BREVES NOTAS SOBRE LA SENTENCIA DE LA CORTE DEL DISTRITO SUR DE NUEVA YORK EN EL CASO DE LOS BONOS PDVSA 2020 José Ignacio Hernández G. INTRODUCCIÓN 1. El 16 de octubre de 2020 la Corte de Distrito del Distrito Sur de Nueva York dictó sentencia en la demanda intentada por Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y PDV Holding, Inc., en relación con los Bonos PDVSA 2020 (los “Bonos”). La sentencia, en resumen, declaró sin lugar la demanda y confirmó que el contrato de emisión y de garantía de los Bonos son válidos y vinculantes bajo el Derecho de Nueva York1. 2. La sentencia, en la práctica, desconoce el contenido y alcance de los Acuerdos de la Asamblea Nacional dictados en relación con los Bonos, en contra del principio de acuerdo con el cual las Cortes de Estados Unidos no pueden revisar, cuestionar o desconocer actos oficiales de Gobiernos extranjeros2. De manera contradictoria, además, negó la relevancia del Derecho venezolano en estos contratos. Caso 19 Civ. 10023 (KPF), PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A.; PDVSA PETRÓLEO S.A. y PDV HOLDING, INC., demandantes, vs. MUFG UNION BANK, N.A. y GLAS AMERICAS LLC, demandados. Vale la pena aclarar que los demandados son el agente financiero y el agente colateral, en representación de los tenedores de los Bonos. 2 Este principio se conoce como “la doctrina del acto de Estado”, y ha sido aplicada en diversos casos relacionados con el Gobierno Interino del Presidente Guaidó. Por ejemplo, véase la sentencia de 2 de agosto de 2019, en el caso Rodolfo Enrique Jiménez, et al. v. Luisa Palacios, et al., de la “Court of Chancery”, Delaware, caso número 2019-0440-KSJM, en especial, páginas 23 y ss. 1 1 3. El orden en el que trató la Corte estos asuntos es incongruente3, y demuestra el error de la sentencia. Pero a todo evento, a continuación, se formulan las principales conclusiones relacionadas con estos dos puntos, en el orden en el que fueron tratados por la sentencia. I. EL DESCONOCIMIENTO ASAMBLEA NACIONAL DE LOS ACUERDOS DE LA 4. En contra del alegato de los demandados4, la Corte reconoció que los Acuerdos de la Asamblea Nacional de 27 de septiembre de 2016 y de 15 de octubre de 2019 son actos oficiales del Estado venezolano, dictados en ejercicio de la función legislativa, y que como tal, deben ser presumidos válidos y vinculantes5. Sin embargo, la Corte entró analizar el contenido de esos Acuerdos, lo que llevó a su desconocimiento implícito, al sostenerse erradamente- que la Asamblea Nacional no había cuestionado la constitucionalidad de los Bonos. 5. Para demostrar el error de la Corte en este punto, es preciso mencionar (i) los antecedentes y contextos de estos Acuerdos; (ii) la errada interpretación de la Corte en cuanto al contenido de esos Acuerdos y (iii) la errada interpretación de la Corte en cuanto a los efectos de esos Acuerdos. El orden congruente era determinar, primero, si el Derecho venezolano aplica. Solo en caso afirmativo, entonces, podían analizarse los Acuerdos de la Asamblea, que forman parte del Derecho venezolano. La Corte, incongruentemente, analizó los Acuerdos de la Asamblea Nacional, para luego descartar que el Derecho venezolano sea aplicable. Si en efecto el Derecho venezolano es irrelevante, entonces, el contenido de los Acuerdos también resultaba irrelevante. 4 Los demandados centraron sus defensas, principalmente, en negar que los Acuerdos de la Asamblea Nacional fuesen actos oficiales del Estado venezolano, un argumento desestimado por la Corte. 5 Además, la Corte interpretó el Acuerdo de la Asamblea Nacional de 26 de mayo de 2016, sobre los contratos de interés público, que, en realidad, no guardaba relación con los Bonos. Por ello, y aun cuando también la Corte interpretó erradamente este Acuerdo, su análisis no resulta pertinente para este breve estudio. 3 2 6. El Acuerdo del 27 de septiembre de 2016 cuestionó la operación de canje que dio lugar a los Bonos, tanto en sus aspectos financieros como en relación con su colateral. Desde el punto de vista jurídico, sin embargo, la objeción relevante era la segunda. Así, con base en el artículo 187.9 de la Constitución, que regula la competencia de la Asamblea Nacional para controlar contratos de interés público nacional, la Asamblea Nacional, en su acuerdo segundo, dispuso: “Rechazar categóricamente que dentro de la operación de canje se ofrezca como garantía con prioridad por el 50.1% de las acciones que conforman el capital social de Citgo Holding INC, o que se constituya garantía sobre cualquier otro bien de la Nación”. 7. La Corte, sin embargo, consideró que este Acuerdo nunca calificó la existencia de contratos de interés público nacional6. Además, citando una de las opiniones de la Oficina de la Procuraduría Especial, insistió en que este Acuerdo no declaró la inconstitucionalidad de los Bonos7. 8. Este argumento, defendido por los demandados8, es sin embargo errado, básicamente, por una razón: la Corte no podía indagar cuál fue la intención de la Asamblea Nacional, ni mucho menos inferir qué quiso decir En especial, página 35: “esta objeción, sin embargo, no está acompañada por ninguna declaración acerca de que la oferta de intercambio era un contrato de interés público, ni tampoco contiene ninguna declaración sobre la violación del artículo 150 de la Constitución derivada de la ejecución de esa oferta de intercambio, ni tampoco declara ilegal o inválida la oferta de intercambio” (“that rejection, however, is not accompanied by any recognition of the Exchange Offer as a contract of national public interest; nor does it state that the Exchange Offer would, if executed without National Assembly approval, violate Article 150 of the Venezuelan Constitution; nor does it deem the Exchange Offer to be illegal, invalid, or void in any manner”). 7 Página 41. Tal opinión fue realizada cuando ocupaba ese cargo, y como se explica en el texto principal, fue erradamente interpretada por la Corte. Además, la Corte solo tomó lo que le interesaba de esa opinión, ignorando todo el razonamiento en cuanto a la inconstitucionalidad de la operación apoyada en el Acuerdo del 27 de septiembre de 2016. 8 Los demandados alegaron que el Acuerdo del 27 de septiembre de 2016 no declaró la inconstitucionalidad de los Bonos, confuso argumento reiterado por diversos actores económicos y políticos en medios de comunicación. 6 3 la Asamblea Nacional9. La posición de la Asamblea Nacional en torno a los Bonos no solo quedó claramente expuesta en el citado Acuerdo de 27 de septiembre de 2016, sino que, además, fue ratificada en el Acuerdo de 15 de octubre de 2019 -ignorado por la sentencia, como se verá. Además, esa posición fue ratificada por la intervención oficial del Gobierno Interino en el juicio -desestimada por la Corte10. 9. Pero al margen de ello, hay dos razones de fondo por las cuales es errado sostener que el Acuerdo del 27 de septiembre de 2016 no cuestionó la operación de canje y emisión de los Bonos: a) El Acuerdo del 27 de septiembre de 2016 no declaró la inconstitucionalidad de los Bonos, ni calificó a los contratos suscritos por el régimen de Maduro como contratos de interés público nacional, por una sencilla razón: para ese momento los contratos no se habían suscrito, y los Bonos, por ello, no existían11. Mal puede declararse la inconstitucionalidad de Bonos que no existen12. La doctrina del acto de Estado impide a las Cortes de Estados Unidos inferir, cuestionar, deducir o en modo alguno suplantar la voluntad de Estados extranjeros. Así se ha entendido en varios litigios relacionados con el Gobierno Interino. En especial, véase la decisión de 20 May 20 de 2020 de la Corte de Distrito Sur del Distrito de Texas, en el asunto Impact Fluid Solutions LP vs. Bariven SA et al, caso número 4:2019cv00652. Este principio ha sido reiteradamente aplicado por la Corte Suprema de Estados Unidos. Entre muchas otras, véase el asunto Oetejev v. Central Leather Co., decisión de 11 de marzo de 1918 (246 U.S. 297 (1918), párrafo 298). 10 El 9 de junio de 2020 la República Bolivariana de Venezuela expuso su posición en el caso ratificando la posición histórica de la Asamblea Nacional. Sin embargo, la Corte desestimó ese argumento -que ha debido ser tratado por deferencia- al considerar falsamente que la Asamblea Nacional no cuestionó la constitucionalidad de los Bonos en 2016. 11 Los contratos fueron suscritos el 28 de octubre de 2016, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia suspendiera toda investigación sobre PDVSA, incluyendo la anunciada en Acuerdo de 27 de septiembre de 2016. 12 Ese fue el punto que se destacó en la opinión de la Oficina del Procurador Especial, que la Corte erradamente interpretó. Además, la Corte se equivoca al señalar que el Acuerdo no declaró a la oferta de intercambio como contrato de interés público nacional, pues la oferta de intercambio no es un contrato, sino una decisión unilateral de PDVSA. 9 4 b) El Acuerdo del 27 de septiembre de 2016 es el acto de control parlamentario que, en ejecución de norma sobre contratos de interés público, negó la capacidad de PDVSA de comprometer a Citgo como garantía de los Bonos13. 10. Pero en todo caso, se insiste, no corresponde a una Corte de Estados Unidos interpretar la voluntad de la Asamblea Nacional, ni mucho menos deducir cuál quiso ser la intención de la Asamblea Nacional. Esto supone la revisión de actos soberanos del Estado venezolano, y, por ende, una extralimitación en la jurisdicción de la Corte. 11. Al haber asumido, erradamente, que el Acuerdo de 27 de septiembre de 2016 no cuestionó la constitucionalidad de la operación, la Corte negó relevancia al Acuerdo del 15 de octubre de 2019, pese a que éste sí declaró la inconstitucionalidad de los contratos relacionados con los Bonos14. Pero, además, la Corte consideró que, a todo evento, el Acuerdo del 15 de octubre no podría “expropiar” los contratos de emisión de los Bonos, por tratarse de bienes ubicados en Nueva York. De nuevo, la Corte erradamente interpretó a la Asamblea Nacional, al tratar de indagar cuál fue su intención15. 12. Los Acuerdos de 27 de septiembre de 2016 y 15 de octubre de 2019 cuestionaron la constitucionalidad de la operación de canje que llevó a la La Corte desestimó un dato importante: el citado Acuerdo aparece fundamentado en el artículo 187, numeral 9 de la Constitución, conforme al cual corresponde a la Asamblea Nacional “autorizar al Ejecutivo Nacional para celebrar contratos de interés nacional, en los casos establecidos en la ley”. Esta norma, por ello, implicaba que, para la Asamblea Nacional, la cesión de Citgo como colateral solo podía hacerse mediante contratos de interés público nacional que debían ser autorizados previamente, en tanto la parte contratante estaba domiciliada en el extranjero. 14 El Acuerdo de 15 de octubre de 2019, en todo caso, ratificó -en esos términos, según los acuerdos primero y segundo- el contenido del Acuerdo del 27 de septiembre de 2016. Luego, no podía la Corte sustituirse en la voluntad de la Asamblea Nacional para considerar que el Acuerdo de 15 de octubre no respondía a lo decidido en 2016 (véase la página 26 de la sentencia). 15 Páginas 36, 42 y 43. Lamentablemente, el Gobierno de Estados Unidos, al participar en el caso, no fijó una posición clara sobre este punto. 13 5 emisión de los Bonos, así como a los contratos de emisión y de garantía, únicamente en función al colateral sobre Citgo. La demanda de nulidad presentada, y todos los argumentos adicionales introducidos en el caso, insistieron en este argumento: los contratos violaron la Constitución, pues PDVSA no podía comprometer a Citgo en colateral a favor de empresas extranjeras sin autorización de la Asamblea Nacional, en tanto esa cesión supone celebrar contratos de interés público nacional16. En ningún momento los Acuerdos expropiaron los Bonos o repudiaron la deuda. De hecho, el Acuerdo de 15 de octubre de 2019 dejó abierta la reconciliación de las reclamaciones legítimas que pudieren derivar de los Bonos17. 13. Por ello, la intención de la Asamblea Nacional no fue expropiar los Bonos, ni repudiar la deuda, sino cuestionar la capacidad de PDVSA para comprometer a Citgo como colateral, en tanto esa operación supone la celebración de un contrato de interés público nacional con empresas extranjeras que debe ser previamente autorizado por la Asamblea Nacional18. Además, los tenedores de los Bonos sabían de esas objeciones antes de emisión y, a pesar de ello, decidieron tomar el riesgo y participar en la operación. Más importante todavía: como declaró el principal tenedor de esos Bonos, la decisión de participar en la operación, pese a estar en De hecho, como se explicó, la posición de la Asamblea Nacional en relación con los Bonos es consistente con la posición asumida en otros casos, por ejemplo, relacionados con Rosnfet. La operación de canje que dio lugar a la emisión de los Bonos, como operación de renegociación de deuda, no debía ser autorizada por la Asamblea Nacional. Lo que debía ser autorizado era la cesión de Citgo en colateral, pues esa cesión, a favor de empresas extranjeras, supone la celebración de contratos de interés público nacional que de acuerdo con los artículos 150 y 187.9 de la Constitución, deben ser autorizados previamente por la Asamblea Nacional. 17 Según el acuerdo cuarto, en el cual la Asamblea emplazó “al Gobierno del Presidente (E) Juan Gerardo Guaidó Márquez a los fines de adoptar todas las acciones orientadas a la defensa de los activos de PDVSA en Estados Unidos, procurando el arreglo ordenado y consensuado de cualquier reclamación que pudiera plantearse”. 18 De hecho, los esfuerzos de negociación de PDVSA, desde marzo de 2019, mantenidos incluso durante el juicio, demuestran que la intención no fue repudiar la deuda sino cuestionar la constitucionalidad de la operación por la incapacidad de PDVSA de comprometer a Citgo en colateral. 16 6 conocimiento de las objeciones constitucional de la Asamblea Nacional al colateral, se basó en cálculos políticos, no jurídicos19. 14. Este caso, por ello, no respondía al intento del Gobierno Interino de repudiar una deuda con posterioridad a su emisión, una acción que resulta no solo contraria a la política de Estados Unidos sino en especial, contraria a los lineamientos de renegociación de la deuda pública del Gobierno Interino20. La demanda, en realidad, se basó en la incapacidad de PDVSA de ceder a Citgo como colateral de los Bonos, de acuerdo con la decisión constitucional emitida por la Asamblea Nacional antes de la emisión de los Bonos -una decisión, insistimos, conocida por los tenedores, quienes decidieron tomar el riesgo. 15. En resumen, a pesar de que la Corte reconoció que los Acuerdos de la Asamblea Nacional son actos oficiales del Estado venezolano, en la práctica, desconoció esos Acuerdos al interpretar la voluntad de la Asamblea Nacional, extralimitándose claramente en su jurisdicción. La posición histórica de la Asamblea Nacional, anunciada públicamente antes de la emisión de los Bonos, es que PDVSA no tiene capacidad para comprometer a Citgo como colateral a favor de empresas extranjeras sin autorización previa de la Asamblea Nacional, al tratarse de contratos de interés público Como la Corte desestimó el valor de los Acuerdos, este aspecto no fue valorado e incluso, el testimonio experto promovido por los demandantes fue desechado. En todo caso, mal podría hablarse de expropiación, cuando los tenedores conocían del riesgo de invalidez, debido a la difusión del Acuerdo de 27 de septiembre de 2016. El principal tenedor de esos Bonos, además, declaró que, a pesar de estar en conocimiento de ese riesgo legal, nunca contrató una opinión experta independiente. Por ello, la Asamblea Nacional no actuó con posterioridad para desconocer una deuda pasada, sino que advirtió claramente de la incapacidad de PDVSA de comprometer a Citgo antes de la emisión de los Bonos. 19 La sentencia recuerda esta política en la página 47. Los lineamientos para la renegociación de la deuda pública de 1° julio de 2019, expresamente, ratifican la voluntad de renegociar de manera ordenada y consensuando las reclamaciones heredadas de Chávez y de Maduro, dejando a salvo reclamaciones inconstitucionales. 20 7 nacional. Los tenedores del Bono estaban conscientes de ese riesgo, y pese a ello, decidieron asumirlo. II. LA INAPLICACIÓN DEL DERECHO VENEZOLANO 16. La Corte consideró que el Derecho venezolano no rige a los contratos de emisión y garantía, en tanto ellos se rigen por el Derecho de Nueva York. Por lo tanto, no podía determinarse si PDVSA violó la Constitución al suscribir esos contratos21. Tal argumento es errado por dos razones. 17. La primera razón es que la propia sentencia contradice esta conclusión, pues al analizar los Acuerdos de 2016 y 2019, interpretó el Derecho venezolano22. Si la Corte interpretó esos Acuerdos, es por que el Derecho venezolano es relevante; pero si éste es irrelevante, entonces, no ha debido interpretar los Acuerdos. 18. En todo caso, y, en segundo lugar, aun cuando los contratos suscritos por PDVSA remiten al Derecho de Nueva York, esa remisión no puede extenderse a la propia capacidad de PDVSA, que necesariamente, se rige por Derecho venezolano23. Mal podría PDVSA renunciar a la aplicación de normas de orden público al celebrar contratos. 19. Por ello, la capacidad de PDVSA para comprometer a Citgo como garantía, como se hizo en el contrato de emisión de los Bonos y en el contrato de garantía, quedaba sometida a Derecho venezolano, y en concreto, a los Páginas 47 y ss. Por ejemplo, en la página 34. 23 Como se ha aceptado de manera tradicional. Por ejemplo, vid. Wälde, Thomas, “The sanctity of debt and insolvent countries: defenses of debtors in international loan agreements”, en Judicial enforcement of international debt obligations, International Law Institute, Washington D.C., 1987, p. 125. De acuerdo con Delaume, los asuntos internos de las corporaciones se rigen por su Ley personal. Vid. Delaume, George, Legal Aspects of International Lending and Economic Development Financing, Dobbs Ferry, Nueva York, 1967, p. 130 21 22 8 artículos 150 y 187.9 de la Constitución, como la Asamblea Nacional declaró en el Acuerdo de 27 de septiembre de 2016. Este aspecto, se acota, nunca fue rechazado por PDVSA en 201624. 20. En resumen, la decisión de desconocer el Derecho venezolano, además de contradecir el razonamiento de la propia sentencia, es errada, pues PDVSA no puede sustraerse del Derecho Público venezolano al celebrar contratos. Octubre 17, 2020 PDVSA emitió opiniones sobre la operación basadas en el Derecho venezolano, cuyo contenido era conocido por los tenedores. Luego, el régimen de Maduro y los tenedores conocían y aceptaron la relevancia del Derecho venezolano. La propia oferta de intercambio, además, tenía diversas referencias al Derecho venezolano. 24 9 BRIEF ANALYSIS ON THE JUDGMENT OF THE DISTRICT COURT OF THE SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK IN THE CASE OF THE 2020 PDVSA NOTES José Ignacio Hernández G. INTRODUCTION 1. On October 16, 2020, the District Court of the Southern District of New York issued a judgment in the lawsuit filed by Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) and PDV Holding, Inc., in relation to the PDVSA 2020 Notes (the “Notes”). The judgment, in summary, dismissed the claim and confirmed that the indenture and pled agreements are valid and binding under New York Law.25 2. The ruling, in practice, ignores the content and scope of the Resolutions of the National Assembly issued in relation to the Notes, violating the principle according to which the Courts of the United States cannot review, question or ignore official acts of foreign governments.26 In a contradictory way, the Court also denied the relevance of Venezuelan law in these contracts. Case 19 Civ. 10023 (KPF), PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A.; PDVSA PETRÓLEO S.A.; and PDV HOLDING, INC., plaintiffs, v. MUFG UNION BANK, N.A. and GLAS AMERICAS LLC, defendants. It is worth clarifying that the defendants are the financial agent and the collateral agent, representing the noteholders. 26 This principle is known as “the Act of State doctrine”. It has been applied in various causes related to the Interim President Guaidó. For example, see the judgment of August 2, 2019, in the case of Rodolfo Enrique Jiménez, et al. v. Luisa Palacios, et al., Court of Chancery, Delaware, case number 2019-0440-KSJM, especially, pages 23 et seq. 25 10 3. The order in which the Court dealt with these matters is inconsistent,27 and shows an error in the judgment. However, the main conclusions related to these two points are formulated below, in the order in which they were treated by the sentence. I. THE UNLAWFUL REVIEW OF THE NATIONAL ASSEMBLY’S RESOLUTIONS 4. Contrary to the arguments of the defendants,28 the Court recognized that National Assembly Resolutions of September 27, 2016 and October 15, 2019 as official acts of Venezuela, issued in the exercise of the legislative powers. Also, the Court concluded that the Resolutions must be presumed valid and binding.29 However, the Court decided to review and secondguessing these Resolutions, which were implicitly disregarded, by holding erroneously - that the National Assembly had not questioned the constitutionality of the Notes. 5. To demonstrate the Court's error on this point, it is necessary to mention (i) the background and contexts of these Resolutions; (ii) the erroneous interpretation of the Court regarding the content of those Resolutions, and (iii) the erroneous interpretation of the Court regarding the effects of those Resolutions. The proper order was to determine, first, if Venezuelan law applies. Only in the affirmative case, then, could the Assembly Resolutions, which are part of Venezuelan law, be analyzed. The Court, incongruously, analyzed the Resolutions, to later rule out that Venezuelan law is applicable. If indeed Venezuelan law is irrelevant, then the content of the Resolutions was also irrelevant. 28 The defendants focused their defenses, mainly, on denying that the Resolutions of the National Assembly were official acts of Venezuela, an argument rejected by the Court. 29 In addition, the Court interpreted the Resolution of the National Assembly of May 26, 2016, on public interest contracts, which in reality was not related to the Notes. Therefore, and even though the Court also misinterpreted this Resolution, its analysis is not relevant for this brief analysis. 27 11 6. The Resolution of September 27, 2016 questioned the exchange operation that gave rise to the Notes, both in their financial aspects and in terms of the collateral. From a legal point of view, however, the relevant objection was the second one. Thus, based on article 187.9 of the Constitution, which regulates the National Assembly’s authority to oversight contracts of national public interest, the National Assembly, in its second section, established: "Categorically reject that within the exchange operation a pledge is offered with priority for 50.1% of the shares that make up the capital stock of Citgo Holding INC, or that a pledge is constituted on any other asset of the Nation" 7. The Court, however, considered that this Resolution never declared the existence of contracts of national public interest.30 Furthermore, citing one of the opinions of the Office of the Special Attorney General, she insisted that this Resolution did not declare the notes unconstitutional.31 8. This argument, also introduced by the defendants,32 is however wrong, basically, for one reason: The Court could not inquire what was the intention of the National Assembly, much less infer what the National In particular, page 35: “that rejection, however, is not accompanied by any recognition of the Exchange Offer as a contract of national public interest; nor does it state that the Exchange Offer would, if executed without National Assembly approval, violate Article 150 of the Venezuelan Constitution; nor does it deem the Exchange Offer to be illegal, invalid, or void in any manner ”. 31 Page 41. Such an opinion was made when I held the position of Special Attorney General, and as explained in the main text, it was wrongly interpreted by the Court. In addition, the Court only took what interested it from that opinion, ignoring all the reasoning regarding the unconstitutionality of the operation supported by the Resolution of September 27, 2016. 32 The defendants indicated that the Resolution of September 27, 2016 did not declare the Notes unconstitutional, a confusing argument reiterated by various economic and political actors in the media. 30 12 Assembly meant.33 The position of the National Assembly regarding the Notes was not only clearly stated in the aforementioned Resolution of September 27th, but was also ratified in the Resolution of October 15th ignored by the ruling, as will be seen - and in all cases, ratified by the official position of the Interim Government.34 9. But apart from this, there are two fundamental reasons why it is wrong to express that the Resolution of September 27th did not question the exchange and issue of the Notes: a) The Resolution of September 27, 2016, did not declare the unconstitutionality of the Notes, nor did classify the contracts signed by the Maduro regime as contracts of national public interest, for a simple reason: at that time the contracts had not been signed , and the Notes, therefore, did not exist.35 It would be wrong to declare the unconstitutionality of Notes that do not exist.36 b) The Resolution of September 27, 2016 is the act of parliamentary control that, based on the constitutional provisions about national public The act of state doctrine prevents the Courts from inferring, questioning, deducing or in any way secondguessing the will of foreign states. This has been understood in various litigation related to the Interim Government. In particular, see the decision of May 20, 2020 of the Southern District Court of the District of Texas, in the matter Impact Fluid Solutions LP v. Bariven SA et al, case number 4: 2019cv00652. This principle has been repeatedly applied by the Supreme Court of the United States. Among many others, see Oetejev v. Central Leather Co., decision of March 11, 1918 (246 U.S. 297 (1918), paragraph 298). 34 On June 9, 2020, the Bolivarian Republic of Venezuela presented its position in the case, ratifying the historical position of the National Assembly. However, the Court rejected that motion - which should have been treated out of deference- considering that the National Assembly did not question the constitutionality of the Notes in 2016. 35 The contracts were signed on October 28, after the Supreme Tribunal of Justice suspended all investigation into PDVSA, including the one announced in the Resolution dated September 27, 2016. 36 That was the point that stood out in the opinion of the Office of the Special Attorney General, which the Court misinterpreted. Furthermore, the Court is wrong to point out that the Resolution did not declare the exchange offer as a public interest contract, because the exchange offer is not a contract, but a unilateral decision by PDVSA. 33 13 interest contracts, denied PDVSA's ability to compromise Citgo as a pledge for the Notes.37 10. But in any case, the District Court cannot second-guess the will of the National Assembly, neither deduce what the intention of the National Assembly wanted to be. This argument supposes the review of the Venezuelan State's sovereign acts, and therefore, an excess in the Court's jurisdiction. 11. By having erroneously assumed that the 2016 Resolution did not question the constitutionality of the operation, the Court denied relevance to the Resolution of October 15, 2019, despite the fact that the National Assembly did declare the contracts related to the Notes unconstitutional.38 But in addition, the Court considered that, in any event, the Resolution of October 15th could not “expropriate” the Bond issuance contracts, as they are assets located in New York. Again, the Court erroneously interpreted the National Assembly’s act, when trying to inquire what its intention was.39 12. The Resolutions of September 27, 2016 and October 15, 2019 questioned the constitutionality of the exchange operation that led to the issuance of the Notes, as well as the indenture and pledge agreements, solely based on the collateral on Citgo. The complaint filed by PDVSA, and all the The Court rejected an important fact: the aforementioned Resolution appears based on Article 187, numeral 9 of the Constitution, according to which the National Assembly has the authority to “to authorize the National Executive to enter into contracts of national interest, in the cases established by law”. This rule, therefore, implied that, for the National Assembly, the pledge of Citgo as collateral could only be made through contracts of national public interest that had to be previously authorized, as long as the contracting parties were domiciled abroad. 38 The Resolution of October 15, in any case, ratified - in those terms, according to the first and second sections- the content of the Resolution of September 27. Therefore, the Court could not second-guess the will of the National Assembly, considering that the Resolution of October 15 did not respond to what was decided in 2016 (see page 26 of the judgment). 39 Pages 36, 42 and 43. Unfortunately, the United States Government did not establish a clear position on this point in the motion filed in the case. 37 14 additional arguments introduced in the case, insisted on this argument: the agreements violated the Constitution, since PDVSA did not have the capacity to pledge Citgo as collateral in favor of foreign companies without the National Assembly’s authorization, because this pledge is a national public interest contract.40 The Resolutions did not expropriated the Notes or repudiate the debt. In fact, the October 15th Resolution left open the reconciliation of the legitimate claims that may derive from the Notes.41 13. Therefore, the intention of the National Assembly was not to expropriate the Notes, nor to repudiate the debt, but to denied PDVSA's capacity to pledge Citgo as collateral, because this pledge is a national public interest contract with foreign companies that must be previously authorized by the National Assembly.42 Furthermore, the noteholders were aware of these objections before the issuance of the Notes, and despite this, decided to take the risk and participate in the exchange. More importantly, as stated by the main holder of these Notes, the decision to participate in the exchange, despite being aware of the Assembly's constitutional objections to the collateral, was based on political calculations, not legal ones.43 40 In fact, as explained, the position of the Assembly in relation to the Notes is consistent with the position assumed in other cases, for example, related to Rosneft. The exchange operation that gave rise to the issuance of the Notes, as a debt renegotiation operation, should not be authorized by the National Assembly. What had to be authorized was the pledge of Citgo as collateral, since this pledge, in favor of foreign companies, is a national public interest contract that, in accordance with articles 150 and 187.9 of the Constitution, must be previously authorized by the National Assembly. 41 According to the fourth section, in which the Assembly summoned “the Government of President (E) Juan Gerardo Guaidó Márquez to adopt all actions aimed at defending PDVSA's assets in the United States, seeking an orderly and consensual arrangement of any claim that may arise”. 42 In fact, PDVSA's negotiation efforts, since March 2019, continue even during the trial. This demonstrate that the intention was not to repudiate the debt but to question the constitutionality of the pledge due to the lack of capacity of PDVSA. 43 As the Court rejected the value of the Resolutions, this aspect was not considered and even the expert testimony promoted by the plaintiffs was rejected. In any case, it is not possible to talk about an expropriation, when the noteholders were aware of the risk of invalidity, due to the dissemination of the Resolution of September 27, 2016. The main holder of these Notes also stated that despite being aware of this legal risk, it never hired an independent expert opinion. For this reason, the National Assembly did 15 14. This case, therefore, did not respond to the Interim Government's attempt to repudiate a debt after its issuance, an action that is not only contrary to United States policy but, in particular, contrary to the guidelines for the renegotiation of the Venezuelan legacy public external debt of the Interim Government.44 The lawsuit, in reality, was based on PDVSA's inability to pledge Citgo as collateral, in accordance with the constitutional decision issued by the National Assembly prior to the issuance of the Notes - a decision, we insist, known to the noteholders, who decided to take the risk. 15. In summary, even though the Court recognized that the National Assembly Resolutions are official acts of Venezuela, in fact, the Court disregard those Resolutions when interpreting the National Assembly's will, clearly exceeding its jurisdiction. The historical position of the National Assembly, publicly announced before the Note were issued, is that PDVSA does not have capacity to pledge Citgo as collateral in favor of foreign companies without prior authorization from the National Assembly, because that pledge is a national interest public contract. Noteholders were aware of this risk, and despite this, they decided to assume it II. THE LACK OF APPLICATION OF VENEZUELAN LAW 16. The Court considered that Venezuelan law does not govern the indenture and pledge agreements, as they are governed by New York law. Therefore, the Court could not be determined whether PDVSA violated the not act unexpectedly to repudiate the previous debt, but rather clearly warned of PDVSA's inability to pledge Citgo before the Notes were issued. 44 The ruling recalls this policy on page 47. The guidelines for the renegotiation of the public debt of July 2019 expressly ratify the will to renegotiate in an orderly and consensual procedure the legacy claims i from Chávez and Maduro, without prejudice of unconstitutional claims. 16 Constitution by signing those contracts.45 Such an argument is wrong for two reasons. 17. The first reason is that the judgment itself contradicts this conclusion, because when analyzing the 2016 and 2019 Resolutions, the Court interpreted Venezuelan law.46 If the Court interpreted those Resolutions, it is because Venezuelan law is relevant; but if it is irrelevant, then it should not have interpreted the Resolutions. 18. In any case, and secondly, even when the New York Law is the Law that governs the indenture and the pledge, this clause is not applicable to PDVSA’s capacity, which is necessarily governed by Venezuelan law.47 PDVSA cannot waive the application of public order regulations when entering into contracts. 19. Therefore, the capacity of PDVSA to pledge Citgo as collateral, as was done in the indenture and pledge agreements, was subject to Venezuelan law, and expressly, to Articles 150 and 187.9 of the Constitution, as the National Assembly declared in the 2016 Resolution. This aspect, as was noted, was never rejected by PDVSA in 2016.48 20. In summary, the decision to disregard Venezuelan Law, in addition to contradicting the reasoning of the judgment itself, is mistaken, especially Page 47. For example, page 34. 47 As has been traditionally accepted. For example, vid. Wälde, Thomas, “The sanctity of debt and insolvent countries: defenses of debtors in international loan Resolutions”, in Judicial enforcement of international debt obligations, International Law Institute, Washington D.C., 1987, p. 125. According to Delaume, the internal affairs of corporations are governed by their personal law. Vine. Delaume, George, Legal Aspects of International Lending and Economic Development Financing, Dobbs Ferry, New York, 1967, p. 130 48 PDVSA issued opinions on the operation based on Venezuelan law, the content of which was known to the noteholders. Then, the Maduro regime and the noteholders accepted the relevance of Venezuelan law. The exchange offer circular also had various references to Venezuelan law. 45 46 17 since PDVSA cannot withdraw from Venezuelan Public Law when conducting financial operations. October 17, 2020 18