DEL PASADO Y DEL PRESENTE Año 1, número 3, 30 de diciembre, 2019 COSTA RICA: UNA DÉCADA DE CAMBIOS HISTÓRICOS (2010-2019) Iván MolIna JIMénez Siempre que una década finaliza, resulta oportuno considerar, desde una perspectiva histórica, cuáles fueron los principales cambios ocurridos en esos diez años con el fin de identificar las tendencias que podrían prevalecer en el futuro inmediato. En el último decenio, Costa Rica experimentó algunas rupturas fundamentales, que van a influir, de manera decisiva, en la vida cotidiana y familiar, en la competencia política, y en las condiciones de vida de los sectores medios y de las clases trabajadoras. Algunos de esos cambios se enrumban a fortalecer los derechos humanos y la democracia, pero otros más bien podrían deteriorar importantes conquistas sociales y promover formas autoritarias de gobierno. Familia Desde las reformas liberales de la década de 1880, que introdujeron el matrimonio y el divorcio civiles, la legislación sobre la familia no experimentaba cambios como los ocurridos en el decenio del 2010, algunos impulsados por entidades locales y otros por organismos internacionales. A finales del 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Costa Rica por no permitir la fecundación in vitro y obligó al país a eliminar las restricciones legales que impedían su implementación. También en el 2012 el Ministerio de Educación Pública aprobó un programa actualizado de educación sexual, cuya puesta en práctica a partir del 2013 ha estado asociada con una disminución significativa en el número de embarazos adolescentes. En noviembre del 2017, la Corte antes referida tuvo de nuevo una intervención fundamental al pronunciarse a favor de la legalización del matrimonio entre parejas del mismo sexo, fallo que fue dado a conocer en enero del 2018 y permitirá establecer ese tipo de vínculos a partir del 2020. Finalmente, en diciembre del 2019 el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, firmó la norma técnica sobre el aborto terapéutico, con lo que se abrió una vía para empezar a institucionalizar el mercado, hasta ahora clandestino, en que se ha desarrollado esta práctica. Todos estos cambios, en vías de modificar la vida cotidiana y familiar de los costarricenses, juegan a favor de la secularización, de los derechos humanos y de la democracia, y constituyen derrotas decisivas para la Iglesia católica y los cultos y partidos evangélicos. Política Con su victoria en la elección presidencial del 2014, el Partido Acción Ciudadana (PAC), liderado por Luis Guillermo Solís Rivera, puso fin a casi treinta años de dominio compartido de la política costarricense por el Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Puesto que en esos comicios el Frente Amplio (FA) ganó nueve diputaciones –el más importante logro electoral de la izquierda en toda su historia–, por un momento pareció que el péndulo político del país, de centro-derecha desde la década de 1980, podría desplazarse en dirección contraria. Aunque la administración de Solís tomó alguna distancia de los grupos empresariales que dominan el PLN y el PUSC, su gestión no estuvo exenta de escándalos de corrupción y no logró establecer una alianza creativa con el FA, que rápidamente despilfarró el capital político ganado en el 2014. En las elecciones del 2018, el escenario político experimentó el cambio más dramático habido en el país desde 1948, cuando por primera vez una organización de corte El PAC ganó la presidencia a partir de un pacto con el PUSC que permitió a este partido dominar la política económica y, con la excusa del déficit fiscal, retornar a los ortodoxos enfoques neoliberales y anti-estatistas prevalecientes durante la década de 1990. Al pendular una vez más hacia el centro-derecha, la balanza del poder se inclinó menos hacia el centro y más hacia la derecha. Como resultado de ese desplazamiento, la democracia costarricense quedó dominada por una constelación de fuerzas en la que convergen políticos pro-empresariales y fundamentalistas evangélicos sin ningún interés por la justicia social. Tal contexto propició una violenta arremetida de las cámaras empresariales y de los principales medios de comunicación colectiva contra el sector público, que lle- sarios que fracasó a finales de la década de 1990, cuando se comercializó políticamente como garantías económicas–, que dota al Ministerio de Hacienda de poderes tan extraordinarios como inconstitucionales. Antisindicalismo Contra la reforma fiscal, se organizó un importante movimiento social que, en su etapa inicial, pareció que iba a lograr cambiar el curso de los acontecimientos y detener el nuevo auge del neoliberalismo en el país. Sin embargo, la movilización fue derrotada, tanto por fallas en la estrategia seguida por los dirigentes sindicales, como por la falta de unión de las distintas fuerzas que se oponían a la reforma. A esto último contribuyeron significativamente las universidades públicas, cuyas autoridades, sindicatos y federaciones estudiantiles no se sumaron al movimiento: al asumir ingenuamente que el PAC de Carlos Alvarado era el mismo de Luis Guillermo Solís, creyeron que no serían afectadas por la reforma, ilusión que no tardaría en hacerse pedazos. La derrota de las protestas, que se convirtió en el principal fracaso experimentado por el movimiento sindical costarricense desde la huelga bananera de 1984, tuvo como corolario la activación de una fuerte corriente antisindical en la Asamblea Legislativa. Desde la época inmediatamente posterior a la guerra civil de 1948, no se veía un antisindicalismo como el desatado en el último año, que procura ilegalizar las huelgas de los trabajadores del sector público y facilitar la disolución de sus sindicatos. Futuro evangélico, el Partido Restauración Nacional (PRN), obtuvo el primer lugar en la elección presidencial, pero no los votos suficientes para ganar la presidencia, y debió ir a una segunda vuelta con el PAC. Sin duda, el éxito del PRN obedeció en mucho a que aprovechó a su favor –con el apoyo tácito de la Iglesia católica– el fallo que legalizó el matrimonio igualitario; pero también a que atrajo a votantes de las clases trabajadoras, abandonadas por el PLN, el PUSC, el PAC y la izquierda. Al final, el PAC ganó en la segunda vuelta, pero en el marco de una campaña electoral que posibilitó que la política volviera a tener un fuerte componente religioso, fenómeno que se mantiene al día de hoy, como si el país hubiera retrocedido, de golpe, a las últimas décadas del siglo XIX. Reforma vó a la criminalización sistemática de los trabajadores estatales. El Poder Ejecutivo aprovechó tal situación para impulsar un plan fiscal pro empresarial y socialmente regresivo, que afectó todavía más a las capas medias y a los sectores populares. Aprobada a finales del 2018, esa reforma sumó a su regresividad una importante dimensión recesiva, que ha llevado al estancamiento de la economía, a la intensificación de la desigualdad y al incremento del desempleo. De esta manera, la más importante reforma tributaria efectuada en el país desde la década de 1980, en vez de contribuir a la equidad y a la inclusión, produjo lo contrario, al tiempo que dejó sin resolver los problemas de la elusión y la evasión fiscales, ampliamente practicadas por el sector empresarial. Como parte de esa reforma se aprobó la regla fiscal –un viejo anhelo de los empre- En declaraciones publicadas por el periódico La Nación el 22 de diciembre del 2019, el presidente Carlos Alvarado manifestó que era más importante cumplir con la regla fiscal que financiar debidamente la educación pública. Nunca antes, en la historia política de Costa Rica, un presidente electo democráticamente había hecho una manifestación de ese tipo, que prioriza el cumplimiento de una imposición fiscalista frente a lo que dispone la Constitución. Al apartarse de las tendencias históricas que han dado forma a la sociedad costarricense, y al declararse a favor del autoritarismo que fundamenta la regla fiscal, el presidente parece adelantar que su legado, para la nueva década que ya casi inicia, no va a ser una Costa Rica menos desigual, más democrática y más comprometida con la justicia social, sino exactamente lo contrario.