NÚM.
I SSN 1870-4697 // N UE VA ÉP O C A • S EP T IE MB R E, 2017
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JORDI BORJA
•
•
MANUEL DELGADO
VA N E S S A P I N T O
•
•
HORACIO ESPINOSA
•
ESTEBAN TORRES
ALEJANDRA GUTIÉRREZ
•
•
•
•
ALEJANDRO MENDO
FLORENCIA GONZÁLEZ-GUERRA
LINE ALGOED
ROGELIO VILLARREAL
•
•
J O N AT H A N Á V I L A
SERGIO HERNÁNDEZ
SECCIÓN ARTES: JOSÉ FORS
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D E L O S PA RT I D O S P O L Í T I C O S
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Folios es una publicación de discusión y análisis, núm. 32,
septiembre de 2017, nueva época, año XI, edición trimestral; editada
y distribuida de forma gratuita por el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, Florencia 2370,
Col. Italia Providencia, C.P. 44648, Guadalajara, Jalisco. Número de
Certificado de Reserva de Derechos al uso exclusivo del título ante
el Instituto Nacional de Derechos de Autor: 04-2009-101213501200102. ISSN: 1870-4697. Tiraje de 1,500 ejemplares. Impresa en México
en los talleres de Imprejal: Nicolás Romero 518,
Guadalajara, Jalisco, Col. Villaseñor, CP 44290.
Editor responsable: Carlos López de Alba. D.R. 2017,
Guadalajara, Jalisco, México.
Los artículos publicados en Folios son responsabilidad de sus
autores. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco es ajeno a las opiniones aquí presentadas;
se difunden como parte de un ejercicio de pluralidad
y tolerancia democrática.
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D O S S I E R
02
FOLIOS ISSN 1870-4697, número 32, septiembre de 2017, año XI, nueva época
Presentación
Mi tierra
no se vende
42
Jonathan Ávila
El Derecho
a la Ciudad
como derecho
a la calle
Jordi Borja
Manuel Delgado
El Derecho
a la Ciudad
para construir
otra ciudad
54
Vanessa Pinto y
Esteban Torres
Line Algoed
La despolitización urbana
04
Contra la
injusticia
espacial, por
los derechos
ciudadanos,
la igualdad y la
sostenibilidad
78
¡Deben dejar
de hacerlo!
La conquista
del Derecho a
la Ciudad en
Guadalajara
22
ARTES
Florencia González
Guerra García
José Fors
ors
BOTICARIUM
POLÍRICA
94
34
Horacio Espinosa
Zepeda
60
Derecho a la
Ciudad:
garantía, reclamo,
disputa y slogan
72
María Alejandra
Gutiérrez R.
Alejandro Mendo
Gutiérrez
86
La informalidad como
partera del espacio
público
92
96
POESÍA
BIBLIOTECA
DE ALEJANDRÍA
98
• Abril Posas
• Getsemaní López
• Rogelio Villarreal
• Sergio Hernández
Márquez
León Plascencia Ñol
• Maia Fernández
Miret
• Ilse De los Santos
E
n el centro de la vida pública desde hace por lo
menos dos lustros se ha colocado un fuerte debate a nivel mundial por el Derecho a la Ciudad. Esta
concepción tiene en México su antecedente en el movimiento urbano popular de los años setenta pero ha
evolucionado tanto en el campo teórico como en el de
su aplicación a la par del vertiginoso crecimiento de
los espacios urbanos.
A cincuenta años de publicado “El Derecho a la
Ciudad” de Henri Lefebvre, sus planteamientos no
han hecho más que cobrar mayor relevancia en la medida en que las ciudades ven incrementar la especulación del capital, la exclusión, marginación y pobreza.
Ante la enajenación y despolitización que genera el
desmedido crecimiento urbano, Lefebvre anticipó
una concepción de ciudad que se imagina, construye
y crea a través de la intervención directa de sus habitantes.
El reclamo por el Derecho a la Ciudad es, desde su
perspectiva, una oportunidad de lucha eminentemente anticapitalista en el espacio urbano. De formación
marxista Lefebvre apuntaba que las ciudades tendrían
un papel primordial en el desarrollo de la civilización
humana. Concebidas como centralidades que marginan y excluyen, que configuran la dominación de la
información y los intercambios, pero al mismo tiempo, como espacios de resistencia, organización social
y subversión a los modelos de desarrollo capitalistas.
En años recientes, siguiendo los postulados del
teórico francés, David Harvey sostiene que la ciudad
sufre un proceso de apropiación por despojo propio de
las postrimerías del capitalismo, a la vez que es testigo
del surgimiento de luchas y movimientos que reivindican derechos colectivos orientados, no solo a garantizar la satisfacción de las necesidades básicas, sino que
2
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EL DER EC HO A LA C I U DAD
aspiran a una aplicación generalizada y universal de
diversos derechos humanos.
Harvey sostiene que las estrategias de despojo y
apropiación del espacio tiene como respuesta lógica
una serie de acciones y posturas de resistencia por parte de la población que sufre la marginación, vulnerabilidad, exclusión social y segregación física, y afirma
que la revolución que transformará nuestras sociedades posmodernas será urbana “o no será”.
La reivindicación por el Derecho a la Ciudad busca incidir en la manera como los distintos gobiernos
elaboran sus políticas y programas bajo la premisa de
tomar en cuenta las necesidades vitales de los habitantes, y en un sentido democrático los requerimientos
de participación, representación e interacción ciudadana para conciliarlos con los intereses de las clases
productivas, mediante procesos de innovación social
y gestión social del hábitat con la finalidad de lograr
nuevos equilibrios políticos y económicos.
En la actual tendencia a la urbanización, la ciudad
es vista como un territorio privilegiado para la democracia y la organización social, a la vez que es un espacio de oportunidad y de complejidad donde suceden
fuertes conflictos. La ciudad irrumpe como un espacio
donde lo político se mantiene en permanente disputa.
Quienes habitamos las ciudades, observamos aspectos que podrían mejorar, nos quejamos de problemas
y necesidades o advertimos potenciales para desarrollar
nuestras capacidades humanas, sociales y productivas.
Se dice que las ciudades son de todos, sin embargo en la
práctica hay pocos habitantes que pueden tener acceso a
lo que desean, la mayoría lucha por conseguir la mínima
satisfacción a sus necesidades vitales y busca mejores
condiciones de vida pero se encuentra con limitaciones
materiales y simbólicas que se lo impiden.
¿Cómo se puede desarrollar una ciudadanía plena
cuando la arquitectura de la polis está sostenida sobre andamiajes que limitan, vulneran, segregan o de
plano excluyen a sus propios habitantes? La pregunta
interpela las formas como los gobiernos gestionan la
ciudad, lo cual implica un cuestionamiento a la capacidad del Estado para cumplir con el rol de regulador
del desarrollo urbano frente a los especuladores del
capital, que a su vez conlleva, necesariamente, la exigencia por democratizar el espacio urbano. Por ende,
el Derecho a la Ciudad se materializa también en la
medida en que se alcanza un mayor nivel de calidad
democrática.
Enrique Ortiz, promotor incansable de este derecho, sostiene que con base en sus principios estratégicos de igualdad, no discriminación y protección a
los más vulnerables, el Derecho a la Ciudad plantea
la pregunta articuladora ¿qué ciudad queremos? Siendo la ciudad un sistema complejo, se han establecido
tres principios rectores: la ciudadanía, la gestión democrática y la función social de la propiedad y de la
ciudad, que están incluidos en la Carta Mundial por
el Derecho a la Ciudad. Sin embargo, considera que es
necesario integrar otros tres principios: la producción
democrática de y en la ciudad, el manejo sustentable y
responsable de los recursos, y el uso y disfrute democrático y equitativo de la ciudad, los cuales –por ciertofueron agregados a la Carta de la Ciudad de México
por el Derecho a la Ciudad.
Es en medio de este prolífico debate que Folios
propone en este número un recuento a través de las diversas perspectivas de los autores invitados, buscando
explorar la evolución del concepto así como el desarrollo de acciones, estrategias y movimientos sociales desde la experiencia local y global. El recorrido parte de
la reflexión sobre el carácter subversivo y contestatario
que requiere la construcción de la ciudad futura, en
la que la “conquista” de nuevos derechos y la defensa
del territorio son estrategias, según Jordi Borja, con las
que limitar los efectos de la financiarización y la especulación inmobiliaria. Por su parte, Manuel Delgado
apunta hacia el potencial revolucionario de la calle, no
sólo por su carácter público y abierto que permite el
encuentro y flujo de “cuerpos, máquinas e información” sino por su importancia en la apuesta por el valor
de uso sobre el valor de cambio, pero también, por su
papel contradictorio en la preservación de la memoria
y del control social. El resto de autores y autoras destacan experiencias de aplicación del Derecho a la Ciudad desde el panorama local, en ciudades como Barcelona, San Juan de Puerto Rico, Quito, Guadalajara,
Ciudad de México haciendo un repaso por distintos
elementos que interactúan en el complejo sistema del
territorio, las normas y las prácticas sociales.
Desde Folios queremos abonar a la reflexión por
el Derecho a la Ciudad. Un derecho de provocativa
formulación con el que se aspira a alcanzar condiciones materialmente necesarias para el disfrute de la
vida en el espacio urbano. A lo largo de este número
–enmarcado con la obra del artista José Fors, quien generosamente nos ha permitido desplegar un discurso
gráfico para ilustrar las páginas de la presente edición–
nuestro público lector encontrará herramientas conceptuales y experiencias de la ciudad desde distintas
geografías y perspectivas que le lleven interrogarse y
reflexionar para quiénes, qué derechos y qué tipo de
ciudad queremos. Se trata de una invitación a colocar,
al centro del debate, el cuestionamiento sobre cómo y
quiénes están confeccionado las ciudades; en perjuicio
y a beneficio de quiénes se hace ciudad.
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SEPTIEMBRE
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Contra
la injusticia
espacial,
por los derechos ciudadanos,
la igualdad y la sostenibilidad*
No siempre el concepto de derecho a la ciudad es
sustentable, justo y democrático. También se ha vulnerado
y enfrenta a gobiernos y sus políticas de desarrollo con
la ciudadanía. Al respecto, Jordi Borja reflexiona sobre
los criterios de ciudad futura e igualdad, así como sobre
sostenibilidad como un derecho a favor de las minorías
L
1. URBANIZACIÓN VERSUS CIUDAD 1
Jordi Borja
Sociólogo, geógrafo y
urbanista, director del
área de Gestión de la
ciudad y Urbanismo de
la Universitat Oberta
de Catalunya.
*
Versión adaptada
para Folios del texto
homónimo extraído del
portal www.jordiborja.
cat. Agradecemos al
autor por las facilidades
para la publicación del
presente texto (N. de
los E.).
4
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EL DER EC HO A LA C I U DAD
a urbanización tiende a ser la forma principal de los
asentamientos humanos, especialmente en América y
en Europa, y avanza aceleradamente en Asia y África.
Las ciudades, sin embargo, no representan al conjunto de la población urbana. La capacidad de oferta integradora de éstas tiende a excluir a una parte de la
población de bajos ingresos, bien mediante la expulsión por vía
administrativa o por el mercado o bien dejando zonas degradadas
separadas por muros materiales o simbólicos. Y hay urbanización
sin ciudad.
En las zonas urbanizadas metropolitanas o periféricas coexisten zonas privilegiadas, como los barrios cerrados, que son resultado de políticas y comportamientos sociales excluyentes con
amplias zonas de urbanización fragmentada o difusa y asentamientos informales que no disponen de gran parte de los servicios básicos y de las infraestructuras propias de la ciudad. A lo que
se añade la distancia, el coste económico y en tiempo, y también
los obstáculos sociales y psicológicos que hacen muy difícil acceder a los bienes y servicios de la ciudad. Es el coste de escala.
1
El autor ha desarrollado este punto y los dos siguientes en La revolución urbana y los
derechos ciudadanos (Borja, 2015). Se refiere únicamente a las ciudades y regiones metropolitanas, a las sociedades europeas y americanas, pues en ellas vive la mayoría
de la población y la urbanización avanza cada vez más.
En resumen, las ciudades y regiones urbanas hoy
se caracterizan por la desigualdad y exclusión sociales, por la insostenibilidad ambiental (coste energético y de agua, calentamiento del planeta y contaminación, destrucción de los paisajes) y el déficit de
ciudadanía. Y ello es debido ante todo a las políticas
públicas incrementalistas y cómplices de los poderes económicos y a la no regulación perversa de la
financiarización del territorio.
Las ciudades sin embargo no son el problema,
son la solución. Las políticas urbanas deben “el hacer ciudad” y serán las poblaciones, los sectores populares y medios, que pueden exigirlo, promoverlo
y contribuir a ello. Las ciudades latinoamericanas
y en especial las clases populares, por su cultura y
sus intereses, tienden a hacer ciudad, o barrio, como
ámbito de convivencia y de reproducción social (Cfr.
Davis, 2012).
2. DESFASE ENTRE EL GOBIERNO DEL TERRITORIO Y
CIUDADANÍA
Los gobiernos territoriales de proximidad, locales
o regionales a pesar de sus limitaciones y con frecuencia su inoperancia, están mejor situados en
los rankings que los otros niveles del Estado y otras
instituciones ( judicatura, fuerzas armadas, iglesias,
partidos políticos, etcétera). Es un buen punto de
partida. Pero desde mediados del siglo XX numerosos profesionales (urbanistas, planificadores, arquitectos, geógrafos, administradores públicos, etcétera) plantean la necesidad de instituir estructuras
metropolitanas plurimunicipales. Es conocida la resistencia política y social a la creación de gobiernos
metropolitanos de base electiva.
Los gobiernos de los niveles superiores desconfían
del poder de una ciudad metropolitana y los gobiernos locales periféricos y sus poblaciones temen quedar absorbidos y subordinados por la ciudad central.
La experiencia de las agencias o entes especializados
con funciones de ámbito metropolitano (transportes,
agua, desarrollo económico, infraestructuras, vivienda,
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5
Hay una demanda
latente a todos los
niveles de la sociedad
de reapropiarse el
territorio
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EL DER EC HO A LA C I U DAD
etcétera) actúan con una lógica sectorial, generan
cuerpos tecnocráticos y actúan en la opacidad y en
estrecha relación con grandes empresas. No favorece la confianza.
Las políticas neoliberales y la consiguiente
crisis ha desvelado y multiplicado las crecientes
desigualdades sociales, las incoherencias de las
políticas públicas y los procesos privatizadores, la
insostenibilidad de las regiones urbanizadas y la
confusión del entramado político-administrativo
del territorio. Las políticas públicas deben asumir
la exigencia social de renovación sostenible de la
economía productiva y la generación de empleo,
hacer ciudad integrando la vivienda y las actividades, recuperar y controlar socialmente los organismos y las empresas de prestación de servicios e integrar los programas de infraestructuras
dependientes de la sostenibilidad y la reducción
de las desigualdades. Hay una demanda latente a todos los niveles de la sociedad de que hay
que reapropiarse el territorio. No se puede exponer un modelo de organización territorial pues
tanto las formas del desarrollo urbano como la
organización político-administrativa de las regiones urbanas y las ciudades metropolitanas
son distintas. Pero si que pueden proponer algunos criterios.
Las regiones urbanas tienden a constituir un
sistema de ciudades, en su conjunto requieren
más planeamiento operativo que gestión burocrática, pueden adaptarse o dar lugar a un nivel
político-administrativo intermedio y ante todo
deben preservar zonas naturales, rurales o agrícolas y evitar la urbanización difusa.
La ciudad metropolitana integra la ciudad
compacta, la ciudad central y la primera corona,
plurimunicipal casi siempre, pero requiere dotarse de un gobierno común para promover políticas redistributivas y reequilibradoras, unificar
los ingresos fiscales, elaborar el planeamiento territorial y estratégico, promover los grandes proyectos urbanos y gestionar los servicios públicos
supramunicipales2. Las ciudades metropolitanas
pueden ser hoy un ámbito de renovación democrática. La ciudad metropolitana se gobierna lógicamente a dos niveles, el metropolitano y de
los municipios periféricos y los distritos (delegaciones, borroughs, etcétera) de la ciudad central.
La emergencia de organizaciones sociales, ambientalistas, barriales, sindicales (cada vez más
presentes en los territorios), cooperativistas y
otras formas de economía social y colaborativa,
etcétera, tienen vocación de proponer, intervenir
en los procesos deliberativos, controlar y asumir
funciones que hasta ahora han sido propias de
las administraciones públicas o las empresas
concesionarias o contratadas. La democracia “representativa” está hoy en crisis y las ciudades parecen destinadas a ser las bases de la renovación
política. El Derecho a la Ciudad no es un catálogo
de lo que deben hacer las administraciones públicas. Se requiere también una nueva relación con
la ciudadanía activa.
3. LA FINANCIARIZACIÓN DEL TERRITORIO Y EL
BLOQUE CEMENTERO
Las ciudades y las regiones metropolitanas son
hoy posiblemente el ámbito de la acumulación de
capital. No solo por las actividades que se desarrollan en ellas, innovación, producción e intercambio.
También y sobretodo por la especulación del suelo,
la construcción de viviendas e infraestructuras, la
gestión de los servicios de carácter universal o interés general (agua y saneamiento, energía, transportes, asistencia sanitaria, seguridad ciudadana, etcétera). La colusión entre poderes políticos y el “bloque
2
El Greater London Council es un caso interesante. Es un gobierno
local potente pero con competencias limitadas y está formado
por 32 distritos que a su vez poseen una parte importante de
las competencias propias de los municipios. En París se está en
pleno debate sobre como organizar el gran París. En América
latina se debe citar Lima que ha integrado en la macrociudad
a sus “pueblos jóvenes” pero con una enorme desigualdad de
recursos. El caso más negativo es Santiago de Chile. Es el gobierno nacional que asume las competencias metropolitanas
y la ciudad metropolitana compacta está dividida también en
una trentena de comunas con competencias limitadas.
cementero”, propietarios del suelo, promotores, empresas de construcción y de prestación de servicios,
ha generado grandes beneficios (legales o no) a cambio de los déficits que se acumulan en la producción
de viviendas y la prestación de servicios destinados
a las mayorías sociales. Estos actores visibles son
evidentemente responsables pero quienes manejan
los hilos son las entidades financieras (sean bancos,
cajas, fondos de pensiones o de inversión, etcétera)
que controlan directa o indirectamente los agentes urbanos. Estas entidades atraen inversores o
accionistas no solo procedentes de las clases altas
que poseen un sólido capital acumulado, también
pequeños ahorradores que a su vez dependen de
los créditos. Sin querer estos pequeños ahorradores/inversores/precarios contribuyen a alimentar
los procesos urbanos difusos que les convierten en
marginarles por su muy limitado acceso a la ciudad
integradora. Son las víctimas principales cuando
las burbujas inmobiliarias o la insostenibilidad de la
urbanización les lleva a la desposesión de facto de
sus derechos ciudadanos.
Las clases populares y, en menor grado, las clases medias urbanas son expoliadas por el sistema
financiero, sus agentes y cómplices. Las ciudades
y las regiones metropolitanas son hoy el escenario
del conflicto social que tiende incluso a ser más
amplio que el que se expresa en los espacios de
las empresas. El dominio del sistema financiero
hegemoniza la acumulación de capital y da lugar
a una apropiación de las plusvalías generadas en
detrimento de la reproducción social (vivienda,
servicios, equipamientos, asistencia sanitaria,
transportes, etcétera). Es decir, hay explotación.
Y a la vez se produce una reducción de los
derechos ciudadanos debido a que las dinámicas
urbanas tienden a excluir a amplios sectores de la
ciudadanía, incluídas clases medias y altas, que se
refugian en guetos protegidos. Todos desposeídos
de la vida ciudadana, aunque para los pobres es
vital y para ricos es secundario. La ciudad real y
concreta deviene una entidad abstracta y virtual.
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4. LA ESCASA CAPACIDAD DE LOS PODERES
PÚBLICOS PARA REGULAR LA PROPIEDAD DEL
SUELO, LA FINANCIACIÓN DE LAS VIVIENDAS
Y EL ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS
BÁSICOS. ¿DISPONEMOS DE INSTRUMENTOS
ADECUADOS PARA ORDENAR LOS PROCESOS
TERRITORIALES?
Los gobiernos locales y regionales representan
formalmente a la ciudadanía. Sin embargo no
construyen ni gestionan la ciudad para las grandes mayorías. ¿Son cómplices activos de los poderes económicos y mediáticos? En muchos casos
es así. ¿Están condicionados por los gobiernos del
Estado y los organismos internacionales? También, sin duda alguna. El marco político-jurídico
les impone leyes, normas y políticas de todo tipo
favorables a la propiedad privada del suelo, a la
fiscalidad regresiva, a la privatización de los servicios, etcétera. ¿Poseen las competencias, los recursos y los instrumentos técnicos para promover los derechos ciudadanos y hacer ciudad para
todos? Ciertamente, en muchos casos tienen una
dependencia política del Estado, se consideran
puras administraciones. En otros se han ido desposeyendo de las competencias que tenían. Casi
siempre sus recursos están muy por debajo de
las actuaciones y prestaciones que demanda la
ciudadanía. Tampoco poseen muchas veces los
instrumentos técnicos o administrativos para
diseñar o gestionar proyectos complejos o innovadores. A pesar de todo muchos gobiernos locales han promovido actuaciones novedosas en
cuestiones ambientales, de combate a la pobreza,
de generación de empleo o de rehabilitación de
viviendas. En los encuentros internacionales los
gobiernos locales aparecen como mucho más
innovadores y próximos a los colectivos ciudadanos que los gobiernos de los Estados.
La única posibilidad de generalizar la aplicación de prácticas transformadoras requieren el
reconocimiento por parte del sistema político-
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EL DER EC HO A LA C I U DAD
jurídico estatal (o internacional). Pero el llamado
Estado de derecho tiende al conservadurismo y
al continuismo y difícilmente las fuerzas estatales dominantes no están interesadas en cambiar el sistema en el cual monopolizan el poder.
En momentos de crisis y de cambio se hace visible la contradicción entre el Estado de derecho
y los derechos de los ciudadanos, o más claro,
el Estado de derecho primero libera luego oprime. El Estado formal (represivo) se opone a la
democracia real de la ciudadanía (Borja, 2015 a;
Borja, 2016). Un frente de gobiernos locales con
movimientos ciudadanos son potencialmente las
fuerzas capaces de modificar el sistema políticojurídico establecido. Lo cual significa momentos
de confrontación, de desobediencia civil y de
combatir las normas formales en nombre de
derechos materiales o legítimos.
5. DESIGUALDADES Y EXCLUSIONES SOCIALES.
LA INJUSTICIA ESPACIAL
La paradoja de la ciudad es que ha sido imaginada
como espacio de protección e integración social
y cultural pero también actúa “como máquina
potente de diferenciación y separación, de
marginación y exclusión” en frase afortunada
de Bernardo Secchi (2015). La ciudad no es un espacio en el que sufren fenómenos o situaciones
“naturales” (inundaciones, temblores de tierra,
etcétera), pues éstos afectan más o menos a la
ciudad según sean las políticas públicas y las culturas ciudadana. Las injusticias y las desigualdades, no son “naturales, sino producto de factores sociales y urbanos. La ciudad puede reducir
o acentuar las desigualdades, o incluso generar
nuevas injusticias. Ya nos hemos referido a la escala de la ciudad que multiplica los efectos excluyentes de la urbanización dispersa y los conjuntos de vivienda social. Así mismo hay procesos de
apropiación por parte de sectores sociales privilegiados de la ciudad más cualificada, o expulsa
poblaciones integradas para apropiarse de zonas
ahora apetecibles. Estas minorías concentran no
solo el capital social, económico y cultural, también el “capital espacial”. Según donde vives puedes acceder o no a los servicios y equipamientos,
a las actividades culturales y formativas, a más
oportunidades de trabajo, a entornos más seguros y significantes. La “injusticia espacial” es el
lugar donde se niega la inclusión y la apropiación
del territorio, es la negación de los atributos de la
ciudadanía.3
La injusticia territorial no deriva de la “naturaleza de las cosas”. Tampoco se debe la vocación
de las clases populares a aislarse de la ciudad. Las
causas de la injusticia son visibles: las poblaciones inmigrantes o de bajos ingresos que no encuentran lugar en la ciudad donde instalarse, la
propiedad privada del suelo y la especulación urbana, las políticas públicas que optan por enviar
a los sectores populares a periferias poco o mal
urbanizadas. Se multiplican así los costes sociales y ambientales para las mayorías y los costes
económicos resultantes de la especulación urbana.4 La vivienda, mal o no, inserta en el tejido
ciudadano no es un derecho, es una forma de
explotación. La vivienda por lógica debe ser un
derecho equivalente al acceso a la enseñanza o la
asistencia sanitaria. Las viviendas sociales fuera
de la ciudad no son solo de baja calidad, sufren
además el déficit de infraestructuras, de servicios
y de sistemas de transporte. En cambio el bajo
coste de producción genera altos beneficios por
bancos, promotores y constructores, da lugar a
3
La revista Polis (Silvio Cacciabava, Raquel Rolnik) publicó hace
dos décadas un conjunto de indicadores y analizó el déficit de
“inclusión territorial” en los barrios populares y zonas, más o
menos urbanizadas, periféricas.
4
El Informe del Banco Mundial de 2009, en plena crisis del boom
inmobiliario, consideró que los km2 de urbanización periférica
era uno de los principales indicadores de “desarrollo”. Se trata
de un indicador que mide las transacciones monetarias con
desprecio del derecho a una vida digna. Y es también un coste
económico: el dinero que produce solo dinero (especulación)
revierte más tarde en la reducción de los salarios, la vivienda y
los servicios.
Las regiones
urbanas tienden
a constituir
un sistema de
ciudades, en
su conjunto
requieren más
planeamiento
operativo
que gestión
burocrática
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El Derecho a la Ciudad
no es un catálogo de lo que deben hacer
las administraciones públicas. Se requiere
también una nueva relación con la
ciudadanía activa
corrupción de funcionarios, genera clientelismo
político y aleja a los sectores populares de la ciudad. Es también el deseo de los sectores acomodados que no desean compartir espacios ciudadanos con los “pobres” considerados peligrosos
o indeseables. La urbanización sin ciudad y la
ciudad sin inclusión social son, paradójicamente,
considerados como indicadores de “desarrollo”
por parte de organismos internacionales como el
Banco Mundial.
6. LA VIVIENDA Y LA CIUDAD: EL RIESGO DE
LA SEPARACIÓN. LA PRODUCCIÓN SOCIAL DEL
HABITAT Y LA “OTRA RESILIENCIA”
La vivienda es a la vez una necesidad y un derecho de las personas y también una condición indispensable para la existencia de la ciudad. Sin
embargo los procesos urbanos actuales tienden
a separar los conjuntos de vivienda de la ciudad
compleja. Una parte de sectores medios y altos se
construyen sus guetos fuera de la ciudad o bien
se inventan conjuntos cerrados (gated cities) que
se autoexcluyen de la ciudad. Pero sobretodo son
los sectores populares que se instalan en los márgenes de la ciudad, a veces incluso lejos de sus
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EL DER EC HO A LA C I U DAD
límites, bien se trate de inmigrantes que se instalaron fuera y han consolidado su habitat informal o bien poblaciones expulsadas de la ciudad
que ocupaban suelo deseable para el mercado o
para obras públicas. También las iniciativas públicas o mixtas de producción de viviendas sociales optan por buscar suelo lejos de la ciudad
compacta como ya hemos hecho referencia. El resultado es nefasto. La vivienda sin ciudad es la exclusión, la sobreexplotación, los costes ambientales y sociales debido al déficit de infraestructuras
y de transportes. Por otra parte la ciudad compacta se desvitaliza, el espacio público se empobrece y aparece como peligroso. Si las viviendas de
sectores populares o medios se substituyen por
el turismo o por oficinas, o bien se degradan, el
comercio ciudadano tiende a desaparecer y se
traslada a los grandes centros comerciales. La
ciudad sin vivienda y sin comercio es la negación
de la ciudad. La ciudadanía se atomiza, el ciudadano solo lo es en su relación con los otros, son en
realidad “conciudadanos” (Balibar, 2013).
El mercado y casi siempre las políticas públicas tienden a fabricar la separación de los sectores populares de la ciudad, a pesar de su necesidad
de “estar en la ciudad”, no fuera de la misma. En
versal
América Latina5 y otras regiones del mundo donde
se han producido desde mediados del siglo pasado procesos inmigratorios de alta intensidad, la
población allegada en gran parte se ha cobijado
en instersticios o en los márgenes de la ciudad y
se construyeron viviendas precarias e informales.
Estos conjuntos de vivienda en muchos casos se
consolidaron, no solo produjeron y mejoraron su
vivienda, también contribuyeron con su trabajo,
sus luchas, hicieron ciudad, crearon las primeras
infraestructuras, servicios básicos, reivindicaron
y consiguieron servicios públicos, transportes y
consolidaron la vida social, incluso pero no siempre, el reconocimiento o la aceptación ciudadana. Han conquistado el “derecho al lugar”. Pero,
por intereses de promotores o de responsables
políticos, cuando estos lugares son deseables por
el mercado o por decisión administrativa, se tiende
a expulsarles, a trasladarlos en zonas periféricas
alejadas de la ciudad compacta y en conjuntos de
baja calidad. Algo parecido ocurre con conjuntos
de vivienda social en teoría “formales” pero de
baja calidad, pero los ocupantes han mejorado
y desarrollado su vivienda y se han creado lazos
sociales. Cuando el desarrollo de la ciudad genera
expectativas mercantiles o de obras públicas se
pretende trasladar a la población. El conflicto es
inevitable (Rodríguez A. y Sugranyes A., 2005; Rodríguez A., Sugranyes A., y Rodríguez P., 2015). En
muchos casos la expulsión no se ha podido evitar
pero en muchos otros se ha conseguido el mantenimiento en el lugar. En las dos últimas décadas los
gobiernos locales progresistas, con la colaboración
de los habitantes, han rehabilitado estos conjuntos
de viviendas y han establecido conexiones entre la
ciudad formal y estos barrios que nacieron y se desarrollaron en la informalidad (McGuirk, 2015).
5
Jorge Enrique Hardoy, uno de los más destacados urbanistas y
pensadores urbanos de América latina, evaluaba que en este
continente 50 por ciento de las ciudades era informal. Se refería
a los años sesenta del siglo pasado, es probable que ahora sea
mayor a pesar de las legalizaciones y las rehabilitaciones. En
las últimas décadas el problema lo tienen “los con techo”, en
expresión afortunada de Alfredo Rodríguez y Ana Sugranyes.
C I U DA DA N A JA N E :
L A B ATA L L A P O R L A C I U D A D
Jane Jacobs, una de las figuras emblemáticas de
la planificación de la ciudad moderna y activista
urbana de culto, ha sido capturada bajo la mirada
del documentalista Matt Tyrnauer en la película
Citizen Jane. Battle for the city. De acuerdo con
Owen Gleiberman, se trata de un documental
fascinante y de resonancia contemporánea que
muestra el enfrentamiento, hace medio siglo,
entre la activista y el urbanista Robert Mosses.
[La cinta aborda] “el duelo entre Jacobs y Mosses,
el género fílmico no es casual. Jacobs surgió
de la era feminista de segunda ola. Su visión
de la ciudad era valiente y espectacularmente
femenina: la veía como una enigmática
cooperativa, un jardín de las delicias terrenales,
mientras que Mosses ofrecía una versión
degradada de las ideas del arquitecto y urbanista
suizo-francés Le Courboisier, más identificado
con el dominio masculino abstracto: edificios
altos y duros, sin ningún indicio de desorden,
una ciudad que no era más que bordes afilados”
(Gleiberman, 2016).
En torno a la ola que resurge por el
Derecho a la Ciudad se vuelve tentador el
repaso cinematográfico a la lucha de Jacobs
por el destino de la mítica ciudad de Nueva
York, ya que el proyecto de Mosses era derruir
barrios como SoHo, Greenwich Village y
Nolita, en el Bajo Manhattan, que movilizaría
casi 2 mil familias y 800 negocios, para en su
lugar construir una macro autopista y torres
multifamiliares. Por ello, la figura de Jacobs
representa una fuerza inspiradora para enfrentar,
ya no solo al planificador de moda sino al sistema
económico capitalista que está despersonalizando
a las ciudades y sus habitantes en el mundo.
https://goo.gl/oMLHuD
El derecho a la vivienda digna nunca se ha
conquistado del todo, se consiguen victorias precarias. Las fuerzas del mercado y la complicidad
activa o pasiva de los gobiernos han hecho de la
vivienda una mercancía y de la ciudad un territorio al servicio de la especulación. Los organismos
internacionales, como ONU-HABITAT y los gobiernos estatales imbuidos por las políticas neoliberales mitificadoras del mercado no consideran
asumible el “derecho a la vivienda”. Difunden la
“resiliencia” como solución. Un falso consuelo
para aquéllos que no disponen de recursos suficientes ni ocupación estable, ni poseen vivienda
digna e inserción en la ciudad formal. El mensaje es: “no deben contar con el Estado, pero sí con
sus propias fuerzas, consigan trabajo, vivienda,
transportes, etcétera, nadie les va a ayudar”. Los
colectivos sociales generan su “otra resiliencia”:
asociación y cooperación, empoderamiento del
territorio, movilización reivindicativa en favor de
sus derechos, presencia en el escenario público
ciudadano y propuestas políticas alternativas.
Se organizan para conquistar los derechos que el
mercado y los gobiernos se los niegan.
7. EL USO Y EL MAL USO DE LAS TECNOLOGÍAS.
EL CASO DE LAS SMART CITIES. LAS TECNOLOGÍA
EN MUCHOS CASOS DEVIENEN INSTRUMENTOS
DE LA INSOSTENIBILIDAD Y DE LA EXCLUSIÓN
Las grandes innovaciones tecnológicas son siempre portadoras de esperanzas y de ilusiones para
las grandes masas de población. Así fue al inicio
de la sociedad industrial a mediados del siglo XIX.
Los socialistas utópicos como Saint Simon y Fourier imaginaron una sociedad idílica y más tarde
Owen o Morris intentaron crear “prototipos”, experiencias más o menos duraderas y que se han
repetido pero siempre a pequeña escala. A finales
del siglo XIX autores como Wells y especialmente Zola se inspiraron en los avances tecnológicos
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EL DER EC HO A LA C I U DAD
La “injusticia espacial” es el lugar donde se niega la
inclusión y la apropiación del territorio, es la negación de
los atributos de la ciudadanía
para anunciar el fin del trabajo penoso.6 A lo largo
del siglo XX han proliferado utopías basadas en
los progresos tecnológicos, primero a partir de la
industria y en el último tercio de siglo la tecnología informacional. Pero casi siempre las tecnologías han servido inicialmente para usos contrarios a los intereses y al bienestar de las mayorías
sociales. Medio siglo después de su existencia
una gran parte de la población sufre la fractura
digital. Sin embargo en los encuentros internacionales se proclaman los grandes beneficios que
la “nueva inteligencia urbana” hará de las ciudades una utopía realizada.7
El uso de los avances tecnológicos es un arma
de doble filo. Por una parte estos avances son
6
El optimismo de Zola (Le Travail, 1900) ahora nos parece muy
ingenuo. Es bien sabido que si bien en el primer tercio de siglo
XX los progresos tecnológicos fueron mejorando las condiciones de trabajo pero también hubo avances en la organización
del trabajo. Por ejemplo el taylorismo, el trabajo en cadena,
los ritmos y los controles sobre los trabajadores, la pérdida del
oficio sustituido por una actividad parcelaria y repetitiva. Es
posible que a la larga muchos progresos tecnológicos tiendan
a socializarse pero los grupos sociales dominantes no solo monopolizan las ventajas de estos avances, también los utilizan
para aplicar otras formas de explotación.
7
Las smart cities fue una campaña publicitaria de la multinacional IBM (2010) y un año después pone en el mercado de las ciudades un producto, Intelligent Center for Smarter Cities. Propone a los gobiernos locales una información sectorializada de
todas las dimensiones de lo urbano y las respuestas “adecuadas” a cada una de las problemáticas posibles. Se “naturalizan”
las temáticas que en la realidad son interdependientes y las
respuestas son siempre en el marco económico-jurídico de las
actuales sociedades marcadas por la financiarización globalizada, las políticas neoliberales y la mercantilización de todas
las dimensiones de la vida.
potencialmente generalizables y usables para la
ciudadanía, por su bienestar y mayores grados de
libertad, pero por otra parte pueden servir para
todo lo contrario. El Big Data por ejemplo concentra una gran información sobre la ciudadanía
y las cuestiones que les afectan pero en muchos
casos no es accesible o no es comprensible. En la
práctica el Big Data está monopolizado por los gobiernos y las grandes empresas, es posible un planteamiento opuesto, el Data City, en que no solo la
información es accesible, también ésta se produce
de abajo a arriba (Borja, 2014; Peugeot, 2014; Batty,
2013). El éxito publicitario de las smart cities no es
solamente un éxito empresarial. Ha entusiasmado
a los gobernantes y a los organismos internacionales para difundir ilusiones imaginarias a la ciudadanía en tiempos difíciles. En el Fórum Urbano de
Medellin (2015) escuché a un alcalde de una gran
ciudad desarrollada y muy “moderna” que declaró
en público que ¡con las smart cities se acabarían
las desigualdades sociales!
Muchos de los avances tecnológicos a la larga
han sido útiles pero en muchos casos han servido también para generar o agravar problemas
sociales o de sostenibilidad. Como el uso abusivo
del automóvil y los costes ambientales que provoca, o el control de los ciudadanos sin su conocimiento. Las arquitecturas opulentas y ostentosas
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despilfarradoras e insostenibles. Los ritmos de trabajo
adaptados a las máquinas pero no a las personas. La lista puede ser interminable. Los malos usos de las tecnologías no son resultado de errores técnicos sino de voluntades políticas, intereses mercantilistas y sumisión
de las mayorías sociales.
Un ejemplo de los malos usos del lenguaje tecnológico es el ya citado concepto de “resiliencia”. Se ha usado en ecología, ingienería, psicología, etcétera. En todos
los casos se refiere a la reacción de un cuerpo o elemento que se ha deformado o vulnerado para recuperar su
anterior situación. Pero en las sociedades heridas por
las políticas neoliberales y por la regresión de las instituciones del welfare state o de protección social se ha
usado la resiliencia como un llamado, implícitamente
amenazador, a los sectores populares desprotegidos
para que se enfrenten solos a situaciones críticas de
las que no son responsables. Una situación que supone
una regresión que nos hace recordar la opción entre “civilización y barbarie” y que hoy podríamos añadir “ciudadanía o barbarie”. En el mundo actual parece que se
impone la barbarie. La paradoja es que son los Estados
de los países que se consideran más “civilizados” los
principales agentes de la barbarie.
8. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL, PROFESIONAL Y
MORAL DE LOS FUNCIONARIOS, ACADÉMICOS Y
TÉCNICOS
Los profesionales y los académicos no son los ”buenos
de la película”. Obviamente hay producción intelectual,
crítica, a veces propositiva y alternativa por parte de expertos en los temas urbanos y sociales. Pero son muchos
I S R A E L M A RT Í N E Z Y L A C I U DA D S O N O R A
versal
El Derecho a la Ciudad contempla de manera ineludible el espacio sonoro
y sus beneficios, afectaciones y posibilidades. Con el desarrollo de la urbe,
la sonoridad y el estilo de vida en la ciudad acentúan y redimensionan
el concepto de espacio público y el privado y la vida social del individuo
transguedida por la dimensión invasiva del ruido, sin regulaciones o
repercusiones claras y sí como un problema físico, subjetivo y social.
En este sentido, el trabajo de Israel Martínez (Guadalajara, 1979)
destaca por su énfasis sobre diversos temas sociales a través del sonido,
la música, y su vinculación con la imagen, creando piezas auditivas
más los profesionales, funcionarios cómplices activos
y los legitimadores desde las cátedras y los medios de
comunicación. También hay los que producen un saber
anodino en investigaciones y estudios que no resuelven
nada de la vida de las mayorías. Y los que denuncian las
situaciones de exclusión y de despilfarro como si fueran
plagas bíblicas, los que omiten los responsables y no
exponen los mecanismos sociales que producen el mal
que aparentemente denuncian. Muchos profesionales
y funcionarios públicos hacen su trabajo lo mejor posible pero no se plantean o prefieren no ir más allá de sus
tareas. Son los que desde las administraciones públicas
o desde empresas formales hacen planes y proyectos,
diseñan y construyen viviendas o infraestructuras. Pero
muchas veces las viviendas son conjuntos sociales al
margen de la ciudad. O las infraestructuras son vías “rápidas” que segregan barrios y generan oportunidades
especulativas. Este discurso legitimador de las obras y
“naturalizador” de la realidad es inacabable.8
No se puede pedir a los profesionales y funcionarios
que individualmente sean héroes. Pero existen corporaciones gremiales, sindicatos, asociaciones ciudadanas, facultades universitarias y entidades culturales
que podrían ser más activas, más críticas y con más
8
La crisis económica-financiera iniciada en los primeros años de este
siglo y su corolario el boom inmobiliario se desarrolló sin que los gobiernos, los medios de comunicación y la academia miraban para otro
lado. Hubo colectivos diversos y profesionales individualmente previeron, analizaron y denunciaron el derroche catastrófico que nos venía
encima. Una ministra de la Vivienda del gobierno español (socialista)
fue preguntada en una rueda de prensa qué podía decir acerca de un
posible estallido del boom inmobiliario. Hubo un momento de silencio
y finalmente la ministra miró su reloj y contestó: “no tengo tiempo de
contestar a más preguntas”. Un año después explotaba la burbuja que
llevó a la pobreza, al desahucio, a la pérdida de la ocupación a millones
de personas. La exministra continúa en la dirección del PSOE y estuvo
a punto de liderar el partido.
multicanales, composiciones electrónicas, video
instalaciones, acciones, intervenciones, piezas gráficas
con el uso de distintos medios, y publicaciones tanto
impresas como digitales. Martínez es un artista
multidisciplinario que trabaja con el sonido como
materia prima y tema de estudio. Ha compuesto música
experimental y electroacústica no académica. Sus
obras y proyectos han sido presentados en diversos
formatos de eventos por varios países principalmente
de América y Europa. En 2007 obtuvo un Premio de
Distinción en el Prix Ars Electronica. Ha sido invitado
de las residencias Artists-in-Residence Program del
DAAD en Alemania, y del MuseumsQuartier en Viena.
Es también co-fundador de la plataforma de difusión
multimedia Suplex y del sello discográfico Abolipop
Records. Desde 1995 publica textos sobre diversos
temas culturales de manera intermitente.
Actualmente es miembro del Sistema
Nacional de Creadores de Arte.
https://goo.gl/68C53T
capacidad de promover iniciativas políticas, legislativas y movilizadoras. El ejemplo lo dan los
movimientos y las organizaciones sociales que
integran en su seno numerosos profesionales y
profesores y están presentes en sectores populares y también medios. Pero su peso en el marco institucional, político-jurídico y socio-económico, es relativamente débil aunque consigue
progresos importantes como el movimiento de
Reforma urbana nacido en Brasil y se ha generalizado en América latina.
¿A quién sirven los organismos internacionales y especialmente Naciones Unidas, Habitat
incluído? No consiguen autonomizarse de los Estados y de sus gobiernos. Confunden las “naciones unidas” con los gobiernos de los Estados. Las
naciones son los pueblos, no son las oligarquías
políticas y económicas, ni las burocracias, ni los
grandes medios de comunicación ni las multinacionales. Sin embargo los organismos, agencias y
otros entes del sistema de la ONU, otras grandes
organizaciones internacionales, están sometidas
o mediatizadas por los aparatos de los Estados y
han generado sus propias burocracias que sienten que su mantenimiento solo se garantiza si
son cómplices de los gobiernos de los estados.
Habitat se ha abierto gradualmente hacia las ciudades y las organizaciones sociales, pero siempre
en los límites que le permiten los Estados. Y ha
buscado financiación llamando a la puerta de las
multinacionales, pues los gobiernos nacionales
nunca han tenido a Habitat en mucha consideración. En consecuencia, los informes, resoluciones
e iniciativas de Habitat son brindis al sol, buenas
palabras que se lleva el viento. Un ente como Habitat solo tiene razón de ser si se convierte en un
aliado de las ciudades y de los movimientos sociales populares y las redes asociativas, incluidos
los colectivos profesionales comprometidos en la
lucha por la justicia espacial, la sostenibilidad y
el derecho a la ciudad.
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EL DER EC HO A LA C I U DAD
9. LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CULTURA
URBANÍSTICA Y CIUDADANA A PARTIR DE LAS
PRÁCTICAS SOCIALES Y DEL PENSAMIENTO
CRÍTICO
La cultura y los instrumentos urbanísticos que
hemos heredado de la sociedad industrial representan un patrimonio intelectual y en muchos
casos proporcionan también un instrumental
útil pero no suficiente. Empezando por el mitificado “planeamiento”. El urbanismo del periodo
industrialista puso, o por lo menos lo intentó, poner orden en el caos de las sociedades del “laissez faire, laissez passer” (Guizot dixit). El plan, la
organización del sistema de las infraestructuras
de movilidad y de los servicios urbanos básicos,
el alineamiento y continuidad de los conjuntos,
la reserva para espacios públicos y equipamientos, los modelos de tramas (como los ensanches
cuadriculados o en estrella), la zonificación, etcétera. Pero las dinámicas urbanas han desbordado unos instrumentos que requieren un actor
hegemónico y una estabilidad y previsibilidad
que en las últimas décadas no se ha dado. A lo
que se añade un efecto de escala ya expuesto.
Han surgido otros instrumentos más o menos
complejos como el planeamiento estratégico, urbanismo por proyectos, planes estratégicos, convenios público-privados, etcétera (Pinson, 2009).
Sin embargo estos instrumentos, cada uno más
o menos útil, no conllevan unos valores y unos
objetivos claros, o bien son conceptos bienintencionados unos, como la integración social o la
participación y no tanto otros como la “competitividad” o la “seguridad”.
Los retos del urbanismo actual debe dar respuestas a la financiarización del territorio, a la especulación del suelo, a la urbanización sin ciudad,
a las dinámicas excluyentes, a la creciente desigualdad, a la insostenibilidad ecológica y social,
al desfase entre población activa y mercado de
El urbanismo actual
debe dar respuestas
a la financiarización
del territorio, a la
especulación del suelo,
a la urbanización sin
ciudad, a las dinámicas
excluyentes
trabajo, al desgobierno y complejidad opaca de
las instituciones y entes públicos o parapúblicos.
En consecuencia las respuestas no pueden darlas
los instrumentos específicos del urbanismo, se
trata de nuevas leyes y programas, de renovar el
marco político-jurídico: banca pública y cooperativa, precio del suelo urbanizable adquirible por
el sector público o social a precio rústico, prohibir los barrios cerrados, continuidad del tejido
ciudadano (contra la difusión urbana), exigir la
mixtura social en todos los proyectos de conjuntos de vivienda, mezclar actividades económicas,
comercio y grandes equipamientos con zonas de
vivienda, promover una diversidad de centralidades en todo el territorio metropolitano, generalizar la renta básica y la formación continuada,
reconstruir el tejido institucional para adaptarlo
y simplificarlo a las realidades sociales y territoriales. Se trata de combatir el “efecto de escala”,9
de “hacer ciudad sobre la ciudad, de limitar radicalmente la movilidad contaminante y de generar
bolsas de ocupación en las áreas residenciales. En
resumen, el urbanismo hay que supeditarlo a la
sostenibilidad ambiental y el buen uso de los recursos básicos y a la reducción de las desigualdades y especialmente enfrentarse contra la injusticia espacial.
A partir de estos objetivos hay que adaptar los
instrumentos urbanísticos. ¿El “planeamiento” es
el instrumento principal? El marco político-jurídico
apuntado condiciona ya cualquier plan. El plan hoy
debe ser, por una parte, un escenario de futuro deseable e indicativo, y por otra, un conjunto de criterios e intervenciones de obligado cumplimiento. A
título de ejemplo: no superar indicadores de densificación máximos y no estar por debajo de mínimo
de espacios públicos, transporte colectivo a menos
9
Entendemos por “efecto de escala” las distancia que se
producen en las ciudades y regiones metropolitanas que
suponen no solo costes ambientales también el coste o la
exclusión de los sectores sociales que deben gastar tiempo y
dinero para acceder a las zonas de trabajo y de servicios y en
muchos casos acceden dificílmente a las centralidades. El
efecto escala es uno de los factores principales de exclusión
y desigualdad.
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N metros (300 por ejemplo) de las zonas habitadas
o de actividad económica, 50% de vivienda social o
popular en todas las zonas de la ciudad, equilibrar
población residente y puestos de trabajo, 50 por
ciento como mínimo de áreas de equipamientos
y de espacio público, etcétera. Estos criterios en el
plan se modulan en distintas zonas de la ciudad.10
El planeamiento tal como se expone es una guía
para la acción. Partimos de la intervención urbanística en la ciudad entendida como un proceso.
Los instrumentos están al servicio de los objetivos
estratégicos y de las intervenciones concretas en el
territorio. Estas intervenciones se adaptan en cada
momento a las prioridades del gobierno de la ciudad, a las demandas o propuestas de la ciudadanía,
a los instrumentos legales y financieros utilizables
y a la expertise de los portadores de la cultura urbanística. La ciudad se hace con los ciudadanos,
nadie tiene el monopolio de hacer ciudad.
10. CIUDAD Y CIUDADANÍA. TERRITORIO Y
DERECHOS URBANOS, SOCIALES, ECONÓMICOS,
POLÍTICOS Y CULTURALES
El paper número 1 de la serie de 10 de los “Habitat
III Policy paper framework” tiene un título interesante y novedoso: The Right to the City and Cities
for all. La novedad no es el título sino el que sea
un documento con el logo de Habitat, aunque es
simplemente un documento de trabajo. De entrada nos dice que “La New Urban Agenda debe
reconocer que los modelos de desarrollo urbano
basados en la competitividad de las ciudades
pueden ser muy atractivos para los negocios y
para la especulación del suelo. Pero no son capaces de crear un modelo sostenible de inclusión
social sino más bien es generador de exclusión”.
10 Ver el Plan de Roma elaborado bajo la dirección de Mauricio Marcelloni en los años 90 que establecía “las certezas del
plan”, los objetivos concretos y ejecutables de inmediato. Ver
el libro del plan de M.Marcelloni, Roma 2003.
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Las ciudades y las regiones metropolitanas
son hoy el escenario del conflicto social
Veremos si Habitat III avanza en esta dirección.
Hay razones para dudarlo.11
La ciudad no es simplemente un recipiente
donde se entremezclan personas y edificios, es un
sistema de relaciones (individuos y colectivos, residentes y usuarios, edificios y espacios abiertos,
movilidades y elementos estables), un entorno
significante, unas culturas y unas memorias acumuladas, una máquina compleja que produce
bienes y servicios, un ámbito de expresiones individuales y colectivas, etcétera, es la ciudad la que
permite más o menos que se ejerza la ciudadanía. La ciudadanía la entendemos como el conjunto de derechos y deberes, de pautas compartidas
más o menos asumidas, el derecho a ser reconocido por los otros. Ya hemos dicho que el ciudadano lo es en su relación con el otro. Para lo cual se
es ciudadano si eres libre e igual como los otros
conciudadanos. La ciudad hace posible a sus habitantes que sean ciudadanos por medio de sus
infraestructuras y las viviendas dignas, el acceso
por igual a los bienes y servicios, el participar en la
vida colectiva incluida la política, el sentimiento
de ser aceptado y protegido, el acceso universal a
11 La fecha del documento es 31 de diciembre de 2015. Es posible
que los autores del texto se animaron más de la cuenta aquel
día muy festivo. La versión castellana de esta serie se publicó
poco después pero el paper 1 ya no era “El derecho a la ciudad y
ciudad para todos” sino de contenido mucho más corto y distinto. El nuevo título, “Ciudades inclusivas”, es una declaración de
buenas intenciones, pero ni se plantean las políticas en términos de derechos ni se hacen referencias a los factores causales
como competitividad de la ciudad o especulación urbana.
la movilidad, la formación, la asistencia sanitaria
y la remuneración suficiente sea por via del trabajo o por la renta básica. Es evidente que las ciudades, todas en mayor o menor grado, no son generadoras de ciudadanía plena e igual para todos.
El Derecho a la Ciudad no es un derecho que
se proclama en las constituciones o en las leyes
urbanísticas. Obviamente mejor sería que así
fuera reconocido por el marco político-jurídico
existente. Pero como ya ocurre con muchos otros
“derechos humanos” aunque estén reconocidos
por los tratados internacionales y por las constituciones de los estados no es condición suficiente para que sean efectivos. Ante un derecho más
abstracto y complejo como es el “derecho a la
ciudad” lo que cuenta es la exigencia ciudadana
de derechos específicos, como la vivienda digna,
el derecho al lugar y a su inserción ciudadana; el
derecho a la movilidad, a la centralidad y a la accesibilidad que no suponga un coste económico
o social (tiempo) a una parte de la población; la
garantía de disponer de ocupación y de ingresos
básicos; el acceso por igual a la educación y a la
formación continuada y asistencia sanitaria y
protección social; la igualdad político-jurídica de
todos los habitantes; el reconocimiento por igual
de culturas y creencias; etc. Si es así entonces
¿porqué plantear el Derecho a la Ciudad?
El Derecho a la Ciudad es la otra cara de la ciudadanía. No hay ciudad sin ciudadanía pues en el
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ámbito de la ciudad que se ejercen los derechos
concretos que configuran la ciudadanía. Cada
uno de los derechos ciudadanos, sean urbanos,
políticos, socio-económicos o culturales, son interdependientes. Si no se tienen todos a la vez no
se es ciudadano pleno. La ciudad integra, en teoría por lo menos, estos derechos por medio de las
políticas institucionales y de las prácticas sociales. El Derecho a la Ciudad, en cada momento histórico y en cada zona del mundo, es un todo que
incluye todos los derechos propios de la ciudadanía. Es por lo tanto una guía para la acción en el
presente, para la interpretación de la realidad y
para la concepción de las políticas urbanas. Los
gobiernos locales, los políticos, los profesionales,
los activistas sociales y más o menos conscientemente los ciudadanos saben que los derechos
ciudadanos están vinculados entre sí, que difícilmente se ejercen los que se poseen si los otros
faltan o están muy limitados.
El Derecho a la Ciudad es algo más, es un escenario de futuro deseable, una esperanza de
sociedad justa y libre, de iguales y de solidarios,
de respeto mutuo y de respeto al medio físico,
de asunción de la historia y de la memoria ciudadanas y de un horizonte que nos orienta en
la acción. No es una utopía, o lo es en palabras
de Eduardo Galeano, “es lo que nos anima a andar”. Muchos gobiernos de los estados rechazan
el “derecho a la ciudad”. No son tan imbéciles de
pensar que un “derecho de derechos” es algo exigible que les pondría en un aprieto. Es otra cosa.
Intuyen el carácter subversivo del Derecho a la
Ciudad, es un instrumento de transformación social, cultural y política. Tienen razón, el Derecho
a la Ciudad se enfrenta con los gobiernos y sus
políticas actuales, contrarias a la sostenibilidad
del medio en que vivimos y favorables al enriquecimiento de las minorías. Es también un test
para los organismos internacionales. ¿Están con
los estados y sus gobiernos o con las naciones o
los pueblos?.12
12 El Derecho a la Ciudad fue un concepto que emergió en el ámbito internacional en Habitat (1996), en el seno de organizaciones sociales como HIC. Ni los gobiernos ni los organismos
internacionales lo tomaron en cuenta. El concepto se ha ido
desarrollando en sectores intelectuales conectados o abiertos a los movimientos sociales: la red de Clacso, el grupo Derecho a a la ciudad de New York (Harvey, Marcuse, etcétera),
los autores europeos que recuperan la idea de los “comunes
(en Francia, Italia, España, Reino Unido, etcétera) y la organización en red Global Platform for the Rights to the City. En las
referencias de libros y artículos del autor podrán encontrar
una amplia bibliografía.
Bibliografía
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BATTY, Michael (2013). “Big Data, smart cities and city planning”, en:
Dialogues in Human Geography, consultado en: www.spatialcomplexity.info/files/2013/12/BATTY-DHG-2013.pdf, fecha de consulta:
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septiembre de 2017.
––––––––– (2015). La revolución urbana y los derechos ciudadanos, Buenos Aires: Café de las Ciudades.
––––––––– (2015a). “Democracia, Insurrección ciudadana y Estado de
derecho”, en: revista La Maleta de Port Bou.
––––––––– (2016). “Ciudadanía, derecho a la ciudad y clases sociales”,
en: Carrión, Fernando y Dammert, Manuel. Derecho a la ciudad,
conflictos y políticas (Lima: CLACSO-Universidad Católica de Lima.
CARRIÓN, F. (2015). Giro a la izquierda de las ciudades latinoamericanas. Buenos Aires: Café de las Ciudades.
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EL DER EC HO A LA C I U DAD
DAVIS, Mike (2012). Urbanismo mágico. Los latinos reinventan la ciudad
norteamericana. Madrid: Ed. Lengua de Trapo.
MCGUIRK, Justin (2015). Ciudades radicales. Madrid: Ed.Turner Noema.
PEUGEOT, Valérie (2014). “Collaborative ou intelligente? La ville entre
deux imaginaires”, en: Carmes, Maryse y Noyer, Jean-Max (eds.) Devenirs urbains, París: Editions Ecole des Mines-Paris, Col. Territoires
numériques.
PINSON, Gilles (2009). Gouverner la ville par projet. Urbanisme et gouvernance des villes européennes, Paris: Presses de la Fondation de
Sciences Politiques (versión en castellano, PUV, Colección Desarrollo Territorial, dirigida por Joan Romero, 2011).
RODRÍGUEZ, Alfredo y Sugranyes, Ana (2005). Los con techo. Santiago
de Chile: Ediciones Sur.
––––––––– y Rodríguez Paula (2015). Con subsidio y sin derecho. El derecho a una vivienda adecuada. Santiago de Chile: Ediciones Sur.
SECCHI, B. (2015). Ciudades de ricos, ciudades de pobres, Madrid: Ed. Libros de la Catarata.
versal
O N U - H A B ITAT
El Derecho a la Ciudad es la
otra cara de la ciudadanía,
no hay ciudad sin ésta
pues es en la ciudad donde
se ejercen los derechos
concretos que la consignan
Las ciudades enfrentan desafíos demográficos,
medioambientales, económicos, sociales y
espaciales sin precedentes. Se ha producido un
cambio espectacular hacia la urbanización y se
espera que, para 2030, seis de cada diez personas
en el mundo vivan en áreas urbanas. Y más de
90% de este crecimiento será en África, Asia,
América Latina y el Caribe.
Ante la falta de una planificación urbana
efectiva, las consecuencias de la rápida
urbanización tendrán un gran impacto.
En muchos lugares ya se pueden observar
los efectos: falta de viviendas adecuadas y
crecimiento de tugurios, infraestructura
inadecuada y obsoleta (carreteras, transporte
público, agua, saneamiento o electricidad),
aumento de la pobreza y el desempleo,
problemas de seguridad y delincuencia,
cuestiones de contaminación y salud, así como
desastres naturales causados por el ser humano
y otras catástrofes relacionadas a los efectos del
cambio climático. La mentalidad, las políticas
y los enfoques sobre urbanización necesitan
cambiar para que el crecimiento de las ciudades
y las zonas urbanas se traduzca en oportunidades
que no dejen a nadie atrás.
ONU-Habitat es el programa de Naciones
Unidas que trabaja por un mejor futuro
urbano. Su misión es promover el desarrollo
de asentamientos humanos sostenibles desde
el punto de vista social y medioambiental y
proporcionar vivienda adecuada para todos y
todas.
ONU-Habitat, ha recibido el mandato de
la Asamblea General de la ONU de promover
poblaciones y ciudades sostenibles social y
ambientalmente. ONU-Habitat es el centro de
coordinación para todas las cuestiones sobre
urbanización y asentamientos humanos.
https://es.unhabitat.org
El
Derecho
a la Ciudad
como derecho a la calle
Para Manuel Delgado, el tema de la calle como extensión
de la casa y del ciudadano es una prioridad porque este
espacio público es núcleo e institución de la organización
sociourbana: la calle como ese espacio público de
encuentro, refugio y construcción de lazos sociales
LA CALLE, LUGAR DE ENCUENTRO
P
Manuel Delgado
Antropólogo urbano,
estudioso de los
fenómenos de la calle,
la apropiación del
espacio público y la
construcción de las
identidades colectivas
en contextos urbanos.
Doctor en Antropología
por la Universidad de
Barcelona y licenciado
en Historia del Arte por
la misma universidad.
Catedrático y autor de
diversas publicaciones e
investigaciones.
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ara las tendencias más autoritarias y antiurbanas de la política, la arquitectura y el
urbanismo, la calle es ante todo un lugar de
circulación al servicio de los ires y venires
instrumentales en el seno de una determinada topografía urbana. Por ejemplo, ir del
domicilio al trabajo y viceversa, facilitar la distribución de
mercancías, garantizar la eficiencia de los servicios públicos de movilidad, prestarle un servicio a la buena fluidez
en los desplazamientos en automóvil. Se tolera también
que la calle sirva para que en ella se desarrollen formas
de ocio previsibles y amables, hoy por hoy casi siempre
asociadas a las prácticas de consumo. En determinadas
oportunidades incluso se pueden aceptar usos colectivos
excepcionales de tipo festivo o para la expresión política,
siempre debidamente monitorizados por las autoridades.
Por supuesto que tales concepciones responden a la crónica desconfianza de buena parte de técnicos y teóricos
de la organización urbana hacia la tendencia de la calle
al enmarañamiento y la ambigüedad semántica. En cambio, debería ser evidente que una calle es mucho más que
un mero pasadizo que se abre paso entre construcciones,
uniéndolas entre sí al mismo tiempo que las separa, ni la trama que conforman las calles son
sólo un sistema de canales que hay que mantener en buen estado. Las calles son ante todo una
institución social, en el sentido de un sistema de
convenciones organizadas de forma duradera de
cuyo buen funcionamiento dependen parcelas
estratégicas de la organización sociourbana en
su conjunto.
A medio camino entre lo extraño y lo próximo,
entre las vivencias más simples y las más complejas, entre las normas y las casualidades, entre
lo material y lo imaginario, entre lo sensitivo y lo
subjetivo..., la calle es el espacio que conoce la experiencia fundamental del contraste entre dentro
y fuera y los tránsitos entre una esfera y otra, en
particular entre la forma más radical de cristalización social dotada de sede –el hogar– y todo lo
que le es ajeno, pero al mismo tiempo inmediato,
puesto que es lo que se extiende más allá de su
puerta y hacia el exterior. La calle y la plaza –al fin
y al cabo, una calle expandida– ante todo lugares
de encuentro, es decir lugares compartidos, colectivos, de libre acceso, públicos, en tanto que quienes en ellos se encuentran quedan a merced de la
mirada y el juicio ajenos, esto es expuestos, en el
doble sentido de exhibidos a los demás y sometidos a sus iniciativas. El núcleo central de esa vida
social en la calle la llevan a cabo personas que se
conocen más bien poco o en absoluto y que entienden que la calle es el ámbito de una existencia
ajena o incluso contraria a ese presunto reducto
de verdad personal y de autenticidad que es en
teoría la vida doméstica o incluso el dominio de la
intimidad. En el nivel más cercano encontramos
en la calle a los vecinos, a los amigos, a los conocidos “de vista”; en el más lejano, a ese personaje
central de la vida urbana que es el desconocido o
desconocida con quien nos cruzamos una sola vez
y no volvimos a ver.
La calle es uno de los elementos centrales de
la teoría urbana de Henri Lefebvre, pues, como
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señalaba Mario Gaviria (1968: 7) en la primera
edición española de El Derecho a la Ciudad, la
calle “es lo más urbano; la sala de estar de la ciudad”. A lo largo y ancho de la obra de Lefebvre no
encontramos sino elogios a la calle como la concreción de la categoría teórica espacio urbano, en
el sentido de espacio de y para la vida urbana o,
si se prefiere, de lo urbano como vida: "La calle
representa en nuestra sociedad a la vida cotidiana. Constituye su escenario casi completo y esto
siendo exterior a las existencias individuales y
sociales o quizá por ser exterior. No es nada más
que el lugar de paso, de interferencias, de circulación y de comunicación. Es pues todo o casi todo"
(Lefebvre, 1978 [1970]: 94). En otro lugar:
¿Qué es la calle? Es el lugar (topo) del encuentro,
sin la cual no caben otros posibles encuentros
en lugares asignados a tal fin (cafés, teatros y
salas diversas). Estos lugares privilegiados, o
bien animan la calle y utilizan asimismo la animación de ésta, o bien no existen. En la calle hay
desorden, es cierto, pero todos los elementos de
la vida humana, inmovilizados en otros lugares
por una ordenación fija y redundante, se liberan y confluyen en las calles, y alcanzan el centro a través de ellos; todos se dan cita, alejados
de sus habitáculos fijos […]
La calle y su espacio es el lugar donde un grupo
(la propia ciudad) se manifiesta, se muestra, se
apodera de los lugares y se realiza un adecuado
tiempo-espacio. Dicha apropiación muestra que
el uso y el valor de uso pueden dominar el cambio
y el valor de cambio. En cuanto al acontecimiento revolucionario, éste tiene lugar generalmente en la calle. ¿Acaso el desorden revolucionario
no entrega también un nuevo orden?; ¿acaso el
espacio urbano de la calle no es el lugar para la
palabra, para el intercambio, tanto de términos y
de signos como de cosas?; ¿acaso no constituye el
lugar privilegiado en donde se ha hecho salvaje
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y se encuentra, eludiendo prescripciones e instituciones, inscrita en las paredes? (Lefebvre, 1976
[1970]): 25).
En efecto, ahí afuera, en la calle, se desarrolla
una forma específica de vida social, en la que los
vínculos cálidos y francos que se supone fundan
la organización doméstica se debilitan y los códigos más sólidos pierden eficacia organizadora y
descubren su vulnerabilidad o su reversibilidad y
han de buscar y encuentran alternativas específicas adaptadas a un nuevo entorno singular. Eso
es así en las aceras, en los parques, en las plazoletas, en los espacios para el juego o el deporte,
en los descampados o solares, a veces incluso en
las mismas calzadas, y también en todo tipo de
formas intermedias: balcones, quicios, ventanas,
rincones, esquinas, zaguanes, patios, soportales,
así como en locales semipúblicos que son como
áreas de servicio sometidas en parte a las lógicas de acción y comportamiento de la calle: bares,
tiendas, iglesias, sedes administrativas... También
ello es aplicable al valor que reciben elementos
del mobiliario urbano u ornamentos del lugar a
los que la dramaturgia social acaba concediendo
una importancia crucial: bancos, fuentes, árboles, monumentos, farolas, barandillas, terrazas de
bar, escalinatas, que nunca son simples objetos
decorativos del entorno.
Es cierto que una de las funciones del sistema
de calles de un conjunto urbano es la de garantizar
la comunicación entre puntos de una misma trama
urbana. Contemplada desde el aire o sintetizada en
un plano, la retícula de intersticios que se abren
entre volúmenes construidos constituye el esquema en el que una ciudad, un pueblo o un barrio
encuentran compendiada su morfología, así como
el sistema de jerarquías, pautas y relaciones espaciales que determinará muchos de sus cambios futuros. Ahora bien, más allá de esas definiciones que
hacen de ella un mero mecanismo para la accesibilidad, la regulación y la comunicación entre puntos,
la organización de las vías y cruces es, por encima
de todo, el entramado por el que oscilan o en que
momentáneamente se detienen los aspectos más
intranquilos de la vida urbana, un escenario conformado por topografías móviles, regidas por una
clase concreta de implantación colectiva, que pone
en contacto a extraños totales o relativos para fines
que no tienen por qué ser forzosamente prácticos
y en que se registra una proliferación poco menos
que infinita de significados y de apropiaciones.
Pero por las calles no sólo transcurren cuerpos y máquinas. Por ellas se mueve también, por
ejemplo, información. Las personas que salen a
la calle no se limitan a llevar a cabo itinerarios
prefijados o conductas mecánicas como si fueran
autómatas. Al hacerlo recogen y trasladan noticias que con frecuencia se han escapado de los
canales oficiales por las que éstas se supone que
deben discurrir. En eso consiste lo que se da en
llamar “la voz de la calle”, que no es sino esa especie de locución colectiva que reproduce y recrea
rumores, habladurías, clamores que tienen vida
propia y que son instrumentos eficaces de control social, en el sentido de control de la sociedad
sobre sí misma y sus miembros, pero también
respecto de los poderes que no pueden escapar
de la crítica constante a que les somete esa red
informal de intercambio de mensajes que es el
boca a boca siempre activo que conocen las calles
de cualquier barrio, pueblo o ciudad.
La manera como la calle se convierte en vehículo para la circulación de información advierte
de otro papel no menos institucional que asume
para la vida colectiva: el de contribuir a la formación social de los individuos en las etapas estratégicas de la infancia y la adolescencia. En efecto, los
niños y los jóvenes reciben en la calle informaciones clave sobre el funcionamiento de la sociedad y
sus requisitos y reciben entrenamiento en formas
de sociabilidad grupal diferentes, pero complementarias, de las que les suministran la escuela,
la familia o los medios de comunicación. La calle
es, sin duda, el escenario en que se entiende y se
Las calles son ante todo una institución social, en el sentido
de un sistema de convenciones organizadas de forma
duradera de cuyo buen funcionamiento dependen parcelas
estratégicas de la organización sociourbana en su conjunto
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asume el paso de la esfera privada a la pública. El
espacio colectivo del propio barrio es el primer
mediador natural entre el entorno doméstico en
que el individuo ha pasado su primera infancia y
una inmersión plena en la sociedad de desconocidos que le espera cuando se incorpore de forma
plena a la vida pública como adulto, que transcurrirá en su mayor parte en ámbitos de anonimato
y mutua indiferencia. La pandilla, el grupo de amigos con los que "se sale" –interesante expresión
que denota la importancia de la relación dentro/
fuera o domicilio/calle- son mucho más que un
mero soporte emocional: ese tipo de sociedades
–cuyo marco natural son justamente los aledaños de la propia casa– deberán resultar esenciales
para que el joven se incorpore a redes que son a
su vez modelos de copresencia y de cooperación,
todo ello en esferas regidas por sus propios principios éticos, organizativos e incluso legales, como
los que estructuran las llamadas “bandas juveniles”, lo que un autor de referencia ha denominado
“el código de la calle” (Anderson, 1999).
Por supuesto que todo tipo de sistemas de
control, tanto sociales como directamente policiales, escrutan en todo momento lo que pasa
en las calles, pero ello no impide que estas sean
o puedan ser el espacio propicio para las emancipaciones individuales. Hemos visto como la
calle se conforma como un intersticio en que se
refugian o refugiaban los niños y los adolescentes para sortear la vigilancia de las instituciones
familiares o educativas y generar sus propios
marcos de referencia. En el caso de las mujeres,
es bien sabido que los factores de inseguridad
urbana les afectan mucho más que a los hombres y que el espacio público ha sido concebido
de acuerdo a intereses y modelos de uso preferentemente masculinos. Conocemos también
hasta qué punto no es lo mismo ser “hombre de
la calle” que “mujer de la calle”. Pero no es menos
cierto que, a pesar de todo, los lugares públicos y
semipúblicos han ampliado para las mujeres la
posibilidad de construir reductos de seguridad
y confianza ajenos a la familia y a un hogar que
ha sido tantas veces para ellas un infierno, continuando con una vieja tradición de lugares de encuentro preferentemente femeninos –lavadero,
fuente, tienda, parroquia...– y procurando formas
de sociabilidad propias, a veces camufladas bajo
el aspecto de prácticas de ocio o de consumo,
como el aparentemente banal “salir de compras”.
En la trama de calles y plazas también se reconoce otra actividad no menos circulatoria: la de
la memoria. En efecto, el sistema de calles pone
de manifiesto cómo, además de una sociedad
humana, toda ciudad es también una sociedad
de lugares. Son las prácticas ambulatorias, incluso las más triviales, las que trazan diagramas
que parten de la residencia particular y regresan
a ella, las que permiten que los lugares de una
ciudad se comuniquen entre sí, generando en
esa actividad no una suma informe de significados, sino un conjunto coherente de evaluaciones
y evocaciones que es justo lo que damos en llamar memoria colectiva. Es así que salir a la calle,
ir de un sitio a otro, incluso –o acaso sobre todocuando es en forma del más irrelevante paseo, es
idéntico a recorrer un universo hecho todo él de
conexiones, empalmes, bifurcaciones, intersecciones…, archivos secretos en los que está inscrita
y registrada no tanto una memoria común –es
decir, igual para todos– sino más bien un trenzamiento interminable de rememoraciones individuales y grupales que se prolongan y completan
unas a otras para generar una memoria al tiempo compartida y fragmentaria.
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LA SOCIEDAD COMO ESPECTÁCULO
Escribe Henri Lefebvre:
En la calle yo participo. Soy también espectáculo, para los demás. De buen o mal grado, figuro
en el texto social, pequeño signo familiar, pero
quizá ligeramente irritante porque es enigmático, expresivo. Figuro en él con buena o mala
consciencia, pasiva o agresivamente, según mi
humor, mi destino, mi situación, satisfecho si
paseo, si tengo tiempo por delante, si voy bien
vestido (y los transeúntes parecen notarlo), si
El núcleo central de la
vida social en la calle
la realizan personas
que se conocen poco
o en absoluto y que
entienden que la calle
es el ámbito de una
existencia ajena
hace buen tiempo. Marcho contento o descontento, preocupado o divertido, disgustado o distraído, y mi situación se revela más claramente, para mí mismo, desde el momento en que
salgo de la oficina, de la fábrica o de mi casa.
Estoy de nuevo disponible, o bien voy al trabajo,
o me apresuro porque me están esperando. Mil
pequeños psicodramas y sociodramas se desarrollan en la calle, y los míos en primer lugar
(Lefebvre, 1978 [1970]: 95).
En la calle podemos ver cómo la vida social le
asigna un papel fundamental a sus propias dimensiones más inorgánicas e incluso al trabajo,
como Engels afirmaba, siempre objetivo del azar.
Esa es precisamente la naturaleza de esas formas
específicas de vida social cuyo escenario es la calle. En ella lo que podemos contemplar la mayor
parte del tiempo es un tipo de sociabilidad que
no aparece claramente fijada, sino que resulta de
la apertura de unos a otros, en tanto cada cual
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versal
Urbanlex es una base de datos mundial gratuita que concentra información
relativa a las políticas, legislaciones y acciones que toman los gobiernos en
el mundo para la gestión y desarrollo urbano. La base de datos presenta
siete áreas críticas de derecho urbano esenciales para la sustentabilidad y
el desarrollo del marco legal en áreas urbanas, además de herramientas de
investigación. Los contenidos son apoyados por la Unidad de Legislación
Urbana, dentro de la Subdivisión de Legislación Urbana, Tierras y
Gobernabilidad de ONU-Hábitat.
debe someterse a las miradas y a las iniciativas
ajenas, a la vez que se somete a los demás a las
propias. En esas circunstancias, cualquier encuentro inicialmente irrelevante puede conocer
desarrollos inesperados e inéditos. El individuo
que se sumerge en ese núcleo de actividad que
son los exteriores urbanos sabe que en cualquier
momento puede pasar cualquier cosa y no pocas
veces es eso lo que ha salido a buscar.
Mientras que en las centralidades urbanas la
calle juega el papel de escenario para el encuentro entre extraños, en la calle más próxima, la del
barrio o barriada —aquella a la que nos sentimos
con el derecho a llamar mi calle— se desarrolla
la actividad de una asociación humana específica a la que denominamos vecindario, para el que
la calle —su calle— se constituye en un nicho de
interacción permanentemente activo o activable.
Ahí, a diferencia de lo que ocurre en un centro urbano, las personas se conocen o reconocen, muchas veces expresándolo con la mínima deuda
mutua de saludo. La calle, en estos casos, deviene
un ambiente estructurante, en el sentido de desencadenante de determinadas relaciones sociales, entre ellas las asociadas a la actuación colectiva en pos de objetivos comunes. Concentrar se
reconoce una vez más como sinónimo de concertar, factor aglutinante que resulta de la existencia de contextos espaciales que, como el barrio,
favorecen la interacción inmediata y recurrente.
Vemos desplegarse esa virtud de la calle como
lugar de intensificación del concierto social con
motivo de las fiestas de calle o de barrio. Lo que
el tecnócrata de la ciudad podía entender como
simples huecos entre volúmenes construidos,
aparece en esos momentos como marco en que
una pequeña o gran multitud, conformada en su
mayoría o en buena parte por gente que vive en
el entorno, expresa al unísono sentimientos, deseos o convicciones. El espacio exterior, las calles
y las plazas del entorno colindante a la casa experimentan una transformación radical de su aspecto sensible, así como de sus usos y funciones
habituales, al tiempo que se expulsa la presencia
ahora percibida como intrusa de los automóviles. Lo que la fiesta pone de manifiesto es que el
uso extraordinario que recibe la calle o la plaza
es una expresión más de cómo una comunidad
socializa el espacio para convertirlo en soporte
para la creación y la evocación de significados, al
someterlo a todo tipo de manipulaciones acústicas y ornamentales de las que resulta una puesta
en escena del vecindario no como mera suma de
viviendas, sino en tanto que comunidad de intereses e identidad. De esa escenificación que la
comunidad hace de sí misma, los elementos de
la vida cotidiana son al mismo tiempo decorado
y, por la súbita revitalización que experimentan,
parte misma del cuadro de actores. Se subraya
así que el papel protagonista del vecino ha obtenido la posibilidad de alcanzar unos niveles excepcionales de aceleración y de intensidad, como
si la ruptura festiva le otorgase el reconocimiento como elemento central de su propio espacio
cotidiano como lugar de y para la sociabilidad.
De la fiesta a la revuelta hay un paso. Una y
otra se basan en una misma lógica del “bajar a la
calle” para encontrarte con otros, puesto que en
Se trata de un esfuerzo que busca ofrecer el marco
jurídico alrededor de políticas públicas de urbanización,
a fin de que las ciudades se replanten en su crecimiento
contemplando áreas de oportunidad como la planificación
de la ciudad desde su densidad y extensión demográfica
y territorial, la gestión del territorio, y la innovación en
cuanto al financiamiento para el desarrollo urbano. Por
si no fuera poco, Urbanlex considera estos ejes de trabajo
con énfasis en la inclusión de grupos vulnerables, como
las mujeres, los jóvenes, los pobres y los marginados
socialmente.
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PROTEGER L A NATUR ALEZA DE L A CALLE COMO
ESPACIO DE ENCUENTRO E INTERCAMBIO
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ese espacio exterior el encuentro con los iguales es poco menos que inevitable y donde es no
menos inevitable compartir preocupaciones, indignaciones, rabias y, tarde o temprano, la misma
convicción de que no es sólo posible conseguir
determinados fines por la vía de la acción común,
sino que puede llegar a ser necesario e inaplazable. Es en esas oportunidades en las que con más
claridad se puede percibir cómo la calle puede
pasar en cualquier momento de escenario de las
más humildes apropiaciones consuetudinarias a
marco activo en que se abre paso la transformación de las sociedades.
LA CALLE Y SUS ENEMIGOS
Si cabe establecer una coincidencia con Henri Lefebvre en materia de censura contra los desmanes
tanto de la planificación como del proyecto urbanos –es decir, del urbanismo y la arquitectura–,
esta debería corresponder sin duda a Jane Jacobs,
a cuya valentía Lefebvre (2013 [1974]: IX) no duda en
dedicar su elogio. Hace más de medio siglo, Jacobs
publicó un libro fundamental en que advertía de
peligros para la calle como institución social que
no hemos visto sino agudizarse. En Muerte y vida
de las grandes ciudades (Jacobs, 2011 [1961]), frente a la insensibilidad de la burocracia urbanística
y los estragos que estaba produciendo su aplicación, Jacobs defendía la importancia de proteger la
naturaleza de la calle como espacio de encuentro
e intercambio, versátil en sus usos y animada por
todo tipo de apropiaciones individuales o colectivas; con niños jugando y aprendiendo cosas esenciales que en ningún otro espacio aprenderían; salpicada de pequeños comercios abiertos al exterior
que proveían de variados bienes y servicios; incluso
también con automóviles, pero no demasiados… Al
tiempo que se exaltaban los valores positivos del
vitalismo urbano, Jacobs censuraba el despotismo
de unos urbanistas ignorantes y hasta hostiles
ante las prácticas y los practicantes de esa intensa
existencia urbana que se empeñaban en someter
a la lógica de sus planos y maquetas.
El paso del tiempo no ha hecho sino hacer
crecer la lucidez y la pertinencia de una rebelión
teórica y personal que se antoja más urgente todavía que cuando surgió. El elogio de Jacobs de
la calle lo era de aquel valor de uso en el sentido
marxista al que Lefebvre (2017 [1968]) vuelve una
y otra vez en El Derecho a la Ciudad, es decir, el
determinado por las características propias de
un objeto y por el empleo específico y concreto
que se le da en función de esas mismas características, en este caso el valor de uso de unas calles
cuyas funciones y fines podían ser sociales, económicos, lúdicos, culturales o, simplemente y en
el sentido más amplio, vitales, es decir relativos a
la experiencia humana en toda su variedad.
Aquel grito de alarma de Jacobs ante el peligro que se cernía sobre la vida en las calles hace
décadas, que Lefebvre compartía en los mismos
términos, ahora seguramente sería todavía más
angustioso ante la visión de los desastres provocados por una concepción de la ciudad que
piensa y actúa sobre ella en términos de valor de
cambio, es decir de búsqueda de obtención de beneficios por lo que se presenta como una mera
mercadería sometida a la ley de la oferta y la demanda. En función de tal objetivo, la fiscalización
de lo que sucede en las calles se está convirtiendo en un asunto prioritario para las agendas políticas en materia urbana y para proyectos que,
presentándose como urbanos, son casi siempre
simplemente inmobiliarios. Lo que para Jacobs
eran las calles y sus aceras ahora deben ser lo que
se presenta solemnemente, hoy, como “espacios
públicos de calidad”, unos escenarios en los que
el público ya no es tanto usuario como más bien
consumidor y cuyo estado ha de mantenerse en
condiciones de formar parte de la correspondiente oferta de ciudad. Para ello se le aplican unos
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niveles de monitorización que Jacobs y Lefebvre no
podrían haberse apenas imaginado en su época,
pero que, generalizados ya, son hoy la garantía de
que las iniciativas en materia de reorganización urbanística se acompañarán de entornos pacificados
de los que cualquier presencia considerada inconveniente o inadecuada quedará rápidamente expulsada o mantenida a raya. Por supuesto que nada que
ver con aquellas formas de control social informal
que debían ser para Jacobs garantía de seguridad y
confiabilidad públicas. Son la policía, los agentes privados, las cámaras de vigilancia y las “normativas cívicas” vigentes en tantas ciudades, los instrumentos
encargados de velar por que lo que fueron un día espacios realmente compartidos sean sólo accesibles
para vecinos considerados solventes. En una última
fase, la amenaza terrorista está siendo utilizada
para justificar la militarización del espacio urbano.
Es cierto que las calles siguen siendo pensadas
oficialmente para servir tan solo para que la gente
vaya y venga de trabajar y cuando se peatonalizan
es para hacer de ellas islas comerciales o parques
temáticos para el ocio hipercontrolado, dos paradigmas de esa tendencia a la zonificación que tanto deploraban Jacobs y Lefebvre. En cuanto a la automovilización –el imperio de los vehículos motorizados y
el privilegio de las calzadas sobre las aceras– ni que
decir tiene que ya se ha impuesto en todas las ciudades del mundo, incluso en países menos “avanzados”
en los que circular a pie es un signo de depreciación
social. Y, por supuesto, no han hecho más que crecer
las razones para que los afectados por el egoísmo de
los poderosos y la estupidez de sus empleados continúen sus luchas.
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Una especie de caos urbano ha seguido proliferando
en zonas periurbanas y está suponiendo un
verdadero desmoronamiento de lo urbano como
forma de vida a favor de una ciudad difusa
La pesadilla que nos amenaza es la de la proliferación de conglomerados urbanos que están en
las antípodas de aquellos que tenían en la calle
su eje para la vida comunitaria, incluyendo su dimensión más conflictiva. Ya no son solo esas variantes de vivienda en bloque sin balcones y en
los que únicamente se prevé una vida social exclusiva y excluyente en espacios interiores privados. Una especie de caos urbano ha seguido proliferando en zonas periurbanas y está suponiendo
un verdadero desmoronamiento de lo urbano
como forma de vida a favor de una ciudad difusa,
fundamentada en asentamientos expandidos de
espaldas a cualquier cosa que se pareciese a ese
espacio realmente socializado y socializador que
es la calle. Son esas casas unifamiliares aisladas o
adosadas en que tiene lugar una vida privada que
desprecia la calle como lugar de encuentro, que
depreda masivamente territorio, que abusa del
automóvil y para la que los únicos espacios públicos son poco más que los shoppings y las áreas de
servicio de las autopistas; conjuntos residenciales segregados y repetitivos que vemos extenderse en las periferias metropolitanas o en núcleos
aislados consagrados a la práctica desconflictivizada del consumo y del ocio, que funcionan como
colosales máquinas de simplificar y sosegar ese
nerviosismo consustancial a la vida en de calle. Es
decir, imitaciones de los exteriores urbanos que
son más bien su parodia o su caricatura, configuraciones socioespaciales que desactivan las cualidades que tipificaban tanto las calles como morfología como las calles en tanto que escenario de
una manera singularmente fértil de estar juntos.
Pero, a pesar de la cruzada que vienen manteniendo desde siempre políticos y tecnócratas de
la ciudad contra ella, usar la calle continúa siendo hacerlo del proscenio de una compleja y apasionante vida social, marco para las formas más
creativas y fructíferas de convivencia humana.
Frente o de espaldas a la insensibilidad de la burocracia urbanística, la ambición de los diferentes depredadores del espacio urbano y de los inútiles esfuerzos de la policía por controlarlas, las
calles continúan siendo espacios de encuentro,
intercambio y, por supuesto, de lucha. Es así que
hablar, como nos invitó a hacer Henri Lefebvre,
del Derecho a la Ciudad es hacerlo del derecho a
la calle, es decir del derecho a vivir plenamente
fuera o incluso lejos de donde uno vive.
Bibliografía
ANDERSON, Elijah (1999). Code of the street: Decency, violence, and the
moral life of the inner city, Nueva York: W.W. Norton.
GAVIRIA, Mario (1968). “Prólogo”, en Lefebvre, Henri. El Derecho a la
Ciudad, Barcelona: Península.
JACOBS, Jane (2011 [1961]). Muerte y vida de las grandes ciudades, Madrid: Capitán Swing.
LEFEBVRE, Henri (1976 [1970]). La revolución urbana, Barcelona: Península.
——— (1978 [1970]). De lo rural a lo urbano, Barcelona: Península.
——— (2013 [1974]). La producción del espacio, Madrid: Capitán Swing.
——— (2017 [1968]). El Derecho a la Ciudad, Madrid: Capitán Swing.
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La
informalidad
como partera del
espacio público
El espacio público como escenario y punto de resolución del conflicto
social, la “informalidad” u ocupación informal del espacio público en
la urbe contemporánea, específicamente en Barcelona, es el enfoque
que Horacio Espinosa Zepeda aborda en su colaboración para Folios
M
Horacio Espinosa
Zepeda
Doctor en Psicología
Social por la Universidad
Autónoma de Barcelona.
Es miembro activo
del Observatorio de
Antropología del Conflicto
Urbano (OACU) y La Hidra
Cooperativa. Ha publicado
en revistas académicas de
México, España, Francia y
Colombia.
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arius Carol, director del diario conservador español La Vanguardia, el 25 de
mayo del 2015 escribía una editorial a
manera de oda al “espacio público” en
donde lo describía como “la mayor conquista de la democracia”, citaba a Aristóteles para justificar su discurso reivindicativo de “la defensa de la ley” como aquello que “conserva
la ciudad” frente a las fuerzas destructivas. Al final de su texto
envió un mensaje a Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, pidiéndole que diseñara un plan para la Guardia Urbana basado en el
“rigor, la determinación y el apoyo” para evitar que este cuerpo
policiaco se convirtiese en “una oenegé”. Todo esto a raíz de la
supuesta agresión de un mantero* a un policía y de la supuesta
“defensa” del mantero que hiciera Jaume Asens, tercer teniente
alcalde de la ciudad.
A todas luces, se trataba de una editorial extravagante, pero
que reproduce la delirante opinión que suelen tener los círculos
conservadores acerca de lo urbano: ¿no es acaso disparatado elevar el espacio público al estatus de “mayor logro de la democracia”? Uniendo los puntos de su discurso, el mensaje de Marius
Carol es simplísimo pero efectivo: quien incumple las ordenanzas
*
Nota: se conoce como "manteros" a los migrantes subsaharianos en Barcelona que
venden en la calle.
pública y privada… la paz interna en la postmetrópolis se va a desplazar de los duros bordes
del control y el confinamiento a las más suaves
manipulaciones de la ideología y de la remodelación del imaginario urbano.
sobre el espacio público vulnera al Estado “democrático”, ergo, como los manteros hacen un uso “no
normativo” de la calle deberían ser tratados como
una amenaza para la democracia, algo así como
“terroristas del espacio público”. El hiperbolismo
que rodea al discurso del “espacio público” no es
más que una justificación para llevar a cabo acciones de fiscalización y control social, que afectan,
como no podría ser de otra manera, a los grupos
sociales más desfavorecidos.
Con la hegemonía de las políticas neoliberales
y un esperable incremento de las tensiones en el
espacio público, producto de la heterogeneidad
de colectivos de orígenes sociales diversos, enormes disparidades en la renta, variaciones en las
tendencias de consumo de las clases medias que
ahora miran con codicia los centros urbanos, refugiados económicos huyendo de la desesperanza y, en general, una acusada volatilidad social
del entorno urbano, en las metrópolis centrales
del capitalismo global se pone en marcha lo que
Edward Soja (2000: 420) denominó “modo postmetropolitano de regulación social y espacial”:
Adoptando ideas de Foucault, la postmetrópolis
se representa como una colección de ciudades
carcelarias, un archipiélago de “recintos normalizados” y espacios fortificados que atrincheran,
tanto voluntaria como involuntariamente, a los
individuos y a las comunidades en islas urbanas visibles y no tan visibles, supervisadas por
formas reestructuradas de poder y autoridad
En los últimos años, Barcelona se ha posicionado
como referente en la aplicación de esta reestructuración de la autoridad pública a través de innovadoras estrategias de fiscalización de la población, sustentadas de manera menos clara en los
tradicionales mecanismos represivos, para dar
paso a una creciente gestión ciudadana a través
de formas de control blando donde el urbanismo,
la “educación cívica”, ciertas aplicaciones tecnológicas, el marketing y el diseño juegan un rol en
el control urbano tan importante como la policía.
Son los años ochenta pre-olímpicos donde se habla de la edad de oro de este nuevo “urbanismo
redentor” (Capel 2006), que tendría la pretensión
de ser un referente “democrático” frente al desarrollismo de la época tardo-franquista.
A partir de la nominación de la ciudad condal
como sede de los Juegos Olímpicos (JO) de 1992,
se popularizaría el llamado “Modelo Barcelona”,
el cual, más que un plan de desarrollo de infraestructura debería entenderse como un “laboratorio urbano y social” (Montaner 1992), es decir, un
experimento donde la materia prima es la subjetividad de los propios ciudadanos. La metáfora
de la ciudad como laboratorio urbano, a pesar de
su glamour, es muy elocuente de la visión que se
tiene de los ciudadanos en tanto cobayas adiestradas para ser “copartícipes de su propia dominación” (Delgado 2016). Este nuevo urbanismo,
operaría a partir de una serie de “actuaciones de
acupuntura urbana” (Acebillo 1999: 230), a “escala humana” y con la intención de dotar a la ciudad de espacios públicos “de calidad” .
Sin embargo, como brillantemente han mostrado Giuseppe Aricó et al., una revisión crítica
de este relato idílico, sustentado por la llamada
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E L “ P O D E R D E C L A S E ” P O R PA R T E D E U N A “ D I N A S T Í A L O C A L”
“teoría de las etapas” del urbanismo barcelonés,
nos devela como este aparentemente “nuevo” urbanismo no hace más que “salvaguardar” el “poder de clase” por parte de una “dinastía local” a
través de intervenciones que apuntalan lo hecho
en las “etapas” desarrollistas previas (Aricó et al.
2016: 226-236). De esta manera, aunque se venda como un urbanismo “participativo”, el plan de
proyectar a Barcelona como un “centro de consumo y de servicios” no se ha modificado en décadas, haciendo de la ciudad no un lugar abierto y
plural, sino perdurando en su objetivo de ser “un
eslabón más en la cadena de extracción de plusvalías” (Idem, 2016: 242), de la que se ven beneficiados unos pocos.
A través de ambiciosas estrategias de marketing, Barcelona ha asumido su identidad de gran
escaparate, la millor botiga del mon (la mejor
tienda del mundo) reza uno de sus eslóganes
más famosos creado durante el gobierno socialista del llamado tripartito. En el contexto de una
economía, en gran parte sustentada en la espectacularización de la ciudad, la imagen urbana
juega un rol desproporcionadamente importante, por lo que las ordenanzas públicas han generado normativas y/o intervenciones que generan
exclusión social por razones “cosméticas”, disfrazadas de promoción de la urbanidad. Tal es el caso
de la llamada "Ordenanza de Civismo" de 2006
por la que se rigidizó el uso del espacio público,
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EL DER EC HO A LA C I U DAD
generando un enorme abanico de limitaciones al
libre uso de la ciudad de muchos colectivos, sobre
todo de aquellos que usan la calle como medio
de subsistencia, con un marcado efecto sobre los
manteros, que es el caso que aquí nos ocupa.
La Rambla, el corazón turístico de Barcelona,
se convierte en territorio de disputa entre policía
y manteros a lo largo del año. De forma paradójica, la turistificación de la ciudad como contexto
de los procesos de limpieza social es también una
arma a favor de los manteros: durante el verano,
en la temporada alta de la ciudad, es cuando los
manteros tienen mayor clientela (los mismos
turistas) y cuando los policías “se autolimitan”
en sus actos represivos. Esto no significa que no
exista una intrincada, continua y compleja batalla entre los manteros y la policía. A lo largo de la
rambla, los vendedores callejeros despliegan una
serie de tácticas y estrategias, que ellos denominan “El Juego”, para poder burlar, no siempre con
éxito, a la represión policiaca.
Esta inteligencia táctica que brilla con la ocasión puede ser ejemplificada con una situación
vivida por los manteros de La Rambla. El día de
halloween de 2016 se pudo ver la patética escena
de una camioneta de la Guardia Urbana –una “lechera” en el argot callejero–, circulando en pleno
paseo de La Rambla con la intención de echar a
los manteros que ahí se encontraban vendiendo.
Cuando se acercaba la lechera a su manta, estos
tiraba del cordón para transformar el sare (mantiraban
ta), en ambu (bulto), se levantaban, rodeaban a
“la lechera”
lec
y se colocaban justo donde terminaba
la parte
par trasera del vehículo, y detrás de ella colocaban
locaba nuevamente la manta sobre La Rambla,
ante la
l mirada anonadada de los turistas pintarrajeados
rrajea
como el Conde Drácula. En el contexto
de Barcelona
Bar
como ciudad espectáculo la función
de la policía tiene un elemento cosmético que
también
tambi les genera una serie de paradojas: la presencia de manteros en La Rambla es incompatible
con la imagen desconflictivizada y edulcorada de
la urbe,
urb pero también su represión sería contraproducente
produ
para esta misma imagen. Esta doble
parad
paradoja
produce escenas rocambolescas de un
pateti
patetismo,
ese si, “espectacular” .
Si b
bien Foucault acertó en colocar el problema
po
del poder
y el control social en las prácticas cotidianas an
antes que en lo institucional, probablemente
oto
no otorgó
la importancia suficiente a las minúsculas “maneras de hacer” (“tácticas”) visibles en
prácti
prácticas
populares cotidianas que “juegan con los
mecan
mecanismos
de la disciplina y solo se conforman
para ccambiarlos” (De Certeau, 1980: XLIV). En este
sentid “El Juego” mantero sería un conjunto de
sentido
micro
microscópicas
“tácticas”, mecanismos para constituirse como una contrapartida “antidisciplinaria”.
La táct
táctica se definiría como un cálculo hecho por el
usuar urbano, en este caso el mantero, tendiente
usuario
saca el mayor provecho posible en cada ocasión.
a sacar
tra de maneras de hacer con las cuales “los
Se trata
débile burlan a los “fuertes”. Las tácticas se medébiles”
tamor
tamorfosean
en un sinnúmero de hallazgos, simulacion trampas, trucos y jugarretas varias que de
laciones,
una u otra manera “trastornan al poder” antes que
tran
transformar
al poder.
La táctica del mantero implica un constante movimiento para poder escamotearse de la mirada del control panóptico;
pero también hace uso de las “jugarretas”,
a
aquellas
que los griegos conocían como metis o arte del fingimiento, del engaño, del olfato
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¿Quiénes son “los
todos” cuando
hablamos de que
el espacio público
es “de todos”?
y el sentido de oportunidad. Táctico es el uso del
ambu transformado con un movimiento hábil, en
un sare, como se diría en idioma wolof . El mantero con su pesado y voluminoso ambu sobre la
espalda, espera el momento oportuno, para desplegarlo y transformarlo en un sare. Si la policía o
un “secreta” viene, el sare vuelve a transformarse
en ambu gracias a un mecanismo que tiene la capacidad de territorializar y desterritorializar: un
cordón que al ser tirado cierra toda la mercancía
en su interior de manera automática y que permite al mantero, si es necesario, salir corriendo o
lo contrario, instalarse para vender en cuanto se
ve la mejor oportunidad. Este urbanismo táctico
desplegado por los manteros se contrapone al
modelo institucional de ciudad pensada “de arriba hacia abajo”.
El espacio creado por el mantero, es una instancia circunstancial, temporal y polivalente. Su
propiedad no está determinada ya que ésta se
define a través de sus prácticas. El mercadillo es
espacio que emerge con la ocasión y a la inversa,
es una ocasión constituida que se da en el lugar
adecuado. En términos contemporáneos, diríase
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EL DER EC HO A LA C I U DAD
que se trata de un espacio “performativo” (Butler
1993), que solo existe en tanto es practicado. El
urbanismo táctico del mantero podría ser descrito como el “espacio vívido” de Henri Lefebvre
(1974: 93), es decir, el “espacio social” o aquel que
“incorpora los actos sociales, las acciones de los
sujetos tanto colectivos como individuales que
nacen y mueren, que padecen y actúan.”
El espacio público es un concepto paradójico
que teóricamente se funda en la igualdad pero
que funciona en base a la exclusión. Así, los espacios públicos son “todas aquellas áreas que están
abiertas y son accesibles a todos los miembros
del público en una sociedad, en principio, pero no
necesariamente en la práctica” (Neal, 2010) por lo
tanto: ¿quiénes son “los todos” cuando hablamos
de que el espacio público es “de todos”? Como un
“ideal normativo”, el espacio público es producto de cierto imaginario social antes que un lugar
empíricamente constatable. El espacio público
aparece representado insistentemente como un
lugar desconflictivizado.
El discurso que legitima e incluso eleva el espacio
público a la categoría de “valor” está estructurado
versal
de tal manera que oculta a la vez que resuelve “mágicamente” las contradicciones que se dan en él. Los
conflictos sociales profundos que repetidamente se
vuelven a presentar en la realidad práctica de espacios públicos concretos son presentados como consecuencia de determinadas fórmulas urbanísticas,
y así mismo la solución de tales problemas “es vendida” como una “solución urbanística”, fórmula que
incluso se encuentra en autores de indudable valor
como Jan Gehl (2001). Por otro lado, lo que subyace
en el discurso pre-fabricado acerca del espacio público es “el carácter consensualista” del concepto de
“Esfera Pública” de Habermas (1962) cuyo origen es
evidentemente burgués (Fraser, 1990).
Esta inoculación de los elementos ideológicos
de la esfera pública como característicos de “la
calle” es a grandes rasgos lo que Manuel Delgado
denominaría “ciudadanismo” (2016), es decir, la
elevación a norma del ideal burgués de un espacio desconflictivizado y civilizatorio, que mágicamente hace desaparecer todas las desigualdades
sociales “reales” gracias a las habilidades deliberativas de sujetos racionales capaces de superar sus diferencias mediante el diálogo. Todo en
consonancia con los valores de las democracias
liberales. Aunque Habermas no situó “la esfera
pública” en espacios concretos es posible situar
históricamente a que espacios se refería a partir
de sus propios ejemplos: clubes literarios, asociaciones filantrópicas, cafés, salones de té y redacciones de periódicos.
La calle, con su caótica deriva no parece el
espacio ideal para situar la mítica esfera pública. Así, los que quieren transformar la calle en
espacio público entendido este desde el consensualismo liberal habermasiano se encuentran
con el no menor de los problemas de tener que
hacer “como sí” las desigualdades no existiesen
en la sociedad y por lo tanto “en la calle”, para que
de esta manera la calle se transfigure en “espacio público”, aquello que la calle debe ser según
el ideal normativo consensualista. Cuando este
BA N KSY. L A S A L I DA D A TR AV É S D E
TH E G I F T S H O P
Desde su lanzamiento, Exit Through The
Gift Shop ha suscitado una serie de debates
por su tono y formato. Aunque la película
se comercializa como un documental,
más de alguno ha cuestionado su género y
verosimilitud. La crítica afirma que se trata
de una broma. Una cosa es segura: esta
atmósfera polémica aumenta la fascinación
en torno a Banksy, el referente del grafiti
anónimo de Londres que ha alcanzado
reconocimiento a escala mundial.
Banksy llega a Los Ángeles con el único
propósito de hacer alarde de sus habilidades
pintando paredes. Se encuentra con Thierry
Guetta, un extraño francés obsesionado
con el arte urbano y la creación obsesiva de
filmar cientos videos sobre grafiteros. Hasta
ahora, nada parece demasiado emocionante.
El inusual francés almacena al azar las cintas
en cajas, hasta que Banksy propone crear una
película. Guetta acepta, pero el resultado es
terrible. En este punto, los roles cambian.
Banksy se pone detrás de la cámara, mientras
que Guetta comienza a crear arte.
La salida a través de The Gift Shop se basa
en esta historia. Envuelta en esta intriga
donde, muy al estilo de Bansky, ficción
y realidad ocupan el mismo lindero. Lo
importante también es el reconocimiento
hacia el grafiti como una forma de
manifestación social simbólica, por su carga
como continente y contenido de denuncia
social, clandestinidad y de re-apropiación del
espacio público como lienzo.
https://goo.gl/QBxFut
La metáfora de
la ciudad como
laboratorio urbano, a
pesar de su glamour,
es muy elocuente de
la visión que se tiene
de los ciudadanos
en tanto cobayas
adiestradas para ser
“copartícipes de su
propia dominación”
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ideal no se alcanza “por las buenas” las fuerzas
coercitivas del Estado se ponen “manos a la obra”
para reforzar con represión su labor civilizadora.
Igualmente problemática es otra característica central atribuida al espacio público: su supuesta “titularidad pública” que suele implicar
que lo propio del espacio público es que constitutivamente sea propiedad del Estado. El Estado, por lo tanto, debería garantizar la propiedad
pública de aquellos espacios que en teoría son
comunes, así como su gestión y regulación como
ámbito vedado para intereses privados, siguiendo la disposición ciudadana a ser la legítima beneficiaria de la calle. Sin embargo, son muchos
los ejemplos que desmienten esta idealización:
existen múltiples formas de cooptación de lo
público por parte del sector privado. La tensión
realmente existente entre lo público y lo privado
es estructural a la lógica mercantilista del urbanismo en las democracias liberales y capitalistas. Son muchos los casos de ciudades donde
prevalecen los intereses empresariales por sobre
el carácter público, de los cada vez más utópicos esp
espacios “públicos” de las ciudades (Jackson,
1998; Aricó
A
et al., 2016).
Fren
Frente
a la ola privatizadora de ciudades
como Barcelona,
B
para la opinión dominante es la
inform
informalidad urbana aquella señalada como “invasora
vasora”. Lo informal es identificado ahí donde los
sectore
sectores más vulnerables se auto-organizan. Sus
práctic
prácticas parecen espontáneas “a primera vista”
a pesar de estar profundamente organizadas. Las
suelen llevar a cabo actores sociales ubicados en
la part
parte baja de la pirámide social: pobres, inmigrante
grantes, prostitutas, niños y jóvenes, percibidos
por el imaginario hegemónico como actores sociales naturalmente excluíbles del espacio. Estos
grup
grupos hacen de la calle su refugio, campo de
ju
juegos o medio de subsistencia. Se organizan como clanes, familias, pandillas, cuadrillas y otras formas de organización
social no burocrática. Su relación con el Estado
es ambigua pero no necesariamente inexistente.
Las reglas que los rigen no suelen estar escritas y
su conocimiento es más un saber-hacer que un
saber enciclopédico.
El espacio público se construye gracias a colectivos que llevan a cabo prácticas como mercadillos callejeros, recolección autónoma de desechos
y chatarra, que autoconstruyen la infraestructura urbana, plantan huertos urbanos, hacen fiestas callejeras o se despliegan en microscópicos
carnavales espontáneos con el simple encuentro
lúdico en la calle de aquellos que se encuentran
bajo tutela o sospecha de los adultos o el Estado.
La irrupción e inmediata censura de usos y prácticas “no reguladas” en el espacio público revela
que la esfera pública está basada en la confrontación entre diversos “públicos” que pugnan por
el espacio. Es decir, el espacio público es la forma
urbana que adopta un conflicto social estructural, y a su vez, es el escenario donde se manifiestan aquellas disputas concretas por el espacio
público de la ciudad.
El espacio público es un subproducto del conflicto social pero a su vez es el espacio sobre el
cual se dirimen tales conflictos. La calle es el escenario y la obra donde se despliega el conflicto.
En este contexto, la informalidad es uno de los
personajes principales de este conflicto urbano
escenificado, a la vez que un producto de los conflictos sociales estructurales que dan a luz a un
espacio público concreto. Desde este punto de
vista, no es exagerado decir que la informalidad
urbana es la partera de la calle y es gracias a la
resistencia de distintos colectivos de trabajadores informales como los manteros de Barcelona,
a través de la cual, se materializa de forma cotidiana al derecho a la ciudad.
Bibliografía y fuentes de información
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clase. Una visión alternativa a la “teoría de las etapas” en el urbanismo barcelonés”, en: Aricó, G. et al. (ed.), Barrios Corsarios. Memoria histórica, luchas urbanas y cambio social en los márgenes de la
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2017 |
41
Mi
tierra
no se vende
En su colaboración, Line Algoed registra la lucha de comunidades informales del
Caño Martín Peña, Puerto Rico, por el derecho a la tierra y a la ciudad, contra
el colonialismo, la pobreza y los desplazamientos a través de un fideicomiso
comunitario de la tierra. En 2016, este proyecto ganó el Premio Mundial de
Hábitat por sus logros en desarrollar nuevos instrumentos de regularización
de tierras y desarrollo desde la base en asentamientos informales.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol
Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor
Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores
Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores
No puedes comprar mi vida. Mi tierra no se vende.
calle 13, Latinoamérica
El Fideicomiso de la Tierra ahora nos forma, cómo se llama, una...
fortaleza a nosotros, podemos seguir luchando, porque sabemos
que tenemos un sistema que nos va a proteger y que nos va a dar
para trabajar nuestra lucha.
don expedito de jesús
Miembro del Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña
PUERTO RICO: ISLA COLONIZADA
Line Algoed
Antropóloga urbana
especializada en
planificación, vivienda y
desarrollo comunitario.
Posee una Maestría en
Antropología Cultural
de la Universidad de
Leiden y una Maestría en
Sociología de la London
School of Economics.
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EL DER EC HO A LA C I U DAD
L
a relación con la tierra siempre ha sido sujeto
de lucha para la gente en Puerto Rico. Como en
el resto de Latinoamérica, la historia de Puerto
Rico se define por el colonialismo, desarrollismo
y desplazamientos de sus poblaciones. Un “territorio no incorporado” o commonwealth de los
Estados Unidos desde el 1898, la isla caribeña no tiene soberanía real para tomar sus propias decisiones económicas
y políticas. Décadas de dependencia económica y políticas
de exención fiscal dirigidas a la extracción y la atracción de
riqueza, han puesto fuertes tensiones sobre la economía en
la isla. Con una deuda pública no auditada de 72 mil millones, el país se ve obligado a aplicar medidas de austeridad.
Éstas son impuestas por la Junta de Supervisión Fiscal, una
junta creada bajo la Ley PROMESA (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act) aprobada por el Congreso estadounidense durante la presidencia de Barack Obama, y que tiene como objetivo
garantizar los pagos a los bonistas. El economista ganador del Premio Nobel Joseph Stiglitz recientemente
describió estas medidas como “las más draconianas
jamás vistas en la historia” (CNE, 2017). Bajan los sueldos de los empleados públicos, se cierran escuelas,
se reduce drásticamente el presupuesto del sistema
universitario público, se reduce el salario mínimo, se
privatizan sistemas públicos. La inseguridad sobre las
consecuencias de los recortes, la taza alta de desempleo y los altos costos de vida, complican la vida en la
isla para una larga parte de su población.
La crisis es el resultado de la expiración de unas
exenciones contributivas a las empresas estadounidenses de los impuestos federales, lo que en los años
setenta y ochenta convirtió a la isla en uno de los
lugares más atractivos para las empresas estadounidenses. El crecimiento de la economía dependía de
estas exenciones contributivas. Cuando expiraron
en 2006, la mayoría de las empresas abandonaron
la isla, y miles de puertorriqueños perdieron sus empleos. En menos de veinte años, entre 1996 y 2014, el
número de puestos de trabajo manufactureros en la
isla se redujo con casi 50 por ciento. No hubo crecimiento económico desde entonces.
Continuando las economías neoliberales y agarrándose al mito del efecto trickle down, recientemente instalaron nuevos incentivos fiscales dirigidos a atraer a personas ricas de fuera para invertir
en la economía de la isla. La “Ley para Incentivar el
Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”
fue creada con el propósito de “conceder exención
contributiva con respecto al ingreso, producto de inversiones, devengado por individuos que advengan
residentes de Puerto Rico” (Ley 22-2012). La idea es
convertir a Puerto Rico en un paraíso tropical fiscal
para los mega-ricos. La economía local parece de
menor importancia.
La idea es
convertir a
Puerto Rico en un
paraíso tropical
fiscal para los
mega-ricos. La
economía local
parece de menor
importancia
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Estas políticas públicas y la crisis financiera
que se derivó de ellas están poniendo en grave
riesgo las tierras públicas. La tierra es uno de los
únicos activos que el gobierno puede aún monetizar (Algoed, Hernández y Rodríguez, 2017).
Individuos Inversionistas están llegando a la isla
a comprar tierras para desarrollar complejos de
lujo o sedes de empresas multinacionales. Hay
sitios web que explican “Cómo obtener su propia isla privada” en Puerto Rico (Stanchich 2015).
Puerto Rico tiene mayor cantidad de establecimientos Walmart por milla cuadrada que en
cualquier otro lugar en los Estados Unidos (Arbasetti, 2014). Muy poco de esta inversión tiene un
efecto positivo en la economía de Puerto Rico, ya
que los beneficios no se reinvierten en el país. Las
políticas de exención contributiva permite que
aproximadamente 35.000 millones de dólares de
los ingresos de las multinacionales de los Estados
Unidos salgan de Puerto Rico cada año, lo que representa alrededor de 35 por ciento del Producto
Interno Bruto (Bernabé, 2015). Poco a poco se desaparece la tierra de la isla en las manos de los que
no la usan para el beneficio del país.
Más puertorriqueños ahora viven en los Estados Unidos que en Puerto Rico. Una nueva ola
de migración masiva está obligando a la gente a
abandonar sus tierras. Casi medio millón de puertorriqueños han emigrado desde la crisis financiera comenzó en el 2006. El derecho a vivir en la
isla no está garantizado. No es la primera vez que
esto ha ocurrido; anteriormente la pobreza en la
isla se ha atribuido a la “sobrepoblación”, convirtiendo la migración masiva en política social. Ya
en 1915, el gobernador estadounidense de Puerto
Rico, Arthur Yager, declaró: “Hay mucha miseria y
pobreza entre las masas del pueblo de Puerto Rico.
Indudablemente la causa fundamental es la enorme población. No dudo en expresar mi convicción
de que el único remedio realmente efectivo es la
transferencia de un gran número de puertorriqueños a alguna otra región” (Whalen 2005, 7).
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Se establecieron mecanismos para reemplazar a
los puertorriqueños pobres “excedentes” con Estadounidenses ricos atraídos por los incentivos
fiscales.
Hoy vemos una continuación de estas mismas
políticas. La isla se está turistificando: se venden
activos para la construcción de propiedades de
lujo y los trabajos que quedan para la población
local son para servir a los turistas. El sistema es
conocido: la inversión en propiedades de lujo en
sectores deprimidos – en el caso de Puerto Rico es
la mayor parte de la isla – suelen resultar en aumentos en los valores de la tierra. Al mismo tiempo la inversión en propiedades de lujo provoca el
desplazamiento de los residentes de ingresos bajos y medio bajos, en este caso por emigración al
continente (Algoed, Hernández y Rodríguez, 2017).
El desplazamiento de las comunidades pobres, a
su vez, suele dar lugar a nuevos aumentos de los
El derecho a vivir
en la isla no está
garantizado: más
puertorriqueños
ahora viven
en los Estados
Unidos que en
Puerto Rico
valores de la tierra (Navas, 2004: 4). Lo que parece
ocurrir es la gentrificación deliberada de toda la
isla de Puerto Rico con medidas que tienen la intención de desplazar a los residentes existentes
y ‘vaciar’ zonas enteras para nuevas inversiones.
Estos desplazamientos crean riesgos para toda
la población, pero más aún para las comunidades
informales de la isla, ya muchas de ellas son establecidas en tierras públicas. Hay 135 asentamientos
informales urbanos en la isla (Oficina para el Financiamiento Socioeconómico y de la Auto-Gestión
2002). La rápida industrialización de la isla en las
décadas de 1930 y 1940, que hizo de Puerto Rico un
ejemplo de “capitalismo avanzado” para los países
del tercer mundo, desplazó a los agricultores empobrecidos de sus tierras de cultivo. Muchos de estos campesinos sin tierra emigraron a los Estados
Unidos, pero otros se establecieron en las ciudades
costeras de la isla, en busca de empleos y acceso
a los alimentos importados. Sin vivienda disponible a un precio asequible, ocupaban tierras que no
eran adecuadas para la vivienda, como manglares,
humedales, laderas de montaña y zonas costeras
muy cercanas al mar.
Muchas de estas familias se establecieron en
los pantanos alrededor del Caño Martín Peña,
una vía fluvial en las fronteras de la capital, San
Juan. Crearon nuevos terrenos, llenando gradualmente el cuerpo de agua con escombros para
sostener sus casas construidas de cartón, madera
y estaño. Utilizaban tablas de madera para crear
conexiones entre las casas. Hoy, casi 26 mil personas aún viven en ocho barrios informales a lo
largo del cuerpo de agua, que, a medida que la capital creció, ahora atraviesa una zona central de
la ciudad. El Caño está ahora muy contaminado,
ya que desde su establecimiento décadas atrás, la
mayoría de los barrios aún carecen de un sistema
de alcantarillado adecuado.
Como propiedad pública, son estas tierras las
que son especialmente vulnerables a los desplazamientos. En varios momentos del siglo pasado,
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La isla se está
turistificando: se
venden activos para
la construcción de
propiedades de
lujo y los trabajos
que quedan para
la población local
son para servir a los
turistas
los gobiernos desarrollistas no vieron lugar alguno para los “arrabales” y trataron de desplazar a la
gente con un discurso asistencialista. Este discurso
se expresa, por ejemplo, en el documental histórico
Puerto Rico elimina los arrabales (+-1950) donde una
voz del gobierno declara: “Cada casa que se traslade o queme es una familia más que se arrebata del
arrabal para convertirlas en ciudadanos libres de
paz y orden, digna de gozar la verdadera vida democrática. Y no se olvide el arrabal es una pústula que
amenaza todo nuestro cuerpo social”.
Por estos proyectos de eliminación de los asentamientos informales partes de las comunidades
del Caño fueron desplazadas a torres de vivienda
pública de baja calidad. Habían propuestas para recuperar el Caño con fines de conservación, para carreteras, proyectos de viviendas de alto costo, caminos peatonales y ciclistas, o el desarrollo de jardines,
hoteles y puertos deportivos. En la mayoría de estos
planes las comunidades de Caño Martín Peña serían
eliminadas, sin incluir reubicaciones en los costos y
sin espacio para la participación o consulta de la comunidad (Algoed, Hernández y Rodríguez, 2017). La
gentrificación también ocurría en las comunidades
de Caño, con especuladores que compraban casas
y tierras, sabiendo que el posible dragado del Caño
aumentaría drásticamente el valor de la tierra. A las
familias se les ofrecen altas sumas de dinero por sus
propiedades, altas pero insuficientes para comprar
otras tierras con vivienda dentro de la capital. Esto
suele ocurrir sobre todo en los casos de residentes a
los que se les ha dado títulos individuales de propiedad, un método considerado ya desde mucho tiempo como la mejor manera de regularizar la tierra y
ayudar a las familias a salir de la pobreza.
EL FIDEICOMISO DE LA TIERRA
DEL CAÑO MARTÍN PEÑA
Es esta amenaza de desplazamientos y gentrificación lo que juntó a los residentes de las comunidades del Caño Martín Peña. Facilitado por urbanistas y
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trabajadores sociales de la Autoridad gubernamental de Carreteras y Transportación se organizaron
más de 700 reuniones comunitarias durante dos
años a principios de los años 2000. El discurso del
gobierno había cambiado y había más espacio para
la “participación comunitaria” en los proyectos de
revitalización urbana y en específico el proyecto del
dragado del Caño Martín Peña. Los empleados de la
Autoridad recibieron la tarea de tratar de entender
qué pasaba en las comunidades y ellos aprovecharon esta oportunidad para ir más allá que consultar
a la comunidad. Lo que siguió era una organización
comunitaria muy extensa. Las reuniones de las comunidades tuvieron como resultado el nombramiento de líderes comunitarios y un Plan Integral
de Desarrollo, luego adoptado formalmente por la
Junta de Planificación de Puerto Rico. Los residentes exploraron opciones que les permitirían no sólo
participar en el proyecto de revitalización, sino también, una vez que ocurrió el dragado, disfrutar de las
mejoras sin la amenaza de ser desplazadas debido
al mayor valor de la tierra que las mejoras traerían.
Voluntarios urbanistas, trabajadores sociales y abogados, entrenados en la Universidad de Puerto Rico,
llegaron a apoyar a los residentes en su esfuerzo por
encontrar una manera de poder mejorar y permanecer en el área donde vivieron toda su vida.
Después de estudiar diferentes formas de propiedad colectiva de la tierra, las comunidades decidieron que el modelo del fideicomiso comunitario
de la tierra era el modelo que mejor preservaría estas comunidades urbanas y su historia social. Los residentes “criollizaron” el modelo del community land
trust (CLT), como ellos lo dicen. T omaron elementos
de los CLT existentes y desarrollaron otros elementos completamente desde cero. Al igual que otros
CLT, la tierra está separada de las casas, haciendo
que la vivienda sea asequible, mientras que la tierra
es propiedad de y administrada por el fideicomiso
comunitario, una organización privada sin fines de
lucro regida por miembros de la comunidad. Cada
familia es dueña individual de su casa, pero no de
S PAC E I N VA D E R S , L A I NTR U S I Ó N A U N
E S PAC I O E NTR E J U E G O Y R E A L I DA D
Desde fines de los noventa, en las horas
más oscuras de la noche, la ciudad habita
clandestinamente innumerables mosaicos
multicolores. Minimalistas, estas criaturas
pixeladas proliferan insidiosamente en el espacio
urbano, su patio favorito. Su nombre en clave:
Space Invaders. Su misión: como su nombre lo
indica, invaden el espacio. Pero también abolen la
frontera entre el videojuego real y el videojuego.
Esta conquista silenciosa del mundo comenzó en
París en 1998, y desde entonces se ha extendido
por los cinco continentes y se ha extendido como
un virus.
Más de 3,000 Space Invaders ocupan más de
60 ciudades en el mundo. ¿Quién presiona este
joystick planetario? Un artista misterioso que
siempre aparece enmascarado y responde al
nombre de Invader. Vestido de negro, con algunos
azulejos de piscina y cemento, este Robin Hood de
la era del píxel que funciona exclusivamente a la
noche nos recuerda que el arte es para todos y que
la ciudad pertenece a quienes lo caminan.
Más allá del guiño de la infancia, los Space
Invaders establecen un vínculo entre el arte de
ayer y el arte de hoy. Sus formas elementales, el
material del que están compuestas y la técnica
empleada, nos remiten tanto al mundo digital
contemporáneo como al arte antiguo. Debido
a que cada trabajo se libera en la calle en un
tiempo récord y en un lugar cuidadosamente
elegido de antemano, es una hazaña técnica en sí
misma, con un juego de escondite con la policía.
La adrenalina está siempre en su apogeo para
este artista “buscado”, en todos los sentidos de
la palabra, creador de este juego urbano que
inyecta ficción en realidad e involucra al público
a través de la aplicación Flash Invaders, para
descargar en su teléfono inteligente.
https://goo.gl/ioVCHB
La inversión en propiedades de lujo provoca el
desplazamiento de los residentes de ingresos bajos y medio
bajos, en este caso por emigración al continente
la tierra. La comunidad es dueña colectiva de la
tierra. La tierra no se vende.
Hasta ahora el Fideicomiso de la Tierra del
Caño Martín Peña es el único CLT en el mundo
cuyo objetivo principal es regularizar la relación
con la tierra en asentamientos informales y dar
a sus residentes el derecho de superficie de su
tierra, y esto a perpetuidad, en lugar de alquilarla por un número limitado de años (99 años en
la mayoría de otros CLT). Los derechos de superficie pueden ser vendidos, heredados e incluso
hipotecados. La permanencia es esencial para los
residentes, ya que sienten una fuerte conexión
con su tierra, y los jóvenes expresan el deseo de
envejecer en sus comunidades. Alejandro Cotté
Morales, uno de los empleados de la Autoridad
gubernamental que ayudó la comunidad a organizarse, ahora director de participación ciudadana en la empresa pública que implementa
el plan de desarrollo de la comunidad, describe
el proyecto como “un proyecto socialista en un
estado colonial capitalista. Un proyecto donde el
poder está en mano de la gente (entrevista personal 2016)”.
Los residentes estuvieron tan bien organizados que pudieron empujar al Gobierno a adoptar
una Ley dedicada a las comunidades del Caño. A
través de esta ley crearon una empresa pública, el
Proyecto ENLACE, que cuenta con arquitectos, ingenieros, planificadores urbanos y trabajadores
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sociales comunitarios profesionales que trabajan en función y en colaboración continúa con los
líderes locales para implementar su Plan Integral
de Desarrollo. También a través de esta Ley, 200
acres (78,6 hectáreas) de terreno público fueron
transferidos al Fideicomiso de la Tierra. El modelo
claramente contrasta con el proceso de otorgar
títulos de propiedad individual a residentes de
barrios informales, lo cual ha definido la política
de suelo en América Latina desde hace décadas.
Esta política pública predominante se basa en
el argumento influyente del economista peruano Hernando de Soto, quien dijo que los “pobres”
también tenían derecho a la propiedad privada,
considerada como la piedra angular de la economía, y que una economía de mercado nunca
podría funcionar bien sin un sistema formal de
propiedad. En el caso del Fideicomiso de la Tierra,
la tierra pública se transfirió a las comunidades
en una vez en una cantidad mayor y los miembros del Fideicomiso de la Tierra colectivamente
se convirtieron en los terratenientes más grandes de la zona. Ahora, cualquier aumento en el
valor de la tierra que resultaría de los proyectos
de dragado y los proyectos de renovación urbana,
permanecerá dentro de la comunidad. Este sistema de capturar la plusvalía hace del Fideicomiso
de la Tierra un instrumento no sólo para regularizar la tierra y revitalizar la zona, sino también
es un instrumento para superar la pobreza. Los
LOS “POBRES” TENÍAN DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA
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residentes convirtieron un proyecto de infraestructura en un proyecto de desarrollo, desde la
base. Como lo dice Jane Jacobs en un reciente documental sobre esta urbanista neoyorquina: “Las
soluciones a los problemas en muy pocas ocasiones se producen desde arriba. Se producen por la
gente que entiende los problemas porque viven
con ellos a primera mano”.
EL DERECHO A QUEDARSE EN SUS TIERRAS
En contextos de neoliberalismo desenfrenado,
como es el caso en Puerto Rico, la gente produce
soluciones para poder salir del juego económico
en el que no se les da una participación justa.
Como ha notado David Harvey en una entrevista
reciente, los procesos de gentrificación pueden
ser contenidos “incentivando arreglos arancelarios u otro tipo de políticas que sean antagonistas a la actividad especulativa del mercado
en las ciudades […] Se puede también recurrir a
maneras alternativas de ocupación de suelo, para
que éstas estén fuera del mercado. (Marti y Salazar 2016)”. En las comunidades de Caño Martín
Peña, las personas comprendieron y experimentaron que los títulos individuales, otorgados en
momentos de campañas electorales sobre todo,
no detenían a los desplazamientos. Al contrario,
esos títulos servían sobre todo como una forma
de simplemente meter la tierra en el mercado
regular, con el propósito de animar a los residentes a vender sus tierras a los especuladores. Se
podría decir que la tierra, en tales esquemas, se
valora por su valor de cambio, no por su valor de
uso. Sin embargo, los residentes del Caño Martín
Peña consideraban que permanecer en sus tierras siempre era una clara prioridad. Más allá de
Puerto Rico, el éxito del Fideicomiso de la Tierra
del Caño Martín Peña ayuda a romper el mito de
que la propiedad individual garantiza seguridad
de vivienda y tenencia de tierra. El instrumento
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del Fideicomiso de la Tierra, desarrollado por residentes como respuesta directa a sus necesidades,
nos demuestra que la seguridad de tenencia y la
independencia asociada con la propiedad individual, se puede obtener con programas no mercantiles.
Pero queda claro que la tierra nunca es el objetivo final, la tierra es donde comienza. Con la seguridad de su relación con la tierra, los residentes
ahora pueden reivindicar su derecho a la democracia real con una verdadera participación en el
desarrollo del barrio. Uno de los principales objetivos del trabajo en el Caño Martín Peña es que
los líderes de las comunidades impulsen los proyectos de desarrollo, con los profesionales que les
brindan apoyo técnico. En muchos otros proyectos de urbanismo ocurre al revés: los residentes
son invitados a participar en un proyecto dirigidos por los técnicos. Como lo describe Alejandro
Cotté: “Cuando tú estudias la carrera, te enseñan
a que tú eres el que sabe. Tú ahora eres un ser
que ahora domina lo que haces. La comunidad es
un ser básico que no sabe. [Aquí] es lo contrario.
La gente […], aunque no tenga los estudios, sabe
también, tiene un saber, entonces hay un diálogo de saber (entrevista personal 2016)”. Este es un
proyecto común de transformación social realizado por los residentes, con un enfoque en desarrollo social, pensamiento crítico y empoderamiento.
Es un proyecto de construir, piedra a piedra, una
nueva economía local, con micro-empresas impulsadas por el Proyecto ENLACE. Es una economía que sirve las necesidades de las comunidades, en la cual son ellas que tienen el control. Los
jóvenes y los ancianos tienen un lugar especial en
este proyecto: los ancianos como residentes que
han estado allí desde que las comunidades fueron establecidas, y los jóvenes los que estarán allí
para garantizar su futuro. Como lo dice la joven
líder comunitaria, Marangely T orres: “Yo estudio
derecho, porque odio la injusticia. No sé dónde
Casi 26 mil
personas aún viven
en ocho barrios
informales a lo
largo del cuerpo
de agua, que, a
medida que la
capital creció,
ahora atraviesa
una zona central de
la ciudad
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viviré exactamente, lo único que sé es que me
quedaré en esta comunidad (entrevista personal
2016)”.
Los residentes de las comunidades del Caño
Martín Peña han superado todos los obstáculos
históricos que marginaron a las comunidades informales en Puerto Rico y lograron garantizar un
futuro en su isla en medio de la crisis económica
más grande de su historia. Muchos otros sectores, de inquilinos a propietarios, no tienen esta
seguridad y son forzados de quitar la tierra donde crecieron. En el Caño han fabricado su propia
manera de reivindicar el derecho a quedarse en
su ciudad y quedarse en su País. “Esa gente aquí
cuando se para, no se queda en el piso llorando,
se para y va para adelante, no hay otro (entrevista
personal con Cotté 2016)”. Tienen un sistema que
les protege y les da para trabajar su lucha, como
lo describe Don Expedito de Jesús, miembro del
Fideicomiso. Aquí se respira lucha.
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Perspectives (pp. 1-42). Philadelphia: Temple University Press.
A las familias se les ofrecen altas sumas de dinero por sus
propiedades, altas pero insuficientes para comprar otras
tierras con vivienda dentro de la capital
DÉFICIT HABITACIONAL • DÉFICIT HABITACIONAL • DÉFICIT HABITACIONAL
EL
DERECHO
A LA CIUDAD
PARA CONSTRUIR
OTRA CIUDAD
Vanessa Pinto y Esteban Torres disertan sobre cómo las políticas públicas
en AL no han sido capaces de dar respuesta a las crecientes demandas
de la población de suelo y vivienda, debido a que se han centrado en la
producción de unidades habitacionales y no en la construcción de ciudad
L
Vanessa Pinto
Valencia
Socióloga con Maestría
en Gobierno de la Ciudad,
ha participado como
profesional y voluntaria
en diversos procesos de
desarrollo integral del
hábitat .
Esteban Torres
Arquitecto con Maestría
en Gestión del Desarrollo
Local Comunitario.
Activista por el derecho a
la vivienda adecuada, la
ciudad y el hábitat .
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as políticas públicas no han sido capaces de
dar respuestas adecuadas en términos económicos, sociales, ambientales ni culturales a las
crecientes demandas de la población de suelo y
vivienda, pues sus intervenciones han carecido
de un enfoque integral y la atención se ha centrado en la producción de unidades habitacionales y no en
la construcción de ciudad. Frente a esta realidad, el debate
sobre el Derecho a la Ciudad se vuelve imprescindible ya
que pone sobre la mesa la necesidad de que los ciudadanos se comprometan en la construcción de la ciudad que
sueñan, para lo cual es necesario generar espacios de encuentro y debate y poner en el centro de esos debates al
bien común.
De acuerdo con el Estado de las Ciudades de América
Latina y el Caribe 2012, cerca de 80 por ciento de la población de la región vive en ciudades y algo más de dos tercios
de la riqueza que se genera en ella proviene de las urbes
(ONU-Hábitat, 2012). Pero el crecimiento económico no implica necesariamente mejores condiciones de vida para la
población. Si bien las ciudades, son potenciales núcleos de
oportunidades, también han generado en su interior diversas formas de segregación, exclusión e inequidad.
DÉFICIT HABITACIONAL • DÉFICIT HABITACIONAL
En el Ecuador, el acelerado proceso de crecimiento demográfico y de expansión urbana ha
desbordado cualquier intento planificador, contraponiendo la creciente necesidad de suelo y
de vivienda con la limitada capacidad del Estado
para satisfacer las demandas de sus pobladores.
De acuerdo al último censo de población y
vivienda realizado en el país, la población urbana asciende a 62.77 por ciento y de acuerdo a la
metodología oficial de cuantificación del déficit
habitacional,1 a nivel nacional para el año 2010,
el déficit cualitativo (viviendas en condiciones
de habitabilidad recuperable) ascendía a 33 por
ciento y el déficit cuantitativo (viviendas en condiciones de habitabilidad irrecuperable) representaba el 19% (INEC, 2010)
Sin embargo, mediante un somero acercamiento a los indicadores existentes sobre vivienda en el país, se constata que en las últimas dos
décadas el número de viviendas particulares2 se
ha duplicado (INEC, 1990, 2010). Este hecho demuestra el alto dinamismo que ha tenido el sector habitacional, promovido desde el Estado y el
sector inmobiliario, pero principalmente desde
los mismos pobladores, ya que se estima que entre 50 y 75 por ciento de las viviendas construidas
en las ciudades latinoamericanas son producidas
al margen de la intervención privada o estatal
(Ortiz, 2004).
Por desgracia, no se ha reconocido y por lo tanto no se ha orientado positivamente los esfuerzos de autoproducción de vivienda de las familias de escasos recursos económicos, por lo que la
producción social de hábitat ha estado marcada
por la informalidad y la precariedad, de ahí el alto
1
La metodología únicamente se base en la combinación de las
condiciones de los materiales predominantes de piso, paredes
exteriores y cubierta para determinar si la vivienda presenta
condiciones de habitabilidad aceptable, recuperable o irrecuperable
2
Los tipos de vivienda particular comprenden: casa o villa, departamento, cuarto en casa de inquilinato, mediagua, rancho,
covacha, choza u otra vivienda particular.
dinamismo en la construcción de vivienda no se
vea reflejado en una disminución del déficit habitacional.
Además, cabe recalcar que la política pública
ha enfocado su intervención en la construcción
de vivienda nueva a pesar de que las mismas cifras oficiales evidencian que el déficit cualitativo
es mayor que el cuantitativo. Sin embargo, definitivamente resulta más rentable tanto económica
como políticamente construir antes que mejorar
lo construido, aunque social y ambientalmente esto no sea sostenible. Pero en términos generales, la falta de énfasis en cuanto a factores
ambientales y el mal manejo de los recursos naturales han impedido emprender procesos sustentables.
Por otro lado, el paternalismo estatal basado
en la entrega de subsidios; o la respuesta de los
promotores inmobiliarios ofertando viviendas
mínimas y sin acabados; así como la intervención altruista de varias organizaciones no gubernamentales y el distanciamiento de la academia
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USUFRUCTO EQUITATIVO DE L AS CIUDADES
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La producción social de hábitat ha estado marcada
por la informalidad y la precariedad, de ahí el alto
dinamismo en la construcción de vivienda no se vea
reflejado en una disminución del déficit habitacional
de lo cotidiano han limitado la generación de
propuestas integrales. La relación establecida
con las familias participantes de los programas
de vivienda, en la mayoría de los casos, ha sido
puramente técnica y clientelar, donde no han tenido cabida la responsabilidad compartida y la
reconstrucción del tejido social. La sociedad ha
dejado de actuar o actúa poco, cediendo todas las
decisiones a las autoridades de turno.
Y desde el Estado no se ha potencializado las
habilidades y destrezas de las personas en la utilización de ciertos materiales y tecnologías, sin
considerar, que toda dependencia proviene del
limitado acceso a conocimientos que permitan
utilizar adecuadamente los recursos locales. Además, la mayoría de soluciones planteadas no han
incorporado de manera exitosa factores culturales pues no se ha considerado dimensiones de espacialidad, costumbres, tradiciones ni patrones
estéticos y técnicos, lo cual ha impedido la efectiva apropiación de los proyectos por parte de los
actores locales. En fin, las propuestas han carecido de una mirada integral, se ha tendido a la
fragmentación, los esfuerzos han sido dispersos y
no han existido acciones interinstitucionales en
función del bien común
Y a nivel territorial, se han construido viviendas pero no se ha generado ciudad, de allí que
encontremos espacios poblados de viviendas sin
ciudad. Los diferentes niveles de gobierno, el sector inmobiliario e incluso los mismos pobladores
han fijado su atención en la construcción de unidades habitacionales pero lastimosamente sin
considerar lo colectivo, centrándose en el objeto
y no en el proceso, postergando así la generación
de barrios y por tanto de ciudad.
En este contexto, el debate respecto del Derecho a la Ciudad es relevante e imprescindible; las
problemáticas actuales nos conducen a nuevas
reflexiones en torno a la satisfacción de necesidades y la garantía de derechos en las ciudades,
así como hacia nuevas luchas urbanas que buscan el reconocimiento del Derecho a la Ciudad
como una alternativa ante aquellas concepciones mercantilistas del territorio.
La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad
(2005) lo define como: “el usufructo equitativo de
las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social”
(s/a, 2005, en: Ortiz, 2008: 189) y establece principios y fundamentos estratégicos que han sido
recogidos en la Constitución de la República del
Ecuador (2008), que en su artículo 31 establece
que “el ejercicio del Derecho a la Ciudad se basa
en la gestión democrática de ésta, en la función
social y ambiental de la propiedad y de la ciudad,
y en el ejercicio pleno de la ciudadanía” (ANC,
2008:33-34).
En una entrevista, David Harvey (2014) señalaba que el elemento central del Derecho a la
Ciudad es la posibilidad de "hacer la ciudad como
los ciudadanos la sueñan" (Harvey, 2014). Y es que
la participación ciudadana debe ser el elemento
sustancial para que las ciudades se conviertan en
el espacio de realización de los derechos humanos, dicho de otra manera, la participación ciudadana representa la esencia de un nuevo modelo
de desarrollo urbano que se debe generar desde
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quienes usan y habitan las ciudades, por lo que
para construir colectivamente la ciudad y ejercer
la ciudadanía se requiere indispensablemente de
los ciudadanos. Adicionalmente, el marco constitucional ecuatoriano, reconoce como un derecho
la participación de la ciudadanía en los asuntos
de interés público (ANC, 2008), y es este reconocimiento, el que debe servir de base para la gestión
democrática de las ciudades.
Cabe recalcar que, si bien el Derecho a la Ciudad se enfoca en la calidad de vida a escala urbana, y por supuesto, la relación con su entorno rural, es pertinente señalar que las luchas urbanas y
los procesos de organización social se han producido alrededor de la vivienda y el barrio. A través
de la autoproducción de vivienda y de hábitat, se
manifiestan distintos procesos de organización,
participación y gestión que son válidos de considerar como mecanismo de generación de ciudad,
tomando en cuenta que pueden trascender desde la vivienda al barrio y también del barrio a la
ciudad en una compleja relación entre la satisfacción de necesidades individuales y colectivas, por
lo que es necesario identificar las potencialidades
de la participación en la construcción colectiva de
ciudad, que surgen desde aquellos procesos sociales de producción de vivienda.
Es necesario además retomar el protagonismo
de los ciudadanos en la construcción de sus ciudades pues si bien es cierto, tal como se determina en la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad
(s/a, 2005, en: Ortiz, 2008): “las ciudades deben
establecer mecanismos institucionales y desarrollar los instrumentos jurídicos, financieros, administrativos, programáticos, fiscales, tecnológicos y
de capacitación necesarios para apoyar las diversas modalidades de producción social del hábitat
y la vivienda, con especial atención a los procesos
autogestionarios, tanto individuales y familiares
como colectivos organizados”, las alternativas las
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encontramos en manos de la misma ciudadanía
para hacer la ciudad como los ciudadanos la sueñan, mediante la defensa del Derecho a la Ciudad,
como plataforma de articulación.
Las ciudades son un producto social y se encuentran en permanente proceso de transformación (Carrión, 2001), por lo que se necesita
de la participación y articulación de los distintos
actores sociales. Para esto es necesario generar
espacio de encuentro, donde nos identifiquemos
como parte de una misma sociedad y de una misma ciudad, convencidos de la importancia de la
participación y del ejercicio pleno de la ciudadanía. Se requiere posicionar y promover el debate
sobre la ciudad más allá de los grandes auditorios, en las aulas de clase y fundamentalmente a
los barrios y las comunidades.
Además se necesita despertar la sensibilidad
y construir sentidos colectivos a través de intereses comunes que tengan como centro del diálogo
el bien común. Resulta indispensable construir
acuerdos sobre la ciudad, porque por experiencia, sabemos que las iniciativas dispersas se desvanecen, de allí la importancia de institucionalizar y articular los procesos.
Una vez dispuestos a sentarnos en la misma
mesa, es fundamental conocer las reglas del juego y poner las cartas sobre la mesa y sin ases bajo
la manga. Desde el lugar que ocupamos en la sociedad debemos ejercer nuestro derecho y deber
de participar y como profesionales no podemos
estar ajenos a lo cotidiano y acompañar desde
el conocimiento técnico la producción social del
hábitat.
Sin embargo, sabemos que el reto va más allá,
requiere un compromiso total para lograr lo más
complejo del proceso, que se multiplique y alcance otras escalas, y así continuar fijándose otras
metas, otras utopías, otros sueños de otra ciudad,
de otras ciudades.
versal
D I S E Ñ A N D O LO CO M U N A L U R BA N O
D E S D E LO N D R E S
A través de la autoproducción de vivienda y de hábitat, se manifiestan distintos procesos de organización, participación y gestión que son válidos
de considerar como mecanismo de generación de
ciudad pues frente a las diversas problemáticas
que existen en torno a la vivienda, la ciudad y el
hábitat, de lo que no tenemos duda, es de la necesidad de actuar.
No se pueden seguir construyendo viviendas
sin ciudad, pero para construir ciudad debemos
construir ciudadanía, una ciudadanía activa y
comprometida con la construcción de ciudades
sostenibles, comprometida con la defensa del
Derecho a la Ciudad.
Bibliografía
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La ciudad misma debería discutirse como algo
común: una creación física y cultural colectiva
por y para sus habitantes. Sin embargo, la
gama de actividades permitidas en los espacios
urbanos se está volviendo cada vez más estrecha.
Muchas calles y plazas en el mundo ahora son
administradas por propietarios privados y los
que están en manos del Estado a menudo son
desinfectados por espacios públicos que sirven
para mejorar los valores de propiedad locales y
las tasas comerciales.
¿Dónde está hoy el espacio público para que
las personas trabajen juntas para producir la
ciudad y sus recursos fuera de las demandas del
mercado? En general, la propiedad colectiva y
la gestión de los recursos se están reinvirtiendo
actualmente en los debates sociales, políticos y
económicos como respuesta a este desafío que
enfrentan todas las ciudades en la actualidad.
Con la rica historia de Gran Bretaña por
los derechos comunales, Londres es el lugar
perfecto para probar los comunes-lo comunal,
como un enfoque vital para el diseño urbano,
lo que implica que la artquitectura, las
infraestructuras y los vecindarios se vuelvan a
imaginar como espacios comunes para que se
creen nuevos bienes comunes urbanos. Es decir,
una búsqueda de diseño a través del cual el acto
social de unión tome forma al permitir que
los ciudadanos coproduzcan recursos urbanos
desde la cultura y el conocimiento hasta la
vivienda, la energía o los procesos democráticos.
Una propuesta donde el diseño en sí no es el
producto final, sino el medio a través del que se
construyen las relaciones y las organizaciones
comunitarias.
https://goo.gl/Vmz1r2
• NACIONALIDAD URBANA•NACIONALID
LA
CONQUISTA
DEL DERECHO
A LA CIUDAD
EN GUADALAJARA
En esta colaboración, Alejandro Mendo Gutiérrez retrata el largo
recorrido para hacer valer el Derecho a la Ciudad en una urbe
como Guadalajara, bajo un sesgo sincrónico, particularmente visto
a través de los últimos cincuenta años de desarrollo urbano
D
Alejandro Mendo
Gutiérrez
Doctor en Ciudad,
Territorio y Sustentabilidad
por la Universidad de
Guadalajara, dedicado a la
investigación urbana y a
la docencia en materia de
asentamientos humanos
en el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de
Occidente (Iteso).
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EL DER EC HO A LA C I U DAD
esde su contundente introducción en 1968,
la noción del Derecho a la Ciudad –formulada por el sociólogo marxista francés
Henri Lefebvre– abriría en el plano internacional insospechadas oportunidades
de avance intelectual y de progreso social,
tanto desde la reflexión académica en universidades como
en el fragor de las trincheras callejeras de los movimientos
urbanos populares, debido a los sólidos fundamentos ideológicos en que este concepto descansa. La indiscutible aportación lefebvriana marcó un parteaguas teórico para las ciencias sociales que todavía sigue impulsando transformaciones urbanas cincuenta años después de que viera la luz y en
regiones geográficas muy alejadas del continente europeo.
Guadalajara, la segunda metrópoli mexicana, es una de
esas localidades en donde puede rastrearse el impacto tangible de tal contribución. Por eso, en estas páginas se intentará
un somero recuento de los principales hitos locales relacionados con el Derecho a la Ciudad. En resumen, se distinguen tres
grandes momentos históricos que marcan con claridad la evolución de esta prerrogativa hasta su concepción actual: a) la
AD URBANA • NACIONALIDAD URBANA•
emergencia de los sin techo entre los años 1970 y
1990, b) de 2000 a 2015 la introducción de referentes urbanos vanguardistas por la sociedad civil, y c)
el empuje institucional por gobiernos de avanzada
a partir de esa fecha. A continuación se puntualizan los distintos aspectos de interés que marcan
a cada una de esas etapas pensando en la posible
utilidad que pudiera tener este texto para quienes
trabajan alrededor del Derecho a la Ciudad.
PRIMER ACTO: LAS LUCHAS POPULARES POR
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS
Si algo dejaron en claro los exhaustivos trabajos
científicos y los múltiples ensayos filosóficos de
Lefebvre, es que en las ciudades contemporáneas
los procesos urbanizadores son motores funcionales de la racionalidad consumista que dirige la
producción del espacio construido a la máxima
plusvaloración inmobiliaria de los intereses económicos de las clases sociales dominantes. Desde
la perspectiva materialista dialéctica, esta lógica
capitalista conlleva problemáticas estructurales
cuando la apropiación lucrativa desmedida sacrifica aspiraciones humanizantes colectivas dando
paso a drásticos procesos de ajuste muy críticos
que terminan expulsando a los sectores más vulnerables de las geografías donde radican y de los
circuitos del empleo donde laboran. Lefebvre llama a esta dinámica hegemónica racionalidad urbana y anticipa que, en la producción del espacio,
la sociedad evidencia en sus formas de apropiarse del territorio ciertas contradicciones, oposiciones y paradojas del tipo centro (poder y riqueza)periferia (marginalidad y pobreza). En opinión
de González Ordovás (1998: 308) “el urbanismo,
como fenómeno de clase, es irremediablemente
político” desde que organiza áreas, impone flujos,
dispone reglas y controla el espacio.
En las ciudades
contemporáneas los
procesos urbanizadores
son motores del
consumismo que dirige
la producción del
espacio construido a la
máxima plusvaloración
inmobiliaria
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PRO L E TA R I O S Q U E I R RUM PE N L A S P E R I F E R I A S M E T RO P O L I TA N A S
Este contexto sociopolítico ampliamente distri-
catedráticos investigadores y profesionales del ur-
buido por los países latinoamericanos desde la década de los sesenta fue el marco en que surgieron
los excluidos de la ciudad o los sin techo, es decir,
los vastos ejércitos de proletarios que irrumpirían
en las periferias metropolitanas para ocupar los
resquicios menospreciados por los estamentos
privilegiados. En el caso tapatío, la emergencia de
pobladores marginales rebasaría los mecanismos
gubernamentales instituidos para atender la demanda habitacional originando enormes distritos
de infravivienda que por años subsistieron en las
peores condiciones de vida. Y con la formación de
los movimientos urbanos populares reivindicativos
de tierra y servicios básicos ocurre el primer punto
de inflexión del Derecho a la Ciudad en la Guadalajara conurbada. En opinión de Regalado Santillán (1995), la lucha local por la vivienda brotó del
significativo aumento de la pobreza urbana y del
crecimiento de la marginación social, cuestiones
oportunamente señaladas entonces por algunos
banismo1 quienes advirtieron los problemas futuros que enfrentaría la ciudad de no intervenirse
remedialmente a tiempo.
Como sea, la falta de infraestructura urbana
en la primera corona de expansión metropolitana favoreció la organización de diversos frentes
de lucha social al constituirse en la exigencia
central de las frecuentes marchas, plantones, demandas y manifestaciones que tuvieron lugar
entre 1970 y finales de los ochenta. Como elemento ideológico de fondo vertebrando estas expresiones, es posible descubrir los planteamientos
críticos de Lefebvre que develan la coartada de
los grupos políticos como estrategia de un poder
burocrático al servicio los intereses financieros
del urbanismo de clase. La introducción entre las
filas populares de terminología revolucionaria de
1
Entre los más conocidos, los arquitectos Daniel Vázquez Aguilar, Eduardo Ibáñez Valencia, Esteban Wario Hernández y Jorge
Camberos Garibi.
C A RTA M U N D I A L P O R E L D E R E C H O A L A C I U DA D
versal
Las luchas urbanas generan la necesidad del reconocimiento en el sistema
internacional de los derechos humanos, del derecho a la ciudad, definido
como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de
sustentabilidad y justicia social. En este sentido, un documento como la Carta
mundial por el Derecho a la Ciudad se vuelve una herramienta fundamental
para expertos o curiosos en el tema (es decir, todos, ya que todos estamos
involucrados intrínsecamente al compartir el territorio).
La Carta, de acceso, consulta y descarga gratuita, es un instrumento
“político referencial para las acciones y luchas de las organizaciones y
izquierda y la formulación de propuestas políticas progresistas se corresponde con las actividades divulgativas y de apoyo solidario que promotores comunitarios, religiosos comprometidos,
académicos activistas y líderes partidistas brindaron a las bases más receptivas y no cooptadas
por el corporativismo estatal imperante.2
La asimilación del pensamiento lefebvriano es
patente en la medida en que entonces legitima la
articulación gradual entre la acción colectiva radical y el empoderamiento democrático. En este
sentido, las significativas victorias y logros de los
solicitantes de suelo, vivienda y servicios establecieron la altura y el tono para los subsiguientes
diálogos con las administraciones municipales
y estatales, aunque el eventual cumplimiento
oficialista de las peticiones también supuso el
vaciamiento paulatino de las reclamaciones mismas hasta dejar éstas de tener el peso inicial y
terminar desactivándose en un estancamiento
pasivo que se prolongaría hasta la fecha.
El Derecho a la Ciudad es patente durante
esta etapa a través de la concreción de los mínimos satisfactores de habitabilidad exigibles a
cualquier gobierno. Visto así, los postulados de
Lefebvre demuestran que las superestructuras
constrictivas inherentes a los sistemas sociales
pueden ser superadas por haceres emancipatorios que, además de ser políticamente correctos
2
En el caso tapatío,
la emergencia
de pobladores
marginales rebasaría
los mecanismos
gubernamentales
instituidos para
atender la demanda
habitacional
originando enormes
distritos de
infravivienda
Una lista de protagonistas sería interminable pero no puede
dejar de mencionarse la participación de agrupaciones como
el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C., el
Taller de Arquitectura Popular, Educación y Desarrollo de Occidente, y personalidades como Juan Manuel Ramírez Sáiz, Carlos Núñez Hurtado, Román Hurtado Huato, Daniel González
Romero, Guadalupe Ruíz Velasco y muchos más.
entidades de la sociedad civil contra la injusticia y
discriminación social y territorial”, según dice en sus
estatutos, y pretende también la construcción de un
proceso internacional que luche por su transformación en
un instrumento político y legal, en la forma de un tratado
internacional de derechos humanos.
el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a
un patrón de vida adecuado y a entender el Derecho a
la Ciudad como un ente interligado e interdependiente
a todos los derechos humanos internacionalmente
reconocidos, concebidos de forma integral.
En este material el Derecho a la Ciudad está
comprendido como un derecho colectivo de los habitantes
de las ciudades, en especial de los grupos vulnerables y
desfavorecidos, que les confiere la legitimidad de acción
y de organización, basado en sus usos y costumbres, con
https://goo.gl/mYuHEp
–como en efecto es el Derecho a la Ciudad–, son
también pragmáticos.
SEGUNDO ACTO: LA ACOMETIDA DE LOS
COLECTIVOS DE RESISTENCIA POR UNA MEJOR
URBE
La Guadalajara metropolitana conoció hace
treinta años una fase de consolidación urbana
con la regularización de los muchos asentamientos informales que crecieron en su primer anillo
de expansión (Jiménez Huerta y Cruz Solís, 2015).
Con la introducción de infraestructura y equipamientos en esas colonias populares se elevó la
calidad de vida, pero también, los gobiernos locales neutralizaron el potencial de conflicto social
que representó por años el movimiento urbano
popular. A partir del cambio de milenio comenzarían a manifestarse otro tipo de expresiones
reclamando avances urbanos. En principio, diremos que saltó a la escena local una constelación
de agrupaciones de la sociedad civil organizada
preocupadas por grandes temas problemáticos:
la degradación ambiental de los entornos silvestres, la congestión vehicular permanente de vialidades, la polarización social entre adinerados y
desposeídos o la fragmentación espacial de distritos bien dotados de servicios y aquellos carentes de lo elemental.
Se trata de la injerencia abierta y pública de
colectivos de nuevo cuño3 que visibilizan las resistencias y expectativas socioculturales enarboladas por peatones, migrantes, discapacitados, jóvenes, indígenas y otros perfiles sociales
que ejemplifican la nueva composición residencial de la metrópoli. La principal aportación de
este conjunto multifacético será el enriquecimiento conceptual de las políticas públicas y la
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Deben incluirse asociaciones civiles como ProHábitat, Guadalajara 2020, Red Ciudadana, Tianguis Cultural, Congreso Ciudadano, Ciudad para Todos, Parlamento de Colonias, Ciudades
Públicas, ¡Tómala!, Guadalajara en Bici, Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, FM4, Tu Techo Mexicano de Occidente
y varias más.
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renovación léxica de la terminología empleada
por funcionarios gubernamentales, que no es
poca cosa. A raíz de las creativas actividades
que estas organizaciones concibieron y realizaron de forma sostenida es que la aspiración
por el Derecho a la Ciudad se hace presente en
la Guadalajara metropolitana, esta vez mediante la incorporación de nociones clave del nuevo
urbanismo como el espacio público accesible, la
movilidad no motorizada, la gestión social del
hábitat, la contraloría social de la obra pública,
la sustentabilidad ambiental y la observación
ciudadana de la gestión gubernamental.
¿Cómo es que el Derecho a la Ciudad se revela localmente en esta fase? La respuesta es simple: por vía de la exigencia colectiva al disfrute
de lo que Karal Vasak llamó derechos de segunda
y tercera generación, a saber, las prerrogativas
económicas, sociales y culturales exigibles que
se relacionan con las condiciones de vida, con el
bienestar, con la equidad, con la calidad del entorno y con la solidaridad social (Rabossi, 1997).
Lo anterior implica una novedad en Jalisco si se
considera que este empuje ciudadano obligó a
que las autoridades gubernamentales modificaran sus tradicionales esquemas operativos, a que
actualizaran los anticuados marcos normativos
vigentes y a que intervinieran situaciones deficitarias rezagadas por años. Desde la perspectiva
lefebvriana, esta progresión representa no solamente la participación democrática directa de la
sociedad en la transformación consciente de la
urbe sino, más importante aún, el arribo a la ciudad socialmente justa.
En la difusión temprana y sostenida de estos
contenidos innovadores jugaron roles primordiales algunas instituciones de educación superior
regionales que de manera recurrente insistieron
en abrazar el Derecho a la Ciudad como una aspiración utópica digna de concretarse en el país.
Así, personalidades como Enrique Ortiz Flores
–activista social de largo aliento y catedrático
GESTIÓN
SOCIAL
DEL
HÁBITAT
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emérito mexicano–, Guillermo Peñalosa –empresario y funcionario colombiano–, Fernando
Carrión Mena –investigador académico y planificador urbano ecuatoriano–, Jordi Borja –urbanista catalán y profesor universitario–, Diane E.
Davis –estudiosa norteamericana del cambio sociourbano– y Germán Solinís Noyola –arquitecto
tapatío y oficial de Unesco– serían algunos de los
conferencistas invitados y asesores voluntarios
que más influyeron para fijar en el imaginario
colectivo la prerrogativa ciudadana.
Cabe resaltarse que no pocos analistas han
señalado recientemente cómo Guadalajara se ha
erigido en un referente latinoamericano de la reapropiación de lo público a partir de su activismo
urbano. Estrada y Ponce (2014: 55) apuntan cómo
estas expresiones ciudadanas espontáneas preocupadas por diversos asuntos han jugado “un papel importante en la gestión y discusión de temas
nodales” localmente hablando. Proceso complejo
que no tiene todavía una explicación integral pero
que sí apunta a un conjunto de factores y circunstancias todas asociadas al Derecho a la Ciudad
cuando es llevado a la práctica. Martínez Velázquez (2015) sugiere que la rotunda incidencia de la
sociedad civil local en la toma de decisiones sobre
asuntos públicos se comprende por la interacción
de tres condiciones: a) una agenda ciudadana
compartida que incluye contenidos innovadores
y pretensiones vanguardistas que da lugar a buenas prácticas en la solución de problemas colectivos, b) una estructura organizacional ciudadana
reducida, plural y flexible –pero expandible según
se requiera– que maximiza los recursos comunicacionales de las redes sociales internéticas potenciando sus impactos en otras esferas y circuitos,
y c) una masa crítica de sectores sociales locales
hartos de ser desdeñados en sus necesidades más
sentidas. Estas circunstancias, insiste Martínez Velázquez, hacen de Guadalajara una ciudad donde
los ciudadanos son capaces de reclamar sus derechos; y eso es empoderamiento democrático.
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Ahora bien, en el caso de Guadalajara, Orozco
Barba (2016) ha mostrado cómo estas iniciativas
ciudadanas han redondeado el concepto del Derecho a la Ciudad sumando una dimensión trascendental desde que sus habitantes han logrado
imprimir una configuración significativa o un
sentido colectivo a sus utopías. Desde esta óptica,
al control social ganado y a la rendición de cuentas exigida hay que añadir la realización cultural
del cuerpo social.
TERCER ACTO: LA NACIENTE INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL HACIA UNA GERENCIA
URBANA PROFESIONAL
El ejercicio del Derecho a la Ciudad en la conurbación tapatía se encuentra al día de hoy experimentando una fase evolutiva muy interesante
–por su naturaleza inédita y por su final incierto– marcada por la asimilación institucional de
contenidos democratizantes que vienen haciendo las administraciones públicas y sus aparatos
operativos. A estas alturas, legislaturas y equipos técnicos burocráticos han terminado de entender que su permanencia futura en la esfera
pública depende de la calidad de los programas
políticos que formulen. En este sentido, buena
cantidad de nociones clave relacionadas con el
ejercicio del Derecho a la Ciudad están siendo integradas por los distintos partidos contendientes
en Guadalajara a las llamadas plataformas electorales y sus apartados temáticos.
En el fondo, lo que ocurre es que las agencias
institucionales locales han iniciado un proceso
estructural reorganizativo para nivelar su desempeño frente a los contribuyentes tomando
como referencia las novedades introducidas por
los actores privados y sociales más vanguardistas
y adelantados. Corona y Arias (2016: 198) afirman
que este proceso representa la “configuración de
un régimen de coordinación metropolitana de
segunda generación”. En consecuencia, se han
No pocos analistas
han señalado
recientemente cómo
Guadalajara se ha
erigido en un referente
latinoamericano de
la reapropiación de lo
público a partir de su
activismo urbano
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El Derecho a la
Ciudad ha sido
asimilado por
los tomadores
de decisiones
como una noción
imprescindible
que orienta la
acción pública en
aras del quehacer
gubernamental
venido produciendo ciertas innovaciones en el
sector público que no consisten solamente en
la mejora de la prestación de los servicios públicos, sino que buscan la participación colaborativa entre actores gubernamentales y sujetos
civiles “para la co-creación de métodos, técnicas
y habilidades […] para el impulso de decisiones
y políticas públicas” (Mariñez Navarro, 2015: 25).
Por lo anterior, en la Guadalajara metropolitana
comienzan a ensayarse articulaciones inéditas
entre académicos, activistas, cámaras y colegios
gremiales, vecinos y funcionarios que representan en alguna medida la apropiación del Derecho
a la Ciudad pues ya rinden nuevos valores, actitudes, procesos y estándares.
Hay varios casos locales de nuevas ideas que
funcionan en las administraciones públicas que
pueden referirse. Uno muy conocido es el del
Instituto Metropolitano de Planeación del Área
Metropolitana de Guadalajara que ha venido
apostando por incorporar a distintos individuos
y colectivos en el desarrollo de planes y proyectos. Igualmente pueden mencionarse programas
municipales y estatales para manejar residuos
sólidos urbanos o para mantener espacios públicos en buenas condiciones o para dignificar el
transporte urbano colectivo. Pero aun con estos
significativos avances resta mucho todavía para
que se asuman conceptos como Open Collaboration, Free Software o Peer Production4 que varios
autores refieren como distintivos de la innovación pública (Mariñez Navarro, 2015).
En relación con materias urbanas hay que
apuntar que, a pesar de que las autoridades han
experimentado novedosas mecánicas para la
gerencia de la ciudad, por ejemplo, el empleo de
dispositivos móviles en el levantamiento y seguimiento de reportes ciudadanos por quejas y fallas
o el uso de plataformas digitales remotas para el
cobro de espacios de estacionamiento, subsiste
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En el mismo orden: “Colaboración abierta”, “Programas informáticos gratuitos” y “Producción entre iguales”.
versal
aún un variado elenco de opciones desconocidas
localmente hablando que bien pueden representar nuevos avances hacia una gestión urbana
más profesional y vanguardista. Entre las alternativas de gestión urbana más exitosas en otras
ciudades –y que bien pueden implantarse en la
capital jalisciense como resultante del Derecho a
la Ciudad– se enlista la experiencia del Programa
de Mejoramiento Barrial y Comunitario que opera
el Gobierno de la Ciudad de México desde el año
2007 y que al día de hoy ha beneficiado a más de
millón y medio de pobladores. En resumen, la espléndida lección que aporta esa buena práctica es
que los vecinos gestionan mejor la obra pública
cuando la realizan directamente los habitantes
pues, al contrario que cuando la desarrollan gobiernos o contratistas, ésta acaba costando menos que lo presupuestado y se entrega antes de
lo previsto.
En definitiva, el Derecho a la Ciudad ha sido
asimilado por los tomadores de decisiones locales –aunque en distintos grados– como una
noción imprescindible que debe orientar la formulación de la acción pública en diferentes áreas
del quehacer gubernamental. No obstante, este
concepto sigue siendo percibido de manera heterogénea por los actores políticos pues en algunos casos se le manipula superficialmente como
membrete o leitmotiv mientras que en otros sí se
adopta como consigna operativa de amplio espectro y hondo calado. En todo caso, en el ámbito
de las dependencias oficiales radicadas en Guadalajara, se trata de un constructo en evolución
que avanza irregularmente pero que tiene posibilidades de desarrollo.
CONCLUSIONES
En la Guadalajara metropolitana se ha visto que
el Derecho a la Ciudad es un referente bien conocido por distintos sectores sociales y que ha jugado diferentes roles en el impulso del ejercicio
C A RTA D E L A C I U DA D D E M É X I CO
P O R E L D E R E C H O A L A C I U DA D
La Carta de la Ciudad de México por el
Derecho a la Ciudad es una iniciativa surgida
y negociada desde 2007 con el Gobierno del
Distrito Federal por diversas organizaciones
del movimiento urbano popular. En octubre
del mismo año se delinearon los fundamentos
estratégicos de la Carta, sus antecedentes
y los primeros pasos para formularla. En el
marco del Foro Social Mundial-Capítulo
México. Teniendo como principales
referentes la Carta mundial por el derecho
la ciudad y los resultados y propuestas de la
Primera asamblea mundial de pobladores,
realizada en la Ciudad de México en el año
2000, la Carta sistematiza las aportaciones
de sus impulsores –el Movimiento Urbano
Popular de la Convención Nacional
Democrática, la Secretaría de Gobierno del
Distrito Federal, la Coalición Internacional
para el Hábitat-América Latina, la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal, el
Espacio de Coordinación de Organizaciones
Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales
y Culturales y la Procuraduría Social del
Distrito Federal) y abre una etapa orientada al
reconocimiento legal y la implementación de
este nuevo derecho humano en México.
https://goo.gl/MUZgMT
de una ciudadanía más plena. En un primer momento histórico, el Derecho a la Ciudad fue introducido por cuadros formados para el activismo
social que pudieron animar las luchas vecinales
tapatías por mejores condiciones materiales de
existencia frente al régimen autoritario y corporativista de los años setenta. En ese contexto, el
Derecho a la Ciudad se limitó al acceso a mínimos de habitabilidad urbana para las capas poblacionales rezagadas por lo que esta condición
restrictiva agotó los alcances del Derecho a la
generado por sus intervenciones en la esfera pública forzó a las administraciones gubernamentales a practicar soluciones en campo y potenció
el empoderamiento ciudadano efectivo en varios
aspectos de la vida social.
En el presente, el sector público ensaya cambios estructurales en sus distintos órdenes de
gobierno para renovar los contenidos conceptuales del discurso institucional y adecuar la
gestión oficial a nuevos estándares profesionales acordes con las exigencias globales de la
Ciudad como noción.
Posteriormente, a lo largo de la transición del
nuevo siglo, la insatisfacción generalizada por las
problemáticas metropolitanas irresueltas en la
capital jalisciense gestó la emergencia de nuevas
formas de expresión ciudadana visibles en la movilización abierta y desafiante de colectivos civiles contestatarios pero propositivos que supieron
nutrir sus demandas y sugerencias con aportes
urbanísticos vanguardistas relacionados con el
ejercicio del Derecho a la Ciudad. El impacto social
sociedad contemporánea. En este intento por
aprovechar el Derecho a la Ciudad subsisten desencuentros entre las fuerzas burocráticas que se
resisten al cambio y los partidarios de innovaciones públicas. De cualquier forma, el Derecho a
la Ciudad puede considerarse un impulsor clave
de las grandes transformaciones sociourbanas
en la Guadalajara metropolitana pues inspiró y
sigue alentando a los más diversos sujetos sociales a conquistar el ejercicio de sus derechos
ciudadanos.
Bibliografía
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REGALADO SANTILLÁN, J. (1995). Lucha por la vivienda en Guadalajara.
Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
DERECHO
A LA CIUDAD:
GARANTÍA, RECLAMO,
DISPUTA Y SLOGAN
Para muchos, el derecho a la cudad se concreta en obras
de mejoramiento urbano, un derecho que conglomera a
otros… y, para algunos, como Alejandra Gutiérrez, representa
la nueva conceptualización de derechos históricamente
incumplidos, pero que encuentran en el Derecho a la
Ciudad un nuevo nombre y una nueva forma de reclamo
E
María Alejandra
Gutiérrez R.
Socióloga de la
Universidad de
Antioquia, Colombia,
estudiante de la
Maestría en Políticas
Sociales Urbanas
de la Universidad
Nacional de Tres de
Febrero, Argentina.
Con experiencia en
programas del Instituto
Social de Vivienda y
Hábitat de Medellín
y del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires,
Argentina.
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l derecho a la ciudad es el derecho a la vida, al
trasegar y trazar de la vida en el entorno urbano,
a contar con las garantías para hacerlo y a la posibilidad de tener espacios y tiempos para el despliegue de las subjetividades, en tanto que seres
sociales en colectividad. Henri Lefebvre definió el
Derecho a la Ciudad como la “necesidad de ver, de oír, de tocar,
de gustar y la necesidad de reunir estas percepciones en ‘un
mundo’… de necesidades de información, simbolismo, imaginación, actividades lúdicas” (Lefebvre, 1969).
El Derecho a la Ciudad se refiere a la construcción de una
espacialidad que le permita al sujeto construirse de manera
dialéctica en el espacio, vivir en y a través de él, territorializarlo según sus consideraciones y complementarlo con su
presencia. Para ello, es necesaria la reinvención y constante
actualización de las ciudades mediante la incorporación de
las prácticas sociales de quienes las habitan, en la medida en
que surgen nuevos reclamos para el desarrollo pleno de sus
potencialidades y el ejercicio de sus capacidades. Desde esta
perspectiva, la ciudad adquiere la característica de ser continua y de construirse a sí misma, a partir de la disputa de
los usos del espacio y las necesidades de sus habitantes, en
función de la planificiación de la que son objeto.
Y es que, hasta ahora, las políticas urbanas
han sido más bien condicionantes de ordenamiento y control de las ciudades en función de
su crecimiento y densificación, especialmente en
Latinoamérica, en donde las urbes se encuentran
en etapa de consolidación como centros de desarrollo. Nuevos enfoques demuestran que la vía
posible para el desarrollo urbano es la creación
de ciudades que fortalezcan su sentido humano,
es decir, ciudades que desanden algunos pasos
que se han dado en la formación del tipo de ciudad capitalista, en la que priman los intereses
promovidos por el capital financiero, los movimientos económicos y la individualización, antes
que el desarrollo pleno de los sujetos.
La ciudad tendría que crearse y recrearse de
manera planificada, considerando su crecimiento
demográfico y teniendo pleno dominio de su potencial de desarrollo, no por exclusividad o condicionamiento en el uso de sus áreas sino, más
bien, por consideración a las potencialidades de
sus habitantes y por la posibilidad de que todos y
todas hagan usufructo equitativo del suelo urbano, y accedan a las opciones de desenvolvimiento
y crecimiento que puede ofrecer.
Es así que para comprender la relación espacial del Derecho a la Ciudad, se tendrá que pensar
e imaginar, para crear, una ciudad que pueda darse en continuo cambio, lo que Lefebvre llamaría
“la ciudad eterna”, que supera las ideologías y da
paso a diversas morfologías que contienen la diversidad que se proponen los distintos colectivos
que la habitan. En resumen, la planificación de
una ciudad que capitalice los reclamos y solicitudes de sus habitantes en un plan de mediano y
largo plazo, dando especial importancia a las capacidades de desarrollo humanas que las integre,
social y culturalmente, sin distinción ideológica.
Lo anterior, sumado a la necesidad de algo así
como una mirada desnuda de prejuicios políticos que la planifique y que intente darle la mayor
posibilidad de contenido, superando los deseos
El Derecho a
la Ciudad es el
derecho a la vida,
al trasegar y
trazar de la vida
en el entorno
urbano, a contar
con las garantías
para hacerlo y a
la posibilidad de
tener espacios y
tiempos para el
despliegue de las
subjetividades
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temporales de sus gobiernos y las características
de exclusión, explotación y vulneración de aquellos que no cuentan con las condiciones necesarias para apropiarse del espacio urbano, a saber,
las clases vulneradas y en condiciones socio económicas desventajosas, las poblaciones estigmatizadas (ghettos o comunidades determinadas
espacialmente), inmigrantes, mujeres, niños, niñas y personas en condición de exclusión social.
De ese modo, la ciudad se construye a partir de una combinación de reclamos, disputas,
voluntades, decisiones, programas políticos y
aportes técnicos. Siendo así que, cuando hablamos del Derecho a la Ciudad, nos referimos a la
posibilidad de conjugar los elementos anteriores
y otros más en un mismo espacio-territorio. En
este sentido, el Derecho a la Ciudad vendría a ser
un derecho tan amplio como continuo, es decir,
incapaz de enmarcarse en un solo reclamo, en un
nombre concreto, en una sola agenda pactada.
LA CIUDAD EN DISPUTA
La ciudad moderna está habitada por numerosos
tipos de sujetos, de entre ellos, los que acceden
a algunos derechos, los que tienen privilegios y
aquellos que no alcanzan ninguna de las anteriores categorías. No obstante comparten el espacio
urbano como lugar que habitan y en el que se desarrollan según sus posibilidades y alcances, es
preciso entender que la morfología de las ciudades se da en tanto que una multiplicidad de sujetos que la habitan, reclaman y construyen según
sus intereses y necesidades. Por lo tanto, más que
ponerla en vilo, los sujetos en la disputa por el
espacio urbano dan lugar a la formación de distintas ciudades dentro de una misma ciudad.
El Derecho a la Ciudad ha sido transformado
o interpretado para consolidarlo en el terreno de
las formalidades de la administración de los gobiernos, lo cual ha reconfigurado su sentido inicial al convertirlo en un mecanismo discursivo al
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servicio de intereses partidarios o de los distintos
gobiernos de turno. Más que en un objetivo en sí
mismo, ha ido desdibujando su status de derecho
para convertirlo en algo como un slogan de campañas y agendas de gestión pública.
La reivindicación del Derecho a la Ciudad
es una estación
intermedia en la ruta hacia ese objetivo.
Nunca puede ser un objetivo
en sí misma, aunque cada vez más
parezca una de las vías
más propicias a seguir
David Harvey
(Ciudades rebeldes. Del derecho a la
ciudad a la revolución urbana)
¿Es acertado afirmar que el reclamo por el Derecho a la Ciudad se adopta como un paso intermedio? ¿No será, más bien, que la ciudad conjuga
espacialmente todos los derechos que el sistema
capitalista moderno ha ido restringiendo? ¿No
será, por tanto, que el acceso a la ciudad si es un
fin en sí mismo? ¿Un espacio de despliegue de
derechos y de posibilidades para aquellos que
deciden habitarlas?
Si bien el dominio de mercado sobre las ciudades es uno de los principales fundamentos de
la inequidad y el desequilibrio social/económico
y cultural dentro de las ciudades, así como el mecanismo de expulsión por excelencia, la ciudad
como espacio habitable, y la recuperación de ella
como fin en sí misma, no parecería ser un paso
intermedio sino más bien el fin último en la batalla contra el capitalismo más salvaje; la posibilidad del disfrute de lo que el capitalismo ha ido
devaluando socialmente hasta convertirlo en un
producto más que se empaqueta y se vende.
La ciudad es un “producto” creado por todos
los que la habitan, existe entre ella y sus habitantes una relación dialéctica en la que no tendría
que anteponerse el valor de cambio. Sin embargo, es precisamente allí donde la lucha contra el
mercado hace que la recuperación y el Derecho a
la Ciudad sea un fin en sí mismo, en la lucha por
arrebatarle su espacialización más severa.
Es la ciudad como objetivo final en tanto que
territorio en disputa entre distintas fuerzas sociales que reclaman accesos diversos. Es punto
de encuentro, protagonista y telón de fondo de
los distintos reclamos por el territorio para ejercer la posibilidad de ser y devenir sujetos. Por esa
misma razón, podría entenderse la ciudad como
un todo que significa un derecho y un reclamo,
no obstante a primera vista pareciera un reclamo
subjetivo, poco concreto en la forma porque existen distintas formas de necesitar, habitar y construir la ciudad, y en un intento por la democracia
y la inclusión, todas ellas de igual manera válidas.
[La ciudad] es el intento más coherente y
en general más logrado del hombre por
rehacer el mundo en el que vive de acuerdo
con sus deseos más profundos.
Pero si la ciudad es el mundo creado porr el
hombre, también es el mundo en el que está
stá
desde entonces condenado a vivir. Así pues,
es,
indirectamente y sin ninguna conciencia
cia
clara de la naturaleza de su tarea, al crear la
ciudad el hombre se ha recreado a sí mismo.
mo.
Robert Park (en Harvey, 2012)
12)
La síntesis de la ciudad como derecho sería la poosibilidad de que todas esas formas que alzan su
voz de reclamo y su acción puedan co-existir en
el mismo territorio sin vulneraciones. Aquí Lefefebvre tiene una gran enseñanza sobre uno de los
os
principios elementales del Derecho a la Ciudad
ad
que equivale al “usufructo equitativo del suelo
elo
urbano”, no solamente para su producción y reproducción a nivel de diseño y planificación. El
El Derecho a la
Ciudad vendría
a ser un derecho
tan amplio como
continuo, es
decir, incapaz de
enmarcarse en una
solo reclamo, en un
nombre concreto,
en una sola agenda
pactada
Derecho a la Ciudad es un derecho a cambiar y
reinventar la ciudad de acuerdo a nuestros deseos según afirma Harvey. Pero entonces, ¿prevalecen los deseos de algunos colectivos sobre los
de otros en el intento de reinventar la ciudad? ¿O
quizá es la apuesta para que los reclamos de los
colectivos encuentren un espacio en el que territorializarse y puedan convivir? De nuevo, el Derecho a la Ciudad se advierte como un concepto
ambiguo, hetéreo, inconcreto.
¿RECLAMO, GARANTÍA O ACTO DE FE?
En conclusión, y más que como cierre, queda la
intención de encontrar bajo qué modelo vivimos
la ciudad que habitamos y hacia qué lugar se
orientan las acciones sociales y políticas que intentan reivindicar en el hecho de la construcción
de la ciudad soñada y planeada. Encontramos
una multiplicidad de actores que la componen
aquí se nombrarán tres: los que acceden a algunos derechos sociales, los que tienen privilegios y
los que no llegan a ninguna de las dos anteriores.
Los primeros regularmente consolidados dentro del esquema de formalización, cada vez más
angosto, que brinda el mundo laboral; los segundos que pertenecen a la franja que mueve los diversos capitales y transferencias que hoy se consolidan en las ciudades (principio de Ciudad Global,
diría Sassen) y los terceros, un grupo cada vez mayor, vinculados a la lista de informales urbanos que
no acceden fácilmente a ningún derecho por el
modelo de flexibilización económica. Son sus propios jefes y nadie se responsabiliza de su acceso a
oportunidades y derechos. Así las cosas, el disfrute
de la ciudad en plenas garantías está determinado
para ciertos grupos poblacionales.
Para algunos de ellos, la ciudad es un espacio
de plenas garantías y construyen la ciudad que
desean en relación a los accesos que tienen, para
otros, la ciudad es un espacio de disputa en el
que se encuentran las fuerzas necesarias para
evidenciar y solicitar los reclamos que abren la
discusión a nuevos derechos y nuevos enfoques,
sin embargo, para otro sector de la población el
acceso a la ciudad es un acto de fe, es decir, la lucha diaria para, como diría Oscar Oszlack, “Merecer la ciudad”.
La última franja y, en algunos casos, la que
lucha por no perder los derechos conseguidos
y por abrir el debate a nuevos derechos, son las
que tendrían que detener la atención de quienes
planifican la ciudad para que sea ella misma un
Derecho, es decir, un fin en sí misma.
Por ahora, la reflexión quedaría abierta a pensar nuevas y mejores prácticas políticas, sociales,
económicas y culturales para la transformación
de las ciudades, que trasciendan los límites de
las agendas urbanas como instrumento y, especialmente, que superen la miopía de concretar
el Derecho a la Ciudad bajo el nombre de otros
derechos.
Bibliografía
CAVALLETTI, Andrea (2010). “Urbanización”, en: Mitología de la seguridad (pp. 29-43), Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
HARVEY, David (2008). “El Derecho a la Ciudad” en New Left Review, núm. 53, edición en español, Madrid: Akal.
———— (2012). Ciudades Rebeldes. Del Derecho a la Ciudad a la Revolución Urbana. Madrid: Akal.
LEFEBVRE, Henry (1969). El Derecho a la Ciudad. Barcelona: Ed. Península.
OSZLAK, Oscar (1982). “Los sectores populares y el derecho al espacio urbano” en Revista Punto de vista, vol. 5, núm. 16 (pp. 15-20).
———— (1991). Merecer la ciudad. Los pobres y el espacio urbano. Buenos Aires: Humanitas.
SZTULWARK, Pablo (2009). Ficciones de lo habitar. Buenos Aires: Nobuko.
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Más que ponerla en vilo, los sujetos en la disputa por
el espacio urbano dan lugar a la formación de distintas
ciudades dentro de una misma ciudad
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LA
DESPOLITIZACIÓN
URBANA
Para Jonathan Ávila el sistema económico neoliberal determina no sólo el estilo
socioeconómico de la vida cotidiana, sino que despolitiza el hábitat a partir de
fenómenos como el consumo desmedido y el incremento en la explotación de
las clases marginales, es decir, las que viven al margen de los espacios urbanos
L
Jonathan Ávila
Guzmán
Periodista, estudiante
de sociología en la
Universidad de Guadalajara
y miembro del Grupo de
Reflexión-Investigación
Estudiantil para la Teoría
desde América en el Sur.
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a ciudad no es un espacio neutro y, como tal, debemos entender que nuestro derecho a ella se
encuentra en constante contradicción y pugna
con los intereses de una economía-mundo capitalista. En todo caso, si nos proponemos hacer
un análisis –aunque breve– sobre lo que significa el "derecho a la ciudad", debemos ver a este espacio concreto en sus múltiples determinaciones. Ya que no podemos
considerar la existencia de la ciudad y su configuración como
algo dado, pues es necesario examinar las maneras particulares en que se producen las condiciones para la globalización económica (Sassen, 2004: 38). No cabe duda que la ciudad, estudiada desde un punto de vista estructural como lo
urbano, es el espacio ideal para la reproducción de la vida
moderno/capitalista.
Desde un punto de vista marxista, la ciudad es el espacio
por excelencia en el cual se da la lucha de clases, ya que su
construcción moderna se da justo en medio de una pugna
cultural y civilizatoria. Por esa razón es necesario ir a una génesis que nos explique cómo el fenómeno urbano destaca por
su naturaleza civilizatoria, entendida desde una perspectiva
negativa del proceso. Destacando el origen en el
burgo medieval que será una emergencia espacial
de las formas de vida protomodernas. Entendiéndose al burgo como el espacio por excelencia de la
modernidad capitalista. Hablamos de los burgos
como espacios medievales, y cuyos habitantes al
mismo tiempo fueron determinados de acuerdo
a su modo de vida, en contradicción con los intereses del entonces hegemónico feudo. Lo que
crea disputa entre la sociedad feudal, más rural y
campesina, y la sociedad burguesa, de corte más
económica y tendiente a la concentración urbana
en los burgos, hoy, de cierta forma, las primeras
ciudades modernas.
La burguesía es la población ideal del espacio
urbano moderno: la ciudad. Por eso no es extraño que se afirme que no existió jamás un tipo de
hombre determinado para la vida urbana que el
que se compuso en las entrañas de la burguesía
medieval (Pirenne, 1983), el burgués como hoy le
conocemos gracias al acento que de estos hace el
marxismo.
Frente a este panorama, cabe sumarnos a la
pregunta planteada por Estrada Casarín, “¿quiénes hacen las ciudades?” (2017: 25). Los grandes
capitales e intereses económicos determinan
las agendas urbanas y la expansión desmedida
de las ciudades, esto no es nuevo en el panorama crítico del urbanicísmo, y no recurrimos a un
elemento retórico común, sino al entendimiento
complejo de quiénes forman parte del proceso
urbano en las ciudades modernas. Pero en tanto que la sociedad burguesa es el sujeto urbano
por antonomasia de la modernidad capitalista, se suma a esta perspectiva que la economía
burguesa también engendra sus propias instituciones (Marx, 1857/2014: 38), entre estas la forma
de gobierno y el espacio en el que despliegan
todas sus potencialidades. Por ello es importante entender en qué medida esta construcción de
ciudades ha sido fundamental para entender el
proceso de despolitización que se ha configurado
en las ciudades en los últimos años, cuya encarnación se compone de otros fenómenos como el
consumo desmedido y el incremento en la explotación de las clases marginales, es decir, las que
viven al margen de los espacios urbanos.
¿Cómo se explica el fenómeno de despolitización? analicemos en primer término el fenómeno
de la gentificación que juega un papel clave en
este proceso. Aunque la gentrificación, es un fenómeno recientemente implantado en la política urbana en América Latina, tiene sus orígenes
en la contribución que a la crítica de la economía
política hicieron Marx y Engels, siendo este último quien con mayor claridad se avocó al tema
de la ciudad como un elemento importante del
proceso capitalista. En 1872, en su Contribución al
problema de la vivienda, Engels expresó que “la
extensión de las grandes ciudades modernas da
a los terrenos, sobre todo en los barrios del centro, un valor artificial, a veces desmesuradamente
elevado” (Engels, 1978: 326).
Podemos notar cómo, debido a las condiciones de necesidad del capitalismo, Engels observa
desde 1872 que esta economía-mundo –y el crecimiento urbano desmedido, aunado al desplazamiento de los obreros a la periferia– trae consigo
la gentrificación. De tal forma que la misma no es
un proceso de irrupción del espacio público sino
una necesidad de la misma economía-mundo capitalista para su expansión y propensión al consumo para la “alta burguesía” (gentry).
La modernidad capitalista, en su fase despolitizadora, no constituye sólo la dicotomía espacio rural espacio urbano, dándole prioridad a la
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Gran Ciudad como recinto exclusivamente de lo
humano (Echeverría, 1995), sino que dentro de las
propias ciudades existe la segregación, aquella
clara expresión de la lucha de clases de la que hablábamos, donde el sector privilegiado se instala
en la centralidad urbana y política, para relegar
a las clases dominadas a una periferia urbana y
políticamente huérfana. Cuando hablamos de lucha de clases no nos referimos únicamente a una
forma violenta de confrontación social, sino a la
expresión cultural del desplazamiento y la pugna
que también se refleja en los espacios urbanos.
Bolívar Echeverría, acuñará el término urbanicísmo como una característica esencial de la
modernidad- capitalista, al que define como “el
progresismo, pero transmutado a la dimensión
espacial; la tendencia a construir y reconstruir
el territorio humano como la materialización
incesante del tiempo del progreso” (Echeverría,
1995: 152).
¿Qué nos dice esto? Que la necesidad del urbanicísmo, como fenómeno moderno-capitalista
requiere del desplazamiento de un conjunto de
sujetos económicos, hacia la periferia urbana. Esto
impacta de manera importante en la conciencia
política, en tanto que el capitalismo concibe al
sujeto como mercancía. Su participación en la
vida social y urbana no requiere de politización,
por ello es necesario acelerar el proceso de despolitización, ¿de qué forma? En los últimos años,
el neoliberalismo, la fase más reciente del capitalismo, se ha empeñado en abrir el mercado y desplegarlo a todos los espacios de la vida. Desde la
perspectiva gramsciana, el sentido común de la
hegemonía neoliberal se instala en la idea de la
libertad, pero una libertad de consumo y esparcimiento que despoja al sujeto de su condición
política. Este aspecto es relevante para la contribución a la crítica de la economía-política, pues
los trabajadores urbanos hoy no tienen reparo en
las cuestiones políticas o las problemáticas que
los atañen. Es lo que David Harvey (2013) llama la
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ética neoliberal como un intenso proceso de individualización de los sujetos frente al complejo
espacial en el que se encuentran.
El neoliberalismo, apoyado por el urbanicísmo
que desplaza a la periferia, convierte al sujeto
social en una mercancía cuyo proceso diario es
“casa-largas horas y distancias de traslado-trabajo-casa”. La preponderancia de este modo de vida
impacta de forma importante en la calidad de la
misma, y despoja al sujeto de la idea de atención
a sus problemáticas inmediatas en comunidad,
incluso lo despoja de su sentido de identidad
con respecto a su entorno próximo, más allá de
las problemáticas que atañen al mismo. Aquí
surge una pregunta válida ¿quién conoce a sus
vecinos?, pocos podrán, hoy en día, responder a
esa pregunta sin reflexionar en torno al modo de
vida que se lleva en la actualidad. Es un habitus
que se completa con un cuadro estructurado por
las formas de consumo de un mercado que crea
necesidades. Por eso se habla de una reconfiguración de la geografía urbana que ha traído consigo grandes cambios al estilo de vida (Harvey,
2013: 34).
No hay gobierno sin la creación de un habitus
(Castro-Gómez, 2015), por ello nos parece importante el acento en la construcción de la ciudad
como un proyecto civilizador capitalista. En su
más reciente fase, el neoliberalismo, se empeña
en despojar a los sujetos sociales de su aspecto
político, pretende mostrar el imperio de la libertad como una condición en pugna con el sentido
comunitario y la gubernamentalidad. El gobierno
que se refuerza con este habitus es el que niega
a los sujetos sociales de su condición política, es
el que los desplaza, el que los omite. En una frase,
es el gobierno que prescinde de ellos para llevar a
cabo tareas lejanas al espíritu comunitario, y en
esto abona el urbanicísmo.
El neoliberalismo también se funda en la
creación de un sentido común respecto de las
formas de comportamiento, por ello es que su
La ciudad no es un espacio neutro y, como tal, debemos entender
que nuestro derecho a ella se encuentra en contradicción y pugna
con los intereses de una economía-mundo “capitalista”
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tarea como despolitización implica el despliegue
de la vida social en etapas productivas. Imaginemos el escenario de una trabajadora o trabajador
de una fábrica que reside en el sur de la ciudad
y su espacio de trabajo se encuentra en la zona
norte. Para trasladarse debe levantarse a las cuatro de la mañana, luego de tres horas de traslado
trabaja durante –supongamos– ocho horas y cerca de las cinco de la tarde ya va de camino a su
casa, para dedicar el poco tiempo que le queda
antes de dormir a cenar algo, convivir con su familia nuclear o hacer algunas actividades de entretenimiento como ver la televisión o el dedicar
ese espacio a las horas de trabajo doméstico que
requiere el espacio nuclear de la familia.
¿Queda espacio o tiempo para que esta trabajadora o trabajador se interese por la cosa pública?
Decía Hannah Arendt que la política es el espacio
público de los hombres libres, su despliegue como
lugar de discusión de aquello que confiere a todos.
En este caso la libertad queda en entredicho y el
interés por aquello que compete a un individuo en
comunidad pasa a un segundo plano. Vemos cómo
la modernidad capitalista, en su etapa neoliberal,
despolitiza a través de la vida cotidiana.
Menos optimista que algunos críticos de la urbanización desmedida y la fuerte necesidad de los
movimientos sociales insertos en la discusión frente al derecho a la ciudad, es que vemos –sobresaliendo ese último factor– que la modernidad capitalista requiere de la despolitización de los sujetos
para que ello contribuya a la necesaria expansión
territorial de la economía-mundo capitalista.
Por ello es importante determinar la vida cotidiana y despolitizar a los sectores marginados,
aquellos que pueden ser proclives a la exigencia
de una redistribución no sólo de la economía nacional sino del espacio urbano. Desde esta perspectiva, el espacio urbano, la ciudad moderna,
impone el habitus de clase.
Sectorizando la ciudad en torno a sus clases
y culturas, también vemos que la ciudad se configura como un espacio geográfico que crea un
discurso o representación, consecuencia de la
materialidad política. La división centro-periferia
en las ciudades no sólo se impone acorde a la división antes planteada y la creación de un habitus o modo de vida periférico, sino que también
se alimenta del cuadro arquitectónico.
Este cuadro nos muestra que las cuestiones
políticas son espacios exclusivos de la centralidad. Pensemos en los edificios gubernamentales
o las oficinas de la burocracia en el poder estatal,
normalmente, o en mayor medida, estas se encuentran en la centralidad. Pocas veces el edificio
principal del ayuntamiento local o la sede del Poder Legislativo se encuentra en espacio alejados
de la centralidad urbana.
En esa medida no es de sorprender que los representantes legislativos no sean hoy los vecinos
comunales de las demarcaciones que representan, ello no es penado por la normatividad local
a pesar del nulo impacto identitario que esto
pueda formarse. Al contrario, la centralidad política demuestra que los grandes personajes de
la política deben trasladar su vivienda a zonas
C I U DA D WA IT S
versal
Un café en el centro, una tienda de donas, un viejo Cadillac, bares,
restaurantes, drogas, alcohol, prostitutas, amor, desamor… todos estos son
elementos de una historia cualquiera en una ciudad cualquiera, pero que en
este espacio llamaremos Ciudad Tom Waits. Y es que hablando de ocupar
la ciudad, Tom Waitsosky, el artista del que se dice nació a bordo de un
taxi camino al hospital de maternidad en Pomona, California, es uno de los
compositores que por excelencia no sólo le cantan, sino que narrativizan la
ciudad, o un sector, un horario, un ambiente de la ciudad.
centrales para tener una mayor facilidad en la
movilidad. Al pensar en Guadalajara vemos cómo
la casa de gobierno se sitúa en una zona residencial cercana a la centralidad política de la capital
jalisciense.
En esa medida, estudiar las ciudades desde su
aspecto urbano, como espacio únicamente determinados por su configuración funcional o su
aspecto cultural, es cerrarnos al encubrimiento
de aspectos injustos que se han construido a la
par de los magnos edificios. Por ello hemos echado mano de la crítica de la economía política, iniciada en Marx, para entender al menos de forma
sintética en este espacio, qué es lo que ocultan
estos espacios de despliegue de la vida desde un
aspecto negativo o crítico, comparado con otras
visiones culturales que parecen más compresivas
y justificadoras de las formas de vida carentes de
justicia social para quienes han sido marginados
o llevados al margen del espacio urbano.
No podemos detenernos en clasificar a las ciudades como espacios pluriculturales o neutros
con respecto al despliegue de las potencialidades
capitalistas, debido a que esa es su configuración
original, es decir, por su naturaleza es fragmentaria. La ciudad es una serie de fragmentos que
subsisten en un mismo espacio/territorio, que
El autor de piezas como Downtown Train o Jockey Full Of
Burbon tuvo en dichos elementos y en la vida nocturna
(también fue portero de un night club) la fuente de
inspiración para hacer de su discografía la banda sonora del
arquetipo citadino del borrachín, la desazón y la vida de las
alcantarillas. Más allá del músico o del actor (ha trabajado
con Coppola, Jarmusch y Altman), Waits es un cronista
urbano que en sus letras y en su voz aguardientosa captura
la tradición beat y la vanguardia musical para contarnos su
extravangante historia y la de su ciudad, como protagonista
de sus relatos musicalizados.
Desde un punto
de vista marxista,
afirmamos que
la ciudad es el
espacio en el cual
se da la lucha
de clases, ya que
su construcción
moderna se
suscita justo en
medio de una
pugna cultural y
civilizatoria
https://goo.gl/a6Y2Y5
Es importante
determinar la
vida cotidiana y
despolitizar a los
sectores marginados,
aquellos que pueden
ser proclives a la
exigencia de una
redistribución no
sólo de la economía
nacional sino del
espacio urbano
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sin embargo debemos combatir en su aspecto
económico-político.
Determinar particularidades para suponer
que las ciudades son desiguales y eso debe asumirse como una naturalidad, va en contrasentido
de los principios de justicia que se reparten en el
discurso en pro del Derecho a la Ciudad.
El viraje posmoderno de los estudios sociales
sobre la ciudad es tal, que la dimensión cultural
pretende encubrir el aspecto económico-político
de las contradicciones de clase o espacio. El desplazamiento de un grueso marginal de la población pretende plantearse en términos de inclusión cultural y no bajo el estudio profundo de las
condiciones estructurales de la economía mundo
capitalista que determina y genera la marginalidad, segregación y gentrificación en lo urbano.
La pregunta en todo caso no sólo tendría que ser
¿cómo es que las múltiples culturas conviven
en el espacio urbano?, sino ¿cómo es que el capitalismo impacta en la vida urbana, la ciudad, y
termina por configurar las culturas que se desenvuelven en ella?
Algunos estudiosos contemporáneos han dejado de lado este aspecto crítico económico debido a su tinte marxista, poniendo sobre la mesa
una postura moral-ética de abogar por la reconfiguración de la desigualdad urbana a través de
procesos de justicia social reformista que muy
poco influyen en la problemática real y profunda
del sistema capitalista.
La pregunta no
sólo tendría que ser
¿cómo es que las
múltiples culturas
conviven en el
espacio urbano?,
sino ¿cómo es que
el capitalismo
impacta en la
vida urbana, la
ciudad, y termina
por configurar las
culturas que se
desenvuelven en
ella?
Bibliografía
CASTRO-GÓMEZ, S. (2015). Revoluciones sin sujeto. Slavoj Žižek y la crítica del historicismo posmoderno. México: Ediciones Akal.
HARVEY, D. (2013). Ciudades rebeldes. Del derecho de la ciudad a la revolución urbana. Madrid: Ediciones Akal.
ECHEVERRÍA, B. (1995). “Modernidad y capitalismo (15 tesis)”, en: Las
Ilusiones de la modernidad (pp. 133-197). México: UNAM/El Equilibrista.
MARX, K. (2014). Introducción general a la crítica de la economía política/1857. México: Siglo XXI Editores.
ENGELS, F. (1978). “Contribución al problema de la vivienda”, en: Marx
y Engels. Obras escogidas tomo II (pp. 314-396). Moscú: Ed. Progreso.
ESTRADA CASARÍN, C. (2017). “¿Un futuro urbano? La conferencia Hábitat III y los foros alternativos”, en: Revista Magis, núm. 456, pp.
18-25.
PIRENNE, H. (1983). “La formación de las ciudades y la burguesía en la
Edad Media”, en: Las ciudades de la Edad Media. Madrid: Alianza
Editorial.
SASSEN, S. (2004). “Ciudades en la economía global: enfoques teóricos y metodológicos”, en: Navia, P., y Zimmerman, M. Las ciudades
latinoamericanas en el nuevo (des)orden mundial México: Siglo
XXI Editores.
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SEPTIEMBRE
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¡Deben
dejar
de hacerlo!
Florencia González Guerra nos comparte una
mirada crítica sobre la agresión sexual y el
derecho de la mujer de apropiarse de la ciudad
sin ser acosada. Su testimonio funje como
cuestionamineto para abordar, desde una perspectiva
feminista, la producción del espacio urbano
N
Florencia
González Guerra
García
Estudiante de Periodismo
por el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de
Occidente (Iteso). Ganadora
del premio a la trayectoria
en el compromiso
social de la Universidad
Iberoamericana Ciudad
de México en 2017. Ha
colaborado en los colectivos
universitarios Clit,
Movilidad Iteso e Hilando
Pensamientos.
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EL DER EC HO A LA C I U DAD
oto la mirada del hombre que espera en el
cruce peatonal cuando con malicia observa
mi espalda. Cambia el enfoque como quien
ajusta el objetivo de una cámara fotográfica. Disimula y me doy cuenta de su esfuerzo,
de sus ganas de burlar mi perspicacia. Me ve
las nalgas, y para mejorar su visión, se mueve hacia atrás como
un depredador que sale sobre su presa. Lo hace con cautela.
Cree que no me he dado cuenta.
Las mujeres que caminamos la ciudad nos hemos hecho
de toda clase de mañas para advertir el acoso. Desde mirar
a los hombres depredadores con ojos de “¡aquí no hay nada
que ver!”, hasta obligarnos a abandonar los pantalones cortos para el caluroso verano. Algunas nos hemos armado de
un temple duro, con cara de pocos amigos, en todo momento
estamos a la defensiva. Miro al depredador y me le pongo detrás de su espalda así sabrá lo que siente ser presa. Ahora, yo
no tengo miedo de enfrentar a mis acosadores en las calles,
pero sé que otras mujeres optan por evitar la confrontación y
toleran lo que para muchas es intolerable.
Cuando las mujeres ocupamos el espacio público, además de cumplir con las funciones ordinarias de intercambio
comercial, de bienestar familiar o de recreación, se nos impone un papel en el que somos objeto del desfogue sexual
TOLER AR
L O Q U E PA R A
MUCHAS ES
I N TO L E R A B L E
masculino. Esto nos hace vulnerables, nos convierte en un eslabón por debajo de los hombres.
No importa si somos morenas, rubias, altas, delgadas, culonas o como tablas, las mujeres en las
calles somos objeto de comparación del deseo
producido por la imaginación, de ellos. La mirada
se prolonga y meticulosamente nos revisan de
abajo hacia arriba. Si estamos gordas o flacas, si
los leggings van ajustados o si el vestido es corto,
no importa. ¡Deben dejar de hacerlo!
Cuando se pregunta por la finalidad del piropo encontramos el elogio como respuesta, pero
¿quién les ha pedido elogiarnos si nuestro cuerpo no quiere su opinión? Sus piropos no nos mejoran el día, solo nos hacen sentir como objetos
a los que se califica sin importar nuestros sentimientos. La sociedad se ha acostumbrado a ver
con buenos ojos que es más importante que en la
calle se diga lo que el hombre siente, por encima
de lo que su mirada y apetito sexual nos afecta
a nosotras. Se menciona como otro de los absurdos argumentos que con el piropo se busca “comenzar una relación de amistad para después,
no sé, tal vez pasar a lo amoroso” sin embargo,
no conozco una sola historia de amor que haya
comenzado por un acoso. Disimulado o explícito
el acoso nos afecta, nos vulnera. ¡Deben dejar de
hacerlo!
En consecuencia, nos resulta relevante destacar la relación entre acoso y el Derecho a la
Ciudad, de entrada, porque apunta a que en este
entramado de significados que representan las
agresiones sexuales en sus diferentes matices,
se demuestra la ausencia de políticas de atención eficaces ante esta problemática, tal y como
lo testifican las dolorosas cifras que no dejan de
acumularse y son muestra de la violencia que se
ejerce en la ciudad contra las mujeres. Los temas
que son difíciles de contar deben ser narrados
muchas veces con diferentes voces, ángulos y
perspectivas y para que esto cambie pronto ¡Deben dejar de hacerlo!
De los seis feminicidios que ocurren cada día
en México, según el INEGI, 63 de cada 100 mujeres
de 15 años o más declaró haber vivido algún tipo
de violencia realizada por su pareja u otra persona. Esto sin contar las cifras de la espiral de silencio que se anida en las mujeres porque desde
pequeñas nos dijeron que “calladitas nos vemos
más bonitas” y así, a lo largo de los años, hemos
internalizado y aguantado dolorosamente las
agresiones sexuales que los hombres cometen
contra las mujeres. Si les parece que un piropo
o una mirada de nalgas es inocente, la realidad
es que muchas mujeres son testigo de cómo la
escala del acoso está subiendo por un ascensor
de máxima velocidad.
Como víctima de una agresión sexual realizada por un desconocido en las calles de esta ciudad,
puedo decir que desde los nueve años aprendí a
cuidarme de los hombres porque pueden hacerme
daño. Y digo P-U-E-D-E-N porque la rampante impunidad se los permite en todo el país. Rampante,
porque en muchos casos cuando las mujeres o sus
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SEPTIEMBRE
2017 | 87
familiares se atreven a denunciar, las respuestas
giran en torno a minimizar las agresiones. Así fue
el caso de una mujer que fue violentada por su
esposo, policía judicial en el Estado de México, y al
no tener con quién denunciarlo -¿qué iban a hacer
los policías de menor rango o los de mayor rango
colegas del agresor?- habló con su mamá, pero él
la convenció de que todo era mentira, que “estaba
loca”, si era su esposa, cómo podría agredirla. Días
después la mató y nunca se hizo justicia porque,
en lugar de tomar las evidencias, los peritos las
borraron.
No sé por qué, de dónde viene o cómo crearon esta camaradería, pero entre hombres se encubren las agresiones sexuales, las normalizan y
se autoconvencen recreando un imaginario en el
que además pareciera que las mujeres estuviéramos ansiosas de que un perfecto desconocido
toque nuestros cuerpos en las calles. Como sucede cuando un hombre decide mostrarnos el pene
desde su coche mientras nos pide una dirección.
¿Cuántas mujeres conocen esta historia?
Pero, “¡si las mujeres también son violentas
y también pueden ser agresivas!” me responden
cuando sostengo conversaciones con amigos y
trato de explicarles las agresiones que he vivido
por individuos en las calles, por amigos o incluso
algún familiar. Si bien es cierto que las mujeres
pueden serlo las cifras muestran la realidad, y
con esto no quiero decir que por recibir acoso o
violencia, nosotras deberíamos hacer lo mismo.
Todo lo contrario. Creo que para hacer una mejor
ciudad, una sociedad afable con sus integrantes,
el cuidado es uno de los componentes que no
puede prescindirse del debate público. No obstante es uno de los ausentes incluso en las actuales discusiones feministas, el cuidado se abre
como una de las posibilidades del Derecho a la
Ciudad.
A finales de los sesenta, Lefebvre describió el
Derecho a la Ciudad como “el derecho de los habitantes urbanos a construir, decidir y crear la ciudad, y hacer de ésta un espacio privilegiado de lucha anticapitalista”. Más adelante, David Harvey
en Ciudades Rebeldes, del Derecho a la Ciudad a
la Revolución Urbana, menciona que “el Derecho
a la Ciudad no es simplemente el derecho de acceso a lo que ya existe, sino el derecho a cambiarlo a partir de nuestros anhelos más profundos”.
Tenemos la capacidad y la responsabilidad, si
nuestros anhelos más profundos se circunscriben en la calidad de vida para todas y todos, de
crear la buena vida, de crear convivencia y espacios justos. No solo tenemos que reformular los
propósitos de las instituciones y ordenamientos
territoriales, también tenemos que reformular
nuestras dinámicas sociales.
En este sentido, lanzo algunas ideas sobre la
necesidad de que las mujeres pasen de ser objetos de admiración pública a ser sujetos políticos.
CO L E C TI VO P U NTO 6
versal
Durante más de una década, el colectivo Punto 6 se ha dedicado a repensar los
espacios desde la experiencia cotidiana y para una transformación feminista.
Se trata de un colectivo integrado por arquitectas, sociólogas y urbanistas de
procedencias diversas, avecinado en la ciudad de Barcelona, que tienen por
objetivo “lograr que nuestras ciudades sean más inclusivas y que las personas
que las habitamos nos convirtamos en especialistas de los espacios que nos
rodean”. El Colectivo nace y toma su nombre de la “Ley de Barrios” aprobada
en 2004, misma que constaba de ocho puntos básicos, siendo el campo 6 el de
la equidad de género en el uso del espacio urbano y los equipamientos.
Cuando las mujeres son vistas como objetos o
ellas mismas dan más valor a sus cualidades físicas más allá del desarrollo de sus subjetividades,
habilidades técnicas, cognoscitivas o de empoderamiento social, no hay eficiencia política. Por
eficiencia política me refiero a la idea de que su
voz importa en las discusiones y toma de decisiones de lo político, en el Derecho a la Ciudad y en
la posibilidad de mejorar su situación social de
manera equitativa con sus pares.
En esta cuestión es imprescindible adoptar
una mirada crítica hacia el papel de los medios
de comunicación que no cesan de reforzar estereotipos de belleza femenina para la aprobación
de los hombres y que la sociedad termina por
aceptar como “normales”. Al lanzar un piropo o
hacer un “halago” sobre la apariencia física de los
hombres y las mujeres se refuerza la idea de que
su cuerpo sirve para satisfacer el gusto o apetito sexual de otro. Caroline Heldman, politóloga
estadounidense, apunta a estudios en los que se
demuestran cómo las mujeres gastan más en belleza que en su propia educación, lo que promueve un patrón de dependencia económica y anula
la posibilidad de concebirse como personas de
derecho. Esto no significa que al estudiar, las mujeres solucionan la dependencia económica pero
sí aumentan sus posibilidades de emancipación.
Cuando los hombres refuerzan la idea de
la belleza de las mujeres con “piropos” afirman
Desde entonces han puesto en marcha talleres,
investigaciones, consultorías urbanas, labores de docencia
y guías urbanas entre las que se encuentra “Mujeres
trabajando. Guía de reconocimiento urbano con perspectiva de
género”. Utilizan la Arquitectura de Proximidad y del
Urbanismo Cotidiano para deconstruir y repensar los
espacios domésticos, comunitarios y públicos en función
de las necesidades, usos y deseos de las personas que
los habitan. En resumen, se trata de un colectivo cuya
potencia radica en los cruces entre feminismo y una
visión de la producción del espacio holísitca. Sin duda,
Punto 6 es un ejercicio de referencia no sólo para las
y los interesados inmersos en la comunidad catalana,
sino para personas, colectivos, autoridades y urbanistas
que pretendan trabajar desde y hacia la participación
comunitaria en proyectos de dignificación y planeación
urbana con perspectiva de género, partiendo de la base
de que son las personas que habitan un
territorio las que acumulan un mayor
conocimiento sobre el mismo.
https://goo.gl/GZcxcS
Las mujeres que
caminamos la ciudad nos
hemos hecho de toda clase
de mañas para advertir
el acoso, desde observar
bien al depredador hasta
abandonar los shorts en el
caluroso verano
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FOLIOS
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EL DER EC HO A LA C I U DAD
simbólicamente que el lugar de las mujeres no
es en el campo de la política. Es decir, el mensaje
es intrínseco: “gasta tu tiempo y dinero en arreglarte” que la política no es para mujeres. Existen
infinidad de ejemplos que corroboran esta creencia. Menciono el caso de Susana Ochoa, joven integrante de Wikipolítica Jalisco, quien al concluir
su primera experiencia en un debate transmitido por la televisión pública local, mientras compartía con uno de sus compañeros de debate lo
confiada que estaba de haber tenido una buena
participación, un hombre se acercó a felicitarla: –el debate estuvo muy bueno –les dijo–, pero
usted –dirigiéndose a Susana– está muy bonita
para estar en la política–. Ella cuenta que le sonrió, pues pensó que era un halago, pero después
en su reflexión concluyó que ese halago podría mermar la confianza de cualquier mujer
para estar en la política, y fue a partir de ese
hecho, que decidió no reírse ni sonreír más
a los chistes sexistas.
Las mujeres queremos de verdad salir
de Machistlán, esa ciudad, ese pueblo que
en su historia arrastra ríos de violencia y discriminación. Pero para salir se necesitan mucho más que silbatos. Como los llamados “pitos
de Mancera” que fueron repartidos en la Ciudad
de México para que las mujeres denunciaran a
sus acosadores haciendo sonar un silbato cuando son violentadas. Si de imaginativa tiene poco
la medida, de solución real al problema menos.
Ya que en lugar de perseguir a quien acosa, este
tipo de medidas arrojan sobre las potenciales
víctimas toda la carga de la prevención, al tratar
la violencia como algo innato, de acuerdo con Rebecca Solnit (Solnit, 2017).
Pensemos en cuánto tiempo y energía tendríamos las mujeres si no pasáramos los días sobreviviendo a los acosos machistas. Pensemos en
los cuidados que podríamos ofrecer hombres y
mujeres a una sociedad desgastada por la violencia. Pensemos si queremos seguir reproduciendo
patrones de violencia que parecen inocentes.
Micromachismos que escalan y repercuten en
la poca participación de las mujeres en la construcción de una mejor ciudad. Pensemos si solo
queremos leer a mujeres que escriben sobre las
violencias que viven o también queremos leer a
hombres que cuestionan cómo sus masculinidades y su representación en las esferas sociales repercuten en la ausencia de eficiencia política de
las mujeres.
Antes de confrontar a un acosador como el que
mira mi culo, sé que me quitará fuerza para enfocarme en lo que verdaderamente me importa,
y muchas veces antes de enfrentarlo, me pregunto ¿cómo me siento de fuerzas para enfrentarlo?.
Muchas veces no las tengo y termino por tolerar
lo que para muchas es intolerable, en una espiral
de silencio que reproduce relaciones violentas, que
no me permiten ser quien puedo ser. ¡Deben dejar
de hacerlo!
Cuando las mujeres
ocupamos el
espacio público,
además de cumplir
con las funciones
ordinarias, se nos
da un papel (que
no pedimos) en el
que somos objeto
del desfogue sexual
masculino
Bibliografía
SOLNIT, R. (2017). Los hombres me explican cosas. Haymarket Books.
HELDAMAN, Caroline en Jennifer Siebel (2011) Miss Representation. En:
therepresentationproject.org
HARVEY, David (2013). Ciudades rebeldes: del derecho de la ciudad a la
revolución urbana. Ediciones Akal.
LEFEBVRE, Henri, trad. Gaviria, M. (1969). El Derecho a la Ciudad (Vol.
44). Barcelona: Península.
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SEPTIEMBRE
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JOSÉ FORS
Los trabajos
y los días
ʨʩ
Armando Chong
M
URIENDO JULIO en las
aguas agitadas por los
tiempos de una isla cálida y convulsa, en medio de la revuelta y
el sobresalto, vendría al mundo
un hombre a fincar con fuerza y
enteresa su paso sobre el mundo.
Esta isla le daría primera cuna,
primer sustento, le daría lengua,
le nombraría José y le apellidaría
Fors, vigilaría sus primeros pasos
y le mostraría la tierra por delante para después expulsarlo de
manera violenta en un segundo
parto, cruento y doloroso donde
comienza la diáspora familiar con la búsqueda de un
nuevo hogar que lo llevará pimero a los Estados Unidos, como sucedió con la mayoría de los migrantes
cubanos opositores al régimen recién instaurado por
la revolución y luego a México, en una trashumancia
propiciatoria para su educación sentimental y su manera personal de ver y entender el mundo.
José propone vernos siempre desde adentro, con
los ojos fijos de la desesperación o con la languidez
insoportable del aburrimiento y el desdén, la mirada
siempre esta ahí, omnipresente y avasalladora dando
fe y testimonio del alma incierta y dubitativa, practicando el voyeurismo indecente de lo diario, el deseo
desesperado por el tacto venenoso de la piel que asoma por entre los pliegues barrocos de las telas, por
entre la culpa y las manchas ominosas y castrantes del
pecado.
La obra de José es gesticulación y ademán, drama
y teatro de la vida que se empeña en representar el
símbolo que otorgue significancia al papel involuntario
que nos toca en el reparto, estigma, carta marcada,
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ARTES
bufón o cardenal, todos somos
parte de la misma obra que va
dando una vuelta en espiral y
vuelve a colocarnos sobre las tablas pero siempre de otro modo,
aunque en el fondo sea siempre
el mismo.
Naturaleza muerta, otoño de
hojas, insectos y pájaros muertos, serpientes que reptan sobre
la angustia de estar vivos sólo
en este momento. La naturaleza
está ahí para recordarnos lo que
: César Ortiz
somos: tiempo, masa y espacio,
coincidencia de seres singulares aquí y ahora, sensorialidad de los otros, de lo que no somos y reconocemos en la existencia limitada por la temporalidad
iluminada del momento de encontrarnos en el mundo
y en el cuadro. Piedras para darnos peso en la frágil
ligereza de ser piedras como sueños entre el aire que
subvierte la gravedad del retrato, la circunspección de
lo que acontece entre un segundo y la nada que va
quedando atrás.
FOTO
Del dibujo al grabado, del pastel al acrílico, al
óleo, pasando por la escultura, la cerámica y el collage, José ha abrevado en todas las disciplinas y géneros
de la plástica su naturaleza curiosa e inquisitiva y un
hambre que no conoce concesiones ni miramientos
lo ha llevado a ser uno de esos pocos hombres que, a
la manera del Renacimiento, puede hacerlo todo con
acierto y fortuna, mostrando que el deber del artista
es el hacer y rehacer para seguirse buscando, perderse y volver a encontrarse a cada vuelta de tuerca que
arma la maquinaria estética que lo define en su propia
conciencia crítica y su poética personal del autor en
pos de una voz propia.
…La naturaleza está ahí
para recordarnos lo que
somos: tiempo, masa y
espacio, coincidencia de
seres singulares aquí y
ahora, sensorialidad de
los otros, de lo que no
somos y reconocemos
en la existencia limitada
por la temporalidad
iluminada del momento
de encontrarnos en el
mundo y en el cuadro…
…José propone vernos siempre desde adentro, con
los ojos fijos de la desesperación o con la languidez
insoportable del aburrimiento y el desdén…
BOTICARIUM
POLÍRICA
BIBLIOTECA DE
ALEJANDRÍA
Las "súpermanzanas", un proyecto sostenible del
Ayuntamiento de Barcelona que transforma el espacio
público recuperando las calles para el disfrute peatonal.
BOTICARIUM
ɳɳɳɳɳɳɳɳɳɳɳɳɳɳɳɳɳɳɳɳɳɳɳɳɳ
¿Hay vida inteligente
en los cotos?
ROGELIO VILLARREAL
Periodista, editor y profesor del ITESO
A
un con su desmesurado crecimiento y los múltiples
problemas que las aquejan, en las ciudades es
posible encontrar espacios de convivencia respetuosa,
de recuperación de áreas verdes y de esparcimiento para
todos aunque siempre en riesgo de perderse o de ser
usurpados por empresarios sin escrúpulos. Al respecto
nos incumbe reflexionar alrededor de un fenómeno
urbano como el de los “cotos” o urbanizaciones
cerradas. En el área metropolitana de Guadalajara
(AMG) hay unos 2,500 que se extienden sobre 14%
de la “ciudad construida”, estima Bernd Pfannenstein,
geógrafo de la Universidad de Passau, en entrevista
con el periodista Agustín del Castillo, y añade: “en el
AMG se están desarrollando comunidades aisladas
que están fragmentando el territorio. Dicho proceso
espacial se convierte en una evidencia para entender
cómo se segregan los grupos sociales dentro del espacio
urbano” (Milenio Jalisco, 16/01/2017). No dudo de la
competencia de este estudioso alemán, pero disiento de
algunos de sus cuestionamientos.
Los cotos son parte de la inmensa y desigual
conformación de esta metrópoli y producto de la
violencia y la inseguridad que las autoridades no han
podido controlar. Quien esto escribe vive en uno de ellos,
una comunidad de 200 familias organizadas –hay una
mesa directiva– que deciden sobre asuntos de seguridad,
separación y recolección de basura, mantenimiento
de áreas verdes dentro y fuera de las “murallas”, e
incluso le hacen llegar sugerencias y observaciones al
presidente municipal de Tlajomulco en problemas de
movilidad y mantenimiento de banquetas y camellones.
La seguridad dentro de las denostadas bardas –y
no “murallas”– es algo inapreciable para todas esas
familias, sobre todo las que tienen niños: ¿quién
puede oponerse a que éstos jueguen libremente en
los jardines, en la alberca, a que anden en bicicleta
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B OT I CA R I U M
por andadores flanqueados por rozagantes palmeras?
Hay muchas colonias a las que nadie que no viva
ahí se atrevería a atravesar por temor a ser robado,
secuestrado o asesinado aquí y en Nueva York.
La ciudad está dividida en diferentes sectores
sociales y, a menos que alcancemos un sistema
en el que una mejor distribución de la riqueza
sea una realidad y se puedan abatir los índices de
criminalidad, eso será una triste y desigual realidad.
“Este tipo de autosegregación residencial parece
surgir como respuesta a las necesidades de la misma
sociedad”, continúa Pfannenstein en la entrevista con
Del Castillo, “pues percibe una mejora en la calidad
de vida al habitar en una fortaleza, pues les garantiza
seguridad y bienestar; esta decisión implica una
desconexión de la ciudad, propiciando el surgimiento
de las islas urbanas”. ¿Fortaleza, islas urbanas?
El uso de estos términos me parece un tanto
exagerado, como seguramente lo es para miles de
profesionistas, académicos, profesores y técnicos
que habitan en cotos –y seguramente algunos
narcotraficantes y políticos corruptos– que cada día
salen a trabajar
hacia distintos
puntos de la urbe
y que interactúan
con diversos actores
sociales, igual que
los habitantes de
los demás barrios
y colonias. No hay tal desconexión, no somos extraños
ni ajenos a ellos. Afirmaciones como “construir vivienda
aislada no es hacer ciudad. Construir muros no es hacer
comunidad” no me parecen las más pertinentes para
un académico, pues denotan cierto resabio prejuicioso
respecto de los moradores de esas “fortalezas”,
personas inconscientes, egoístas y hasta medievales.
La ciudad es un monstruo, nadie lo niega; es el
resultado de cientos de años de pésima planeación,
irresponsabilidad, ineptitud y corrupción de
las autoridades y apatía de sus habitantes.
Solamente con una ciudadanía informada,
responsable y participativa, empresarios y constructoras
con ética y con funcionarios públicos más interesados
en una gestión eficiente que en su beneficio personal
podremos devolverle su humanidad, el equilibrio
siempre a punto de perderse en la irrefrenable
búsqueda del progreso y la civilización.
Urbanización
sustentable
y olimpismo
SERGIO HERNÁNDEZ MÁRQUEZ
Periodista ambiental
D
e forma casi natural, vivir en una ciudad mexicana
se ha venido traduciendo en la resignación a
respirar a cada momento aire de mala calidad, a soportar
altos niveles de ruido, de basura, de desorden urbano y
de espacios públicos limitados para la convivencia social,
proliferando los cotos habitacionales como pequeñas
islas dentro del caos cotidiano, con la consecuente
fragmentación urbana y social que ha proliferado en
urbes como Guadalajara.
Uno de los más importantes elementos que
conforman el Derecho a la Ciudad es el de tener acceso
a un ambiente sano y sostenible mediante el cual las
ciudades deben adoptar medidas preventivas frente a la
contaminación y ocupación desordenada del territorio
y de las áreas de protección ambiental, incluyendo
ahorro energético, gestión y reutilización de residuos,
y ampliación y protección de los espacios verdes.
El mismo derecho contempla que las ciudades
deben respetar el patrimonio natural, histórico,
arquitectónico, cultural y artístico, y promover
la recuperación y revitalización de las áreas
degradadas y de los equipamientos urbanos.
A pesar de que esto se tiene muy claro al menos
desde que México asume como suya la Carta
Mundial por el Derecho a la Ciudad, en el año
2004, el camino que se toma va distante de los
ideales que se trazaron a nivel mundial y uno de
los ejemplos más claros que tenemos en México es
el de la Villa Panamericana, en Zapopan, Jalisco,
construida al borde del Bosque de La Primavera.
Y es que el desarrollo de villas olímpicas en todo
el mundo representa casos de éxito y modelos de
reconstrucción social a partir de una urbanización
sustentable y empática con los diferentes estratos
sociales y medioambientales que la rodean. Uno de
los casos más conocidos es el de Barcelona 1992.
Más allá del caso de la Villa Panamericana de Jalisco,
también existen complejos deportivos sin planeación y
con mucha ambición económica, sin gestión democrática
de la ciudad donde los habitantes participen en la
elaboración, definición y fiscalización de los recursos,
como fue el del estadio de futbol de los Rayados de
Monterrey, sobre un predio público llamado La Pastora.
Construir así deja en el olvido la directriz
de que en las ciudades se debe priorizar el
fortalecimiento, transparencia, eficacia y autonomía
de las administraciones públicas locales, sin
violaciones consecuentes al derecho que tienen los
habitantes de la ciudad a un ambiente sano.
Resulta paradójico como un evento que en sus
principios fundamentales fomenta la armonía y
la unión entre los pueblos, como son los Juegos
Olímpicos o los Panamericanos, derive en violaciones
elementales al derecho a la ciudad no sólo de
la generación presente sino de las futuras.
Esta ausencia de políticas de urbanización
sustentable deja pendiente un panorama en el que
se deben reconfigurar las formas de hacer valer la
participación sobre nuestro espacio público, nuestras
áreas naturales, nuestras áreas de convivencia y
asumir que tenemos una memoria colectiva que
hacer presente cada vez que un proyecto de esta
naturaleza intente de nueva cuenta vulnerar el
derecho a gozar plenamente la ciudad.
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SEPTIEMBRE
2017 | 95
POLÍRICA
Síndrome de la
cabeza estallada
L E Ó N PL A S C E N C I A Ñ OL
Poeta, narrador, editor y artista visual. Su libro
más reciente es El lenguaje privado.
La persistencia de un punzón
que hiende el aire; la conjetura
de la marcha melancólica de un grupo
de hienas; la taladrante sensación
de algo que cae; la sutura
de una herida en el campo
de batalla; la caída estrepitosa
de un bucle amarillo; la rajadura
de un cráneo; la mirada oblicua
al empezar el día; la noche adentro
de la cabeza; la estallida múltiple;
la estallida sin orden. La cólera
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FOLIOS
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POLÍRICA
Síndrome de Frégoli
A principios del siglo XX, Leopoldo Frégoli,
actor italiano de teatro, logró representar
simultáneamente varios papeles
entre dramáticos y cómicos.
La idea del desplazamiento del actor,
la despersonalización, el juego de dobles,
la fractura, moldearon la posibilidad
de una escisión en la simple idea
de ser otros. Es decir, en el sueño
de tener un doble, un ser idéntico
que pudiera sustituirte.
El asunto da para mucho más.
Q uizá en medio de un paisaje de sauces
podría venir la duda: ¿cuántos de los seres
que veo son reales? ¿Por qué me persiguen
los rostros de quien amé en desmesura?
¿Cuántos soy que no sea más?
Hace algunos años leí al azar algo
que me llamó la atención mientras viajaba
rumbo a una playa solitaria:
La mente se desploma bajo el peso
de tanto pensamiento. Es trágico.
Hay una aroma perdido en el manto
de la propia sombra, una repetición
de gestos y un eco de voces que golpean
los tímpanos al mediodía. Alguien
escucha el sordo ruido del desierto.
FOLIOS
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SEPTIEMBRE
2017 | 97
۸ Las calles de arena // Paco Roca, atisberri, 2009.
BIBLIOTECA
DE ALEJANDRÍA
ɳɳɳɳɳɳɳɳɳɳɳɳɳɳɳɳɳɳɳɳɳɳɳɳɳ
Para escapar no
necesitas un mapa
۸ La calle es libre // “Kurusa" (Carmen Diana Dearden)
y Monika Doppert (ilustraciones), ekaré, 1981.
۸ Había mucha neblina o humo o no sé qué //
Cristina Rivera Garza / penguin random house, 2016.
Este no es un libro,
es una guía
ABRIL POSAS
GETSEMANÍ LÓPEZ
(Escritora, autora de El triunfo de la memoria)
(Colaboradora en Bicicleta Blanca, Mujeres en el Medio,
participa en #SíALaCiclovía)
P
aco Roca es uno de esos
creadores que tiene el
súper poder de hacer todo
lo que le plazca: escribir
la trama, los diálogos y
dibujar los personajes. Esta
ductilidad de su trabajo
también nos regala, a los
lectores, la facilidad con la
que nos presenta un relato que
sabe más a anécdota y Las calles de arena le da a un
aficionado al cómic la oportunidad de escapar de
esa vida a la que no quiere ceñirse, esa que le gusta
tanto a los adultos: con hipotecas, autos a plazos y
asados en las terrazas los domingos, con sus otros
amigos-adultos. Y todo empieza por caminar por el
Barrio Viejo con una figura tamaño natural de Corto
Maltés. Lo que debía ser un atajo de diez minutos
se convierte en un extravío de todo el día y la noche
lo encuentra a la puerta de un hotel, en donde
no tiene más remedio que pasar la noche porque
no tiene auto, ni recepción en el celular y, seamos
honestas, no tantas ganas de encontrar la salida. Si
en La casa construye habitaciones, patios y recovecos
inundados de recuerdos, en Las calles de arena Roca
hace un mapa de decisiones, corazonadas y anhelos
que, muchas veces, deben enfrentarse a una noche
sin luna, lluvias torrenciales o gatos que saltan de
tejado en tejado. Sin necesitar un volumen pesado,
los paneles que componen este libro son suficientes,
dentro de sus ni siquiera 100 páginas de narrativa,
para construir una especie de torre de Babel que llega
más arriba que la construcción bíblica. Así que sí,
esta historia es tan buena como el Génesis.
98 |
۸ Pequeño peatón // Patricia Geis, combel, 2014.
FOLIOS
32 |
B I B L I OT E CA D E A L E JA N D R Í A
P
equeño Peatón” no es solo
un libro, es un manual de
usuario para la ciudad. Y es
que una nunca se pregunta si
a un niño le parece tan caótica
la ciudad que no sabe cómo
usarla (está claro que no tengo
hijos). El texto comienza con
una oración breve, simple y
contundente: “Hoy, Pequeño Gato va a aprender a
ser un buen peatón” y quiero prometerte que, tanto
pequeños como grandes lectores, también lo haremos
a cada nueva página. Se trata de una fábula que logra
su cometido divirtiendo mientras narrativiza a la
familia gato.
Para que Pequeño Gato haga sus deberes,
junto a su papá, debe aprender que las ciudades
tienen instrucciones, que cada quien tiene su
lugar y que las calles hablan. Porque la lección de
mirar a ambos lados de la calle antes de cruzar
es indispensable, pero insuficiente, sobre todo
ahora en el que compartimos las ciudades con
diferentes protagonistas: bicicletas, automóviles,
autobuses, camiones y hasta trenes, en un espacio
donde todos, de una u otra forma, sin excepción,
somos peatones. El texto, explica sin cortapisas
los criterios de infraestructura básica, señalética y
reglas de tránsito a través de manualitos, figuras
pop-up y personajes. Este ejemplar no es solo un
libro, también es un juego, el texto despliega un
tablero para hacer un pequeño simulacro donde
se pueden colocar señales, ciclistas, automovilistas
y semáforos, todos armables y de papel a fin de
“ensayar” lo que hace todos los días: ser peatón.
Pensar la ciudad
desde niños
L
Un Rulfo mío
de mí
MAIA FERNÁNDEZ MIRET
IL SE DE LOS SANTOS
(Escritora, editora y divulgadora de la ciencia)
(Editora y periodista cultural)
a que alguna vez fue
una montaña cubierta
de selva comienza a
poblarse de casas. Se
convierte en el suburbio
de una ciudad que
puede ser cualquiera de
América Latina (pero es
Caracas) y que nace como si alguien hubiera arrojado
las casas sobre los cerros al buen tuntún. Los niños
no tienen dónde jugar, pero sí una biblioteca y un
incitador: un bibliotecario. Así empieza el libro más
famoso de la editorial venezolana Ekaré, La calle
es libre, un clásico que a 36 años de publicado aún
es profético porque la angustia que lo detona –la
migración, la sobrepoblación, la falta de planeación
urbana, la corrupción, la simulación política, la apatía
de gobiernos y ciudadanos— nos interroga con más
insistencia que nunca. En un momento en el que
el vacío del Estado nos deja en un desconsuelo de
huérfanos la obra de Kurusa, ilustrada por Monika
Doppert con un realismo que me dejó helada cuando
lo leí por primera vez a los 8 años (no sabía que podía
retratarse en los libros la vida de esos barrios vecinos
a los míos, demarcados por fronteras potentísimas
y tan lejanos como si fueran sueños), sigue
formulando desde su puñado de páginas la misma
pregunta: ¿quién lo llena? ¿De verdad podemos
hacerlo nosotros? ¿Lo dejamos en manos de las
corporaciones que expropian simbólicamente trocitos
de espacios públicos con el pretexto de amparar
un camellón, una columna, una jardinera? ¿Nos
entregamos, y cedemos a los niños, al desamparo de
esta orfandad?
S
e me perdió el pueblo.
Había mucha neblina
o humo o no sé qué; pero
sí sé que Contla no existe.”
Cristina Rivera Garza extrae
este fragmento de Pedro
Páramo para titular su más
reciente entrega, a propósito
del centenario de su autor,
Juan Rulfo, a quien nos invita a escudriñar bajo una
lente distinta que, como el diálogo de Miguel, sitúa
al lector en la frontera entre lo real y lo intangible.
Rivera se vale de un estilo que ya le es característico
para realizar, más que un homenaje, una apropiación
del escritor jalisciense, “un Rulfo mío de mí”, en
el que destaca la colindancia de discursos como el
ficcional y el relato documental, cuyo resultado no
es la hibridación misma sino los ecos del choque y
el cruce de las barreras preconcebidas.
La autora destaca un aspecto poco visitado
de la biografía de Rulfo, “la materia de sus días
como escritor”, e indaga sobre los diferentes
empleos que sostuvo a lo largo de su vida y cómo
influyeron en su quehacer literario, ya sea como
empleado de Goodrich-Euzkadi o como asesor
e investigador de la Comisión del Papaloapan en
la zona sur de México. En Había mucha neblina
o humo o no sé qué existe una forma de dialogar
con los autores precursores, como lo es Rulfo,
fuera de la obra misma. Cristina Rivera Garza
habla de él y con él a partir del ensayo crítico
y de selección de ciertos pasajes de sus cuentos
y personajes de sus novelas que funcionan
como puntos de partida para otros textos.
FOLIOS
32 |
SEPTIEMBRE
2017 | 99
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