burocrático autoritario, op. cit., p. 103. Salimei expresaba una estrategia diferente a la de la entidad industrial, y afín a la política reformista impulsada por las fracciones de la burguesía representadas por la CGE. La resolución de la crisis económica, cuya principal expresión era la caída de la tasa de ganancia industrial, requería para la UIA medidas diferentes que anudaban una serie de alianzas distintas a las tejidas por Salimei. Como hemos visto en los documentos presentados al comienzo de la gestión económica, superar la crisis de acumulación demandaba para la UIA: la caída de los salarios reales y la reestructuración de los gastos estatales, el aumento de la productividad y la eficiencia, el disciplinamiento de los sectores obreros y la restructuración de la legislación laboral y previsional en virtud de disminuir el costo de la mano de obra. A su vez, se demandaba el apuntalamiento estatal para generar la competitividad industrial que permitiera apuntar hacia la conquista de los mercados internacionales. En el corto plazo, ello significaba proteger y subsidiar a la industria local, tomando como primera medida en ese sentido, una devolución de la moneda acorde a los niveles de protección y costos de la mano de obra requeridos para la restauración de la tasa de ganancia. La gestión Salimei estaba muy lejos de coincidir con los objetivos de la UIA. El sector liberal de las Fuerzas Armadas, personal con el que se alineaba la UIA, habría operado para impedir la implementación completa de la política delineada por Salimei. El principal enfrentamiento fue con Álvaro Alzogaray, embajador argentino en Washington y hermano del General Julio Alzogaray, dirigente de la facción liberal. El motivo de discordia habría girado alrededor de la intención de Alsogaray de contraer un acuerdo con Estados Unidos para acercar inversores extranjeros, a la que se opuso Salimei. Rapoport, M.: Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2000), Macchi, Buenos Aires, 2000, p. 529. A través de las críticas de Alzogaray, se expresaban los de toda la facción liberal, que no ahorraba cuestionamientos frente a la orientación económica dispuesta por Salimei. Finalmente, el 30 de diciembre de 1967, fue reemplazado por Adalberg Krieger Vasena, menguando el enfrentamiento de los sectores más concentrados de la burguesía con el gobierno en materia de política económica. 2.5. La alianza con Krieger Vasena Krieger Vasena provenía de las esferas empresariales, habiendo oficiado de asesor y miembro del directorio de varias grandes empresas. Obró como director de la National Lead, asociada en Argentina a Minera Aguilar, a la Compañía Minera Castaño Viejo y a Metalmina. También ocupó puestos dirigentes en la Compañía General de Refractarios de la Argentina. Asimismo se desempeñó como director de las firmas Alejandro Llauró e Hijos e Investaires, pertenecientes a su suegro, Alejandro Llauró, dirigente de la UIA durante el período. Muchnik, D.: “De Krieger Vasena a Cavallo”, Perfil, 18 de abril de 2010. Las intenciones de Vasena eran solucionar los problemas de ineficiencia de los sectores público y privado, raíz del estancamiento económico. Su plan consistía en redistribuir los recursos canalizándolos hacia los sectores más eficientes de cada actividad, premiando a los más productivos. El plan implementado radicó en una devaluación del 40% del peso. A partir de ese momento (principios de 1967) regiría un tipo de cambio fijo. Para compensar los efectos de transferencias de ingresos entre ramas, se impusieron retenciones a las exportaciones que oscilaban entre el 16 y el 25%, especialmente aplicadas a las exportaciones agropecuarias. Dado que la devaluación actuaba como una barrera de contención de productos importados se redujeron los aranceles aduaneros en un 50%, con el objetivo habilitar la importación de maquinarias para modernizar los sistema de producción y comprar los insumos necesarios sin aumentar los costos finales de producción. De esta manera se incentivaba el aumento de la productividad permitiendo la importación de maquinarias. Los tres elementos mencionados (devaluación, retenciones y aranceles) actuaban como un doble tipo de cambio. Rapaport, M.: op.cit., p. 530 c.f. Braun, O.: El capitalismo argentino en crisis, Buenos Aires, 1973, p.29. Uno bajo para las exportaciones agropecuarias combinado con uno más alto para las exportaciones industriales, la importación de productos de consumo industrial y las transacciones financieras. Por otra parte, se implementaron incentivos fiscales a las inversiones industriales. Especialmente, a partir de exenciones impositivas del orden del 50% en la compra de maquinarias, incrementando su importación. En el ámbito rural se dio por concluido el sistema de prórroga automática y congelamiento de arrendamientos, reclamado por el sector terrateniente durante décadas. Con respecto a las relaciones económicas internacionales, el 13 de marzo de 1967 se firmó el acuerdo Stand By con el FMI por 125 millones de dólares, cuyo objetivo era contener la inflación para facilitar la atracción de capitales extranjeros. El ministerio a su vez congeló los salarios mediante un decreto de fines de marzo de 1967, restringiendo los aumentos hasta fines de 1968. También aumentó las tarifas de los servicios públicos, los impuestos a las ventas y propiedades y redujo el empleo público. La respuesta gubernamental a la lucha iniciada por un sector de la CGT frente a la desvalorización del precio de la fuerza de trabajo, fue la suspensión de la personería gremial a UOM, FOTIA, FOETRA y FTIQ. A pesar de este golpe, la cúpula de la CGT liderada por Augusto Vandor, dio marcha atrás con el plan de lucha propuesto ante el plan de ajuste, buscando evitar las medidas represivas y enemistarse abiertamente con el régimen. Véase De Riz, L.: La política en suspenso. 1966-1976, Paidós, Buenos Aires, 2000, p. 58. Dentro del recorte de conquistas gremiales se modificaron los regímenes de trabajo en los puertos y ferrocarriles y se profundizó la reestructuración de los ingenios azucareros. Se sancionó la Ley de Arbitraje Obligatorio que posibilitaba la intervención del Estado en los conflictos obrero-patronales y propiciaba los despidos sin indemnización. Rapoport, M.: Historia económica, política y social de la Argentina, Ariel, Buenos Aires, 2005, p. 517. La asunción de Krieger Vasena marca entonces el inicio de una intervención diferente por parte de la Unión Industrial. En efecto, poco después de los anuncios del nuevo plan económico, en el verano de 1967, la entidad declaró su adhesión enfatizando la necesidad de adoptar medidas contra la inflación y las subas de salario para reducir los costos de producción. Anticipaba, a su vez, su intención de apoyar un acuerdo de precios para contener la inflación, en un contexto en el cual la devaluación ya había operado disminuyendo los salarios reales: “El conjunto de medidas puestas en vigencia por el Estado y las que se anuncian, merecen el más amplio apoyo del sector industrial. Además es consciente de que es el único camino que permitirá sentar las verdaderas bases para lograr su desarrollo. Se ha abierto con ellas un frente a la inflación, el que demanda de todos los sectores de la comunidad el aporte indispensable. La industria es partícipe ya de ese frente y para ello debemos exigirnos continuamente esfuerzos que finalmente serán una inversión para el futuro. Las expectativas inflacionarias a las que nos acostumbró un esquema que se va superando debemos desecharlas y la mesura en la medición de los ingresos constituirá el esfuerzo adicional necesario. El máximo aprovechamiento de la propia eficiencia debe ser nuestra preocupación permanente como empresarios para lograr una reducción de costos que incida favorablemente en el nivel de precios. Debemos tener en cuenta que la falta de solidaridad y mesura de unos pocos crearía un serio factor de distorsión que redundará en perjuicio de los sectores involucrados.” La Nación, 7 de abril de 1967. A diferencia de la CGE, que condenó las medidas adoptadas, Memoria y Balance, CGE, 1967. En un principio la CGE saludó los objetivos de “modernización” de la economía, aunque pasó rápidamente a la oposición a la gestión de Krieger Vasena. la UIA puso de relieve su acuerdo con la devaluación del peso en un 40%, y la nueva política arancelaria, mediante la que se redujeron los impuestos a la importación favoreciendo el ingreso de maquinarias para la modernización de los procesos productivos. La Cámara Argentina de Comercio también apoyó la disminución de los aranceles a las importaciones. Niosi, J.: op. cit., p. 163. La sobrevaluación del peso reinante hasta la fecha implicaba una disminución de la tasa efectiva de protección de la industria radicada en Argentina. La mayor capacidad de importación que genera un tipo de cambio sobrevaluado implicaba la agudización de la competencia con los capitales extranjeros. Por esta razón, la UIA requería que se devalúe la moneda para que actúe como protección de hecho. Asimismo, la caída de la tasa de ganancia impulsaba la urgencia de aumentar la productividad del trabajo y disminuir los costos para acaparar una porción de la ganancia en disminución. La disminución de los costos internos de mano de obra y la caída de los salarios reales implicados en la devaluación operaban en el sentido de las necesidades de las fracciones de la burguesía industrial representadas por la UIA. A su vez, la eliminación de trabas arancelarias para la importación de maquinaria venía a cubrir la necesidad de incorporar capital fijo para mejorar la productividad del trabajo. Alertaron, sin embargo, que no podía recaer la recuperación económica sólo en unas pocas políticas sino que debía iniciarse un proceso de transformación general de la economía argentina. “Las reformas cambiarias, arancelarias e impositivas anunciadas por las autoridades, serán de innegable trascendencia para la economía nacional y especialmente para la industria del país. […] Desde ya podemos afirmar que el objetivo central a que tienden, de lograr la estabilización monetaria y elevar la productividad general de la Economía, es una meta que esta entidad comparte ampliamente, pero cuya posibilidad de concreción dependerá de la ejecución de todas las reformas de fondo que exige nuestra recuperación económica.” La Nación, 15 de marzo de 1967. El Acuerdo de Precios, motivo de una férrea oposición de la UIA a Salimei, fue finalmente firmado en marzo de 1967. La asunción Krieger Vasena, y centralmente, la devaluación que abarataba el costo de la mano de obra, marcaron la convergencia entre la UIA y el titular de economía en torno a esta medida. Este compromiso fue expresado en varias oportunidades, una de ellas, con motivo de la adhesión de la entidad a la reedición del Acuerdo en enero de 1969. Oneto Gaona, en ese entonces ex presidente de la entidad, exaltó la supuesta espontaneidad del apego al Acuerdo en 1967. En realidad, la firma del mismo sólo una vez asumido Krieger Vasena hace pensar en una acción concertada de boicot de ciertos sectores de la burguesía a Salimei y un acuerdo estratégico con el nuevo ministro. “La adhesión que ha efectuado el grupo empresario a la política del Gobierno es totalmente espontánea, porque más que pensar en numerales, pensamos con sentido patriótico, en que el país ha entrado, por suerte, en la línea de la estabilidad. La desgracia de la inflación, que ha sido el cáncer que ha carcomido la economía argentina, se está debilitando día a día.” Entrevista a Juan Martín Oneto Gaona publicada en La Nación, 24 de enero de 1969. Ver también Clarín, 24 de enero de 1969. La adhesión de la UIA a la política delineada por Krieger Vasena no fue circunstancial, y se mantuvo a lo largo del tiempo. Aún en 1969, en un almuerzo ofrecido por la Cámara de Comercio Británica, el presidente de la UIA, Elbio Coelho, señaló su acuerdo con respecto a la política económica en curso: “Los empresarios vemos la gradual pero sana transformación que se está produciendo en nuestro país desde hace un par de años.” Cronista Comercial, 13 de marzo de 1969. Destacó también que Argentina contaba con buenas condiciones para la recepción de inversiones extranjeras debido a la “alta calidad de los recursos humanos”, es decir, mano de obra calificada y barata, un régimen económico abierto y sin restricciones para la remisión de utilidades y un mercado interno en expansión: “La Argentina se presenta en estos momentos con las mejores perspectivas para la inversión extranjera, ya que muestra las condiciones requeridas para el lanzamiento de su despegue económico: alta calidad humana en todas las esferas; régimen económico abierto y falta de restricciones para la remisión de utilidades; grandes necesidades insatisfechas en materia de industrialización; un mercado interno en continua expansión y una estructura de dirigentes empresarios permeable a los modernos métodos de dirección de empresas y técnicas de producción.” Ídem. Una señal de disconformidad mostró la entidad al reprochar no haber sido convocada por el nuevo ministro para delinear la política industrial. No obstante, los acuerdos generales marcaron la relación entre la UIA y Krieger Vasena. En marzo de 1969 el secretario de Industria y Comercio remitió a la UIA un informe sobre política industrial argentina para que la entidad expusiera su opinión. El objetivo era la elaboración de conjunto de un plan industrial de larga duración. Cronista Comercial, 21 de marzo de 1969. La adhesión de la UIA también se expresaba a través de su intervención en ACEIL: en mayo de 1969 esta entidad emitió un comunicado en el que exaltó el buen curso del plan económico. Cronista Comercial, 24 de mayo de 1969. En líneas generales entonces, se observa una bienvenida calurosa a Krieger Vasena por parte de la UIA y el acuerdo con la estrategia a desarrollar, claramente opuesta a la actitud adoptada frente a Salimei. No obstante, más allá del acuerdo con la línea general, la UIA intervino durante la gestión criticando, manifestando su apoyo o reclamando medidas frente a aspectos puntuales de las políticas implementadas. Veamos entonces las exigencias de la UIA a Krieger Vasena. Exigencias de la UIA Ni bien asumido el nuevo ministro, la UIA, como parte de ACIEL, expuso un programa que se componía de una serie de medidas tendientes a la liberalización de la economía y reducción de los costos de fuerza de trabajo mediante la eliminación de conquistas obreras. En relación a este último punto, también inquietaba el poder alcanzado por ciertos sectores sindicales, asentado económicamente en los aportes compulsivos y la potestad para negociar las condiciones laborales. Se destaca también la intención de gozar de beneficios impositivos para la modernización de las plantas, es decir que el Estado subvencione la puesta a punto de los capitales para incrementar su competitividad. La mejor síntesis de sus postulados se encuentra en una nota enviada a Krieger Vasena en 1967: “1- Reducción de gastos estatales. Modernización del sistema impositivo. Implementación de desgravaciones de acuerdo al aumento de la capacidad productiva, adecuar los impuestos a las exportaciones, a las reales alzas de costos y evitar la superposición de impuestos. Oposición a la renta presunta potencial. Modificación del régimen previsional por constituir una impuesto más y no cumplir con sus verdaderos objetivos. Derogación de la Ley de Asociaciones Profesionales y de Convenios Colectivos, dictando en su lugar las normas que aseguren la libertad de agremiación y eliminen las cláusulas convencionales que atentan contra la productividad y la producción. Implementación de política agresiva de fomento de las exportaciones tradicionales y no tradicionales. Compromiso con el proceso de estabilización sólo trasladando a los precios la incidencia real que en sus costos hayan provocado las medidas cambiarias, impositivas y arancelarias.” Cronista Comercial, 6 de junio de 1967. Se diferencian en la plataforma ciertas demandas provenientes de los diferentes sectores que componían ACIEL. Por ejemplo, el rechazo por parte del sector agropecuario al proyecto de la “Renta presunta potencial”, posición que acompañó la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Memoria y Balance, SRA, 1968. En efecto, fue creciente la oposición de la SRA a ciertas medidas adoptadas por el gobierno. La entidad rechazó los beneficios otorgados a los productores de maquinaria agrícola dado que encarecían los costos del capital fijo que los productores agropecuarios requerían. Pretendían poder importar maquinarias a precios inferiores a los vigentes, rivalizando con la Cámara Gremial de Fabricantes de Maquinarias Agrícolas. Niosi, J.: op. cit., p. 157. Éstas desavenencias entre los socios de la UIA y SRA respecto a rasgos no menores de la política de Krieger Vasena, fueron deteriorando una unidad que se mantuvo, aunque sea tácticamente, hasta 1971 (trataremos el tema en el Capítulo 4). A su vez, se distingue un pedido, reiterado en varias oportunidades durante el período, propio de las cámaras industriales (UIA) y comerciales (CAC) que integraban ACIEL. Estas corporaciones insistían en la derogación o la modificación de las Leyes de Asociaciones Profesionales (Nº 14.455) y de Convenciones Colectivas de Trabajo (Nº 14.250), base jurídica del poder de la CGT. Ídem. Posteriormente, con motivo de la XXVI Asamblea de ACIEL, la SRA pidió eliminación de derechos de exportación a la vez que la UIA solicitó la derogación de las leyes provinciales que obligan al pago de remuneraciones compensatorias del sábado inglés. La Nación, 10 de noviembre de 1968. En sintonía con la búsqueda de reducción salarial y aumento de la tasa de explotación declamada al menos desde 1966, en septiembre de 1967 la UIA expresó su conformidad con las medidas de congelamiento salarial dispuestas por el gobierno, señalando que contribuirían a la estabilización de los costos industriales. Un recurrente motivo de reclamo fueron las diferencias de salarios que debían pagar los empresarios radicados en diferentes provincias de la Argentina de acuerdo con la vigencia del sábado inglés y las quitas zonales. Como solución, la UIA proponía la implementación de medidas compensatorias. Desarrollaremos este punto en la sección dedicada a Promoción Industrial. Pocos meses antes del Cordobazo, Oneto Gaona objetó las disposiciones de una nueva ley laboral (18.016) de 1969 mediante una nota al ministro Krieger Vasena. Impugnó una cláusula que habilitaba que en las convenciones colectivas de trabajo se dispusieran contribuciones obligatorias hacia las obras sociales sindicales. Se argumentaba que se “coercionaba” a los trabajadores a aportar compulsivamente a una cobertura médica no elegida, e indirectamente, a afiliarse al sindicato: “Faculta a que en las convenciones colectivas se establezcan cláusulas disponiendo contribuciones a favor de las asociaciones profesionales de trabajadores, obligatorias tanto para los afiliados como para los no afiliados. […] De esta manera se ha sustituido la voluntad de las partes, obligando a un determinado número de trabajadores a que participen en el sostenimiento de las obras sociales, de las cuales podrían gozar, en la práctica, solamente si estuvieran afiliados a la organización sindical que las presta. En otros términos esto significa una limitación al derecho de asociación que consagra la Constitución Nacional y la ley 14.455 de Asociaciones Profesionales de Trabajadores. En esta lesión al derecho de libre asociación, que siempre ha defendido la Unión Industrial Argentina, encontrará el señor ministro la razón de nuestra objeción fundada, al artículo 4º de la ley 18.016. No podrá verse detrás de ella ninguna otra motivación, ni menos una oposición al sano y efectivo desarrollo de las obras de bien público a favor de los trabajadores.” Cronista Comercial, 17 de enero de 1969. La mencionada ley parece estar en línea con el otorgamiento del gobierno de ciertos beneficios para algunas direcciones sindicales, por ejemplo del SMATA. Por medio de la aquella, se autorizó a las comisiones directivas de los sindicatos a descontar contribuciones de forma extraordinaria “sin tener en cuenta voluntad de los afiliados”. Revista Participación, 11 de julio de 1968. Estas medidas permitían acercar al gobierno a algunos sectores del sindicalismo. Particularmente a dos de sus facciones. Una de ellas, encabeza por Augusto Timoteo Vandor, que aunque mostraba reacio a ceder conquistas laborales, siempre resultó propenso a la negociación. El otro sector al que buscaba seducir el gobierno eran los “colaboracionistas”. Desde un lugar de clara adhesión al régimen y sus políticas beneficiosas para la burguesía, el sector participacionista era acaudillado por José Alonso (Sindicato del Vestido), Adolfo Cavalli (Sindicato Unidos por el Petróleo) y Rogelio Coria (Unión Obrera de la Construcción). Éste último, siendo él mismo un empresario de la construcción, Correa, J.: Los jerarcas sindicales, Editorial Polémica, Buenos Aires, 1972, p. 35. estaba estrechamente alineado con los intereses de los patrones a quienes se suponía debería enfrentar. Al punto de no oponer ninguna resistencia a la sanción de un Estatuto para los trabajadores de la construcción que eliminaba la indemnización por despido, reemplazándola por un “fondo de desempleo”. Ídem, p. 36. La estrecha relación entre algunos sectores de la dirigencia sindical, los empresarios y el gobierno fue una constante del período. Vandor y Ricardo Otero (dirigente de la UOM) fueron acusados en varias oportunidades de estar en connivencia con las empresas metalúrgicas General Electric y Phillips (ambas dirigentes de la UIA), Tamet, Camea, BTB, Fanal, Centenera, Saccol, Volcán, Deadoro y Pedriel, entre otras. Por ejemplo, con motivo de las elecciones sindicales de 1968, los capitales antes mencionados despidieron a 104 candidatos opositores, favoreciendo el triunfo de la lista oficial. Ídem, p. 42. Esto no implica la inexistencia de intereses encontrados entre la burocracia sindical y los empresarios, entre los que mediaba el gobierno, sino la preferencia de la burguesía por una dirigencia sindical adicta, dispuesta al diálogo y la negociación, que muchas veces relegaba los intereses de sus afiliados en virtud de mantener relaciones políticas, negocios o favores. Sobre todo si por debajo de la burocracia sindical, venía emergiendo una camada de dirigentes clasistas y de izquierda con quienes no se podría “arreglar”. La CGT de los Argentinos, escindida de la CGT oficial en 1968 y liderada por Raimundo Ongaro, se mantuvo en una línea de oposición al gobierno, aunque algunos hechos, como el retaceo de apoyo a la huelga encabezada por obreros despedidos de La Fabril Financiera Palacios, H.: Historia del movimiento obrero argentino, tomo III, Impresiones Avellaneda, Buenos Aires, 1994, p. 164. Una visión diferente de las relaciones sindicatos-burguesía puede rastrearse en James, D.: Resistencia e integración, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2005. (cuyo gerente era dirigente de UIA), muestran los límites “opositores” del sindicalismo reformista encarnado por la CGTA. Tal como adelantamos, la racionalización del aparato estatal constituyó otro aspecto del programa sobre el que la UIA recargó las tintas. Además de la mención en las declaraciones al inicio de la dictadura de 1966, la entidad insistió en numerosas oportunidades sobre este punto, recalcando la insuficiencia en las medidas implementadas por el gobierno en la materia. Ante la elaboración del presupuesto 1968, la UIA emitió un documento con un balance del año y consideraciones sobre el próximo en el que declaró que el Estado es el único sector que no ha procedido a sanear su estructura. El logro de este objetivo permitiría prescindir de la emisión monetaria para cubrir los gatos estatales ni recurrir a impuestos extraordinarios. Las miradas de la entidad se dirigían principalmente a la reducción de los gastos corrientes, es decir de aquella porción del gasto público destinada puramente al consumo sin la generación de una mercancía como contrapartida. El pago de sueldos y la compra de bienes y servicios para garantizar el funcionamiento del aparato administrativo se encuentran dentro de este concepto. Un almuerzo de IDEA, Institución empresarial fundada en 1960 especializada en elaboración de planes de negocios y formación de cuadros gerenciales. así como una reunión en Río Cuarto (Córdoba) ante el Centro Comercial e Industrial, fueron ocasiones en las que el nuevo titular de la UIA electo en 1968, Elbio Coelho, Como señalamos, en 1967 asume, elecciones mediante, el nuevo presidente de la UIA, Elbio Coelho. A juicio de Schvarzer, éste representaba los intereses de los pequeños y medianos capitales a diferencia de Oneto Gaona, quien pretendía que la UIA sea sólo de los grandes. Schvarzer, J.: op. cit., p. 131. insistió sobre la urgencia de racionalizar el aparato estatal. A través de un comunicado de ACIEL, en mayo de 1969, la entidad volvió a insistir en la eliminación del déficit presupuestario: “3º) Que el Estado debe intensificar la acción para corregir de inmediato –sin […] desconocer las dificultades con que tropieza- los vicios y defectos que aún subsisten, para lo cual, entre otras disposiciones, es necesario adoptar las medidas pertinentes para: a) Reducir hasta suprimir el déficit del presupuesto general de la Nación, mediante la disminución de los gastos corrientes y la eliminación de los improductivos.” Cronista Comercial, 24 de mayo de 1969. No obstante, estas exigencias de reducción de los gastos estatales no implicaban la adscripción a un discurso extremadamente “liberal”, entendido como la concreción de un “Estado mínimo”. Esas apelaciones de la UIA al saneamiento de las cuentas estatales se combinaron con las demandas de protección hacia ciertos sectores empresarios y el pedido de intervención estatal con políticas de promoción industrial. En efecto, en 1968 la UIA auspició la realización del Congreso Regional de Industriales del Centro-Noroeste Argentino, en el que se trataron las solicitudes al gobierno de regímenes de promoción industrial que comprendieran el total de territorio nacional. Asimismo, la eliminación de la superposición impositiva, y la vigencia del “sábado inglés”, que implicaba incrementos salariales hasta en un 9.1% en algunas provincias argentinas, también fueron objeto de reclamos en aquella ocasión. “La comisión que entiende en temas de índole laboral destaca en uno de sus trabajos que el denominado sábado inglés incide en algunas provincias elevando en un 9,1 por ciento los jornales en relación con el resto del país. De esa manera, aquellos Estados provinciales, la mayoría perteneciente al Centro-Noroeste, están colocados en una desventaja de costos que incide en el precio de sus productos manufacturados […] La diferencia que así se establece significa, forzosamente, una competencia en forma desleal, e inhibe la colocación de los productos elaborados […] en determinadas plazas de consumo. El grupo de trabajo que analiza esta situación hizo moción para que se gestione derogar la legislación que ampara ese régimen de labor, [o] que, en su defecto, sea incorporado en el resto del país para unificar los jornales.” La Nación, 19 de junio de 1968. En vísperas del Cordobazo, la UIA volvió sobre este último problema en conjunto con la Federación Argentina de Industria Metalúrgica y ACIEL, enviando notas al ministro de Economía y a los gobernadores de Córdoba, Mendoza, Santiago de Estero, San Juan y Tucumán. Advertía sobre el riesgo de paralización de las actividades industriales si se avanzaba en la eliminación de las quitas zonales Las quitas zonales eran un beneficio promocional que permitía a los capitalistas de determinadas provincias descontar un porcentaje del salario sobre el acordado en convenciones colectivas nacionales. Estas quitas estaban destinadas a equilibrar los jornales de las provincias en las que regía el “sábado inglés” con las que no. La exigencia obrera de derogar las quitas zonales fue uno de los principales reclamos del Cordobazo. Balvé, B. y Balvé, B.: El 69, op.cit. p. 36. del 9.1% respecto de los regímenes salariales de Capital Federal, Buenos Aires, Rosario y Santa Fe. La eliminación de las quitas era una medida reclamada por la clase obrera, que venía protagonizando un proceso de reclamos que derivó, pocas semanas después, en la insurrección cordobeza. La UIA resaltaba que las diferencias salariales que establecían las quitas eran compensadas por la mayor cantidad de jornales que el empleador debía pagar debido a la vigencia del “sábado inglés” en estas provincias. A su vez, proponía el establecimiento de compensaciones que suplieran lo que se perdería de derogarse las quitas zonales. Se demandaban tales compensaciones argumentando la necesidad de un incentivo a la instalación de plantas metalúrgicas en el interior del país, ya que dadas las circunstancias mencionadas, no encontrarían ventajas para tal localización. Así lo expresa el comunicado de ACIEL: “ACIEL considera que para mantener e incrementar la radicación de establecimientos metalúrgicos en las provincias, es menester adoptar con toda urgencia medidas compensatorias del deterioro producido como consecuencia de eliminar las quitas zonales y mantener el pago de horas no trabajadas allí donde rigen normas de tiempo. De no tomarse de inmediato prevenciones de tal naturaleza acordes con la política económica adoptada por V.E. es dable prever y lógico concluir que las plantas metalúrgicas establecidas en el interior del país y en particular en las provincias antes mencionadas, tratarán de trasladarse al Gran Buenos Aires, agravando el problema creado por la fuerte concentración industrial hoy existente en la Capital.” La Nación, 24 de abril de 1969. De esta manera vemos una contradicción aparente entre las demandas de reducción de los gastos estatales y el reclamo de medidas promocionales que, obviamente, implicaban aumentar el gasto estatal. Sin embargo, no existe tal contradicción entre una y otra: la UIA exigía un redireccionamiento de los gastos estatales hacia el sostenimiento de la industria. Lo que solicitaba, en definitiva, era que la plusvalía e impuestos al consumo no se utilizaran en trabajo improductivo y se destinaran a sostener la acumulación. Posición que poco tiene de “liberal”, en el sentido vulgar del término, pero se inscribe dentro del campo del programa burgués. Otras acciones de fomento estatal a la industria pueden rastrearse en el pedido de la entidad de un equilibrio en los presupuestos destinados al INTA y al INTI, dado que éste último, necesario para el desarrollo industrial, contaba con menores recursos. Cronista Comercial, 7 de enero de 1969. Asimismo, impulsaban la creación de un Banco de Desarrollo, similar a los de Brasil y México, y la generación de condiciones de rentabilidad para asegurar las ganancias de los inversores. Primera Plana, 19 de septiembre de 1967. Recién iniciado el año 1967, dirigentes de la UIA se reunieron con Krieger Vasena para discutir las líneas de intervención de la entidad en la reunión del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio). La Nación, 15 de enero de 1967. Hacia finales de 1967, la UIA intervino en otra conferencia de ALALC junto a la Cámara Argentina de Exportadores, CAC, SRA y CGE. En esta oportunidad se negociaron los productos a incorporar en las listas nacionales y se contempló la ampliación de las listas comunes por tres años. La Nación, 13 de octubre de 1967. Con respecto a la política arancelaria, la UIA manifestaba, por un lado, su apoyo a la rebaja de los gravámenes para las materias primas y bienes de capital que no se producían en el país, dado que distorsionaban la estructura de costos de los bienes industriales. Coincidían, a su vez, con el sentido general de las medidas adoptadas, que apuntaban a mejorar la eficiencia del capital local exponiéndolo a la competencia con manufacturas importadas. Sin embargo, se reclamaba un ajuste en la política de tarifas, ya que ese tipo de medidas dejaban de lado otros factores que afectaban la competitividad de la industria local, e incluso podrían llegar a ser negativas, exponiendo a la competencia externa a ramas y sectores que no habían alcanzado los niveles de eficiencia necesarios para enfrentarla. “A diferencia [de] las devaluaciones anteriores y su habitual acompañamiento de medidas monetarias, fiscales y de precios, en esta oportunidad se ha agregado una reforma importante a la estructura de los derechos arancelarios de importación, consistente tanto en una rebaja del nivel medio de gravámenes como en una reestructuración de los mismos en función del grado de elaboración del producto importado. Sin examinar este último aspecto, la rebaja de aranceles realizada tiene por finalidad declarada la de mejorar la eficiencia del sector industrial por la vía de la apertura de la competencia externa, para así incrementar su capacidad competitiva en los mercados mundiales y poder expandir, por tanto, rápidamente, las exportaciones manufacturadas. En este aspecto, tan fundamental por múltiples razones, se ha considerado que la eficiencia industrial puede mejorarse básicamente modificando el nivel de la protección arancelaria. Ello significa minimizar el restante conjunto de factores que distorsionan por completo la estructura de costos de la industria, y no percibir que el nivel de los derechos de importación es también un efecto de las mencionadas distorsiones internas y para demostrarla basta con reflexionar sobre los elementos, sustancialmente la eficiencia, y por ende la capacidad competitiva de la industria argentina.” Memoria y Balance, UIA, 1967. Si bien defendían la apertura del comercio exterior, ya que esta potenciaría la competitividad de la industria local al exponerla a la competencia con los capitales extranjeros, señalaban que los aranceles no eran la única ni la principal razón que distorsiona la estructura de costos industriales, y que dificultaban su colación en el mercado mundial. Se volvía a aludir, nuevamente, a la cuestión de la “eficiencia”, y con ello a la productividad y a los costos salariales, con lo cual, se supeditaba la apertura a la competencia internacional a un ajuste interno de los costos laborales y al aumento de la productividad. No obstante las prédicas a favor de la exposición de los capitales locales a la competencia extranjera para obligarlos a aumentar su eficiencia, en los hechos se demandaba permanentemente una protección selectiva y se condicionaba la apertura a la resolución del problema de la productividad, es decir, a los avances sobre las condiciones obreras. En primer lugar, la devaluación, aplaudida por la entidad, implicó una protección de hecho. En segundo lugar, la propuesta en materia de comercio exterior de la UIA tenía un doble carácter: se pretendía cubrir las necesidades de importación de maquinaria e insumos (y por lo tanto, se demandaba liberalización en estos rubros) y, a su vez, el resguardo de ciertos capitales aplicando medidas proteccionistas. En definitiva, se reclaman medidas “liberales” exclusivamente para eliminar los sobreprecios pagados a ciertos capitales nacionales, producto de la protección arancelaria, y una protección selectiva para ciertas ramas. “En materia del régimen de identificación de mercaderías de importación (Dto. 4.531) las gestiones se encaminaron a lograr la clasificación de dichas normas, para evitar, por un lado, perjuicios innecesarios y por otro acentuar el control en aquellos productos en que se evadía sistemáticamente las reglamentaciones existentes, con lesión a la industria nacional.” “Informe de la Comisión Económica”, Memoria y Balance, UIA, 1967. Las gestiones de la entidad a fin de hacer prevalecer criterios afines en materia tarifaria se hicieron desde posiciones de poder, intercediendo en el Consejo Consultivo Aduanero, el Servicio Nacional de Exportaciones, organismos en lo que la UIA participaba mediante sus representantes. “A través del Consejo Consultivo Aduanero que esta entidad integra, se han planteado numerosas observaciones a diversos aspectos de las normas aduaneras.” Idem. “Al finalizar el período se produjeron importantes novedades, que bien podrían ser el punto de partida para la aplicación de medidas coherentes en la promoción del comercio exterior. Nos referimos primero a la creación del Servicio Nacional de Exportaciones al frente del cual fue designado un hombre de la institución, el Sr. Vicente de Arteaga, miembro de Junta Ejecutiva y Secretario de esta Comisión, de cuya gestión se esperan auspiciosos resultados”. “Informe de la Comisión de Comercio Exterior”, Memoria y Balance, UIA, 1967. El fluido acceso a los círculos de poder y a los organismos en que se tomaban las decisiones, inspiraba buenos augurios para la UIA en materia de comercio exterior. “La creación de este organismo (Servicio Nacional de Exportaciones) y la fijación de un tipo de cambio adecuado, hace que se vislumbren posibilidades optimistas para el comercio exportador de manufacturas durante el período que se inicia y que fija un conjunto de expectativas que la Comisión habrá de considerar en la tarea de desarrollar.” Ídem. En 1969, a la vez que se distinguía el impulso exportador del régimen arancelario se insistía cada vez más en la necesidad de resolver las debilidades internas. En efecto, Julio Ferloni, presidente del Departamento de Comercio Exterior de la UIA, expresó que la liberalización de la economía requería un período previo de protección de la industria nacional debido a la deficiencia relativa de la misma en relación a sus competidores internacionales. “Por lo tanto, el nivel de la tarifa arancelaria se presenta mucho más como un efecto que como una causa de las deficiencias que, en punto de solidez, presenta internamente la economía. La industria argentina necesita tarifas más elevadas que otras naciones fuertemente industrializadas, simplemente porque su estructura es globalmente mucho menos eficiente que la de aquéllas. En última instancia, sólo con una adecuada estrategia de transformación que apunte al desarrollo sistemático, será posible elevar sustancialmente ese nivel de eficiencia global, estrategia cuya concepción y ejecución competen fundamentalmente al Estado. Es por ello que para que el régimen arancelario sea utilizado finalmente como un mecanismo para instrumentar el proceso de integración, induciendo, a través de él, la estructura de costos y precios internos, deben darse las siguientes condiciones mínimas, previas a cualquier reforma, para que la industria alcance los niveles de eficiencia más cercanos a los internacionales.” La Nación, 12 de septiembre de 1969. La entidad sostuvo que la política arancelaria debía promover y proteger las actividades industriales del país. A su entender, en aquel período la política arancelaria no estaba orientada a permitir el desarrollo industrial sino a obtener ciertos objetivos específicos. En definitiva, observamos una tensión entre el aplauso a la liberalización de la economía encabezada por Krieger Vasena y la necesidad de cierta protección a la industria local, ineficiente para competir en el mercado mundial. La tutela estatal era presentada como el paso previo para la posterior apertura de la economía y su regimentación a partir de criterios puramente de mercado. Sumado a esto, las iniciativas de promoción industrial y rebajas salariales (directas e indirectas) dan cuenta de las debilidades para posicionarse competitivamente frente a los grandes capitales internacionales. Por otra parte, el pedido de discrecionalidad en el otorgamiento de recursos estatales y de rebajas arancelarias de ciertas mercancías evidencia la competencia inter-capitalista en el ámbito nacional. La cuestión radicaba, básicamente, en quién pagaba la crisis económica: qué ramas o empresas se beneficiarían de la protección y de la promoción, y cuáles pagarían los costos de afrontar una mayor competencia externa a fin de obtener insumos y maquinarias más baratos. Esta disputa se daba en este momento hacia fuera, contra los pequeños y medianos empresarios referenciados en la CGE. Pero era también una disputa que se daba al interior de la UIA. Como veremos, el estallido de disputas internas frente a la crisis de la “Revolución Argentina” (Capítulo 4) será una expresión de ello. La diferenciación interna también se hacía evidente en la participación de algunos de los capitales más concentrados, dirigentes de la UIA, en el Consejo Empresario Argentino, del que nos ocuparemos a continuación. 3. Intervención en el CEA Consejo Empresario Argentino La mayoría de los empresarios no eran sólo miembros de la UIA, sino que participaban de otras entidades. Entre las demás corporaciones de las que formaban parte, destacaba el Consejo Empresario Argentino. Fundado en 1967, la entidad nucleaba alrededor de 30 de los capitales más importantes que operaban en Argentina en aquél entonces. Surgió del grupo de empresas integrantes de IDEA y estaba integrado por empresarios de la agricultura, finanzas, industria, ganadería, nominados por el propio Consejo para formar parte de él. Se trató de un selecto número de capitales. Ostiguy, P.: Los capitanes de la industria, Editorial Legasa, Buenos Aires, 1990. Las actividades, estrategia y miembros no se hicieron públicas en las fuentes de la época disponibles para su consulta. Sumado a esto, aquellos miembros con un cabal conocimiento del CEA durante el período estudiado han fallecido, o no quieren ser entrevistados (José Martínez de Hoz). Tampoco existen investigaciones detalladas de la naturaleza de la institución. Es por esto que adoptamos como insumo central para acercarnos a sus características más salientes, una entrevista realizada a Martín Lagos, directivo del CEA durante los años ‘90. Entrevista a Martín Lagos, en poder de la autora, marzo de 2011. Martín Lagos fue director ejecutivo del CEA en la década de 1990. Las palabras de Lagos fueron refrendadas por Martínez de Hoz, de acuerdo con el entrevistado. De acuerdo con Lagos, el CEA era una institución de personas. Los miembros del CEA eran invitados a título personal, no por que hayan sido miembros del directorio de determinada empresa. Como ejemplo de ello señala que, cuando los miembros del CEA se retiraban, por cualquier motivo (retiro, jubilación, etc.), esto no implicaba un reemplazo automático de su lugar en la entidad por quienes ocuparan su cargo en la misma empresa. Los socios debían ser dueños de empresas antes que directivos. Sólo excepcionalmente se permitía que un empresario delegara en un directivo la representación de su firma. Lo que quería el Consejo era que quien asistiera a las reuniones tuviera capacidad de decisión. Por ejemplo, el financiamiento de un trabajo sobre determinado tema, que usualmente involucraban alrededor de 300.000 dólares. Los miembros en esos casos debían poder comprometer a sus empresas sin tener que consultar al dueño. En efecto, formaban parte de la entidad muchos dueños y pocos gerentes generales. López Aufranc, General retirado y Presidente de Acindar, constituyó una excepción. Norberto Morita, gerente de Quilmes antes de que se vendiera, fue otra excepción, motivada en que, a pesar de ser gerente, tenía autoridad para comprometer a la empresa. Las compañías extranjeras también se encontraban entre las excepciones. Las casas matrices tenían una amplia confianza que hacía que los directivos pudieran comprometerlas en un proyecto de este tipo. Entrevista a Martín Lagos, op.cit. Las palabras de Lagos fueron refrendadas por Martínez de Hoz, de acuerdo con el entrevistado. En relación a la fuente de inspiración de la entidad y su esencia, Lagos nos dice que la idea del Consejo Empresario surge observando instituciones de otros países: Brasil, Estado Unidos o España. Se crea con la motivación de constituir una institución empresarial, de personas y no de empresas, multisectorial, y que apuntara a delinear políticas macro, más que a defender los intereses sectoriales, de la industrial, el campo o las finanzas. A su juicio, el CEA apuntaba a los temas más amplios, más generales, como la inflación o el gasto público. La entidad no habría pugnado por el beneficio de determinados sectores sino por el control del tamaño del gasto público, la manera de financiarlo, su sustentabilidad, los sistemas de impuestos, el sistema previsional, las políticas de inserción global de la Argentina en el mundo. Esto incluye los sistemas de aduana y el proteccionismo. Entrevista a M. Lagos, op. cit. El CEA habría gozado de un lugar privilegiado como interlocutor del gobierno de Onganía, principalmente a partir de la conexión con Krieger Vasena: “Probablemente durante los primeros años de la entidad le hubieran pasado sus conclusiones verbalmente al ministro Krieger. Luego cuando vino el peronismo obviamente todo este grupo empresarial quedó un poco desubicado desde el punto de vista político. Luego el CEA vuelve a aparecer en tiempos de Martínez de Hoz.” Ídem. Las afirmaciones de Lagos se reiteran en una entrevista a la secretaria del CEA publicada en un trabajo de Ostiguy: “We had very good connections with Krieger Vasena and also. Obviously, with José Martínez de Hoz”. Entrevista a Helena de Busto, secretaria ejecutiva del CEA, citada en Ostiguy, P.: op. cit., p. 51. Con el retorno del peronismo, el CEA se replegó, por un tiempo. De acuerdo con Vicente Mulerio, la entidad conformó una “oposición empresaria con poco predicamento” junto a la Cámara de Comercio Argentina. Muleiro, V.: 1976. El golpe civil, Editorial Planeta, Buenos Aires, 2001. Las causas radicaron en las diferencias programáticas y en consecuencia en la dificultad para establecer una agenda en conjunto, centralmente con el Ministerio de Economía: “Como grupo pasó de ser mimado por el ministro Krieger o el ministro Pastore a ser un grupo que representaba para Gelbard… Es que estaban en términos de ideas y de política económica en las antípodas. […] El CEA tuvo sus épocas de mayor visibilidad y menor visibilidad. Tuvo visibilidad desde que se creó hasta el ´73, cuando vino el peronismo bajó un poco su visibilidad. Luego volvió a aumentar con el Proceso Militar.” Entrevista a M. Lagos, op. cit., p. 87. Sin embargo, el CEA comenzó a asomar cabeza frente a la crisis terminal del gobierno peronista en 1975. Celebraban reuniones con Jorge Rafael Videla, jefe del Ejército, en tratativas para discutir las formas de paliar la conflictividad social. Muleiro, op. cit., p. 90. Respaldaron el plan de ajuste impuesto por Celestino Rodrigo a mediados del ’75, lo cual es lógico, dadas las similitudes con el implementado por el presidente del CEA, Martínez de Hoz, al asumir como ministro de Economía bajo la dictadura de Videla en 1976. Según un trabajo de Néstor Restivo y Raúl Dellatorre, “El Consejo Empresario Argentino festejó el Rodrigazo”. Restivo, N. y Raúl D.: El Rodrigazo, 30 años después. Un ajuste que cambió al país, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2005, p. 27. Así lo reconoció el propio Rodrigo en una entrevista: “Acepté la invitación de (sus) directores y les solicité su total apoyo. Ese grupo siempre se caracterizó por tener relaciones muy débiles con los gobiernos peronistas, pero en aquella noche [se refería al 8 de julio, día de la huelga convocada por todo el movimiento obrero contra el ajuste] se integraron a las necesidades de la Nación.” Ídem. Como corolario de su oposición al peronismo, el CEA participó de la gestación del golpe militar de 1976 y participó de la dictadura mediante su principal cuadro en un puesto político clave: Martínez de Hoz en el Ministerio de Economía. El propio carácter del CEA, alejado de toda acción propagandística dificulta la reconstrucción de sus acciones y también de su programa. No obstante, podemos aproximarnos a ciertas líneas de pensamiento. A juicio de Lagos, las políticas propuestas en el marco de la entidad se basaban en el mercado, en la oposición a un congelamiento de precios. En materia arancelaria: una gradual política de apertura. Es decir, el tipo de políticas implementadas por Martínez de Hoz: “Ellos veían el modelo italiano, en principio porque muchas de ellas tenían relación, como Techint. También Francia y España. Países que iban haciendo crecer sus sectores privados, que tenían empresas del estado pero manejadas con criterios de eficiencia, no por los sindicatos, como pasaba aquí. El modelo que buscaban era eliminar los extremos de la Argentina: la híper-inflación, la híper-protección, el híper-estatismo, el híper-sindicalismo.” Entrevista a M. Lagos, op. cit. La participación de la UIA en el CEA no fue preponderante. A juzgar por su nómina de socios entre 1967 y 1969, de un total de 27 socios, cinco pertenecían a la dirigencia de la UIA en período analizado. Se trataba de los capitales más importantes de la entidad. Cuadro 15.Miembros del CEA, empresa relacionada y pertenencia a la UIA. 1967-1969.   Empresa UIA Acevedo, Arturo    No Aguilar, Jorge    No Born, Jorge Bunge y Born  No Dietl, Carlos PASA  No Edbroke, Arturo Duperial Si Escasany, Eduardo Banco Galicia  No Fortabat, Alfredo Loma Negra  No Fraser, Roberto Alpargatas Si Gagliardi, Silvio Celulosa Si García, Eduardo Dálmine  No Grunenisen, Ricardo Astra  No Kitterman, Douglas Ford  No Krag, Enrique    No Lanusse, Raul P y A Lanusse  No Leloir, Antonio    No Martens, Thilo Bco. Alemán Transatl.  No Noel, Carlos Noel Si Polledo, César Cámara de la Construcción Sí Rocca, Agustín Dálmine  No Sallustro, Oberdan Fiat  No Soldati, Francisco    No Taboada, Juan Frigoríficos Arg,  No Pereda, Celedonio    No Teran Nougues, Pablo    No Navajas Artaza, Adolfo    No Toso, Mario    No Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por Perla Torcasso, directiva del CEA-AEA El interrogante sobre las razones por las cuales los capitales más concentrados de la UIA requerían de otro espacio para desplegar su estrategia, parece tener relación con el programa de cada una de las entidades y su composición más restringida en el caso del CEA. De acuerdo con el entrevistado, a diferencia de la Unión Industrial que siempre advirtió sobre los peligros de la apertura, el desempleo, el dumping, la competencia desleal, para el CEA “Hay que abrir o hay que tender a abrir porque el cierre produce un sesgo antiexportador y en última instancia nos condena a un mercado muy pequeño”. Ídem. En síntesis, la intervención de ciertos dirigentes de la UIA en el CEA parece responder a que el último se componía únicamente de grandes capitales en busca de condiciones de libre mercado, mientras la UIA, debido a su carácter inclusivo (en tamaño del capital y rama de la industria) debía contener reivindicaciones propias de empresas pequeñas. 4. Conclusiones La acción de la UIA durante la mayor parte del gobierno de Onganía tendió a imponer su programa de salida a la crisis. La caída de la tasa de ganancia y de la productividad industrial requería de medidas que permitieran poner a punto nuevamente a las empresas individuales para relanzar la acumulación de capital. La baja de la renta diferencial, desde 1963, disminuía la capacidad de transferencia del sector agropecuario a la industria y por lo tanto, la masa de ingresos que había permitido sostener una experiencia como la del peronismo ya no se encontraba disponible. En este contexto se agudizan los enfrentamientos interburgueses y capital-trabajo, a fin de imponer una salida a la crisis y determinar qué fracciones cargaran con sus costos. La UIA formuló, en este contexto, un conjunto de medidas tendientes a reproducir su capital real en las condiciones que el mercado dictaba para mantenerse en pie. En este sentido, las políticas propuestas por la entidad se dirigían a disminuir el peso de los salarios en los costos de producción, reduciendo salarios reales, atando los sueldos a la productividad, eliminando conquistas sociales y reduciendo el poder de negociación de los sindicatos. Abrogaban también por una protección de la industria local: saludaron la devaluación de la moneda, que imponía de hecho la protección del mercado interno provocando una transferencia de valor a favor de la industria mercado internista. A pesar de recomendar una eliminación de tarifas y la liberalización de los mercados, se opusieron a una apertura total, demandando la disminución de tarifas sólo en lo referente a ciertos insumos y maquinarias industriales, que permitirían aumentar la productividad del trabajo y disminuir sus costos de producción. A contramano de su pretendido “liberalismo”, reclamaron que se mantenga la protección industrial cuando ésta afectaba a las empresas y ramas que representaba, posponiendo todo intento de apertura aduanera a la eliminación de las “distorsiones salariales”. La inexistencia, sin embargo, de una demanda de protección general para el conjunto de la industria nacional da cuenta de que en la estrategia de la UIA existían capitales a los que se debía quitar la tutela estatal y dejar sucumbir ante la competencia internacional. En lo referente al rol del Estado, en consonancia con el discurso “liberal clásico”, demandaron disminuir todo gasto de plusvalía en actividades no redituables (por ejemplo en empleo estatal). Reclamaron permanentemente por el recorte de los gastos estatales, por el saneamiento de las cuentas públicas y la eliminación del déficit. Sin embargo, también demandaron la intervención del Estado, que debía solventar el aumento de la competitividad de la industria local subsidiando tarifas de servicios y ampliando los regímenes de promoción industrial. Su estrategia de resolución de la crisis aparece como favorable a eliminar los capitales menos eficientes para el espacio nacional, aunque dada la ineficiencia de la mayoría de ellos en el mercado internacional, debía reclamar cierta tutela estatal. Claramente, la renta ya no alcanzaba para sostener a todos por igual, y la UIA operó para que no fueran las fracciones que ella representaba quienes pagasen los costos de la crisis, sino los industriales más pequeños y la clase obrera. En esta lógica se inscribe su política, que lejos está de ser anti-industrial o anti-estatal, como pretenden aquellos que califican a la UIA de “liberal”. Es la estrategia que deben adoptar los capitales no competitivos para desarrollar sus industrias en un contexto en el que la disminución del principal elemento de compensación de las debilidades del capitalismo local, la renta, obligaba a imponer un ajuste. Por un lado, promovían una concentración y centralización “regulada” y, por el otro, y he aquí lo más importante, impulsaban la ruptura de las relaciones que daban sustento al reformismo peronista. Con un mercado interno muy limitado, sólo mediante la drástica disminución del precio de la fuerza de trabajo la Argentina industrial podía tener alguna oportunidad en el mercado mundial. Esta ofensiva, como veremos, chocó en 1969 con un límite impuesto por el proletariado. Las relaciones con los sectores paternalista y liberales de las Fuerzas Armadas y la activa participación como entidad en ACIEL y en tanto individuos/empresa en CEA, dan cuenta de los intentos por hacer primar sus intereses por sobre el de otras representaciones de la burguesía. En efecto, las alianzas trazadas por parte de la entidad parecen haber tenido la fuerza suficiente para imponer su estrategia. La renuncia forzada de Salimei, impulsor de una estrategia diferente a la de la UIA, y la coincidencia durante la gestión de Krieger Vasena en la mayoría de las medidas adoptadas son muestra de la capacidad de la corporación industrial para intervenir en el gobierno. Los efectos de la aplicación del programa de la UIA implicaron un proceso de concentración y centralización del capital. Como advertimos, la cuestión era qué capitales pagaban la crisis. En un contexto de caída de renta, el Estado no puede subsidiar a todos, apareciendo disputas por la compensación necesaria para su reproducción. Asimismo, la entrada de capitales extranjeros agravó la crisis en muchas ramas de la industria. Los resultados del proceso: quiebra de pequeños capitales y aumento de la desocupación producto del cierre de empresas y el reemplazo de fuerza de trabajo por maquinarias. Es así que el proceso que se inicia con el Cordobazo se asienta sobre los cambios estructurales impuestos desde la UIA e implementados por el gobierno de Onganía. En el capítulo próximo, observaremos cómo la emergencia de la acción directa de las masas y las consecuentes medidas adoptadas por los sucesivos gobiernos llevaron a la ruptura de la alianza de la UIA con la estrategia adoptada por las Fuerzas Armadas. Capítulo 4. Del Cordobazo a Cámpora (1969-1973) El Cordobazo establece una ruptura respecto del curso de la crisis de hegemonía abierta en 1955. Las jornadas de mayo de 1969 abren paso a una tendencia insurreccional en el seno de la clase obrera, a la formación de una fuerza social revolucionaria y a la apertura de un proceso revolucionario. Grenat, S.: Una espada sin cabeza, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2011, pp. 11 a 30; Sartelli, E.: La plaza es nuestra, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2007, pp. 89 a 108; Balvé, Beba y Beatriz Balvé: El ‘69. Huelga política de masas, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2005, pp. 31 a 43. En el presente capítulo examinaremos las medidas adoptadas por la Unión Industrial Argentina ante la profundización de la crisis orgánica, en sus aspectos propiamente económicos y los políticos. Abordaremos las intervenciones de la entidad en relación al gobierno y a sus vinculaciones con las corporaciones integrantes de ACIEL así como la crisis desatada en el interior de la UIA. Utilizaremos fuentes periódicas (La Nación, Cronista Comercial, Clarín, Mercado, Primera Plana, etc.) así como documentos de la UIA (Memoria y Balance y Revista de la UIA). El corpus documental del que disponemos para este capítulo es de 29 declaraciones publicadas en periódicos, dos Memorias y Balances, un Documento del Departamento de política económica e industrial, fuentes bibliográficas y una fuente jurídica. La hipótesis para este período plantea que la crisis revolucionaria abierta con el Cordobazo implicó un cambio en la dinámica de la crisis hegemónica. El proceso abierto obligó al gobierno militar a dar un giro en sus políticas, que comenzaron a orientarse en función de la concreción de ciertas concesiones hacia la clase obrera, como forma de contención de las tendencias insurreccionales. A su vez comenzó a tejerse un cambio de régimen, con el retorno a la democracia y, a diferencia de los recambios políticos del período anterior, esta vez hubo de permitirse la participación del peronismo y el retorno al país de su máximo líder. Asimismo, que la crisis expuso dos estrategias contrapuestas en el seno de la UIA y la consecuente desvinculación de ACIEL. Se plantea así un movimiento contradictorio: la UIA comienza a distanciarse del gobierno por sus concesiones hacia los explotados y sus políticas “populistas” para, posteriormente y una vez planteada la transmisión democrática, romper con ACIEL por sus posiciones liberales. 1. El Cordobazo Los indicadores económicos de la época dan cuenta de cierta recuperación de las diferentes variables durante los primeros años del gobierno de Onganía. La tasa de ganancia del capital industrial subió desde 1967 Iñigo Carrera, J.: op. cit., p. 60. y la productividad del trabajo de la industria argentina en relación a Estados Unidos, comenzó a recuperar sus niveles anteriores a 1966. Íbidem, p. 63. El PBI también asistió a incrementos, principalmente en el sector construcción, incentivado por el plan de obras públicas direccionado a mejorar la infraestructura para la industria. Las ramas que más crecieron fueron: minas y canteras, electricidad, gas y agua, comercio, hoteles y restaurantes, transporte, almacenamientos y comunicaciones, finanzas, seguros y bienes inmuebles. Rapoport, M.: op. cit., p. 535. Por su parte, el sector agropecuario, que venía recuperándose de un largo proceso de estancamiento iniciado en los ’40, todavía no había logrado recuperarse del todo. A su vez, los precios internacionales no acompañaron, lo que se manifestó en la profundización de la tendencia a la baja de la renta diferencial. La política cambiaria atrajo inversiones extranjeras mediante la implementación de una prima de inversión (producto de la diferencia entre un peso sobrevaluado y su paridad real). Uno de los sectores más atrayentes fue el tabacalero. La política exterior significó el traspaso de manos nacionales a extranjeras de capitales y el incremento de la deuda externa, llegando a aumentar un 45% en 1970 con respecto a 1966. La inflación pudo ser controlada temporalmente mediante el acuerdo de precios de 1967, pero la situación comenzó a revertirse hacia 1969 por el incremento del precio de la carne y una nueva devaluación. El gobierno de Onganía impulsó un proceso de concentración y centralización de muchas ramas del capital, ocasionando el aumento de la tasa de explotación y el desplazamiento de los sectores más débiles de la burguesía debido a la quiebra de sus capitales, y la consecuente desocupación que acarreó. En términos políticos, la dictadura de Onganía impulsó la conformación de Consejos Asesores. Su objetivo era reemplazar la lucha parlamentaria. Se buscaba canalizar las disputas de la burguesía ya no mediante partidos políticos, sino a través de estos consejos para terciar en las disputas y restablecer la hegemonía perdida. Sin embargo, en vez de cerrar el ciclo de crisis, se activó a ciertos sectores de la sociedad en la disputa por nichos políticos. La huelga general de masas conocida como Cordobazo estalló en esta coyuntura. La Unión Obrera Metalúrgica de Córdoba había organizado un paro para el 6 de mayo de 1969, en reclamo de que los empresarios locales se atuviesen a la derogación de las quitas zonales, lo que no estaban haciendo. Estas quitas constituían una reducción sobre los salarios de convenio en determinadas zonas, fijada durante el primero gobierno de Perón, para fomentar la industrialización en determinadas provincias. El gobernador ofreció, a cambio de derogar las quitas, la anulación del “sábado ingles” (por el cual, el trabajo los sábados debía abonarse como horas extra), una vieja reivindicación de la UIA para las provincias de Córdoba, Mendoza, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán, donde estaba vigente. Balvé, B. y Balvé, B., op. cit., p. 49. El sector estudiantil, que venía de protagonizar una serie de movilizaciones, rebeliones y hasta insurrecciones (como en Rosario) a lo largo de todo el país, en defensa de los comedores universitarios y contra los cupos de ingreso, confluyó con el sindical, con diversos reclamos en cada una de las provincias movilizadas. La violenta represión al movimiento estudiantil, que se cobró varias víctimas fatales a lo largo de mayo, generó las condiciones para la confluencia. En un clima de agitación y movilización, que se extendió a lo largo de todo el mes de mayo, con huelgas parciales, movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden, las centrales obreras en la provincia de Córdoba decretaron un paro general para el 29 de mayo. Las centrales sindicales nacionales convocaron a un paro de similares características para el 30 de mayo. Los enfrentamientos de los sectores movilizados con la policía y la fuerte represión del 29, que causó una nueva víctima fatal, fueron el puntapié inicial de la insurrección. De Riz, L.: La política en suspenso, 1966-1976, Paidós, Buenos Aires, 2007, p. 71. La lucha en las calles desbordó a la policía y los manifestantes ocuparon la ciudad durante todo el 29 y parte del 30, hasta que el gobierno recuperó el control de la ciudad recurriendo al Ejército. Ante los hechos, los distintos sectores elaboraron sus interpretaciones acerca de las razones que motivaron la rebelión popular. Utilizamos popular en el sentido de una alianza entre la clase obrera y la pequeña burguesía, “la alianza revolucionaria de todos los oprimidos” de acuerdo con Lukács, G.: Lenin, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2007. Para la CGT y la CGE, las causas se encontraban en la política económica de Krieger Vasena, mientras que para los sectores más concentrados del capital el problema habría residido en la falta de profundización de la línea económica proyectada. A juicio de este último sector, haberle dado espacio a los sindicatos, habría sido uno de los principales errores. Las razones debían encontrarse en la injerencia en el Estado de nacionalistas y corporativistas. O´Donnell, G.: Estado y alianzas.., op.cit. p.236 Pedían se reprima a los sectores radicalizados intentando salvar así a la Revolución Argentina. El Cordobazo inaugura un proceso revolucionario. Tomamos la caracterización de Balvéz y Balvé, El 69, op. cit. El dominio pleno de la burguesía se rompió, se multiplicaron sus disputas internas y emergió una fuerza social de características revolucionarias, que reunía a las fracciones del proletariado y la pequeña burguesía que encarnaron las tendencias insurreccionales, enfrentando mediante la acción directa, al régimen y al Estado. En principio, esta fuerza era minoritaria. En ella, comenzó un proceso de radicalización política, en la que crecieron los partidos de izquierda y las organizaciones armadas, confluyendo con el movimiento obrero. Las dos estrategias burguesas en disputa, liberal y reformista, mostraron su debilidad para encausar los antagonismos de clase. Así, a partir del Cordobazo vemos desplegarse tres alianzas: la liberal, la reformista y la revolucionaria. La emergencia de esta última, aunque incipiente, obliga al ensayo de soluciones por parte de la burguesía para bloquear su desarrollo. Se asiste entonces al reacomodamiento de las alianzas burguesas en función de un objetivo político: el restablecimiento de su plena hegemonía de clase frente a la posible subversión del orden social que le garantiza su existencia como clase. Las soluciones propuestas atendieron a los problemas económicos y políticos que pasaron a primer plano luego del Cordobazo. La UIA, una vez más, no fue ajena a las disputas por la orientación de las mismas. 2. Las salidas a la crisis La primera repercusión de la apertura del ciclo insurreccional fue la renuncia del Ministro del Interior, Guillermo Borda, quien fue reemplazado por Francisco Imaz, pese al desagrado de Lanusse y Krieger Vasena quienes acusaban al nuevo ministro de encarnar una orientación “paternalista”. Sin embargo, la repercusión más importante fue la decisión de Onganía de desplazar a Krieger Vasena de su puesto. Fue reemplazado por José María Dagnino Pastore, también proveniente de la facción paternalista, que venía de desempeñarse como ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires en la gobernación de Francisco Imaz y en el CONADE. El reemplazo respondía al balance que la conducción política había realizado a partir del Cordobazo, por el que, implícitamente, se responsabilizaba a Krieger Vasena y a la excesiva orientación liberal que había adquirido el ministerio bajo su mando. Entrevista realizada a Dagnino Pastore, en poder de la autora. Obviamente, el reemplazo fue recibido como un golpe por las facciones liberales del Ejército y por sus aliados de la gran burguesía, lo que profundizó sus enfrentamientos con el gobierno de Onganía. En efecto, la valoración de la Unión Industrial Argentina del gobierno militar instaurado en 1966 cambió profundamente luego del ciclo insurreccional de 1969. Si bien la reacción no fue inmediata, la UIA, entrado el año 1970, comenzó a emitir declaraciones de descontento con el rumbo que se le imprimía a la política económica. Los problemas de precios y salarios constituyeron las principales preocupaciones de la UIA durante el período. Por un lado, manifestó su oposición a los aumentos salariales y, por el otro, rechazó el acuerdo de precios que se pretendió imponer para impedir el alza de los mismos, actualizando el incremento de los costos ocasionado por los salarios. Luego de los levantamientos obreros de mayo de 1969 las autoridades militares se vieron compelidas a incrementar alrededor del 15% los salarios. La UIA, en su Memoria y Balance publicada en marzo de 1970, argumentó que el aumento salarial sobrepasaba el nivel de deterioro del salario real, además de adicionar asignaciones familiares, no relacionadas con la productividad del capital individual. “Ese porcentaje de incremento fue de más allá del deterioro sufrido por el salario real, y por su misma índole preparó condiciones que hacen difícil el mantenimiento de una política salarial compatible con la contención de la inflación. Fuertes incrementos de ingresos, por conceptos que no hacen directamente al rendimiento del trabajo sino a su situación familiar, crean una estructura de remuneraciones divorciada de la productividad que no puede menos que tener un efecto netamente inflacionario.” Memoria y Balance, UIA, 1969/1970. Uno de los primeros reclamos públicos ligó el problema salarial al sindical, a propósito del nuevo proyecto de obras sociales dispuesto por el gobierno. Para la UIA, la cuestión residía en que los inmensos fondos que se ponían bajo el manejo de las organizaciones gremiales fortalecían de manera desequilibrada el poderío sindical para discutir salarios y daban al sistema “más contenido político que verdaderamente social o gremial”. El problema de la fortaleza gremial fue motivo de reclamos, también, ante la huelga del SMATA-Córdoba en 1970. Es decir, si se quería bajar los costos laborales, había que quitar poder a los sindicatos. Esto sólo podía hacerse si se los dejaba sin la base material constituida mayormente por los aportes. La UIA, en una respuesta enviada al ministro de Bienestar Social, Carlos Consigli, señaló que la contribución de las empresas debería corresponder sólo a los salarios básicos dispuestos en los convenios. La Nación, 29 de enero de 1970. “Como primera reflexión consideramos que tienen total vigencia los conceptos formulados por la UIA en su declaración de fin del año 1969, cuando al aludir a los propósitos gubernativos de crear un régimen de obras sociales sostuvimos que no obstante el loable propósito que pueda perseguir el proyecto cuestionado, insistimos en que por este medio no se obtendrá un positivo beneficio para la asistencia social de la población. Sólo se contribuirá a otorgar un desmesurado poderío a las organizaciones sindicales, llegándose así a la conclusión objetiva de que estamos en presencia de un hecho de neto corte político. Las consecuencias de esta medida atentarán, en el futuro próximo, contra el justo equilibrio que debe existir entre los diferentes sectores de la sociedad y, además, en el campo de la seguridad social, se verán desvirtuados en la práctica sus verdaderos fines y objetivos.” La Nación, 30 de enero de 1970. Asimismo, señalaban que las obras sociales debían funcionar de modo independiente a los sindicatos, en una clara apuesta a cercenar la base material de los mismos. Resaltaban la necesidad de crear un ente tripartito con el Estado, los empresarios y trabajadores para el control de las obras sociales. Similar propuesta hizo la CGE, que además recalcó que se debería evaluar el aporte en función de las posibilidades reales del sector capitalista y que de los beneficios de las obras sociales deberían poder gozar no sólo los trabajadores sino también los pequeños capitales. Por el contrario, la CGT se opuso a la participación del empresariado en el control de las obras sociales. Con posterioridad, ACIEL emitió un comunicado en el que aceptaba los recientes aumentos salariales como un hecho consumado, Como veremos, el problema salarial catalizó la ruptura de la UIA con ACIEL. reclamando la administración sobre los aportes para las obras sociales y apelando a la aplicación de innovaciones técnicas por parte del empresariado para producir más y avivar la competencia. La Nación, 6 de febrero de 1970. Durante los primeros meses de 1970, el gobierno sancionó tres nuevas leyes sobre Promoción Industrial. Una sobre nuevas actividades industriales, y otra que apuntaba a la descentralización espacial de la promoción, estimulando la creación de polos de desarrollo. La tercera postulaba la protección de las industrias de maquinaria radicadas en el país (ver detalle de las leyes en el Capítulo 1). Ninguna declaración pública se observa ante estas disposiciones. Probablemente no tuvieran nada que objetar, y ante la renovada conflictividad con el gobierno, no tenían intenciones de materializar ningún tipo de elogio. A su vez, el debate acerca de las obras sociales monopolizó la escena. Finalmente, la Ley de Obras Sociales sancionada distaba de contener las exigencias de la UIA. El punto más conflictivo fue el que disponía que los aportes patronales se depositen a la orden de las obras sociales existentes, sean estatales o gremiales. En caso de no existir obra social, deberían depositarse en una cuenta especial a la orden de la Asociación Profesional de trabajadores de la actividad respectiva, la que estaría obligada a crear u otorgar los servicios. La Nación, 27 de febrero de 1970. A mediados de junio de 1970 se asiste al primer “golpe dentro del golpe”. El derrocamiento de Onganía muestra la realización de los planes de desplazamiento del paternalismo, iniciados luego del Cordobazo. Este golpe fue encabezado por el General Lanusse, líder de la facción liberal del Ejército, que contó con un amplio apoyo. El suceso que desencadenó el golpe interno fue el secuestro y fusilamiento del General Pedro Eugenio Aramburu, dirigente del golpe que derrocó a Perón en 1955, por parte de la organización Montoneros. Para esa altura la conflictividad social y la actividad de la guerrilla habían asumido grandes proporciones, y las variables económicas comenzaban a desequilibrarse al calor de la puja precios-salarios. En el lugar del fundador de la Revolución Argentina, asumió Roberto Marcelo Levingston, quien provenía de la facción “nacionalista” del Ejército. Su gabinete estuvo compuesto por funcionarios afines a Lanusse (Eduardo McLoughlin y Francisco Manrique, al frente del Ministerio de Interior y de Bienestar, respectivamente). José María de Pablo Pardo, proveniente del nacionalismo tradicional católico y relacionado con los militares liberales, quedó como titular del Ministerio de Relaciones Exteriores. Carlos Moyano Llerena, relacionado con Krieger Vasena, fue puesto al frente del Ministerio de Economía. A pesar de que el golpe contó con una dirección liberal, el sector nacionalista logró mantener su influencia y el economista Aldo Ferrer, de tendencia nacionalista-desarrollista, fue puesto al mando de Obras Públicas. Las medidas económicas principales consistían en una devaluación del peso, el mantenimiento de las retenciones a las exportaciones con las que el Estado se apropiaba de los beneficios de la brecha cambiaria, la reducción de los aranceles a la importación y el lanzamiento de un nuevo Acuerdo Voluntario de Precios. Los primeros pasos del nuevo ministerio no fueron bien recibidos por la UIA. Junto a la Bolsa de Comercio y la Cámara Argentina de Comercio, la corporación industrial emitió un comunicado sobre la reciente devaluación en el que se advertía sobre el efecto negativo para las exportaciones y los precios internos. En este momento del ciclo económico, con un tipo de cambio ya subvaluado en un 5% y con una protección efectiva para la industria local de la misma proporción, una nueva devaluación no era positiva para ciertos capitales (ver Capítulo 1). Estos sectores expresaron su descontento ante la medida, que implicaba una suba injustificada de los precios internos de los insumos importados y que tendría un efecto negativo sobre los costos de producción y la capacidad exportadora de los capitales locales. “1- No puede hablarse de promoción a las exportaciones cuando no se altera el tipo de cambio efectivo que reciben las mismas. 2- No puede hablarse de que no afectará los precios internos, pues la medida adoptada incrementará forzosamente el costo de las importaciones, ya que a pesar de que se puedan disminuir los derechos que gravan las mismas, hay un gran número de productos (exentos de gravámenes o que éstos son menores a la devaluación) sobre los cuales no pueden aplicarse medidas compensatorias de tipo arancelario”. La Nación, 23 de junio de 1970. A su vez señalaban el incremento que generaría en los costos de las deudas en moneda extranjera y sus intereses, contraídas por las empresas públicas y privadas. A su juicio la incidencia de la devolución sobre las deudas privadas terminarían generando más inflación, ya que para hacer frente al cumplimiento de esas obligaciones al nuevo tipo de cambio, los empresarios extraerían los recursos de la economía nacional a través de los precios. En el fondo de la cuestión, la entidad caracterizaba que el gobierno pretendía destinar los fondos captados por el Estado a través de la devaluación a una política redistributiva de ingresos, favorable a los trabajadores, a costa del crecimiento de los capitales locales. “[La medida constituye una] distinta versión de la política redistributiva de ingresos. Una política social de esta índole merece la calificación de suicida para el futuro del país, puesto que su duración dependerá del debilitamiento de los sectores productivos que forjan la riqueza nacional”. Idem. La UIA sugería la implementación de medidas que contrarresten los efectos de la devaluación. Entre ellas, el pago diferido de las diferencias de cambio emanadas de las recientes disposiciones para el cumplimiento de sus obligaciones con los proveedores del exterior, cuando se trate de importaciones de materias primas. La Nación, 25 de junio de 1970. Es decir, un mecanismo por el cual el Estado absorba el encarecimiento de los costos de la importación de materias primas e insumos. A la par de las críticas a la política económica, las manifestaciones de la UIA dan cuenta de la aparición de un peligro mayor, la “subversión”. Frente a ella, la UIA hacía causa común con la política represiva del gobierno, pronunciándose a favor de la erradicación del accionar de las organizaciones armadas: “El gobierno nacional ha destacado esa realidad de la que nos enorgullecemos y puede contar con el respaldo de todos los sectores de la ciudadanía responsable en la acción encaminada a suprimir los peligros que para el país derivan de pequeños grupos organizados que han desatado una lucha sin piedad contra toda la comunidad, utilizando cualquier medio y olvidando todo escrúpulo”. La Nación, 4 de julio de 1970. El reemplazo de Moyano Llerena por un ministro más afín a los postulados económicos de las facciones nacionalistas de las FFAA marca el aumento de la influencia nacionalista e inicia una nueva etapa en la confrontación de la UIA con las autoridades nacionales. En diciembre de 1970, la UIA envió una carta al recientemente asumido Ministro de Economía, Aldo Ferrer. Procuraba dejar sentada la posición de la entidad encaminada a defender y preservar la industria nacional: “La industria del país aspira a tener la legítima protección que con creces, brindan todas la naciones a la suya dentro de las cuales se encuentran los países más desarrollados del mundo. Cualquiera de ellos que hoy desguarneciera su frente industrial o le proporcionara insuficiente protección –y para el caso es lo mismo- estaría condenado inexorablemente a la sub-ocupación, la insuficiencia industrial y el deterioro crónico de su balanza de pagos […] La inmensa diferencia a favor de los grandes centros económicos, en todo cuanto determina la capacidad competitiva y las prácticas generales de comercio, barrería bien pronto con la mayor parte de la industria nacional. […] En este sentido se solicitó la efectiva aplicación del decreto ley 5.342/63, que permite la imposición de derechos ‘anti-dumping’ y compensatorios (permitidos por otra parte por el Artículo VI del GATT) y también la fijación de ‘precios oficiales’ para establecer el valor en aduana de determinadas mercancías de importación (que en nuestra cambiante legislación habían sido previstos por el Decreto Nº 8.158/61, bajo el nombre de ‘precios índices’ […] Estas peticiones fueron efectuadas a fin de que la Argentina asumiese una posición más realista en defensa de su industria.” Cronista Comercial, 10 de diciembre de 1970. Coincidiendo con el perfil desarrollista del flamante ministro, la UIA hizo públicos sus reclamos de efectivizar la protección de la industria nacional, actualizando tarifas aduaneras e implementando medidas “anti-dumping” frente a la competencia extrajera. Sin embargo, lejos estaba la UIA de coincidir plenamente con los postulados de Ferrer. La Memoria y Balance de la entidad, publicada en marzo de 1971, sirvió para realizar un balance del curso económico y político de la Revolución Argentina desde sus inicios a la fecha. Fue también el lugar para plantear sus diferencias con la orientación propuesta por el recientemente asumido Ferrer, hacerle llegar sus reclamos y las medidas que pretendía se adopten. La entidad caracterizó que hasta el Rosariazo y el Cordobazo la economía había crecido, se había contenido el ritmo de la inflación y se habían incrementado las reservas monetarias internacionales. “Hasta ese momento, y desde marzo de 1967, se había logrado contener el ritmo de la inflación y mejorar en forma definida el volumen de las reservas monetarias internacionales. El producto, la ocupación, las inversiones y la productividad venían creciendo en forma sostenida. No obstante que existían algunos frentes débiles, como el agropecuario y las exportaciones, en líneas generales puede decirse que el referido programa había logrado resultados satisfactorios en su intento de reencauzar al país por el camino de un firme progreso económico y social.” Memoria y Balance, UIA, 1970-1971, p. 9. No obstante, la entidad criticó ciertos aspectos de la evolución económica desde 1967. A su juicio, la devaluación de 1967 debió ser aprovechada para realizar reformas necesarias para un “desarrollo auténtico”, centralmente la reestructuración del sector público y el recorte de los gastos estatales: “la marcada devaluación que se produjo el 13 de marzo de 1967, que llevó a una definida subvaluación del tipo de cambio, ofrecía un amplio margen de respiro y apoyo que debió ser aprovechado para realizar las principales reformas que exige un desarrollo auténtico especialmente aquéllas relacionadas con el sector público, las empresas del Estado, el sistema tributario, el régimen previsional y la desburocratización de la vida económica.” Ídem. Denunciaron, en esa línea, que los costos de la estabilización recayeron sobre empresarios y trabajadores, y el Estado no colaboró en nada: “el peso de la estabilización fue soportado por los trabajadores y los empresarios, ya que el estado en nada contribuyó al esfuerzo, mediante su propia racionalización. En las sociedades modernas, por su característica multitudinaria y compleja, es prácticamente imposible tener por largo tiempo una política de estabilización sobre la base de la regimentación autoritaria de los incrementos de salarios y precios. Todo intento en ese sentido, no puede ser sino a corto plazo, a modo de interregno que permita hacer actuar a otros factores de equilibrio.” Ídem. Lo que estaban solicitando, una vez más, era un ajuste fiscal. No obstante los desacuerdos con ciertos aspectos del desarrollo económico durante la gestión de Krieger Vasena, la entidad marcó una diferencia radical con el alejamiento de los lineamientos del plan original. En efecto, evaluaban una performance negativa respecto de sus expectativas luego de la salida de aquel: “Nunca se separaron tanto las predicciones de las realidades como en el año que transcurre. Se predijo una inflación del 10% y estamos en un porcentaje anual de más del 40%, se estimó un aumento del producto del 8% y escasamente se podrá lograr un 3%; se previó un déficit fiscal del orden de los 770 millones de pesos, que finalmente resultó ser muy superior. Se ha reabierto un agudo proceso inflacionario, el que si bien no había sido dominado en sus causas fundamentales, al menos se lo había controlado con bastante éxito. La política de marzo fue destruida, sin que nada se haya colocado en su lugar. En vez de perfeccionar, completar y profundizar la línea económica mencionada, se prefirió su suplantación, no por otra concepción coherente en sus fundamentos, sino sencillamente por la aplicación de criterios demagógicos y agresivos en las cuestiones económicas y sociales. Hoy paga la nación el precio de esa falta de continuidad y firmeza en la acción de gobierno, y también la sufren los grupos de menores ingresos y las empresas medianas y pequeñas, a quienes presuntamente favorecía la nueva orientación.” Ibídem, p. 11. Uno de los principales puntos de discordia con el nuevo plan económico fue su supuesto cariz estatizante. El mismo opacaría el rol de la iniciativa privada en el desarrollo económico: “Las medidas recientemente adoptadas por el Poder Ejecutivo en el orden económico y financiero, en oposición al Acta III de la Revolución Argentina, fueron expresión concreta de un intervencionismo exagerado que limita, cuando no anula la iniciativa privada, principal motor de aquel progreso, no obstante que con reiteración se invocaba la libertad económica”. La Nación, 24 de marzo de 1971. A la vez, se traducía en la intervención directa del Estado compitiendo en ciertas ramas de la industria: “El cada vez mayor avance del Estado en la actividad económica llegó a su clímax al intervenir éste en diversas empresas, especialmente en la actividad azucarera, que atravesaban por una situación económico-financiera débil; al mismo tiempo la creación de nuevas actividades del Estado en competencia con sectores privados promovidos por él mismo, suscitaron graves expectativas para el futuro industrial.” Memoria y Balance, UIA, 1970-1971, p. 32. A los problemas en relación al gasto público y la orientación “estatista” en marcha, debían sumarse los desacuerdos en materia de expansión monetaria y aumentos salariales: “La orientación que se imprime a la economía desde fines de 1970, agrega a la brecha inflacionaria de salarios que ya se había producido un año atrás, la del gasto fiscal y la expansión monetaria, merced a la puesta en marcha de criterios estatizantes y aventurados en el manejo del gasto y la inversión pública. A la aplicación de criterios abiertamente discriminatorios contra las inversiones extranjeras, se le sumó la creación artificial de un clima hostil a la inversión y a la empresa privada como tales.” Ídem. La cuestión salarial no sólo importaba en cuanto aumentaba los costos de producción, sino que incrementaba el poder sindical de los representantes de los trabajadores. En una clara disputa por cercenar la fortaleza adquirida por el movimiento sindical, el cariz que tomaron las negociaciones salariales fue repudiado por la entidad: “Lo que a nuestro entender resulta incompatible con una sana política salarial es la interferencia continua de los factores puramente políticos en esta esfera. Así, cuando se analizan las alternativas de la política salarial para los años 1970/1971, resaltan las contradicciones que fueron fruto de los acontecimientos vinculados con los cambios que se produjeron en el país en el ámbito político institucional. El esquema inicialmente elaborado sobre la base de las ‘pautas’ llamadas a servir de elemento moderador para las discusiones convencionales, fue bruscamente abandonado, viéndose obligado el sector empresario, en contra de su voluntad a entrar en una negociación con los representantes sindicales en busca de soluciones momentáneas, con olvido de los preceptos económicos que hacen al auténtico salario real.” Memoria y Balance, UIA, 1970-1971, p. 53. El contexto sobre el cuál se montaban las reivindicaciones salariales, signado por una activación política de la clase obrera que salía de los marcos institucionales, y la forma que éstas adoptaban, incentivó el pedido particular al gobierno de poner coto a la acción sindical e incrementar el accionar represivo: “Si bien es cierto que con motivo de las últimas negociaciones colectivas no se produjeron huelgas dignas de mención, no se puede pasar por alto el hecho de que por causas que en el fondo nada tuvieron que ver con cuestiones laborales propiamente dichas, hubo que lamentar la ocupación de fábricas como medio de acción gremial directa. Estos episodios, atentatorios del orden y del derecho de propiedad, se han repetido, y si bien no fueron tolerados por las autoridades, resultó evidente que no se puso el empeño y la energía necesaria para desbaratarlos definitivamente. Parece que se temiera ejercer debidamente y como corresponde, en cada caso, el poder de policía reservado a la nación y a las provincias.” Ibídem, p. 54. Lo que estaba advirtiendo la UIA es que los conflictos habían excedido la mera disputa por el precio de la fuerza de trabajo y se comenzaba a cuestionar la dominación política. Es por ello que proponen una salida también política. Otra de las inquietudes de la UIA, como hemos visto, eran las políticas en materia de comercio exterior. La línea que marcó la política de la entidad, como se señaló, se asentó en la necesidad de que se otorguen beneficios para la importación de maquinarias para modernizar la producción y de esa forma reducir los costos y lograr competitividad en el mercado mundial. Sumado a esto, se advierte en cada ocasión el resguardo que se debe tener para la industria nacional de la competencia extranjera. La dualidad existente radica en las particularidades de la burguesía nativa. Por un lado, la necesidad de importar maquinarias sin aranceles, dada la ineficiencia de la industria nacional en esa rama. Relacionado con esto, la urgencia de protección estatal so pena de sucumbir ante la competencia extranjera. La cuestión en disputa es a qué sector termina privilegiando el gobierno. En dicho sentido, la entidad ha intervenido en la Comisión Asesora de Productores y Usuarios de Bienes de Capital a fin de lograr medidas afines a sus intereses concretos. “Con el nuevo régimen de equipamiento industrial, que estableció normas para los abastecimientos de bienes y equipos a partir de abril de 1970, se generaron diversas tratativas para mantener activo el mejor interés del sector en este tan importante asunto. Para ello se intervino en la Comisión Asesora de Productores y Usuarios de Bienes de Capital, en donde se realizó una tarea sin duda positiva que permitió expedirse en una buena cantidad de asuntos relativos a la importación de bienes de capital necesarios para el equipamiento industrial, pero siempre dentro de la mayor objetividad para permitir la mejor defensa a la actividad local de dichos bienes.” Ibídem, p. 31. El decreto 2.620/71, que modificaba el listado de equipos no fabricados en el país con aranceles a la importación, constituyó un revés a las pretensiones de la UIA de favorecerse con políticas que abaraten la compra de bienes de capital en el exterior. En virtud de la oposición de la UIA a dicho decreto, se devela como falso y sesgado el argumento, permanentemente esgrimido, de defensa y protección de la industria nacional. Su oposición a que se amplíe la protección a ciertos equipos fabricados en el país, muestra que sus argumentos proteccionistas nunca contemplaron al conjunto de la industria nacional sino sólo a aquellos capitales vinculados a la UIA. Así se asiste a la disputa de la entidad por favorecer el ingreso de mercancías e insumos sin aranceles, aunque compitan con industrias nacionales de capital e impliquen su eliminación. Eso sí, la línea “liberal” sólo era válida cuando perjudicaba a industriales ajenos a la UIA y beneficiaba, abaratando los costos, a los aliados. Cuando las tarifas perjudicaban a los propios, se reclamaba protección disfrazando un interés particular como general. Así se posicionaba la UIA oponiéndose al decreto en cuestión, medida a la que no se dudaba en calificar de “suspensión de las importaciones”: “La suspensión de las importaciones, que revela la severa crisis externa del país, es otra prueba más que urge restablecer un clima de confianza como único camino para salir de las actuales dificultades, clima que sólo se logrará con una política económica exenta de amenazas, sensata y proyectada hacia el futuro.” Ibídem, p. 11. Otro de los problemas que comienza a poner sobre la mesa la crisis de la Revolución Argentina es la de la apertura democrática. En 1970, el peronismo, los radicales y otros partidos políticos emitieron una declaración, “La hora del pueblo”, en la que se solicitaba la restauración democrática, distribución de la riqueza más equitativa y protección de la industria y de la burguesía nacional. Pedían asimismo elecciones sin proscripciones ni vetos. Así, la estrategia reformista comenzaba a reunificar sus fuerzas en un contexto de fuerte agitación social. Dicha revitalización no fue inocua ni para el gobierno ni para la UIA, que asistió al desarrollo de esta tendencia en su seno, en disputa con su dirección. Nos referiremos a este proceso en el acápite correspondiente de este capítulo. La presión ejercida para buscar nuevas alternativas para cerrar el proceso revolucionario abierto, implicó un nuevo golpe dentro de la Revolución Argentina: el derrocamiento de Levingston, el 23 de marzo de 1971. La presión política para que se obture una salida democrática y el estallido de una nueva insurrección en Córdoba, el “Vivorazo”, que ponía nuevamente sobre la mesa el “peligro rojo” y actualizaba las presiones en función de una apertura política, terminaron con su breve gobierno. Ahora sí, el poder fue asumido por los sectores liberales de las FFAA, encabezados por Lanusse, quien se puso al frente del Estado y comenzó a gestar su propuesta de transición política: el Gran Acuerdo Nacional (GAN). Así caracterizaba la UIA el momento político, signado por la “crisis de autoridad” y el peligro de desborde de las masas. Implícitamente se aprovechaba la ocasión para demandar mayores niveles de represión y, explícitamente, para exigir un recorte del poder sindical: “Los sucesos de Córdoba [se refieren al ‘Vivorazo’, insurrección producida en marzo de 1971] y otros hechos fueron también expresión concreta de que se había debilitado el principio de autoridad. Aunque se dictaron normas penales para reprimir se debieron adoptar otras para prevenir el enfrentamiento reiterado entre los dos poderes existentes: el del Estado y el Sindical, fortalecido por la ley política de Asociaciones Profesionales que niega al trabajador su libertad de agremiarse.” La Nación, 24 de marzo de 1971. En mayo de 1971 la entidad volvió a intervenir a propósito de la cuestión salarial y criticó nuevamente la legislación laboral, y su defensa por parte del movimiento obrero organizado. La corporación reclamó por la disposición del gobierno de un aumento del 50% en las asignaciones familiares que debían pagar los empresarios, y por la ley que fijaría el aumento de las indemnizaciones por despido injustificado: “La llamada Ley de Despido ha sido y es uno de los principales obstáculos que se oponen a dicha protección, porque ha sido el origen legal de la conocida ‘industria del despido’, que tanto daño ocasionara al desarrollo industrial, ya que actúa como factor principalísimo de indisciplina y desorden en el quehacer empresario y es causa fundamental de la ineficiencia de nuestras empresas”. La Nación, 15 de mayo de 1971. Su propuesta radicaba en flexibilizar las condiciones de trabajo, abaratando el costo de los despidos. En reemplazo a la comentada ley, impulsada por la CGT, la UIA, a través de su participación en ACIEL propuso: “un sistema de seguro social, que entre otros aspectos contemple el seguro de salud, el seguro de vida, accidentes de trabajo, enfermedades inculpables, vacaciones y seguro de desempleo”. La Nación, 21 de mayo de 1971. De esta manera se buscaba reemplazar la legislación que limitaba la capacidad de las empresas para despedir a sus trabajadores por un seguro que no sólo no impedía los despidos, sino que no tenían costo económico para el empleador, ya que, como se desprende de su posición, sería abonado por el Estado o por los trabajadores, por lo menos en parte. En julio de 1971, la UIA volvió a insistir reclamando medidas de promoción y protección para ciertas ramas industriales, mientras se exigía, a la par, eliminación de aranceles para la importación de maquinaria que permitiera equipar plantas a bajo costo. A su vez, se insistía en el recorte del déficit presupuestario, en la rebaja de la carga impositiva para las empresas y en terminar con las medidas de control de precios. Para esa fecha publicó en su revista un documento producido por su Departamento de política económica e industrial, denominado “Bases para una estrategia de desarrollo industrial y prioridades de promoción industrial”. Allí se exige: “-Abolir el recargo del 15% a las importaciones, suplantándolo por un acuerdo voluntario de contención de las importaciones. -Reducir el aumento del gasto público corriente proyectado en un 20% al 25%, a un porcentaje no superior al 15 por ciento. -No aumentar la presión tributaria al sector industrial. -Reducir las alícuotas por el impuesto a las ventas del sector industrial, si se decide implantar el impuesto al valor agregado para la etapa mayorista. -Mantener las actuales tasas de interés bancarias. -Limitar el financiamiento del Banco Central en lo que hace al gasto del sector público solamente en la proporción de la tasa de inflación esperada. -Suplantar el congelamiento de precios por un acuerdo voluntario que respete los márgenes porcentuales de utilidad y permita el traslado a precios de los aumentos de costos que se produzcan. -Limitar el porcentaje de incremento de las tarifas de los servicios públicos, a los niveles previstos de la tasa de inflación esperada para el año 1972. Departamento de política económica e industrial: “Bases para una estrategia de desarrollo industrial y prioridades de promoción industrial”, Revista de la UIA, julio-septiembre de 1971, pp. 3-4. El proyecto partía de ciertos principios sobre los cuales, a juicio de la UIA, debía asentarse la estrategia de desarrollo industrial. En primer lugar, el dominio del mercado como herramienta de distribución de recursos. Los subsiguientes principios generales corresponden a la necesidad de plena vigencia de la competencia y la estabilidad monetaria: “El principio de la supremacía del mercado como elemento determinante en la asignación de recursos reales: Este concepto debe ser entendido en el sentido de que los precios sean, en medida sustancial, los factores determinantes en la orientación de la asignación de los factores reales de la producción. Esta supremacía de los precios admite naturalmente sus excepciones y no constituye una norma rígida e inflexible. Simplemente afirma la preeminencia del mercado sobre la planificación gubernamental en el destino de la producción y la inversión. El principio de la vigencia de la competencia como factor conducente al más alto grado de eficiencia factible: La vigencia de la competencia, se afirma en la experiencia histórica que demuestra acabadamente que la lucha por la supremacía en el mercado, (aún dentro de una estructura competitiva oligopólica) constituye un factor determinante para el crecimiento de la eficiencia. El principio de la estabilidad monetaria como condición indispensable para la plena vigencia de los restantes principios: La estabilidad monetaria constituye, a su turno, un prerrequisito para que los precios funcionen como elementos orientativos de la estructura productiva, y la competencia esté efectivamente presente. La inflación con sus distorsiones inherentes (precios máximos, subsidios, expectativas, etc.) hace que los precios reflejen muy parcial y deficientemente los deseos del mercado, con lo cual su función planificadora se destruye. Por su parte, la posibilidad de una amplia competencia se reduce o minimiza con una inflación persistente que asegura mercado seguro a los productores por ser, por propia definición, un desequilibrio básico entre la demanda y la oferta de bienes y servicios. La necesidad de competencia en el orden interno, es compatible con la vigencia de una adecuada protección arancelaria de desarrollo industrial.” Ídem. Subsiguientemente, en el documento programático se establecen los principios específicos necesarios, “El principio de la integración selectiva industrial. El principio de la industria abierta, tanto interna como externa. El principio de industrias integradas de desarrollo zonal. El primer principio significa que, como línea fundamental a lograr con el tiempo, el país debe alcanzar las distintas fronteras industriales sucesivamente marcadas por el progreso técnico. Es importante hacer remarcar que este principio combinado con el subsiguiente que se expondrá, lleva a un concepto de integración por ramas y no por productos. El segundo principio comprende la exigencia de que la industria en su totalidad, así como en sus partes componentes, trabaje a niveles de costos más cercanos a los internacionales, de tal modo que se encuentre en condiciones de poder competir tanto en el mercado interno como en los mercados internacionales con la competencia de otras naciones. Este proceso debe ser paulatino a medida que se corrijan los factores internos que distorsionan la capacidad competitiva de nuestra industria –la industria abierta no significa, por cierto, la inexistencia de un grado indispensable de protección arancelaria. El tercer principio involucra la necesidad de una estrecha relación entre el proceso de integración industrial selectiva y el aprovechamiento de nuevas fuentes de riquezas naturales. Las industrias integradas son aquellas que partiendo de una o más materias primas abundantes existentes en una región, así como otros recursos o ventajas naturales, realizan en dicha región todos los procesos industriales subsiguientes hasta llegar a la etapa final.” Ibídem, p. 5. Así exponía la UIA sus contradicciones en materia de comercio exterior: la pugna por una economía de mercado abierta que permita adecuar los costos locales a los internacionales y fomente de esta manera la competitividad y la eficiencia, frente a la debilidad estructural de la burguesía nacional, que obligaba a que toda transición hacia la apertura económica sea necesariamente “paulatina” y que se mantenga la protección arancelaria y cambiaria para ciertos sectores del entramado industrial. A juicio de la entidad, la estructura industrial argentina presentaba ciertos problemas que inhibían su desarrollo y le impedían competir abiertamente a escala internacional: “1º) Inadecuada dimensión de escala de las industrias de base y dinámicas; (siderúrgica, petroquímica, automotriz, tractores, etc.), que por el volumen estimado de su demanda operan en términos económicos. 2º) Inadecuada dimensión de escala de las industrias dinámicas sustitutivas de importaciones que no pueden operar en condiciones económicas por el volumen de su demanda; 3º) Insuficiente grado de integración de ciertas industrias de base con volúmenes adecuados de demanda; 4º) Irregularidad de demanda de los sectores industriales vinculados en forma predominante o exclusiva a los pedidos del Estado; 5º) Insuficiencia de industrias de polo, capaces de emplear al máximo los recursos regionales y promover polos de desarrollo auto-sostenido; 6º) Minifundio industrial; 7º) Insuficiencia de ahorros externos para la pequeña y mediana industria.” ibídem, p. 10. En efecto, la contradicción derivada de la pretensión de una política liberal y su falta de competitividad llevaba a la UIA a plantear la necesidad de estímulos estatales y protección arancelaria. Las propuestas concretas consistían en subsidios, prioridad en las compras estatales, modificación del programa “Compre Argentino”, medidas que poco tenían de “liberales”: “Concentración obligatoria de los nuevos proyectos a nivel de la dimensión de escala adecuada. Subsidios especiales para exportar. En casos excepcionales en los que no pueda darse la primera variante, facilitar la conversión industrial. Estímulo a la concentración en las industrias de estas características. Reforma del régimen de ‘Compre Argentino’ con vistas a permitirle a las empresas nacionales ofrecer costos internacionales. Inventario de proyectos industriales concretos y llamado a la licitación para las empresas que las acometan en las condiciones más favorables para el país. Estímulos especiales para las empresas medianas y pequeñas que deseen fusionarse, con vistas a mejorar su eficiencia. Creación de parques industriales.” Ídem. En suma, se proyectaba la concentración y centralización de capitales, atendiendo a la ineficiencia de los pequeños y medianos industriales. Contra ellos se demandaban las políticas liberales. Sin embargo, las medidas no podían ser generales, ya que debían “proteger” a los grandes industriales que dominaban la UIA y al resto de los que se cobijaban en su seno y constituían su base social, tan ineficientes e incapaces de competir como los otros. La propia heterogeneidad de la UIA hace que la disputa entre grandes y chicos se manifieste también en su interior, como veremos en el acápite que sigue. En el programa, citado in extenso, se observa claramente la contradicción que expone la UIA en cada declaración durante el período estudiado: liberalización económica y pedido de protección de la industrial local. El problema radicaba, como señalamos en varias oportunidades, en la necesidad de importar bienes de capital dado el escaso desarrollo de esta rama a nivel nacional, combinada con la imprescindible protección de competidores externos más eficientes. Esta contradicción manifiesta, por un lado, la dualidad en las necesidades de los grandes capitales, dirigentes de la UIA, que necesitan importar barato y a su vez, demandan ciertos niveles de protección. Y a su vez, refleja una disputa interna dentro de la entidad, en la que los capitales más chicos e ineficientes demandan que se atienda a sus intereses, signados por la necesidad de proteger el mercado interno, mientras que los grandes necesitan abrir la economía, para abaratar la compra de maquinarias e insumos importados. Ésta idea fue reforzada por Dagnino Pastore, J., entrevista en poder de la autora. Ante la profundización de la crisis, en septiembre de 1971, el gobierno dio a conocer las disposiciones de las leyes 19.220 y 19.230 mediante las que intentó instaurar una “tregua social”. La UIA expresó su desacuerdo con las medidas dado que a su juicio no constituían avances reales para conciliar el enfrentamiento entre “los distintos factores de producción”. La Nación, 17 de septiembre de 1971. En un documento difundido por la entidad titulado “La UIA frente a las recientes medidas económico sociales” discutió el aumento salarial de $50 por obrero ocupado paralelamente al congelamiento de precios de las mercancías. Una vez más, insistieron sobre la cuestión salarial, centro de las disputas abiertas desde el Cordobazo: “Lo que ha elaborado el Poder Ejecutivo no es la instrumentación de un acuerdo social, que esta entidad patrocinó desde un primer momento, sino una redistribución de ingresos tendiente a mejorar artificialmente el salario real y a financiar el crecimiento incontenible de los gastos públicos”. Ídem. A juzgar por las medidas implementadas posteriormente, la voz de la UIA no pasó inadvertida. Al poco tiempo, se sancionó la ley nº 19.350 que permitía el traslado a los precios de determinados aumentos de costos. No obstante, la medida no satisfizo a la entidad, que mostró su inquietud porque los aumentos no contemplaban los mayores costos derivados de factores tarifarios, impositivos y de comercialización. Así lo hizo saber, mediante un telegrama enviado por José Enquín, vicepresidente de la UIA, al ministro de Comercio, Alfredo Girelli: “ante la sanción de la ley nº 19.350 permitiendo el traslado a los precios de determinados aumentos de costos, hacemos pública nuestra inquietud por exclusión inexplicable del descongelamiento de los mayores costos derivados de factores tarifarios, impositivos, de comercialización, etc. No obstante, reconocemos mejora respecto anterior situación y solicitamos participar en elaboración de normas de aplicación de acuerdo con instrucciones presidenciales sobre consulta previa.” Cronista Comercial, 1 de diciembre de 1971. Por esa razón, un mes después, la UIA envió una nota el ministro de Comercio en la cual pidió que no se prorrogase la ley de congelamiento de precios, con el siguiente argumento: “Se debe concluir de inmediato con los precios políticos, fijados unilateralmente por el Estado, que agravan el deterioro de la empresa privada nacional provocándole nuevos quebrantos. Esta política ha conducido últimamente a la eliminación de muchas empresas argentinas, especialmente las pequeñas y medianas que han desaparecido del mercado o pasado a manos foráneas, no sin antes haber dejado en el camino un tendal de acreedores impagos”. La Nación, 13 de enero de 1972. El plan económico pautado por el gobierno para 1972 contenía como puntos esenciales el ajuste salarial en el sector privado acorde al deterioro por inflación sufrido al 31 de diciembre de 1971; aumentos salariales escalonados en el sector público; incremento de un 30% de las asignaciones familiares; instrumentación de un nuevo acuerdo de precios; unificación de los derechos de exportaciones; actualización de las tarifas de servicios públicos y la institución de exenciones impositiva para la importación de insumos siderúrgicos, mientras se mantendría el resto de los derechos de importación en un 15%. En la Memoria y Balance, la entidad expuso su rechazo a la política económica llevada adelante, enfatizando la crisis política como problema ineludible de la época, determinante de ciertos aspectos del devenir de la economía: “La incertidumbre política, la violencia, la prédica demagógica y agresiva, el propio desorden económico, han disminuido severamente el ritmo y la magnitud de la inversión privada. La aceleración de la inflación ha contrarrestado en parte este fenómeno, puesto que las empresas se apresuran a realizar sus compras de equipos de capital en previsión de las futuras alzas de precios, pero no obstante la inversión privada está aletargada en virtud de un sinnúmero de causas, que pueden resumirse diciendo que no hay clima favorable en el país para darle impulso a la misma en lo económico, ni en lo político, ni en lo social.” Memoria y Balance, UIA, 1971-1972, p. 15. Como adelantamos, la UIA procuraba resolver el “problema” salarial, que iba estrechamente ligado a los acuerdos de precios: los montos fijados en una y otra asignatura determinaban quién ganaba y quién perdía en la carrera inflacionaria. En la base del razonamiento de la entidad se encontraba la idea de que el aumento salarial generaba inflación, y así lo expresaba la UIA: “A partir de noviembre de 1969 se reinicia un proceso de fuerte escalada salarial que continúa hasta el presente y que, no obstante las buenas intenciones de sus propugnadores, que supuestamente esperaban de ella la atenuación de las tensiones sociales, ha provocado la ruptura de todo equilibrio del sistema económico, generando formidables presiones inflacionarias […] Una de las características decisivas de la inflación de salarios es que arrastra consigo, en un plazo más o menos rápido, a todas las otras variables decisivas de la economía, desencadenando un proceso de puentes múltiples muy difícil de controlar.” Ídem. Asimismo, en la misma publicación se insistió en que la devaluación no fue positiva, ya que habría tendido a contener importaciones necesarias, elevando la inflación de costos, y cercenado la capacidad exportadora, anclada debido a las altas retenciones. El único fin de la devaluación habría sido aumentar los ingresos fiscales, derrochados finalmente por un estado grande e ineficiente: “A fines del primer trimestre del corriente año puede decirse que, en proporción mayoritaria, el tipo de cambio está determinado por el mercado financiero, lo que ha llevado su cotización a un nivel inferior al que resultaría de medir su paridad adquisitiva en relación al dólar. Esto, si bien tiende a contener las importaciones sin apelar a procedimientos burocráticos de regimentación, no procura en la práctica un fuerte estímulo a las exportaciones debido a los elevados gravámenes a la exportación existentes, que surgieron como consecuencia de haber absorbido el Estado los beneficios resultantes de las sucesivas transferencias de márgenes de negociación del mercado comercial al financiero. La subvaluación cambiaria cumple, pues, la función de contener las importaciones y proporcionar fondos al fisco, pero es estéril para estimular las exportaciones y se convierte en un factor adicional de inflación de costos en el proceso interno de alza de precios.” Ibídem, pp. 14-15. En materia impositiva, la UIA propuso en el período la modificación del impuesto a los réditos y la implementación del impuesto al Valor Agregado, eliminación del impuesto a las exportaciones y la modificación del Régimen de Coparticipación Federal: “Modificación sustancial del impuesto a los réditos, en el sentido de morigerar al máximo los efectos negativos que el mismo ha tenido en cuanto a la capitalización de las empresas. Transformación del impuesto a las ventas en un impuesto al valor agregado, que distribuyera en forma más equitativa la carga financiera soportada en la actualidad por un solo sector. Supresión de los impuestos a las exportaciones, a fin de no desalentar una actividad tan importante para el desarrollo económico del país, y Modificación del Régimen de Coparticipación Federal, en el sentido de otorgar una mayor participación a las provincias en las recaudaciones nacionales.” Memoria y Balance, UIA, 1970-1971, p. 36. En septiembre de 1972 se produjo una disputa entre la UIA y la CGE (aliada ya con la CGT) por imponer su estrategia ante la propuesta gubernamental de modificaciones al plan económico. El centro de la discusión fue la cuestión salarial. En una declaración conjunta de la UIA, SRA, CAC, Bolsa de Comercio y entidades empresarias del interior, se explicaba que los aumentos salariales nominales serían los culpables de provocar desocupación, al incrementar los costos y los precios y, como consecuencia, la disminución del salario real y la demanda de bienes, ocasionando la quiebra de gran cantidad de empresas. Con estos argumentos, se opusieron a las medidas propuestas por el documento conjunto elaborado por la CGE y la CGT: “un simple aumento de los salarios nominales tendrá el efecto contrario y automático en contra de esos cuatro objetivos. Además quedará absorbido en menos de un mes, con lo cual la situación del asalariado al término de mismo será peor que al comenzar, con la agravante de haber empeorado la situación general del país. De esta manera se terminará en el caos social, que impedirá el llamado a elecciones y en una situación parecida a la de Alemania en la posguerra de 1918, en que la moneda y la capacidad adquisitiva del salario perdían valor hora a hora. […] Así, el muy importante aumento que resultó de la firma de los convenios colectivos en abril de 1971, fue absorbido en cuatro meses; el de septiembre, acompañado de una política de control de precios, fue absorbido en dos meses, y, por último, el reciente de mayo, prácticamente durante un mes, pese a que el sector industrial fue sometido a un control de precios riguroso. […] Los aumentos repetidos de salarios provocan desocupación por las siguientes razones: a) El aumento de costos provoca el alza de los precios que destruye día tras día la capacidad adquisitiva del salario disminuyendo, en consecuencia, la demanda de bienes; por este mecanismo las empresas se encuentra con mayores costos, menos demanda al poco tiempo, mayores problemas financieros y pérdidas económicas que obligan a muchas de ellas a cerrar sus puertas; b) Generalmente la política crediticia no acompaña el alza de los costos de producción y la liquidez resultante obliga a reducir en lo posible el número de personas ocupadas; c) El aumento de los costos de producción reduce la capacidad de inversión de las empresas impidiendo la apertura de nuevas fuentes de trabajo. La magnitud de la inversión es la clave del crecimiento económico.” La Nación, 11 de septiembre de 1972. El problema en realidad estaba relacionado con la escasa productividad de la industria nacional, su escala reducida, su atraso tecnológico que pretende ser compensado por la burguesía con bajos costos salariales. La solución que proponían las entidades contrarias a la alianza CGT-CGE, radicaba en la estabilización de precios, entre ellos los bajos salarios: “La escalada de los salarios nominales provoca automáticamente en las circunstancias actuales la recesión y el aumento de la desocupación. En este caso, la alternativa no se presenta como la de gozar de un mayor o menor salario real, sino la de tener o no ocupación. El nivel del costo de la vida se ha mantenido estacionario en agosto, con perspectivas de mantener la misma tendencia en setiembre. Un aumento de los salarios nominales ahora volvería a impulsar la espiral inflacionaria, como sucedió en mayo con el aumento anterior, cuando ya en abril se estaba desacelerando la inflación. En cambio, si se consigue mantener la tendencia a la estabilidad de precios, puede mejorarse el salario real a través de medidas indirectas que no signifiquen nuevamente el alza de los precios. Puede a tales efectos, otorgase ciertos beneficios a los asalariados que les permitan, con un aumento que no resulte ilusorio, mejorar su nivel de vida. Al mismo tiempo, estas medidas, como un programa de construcción, reestimularían la actividad económica combatiendo la desocupación.” Ídem. El gobierno, finalmente, procuró trazar un plan que no enemistase por completo a ninguna de las alianzas. Esta medida se basaba en una política tendiente a no modificar radicalmente el curso de la economía y sostener la situación en pos de aguantar hasta las elecciones. Evidentemente, la cuestión política ocupaba el centro de la escena. La prioridad era la elaboración del Gran Acuerdo Nacional, el plan de apertura democrática destinado a descomprimir la conflictiva situación social. El proyecto contemplaba un rol para las Fuerzas Armadas en tanto tutoras del gobierno democrático por venir, y a su vez, planteaba ciertas restricciones a la postulación de Juan Perón al cargo presidencial. Sin embargo, la oposición ofrecida fue muy fuerte, proveniente centralmente del peronismo, que contaba con un importantísimo poder de movilización, proveniente de los sindicatos dominados por la burocracia y por la “juventud” referenciada en las organizaciones de la izquierda peronista, que se habían alineado en torno a la lucha por el retorno del peronismo al poder. Con él se habían alineado el resto de los partidos políticos (el más importante de ellos, la Unión Cívica Radical) y los sectores nacionalistas del Ejército. De Riz, L.: op.cit., pp. 108 a 126. El proyecto de Lanusse se mostró ineficiente como táctica ante el frente democrático armado por Perón, La UIA no se pronunció sobre la vuelta de Perón, hipotéticamente debido a la falta de acuerdo interno sobre el tema. Las relaciones de ciertos sectores de la UIA con la CGE, como veremos a continuación, marcarían la existencia de fracciones internas afines al peronismo. que culminó hegemonizando la estrategia burguesa de resolución de la crisis. No obstante, en esencia, la estrategia de Lanusse, de abrir paso al peronismo (más allá de las restricciones que se intentó imponer) fue la que primó para el conjunto de la burguesía. 3. El frente interno: las diputas El proceso abierto por el Cordobazo y las salidas ensayadas por los sucesivos gobiernos no resultaron inocuas en las filas de la UIA. En efecto, aunque se haya tardado en procesar la crisis iniciada en 1969, ésta al fin tuvo lugar también en el interior de la entidad. El hecho que hizo detonar las disputas internas fueron las opiniones encontradas alrededor de un Proyecto de Promoción Industrial presentado por el gobierno en 1971, cuyo eje era la atracción de inversiones extranjeras. El lugar de privilegio otorgado en el proyecto a las inversiones de capitales extranjeros fue recibido de manera contrapuesta en diferentes sectores de la entidad. En principio, su presidente, Coelho, en una carta dirigida al presidente Lanusse, en julio de 1971, mostraba su interés en participar de la discusión de proyecto en cuestión. Su posición era favorable a otorgar incentivos a los capitales extranjeros: “Solicito con extrema urgencia audiencia para exponer la seria preocupación del sector industrial frente a la inminente sanción de los proyectos de ley de inversiones extranjeras y de promoción industrial, ya que consideramos indispensable atraer dichas inversiones mediante un régimen que permita su debida participación en el desarrollo industrial y regional del país”. La Nación, 3 de julio de 1971. Ese mismo día, ADIMRA, Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina. una de las cámaras adheridas a la UIA, expresó su desacuerdo con uno de los puntos del proyecto. La cámara advertía sobre los riesgos de una “estatización de la economía” que, según su parecer, implicaba el otorgar un rol importante al Estado como empresario. “Tenemos el agrado de dirigirnos a Vuestra Excelencia, para expresarle el pensamiento de esta entidad respecto del proyecto de ley de promoción industrial elaborado por al ex Secretaría de Industria y Comercio Interior, del que tomamos oportuno conocimiento por su difusión periodística y contacto informal sobre la política industrial argentina. […] Creemos que el proyecto encierra una peligrosa acentuación del intervencionismo estatal y orienta un agudo crecimiento de la burocracia. Otorga un poder discriminatorio a la autoridad de aplicación, que someterá a la iniciativa privada y desalentará el esfuerzo empresario. […] Debe tenerse especialmente presente que la promoción debe ser una consecuencia de medidas congruentes, a cuyo acceso deben tener la posibilidad todos, sin la necesidad de autorizaciones ni gestiones burocráticas. […] Creemos por ello, que más bien, cabría una racional actualización de la ley 18.587 que permitiera la adopción de una precisa política industrial argentina y sobre esa base el dictado urgente de medias concretas de carácter general que hacen a la consolidación del desarrollo de todo el sector, entre las que cabe mencionar las siguientes: Promoción de la capitalización de las empresas y la aplicación de un régimen de revalúo automático especialmente a través de regímenes impositivos, teniendo presente que los beneficios del capital en el trabajo son esenciales en el desarrollo económico e industrial. Dar vigencia real al crédito de inversión creando incluso una auténtica y eficiente política de inversión. Por de pronto, prioritariamente, debe posibilitarse al Banco de Desarrollo su pleno funcionamiento en apoyo de la política industrial del país. Reestructurar todo el mecanismo crediticio bancario para que cumpla su función en todas las áreas, haciendo énfasis en el desenvolvimiento, muy particularmente ágil para la pequeña y mediana empresa argentina y extendiendo la aplicación de la circular B.618 del Banco Central a las decisiones de la empresa privada. Restituir la deducción del 100% de las inversiones en bienes de capital en deducción nacional, a los efectos impositivos. Establecer claras y crecientes disposiciones en materia crediticia e impositiva que faciliten la fusión y reconversión de las industrias. Eficaces disposiciones que permitan la descentralización industrial con la unidad adecuada de los centros regionales de desarrollo, con la instauración de polos industriales y las infraestructuras necesarias previo estudio orgánico de las factibilidades. Cuando no exista suficiente capital para la implementación de industrias básicas o el desarrollo regional, concretar la concurrencia del Estado con aporte de capital, probablemente como acción temporaria, pero siempre dejando el manejo de las empresas a la iniciativa privada. Reducir la excesiva presión tributaria, modernizar y adecuar la burocrática y frondosa legislación en esa materia. Impulsar coherente y eficazmente medidas orgánicas y estables la explotación de las producciones industriales.” Cronista Comercial, 5 de julio de 1971. A su vez, era motivo de descontento la poca claridad en la instrumentación de los beneficios y la suspensión de la importación de bienes que competían con los promocionados, que en ciertas ramas encarecían los costos finales. Es decir, la dirección nacional y ADIMRA cuestionaban los aspectos más intervencionistas de la ley. En una línea opuesta a los cuestionamientos de los empresarios metalúrgicos, y en clara discusión con la dirección nacional, se posicionó un nutrido grupo de empresarios del interior contra el incentivo a los capitales extranjeros. Ante este cuestionamiento, la dirección de la UIA argumentó que el otorgamiento de beneficios a inversiones extranjeras debía tener lugar sólo en caso de que no existan proyectos privados nacionales prioritarios. No obstante, esta salvedad no evitó la crisis. En marzo de 1972, la UIA de Santa Fe envió una nota a la central advirtiendo que existía una contradicción entre el Acta de Santa Fe (favorable a la defensa de la industria nacional), firmada de manera conjunta por los industriales, y las declaraciones de la entidad en torno a la necesidad de promocionar la inversión de capital extranjero. La Nación, 21 de marzo de 1972. Ante el ataque de la filial Santa Fe, la dirección nacional se defendió de la acusación esgrimiendo que su posición acentuaba la prioridad de la industria nacional y, en este sentido, las opiniones expresadas coincidían con el Acta de Santa Fe. La respuesta de la dirección nacional expresa una discusión que había sobrepasado los buenos términos, lo que estaría poniendo de manifiesto un agudo grado de enfrentamiento: “Por la presente rechazo en todos sus términos su nota del 15 de marzo, por considerarla contraria a los buenos usos y costumbres que deben privar en la correspondencia entre presidentes de entidades empresarias, considerando su estilo y forma como un agravio a la institución. Sin embargo, no puede pasar por alto su absurda imputación por lo que debo manifestar a los asociados de esa entidad lo siguiente: El comunicado de prensa de la UIA no habla de ningún modo de “directo beneficiario” sino que dado que el proyecto prevé en su artículo 34 la participación del capital extranjero, es conveniente eliminar la ambigüedad que significa no incluirlo en el capítulo III que trata de los beneficiarios de la mencionada ley. En el párrafo segundo de nuestro comunicado de prensa, se menciona expresamente que debe dejarse a salvo la prioridad que en dichos beneficios le corresponden al capital nacional. El Acta de Santa Fe mantiene igual tesitura, pues reconoce expresamente que puede haber excepciones a la política de reservas para las empresas nacionales los beneficios de la promoción industrial.” Cronista Comercial, 22 de marzo de 1972. El enfrentamiento llegó a su punto más alto cuando en agosto del mismo año, en Mendoza, los empresarios del interior acordaron conformar una entidad independiente, que bregase por sus intereses, que eran desoídos por los dirigentes capitalinos. Cronista Comercial, 2 de agosto de 1972. Estamos, entonces, ante la inminencia de una ruptura de la UIA. Coelho contraatacó expresando que el programa votado por los mendocinos no difería del de la UIA. A su vez, explicaba el presidente, los empresarios del interior no habrían entendido que el problema no radicaba en la dirigencia de la entidad, sino en que el gobierno habría desatendido las gestiones realizadas para solucionar diversos problemas que aquejaban al empresariado del interior. La acción de los disidentes estaba acaudillada por ADIC (Asociación de Industriales de Córdoba). Es importante, por tanto, comprender la naturaleza y trayectoria de esta entidad. La ADIC no era precisamente una corporación menor, como se observa en su trayectoria, los capitales que la integraban y sus proyecciones hacia la esfera pública. Entre los dirigentes de la entidad cordobesa se encontraban Fulvio Pagani (dueño de Arcor), Piero Astori (propietario de Astori Estructuras, Palmar, CER y Metalceramic) y Castro Garayzabal (representante de Kaiser y vicepresidente de la UIA en representación de Córdoba). Este grupo de empresarios se había incorporado recientemente a la entidad, ante el recambio de autoridades producido en 1969, y la asunción de Jaime Roca (Canteras Malagueño) como presidente de la corporación. Asimismo participaron de la experiencia Domingo Cavallo, Aldo Dadone, Carlos Vido Kessman y Edmundo del Valle Soria, todos licenciados en Ciencias Económicas de la Universidad de Córdoba. Los cuadros ligados a la ADIC tuvieron una vasta intervención en el plano gubernamental, que se inició en 1970 cuando Cavallo es designado director de los trabajos de la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Económico del gobierno cordobés. Quien lo nombró fue Ricardo Gutiérrez, el Secretario General de Gobernación de la intervención designada tras el “Cordobazo”. En el equipo de Cavallo participaron Dadone, Petrei y Kessman, que luego se integrarían como economistas a la ADIC. Dicha secretaría tuvo como responsabilidad desarrollar el Plan de Gobierno 1971-1975. N´Haux, E.: Menem-Cavallo. El poder mediterráneo, Corregidor, Buenos Aires, 1993, pp. 106 y 107. Poco duró esta experiencia, que comenzó a naufragar luego del recambio de autoridades que siguió a la asunción de Lanusse en marzo de 1971. Sin embargo, Cavallo permaneció algún tiempo más en su puesto, ahora bajo el mando del interventor Bernardo Bas. Cuando éste renunció, Cavallo lo secundó en evidentes buenos términos. En 1971, le ofrecieron el puesto de Secretario de Desarrollo. No obstante, Cavallo no cumplía el requisito mínimo de edad para ocupar el puesto. Por lo tanto, fue designado Presidente del Banco de la Provincia de Córdoba. Santoro, D.: El hacedor, Planeta, Buenos Aires, 1994, p. 84. Aún con Cavallo ocupando cargos políticos, la ADIC no se mostraba plenamente conforme con el nuevo gobierno. En efecto, se oponían al “Plan Nacional de Desarrollo 1971-1975” de Lanusse, elaborado por el CONADE (Consejo Nacional de Desarrollo) y el CONASE (Consejo Nacional de Seguridad). Según la entidad, el plan caía en la incoherencia de plantear un programa a largo plazo cuando previamente el presidente había expuesto la convocatoria a elecciones. Otro punto débil, a juicio de la ADIC, era que en su plan de fomento de cinco polos de desarrollo estaban ausentes tanto Córdoba como Mendoza. En este contexto, la entidad, mediante su Comisión de Estudios Económicos y Sociales publicó un anteproyecto de Ley de Promoción Industrial. El proyecto elaborado por la entidad tenía por objetivo que las empresas radicadas en el Interior recibieran compensaciones por sus mayores costos de producción. Se dejaba asentado que el Estado debía completar la instalación de polos de desarrollo, que actuasen como compensadores de las ventajas existentes para aquellas empresas radicadas en suelo porteño. El sistema debía comprender un conjunto de reducciones en las tarifas de los bienes y servicios provistos por el Estado y en beneficios impositivos que redujeran los costos de las empresas del interior. N´Haux, op. cit., pp. 89 y 91. La entidad comenzó a discutir en asambleas y en reuniones de empresarios del Interior, lo que motivó enfrentamientos con la UIA, que rechazó el plan. Ramírez, Hernán: La Fundación Mediterránea y de cómo construir poder. La génesis de un proyecto hegemónico, Editorial Ferreira, Córdoba, 2000, p. 164. Esta situación provocó el alejamiento de la ADIC de la central empresaria nacional e incitó a la asociación cordobesa a conformar la Comisión Coordinadora de Entidades Industriales del Interior, en 1972. La misma tenía como perspectiva la reforma estatutaria de la UIA para posibilitar a todas las agremiaciones tener igual representación. La ADIC logró introducir estas modificaciones, pero la UIA continuó sin aprobar la problemática ley de promoción. En 1973, el proyecto fue acercado a José Ber Gelbard, dirigente de la CGE y, en ese entonces, ya ministro de Economía de la Nación, para que lo presentase en la Cámara de Senadores. Las relaciones de ciertos miembros de la UIA con la CGE no eran nuevas. En efecto, el 4 de septiembre de 1971 asociados de ambas entidades confluyeron en Tandil en una actividad organizada por la Cámara de Industria y Comercio para analizar la política tributaria y crediticia y el panorama de la pequeña industria. En ese entonces estuvieron presentes Coelho y Gelbard. El primero, a su turno, reprochó a la CGE la distribución de un folleto en la sala arrogándose la representación de la mayor parte de la burguesía local. La Nación, 5 de septiembre de 1971. Asimismo, la realización de una asamblea de la Unión Industrial de Santa Fe da cuenta de las relaciones en éste período con la CGE, ya que además de varias entidades industriales del interior, concurrieron representantes de la Confederación General de la Industria y ADIC. Allí se aprobó un reclamo por la “descentralización de la industria” y el desarrollo de las provincias del interior. Por último, como veremos en el próximo acápite, el entonces presidente de ACIEL, Fernández Rivas, miembro de la UIA, propuso una unificación con la CGE que en dicho momento no llegó a concretarse. Cronista Comercial, 8 y 9 de diciembre de 1970. Que estos conflictos, que toman la forma fenoménica de una rivalidad entre los empresarios del interior y los radicados en Buenos Aires, afloren en este momento no es casual. La agudización de la crisis económica y política, y de las pujas por la forma que adoptó su resolución, hicieron estallar tensiones ya existentes en el seno de la UIA, pero silenciadas en el momento que parecía que se salía de la crisis. Como hemos visto en capítulos anteriores, la heterogeneidad de los capitales nucleados en torno a la UIA, en la que conviven empresarios pequeños, que demandan mayores niveles de protección y promoción industrial, y grandes empresas, que prefieren eliminar capital sobrante y beneficiarse de la posibilidad de importar insumos y maquinaria que, merced a la protección, se producen a costos más altos en el mercado interno, siempre existió. La puja distributiva, la profundización de la crisis económica, y la posibilidad del retorno a un gobierno reformista, en el que tendría primacía la CGE, que no casualmente era la entidad que nucleaba a los capitales medianos y pequeños, con una preponderancia de los radicados en el interior del país, pone sobre la mesa las contradicciones de la UIA y hace aflorar la existencia de dos tendencias y dos estrategias en su interior. Una, la que representaba ADIC, estaba ligada a las políticas proyectadas por la CGE, de carácter reformista, que planteaban la recreación del mercado interno y la protección general hacia la industria local, encarnada en los empresarios del interior (pequeños y medianos). Otra, la liberal, representada por una parte de la dirección nacional y por ADIMRA, expresaba los intereses de los capitales más concentrados, que buscaba abrir los proceso de concentración y centralización de capital, avanzar sobre las conquistas de la clase obrera y liquidar capital sobrante. Los esfuerzos de la dirección nacional de la UIA por retener a los empresarios del interior implicaron que queden truncos los intentos de conformación de una nueva entidad, al menos de la magnitud proyectada. No obstante, las causas profundas que explican las divisiones internas continuaran vigentes, marcando el recorrido que lleva a la UIA de la ruptura con ACIEL a unificación con la CGE, en 1974 (fenómeno que desarrollaremos en el capítulo 5). 4. El frente externo: ruptura y nuevas alianzas La profundización del enfrentamiento interburgués ante la encrucijada planteada por el desarrollo del proceso revolucionario y la agudización de la crisis política no sólo repercutió hacia el interior de la UIA, también obligó a esta entidad a revisar su lugar en el mapa de las alianzas más generales. En otros términos: la crisis interna de la UIA no es más que la expresión de una crisis más general de las alianzas burguesas a la que la entidad asiste y sobre la que tiene que intervenir. Hasta el momento, venía compartiendo ACIEL con la burguesía agraria y la financiera. Veamos qué es lo que sucedió. En mayo de 1970, ACIEL formulaba un comunicado ciertamente optimista ante el curso de la economía. Se trata de declaraciones anteriores a la asunción del ministro de Economía, Moyano Llerena. En efecto, expresaban la prosperidad de su evolución el incremento de las exportaciones, la ocupación, las reservas monetarias internacionales y la inversión privada. “1- Que las entidades empresarias adheridas a ACIEL mantienen su optimismo y su fe en el futuro de la Nación. 2- Que la favorable evolución de las exportaciones, el alto nivel de ocupación, el mantenimiento de elevadas reservas monetarias internacionales, el apreciable crecimiento de la inversión privada, la mejora evidente de la productividad de la economía, el incremento de la producción en general, la ejecución de importantes obras públicas son, entre otros, signos de progreso económico que hacen al optimismo expresado.” La Nación, 16 de mayo de 1970. Sin embargo, el mismo comunicado hacía saber la preocupación de la entidad frente a ciertas medidas, de corte “estatista”, que atentaban contra el buen curso que seguía la economía: “3- Que, no obstante, el mencionado progreso necesita ser fortalecido con medidas apropiadas y no dificultado en su dinamismo por políticas que conspiran contra el desarrollo nacional. En este sentido, son preocupación de ACIEL, algunas medidas intervencionistas adoptadas en el curso de los últimos meses, frente a las cuales ACIEL expresa su disidencia y advierte que de profundizarse semejante tendencia, se volverían a repetir los mismos errores que en el pasado condujeron a reiterados fracasos y al consecuente estancamiento del país. 4- Que, así, la política de precios se aparta de los principios de la libre economía al ser sustituida con medidas de contralor autoritario de los mismos y, por lo tanto, indicadoras de un retorno a prácticas estatistas que han sido funestas para el crecimiento económico a largo plazo. 5- Que, consecuentemente, deben derogarse las disposiciones sobre la veda del consumo de carne, fijación de precios máximos y otros tipos de controles.” La Nación, 16 de mayo de 1970. Un mes después de la declaración anterior, ACIEL envió una nota al presidente de la Junta de Comandantes en jefe de las FF.AA. en apoyo a la política económica destinada a erradicar la inflación, aunque con claras intenciones de dejar asentado su posición de que las políticas debían adoptar abandono de emisión monetaria para el financiamiento fiscal y del intervencionismo estatal: “Tenemos el honor de dirigirnos a V.E. a efectos de reiterar la posición de apoyo de las entidades que suscriben esta nota, a una política económica que al combatir la inflación y el estatismo, factores que castigan los intereses generales del país y especialmente a los sectores de ingresos, establezca bases y condiciones que hagan factible una gran expansión económica y un auténtico y auto-sostenido desarrollo, tal como lo establece el Acta de la Revolución Argentina. Esta política, como es lógico, obliga al abandono de la emisión monetaria como fuente de ingresos fiscales, a la eliminación paulatina de la actividad empresaria del Estado, limitándola exclusivamente a aquellos sectores que no puedan ser acometidos por la empresa privada, a la apertura de acceso a una mayor prosperidad a todos aquellos que estén dispuestos a realizar el correspondiente esfuerzo y al mantenimiento de una unidad monetaria de valor estable. La armonía social requiere, asimismo, que cada sector económico pueda percibir el fruto pleno de su labor sin tener que abrigar el temor de políticas improvisadas. Siempre hemos entendido que estos lineamientos reflejan la base fundamental del compromiso contraído por las fuerzas armadas con la Nación, y como representantes de hombres que en todas las esferas tienen la responsabilidad de la actividad productora del país […] aceptamos la tarea de contribuir a que se convierta en plena realidad.” Cronista Comercial, 16 de junio de 1970. Las advertencias sobre el giro “estatizante” que habría tomado el gobierno se reiteraron en algunas oportunidades señalando la innecesaria intervención en la política de precios y la veda a la venta de carnes, medidas que afectaban a aquellos sectores de ACIEL insertos en la rama agropecuaria. Asimismo, el rechazo a las políticas “estatizantes” concernía a los capitales industriales, preocupados por el supuesto desalojo de la empresa privada de muchas actividades. Así, el reiterado combate a las “socialización de la economía” expresa la preocupación por un competidor con mayores recursos para enfrentar la concurrencia en el mercado en muchas ramas de las que miembros de la UIA formaban parte: el Estado. “Es necesario y urgente rectificar la pronunciada tendencia hacia el estatismo que acusa la política económica ejecutada, que se pretende ocultar tras el rótulo de un mal llamado nacionalismo. Sin negar la existencia del Estado -cuya necesidad es obvia-, cabe afirmar que él debe actuar dentro de sus lógicos y normales límites, establecidos por las instituciones que nos rigen de acuerdo con la Constitución Nacional y los principios que inspiran la filosofía de la libertad razonada, que encierra nuestra Ley Fundamental. Desde su creación, en 1958, ACIEL defiende esos principios, que son los de sus entidades adheridas, con frecuencia desvirtuados mediante la adopción de un sistema económico reñido con expresos textos constitucionales, que garantizan, no sólo las libertades individuales, sino la de trabajar y ejercer toda industria lícita, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, las que de ningún modo podrán alterar aquellos principios, garantías y derechos, según los dispone el artículo 28 de la Carta. La tendencia estatizante, a que aludimos, hace que el Estado amplíe cada vez más su campo de acción, desalojando a la empresa privada de muchas actividades que le son propias y en las cuales ha podido demostrar su eficiencia para bien del país. Esa tendencia es el paso previo que normalmente se da antes de caer en el colectivismo político. Consecuentemente, quiebra la confianza, es razón de inseguridad y desaliento y anula la iniciativa individual, factores todos que impiden un auténtico, acelerado y creciente progreso nacional, fundado en los ideales de libertad y dignidad de la persona humana que hacen a nuestro tradicional estilo de vida.” La Nación, 4 de junio de 1971. Estos preceptos “antiestatistas” fueron también enunciados por la UIA en la etapa. Sin embargo, a diferencia de ACIEL, no fueron para ella el eje de su intervención durante la etapa. A su vez, a contramano de su prédica contra la intervención estatal en la economía, hemos visto cómo uno de los ejes de la intervención de la UIA era la demanda de medidas proteccionistas y de promoción industrial. Seguramente, esta divergencia en sus líneas de intervención política aceleró una ruptura, acicateada por la impronta que iba asumiendo la posibilidad del retorno a un programa de tipo reformista, que se expresaba en las tendencias, cada vez más evidentes, a la apertura del juego democrático con la inclusión del peronismo. Los eventos que finalmente culminaron con el alejamiento de la entidad industrial del frente con la SRA, signados por la presencia y la intervención de la CGE, dan cuenta de este problema. A fines de 1970, la UIA y la CGE se reunieron en Corrientes, invitados por el gobernador, para discutir la necesidad de descentralización económica e incentivo de la mencionada provincia. Al parecer se trabajó en un clima de acuerdos, aunque finalmente la UIA no firmó un acta de compromiso con la CGE sobre los temas discutidos. El acercamiento de ambas entidades, luego de años de enfrentamiento, repercutió en el interior de ACIEL. Fernández Rivas, presidente de ACIEL postulado por la UIA, presentó su renuncia a la entidad. Su designación como titular de ACIEL parece haber sido promovida porque “su trayectoria, y sus conocidas virtudes de defensor de las instituciones libres, podrían jugar un rol preponderante llegado el momento, tendiente a evitar que esa unificación [de la UIA y la CGE] se consume”. Cronista Comercial, 8 y 9 de diciembre de 1970. Es decir, anticipando la existencia de tendencias internas en la UIA a favor de una unificación con la CGE, se promovió a una figura que parecía opuesta a esas tendencias. Sin embargo, la presión a favor de la unificación era más fuerte. De hecho, el propio Fernández Rivas no cumplió con las expectativas creadas. El suceso que catapultó su renuncia no fue sólo la participación de la UIA en un encuentro para acordar políticas comunes con la CGE, sino que el propio Fernández Rivas se hizo presente allí. Ídem. Al menos momentáneamente, la crisis en ACIEL no tocó fondo. Los dirigentes industriales intentaron poner paños fríos, aclarado que se asistió a esa reunión para cumplir con un compromiso asumido ante el gobernador de Corrientes, sin ningún contenido que alterase los acuerdos fijados en el marco de ACIEL. Ídem. La excusa fue aceptada y la renuncia de Fernández Rivas finalmente no se consumó. Cronista Comercial, 13 de septiembre de 1972. Pero los encontronazos no terminaron allí. Tiempo después Rivas volvió a “coquetear” con la CGE, esta vez a un nivel superior. En abril de 1972 impulsó la unificación con la central opositora. Todavía como presidente de ACIEL, envió una carta a Gelbard proponiendo la renuncia de ambos para conformar “una nueva y gran central empresaria sobre la base de principios fundamentales y comunes”. Ante los cuestionamientos, Rivas aclaró que la propuesta era a título personal, por eso no había considerado necesaria su previa consulta con la comisión delegada de ACIEL (aunque se envío en papel membretado de dicha entidad y fue firmada como presidente de la misma). Gelbard declinó el ofrecimiento, respondiendo que no existía la postulada “atomización” del empresariado, ya que la CGE nucleaba al 90% de la burguesía. Aún ante este panorama, ACIEL mantuvo la propuesta de reelegir a Rivas como presidente para intentar detener la inevitable ruptura. Finalmente, el dirigente no aceptó la reelección y, a fines de septiembre de 1972, fue designado Ricardo Grether, ex tesorero de CRA, al frente de la entidad. La Nación, 29 de septiembre de 1972. Poco tiempo después, en noviembre de 1972, se concretó la desvinculación de la UIA de ACIEL. La última discrepancia, que motivó el alejamiento, se originó esta vez en torno a la política salarial del gobierno. Mientras la UIA estaba dispuesta a aceptar un aumento de los jornales, bajo las siguientes condiciones: “un aumento razonable de salarios que haga posible la recuperación del salario real; una política de precios que impida arbitrariedades en su fijación y la descapitalización de las empresas y un ajuste gradual de las tarifas de los servicios públicos.” Cronista Comercial, 15 de septiembre de 1972. La Sociedad Rural Argentina rechazaba de plano el incremento sosteniendo: “el momento es demasiado grave como para insistir una vez más en simples medidas de urgencia como pedidos de aumentos de salarios, reducción de impuestos y mayores créditos”. Ídem. Esta discrepancia no es sino un episodio en el enfrentamiento entre dos fuerzas sociales burguesas. Se discutía si era necesario profundizar un ajuste de la economía o, por el contrario, había que avanzar hacia una política de acuerdos con el movimiento obrero en pos de un programa reformista. La UIA, a contramano de intervenciones anteriores y, sin dudas, teniendo en cuenta una coyuntura política en la cual eran necesarias ciertas concesiones hacia la clase obrera para reencausar sus tendencias insurreccionales, elaboró un plan que contemplaba elementos reformistas: “ Preservación del salario real; Reversión en la tendencia creciente de la desocupación; Evitar una aceleración en el ritmo de inflación; Mejora en nuestra situación de las reservas monetarias internacionales y las perspectivas de la balanza de pagos, frente a la crítica situación de las mismas;” Cronista Comercial, 15 de septiembre de 1972. La estrategia de la entidad industrial se asentaba en que la caída del salario real afectaba al mercado de las industrias ligadas al consumo. Esta línea, además de las consideraciones señaladas, sin duda respondía a las presiones internas antes descriptas. La decisión de la UIA, entonces, puede pensarse como motivada por la presión de un conjunto de capitales radicados en el interior del país, con gran peso e influencia, que amenazaban con una escisión. La atracción de la CGE como representación de aquellos pequeños y medianos capitales, algunos con una amplia proyección como Arcor, no pudo haber jugado un papel menor a la hora de definir la renuncia a un frente con la SRA, cuya táctica se perfilaba en torno a una política de ajuste. 5. Conclusiones El Cordobazo marcó un quiebre en la relación de la UIA con el gobierno militar. Viró del apoyo total durante la gestión de Krieger Vasena a un enfrentamiento abierto. El problema radicó en las medidas ensayadas por el gobierno para paliar la crisis. La UIA se opuso a las concesiones del gobierno hacia la clase obrera, consistentes en otorgar aumentos salariales y otras reivindicaciones laborales. Se opuso a la devaluación decretada y solicitó rebajas arancelarias para poder importar maquinarias. Todavía era momento, para la capa de la burguesía industrial que encabezaba la UIA, de importar maquinarias y abaratar los costos de los insumos importados. Sin embargo, como hemos visto, esa línea no era asumida por el conjunto de los capitales pertenecientes a la UIA. Contradiciendo esta demanda, también se abrogaba por mantener y expandir la protección de la industria nacional. Esta línea no necesariamente debería resultar contradictoria para la dirección de la UIA, que además de demandar insumos y maquinarias importadas a bajos precios, necesitaba mantener la protección hacia las ramas en las que competía. Pero sin duda esa demanda resultaba más imperiosa para los capitales más pequeños que convivían en la UIA con los grandes que la dirigían. Estas contradicciones internas llevarán, durante este período, a una crisis en el interior de la entidad industrial, que la obligó a dar un giro en su línea político-económica y a un reacomodamiento en las alianzas trazadas con otras fracciones de la burguesía. A la vez que la entidad rompía por “derecha” con el nuevo gobierno de las Fuerzas Armadas, se gestaba en el interior de la UIA un movimiento alineado con la estrategia reformista. El desarrollo del Gran Acuerdo Nacional que abría las puertas al peronismo como táctica para reencauzar la crisis revolucionaria, y el incremento de la renta de tierra obraron como polo de atracción. Un sector de la UIA parece haber visto en dicha coyuntura una posibilidad de intervención política, alineándose con la CGE en función de captar una porción de las riquezas en alza. En ese contexto, la dirección de la UIA tuvo que ceder ante la inminente ruptura de un sector importante de su base social que amenazaba con alinearse a la CGE. Este riesgo obligó asimismo a quebrar la alianza liberal con ACIEL. Así, la fuerza de atracción de la estrategia reformista en un contexto aparentemente propicio para su desarrollo, sumada a la posibilidad de neutralizar la amenaza revolucionaria constriñeron a la dirección de la UIA a tomar, aunque sea momentáneamente, el rumbo del peronismo. Veremos el desenvolvimiento de este proceso en el próximo capítulo. Capítulo 5. El retorno del Peronismo (1973-1976) El presente capítulo tiene por fin dar cuenta de las posiciones políticas adoptadas por la UIA entre el retorno del peronismo, en 1973, y el golpe de estado de marzo de 1976. En este convulsionado período se asiste a dos movimientos aparentemente contradictorios por parte de la UIA. En un primer momento, el alineamiento con el gobierno nacional, que la llevó a fusionarse con la Confederación General Económica (CGE), corporación que expresaba los intereses de las fracciones de la burguesía que delinearon la política de concertación obrero-patronal, pilar de la gestión económica peronista. En un segundo momento, el enfrentamiento abierto y el alineamiento con los sectores empresarios que impulsaban el golpe de estado. Observaremos las posiciones de la UIA frente al retorno del peronismo, y la experiencia de unificación con la Confederación General Industrial (CGI), integrada a la Confederación General Económica (CGE). Esta fusión dio forma a la Confederación Industrial Argentina (CINA), que actuó entre 1974 y 1976, hasta su desaparición luego del golpe de estado. En la medida de lo posible, ya que las fuentes no siempre son explícitas al respecto, intentaremos reconstruir las internas dentro de la CINA, y cómo, a medida que la crisis política y económica se fue profundizando, comenzaron a manifestarse las disidencias entre los sectores empresarios provenientes de la UIA y aquellos que venían de la CGI. Veremos a su vez, la crisis y la descomposición de la CGE, como resultado del fracaso de su política de concertación. Reconstruiremos la oposición interna y externa a la dirección nacional de la Confederación General Económica, en especial el accionar de los dirigentes provenientes de la UIA. Dado que el polo de atracción de los sectores que se alejaron de la CGE fue APEGE (Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias), que nucleaba a las fracciones de la burguesía que comienzan a operar políticamente en favor del golpe de estado, fue necesario recomponer el devenir de dicha experiencia, impulsada, entre otras, por las principalmente entidades agropecuarias (Sociedad Rural Argentina, SRA, y Confederaciones Rurales Argentinas, CRA). Atenderemos a los miembros, acciones y declaraciones de APEGE, que aglutinó a un sector importante de los capitales pertenecientes a la UIA, en su disputa con la estrategia reformista planteada por el gobierno y por un sector de la CGE. El corpus documental de que disponemos para reconstruir los puntos señalados consiste en: 175 notas periodísticas que reproducen declaraciones, solicitadas y documentos de las entidades a estudiar, una Memoria y Balance de la UIA, una Memoria y Balance de la SRA, dos Memoria y Balance de la CGE y fuentes bibliográficas. La hipótesis que guiará el capítulo sostiene que la suba de la renta diferencial en 1973 y el retorno del peronismo como opción hegemónica para frenar el proceso revolucionario abierto a fines de los ’60, implicaron que prime la estrategia reformista dentro de la UIA. La presión de ciertos núcleos de dicha entidad, identificados con el reformismo (ver Capítulo 4), terminó imponiéndose ante la situación antes descripta, y culminaron en la unificación de la UIA y la CGI. El fin de la bonanza económica, la muerte de Perón y la constatación de los límites del reformismo para contener el ascenso de las masas y la profundización de la lucha de clases, reinstalaron la “estrategia liberal” en el seno de los empresarios de la UIA, en ese entonces nucleados en la Confederación Industrial Argentina. De esta forma, distintos núcleos provenientes de la CINA y de la CGE, se sumaron a la ofensiva golpista encabezada por APEGE, que contribuyó a generar las condiciones políticas que hicieron posible el golpe militar de 1976. 1. El retorno del peronismo al gobierno El regreso del peronismo al gobierno, el 25 de mayo de 1973, constituyó un intento, encabezado por ciertas fracciones de la burguesía, para descomprimir la situación política explosiva que vivía en esos momentos el país, cediendo paso a un régimen bonapartista que reencausara, y a su momento permitiera liquidar, las tendencias insurreccionales surgidas en el seno de la clase obrera. La clausura de régimen militar instaurado en 1966 y el desarrollo de unas elecciones sin la proscripción del peronismo, por primera vez en casi 20 años, permitieron canalizar el descontento de las masas por la vía institucional. La apertura democrática de 1973 y el retorno de Juan Domingo Perón generaron un impasse en el proceso revolucionario abierto en 1969. Sartelli, E.: La plaza es nuestra, op.cit., pp. 109 a 134. Algunas de las fracciones de la clase obrera y de la pequeño burguesía que formaban parte de la fuerza social revolucionaria sucumbieron a las ilusiones reformistas que el retorno de Perón reeditaba, dando lugar a un reflujo de las luchas. La victoria electoral del FREJULI (Frente Justicialista de Liberación), llevó a Héctor José Cámpora a la presidencia. El primer gabinete del gobierno intentó dar lugar a las distintas tendencias anudadas en el seno del movimiento peronista. Esteban Righi, al frente del Ministerio del Interior, y Juan Puig en Relaciones Exteriores representaban el ala izquierda. José Gelbard en el Ministerio de Economía, Jorge Taiana en Educación y Adolfo Benítez en Justicia, expresaban al peronismo histórico. López Rega, del ala derecha fue nombrado en Bienestar Social. De Riz, L.: op. cit., p. 129. Para una reconstrucción del período ver también: Horowicz, A.: Los cuatro peronismos. 1ª reimp., Edhasa, Buenos Aires, 2007. En términos económicos el peronismo impulsó un plan de cuño claramente reformista, elaborado por la Confederación General Económica (CGE) y llevado adelante por su más representativo dirigente, José Ber Gelbard. Una coyuntura de auge de los precios internacionales de las mercancías agropecuarias constituyó la base material de la experiencia reformista. El mecanismo privilegiado para captar la renta y transferirla hacia los pequeños capitales y la clase obrera fue la intervención estatal en el comercio exterior e interior de productos agropecuarios. A través de la centralización de la producción y su venta mediante organismos oficiales, el Estado tomaba una porción de la renta pagando precios menores a la cotización internacional de los productos. A su vez, se intentó estimular la producción agraria para aumentar los excedentes exportables, sancionando impositivamente la desinversión. El subsidio a las exportaciones industriales fue la principal vía en que la renta captada por el Estado iba a parar al ineficiente entramado industrial. Leyba, C.: Economía y política en el tercer gobierno de Peron, Editorial Biblios, Buenos Aires, 2003, p. 87 a 103. Ver también, Rougier, M. y Fiszbein, M.: La frustración de un proyecto económico, Manantial, Buenos Aires, 2006; Seoane, M.: El burgués maldito: los secretos de Gelbard, el último líder del capitalismo nacional, Sudamericana, Buenos Aires, 2003; Sidicaro, R.: Los tres peronismos: Estado y poder económico 1946-1955, 1973-1976, 1989-1999, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2003; Acuña, op. cit. Pero la iniciativa más importante encarada por Gelbard fue el acuerdo entre una fracción del empresariado y las cúpulas sindicales, destinado a contener la inflación. El compromiso, denominado “Pacto Social”, fue suscripto por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación General Económica (CGE), y fue aprobado por el conjunto de la burguesía industrial, aunque más no sea formalmente. A partir de la firma del “Pacto Social”, los empresarios se comprometieron a no aumentar los precios y los dirigentes sindicales a no encarar luchas por aumentos salariales. Sin embargo, este acuerdo tenía implicancias que trascendían los objetivos económicos: el cerrojo que se imponía sobre los conflictos salariales apuntaba no solo a contener la inflación, sino a aquietar las aguas de la conflictividad obrera. Perón no tardó mucho en demostrar que no volvía para llevar adelante la “revolución nacional” que anhelaba el ala izquierda de su movimiento. A poco de andar comenzaron los ataques contra la izquierda peronista y no peronista. Primero fue la masacre de Ezeiza, el 20 de junio de 1973, durante el gobierno de Cámpora. Las reformas del Código Penal introdujeron penas a las actividades guerrilleras más altas que para los homicidios. Le siguieron los golpes contra las gobernaciones afines a la “Tendencia Revolucionaria”: Oscar Bidegain, Ricardo Obregón Cano, Alberto Martínez Baca, Jorge Cerpenicy Miguel Ragone. La creación de una fuerza paramilitar destinada a eliminar a los dirigentes de la izquierda peronista y no peronista, la Triple A, constituyó el principal instrumento represivo de que se valió el gobierno nacional, o por lo menos un sector de él, para frenar el proceso revolucionario abierto en 1969. 2. La UIA se hace peronista La reinstauración de la democracia bajo la dirección política de Perón parece haber condicionado fuertemente a la UIA, que terminó por encolumnarse tras su proyecto. La victoria electoral abrumadora evidenciaba la necesidad estratégica de alinearse con el gobierno en su objetivo común de desarticular la lucha revolucionaria y restablecer la acumulación de capital. No había muchas alternativas en el clima insurreccional que se vivía en los primeros años de la década de 1970. A su vez, el contexto económico favorable hacía posible materializar las transferencias de ingreso de las que buena parte de la burguesía industrial se beneficiaría. La existencia de ciertos sectores proclives a la unificación con la CGE, expresada en las disputas internas del período anterior, parecen haber operado en dicha dirección. En este punto disentimos con Jorge Schvarzer (Empresarios del pasado, op. cit., p. 208), quien plantea que la UIA se unifica con la CGE por razones meramente coyunturales, de carácter oportunista. El masivo apoyo popular que recibió el peronismo y el hecho de que los equipos económicos que diagramaron el plan económico provinieran de la CGE, hacía que resultara conveniente la fusión, como una forma de congraciarse con quienes detentaban el poder y podían materializar beneficios y transferencias. Como hemos visto en el Capítulo 4, la existencia de una línea interna de la UIA con posiciones similares a las de la CGE, que comienza a bregar por la unificación mucho antes del triunfo electoral, nos permite discutir la hipótesis de Schvarzer. Volveremos sobre este punto en las conclusiones de este capítulo. A favor de estas tendencias, como veremos, se definió finalmente la situación. El relanzamiento de la crisis, poco más de un año después de la victoria electoral, sumada a la caída de la renta y la profundización del declive económico reorientó las alianzas, colocando a muchas de las cámaras pertenecientes a la UIA en las filas de las fracciones burguesas partidarias del golpe militar, consumado finalmente el 24 de marzo de 1976. 2.1. El ascenso de Cámpora A fines de marzo de 1973, la UIA expresó claramente su apoyo a la pactada transición a la democracia. En el marco de la Asamblea Nacional Empresaria organizada por la Federación Gremial de Comercio e Industria de Rosario, los empresarios aprobaron una declaración conjunta en la que se hacía referencia a las elecciones nacionales recientemente concertadas: “Los empresarios argentinos, representantes de la industria, el comercio y servicios, conscientes de su papel y de la particular significación del proceso histórico que se inicia en nuestra patria, juzgan pertinente definir el carácter y los objetivos de su participación en la tarea de reconstrucción nacional, para lograr el bienestar general. Los movimientos políticos más significativos han expresado su convicción de que dicha tarea corresponde a todo el pueblo. Esta madurez política determina que el acto comicial del 11 de marzo sea la expresión de una clara y ferviente voluntad de unidad nacional, de cambio social y económico y de convivencia pacífica y democrática entre todos los habitantes de nuestro suelo”. La Prensa, 25 de marzo de 1973. La citada declaración constituyó una expresión de apoyo general al proceso político en andas, antes que la inclinación por una fuerza particular. Al poco tiempo, las posiciones comenzaron a definirse con mayor precisión. Una vez que el triunfo camporista resultó un hecho inobjetable, Elbio Coelho, presidente de la UIA, elevó una nota al presidente electo a propósito de sus dichos en un discurso público. La entidad resaltaba el rol que el mandatario adjudicó a los empresarios. El mensaje, que destacaba la necesidad de remunerar a todos los integrantes de la empresa, evidencia un tono conciliador con el proletariado, acorde a la reorientación de la entidad hacia el reformismo. “En mi carácter de presidente de la UIA, institución que aglutina al empresariado industrial del país, tengo el honor de dirigirme al señor presidente electo, a fin de hacerle llegar las reflexiones que sugiere su mensaje a la Nación irradiado desde Mendoza, en los párrafos destinados a la responsabilidad de las fuerzas empresarias en el actual momento argentino. Su alocución, en el aspecto antes referido, contiene dos partes claramente diferenciadas. Una, relativa al sentido de justicia que debe imperar en la política del sector empresario con respecto a la distribución del fruto del trabajo conjunto de todos los integrantes de la empresa. La otra, atinente a la capacidad de nuestro sector para acrecentar la riqueza de la Nación. Con respecto a la primera, creo trasuntar fielmente el espíritu que hoy anima al mundo industrial, al reafirmarle nuestra posición acerca de que la empresa es una institución que solo puede funcionar satisfactoriamente si todos sus integrantes se sienten partícipes de una labor común con fines comunes […] En lo que hace al papel del empresariado en el objetivo de acrecentar la riqueza de la Nación, la experiencia de todos estos últimos años demuestra que tiene una real capacidad creadora y de trabajo, apenas las circunstancias permiten el desenvolvimiento de esas facultades. Estoy absolutamente seguro, doctor Cámpora, de que en un clima de estabilidad política, de orden y con una conducción económica apropiada, el empresariado argentino demostrará ampliamente al país y al gobierno constitucional que usted presidirá, sus condiciones para contribuir al aumento de la riqueza de la Nación y de su pueblo. Pocos sectores como el nuestro comparten la verdad de su afirmación de que ‘nadie se realiza en un país que no se realice’, porque hemos sido uno de los protagonistas del proceso social que se han visto más frustrados en su ambición de realización, por políticas equivocadas que se nutrían de prejuicios y falsas ideas”. La Prensa, 13 de abril de 1973. Héctor Cámpora respondió a las apreciaciones de la corporación en forma positiva. Resaltó su acuerdo con las consideraciones de la UIA acerca del rol del sector industrial en los campos de la economía y la sociedad. Asimismo, distinguió que su labor se ceñiría al programa con el que ganó las elecciones, cuyos puntos centrales eran la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Para su cumplimiento, era condición la colaboración de todos los sectores del país. La Prensa, 19 de mayo de 1973. El presidente de la UIA precisó posteriormente los puntos programáticos que la alinearon al nuevo gobierno: “mayor desarrollo industrial, la mejor protección y su adecuada distribución espacial, son objetivos que comparto por considerarlo como primera y auténtica necesidad nacional”. La Prensa, 26 de mayo de 1973. Inclusive, en ocasión del 52º aniversario de la Federación Gremial del Comercio e Industria de Rosario, Coelho, resaltó que era condición para el desarrollo industrial un gobierno surgido del sufragio y el respeto por la Constitución Nacional, “olvidando” el apoyo dado por la entidad al golpe de Onganía. La Nación, 1 de junio de 1973. Frente a la firma del “Pacto Social”, el 6 de junio de 1973, la UIA se pronunció a favor del acuerdo, al igual que la CGE y la SRA, La SRA adhirió al Pacto, aunque se mostró en disconformidad con la política agropecuaria iniciada por el gobierno. Reclamaron por el aumento de los precios de los productos agrarios y el supuesto cuestionamiento del derecho de propiedad. Palomino, M.: Tradición y Poder: La Sociedad Rural Argentina (1955-1983), CISEA, Buenos Aires, 1988, pp. 141 a 153. condenando la “desastrosa política salarial que comenzó durante 1970”. El tope a los aumentos salariales que implicaba el Pacto se diferenciaba de la política aplicada inmediatamente después del Cordobazo, signada por la utilización de los incrementos salariales como táctica para frenar el ascenso de las luchas sociales. “Esa política, si es que merece llamarse tal a la ausencia de ella, es la causante principal del pavoroso déficit fiscal, de las perniciosas expectativas inflacionarias que tanta responsabilidad tienen en nuestra lamentable tasa de aumento de las crisis en las empresas, que provocan continuamente conflictos sociales y del incremento pernicioso en la desocupación. […] La justicia y el equilibrio presiden esta nueva concepción salarial y por lo mismo puede constituirse en un instrumento fundamental que haga posible un restablecimiento de la solidez y el dinamismo de nuestra economía”. La Nación, 10 de enero de 1973. Como segundo paso, la entidad intentó, aunque más no sea formalmente, garantizar la aplicación del Pacto Social, interviniendo en favor del acuerdo frente a las empresas cuyos intereses representaba. La UIA llamó a una reunión a las 100 empresas principales de cada rama de la industria para acordar una disminución de los precios, con el fin de contribuir al cumplimiento de la política de estabilización emprendida por el nuevo gobierno. En efecto, según anunciaron, unas 180 empresas asociadas a la UIA dispusieron rebajas en sus precios para prestar ayuda al plan. A la reunión asistieron representantes de las ramas de la alimentación, textiles, metalúrgicos, licoristas, cerveza, vidrio, plásticos, indumentaria, yerba mate, fibras sintéticas, química, papel, tabaco, perfumería, pintura, caucho, jabón, artículos de limpieza, petróleo, maderas y cerámica. Las rebajas discutidas por las empresas de las distintas ramas oscilaron entre un 7 y un 14%. La Nación, 14 de junio de 1973. Al poco tiempo, la UIA decidió ingresar a las Comisiones Sectoriales de Precios. Las mismas fueron creadas por la Comisión Nacional Asesora de Precios, Ingresos y Nivel de Vida, integrada por el Estado, la CGE y la CGT. A la par del apoyo a las medidas mencionadas, encaminadas a la contención de la escalada inflacionaria, la UIA emprendió una campaña contra los “elementos desestabilizadores”, es decir, contra las organizaciones políticas de izquierda. Este movimiento también iba en sintonía con el “Pacto Social” que, como señalamos, no sólo apuntaba a contener la inflación congelando precios y salarios, sino, a su vez, imponer un freno a las luchas sindicales impulsadas por sectores opuestos a la dirección de la CGT, que amenazaban con desestabilizar el plan. En el discurso de cierre del Día de la Industria de 1973, Coelho expresó claras definiciones políticas: “Algunos resisten el cambio procurando aferrarse desesperadamente a los restos de un tiempo que no volverá. La ultraderecha que resiste el cambio sueña con un pasado al que en el fondo idealiza cayendo en una utopía de retrospección. La ultraizquierda comete una utopía de anticipación, al suponer dogmáticamente que todo futuro es mejor que el presente y que toda tradición debe quemarse ante el altar de la revolución […] El cambio nos impone la noble misión de luchar contra la pobreza, por la creación de nuevas fuentes de trabajo, por el ascenso social, por la creciente creación de bienes que satisfagan las necesidades de la población, luchar por la grandeza argentina…” La Nación, 4 de septiembre de 1973. Como se aprecia en la declaración, la condena a la “ultraizquierda” se hacía desde el propio campo reformista, ya que se condenaba también las añoranzas golpistas de la “ultraderecha” y a las fracciones de la burguesía que no se habían comprometido con la política oficial. Estas definiciones políticas son una prueba palpable del acercamiento de la dirección de la UIA al gobierno peronista. 2.2. La vuelta de Perón y la unificación con la CGE El 13 de julio de 1973 Cámpora y Vicente Solano Lima presentaron sus renuncias, presionados por el propio Perón y el movimiento sindical. El llamado a elecciones presidenciales fue justificado como la necesidad de reafirmar el rumbo adoptado por el gobierno peronista contra una supuesta conspiración de la derecha liberal. La fórmula Juan Perón-María Estela Martínez de Perón resultó ganadora, en una suerte de plebiscito. El apoyo al proceso en marcha llevó a la UIA a efectivizar, poco tiempo después, la unificación con la CGE. Una vez asumida la presidencia por Juan Domingo Perón, en octubre de 1973, las ideas de unidad comenzaron a tomar cuerpo. Meses antes, la UIA había renovado buena parte de su Junta Ejecutiva y Comisión Directiva. Cambiaron sus vocales y revisores de cuentas. Asimismo, una serie de grandes capitales a nivel nacional fueron desplazados de la dirección de la entidad. Entre ellos se encontraban Shell, Standard Electric, Mathienson Atanor, Siam, Sudamtex, Duperial y Electrocolor. Muchos de los puestos centrales, no obstante, no variaron. Coelho fue reelecto como presidente, y Masjuan, Petracca, Agrest, Franke, Noel, Fabregas, Negri y Verardo, ocuparon nuevamente sus cargos. Memoria y Balance de la UIA, 1974. La fusión tuvo como precedente el acta firmada en el verano de 1974, donde la UIA y la CGE manifestaron “su coincidencia con los objetivos generales enunciados en materia económica por el superior gobierno y con los propósitos que han originado el Acta de Compromiso Nacional”. La Nación, 23 de febrero de 1974. El 29 de abril de ese año quedó ratificada la vocación de unificación empresaria al elegirse como miembros del Consejo Superior de la CGE a dirigentes de la UIA. Martín Noel, de la firma Noel y Cia., ex secretario de la UIA, ocupó el cargo de secretario en la CGE. Roberto Blanco, perteneciente a la empresa Elfapel, ex vocal suplente de la UIA, asumió como protesorero; Miguel Teubal, de la empresa homónima, ocupó el puesto de presidente de la Comisión de Política Crediticia. El 3 de julio de 1974, la UIA y la CGI quedaron fusionadas en la Confederación Industrial Argentina (CINA), que se constituyó en la “pata industrial” de la CGE. La Junta Directiva de la entidad quedó conformada en su mayoría por dirigentes de la UIA: Vice 1º, Eduardo Braun Cantilo, Vice 2º, Roberto Favelic, Vice 3º, Edmundo Paul, Pro-secretario 1º, Elías Ramírez. Por parte de la CGI: Rafael Kohanoff, como Vice 4º; Pablo Romay, como secretario y Juan A. Pereyra como pro-secretario 2º. La presidencia de la entidad fue otorgada a Carlos Coquegniot, miembro de la ADIC. Schvarzer, J.: Empresarios del pasado, op.cit., p. 211. Esta entidad había expresado tendencias reformistas, y acaudillado a un importante número de socios de la UIA contra su dirección nacional, como ya explicamos en el capítulo 4. El presidente de la nueva entidad justificó la unión como un acto que tenía presentes “los superiores intereses de la Nación, que necesita alcanzar su plena independencia, de integración, de auténtica representatividad y de solidaridad social”. La Nación, 3 de agosto de 1974. En el primer plenario luego de la unificación de las entidades empresariales se acordó un documento en defensa del gobierno de Perón, llamando al conjunto de los empresarios a apoyarlo, con los siguientes puntos: “El plenario 1) Apoya incondicionalmente el proceso de institucionalización que vive el país y que continuará bregando por el mantenimiento de la unidad nacional. 2) Reconoce en la actual política económica que ha tenido su origen en las Coincidencias Programáticas de diciembre de 1972 y que fuera votada por el pueblo argentino como el verdadero camino para obtener la reconstrucción y la liberación nacional. 3) El empresariado tiene conciencia de la difícil tarea que han tenido que afrontar las autoridades y del largo camino que aún resta por recorrer. El ataque de los enemigos es por los aciertos de este proceso de vigencia. Ello debe llevarnos a defender celosamente lo realizado, para considerarlo definitivamente y seguir avanzando en forma resuelta hacia los grandes objetivos fijados. Por su parte, el Gobierno ha dado pruebas suficientes de su disposición al diálogo constructivo que posibilita la rectificación cuando corresponde.” La Nación, 20 de agosto de 1974. 3. Tomando distancia del “Gobierno Popular” La muerte de Perón y la asunción de Isabel Martínez, cambiaron el panorama para la recientemente fundada entidad. Poco tiempo después de la muerte del primer mandatario, en octubre de 1974, Isabel desplazó de su cargo a Gelbard reemplazándolo por Alfredo Gómez Morales. Gelbard había sobrevivido a los cambios ministeriales que luego del desplazamiento de Cámpora y al giro derechista dio el peronismo. Su reemplazo respondía a conflictos políticos internos y a los síntomas de crisis económica que comenzaban a asomar en el horizonte. Habría que señalar, en primer lugar, que la principal medida impulsada por la gestión Gelbard, el intento de contener la escalada inflacionaria fijando mediante la concertación los precios y los salarios, había naufragado. Ni la CGT ni la CGE pudieron disciplinar a sus bases para sostener el acuerdo. Los sindicatos, empujados por dirigentes y delegados clasistas y muchas veces contra los designios de la burocracia de la CGT, encontraron la forma de luchar por mejorar las condiciones de venta de su fuerza de trabajo sin violentar el Pacto Social. Así, entre 1973 y 1974, se extendieron las luchas exigiendo la disminución de la intensidad de la jornada laboral, mejores condiciones de seguridad e higiene o reclamando premios a la productividad. Muchas veces, la presión y la organización obrera obtuvieron victorias, con lo que, a pesar de que no hubo aumentos salariales, aumentaron los costos laborales para las empresas. Por el lado empresario, los límites impuestos a los precios fueron burlados colocando los productos en el “mercado negro” e intensificando el desabastecimiento. Rougier, M. y Fiszbein, M.: op.cit., pp. 79 y 80. A poco de andar, el Pacto Social era poco más que letra muerta. A este fracaso de la política de concertación, se sumaban las negras perspectivas en el mercado mundial. La crisis económica internacional comenzaba a afectar a la Argentina: los precios de las mercancías agrarias iniciaron una carrera descendente, mientras que los costos de las importaciones aumentaban, empujados por el alza internacional de los precios del petróleo. En el horizonte asomaba un fantasma conocido: la crisis de balanza de pagos. La política de Gelbard, que no tenía muchas herramientas para enfrentar aquellas perspectivas, ya había comenzado a suscitar la oposición de importantes fracciones de la clase dominante. A la situación económica hay que sumar las internas políticas: la orfandad de respaldos del ministro Gelbard ante la muerte de Perón y la creciente importancia de uno de sus enemigos en el gabinete, José López Rega. Su sucesor, Alfredo Gómez Morales, provenía del sector histórico del peronismo, vinculado al ala derecha del movimiento. Anteriormente se desempeñó como Ministro de Finanzas, durante la primera presidencia de Perón, y como presidente del Banco Central, durante la última. Desde ese puesto, se opuso sistemáticamente a la política económica impulsada por Gelbard. Su equipo se conformó con dirigentes históricos del partido justicialista: Antonio López, Miguel Revestido, Carlos Emery, Julio Palera y Luis Vasallo. Rougier, M., y Fisbein, M.: op.cit., p. 88. Atento a las difíciles perspectivas que se avizoraban, intentó aplicar un plan de ajuste gradualista. No era una tarea desconocida: ya había aplicado la misma política ante perspectivas similares en 1952. Restivo, Néstor y Raúl Dellatorre: El Rodrigazo, 30 años después. Un ajuste que cambió al país, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2005; Seoane, op. cit. El nuevo contexto puso sobre la mesa la necesidad del ajuste: la baja inflación y la balanza comercial favorable ya no eran sostenibles. El congelamiento de precios quedaba en el olvido para la burguesía, mientras que el sector sindical no pensaba aceptar alza sin un equivalente aumento salarial. Esto planteaba el recrudecimiento de los enfrentamientos que los ingresos provenientes de la suba de la renta agraria habían aplacado un año antes. El nuevo contexto comenzó a resquebrajar las adhesiones al gobierno nacional. De parte de los obreros, en los que crecía la puja por mantener un nivel de salario real amenazado por la crisis. Y de parte de las distintas fracciones de la burguesía, que se negaban a perder rentabilidad. El nuevo año que estaba por comenzar, 1975, fue escenario de múltiples conflictos: la burguesía agraria, a través de sus principales corporaciones, comenzaba un largo y duro enfrentamiento contra el gobierno de Isabel Perón, reclamando el mejoramiento de los precios de los productos primarios. La CGT, presionada por izquierda por el crecimiento del sindicalismo clasista, reclamando aumentos salariales. Los industriales, debatiéndose entre salir a enfrentar a un gobierno que seguía coqueteando con el reformismo, o volver a ensayar el programa reformista de conciliación. Veremos, a continuación, cómo comienzan a agudizarse los reclamos de la CGE al gobierno nacional. Y a su vez, cómo comienzan a aflorar los enfrentamientos internos dentro de la entidad, entre los que pretendían volver a la política de concertación y aquellos que presionan para profundizar un ajuste, que ya se encontraba en la agenda, aún al costo de romper la alianza con los trabajadores y profundizar los aspectos represivos de la política oficial. En estas internas tendrán un lugar destacado los dirigentes provenientes de la UIA, que serán protagonistas de uno de los frentes de conflicto que enfrentaban el gobierno nacional y la dirección de la CGE. En los acápites que siguen reconstruiremos algunos de los principales reclamos que comienza a exigir la CGE, así cómo las disputas internas (y externas) a que dieron lugar. Las exportaciones En enero de 1975 comenzaron a recrudecer las discusiones en torno a los diferentes aspectos de la política económica y el devenir de la economía. La CINA consideró imprescindible un replanteo de la política en materia de exportaciones e importaciones industriales, atendiendo a los desequilibrios en la balanza de pagos que ya comenzaban a percibirse. La entidad manifestó que la sustitución de importaciones no era una solución de fondo a los desequilibrios en la balanza de pagos, ya que no llegaría a alcanzarse nunca la sustitución total. Esto implicaba que al aumentar el producto interno, también aumentaban las importaciones, con el peligro que ello aparejaba para la balanza de pagos. Teniendo en cuenta que la única fuente de poder de compra a nivel internacional son las exportaciones, y que las exportaciones agropecuarias están sometidas a vaivenes coyunturales, acentuados por la crisis económica internacional, propusieron: “la adopción de todas y cada una de las medidas imprescindibles concernientes a lograr una solución integral al problema planteado, de manera que se consolide la presencia industrial en los mercados internacionales, con la agresividad que impone al momento, en cumplimiento de los objetivos fijados y delineados por el Plan Trienal”. La Nación, 3 de enero de 1975. Es decir, que se profundicen las medidas de promoción de las exportaciones industriales expresadas en subsidios. Las devaluaciones graduales implementadas por la gestión Gómez Morales no alcanzaron a generar la competitividad industrial necesaria para competir a escala internacional, por lo que se siguieron reiterando los pedidos para “estimular las exportaciones industriales”, ampliando los reembolsos y reintegros. En abril, directivos de la CGE y CINA se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Comercio Exterior y Relaciones Económicas Internacionales, donde solicitaron reajustes automáticos para exportar. A su vez, se discutió un nuevo régimen de importaciones, que debían cubrir los problemas de desabastecimiento interno pero a su vez, no generar problemas en la balanza de pagos ni desplazar a los productores industriales locales. Atendiendo a ambos problemas, sostuvieron que: “el ordenamiento dispuesto por la última devaluación no alcanza a cubrir el deterioro de las exportaciones industriales producido por el aumento de los costos internos […] Para solucionar dicho problema habría que volver, como mínimo, a los reintegros y reembolsos vigentes a la fecha del nuevo régimen y a partir de ellos, implantar el sistema de reajustes automáticos”. La Nación, 17 y 18 de abril de 1975. Según la entidad, debería adoptarse una política de “estímulo a las exportaciones industriales”, y, en relación a las importaciones de bienes industriales, “un cambio de la tendencia de las compras estatales que tienden a volcarse al exterior en desmedro de la capacidad productiva local y un creciente apoyo a la producción nacional de insumos en rubros sustitutivos”. La Nación, 18 de abril de 1975. El problema del comercio exterior remitía, como observamos, a paliar mediante importaciones el desabastecimiento “provocado por los sectores industriales más concentrados” y la necesidad de incrementar las exportaciones. La CINA consideraba que una política de concertación en materia de comercio exterior, podría resolver los problemas presentes. Hacían hincapié en mantener constantemente adecuado el tipo de cambio efectivo que percibían tanto los exportadores de productos manufacturados como los tradicionales. Explicaron que la última devaluación no significó una mejora ya que se redujeron los reembolsos y se incrementaron los derechos aduaneros. Asimismo a fines del abril indicaron que las autorizaciones de exportaciones sufrían demoras. Sobre las importaciones, manifestaron la existencia de una parálisis en las reválidas de los cerificados de importación, ya que sólo se aceptaban insumos considerados críticos: “las importaciones del sector oficial constituyen un rubro muy importante que desequilibra la balanza comercial” y “son muchos los organismos y empresas del estado que no respetan las normas sobre ‘compre nacional’”. La Nación, 29 de abril de 1975. La CINA, en resumen, propugnaba que se estimulen las exportaciones industriales y se regule la política de importaciones, cambiando la tendencia de las compras estatales y apoyando la producción nacional de insumos. La Federación Argentina de Comercio Exterior, adherida a la CGE, por su parte, emitió un comunicado sobre el deterioro de la situación del sector externo. En él, afirmaron que la baja de los precios internacionales, una agresiva competencia para los productos manufacturados, el cierre de los mercados y la inestabilidad de las finanzas internacionales se reflejaban desfavorablemente en las posibilidades de colocación de los productos argentinos. La causante de tal situación sería el viraje en la política económica: “La Argentina alcanzó, hace no mucho, su más alto nivel de reservas, con una economía en pleno desarrollo y alta ocupación; a muy corto término, con una política económica distinta, nos encontramos con exportaciones decrecientes en volumen y en valor, una alarmante disminución de las reservas, que inducirá restricciones en las importación con la consecuencia de desempleo y paralización a muy corto plazo”. Clarín, 29 de abril de 1975. La entidad propuso un plan de apoyo a la empresa nacional que consistía en una serie de medidas. En primer lugar, establecer incentivos a la exportación de industrias de capital local -en función de la mano de obra utilizada, la tecnología y las materias primas nacionales- y la localización de las plantas fabriles. En segundo, la corrección global de los reembolsos y derechos de exportación. En tercero, la formulación de planes sectoriales plurianuales para empresas nacionales. Por último, en materia de importaciones, señalaron que se debía ahondar en la política de sustitución de importaciones y adecuarla al crecimiento de la producción y coordinar las compras según su origen, “comprando a quien nos compra”. Ídem. Precios y salarios La imposibilidad de contener los precios en medio de la crisis y las presiones de la movilización obrera obligaron al gobierno a llamar a una Gran Paritaria Nacional a principios de 1975, que marcó la agenda de la CGE en los meses subsiguiente. Reaparecía nuevamente el viejo problema de los salarios y la puja con la clase obrera, punto central de las intervenciones de la CGE y la CINA entre principios de 1975 y la consumación del golpe de estado en marzo de 1976. En una reunión destinada a tratar los cursos de acción por seguirse ante la convocatoria a paritarias, los dirigentes de la CGE decidieron dirigir un mensaje al Ministro de Economía, al Ministerio de Bienestar Social y a la CGT, para solicitarles entrevistas urgentes. Asimismo, solicitaron entrevistarse con la Presidente de la Nación, considerando que estando en vigor el Acta del Compromiso Nacional, las convenciones colectivas de trabajo debían enmarcarse dentro de una política global de salarios, precios y nivel de vida, y para ello deseaban evaluar todas esas posibilidades con las autoridades nacionales y con la CGT. La Nación, 11 de enero de 1975. Una vez abiertas por decreto las paritarias, a fines de enero, la CGE solicitó una entrevista con el Ministro de Trabajo, Ricardo Otero, a fin de conocer los alcances del llamado a las comisiones. La CGE manifestó que había encontrado “la mejor predisposición del empresariado nacional” y que “las bases para las negociaciones no tendrían ninguna limitación, ni siquiera en el aspecto salarial”. La Nación, 31 de enero de 1975. Mientras tanto, la CGT solicitó un aumento salarial de emergencia, como respuesta al deterioro del salario real, estimado en un 17% desde el último aumento de noviembre de 1974. La CGE propiciaba que este aumento se resuelva en el marco de la Gran Paritaria Nacional, lo que les daba la posibilidad de dilatarlo o morigerarlo. En cambio, la CGT aspiraba a un aumento fijo a establecerse por decreto del Poder Ejecutivo. Por otro lado, la CGE y la CINA demandaron que, de convocarse a la Gran Paritaria, deberían tratarse no solo temas salariales, sino también del tipo de cambio (para facilitar exportaciones), precios relativos entre sector industrial y agropecuario, ausentismo y créditos. La Nación, 13 de febrero de 1975. De esta manera, la CGE buscaba condicionar los aumentos salariales a compromisos gubernamentales y sindicales que compensasen los aumentos. Finalmente, el 1º de Marzo se dispuso el aumento salarial por decreto, tal cómo lo exigía la CGT. A su vez, se establecieron medidas de control de precios, para evitar que los empresarios trasladaran el aumento de costos que implicaban las subas salariales a las mercancías. La CGE criticó la resolución de la Secretaría de Comercio, a la que calificó como un “congelamiento de precios”, alegando, a su vez, que la misma no había respetado las pautas de la política de concertación. El ministro de Economía manifestó que dicha medida no implicaba congelamiento (aunque de hecho lo era), y que sólo constituía un nuevo mecanismo de control para que los aumentos salariales no se trasladen a los precios. Asimismo señaló que dicha medida estaba implícita en lo acordado por al Gran Paritaria Nacional. El comunicado de la CGE sostenía: “A pocas horas de la firma de la actualización del Acta de Compromiso Nacional, se ha violado uno de los principios básicos establecidos, que es la política de concertación. La decisión oficial adoptada a través de la resolución 1.987 de la Secretaría de Comercio, calificada de congelación de precios, ha sido decidida de forma unilateral e inconsulta. Esta resolución crea confusión e incertidumbre en todos los sectores, tanto empresarios como consumidores, y habrá de perturbar los planes de producción e inversión de las empresas.” La Nación, 8 de marzo de 1975. Otro de los problemas surgidos del naufragio de la política de concertación fue el desabastecimiento. En este marco, la CGE convocó a sectores comerciales e industriales directamente vinculados a la producción y comercialización de productos para analizar las causas que afectaban los niveles de abastecimiento. Los sectores empresarios representados plantearon que debía alcanzarse la adecuación total de la ley de abastecimiento a la “realidad actual” y su conversión en un instrumento idóneo y flexible a la cambiante economía universal. Clarín, 2 de abril de 1975. La CGE ataba el problema del desabastecimiento a la política oficial de control de precios, y exigía flexibilizar los controles y adecuar la normativa a una nueva realidad signada por una incipiente crisis inflacionaria y los aumentos salariales. En suma, la solución al desabastecimiento pasaba por permitir los aumentos de precios. Más duramente intervino la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, adherida a la CGE, que impulsó un lock out como medida de protesta por la grave crisis del comercio minorista, medida que finalmente no se concretó. La Nación, 23 de abril de 1975. Esta entidad solicitaba “la autorización para remarcar existencias a costos de reposición, el desabastecimiento, la intermediación innecesaria, o la aplicación excesiva de la ley de abastecimiento por parte de algunas municipalidades”. Ídem. Las pujas de sectores ligados a la CGE por obtener mejores precios para sus mercancías y limitar los aumentos salariales siguió a lo largo de todo el año. De hecho, uno de los conflictos más importantes de 1975, el intento de implementar un plan de ajuste y estabilización de la mano de Celestino Rodrigo, como veremos más adelante, tenía en mente resolver la cuestión reduciendo drásticamente los salarios reales. Las disputas frente a los anuncios de aumentos salariales continuaron luego del fracaso del plan Rodrigo, como se aprecia en varias declaraciones públicas de dirigentes de la CGE y la CINA, y tuvieron como blanco permanente la crítica a la CGT y al Ministerio de Trabajo, controlado por la burocracia sindical. La asunción de Antonio Cafiero al frente del Ministerio de Economía, luego del fracaso del Plan Rodrigo, reavivó las disputas en torno al problema salarial. Una de las medidas anunciadas por el flamante ministro fue la creación de un Instituto de las Remuneraciones, la Productividad y la Participación (IRPP). A su vez, comenzaron a circular rumores respecto a aumentos salariales. Ambos puntos fueron objetados por la CGE, primero extraoficialmente y luego, a través de declaraciones públicas. Contra el IRPP se argumentó que sus funciones estaban poco claras y que se superpondrían con otros organismos existentes. Sin embargo, el problema de fondo era que veían venir detrás del anuncio los temidos reajustes salariales. Así lo expresaron dirigentes de la CGE: “En definitiva, con la creación del Instituto se fortalece al sindicalismo (representado exclusivamente por la CGT) y [se] debilita la unidad empresaria. No nos molesta que se llame a participar a otras instituciones del empresariado; creemos que la Sociedad Rural Argentina tiene más que ver con la CGE que las agrupaciones que lideran los Sres. Tosco, Salamanca u Ongaro con la CGT nacional”. La Nación, 4 de octubre de 1975. La CGE no tenía empacho en asimilar a la CGT con el sindicalismo clasista representado por los dirigentes mencionados, en su afán por combatir los intentos de elevar salarios. En definitiva, se asimilaba a la CGT con los temidos “subversivos”, en una maniobra discursiva que, como veremos, fue ampliamente utilizada por los empresarios golpistas nucleados en APEGE. A su vez, se objetaba la imparcialidad del Ministerio de Trabajo, que apañaría a los “subversivos” de la CGT. Así, criticando declaraciones del dirigente sindical Casildo Herreras, los voceros de la CGE señalaron que Carlos Ruckauf tenía que ser cumplir sus funciones en tanto Ministro de Trabajo, no “Ministro de los trabajadores”. Idem. Aunque esta caracterización no se destaque por la precisión y la agudeza, expresa positivamente la disposición estratégica de la alianza contrarrevolucionaria, en tanto se dispone a enfrentar tanto a la fuerza revolucionaria como a la reformista. Las disputas por los aumentos salariales continuaron en los días siguientes. Julio Broner, presidente de la CGE, al salir de una reunión con el ministro Cafiero, sostuvo: “Es dañino hablar de esto [de aumentos salariales] porque la prioridad uno es eliminar la desocupación, que el gobierno ha estimado en el 6 por ciento, y por esto creemos que nuestra declaración de hoy es un llamado a la responsabilidad a todos los sectores, para recuperar el normal desenvolvimiento del aparato productivo”. La Nación, 5 de octubre de 1975. El directivo calificó a la generación de expectativas de aumento salarial como una medida “demagógica”: “No sé si es más importante un aumento de sueldo o la seguridad en el empleo”. “No es serio hablar de aumentos”, argumentó, “cuando el Estado y muchas provincias ni siquiera están al día con los sueldos”. Ídem. Detrás de las “preocupaciones sociales” del dirigente de la CGE se escondía algo bien concreto: presuponía que mantener los salarios bajos incentivaría a las empresas a contratar más empleados. Que a Broner no le preocupaba más que la rentabilidad de sus empresas lo demuestra el rechazo, en ese mismo momento, a dos iniciativas del Poder Legislativo. La CGE solicitó el veto de dos leyes, la de accidentes de trabajo y la de jubilaciones. Según Broner, “para evitar que se perturbe esa recuperación de la producción normal del país”. Cerró con una crítica a la promulgación de leyes sociales, ya que “después no hay presupuesto para pagar”. Algunos días más tarde, la CGE dirigió una nota al Ministerio de Economía, en la que se refería a “distintos factores que comprometen la supervivencia de muchas empresas, particularmente las de pequeña y mediana dimensión”. Entre otras cosas, requirió la suspensión por dos años de la ley 20.595 (que regulaba los concursos preventivos), que mediante la incorporación de un nuevo inciso al art. 11, condicionó el llamado a concurso de acreedores a la presentación, por parte del empresario solicitante, de la documentación que acredite el pago de remuneraciones y cargas sociales al día. La Nación, 7 de octubre de 1975. A mediados de octubre, consultado nuevamente sobre los rumores de aumentos salariales, Broner señaló que “es perdonable que un político propicie un incremento de sueldos, pero a un economista no se le puede perdonar”, en una crítica abierta al Ministro de Economía. Desmintió, a su vez, un enfrentamiento con la CGT, y finalmente señaló, en relación a su apoyo a un proyecto para restringir el derecho de huelga, que lo que se pretendía era vedar su utilización “a los guerrilleros que actúan en los establecimientos industriales”. La Nación, 13 de octubre de 1975. Estas declaraciones parecían colocar al directivo de la CGE en dirección a un alejamiento de la salida reformista y de un acercamiento a la contrarrevolucionaria: no sólo pretendía eliminar la “guerrilla fabril”, sino que al no negar ciertas concesiones a los sindicatos se colocaba en un enfrentamiento directo con las bases de la alianza reformista. No obstante, luego de una pulseada inicial con el ministro Cafiero, la dirección nacional de la CGE retomó el camino de las conciliación obrero-patronal, firmando una nueva acta para regular los aumentos de salarios y precios con la CGT y el Ministro de Economía. Entre esta negociación y las declaraciones del Broner podemos observar dos posiciones, que pueden estar expresando un conflicto interno. Como veremos, la insistencia en la política de concertación resultará cara a la dirección de la CGE, que tuvo que enfrentar una creciente oposición interna, encabezada por las fracciones de la CINA provenientes de la UIA, y por las regionales del noroeste del país. El Fondo Empresario: reaparecen las disputas inter-burguesas La decisión de crear un Fondo Empresario, en el marco de la Gran Paritaria Nacional, financiado con un aporte del 1,5 por mil sobre los sueldos de todas las empresas nacionales, que se destinaría, en parte iguales, a la CGE y a la CGT, reavivó los enfrentamientos entre los distintos sectores de la burguesía. Las cámaras empresarias, comerciales y agrarias, ajenas a la CGE manifestaron su oposición. La CGE, no obstante, también asistió a enfrentamientos internos por esta cuestión, entre algunos sectores de la CINA y su dirección nacional. La aprobación de la creación del Fondo por parte de la CGE habría disparado el reclamo de muchos de sus miembros, que aseguraban no haber sido consultados. Por esta razón, diversos asociados pertenecientes a la CINA comenzaron a organizar reuniones por ramas fabriles a fin estrechar relación entre los niveles dirigentes y las cámaras de la entidad. La Nación, 15 de marzo de 1975. Se vivía un estado de deliberación, que preanunciaba futuros enfrentamientos entre los viejos enemigos de la UIA y de la CGI. En los días que siguieron se sucedieron los ataques de diferentes organizaciones empresariales a la CGE. El consejo directivo de la Federación Industrial de la Provincia de Córdoba ratificó su pedido de intervención a la CGE nacional. La entidad manifestó su oposición al establecimiento de un aporte obligatorio mensual, ya que todos los empresarios pagaban, pero se beneficiaba exclusivamente a la CGE y la CGT. La Nación, 17 de marzo de 1975. Por su parte, la Cámara de la Construcción señaló que el acuerdo paritario excedía sus atribuciones al crear compulsivamente un aporte empresario permanente, que no pudo lograrse por vía parlamentaria. A su vez, criticó lo que a su entender era un aporte que atentaba contra la libertad de agremiación, beneficiando exclusivamente a una central empresaria que no era representativa del conjunto de la burguesía. Afirmó que su institución “siempre proclamó la libertad de agremiación para el empresariado y eso no fue obstáculo para ejercer la genuina representación de una de las actividades más importantes y trascendentes para su progreso”. La Nación, 17 de marzo de 1975. CARTEZ (Confederación de Sociedades Rurales de la Tercera Zona) también manifestó su total oposición a la creación del fondo gremial fundamentada por “la falta de representatividad de los que actuaron en nombre del sector empresario, destinatario de tal documento, y por constituir el mismo un atentado al fortalecimiento de las entidades de base”. La Nación, 17 de marzo de 1975. Se ponía en cuestión, nuevamente, la representatividad de la CGE respecto del conjunto de la burguesía. En el mismo sentido, la Comisión de Enlace de Asociaciones Rurales de La Pampa expresó “su incomprensión ante la flagrante violación al artículo 14 de la Constitución Nacional, determinando aportes compulsivos a la CGT y CGE, entidades que no los representan”. Ídem. En una línea similar expidieron comunicados un número considerable de entidades empresariales: la Comisión de Entidades Empresarias de Primer Grado, la Asociación de Industrias Argentina de Carnes, la Federación del Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, la Cámara de Grandes Tiendas y Anexos, la Cámara Argentina de Frigoríficos, Industriales y Exportadores de Carnes y Afines, la Cámara Argentina de Industriales Productos Equinos y la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas, la Asociación de Plantadores de Arroz y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. La Nación, 24 de marzo de 1975. En el marco de esta ofensiva de las corporaciones empresarias opuestas a la CGE contra el aporte, se conformó un organismo que unificó por primera vez a quienes, algunos meses más tarde, conformaría la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE). Este organismo se autodenominó Comité de Acción Empresaria y tuvo una vida efímera. Más allá de que el eje articulador era la defensa de sus intereses económicos inmediatos, el nucleamiento tenía también un cariz político, ya que implicaba el rechazo al programa político-económico reformista que se expresaba en la coalición CGE-CGT que sostenía al gobierno. Entre las entidades que conformaron este comité se encontraban la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Cámara de Sociedades Anónimas (CAMSOCANON), Cámara de Comercio Automotor, Unión Comercial Argentina (UCA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Sociedad Rural Argentina (SRA). El Comité se limitó a denunciar la medida y a recomendar a los empresarios el inicio de acciones judiciales frente a cualquier intento de cobrar el aporte. Finalmente, terminó desapareciendo de la escena pública cuando el gobierno descartó la cuestionada medida, aunque la confluencia sirvió de base para un nuevo acercamiento algunos meses más tarde. La Nación, 22 de marzo de 1975. Como respuesta, el comité de presidencia de la CGE resolvió convocar a una reunión de presidentes y secretarios de las entidades adheridas de todo el país para analizar cuestiones relacionadas con el Fondo Sindical-Empresario y la Ley de Asociaciones Empresarias, y manifestó que había grupos minoritarios que “están orquestando una enconada campaña contra ese fondo”. La Nación, 18 de marzo de 1975. La CINA, por su parte, pese a su inicial desacuerdo, parece haber llegado a un compromiso con la dirección de la CGE, exponiendo su apoyo a la creación del aporte obligatorio “como forma real del fortalecimiento de la acción empresaria organizada”. La Nación, 20 de marzo de 1975. Asimismo se entrevé una desautorización a gestiones personales de ciertos dirigentes de la institución, ya que la CINA señaló que ésta “se manifiesta únicamente a través de sus órganos representativos”. La Nación, 20 de marzo de 1975. Finalmente, la CGE resolvió que no se abonen los aportes al fondo obrero-empresario dado que el Ministerio de Trabajo no los había reglamentado. La entidad empresarial insistió en la necesidad de que el Congreso sancionase una ley al respecto, alegando que las organizaciones representativas deben contar con recursos suficientes para cumplir con eficacia su función, y que sería justo que fueran sostenidas por los integrantes del sector que representaban. La Nación, 27 de marzo de 1975. Estos enfrentamientos, cuyos ejes delineamos en los acápites precedentes, signados por la profundización de la crisis económica, nacional e internacional, por la intensificación de la crisis política y por el ascenso de la lucha de clases, se ahondarán en los meses subsiguientes. El fracaso del violento plan de ajuste puesto en marcha por Celestino Rodrigo, que intentó descargar sobre los hombros de la clase obrera los costos de la crisis, marcará un punto de inflexión. El enfrentamiento de distintas fracciones de la clase dominante contra el gobierno, que asumirá un carácter abiertamente golpista en esta etapa, marcará la tónica del período que se abría. En él se pondrá a prueba la unidad de la CGE, cuyo programa reformista y su apoyo al gobierno, se verán cuestionados por los empresarios que comienzan a operar a favor del golpe de estado. La salida ofrecida por los golpistas comenzará a atraer a un número importante de fracciones de la burguesía nacional que integraban la CGE, que comenzaron a desafiliarse de la Confederación en un proceso que la llevará a su virtual descomposición. Los viejos dirigentes de la UIA serán protagonistas de este proceso, horadando, desde adentro, la representatividad de la CGE. De estas cuestiones nos ocuparemos en los acápites que siguen. 4. El Rodrigazo y la ofensiva golpista El gobierno de María Estela Martínez de Perón realizó un violento giro en materia económica con el nombramiento de Celestino Rodrigo como ministro, que asumió el 2 de junio de 1975, con el apoyo de López Rega. El panorama económico era muy desfavorable. La crisis internacional hacía que se incrementen los precios de las importaciones, a la vez que se depreciaban los de las exportaciones argentinas. La consecuencia fue una drástica disminución de las reservas internacionales y la sobrevaluación de la moneda, que presionaba sobre una industria asediada por la competencia de los bienes importados. Rapoport, M.: op.cit., p. 570. El programa que Rodrigo intentó aplicar consistía en crear las condiciones para aliviar la crisis de balanza de pagos. Por un lado, estableció una devaluación del 160% para el tipo de cambio comercial y 100% para el financiero. Intentó reducir el déficit fiscal mediante un ajuste tarifario, que llegó al 181% para la nafta y 75% para el transporte urbano. Se reajustaron las tasas de interés mientras se liberaban las de depósitos a plazo fijo. Estos ajustes repercutirían sobre los precios de todas las mercancías, a los que no se puso ningún limite con los conocidos “acuerdos de precios”. A lo que sí se pretendió imponer un límite fue a los salarios obreros, que se estaban negociando en paritarias: Rodrigo operó para reducir los aumentos salariales al 50%, cuando antes de los ajustes tarifarios, Gómez Morales había pautado un 100%. En suma, se lanzaba un profundo ajuste que buscaba enfriar la economía, reestablecer el equilibrio en la balanza de pagos y recuperar ingresos fiscales para aliviar la situación de las reservas. Tamaño ajuste sería pagado por los obreros, cuyos salarios reales se verían congelados en medio de los aumentos generalizados de todas las mercancías. Sin embargo, más allá del apoyo explícito de sectores de la burguesía más concentrada, como el del CEA, Rougier, M. y Fiszbein, M.: op.cit., p. 97. pronto el plan se encontró con un obstáculo político: la resistencia de la clase obrera a ser la variable de ajuste. Rápidamente comenzaron a estallar paros parciales y movilizaciones contra lo que se conoció como “Rodrigazo”. Dirigida por cuadros de la izquierda revolucionaria, la resistencia al plan comenzó a darse órganos de coordinación que rebasaron la conducción de la burocracia sindical, en una escalada que amenazaba las propias bases de la dominación social. Para un análisis de las coordinadoras ver: Löbbe, Héctor: La guerrilla fabril. Clase obrera e izquierda en la Coordinadora de Zona Norte del Gran Buenos Aires (1975-1976), Ediciones ryr, Buenos Aires, 2009; Kandel, Pablo y Mario Monteverde: Entorno y caída, Editorial Planeta, Buenos Aires, 1976. El rechazo inmediato de las nuevas medidas por parte de la CGT no encontró igual actitud en la CGE. La misma se mostró reservada ante el proceso en marcha, aunque mantenía reuniones con las autoridades económicas y gremiales. Su argumento para tal silencio era que aguardaban a que se terminaran de definir y difundir todos los puntos del programa económico para pronunciar su opinión. En efecto, se hicieron esperar. Casi un mes después de los anuncios de Rodrigo, la CGE reclamó la necesidad de implementar las medidas financieras que permitieran a las empresas enfrentar la elevación de costos y la recesión. Luego de semanas de silencio, el presidente de la CGE, Julio Broner, declaró en conferencia de prensa que la situación no tenía los tintes dramáticos que se esgrimían desde la conducción económica. Señaló que la situación no era peor que la de 1973, y sostuvo que el diagnóstico dramático efectuado por Celestino Rodrigo tenía por objetivo justificar el “antipopular” plan económico puesto en marcha. Cronista Comercial, 15 de julio de 1975. La ofensiva de la CGE contra Rodrigo suscitó la reacción de los antiguos miembros de la UIA que dominaban la CINA. Así describía la situación el Cronista Comercial: “Se dirime hoy el nuevo pleito surgido al interior de la CINA entre sectores vinculados a la UIA y otros a la CGE. Es en relación a los dichos vertidos por el titular de la CGE. Los empresarios no comparten las opiniones de Broner y piden ser consultados antes de expedirse sobre cuestiones económicas. Sus diferencias quedaron plasmadas en un borrador de documento, surgido de una reunión presidida por el vicepresidente de CINA, Eduardo Braun Cantilo”. Ídem. Ese documento, citado por el periódico, señalaría que: “Los sectores que confluyeron en CINA no lo hicieron para ponerse al servicio de ideologías o de hombres. No aceptamos estar al servicio de nadie y exigimos que esas instituciones representativas hagan oír sus reclamos. La unidad sólo podrá mantenerse si la conducción de la institución es fiel voz representativa de las aspiraciones comunes y legítimos derechos empresarios”. Ídem. Por su parte, los sectores vinculados a la ex CGI acusaron a los ex UIA de ir “en desmedro de los postulados históricos de la entidad [la política concertada] para de ese modo, apoyar el plan Rodrigo”. En medio de la polémica, el ex ministro Gelbard salió a respaldar las declaraciones de Julio Broner: “Nos quieren vender un caos que no existe”. Ídem. Un comunicado de la CINA reiteraba su posición “catastrofista”, afín al diagnóstico de Rodrigo, que constituía un claro desafío a la dirección nacional de la CGE. Allí calificaron de “gravísima” la situación de la industria, con una virtual cesación de pagos, paralización de inversiones y caída en la productividad global del país. “La elevación de los costos laborales en un 160%, la de los insumos en un orden similar, han colocado a la industria en una situación financiera dramática. Sin acceso al crédito internacional, no encuentra medios alternativos para evitar la cesación de pagos. Frente ante esta situación, y en la medida en que no se tomen acciones de gobierno para subsanarla, el resultado será inexorable […] Las industrias no podrán pagar sueldos y jornales con las consiguientes perturbaciones sociales de las cuáles, desde ya, el sector deslinda toda responsabilidad [Es necesaria una] política de precios […] para resolver los problemas de fondo, ya que otras soluciones serán meros paliativos que prolongarán indefinidamente la situación.” Cronista Comercial, 17 de julio de 1975. Un dirigente de esta entidad, José Beltrán, iba aún más lejos, al plantear claramente la responsabilidad de la dirección de la CGE por la situación caótica que se vivía: “No se puede dejar de señalar el fracaso de la política de concertación ante el peligro de seguir con el desabastecimiento, el mercado negro, la presión impositiva, el deterioro del salario real y la falta de producción que desde hace dos años impuso la cúpula de la CGE”. La Nación, 15 de julio de 1975. Para la misma fecha, representantes de la CINA se reunieron con Celestino Rodrigo Y Conversaron sobre problemas relativos a la necesidad de ayuda financiera para el sector privado y sobre la “necesidad de aplicar la anunciada política de shock con cierto gradualismo, en el marco de un proceso de concertación con los sectores económicos representativos”. La Nación, 15 de julio de 1975. Es decir, consideraban necesarios los ajustes introducidos por la nueva gestión económica, pero se mostraban preocupados por la oposición que había suscitado las medidas en la clase obrera. Estos sectores expresaban así la necesidad de un cambio de rumbo ante el fracaso del Pacto Social, pronunciándose abiertamente en favor del “Rodrigazo” y claramente en oposición a la política liderada en su momento por Gelbard. Sin embargo, su embate contra la dirección nacional de la CGE no prosperó, ya que iba a contramano de un repudio cada vez más generalizado contra las medidas aplicadas por Rodrigo, que terminó renunciando al poco tiempo. Cronista Comercial, 16 de julio de 1975. Antes de la renuncia de Rodrigo, la dirección nacional de la CGE reclamó que se convoque urgentemente a una reunión multisectorial, para impulsar medidas que permitiesen corregir la difícil situación económica que atravesaba el país, apoyándose en que las “instituciones más representativas” se habrían pronunciado en contra de las medidas económicas de Rodrigo, afirmación que pasaba por alto el hecho de que una porción de la CINA apoyó la gestión del ministro saliente. Finalmente, con la dimisión de Rodrigo el 17 de julio, la CGE expresó sin tapujos su oposición al plan económico: “Estos conflictos serían provocados por una política económica que se aplicó sin consulta alguna con los obreros ni con los empresarios”. La Nación, 21 de julio de 1975. El “Rodrigazo”, como vimos, generó una crisis en el interior de la CGE, que se profundizará en los meses siguientes. La unificación no resultó tan sólida como exaltaban sus protagonistas. En el mes de abril ya se habían expuesto indicios de la crisis cuando Roberto Blanco y Martín Noel presentaron sus renuncias como directivos de la CGE. Días antes se habían reunido con el Ministro del Interior, aparentemente para discutir cuestiones relacionadas con la CGE y la representatividad del empresariado. Aunque ellos se defendieron argumentando que iban en representación de la CINA, su anterior afiliación a la UIA parece haber generado suspicacias sobre los verdaderos motivos del encuentro. Finalmente la dirección de la CGE rechazó las renuncias de los dirigentes, aunque no frenó la crisis. En el marco de una reunión del consejo superior de la CGE en Tucumán, se preparó un plan de medidas con el fin de enfrentar la crisis económica que incluían la creación de un Consejo Económico de Emergencia, integrado por representantes del Gobierno, de las Fuerzas Armadas, del Parlamento, de la CGT y de la CGE; se propiciaba la fijación de precios concertados mediante acuerdos con empresas líderes en cada sector; la renegociación de la deuda externa argentina, adecuación del tipo de cambio exportador, un sistema selectivo de cambios para las importaciones, entre otras. El documento incluyó medidas propuestas por el Instituto de Investigaciones Económicas de la CGE, la CINA y por los representantes de la provincias del NOA, que habían expuesto críticas a la conducción nacional de la entidad. Según Cronista Comercial, las medidas presentadas serían el producto de una negociación, en la que se intentaba conciliar las posiciones encontradas al interior de la corporación. Cronista Comercial, 26 de julio de 1975. Presentaron también un documento, el Acta de Tucumán, en la cual se llamó la atención al gobierno nacional, destacándose que: “el país ha sido llevado a una profunda y compleja crisis. La recesión avanza, la desocupación aumenta día a día, hay una virtual cesación de pago en los sectores productivos, cunde la desorientación y se extiende un manto de desaliento y escepticismo respecto de la posibilidad de una salida”. La Nación, 4 de agosto de 1975. Evidentemente, la situación política y la crisis interna obligaban a la dirección de la CGE a endurecer sus posiciones y profundizar su crítica al gobierno. La reunión del Consejo Superior finalizó con un aplauso cerrado, solicitado por el tesorero de la CGE, José Shaw, a las Fuerzas Armadas, que actuaban en Tucumán contra la guerrilla en el marco del Operativo Independencia. Ídem. Algunos días más tarde, el 9 de agosto, la CINA publicó una solicitada relacionada con la situación de la industria. Expresaba que “continúa alertando a las autoridades y al país sobre los niveles de producción y empleo por la falta de adecuadas políticas en los fundamentales campos del quehacer productivo nacional. Se ofreció no sólo una construcción colaborativa, sino también propuestas concretas y viables de solución, las que sólo serán posibles en el marco de la concertación que el país respalda”. La Nación, 9 de agosto de 1975. El 14 de agosto, luego de la breve y abortada gestión de Pedro Bonani, asumió Antonio Cafiero como Ministro de Economía. El flamante funcionario negó que tuviera prevista una devaluación importante; puntualizó que el déficit presupuestario, la balanza de pagos y la inflación eran cuestiones a las que se asignaría prioridad. Comentó que la economía había dejado de ser un coto para especialistas, debido a que muchos de sus aspectos se convirtieron en hechos de conocimiento popular y que todos eran conscientes de la gravedad del momento que se atravesaba. La Nación, 16 de agosto de 1975. Su política económica consistiría en una pequeña devaluación, refinanciación, expansión del crédito y duplicación del salario familiar. La CGE declaró que los lineamientos de la política anunciada por el ministro de Economía coincidían en lo fundamental con el programa de emergencia aprobado por el Consejo Superior de la entidad. Resaltaron las declaraciones del ministro al respecto de la vuelta a la política económica que lideró Perón, con diálogo y concertación, y que ésta “representa las aspiraciones de los empresarios nacionales”. La Nación, 30 de agosto de 1975. Estas apreciaciones no fueron compartidas por un sector importante de la CGE, nucleado en la CINA. El titular de los industriales, Carlos Coqueugniot, en las celebraciones del Día de la Industria, el 2 de septiembre, prefirió resaltar las dificultades económicas del momento antes que las coincidencias con el flamante ministro de Economía. Expuso que no sólo la industria, sino todo el conjunto económico del país, estaba atravesando por un nivel de iliquidez que restaba poder de compra al mercado interno y agravaba la situación financiera de las empresas, por el incremento de los costos. Para revertir el proceso, el presidente de la CINA sostuvo que deberían adoptarse medidas en relación a la adecuación de los créditos a las empresas según los nuevos costos. A su vez, volvía un viejo reclamo de los industriales: “adaptar los salarios” para hacer competitiva la industrial nacional. Obviamente se trababa de un eufemismo por el cual se pedía una reducción salarial, en sintonía con las medidas adoptadas en su momento por Celestino Rodrigo. Clarín, 15 de septiembre de 1975. Una reunión del Consejo Superior de la CGE, en Chaco, volvió a reflejar las disputas internas. En la crónica se reseña un enfrentamiento solapado entre los dirigentes porteños y los de las federaciones del interior. La tensión surgió por la relación con el gobierno nacional y la oposición a su política económica. En la fuente se señala que la dureza de los discursos de los dirigentes de las federaciones provinciales fue atenuada por la prudencia de los dirigentes porteños. Un dirigente provincial señaló que “como fruto de esta candente realidad, se presenta una instancia nueva para la institución empresaria que como lo calificó su titular, el Ing. Broner, resulta histórica. Y es la alternativa de su afianzamiento a través de una acción desvinculada e independiente de la conducción económica, o del debilitamiento de su poder político a causa de cesiones y paralelismos que sólo benefician a otros sectores”. La Nación, 13 de octubre de 1975. Se trataba de un claro mensaje hacia la dirección de la CGE, que seguía sosteniendo al gobierno nacional, cada vez con más oposición interna. Uno de los discursos más críticos en la reunión de Chaco fue el del titular de la CINA, Carlos Coqueugniot, quien señaló que luego de una leve detención de la pendiente económica en que estaba el país, “parece regresarse a un estancamiento”. Ídem.Afirmó que “son imprescindibles la seguridad jurídica, la paz social y el ajuste a la realidad”, y que las medidas adoptadas por el ministro de Economía están “fallando en su implementación y, de continuarse con ellas, caeremos en una recesión todavía mayor”. Señaló como problema destacado la “violencia”, “que destruye todo el esfuerzo hecho para mantener abiertas las fábricas”. Expresó también que “es absurdo distribuir una riqueza que sigue siendo potencial”, en una critica al intento de Cafiero de reflotar el programa reformista. Uno de los elementos que generó mayor crispación en la dirigencia empresaria fueron los anuncios de aumentos salariales realizados por Cafiero, que como vimos, fueron rechazados tanto por la CINA como por la dirección nacional de la CGE. La Nación, 12 de octubre de 1975. Si embargo, y a pesar de las críticas a la política económica de Cafiero, la CGE terminó apoyando el llamado a una nueva concertación obrero patronal del ministro. Ante la suscripción por parte de la CGE de una nueva Acta de Concertación con el Ministerio de Economía, direccionada a contener la inflación y obtener disciplina social, los conflictos internos se profundizaron. Emergió el descontento de seccionales provinciales de la CGE ante un nuevo intento de reflotar el reformismo. Una de las seccionales descontentas era la de Tucumán, que esgrimió que no se había consultado con las provincias, ni con los representantes del interior en el Consejo Superior de la CGE, antes de la firma del acta. El titular de la Federación Económica Tucumana, antes de partir hacia una reunión de emergencia en Buenos Aires con la cúpula de la Confederación, señaló que no permitiría un manejo personalista y sectario de la CGE. Contaba asimismo con el apoyo de los delegados del nordeste, que se iban a reunir previamente para unificar criterios de cara a la reunión con el resto de la CGE. La Nación, 24 de octubre de 1975. El periódico Cronista Comercial da cuenta también de las discrepancias y destaca que, a pesar de la ausencia de unanimidad, se aprobó igualmente lo actuado por la dirección nacional: “El debate empresario iniciado en la antevíspera por dirigentes de la CGE concluyó ayer con discrepancias por parte de dirigentes del NOA y San Juan. Sin embargo, la mayoría de los empresarios se inclinaron por aprobar lo actuado por la comisión directiva y reiterar su adhesión a la política de concertación como único instrumento idóneo para sacar al país de la crisis económica en que cayó luego del abandono del diálogo”. Cronista Comercial, 30 de octubre de 1975. El Acta suscripta entre la CGE, la CGT y el gobierno también fue condenada por otros sectores industriales. Uno de ellos fue el Movimiento de Unidad Industrial (MUI), que señaló en un comunicado que “se insiste en responsabilizar al empresariado de situaciones que competen en exclusividad al propio gobierno, aun en los casos que compartió esa responsabilidad con representaciones empresarias impuestas, no auténticas, y mucho menos mayoritarias”. Rechazó a su vez un acta que reviviría experiencias agotadas, que fueron las causantes de los problemas que se pretende superar, en una clara critica al Pacto Social de Gelbard y a la dirección de la CGE. Lo interesante del caso es que el MUI estaba integrado, entre otras cámaras industriales, por la ADIC (Asociación de Industriales de Córdoba), que no sólo era miembro de la UIA, sino la cámara de la que provenía quien en ese entonces era presidente de la CINA. La Nación, 1 de noviembre de 1975. En un contexto en el que ya se ventilaban abiertamente los planes golpistas, las declaraciones de apoyo a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la subversión no resultaban inocentes. Podemos destacar un comunicado de la CINA, que en el marco de la disputa con la dirección de la CGE por su respaldo al gobierno, puede leerse como un saludo a los planes golpistas: “Junto a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad somos los empresarios, todos nuestros colaboradores y los dirigentes sindicales los más duramente atacados por la subversión, tanto en los establecimientos industriales como en nuestros hogares. Somos víctimas indefensas de una acción de reducidos grupos que, pretendiendo autocalificarse de laborales, utilizando todo tipo de agresión, tendiendo a la destrucción de todo el aparato productivo nacional, para que el caos político y social –corolario del caos económico-, favorezca la imposición de su ideología y el logro de sus inconfesables objetivos. […] Las empresas carecen de la mínima seguridad para elaborar planes, sostener y elevar la producción y la productividad, organizar los medios de trabajo y mantener la indispensable disciplina en los establecimientos fabriles. […] Esta situación no sólo no se ha revertido sino que se ha visto agravada por recientes acontecimientos que son de dominio público. Importantísimas empresas industriales han paralizado su producción por conflictos artificiosos y, ante la falta de las mínimas garantías constitucionales de seguridad personal para sus directivos, su personal de supervisión y sus propios obreros. […] En todos los casos, la intervención del Ministerio de Trabajo ha sido tardía, insuficiente y parcial, permitiendo que estos conflictos se generalizaran y llegasen a situaciones extremas.” A contramano del tono más conciliador de la dirección nacional de la CGE, la CINA iba endureciendo su discurso, acicateada por la intensa campaña que habían emprendido los empresarios golpistas nucleados en APEGE contra el gobierno y la Confederación General Económica. A fines de noviembre, el vicepresidente de la CINA, Edmundo N. G. Paul (uno de los dirigentes provenientes de la UIA), se refirió a la situación del empresariado, en una reunión organizada por IDEA. Señaló que el estado de ánimo de los empresarios oscilaba entre “la perplejidad, la frustración y el desmayo”, enfrentando el crecimiento de la inflación, ahogos financieros, “leyes laborales que inducen el rendimiento decreciente”, dificultades de abastecimiento, variación de normas y otros problemas. La Nación, 27 de noviembre de 1975. Criticó la intervención del Estado, tanto por su intensidad como por “las formas que ha adoptado en nuestro país”, que en lugar de ordenar, generaba caos. Señaló, como ejemplo de la errada intervención estatal, que “se unifican salarios en la República, impulsando así a la concentración industrial en las grandes ciudades, y luego se dictan leyes y se dan subsidios para lograr la descentralización industrial, creando indirectamente un desequilibrio en sentido inverso por vía del impuesto.” “Se sobreprotege a la mujer, con lo cual se le hace más difícil encontrar empleo; se disminuyen horas o días de trabajo, se tolera la disminución de la eficiencia, etc.” Señaló que se ha ido erosionando la economía de mercado, criticando la política de fijación y concertación de precios. Por último, tomando clara distancia de las posiciones reformistas y confluyendo con la estrategia liberal, señaló: “el que no es eficiente tiene que dar lugar a otros que lo son”. La Nación, 27 de noviembre de 1975. A fines de diciembre, la CINA emitió una declaración pública en la que formulaba severos juicios sobre la situación nacional, que sirve como un claro ejemplo de una crítica cada vez más dura, y más lejana a su vez, de las posiciones asumidas por la CGE. “El grave deterioro económico, la exacerbación de los conflictos sociales, la carencia generalizada de las garantías legales y la violencia son signos de un país que contra todas sus reales posibilidades ha seguido un camino descendente en el contexto mundial de las naciones.” Reiteraban que el gobierno ha ignorado que “para repartir hay que producir”, y criticaron el incremento de las cargas sociales “sin atender al costo que significa generarlas y administrarlas”. Se ha hecho “un verdadero culto de la improductividad, confundiéndola con una conquista social”, señalaron. Según la CINA, el gobierno parecía haber olvidado que “el generador más dinámico y eficiente del crecimiento y de los empleos ha sido siempre el sector empresario privado”. Criticaron a su vez la política de concertación, atacando a los sindicatos y la política laboral emprendida por el Ministerio de Trabajo: “En el diálogo trabajo-empresa el sindicalismo abandonó su función auténtica. Los representantes de las organizaciones sindicales ocupan lugares de decisión en el Ministerio de Trabajo que convierte a una de las partes en juez. Los efectos de esta parcialidad y los de la subversión fabril han minado la autoridad del empresariado en su propia empresa creando un permanente clima de inseguridad. Simultáneamente, la rentabilidad empresaria ha sido objeto de una sistemática persecución, tal como si se tratara de un vicio social.” Los resultados de esta política “están a la vista”: “una lucha desenfrenada por el reparto provoca una inflación sin precedentes”; “se ha cortado de cuajo toda idea de inversión y de crecimiento. No se generan empleos nuevos. La infraestructura, en vez de crecer, se deteriora.” El descenso de la inversión lleva a la necesidad de importar productos que antes se producían localmente, aumentando la necesidad de divisas, mientras se desincentivan las exportaciones. El resultado sería la crisis de balanza de pagos. Mientras se descapitalizan las empresas privadas, el Estado absorbería más y más actividades improductivas, aumentando su ineficiencia. La Nación, 1 de noviembre de 1975. Dichas ideas confluían con el reclamo de los empresarios opositores, reunidos ya en APEGE, que pedían el restablecimiento del orden a toda costa y bregaban más o menos abiertamente por la consumación del golpe de estado. La campaña de APEGE, que tenía como uno de sus blancos a la CGE y su política de concertación con el gobierno nacional, tuvo eco dentro de la propia Confederación, que comenzó un largo proceso de desmembramiento en el que varias se sus fracciones se fueron sumando a la alianza contrarrevolucionaria, que se expresaba en la construcción de una salida golpista. Los empresarios de la CINA se agruparon en cuatro movimientos, que en distinta medida eran expresión de lo mismo: la crisis de la alianza reformista y de la política de concertación, la oposición a la dirección nacional de la CGE, a la que responsabilizaban por la crisis económica que estaban atravesando, y un acercamiento al polo de los empresarios golpistas encabezado por APEGE. Fueron apareciendo, entre agosto de 1975 y marzo de 1976, distintos reagrupamientos, dentro y fuera de la CGE, que expresaban su crisis: MEDI, MUI, MIA y COPAL. El MEDI (Movimiento Empresario del Interior) se originó en las críticas de los empresarios del Noroeste Argentino a la conducción de la CGE. Se organizó como una línea interna de la CGE, agrupando a diez seccionales provinciales, que actuaron como polo opositor y que, hacia 1976, terminaron confluyendo con APEGE y exigiendo la renuncia de Julio Broner y sus aliados a la dirección de la entidad. El MUI (Movimiento de Unidad Industrial) nucleaba al FEBA (Federación de Empresarios de Buenos Aires), que se había alejado de la CGE en 1973, y a la ADIC, que también confluyeron en APEGE, integrando su dirección. El MIA (Movimiento Industrial Argentino), conformada por antiguos dirigentes de la UIA, continuadores de su línea en el interior de la CINA, que desde adentro de la CGE se fueron constituyendo en uno de los polos de oposición a la dirección nacional. La última organización, COPAL (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios), de la rama agroindustrial, cuyos miembros, cámara y socios individuales provenían de la UIA y terminaron integrándose también a APEGE. Schvazer, J.: Empresarios…, op. cit., pp. 214 a 217. Todos estos nuclemientos terminaron convergiendo con los postulados de APEGE o ingresando directamente a sus filas. De este tema nos ocuparemos a continuación. 4.1. Camino al golpe La derrota de los planes del gobierno sufrida con la salida de Rodrigo, y la forma en que se produjo, empujada por una movilización de masas dirigida por la izquierda revolucionaria, que desbordó a la burocracia peronista, marcó un punto de inflexión. Desde este momento la burguesía agraria relanzó una ofensiva que había comenzado a comienzos de 1975, con un objetivo cada vez más claro: derrocar al gobierno. A ella se sumaron, paulatinamente, las corporaciones que expresaban los intereses de la burguesía comercial y financiera, y más tardíamente, la burguesía industrial. El enfrentamiento de las corporaciones de la burguesía agraria con el gobierno peronista se remontaba a 1973, cuando CARBAP se negó a firmar un acta de concertación con el gobierno, previendo la sanción de medidas que afectarían sus intereses económicos. Una vez sancionadas, en particular la fijación del precio de los productos primarios por parte del Estado, y su intervención reguladora en su comercio interior y externo, se fueron sumando el resto de las fracciones de la burguesía agraria a la oposición. A esto se sumaban los intentos de reforma de la estructura agraria, como la aplicación del impuesto a la renta potencial de la tierra o la ley agraria, que contemplaba la expropiación de tierras que no hayan sido puestas en producción. Estas últimas medidas nunca pasaron de la amenaza, ya que no se aplicaron, pero sirvieron para que las fracciones representadas por CRA y SRA comenzaran a organizar el frente opositor. La caída de los precios internacionales y la elevación de los costos internos hicieron de 1975 un año clave. Ya desde fines de 1974 SRA y CRA redoblaron sus críticas por los precios fijados oficialmente. En los primeros dos meses de 1975 se visualizaron varios movimientos de reclamos que tenían como eje los precios agrarios, con paros regionales, llamados a la rebelión fiscal, movilizaciones y piquetes “chacareros” a lo largo de todo el país. El paro agrario por 24 horas convocado por SRA, CRA y CONINAGRO para el 3 de marzo, terminó canalizando el descontento general en el agro, e inaugurando un ciclo de paros nacionales inédito en la historia argentina. A la ofensiva terminó sumándose FAA, que en 1973 apoyaba fuertemente al gobierno. Participó en los cuatro paros que siguieron, cada vez con mayor duración y de efectos económicos más profundos. Los dos últimos, luego del fracaso del Rodrigazo, en septiembre y octubre de 1975, tuvieron una duración de 11 y 18 días respectivamente, generando desabastecimiento, encarecimiento de los alimentos básicos, y cuantiosos problemas para el gobierno nacional. Sanz Cerbino, Gonzalo: “Tiempos violentos. Los paros agrarios de 1975 y la estrategia golpista de la burguesía”, Anuario CEICS, Nº 3, 2009; Makler, Carlos: “Las corporaciones agropecuarias ante la política agraria peronista (1973-1974)”, en Graciano, Osvaldo y Talía Gutiérrez (dir.): El agro en cuestión. Discursos, políticas y corporaciones en la Argentina, 1870-2000, Buenos Aires, Prometeo, 2006. En el marco de esta ofensiva de la clase dominante contra el gobierno democrático, redoblada en agosto de 1975, algunas de sus fracciones conformaron la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE), cuyos objetivos se van orientando paulatinamente hacia la perpetración de un golpe de estado. Como vimos, los primeros acercamientos de las organizaciones que la integraron datan de los primeros meses de 1975. Sin embargo, será fracaso del Rodrigazo el que terminará por definir su conformación, como herramienta para impulsar el golpe. Como señalamos, la salida de Celestino Rodrigo, y en particular, la oposición que desataron las medidas tomadas en amplias fracciones de la clase obrera, sirvieron para constatar, a quienes impulsaban el plan, que no podrían triunfar dentro de los marcos democráticos. La magnitud del ajuste que demandaba el saneamiento de la economía no podría llevarse acabo sin un feroz disciplinamiento del movimiento obrero, en particular, sin la eliminación de sus sectores más radicalizados, que ya comenzaban a ser denominados por los golpistas como “la guerrilla fabril”. Luego del Rodrigazo la ofensiva golpista se profundizó. Esto se observó, por un lado, en la radicalización de los discursos. Comienzan a reiterarse con insistencia una serie de elementos: en primer lugar, la caracterización de la situación como una crisis general, económica, política y social, producto de los errores del gobierno. A su vez, aumentaron las referencias al problema de la “subversión”, en la que se englobaba ya no sólo a las organizaciones armadas, sino también al activismo fabril que actuaba bajo la dirección de la izquierda. Por último, se insistía en la incapacidad del gobierno para dar salida a la crisis, acompañado de un insistente llamado al “restablecimiento del orden”, de claras connotaciones golpistas. APEGE es una parte central y profundamente activa en la ofensiva golpista, y, como veremos, uno de los ejes de su ofensiva fue el ataque contra los empresarios oficialistas nucleados en la CGE, a los que se buscaba ganar para el programa golpista. La creación de APEGE La constitución de APEGE data de agosto de 1975, producto directo del fracaso del plan económico de Celestino Rodrigo. Una fracción de la burguesía entendió en ese momento la necesidad de avanzar más crudamente sobre las tendencias revolucionarias que socavaban las posibilidades de relanzamiento de la acumulación de capital. APEGE constituyó la vanguardia de dicho movimiento. Los fundadores de la experiencia fueron la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Unión Comercial Argentina (UCA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP). Al poco tiempo se sumaron Sociedad Rural Argentina (SRA), Cámara de Sociedades Anónimas (CAMSOCANON), Bolsa de Comercio, Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Federación Económica de Buenos Aires (FEBA) y COPAL (Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios, Bebidas y Afines). Es importante destacar que las tres últimas entidades, formaron parte en algún momento de la CGE. Los empresarios de Buenos Aires se habían escindido de la CGE en 1973, en desacuerdo con el alineamiento de la entidad con el gobierno nacional. La Nación, 10 de octubre de 1975. ADEBA se desafilió en diciembre de 1975, también planteando diferencias con la dirección de CGE, y COPAL fue creada en 1975, reuniendo a cámaras que se estaban distanciando de la confederación oficialista. La Nación, 19 de diciembre de 1975. A poco de constituirse, APEGE representaba casi a la totalidad del comercio y el sector agropecuario, aunque no se habían sumado todavía muchos industriales, que continuaban bajo la órbita de la CGE. La Nación, 19 de septiembre de 1975; Acuña, op. cit. A mediados de septiembre se conformó el Secretariado Ejecutivo, que funcionaría como dirección de APEGE. Estaba constituido por representantes de algunas, las más importantes, cámaras empresarias que la integraban: Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Cámara Argentina de Comercio, Federación Industrial de la Provincia de Córdoba, Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, Cámara Argentina de la Construcción, Cámara de Sociedades Anónimas y Unión Comercial Argentina. Ídem. Hacia fines de octubre se realizó una reunión plenaria en donde se votó un programa de acción. El documento comenzaba caracterizando la situación del país, al que consideraban sumergido en una “gravísima crisis”, que no era sólo económica sino también ética, política y social. La Nación, 23 de octubre de 1975. El intervencionismo estatal, la burocratización creciente y la subversión, que el gobierno apañaría, serían los responsables de esta situación. Sin embargo, el conjunto de las instituciones democráticas debían rendir cuentas. Ídem. APEGE proponía un conjunto de medidas para resolver la crisis consistentes en la eliminación de los factores que impedían aumentar la productividad, tanto jurídicos como sindicales, la liberación de precios y del comercio exterior y el recorte del gasto público para enfrentar la inflación. Sanz Cerbino, G.: “El huevo de la serpiente…”, op. cit., p. 20. Las bases empresarias convalidaron el programa en tres asambleas simultáneas que se realizaron el 13 de diciembre, en Rosario, Bahía Blanca y Córdoba. Las mismas fueron llamadas bajo lemas que pugnaban por la restauración del orden y la defensa del capital privado. La Nación, 14 de diciembre de 1975; Cronista Comercial, 15 de diciembre de 1975. Los documentos votados, similares en las tres asambleas, finalizaban con un llamado a la acción en defensa de sus intereses y con la declaración del estado de alerta empresario. También advertían sobre la falta de autoridad del gobierno, la sumisión a los dirigentes sindicales, su incapacidad para revertir la situación y que, de no mediar cambios profundos, el país iba “camino al marxismo”. La Nación, 14 de diciembre de 1975. Al tiempo que APEGE avanzaba en el cercenamiento de las bases del gobierno peronista, los militares que encabezaron el golpe fueron posicionándose. Algunas de estas negociaciones entre civiles y militares han trascendido, como la reunión que mantuvo el Comandante en Jefe del Ejército, Jorge Rafael Videla, en noviembre de 1975, con dirigentes de Sociedad Rural. Allí se manifestó la preocupación por el avance de la “subversión”, a la que no se dudó en relacionar con la política del gobierno. Sociedad Rural Argentina: Memoria y Balance, 1976. El intento del gobierno de sancionar una nueva reforma impositiva a fines de 1975 constituyó el factor aglutinante que unificó a la burguesía en una acción política común contra el régimen democrático. El 20 de diciembre APEGE publicó una solicitada en la que denunciaba que el fin principal de esos recursos tributarios sería el “mantenimiento de los gastos improductivos ajenos al interés general” La Nación, 20 de diciembre de 1975., amenazando con un lock out. La reforma fiscal sancionada a principios de 1976, consistente en un impuesto sobre el patrimonio neto que gravaba las acciones, fue el motivo de una reunión de los directivos de APEGE con el ministro de Economía el 9 de enero de 1976. El encuentro no conformó a los empresarios, que un día después convocaron a una nueva asamblea empresaria para el 28 de enero, en la que se discutiría el plan de acción. La Nación, 10 y 11 de enero de 1976. Entre 700 y 800 empresarios, de acuerdo con los periódicos, se congregaron en la asamblea. Roberto Meoli, secretario de APEGE, abrió la reunión criticando a la CGE, cuestionando al gobierno y señalando la profundidad de la crisis. La Nación, 29 de enero de 1976; Cronista Comercial, 29 de enero de 1976. El ataque contra la CGE se expresó violentamente en las declaraciones de otros dirigentes. Osvaldo Cornide, de UCA, sostuvo que la CGE (“los empresarios” que se sentaron en la “mesa de deliberaciones con el gobierno y la CGT”), no era más que “una camarilla de delincuentes, muchos de los cuales ocupan cargos oficiales”. El presidente de FEBA señaló que la situación imperante tenía “una fecha de nacimiento, el 25 de mayo de 1973, y un responsable: José Ber Gelbard y su camarilla. [El ministro de Economía] Cafiero actúa como bombero que arroja nafta en lugar de agua para apagar un incendio”. Ídem. La virulenta disputa con la CGE expresaba la lucha por ganar a los empresarios que todavía la apoyaban para el programa golpista. Más allá del enfrentamiento con los empresarios afines al gobierno, la discusión en la asamblea pasó por dos ejes. En primer lugar, la hiperinflación, que se achacaba al excesivo gasto público. Atado a eso iban las críticas a la reforma fiscal impulsada por el gobierno, a la que consideraban una forma de financiar los desmesurados gastos del Estado. El otro tema excluyente fue el “avance sindical”, apañado por una legislación permisiva que sería la causa de la caída de la productividad e incidiría también en el crecimiento de la inflación. Ídem. En la asamblea se resolvió, finalmente y por unanimidad, que si el gobierno no modificaba la política económica llamarían a un lock out. Además otorgó mandato al secretariado ejecutivo que posteriormente fijó fecha para el 16 de febrero de 1976. A lo largo de las dos primeras semanas de febrero fueron llegando adhesiones de distintas cámaras al lock out, votadas en centenares de asambleas a lo largo de todo el país. Muchas de estas cámaras estaban adheridas a la CGE, pero no obedecieron la posición oficial de su dirección de no respaldar la medida. Según los organizadores, las cámaras que adhirieron al paro llegaron finalmente a 1.200, aunque otras fuentes indican un número levemente menor. Kandel y Monteverde hablan de 935 entidades. Kandel, Pablo y Mario Monteverde: Entorno y caída, Editorial Planeta, Buenos Aires, 1976, p. 136; La Nación, 14 de febrero de 1976. Lo que nadie discute es el apoyo masivo a la medida, sobre todo en el agro y en el comercio. Según los organizadores, se sumaron el 90% de las cámaras empresarias de todo el país. La Nación, 16 de febrero de 1976. El gobierno, por su parte, exhortó al empresariado mediante un comunicado a levantar el paro, en vista de que podía generar enfrentamientos con los sectores obreros. A su vez, se reservó el derecho de aplicar “todo el rigor de la ley” contra sus instigadores. La Nación, 14 de febrero de 1976. El domingo 15 de febrero se hizo público un comunicado de la Secretaría de Transporte amenazando con sanciones a las empresas que no prestaran el servicio. Por esa razón, la Federación de Trasportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), garantizó la circulación de autobuses y señaló que su adhesión al lock out tendría un “carácter simbólico”. La Nación, 15 de febrero de 1976. Las autoridades nacionales contaron con el apoyo de algunas de las entidades pertenecientes a la CGE. La Federación de Centros Comerciales de la Capital Federal y del Gran Buenos Aires, envió una comunicación al ministro del Interior denunciando la campaña de APEGE para que los comerciantes se plieguen al paro: pedían que se investigue su financiamiento y que se los procese por asociación ilícita y sedición. La Nación, 14 de febrero de 1976. No fueron la única organización que sancionó el paro. Las Juventudes Políticas, Compuesta por la Juventud Radical, la Federación Juvenil Comunista y la Juventud Peronista Regional 1. emitieron una declaración que señalaba que el lock out tenía objetivos golpistas y llamaba a los obreros, pequeños comerciantes y campesinos a enfrentarlo. La Nación, 16 de febrero de 1976. En igual tónica se expresó la CGT, que llamó a los trabajadores a boicotear la acción patronal. Ídem. No obstante los intentos por minimizar las repercusiones de la medida de fuerza, la crónica de La Nación señaló que el paro contó con una adhesión casi unánime, y que sólo faltaron algunos sectores de la industria. La Nación, 17 de febrero de 1976. Sostuvieron el paro empresarios de la zona industrial del oeste y noroeste de la capital, y del Gran Buenos Aires. Capital mostró señales de adhesión principalmente en el sector transporte. En el Gran Buenos Aires los cronistas de La Nación estimaban que sólo un 10% de las fábricas trabajaron en forma ininterrumpida. Según FEBA, el paro en el comercio y la industria en la provincia de Buenos Aires superó el 95% de adhesión. Los grandes establecimientos de firmas extranjeras no participaron del paro. En Córdoba la adhesión habría oscilado entre el 90 y el 100%. Uno de los organizadores del paro, del que no se menciona nombre, señaló que las bases de la CGE se plegaron al paro desconociendo la línea de la dirección nacional. Ídem. La misa convocada el 16 de febrero por una de las entidades que impulsaron el paro, la COPAL, en homenaje a los empresarios “abatidos por la violencia”, muestra la tónica política de las acciones de APEGE. Mismo la decisión de no realizar el paro en la provincia de Tucumán, en donde el Ejército desarrollaba el “Operativo Independencia”, por “miedo” al “caos” que podía generar la “subversión” y para que la acción no sea utilizada en sentido contrario al propuesto: o sea, para que quede claro que se trataba de una medida contra el gobierno, no contra las FFAA. La Nación, 16 de febrero de 1976. El impacto político de la medida del 16 de febrero fue aún más significativo que los paros comerciales agrarios de 1975 Duraron 11 y 18 días cada uno, generando problemas de abastecimiento y aumento en los precios de la carne, en un contexto económico ya signado por la hiperinflación y el desabastecimiento. Demostró que la burguesía apoyaba masivamente el golpe y que el gobierno perdido el apoyo de la clase dominante. A su vez, la medida sirvió para medir el respaldo que conservaba el gobierno entre los trabajadores. La pasividad de los sindicatos, que, salvo expresiones aisladas, no salieron a enfrentar el paro golpista ni a sostener al gobierno, terminó de definir su suerte. El futuro golpe de Estado tenía el respaldo de la clase dominante, y se había obtenido, por lo menos, la neutralidad de los trabajadores. A pesar de que para principios de marzo ya todo estaba dicho, y al golpe de Estado solo le faltaba una fecha, APEGE siguió fogoneando esa salida, y socavando el poco apoyo que le quedaba al gobierno. En efecto, el 20 de marzo CRA, uno de los miembros de APEGE, convocó a un paro nacional a iniciarse el 27 de ese mes. Unos días después, Jorge Aguado, dirigente de CRA y de APEGE, y futuro Ministro de Agricultura de Viola y Gobernador de Buenos Aires con Galtieri sostuvo posiciones claramente golpistas en declaraciones públicas, reiteradas por FEBA el 22 de marzo en un comunicado. Esto es lo que decía Aguado: “Debemos decir que no son las instituciones por si solas las que van a producir las soluciones para los problemas nacionales, sectoriales o individuales, si quienes las integran no están a la altura de las circunstancias y actúan sólo dominados por minúsculos intereses políticos o materiales. Son los hombres que las integran los que deben salvar a las instituciones para que éstas salven a la República, pero si los hombres no actúan en función del verdadero interés nacional como integrantes de las instituciones, nadie podrá sorprenderse que tanto el gobierno como las instituciones legislativas, políticas, gremiales empresarias o sindicales desaparezcan aplastadas por el peso de su propia incapacidad o inoperancia.” Aguado, J.: Cuatro años de acción gremial, CARBAP, Buenos Aires, 1977, p. 244. El comunicado de FEBA, difundido el 22 de marzo, pocas horas antes de que el golpe, es contundente: “La crisis que afecta al país llega a su punto límite. La elocuencia de los hechos ha superado todas las previsiones. Nadie espera ya nada de un sistema de poder que no ha tenido ni tiene ninguna respuesta para que los argentinos salgamos de la dramática situación que nos agobia. Hasta quienes hace pocos meses acusaban de agoreros y alarmistas a quienes denunciamos el carácter y la gravedad de la crisis, hoy pretenden encabezar movimientos de protesta [...] Corresponde sí, señalar que a esta dramática situación no hemos llegado por casualidad ni como consecuencia de problemas internacionales o designios sobrenaturales. A esta crisis nos condujo la ceguera, la incapacidad y la inmoralidad de una capa dirigente que desde la dirección de entidades empresarias, sindicatos, partidos políticos y organismos públicos elaboró e implementó las medidas que desataron el actual caos. Por eso, no es cierto que los problemas argentinos no tengan solución. La tienen si en primer lugar se restablece el orden y la seguridad para las personas y bienes. Si se sanciona a los delincuentes que utilizaron la función pública o el poder gremial para enriquecerse y se devuelve la fe a los argentinos. Si se toman las medidas para que la inversión y el trabajo sean gratificados en lugar de perseguidos. Si se demuestra al país que existe un gobierno y un Estado con las mínimas condiciones de autoridad y seriedad. Si se encaran los problemas de fondo como los del gasto público o de las industrias básicas con realismo y no con palabrerías. Si, en suma, se zafa a la Nación de la varadura en la que la ha introducido la nefasta política económica iniciada en 1973, la actuación de los grupos subversivos y la complicidad conciente o inconciente de un sistema político absolutamente divorciado de las necesidades del país. En esta hora de definiciones, el auténtico empresariado nacional sostiene que la situación es dramáticamente grave, pero que el país tiene reservas orgánicas para revertir la situación y encaminarlo a un futuro de grandeza.” La Nación, 22 de marzo de 1976. El programa delineado por APEGE, dirección moral y núcleo del partido del orden, en septiembre del ’75, culminó imponiéndose y encontrando en el personal técnico militar su ejecutor. El programa planteaba la necesidad de restablecer el orden, eliminando a la subversión. A su vez, buscaba suprimir aquellos “escollos” que impedían el desarrollo del proceso productivo e impedían el aumento de la productividad. Se referían a los instrumentos legales y organizativos con que la clase obrera bloqueaba el aumento de la explotación, y en particular, a las comisiones internas y secciones sindicales dominadas por la izquierda, la “guerrilla fabril”. En tercer lugar, se apuntaba a un recorte de los gastos estatales y a eliminar los aumentos de impuestos que servían para financiar el déficit público. Por último, con un objetivo similar al del punto anterior, se abogó por la liberación de los precios y del comercio exterior. Se buscaba eliminar los mecanismos de transferencia de renta, con los que el Estado subvencionaba el consumo y protegía a una industria incapaz de competir. 5. La descomposición de la alianza reformista: el final de la CGE Acompañando la ofensiva golpista, un considerable número de corporaciones empresarias regionales se fueron desafiliando de la CGE entre septiembre y diciembre de 1975, criticando su respaldo al gobierno y sumándose a las filas de APEGE. COPAL, conformada en estos meses con cámaras provenientes de la CINA, confluyó desde la primera hora de APEGE. También el Movimiento de Unidad Industrial (MUI), integrado entre otras cámaras por la ADIC, que pertenecía a la CINA, resolvió en diciembre de 1975 “apoyar las reuniones organizadas por APEGE”. La Nación, 12 de diciembre de 1975. Otro miembro del MUI, FEBA, que se desafilió de la CGE en 1973, participó de las reuniones en las que se conformó APEGE y formó parte de su dirección. En septiembre, dos entidades vinculadas con la actividad del sector agropecuario se desafiliaron de la Confederación de la Producción de la CGE: la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y la Unión General de Tamberos. La Nación, 8 de septiembre de 1975. De esta forma la CGE perdía a las últimas corporaciones de la burguesía agraria que permanecían bajo su égida. La más importante de ellas, la Federación Agraria Argentina, miembro histórico de la CGE, se había desafiliado de la corporación nacional a mediados de julio de 1975. Su desafiliación fue el resultado de un largo proceso de enfrentamiento con el gobierno nacional a raíz de los precios agrarios fijados oficialmente, que la había llevado a confluir con CRA y SRA en cuatro de los cinco paros agrarios realizados ese año. La Nación, 15 de julio de 1975. Una de las disidencias más importantes es la de las confederaciones económicas de las provincias del nordeste argentino, todas ellas regionales provinciales de la CGE, que posteriormente conformarían el MEDI. Como vimos, el movimiento disidente comenzó a gestarse en oposición a la concertación acordada por la CGE con el ministro de Economía Cafiero. La oposición había sido impulsada por la Federación Económica de Tucumán, que buscaba acaudillar la oposición de otras regionales opuestas a la dirección nacional de la entidad y a su política de concertación con el gobierno peronista. En diciembre, estas federaciones publicaron una solicitada en la que criticaban duramente la política económica del gobierno, y se posicionaban en contra de que la CGE mantuviera su apoyo. Firmaban la nota la Federación Económica de Catamarca, Confederación Económica de Jujuy, Confederación Económica de Misiones, Federación Económica de Mendoza, Federación Económica de San Juan, Confederación General Económica de Salta, Confederación General Económica de Santa Cruz y la Federación Económica de Tucumán. El objetivo de la solicitada era “plantear, en lenguaje claro, simple y descarnado, el análisis de la realidad económica actual, que es la resultante de la política económica aplicada a partir de mayo de 1973, que ha empobrecido al país, sumiéndolo en la angustia y la desesperanza”. Señalaron que salían a hacer públicas sus posiciones “convencidos de que los plazos están definitivamente vencidos”, ante la falta de una autocrítica por parte de los dirigentes de la CGE nucleados en torno a Gelbard y los intentos por reflotar una “filosofía económica” que había fracasado. Según su balance, quienes asumieron el poder en 1973 contaban con un escenario propicio para relanzar la economía, ya que tenían el apoyo de las masas y “un aparato productivo potencialmente apto”. A pesar de la inflación, el país había acumulado reservas y significativos saldos exportables agrícolas, en un mercado con demanda creciente. “Es decir, […] estaban dados todos los elementos para iniciar con adecuadas medidas de Gobierno, el gran despegue hacia la Argentina Potencia [...] Pero en mayo de 1973 comenzó a aplicarse una política económica de neto corte estatizante, que buscando redistribuir una riqueza que no ayudó a generar, condujo al gradual deterioro del aparato productivo. Los resultados están a la vista.” Entre los “nefastos” resultados de la política económica peronista se señalaba: “lucha de clases, fortalecimiento de la subversión”; “se llevó la política de distribución del ingreso hasta el límite de paralizar el proceso de inversión”; descapitalización de la empresa privada, inflación, “disminución de la eficiencia, de la productividad y del empleo de los recursos disponibles”; “desaliento de la actividad empresaria”; “macrocefalia e hipertrofia del aparato estatal”; “avance de las funciones estatales sobre la iniciativa privada”; “ineficiencia del aparato estatal”. Confrontaban, a su vez, con lo que calificaban como una “filosofía importada, colectivizante y estatizadora, que tiende a anular los valores más trascendentes de la personalidad y el estilo de vida de los argentinos”. Exhortaban a todos los empresarios del país a tomar una participación activa y militante en los organismos de base del Movimiento Confederal (CGE). Es decir, a luchar por la dirección de la CGE, que estaba en manos de aquellos que habían ideado, en 1973, el plan económico que llevó al país al borde de la ruina. Finalizaban señalando: “Será necesario entonces, que cada hombre asuma en la hora crítica, las responsabilidades constructoras, así como lo están haciendo las Fuerzas Armadas frente a la subversión. PORQUE EL FUSIL POR SI SÓLO NO SERÁ SUFICIENTE, todo argentino, en el marco de sus actividades, ya sea tomando posición, definiendo pensamientos, y superando ese extraño acto de autodestrucción, que tan sutilmente lograron deslizar los extremismos en el pensamiento de los argentinos, deberá ser el protagonista de una auténtica creación de la Patria que todos, con justicia, aspiramos a realizar.” La Nación, 12 de diciembre de 1975. Las coincidencias con el programa de APEGE son evidentes. La exhaustiva campaña emprendida por los empresarios golpistas, para horadar las bases de la CGE y arrebatar el apoyo de estas fracciones de la burguesía al gobierno estaba surtiendo efecto. Ante la profundización de la crisis, el reformismo va perdiendo apoyo entre los empresarios, y su expresión corporativa, la CGE, comienza a desmembrarse. No es casual entonces, que sean estas regionales de la CGE las que, desobedeciendo la línea oficial de la dirección nacional, se sumen en febrero de 1976 al lock out impulsado por APEGE. También en diciembre, la Federación de Asociaciones de Bancos Argentinos, que reunía a dos instituciones de la banca privada nacional (ADEBA -Asociación de Bancos Argentinos- y la Asociación de Bancos del Interior), resolvió desafiliarse de la CGE y conformar la Unión de Entidades Financieras Argentinas (UDEFA). La Nación, 19 de diciembre de 1975. Como vimos, ADEBA terminó ingresando a APEGE. La decisión de APEGE de pasar a la acción, convocando a un lock out para el 16 de febrero de 1976, terminó de definir la suerte de la CGE. A la crisis interna de la entidad se sumó la atracción que ejercía el polo de los empresarios golpistas, generando una ola de desafiliaciones e indisciplina dentro de la entidad reformista, con decenas de entidades que decidieron sumarse al lock out a pesar de la línea contraria planteada por la dirección nacional de la CGE. Asistimos, de esta manera, a un proceso de descomposición de la entidad, que no es más que una expresión de un proceso más general: la descomposición de la alianza reformista y la polarización social en torno a dos alternativas: la revolución o el golpe militar contrarrevolucionario. A principios de febrero de 1976 una asamblea de la filial bonaerense de la CGE realizada en Olavarría, con la presencia de más de 100 delegados, condenó severamente la política económica del gobierno y se dispuso ejecutar “medidas concretas de protesta, incluyendo un paro general de actividades en todo el territorio de la provincia”. A su vez, se dispuso sustentar esa posición crítica en el seno de la conducción nacional de la CGE. En la declaración se caracterizó negativamente la situación económica, siendo expresión de ello la caída de la productividad y de la producción, la iliquidez, la hipertrofia de la burocracia estatal y la “anarquía laboral”, entre otras. La Nación, 2 de febrero de 1976. Mientras tanto, el Consejo Superior de la CGE debatía para consensuar una declaración sobre la situación política, que dé respuesta a la inquietud de las bases ante el inminente anuncio del paro de APEGE. Sin embargo, las diferencias internas primaron. La reunión se dilató por las discusiones que surgieron en torno al énfasis en la crítica a la política económica oficial y a las propuestas de acción. La Nación, 3 de marzo de 1976. Finalmente, la CGE resolvió declarar el estado de emergencia nacional, en un documento que expresó sus críticas al gobierno y que disponía la posibilidad de convocar a medidas de protesta, que serían resueltas oportunamente por su conducción. El documento emitido condenaba la inflación, a la que no se atacaría correctamente, y criticaba el aumento de los presupuestos nacionales, provinciales y municipales, que se sostendrían en el incremento de los impuestos. También se refirió negativamente al “desorden laboral”, alentado por la Ley de Contrato de Trabajo y por la actitud parcial del Ministerio de Trabajo. Llamaba, en ese sentido, a “reestablecer la disciplina en la producción”. Por último, criticó la “inseguridad empresaria, fruto de la violencia reiterada”. La Nación, 4 de febrero de 1976. El documento demandaba que: “[El] gobierno asegure el orden, el respeto y la tranquilidad física y jurídica del empresario; la modificación de la ley de Contrato de Trabajo y de todas aquellas normas legales que atentan contra la productividad y el desenvolvimiento de las empresas, junto con una política laboral que preserve la neutralidad del Ministerio de Trabajo y [el] trato equitativo para sectores laborales y empresarios; que se eviten los enfrentamientos estériles entre sectores; [...] la necesidad de implantar un programa coherente de contención del proceso inflacionario, de incremento de la productividad y de la inversión privada productiva, y la aplicación de una política salarial coordinada con la estabilización económica y el incremento de la producción.” Ídem. También solicitaba la “reducción severa” de los presupuestos nacionales, provinciales y municipales; la reducción de las cargas impositivas y de los sistemas de indexación; la derogación de las normas legales que trababan la comercialización y la producción; la instauración de una política crediticia; la fijación de precios retributivos, pagados en tiempo y forma. En suma, la CGE hacía propias las exigencias de APEGE, aunque no se planteaba una confluencia con aquella entidad. Anunció que convocaría a medidas de fuerza, como cierres de comercios y manifestaciones. El criterio de aplicación sería progresivo, y sus alcances y efectos, controlados. El miércoles 11 de febrero la Confederación Industrial Argentina (CINA), publicó una solicitada en la que caracterizaba la situación como “grave emergencia nacional”, y sostenía que estaba en peligro la Nación misma. Señalaba, a su vez, que era necesario detener el “desborde de poder” del sindicalismo. La reversión del proceso demandaría el sacrificio de todos, pero, sin embargo “es imprescindible deponer toda actitud tendiente a defender sólo el interés sectorial por encima de los intereses de la Nación toda”. Esta frase era una clara referencia al paro de APEGE, al que explícitamente la CINA no adhirió. La Nación, 11 de febrero de 1976. Las concesiones discursivas efectuadas por la dirección de la CGE no alcanzaron a contener la sangría que estaba sufriendo. La atracción que ejercía el programa de APEGE, y la desconfianza generada por una dirigencia que había avalado la política oficial hasta no mucho tiempo atrás, pesaron más. Durante las dos primeras semanas de febrero una cantidad importante de corporaciones se desafiliaron de la CGE, criticando a su dirección y plegándose al plan de lucha de APEGE. El 6 de febrero se hizo pública la desafiliación de la Liga de Comercio, Propiedad e Industria de Punta Alta y su adhesión al lock out del 16. La Nación, 6 de febrero de 1976. El 7 de febrero la Corporación de la Industria y el Comercio de Bahía Blanca resolvió desafiliarse de la CGE en una asamblea en la que se “juzgó severamente” a los dirigentes nacionales por su responsabilidad en la política de control de precios, las leyes de abastecimiento, los códigos de trabajo y por ocupar cargos políticos en el gobierno. La Nación, 8 de febrero de 1976. La Cámara de la Industria Curtidora Argentina resolvió desafiliarse de la CGE y de la CINA el 11 de febrero, señalando que “dichas entidades han desvirtuado los auténticos principios del empresariado nacional al haber avalado una política económica que llevó al país al caos actual”. Declaró apoyar los principios de APEGE y adhirió al paro. La Nación, 12 de febrero de 1976. También se desafiliaron el Centro de Industria y Comercio de Río Colorado, La Nación, 15 de febrero de 1976. la Cámara Comercial e Industrial de Tandil, la Cámara Empresaria del Transporte Automotor de Pasajeros La Nación, 24 de febrero de 1976. y la Cámara Argentina de Mercerías y Anexos, La Nación, 17 de marzo de 1976. entre otras. La situación obligó a la CGE a convocar a tibias medidas de protesta, para contrarrestar el efecto causado por el lock out de APEGE. El 11 de febrero se resolvió convocar a una “semana de protesta del empresariado nacional” entre el 21 y el 28 de ese mes. No son casuales aquí las fechas: diez días antes APEGE había anunciado su lock out, que se produciría tan sólo seis días después del anuncio de la CGE. La medida se efectivizaría con la realización de apagones o paros simbólicos, actos públicos y manifestaciones. La Nación, 12 de febrero de 1976. A pesar de ello, el desmembramiento de la confederación no parecía tener fin. En los días previos al 16 de febrero se conoció el pronunciamiento de las diez regionales provinciales de la CGE que habían manifestado previamente sus disidencias. Las Federaciones y Confederaciones de Santa Cruz, La Rioja, San Juan, Mendoza, Salta, Jujuy, Misiones, Córdoba, Tucumán y Catamarca, hicieron público que se sumaban a la medida convocada por APEGE. Frente al hecho consumado, la CGE no tuvo más remedio que virar su posición respecto a la medida. Luego de varias solicitadas oponiéndose al paro, finalmente, su vicepresidente primero y su secretario, en conferencia de prensa, anunciaron que “no deseaban entrar en competencias con otras entidades”, y que dejaban en libertad de acción a sus afiliados para que adhieran al lock out. La Nación, 15 de febrero de 1976. Luego del un febrero agitado, la crisis interna de la CGE continuó desarrollándose. El 7 de marzo se conoció la renuncia de su presidente y 5 vocales, y algunos días después la convocatoria a un lock out en la Provincia de Buenos Aires, por 48 horas, que tuvo escasa repercusión. La Nación, 9 y 19 de marzo de 1976. El 14 de marzo se constituyó un nuevo reagrupamiento empresario al interior de la CGE, el Movimiento de Empresarios del Interior (MEDI), integrado por las federaciones y confederaciones de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan y Tucumán (aquellas que se habían sumado al paro de APEGE). El nuevo ente exigió en un documento la renuncia de las autoridades de las tres cámaras que conformaban la CGE: Confederación General del Comercio, Confederación General de la Producción y Confederación Industrial Argentina. A su vez, se exigió la renuncia de la dirección nacional de la CGE. Entre otras razones, argumentaron que esa conducción había avalado las políticas que llevaron al empresariado a la quiebra, “propiciando esquemas ajenos a nuestra mentalidad, imponiendo ideologías estatizadoras y colectivizantes”. La Nación, 15 de febrero de 1976. Un día después, la filial Córdoba de la CGE criticó a la conducción nacional de la entidad, señalando que no había defendido a los pequeños empresarios por su alianza con el gobierno, y que eso hacía mermar la confianza de sus bases. Reclamaba de la confederación “auténtica independencia” y la renuncia de sus autoridades. La Nación, 16 de febrero de 1976. Es evidente la polarización que suscitó la profundización de los enfrentamientos sociales. En ese escenario, no había demasiado margen para la conciliación, y la CGE pagó el precio con su desmembramiento. La amenaza que pesaba sobre el conjunto de las relaciones sociales merced al avance de las fuerzas revolucionarias, parece haber sido determinante para la unificación de la clase dominante detrás del Partido del Orden. En este proceso de descomposición, muchas de las cámaras industriales y federaciones provinciales integrantes de la UIA se realinearon en la estrategia liberal, luego del interregno reformista sellado con la unificación en la CINA-CGE. 6. La UIA ante el golpe militar El golpe militar intervino la CGE, sus cámaras y federaciones, y al cabo de un año decidió su disolución, expropiando todos sus bienes. Además, dejó sin efecto la fusión en la CINA de la CGI-UIA. Sin embargo, en contraposición a la suerte corrida por la CGE, se le devolvió la personería jurídica a la UIA y se restituyeron sus bienes, aunque su funcionamiento estuvo condicionado por la intervención militar que se extendió hasta 1981. La dirigencia tradicional de esta entidad estrechó acuerdos con Martínez de Hoz, quien dio un apoyo, al parecer algo tibio, al proceso de reorganización de la entidad. Acuña, op. cit. El gobierno militar recibió una cálida bienvenida por parte de las agrupaciones internas de la UIA. Aunque no faltaron diferencias, ya que mientras el MIA (Movimiento Industrial Argentino -dirigencia tradicional-) se mostró de acuerdo con los aspectos políticos y económicos de la dictadura, el MEDI (Movimiento de Empresarios del Interior) y el MUI (Movimiento de Unidad Industrial), no. En abril de 1977, el MEDI y el MUI hicieron pública una declaración en la que admitían la necesidad del golpe de Estado para llenar el vacío de poder, pero criticaban la política económica por incentivar la inflación, la especulación en detrimento de la producción, el alto gasto público y los controles de precios. Estas mismas entidades, poco tiempo después, reivindicaron haber participado del lock out de febrero de 1976. El apoyo del conjunto de la UIA al régimen dictatorial quedó cabalmente demostrado en 1979, cuando publicaron una solicitada en la que celebraban el aniversario del golpe, que, según expresaron, había llegado para solucionar los problemas que impedían el normal desenvolvimiento social argentino. La Nación, 24 de marzo de 1979. No obstante, la persistencia de los acuerdos políticos generales no soslayaron las críticas en materia de política económica que la UIA tenía para el gobierno. Al igual que en las corporaciones agrarias, vemos un acuerdo general y un respaldo a la principal tarea política que el régimen dictatorial vino a cumplir: restituir el orden, cerrando la crisis hegemónica abierta y el proceso revolucionario, eliminando a los activistas políticos y sindicales, y disciplinando a la clase obrera. Esto no impidió que algunas de ellas hayan expresado críticas parciales a ciertas medidas económicas en distintos momentos, ni que se convirtieran en opositores abiertos a la continuidad del régimen cuando ya no era necesaria la intervención militar. La burguesía argentina recurrió al “Partido Militar” con un objetivo claro. Una vez cumplido ese objetivo, no había necesidad de sostener un régimen impopular y todos se sumaron al coro que clamaba por el retorno a la democracia. Conclusiones La reconstrucción del recorrido de la UIA durante el período trabajado permite observar un cambio en su estrategia y el posterior reacomodamiento, al menos de la mayoría de sus integrantes. El retorno del peronismo en un contexto económico muy favorable impulsó el alineamiento de la entidad tras las filas de Cámpora, primero, y luego Perón. Factores políticos y económicos, a distintos niveles, jugaron a favor del alineamiento de la UIA detrás del peronismo y su integración a la CGE. En primer lugar, la naturaleza que había asumido la crisis política del capitalismo argentino. El fracaso de la Revolución Argentina para reestablecer la hegemonía, la profundización de la lucha de clases y el surgimiento de una alternativa de características revolucionarias, alineó las cartas a favor de un retorno del peronismo. El ciclo insurreccional abierto en 1969 con el Cordobazo, la profundización de las luchas encabezadas por la clase obrera y la pequeña burguesía, entre las que crecía la influencia de los partidos de izquierda, muchos de ellos recurriendo a la lucha armada que se extendía a lo largo del país, fueron un síntoma claro de la profundidad de la crisis que vivía el país. Balvé, B. y Balvé, B.: El 69, op.cit. Ante la perspectiva de perderlo todo, sectores importantes de la burguesía comenzaron a ver con buenos ojos el retorno de Perón, que podría encauzar la efervescencia revolucionaria dentro de los marcos del sistema capitalista y la democracia burguesa. La estrategia de permitir el retorno de Perón fue planteada, incluso, por los sectores del ejército más antiperonistas, que expresaban las posiciones de los sectores más concentrados y poderosos de la burguesía. Fue el propio Alejandro Agustín Lanusse, miembro del ala liberal del Ejército, quien convocó al peronismo a discutir la transmisión democrática en el Gran Acuerdo Nacional. En este contexto, las disputas internas de la UIA en torno a la política económica terminaron definiéndose a favor de la línea que planteaba una orientación reformista, encabezada en este período por ADIC. A su vez, la posibilidad de materializar una política de corte reformista como la promovida por el peronismo y la CGE, a la que la UIA terminó integrándose, fue posible por un contexto internacional favorable. El alza de los precios agrarios y la posibilidad de disponer de una cuantiosa masa de renta, permitió al estado argentino disponer de un volumen de ingresos con que materializar las transferencias hacia la clase obrera y hacia una industria local incapaz de competir sin protección en el mercado mundial. A su vez, el peronismo no sólo venía a realizar las aspiraciones reformistas de un sector de la burguesía y a encauzar hacia allí las luchas sociales que amenazan con salir de los marcos del sistema. También venía a enfrentar a los sectores más radicalizados de las masas, como lo demostraron las acciones y declaraciones de la derecha peronista, avaladas por el propio Perón. Allí estaban la masacre de Ezeiza y la Triple A, un claro mensaje tanto para la izquierda como para la derecha. El Pacto Social, que la UIA respaldó, era en parte una arista de la misma política: no sólo buscaba contener la inflación sino, también, disciplinar a las masas, eliminando mediante un acuerdo con la burocracia sindical de la CGT las luchas salariales. Así, el derrotero de la UIA pasó de un respaldo a la transición democrática, a un apoyo abierto al nuevo gobierno, que se materializó, primero, en el sostenimiento y la defensa de su principal política económica, el Pacto Social. Y en segundo lugar, en una fusión con la entidad empresaria que diagramó la política económica peronista. La CGE pasó de ser uno de los principales enemigos de la UIA, a ser su principal aliado. Como se puede apreciar, había profundos factores que explican la fusión de la UIA y la CGI. No estamos ante razones meramente coyunturales o de carácter oportunista, como han planteado algunos autores, sino frente a la definición de una disputa interna dentro de la entidad, que factores políticos y económicos, internos y externos, ayudaron a definir en el sentido expuesto. Pero estos factores que llevaron a la unificación de la UIA con la CGE desaparecieron rápidamente. Por un lado, el Pacto Social se demostró incapaz no sólo de encauzar la situación económica, sino, más importante aún, de eliminar las tendencias revolucionarias en el seno de las masas. La izquierda, luego del impasse de 1973, retornó a la senda del crecimiento. Que el problema seguía allí lo demostraron no sólo los conflictos permanentes entre capital y trabajo y el accionar constante de las organizaciones armadas, sino, de forma más palpable, la reacción obrera al Rodrigazo. A su vez, el fin de la bonanza económica y la profundización de una crisis económica a escala internacional, que comenzaba a afectar fuertemente a la Argentina por la disminución de los precios de los productos primarios y el alza de los precios de los insumos importados, puso nuevamente sobre la mesa la actualidad del programa liberal. Ya desde 1974, y con más fuerza en 1975, reapareció el fantasma de la crisis de balanza de pagos, que reintrodujo en la agenda la necesidad de retomar los planes de ajuste y estabilización, que eliminaran capital sobrante y recortaran los salarios reales. En este nuevo contexto se reinstalaron las disputas históricas entre la UIA y la CGE, ahora en el seno de ésta última. Bajo estas perspectivas, el Rodrigazo ofició como punto de inflexión. Desde el propio gobierno peronista se intentó poner en marcha un severo plan de ajuste, realización del programa liberal. Este programa fue respaldado por las fracciones más concentradas de la burguesía, entre ellas, los miembros de la UIA encolumnados ahora dentro de la CGE. Sin embargo el plan se vio frustrado en sus aspiraciones. El fracaso fue producto de una reacción de las bases sindicales, que, acicateados por delegados de izquierda, combativos y antiburocráticos, salieron a enfrentar el plan, obligando y condicionando a la CGT para que haga lo propio. A menos de dos meses de asumir, Rodrigo debió renunciar. El fracaso puso sobre la mesa todas las contradicciones de la etapa. Para los sectores más concentrados de la burguesía, fue la constatación de la necesidad de acentuar los caracteres represivos como paso previo a la consumación de sus objetivos económicos. De allí surgió APEGE, que comenzó a nuclear y a orientar a vastos sectores de la clase dominante. Su programa, como se demostró, no era otro que el que intentó aplicar Celestino Rodrigo: descargar la crisis sobre los trabajadores, recortando salarios y transferencias, eliminando gastos estatales y restituyendo rentabilidad a la burguesía, permitiendo el sinceramiento de precios. Pero a diferencia de lo que intentó hacer Isabel Perón y a partir de las lecciones del Rodrigazo, se instauró como un punto central del programa la generación de condiciones para garantizar una feroz represión hacia la clase obrera, cosa que sólo se podría realizar en las condiciones de excepción impuestas por un golpe de estado. Se lanzó así una ofensiva que tenía por objetivo la consumación de una salida política que garantizara las condiciones para efectivizar la sangrienta represión y la realización del programa económico que sacara, finalmente, al país de la crisis de acumulación. La ofensiva desatada en julio y agosto apuntó en varios sentidos: generar el máximo desgaste posible al gobierno de Isabel Perón, arrebatándole el poco respaldo que le quedaba. Nuclear tras el programa golpista al conjunto de las fracciones de la clase dominante, para lo que se emprendió un ataque sistemático contra la CGE, que reunía a aquellas fracciones afines al gobierno. Neutralizar a los sectores de la clase obrera que podrían enfrentar el golpe, presentando esta opción como única alternativa posible frente al caos. A su vez, la burguesía golpista se dio una organización centralizada que dirigió la acción y delineó el programa del golpe: APEGE. Esta “mega corporación” reunirá a la vanguardia golpista, la burguesía agraria, con las corporaciones que expresaban los intereses de la burguesía comercial y financiera. A medida que APEGE despliega su acción, comienza a desmembrarse la alianza reformista, corporizada en la CGE. En los meses previos al golpe observamos como sus bases abandonan esta corporación para sumarse a APEGE. A su vez, se evidencia que la dirección de la CGE comienza a hacer propio el programa de APEGE, de la que, sobre el final del proceso, sólo la separan diferencias tácticas. En este proceso le cabe un rol destacado a los sectores provenientes de la UIA, que desde el interior de la CGE, actúan horadando a su dirección reformista, criticando y desprestigiando su orientación, y restándole capacidad hegemónica de cara al conjunto de los empresarios. Finalmente, terminarán marcando el rumbo, que los lleva a confluir con APEGE. Una vez consumado el golpe, asistimos al resultado lógico del impulso dado a esa salida por las diferentes corporaciones. En el terreno de la burguesía industrial, la corporación que se opuso hasta último momento al golpe fue disuelta, mientras que los que, desde dentro de la CGE se sumaron a la alianza golpista, pudieron recuperar su personería gremial y dieron muestras de respaldo al régimen militar.  Conclusiones El período comprendido entre 1966 y 1976 estuvo signado por una crisis de acumulación y hegemonía que suscitó el ensayo de diferentes resoluciones por parte de la burguesía nacional. Nuestro estudio sobre la UIA entre 1966 y 1976 ha arrojado una serie de resultados sobre la naturaleza de la entidad, su programa y su estrategia, como forma de acercamiento al comportamiento político de la burguesía argentina, a través del estudio de su fracción industrial. Ante todo, hemos procurado dilucidar la naturaleza de la UIA. Hemos visto que estamos ante una organización corporativa de carácter burgués, que, al menos en este período, no se limita a reclamos puramente económicos, sino que avanza sobre las delimitaciones políticas. En cuanto a su composición, la dirigencia de la entidad se constituye por un conjunto de capitales industriales chicos a escala internacional, dado que no logran insertarse como líderes de ninguna rama. Aquellos capitales extranjeros como Esso y Shell se encuentran en la misma situación dado que no utilizan el espacio argentino como plataforma para la exportación, sino que operan en el mercado interno. Al circunscribir la mirada al mercado nacional observamos una estructura heterogénea. Un reducido grupo de capitales (29%) pertenecen al grupo de los capitales que más venden en Argentina, mientras la mayoría no figura en los rankings de las empresas más vendedoras. Igual heterogeneidad se verifica cuando observamos en los balances de las empresas dirigentes, sus ganancias y el capital suscripto. A través de las disputas internas podemos observar el comportamiento del resto de los capitales que la componen, y que no tienen expresión en su dirección. Se trata de capitales aún más pequeños, que no sólo no pueden competir, sino que demandan grandes masas de transferencias para sostenerse y una generalizada protección del mercado interno. En definitiva, la UIA constituyó una entidad que nucleaba grandes capitales a nivel nacional y un amplio conjunto de pequeños capitales. La corporación expresa, entonces, las propias debilidades del capitalismo argentino. Dado su carácter heterogéneo, la entidad formuló necesariamente políticas que no redundaban en beneficios para todas las fracciones que la componían. No obstante, la debilidad a escala internacional de la gran mayoría de la dirigencia de la UIA constituyó el articulador de la alianza, dado que todos requerían de protección y tutela estatal para su reproducción. El programa defendido por la entidad a lo largo de la etapa postulaba una disminución del peso de los salarios en los costos de producción, atando los sueldos a la productividad, eliminando conquistas sociales y reduciendo el poder de negociación de los sindicatos. En relación al lugar del Estado, el programa sostenía la necesidad de reducir todo gasto de plusvalía en actividades no redituables, expresado en el reclamo de recorte de los gastos estatales, por el saneamiento de las cuentas públicas y la eliminación del déficit. No obstante, se reclamaba al Estado la función de tutelar el desarrollo industrial, protegiendo el mercado nacional, implementando políticas de promoción industrial y obras públicas en infraestructura, entre otras. Así, no se sostiene que la UIA haya defendido un programa liberal clásico, en el sentido vulgar del término, ya que sus debilidades le impedían la defensa de la liberalización total del mercado y la apertura indiscriminada de la economía a la competencia internacional. Sus capitales requerían de transferencias estatales para poder reproducirse y de la protección del mercado interno. El menor tamaño del mercado forzaba al capital nacional a intentar competir por la vía de reducir los costos laborales (una salida al estilo Sudeste asiático o México). Es por ello que alentó políticas de drásticos ajustes. A pesar de su heterogeneidad, la UIA se mantuvo en casi todo el período su organicidad. Toda organización contiene elementos heterogéneos. Por esa razón se hace necesaria una dirección, que actúe como elemento aglutinador, ya concediendo, ya disciplinando. En el caso de la UIA, si bien los capitales más grandes ejercen funciones directivas, en algunos momentos vimos que los más chicos han mostrado su capacidad de organización y de disputar la dirección (ADIC). Como explicamos, la UIA no siempre se mantuvo unida. En el período más álgido, aparece dentro de otras organizaciones más abarcativas, pues son momentos en los que, antes que la defensa de la fracción en su conjunto, parecen imponerse los intereses de tamaño y aquellos que trazan los programas políticos. En cuanto a la su estrategia, la reconstrucción de sus diferentes momentos tácticos nos muestra, ante la crisis, una dirección contrarrevolucionaria, de tipo más bien liberal. Esta es la que predomina, salvo el breve período que va desde 1971 a 1974, en el cual el fracaso de un primer intento liberal, más las perspectivas de una alianza reformista, marcaron un breve pasaje al reformismo. A pesar de no haber sido la única en juego, fue la que se terminó imponiendo. Eso no quiere decir que no haya estado en disputa, pues ninguna estrategia está decidida de antemano. Como dijimos, sólo puede delinearse a partir de la reconstrucción de los momentos tácticos. La estrategia contrarrevolucionaria, no obstante, no pudo imponerse sin combatir contra las tendencias reformistas que brotaban del interior de la entidad o que influían desde afuera. Así, vemos que a una fuerte oposición al primer ministro de Economía de la Revolución Argentina, Salimei, ligado a la CGE, le siguió el alineamiento de la UIA con el plan impulsado por Krieger Vasena. La apertura del proceso revolucionario en 1969, implicó una crisis para el conjunto de la sociedad. Las alianzas establecidas se quebraron, y la UIA rompió con el gobierno de las Fuerzas Armadas debido a su giro reformista. Las medidas adoptadas por el ministro de economía Carlos Moyano Llerena, luego de la asunción de Levingston, no fueron bien recibidas por la entidad. Especialmente rechazaron la nueva devaluación pautada, argumentando el perjuicio que ocasionaba incrementando los costos internos y “distribuyendo riquezas artificialmente”. El motivo de la diferente actitud respecto de la devaluación dictada por Krieger Vasena parece responder a que estaba llegando a su límite la capacidad instalada y debían importar maquinaria para modernizar sus plantas, so pena de sucumbir ante la competencia. El pedido en 1971 de la abolición del recargo del 15% a las importaciones apunta en dicha dirección. Sin embargo, como en cada momento observado, se insistió en la protección de la industria local, a través de la aplicación de medidas anti-dumping y derechos compensatorios selectivos. La restauración democrática y el retorno del peronismo, como alternativa política para contener las tendencias insurreccionales deparó para la UIA un camino diferente. Un sector de empresarios del interior del país, pequeños capitales, acaudilló un movimiento reformista que “obligó” a la dirección nacional de la UIA a romper lazos con ACIEL. El impulso del movimiento de los capitales más débiles de la UIA quedó inclusive plasmado en la reforma del Estatuto de 1974, momento en que se cambió la composición de los organismos de gobierno, otorgándole mayor representatividad de las cámaras sectoriales y regionales. Debían realizarse concesiones so pena de perder las bases en manos de la CGE. Una vez asumido Cámpora, las tendencias internas de la UIA la llevaron a pronunciarse a favor de su principal política, el Pacto Social, y unificarse con la CGE. Las condiciones económicas excepcionales no constituyeron un motivo menos relevante. Constituían la posibilidad de transferir riquezas a un mayor número de capitales, propiciando el desarrollo de la estrategia reformista. La UIA no fue ajena a dicho proceso. A su vez, la magnitud que había tomado la crisis, que evidenciaban la necesidad de hacer concesiones a las masas para reencausarlas en la senda institucional, hacía del peronismo la alternativa política más racional frente a la coyuntura planteada. No sólo para contener las tendencias insurreccionales, sino porque la apuesta reformista era económicamente sostenible en un contexto de alza excepcional de la renta, que la UIA sabría aprovechar mediante la reedición de una protección generalizada del mercado interno y porque de esa manera podía retener en su interior a los sectores disidentes. El fin de la bonanza económica y la muerte de Perón, volvieron a poner sobre el tapete las disputas inter burguesas y la reactualización de la marcha de la Fuerza Social Revolucionaria. La unidad de la UIA con la CGE comenzó a resquebrajarse. Ex socios de la UIA declararon públicamente su desacuerdo con el Pacto Social. La política de concertación llevaba el sello de Gelbard y la CGE, implicando la exposición de disidencias de parte de la ex UIA con su nueva dirección nacional. El plan de Celestino Rodrigo ensayado en junio de 1975 marcó definitivamente la ruptura. El acuerdo solapado de dirigentes de la ex UIA con la mega devaluación y congelamiento salarial, expresaba que ya no había lugar para el reformismo, ni económica ni políticamente. Paralelamente, se iba gestando el partido golpista, encabezado por APEGE. La atracción ejercida sobre muchos de los ex integrantes de la UIA, y en tanto proceso más general, sobre el conjunto de la CGE, generó la inevitable descomposición de la alianza reformista. Buena parte de las corporaciones empresarias en todas las ramas y capas, puestas frente a la posibilidad de perderlo todo ante el peligro revolucionario (el “caos”), se alinearon con el programa golpista delineado por APEGE. Era necesario un profundo ajuste de la economía, que iba a recaer en buena parte, sobre los hombros de una clase obrera reacia a pagar los costos de la crisis. Por esa razón, la imposición del programa económico demandaba un estado de excepción e ingentes dosis de represión, que permitieran disciplinar a las masas para así imponer un plan profundamente impopular. El programa y estrategia de la entidad se dirigieron a resolver la crisis de acumulación de su capital real, en términos políticos y económicos, no a perpetuar un supuesto comportamiento especulativo y cortoplacista. Las disputas con otras fracciones de la burguesía personificadas en entidades como la CGE y SRA, motivó alianzas y rupturas, producto de la exacerbación de las contiendas en tiempos de crisis, confluyendo finalmente en su reunificación bajo el proyecto golpista de 1976, como estrategia de resolución de la crisis. Sin embargo, existían tensiones en cuanto a qué sectores debía favorecer el Estado dentro de la entidad. Mientras ciertos capitales “grandes” a escala nacional reclamaban apertura para la importación de bienes de capital e insumos, los capitales más débiles se veían perjudicados por la competencia que esto implicaba. Así, se van desarrollando dos tendencias en el interior de la UIA, una más “liberal” y otra identificada con el programa de la CGE que eclosionarán ante la crisis de la Revolución Argentina y de la transmisión democrática de 1972-1973. El acercamiento de la UIA al reformismo, no implica, como sostiene O´Donnell, una estrategia que le permite realizar sus ganancias a corto plazo, sino que en cada momento político y económico necesariamente pesa más el influjo de una capa de la burguesía sobre la otra. En momentos de crisis económica, la burguesía más concentrada busca eliminar el capital sobrante, importar maquinarias para modernizarse, reducir salarios. Dado que requiere de protección del mercado interno, aún los sectores más grandes, esta necesidad los unifica con los sectores más débiles de la UIA. No obstante, la necesidad de condiciones para la importación de bienes de capital (peso sobrevaluado) genera tensiones internas ya que los capitales más pequeños no pueden afrontar la competencia externa que eso implica. La influencia que va tomando la CGE ante el momento de esplendor económico de principios de la década de 1970, sumado a la necesidad de cercenar las vías de ascenso de la fuerza social revolucionaria, inclina la balanza de la UIA hacia el reformismo. No obstante, este no es más que un breve respiro: el escueto mercado interno y la transferencia de la renta agraria no le permite al capital industrial dar el salto exportador y, por lo tanto, tarde o temprano tenderá a buscar la única propia base de despegue propia que puede conseguir: la liquidación de la mayor cantidad de conquistas obreras que sea posible. El trabajo constituye un aporte novedoso al estudio de una entidad que ha ostentado un importante peso político en la historia reciente y permite un significativo acercamiento a los años cruciales de la crisis hegemónica abierta en 1955 y a las formas de su resolución. En este sentido, se circunscribe al estudio de una fracción de la clase dominante que resulta particularmente importante en este período, pero ilumina lugares hasta ahora ocultos a la hora de comprender las razones por las cuales esa clase logró, luego de vacilaciones y rupturas, constituir un Partido del Orden y derrotar a su adversario. Bibliografía 1. Fuentes Publicaciones periódicas Clarín, 1966-1976 Cronista Comercial, 1966-1976 La Nación, 1966-1976 La Prensa, 1966-1976 Primera Plana, 1966-1976 Revista Mercado, 1966-1976 Prensa Económica, 1966-1976 Publicaciones específicas de la industria Balances de empresas incluidos en la Guía de Accionistas de S.A.,1959-1960. 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