Estado y Politicas Agrarias 2021

Carini, Gabriel Fernando Estado, políticas públicas y asociaciones agrarias : claves para la comprensión de la Argentina rural / Gabriel Fernando Carini ; compilado por Gabriel Fernando Carini ; Rocío Soledad Poggetti ; Emanuel Barrera Calderon. - 1a ed. - Córdoba : Imprenta Corintios 13, 2021. Libro digital, PDF Archivo Digital: descarga y online ISBN 978-987-48002-1-3 1. Historia Política Argentina. I. Poggetti, Rocío Soledad, comp. II. Barrera Calderon, Emanuel, comp. III. Título. CDD 320.0982 Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional. Índice A modo de presentación Gabriel Fernando Carini, Rocío Soledad Poggetti, Emanuel Barrera Calderón .........5 Reformadores del agro. Las instituciones científico-técnicas de la agricultura frente a la crisis azucarera tucumana (1960-1966) Ignacio Sanchez .................................................................................................................11 Reorganización agraria y expansión territorial: proyectos y realizaciones de la política de tierras de la provincia del Chaco (1970-1983) Enrique César Schaller, Adrián Alejandro Almirón .....................................................39 Génesis de una relación tumultuosa. Los ganaderos frente a los primeros gobiernos peronistas, en el marco de la construcción de la Provincia de La Pampa (1946-1958) Gabriel Eduardo Grégoire ................................................................................................71 La conflictividad cañera en perspectiva histórica, fines del siglo XIX-1990. A 50 años del Tucumanazo María Celia Bravo ..............................................................................................................99 ¿Reforma agraria en Argentina? Entre el desarrollo rural y la modernización excluyente. Políticas, corporaciones y conflictividad social Silvia Lázzaro ...................................................................................................................113 Burocracia estatal, gobiernos provinciales y empresarios del agronegocio (Córdoba, 1996-2016) Vanesa Villarreal ..............................................................................................................141 Tensiones en el campo agroambiental a partir del análisis del vector mediático del complejo de poder desarrollista agropecuario cordobés. Entre la pedagogía agrobiotecnológica y la construcción de la sustentabilidad empresarial Ignacio González Asis, Emanuel Barrera Calderón ....................................................163 Juventudes, agronegocios y asociaciones gremiales: dinámicas locales y redefinición de perfiles institucionales Gabriel Fernando Carini ................................................................................................189 Asociaciones técnicas y construcción de poder: la consolidación de AACREA en el norte de Córdoba Joaquín Ambroggio, Enrique Torres Castaños ........................................................... 211 Sobre los autores ..............................................................................................................233 - 3 - A modo de presentación Gabriel Fernando Carini Universidad Nacional de Córdoba (UNC) Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Rocío Soledad Poggetti Universidad Nacional de Córdoba (UNC) Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Emanuel Barrera Calderón Universidad Nacional de Córdoba (UNC) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Estado, políticas públicas y asociaciones agrarias constituyen un tópico a partir del cual se ha estructurado buena parte de la comprensión del mundo rural en Argentina. Conocer los alcances de la acción estatal, las trayectorias de sus agentes, los diagnósticos de técnicos, las dinámicas asociativas de los productores o los posicionamientos de estos sujetos colectivos frente a los efectos (a veces contradictorios) de las políticas han sido y son dimensiones privilegiadas para comprender las complejas ruralidades presentes a lo largo del territorio argentino. En torno a esta agenda, el presente libro recupera una serie de discusiones en relación a las múltiples interrelaciones y condicionamientos que se concatenan y que proponen diferentes claves para desentrañar la compleja trama de relaciones que en diversas temporalidades y espacialidades se entretejen en el siempre heterogéneo mundo rural. En consecuencia, el libro se encuentra organizado a partir de núcleos temáticos, estrechamente vinculados entre sí, que procuran recuperar los - 5 - debates sustanciales en torno a cada uno de los componentes de la tríada. El primero reúne tres investigaciones que proponen distintos accesos para analizar la complejidad que supone la articulación de las diferentes agencias e instituciones estatales que inciden en el ámbito agrario y las dinámicas políticas que se estructuran en torno a ellas. De esta forma, Silvia Lázzaro en “¿Reforma agraria en Argentina? Entre el desarrollo rural y la modernización excluyente. Políticas, corporaciones y conflictividad social” propone una mirada por las iniciativas estatales en un período de creciente conflictividad como lo fue el que va desde finales de la década de 1950 e inicios de la de 1970. No obstante, esa mirada no es unidimensional sino que incorpora en la trama histórica tanto los consensos y disidencias que generaron estas propuestas como las prácticas políticas concretas que habilitaron y la discursividad que sobre las mismas los actores corporativos construyeron. Así, como resultado, se puede apreciar cómo en los procesos de medicación política entre gobiernos y corporaciones agrarias se le pasó a asignar, por parte de una parte significativa de los actores rurales, en particular pampeanos, una carga valorativa negativa a las acciones estatales que, en realidad, proponían una acción limitada en cuanto a una transformación de la estructura agraria. Es interesante observar cómo se cimentó históricamente, de esa forma, un sentido sobre lo rural que con matices pervive en la actualidad. A un período igualmente conflictivo, nos traslada el capítulo de Ignacio Sánchez “Reformadores del agro. Las instituciones científico-técnicas de la agricultura frente a la crisis azucarera tucumana 1960-1966”. En el marco de crisis de sobre producción azucarera, el autor da cuenta de la disputada construcción del campo agro-técnico reconstruyendo las lógicas institucionales de dos entidades arquetípicas vinculadas a la estructura estatal de la Provincia una y a la nacional otra. En esa dinámica, la presencia de sujetos que inciden no solo en las lógicas institucionales sino también en las decisiones sobre las políticas productivas se torna relevante para la comprensión de la estructuración no solo del campo sino también para las rupturas que su acción implica respecto al pasado. A similitud del capítulo de anterior, la construcción de imaginarios socio-técnicos anclados en la noción de modernización se pueden apreciar por medio de las propuestas de tecnificación orientadas a elevar los rendimientos sacarinos y la diversificación de cultivos. En este punto, los diagnósticos en torno a la estructura productiva de Tucumán, en particular sobre el rol del minifundio, se convierten en una dimensión que nos introduce al debate relativo a la reforma agraria. En esa línea, el capítulo de Enrique Schaller y Adrián Almirón “Reorganización agraria y expansión territorial: proyectos y realizaciones de la política de tierras de la provincia del Chaco - 6 - (1970-1983)” nos sitúa en la preocupación por la normalización de la tenencia de tierras. Aquí cobra centralidad la acción del Estado provincial que buscaba producir una modificación sustantiva de la estructura agraria en el espacio chaqueño. A pesar de que esa política puede considerarse exitosa en el sentido de que para el final del período analizado la mayor proporción de tierra se encontraba en manos privadas o en vías de ser transferida o bien se había incorporado de forma significativa a la producción, los autores muestran los vaivenes de la acción estatal. Es decir, nos alertan sobre procesos que no son lineales y donde más allá de la planificación o las intenciones de los agentes estatales intervienen un sinnúmero de factores que limitan los alcances de las políticas públicas. El segundo núcleo está compuesto por trabajo que abordan diferentes procesos de mediación política desarrollados por las asociaciones agrarias, reconociendo la permeabilidad del Estado ante las demandas de los diferentes actores agrarios, la trama de acuerdos y conflictos entre las asociaciones y la desigual capacidad que detentan para incidir en el contenido de las políticas públicas sectoriales. Así, el capítulo de Gabriel Grégoire titulado “Génesis de una relación tumultuosa. Los ganaderos frente a los primeros gobiernos peronistas, en el marco de la construcción de la Provincia de La Pampa (1946-1958)” propone un estudio por los posicionamientos políticos de una de las más relevantes entidades corporativas del espacio pampeano. El estudio propuesto nos permite observar al menos dos cuestiones. Por un lado, un proceso de complejización de los intereses socio-económicos pampeanos que se expresa institucionalmente no solo en la dinámica interna de la asociación empresaria que analiza el autor sino también en las que despliega por fuera y que la ponen en relación con otros actores regionales y nacionales. Por otro lado, emerge de esa lógica, una consideración sobre las prácticas políticas que estos actores implementan en diversas coyunturas políticas. En ese sentido, el recorrido que va desde la casi exclusividad de la interlocución política a un sistema político más amplio con la provicialización da cuenta de lógicas de acción que lejos de verse disminuidas se fortalecieron. María Celia Bravo en “La conflictividad cañera en perspectiva histórica, fines del siglo XIX-1990. A 50 años del Tucumanazo” nos ofrece un intenso derrotero de largo plazo donde se pueden apreciar no solo las permanencias sino, fundamentalmente, ciertas rupturas que se erigen como fundamentales para explicar el abigarrado universo cañero. Esos momentos van configurando demandas, prácticas y formas de comprensión de las problemáticas sectoriales que se canalizan de forma casi exclusiva (aunque no únicamente) en las instancias de alta performatividad política como las protestas. En ese sen- 7 - tido, el denominado Tucumanazo fue un caleidoscopio para indagar estas cuestiones pero también para observar la capacidad política de mediación del Estado provincial y nacional. Así, cobran centralidad en el capítulo tanto la mirada sobre problemas productivos estructurales presentes en el cultivo de caña como las identidades colectivas que se van conformando al calor de la disputa entre Estado, empresarios y cañeros. Las dimensiones inscriptas en la relación entre Estado y empresarios es recuperada por Vanesa Villarreal en “Burocracia estatal, gobiernos provinciales y empresarios del agronegocio (Córdoba, 1996-2016)”. Con el foco en los procesos de mediación política resultantes las negociaciones que se dan en el seno de la Legislatura de Córdoba, la autora propone observar cómo en las escalas subnacionales se construyó un aparato normativo que apuntaló y profundizó las prácticas socio-productivas implicadas en el agronegocio. Resulta interesante señalar la porosidad de las instituciones estatales, si bien es un aspecto que ha sido advertido por diferentes perspectivas sociales, no deja de ser necesarios estudios que aporten elementos concretos sobre cómo se desarrolla esa dinámica, en particular, sobre los mecanismos que el empresariado rural dispone para apuntalar sus intereses. Por último, el tercer núcleo problemático de este libro se vincula con los procesos de legitimación social y política de los modelos productivos. Los tres trabajos que se integran esta sección se ocupan de desentrañar diferentes imperativos del agronegocio, en particular, reconocen la capacidad de las asociaciones empresariales para incidir en su construcción. Como es sabido, la mediatización de prácticas productivas a través de medios masivos de comunicación constituye una herramienta eficaz para construir consensos en torno a prácticas productivas que terminan erigiéndose en una suerte de deber ser sobre lo rural. En esa clave el capítulo de Ignacio González Asis y Emanuel Barrera Calderón titulado “Tensiones en el campo agroambiental a partir del análisis del vector mediático del complejo de poder desarrollista agropecuario cordobés. Entre la pedagogía agrobiotecnológica y la construcción de la sustentabilidad empresarial”, advierte sobre cómo es tratada en la prensa cordobesa la conflictividad ambiental generada a partir de un contexto de profundización del agronegocio. A partir de un exhaustivo análisis, los autores develan los mecanismos discursivos que instrumenta el suplemento de masas y que por medio de la reiteración de ciertas operaciones discursivas refuerzan un sentido común sobre lo rural, en particular, sobre las consecuencias que tienen algunas de las prácticas agropecuarias. Seguidamente, Gabriel Fernando Carini en “Juventudes, agronegocios y asociaciones gremiales: dinámicas locales y redefinición de perfiles institucionales” se - 8 - interesa por las dinámicas internas de las asociaciones empresarias de corte gremial y procura observar las solidaridades que se construyeron con los actores asociados a la nueva institucionalidad agraria, tomando como centro las prácticas desplegadas por las juventudes que participaron en esos espacios institucionales. El trabajo es, asimismo, un ejemplo concreto sobre cómo penetración de las lógicas del agronegocio en espacios regionales y cómo un conjunto de saberes y prácticas se tornaron indispensables para el contexto productivo. Preocupaciones similares son las que también trabajan Joaquín Ambroggio y Enrique Torres Castaños en “Asociaciones técnicas y construcción de poder: la consolidación de AACREA en el norte de Córdoba”. En este caso, se focaliza en mecanismos de vinculación de entidades centradas en aspectos técnicos-organizativos, es decir, que se presentan en el espacio público como poseedoras de un perfil diferencial respecto a las tradicionales asociaciones gremiales y, por ende, sin pretensiones (aparentes) de asumir una representación política frente al Estado. A pesar de esta caracterización, bastante extendida, los autores develan las acciones tendientes a reforzar la condición hegemónica que estos actores construyeron sobre el territorio a partir de una batería de prácticas, representaciones y sentidos que los empresarios rurales desplegaron para generar consenso y legitimación social en espacios rurales en transformación. Finalmente, cabe advertir que, estas cuestiones recuperan parte de los resultados de trabajos presentados y discutidos en el marco del II Workshop Interuniversitario: La cuestión agraria en perspectiva Actores, procesos y políticas en debate (siglos XX y XXI) realizado en el campus de la Universidad Nacional de Córdoba entre los días 17 y 18 de octubre de 2019. Este evento constituye una iniciativa del proyecto de investigación “Estado, asociaciones agrarias y territorios en disputa: problemas, debates y dimensiones (Argentina, mediados del siglo XX a la actualidad)” dirigido por la Dra. Gabriela Olivera y radicado en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades ‘María Saleme de Burnicón’ de la Universidad Nacional de Córdoba y cada dos años reúne a investigadores y actores sociales a discutir problemáticas relevantes del pasado y el presente del mundo rural argentino. Como todo evento de este tipo, su realización fue producto de un conjunto de voluntades de instituciones y personas a las que es necesario reconocer. La Escuela de Historia, el Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y el Instituto de Investigaciones en Humanidades del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas prestigiaron el evento otorgándonos su aval académico. El Ministerio de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Provincia de Córdoba contribuyó con un subsi- 9 - dio que nos permitió resolver diversas cuestiones operativas de las jornadas. Manuel Coll (Nolo), una vez más, de forma desinteresada, diseñó la gráfica del encuentro y la tapa que ilustra este libro. Asimismo, queremos hacer extensivo nuestro agradecimiento a Juan Otero de Corintios 13 que se ocupó del diseño interior de nuestro libro. Este libro hubiese sido imposible sin el compromiso de los colegas que participaron del Workshop y que nos alientan a que nos encontremos en una próxima edición. - 10 - Reformadores del agro. Las instituciones científico-técnicas de la agricultura frente a la crisis azucarera tucumana 1960-1966 Ignacio Sanchez Instituto Superior de Estudios Sociales (ISES) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Introducción Las instituciones agro-técnicas acompañaron tempranamente la especialización azucarera de la provincia de Tucumán cumpliendo un rol fundamental en el mejoramiento de los cultivos y el combate de plagas. El modelo de Estación Experimental fundada por el gobierno provincial en 1906, con participación de industriales azucareros y grandes productores cañeros en su dirección, se mostró exitoso frente a la enfermedad de la caña conocida como “mosaico” que impactó a partir de 1915 disminuyendo la producción de azúcar al punto de requerir nuevamente de la importación para cubrir la demanda interna (Moyano, Campi & Lenis, 2001). El desarrollo local de la fitotecnia vinculada a centros de experimentación de otras áreas azucareras del mundo permitió el recambio de variedades para rehabilitar la productividad, de modo similar a lo actuado frente a la crisis de la plaga “carbón” que afectó los cultivos desde 1943. Sin embargo, ambas intervenciones fueron disimiles en cuanto a sus consecuencias sociales para el complejo productivo tucumano. El primer recambio varietal permitió una mayor expansión de los cañaverales en propiedad de los ingenios, en tanto el segundo, con apoyo del Estado nacional, afianzó la relevancia de los agricultores independientes como proveedores de caña, especialmente aquellos que sostenían pequeñas explotaciones. A pesar de la autonomía esgrimida por el criterio científico adoptado en cada ocasión, diferentes modos de intervención técnica estuvieron en discusión en el desenvolvimiento de la agricultura tucumana, debates - 11 - que se reanimaron en la segunda mitad del siglo XX en el marco de disputas regionales por el mercado azucarero y al calor de nuevas miradas sobre el desarrollo agrario. A partir de 1950 la creciente disputa por el mercado interno entre áreas de producción azucarera en el norte argentino contrastó los elevados rendimientos de Salta y Jujuy con los de Tucumán (Bustelo & Bravo, 2018). La mayor productividad del norte fue presentada como resultado de zafras eficientes realizadas por unos pocos ingenios con equipamiento tecnológico de avanzada, que se autoabastecían de materia prima; en tanto, el modelo tucumano con una masiva concurrencia del campesinado como proveedor de caña y un heterogéneo sector empresario, obtenía un promedio de rendimientos muy inferiores. En ese contexto, los diagnósticos técnicos revistieron singular relevancia para justificar las políticas a implementar. La supuesta asepsia del rol científico, no impidió que las propuestas de estos organismos repercutieran en los dilatados conflictos que confrontaron áreas de producción y en las tensiones entre los diversos actores intervinientes. Las transformaciones de la agricultura en la segunda posguerra, impulsadas por el desarrollo de la fitotecnia, el uso de fertilizantes, herbicidas y la mecanización de los trabajos agrarios, fueron representadas como una nueva tecnificación del campo que dio mayor legitimidad a los discursos de las entidades científicas del agro. En esa dirección, organismos internacionales y reparticiones gubernamentales promulgaron un reformulado concepto de “reforma agraria” orientado a modernizar las prácticas agrícolas (Lázzaro, 2008). Aumentar la productividad y disminuir los costos de producción con la implementación de tecnologías pasó a ser un imperativo por sobre los valores distributivos que impulsaban quienes reivindicaban desde principios de siglo la necesidad de reformas agrarias en favor de la pequeña propiedad contra los latifundios. Nos proponemos en el este trabajo reconstruir y analizar el rol desempeñado por las instituciones científicas vinculadas a la agricultura de Tucumán, en momentos de crisis de su principal actividad económica, durante la primera mitad de la década de 1960. En particular, la Estación Experimental Agrícola de Tucumán (EEAT) y el Centro Regional del Noroeste del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), considerando sus modos de interacción con los diferentes actores sociales (agricultores, industriales azucareros, trabajadores agrarios, gobierno nacional y provincial). En un primer apartado se caracterizará el devenir de la EEAT hasta comienzos de la década de 1960 y la puesta en funcionamiento de la Regional del INTA en Tucumán - 12 - durante esos años. Seguidamente, se abordan las manifestaciones a favor de la “modernización” de la agricultura por parte de organismos oficiales y los modos en que las entidades técnicas difundieron sus propuestas de tecnificación asociadas a elevar los rendimientos sacarinos y la diversificación de cultivos. En tercer lugar, se considera la campaña de las entidades técnicas en favor del mejoramiento de cultivos, las propuestas sobre la diversificación y el rol del minifundio, teniendo como contexto la política de reforma agraria impulsada por el gobierno provincial. Aludiendo finalmente a las reacciones de los técnicos frente a la crisis de sobreproducción que arrastró a la provincia a cercenar la participación de Tucumán en el mercado azucarero. Entidades técnicas del agro tucumano, un campo científico bajo presiones sectoriales La producción azucarera de Tucumán se expandió exponencialmente durante las últimas décadas del siglo XIX. La protección estatal dada por los aranceles aduaneros posibilitó que la provincia se constituyera como principal abastecedora del consumo interno, dado que sus costos de producción no permitían una competencia favorable con los azúcares provenientes del exterior (Guy, 2008). Desde la primera crisis de sobreproducción de 1895 la regulación estatal de la actividad se impuso como necesidad recurrente para mantener el azúcar a un precio redituable, ya sea reglando formas de financiamiento de la exportación del excedente o limitando la producción. Ese ordenamiento estatal, que algunos autores señalaron como propio de su condición de “industria artificial” o prebendaría, no inhibió la temprana creación de instituciones científicas para desarrollar la producción con criterios técnicos.1 Desde 1909 la Estación Experimental Agrícola de Tucumán (EEAT) prestó la asistencia profesional a la agroindustria, teniendo un papel destacado en dar solución a la plaga del “mosaico”, que diezmó los cañaverales en 1916 y 1917, impulsando el recambio de la caña criolla por la variedad Java de mayor resistencia. A pesar de la pretendida imparcialidad y autonomía propia del criterio científico adoptado por investigadores de prestigio de la EEAT, la renovación del cultivo favoreció el avance de la producción agraria perteneciente a los 1 Antecedentes de iniciativa en Tucumán para la formación de técnicos ya pueden encontrarse en la década de 1880 (Moyano, 2011). - 13 - industriales, reduciendo la participación de los agricultores independientes con menor capacidad de financiamiento para realizar el recambio varietal. No obstante, los cañeros se movilizaron corporativamente en la década de 1920 para elevar los precios de su producción y aumentar su participación en el rubro azucarero (Bravo, 2008). Desde el Laudo Alvear de 1928, las regulaciones estatales acentuaron el sentido social entre los fundamentos que justificaban la protección legislativa de la agroindustria por parte del Estado Nacional, reconociendo la legitimidad de los reclamos del sector agrario (Campi & Kingard, 2006). El Estado Nacional tuvo un rol creciente en la mediación de los conflictos intersectoriales que fueron desde la pretensión de concertación a un marcado tutelaje de la actividad, reglando la actividad en su conjunto (Bravo & Gutierrez, 2014). El paso de uno a otro modelo estuvo señalado por la respuesta frente a una nueva enfermedad de la caña, el “carbón”. Como apuntaba en 1945 en su evaluación de lo actuado el vicepresidente de la Comisión Nacional de Ayuda a los Plantadores de Caña: “a pesar del paralelismo entre las dos crisis, los efectos económicos para la industria fueron muy distintos, pues en 1916-1917 la crisis resultó ser verdaderamente desastrosa para estos, y también para muchos industriales, mientras que en 1943 la crisis fue conjurada sin mayores prejuicios para los plantadores. Esta diferencia se debe al hecho de que en la segunda crisis el Superior Gobierno de la Nación intervino para regularizar el empleo y la compra-venta de nuevas variedades”.2 La intervención estatal en la actividad durante el gobierno peronista generó una mayor distribución del rédito de la actividad e incrementó la producción azucarera, pero no pudo contener las aspiraciones sectoriales y las emergentes disputas regionales (Bustelo, 2015). El sistema de compensaciones sancionado en 1945 permitió transferir parte de los beneficios del rubro a quienes tenían mayor costo de producción, por lo general productores chicos e ingenios con un equipamiento de menor capacidad de molienda. Entre los fundamentos de tal sistema se encontraba la necesidad de mejorar la condición salarial de los trabajadores y ampliar sus servicios sociales. Organizados a partir de 1944 en la Federación de Trabajadores de la Industria Azucarera 2 Actas Comisión Nacional de Ayuda a los Plantadores, Informe Dr. William E. Cross, 1945. Conservada en el archivo del Instituto Superior en Estudios Sociales. - 14 - (FOTIA), los obreros de fábrica y trabajadores del surco (agrarios) realizaron sus reclamos a un Estado que se mostró receptivo a sus demandas (Gutiérrez, 2014). La reglamentación también favoreció a los productores cañeros nucleados en la Unión de Cañeros Independientes (UCIT), que durante el período expandieron el área de cultivo azucarero tanto como el número de plantadores (Bustelo, 2016). A comienzo de la década del cincuenta las dificultades que tal sistema de compensaciones acarreaba se hicieron patentes. El área sembrada con caña abarcó espacios que no tenían condiciones favorables para su cultivo, lo que redujo sus rendimientos e intensificó la exposición de los cañaverales a las condiciones climáticas, generando mayor amplitud en las variaciones de la cantidad de azúcar elaborada (Gaignard, 2011 [1964]). Además, la multiplicación de minúsculas explotaciones proveedoras de materia prima configuró un modo enrevesado de abastecimiento para las fábricas, percudiendo la calidad de la caña molida. La menor productividad del complejo agroindustrial tucumano frente al área salto-jujeña era evidente, como también lo era su conformación (Bustelo & Bravo, 2018). Siendo la principal provincia abastecedora de azúcar del país, Tucumán poseía 28 ingenios de capacidad de molienda disímil y en 1945 registraba 18.977 productores cañeros que aportaban más del 40% de la materia prima. Por el contrario, los 5 ingenios de Salta y Jujuy concentraban la producción agraria en sus propiedades. A pesar de los elevados rendimientos obtenidos por empresas como Ledesma (Jujuy), su producto tampoco conseguía competir favorablemente en el mercado internacional. De modo que ambos espacios precisaban el reguardo estatal para vender su producción y en adelante disputaron su participación en el mercado interno. En el marco del Segundo Plan Quinquenal el gobierno peronista estructuró en 1950 una política de “racionalización” de la agroindustria, con el objetivo de mejorar la productividad. Para ello se creó por decreto la Dirección Nacional de Azúcar, que se proponía avanzar en la orquestación del proceso productivo. El organismo estatal suprimió los subsidios y reformuló el sistema de compensaciones sujetando un acotado porcentaje del precio de la caña a su rendimiento sacarino, de modo de premiar el buen desempeño de los agricultores. Además, estructuró un sistema de coordinación del traslado de caña, definiendo áreas y tiempos de entrega de la materia prima a fines de impedir su estacionamiento que afectaba su valor sacarino. Las asociaciones que representaban a los factores azucareros tucumanos se opusieron sistemáticamente a los regímenes anuales sancionados - 15 - por la Dirección Nacional de Azúcar. UCIT reclamó cada año para elevar el precio fijado, buscando acentuar el precio diferencial respecto del área salto-jujeña en razón de sus menores costos de producción. Hasta 1954 encontraron respuestas favorables a sus peticiones, pero ese año el Ministerio de Industria y Comercio cambió la pauta de relación al establecer un precio uniforme de la materia prima para todo el país y fijar una reducción paulatina de las compensaciones. Los industriales de Tucumán nucleados en el Centro Azucarero Regional de Tucumán (CART) y UCIT cuestionaron la nueva resolución, por considerar que afectaba directamente la economía provincial. Por el contrario, los industriales de Salta y Jujuy prestaron su apoyo a la resolución juzgándola como un verdadero avance que permitiría acabar con el trato diferencial dado a su mayor eficiencia productiva. La presión ejercida por los tucumanos consiguió derogar la pauta, pero la confrontación entre zonas productivas se hizo explícita en las declaraciones públicas de las asociaciones. Luego del golpe de estado de septiembre de 1955 el gobierno de facto cuestionó sistemáticamente la política azucarera, que consideraba una expresión del “intervencionismo” estatal del “régimen depuesto” y causa responsable del atraso industrial y el deterioro de los cultivos. Sin embargo, resultaba evidente que desmontar la regulación de la actividad conllevaba costos sociales demasiado altos, por lo que las tentativas fueron provisorias. En los hechos, las empresas del norte dejaron de aportar los fondos para el pago de compensaciones, generando el endeudamiento de los ingenios tucumanos con las entidades de crédito oficiales que precipitó su crisis (Bravo, 2017). En ese contexto de disputas interregionales, los técnicos agrícolas tuvieron un rol central en diagnosticar la situación y proponer soluciones. Sus aportes no eludieron las polémicas del momento. Los debates sobre el rol que debía cumplir la EEAT y el perfil de sus técnicos se habían hecho públicos desde los primeros años del gobierno peronista. La institución fue intervenida en 1946 por el gobierno provincial, con pretensiones de reformar su estructura organizacional y dar mayor participación a técnicos locales.3 A pesar de aprobar un nuevo estatuto en 1948 su dirección prosiguió bajo la esfera del ejecutivo provincial en la década siguiente. En diciembre de 1955 el Ministro de Hacienda de la intervención provincial, que ejercía como 3 El acceso a la legislatura provincial de dirigentes obreros, así como los discursos de filiación peronista que exaltaban la soberanía nacional y la distribución económica como valores de gobierno, realzaban los cuestionamientos a los técnicos de origen extranjero que conducían la EEAT, y la preminencia que tenían en su dirección los industriales y grandes cañeros. - 16 - ministro de Agricultura, Obra Pública e Industria, ofreció a William Cross su reincorporación a la Estación Experimental, dando a ese ofrecimiento un sentido reparador con quien había ejercido su dirección durante treinta años hasta ser desplazado por la intervención. Al conocer esa noticia el personal técnico de la EEAT declaró que de ser aceptada tal propuesta renunciaría colectivamente, aduciendo que la ciencia agrícola había cambiado lo suficiente como para no retrotraer el organismo a su anterior estructura. Declaraban a la prensa que “el mismo elenco directivo del año 1910 sobrevivía en 1946. No se registró ningún desdoblamiento, ni la creación de secciones; no se incorporó ningún especialista nuevo, ningún discípulo formado durante un cuarto de siglo, siendo excluidos los técnicos argentinos.”4 Las disputa entre modelos científicos y actualización de las disciplinas se presenta en primer lugar en los argumentos de la nota, pero es posible reconocer también una crítica a la matriz fundacional de la institución. La Estación Experimental privilegió desde sus inicios la incorporación de científicos de renombre ajenos a la provincia, cuyo modelo representaba la figura de William Cross, quienes sostenían una relación directa con los propietarios de ingenios y grandes cañeros representados en el Consejo Directivo de la entidad. La reacción del personal de la institución parece haber disuadido a Cross de reintegrarse al cargo, aunque no se privó de elevar al gobierno sus sugerencias para “restaurar a la Estación Experimental la importancia y eficacia qué tenía”.5 Proponía en ese documento una serie de reformas en el organigrama enfatizando la necesidad de autonomía y autarquía de la institución, tanto como la necesaria participación en el directorio de tres industriales y dos agricultores. A mediados de 1956 el gobierno designó como Director Técnico de la EEAT el ingeniero agrónomo Roberto Fernández de Ullivarri.6 En su anuncio del plan de gestión realizado a la prensa no refirió a posibles cambios en la estructura organizativa de la entidad sino a la determinación de contribuir con “todos los factores que componen la economía agraria” en la solución 4 La Gaceta, 6 de diciembre 1955, pág 2. Firmaban la nota Heredia, jefe de Extensión y Fomento Agrícola e interventor interino; Guillermo Gallo Mendoza; José Argentino Gómez, Leopoldo Berretta, Alejandro Lerner, José P. Luque, Victorio Segundo Trippi, José Aldo Casal, Ramón Zuccardi, Victor Hensy, Pedro G. Mendoza, M. R. Cáceres, Angel C. Cardozo, Jorge Troll Pubes, Victor L. E. Taboada, Julio Martín Aguilar, Carlos A Ladetto y los ayudantes Técnicos de las secciones Entomología y Fruticultura. 5 Nota reproducida en revista La Industria Azucarera, Tucumán, nº 759, enero 1957, pp. 16-18 6 Ingeniero Agrónomo recibido en la Universidad de La Plata, desde 1946 dirigió la Estación Experimental de Villa Alberdi (Tucumán), dependiente del Ministerio de Agricultura de la Nación. En 1949 renunció a su cargo para incorporarse al sector privado como director de la Chacra Experimental Santa Rosa (Oran, Salta) financiada por los ingenios de Salta y Jujuy. - 17 - de los problemas de la provincia vinculados a la industria azucarera. Afirmó que “si Tucumán quiere mantenerse como zona productora, su único camino será la implantación de un sistema de pago de la caña por rendimiento individual”.7 Con esa declaración se posicionaba en el centro del debate sostenido por el sector cañero frente al régimen azucaros sancionadas anualmente. Su discurso avanzaba en propuestas para elevar los rendimientos, con el cambio de variedades de caña y evitando el estacionamiento de la materia prima en los ingenios para moler exclusivamente caña fresca. Esas últimas consideraciones repartían las responsabilidades entre los factores que a su juicio debían contribuir para incrementar la productividad: cañeros e industriales. En declaraciones posteriores dirigió sus cuestionamientos al sistema de compensaciones, al que consideraba generador de vicios “antieconómico”, por fomentar en los agricultores malas cosechas y alentar en las fábricas grandes moliendas con escasa producción de azúcar.8 La creación a fines de 1956 del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) por el Ejecutivo Nacional generó un nuevo organismo para promover la implementación de avances científicos y técnicos en el desarrollo de la agricultura (Losada, 2003). El decreto fundante estipulaba la creación de Centros Regionales que permitieran tanto desplegar sus actividades de extensión e investigación por todo el territorio nacional como la coordinación por convenio con entidades que persigan objetivos afines.9 A comienzos de 1958 se designó a Roberto Fernández Ullivarri como Director del Centro Regional del Noroeste Argentino del INTA, la jurisdicción con sede central en Tucumán comprendía las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca y Santiago del Estero, cuyo patrimonio estaría constituido en principio por las Estaciones Experimentales dependientes del Ministerio de Agricultura de la Nación.10 El director fue relevado en la EEAT por el agrónomo Erbio Braga- 7 Revista La Industria Azucarera, nº753, Tucumán, Julio de 1956. Pp.375-377. 8 Fernández Ullivarri, Roberto, “Rendimientos fabriles decrecientes en la industria azucarera tucumana” Conferencia pronunciada el 23 de agosto de 1957 en la Facultad de Ciencias Económicas. Inédito. Copia conservada en el Archivo del Congreso de la Nación, Caja 19, Expte. 1349-P-1958. F.24 9 Boletín Oficial de la República Argentina, 10 de diciembre de 1956, pp. 1-2. Consultado en: https://inta.gob.ar/documentos/boletin-oficial-creacion-del-inta 10 Guía del personal técnico y de jurisdicciones de dependencias del INTA. Segundo semestre, 1961. Pp. 83-103. Para ese año existían en la regional con 7 Estaciones Experimentales, 9 Agencias de Extención Agropecuaria y 2 agencias de formento agropecuario. - 18 - dín, quien se refirió al momento de asumir el cargo a la necesidad de ejercer sus funciones en colaboración con el INTA.11 Ambas instituciones técnicas tuvieron un rol destacado en legitimar la necesidad de “modernizar” los procedimientos de producción de bienes agropecuarios. Discurso adoptado por el gobierno desarrollista del radicalismo, que tuvo su representación provincial en Celestino Gelsi, quien declaró esa pretensión a la prensa poco antes de asumir: “la reforma agraria a encarar no debe ser una mera parcelación de tierra”.12 Este ideario se asentó con la posterior definición de reforma agraria elaborada por los representantes de la Organización Estados Americanos (OEA) en la Conferencia de Punta del Este de 1961, para la implementación del programa de ayuda económica de Estados Unidos para América Latina denominado Alianza por el Progreso. Las afinidades discursivas entre el gobierno y las entidades científico-técnicas en torno a las necesidades de transformar la agricultura asentaron la legitimidad de los fines, pero en la práctica las actuaciones de estas instancias fueron divergentes. A pesar de la declara autonomía de la EEAT, el desenvolvimiento de los técnicos no era ajeno a las presiones sectoriales y del gobierno provincial, como puede apreciarse en los resultados disimiles de su desempeño ante las principales plagas de la caña y los conflictos generados por su intervención. La creación de la regional del INTA habilitó una nueva locución técnica con mayor independencia de los factores locales, pero no exenta de conflictos. 11 Revista Industria Azucarera, febrero 1958, pág. 28. El ingeniero agrónomo Erbio A. Bragadín fue confirmado en su cargo de Director Técnico de la EEAT luego de que la nueva legislación provincial de noviembre de 1959 devuelva la autarquía a la institución, reformando el directorio para dar nuevamente participación directa de industriales y cañeros. Fogliata, Franco Augusto, La Estación Experimental Agrícola de Tucumán, entre 1960 y 1975. Vivencias del autor, Tucumán, 2011. pp.139-151. 12 Diario Noticias, 1 de abril de 1958. Adscripto al Unión Cívica Radical Intransigente, Gelsi había sido uno de los firmantes del programa de Avellaneda de 1945 que declaraba la necesidad de una reforma agraria inmediata y profunda, pero del mismo modo que su dirigente Arturo Frondizi, fue transitando hacia la concepción que identificaba el atraso de la estructura agraria, no en la necesidad de subdivisión de la tierra, sino en la falta de formas capitalistas avanzadas de producción, lo que requería incorporación de capitales y tecnología. Lázzaro, Silvia B. “Reforma Agraria y práctica política en el contexto del desarrollo y la modernización, Argentina, 1955-1975.” En: América Latina Historia Económica, Sep-dic.,2017. Pp. 193-223. DOI: 10.18232/alhe.v24i3.834 - 19 - Tecnificar la agricultura como solución a la crisis azucarera: productividad y diversificación como imperativos Efectivamente ambas instituciones técnicas tuvieron instancias de colaboración pero sus modos de funcionamiento e intervención fueron notablemente diferenciados. Una larga trayectoria marcaba a la EEAT un estilo de colaboración con el gobierno provincial y con representantes de los factores productivos más encumbrados; mientras que, dependiente de instancias nacionales y con una estructura centralizada, la regional del INTA estuvo dispuesta a cuestionar las medidas estatales y el desempeño de los factores productivos. Siguiendo el mandato extensionista de su carta fundacional, la nueva regional de la institución realizó intentos de articular sus propuestas con los productores agrarios, pero sin tener un buen entendimiento con las entidades que los nucleaban, su inserción en el territorio fue limitada. En mayor medida, su impacto estuvo dado por el prestigio de sus investigaciones y por la difusión mediática de sus propuestas. En los documentos de la regional del INTA, firmados por su director, se realizaron diversos diagnósticos de la crisis azucarera provincial sugiriendo políticas a adoptar para revertirla. Su reproducción de forma sintética en la prensa provincial dio mayor difusión a estas intervenciones públicas que en diversas ocasiones resultaron polémicas. Por ejemplo, en 1960 frente a la crítica situación desatada por la sobreproducción de 1958 y 1959, el director del Centro Regional recomendaba dejar de moler el 30% de la caña cultivada.13 La limitación de la zafra era una medida resistida por los plantadores y los trabajadores agrarios, por lo que ese tipo opiniones despojada de consideraciones sociales alejaba de entidad técnica de los gremios. No obstante, el documento contenía otras propuestas que podía suscitar mayor consenso entre los actores locales. Juzgaba como una de las causas de la crisis las restricciones de crédito, situación denunciada tanto por UCIT como por los industriales nucleados en CART. Ante la imposibilidad de exportar el stock acumulado, el INTA proponía descongestionar el mercado con la compra de 200.000 tn. por parte del Estado al precio de comercialización interna, “tal como se hacía con los cereales del área pampeana”.14 Esa afirmación desmentía el supuesto trato excepcional que recibía la industria azucarera nacional, axioma que proliferó entre los críticos de la intervención estatal en el rubro. 13 La Gaceta, 1 de abril 1960. 14 La Gaceta, 1 de abril de 1960. - 20 - Fernández Ullivarri argumentó reiteradas veces en favor del apoyo estatal a la producción azucarera que consideró fundamental para el desarrollo de la región noroeste, sin dejar de realizar críticas e insistir en la necesidad incrementar su eficiencia y propiciar una verdadera diversificación productiva. En el contexto de sobreproducción azucarera el gobierno provincial enfatizó en los discursos oficiales sus pretensiones de diversificar la producción agrícola. En tal sentido, las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería participaron activamente en las IX Jornadas Citrícolas Argentinas, organizadas por el INTA y realizadas en las instalaciones de la EEAT, en la que discurrieron sobre la necesidad de tecnificar y diversificar la agricultura.15 Sin embargo, debían reconocer que la producción agrícola en segundo orden de importancia para la economía provincial también atravesaba severas dificultades. Los cítricos presentaban la enfermedad de la raicilla, denominada también la “tristeza de limón”, que afectó la productividad del citrus sobre injerto durante esos años, hasta que consiguió realizar el replante. Sobrellevar esa situación requería de asistencia técnica, en la que los funcionarios depositaron las mejores expectativas durante la jornada. En diversas instancias los funcionarios del gobierno requirieron la contribución de los técnicos pero esta necesidad no se expresó en la ejecución de proyectos comunes entre las entidades técnicas y la Secretaría de Agricultura y Ganadería, sino en cierto desafío que condicionó el desarrollo de propuestas alternativas. Mostrando su iniciativa, la repartición gubernamental encargada del agro organizó una reunión por la diversificación con agricultores y representantes de UCIT, en la que declaró la necesidad de remodelar los sistemas de riego para favorecer el cultivo de oleaginosas y su intención de poner en funcionamientos plantas de procesamiento de los cultivos como aceiteras.16 También propició reuniones con diferentes cooperativas del sur de la provincia, productoras de arroz, tabaco y maní en la que el secretario de agricultura manifestó su apoyo y promulgó su compromiso en favor de la diversificación.17 No obstante, en mayo de 1961, a tres años de iniciado el gobierno de Celestino Gelsi, el director de la regional del INTA juzgó que la tan proclamada diversificación del agro no había alcanzado gran magnitud.18 15 La Gaceta, 28 de abril de 1960. 16 La Gaceta, 3 de mayo 1960. 17 La Gaceta, 27 de mayo 1960. 18 La Gaceta, 1 de abril de 1961. - 21 - En relación al cultivo de tabaco y algodón señaló las dificultades de su comercialización, mientras que para el maní y el girasol, considerados una gran promesa para el departamento de Burruyacú, manifestó que efectivamente cobrarían mayor impulso con la edificación de plantas de procesamiento. En cuanto a la enfermedad del cítrico, remarcaba la necesidad de brindar asistencia técnica para que los agricultores puedan elevar la productividad. Este punto lo devolvía al cultivo la caña de azúcar y su insistente recomendación de elevar los rendimientos sacarinos tecnificando las prácticas culturales. Por su parte, la EEAT dio muestras de su mayor predisposición a colaborar con el proyecto gubernamental, publicando en agosto de 1961 un informe sobre los cultivos más propicios para cada zona.19 El estudio reconocía que evitar el monocultivo había sido una de las preocupaciones centrales de la institución pero sus propuestas habían fracasado frente a la expansión de la caña. La crítica situación de la agricultura hacía imperioso avanzar con la diversificación aun cuando el informe asumía que el cultivo azucarero seguiría siendo fundamental para la economía provincial. Por tal motivo, también consideraba necesario apuntalar su desenvolvimiento. Con ese objetivo la regional del INTA junto a la EEAT patrocinaron las Jornadas de Caña de Azúcar, que tuvieron por lema “Tucumán puede producir 4.000 kilos de azúcar por hectárea”. Con amplia convocatoria entre los técnicos, representantes del gobierno provincial y la presencia de agricultores, las temáticas abordaron distintos aspectos asociados a la tecnificación agrícola, como la profundidad de los cultivos, el uso de herbicidas, abonos, variedades más aptas, mecanización del cultivo y cosecha y ordenamiento de la zafra. En su discurso de cierre, Oscar de la Fuente, importante productor cañero elegido presidente de las jornadas, exaltó su confianza en la ciencia y la técnica, elevando su misión a un tono profético: “hemos de creer en estos hombres que viven para lo indeclinable, pujante y también silenciosa aventura del pensamiento que impela a los hombres mediante la verdad demostrada hacia los más altos horizontes del progreso”.20 Desde su columna sobre agricultura en el diario La Gaceta el agrónomo José Donato se mostraba menos optimista respecto del desempeño de la ciencia agrícola en la cuestión azucarera. Afirmó su pleno acuerdo con los 19 Estación Experimental Agrícola de Tucumán, Cultivos posibles en Tucumán, orientaciones para diversificar la producción agrícola, Miscelánea N°8, agosto 1961. 20 La Gaceta, 6 de mayo 1961. Oscar de la Fuente sería a partir del año siguiente quien presidiría por más de una década un nuevo sindicato cañero, representante de los productores más grandes, el Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán (CACTU). - 22 - propósitos técnicos de la reunión pero recordaba que las dificultades se encontraban en los aspectos sociales, escasamente mencionados en el encuentro.21 De hecho, la crítica situación cañera impulsó semanas después a una masiva movilización agraria que ocupó la capital (Bravo, 2020). Pero aun en esas circunstancias de agitación cañera, las evaluaciones técnicas del INTA no mostraron especial consideración por el reclamo sectorial, y exhibieron su concepción de la práctica científica desligada del conflicto social. Las declaraciones del director de la regional calificaron la zafra en curso como una de las peores, principalmente por las tempranas heladas pero también por causa de no haber iniciado a tiempo debido a la medida de fuerza de los agricultores. 22 Ese oscuro pronóstico servía de argumento para abogar por una “zafra orgánica”, que refería a extremar la coordinación entre los factores productivos para elevar los rendimientos, cuya responsabilidad Ullivarri adjudicaba no solo al Estado sino a todos los productores. La intervención provincial designada a partir de marzo de 1962 impulsó una nueva iniciativa dirigida a un punto resonante de la tecnificación del cultivo de la caña.23 El Secretario de Agricultura y Ganadería convocó a las entidades técnicas y gremiales a una mesa redonda sobre la mecanización de la caña de azúcar. En la reunión se puso en cuestión el uso de cosechadoras y se anunció el próximo funcionamiento de 25 de estas máquinas en la provincia, anhelando como horizonte el desarrollo de la zafra mecanizada de Luisiana (EEUU) que contaba con 800. Uno de los técnicos participantes opinó que en Tucumán no era lo fundamental mecanizar, antes era preciso racionalizar la zafra, especialmente el transporte, para que los ingenios puedan moler caña fresca.24 Aun con horizontes compartidos, los modos de “tecnificar” o “racionalizar” se mostraban divergentes en cuanto a prioridades y formas de implementación, generando disputas entre las entidades técnicas y los representantes de reparticiones gubernamentales. En representación de los agricultores Martínez Navarro, por entonces presidente de UCIT, mostró mayor conformidad con el propósito del encuentro: “debemos facilitar que se haga la experiencia de cosecha mecanizada, no podemos trabar ese progreso pero no debemos dejar de reglamentar la molienda de caña quemada. 21 La Gaceta, 8 de mayo 1961. 22 La Gaceta, 21 de junio 1961. 23 La Gaceta, 28 de marzo de 1962 24 Carlos M. Guerrineau, a cargo de la sección caña de azúcar de la EEAT, opinó que antes de mecanizar era preciso resolver cuales eran las variedades no aptas y avanzar en el uso de fertilizantes. - 23 - Que los técnicos digan cuales son las diferencias advertibles en costos”.25 Exhibía con esa intervención su expectativa por los avances tecnológicos que prometían desligar a los plantadores de la contratación masiva de mano de obra, pero no dejó de enfatizar una dirección recurrente de los reclamos del sector que representaba: “debemos llevar la relación cañero-industrial a los poderes públicos”. La mayor preocupación estuvo en el sector del trabajo, según se advertía en las jornadas era preciso un “proceso gradual” en la mecanización para evitar el desastre social. En adelante, los sindicatos manifestaron su preocupación ante el tema pero el uso de cosechadoras no se extendió en los campos tucumanos durante esos años.26 A fines de 1962 un nuevo estudio del INTA a cargo de su director, informaba sobre la pérdida de sacarosa en los ingenios tucumanos, mostrando que los años de mayor rendimiento sacarino de la caña, generadores de la sobreproducción de 1959, fueron los de mayor pérdida en las fábricas. En esa oportunidad el estudio enfatizaba la responsabilidad de los industriales en la merma de los rendimientos, aun cuando su conclusión continuaba reafirmando la necesidad de mejorar la relación cañero-fabril y apelaba nuevamente a la “honestidad” de los factores productivos.27 Los industriales de CAR no tardaron en responder con una solicitada a lo que consideraron un agravio.28 En ella acusaba al director del INTA de parcialidad en su análisis, juzgando que ejercía “una campaña sistemática de un tiempo a esta parte para desprestigiar a la industria azucarera tucumana”, por lo que solicitaban publicar los mismos datos de todos los ingenios de la región que su repartición estatal tenía asignada. Fernández Ullivarri contestó publicando la comparación de las pérdidas de sacarosa de los restantes ingenios del país y afirmó que sus estudios no pretendían desprestigiar sino señalar aspectos a mejorar.29 A pesar de argüir la objetividad de los datos, sus evaluaciones del funcionamiento no podían más que tensar la relación del técnico con los factores productivos cuyos intereses estaban disputándose en el devenir de la crisis. 25 La Gaceta, 28 de marzo de 1962. 26 La Gaceta, 4 de enero de 1963. Sindicatos del surco de la zona del Manantial advierten efectos que puede tener la mecanización sobre la mano de obra. Puntualizan que en Ojo de Agua la firma Hill-Terán y Cía. no contrató trabajadores para el cultivo, en tanto la firma Zavalía Matienzo poseedora de elementos mecánicos desplazó gente. 27 La Gaceta, 30 de diciembre de 1962. 28 La Gaceta, 6 de enero 1963. 29 La Gaceta, 27 de febrero de 1963. - 24 - Reforma agraria y mejoramiento de cultivos antes del colapso El nuevo gobierno democrático en la provincia iniciado en octubre de 1963, quedó en manos del representante de la UCR del Pueblo, Lázaro Barbieri, quien contaba con una larga trayectoria en el ámbito académico. En su función de director del Instituto de Investigaciones Pedagógicas y Sociales del Departamento de Extensión Universitaria trabó lazo directo con la propuesta de reforma agraria promovidas por la Alianza para el Progreso en la región. Meses antes de asumir como gobernador, había coordinado en representación de la universidad el relevamiento sobre tenencia de la tierra propuesto por el Comité Interamericano del Desarrollo Agrícola.30 En sintonía con el ideario de estos organismos internacionales, Barbieri anunció al inicio de su mandato la decisión de implementar la reforma agraria, conformando un ente gubernamental encargado de dirigir tal proceso e incorporando a la producción propiedades fiscales distribuidas entre los productores para ser explotadas en modo cooperativo.31 De manera que los nuevos sentidos de “reforma agraria” ligados a la tecnificación de los cultivos, la regularización de la tenencia con entrega de títulos de propiedad y a la promoción de cooperativas de producción ganaron lugar en los discursos de gobierno. Los resultados de la zafra de 1963 fueron excepcionalmente positivos tanto por sus buenos rendimientos como por la especial oportunidad para la comercialización del producto, dado que el alza del precio internacional del azúcar permitió una colocación ventajosa en el mercado internacional. La campaña de las entidades técnicas por elevar los rendimientos sacarinos de la caña se había intensificado durante ese año en que los cruzamientos comenzaron a arrojar mejores resultados. Quien estaba a cargo de la sección caña de azúcar de EEAT, Carlos María Guerrineau, precisó que en general se requerían por lo menos ocho años para obtener una variedad de caña acorde a la zona productora pero se tenía claros avances en conseguir algunas de maduración temprana y alto rinde sacarino como la CP 48-103.32 Trazando un recorrido de los trabajos de mejoramiento genético de la caña realizados en la institución, Guerrineau señaló que estos fueron retomados en 1956 y se incrementaron en 1962 con la incorporación del agrónomo Elías D. Paliatseas de la Universidad de Baton Rouge de Luisiana (EEUU) como supervisor de 30 La Gaceta, 5 de julio de 1963. 31 La Gaceta, 4 de julio de 1963. 32 La Gaceta, 15 de julio de 1963. - 25 - cultivo de la Estación, quien desarrolló su tarea en colaboración con el INTA y la Estación Experimental Colonia Santa Rosa.33 En lo sucesivo, la EEAT recomendó las variedades más aptas para la provincia, anunció la disponibilidad de semillas y realizó pruebas en tierras de cañeros e industriales de modo que su articulación con estos actores se dio por las vías convencionales.34 Simultáneamente, el INTA presentó como demostración de las posibilidades abiertas por el mejoramiento de cultivos los resultados de las pruebas realizadas en la Estación Experimental de Villa Alberdi, en que la molienda de seis toneladas de la variedad recomendada habían alcanzado rendimientos de 8,58, mientras que en años previos se obtuvo un promedio de 6,40. Esa experiencia era exhibida como la muestra de que Tucumán podía elevar sus rendimientos fabriles sin necesidad de invertir gran cantidad de capitales, bastaba con mejorar la organización de la cosecha y realizar el cultivo de variedades adecuadas. El documento publicado interpelaba nuevamente a los actores involucrados: “el cambio solo puede lograrse mediante la educación del sector cañero, sector industrial y los legisladores”.35 Con tal propósito el INTA realizó reuniones con los agricultores, dirigidas a cambiar las prácticas culturales, recomendando abonar la caña con diferentes productos nitrogenados, tal como explicaron los técnicos a los cañeros convocados en la agencia de extensión del INTA en la ciudad de Monteros.36 Aun reconociendo que “la zafra que está por terminar significa un gran alivio para la economía tucumana”, el director del INTA no dejaba de insistir en la necesidad de mejorar las prácticas de cultivo y terminar con las antiguas variedades ya superadas, recomendando tres nuevas que se sumaban a las ya señaladas por la EEAT.37 A diferencia de la EEAT, las propuestas del director del Centro Regional del INTA iban más allá de la promoción. En esta oportunidad, nuevamente remitió sus sugerencias a los poderes públicos. Luego de conocer el anuncio del Banco Nación de aumentar los créditos para la renovación de cultivos, 33 La Gaceta, 29 de septiembre de 1963. La aplicación de la técnica de fisiología vegetal denominada fotoperiodismo, que permite la inducción de la floración con fines genéticos se había iniciado en 1960 y sus resultados se evidenciaron en 1963 en que se produjo la primera gran floración. Fogliata, Franco A., La Estación… p.33. 34 La Gaceta, 4 de agosto y 15 de diciembre de 1963. 35 Noticias, 15 de agosto de 1963. 36 La Gaceta, 11 de febrero de 1964. 37 Noticias, 9 de noviembre 1963. Las variedades recomendadas eran las CP 48/103, CP 34/120, NCo 310 y las nuevas NA 56/30, NA 56/79 y Tuc 56/19. - 26 - aconsejaba que estos estén sujetos al compromiso de sembrar las variedades señaladas.38 Reiterando también en esa oportunidad su convicción de que debía establecerse un marco legal que premie el buen desempeño.39 En tal sentido, propuso condicionar el crédito a la productividad, medida en cantidad de caña por hectárea. Incluso, inició gestiones tendientes a conseguir la prohibición de tres variedades por considerar que no alcanzaban un mínimo aceptable de contenido sacarino, lo cual según su opinión debía facultar a los ingenios para rechazarlas.40 El ingeniero agrónomo hacía uso de su reputación como técnico en el medio para incidir en el marco legal en búsqueda de ajustar con mayor celeridad las prácticas agrícolas a sus criterios científicos. Ese modo de proceder tendía a desconsiderar las posibilidades y concepciones de los actores involucrados en la producción agraria. Frente a la iniciativa del INTA para prohibir la entrega de algunas variedades la respuesta del principal gremio cañero fue un abierto repudio. Según consideraba UCIT: “un ente técnico que debería estar al servicio de los productores no puede afirmar con tanta ligereza que el sector cañero independiente demora en eliminar las variedades, ya que no existe ningún censo que muestre esa afirmación”.41 Asumiendo las reglas del criterio técnico, el gremio cuestionaba los fundamentos científicos que deberían regir la postura del organismo. Exigía además que se exhibiera las variedades utilizadas en las plantaciones de ingenios, sugiriendo con este pedido que la responsabilidad en los tiempos del recambio varietal no era exclusividad de los agricultores independientes. Con el mismo sentido crítico, pero abriendo el cuestionamiento a una perspectiva social, el agrónomo José Donato recordaba en su columna que la prohibición debía estar ligada a las plagas y que el recambio varietal debía contar con estudios por zonas además de una política de créditos para el replante.42 Para el comentarista del diario, revestía mayor preocupación el avance inusitado del área cañera, pese la declamada campaña por la diversificación agrícola.43 Apuntaba en su artículo la necesidad de 38 La Gaceta, 2 de noviembre 1963. 39 La Gaceta, 19 de diciembre 1963. A comienzo del año siguiente el director de la Regional del INTA reconoció las dificultades en la determinación de los rendimientos, por lo que sugería que los cañeros debían tener sus propios veedores para no someterse en este punto a los industriales. La Gaceta, 3 de enero de 1964. 40 La Gaceta, 5 de enero y 1 de marzo de 1964. 41 La Gaceta, 6 de marzo de 1964. 42 La Gaceta, 8 de marzo de 1964. Recordando el lema de la universidad cuestionaba “se debe tener los pies en el suelo y la mirada en el cielo” 43 La Gaceta, 26 de enero de 1964. - 27 - una mejor planificación para propiciar el sembrado de otros cultivos, coincidiendo en ese punto con la nota que el director de la regional del INTA había entregado al gobernador.44 Las autoridades UCIT entrevistaron a Fernández Ullivarri para debatir en torno a su propuesta de prohibición de variedades pero las relaciones entre el gremio cañero y la entidad técnica continuaron tensas durante esos años sin alcanzar instancias de colaboración. No obstante, el INTA emprendió diversos intentos de acercar sus propuestas a los agricultores por fuera de su representación gremial. A inicios de 1964 realizó una consulta a los productores en relación al modo que consideraban más pertinente para elevar los rendimientos.45 También se creó en la ciudad de Monteros un comité de agricultores auspiciado por el INTA y se realizaron cursos de asesoramiento a cañeros.46 De modo similar, se propició la organización de los cultivadores en Alpachiri (localidad próxima a la ciudad de Concepción) al que asistieron representantes del INTA y las nuevas autoridades de la EEAT.47 Estás iniciativas, con relativo éxito en relación a los fines extensionistas de la entidad, tenían un alcance limitado en cuanto a la pretensión de transformar la producción agrícola de la provincia como respuesta a la crítica situación diagnosticada. Sin alcanzar la colaboración de las organizaciones que representaban a los factores productivos involucrados, sus propuestas eran dirigidas a instancias de gobierno, con el que tampoco forjó durante esos años canales formales de diálogo. El gobierno provincial había diseñado su propio programa para las reformas y el nacional respondía de manera oscilante a las demandas sectoriales y las presiones regionales. Por entonces la articulación más próspera del INTA estuvo dada con las entidades técnicas de la región, especialmente con la EEAT y la Colonia Experimental Santa Rosa. Si bien respondían a diferentes directivas, sostenían proyectos afines y las trayectorias de algunos de sus profesionales se entrecruzaban. Tal como sucedió ese año con la designación de nuevo Director Técnico de EEAT. Después de nueve meses de vacancia del cargo y respondiendo favorablemente al pedido de la asociación que nucleó a grandes 44 La Gaceta, 27 de diciembre de 1963. Fernández Ullivarri cuestionó que los planes de diversificación no se asentaban en bases sólidas por no considerar la adaptabilidad e intensidad de los cultivos, ni la relevancia de los precios y los beneficios obtenidos. 45 La Gaceta, 26 de enero 1964. 46 La Gaceta, 16 de febrero y 12 de marzo de 1964. 47 La Gaceta, 02 de mayo de 1964. Se anunciaba una reunión similar en la localidad de Los Sosa, cercana a Monteros. - 28 - productores cañeros CACTU, el Ejecutivo provincial designó al ingeniero agrónomo José Ploper, quien formaba parte del plantel técnico de la regional del INTA especializado en mejoramiento hortícola.48 En su discurso de asunción aludió a la imposibilidad de que la industria azucarera pueda detener la desocupación por lo que consideraba imprescindible generar una verdadera diversificación de cultivos. La EEAT y la regional del INTA continuaron en 1964 su campaña para elevar los rendimientos sacarinos recomendando el uso de determinadas variedades pero esa constante preocupación se conjugó con la alarma frente a la continua expansión el área cañera. En respuesta a esta problemática, el INTA aconsejó a los grandes propietarios la conveniencia del uso de fertilizantes antes de expandir sus cultivos azucareros.49 Frente a la crisis provincial, los técnicos señalaban la urgencia de concretar la diversificación, sugiriendo realizarla en base a pocos productos destinados al mercado local.50 Por entonces la visita del presidente del INTA a la regional concluyó en el compromiso para la construcción de un importante edificio en Famaillá, en un predio de 340 hectáreas que pertenecían a la entidad.51 Con esa nueva infraestructura, en el espacio que sería sede central de la regional, la institución amplió su capacidad de experimentación de cultivos y afianzó su intervención como centro de referencia técnica. La prédica del gobierno provincial en torno a la mentada “reforma agraria” tuvo particular interés en desarrollar experiencias que muestren las potencialidades de su propuesta de colonización y producción cooperativa como modelos de diversificación agrícola. En abril de 1964 el gobernador inauguró la Dirección de Cooperativas y dio impulso al proyecto de colonización presentado por los legisladores de la Democracia Cristiana, en tierras fiscales pertenecientes a la reserva La Florida, ubicada en el departamento de Monteros.52 En los meses siguiente Lázaro Barbieri se reunió con los re48 La Gaceta, 04 y 09 de marzo de 1964. CACTU solicitaba la designación del directorio sin innovar en su estructura, según declaraba “la renuncia de Ullivarri y Guerrineau a la Estación ya habían encendido la alarma entre los agricultores”. Mostrando en esa afirmación la predilección de los grandes cañeros por los técnicos mencionados. 49 La Gaceta, 14 de junio 1964. 50 La Gaceta, 27 de junio 1964. 51 La Gaceta, 21 de junio 1964. 52 Las 9.882 hectáreas fueron adquiridas por ley en 1936 destinada a parque reserva de flora y fauna. En 1946 una modificación de la ley contemplo la colonización como posible finalidad de las tierras. No obstante, el Instituto Miguel Lillo, la Asociación de amigos del Árbol y otras instituciones presentaron oposición al proyecto por considerarla un ataque al bosque autóctono. La Gaceta, 4,14 - 29 - presentantes de la recientemente creada Cooperativa Agrícola La Florida, constituida por 155 agricultores, adjudicatarios de parcelas de 28 hectáreas y les anunció su apoyo a la diversificación productiva con la gestión de créditos.53 El proyecto de ley de reforma agraria fue presentada finalmente en la legislatura el 15 de julio con el fin declarado de realizar una “distribución orgánica de la tierra, con sentido agro-técnico y económico”, reafirmando su compromiso pronunciado al asumir el cargo y en su exposición en las Jornadas de la Alianza para el Progreso realizadas en la provincia.54 La legislación comportaba la formación del Consejo Agrario Provincial, constituido por representantes de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, el Banco Provincial y la Caja de Ahorros, encargado de llevar adelante la reforma y promover el adelanto técnico y científico tendiente a incrementar, racionalizar y diversificar la producción agraria. En ese marco, se realizó la entrega de parcelas y colonización de la propiedad fiscal de 2252 hectáreas ubicadas en Agua Dulce, departamento de Leales y un nuevo parcelamiento de las tierras pertenecientes al ingenio Santa Ana.55 Técnicos de la Secretaria Agricultura en coordinación con la EEAT prestaron asistencia al desarrollo de los proyectos;56 en tanto el Banco de la Provincia inauguró el Departamento de Agricultura, Cooperativismo y Colonización para la promoción de créditos agropecuarios.57 Como balance de su gestión el Secretario de Agricultura Isauro Martínez refería a los buenos resultados obtenidos en los proyectos de colonización: La Florida, Agua Dulce y Santa Ana.58 Esas experiencias erigidas como muestras de los avances de la reforma agraria por el partido gobernante durante la campaña de las elecciones legislativas de 1965, no tuvieron la magnitud para ser exhibidas como posibles soluciones a la crisis azucarera que se acentuaba ese mismo año. y 15 de junio de 1964. 53 La Gaceta, 21 de julio 1964. 54 Barbieri, Lázaro, La Reforma Agraria, Poder Ejecutivo de Tucumán, Tucumán, 1964. En la apertura de las jornadas el gobernador declaró “realizaremos el primer ensayo de reforma agraria, doctrina íntimamente ligada a los planes de la Alianza para el Progreso” La Gaceta, 31 de marzo de 1964. 55 La Gaceta, 6 y 21 de octubre de 1964. El proyecto de colonización de Agua Dulce fue presentado por los diputados de la Democracia Cristiana el 24 de febrero de 1964 en cámara y promulgado en octubre de ese año. 56 La Gaceta, 20 de diciembre 1964. 57 La Gaceta, 29 de diciembre 1964. 58 La Gaceta, 03 de enero 1965. - 30 - Desde fines de julio de 1964 los cargadores abarrotados por el exceso de caña, anunciaban la inminente crisis de sobreproducción que afectaría nuevamente la economía provincial. Frente al hecho la regional del INTA recomendaba en un nuevo documento, fijar cuotas de producción zonal y que se regulara la entrega de azucares al mercado. Conservando el estilo de las publicaciones firmadas por su director, la propuesta iba acompañada de una polémica afirmación: “Tucumán debiera reconocer que los costos inferiores que registran las provincias de Salta y Jujuy colocan a esas firmas azucareras en prioridad para entregar su producción al mercado interno”.59 De modo que convalidaba en la mayor productividad el principal criterio para asegurar la primacía en el mercado azucarero. El comentario otorgaba legitimidad a una de las regiones azucareras en pugna, posicionando a la entidad nuevamente en conflicto con los intereses de los productores azucareros de Tucumán. Al igual que lo situaba su posterior recomendación a la provincia de dejar un millón de surcos en pie, medida que podía afectar la economía de los agricultores y trabajadores agrarios. No obstante, el agrónomo la encontraba justificada por la peligrosa expansión del área cañera que amenaza con repetir en 1965 la crisis vivida en 1959.60 Sin considerar los efectos nocivos de la sobreproducción azucarera, las entidades técnicas continuaron fomentaron el recambio varietal y la fertilización de la caña para incrementar los rendimientos del cultivo, dando publicidad a los avances en el mejoramiento y en la producción de semillas.61 Pretendiendo incidir en la evaluación técnica de la crisis, los industriales de CART organizaron durante el mes de mayo una serie de “conferencias técnicas” en el ingenio San Pablo sobre la situación azucarera. Las jornadas contaron con la participaron de agrónomos de la EEAT, como su director José Ploper y Franco Fogliata, dando cuenta del vínculo más fluido de los industriales con esa la entidad técnica. En una de las publicaciones surgidas de los encuentros titulada “minifundio y monocultivo”, la CART hacía explicita su posición respecto a las causas de la crisis azucarera, asignando la mayor responsabilidad a la masiva participación de cañeros chicos.62 Según el escrito, el productor con menos de 16 hectáreas contaba a menudo con otras fuentes de ingreso y se dedica a la caña por obtener los subsidios. A 59 La Gaceta, 19 de agosto 1964. 60 La Gaceta, 30 de agosto 1964. 61 La Gaceta, 9 de septiembre de 1964. La EEAT declaró que Argentina se coloca en primer plano en lo que respecta al mejoramiento varietal de América del Sur. 62 La Gaceta, 13 de octubre de 1964. - 31 - pesar de esa mirada negativa sobre los pequeños productores la organización empresaria apoyaba la formación de cooperativas de pequeñas explotaciones propuestas por el gobernador. Con sus divergencias, el INTA avaló en sus diferentes argumentaciones el cuestionamiento al desempeño de las pequeñas explotaciones cañeras pero su cuestionamiento remitía al productor de menos de 5 hectáreas. Según los técnicos estos productores no alcanzarían soluciones satisfactorias en la actividad agrícola y requerían de nuevos puestos de trabajo generados por la industria.63 Desde esta perspectiva, los pequeños fundos no eran susceptibles de ser tecnificados, por lo que la responsabilidad de la diversificación anhelada recaía sobre las grandes explotaciones. Con diferentes apreciaciones las críticas realizadas desde una mirada técnica convergían contra la participación de minifundios y parvifundios en la producción azucarera. La sobreproducción de 1964 volvió a amenazar a la industria azucarera tucumana. Aun en esa situación alarmante, el INTA ponderó los avances de Tucumán en relación a la productividad azucarera, asumiendo que el incremento era superado con creces por el área salto-jujeña. Esta alcanzó en algunas zonas una producción de 8.500 kg de azúcar, por lo que se consideraba necesario que Tucumán pueda alcanzar los 4.000 kg por hectárea.64 Sin embargo, en esa coyuntura el director de la Regional reconoció que el aumento de los rendimientos no sería “la panacea” y que la tecnificación sería lenta porque implicaba un proceso educativo, previo al cual consideraba preciso mejorar la relación entre cañeros e industriales, evitando el atraso de los pagos y entregas. Con esa aclaración la entidad advertía que el imperativo de la productividad y la tecnificación señalados por la modernización agrícola tenían límite en la necesidad de una regulación del mercado azucarero que contemple los intereses de los factores así como en las condiciones sociales en que se desenvolvían la actividad. Como respuesta la crisis que anunciaba profundizarse en la siguiente zafra, reiteró la sugerencia de establecer cuotas zonales de producción para evitar su declive. Identificando la influencia de las apreciaciones formuladas por las entidades técnicas en las políticas adoptadas por los poderes públicos, UCIT dirigió una nota al INTA reclamando su sistemático desconocimiento de las propuestas elevadas por el gremio cañero e invitó a sus autoridades a realizar un debate público sobre las políticas azucareras que se debían adoptar 63 La Gaceta, 16 de noviembre de 1964. 64 La Gaceta, 3 de marzo 1965. - 32 - ante la crisis se avenía.65 Ese cuestionamiento se convirtió al poco tiempo en una abierta acusación al organismo, denunciando en la prensa que su trabajo constituía una “cortina de humo tendiente a probar que Tucumán no sirve como zona azucarera”.66 Los debates se abrieron finalmente de forma caótica en una reunión organizada por el INTA para la “programación de la Caña de Azúcar” con asistencia de técnicos de diferentes partes de país. Miembros de UCIT intervinieron a cada momento del encuentro. Ante la lectura del documento de apertura, el presidente del gremio afirmó que la cosecha mecánica perjudicaba al productor agrario y el cañero Martínez Navarro cuestionó: “¿no es preferible antes que una empresa latifundista que funcione a la perfección, el alto número de productores que en Tucumán participan en la industria?”.67 En el contexto de crisis las propuestas asépticas de los técnicos suscitaron una desconfianza creciente entre los agricultores y comenzaron a ser confrontadas con mayor virulencia por sus representantes gremiales. A mediados de 1965 los técnicos de ambas entidades anunciaban el buen rendimiento esperado para la zafra tucumana en curso. La novedad, tan anhelada por los especialistas como requisito para sanear la producción azucarera provincial, resultaba en esta oportunidad un verdadero peligro. En octubre un nuevo informe del INTA daba cuenta de ese colapso esperable “la industria azucarera atraviesa uno de los períodos más críticos, ya no es solo un problema de Tucumán donde el impacto de la crisis será mayor dado sus altos costos (…) todas las zonas azucareras expandieron sus cultivos, esto sumado a unos rendimientos fabriles que en casi todo el país superan en un 13% a la media del año anterior. Por lo que los excedentes serán los mayores que registra la actividad azucarera”.68 La entidad consideraba que no era posible reparar los errores cometidos, “allí faltó unidad empresaria, faltó colaboración de los productores, de la entidad que agrupa a los trabajadores. Faltó la acción oficial, el estado tiene la fuerza suficiente para tomar las acciones legales correspondiente en reguardo de una zona muy importante para el país, para garantizar la paz social y el equilibrio entre los distintos sectores de una y otra forma en la regulación de dicha economía.”69 Esas lamentaciones, que asignaban responsabilidades compartidas, desligaban por completo 65 La Gaceta, 3 de marzo 1965. 66 La Gaceta, 5 de marzo 1965. 67 La Gaceta, 29 de abril 1965. 68 La Gaceta, 18 de octubre 1965. 69 La Gaceta, 18 de octubre de 1965. - 33 - la actuación de los organismos técnicos, constantes propulsores de elevar los rendimientos como requisito para dar solución a la crisis. Tal como se anunciaba, la zafra de 1965 abarrotó nuevamente el mercado interno, dejando cuantiosas toneladas de azúcar sin vender. El atraso en los pagos de materia prima y salarios por parte de los ingenios tensionó en extremo la situación social de la provincia. A fines de ese año la conflictividad se expresaba con violencia por la represión a las diversas formas de protestas que avanzaban de la huelga a la toma de fábricas. En marzo de 1966 los ingenieros agrónomos del INTA, Fenández Ullivarri y Kennig Voss, publicaron un detallado análisis de la situación, recomendando la reglamentación integral de la producción azucarera.70 En principio, consecuentes en su aspiración de incrementar la productividad y cierto orgullo por la tarea realizada, describían con satisfacción los avances logrados por el complejo agroindustrial tucumano: “se ha difundido el cultivo de variedades más sacarinas, al tiempo que se mejoran las prácticas culturales y se observa un mayor uso de fertilizantes. Las fábricas azucareras han sufrido innovaciones con el fin de lograr una mayor extracción de sacarosa y una mayor eficiencia fabril”.71 En esa oportunidad los técnicos juzgaban como principal problema agrario la excesiva subdivisión de la tierra, cuya consecuencia era el parvifundio de escasa productividad. No obstante, el eje del documento estuvo en argumentar la necesidad de sancionar regulaciones que dieran respuesta al estado crítico que atravesaba la industria azucarera, mostrando la pertinencia de limitar la producción por cupos zonales, de acuerdo a la productividad de cada área, establecida según el promedio del porcentaje de producción de cada unidad fabril en la última década. Una aclaración fijaba límite a la finalidad productivista que signaba la mirada de los técnicos: “se ha difundido la teoría de dar mayor participación a las áreas más productivas (…) este es un proceso evolutivo, no es el punto de partida. No es posible eliminar zonas como productoras aun cuando incluyan una serie de defectos, si previamente no se les da una salida económica y social”.72 Por primera vez la entidad técnica adoptaba consideraciones respecto a la situación social de los productores y recomendaba establecer un marco de protección legal para estos: “si es 70 Roberto Fernández de Ullivarri y Guillermo Kennig Voss, La producción azucarera argentina. Necesidades de su reglamentación, INTA- Centro Regional del Noroeste , Tucumán, 1966. 71 Roberto Fernández de Ullivarri y Guillermo Kennig Voss, La producción azucarera argentina. Necesidades de su reglamentación, INTA- Centro Regional del Noroeste , Tucumán, 1966. 72 Roberto Fernández de Ullivarri y Guillermo Kennig Voss, La producción azucarera argentina. Necesidades de su reglamentación, INTA- Centro Regional del Noroeste , Tucumán, 1966. - 34 - aguda la crisis que vive Tucumán en estos momentos, más aguda será si su participación en la producción nacional es retaceada: su producción cañera es un hecho histórico que debe aceptarse”.73 Con esa aclaración, los sentidos sociales presentes en las múltiples regulaciones estatales que tuvo la producción azucarera nacional volvían a ocupar un lugar en las argumentaciones. Las limitaciones de la zafra dictadas por el gobierno nacional durante 1966 resultaron más bruscas de lo esperada. En principio se estableció una reducción del 30 % respecto a la producción de año anterior fijando cupos para la entrega de caña y para la elaboración de azúcar por ingenio. La dictadura de Juan Carlos Onganía remarcó el sesgo autoritario de esa reducción, al intervenir y promover el cierre de ingenios azucareros de Tucumán. Estas medidas profundizaron el conflicto social y el deterioro de las condiciones de vida de la población, evidenciado por las altas tasas de desempleo y el incremento inusitado de la migración. De manera que la actuación de las entidades científico-técnicas de la agricultura tucumana durante la primera mitad de la década de 1960 podía exhibir como resultado algunos logros en relación a incrementos de la productividad, pero estos no repercutieron favorablemente sobre la crítica situación social en que se sumergió la provincia. Conclusión El desarrollo de la producción azucarera nacional precisó de la creación de una entidad científico-técnica para afrontar el deterioro de los cultivos generado por las enfermedades de la caña. Los modos en que sus especialistas intervinieron fueron disimiles en cada coyuntura y el criterio técnico adoptado para la resolución de los problemas planteados tuvo efectos sociales divergentes según el marco en que sus propuestas se ejecutaban. Frente a una primera plaga en los cañaverales, el recambio de variedades resultó una oportunidad para la expansión de los cultivos en propiedad de los industriales, mientras que la resolución de la segunda asentó la intervención estatal en apoyo de los agricultores independientes. De manera que las disputas entre los factores productivos y las opciones estatales en la regulación de la actividad, repercutieron indefectiblemente en el funcionamiento de la entidad técnica. A pesar de la pretendida asepsia científica que caracteriza a 73 Roberto Fernández de Ullivarri y Guillermo Kennig Voss, La producción azucarera argentina. Necesidades de su reglamentación, INTA- Centro Regional del Noroeste , Tucumán, 1966. Pp.29. - 35 - las instituciones técnicas, diferentes nociones sociales permearon respecto al rol que debía cumplir. Tal como se manifestó en la intervención provincial de la EEAT y en los cuestionamientos a su primigenio director técnico. La creciente disputa entre áreas de producción azucarera por el mercado interno remarcó la caída de los rendimientos sacarinos de Tucumán en relación a los de Salta y Jujuy. El criterio técnico para evaluar el desempeño de estos espacios cobró relevancia por sobre las consideraciones sociales que habían garantizado una participación mayoritaria de la producción azucarera tucumana en el abastecimiento de azúcar al país. En ese contexto, los diagnósticos y propuestas generadas por las instituciones técnicas revistieron mayor interés en la justificación de las políticas estatales adoptadas en relación a la industria azucarera. Paralelamente, las transformaciones en las prácticas agrícolas en la segunda mitad del siglo XX, representadas como una modernización o tecnificación de la agricultura, adquirieron impulso estatal en las políticas orientadas a una nueva concepción de “reforma agraria” que privilegió la productividad por sobre la distribución de la propiedad. Ese marco resultó propicio para generar la preocupación por elevar los rendimientos sacarinos como forma de sobrellevar la crisis azucarera tucumana. Debatiendo las vías posibles para el mejoramiento de cultivos, la diversificación productiva y el rol desempeñado las pequeñas explotaciones cañeras. En principio, las propuestas difundidas por las entidades técnicas para reformar la agricultura tenían bajo impacto entre los productores, en general porque las medidas aconsejadas subestimaban las condiciones sociales en que la producción se desarrollaba. Este divorcio con los actores sociales se reflejó con mayor claridad pero en el caso del INTA, por la relación conflictiva que sostuvo con las asociaciones que representaban a los factores productivos y por momentos con los representantes del gobierno provincial; en tanto, la incidencia de la EEAT prosiguió canalizándose a través de los vínculos tejidos con los industriales y grandes productores cañeros que formaban parte de su directorio, sosteniendo una habitual colaboración con las propuestas gubernamentales. El impulso del Estado provincial para la realización de la “reforma agraria” no contempló mayor coordinación con las entidades técnicas que permanecieron desligada de la política gubernamental. Los avances súbitos dados en los rendimientos azucareros a partir de 1964, en paralelo a la expansión del área del cultivo cañero, generaron una nueva y más acentuada crisis de sobreproducción. El caos social devenido a raíz de este hecho, hizo reconocer a los técnicos del INTA las necesidades de imple- - 36 - mentar reglamentaciones estatales que resolvieran la crítica situación de la industria azucarera mitigando los estragos sociales. Referencias bibliográficas Bravo, M. (2008). Campesinos, azúcar y política: campesinos, acción corporativa y vida política en Tucumán (1895-1930). Rosario: Prohistoria. Bravo, M. (2017). “Crisis y colapso de la industria azucarera tucumana (1955-1965)”, en Bravo, M. (Coord.), La Agricultura: actores, expresiones corporativas y política. Buenos Aires, Argentina: Imago Mundi. Bravo, M. (2020). “Los cañeros tucumanos ante el colapso de la industria azucarera tucumano en la década del 1960. Protesta, cupos de producción y diversificación de cultivos”, en Cerdá, J. & Mateo, G. (Comps.), La ruralidad en tensión. Buenos Aires, Argenitna: Teseo, 2020. pp. 301-342. Bravo, M. & Gutierrez, F. (2014). 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Las políticas públicas vinculadas con la regularización de la tenencia de la tierra y con la expansión de la frontera agropecuaria fueron aspectos centrales en la agenda de gobierno. Esta prioridad respondía a la necesidad de realizar una profunda reforma de la estructura agraria existente para superar la crisis economía regional y para frenar los crecientes reclamos de los productores afectados. Como resultado de la decidida acción oficial en ese lapso se completó, en líneas generales, la transferencia al dominio privado de las tierras fiscales más pobladas. Ello sentó las bases para la transformación del modelo productivo regional fundado hasta ese momento en el monocultivo algodonero y en la explotación familiar. Asimismo, en ese decenio comenzó la apropiación particular de las tierras áridas del occidente chaqueño que continúa hasta nuestros días con considerables efectos sociales y ambientales. - 39 - En el presente trabajo se efectúa un análisis de la política de tierras de los gobiernos chaqueños entre 1970 y 1983. Se aborda este aspecto como un elemento integral en las iniciativas y proyectos de transformación del campo chaqueño. Se examinan los principios que fundamentaron la acción oficial y se destacan sus elementos comunes y sus diferencias. Se describen, además, las principales acciones que se concretaron para promover la adjudicación de tierras fiscales y se destacan las transformaciones de la estructura agraria que resultaron de la política oficial. Poblamiento y distribución de tierras en el Chaco hasta 1970 La adjudicación de la tierra pública en el Chaco se inició a fines del siglo XIX como parte del proceso general de incorporación de la comarca a la sociedad nacional. En ese momento la región no estaba incluida en la jurisdicción de ninguna de las provincias históricas (organizadas a partir del período colonial) por lo que pasó a constituir un territorio bajo la administración directa del gobierno nacional. Éste quedó a cargo del manejo de la tierra y el bosque, las riquezas naturales de la región. Desde la perspectiva del Estado argentino, los terrenos del Chaco estaban libres y sus bosques, ricos en maderas, permanecían sin explotar. Estos recursos tenían un inmenso valor potencial, pero se ubicaban en una comarca aislada, sin asentamientos estables y carentes de todo tipo de infraestructura. La labor del Estado nacional promovió el poblamiento y el desarrollo de las actividades productivas primordialmente a través de la creación de servicios administrativos, educativos, de seguridad, de la inversión de considerables fondos públicos en la construcción de vías férreas y la ampliación del equipamiento portuario (Bruniard, 1978; Slutzky, 1975). La adjudicación de tierras constituía otro de los incentivos que podía brindar el Estado a los pobladores que buscaran asentarse el Chaco. En esta área marginal el acceso al dominio del suelo se realizaba en condiciones mucho más favorables que en las zonas de antigua ocupación. Pese a sus errores, la política de tierras del gobierno nacional en todo momento buscó que el proceso de transferencia al dominio privado asegurara la explotación económica y la ocupación efectiva. Para el cumplimiento de estos propósitos la Dirección de Tierras, repartición encargada de administrar el patrimonio fiscal, efectuó la exploración de las áreas que debían adjudicarse, llevó adelante la ejecución de las mensuras para ubicar parcelas y definir sus posibilidades de aprovechamiento y estableció las condiciones para la concesión de los títulos de propiedad. Sin embargo, pese a la intervención oficial el control - 40 - del Estado experimentó fuertes limitaciones que resultaban de la escasez de recursos y de personal. En la práctica, el otorgamiento de las tierras públicas en el Chaco tuvo las características de una colonización semi-dirigida en la que el gobierno estableció las condiciones básicas mientras que la ocupación y poblamiento se desarrollaron con una dinámica propia que en gran medida escapó a la regulación oficial. La primera etapa del proceso de adjudicación de tierras fiscales en el Chaco se desarrolló en las tres últimas décadas del siglo XIX. En ese lapso se establecieron las primeras poblaciones en la periferia del Territorio que sirvieron de plataforma para el avance hacia el interior. Sin embargo, estos logros iniciales se vieron limitados por una política de tierras desordenada y confusa que favoreció la especulación y el acaparamiento enormes extensiones por unos pocos adjudicatarios (Slutzky, 2014). Una segunda fase se desarrolló desde los primeros años del siglo XX hasta aproximadamente la década de 1950. En ese lapso, el Estado nacional con mayores recursos y un mejor conocimiento del terreno habilitó las zonas del interior del Chaco, en particular, las áreas que correspondían a la planicie centro-chaqueña. Uno de los instrumentos fundamentales fue tanto la mensura de colonias agrícolas, pastoriles y mixtas así como de reservas fiscales (zonas y secciones). Estas creaciones significaron una oferta de tierras extraordinaria para pequeños productores agrícolas, ganaderos y forestales. El avance de la ocupación también se vio favorecido por la construcción del ferrocarril el Estado Central Norte Argentino (1909-1931) que permitió la efectiva comunicación de las tierras del interior con los principales centros del país. Asimismo, en consonancia con estas medidas el gobierno nacional a partir de la década de 1920 promovió el cultivo del algodón. Las labores culturales del producto, de creciente demanda en el mercado interno, requerían un amplio uso de mano de obra pero escasa inversión inicial, lo cual se adecuaba a las condiciones económicas del grupo humano que se asentaba en las zonas fiscales. De esta forma, en el lapso de tres décadas se ocuparon la mayor parte de los terrenos públicos aptos para la actividad agropecuaria. El avance del frente pionero encontró su límite en la zona árida del occidente del Chaco definida aproximadamente a partir de la isohieta de 600 mm anuales. En esa comarca la escasez de precipitaciones constituyó un límite casi infranqueable para la agricultura y una considerable limitación para la actividad ganadera (Borrini, 1987). El rápido crecimiento de la población rural superó los mecanismos de control del gobierno nacional razón por la cual la mayoría de los asenta- 41 - mientos en las tierras fiscales no respondieron a las regulaciones oficiales en cuanto al tamaño de las explotaciones y la legalización de las posesiones. La estructura agraria que se generó en forma espontánea se caracterizaba por la presencia de un amplio sector de productores minifundiarios con nula capacidad de reinversión. También se destacaba por el predominio de ocupantes sin título quienes desde el punto de vista legal eran intrusos que podían ser desalojados en cualquier momento.1 La finalización del poblamiento pionero del Chaco coincidió con un cambio institucional de gran importancia. A partir de la promulgación de la ley n° 14.037 del 8 del agosto de 1951 el Territorio pasó a constituir una provincia autónoma con autoridades y recursos propios. Los terrenos fiscales, hasta ese momento administrados por la Nación, pasaron a integrar el patrimonio del nuevo Estado. Los principios generales que regirían el manejo de la tierra pública provincial quedaron inicialmente establecidos en la ley n° 16 del 8 de septiembre de 1953. La medida, entre otras reformas, introdujo el concepto de unidad económica. Ésta se definía como el predio que por su superficie, calidad de suelo, ubicación y mejoras, racionalmente trabajado permite una evolución favorable de la empresa. También por la ley se creaba una Dirección de Tierras que, como la oficina nacional, tendría a su cargo todas las operaciones vinculadas con la adjudicación de los terrenos fiscales. Cuadro n° 1. Evolución del estado legal de la tierra en el Chaco entre 1947 y 1974 1947 Superficie (ha) Propiedad privada Concedido en venta 1974 % Superficie (ha) % 3.200.000 32 3.830.190 38,4 285.185 2,9 415.059 4,2 Arrendado/otros 1.001.313 10 360.374 3,6 Reservas/ejidos 60.427 0,6 109.121 1,1 Fiscal libre 5.430.180 54,5 5.262.362 52,7 Total 9.977.106 9.977.106 Fuentes: Memoria de la Dirección de Tierras de la Nación. Año 1947, Instituto de Colonización, Resumen Estadístico, año 1974 1 Entre 1920 y 1947 el número de explotaciones agropecuarias en el Chaco creció de 3.330 a 24.710. En ese mismo lapso la cantidad de habitantes del Territorio aumentó de 60.564 a 430.555. - 42 - En el momento en que el Chaco se constituyó en provincia el patrimonio en tierras que permanecía en manos del Estado era todavía considerable. Las áreas que habían pasado al dominio particular representaban aproximadamente un tercio de la superficie provincial. La mayor parte de las tierras privatizadas, 2.439.685 hectáreas, correspondía a los latifundios formados a fines del siglo XIX. El resto se ubicaba principalmente en las colonias agrícolas y pastoriles. Asimismo, un 13% de las tierras no habían salido totalmente del control fiscal pero se hallaban en proceso de adjudicación o estaban comprometidas por contratos de arrendamiento o reservas.2 El resto de la superficie provincial, más de la mitad del total, pertenecía al Estado desde el punto de vista legal. En la práctica, el dominio efectivo del gobierno sobre esas áreas era limitado. Poco más de 3.000.000 hectáreas de tierras fiscales se ubicaban en la zona occidental árida todavía poco explorada y sin mensurar. Allí la habilitación económica y el otorgamiento de tierras sólo podían efectuarse mediante fuertes inversiones en infraestructura básica. El resto del área fiscal se encontraba en las comarcas que habían sido el escenario de la expansión agrícola y pastoril de la primera mitad del siglo XX. Si bien la propiedad pertenecía al Estado, la mayor parte de las tierras disponibles para la explotación agropecuaria estaban de hecho pobladas por intrusos.3 Las superficies libres de asentamiento generalmente se hallaban cubiertas por el bosque nativo. La lentitud para regularizar las posesiones de hecho constituyó una de las falencias más evidentes de la administración nacional. Entre de las razones que se invocaban para esta demora, la más común era que los trámites se centralizaban en la ciudad de Buenos Aires lo cual implicaba retrasos y altos costos para los pobladores del Chaco. Sin embargo, la transferencia de las tierras públicas a la jurisdicción de la provincia no implicó un cambio significativo. Pese a que las gestiones se desarrollaban en el ámbito local hasta principios de la década de 1970 el ritmo de entrega de títulos avanzó con lentitud. La política de tierras no constituía una prioridad en la acción de gobierno ya que sus recursos se destinaron primordialmente a la organi- 2 La adjudicación en venta de la tierra fiscal estaba sujeta al cumplimiento de obligaciones de población por parte del adjudicatario. Éste recibía una concesión provisoria y en un plazo determinado, generalmente cinco años, debía medir su campo, introducir mejoras permanentes y pagar las cuotas. Una vez que el organismo oficial comprobara que se cumplieron las condiciones el concesionario recibía el título de propiedad definitivo. 3 Intruso era la denominación legal de los ocupantes de tierras fiscales sin autorización del organismo oficial. - 43 - zación del aparato administrativo y a la inversión en infraestructura social y económica. Hacia 1960 el 55% de los 26.853 productores registrados en el censo nacional agropecuario trabajaban en condición de ocupantes de tierras fiscales en tanto que sólo 22% eran propietarios. Para 1969 la proporción de propietarios y ocupantes sobre un total de 26.453 productores era de 27% y 56%, respectivamente. Crisis productiva y política de tierras Esta situación de relativo estancamiento comenzó a modificarse a principios de la década de 1970 etapa en que la política de tierras pasó a ocupar un papel relevante en la agenda pública provincial. A este cambio contribuyeron varios factores concurrentes. El más decisivo sin duda fue la crisis del modelo forestal-algodonero que produjo la desocupación y el éxodo masivo de la población rural hacia los centros urbanos de la provincia y a los conglomerados de la zona pampeana.4 El crecimiento fundado en el monocultivo y el aprovechamiento de nuevas tierras alcanzó su límite a fines de la década de 1950 cuando área algodonera llegó a unas 460.000 hectáreas. En el decenio siguiente la rentabilidad del producto disminuyó en forma constante. El punto álgido de la crisis se produjo en los años 1967/1968 en los que la superficie sembrada con algodón (unas 187.000 ha) se redujo a los niveles de principios de la década de 1930. Las dificultades que afectaban al sector algodonero resultaban de los cambios en la economía nacional que ponían en evidencia problemas estructurales del agro chaqueño que se habían gestado en la etapa pionera. La crisis dio lugar a un proceso de reconversión productiva orientada hacia al desarrollo de cultivos pampeanos (principalmente girasol y sorgo) y al fortalecimiento de la actividad ganadera. Esta transformación, apoyada por el gobierno provincial, solo podía llevarse adelante mediante la incorporación de nuevas tierras fiscales y la reorganización de la estructura agraria vigente a través de una activa política de regularización de las ocupaciones. 4 En el período intercensal 1960-1970 como consecuencia de la emigración que produjo la crisis de la economía provincial la población del Chaco tuvo un crecimiento insignificante. El número de habitantes pasó de 543.331 a 566.613. - 44 - La necesidad de superar la crisis agraria era más urgente como resultado del aumento de la conflictividad rural. Durante la etapa más aguda de las dificultades se produjeron reclamos y movilizaciones ante el gobierno provincial. En este clima de confrontación en 1971 surgieron las Ligas Agrarias, movimiento que incorporó a un amplio de sector productores pequeños y medianos. En los años 1971 y 1972 las Ligas realizaron una activa campaña de protesta, reclamando una mayor intervención del Estado para atender los problemas del agro (Roze, 2007, pp. 89-104). Un tercer factor que impulsó la reactivación de la política de tierras fue la mayor disponibilidad de recursos por parte del Estado provincial. La expansión agropecuaria y la reorganización agraria requerían fuertes erogaciones para ampliar la estructura administrativa y profesional, otorgar apoyo crediticio a los productores y realizar algunas obras públicas indispensables. Hasta principios de la década de 1970 los recursos de la provincia no habían permitido la concreción de proyectos demasiado ambiciosos. Sin embargo, en la última etapa de la denominada Revolución Argentina, el Estado Nacional aumentó el flujo de fondos en beneficio de las provincias. De esta forma, buscaba limitar la creciente protesta social atendiendo los reclamos de las economías regionales fuertemente afectadas por la política económica de la etapa inicial del gobierno de facto. Esta nueva orientación fiscal quedó sancionada en forma orgánica con la ley de coparticipación federal de 1973. Con la aplicación de la misma los ingresos corrientes de la provincia del Chaco durante la década de 1970 fueron casi el doble de las entradas del decenio anterior. Asimismo, creció la asistencia crediticia de las entidades financieras nacionales y de organismos internacionales. El punto de partida de la reactivación de la política de tierras fue la aprobación de la ley 1094 (13 de enero de 1972) que creó el Instituto de Colonización. Esta medida se adoptó durante la gestión del gobernador de facto brigadier Roberto Mazza (24 de mayo de 1971 - 25 de mayo de 1973) quien había fijado como una prioridad de su mandato la regularización de la tenencia. Las administraciones del gobernador electo Deolindo Felipe Bittel (25 de mayo 1973-24 de marzo de 1976) y de facto general Antonio Facundo Serrano (17 de mayo de 1976- 31 de marzo de 1981), continuaron con esta tarea por lo que a lo largo de la década de 1970 se aceleró la transferencia de las tierras fiscales al dominio privado. - 45 - Cuadro n° 2. Adjudicación de tierras fiscales en la provincia del Chaco (1966-1983) Títulos de propiedad Concesiones en venta N° N° Superficie (ha) Superficie (ha) Arriendos N° Superficie (ha) 1966 162 20.390 108 20.327 s/d s/d 1967 135 9.456 63 12.065 s/d s/d 1968 98 17.358 102 20.230 s/d s/d 1969 176 26.200 125 25.834 s/d s/d 1970 139 25.890 127 29.494 s/d s/d 1971 300 39.940 162 42.004 s/d s/d 1972 420 70.512 0 81.306 s/d s/d 1973 810 123.967 714 80.823 s/d s/d 1974 364 47.786 743 91.286 287 37.065 1975 405 60.356 623 78.218 268 34.233 1976 310 60.515 1892 311.693 212 39.214 1977 331 49.330 1766 359.613 252 77.692 1978 s/d 107.890 s/d 604.604 267 33.245 1979 539 88.007 s/d 357.895 160 24.962 1980 450 57.975 s/d 177.495 s/d 11.601 1981 s/d 64.054 s/d 170.036 s/d 18.104 1982 s/d 79.826 s/d 166.161 s/d 6.578 1983 s/d 69.874 s/d 286.655 s/d 6.578 Fuente: Brodersohn, V., Slutzky, D. y Valenzuela, C. (2007) - Instituto de colonización, Resumen estadístico. Durante los mandatos de Bittel y Serrano también se inició la incorporación territorial y la expansión de la frontera agropecuaria en la zona occidente árido. En esa región la adjudicación de la tierra debía efectuarse en condiciones notablemente diferentes a las de la zona ya poblada. De esta manera, desde mediados década de 1970 se llevaron adelante en forma simultánea dos proyectos diferentes: la regularización de la tenencia en las zonas colonizadas y la habilitación de las tierras del oeste. Los progresos de ambos emprendimientos pueden apreciarse con la evolución de las adjudicaciones en las zonas respectivas. Inicialmente el proceso de privatización del - 46 - suelo se concentró en la área colonizada pero a medida que se completaba la regularización de la tenencia la transferencia del suelo se localizó en la región recién incorporada del oeste. Cuadro n° 3. Adjudicación de tierra fiscal por regiones (1972-1983) Títulos de propiedad Zona colonizada Concesiones en venta Occidente Zona colonizada Occidente árido Año hectáreas % hectáreas árido % hectáreas % hectáreas % 1972 70.512 100 - - 81.307 100 - - 1973 123.967 100 - - 81.596 100 - - 1974 47.786 100 - - 91.266 100 - - 1975 60.350 100 - - 75.918 97 2.300 3 1976 60.515 100 - - 309.061 90,2 2.633 0,8 1977 49.330 100 - - 329.527 91,6 30.086 8,4 1978 107.890 100 - - 361.609 59,8 242.996 40,2 1979 88.007 100 - - 184.119 51,4 173.776 48,6 1980 57.975 100 - - 63.377 35,7 114.112 64,3 1982 57.863 72,5 21.964 27,5 66.002 39,7 100.159 60,3 1983 56.379 80,7 13.494 19,3 57.390 20 229.265 80 Fuente: Brodersohn, V. Slutzky, D. & Valenzuela, C. (2007) - Instituto de colonización, Resumen estadístico La regularización de la tenencia de la tierra en las colonias oficiales y áreas fiscales mensuradas La situación a principios de la década de 1970 Hacia 1970 las tierras mensuradas y pobladas en el Chaco abarcaban unas 6.700.000 hectáreas, superficie que representaba alrededor de dos tercios del territorio provincial. Aproximadamente el 45% de ese espacio era el - 47 - área ocupada a fines del siglo XIX que abarcaba el sector oriental y sur de la provincia. El 55% restante corresponde a la zona colonizada durante el auge algodonero de la primera mitad del siglo XX que, en líneas generales, comprende la planicie central y sudoeste. En la zona poblada a fines del siglo XIX había pocas tierras fiscales disponibles. Se trataba de áreas sobrantes ubicadas en los intersticios de las grandes propiedades. Por ello el margen de maniobra del gobierno para realizar cambios de fondo en la distribución de la tierra era muy limitado. Podía recurrir a las expropiaciones y durante la década de 1970 se plantearon algunas acciones en este sentido, pero en general se trató de evitar este procedimiento complejo y costoso. Los problemas más urgentes en cuanto a la administración del suelo estuvieron vinculados con la reorganización de los asentamientos en algunas de las colonias antiguas.5 Un panorama diferente existía en el sector que fue escenario del poblamiento durante la primera mitad del siglo XX dado que allí todavía el dominio privado del suelo no estaba consolidado. En contraste con lo que había sucedido en el área de ocupación inicial, la mayor parte de las tierras fiscales se destinaron a la formación colonias agrícolas, mixtas y pastoriles o se reservaron para futuras adjudicaciones. 5 El proyecto más ambicioso para promover el desarrollo agropecuario en el área de antigua ocupación estuvo vinculado con la realización de obras para solucionar el problema de drenaje en los Bajos Submeridionales, vasta zona de terrenos inundables que abarcaba el sur de la provincia del Chaco, el norte de Santa Fe y el nordeste de Santiago del Estero. En 1973 los gobernadores de las tres provincias celebraron un convenio por el cual acordaron realizar los estudios necesarios para determinar las obras que debían ejecutarse y obtener así el financiamiento internacional. Como resultado de este acuerdo el Consejo Federal de Inversiones elaboró un extenso informe publicado en 1978. Asimismo la provincia del Chaco en 1977 adoptó un plan de manejo de los recursos hídricos en el área (Bageneta, 2015, p. 142-153); Provincia del Chaco (1981), Memoria de la acción de gobierno, 1976-1980, tomo II, Resistencia, pp. 296-308. - 48 - Cuadro n° 4. Estado legal de las tierras en las colonias oficiales y áreas fiscales mensuradas en hectáreas (1974) Escrituradas Concedidas en venta Arrendadas/reservadas Fiscal libre Total Colonias agrícolas 514.296 203.279 118.892 775.363 1.611.830 Col. pastoriles y mixtas 782.159 116.623 69.715 286.655 1.255.152 54.094 58.510 125.173 479.957 717.734 Destino Zonas y secciones Pueblos e islas Total 776 1.351.325 198 18.102 90.045 109.121 378.610 331.882 1.632.020 3.693.837 Fuente: Instituto de Colonización, Resumen estadístico. Cuadro n° 5. Estado legal de las tierras en colonias oficiales y áreas fiscales mensuradas (Porcentaje del total de la superficie, 1974) Destino Escrituradas Concedidas Arrendadas/ en venta reservadas Fiscal libre Colonias agrícolas 31,9 12,6 7,4 48,1 Colonias pastoriles y mixtas 53 9,8 5,8 31,4 zonas y secciones 7,5 8,1 17,4 66,9 Pueblos e islas 0,7 0,2 16,6 82,5 36,6 10,2 9 44,1 Total de la región Fuente: Instituto de Colonización, Resumen estadístico. Desde la perspectiva del poblamiento, las colonias agrícolas fueron las que ejercieron mayor influencia dado que en ellas se concentró la mayor densidad demográfica. El núcleo agrícola más importante se encuentra en los campos elevados de la planicie centro-chaqueña a lo largo de la línea del ferrocarril del estado, otro foco se ubica en el nordeste en la zona de albardones y depresiones inter-fluviales cercanas al rio Bermejo y una tercera área se es- 49 - tructura en el noroeste como avanzada del frente agrícola hacia el oeste. Las colonias mixtas y pastoriles, por otra parte, se instalaron en las extensas áreas donde predominan los terrenos bajos y anegadizos particularmente a lo largo del curso del río Bermejo. Las tierras no destinadas a colonias conformaron la Zona A y las Secciones 1°, 2° y 3°. La mensura de estas áreas no estuvo a cargo de la Dirección de Tierras sino al Ministerio de Obras Públicas y originalmente estuvieron reservadas para su venta en remate en el marco de la ley 5559. En la práctica permanecieron sin enajenarse y se convirtieron en áreas de asentamientos espontáneos.6 Las colonias oficiales y las tierras fiscales mensuradas representan el 37% de la superficie provincial. En 1969 concentraban alrededor del 70% de las explotaciones agropecuarias de la provincia, el 66% del área cultivada y el 44% de las existencias de ganado vacuno. Pese a que la mayor parte de las colonias y reservas se midieron durante las décadas de 1920 y 1930, a principios de los setenta el proceso de adjudicación de las tierras fiscales estaba lejos de completarse. La mitad de la superficie total de las 49 colonias agrícolas oficiales todavía era de dominio fiscal. La privatización parecía más avanzada en las seis colonias pastoriles y mixtas puesto que la tierra disponible representaba poco más del 31%. Por su parte, la tierra pública en las secciones medidas por el Ministerio de Obras Públicas comprendía cerca del 70% del total. Hay que tener en cuenta, no obstante, que estos porcentajes globales encierran situaciones muy diversas. En algunas de las colonias más antiguas la regularización estaba más atrasada que en otras más nuevas por las condiciones del terreno o las situaciones creadas por las ocupaciones espontáneas muy difíciles de resolver. En líneas generales, el dominio del suelo se hallaba más consolidado en los centros cercanos al ferrocarril del estado y tendía a debilitarse en las tierras excéntricas al eje ferroviario situadas al norte y al oeste. El proceso de regularización era complejo y potencialmente conflictivo porque involucraba una verdadera reorganización de la estructura agraria existente. Demandaba modificar la distribución espontánea del suelo para adaptarla a los requerimientos de la legislación y de la eficiencia económica. En el Chaco la mayor parte de las tierras fiscales se midieron de acuerdo con 6 La ley 5559 denominada de Fomento de los Territorios Nacionales (1908) ordenaba la construcción de líneas férreas y la realización de varias obras públicas en los Territorios Nacionales. El Ferrocarril Central Norte que promovió la ocupación del Chaco se instaló como resultado de esta ley. Para financiar las obras las tierras adyacentes a las vías férreas se reservaban para su venta en remate. - 50 - la ley de tierras nacional 4167 de 1903. Las colonias agrícolas se fraccionaron en chacras de 100 hectáreas, las mixtas en unidades de 625 hectáreas y las pastoriles en lotes de 2.500 hectáreas. Por otra parte, los lotes de las zonas y secciones eran de 10.000 hectáreas, divididos en cuatro fracciones de 2.500 hectáreas. Aunque el criterio de división era rígido, en general las extensiones eran adecuadas para el desarrollo de empresas agrícolas o ganaderas pequeñas y medianas. Sin embargo, el poblamiento espontáneo rara vez respetó la división catastral establecida y dio lugar a la multiplicación de unidades productivas de escasa dimensión. Cuadro n° 6. Tamaño de las explotaciones en la provincia del Chaco (1969) Superficie (ha) 25 25-100 Cantidad 7188 % del total 27 101-250 250-500 501-2500 2501-10000 +10.000 12.071 4238 1185 1697 226 27 45,3 16 4,4 6,4 0,8 0,1 Fuente: Censo nacional agropecuario Existía así un numeroso grupo de productores minifundiarios, con parcelas inferiores a 25 hectáreas muchos de los cuales se desempeñaban también como trabajadores en los obrajes y establecimientos agrícolas. Las explotaciones entre 26 y 100 hectáreas conformaban el amplio sector de pequeños productores agrícolas cuya actividad dependía fuertemente de la utilización de la mano de obra familiar y del monocultivo algodonero. El estrato comprendido entre 100 y 500 hectáreas constituía el sector más capitalizado de los agricultores aunque también en él se encontraba un numeroso grupo de pequeños ganaderos. Las explotaciones situadas entre las 500 y 2.500 hectáreas correspondían principalmente a los productores que poblaban de lotes en las colonias pastoriles y mixtas. En la esfera oficial existía un consenso de que la alta proporción de minifundios y el uso precario del suelo constituían los principales factores limitantes para el desarrollo de empresas agropecuarias eficientes y rentables. En el sector oriental de la provincia la alta proporción de unidades pequeñas se debía en gran medida a que la superficie agrícola quedaba constreñida por la existencia de grandes extensiones bajas e inundables. En la zona centro chaqueña la presencia de amplios espacios abiertos entre las isletas de monte - 51 - fuerte permite el desarrollo de explotaciones de dimensiones ajustadas a los requisitos legales. Sin embargo, en muchas de estas áreas disponibles el poblamiento espontáneo produjo una alta concentración de productores y una excesiva subdivisión del suelo.7 La regularización de la tenencia apuntaba a crear unidades económicas con dimensiones suficientes para encarar la diversificación productiva y la mecanización. Para las explotaciones agrícolas el umbral mínimo se ubicaba en las 100 hectáreas. Dado que muchas de las tierras fiscales estaban muy subdividas el otorgamiento de parcelas con la dimensión requerida debía efectuarse integrando las explotaciones existentes en unidades mayores. Ello implicaba seleccionar a los potenciales beneficiarios entre los ocupantes y reubicar a los productores excluidos en nuevos asentamientos. De esta forma, la búsqueda de la eficiencia económica podía crear conflictos sociales, producir el desarraigo y favorecer la emigración de la población rural. Otra alternativa era la ampliación del área explotable mediante el desmonte. El bosque nativo cubría una parte considerable del área potencialmente utilizable para la actividad agropecuaria. En un estudio del año 1974 se calculaba que el área boscosa cubría alrededor del 60% de la superficie de tierras fiscales en la zona de colonias. El desmonte, no obstante, era una operación sumamente costosa que requería una fuerte inversión del Estado ya fuera que la encarara en forma directa (por entidades oficiales o contrataciones) o de manera indirecta otorgando créditos a los productores. Pese a sus dificultades, la regularización de la tenencia era sólo un aspecto, tal vez el menos complejo, de la labor estatal destinada promover la transformación del modelo agrario existente. También cumplían un papel fundamental la política crediticia, la regulación del sistema de comercialización, el apoyo a la organización cooperativa y la inversión en obras de infraestructura económica y social. En todas estas áreas el estado provincial intervino activamente aunque con resultados variables y no siempre en forma coordinada. Por último, no debe olvidarse que la acción estatal local 7 En la memoria de gobierno del año 1980 se destacaba que “…el avance de la ocupación espontánea en el Centro de nuestra provincia hizo que ésta siempre se haya anticipado a cualquier proyecto de colonización tanto en el área agrícola como ganadera, tomando posesión de predios sin respetar en la mayoría de los casos el ordenamiento catastral en zonas con mensuras, con el agravante de que frecuentemente se da una densidad de población mayor a la ideal para un parcelamiento adecuado y no reñido con la filosofía de la subdivisión y distribución de la tierra en Unidades de Producción económicamente rentables…” Memoria, op. cit., T, II, p. 236 - 52 - estaba condicionada por las políticas nacionales sobre las que la provincia no ejercía ninguna influencia. Proyectos y realizaciones Como se ha señalado anteriormente, el avance significativo en la regularización de la tenencia se inició a partir de la gestión del interventor militar Roberto Mazza (24 de mayo de 1971 - 25 de mayo de 1973). Durante su mandato se dictó la ley 1094 (13 de enero de 1972) que es el punto de partida oficial de la nueva etapa en la política de tierras. Esta disposición reemplazaba a la primera ley provincial de tierras (la n° 16 de 1954) que en ese momento era ya obsoleta. Por la nueva medida se creaba el Instituto de Colonización, organismo que tendría en adelante a cargo la ejecución de la política de tierras. El Instituto de Colonización tenía una jerarquía administrativa superior a la de su predecesora, la Dirección de Tierras y, por ello, contaba con recursos propios y una mayor amplitud de funciones. Debía efectuar todos los actos y gestiones vinculados con el proceso de transferencia de las tierras al dominio privado (planes de colonización, estudios agrotécnicos, mensura, adjudicación, inspección de concesiones y entrega de títulos). También le correspondía el apoyo a los adjudicatarios mediante la asistencia técnica, la gestión de créditos y la coordinación con organismos provinciales y nacionales para realización de obras de infraestructura. La administración del Instituto estaría a cargo de un Directorio designado por el Poder Ejecutivo que incluía representantes propuestos por las entidades gremiales agrarias.8 La organización interna de la repartición no difería mucho en la estructura existente en la etapa previa pero sin duda debido al mayor dinamismo de la acción de gobierno creció el número de empleados y técnicos.9 8 La ley n° 1094 establece que el Directorio estaría compuesto por cinco miembros: un presidente y dos vocales designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la cámara de diputados, un vocal representante de las entidades gremiales del sector pecuario y otro de las del sector agrario. 9 La estructura básica del Instituto de Colonización estaba conformada por seis gerencias: Topografía (encargada de las mensuras), Régimen de la Tierra (adjudicaciones), Planeamiento (estudios agroeconómicos), Inspección, Asesoría Jurídica (otorgamiento de títulos) y Administrativa. La sede del organismo se hallaba en la ciudad de Resistencia, capital de la provincia, pero tenía delegaciones en las principales localidades del interior. En 1979 existían delegaciones en Machagay, Quitilipi, Sáenz Peña, Corzuela, Charata, Villa Ángela, Tres Isletas, Castelli, Pampa del Indio, Pampa del Infierno y Taco Pozo. - 53 - Con respecto a la adjudicación de la tierra se establecía que las áreas fiscales mensuradas se otorgarían principalmente en venta y los beneficiarios se seleccionarían de acuerdo con su capacidad económica y aptitud para los trabajos agrarios. La venta podía efectuarse en forma directa o por concurso u ofrecimiento público. La primera de las modalidades estaba destinada exclusivamente a los ocupantes de tierras fiscales que cumplieran los requisitos fijados por la ley. La venta por concurso extendía la oferta a otros interesados dentro de la provincia (hijos de productores, residentes en sitios cercanos, profesionales de las ciencias agrarias, socios de cooperativas). La ley también establecía como formas de adjudicación el arrendamiento y el permiso precario de ocupación para aquellos pobladores que por su limitada capacidad económica fueran excluidos de las operaciones de venta. La labor inmediata del Instituto quedó formalmente definida por el convenio celebrado entre la provincia y el Ministerio de Agricultura de la Nación el 2 de junio de 1972. El mismo puso en práctica el “Operativo Tierras Fiscales Centenario del Chaco” denominado así en conmemoración de los cien años de la creación del Territorio. El operativo era un programa destinado exclusivamente en la regularización de la tenencia aunque genéricamente se hacía mención a la radicación de industrias, al apoyo técnico y a planes desbosque. La tarea estaría a cargo de comisiones que debían recorrer las zonas fiscales y atender a las diversas situaciones de ocupación.10 Aunque centrado sólo en la entrega de títulos, el programa era demasiado ambicioso. Preveía la regularización de la tenencia (mediante la entrega de escrituras de propiedad o de concesiones) en alrededor de un millón de hectáreas en el lapso de seis meses. Este objetivo no se podía lograr en tan poco tiempo aunque no hay duda que la puesta en práctica del proyecto activó el proceso de regularización. En 1972 se entregaron en propiedad más de 70.000 hectáreas y se concedieron 84.000 hectáreas. Estos valores representaban un significativo crecimiento en relación con años anteriores dado que en el lapso de 19651971 el promedio de adjudicación anual rondaba las 20.000 hectáreas para los títulos de propiedad y en 24.000 hectáreas para las concesiones. El gobierno electo encabezado por Deolindo Felipe Bittel mantuvo el impulso de la titularización iniciada en la etapa anterior pero además decidió encarar proyectos más ambiciosos. Uno de ellos era el denominado “Plan de Colonización para la Reconstrucción Nacional” que proponía una estrategia de desarrollo rural en beneficio de los ocupantes de tierras fiscales en la zona central y sudoeste de la provincia. El otro proyecto está formulado en 10 Registro Oficial de la Provincia del Chaco, 23 de julio 1972, p.2. - 54 - el “Plan Trienal 1974-1977” y tenía por objetivo impulsar la ocupación de la zona de El Impenetrable ubicada en el occidente árido. Ambas iniciativas pasaron a integrar el “Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional”, presentado por el gobierno de Juan Perón en diciembre de 1973, con lo cual lograban el apoyo financiero de la Nación.11 El “Plan de Colonización para la Reconstrucción Nacional”, aunque finalmente no llegó a ejecutarse, constituye uno de los proyectos más completos de desarrollo agrario que se hayan elaborado en la provincia. Surgió en el marco del conflicto que tuvo lugar entre las autoridades electas y las Ligas Agrarias por el control y la orientación de la política para el sector rural. Se originó por iniciativa del Instituto de Colonización en gran medida como respuesta a los reclamos más radicales de reforma agraria y de expropiaciones efectuadas por las Ligas.12 En su elaboración participaron técnicos del Instituto de Colonización, del Consejo Agrario Nacional, de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación y del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. El plan fue concebido como un proyecto integral de colonización destinado a superar la mera entrega de títulos dado que la misma se consideraba un instrumento insuficiente para solucionar los problemas del sector agrario menos favorecido. Los beneficiarios del proyecto eran los ocupantes de tierras fiscales en colonias y zonas fiscales del centro y sudoeste, el núcleo agrario de la provincia. Los objetivos generales eran mejorar el ingreso de los productores y ampliar el área de explotación agropecuaria. También se buscaba promover el arraigo de los pobladores para frenar la creciente emigración rural. Con ese fin, el plan apuntaba a la creación de unidades de explotación que brindaran ocupación plena al mayor número de ocupantes 11 Provincia del Chaco. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Instituto de colonización, Resistencia, 1974 Plan de colonización para la Reconstrucción Nacional; Gobierno Popular de la Provincia del Chaco, Plan Trienal 1974-1977, Resistencia 1974; República Argentina. Poder Ejecutivo Nacional, Plan Trienal para la Reconstrucción Nacional, Buenos Aires, 1973, tomo IV. Este tomo del plan trienal nacional se denomina “programa de expansión de la frontera agropecuaria, región semiárida chaqueña” No es un programa propiamente dicho sino que reúne diversos proyectos previstos o en ejecución de las provincias de Formosa, Chaco, Santiago del Estero y Córdoba. 12 Sobre las demandas de reforma agraria señalaba el entonces interventor del Instituto de Colonización: “’Haz la reforma agraria chaqueña’, me decían. ‘Haz expropiaciones y mete colonos’, otros. Yo les confieso que a mí me causaba antipatía la terminología ‘Reforma Agraria’, porque siempre escuché hablar de ella y nunca, o por lo menos creo que hasta ahora, siempre se ha realizado con sentido folclórico y poco práctico. Entonces me entusiasmó la del Reordenamiento y Colonización”. Bittel Raúl, “Presentación filosófico-política del Plan de Colonización para la Reconstrucción Nacional”, En: V reunión interamericana de Ejecutivos de Reforma Agraria, Septiembre-Octubre de 1974, IICA, Asunción p. 3. - 55 - y fueran económicamente productivas. Así se preveía la conformación de unidades económicas familiares y de unidades cooperativas. Las primeras se otorgarían a los pobladores con mayores posibilidades para el desarrollo de una explotación. Las familias de menores recursos que debían reubicarse integrarían unidades de trabajo cooperativas organizadas con la asistencia del gobierno. Se establecía un plan progresivo de inversiones y de ampliación del área explotada hasta que las unidades adjudicadas alcanzaran su plena capacidad productiva. Se preveía que este objetivo se alcanzaría en un plazo de diez años. En ese lapso el gobierno proveería de apoyo técnico y crediticio a los beneficiarios y supervisaría que se cumplieran las metas previstas. El proyecto fue aprobado por la legislatura provincial en septiembre de 1974. Previamente, el 26 de abril, se promulgó una nueva ley de tierras, la n° 1407, para adaptar el régimen legal a las necesidades del programa de colonización.13 De igual manera, el 29 de octubre se firmó un convenio con el gobierno de la Nación para atender a las cuestiones vinculadas con el financiamiento del plan. No se avanzó más allá de estas medidas preliminares porque al año siguiente, la crisis inflacionaria afectó seriamente la acción de gobierno y paralizó la ejecución de los proyectos de mayor trascendencia.14 Pese al fracaso del plan de colonización, durante el trienio 1973-1975 la regularización progresó con la dinámica establecida a partir de la creación del Instituto de Colonización. En el lapso indicado, la superficie anual promedio de tierras otorgadas en propiedad fue algo superior a 77.000 hectáreas mientras que la de áreas concedidas fue de alrededor de 83.500 hectáreas. Durante los gobiernos de facto del período 1976-1983 el ritmo del otorgamiento de tierras fiscales se aceleró aún más, de tal forma que en ese lapso se completó, en líneas generales, la regularización de la tenencia en las áreas colonizadas. Simultáneamente, se inició un vasto programa de coloni13 La ley mantuvo las disposiciones más importantes de la 1094 pero, en obvia referencia al plan de colonización, establece que la mensura de unidades económicas debía efectuarse “en base a una planificación global aprobada por ley”. Asimismo, los colonos que obtuvieran el título de propiedad no podrían enajenar su predio durante el lapso de diez años. 14 “Debemos ser conscientes de que las limitaciones serán difíciles de superar en el presente ejercicio, pues como expresara hace poco el señor ministro de economía de la Nación, el estado coyuntural de las finanzas públicas hace necesario ajustar nuestras expectativas y demandas a esas limitaciones en beneficio de la Nación toda. Ello significa que nuestro gobierno va a seguir asumiendo todos los compromisos necesarios para cumplir los objetivos del Plan, pero extendiendo su tiempo de ejecución de acuerdo a la disponibilidad de recursos financieros, y al estado de provisión de bienes y materiales, dada la reducción consecuente de la capacidad ejecutiva” Provincia del Chaco” Mensaje del gobernador Felipe Bittel a la cámara de Diputados. Periodo Ordinario de sesiones. Resistencia, 1° de abril de 1975, p 15 - 56 - zación de la zona árida del occidente chaqueño. El renovado impulso que adquirió la política de tierras en este período respondió a un ambicioso proyecto puesto en práctica durante la administración del general Antonio Facundo Serrano destinado a producir la transformación de la estructura económica y social de la provincia. De acuerdo con la orientación ideológica vigente en ese momento los cambios debían sustentarse en la eficiencia, la iniciativa privada, la libertad de los agentes económicos y el rol subsidiario del Estado. En las condiciones prevalecientes en el Chaco, sin embargo, el modelo de desarrollo que se quería implementar necesitaba una activa intervención del Estado. De esta forma se destinaron vastos recursos para ampliar la infraestructura económica y social, se favoreció la radicación de industrias mediante leyes de promoción y se brindó una atención preferencial a la reconversión del sector agropecuario. En esta labor, la provincia contó con el apoyo económico del gobierno nacional interesado en superar los problemas que habían generado las protestas sociales en años anteriores. Sin embargo, aunque hubo logros significativos, la realización de vastos emprendimientos en forma simultánea no estaba acorde con las posibilidades reales de la provincia. Por otra parte, en los años 1979 y 1980 la crisis de la política económica del gobierno nacional afectó seriamente a los planes locales (Roze, 2007). En lo se refiere al sector agrario, el gobierno apuntaba a favorecer su desarrollo a través de la plena inserción en el mercado internacional. Para que la apertura comercial rindiera frutos, las unidades productivas debían experimentar un proceso de reconversión para que fueran competitivas. Por ello se aceleró el proceso de regularización de la tenencia en las áreas fiscales y se otorgó un fuerte apoyo crediticio a los productores agropecuarios para que introdujeran mejoras técnicas y ampliaran sus explotaciones. El Banco de la Provincia amplió considerablemente el volumen de préstamos en favor del sector agrario y alentó a los productores para que accedieran al crédito exterior. La nueva política oficial sobre tierras públicas quedó plasmada en la ley 2170, aprobada el 13 de junio de 1977.15 En la medida se declara de interés provincial la incorporación de las tierras ociosas al proceso productivo a través la privatización del suelo y la expansión de la frontera agropecuaria. Sobre última cuestión, la ley tiene un apartado especial destinado al plan de 15 Previamente se había aprobado la ley 2040 que fijó algunos principios básicos de la nueva política de tierras hasta que se estableció el régimen definitivo. - 57 - colonización en la zona del oeste chaqueño. La disposición legal busca además fomentar la iniciativa privada, la inversión y el manejo empresario de las explotaciones mediante desgravaciones impositivas y la eliminación de restricciones al derecho de propiedad. En lo que se refiere al otorgamiento del suelo fiscal, salvo para el caso de las tierras incluidas en el plan de colonización de la zona occidental, la ley n° 2107 adopta los mecanismos de adjudicación y criterios de selección de adjudicatarios ya establecidos con anterioridad. No obstante, es de destacarse el énfasis que otorga a la regularización de las ocupaciones de hecho y a la erradicación del minifundio. Además, los pobladores asentados sólo podían optar por la compra directa o el arrendamiento con derecho a compra. A diferencia de las disposiciones anteriores, no se hace mención al otorgamiento de concesiones precarias porque estos mecanismos tendían a prolongar la inseguridad legal. Durante los cuatro primeros años de la administración militar, la regularización de la tenencia en las zonas ya colonizadas avanzó en forma acelerada. Durante el período 1976-1979 el promedio anual de la superficie otorgada en propiedad fue similar a la de años anteriores, alrededor de 70.000 hectáreas. Sin embargo, en lo que se refiere a las concesiones, la etapa previa a la escrituración definitiva, la media anual fue de unas 300.000 hectáreas, es decir, una extensión cuatro veces superior al promedio del lapso 1972-1975. De esta forma, en los inicios de la década de 1980 la mayor parte de las tierras que había pertenecido al fisco estaba privatizada o se hallaba comprometida con contratos celebrados con particulares. En adelante el ritmo de adjudicaciones tendió a disminuir por la menor de la disponibilidad de terrenos fiscales.16 La extraordinaria actividad del Instituto de Colonización en las zonas rurales densamente pobladas del Chaco se destaca aún más si se tiene en cuenta que al mismo tiempo, en forma independiente, se estaba concretando un proceso de adjudicación en gran escala en la zona occidental de la provincia. En esta etapa de intensa labor, el Instituto pudo resolver situaciones de ocupación conflictivas o disponer sobre la radicación de pobladores de escasos recursos, problemas complejos que en años anteriores habían frenado el proceso regularizador. Indudablemente, a esta eficacia contribuyeron 16 Sin demasiada exageración el gobernador Serrano podía calificar este cambio como “una auténtica revolución del agro chaqueño” Memoria de acción de gobierno… tomo I, p. 48. - 58 - el fuerte control social y la represión de los movimientos de protesta llevada adelante por el gobierno de facto.17 En el momento en que se completaba la regularización el sector rural chaqueño atravesaba una grave crisis coyuntural. La misma estaba motivada por el endeudamiento de los productores con las instituciones de crédito oficiales y con acreedores del exterior. En este problema una gran responsabilidad correspondía al gobierno de la provincia que había alentado a los productores a endeudarse para encarar la modernización de sus explotaciones. Se vio agravado además por la caída del precio internacional del algodón y la política cambiaria del Estado nacional. En esta circunstancia, la provincia elaboró un programa para acudir en auxilio productores en sus problemas de endeudamiento y, al mismo tiempo, promover una profunda reforma de la dimensión de las explotaciones para evitar futuras crisis. Se buscaba alentar la formación de predios de 300 a 500 hectáreas, considerados como las unidades económicas ideales para encarar la diversificación productiva y el cambio tecnológico (Carlino, 2008). Con los objetivos mencionados, el 28 de agosto de 1980 se lanzó el “Proceso de Reorganización Agraria del Chaco” (PRACHACO). El nuevo programa constituía un plan de asistencia financiera asociada con medidas en favor la ampliación de las explotaciones. En lo que se refiere a la política de tierras, el proyecto alentaba a los pequeños propietarios a vender sus parcelas al Estado con el doble propósito de erradicar el minifundio y de disponer de tierras para quienes quisieran ampliar sus predios. Los propietarios de parcelas menores a las 100 hectáreas podían ofrecerlas en venta al Poder Ejecutivo. Éste se haría cargo de la totalidad de la deuda del productor con las instituciones oficiales y entregaría al vendedor el 50% del valor de la tasación. Por otro lado, se otorgaba una asistencia financiera especial para quienes adquirieran tierras fiscales con el fin de integrar predios con superficies de entre 300 y 500 hectáreas. Asimismo, la gran mayoría de los concesionarios de tierras fiscales se vieron beneficiados con la ampliación de cinco a veinte 17 “(…) para lograrlo no fue necesario organizar estériles y destructivos movimientos de protesta, sembrar las rutas con “clavos miguelitos” o bloquear los caminos, o hacer ruidosas marchas en sus tractores. Se hizo simplemente como resultado de la comunicación, del diálogo entre el gobierno y el pueblo, porque una vez detectado el problema existente se decidió – con vehemencia- resolver una situación injusta y se arbitraron los medios prácticos y eficientes para hacer realidad, sin promesas previas sin demagogia”. Mensaje del gobernador Serrano… tomo I, p. 48. - 59 - años del plazo de amortización del valor de las parcelas fiscales de hasta 500 hectáreas que habían sido adquiridas hasta ese momento.18 Este programa no tenía muchas posibilidades de implementación efectiva. En el momento en que se lanzó se estaba en la víspera de un traspaso de mando tanto en la Nación como en la provincia y ello a la vez vaticinaba cambios drásticos en la orientación de la política económica. Por otra parte, el Estado provincial carecía de los recursos para la adquisición masiva de predios particulares a precios de mercado. En la práctica la solución inmediata se produjo en 1981 mediante un auxilio extraordinario de la Nación que permitió a la provincia hacerse cargo de los compromisos internos y externos del sector privado. No obstante, debe señalarse que esta crisis contribuyó a la reorganización parcelaria porque forzó muchos pequeños productores arruinados a abandonar la actividad rural. La expansión de la frontera agropecuaria en el occidente árido El área de ocupación consolidada en el Chaco abarcaba dos terceras partes del territorio provincial. El tercio restante correspondía a la zona occidental donde la escasez de agua impone una limitación muy difícil de superar para el asentamiento humano. En esta vasta comarca se pueden distinguir dos ambientes. Al norte se encuentra la zona del interfluvio del Teuco-Bermejito, donde los cursos de agua contribuyen a mitigar la aridez y al sur se ubica el área conocida como El Impenetrable cubierta por un bosque xerófilo compacto. Debido a las difíciles condiciones que impone el terreno el poblamiento ha sido débil y precario. El interfluvio es un área de asentamiento de comunidades aborígenes (particularmente de la etnia wichí). Asimismo, desde fines del siglo XIX se produjo el avance de un frente poblador integrado por hacendados salteños. Tras un crecimiento inicial perdió dinamismo porque la difusión del ganado vacuno favoreció el reemplazo de las pasturas naturales por especies leñosas. El Impenetrable, por su parte, también fue débilmente ocupado en su periferia. En su extremo occidental, la instalación de los pueblos Pampa del Infierno y de Taco Pozo en las estaciones del ferrocarril del Estado favoreció el asentamiento de ganaderos santiagueños, mientras que 18 Memoria de la Acción de Gobierno… tomo I, pp. 106-110. - 60 - en su franja oriental creció el número de ocupantes en los terrenos adyacentes a las colonias agrícolas pobladas en la década de 1930. En lo que se refiere a la adjudicación de la tierra a principios de la década de 1970 la única área mensurada y de dominio privado era una concesión otorgada inicialmente por el gobierno de Salta a Natalio Roldán en 1872. Los terrenos restantes, más de tres millones de hectáreas, eran campos fiscales poco explorados y sin medir. Salvo algunas reservas establecidas por el gobierno provincial, la mayor parte de las tierras permanecían sin destino. En el área del interfluvio se creó en 1921 una colonia agrícola-pastoril de 250.000 hectáreas y en 1924 se estableció una reserva de 100.000 hectáreas para las comunidades aborígenes. Las tierras restantes como estaban situadas en el área de influencia en el ferrocarril del Estado adoptaron la denominación catastral de zonas B, C, D, E, F y H. Sin embargo, estas creaciones y designaciones eran disposiciones administrativas que no tuvieron ninguna aplicación en el terreno. Este vasto territorio libre de adjudicación se presentaba como un área disponible para la expansión de la frontera ganadera y para el aprovechamiento forestal. Pero la habilitación económica de estos terrenos requería estudios sistemáticos sobre los recursos acuíferos y las posibilidades productivas del área. Además, tenía que ir acompañada de una fuerte inversión estatal con el fin de crear centros de población, abrir caminos y picadas y establecer servicios básicos. Durante los primeros años de la etapa provincial hubo pocos avances en la ocupación y el ordenamiento territorial de la región puesto que estas tareas no representaban un problema prioritario para las administraciones provinciales. Esta situación se modificó a partir de la reactivación de la política de tierras en 1972. En poco tiempo, la expansión de la frontera agropecuaria en la zona occidental fue ganando importancia en la agenda del gobierno junto con la regularización de las ocupaciones en las áreas colonizadas. Dentro de las actividades previstas en el convenio “Operativo Tierras Fiscales Centenario del Chaco” (junio de 1972) fueron incluidas la mensura y regularización de los asentamientos espontáneos en la parte oriental de El Impenetrable. El área de los trabajos comprendía la denominada zona B, adyacente a varias colonias agrícolas, y Fortín Lavalle en la colonia Pastoril Rodríguez Peña. Sin embargo, las tareas no llegaron a concretarse. El primer proyecto donde se plantea la ocupación territorial de la región oeste como un objetivo específico de la acción de gobierno se encuentra - 61 - en el “Plan Trienal 1974-1977” elaborado por el gobierno de la provincia. El programa de expansión planteaba objetivos de índole económica y político-estratégica. Se buscaba en primer lugar incorporar nuevas tierras para el aprovechamiento ganadero y forestal. Se pretendía además afirmar la presencia del Estado en áreas hasta ese momento poco controladas y también favorecer la integración económica con las provincias del noroeste y países vecinos. Un aspecto importante para destacar es que el proyecto era concebido como un complemento del “Plan de Colonización para la Reconstrucción Nacional” que debía ejecutarse en las áreas fiscales del centro y del sudoeste. Se pretendía que las nuevas áreas que se incorporaran en el oeste constituyeran una zona de asentamiento para aquellos ocupantes que quedaran excluidos de la reorganización parcelaria en el área colonizada.19 El plan preveía la ocupación Territorial de El Impenetrable en forma paulatina. Como acciones más inmediatas se proyectaba el trazado de la ruta interprovincial “Juana Azurduy” que atravesaría en forma diagonal el área boscosa para establecer la vinculación con el oriente salteño. A lo largo de la misma se tenía previsto la creación de tres centros urbanos. En lo que se refiere a la adjudicación de tierras se planeaba iniciarla desde la periferia de El Impenetrable hacia el interior a partir de dos núcleos. Uno de ellos se ubicaría en el extremo occidental, en el área denominada Pico del Chaco, en torno de la localidad de Taco Pozo. La otra zona de colonización se ubicaría en el borde oriental, en el área de Fortín Lavalle. Una vez consolidados estos núcleos se iniciaría la ocupación del corazón de El Impenetrable, tarea que recién comenzaría a ejecutarse a partir de 1985. Como parte de este programa de expansión también se tenía previsto un plan de desarrollo en base a cultivos de riego para pobladores indígenas y criollos en el área del interfluvio Teuco-Bermejito. Como ocurrió con el plan de regularización parcelaria en la zona centro-chaqueña, la concreción de este proyecto de expansión territorial quedó anulada por la crisis económica y la incertidumbre política. Las únicas realizaciones de los años 1974 y 1975 fueron el trazado de la ruta Juana Azurduy y el otorgamiento algunas concesiones en venta y en arrendamiento en las áreas periféricas. Para la administración de facto iniciada en marzo en 1976 la expansión de la frontera agropecuaria en el occidente chaqueño constituyó un tema prioritario en la agenda de gobierno. Dentro de la política de tierras tenía una importancia similar a la del proceso de regularización de la tenencia en las 19 Gobierno Popular de la Provincia del Chaco, Plan Trienal…, pp.52-54 - 62 - zonas colonizadas. A ello se agregaba su alto valor como instrumento propagandístico dentro del proyecto global de insertar al Chaco en los mercados comerciales y financieros nacionales e internacionales y presentarlo como área atractiva para las inversiones. El proyecto de expansión de la frontera agropecuaria denominada “Campaña del Oeste” fue iniciado oficialmente el 9 de agosto de 1976. Estaba destinado a la ocupación inmediata del área de El Impenetrable mediante la ejecución en forma simultánea de tareas vinculadas con la adjudicación de la tierra, de estudios sobre el aprovechamiento de los recursos acuíferos y de ejecución de obras para la instalación de servicios básicos. El presupuesto inicial de este ambicioso proyecto fue de 75.000.000 de dólares financiados con fondos nacionales y provinciales (Beck, 1992). Con este gran esfuerzo fiscal se buscaba crear las condiciones adecuadas para atraer inversiones extrarregionales que contribuyeran a impulsar un desarrollo ganadero fundado en explotaciones altamente capitalizadas. Este objetivo quedó expresado en la ley de tierras 2107 que dedica un apartado especial a la adjudicación de las tierras fiscales en los departamentos Brown y Güemes, área donde se desarrollaría el proyecto. En esa zona los adjudicatarios de tierras fiscales en venta por concurso serían seleccionados de acuerdo con la oferta de precios, la forma de pago y el plan de inversiones. Asimismo, se previó “por vía de excepción” que se adjudicasen tierras fiscales a sociedades agrícolas o ganaderas. Esta última cláusula representaba una ruptura con un principio fundamental de la política de tierras de la provincia la cual hasta ese momento había vedado la participación de las sociedades con fines de lucro. La adecuación del área para el proyecto demandó la realización de un vasto conjunto de trabajos preliminares dado que carecía de todo ordenamiento territorial. Entre 1976 y 1980 se mensuraron en total 1.327.504 hectáreas, alrededor del 41% del área del proyecto. Esta extensión fue, a su vez, fraccionada en lotes de 2500 hectáreas. Se realizó la apertura de aproximadamente 4500 km de caminos trazados en base a las líneas perimetrales de las áreas medidas. Simultáneamente, las comisiones del Instituto efectuaron los estudios agroeconómicos para la delimitación de las unidades productivas y para registrar a los ocupantes. Mediante un programa especial denominado “Pico del Chaco” se exploraron, con resultados no muy concluyentes, los recursos acuíferos subterráneos de la zona. También el 28 de septiembre en 1978 se fundó la población de Fuerte Esperanza ubicada en una posición central de El Impenetrable sobre la ruta “Juana Azurduy”. Con esta fun- 63 - dación concluyó la etapa más activa de los trabajos preliminares dado que pronto las limitaciones financieras del gobierno frenaron la concreción de nuevas tareas. A medida que se completaban las operaciones de acondicionamiento dio comienzo el proceso de adjudicación de tierras. El mismo se inició durante los años 1977 y 1978 y avanzó a ritmo sostenido durante toda la duración del gobierno militar. A principios de la década de 1980, las adjudicaciones en el área de El Impenetrable superaban a los de la zona de colonias agrícolas y pastoriles. En total durante el lapso de 1977 a 1983 se concedieron en venta un total de 896.394 hectáreas. Una importante proporción de esta superficie se otorgó en forma directa a pobladores ya asentados. Para 1980 éstos concentraban casi el 54% de las tierras adjudicadas venta, lo cual indica la presencia de un número significativo de productores ocupantes en condiciones de llevar adelante una explotación rentable. También debe tenerse en cuenta que se otorgaron 51.000 hectáreas en arrendamiento a pobladores que no estaban en condiciones de comprar la tierra que ocupaban. En cuanto a la venta por concurso, las ofertas fueron ampliamente publicitadas en todo el país y lograron atraer inversiones aunque no en la magnitud esperada por el gobierno. Algunos de los adjudicatarios que no residían en la región experimentaron dificultades para desarrollar sus explotaciones debido a los altos costos de las mejoras exigidas y la escasa disponibilidad de agua (Borrini y Schaller, 1981). En líneas generales, la “Campaña del Oeste” cumplió un papel fundamental en la expansión de la frontera agropecuaria debido a que favoreció la integración una vasta zona que había permanecido marginada. En lo inmediato, sin embargo, representó una operación sumamente costosa para las finanzas provinciales con magros resultados en relación con los grandes objetivos que se habían planteado. Posiblemente una estrategia menos ambiciosa orientada hacia un hacia una incorporación gradual de la zona hubiera sido menos gravosa y logrado ventajas similares. Los resultados de la política de tierras Los problemas fundamentales que debió encarar política de tierras del Chaco durante la década de 1970 fueron la regularización de la tenencia de la tierra, la reorganización parcelaria para erradicar el minifundio y la expansión de la frontera agropecuaria. En relación con la tenencia de la tierra, la - 64 - decidida labor del Estado en favor de la transferencia de las tierras fiscales al dominio privado permitió superar en menos de una década el problema de la inseguridad legal. Cuadro n° 7. Estado legal de la tierra en el Chaco (1983) Propiedad privada Concedido en venta Arrendado/otros Reservas/ejidos Fiscal libre Total Superficie (ha) 4.406.154 1.631.022 186.328 306.612 3.446.932 9.977.106 % 44,2 16,3 1,9 3,1 34,5 Fuente: Instituto de Colonización, Resumen Estadístico Entre 1974 y 1983 el área comprendida por las propiedades particulares y los terrenos concedidos o reservados creció del 47,3% al 65,5% de la superficie provincial. El aumento resulta mucho más significativo si se tiene en cuenta que la transferencia al dominio privado se desarrolló en las áreas más densamente pobladas de la planicie centro-chaqueña que constituían el núcleo de la actividad agropecuaria y forestal. Cuadro n° 8. Estado legal de la tierra en las colonias y tierras fiscales mensuradas (proporción del total, 1980) Superficie (ha) Concesiones Escriturado Otros Fiscal Colonias agrícolas 1.620.286 26,8 45,8 9,1 18,3 Colonias pastoriles 1.255.148 16,2 59,3 5,2 19,3 717.734 35,3 13,2 19,8 31,7 zonas y secciones Fuente: Instituto de Colonización, Resumen estadístico - 65 - A principios la década de 1980 prácticamente la mayor parte de la tierra explotable en las colonias se hallaba en manos privadas o estaba en proceso de transferencia. El cambio radical que tuvo lugar en el régimen de tenencia queda manifiesto en el censo nacional agropecuario 1988. En esa encuesta el 70% de los productores registrados en el Chaco eran propietarios de sus explotaciones, el 16,1% trabajaban como arrendatarios o aparceros mientras que los ocupantes sólo representaban el 13,9% del total. Un problema inherente al proceso de titularización era la erradicación del minifundio mediante la conformación de unidades económicas de producción. Se trataba de una situación compleja y potencialmente conflictiva dado que, como se ha visto, la acción oficial debía operar sobre situaciones de hecho que se habían consolidado con los años. Por lo común, la solución consistió en que los pobladores excluidos del proceso de concentración parcelaria recibieran una parcela con una extensión menor a la unidad económica o un lote residencial.20 Este procedimiento contribuía a la persistencia del minifundio pero era contemplado por todas leyes de tierras por razones de índole social. De todas formas, la titularización acelerada favoreció en forma espontánea la concentración parcelaria al liberar el mercado de tierras. En una evaluación crítica sobre las consecuencias de la regularización de las ocupaciones, efectuada en 1974, se destaca que: “De esta manera y con el sólo hecho de cambiar el estado legal de tenencia de la tierra se logró que los adjudicatarios se capitalizaran extraordinariamente, pues la tierra pasó de un valor promedio de $50 la hectárea (precio de venta fijado por el Instituto de Colonización para tierras fiscales) a un mínimo de $500 la hectárea Al aplicarse como medida aislada, la entrega de títulos se transformó simplemente en una activación del mercado de tierras al hacer ingresar al mismo los predios adjudicados. “Teniendo en cuenta el entorno socio-económico de la mayoría de los ocupantes de la provincia (productores chicos y/o minifundistas), comprenderemos la posibilidad de que muchos de ellos hayan enajenado sus tierras, ya sea para saldar deudas anteriores con sus proveedores de insumos y mercaderías o simplemente para ‘probar suerte’ en otra parte de la provincia o del 20 “Con ese panorama es comprensible que no sea posible en algunos casos ajustarse a métodos tradicionales de determinación de Unidades Económicas por lo que es fácil inferir la gravitación que ejercen las situaciones de ocupaciones de hecho en el dimensionamiento de las unidades de producción”. Memoria de la acción de gobierno… t II, p. 237. - 66 - país que ofrezca mayores grados de estabilidad y seguridad económica”.21 Las sucesivas crisis del cultivo algodonero y el fuerte endeudamiento del sector a agrario fines de la década de 1970 fueron también factores que impulsaron a un gran número de pequeños productores a abandonar su actividad. En contraste, en esta etapa se consolidó el grupo de productores medios y grandes que contaban con recursos para ampliar sus explotaciones, encarar la diversificación de los cultivos e introducir mejoras técnicas. Cuadro n° 9. Tamaño de las explotaciones agropecuarias. Año 1988 Superficie (ha) 25 25-100 Cantidad 3480 % del total 19,8 100-200 200-500 501-2500 2501-10000 +10.000 6355 3076 2690 1726 236 32 36,1 17,5 15,3 9,8 1,3 0,2 Fuente. Censo nacional agropecuario Debido a la emigración rural disminuyó el número de explotaciones. En 1988 se registraron en total 21.284 unidades productivas lo que representaba una disminución de cerca del 20% con respecto a las que se contabilizaron en el censo de 1969. Esta caída afectó fundamentalmente a los pequeños productores puesto que se produjo una fuerte reducción tanto en términos absolutos como relativos de las explotaciones inferiores a 100 hectáreas. Lo contrario ocurrió con las unidades ubicadas en el rango de 100 a 500 hectáreas cuya participación en el total pasó de 20,4% en 1969 a 32,8% en 1988. El tercer objetivo de la política de tierras fue la incorporación productiva y el ordenamiento territorial de las zonas baldías del occidente chaqueño. En este aspecto también los logros fueron significativos. Aunque excesivamente ambiciosa y mal concebida desde el punto de vista de las finanzas públicas la “Campaña del Oeste” fue un proyecto integral que creó las condiciones básicas para la ocupación y distribución de la tierra en el área de El Impenetrable. De esta forma a medida que consolidaba del dominio privado 21 Provincia del Chaco, Plan de Colonización…, op. cit, pp. 24-25 - 67 - en la planicie centro-chaqueña, occidente de la provincia pasó constituir el escenario principal de la política de tierras oficial. Referencias bibliográficas Bageneta, M. (2011). “Políticas públicas para un agro reconvertido. El gran Chaco Argentino (1960-2010)”, en Ruffini, M. & Blacha, L. (Comps.). Burocracia, tecnología y agro en espacios marginales. Rosario, Argentina: Prohistoria. Bageneta, M. (2015). Del algodón a la soja. Territorio, actores y cooperativas en el Gran Chaco Argentino (1960-2010), Buenos Aires, Argentina: Intercoop. Beck, H. (1992). La ocupación del espacio en el oeste chaqueño y formoseño desde la provincialización de los Territorios (1950-1983). Resistencia, Argentina: Instituto de Investigaciones Geohistóricas-Universidad Nacional del Nordeste. Bittel, R. 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Los ganaderos frente a los primeros gobiernos peronistas, en el marco de la construcción de la Provincia de La Pampa (1946-1958) Gabriel Eduardo Grégoire Instituto de Estudios Socio-históricos (IESH) Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) A modo de introducción La Pampa se convirtió en provincia en 1951 como corolario de una lucha iniciada varias décadas antes por los habitantes del territorio de la pampa central y como parte de un proceso de cambios institucionales impulsado por el gobierno de Juan Domingo Perón. Durante la primera mitad del siglo XX, sus actividades económicas estuvieron limitadas en su mayor parte a la producción primaria, según lo permitían las condiciones geográficas del territorio y debido a la ausencia de políticas que favorecieran la diversificación de su economía. Si tratamos de identificar en ese entonces una burguesía local, encontraremos que sólo existía un reducido, modesto y heterogéneo arco empresarial, integrado en su mayor parte por pequeños y medianos productores rurales, comerciantes (entre los que se destacaban los dueños de almacenes de ramos generales) y un puñado de industriales. Esta situación justifica que, para 1946, sólo existiera en todo el ámbito territorial un único sector de la producción que estuviera organizado en defensa de sus intereses: el sector agropecuario. La Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa (AAG), fundada en 1918, conocida como la “madre de las asociaciones”, aglutinaba a los productores agropecuarios que constituían la base del sistema productivo regional. El comercio y la industria tuvieron que - 71 - esperar hasta 1947 para que se conformara una entidad que representara sus intereses: la Cámara de Comercio e Industria de La Pampa (CCIP). Para este entonces, el sector agropecuario ya tenía más de una asociación y la AAG, desde fines de la década del 1930, se había integrado a organizaciones de segundo y tercer grado. Participaba activamente tanto de la Confederación de Asociación Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) como de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). En este capítulo proponemos analizar los discursos y acciones que desplegaron los representantes de la AAG frente a las políticas económicas llevadas adelante por los primeros gobiernos peronistas, en cuyo marco se produjo la creación institucional del estado provincial. Para poder apreciar con mayor claridad los fines de las acciones colectivas desplegadas por parte del empresariado pampeano, vamos a extender el análisis a la relación con el gobierno provincial ungido por las autoridades de la ‘Revolución Libertadora’ en 1955 hasta 1958 cuando finalizó el mandato de las nuevas autoridades instituidas. Sostenemos que las acciones colectivas llevadas adelante por los productores rurales aglutinados en la AAG, les permitieron defender exitosamente sus intereses y mantener una matriz productiva basada en el desarrollo del sector agropecuario de La Pampa durante el proceso de construcción del estado provincial. Para lograrlo, la AAG planteó posiciones, sostuvo conflictos y también contribuyó a delinear algunas de las políticas de desarrollo económico y defensa de sus recursos naturales que adoptaron distintos gobiernos provinciales. Las estructuras socio-económicas Durante la mayor parte de los primeros gobiernos de Juan D. Perón (1946-1955) La Pampa continuó siendo un territorio nacional y las políticas de desarrollo económico orientadas al fortalecimiento de la industria liviana y una mayor intervención del estado en la economía sostenida en el plano nacional, no tuvieron ningún impacto en la transformación del aparato productivo local. Esta situación no varió demasiado con la provincialización, que pareció ser el resultado de una ola de cambios institucionales llevados adelante con el objeto de consolidar un nuevo régimen político, el cambio de las reglas electorales y el sistema de representación y no tanto el impulso para transformar las estructuras sociales y económicas del viejo territorio. - 72 - La economía de La Pampa era básicamente agropecuaria. Por razones geográficas, tanto la población como el grueso de la producción se concentraban en el sector nordeste, delimitado por la isohieta de los 500 milímetros, ocupando un tercio de su territorio. A grandes rasgos, las explotaciones agropecuarias basaban su actividad en la cría e invernada de ganado y en el cultivo de cereales anuales para la producción de cosecha fina y forrajeras. Uno de los cambios que se produjo en la década de 1950 fue la crisis de la agricultura y la expansión de la ganadería, que demandaba menos mano de obra.1 Esa tendencia se consolidaría a partir de 1970, año en el que se observa, en cuanto a la composición del producto bruto geográfico del sector económico primario, el predominio del subsector pecuario (con un 60%) frente a la agricultura (32%). Con respecto a la propiedad de la tierra en la región, durante la década de 1930 había comenzado un proceso de fragmentación de las grandes propiedades rurales, dando lugar a un espacio más heterogéneo, con predominio de las medianas y pequeñas explotaciones, cuyo tamaño variaba demasiado debido a la diversidad geográfica del territorio. Esto es importante, dado que no existían actores económicos en La Pampa, durante este período, con el peso suficiente como para influir corporativamente en la política y las instituciones. Por esta razón, la capacidad de los actores económicos de influir en las políticas públicas va a estar condicionada por su actuación en el plano político a través de las organizaciones empresarias (Acuña y Chudnovsky, 2013, p. 43). Las leyes en favor de los arrendatarios, iniciadas durante el gobierno de Castillo con la sanción de la Ley 12.771 y sostenidas tanto por el gobierno de la ‘Revolución de 1943’ como por el peronismo, impactaron en la estructura socioeconómica del sector rural, permitiendo a los arrendatarios convertirse paulatinamente en propietarios, revirtiendo la proporción entre arrendatarios y propietarios entre las décadas de 1940 y 1950, lo que se reflejó en los sucesivos censos (Chumbita, 1974 [2015]). También se confirma a través de los censos una paulatina disminución de la población rural que migró hacia las zonas urbanas, tendencia que se agudizaría a partir de la década de 1970 en la que se verificará el inicio de un nuevo proceso de concentración de la propiedad agraria y la expulsión de mano de obra asalariada del sector. 1 El proceso no escapa a la tendencia observada desde la década de 1930 a nivel nacional. Ver: Belini y Korol (2012), Rubinzal (2018). - 73 - De todas formas, es importante destacar que para 1953, la importancia del sector primario era abrumadora (60,1% del PBG), seguido por el terciario (30,9%, representando el gobierno un 8,7%) y, finalmente, el sector industrial con apenas un 8,8%. A contramano de lo que sucedió en el país en esta etapa que se extiende hasta 1976, se produjo además una paulatina disminución del sector secundario.2 El aumento de propietarios en el ámbito rural pampeano se reflejó en el crecimiento de la masa societaria de la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa, de la que dan cuenta los libros de actas de la entidad. El segundo lustro de la década de 1940 es ilustrativo de esta tendencia, en la que se suman nuevos socios a un ritmo significativamente superior a los años anteriores e inmediatamente posteriores, especialmente entre los años 1946 y 1948 y de nuevo entre durante el ejercicio 1949-1950. La Asociación Agrícola Ganadera nucleaba 268 socios en 1947, llegando en 1955 a alrededor de 500 asociados. En su mayoría estos productores agropecuarios eran de las zonas de centro y oeste provincial. Durante este período, además de las asociaciones enroladas en CARBAP y la Sociedad Rural Argentina (SRA), que son claramente asociaciones de propietarios, desplegaban sus acciones otras organizaciones como Federación Agraria Argentina (FAA) o la Federación Argentina de Cooperativas Agrarias (FACA), que incluían también a otros actores como los arrendatarios. Claramente, estas últimas eran las organizaciones con mejor diálogo con el gobierno peronista, y tenían una mayor influencia en las zonas dedicadas a la agricultura, como el norte y sudeste de La Pampa. Sin embargo, de lo que tenemos constancia, es que no tuvieron mayor peso en la zona de influencia de la AAG y el número de asociados de ésta continuó creciendo durante el período estudiado, especialmente en el ejido correspondiente a la ciudad de Santa Rosa. Podríamos especular que esta situación se originaba en el interés de los nuevos propietarios de aumentar su capital social y simbólico, a la vez de su capital económico, una vez lograda la propiedad de la tierra, generando redes apoyo a su actividad y sentido de pertenencia a una clase consolidada en el imaginario social. Este capital era presentado en público todos los años en el mes de noviembre, mediante la organización de la Exposición Agrícola Ganadera e Industrial que llevaba adelante la AAG en su predio de Santa Rosa y del que tradicionalmente participaban autoridades provinciales. 2 Desarrollado en Lluch y Comerci (2011). - 74 - El contexto político El triunfo de la fórmula Perón-Quijano significó la renuncia del General Miguel Duval al frente de la gobernación del territorio, cargo que ocupaba desde 1939, habiendo sido el único gobernador territoriano que había subsistido al Golpe de 1943. Lo reemplazaría interinamente quien hasta ese entonces había sido el Secretario General de la Gobernación, Don Augusto Ortiz, y a partir del 23 de noviembre de 1946, el Dr. Juan Laudo Páez, que venía de integrar el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de San Luis. Durante los primeros meses del nuevo gobierno nacional, no aparecerán en los medios locales posicionamientos de la AAG. Sí aparecen reflejadas en las páginas del diario La Capital distintas demandas impulsadas desde CARBAP, la organización de segundo grado en la que participaba activamente la AAG. Éstas se relacionaban con problemas surgidos de la posguerra, como la falta de cubiertas para realizar los trabajos agrícolas y poder sacar la producción de los campos, el pedido de creación de corporaciones para la comercialización de las distintas ramas productivas (lechería, frutas, granos, etc.), en forma similar a como venía funcionando la Corporación Argentina de Productores de Carne (antes de la creación del IAPI) o el pedido de exenciones impositivas a fin de subsidiar la mecanización agropecuaria.3 En esta línea, CARBAP elevó una nota al Ministro de Hacienda Dr. Ramón Cereijo, solicitando la equiparación de las explotaciones agropecuarias a las industriales en cuanto al régimen de impuesto a los réditos, que permitía, según una nueva legislación, cargar a gastos generales el 30% de lo invertido en máquinas e instalaciones. Los productores rurales pretendían efectuar un descuento sobre los réditos que debían abonar y que se haría efectivo desgravando determinadas porciones de utilidades cuando ellas se invirtieran en máquinas, galpones, silos, con el objeto de incrementar la capacidad productiva. Durante la época territoriana, el peronismo prácticamente no alteró en forma cualitativa las relaciones sociales de producción capitalistas que se habían desarrollado en La Pampa desde la brutal incorporación de estas tierras al sistema productivo nacional en 1879. Si el estado había intervenido anteriormente, lo había hecho solo para colaborar con la represión de las 3 La Capital, 7, 10 y 15 de septiembre de 1946. - 75 - manifestaciones anarquistas y rojas de las primeras décadas del siglo, que perdieron intensidad a partir de los años de la década de 1930. En todo caso, la presión sobre los capitales agropecuarios el gobierno la ejercía a través del control de las exportaciones, por lo que era lógico que las reacciones del sector se realizaran a través de la voz de sus organizaciones representativas de segundo y tercer orden. La Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa reservaba sus manifestaciones públicas para ser expresadas en los discursos de los actos inaugurales de la exposición rural, que para ese entonces se había transformado en el evento público de mayor trascendencia que se realizaba anualmente en la ciudad capital y, seguramente, de todo del territorio. Por otro lado, debemos mencionar, que debe haber resultado confuso para el nuevo régimen identificar quiénes podían llegar a liderar el nuevo movimiento político en La Pampa. La prensa local había reflejado poco del armado del Partido Laborista Radical durante la campaña presidencial de febrero de 1946. Aparecían fundamentalmente las acciones de la convergencia, donde se encontraban radicales y socialistas, las dos fuerzas que tenían una mayor trayectoria en la política local. El 17 de octubre de 1945, no había provocado mayores impactos en La Pampa, porque por sus mismas características productivas tampoco existía un movimiento obrero organizado que fuera relevante en el juego de poder local. Los diarios reflejan sólo una delegación de pampeanos que viajaron especialmente a participar de los actos celebratorios del primer aniversario del 17 de octubre que estuvo compuesta exclusivamente por ganaderos. El proceso de constitución orgánica del partido peronista en La Pampa se inició ya avanzado el año de 1946, por lo que no es de extrañar que las autoridades nacionales exploraran distintas alternativas, incluso con los grupos de poder local, para terminar de definir el armado político del peronismo en La Pampa. En este marco, podemos interpretar la llegada, por primera vez en la historia de la AAG, de un Ministro de Agricultura de la Nación para participar de la inauguración de la exposición rural de 1946. La inauguración de la 21° Exposición Rural de la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa contó con los discursos del Presidente de la entidad Guillermo Etcheverry (h), del Gobernador Interino del Territorio Don Augusto Ots Ortiz y, finalmente, las palabras del Ministro de Agricultura de la Nación Juan Carlos Picasso Elordy, para declarar inaugurado el evento. - 76 - Elordy, declarado huésped de honor de la ciudad, había llegado hasta Santa Rosa en tren, acompañado por el Secretario General del Departamento Sr. Reynols. El diario La Capital informaba que el ministro Elordy se proponía aprovechar su estadía en el territorio para compartir personalmente y cambiar ideas con las autoridades y dirigentes de entidades representativas acerca de los problemas que afectan la producción agropecuaria de la región. Al respecto, la prensa señalaba: “Tal disposición de tan alto funcionario, desacostumbrada en el medio es en estos momentos beneficiosa y alentadora. Principalmente para nuestro territorio, netamente agrícola ganadero; tierra de latifundios; con extensiones inmensas de tierras agotadas por el aprovechamiento excesivo de los suelos; de tierras malogradas por la erosión. Es precisamente La Pampa donde tanto tiene que hacer el Ministerio de Agricultura porque acusa un saldo desconsolador en lo que se refiere a la inexistencia de veterinarios de controlen precisamente esa preciosa cantidad de materia prima que se malogra por falta de control.”4 Los representantes de la AAG lo agasajaron con un banquete en el Hotel Comercio y luego se dirigieron para inaugurar la Exposición. El presidente de la entidad local destacó el significado de contar con la presencia del ministro de la Nación y aprovechó la tribuna para repasar la necesidad del sector de instalación de veterinarios, escuelas agrícolas y brazos para trabajar el campo. La prensa reprodujo en su totalidad el extenso discurso del ministro, el cual se enmarcó en la presentación de las líneas generales del Plan Quinquenal, el lugar reservado a La Pampa en el mismo, para pasar a analizar lo que planteó como los grandes problemas del territorio. Señaló la erosión del suelo como causa inmediata del estancamiento demográfico. Indicó que, desde 1939, el Instituto de Suelos y Agrotecnia, había estado estudiando la situación y ahora había llegado el momento de comenzar a aplicar las medidas técnicas aconsejadas para vencer la acción del clima, determinar el reajuste de las explotaciones y definir la extensión más adecuada, proyectándose como resultado final la Ley Nacional de Conservación del Suelo, destinada a mantener y restaurar la fertilidad de las tierras. 4 La Capital, 10 de noviembre de 1946. - 77 - También se refirió a la necesidad de brindar desde el Estado orientación para la producción agrícola, ganadera y de granja y, en ese sentido, anticipó que para 1948 el territorio contaría con una estación experimental de lanas y ovinos, de acuerdo con los principios de la moderna zootecnia, posiblemente en General Acha. Destacó el trabajo coordinado con la AAG y los criadores, como medio para asegurar el éxito de la campaña contra la sarna ovina y la fiebre aftosa que afectan al ganado y que comenzaría próximamente. Con respecto al problema de la tierra, el ministro indicó que el Estado poseía en este territorio alrededor de dos millones de hectáreas de tierras pastoriles, siendo pocas las concesiones otorgadas en arrendamiento; sin embargo, estas tierras se encontraban ocupadas y explotadas por pobladores que no abonaban derechos y que tampoco trataban de regularizar la situación. “Ya he dicho que es este uno de los problemas que más me han preocupado, y que me sigue preocupando”5. Señalaba que los esfuerzos del Estado para llevar los beneficios de la colonización a estas tierras habían sido infructuosos, puesto que de las nueve colonias existentes sólo tres de ellas cumplían la finalidad con que fueron creadas. También se refirió a las tierras pastoriles del noroeste, señalando que, a pesar de la actual pobreza de sus campos, podía lograrse una buena explotación. Para ello prometió que se encararían estudios de las posibilidades de irrigación con las aguas del Río Atuel, con vistas a la creación de una o más colonias agrícolas en las proximidades de Santa Isabel. Aseguró que el gobierno tenía presente la necesidad de unir con el ferrocarril al pueblo de Telén con Colonia Alvear de Mendoza, pasando por Colonia Mitre y Santa Isabel. Además, mencionó la posibilidad de un camino que, partiendo de esta última localidad, uniese las zonas de Algarrobo del Águila y Colonia 25 de Mayo. Para finalizar, enmarcó los desafíos planteados por el gobierno revolucionario, como una nueva etapa de un proceso heroico iniciado por nuestros antepasados con “(…) la épica conquista del Desierto, integrando con él la unidad territorial y política de la Nación; a nosotros nos incumbe realizar la epopeya de su sometimiento a los fines de la economía, de su incorporación a la unidad social de la patria”. 5 La Capital, 10 de noviembre de 1946. - 78 - Las cartas sobre la mesa El intercambio florido entre las autoridades del gobierno peronista y los representantes de la AAG duró muy poco. En los primeros meses de 1947 ya son claras las diferencias de los representantes de las organizaciones que agrupaban a los propietarios rurales del interior, respecto a las políticas económicas del gobierno peronista, especialmente las referidas a la comercialización de granos a través del Instituto Argentino de Promoción e Intercambio (IAPI), cuyo mecanismo de funcionamiento le permitió al estado nacional volcar los recursos obtenidos de la exportación para apuntalar el desarrollo industrial. La primera manifestación que encontramos en la prensa local, la realizó el presidente de la Sociedad Rural de General Pico, Samuel Salvá, quien en enero de 1947 envió un telegrama al Presidente del Banco Central Miguel Miranda, protestando contra sus declaraciones a un diario chileno. Miranda se había referido a la oposición que encontraba el gobierno nacional entre los ganaderos argentinos y decía la citada publicación: “(…) esperaba que mientras viviera que los ganaderos no volvieran a gobernar el país” manifestaciones que fueron recogidas por la presa argentina. El telegrama fue difundido por la prensa local y en él Salvá sostenía que “(…) nunca hemos representado escollo para ningún propósito sano del gobierno, colaborando por el contrario en todo programa constructivo, ni tampoco los ganaderos han gobernado el país, ni han constituido partidos políticos”.6 En este primer período, también queda definida la alianza del gobierno con los sectores chacareros representados por la Federación Agraria Argentina, apuntalada por la política de rebaja de los contratos de arrendamiento que favorecía y por los proyectos de expropiación de tierras a fin de entregarlas a los arrendatarios. Se destaca en este aspecto, el proyecto presentado por los diputados nacionales Valerio S. Rouggier y Leandro R. Reynés, proponiendo la expropiación de las tierras de las colonias Estancias y Colonias Trenel S.A., Colonia España y Colonia La Beatriz, en el marco de la ley 12.636. En su artículo 3°, el proyecto proponía la intervención del Consejo Nacional Agrario para la subdivisión de las parcelas a fin de venderlas a los arrendatarios ocupantes o a los que las hubieran ocupado con anterioridad y desearan adquirirlas. 6 La Capital, 12 de enero de 1947. - 79 - Entre los fundamentos, los diputados manifestaban que el proyecto reflejaba el anhelo colectivo de numerosas familias de agricultores del territorio nacional de La Pampa, que, haciéndose eco de la nueva orientación impresa a la política agraria en el país, aspiraban a realizar en su caso el apotegma popularizado según el cual “la tierra no ha de ser un bien de renta, sino un bien de trabajo” y a continuación agregaba: “Tal anhelo, señor presidente, lo hemos escuchado en diversas asambleas de agricultores a las que tuvimos oportunidad de asistir durante nuestra reciente gira por aquel territorio y este ha sido certificado por la Federación Agraria Argentina Sección General San Marín, en un pedido expreso de apoyo a las gestiones que la entidad viene realizando a efectos de conseguir la expropiación de los latifundios a que se refiere ahora nuestro proyecto y su entrega en propiedad a los colonos que actualmente las ocupan en arredramiento”.7 No fue éste el único proyecto destinado a favorecer la adquisición de tierras por parte del sector de los arrendatarios. El propio gobierno del territorio, encabezado por el Dr. Páez, canalizó la petición de 32 colonos arrendatarios de la Compañía Jewish Colonization, con domicilio en la zona de General Manuel Campos, en la zona sur de La Pampa, en la que solicitaban que el gobierno les entregara en venta las tierras que ocupaban, argumentando “la tierra para el que la trabaja”.8 El momento decisivo, que marcó el quiebre de las relaciones entre las autoridades del gobierno peronista y los representantes de la AAG fue la inauguración de la Exposición Agrícola Ganadera de 1947. Los anuncios del programa del evento, en el que se inauguraría la nueva tribuna del complejo de exposiciones, publicados en la prensa local con una semana de antelación, anunciaba los discursos del Presidente de la AAG, del representante del Ministerio de Agricultura el Director de Ganadería Dr. Juan Carlos Speroni y del Gobernador del Territorio Dr. Juan Páez. El día correspondiente a la inauguración, en el que se anuncia en la prensa los resultados de los diferentes concursos, y seguramente previendo lo que podría ser el discurso del representante de la AAG, la gobernación anuncia que el Dr. Páez había cursado una nota al Ministro del Interior ex7 La Capital, 11 de septiembre de 1947. 8 La Capital, 27 de septiembre de 1947. - 80 - poniendo la situación difícil que atravesaban los colonos de La Pampa y solicitando ayuda del gobierno nacional a fin de aliviar en parte los serios perjuicios derivados de la pérdida total de la cosecha. Asimismo, en lugar del habitual editorial del diario La Capital, apareció una nota titulada “El interés del país y las sociedades rurales”, suscripta con siglas cuyo paradero desconocemos, en la que se criticaba ácidamente las posiciones adoptadas por un congreso de las sociedades rurales, del cual no se publicó noticia alguna. Entre otras cosas, allí se decía que: “La política de comercialización de granos por el Estado sirve de motivo para que los reductos de la reacción y colonialismo actúen en plan político y polémico. Se barajan caprichosamente artículos de la constitución y se habla de incautación de valores por parte de ellos (…) Quieren las Sociedades Rurales de la colonización y la oligarquía volver a los tiempos vergonzosos de las compras, a fijar precios, que dejaban el producto, el agricultor y el porvenir al capricho de los monopolistas (…) Era el saqueo organizado, legalizado, compartido como botín de piratería por los peces grandes del trust y del “pool” y los pequeños de sus agencias anti-nacionales. Y esos tiempos de vergüenza no volverán. (S.S.I y P.D.E.)”.9 Lo que sucedió ese día en la inauguración de la 22° Exposición Agrícola Ganadera de La Pampa, quedó ampliamente retratado por la prensa en la edición del día siguiente. En primer término, La Capital publicó íntegramente el discurso del Gobernador y luego presentó una síntesis del discurso del presidente de la AAG, suficiente para exponer la posición de los ruralistas. Aunque el orden de los discursos fue exactamente el contrario: primero expuso sus críticas el presidente de la AGG, en representación de los productores agropecuarios y, seguidamente, le respondió el gobernador, en representación del gobierno y los intereses generales. Desde la nueva tribuna, Etcheverry reclamó la restitución de la CAP a los productores y la creación de la Corporación de Granos, expresando que la política intervencionista del estado perjudicaba los intereses de los productores agropecuarios. Justificándose en estadísticas, apoyaba sus críticas en la disminución del área sembrada y el éxodo del campo hacia la ciudad. 9 La Capital, 8 de noviembre de 1947. Analizando los programas de otras ediciones de esta Exposición se advierte que, durante su desarrollo, era habitual la realización de reuniones de CRA, CARBAP y/o, más adelante en el tiempo, distintas comisiones de enlace, aprovechando la presencia de integrantes de diferentes organizaciones en el evento. - 81 - Al referirse a declaraciones del presidente del estado de que “la iniciativa privada tendrá en el futuro más campo de acción, pero manteniendo el estado sobre ella y a la distancia una posición de vigilancia”, el presidente de la AAG propugnó por “la pronta vuelta a la libertad absoluta de trabajo y de comercio, con un reajuste equitativo de todo lo que signifique cargas fiscales, para ver reestablecido el ambiente de tranquilidad y confianza que el país necesita para evolucionar hacia el destino grandioso que aspiramos para el gobernante y gobernados”10. También aprovechó para reclamar una distribución de vagones más justa y equitativa para el transporte de la cosecha, pasando a enumerar otros problemas como la escasez de combustibles, de mano de obra, de maquinarias, de repuestos y la revaluación de la propiedad. Finalmente, hizo un reconocimiento a la figura del Director de Ganadería Dr. Juan Carlos Speroni, al que elogió por sus aportes técnicos y el acompañamiento, desde muchos años anteriores, participando de las exposiciones anuales. La respuesta del gobernador no se hizo esperar, atacando en primer lugar el temperamento “pesimista” del presidente de la AAG, concentrándose luego en contrargumentar la idea de que la libertad de comerciar traería mejores precios: “El agricultor argentino y principalmente el pequeño productor rural tienen sobrados motivos para decir que no deben a aquel sistema muchas satisfacciones. Porque ha de estar todavía fresco en su memoria el recuerdo de las tantas iniquidades padecidas a la sombra de esa doctrina”. En su alocución, Páez defendió el sistema de comercialización instaurado a través del IAPI, que constituía una forma de protección al agro, coordinada con el objetivo del progreso colectivo. Por el contrario, el peligro de la producción agrícola se encontraba en el acaparamiento privado y en su resultante obligada: la especulación. En ese sentido, sentenció que: “Todos conocemos las consecuencias dolorosas que ello ha traído y es deber del gobierno prevenir por todos los medios perjuicios tales”. A continuación, su discurso se dirigió a los agricultores de las zonas del territorio donde la última cosecha se había perdido totalmente, debido a la sequía, anunciando que había propuesto al Consejo Económico Nacional una serie de medidas, con el objeto de aminorar la dura situación que se presentaría en los próximos meses. En el primer punto, proponía que el gobierno vendiera a los agricultores las semillas que necesitarán para la 10 La Capital, 8 de noviembre de 1947. - 82 - próxima cosecha a un precio igual al que el IAPI había pagado al adquirir el grano a los productores y que la bonificación dispuesta para la compra de la cosecha 1947-1948 de 3 pesos por quintal se abonara sobre las cantidades que cada colono de las zonas afectadas había vendido al gobierno en la cosecha anterior. Finalmente, terminó su intervención proponiendo realizar una exposición oficial de las riquezas del agro pampeano en la Capital Federal, esperando comprometer a “los hombres de empresa del territorio” y dejando inaugurada la exposición.11 En la siguiente edición, en 1948, la comitiva oficial que asistió a la inauguración de la 24 Exposición Agrícola Ganadera de La Pampa fue sensiblemente inferior. Representantes de menor jerarquía del Ministerio de Agricultura, además de las delegaciones comerciales, representantes de las fuerzas vivas ganaderos y agricultores llegados de diversos puntos del territorio. La prensa describió el acto como sencillo y pronunció un único discurso de estilo el delegado de la entidad organizadora Sr. Manuel Feito.12 En este caso, el discurso de Feito tuvo una primera parte en la que reconstruyó poéticamente el relato del hombre de campo modelado por la geografía, “el lugar donde surgieron los hombres con los que se consiguieron las más grandes hazañas que liberaron nuestra patria, vives donde nació el gaucho que ofrendó su vida en holocausto y sin ningún interés material, sos de aquellos que no saben de cálculos mercantilistas ni de colores políticos”. Pero también señaló la necesidad de mecanizar las explotaciones agropecuarias, a fin de abaratar la producción. En este sentido, reclamó la importación de las máquinas necesarias y entregarlas al productor a precios convenientes, “ya que las que se pretende comprar actualmente se pagan con moneda cara y lo que producimos tiende a desvalorizarse”. Señaló también que otros países del mundo, “no descuidan un instante a la producción del agro, tratan de superar día a día el nivel productivo y es de esperar que en un futuro no lejano, se produzcan grandes cosechas en esos países, que por consiguiente traerá aparejados una baja de los precios” Y terminó reclamando por la devolución del margen de beneficios de la producción agropecuaria que “ese injusto sistema de comercialización le proporcionó” al gobierno. 11 La Capital, 9 de noviembre de 1947. 12 La Capital, 6 de noviembre de 1949. - 83 - Nuevas estrategias Estaba claro que la presión tributaria sobre los capitales agropecuarios territorianos se podía seguir ejerciendo a través del control de los mecanismos de comercialización en Buenos Aires y el nuevo gobierno no cambió esta situación. Por este mismo motivo, las posibilidades de las autoridades territorianas de actuar directamente sobre el sector agropecuario eran muy limitadas. En cambio, el capital mercantil-industrial que se ubicaba en las ciudades fue el que quedó más expuesto frente a algunas medidas que intentaron incidir en la redistribución de la renta local y sobre cuya definición y puesta en práctica el gobierno territorial tenía una mayor incidencia. Esta situación se reflejó en dos hechos. Primero, en la aparición periódica de comunicados de las autoridades en los diarios locales, dando cuenta de las sanciones a distintos comercios por el incumplimiento de las leyes de control de precios y lucha contra el agio y la especulación. Segundo, en el surgimiento de un movimiento de organización de aquellos sectores empresarios que todavía no tenían una entidad que los representara frente al poder del gobierno territorial. Así, se constituyó, en 1947, la Cámara de Comercio e Industria de la Provincia de La Pampa. La nueva corporación, que se propuso representar todos los sectores de la producción que no estaban con las asociaciones agropecuarias, no surgió para cuestionar la matriz productiva de La Pampa. La centralidad del sector agropecuario fue marcada por la Cámara de Comercio e Industria de La Pampa. En sus primeras memorias, se reiteraba la convicción de que “la riqueza del Territorio descansa en las actividades agrícolas-ganaderas. Sobre ellas y colaborando con ellas, se desarrolla el comercio y la industria”.13 Durante los últimos años de la década del cuarenta y hasta el año 1953, la actividad agrícola ganadera estuvo marcada por un ciclo de sequías que provocó la pérdida de cosechas, la fuerte disminución de cabezas de ganado y la falta de recursos para capitalizar el campo e incorporar la maquinaria necesaria para suplantar la fuerza animal que se estaba perdiendo. En la visión de los empresarios, esta situación era la causa del éxodo de población rural: “esta emigración no ha terminado y en muchas localidades se advierten ya los síntomas de la despoblación por la notoria disminución de todas las actividades, ya sea por el cierre, traslado o reducción de casas de comercio”.14 13 CCIP, Memoria y Balance de abril de 1950. 14 CCIP, Memoria y Balance de abril de 1952. - 84 - El diagnóstico común de ambas instituciones debió facilitar el desarrollo de estrategias conjuntas para sostener sus posiciones frente al gobierno central, cuya política económica se centraba en la redistribución de la renta agraria para impulsar el desarrollo de otros sectores de la economía, fundamentalmente el sector industrial. En 1949 el Gobierno Nacional, mediante la Resolución 1419 del Ministerio del Interior, creó el impuesto “a las Actividades Lucrativas”, que significaba un cuatro por mil sobre las entradas brutas de todas las actividades empresarias, destinado al financiamiento de los gastos corrientes de las municipalidades y comisiones de fomento. La Asociación Agrícola junto con la Cámara se movilizaron para que no se aplicara la medida en el Territorio Nacional de La Pampa. Se realizó una asamblea conjunta el 30 de agosto de 1949, en la que se resolvió elevar un petitorio dirigido al Presidente General Perón y otro al Ministro del Interior para que quedara sin efecto la aplicación del mencionado impuesto hasta tanto se constituyeran los Concejos Municipales electivos. El movimiento iniciado por estas dos organizaciones de empresarios pampeanos se extendió rápidamente al resto de los territorios nacionales que se manifestaron en un congreso realizado en la sede de CARBAP en la Capital Federal, de cuyo seno se destacó una comisión que se entrevistó con el Ministro del Interior, quien dispuso suspender la aplicación del impuesto hasta tanto se hicieran nuevos estudios. El tema fue también motivo de discusión en la Conferencia Regional de Oeste, realizada en Santa Rosa por la Asociación Agrícola Ganadera, entre el 28 y 30 de julio de 1950, y que contó con la participación de delegados de las sociedades rurales de Bernasconi, General Pico, Chapaleufú, Ingeniero Luiggi, Relmo, Realicó, Colonia Barón, Trenque Lauquen, Rivadavia, Salliqueló, Caseros y la Asociación de Obrajeros y Afines de La Pampa. En ella también se decidió reclamar, por intermedio de CARBAP al Poder Ejecutivo Nacional, un plan de estudio de las condiciones climáticas de la zona mediterránea del país y la adopción de las medidas necesarias “para preservar la capacidad productiva de esta región, de acuerdo a los intereses de la economía nacional”.15 Como resultado de sus gestiones obtuvieron modificaciones en la mencionada legislación, se derogó el impuesto para las actividades agropecuarias, aplicándose el impuesto a los empresarios de los sectores secundario 15 En Buenos Aires y La Pampa, órgano de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, N° 107, Octubre de 1950. - 85 - y terciario únicamente en aquellas localidades del Territorio en las que las comunas no contaban con los recursos necesarios para su funcionamiento, pero reduciéndose en algunos pocos lugares donde se aplicó el mismo al 2 o 3 por mil y manteniendo el planteo para su derogación.16 Más allá de los problemas climáticos, el otro factor que condicionaba el desarrollo económico de La Pampa, era el resultado de la acción del hombre sobre el cauce de los ríos que atravesaban el territorio, como la construcción de la represa Los Nihuiles sobre el Rio Atuel, inaugurada en 1949. El manejo de los recursos hídricos, en relación con las posibilidades de aprovechamiento o la erosión de la mayor parte del suelo pampeano, provocó la movilización de las organizaciones empresarias, encontrando en esta causa un objetivo detrás del cual construir una identidad común para los pampeanos.17 En julio de 1950, la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa junto a la Cámara de Comercio, Industria y Producción de la Pampa, convocaron a una asamblea territorial, a la que asistieron delegados de diversos puntos de La Pampa y Bahía Blanca. En esa oportunidad se puso de manifiesto una nueva amenaza en forma de proyecto del gobierno mendocino, consistente en el aprovechamiento íntegro de los ríos Cobre y Tordillo, subfluyentes del Río Colorado. Fue de esa asamblea que surgió la Comisión Permanente del Agua, encargada de estudiar la problemática y promover la lucha para su solución. En una nueva asamblea, realizada a fines de noviembre de 1951 para considerar las posibilidades de desarrollo de la economía regional, se resolvió centralizar la atención en la futura colonización del valle pampeano denominado “25 de Mayo”, situado en el margen izquierdo del Río Colorado. Se organizó entonces la Comisión Pro Colonización del Río Colorado. Se conformó con miembros de las dos asociaciones y con la misma intención de atraer la atención nacional sobre el problema, a la vez que trató encarar una solución integral “buscando seguros derroteros para la economía pam16 CCIP, Memoria y Balance de abril de 1950. AAG, Acta 271, del 10 de agosto de 1950 y Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio 1949-1950. 17 Para profundizar sobre el origen de la problemática y los proyectos de aprovechamiento de los recursos hídricos, remitirse Lluch A. et al (2017) donde se muestra cómo durante la década de 1940 el Gobernador Duval incluye en la agenda estatal las posibilidades de desarrollo de la cuenca del Río Colorado. En el mismo libro, Federico Martocci analiza también cómo los proyectos de aprovechamiento del Río Colorado, se plantearon como la mejor opción productiva para el desarrollo del oeste pampeano. - 86 - peana, haciéndola descansar sobre bases más sólidas que las actuales, en que depende casi exclusivamente de las lluvias”. Esta comisión fue integrada por Emilio Werner, Víctor Arriaga, Héctor D. Torroba, Santiago Marzo, José F. Garmendia, Juan P. Torroba, Raúl I. D’Atri.18 La Comisión se trasladó a la colonia, a fin de recoger información y complementar estudios anteriores, que les permitió realizar un proyecto que se elevó a la Dirección de Planificación para ser incorporado al Segundo Plan Quinquenal. “En el proyecto se contemplaban las posibilidades futuras del Río Colorado y de sus valles, especialmente el de Colonia 25 de Mayo, una vez efectuadas las obras de riego necesarias. Asimismo, se estudian los medios de transporte y se proponen algunas normas de colonización”.19 Las posibilidades de aprovechamiento del Río Colorado y sus valles dependían en primer lugar de la finalización de la presa de Huelches, cuyo embalse sería cuatro veces más grande que el de Río Tercero en Córdoba y que permitiría aguas abajo: “a) Regularización de sus aguas evitando crecidas; b) Decantación de material de aporte del río y c) Producción de energía hidroeléctrica”.20 La Comisión aseguraba que estudios preliminares, a pesar de que no se habían desarrollado estudios hidrológicos del valle, permitían proyectar una superficie regable de 50.000 hectáreas en la margen pampeana del Río Colorado, en la zona de 25 de Mayo. En ese momento, según informaron los propios integrantes de la Comisión luego de visitar la zona, 90 colonos se encontraban produciendo 1.400 hectáreas. Pero destacaban que un plan integral, con obras de captación y derivación definitivas, sin necesidad de invertir sumas cuantiosas en relación con la extensión de tierras que se pondrían bajo cultivo, permitiría “ubicar alrededor de 13.000 familias”. 18 CCIP, Memoria y Balance de Abril de 1951 y Anexo de los Anales de la Conferencia del Río Colorado, 1956. Si bien no son identificados los integrantes de la Comisión Permanente del Agua, sí aparecen desempeñando una intensa labor, entre la que se encuentra la propuesta de construcción de un sistema para llevar agua potable a numerosas localidades pampeanas, de acuerdo con estudios aportados por la Administración de Obras Sanitarias. 19 CCIP, Memoria y Balance de Abril de 1951. Si bien no se aclara en la fuente, se deben haber dirigido a la Dirección Nacional de Planificación, ya que el gobierno territoriano no contaba con una estructura burocrática de este tipo. 20 La Represa de Huelches se encontraba proyectada desde 1946, Gobierno de Duval. Ver el Capítulo de Andrea Lluch, en Lluch A. et al (2017), para profundizar los proyectos y políticas estatales desplegadas para el aprovechamiento de los recursos hídricos. - 87 - Según el informe presentado por la Comisión, el desarrollo bajo riego del valle de 25 de Mayo “significará incorporar a la economía general del país cuantiosos recursos y en particular, para nuestra provincia, es imprescindible que esto ocurra, si se quiere impedir que se vea colocada entre las provincias de menores recursos de la República”.21 Un hecho relevante lo constituyó la transformación institucional derivada de la sanción de la Ley 14.037 de julio de 1951 que convirtió el Territorio Nacional en la nueva Provincia de La Pampa. Esta medida satisfacía un reclamo histórico de las fuerzas vivas del territorio que, desde las primeras décadas del siglo XX, habían desarrollado una extensa lucha en pos de este objetivo. Varios proyectos de provincialización habían llegado a instancias legislativas, incluso presentados por el Poder Ejecutivo Nacional, pero las fuerzas conservadoras del país que dominaban la Cámara de Senadores habían impedido este logro. La sanción de la ley de provincialización vino acompañada de cambios en el sistema electoral que anularon la representación de las minorías. Para la elección de los convencionales constituyentes de la nueva provincia se utilizó el sistema de listas uninominales, impugnado por la oposición. Como resultado, todos los convencionales electos pertenecían al peronismo, por lo que, además de sancionar la primera constitución provincial de acuerdo con la doctrina peronista, le permitió al partido de gobierno imponer el nombre de Eva Perón por el de La Pampa. La nueva provincia eligió sus autoridades el 12 de abril de 1953. Los partidos políticos opositores no participaron de las siguientes elecciones siendo el peronismo la única fuerza política que presentó candidatos a la Gobernación. Así, de los 63.615 sufragios emitidos, la fórmula Salvador Ananía-Esteban Ardohain obtuvo el 87,92% de los votos contra el 12,02% en blanco (Zink y Moroni, 2011). Si bien este último era un reconocido hacendado, la relación de la AAG con el gobierno justicialista continuó deteriorándose. En el Poder Legislativo, el peronismo logró hacerse de todas las bancas gracias a la aplicación del sistema de representación uninominal, por ende la definición de las políticas estatales quedó circunscripta a los debates producidos en el seno del partido oficialista. Esta situación facilitó el impulso de medidas tendientes a asegurar la hegemonía del partido gobernante. 21 Folleto de la Comisión Pro Colonización de 25 de Mayo, editado en 1951. Integra el Anexo “La acción privada en nuestra provincia para el aprovechamiento del Río Colorado”, en los Anales de la Conferencia Río Colorado celebrada en Santa Rosa el 29 y 30 de agosto de 1956. - 88 - La visión de los empresarios rurales pampeanos respecto a su posición económica y las relaciones con los poderes públicos en ese contexto fue volcada en las actas de la asociación correspondientes a la reunión mantenida el 12 de agosto de 1952 por la Comisión Directiva. Luego de repasar las difíciles condiciones climáticas que habían afectado la producción agropecuaria ese año, el Presidente de la entidad, Héctor Martínez Carrozo, manifestaba que, considerando: “la descapitalización actual y el quebrantamiento moral de los hombres de campo de la zona, constantemente perseguidos por los factores adversos, abrigamos la razonable esperanza de que el Gobierno no permitirá que las cosechas no sirvan solamente para pagar costos de producción y dejar ‘seguir tirando’, sino que llevará a justos valores los precios adelantados, para que permitan recuperar pérdidas pasadas de dinero y trabajo, alentando así a mejores esfuerzos”. Respecto a la especial situación que afectaba al sector ovino, la Comisión Directiva de la AAG sostenía que correspondía al Banco de la Nación facilitar la ‘máxima liberalidad’ del crédito especial asignado al renglón lanas, para dar lugar así a la mejor defensa de los productores, hasta tanto pudieran comercializar sus productos a precios favorable.22 El diagnóstico sentenciaba que: “De este apretado panorama rural en nuestra zona de influencia, llegamos a extraer dos conclusiones y una esperanza: la difícil situación de la gente de campo, la fe y el espíritu de lucha que los anima y la esperanza de una más justa compensación de tantos sacrificios”. Estas palabras medidas que se reflejan en las actas, deben haberse expresado en forma virulenta en la tribuna de la inauguración de la 27° Exposición Rural. Entre otras cosas, el representante de la AAG denunció que los precios fiados para la producción agropecuaria no eran compensatorios y que si bien los créditos ofrecidos por las instituciones oficiales a los productores permitían una posibilidad de proseguir la explotación “(…) esos créditos crean una ilusión fugaz de bienestar, pues los vencimientos rápidamente absorberán la totalidad de las entradas de los productores durante varios años, cerrándoles toda posibilidad de independencia y progreso”. 22 Para analizar el acceso al crédito del sector agropecuario durante este período, ver Girbal-Blacha (2000) - 89 - Aunque no encontramos en los registros de la prensa local el discurso de los representantes de la AAG, sí observamos sus repercusiones a partir de reproducción de la nota dirigida por el interventor del Partido Peronista a la AAG, la que fue replicada íntegramente en los medios locales y en la que se transcriben, para fundar la crítica, algunos párrafos sueltos del mencionado discurso.23 Cuestionando la representación de la organización, los retaba, señalando “la índole tendenciosa de algunas apreciaciones que se han hecho y la falta de sinceridad en los juicios emitidos. El interventor coincidía respecto al impacto del clima en las explotaciones rurales pero afirmaba que: “(…) solo un insensato o un desagradecido puede quejarse de las excelentes medidas tomadas por el Gobierno del General Perón en defensa de la producción agropecuaria (…) Y bien, señor Presidente de la Asociación Agrícola Ganadera; no quiero ni deseo extenderme en estas consideraciones. Pero si debo decirle que el General Perón es el más formidable defensor de todos los que trabajan y producen en esta Nueva Argentina creada por él (…) Y para dar término a esta carta, que escribo invocando el sentir de millares de productores rurales peronistas de la provincia Eva Perón, no puedo dejar de expresarle el hondo pesar que me ha causado el hecho de que se aprovechara la tribuna levantada en un lugar tan digno para desvirtuar la magnífica realidad que está viviendo el campo argentino bajo el Gobierno histórico del Genera Perón, precisamente en esta época en que es su única preocupación la de construir la grandeza de la Patria, recuperando los valores de la nacionalidad y lograr el imperio de la justicia social.24 La Comisión Directiva de la AAG tomó nota de las quejas del interventor del Partido Peronista en su siguiente reunión, resolviendo por unanimidad ratificar los conceptos vertidos por el miembro de la CD Juan Pedro Torroba en el discurso de inauguración pronunciado con motivo de la 27° Exposición Rural y agradecer a CARBAP la designación del representante Sr. Guillermo Etcheverry y en dicho acto, coincidiendo en un todo también con los conceptos vertidos por este orador.25 Sin embargo, no tenemos cons23 El diario La Capital, que es la principal fuente de este trabajo, fue un diario identificado a lo largo de la mayor parte de su historia (cerró a principios de la década de 1980) con los distintos gobiernos oficiales de La Pampa. Tomado de una entrevista particular al último responsable del diario. 24 La Capital, miércoles 24 de septiembre de 1952. 25 AAG, Acta 309 del 2 de octubre de 1952. - 90 - tancia de que estas decisiones hayan trascendido las actas de la Comisión Directiva, ni que en las siguientes exposiciones hasta el golpe de estado de la autoproclamada “Revolución Libertadora” se produjeran en forma pública manifestaciones similares, por lo que podemos considerar que la organización debe haber acusado recibo de las implicancias de manifestar sus posturas belicosas contra el gobierno peronista. Otro indicio, que podemos interpretar como un intento morigerar el conflicto con las autoridades estatales, es el comienzo de tratamiento, en la misma reunión, del cambio de nombre de la entidad, a raíz del cambio de nombre de la Provincia de La Pampa por el de Provincia Eva Perón, realizado por las autoridades locales: “(…) el Sr. Etcheverry propone que a raíz de la nueva designación política del Territorio Nacional de La Pampa corresponde estudiar un posible cambio de nombre de nuestra institución y si esto fuera necesario proceder a reformar el estatuto de la entidad. Luego de un amplio intercambio de ideas se resuelve por unanimidad designar una comisión integrada por los señores José F. Garmendia, Isaac Pascual, Guillermo Etcheverry y Pedro J. Berhongaray para estudiar el problema y, eventualmente, hagan llegar su dictamen”.26 La lucha por la nomenclatura fue uno de los espacios donde se manifestaron los conflictos de poder durante los primeros gobiernos peronistas, lo que continuará también con los sucesivos gobiernos. La comisión formada por la AAG no avanzó mucho más que en una intención de estudio, por lo que el partido de gobierno desplegó todos los recursos a su alcance para imponerse en este campo. Entre ellas se destaca la legislación sobre la obligatoriedad para todas las instituciones de carácter provincial para que incluyeran el nombre de Eva Perón en su denominación. Por un decreto del Poder Ejecutivo Provincial, el n° 2.085/1954, se exigió el cambio de denominación a la Cámara de Comercio e Industria de La Pampa, para que incorporara en su epígrafe el término “Producción” y se cambiara “de La Pampa” por “de la Provincia Eva Perón”. Por su parte, la Asociación Agrícola Ganadera eludió el requerimiento de poner el nombre de Eva Perón, cambiando La Pampa por Santa Rosa. Estos conflictos de nomenclatura evidencian las limitaciones de las organizaciones empresarias para hacer frente a las políticas del gobierno peronista. 26 AAG, Acta 309 del 2 de octubre de 1952. - 91 - Nuevos vientos El golpe cívico-militar que tomó el poder en 1955, encontró a los dirigentes de la AAG en plena faena para la inauguración de una nueva edición de la tradicional exposición rural, que estaba prevista para el día siguiente, el 17 de septiembre. Ese mismo día, el presidente de la asociación pudo entrevistarse con el Sub-Jefe de Policía, informándole éste que no sería posible la realización del acto inaugural y la iniciación de la venta de productores. No conforme con la respuesta, se entrevistó con el Gobernador de la Provincia y obtuvo su autorización para realizar las ventas.27 Luego, la Comisión Directiva decidió consultar a los cabañeros que habían concurrido al evento, los que por unanimidad aceptaron la suspensión del remate.28 El Gobernador Ananía fue depuesto y encarcelado y una de las primeras medidas del nuevo gobierno, encabezado por el general Eduardo Lonardi, fue cambiar el nombre de la provincia por el histórico de La Pampa. Se anuló la Constitución del año 1952 y cuatro años más tarde fue derogada, de este modo, se produjo un vacío institucional que se cimentó con la alternancia de diferentes gobernadores e interventores en momentos en que comenzaba a construirse la provincia. El gobierno nombró interventor gobernador al Dr. Martín Garmendia, integrante de la AAG y uno de los fundadores de la CCIP. Con el nuevo gobierno, la AAG se convirtió en un interlocutor privilegiado entre los productores y el Estado. En enero de 1956, el gobierno otorgó un préstamo de $500.000 para la asociación, a fin de que se encargara de la adquisición y distribución entre los productores rurales del Dieldrin, insecticida destinado a combatir la tucura. Una segunda medida a favor de los productores fue la promulgación del Decreto 201/56, a principios de febrero, por el cual se condonaron las multas, sanciones, recargos e intereses de las sumas mayores de $500 que se adeudaran a la Provincia en concepto de impuestos a las actividades lucrativas, inmuebles y automotores. Se otorgó, además, la posibilidad de pagar esas deudas hasta en tres cuotas, a vencer en septiembre y diciembre de 1956 y la última en marzo de 1957. El objetivo de esta medida, expresado en los considerandos del mencionado decreto, era aliviar las dificultades de orden financiero de los contribuyentes y favorecer la recuperación económica y financiera de las empresas productivas. Según 27 Si bien no se aclara el nombre del Gobernador, se infiere que el Presidente de la AAG fue a buscar a Ananía ante la incertidumbre provocada por el golpe de estado de ese mismo día. 28 AAG, Acta de Comisión Directiva del 18 de Septiembre de 1955. - 92 - las autoridades, esta acción permitiría un sensible mejoramiento de la liquidez de las empresas “factor esencial de su desarrollo, que harán factibles los objetivos de la política económica que se persigue”.29 Los empresarios comenzaron a pregonar la necesidad de crear una facultad o instituto de agronomía y veterinaria y conformaron una comisión provisoria. El 30 de enero se realizó una reunión en la planta alta de la sede de la Cámara de Comercio, Industria y Producción a la que asistieron delegados de diferentes instituciones de la provincia. Se organizó entonces una comisión central con delegados de todas las organizaciones que adhirieron pero por razones operativas, se creó también una comisión ejecutiva en la que todos los integrantes eran de Santa Rosa. Quedó integrada por los señores César Olmos, Vicente Faus, Manuel Lorenzo, Federico Lorda, Saúl Echeverry, Zacarías Otiñano, Omar Martínez, Omar Maraschini y dos estudiantes (uno universitario u otro secundario) que se integrarían oportunamente.30 Para el Interventor Federal Martín Garmendia, el progreso de la provincia estaba supeditado a la iniciativa privada y, en este sentido, convocaba a los trabajadores agricultores y ganaderos en una alocución por LRA (Radio Nacional) Santa Rosa y reproducida por el diario La Capital. Haciendo suya la propuesta de creación de un instituto agrícola ganadero, propuso al Ministro de Agricultura de la Nación su creación, dependiente de la Universidad Nacional del Sur, con sede en Bahía Blanca. “Pensamos que a mayor conocimiento de la gente de campo corresponderá un mayor rendimiento”. La segunda medida propuesta con la meta de acrecentar el poderío económico de la Provincia fue ganar la zona árida por medio del riego con las aguas del Río Colorado, por lo que se solicitó al Poder Ejecutivo Nacional que los organismos nacionales competentes estudiaran sus posibilidades de aprovechamiento. El otro impulso que pretendía alentar el nuevo gobernador para el desarrollo del aparato productivo era la electrificación. A tal fin, informaba que se había destinado una partida de 10 millones de pesos para la extensión de la red eléctrica y la compra de grupos electrógenos. También se daría todo el apoyo necesario para la radicación de industrias, habiendo gestionado con el Ministro de Economía de la Nación la instalación de una sucursal del Banco Industrial en la localidad de General Pico, por considerar esa zona como la más industrializada y que, por sus vías de comunicación, favorecería la 29 La Capital, Jueves 9 de febrero de 1956. 30 La Capital, Martes 31 de enero y jueves 2 de febrero de 1956. - 93 - actividad bancaria. Finalmente, Garmendia afirmaba que, por más impulso que se diera desde el Estado, la economía de la Provincia “está supeditada principalmente a la actividad privada, y es por ello que me dirijo a los agricultores, los ganaderos, los industriales y los comerciantes, pidiendo apoyen al gobierno aumentando su capacidad productiva”.31 A fines de agosto de 1956 se llevó adelante una conferencia para tratar el aprovechamiento del Río Colorado, con la participación de delegaciones de las provincias ribereñas, conformando una comisión técnica que comenzó a reunirse periódicamente. Paralelamente, se realizaron una serie de conferencias sobre los problemas de la producción agropecuaria realizadas con el auspicio de la CEPAL. Entre los diversos temas que se trataron se incluyó el fraccionamiento de tierras en la Provincia, los problemas sanitarios, tanto agrícolas como ganaderos, la mecanización del agro, la conservación del suelo, el manejo del monte pampeano, entre otros.32 Es importante mencionar, recordando el antecedente de la Comisión Pro Colonización de 25 de Mayo creada en 1951 a partir de la movilización de las organizaciones empresarias, que seis de los siete miembros de esta comisión fueron funcionarios del gobierno provincial conducido por Martín Garmendia. El 8 de febrero de 1957, presentó su renuncia el interventor Garmendia y fue reemplazado por Tomás Wynne. Uno de los primeros actos de gobierno del nuevo interventor fue el de recibir en Santa Rosa al Presidente General Pedro Eugenio Aramburu, el sábado 13 de abril de 1957. Una multitud acordonó el paso del segundo Presidente que visitaba la ciudad junto a su comitiva, desde el aeródromo local hasta la Casa de Gobierno, en donde recibió a delegaciones gremiales y de las fuerzas vivas. Luego, los vecinos de Santa Rosa colmaron la Plaza San Martín, en la que, según las crónicas locales, aclamaron su discurso. Pero los diarios sólo dan cuenta de las reuniones con dos organizaciones que pudieron entrevistarse con el Presidente de la Nación: la AAG y la CCIP. La Cámara entregó a Aramburu un memorial en el que se enfocaron en dos cuestiones: solicitaron las gestiones para la instalación de nuevos ramales y cabinas telefónicas y pidieron por la pavimentación de las rutas nacionales N° 5 y N° 35. Por su parte, los ruralistas agasajaron al Presidente y su comitiva con una cena en su local, invitándolo a hacerse presente en la próxima exposición de la entidad. 31 La Capital, Martes 6 de marzo de 1956. 32 La Capital, Jueves 23 y sábado 25 de agosto de 1956. - 94 - Finalmente, el gobierno militar convocó a elecciones, en las que se impuso la fórmula de la UCRI integrada por Arturo Frondizi y Alejandro Gómez, quienes recibieron el mando de parte del General Pedro Eugenio Aramburu el 1º de Mayo. En La Pampa, donde la UCRI se había impuesto con un 58% de los sufragios, el gobierno desarrollista nombró al frente del ejecutivo provincial al dirigente Ismael Amit como interventor, figura clave que dominó la escena política local entre fines de los años cincuenta y hasta 1966, primero como interventor y luego como gobernador electo en dos oportunidades. Conclusiones La aparición del peronismo en la escena pública nacional y el impulso de una nueva matriz económica desde el estado nacional, alteraron los marcos de referencia dentro de los cuales los productores agropecuarios del Territorio de La Pampa habían desplegado sus acciones en defensa de sus intereses. Tras un breve período que sirvió para que los dos actores se conocieran, quedó clara la contradicción entre las necesidades del sector rural frente a las expectativas planteadas por las nuevas autoridades nacionales. La situación geográfica, la baja densidad demográfica, la ausencia de otros actores locales con capacidad e intenciones de disputar el lugar central que los productores agropecuarios ocupaban en la sociedad pampeana a mediados del siglo XX, fueron factores que les posibilitaron defender exitosamente sus intereses y mantener una matriz productiva en la que éstos ocupaban un lugar privilegiado. Para completar este cuadro, no podemos dejar de considerar también las acciones colectivas que desplegaron estos pionners agrupados en la AAG. Entre ellas, podemos mencionar los petitorios y posiciones públicas expresadas a través de sus organizaciones gremiales, las alianzas con otras instituciones, las asambleas, las exhibiciones de su capital (tanto económico como simbólico y político) puestos en escena en cada exposición y la presentación de una agenda común para La Pampa, que incluyera amplios sectores sociales detrás de su liderazgo. La provincialización significó el inicio de un proceso de construcción de un poder estatal local, que podría llegar a desarrollar una mayor capacidad de control e intervención sobre las estructuras económicas y sociales de La - 95 - Pampa. Esta situación provocó que se agudizara el conflicto entre los representantes de la AAG y el gobierno peronista, que se extendió sin resolución hasta el golpe cívico militar que derrocó a Perón en septiembre de 1955. A partir del nuevo gobierno, el sector agropecuario ocupó un lugar central en la definición y ejecución de las políticas que terminarían de delinear el nuevo aparato estatal provincial. Referencias bibliográficas Acuña, C., & Chudnovsky, M. (2013). “Cómo entender las instituciones y su relación con la política”, en Acuña, C. (Comp.) ¿Cuánto importan las instituciones? Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI. Beltrán, G. (2001). “La identidad empresarial. Conjeturas, ausencias e interrogantes”, en Porras Lavalle, R. (Comp.). Teoría sociológica. Lima, Perú: Universidad Nacional Federico Villareal. Brennan, J. (1997). Industriales y “bolicheros”: la actividad económica y la alianza populista peronista, 1943-1976. 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A 50 años del Tucumanazo María Celia Bravo Instituto Superior de Estudios Sociales (ISES) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Universidad Nacional de Tucumán (UNT) El propósito del presente escrito consiste en analizar el derrotero seguido por los plantadores de caña de Tucumán (denominados cañeros), que alcanzaron cohesión en la definición de sus demandas, en la formación de asociaciones reivindicativas y en la configuración de discursos capaces de dotar sentido a un colectivo heterogéneo y ordenarlo a través de acciones comunes. Este sector cañero se conformó entre 1860-1880 y constituyó una singularidad de la agroindustria azucarera provincial. Su origen debemos buscarlos en una sociedad campesina previa, propietaria de parcelas de tierra y resistente a la proletarización, que logró coexistir y proyectarse durante el proceso de mecanización de la industria. En consecuencia, las nociones de independencia en materia laboral y el arraigo a la tierra, constituyen referencias ineludibles para comprender la dimensión cultural de esta sociedad campesina, cuya impronta puede rastrearse en las prácticas y en las demandas que sistemáticamente sustentaron los productores cañeros. La historiografía ha discutido las causas de la pervivencia de este mundo campesino que en otras economías azucareras desapareció ante el avance de la moderna industria. En Tucumán, la opción del pequeño productor por el cultivo de la caña constituyó una estrategia acorde a la lógica de sus intereses, en tanto aprovecharon las condiciones favorables que la coyuntura azucarera ofrecía a las pequeñas explotaciones, al influjo de los altos precios a la materia prima y en un momento en que el cultivo de cereales declinaba por la formación de un mercado nacional de granos. En las últimas décadas - 99 - del siglo XIX, los plantadores de caña se multiplicaron y su aporte para el funcionamiento de la industria se transformó de complementario en necesario y sus cosechas alimentaron la molienda de los ingenios, hasta alcanzar el 42% en 1895. El monocultivo resultante de este proceso constituyó el rasgo característico de la agricultura tucumana cuyos efectos contribuyeron a acentuar la vulnerabilidad de la economía de la provincia que, en lo sucesivo, dependió de las fluctuaciones derivadas del funcionamiento de la agroindustria. La condición necesaria para asegurar la rentabilidad de la actividad agroindustrial residía –y reside aún hoy– en la protección arancelaria, que creció durante la década de 1880. Pensada para impulsar el desarrollo de la industrialización, las tarifas arancelarias –junto con otros factores como el acceso al crédito y la conexión ferroviaria– permitieron el establecimiento de un parque industrial de magnitud considerable, compuesto por 35 ingenios modernos en 1895. Este proceso contribuyó a multiplicar sustancialmente el número de plantadores, que se beneficiaron por las especiales condiciones del mercado cañero que experimentaba una creciente necesidad de materia prima. Desde este punto de vista, los cañeros fueron también beneficiarios del proteccionismo azucarero, cuyo fundamento central residió en identificar el “progreso argentino” finisecular con el crecimiento industrial de Tucumán. Las transformaciones generadas por la especialización azucarera suscitaron tensiones en el ámbito rural que se manifestaron en la distribución del riego y en el ordenamiento de los caminos públicos alterados por los ingenios. En efecto, la industrialización azucarera alteró la funcionalidad de las antiguas vías de comunicación e intensificó la coacción de los industriales en materia de riego que pretendieron dominar el acceso al agua generando un profundo malestar en el mundo rural. Las denuncias sistemáticas realizadas por cañeros y labradores ante los jueces de paz y la policía, los sabotajes a los canales de los ingenios, la lucha por la apertura de caminos cerrados, revelaban la vitalidad de la sociedad campesina, capaz de exigir al Estado provincial el ejercicio de su función reguladora. Las demandas tomaron la forma de petitorios al gobernador, mientras que la práctica del sabotaje expresaba la rebeldía anónima de los productores afectados, aunque prevaleció la vía institucional utilizada por las comunidades rurales. La legislación agraria generada al filo del siglo XIX y comienzos de siglo XX (ley de Riego, Código Rural y “leyes machete”) ilumina la permeabilidad del Estado provincial a las demandas de los intereses afectados, cañeros, labradores y vecinos. Sobre esta etapa se ha transmitido una imagen que deviene de la política y que ha influenciado a la posterior producción - 100 - historiográfica. La misma enfatiza el poder “omnímodo” de los industriales azucareros en el manejo del Estado provincial. Sin embargo, del análisis de este conjunto de leyes se desprende una perspectiva diferente. Los cañeros y los vecinos de las comunidades rurales, a pesar de su rol subalterno en el complejo agroindustrial, lograron incidir directa o indirectamente en la elaboración de una legislación que contemplaba las demandas de los sectores damnificados. Las disposiciones impuestas por las “leyes machete”, primeras leyes de regulación de la producción azucarera, constituyeron la prueba más relevante. La interpretación historiográfica dominante concibió a las mismas como un ejemplo del predominio de los intereses de los industriales sobre los de los cañeros. Sin embargo, la limitación de la superficie cultivada en un contexto de sobreproducción y la consiguiente indemnización, fue reclamada por los productores cañeros para forzar la valorización de la materia prima. En ese sentido, las leyes machetes de 1902 y 1903 representaron el primer antecedente legislativo de regulación de la producción y de compensación a los cañeros por la materia prima sin vender. Naturalmente, esta legislación desató la decidida oposición de los industriales por la indemnización acordada a los plantadores y por la limitación de los cañaverales que implicaba la valorización de la materia prima. La controversia generada por las leyes iluminó las diferencias de criterio entre los distintos poderes estatales, puesto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación obligó al Gobierno de la Provincia a derogar dichas leyes invocando el postulado del laissez-faire, aunque esta vía implicara la quiebra de las pequeñas empresas azucareras y de la mayor parte de los cañeros. Para resistir las imposiciones de los industriales, los plantadores fundaron en 1895 el “Centro Cañero”, asociación que representó un salto cualitativo en la conciencia del sector, en tanto contribuyó a delimitar los intereses y las demandas de los plantadores que crearon la primera asociación. En dicho ámbito, los dirigentes cañeros delinearon un discurso destinado a convertirse en el fundamento de futuras reivindicaciones. Sostuvieron que el proteccionismo azucarero no debía contemplar sólo los intereses de los industriales, sus alcances debían hacerse extensivos al conjunto de los actores involucrados en la actividad, especialmente a los plantadores, que desempeñaban una función social imprescindible para asegurar el equilibrio social y la prosperidad de la campaña tucumana. Entre 1915 y 1918, la crisis de la caña criolla destruyó literalmente 100.000 hectáreas de cañaverales cuya reposición con la nueva variedad de - 101 - Java exigió un considerable esfuerzo económico. Los efectos del desastre agrícola se manifestaron con mayor crudeza entre los cañeros, cuya participación en el área cultivada se redujo drásticamente y decreció el número de plantadores de manera significativa. Tal circunstancia fue aprovechada por los industriales, que lograron suplantar con la variedad de Java las plantaciones destruidas, mientras que a los plantadores les estaba vedado el acceso a la nueva caña en virtud de su elevado precio. El estado provincial, de signo radical, prestó ayuda a los plantadores, declaró de “utilidad pública” la reserva de caña de Java de la Estación Experimental y ordenó que se vendiera a los plantadores lotes de esta planta a la mitad de su valor. Progresivamente, la difusión de la caña de Java implicó cambios sustanciales en el funcionamiento del estadio agrícola de la actividad azucarera. Por primera vez, la mayor producción generada por la nueva variedad de caña, tornó prescindente el aporte cañero cuya producción debió ajustarse a las zonas más idóneas para el cultivo de la caña. Lo más importante: la caña de Java instaló una tendencia a la superproducción que se prolongó a lo largo de la década de 1920 y 1930. En ese contexto desfavorable, en 1918 un grupo integrado por grandes y medianos plantadores, con experiencia política, refundaron el Centro Cañero para defender a sus asociados de la “tiranía” impuesta por los ingenios. En realidad, sus demandas interpelaron directamente al gobierno provincial, en tanto se exigió la indemnización por la cosecha sin colocación. Las mismas fueron pagadas mediante un incremento de la presión impositiva, en tanto los gobiernos radicales vincularon la “cuestión cañera” con el aumento del presupuesto provincial. Este esquema revelaba los límites de un programa gobierno que proponía resolver de manera simultánea la promoción de sectores subalternos y el saneamiento fiscal, a través de la presión impositiva a la industria azucarera, principal actividad económica de la provincia. En ese contexto, algunos dirigentes cañeros comenzaron a examinar el problema de los costos agroindustriales con el propósito de determinar el precio de la materia prima, principal nudo de conflicto entre industriales y cañeros. La investigación más consistente, realizada por el dirigente José Ignacio Aráoz, constituyó el fundamento de las reivindicaciones de los productores, en tanto estableció que los costos culturales para producir una tonelada de caña eran similares a los costos industriales de la molienda de una tonelada de materia prima. En consecuencia, el valor adjudicado a la caña debía fijarse en el 50% del costo de la producción de un kilogramo de azúcar. Asimismo, Aráoz defendió la necesidad de establecer un régimen contractual - 102 - estable y equitativo que regulara las relaciones comerciales de plantadores e industriales. Estas demandas se formularon en el marco de una concepción de corte agrarista fundamentada en la valoración positiva de la pequeña propiedad, a la que se atribuía un sentido político y social, en tanto aseguraba la democracia y la equidad en el medio rural. La promoción de cooperativas de comercialización y la formación de ingenios cooperativos para el procesamiento de la materia prima sustentaban un criterio distributivo en la actividad azucarera que otorgó rasgos específicos a esa concepción. Asimismo, la retórica agrarista configuró una imagen homogénea de los cañeros, integrada por pequeños propietarios, víctimas de la voracidad de los ingenios, presentándolos altivos en la defensa de sus intereses, aunque en este colectivo había también grandes y medianos plantadores. En 1926 frente a la superproducción azucarera, los ingenios buscaron moler sólo su propia materia prima y anunciaron que la caña de los plantadores se recibiría sin precio provisorio. En ese contexto, un grupo de dirigentes, integrado por medianos productores del sur de la provincia, abandonó el Centro Cañero y se incorporó a la Federación Agraria Argentina, asociación que tenía su sede en Rosario y que había logrado una amplia difusión en el área pampeana. Bajo la insignia de la Federación, los cañeros organizaron seccionales en las distintas localidades del interior e impulsaron la participación entusiasta de los agricultores en un movimiento agrario orientado a quebrar la resistencia de los ingenios. Al año siguiente, al influjo de la Federación Agraria se produjo la primera huelga de los plantadores en 1927 que coronó un proceso signado por la intensa agitación social en el interior de la provincia. Las continuas movilizaciones, los sabotajes y la estricta neutralidad observada por el gobierno provincial no sólo aseguraron el triunfo de la medida de fuerza, sino que revelaron la adhesión de la población de la provincia a la causa cañera. Los actos masivos protagonizados por los plantadores reflejaban la capacidad de organización de los dirigentes agrarios, que concertaron alianzas con otros sectores subalternos como los pequeños comerciantes del interior y los trabajadores de surco, quienes, bajo la promesa de un aumento del jornal, secundaron activamente a sus patrones en la confrontación con los industriales. El desenlace de la huelga se resolvió con el arbitraje presidencial propuesto por los industriales al comienzo del conflicto. El Laudo Alvear respaldó vigorosamente la causa cañera. El monto de las liquidaciones de la - 103 - materia prima que instituyó (el núcleo del conflicto) eran coincidentes con las demandas de los plantadores. El documento definió además pautas precisas para determinar el precio de la materia prima, estipulando que el valor de la tonelada de caña equivalía al 50 % del precio promedio del azúcar elaborado con dicha cantidad. En ese sentido, las conclusiones del laudo fueron semejantes a las que había arribado Aráoz en 1923 e implicó una importante transferencia de ingresos del sector industrial a los cañeros independientes. No menos importante fueron los argumentos esgrimidos por el árbitro, notoriamente similares a los sustentados históricamente por los cañeros. La vigencia del proteccionismo azucarero se justificaba por su sentido distributivo que debía contemplar el conjunto de los intereses sectoriales involucrados. Asimismo, hacía suyas las consideraciones agraristas cañeras al considerar que la difusión de la pequeña propiedad constituía un indicador beneficioso para la conformación de una sociedad rural igualitaria. Esta concepción expresaba la gravitación del “imaginario cañero” en el ideario radical y en la población tucumana. Las luchas y demandas cañeras determinaron nuevas políticas públicas. En 1929 se creó la Cámara Gremial de Productores, cuyo tribunal arbitral estaba integrado por delegados de asociaciones de industriales y cañeros, y presidido por un representante del gobierno provincial, que debía decidir las diferencias surgidas en torno a los contratos de compraventa de caña. La nueva institución implicaba la adopción de un patrón de corte corporativo para la resolución de los conflictos contractuales, que exigía la presencia permanente de un representante del Estado para legitimar las decisiones. A largo plazo, el Laudo Alvear tuvo efectos prolongados, puesto que las normas establecidas fueron incorporadas a los contratos de compraventa y contribuyeron a ordenar las relaciones comerciales entre cañeros e industriales. A su vez, el protagonismo de los plantadores les permitió a un grupo de medianos cañeros acceder al estadio industrial. Se les llamó “ingenios cooperativos” pero en realidad fueron sociedades anónimas. En 1927 se formó una sociedad mixta integrada por cañeros y el estado provincial que construyó y administró el ingenio “Marapa”, y en 1929 se formó el ingenio “Ñuñorco”, sociedad anónima integrada por plantadores y comerciantes de Monteros. Se consideraba que estos emprendimientos permitirían solucionar la conflictividad de áreas donde el mercado cañero manifestaba un fuerte desequilibrio en favor de los industriales. Sin embargo, estas innovaciones constituyeron soluciones limitadas que sólo favorecieron a un pequeño número de productores. - 104 - El resultado más evidente de dicho proceso se reflejó en la multiplicación del número de productores. Hacia 1929, los plantadores minifundistas proliferaban en el área cañera, cuya estructura agraria estaba lejos de representar el perfil igualitario recurrente de la retórica agrarista. Por el contrario, a pesar de lo invocado por los políticos y los dirigentes cañeros, la disparidad distributiva tendió a acentuarse en la superficie controlada por los cañeros independientes. Durante la década de 1930, el minifundio fue sindicado uno de los principales problemas de la actividad azucarera y un signo elocuente de la ineficiencia productiva tucumana. Si se comparaba con el modelo azucarero salto-jujeño, más concentrado, donde los ingenios se abastecían con sus propias plantaciones. Este nuevo sentido, que identificaba ineficiencia con pequeño productor expresaba una reacción industrial a la creciente movilización y politización del productor cañero, cuya presencia como un componente necesario de la actividad había sido legitimada por el Laudo Alvear. En la década de 1930 la Federación Agraria se fragmentó. Algunas seccionales se separaron para reconstruir el Centro Cañero, otros cañeros se reconocieron como no agremiados y en 1938 se formó la Unión Agraria Provincial. Durante la década, la agroindustria tucumana recurrió a leyes provinciales de regulación de la producción, que a través de un complicado sistema impositivo reducía los cañaverales (de industriales y cañeros), pero obligaba a los primeros a exportar el azúcar excedente y a recibir la materia prima de los productores independientes. El rasgo agrarista de la legislación se mantuvo cuando se eximió a los pequeños productores de 10 toneladas ½ (que equivalía a 4 hectáreas) de la limitación de la producción. Tal esquema desalentó productivamente a los cañaverales de propiedad de los ingenios y promovió de manera fiscal a la producción de los plantadores. El peronismo posicionó al Estado nacional como el rector indiscutido de la política azucarera. La Dirección de Azúcar creada en 1950 definió el precio del azúcar y de la materia prima, estipulaba los volúmenes de producción, las cuotas de entrega al mercado interno y la cantidad de azúcar exportar o importar. En ese año se creó el Fondo de Regulación Azucarero (FRA) para atenuar las asimetrías regionales existentes entre los dos modelos azucareros, el tucumano y el salto-jujeño. Se alimentaba con un impuesto al azúcar solventado por industriales y comercializadores que se redistribuía entre las empresas con mayores costos productivos, los ingenios tucumanos. En 1956 la institución dejó de funcionar de hecho cuando los ingenios de Salta y Jujuy presentaron un recurso administrativo al considerarlo inconstitucional. En consecuencia, dejaron de aportar al FRA al considerar que se - 105 - incentivaba a los sectores azucareros más ineficientes. Este empresariado, cuyo emblema era Arrieta, propietario del ingenio Ledesma, era partidario de barreras arancelarias protectoras del mercado doméstico y opositor de toda regulación distributiva regional y sectorial del ingreso azucarero. Al influjo de la organización sindical promovida por el Estado nacional, los trabajadores azucareros se nuclearon en sindicatos por ingenio y formaron Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA) en 1944. A su influjo los líderes cañeros de las distintas asociaciones se unificaron en 1945 en la Unión de Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT) para interactuar con el Estado. UCIT configuró una organización poderosa que negociaba anualmente con la Dirección de Azúcar la actualización del precio de la materia prima y los reajustes de la liquidación por el incremento de los insumos y el aumento de los sueldos. Entre 1945 y 1948 el Estado nacional subvencionó la actividad azucarera a través del Instituto Argentino de Promoción e Intercambio (IAPI) al aportar el capital necesario para sustentar los incrementos salariales y la liquidación de la materia prima según su peso, sin aumentar el precio del azúcar a los consumidores. En 1949 el Estado revisó esta política azucarera y adoptó como premisa la eficiencia productiva. En esa dirección, se abandonó gradualmente el criterio de pagar la caña según el peso al considerar que promovía el cultivo rutinario y el desinterés del agricultor para introducir nuevas variedades con mayor riqueza sacarina. En consecuencia, promovió la formación de un nuevo precio para la caña definido en parte por un porcentaje de la riqueza sacarina de la planta que debía incrementarse en forma paulatina, mientras se mantenía el componente del peso. Bajo esa misma lógica, se desaconsejó el cultivo en áreas marginales y se promovió la formación de cooperativas de producción como solución al incremento de los mayores costos generados por los cañeros “chicos”. Durante esta etapa, los porcentajes de molienda de los productores independientes alcanzaron el 70%, magnitud que reflejaba el predominio del productor independiente en el cultivo de la caña, cuyo número alcanzó los 20.000 cultivadores. De modo que, el peronismo continuó con la política de respaldo del sector cañero, al que secundó en sus demandas al otorgarle compensaciones por mayores costos y al autorizar anualmente el incremento del precio de la materia prima. Con la Revolución Libertadora tomo consistencia una política de libre empresa impulsada por Alvaro Alsogaray que procuró anular las regulaciones azucareras identificadas con el intervencionismo peronista, aunque en rigor, algunas de ellas se remontaban a la época del Laudo Alvear. Esta política - 106 - provocó la crisis de la agroindustria azucarera tucumana entre 1955-1965. Los picos que jalonaron esta crisis se correspondieron con dos zafras superavitarias (1958/1959 y 1965/1966) que excedieron con creces la capacidad de absorción del mercado interno. Se anuló el precio máximo al azúcar y se fijó un valor estimativo (menor al demandado por los industriales) que debía mantenerse bajo amenaza de recurrir a la importación. Durante esta etapa, la industria tucumana funcionó a pérdida, por debajo de los costos de producción, sin recibir compensación alguna, aunque en la normativa se mencionaba el FRA, a sabiendas que el mismo no funcionaba. Sus efectos se reflejaron en la descapitalización de la agroindustria tucumana (cuyos rendimientos fabriles eran menores que Salta y Jujuy) y en la dependencia de los préstamos del Banco Nación para financiar el desarrollo de la zafra. La desregulación de la relación fabril-cañera terminó de desquiciar el funcionamiento agroindustrial cuando en 1959 se determinó que el precio de la materia prima debía definirse por libre acuerdo de las partes. La medida desató la confrontación entre industriales y cañeros por el precio de la caña, cuyo valor no se definió durante la zafra de ese año. Debían computarse además las deudas de los ingenios a los cañeros por saldos de las cosechas de 1958, 1959 y el de la zafra de 1960 que se mantuvo impaga. El ahogo económico de los productores se trasladó a los trabajadores de surco que no cobraron sus salarios, situación que enfrentó a UCIT con FOTIA debido a que la entidad cañera no reconoció los aumentos salariales paritarios a los peones si no se fijaba previamente el precio de la materia prima. En 1961, ante la ruina económica, los productores recurrieron a la huelga organizando comités de resistencia en el área cañera. La protesta culminó con una masiva movilización agraria a San Miguel de Tucumán denominada “marcha del hambre” que logró un efecto simbólico. La huelga se levantó porque el gobierno garantizó fondos del Banco Nación para el financiamiento de la zafra, se definió el precio de la materia prima para la zafra de 1959 y 1961, además del compromiso de los ingenios de saldar sus deudas. Sin embargo, el acuerdo que determinó el fin de la huelga se incumplió porque los fondos del gobierno nacional se limitaron al financiamiento de la zafra. Los efectos de la huelga se reflejaron en la definición de políticas públicas. La ley 3073 de 1961 declaró de utilidad pública a la industria azucarera, sujeta a expropiación, incautación de uso e intervención de las fábricas. - 107 - La medida había sido reclamada por UCIT con el objetivo de garantizar la totalidad del parque industrial de la provincia. No llegó a implementarse porque no se reglamentó, pero la existencia de dicho instrumento legislativo constituyó una amenaza para los industriales azucareros, cuyo rol social fue cuestionado al considerarlos responsables de la conflictividad social de la provincia. La movilización cañera y sus persistentes acciones de protesta gestaron la escisión de la asociación. En 1962 un centenar de grandes plantadores se separó de UCIT para formar el Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán (CACTU) que repudió las medidas “extremistas”. Con la división, UCIT perdió un porcentaje mínimo de asociados, pero se menguó su capacidad para detener el funcionamiento de los ingenios, condición necesaria para la efectividad de la huelga cañera. En ese contexto de derrumbe, en 1965 se produjo una nueva crisis de sobreproducción azucarera que llevó al complejo agroindustrial tucumano al colapso por la caída abrupta de los precios del azúcar. En esa coyuntura crítica, el Banco Nación redujo los fondos prometidos. La medida determinó la paralización de la zafra por falta de efectivo y desencadenó la crisis fiscal del estado provincial que recurrió a bonos endosables para cubrir sus deudas con los empleados y proveedores. Las protestas sectoriales crecieron, FOTIA declaró paros parciales o totales y los sindicatos de base ocuparon los ingenios para forzar el pago de los sueldos. UCIT suspendió el envío de caña a los trapiches, realizó manifestaciones en la puerta de las fábricas, incumplió los pagos a los trabajadores de surco e impulsó demandas judiciales por las deudas de las compañías azucareras. En esa etapa la provincia experimentó una notable reducción de su capacidad productiva. De representar el 70 % del azúcar en el mercado interno en 1955, en 1966 sólo participaba con el 56 % de la producción nacional. Entre 1966 y 1967 dos medidas de la dictadura militar asestaron a la agroindustria azucarera de Tucumán el golpe más contundente de su historia. En 1966 se decretó la intervención de 7 ingenios azucareros de la provincia con el objetivo de cerrarlos y desmantelarlos (ley 16.926). En un año cerraron sus puertas 11 establecimientos azucareros, aproximadamente el 41 % de su parque industrial, con su consecuente secuela de desocupación. En relación al estadio agrario se sancionó la ley 17.163 de 1967 que determinó la expropiación compulsiva de cupos a los pequeños cañeros de hasta 3 has, medida que expulsó compulsivamente alrededor de 10.000 productores de la actividad, sin contemplar una alternativa productiva viable. Los efectos de estas políticas fueron perniciosos. Se incrementó la desocupación en el - 108 - campo cañero a niveles inéditos y tomó impulso un proceso migratorio que determinó la pérdida neta de población en la provincia. Tales medidas distorsionaron el mercado cañero al crear un circuito legal y otro en negro para la comercialización de la caña que tendió a deprimir los precios de la materia prima. De modo que, casi el 60% de pequeños productores activos en 1963 fueron expulsados del mercado legal de la caña, restricción que afectó las distintas escalas del sector cañero, especialmente a los minifundistas. En esa instancia UCIT promovió la formación de cooperativas de comercialización con el objetivo de permitir a los pequeños productores la venta de la materia prima a los ingenios, negociar sus precios y los saldos adeudados por los ingenios en mejores condiciones. Los efectos sociales de dicha política se reflejaron en la desocupación en el agro y en la emigración, decisión que revelaba la pérdida de expectativas de las comunidades cañeras. En ese contexto, se formaron comités pro defensa en los pueblos con ingenios amenazados por el cierre. Tales formaciones integraron a trabajadores, cañeros, comerciantes y vecinos del lugar que implementaron marchas, peticiones, ollas populares y tomas de fábricas, acciones que fueron reprimidas con alto grado de violencia. Progresivamente, las manifestaciones de protesta del interior azucarero se articularon con manifestaciones estudiantiles en la ciudad de San Miguel de Tucumán, dando origen a los tucumanazos (1970-1972), intensas acciones de protesta estudiantil y sindical que expresaron el repudio masivo a la dictadura militar. Las rebeliones populares determinaron a partir de 1971 la flexibilización la política de cupos, el incremento de la producción cañera y la utilización de variedades más aptas y productivas. El policultivo pregonado por la dictadura se efectivizó parcialmente en áreas no azucareras, pero el agro cañero mantuvo su centralidad en el estadio agrícola en lo relativo a su valor bruto y mantuvo su gravitación al incidir en la declinación de los otros cultivos, cuando el azúcar retomó su ciclo ascendente a partir de 1971. Desde 1970 el gobierno militar se encontraba en franca retirada al revelar una gran incapacidad para controlar el conflicto social. En ese contexto, se creó la Compañía Nacional Azucarera SA (CONASA), sociedad azucarera del Estado que reunió a los ingenios con problemas financieros, como alternativa para evitar el cierre de nuevas fábricas. UCIT reclamó con insistencia la restitución de los cupos expropiados a los pequeños productores y la recuperación de la capacidad productiva de la provincia. Algunas de estas demandas se concretaron durante el gobierno peronista que autorizó el - 109 - aumento de cuotas de producción a los ingenios destinada a la exportación y la molienda total de la materia prima de los cañeros, medida que evadía el rígido sistema de cupos. Se trataba de reparar las políticas azucareras desarrolladas durante la dictadura. Sin embargo, ese mundo cañero no logró recrearse. La dictadura militar de 1976 atestó un golpe brutal a una camada de dirigentes sindicales, estudiantiles y funcionarios del gobierno peronista que habían liderado la resistencia a las políticas antipopulares. Algunos industriales, como los propietarios del ingenio Concepción y los del ingenio Fronterita están imputados por su colaboración con las prácticas represivas y por ceder predios de las fábricas para instalar Centros Clandestinos de Detención (CCD) donde se llevaba a los trabajadores, productores, estudiantes y vecinos secuestrados. Estos delitos de lesa humanidad se tramitan hoy en los tribunales de la provincia. La actividad azucarera continuó siendo regulada por el estado, su intervención no fue neutral, se volvió a una política restrictiva de cupos que afectó a los pequeños y medianos cañeros porque se desvalorizó el precio de la caña. Sin resistencia agraria ni obrera se instalaron las cosechadoras y se redujo notablemente el número de zafreros aumentando la desocupación en la provincia. En ese contexto, tanto FOTIA como UCIT redujeron el número de afiliados y emergieron durante la democracia como organizaciones burocratizadas. El golpe definitivo se dio en la segunda década del siglo XX, con la desregulación de 1991 que reformuló profundamente el mundo cañero. Un grupo de plantadores accedió a la capitalización, la tecnificación y la modernización productiva; en ese segmento algunos productores devinieron en empresarios altamente capitalizados. Los campesinos minifundistas fueron expulsados del estadio productivo, en lo sucesivo se convirtieron en reservorio de mano de obra temporaria, destinada a realizar las zafras agrícolas de distintas regiones argentinas. En ese contexto adverso, la multiocupación operó como una estrategia de sector campesino que apeló a diversas labores con el objetivo de resguardar el fundamento de su identidad social, la propiedad de la tierra. Se instaló un nuevo mundo agrario de base cañera más eficiente pero también más desigual. En el nuevo escenario desregulado la concentración agraria persiste como tendencia, pero en dicho espacio perviven también los campesinos resistentes. - 110 - Referencias bibliográficas Bravo, M. C. (Coord.) (2017). La agricultura: actores, expresiones corporativas y políticas. Buenos Aires, Argentina: Imago Mundi. Bravo, M. C. (2008). Campesinos, azúcar y política: cañeros, acción corporativa y vida política en Tucumán (1895-1930). Rosario, Argenitna: Prohistoria. 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Políticas, corporaciones y conflictividad social Silvia Lázzaro Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Universidad Nacional de La Plata (UNLP) A modo de introducción El presente trabajo procura realizar aportes en torno a los intentos y propuestas para llevar a cabo la reforma agraria en Argentina entre mediados de la década de 1950 hasta la de 1970: condicionantes, políticas públicas, dinámica de las corporaciones agrarias más concentradas y algunos aspectos de la conflictividad social. En América Latina, frente al generalizado fenómeno de concentración de la tierra, se fueron generando intentos de redistribución de la misma en diferentes países, condicionados por presiones de los sectores menos favorecidos, por intereses políticos o por un marco internacional que buscaba el cambio de las estructuras agrarias (casos de México, Bolivia, Guatemala, Cuba, Venezuela, con diferentes propósitos y resultados en cada caso). Pero, en general, los objetivos eran mejorar las condiciones de vida de los campesinos, permitirles la posibilidad de la demanda interna en el mercado para la industrialización, atemperar situaciones sociales conflictivas y evitar la reiteración de procesos revolucionarios al estilo cubano. Ya en los años cincuenta la situación socioeconómica y política de varios países latinoamericanos tendió a cambiar y se fue instalando la convicción de que era inevitable la necesidad de enfrentar el problema agrario mediante una transformación - 113 - estructural (en la doble perspectiva de la justicia redistributiva y del aumento de la productividad) con una connotación cada vez más integral, lo que explica que la reforma agraria adquiriera su significación como instrumento de desarrollo socioeconómico en todos los procesos que se realizaron a partir de la década de 1960 (Ortega, 1990). Mediando la década de 1960 los intentos de reforma agraria se debilitaron dando paso a la revolución verde, al predominio de nuevas tecnologías y al desarrollo rural integrado. Ya en los años 1970 el tema de la redistribución de la tierra se fue desvaneciendo, a lo que no fue ajena la multiplicación de regímenes autoritarios con fuertes perfiles de ideas neoliberales que pusieron énfasis en procesos tales como la modernización capitalista, el rol del mercado como asignador de recursos y la necesidad de producción agraria para enfrentar el endeudamiento externo (Chonchol, 2003). La reforma agraria se constituyó en un mecanismo jurídico de cambio social que se institucionalizó desde el Estado y, por ende, la indicación respecto a qué se reformaba, cómo y para qué dependió en cada caso del proyecto político del gobierno respectivo y de las concertaciones entre los diferentes grupos de interés (Ortega, 1990). La difusión que tuvo la reforma agraria como proceso susceptible de modificar la estructura agraria latinoamericana no impactó en Argentina, fundamentalmente porque en la región más dinámica no había una estructura agraria muy polarizada, por la carencia de una presión campesina por la tierra y por la ausencia en los partidos políticos más importantes de programas de reforma agraria. En países como Argentina, de avanzada urbanización y relativa industrialización, la presión más intensa desde el punto de vista económico y político, no es la “presión campesina” sobre la tierra, sino la “presión nacional”, originada en la confluencia de factores sociales como el crecimiento demográfico, la acelerada urbanización, la concentración poblacional en las grandes ciudades, la demanda industrial de materias primas y la aspiración de las clases trabajadoras a un más alto nivel de vida. En la medida en que esa presión se intensifique, “se podría diseñar una reforma agraria de afuera hacia adentro”, o sea, de las exigencias del desarrollo global hacia la estructura agraria (García, 1973). Sin embargo, sí impactaron procesos externos, fundamentalmente la política exterior norteamericana manifestada en la Alianza para el Progreso que legitimó la reforma agraria como una estrategia no revolucionaria de cambio social. En efecto, en Argentina en función de una explícita división entre una región rica y fértil que produce para la exportación y otra hetero- 114 - génea, azarosa y produciendo en general para el mercado interno, la concepción y/o especulación respecto a que no es oportuna ni primordial una reforma agraria, proviene de los intereses de la región pampeana (Reboratti, 1989). Intentamos rescatar, entonces, el análisis histórico de la continuidad de instancias en torno a la necesidad de generar una “reforma agraria” en Argentina en el marco de los procesos de políticas agrarias de los diferentes gobiernos que se suceden a partir de la caída del peronismo, en 1955, en los que predominaron un criterio pragmático y la constante de una ideología que rechazaba de plano la posibilidad de transformaciones en la distribución de la tierra, en favor de una línea de política productivista que, de hecho, desligaba el problema de la baja productividad del tamaño de las explotaciones. Las reformas estructurales y las políticas de ajuste han influenciado a Argentina como lo hicieron con el resto de los países de la región. No obstante, es necesario resaltar las particularidades de la estructura agraria en Argentina en el marco de las tendencias generales. El sector de pequeños productores minifundistas en Argentina nunca tuvo la misma relevancia que en países como Bolivia, México o Perú (Giarraca, 1990). La principal disparidad recae sobre la heterogeneidad geográfica entre diferentes regiones. Mientras la región pampeana, con las tierras más fértiles y con mejor dotación de agua, se convirtió desde 1870 en la región más rica y moderna; las otras regiones (Nordeste, Noroeste, Cuyo y Patagonia), con deficientes condiciones en cuanto a calidad de suelos, régimen de precipitaciones o disponibilidad de agua para riego, se convirtió desde ese entonces en otra gran región (el “Interior”), la más pobre y menos desarrollada del país (Sawers, 1996). En los años de posguerra, el surgimiento del sistema agroalimentario fordista y la expansión de la llamada revolución verde, favorecieron el incremento productivo y el poder económico de la región pampeana, ensanchando la brecha con el resto de las regiones del país. El papel dominante asignado a esta región para que Argentina se integre social y económicamente en el orden mundial, ha negado históricamente al sector de la pequeña agricultura y las realidades y problemas de las otras regiones del interior del país (Manzanal, 1917 y Sawers, 1996). No es excesivo aseverar que con el tiempo Argentina se fue transformando en un país con altos niveles de acumulación -en comparación con el resto de los países de la región- pero con un creciente nivel de desigualdades y pobreza rural. Si a esto se le suma la inexistencia de reformas agrarias importantes (Kay, 2000), entonces es legítimo concluir que - 115 - las reformas estructurales y los planes de ajuste contribuyeron a exacerbar las heterogeneidades entre e intra-regiones. Es reconocida la importancia de las políticas generadas y puestas en práctica durante los gobiernos peronistas. La política en torno a la propiedad de la tierra durante el primer peronismo, sobre todo la de arrendamientos, aseguró en principio un régimen de mayor estabilidad y de pérdida de peso de la libertad contractual, que benefició al arrendatario tradicional –ligado estrictamente a la producción agrícola- proporcionándole un contexto propicio para una potencial capitalización; y favoreció también a aquellos propietarios mixtos que recurren al arrendamiento, en tanto cauce coyunturalmente auspicioso para la expansión de la actividad ganadera en incesante auge (Blanco, 2007). Desde el triunfo “revolucionario” antiperonista de mediados de la década de 1950, los sectores económicos internos que habían sido desplazados del poder; aquellos que habían concordado antes con el país oligárquico y liberal, se encontraban ahora en una situación de inserción dependiente en el ámbito de la expansión capitalista de posguerra. Era necesario, entonces, modernizar a la economía y a la sociedad argentina, pero conviviendo en medio de condiciones conflictivas: una importante inestabilidad institucional protagonizada por la alternancia de gobiernos militares y civiles en el período aquí considerado; políticas estabilizadoras sugeridas por organismos económicos internacionales; presiones inflacionarias crónicas; la penetración de empresas trasnacionales; un importante proceso de concentración y centralización del capital; y nuevas funciones del Estado, tanto económicas como represivas. Queda así de manifiesto que en todos los intentos de reforma agraria que se propusieron se advierte explícitamente el objetivo fundamental: que se convierta en el principal instrumento de desarrollo económico.1 El proceso de la redistribución de la tierra en Argentina tuvo especiales condicionamientos. La producción agraria no era de subsistencia como en otros países latinoamericanos sino que se producía fundamentalmente para el mercado; el régimen agrario se basaba en general sobre el latifundio y el ausentismo; y el país no se caracterizó por contener a una densa población rural. Pero como en todos los casos se intentó institucionalizar estos procesos de reforma desde el Estado, se advierten algunas diferencias respecto al qué, 1 Entendido aquí en su sentido más amplio: proceso que genera el crecimiento sostenido de las fuerzas productivas, profundizando la capacidad tecnológica y productiva con el propósito de mejorar los niveles de vida de la población - 116 - al cómo y al para qué, lo que dependió del proyecto político correspondiente, en función de los requerimientos más inmediatos. Si bien es a partir de la década de 1960 cuando se replicaron con más frecuencia tentativas de reforma agraria, no constituyeron en el país una novedad. El primer peronismo, a partir de la formulación de su proyecto económico, se refirió a la necesidad de generar una “reforma agraria tranquila”, en aras de lograr el “bienestar común (…) en un ambiente de armonía y concordia” (Lázzaro, 2015). Desde fin de la década de 1950 y durante toda la de 1960, la ideología liberal y el desarrollismo enmarcaron la posición del país en el ámbito nacional e internacional. Es precisamente durante este período cuando la propuesta de la reforma agraria cobró más relieve. La estructura latifundista adoptó ciertas formas de modernización tecnológica y empresaria, pero acentuando la cohesión de los sectores terratenientes, consolidando su poder, incrementando su control sobre los mecanismos institucionales, tratando de preservar los métodos tradicionales de distribución del ingreso rural (García, 1972). Es así que se propusieron y generaron planes de transformación agraria, de promoción, de desarrollo rural tecnocrático, con énfasis en la modernización y la eficiencia; pero abiertamente distanciados de propósitos redistribucionistas, tal como lo enunciaban desde los discursos respectivos.2 El peronismo que regresa en 1973 intenta reavivar en parte el proyecto primigenio de los años cuarenta, pero en un marco mucho más convulsionado internamente y en el complejo contexto internacional. Regresa la idea en torno a dar la tierra a quien la trabaja, tratando de reeditar la política social del período anterior con muy escasas posibilidades de concreción. Sin embargo, en la práctica retorna la propuesta de estrategias que se articulan con incremento de productividad, eficiencia, asistencia tecnológica, etc., quedando aislado nuevamente el fundamental tema de la distribución equitativa de la tierra, pero recurriendo también discursivamente a la tan mentada reforma agraria. En efecto, el primer peronismo profundiza el proceso de acumulación de capital industrial por sustitución de importaciones que había comenzado en la década de 1930 y que continuó durante el período de guerra y posguerra. A partir de 1955, y con algunas variantes, la estrategia de acumulación se orienta hacia el reordenamiento del sistema internacional, basado en la 2 En los fundamentos de la propuesta de Planes de Transformación Agraria de 1956, 1958 y 1963; y en la formulación de la política en torno a la redistribución de la tierra durante el protagonismo de A. Krieger Vasena. - 117 - integración y dependencia del sistema capitalista, en cuyo marco la burguesía agraria mantenía una primordial función en tanto proveedora de divisas. En 1966 y hasta 1973 la estrategia de acumulación estaba ya instalada en la fracción de la burguesía ligada al capital extranjero, con el protagonismo de la tecnocracia. El peronismo intentó revertir este proceso de acumulación a favor de un proyecto de capitalismo nacional autónomo, pero las condiciones no lo permitieron. En síntesis: en el contexto de estas diferenciaciones, la propuesta de reforma agraria estuvo presente sistemáticamente, con objetivos explícitos divergentes respecto a su enunciación; pero sobre la base de una constante: la intención de la distribución equitativa de la tierra fue la gran ausente, enmascarada con proyectos que tienden a un propósito opuesto: la mayor concentración. Primeras formulaciones políticas: la “transformación agraria” La “transformaciòn” -que deberìa realizarse con “un alto sentido social”, es decir, desprovista completamente de cualquier tipo de proceso que implicara “el quebranto o despojo de propietarios”- tenía como objetivo fundamental propiciar el arraigo de los actuales arrendatarios como propietarios de la tierra que ocupan, haciendo por fin realidad el principio recurrentemente mentado de “la tierra a quien la trabaja”.3 Independientemente de estos promisorios pronósticos este Plan, como los que se reiterarán en los próximos años, no alcanzó los resultados esperados, permaneciendo un panorama complejo. Es de destacar al respecto una convocatoria dirigida a los “propietarios de campos arrendados”, publicada en los Anales de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en 1957. Se aludía allí a la exigencia de lograr un alto porcentaje de “arreglos”, de estimular el “espìritu de empresa”, sobre la base de contar con la seguridad de que “el derecho de propiedad será respetado”. Fue precisamente en defensa de ese derecho que se apelaba a la “serenidad” y “buena voluntad” de los propietarios y, fundamentalmente, a su buena disposición para poder arribar a soluciones razonables para ambas partes, “(...) ya que con su intransigencia harán ambiente propicio para que con el slogan de ‘dar 3 Plan de Transformación Agraria. Presentado por el ingeniero agrónomo Diego Ibarbia, presidente de la Cámara Central de Arrendamientos, 1956 (mimeo), folio 2, 6-7, 12, 21. - 118 - la tierra a quien la trabaja’, las fuerzas de izquierda aprovechen para solicitar medidas que hagan peligrar en forma absoluta el derecho de propiedad.“ (SRA, Anales, 1957, p. 8) Era el mismo sector propietario el que estimulaba este sistema negociado que propiciaba el acceso del arrendatario a la propiedad de la tierra; y ello ante la certeza de que por esa vía no se arribaría seguramente a una modificaciòn en la estructura misma de la tenencia de la tierra sino que tan sólo se alcanzarán mejoras en las normas de funcionamiento del sistema. Estos planes de transformación agraria se reiteraron, con algunas modificaciones menores, en 1958 y en 1963 y convergen en un objetivo común: lograr un funcionamiento más preciso, mejor articulado y más flexible del sistema vigente, que logre encauzar el tránsito hacia otro sistema en el que las intervenciones estatales (congelamientos, prórrogas, planificaciones) se diluyan definitivamente. Lejos están los distintos planes de transformación agraria de intentar siquiera modificar el sistema de tenencia, redistribuir el ingreso, poner en actividad tierras ociosas o contribuir al incremento del empleo rural sino que se reduce a una operación táctica de colonización, modernización tecnológica y redistribución de ingresos por medio de políticas de regulación, de rentas y aparcerías (García, 1973). Si bien es cierto que continúa el proceso de incremento de la superficie bajo el régimen de propiedad, ello para nada indica la conversión lineal de arrendatarios en propietarios sino que más bien se articula con todo un proceso de transformación y complejización de la base productiva rural y, por ende, también de la estructura social del ámbito agrario. Se han formulado distintas interpretaciones historiográficas respecto al ulterior destino de los ex arrendatarios, marco en el cual adquiere relevancia la temática que estamos investigando, en tanto en todos los casos en que desde el Estado se generan políticas orientadas a la “transformación”, “promoción” o “reforma agraria”, la problemática del arrendatario está invariablemente instalada.4 Las soluciones que se proponían desde el desarrollismo desacreditaban aquellas concepciones según las cuales la tenencia de la tierra, concentrada en manos de la oligarquía terrateniente, era el elemento fundamental del problema agrario argentino; procuraban considerarlo dentro de la problemática general del subdesarrollo, siendo el objetivo transformar las explo- 4 Para el acercamiento a esta variedad de interpretaciones, ver: CIDA (1965); Foni & Tort (1984); Flichman (1978); Slutsky (1968); Llovet (1988); Mascali (1986); Balsa (2006) - 119 - taciones agrarias en verdaderas empresas y, por tanto, “la cuestión agraria es un problema de incremento de la productividad, la que se resuelve con la incorporación de capitales y de tecnología” (Frondizi, 1965). Reducir el tamaño de las explotaciones no ofrecía soluciones como sí lo generaban la eficiencia, la tecnología, la variación de los costos y de la productividad. “Transformadora iniciativa”: articulación entre arrendamiento y renta normal potencial. Reforma agraria sin redistribución Con la llegada de la autodenominada Revolución Argentina avanzó un régimen de transición “ordenador”, con el propósito de ejercer una dominación autoritaria orientada a transformar las estructuras socioeconómicas y político-institucionales. Seguridad y desarrollo económico, propuestos e implementados por el Consejo Nacional de Seguridad y el Consejo Nacional de Desarrollo respectivamente, eran prioritarios. En efecto, el régimen militar instaurado en Argentina en 1966 tuvo como objetivo consolidar la hegemonía del sector industrial de la gran burguesía, liderado por el capital extranjero y las grandes firmas multinacionales. Durante el gobierno de Juan C. Onganía se sancionó la ley que creó el Impuesto a las Tierras Aptas para la Explotación Agropecuaria (ITAEA), consistente en un porcentual fijo de su valuación fiscal y no venal, con carácter de anticipo del impuesto a los réditos, lo que amerita a presumir más razones de índole fiscal que social. En el contexto de su promulgación, el entonces ministro Lorenzo Raggio, afirmaba que la fórmula arrendamiento / renta presunta era el eje de la reforma en el régimen agrario (Lázzaro, 2005). Nuevamente la apelación a la reforma agraria, en el marco del intento de instauración de un impuesto al valor potencial de la tierra, cuyo principal propósito estaba asociado a lograr mayor productividad y eficiencia, eludiendo todo proceso redistributivo. El rol del sector agrario en el contexto de un programa económico sostenido por la alianza entre los sectores más concentrados del capital nacional y del capital extranjero fue significativo, en tanto se manifestaba como el generador más sólido de las divisas. Pero dada su situación de subordinación en relación a los intereses de las empresas transnacionalizadas, se requería la acción de un Estado con la suficiente capacidad política y administrativa para diseñar, poner en práctica y controlar las políticas públicas necesarias, lo que se tradujo en una particular forma de intervención estatal (O’Donnell, - 120 - 1982). Como resultado de esta ola de inversiones extranjeras en la industria, se modifican las relaciones de fuerza de la sociedad, experimentando la clase dominante argentina grandes cambios; ahora el capital extranjero será un nuevo agente socioeconómico del país; esta burguesía internacional o internacionalizada, es la que va a liderar al empresariado argentino. Del resultado de este proceso y del nuevo rol del Estado, emergerá una nueva capa social en relación a las otras capas dominantes en el control del aparato del Estado; esa capa encontrará en Krieger Vasena en los años próximos a su mayor exponente (Quiroga, 1985; Kossacoff y Azpiazu, 1989). En este contexto, el agro debía encarar su modernización a través de estrategias que derivaran en organizaciones empresariales eficaces.5 Resistieron las retenciones a las exportaciones y el tan vapuleado impuesto a la tierra. Su propósito era obtener una creciente producción con reducción de costos pero dentro de la lógica de la empresa agropecuaria que inevitablemente suponía el logro de una mayor rentabilidad, sin la cual no podía subsistir. Más allá del grado de concreción que tuvo la puesta en práctica de estas políticas estatales sobre la estructura socioeconómica agraria, ellas demostraban la fuerte presencia de una gestión normalizadora a través de la capacidad del Estado para intervenir selectivamente en la actividad económica y normalizar precisamente su funcionamiento (O’Donnell, 1982). Los terratenientes tradicionales fueron favorecidos por algunas medidas estatales -fin de la legislación de emergencia de los arrendamientos que perduraba con modificaciones desde la década de 1940-, pero al mismo tiempo relativamente perjudicado por un sistema de devaluación compensada por cargas impositivas. Se devolvía la seguridad jurídica y la libre disponibilidad de sus tierras a los propietarios arrendadores pero, simultáneamente, éstos quedaban al margen de los beneficios de la política, que amparaba esencialmente a los sectores industriales asociados al capital extranjero y al sector financiero. El Estado se empeñó en suprimir todas aquellas protecciones de naturaleza social o política que pudieran obstruir la libre competencia y/o la formación de capital, siendo éste el contexto en el cual se inscribe la legislación relativa a arrendamientos. La política sobre arrendamientos rurales y la referida al impuesto a la renta normal potencial –que en realidad se constituyó en un impuesto sobre las tierras aptas para la explotación agropecuaria- conformaban un binomio estrictamente funcional, según el discurso 5 La Nación, 5 agosto de 1966, p.1, col. 1-6; Confederaciones Rurales Argentinas, Órgano informativo de Confederaciones Rurales Argentinas, 11 agosto de 1966, p. 2 - 121 - oficial. Independientemente del objetivo fiscal del impuesto a la tierra, es de destacar que se lo concibió, además, como una estrategia que tendía a evitar que la tierra quedase fuera del alcance del productor eficiente y que se convirtiese tan sólo en un bien de especulación. Se aseguraba que los campos desocupados por los arrendatarios mantendrían o aumentarían su nivel de eficiencia productiva. Por tanto, la combinación arrendamiento / impuesto a la tierra despuntaba como el eje de la reforma en el ámbito agrario.6 Más aún, se concebía a estas políticas como estrategias convenientes para generar la restitución de la movilidad social en el campo, a través de un mecanismo de promoción de los más aptos. Discurso bastante alejado de una acción concreta de gobierno, liderado por la gran burguesía industrial, que, en nombre de la tan mentada normalización, no escatimó esfuerzos en disciplinar a los asalariados y a los productores agropecuarios menos concentrados como método para destrabar cualquier tipo de obstáculo que dificultara el proceso de acumulación.7 ¿La tierra como bien de producción y no de renta o especulación? Durante las décadas de 1960 y 1970 el desarrollo tecnológico y la terciarización de las actividades, fundamentalmente a través del contratismo, generan modificaciones significativas con las consabidas secuelas en torno a la dinámica productiva, laboral, financiera, científica. Se trata de un claro avance capitalista que introduce nuevas formas de producción, paquetes tecnológicos, moderada intensificación agrícola, consolidación relativa de la producción familiar capitalizada y persistencia de la renta del suelo (Azcuy Ameghino, 2011). El propósito primordial de la propuesta agraria del peronismo a partir de 1973 y hasta fin de 1974 era la obtención de aumentos sig6 Primera Plana, Buenos Aires, 28 de marzo de 1967, nº 222, pp.48-49; Victor Funes, “El impuesto a la renta potencial de la tierra”, Anales de la Sociedad Rural Argentina, mayo de 1967, pp.12-14 7 En los tramos finales del gobierno de la Revolución Argentina, el entonces Secretario de Agricultura y Ganadería, Ernesto Lanusse, elevó al Poder Ejecutivo una propuesta para implantar un impuesto nacional sobre el valor fiscal de las tierras, que reemplazaría al impuesto a los réditos y a todo tributo susceptible de sustitución. Los considerandos señalaban los perjuicios derivados de tierras insuficientemente explotadas, así como la necesidad de castigar al productor ineficiente y premiar al eficiente. El nuevo impuesto se implantaría a partir de 1973. Sin embargo, a fin de 1972, desde la subsecretaría de Hacienda se declaró la imposibilidad de actuar dentro del plazo previsto “por inconvenientes técnicos y por falta material de tiempo”. “El impuesto como impulsor de la actividad agropecuaria”, Realidad Económica, nº 59, 1984, pp.46-47 - 122 - nificativos en la producción y en la productividad y una mejor distribución de los ingresos, a través esencialmente de un incremento de la “eficiencia”. Las instancias que se fueron sucediendo desde el período preelectoral reiteran sistemáticamente categorías tales como “acuerdos”, “coincidencias programáticas”, “consensos”, “compromisos”, “planificación concertada”; procesos que se articulaban con el sustrato de la política basada sobre el Pacto Social. Pero el resultado fue una cada vez más perfilada y aguda confrontación entre la gran burguesía agraria y el gobierno (Sidicaro, 1982) que se profundizó ante el conocimiento del anteproyecto de Ley Agraria, formulada por el entonces Secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación, Horacio Giberti. El peronismo a comienzos de los años setenta mantuvo una definición política amplia y general de sus objetivos, lo que había facilitado la coexistencia en su seno de distintos sectores carentes de unidad en sus propósitos y programas. Pero esta situación se desmorona al acceder al gobierno, en tanto comienzan a generarse conflictos internos, lo que derivó en una crisis y debilitamiento del Estado. Es en este marco en el que adquiere plena definición e interpretación la política agraria del peronismo durante la década de 1970 con la Ley Agraria nunca sancionada, pero como epicentro de las mayores polémicas en el espacio de las corporaciones agrarias y de los enfrentamientos políticos internos en el ámbito del gobierno peronista.8 Señala al respecto la SRA: “Parte de una realidad agropecuaria que no es la nuestra, sino la de países con muy poca movilidad en la tenencia de la tierra; mostrando la realidad argentina que la tierra se subdivide permanentemente, sea por simple herencia o por ventas. Lo importante es que la sociedad argentina, y especialmente la sociedad agraria, es una sociedad sin clases sociales, de modo que el esquema de lucha de clases que los ideólogos quieren aplicar a la 8 A favor del anteproyecto, aunque con algunas modificaciones aconsejadas en particular, se manifestaron la Confederación General del Trabajo (CGT), Confederación General de la Producción (CGP), Confederación General Económica (CGE), FAA y Unión de Productores Agropecuarios de la República Argentina (UPARA) Y se opusieron la SRA y CRA. Estas entidades centraron sus cuestionamientos en la arbitrariedad y la fractura del ordenamiento jurídico vigente, controles, presión impositiva, política de precios, sistema de comercialización y hasta posibilidad de llevar a cabo una reforma agraria. Para el posicionamiento de las entidades mencionadas en torno al anteproyecto de Ley Agraria (Lázzaro, 2014). - 123 - realidad argentina fracasa desde su base”.9 La propuesta agraria del peronismo en 1973 perseguía la necesidad de elevar los niveles de producción y productividad. Ello suponía superar ciertas deficiencias permanentes de la estructura agraria, especialmente el sistema de tenencia de la tierra y la subutilización del suelo. El programa se basaba en el principio de que “la tierra debe ser para quien la trabaja y un bien de producción y no sólo de renta y especulación”, para lo cual debían erradicarse los latifundios improductivos y los minifundios antieconómicos, facilitando el acceso a la propiedad a auténticos productores, reorientando la política de colonización en tierras fiscales y promoviendo el desarrollo de unidades familiares de producción y unidades comunitarias de trabajo rural. En las diferentes y sucesivas instancias de programación y concertación era una constante la referencia a lo que denominaban “Reforma Agraria Integral”. En setiembre de 1973 -y en el marco de un período caracterizado por los pactos, acuerdos, concertaciones, planificaciones, etc.- se firmó el Acta de Compromiso del Estado y los Productores para una Política Concertada de expansión Agropecuaria y Forestal, entre integrantes del equipo económico y los representantes de los sectores relacionados con la producción agropecuaria. La “planificación concertada” era el medio para una efectiva participación de todos los interesados en el quehacer rural, a fin de que los programas adoptados cuenten con el compromiso y apoyo solidario de quienes eran responsables de los mismos, tratando de dejar en claro que la programación no excluía la concertación, sino que por el contrario la perseguía. El Acta de Compromiso del Campo, como generalmente se lo denominó, fijó las bases de un programa de “auténtica revolución en paz” para el campo, puesto que el Estado aseguraba a los productores asistencia financiera y tecnológica, vivienda y acceso a la propiedad de la tierra, a cambio del compromiso de incrementar la producción dentro de un programa de largo alcance.10 Todos los contenidos de las instancias mencionadas, tuvieron un tratamiento más sistematizado en el denominado Plan Sectorial Agropecuario 1974-1977, elaborado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Na9 Sociedad Rural Argentina. Anales, Bs. As., 1974, pp. 54-67. Prejuicio y realidad del campo argentino. Conferencia pronunciada por el presidente de la SRA, Celedonio Pereda en la Escuela de Guerra Naval, el martes 1º de octubre de 1974 10 Presidencia de la Nación (1975) Reseña general de actividades desde el 25 de mayo de 1973, Buenos Aires, pp.170-171 - 124 - ción, a cargo del Ing. Horacio Giberti. El problema en torno a la propiedad de la tierra y al régimen impositivo fueron los que generaron más conflictividad entre el gobierno y los sectores agrarios. El Gobierno contaría con un instrumento jurídico específico para la puesta en práctica de los anteriores propósitos: la Ley Agraria, que reuniría en forma articulada los principios doctrinarios y las normas que hacen a los sistemas de tenencia, uso y conservación de la tierra.11 Pero el anteproyecto propuesto no alcanzó la meta esperada.12 Estrategias de las principales organizaciones agrarias: “uniones” y “enlaces” defensivos Es conveniente analizar los reposicionamientos de los sectores agrarios más concentrados frente a las diversas políticas generadas por el Estado.13 Frente a situaciones más o menos coyunturales pero susceptibles de afectar sus intereses sectoriales en el marco de complejas y contradictorias realidades sociales, apuestan estas corporaciones a estrategias coordinadas, conjuntas y esencialmente defensivas en favor de no alterar las relaciones sociales de producción. 11 La Ley Agraria proponía la expropiación de la tierra improductiva, definiéndola como aquella que no hubiese estado en producción durante los últimos 10 años, o hubiera producido menos que el 30% de su “rendimiento normal” estimado. El precio sería fijado de acuerdo con la productividad anterior y pagado en bonos especiales del gobierno. Se facultaba al CAN para llevar adelante expropiaciones; y establecía la posibilidad de organizar grandes unidades, con participación empresarial por parte de los trabajadores; si bien ello nunca llegó a aplicarse, acentuó el ya marcado antagonismo de todo el sector agropecuario (Di Tella, 1983 p. 57). 12 Congreso Nacional. Cámara de Diputados de la Nación . Suplemento. 1974, p.4863, tomo IX. Es de destacar que el anteproyecto de Ley Agraria fue enviado por la Secretaría de Agricultura a la Comisión Nacional de Política Concertada a fin de mayo de 1974. Luego del estudio de todos los dictámenes y opiniones, la Secretaría redacta la versión definitiva que fue elevada por el Ministerio de Economía a la Presidencia de la Nación en setiembre de 1974, solicitando su tratamiento en sesiones extraordinarias del Congreso. Esto no sucedió. Es entonces cuando un sector del bloque de diputados del Partido Intransigente –Vicente Musacchio, Rafael Marino, Tomás Arana, Héctor Portero y Mariano Lorences- lo presentan como suyo a la Cámara de Diputados, respetando su redacción original, sin que ésta finalmente lo tratara. 13 Creo imprescindible aclarar que aún continúan abiertas cuestiones en torno a cómo se fragmentan las corporaciones agrarias respecto a sus estructuras organizativas y a la composición de sus bases sociales, desintegración que suponemos se advierte en el contexto en el que cada una de ellas surgió y en las divergencias entre los diferentes grupos de intereses agrarios, fundamentalmente en torno a tres ejes: diferencias en la base social, en la actividad productiva y en las estrategias respecto a las estructuras de comercialización (cooperativas de servicios/empresas de capital). - 125 - Desde la conformación de la Comisión Coordinadora de Entidades Agropecuarias a fin de la década de 1950 hasta la denominada Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Agropecuarias en los años setenta, se reconocen varias instancias de distanciamientos, pero también de acercamientos, en favor de generar consensos frente a iniciativas estatales y/o procesos de conflictividad. Estos procesos se advierten desde la autodenominada Revolución Libertadora hasta el gobierno de Humberto Illia; durante el protagonismo de A. Krieger Vasena a partir de 1966; y en el transcurso de los gobiernos peronistas a desde 1973. Desde mediados de los años cincuenta para sectores de la vida política y económica directamente comprometidos con la generación y evolución de las estrategias agrarias, ya los mecanismos clásicos de intervención con miras al desarrollo agrario (crédito, asistencia técnica, organización de la comercialización) se manifiestan como insuficientes para el logro de los incrementos de producción y productividad. Si de redistribución de ingresos se trata, la política tributaria y las modificaciones estructurales en el sistema de tenencia, son dos vías privilegiadas. En este contexto -y con el agravante de ciertos avances legislativos fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires en favor de la reforma agraria durante el gobierno desarrollista de Oscar Alende-14 la reacción defensiva de las corporaciones de los propietarios más concentrados se afirma, derivando hacia una más sólida homogenización. A fin de 1957 se realiza una primera asamblea que convoca a las corporaciones más concentradas, con el objetivo explícito de iniciar un plan destinado a la defensa de los intereses agropecuarios y de constituir una fuerza agraria que consiga gravitar sobre la opinión pública, los partidos políticos y el gobierno nacional. En función de ello es que se realiza la convocatoria: para un acercamiento de las distintas confederaciones, federaciones, y sociedades rurales, explicitando que el objetivo no es constituìr un nuevo organismo, ni un “nuevo partido político”, sino para demostrar: “(...) con la fuerza que puede 14 La política agraria en la provincia de Buenos Aires concede prioridad a la redistribución en favor de pequeños y medianos agricultores, que puedan acceder a una explotación de tipo familiar. Se genera un intento por trastocar el monopolio latifundista sobre la tierra y sobre los recursos técnicos-financieros de crecimiento agrícola, pero sin modificar las normas institucionales de la sociedad tradicional ni las pautas económicas de sobrevaluación comercial de la tierra. En efecto, durante este período, la reforma agraria aparece legitimada en el marco de desarrollo capitalista de la época, como un mecanismo que garantiza en alguna medida, tanto la justicia social como la eficiencia productiva y también como medio para evitar la insurgencia en el ámbito rural (Lázzaro, 2013). - 126 - proporcionarles su conjunto, que todos los hombres del campo piensan en materia rural de una sola manera (...) Aquí no existe la política (...) sólo nos preocupa la política agropecuaria (...) y la formación de un conjunto fuerte y unido que gane la calle, porque es indispensable ganar la calle a fin de salir en nuestra propia defensa“.15 Es este el paso previo para la publicación de una significativa solicitada -ampliamente difundida en los periódicos de tirada nacional- dirigida “A los productores agropecuarios, a la opinión pública, los partidos polìticos y los gobiernos de la nación y de las provincias”. Sobre la base de una dura crítica a todas y cada una de las medidas dirigistas que integraron la polìtica agraria durante el peronismo, la solicitada asevera que: “Se ha hecho cada día más evidente que la labor cumplida por la Revolución no ha llegado a conmover la estructura burocrática heredada y no podemos, en consecuencia, permanecer en silencio ante la inoperancia del gobierno frente a estos hechos y ante la falta de soluciones claras para sus problemas, por parte de los partidos polìticos“.16 A partir de entonces queda constituìda la denominada “Comisiòn Coordinadora de Entidades Agropecuarias”, un hecho nuevo -según expresiòn de su primer presidente, Enrique Pellegrini- “en la historia de nuestro movimiento gremial”.17 Esta Comisión Coordinadora, quedó conformada en principio por SRA, CRA, entidades rurales independientes y por entidades de cultivos intensivos. En principio surge como plataforma de oposición a la política agraria de Oscar Alende en la provincia de Buenos Aires (Lázzaro, 2013). Una preocupaciòn central domina la dinámica de la Comisiòn Coordinadora en estos momentos: la proposición -a nivel de distintos gobiernos provinciales, pero especialmente de la provincia de Buenos Aires- de concretar “reformas agrarias”; el rechazo, el temor y la actitud defensiva ante la “amenza de la reforma agraria”: por su inconstitucionalidad, por su incon15 Fragmento del discurso del entonces presidente de la SRA, Juan M. Mathet, en, La Res, enero 1958, p.18 16 La Nación, 10 enero 1958, p. 9. Col.7-9 17 La Res, agosto 1958, p 56. La comisión directiva queda constituida de la siguiente manera: Presidente, E. Pellegrini (Confederación de Sociedades Rurales del Litoral); vicepresidente 1* Carlos Steiger (Sociedad Rural de Rosario); vicepresidente 2* Juan Mathet (SRA); secretarios, Jaime Clusellas (Asociación Argentina de Productores de Hereford) y Alfredo Peralta Ramos (Asociación Argentina Criadores de Corriedale); tesoreros, Jorge Aversano (Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona) y Armando Noir (Sociedad Rural de Junìn). - 127 - sistencia económica, por su falta de adecuación a la realidad nacional, por el avasallamiento a las libertades que implica y, fundamentalmente, por su contradicciòn con el plan de estabilizaciòn del gobierno nacional que había implementado el equipo económico de A. Frondizi. Estas corporaciones de grandes propietarios -en pleno camino hacia una màs densa aglutinaciòn sectorial- promueven formulaciones tecnocráticas y modernizantes, en un proceso necesariamente disociado de la cuestión de la propiedad de la tierra y de la naturaleza de la estructura de tenencia. La preocupación no era infundada, pues a partir de la década de 1960 se consolidó un proceso de monopolización de los sectores fundamentales de la economía y de creciente control de las actividades productivas y financieras por parte del capital extranjero; y se instala como fracción de clase predominante en el interior de los grupos propietarios a la gran burguesía industrial y financiera asociada al capital extranjero, desvaneciendo el predominio tradicional de la gran burguesía agraria (Portantiero, 1973). El régimen militar instaurado en 1966 tuvo como objetivo consolidar la hegemonía del sector industrial de la gran burguesía, liderado por el capital extranjero y las grandes firmas multinacionales. A comienzos de 1967 el ministro de Hacienda A. Krieger Vasena anuncia la “gran transformación de la economía argentina”,18 cuya estrategia inmediata era un plan de estabilización de corte netamente liberal (Lázzaro, 2004). El papel del sector agrario en medio de la trama de un programa económico sostenido por la alianza entre los sectores más concentrados del capital nacional y del capital extranjero fue significativo, en función de erigirse en el generador más sólido de divisas. Las corporaciones de grandes propietarios agrarios apoyaron al comienzo el plan económico de la “Revolución Argentina”, en tanto promovía la productividad y la eficiencia, el apoyo a la empresa privada, la libertad económica y el respeto a las condiciones del juego del libremercado. Pero también exhibían una realidad plagada de dificultades: incremento en los costos de producción; precios agropecuarios casi inmóviles; iliquidez generalizada; inseguridad respecto a la propiedad de la tierra por la vigencia casi ininterrumpida de una dinámica de arrendamientos rurales fundada en las continuas prórrogas de los contratos; y carencia de una política agropecuaria nacional coherente y permanente. 18 “Un programa para diez años”, en Primera Plana, año IV, edición especial, Buenos Aires, 30 junio 1966, pp. 12-13 - 128 - La resistencia de la gran burguesía agraria frente a las políticas de A. Krieger Vasena no se demoró y, tal como había sucedido en décadas previas, tal resistencia adquirió carácter defensivo, constituyendo un frente agropecuario en noviembre de 1970, del que participaron SRA, CRA, FAA, CONINAGRO, denominado Comisión de Enlace, intentando poner fin a una situación de crisis que se venía gestando desde 1955. Estancamiento del agro, política fiscal y de precios, transferencias del agro a la industria: principales procesos que la Comisión de Enlace cuestionó. Pero el sector agrario no se descapitalizó; por el contrario, incrementó su producción, sus rendimientos y los saldos exportables. No obstante, la crisis de acumulación se profundizaba y la renta diferencial de la tierra era ahora tomada por el Estado (Sanz Cerbino, 2014). La Comisión de Enlace se disolvió en 1973, en un contexto signado por la apertura democrática y por una situación óptima en el sector externo a causa del incremento de los precios internacionales. Dieron a conocer entonces un programa común,19 suscripto por la Comisión Coordinadora de Entidades Agropecuarias, CRA, CONINAGRO, FAA y SRA. En el mismo plantearon varias cuestiones de carácter general relacionadas con la situación económica y social y su impacto sobre el agro; la “racionalidad” en torno a la política industrial que debería promover la “integración” entre la producción primaria y la industria; y plasmaron una fuerte crítica al “centralismo”, argumentando que: “(…) el interior fue sometido a una descapitalización que se ha prolongado durante décadas y que ha provocado la pauperización de las zonas de menores recursos (…) El monopolio de las decisiones y el poder económico ejercidos por la metrópoli provocan una concentración distorsionante de la cual es tributario el resto del país en condiciones de servidumbre (…)”.20 Exigen, además, la participación del sector en la formulación de políticas públicas. Se advierte una precisa demanda en torno a los problemas específicos del ámbito agropecuario (precios, producciones, régimen crediticio e impositivo, trabajo rural, tenencia de la tierra, infraestructura, técnica e investigación, etc.) e incluyen los discursos de los presidentes de las cinco entidades organizadoras, que no analizamos aquí, pero que son susceptibles de análisis puntuales en favor de reparar en las potenciales heterogeneidades y/o matices.21 19 El agro y el desarrollo nacional. Conclusiones, 17 de noviembre de 1979 (folleto) 20 El agro y el desarrollo nacional. Conclusiones, 17 de noviembre de 1979 (folleto), pp.6-7 21 Celedonio Pereda (presidente de la Comisión Coordinadora de Entidades Agropecuarias; Juan A. Pirán (vicepresidente primero de CRA); Alberto Beltramone (CONINAGRO); Antonio Di Rocco - 129 - En suma, lo que se propone es generar una sólida oposición a todas las estrategias del Estado orientadas a apropiarse de la renta agraria y, eventualmente, distribuirlas en favor de otros ámbitos. Sin embargo, en 1973 la Comisión se disuelve, proceso que se relaciona con la articulación entre las corporaciones y el poder político. En efecto, en 1971 durante la presidencia de Lanusse, se le ofrece a Antonio Di Rocco, presidente de la FAA y uno de los promotores de la unidad corporativa, la cartera de Agricultura y Ganadería de la Nación. En principio, los sectores agrarios advirtieron un logro de su línea política; pero no fue así, en función de que el nuevo Ministro renuncia al poco tiempo, fracasando en su gestión, precisamente porque no pudo manejar los procesos de retenciones, imposiciones, ni control de precios. Ante este fracaso, la Comisión de Enlace se quiebra, a lo que no es ajena la apertura democrática en 1973 y las óptimas condiciones internacionales por el incremento de los precios de la producción agropecuaria. He referido antes las ideas, propósitos y ambiciones en torno a la política agraria del peronismo que retorna en 1973 y al proceso más álgido desde mediados del año 1974: el conocimiento del anteproyecto de Ley Agraria. A partir de este momento estallaron las tensiones y conflictos tanto entre los sectores rurales y el gobierno, como al interior de esta alianza policlasista que era el peronismo gobernante. Ello coincide con la muerte de Perón“principal límite continente de la alianza”-, y es entonces cuando se constituyeron en una instancia más de confrontación entre los distintos sectores del peronismo, ávidos por ocupar el poder vacante.22 Un proceso tendiente a la “unión agropecuaria” comenzó a revitalizarse desde mediados de 1974, a partir de la decisión de distintas entidades de unirse en una institución de 4º grado, con suficiente representatividad del sector “para actuar ante el gobierno y el resto de la economía”. La nueva entidad se denominaría Confederación General Agropecuaria y estaría constituida por SRA, CRA, y CONINAGRO. Esta voluntad de “unión” del agro se reiteró en agosto de 1974 en la Concentración Agropecuaria Nacional, realizada en la Sociedad Rural de Concordia y convocada por la Confedera(FAA) Y Luis Firpo Miró (SRA) 22 La Ley agraria proponía la expropiación de la tierra improductiva, definiéndola como aquella que no hubiese estado en producción durante los últimos diez años, o hubiera producido menos que el 30% de su rendimiento normal estimado. El precio sería fijado de acuerdo con la productividad anterior y pagado en bonos especiales del gobierno. Se facultaba al CAN para llevar a cabo expropiaciones; y establecía la posibilidad de organizar grandes unidades, con participación empresarial por parte de los trabajadores; si bien nunca llegó a aplicarse, acentuó el ya marcado antagonismo de todo el sector agropecuario (Di Tella, 1983, p. 57). - 130 - ción de Sociedades Rurales del Litoral. Se destacó allí la máxima voluntad de producir la unión del campo argentino a través de sus entidades representativas; y se constituyó la mesa de la Asamblea, presidida por representantes de la Confederación de Sociedades Rurales del Litoral (Alberto Mihura), de la SRA (Celedonio Pereda), de CARBAP (Jorge Aguado), de CRA (Edgardo Biava), de la filial Concordia de la FAA (Néstor Sabelli), y de la Sociedad Rural de Concordia (Esteban Hunt)23. Se mencionaron varias motivaciones, pero era evidente que el proceso central que los aglutinaba era el anteproyecto de ley agraria. Al hombre libre –afirmaba Mihura- “se lo quiere reemplazar por un esclavo estatal”, dominado por funcionarios públicos omnipotentes que decidirá por él “desde sus tareas hasta el futuro de sus hijos, como establece el proyecto de ley agraria”.24 En el mismo derrotero, en julio de 1974, se publicó una solicitada en el diario La Nación, dirigida a los “productores agropecuarios y a la opinión pública”, suscripta por las principales corporaciones agrarias;25 allí se instaba a la creación de una entidad central agropecuaria, que reúna a las entidades del agro en función de su representatividad. Esta “Unión del Agro” manifestaba como objetivo prioritario “acabar con la frustración del agro motivada por la ausencia de una acertada y coherente política agropecuaria” y participar en las grandes decisiones económicas y sociales, junto al Estado y las organizaciones de los trabajadores, la industria y el comercio. Los aspectos concretos sobre los que se debería operar eran la correcta retribución de la producción; una estructura impositiva justa y simplificada; el respeto a la propiedad privada para que pueda ejercer su verdadera función social; la obtención de un auténtico desarrollo y el acceso a la tecnología agropecuaria; la generación de políticas de educación, comunicación e infraestructura que fomenten el arraigo del productor a la tierra y detenga el éxodo a las ciudades. Esta posición es compartida por, entre otras, CRA, CONINAGRO y SRA que han demostrado -aseguran- su “vocación de entendimiento y diálogo”.26 Pocos días después se realizó una asamblea de productores convocada por CARBAP, en la que se ratificó la voluntad de unión de todos los sectores agropecuarios. Se expresaron allí miembros de la Sociedad Rural de 25 de 23 La Nación, 25 de agosto de 1974, p.1, col. 7-8 24 La Nación, 25 de agosto de 1974, p.1, col. 7-8 25 La solicitada fue firmada por Antonio Di Rocco, Ignacio García Cuerva, Juan Pirán, Horacio Saint André, Arturo Zaffirio y Jorge Zorreguieta. La Nación, 10 de julio de 1974, p.11, col. 7-9 26 SRA, Memoria 1973-1974, Buenos Aires, p.102 - 131 - Mayo, de CRA, de la SRA, de CARBAP, de la Confederación de Sociedades Rurales del Litoral, de Confederaciones Rurales del Litoral Oeste, destacándose en todas las alocuciones la referencia a las “arbitrariedades” de las autoridades del sector; a la “demagogia, el dirigismo estatal y los errores de orientación y de las tendencias ideológicas importadas”. Entre las mociones que se presentaron, se aludió a la expresa voluntad de unión de los sectores agropecuarios y a la exigencia de “reclamar” ante el Presidente de la Nación y ambas Cámaras legislativas por la cuestionada política oficial impuesta al sector agropecuario.27 Las corporaciones agrarias que nucleaban a los propietarios más concentrados comenzaron a disponer de todas aquellas estrategias que le permitieran aglutinarse en sus reclamos, sobre todo ante una potencial medida –como el anteproyecto de ley agraria- que quizá desequilibrara su tradicional base de sustentación. Luego del retiro de Gelbard y su equipo del ámbito ministerial, y ya durante el gobierno de Isabel Perón, surgieron nuevas lógicas que tendieron a adaptar al movimiento peronista a las políticas más duras de ajuste y a los planteos de los sectores más concentrados del capital, acrecentándose la crisis de dominación que se había abierto a fines de los años sesenta con el Cordobazo. Si bien no se generaron cambios significativos en el ámbito agrario, la situación de conflicto se mantenía entre la gran burguesía agraria y el gobierno. Los principales cuestionamientos tenían que ver fundamentalmente con las retenciones a las exportaciones y la regulación de los precios. En este contexto, a comienzos de 1975 se creó el Comité de Acción Agropecuario, integrado por SRA, CRA y CONINAGRO, que posteriormente sufrió modificaciones en su convergencia por disputas entre las corporaciones y que al poco tiempo deviene en la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Agropecuarias (APEGE) En efecto, en agosto de 1975 las organizaciones empresarias ligadas al gran capital local y extranjero se unieron para conformar la mencionada, la que generó varias movilizaciones patronales que alcanzaron al conjunto de la actividad económica: la opción era ejecutar acciones contra la intervención estatal proindustrial para contener al creciente poder sindical. La APEGE se nutrió de representantes del ámbito financiero, comercial, de la construcción y naturalmente del sector agrario (SRA y CRA) (Sidicaro, 1982). Como consecuencia, entre la renuncia de Gelbard y el final del gobierno peronista primó la agudización conflictiva con la gran burguesía agraria. 27 La Nación, 21 de julio de 1974, p. 1 col. 1-3; p. 6, col. 5 - 132 - Durante el gobierno de Isabel Perón los ruralistas no ocultaron su adhesión a las líneas de acción que llevaban al golpe militar. Las Entidades Gremiales Empresarias continúan con las críticas al gobierno; realizaron paros tipo lockout ganaderos que disparan los precios de la carne, afectando al mercado interno en un contexto signado por la hiperinflación y el desabastecimiento, durante 1975 y en febrero de 1976 (Tarruela, 2012). Pero el impacto no fue sólo económico, sino también político: el apoyo masivo de la burguesía agraria al paro y, por ende, al programa golpista impulsado por APEGE.28 Todas estas entidades apoyaron el golpe de Estado de 1976, pues la vía autoritaria transformaría la estructura y la dinámica de la economía; y la articulación entre el control represivo de los conflictos sociales y la plena libertad de mercado garantizaban un “estilo de desarrollo que permitiría superar la mayoría de los problemas que habían surgido del dirigismo económico y de la demagogia política” (Sidicaro, 2010). Recapitulando, durante todo el período considerado se propuso y/o adoptó una amplia gama de medidas políticas con el propósito de modernizar al sector agrario y también para intentar resolver contradicciones y tensiones sociales previas. Estas políticas exhibieron variaciones institucionales, pero sobre la base de una lógica central: promover la productividad a través de la implementación de condiciones técnicas avanzadas con el fin fundamental de profundizar las relaciones de mercado. Ante este desafío la gran burguesía agraria pampeana enfrenta las diferentes instancias institucionales, sin resignar de ningún modo sus intereses corporativos y promueve acciones conjuntas que dejan de lado las pasadas divergencias, ejerciendo “resistencias” en las controversias por la tierra, la renta, los impuestos, en la búsqueda de las más favorables condiciones sociales de producción y reproducción. En todo este período las corporaciones agropecuarias exigen en favor de sus intereses sectoriales -como sistemáticamente lo venían reclamando- la supresión de transferencias de ingresos desde el agro a la industria urbana, con la particularidad de ir generando instancias hacia la unidad. Históricamente la división era lo que había primado en esta fracción de la clase dominante, en función del enfrentamiento entre la burguesía de menor tamaño, generalmente arrendataria, y los grandes terratenientes. Sin embargo, una serie de procesos económicos que se dieron entre la década de 1940 y 1970 conducen a la confluencia. Por un lado, la concentración de la producción que 28 Para una descripción y análisis de los paros agrarios durante 1975 se puede consultar: Sanz Cerbino (2012). - 133 - había achicado la brecha entre “grandes” y “chicos”; y por otro la pérdida de peso del arrendamiento como vía de acceso a la propiedad de la tierra para los pequeños capitales agrarios29. Como consecuencia de estos procesos las explotaciones agropecuarias adquirieron mayor homogeneidad dando lugar al debilitamiento de las contradicciones que tiempo atrás habían enfrentado a las diferentes capas de la burguesía agraria (Barsky y Pucciarelli, 1991) y generando las diferentes instancias de cohesión mencionadas. Como ya se afirmó este aporte deja líneas de investigación abiertas que no son menores: en primer lugar, el proceso de fragmentación y tensiones dentro de las corporaciones agrarias, partiendo de la naturaleza y composición de sus bases sociales; en segundo lugar, la interrelación entre la burguesía agraria pampeana y los gobiernos de turno, sobre todo la intensidad de la presión de aquella sobre el poder político; y finalmente la conexión con otras organizaciones empresariales. En síntesis, la interacción entre el Estado y los intereses de las organizaciones agrarias a través de las políticas públicas. Lo que sí puede afirmarse es que cuando este sector de la clase dominante percibe que la coerción arbitraria del Estado conduce a una mayor apropiación de la renta agraria vía retenciones, mecanismos cambiarios y/o controles de precios, no vacila en apostar a la unidad, aún a costa de contribuir al quiebre del orden constitucional. En el trasfondo de estos procesos, diferenciados en su naturaleza, es ostensible la problemática agraria en el contexto de la contradicción estructural del capitalismo, que genera a la par concentración de riqueza y expansión de la pobreza. En este marco, era equívoco concebir un proceso de reforma agraria estructural que se asocie y asimile al incremento de la eficiencia en la agricultura, en tanto no alteraba básicamente ni la distribución del ingreso ni la estructura político-institucional: los esfuerzos para aumentar la eficiencia deben aplicarse además de la reforma agraria, no en vez de ellas (Flores, 1972). Se mencionó antes que la repercusión que tuvo el tema de la reforma agraria no fue significativa en Argentina como sí en otros países latinoamericanos; pues en la región económica más dinámica no existía una estructura agraria con gran polarización ni una presión campesina sobre la tierra. En 29 A partir de la década de 1950 el arrendamiento comienza a perder peso como vía de acceso a la producción por la desaparición del arrendamiento tradicional, la expulsión de las capas más débiles de la producción y el acceso a la propiedad de los que lograron sortear exitosamente el proceso de concentración (Sanz Cerbino, 2014). - 134 - este marco, y reflexionando sobre qué es la reforma agraria, hoy, en el siglo XXI, puede corroborarse que la misma sólo se “justifica” cuando hay una cuestión agraria; y existe una cuestión agraria cuando las relaciones económicas, sociales, políticas y culturales del campo son un impedimento para el desarrollo (Groppo, 1997): “(…) tal desarmonía se manifiesta en las relaciones entre los factores productivos: la tierra, el capital, la mano de obra y el progreso tecnológico, considerados bajo los aspectos de la eficiencia económica y de la justicia social. Cuando se reconozca la existencia de esta desarmonía, se pondrá en obra un conjunto de operaciones…para modificar las relaciones sociales (…)”. Argumento, controversia y disputa que sigue vigente debido a que al presente continúa el incremento de la concentración de la tierra, utilizando tradicionales maniobras, con nuevas estrategias y designaciones tales como: acaparamiento, extractivismo, monocultivos y agro-negocio; con la soja y sus derivados como origen y causa del cambio de paradigma pampeano con todas las implicancias que conlleva ¿Por qué es un tabú tan grande hablar de reforma agraria, hablar de la tierra en Argentina? Los fríos números del Censo Nacional Agropecuario de 2018 -afirman hoy desde la Unión de Trabajadores de la Tierra- reflejan lo que arde tierra adentro: desde el año 2002, se perdió la cuarta parte del total de establecimientos agropecuarios (EAPs). Desde 1988, el 41,5%. Mientras la superficie promedio por EAP pasó de 550 a 690 hectáreas, en la punta de la pirámide el 1% concentra el 36,4% de la propiedad cuando, abajo, casi el 55% de los productores tienen sólo el 2,25% de la tierra. Y estamos hablando de propiedad… que ya es decir mucho. “Hoy el problema alrededor de la tierra es la presión que ejerce el modelo sojero. Ayer fue el trigo, anteayer fue la ganadería. La concentración de la tierra (sea a través de la propiedad nacional o extranjera, a través de arrendamientos) obviamente dificulta el acceso a la tierra para la agricultura familiar y campesina de los pequeños productores que, sin embargo, producimos la mayoría de los alimentos. Así que la lucha por la tierra en UTT se dio desde el momento cero, cuando surge la organización”.30 Conflictos históricos vigentes. Desafíos a enfrentar. 30 Unión de Trabajadores de la Tierra, Del verdurazo a la soberanía alimentaria, en, Biodiversidad, Buenos Aires,1 de junio de 2020 - 135 - Referencias bibliográficas Azcuy Ameghino, E (2015). “La cuestión agraria en Argentina”, en: IX Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales, Buenos Aires, Argentina: CIEA/FCE/UBA Balsa, J. (2006). El desvanecimiento del mundo chacarero, Transformaciones sociales en la agricultura bonaerense, 1937-1988. Bernal, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes. Barsky, O. & Pucciarelli, A. (1991). “Cambios en el tamaño y el régimen de tenencia de las explotaciones agropecuarias pampeanas”, en AA. VV. El desarrollo agrario pampeano. Buenos Aires, Argentina: Grupo Editor Latinoamericano. Basualdo, E. (2010). Estudios de Historia económica argentina desde mediados del siglo XX a la actualidad. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI Blanco, M. (2007). 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Estas modificaciones generadas por el agronegocio nos condujeron a interrogantes acerca del rol del Estado -en este caso, provincial- y las decisiones que adoptaron los sucesivos gobiernos con relación a las formas y distribución de los recursos en un modo de producción capitalista específico, como el configurado en el mundo agrario de países que ostentan determinados niveles de desarrollo económico y tecnológico. Hemos partido de una premisa básica: los gobiernos detentan habitualmente un margen de autonomía relativa, históricamente variable, mediante el cual pueden perjudicar o beneficiar los intereses de determinados sectores sociales, y dentro de éstos los empresariales, lo que se expresa en la elaboración y aplicación de determinadas políticas públicas y marcos jurídicos. Esta perspectiva de análisis nos ha permitido realizar nexos entre la esfera política y la económica, proponiendo una mirada relacional. La economía de buena parte de los países periféricos, entre ellos los latinoamericanos, se ha basado crecientemente en una reconfiguración de la exportación en gran escala de bienes primarios. Al respecto, Maristella Svampa (2013) sostiene: “ (..) en el último decenio, América Latina realizó el pasaje del consenso de Washington, asentado sobre la valorización finan- 141 - ciera, al consenso de commodities, basado en la explotación de bienes primarios en gran escala” [las itálicas nos pertenecen]. Este nuevo ordenamiento implicó alianzas de poder que garantizaron la expansión del agronegocio, modelo sostenido por el boom de los precios internacionales que permitió la propagación de la actividad en determinadas provincias de la Argentina. En este contexto, se reconfiguraron las asociaciones empresariales del sector agrícola, al tiempo que se producía una transformación en la estructura social agraria. Esto provocó la institucionalización e incluso el reposicionamiento de distintas entidades empresariales relacionadas con el mundo agrario, como es el caso de la Sociedad de Acopiadores de Granos de la Provincia de Córdoba (Acopiadores de Córdoba), Confederaciones de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ), Federación Agraria Argentina (FAA),1 Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (CONINAGRO), Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (AAPRESID) y Asociación de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA). La realidad de la provincia de Córdoba no es ajena al escenario internacional y nacional: el cultivo de soja representa del 80 al 85 % del área cultivada, mientras que la superficie sembrada y cosechada con esta oleaginosa aumentó un 133% en el período 1980-2005 (Álvarez, 2008). Esto representa un notable crecimiento de la actividad en pocos años, ocasionando una reconfiguración o, en algunos casos, el desplazamiento de otras actividades productivas. La creciente incorporación de una determinada innovación tecnológica en el sector agrícola permitió cultivar tierras provinciales que, hasta entonces, eran consideradas infértiles. Estas transformaciones y especificidades posicionan a Córdoba como la provincia con más producción de soja en la Argentina, teniendo en cuenta la superficie sembrada y la cantidad de toneladas cosechadas. Este contexto significativo nos permite no sólo analizar los cambios en las relaciones de producción y la aparición de nuevos actores empresariales, así como la resignificación de actores y entidades preexisten- 1 Incorporamos a la Federación Agraria Argentina dentro del grupo de asociaciones empresariales ligadas al agronegocio -sin desconocer su historia o trayectoria en la defensa de los pequeños productores rurales, iniciada con el recordado “Grito de Alcorta”- dado que, según hemos observado empíricamente, en muchas de las políticas públicas en materia agraria impulsadas por el gobierno provincial aparece la FAA junto con otras entidades empresariales operando como grupos influyentes en las decisiones tomadas por el gobierno cordobés. - 142 - tes, sino también el rol del Estado provincial en este escenario, lo cual es el objeto de interés en este capítulo. En 1996, el entonces Secretario de Agricultura de la Nación, Felipe Solá, firmó la resolución 167 que autorizaba la producción y comercialización de la soja transgénica con uso de glifosato en el territorio nacional. Esta habilitación permite observar que Córdoba es una de las provincias con mayor transformación del país en relación con la expansión del agronegocio en épocas recientes: la superficie cultivada en Córdoba representa la mitad de la provincia. Según datos del 2015 del Ministerio de Agricultura de la Nación, los cultivos se extienden sobre 668.875 hectáreas, 12.818 más de las que se contabilizaban en el 2014. Este espacio representa el 47,6% de toda la superficie geográfica de la provincia. Teniendo en cuenta que la provincia de Córdoba pasó de 2.906.200 toneladas en 1996 a un record de producción de 18.619.067 toneladas en el 2014 de soja, estos datos proporcionados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación muestran que la provincia mediterránea superó ampliamente a Santa Fe -otra provincia ligada históricamente a la producción de soja-. En este cuadro, este trabajo pretende realizar un análisis relacional; el análisis de la interrelación entre estos dos planos -la política o el Estado y la economía- posee gran relevancia para problematizar las consecuencias de las decisiones que adoptaron los sucesivos gobiernos sobre las formas y distribución de los recursos en la economía. Aproximaciones teóricas: política y economía. Un diálogo necesario La idea de articular lo político con las esferas sociales y económicas para repensar la situación actual de nuestras sociedades es alentada por líneas de investigaciones enmarcadas en perspectivas integradoras. Al respecto, Eduardo Gudynas (2009) sostiene: “(…) se argumenta que plantear el problema como la búsqueda de una nueva relación mercado-Estado es una simplificación. Esto se debe a que se coloca en un mismo plano, como si fueran categorías análogas, dos conceptos que en realidad son muy diferentes y no necesariamente conmensurables” (p. 55). - 143 - En esta línea de trabajo, es necesario poder visualizar la lógica del Estado y el mercado en la asignación de los recursos y políticas públicas que tienden a favorecer la expansión de distintas actividades y modelos productivos, como es el caso de la agricultura globalizada. De acuerdo con discusiones actuales sobre las formaciones sociales latinoamericanas en la actualidad -considerando el proceso de reconfiguración del sistema capitalista como sistema mundial y en su especificidad regional, proceso expresado en determinados modelos de desarrollo hegemónicos- se visualizan cambios en el sistema de relaciones entre las naciones dominantes y las dependientes, así como entre las estructuras sociales de éstas últimas y las grandes corporaciones económicas transnacionales en un escenario de globalización (Giddens, 2003; Sassen, 2010; Rofman y Romero, 1973). Entendemos que estas estructuras y procesos se modificaron a partir del auge de la globalización iniciada durante los años 1970, fenómeno acentuado y expandido durante la década de 1990. Los análisis y estudios -en buena parte, de origen latinoamericano- realizados en las décadas de los cincuentas y de los sesentas del siglo veinte acerca de las relaciones entre las naciones/regiones desarrolladas o centrales (altamente industrializadas) y las periféricas, sin dejar de proporcionar conceptos y razonamientos actualmente aplicables y fructíferos (como la noción misma de dependencia externa), probablemente requieran una reactualización para adquirir nociones conceptuales que nos permitan analizar adecuadamente el contexto actual. Teniendo en cuenta la nueva dinámica del modelo productivo agrario hoy dominante, ésta conlleva una profundización de lo que Harvey (2005) denomina acumulación por desposesión: “(…) una revisión general del rol permanente y de la persistencia de prácticas depredadoras de acumulación ´primitiva´ u ´originaria´ a lo largo de la geografía histórica de la acumulación de capital resulta muy pertinente, tal como lo han señalado recientemente muchos analistas. Dado que denominar ´primitivo´ u ´originario´ a un proceso en curso parece desacertado, en adelante voy a sustituir estos términos por el concepto de ´acumulación por desposesión´” (p. 113). La explotación de bienes primarios no es una actividad novedosa en América Latina; sin embargo, en las últimas décadas fue profundizándose un modelo de acumulación en cuya matriz se han intensificado las actividades - 144 - tendientes a la extracción y exportación de bienes naturales, todo lo cual fue concomitante con un proceso de centralización y concentración del capital financiero y tecnológico. En este sentido, los procesos asociados a la globalización agro-rural dieron lugar a la conformación del llamado modelo de agronegocio. En este sentido Gras y Hernández (2016) expresan: “Este liderazgo productivo de la región ha sido resultado de la expansión de lógicas de acumulación de capital que configuran el llamado modelo de agronegocio, y que, en el caso argentino, explica hoy más del 80% de la producción agrícola para el mercado internacional. Este modelo retoma la asimilación entre tecnología, crecimiento de la productividad y desarrollo, principios característicos de la oleada modernizadora de la década de 1960 que, con variantes, primó como orientación de la economía luego de la caída del peronismo en 1955. En la actualidad, el modelo se plantea un horizonte mayor: un desarrollo que excede el mero crecimiento económico, pues aspira a fundar una sociedad con capacidad de integrar en su dinamismo a todos los sectores, principalmente porque los nuevos esquemas empresariales no van a depender de la propiedad de la tierra, sino de la articulación de una economía de servicios orientada tecnológicamente. Actores de diverso perfil y procedencia sectorial (incluidos los industriales) podrán integrarse al negocio agrícola bajo la dirección del agronegocio” (p. 17). El término agronegocio (o agribusiness) fue introducido en 1972 por Ray Goldberg de la Harvard Business School, quien escribe: “El agronegocio ha sido rápidamente reconocido como la actividad económica más importante del mundo, que emplea a más del 60 por ciento de la población mundial económicamente activa. Según le hemos definido en la Harvard Business School, consta de todos los participantes en el sistema de alimentación vertical, desde quien abastece al agricultor hasta el procesador, el distribuidor y el consumidor último (…) El agribusiness comprende a todos los individuos y organizaciones que participan en la producción, procesamiento, transporte, almacenamiento, financiación, regulación y comercialización de los abastecimientos de alimentos y de fibras en todo el mundo. En efecto, el agribusiness es un sistema de la semilla al consu- 145 - midor compuesto de una serie de actividades estrechamente relacionadas que, juntas, permiten que la producción agrícola circule desde el bancal hasta el mercado (…) Las actividades y decisiones adoptadas en un punto del sistema afectan a los demás segmentos (…) La naturaleza interactiva del sistema y la necesidad de estrecha coordinación es en gran medida el resultado de las características agrónomas únicas del agribusiness” (citado en Gunder Frank, 1980, p. 121). Si bien esta definición de agronegocio data de la década de los setenta del siglo pasado, nos permite visualizar la lógica vertical de producción de alimentos en una determinada fase de desarrollo del capitalismo donde la “comida” se convierte en un negocio. Además, podemos identificar la complejidad de relaciones de las actividades que componen la producción agrícola en este momento histórico, más allá de que el pasaje citado corresponde a un mundo que aún no se encuentra en una etapa avanzada de globalización. En relación con lo anterior, incorporamos la definición que emplean las autoras Gras y Hernández (2013) del modelo agrícola: “Entendemos por el término como un modelo o lógica de producción que, con variantes nacionales y locales (por la conjugación que los actores hacen de las lógicas macro con las historias y tradiciones propias), puede ser analizado en función de los siguientes elementos centrales: a) transectorialidad: mayor integración y extensión de la cadena de valor, dinámica guiada no sólo por la integración técnica de los procesos productivos (vertical) sino también por la articulación horizontal de otras actividades que se valorizan como oportunidades para el capital. b) La priorización de las necesidades del consumidor global respecto del local. c) La generalización, ampliación e intensificación del papel del capital en los procesos productivos agrarios. d) La estandarización de las tecnologías utilizadas, con una intensificación en el uso de insumos de origen industrial, y la generación de tecnologías basadas en la transgénesis (semillas) que apuntan a reducir las especificidades biológicas y climáticas del agro, cuya optimización requiere de escalas cada vez mayores. e) El acaparamiento de tierras para la producción en gran escala, proceso en el que tienen participación central grandes corporaciones financieras y que imprime a las disputas por la tierra el carácter de un fenómeno global” (pp. 25-26). - 146 - A partir de estas referencias teóricas, podemos reflexionar y reconocer la influencia de la globalización en las relaciones macro y micro en distintos territorios; es importante, también, visualizar las decisiones del aparato estatal con respecto al desarrollo de distintos lazos sociales donde determinados actores se benefician de lo que estipulan políticas públicas y marcos jurídicos que impulsan los gobiernos. En este orden, los beneficiados son los que confluyen dentro del círculo de producción y sobre todo de circulación de bienes y servicios relacionados con el modelo agrario globalizado. En este marco, la perspectiva de Guillermo O’Donnell (1984) sobre el Estado nos permite problematizar la relación entre la política y la economía; al respecto, el politólogo argentino sostiene: “[el Estado] garantiza y organiza la reproducción de la sociedad qua capitalista, porque se halla, respecto de ella, en una relación de complicidad estructural. El Estado es parte, como aspecto, de la sociedad –incluso, y primordialmente, de las relaciones capitalistas de producción-” (p. 219, las itálicas nos pertenecen). En este mismo orden, Leo Panitch y Sam Gindin (2004) sostienen: “De todos modos, el aspecto más defectuoso de estas teorías era su visión reduccionista e instrumentalista del estado. El imperialismo no es reducible a una explicación económica, aún cuando las fuerzas económicas constituyen un aspecto fundamental del mismo. En este sentido, es necesario mantener al imperialismo y al capitalismo como dos conceptos distintos. La competencia entre capitalistas en la arena internacional, el intercambio desigual y el desarrollo desparejo son todos aspectos propios del capitalismo y su relación con el imperialismo sólo puede ser entendida mediante una teorización del estado. Cuando los estados preparan el terreno para la expansión de sus capitales nacionales hacia el exterior, incluso si la dirigen, esto sólo puede ser entendido a partir del hecho que son relativamente autónomos para mantener el orden social y asegurar las condiciones de acumulación del capital”. (p. 26)” Las nociones de Estado examinadas nos permiten realizar nexos entre la política y la esfera económica y productiva, aceptando la importancia de la política en el análisis social, sin dejar de advertir los tangibles condicionamientos que la realidad socio-económica impone sobre la actividad política. Del mismo modo, tampoco recurrimos a planteamientos deterministas que despojan al Estado y a la acción política consciente y organizada de todo margen de autonomía, de especificidad y de capacidad de transformación societal. En este orden, Max Weber sostiene que “el capitalismo y la buro- 147 - cracia se encontraron uno al otro y son íntimamente el uno para el otro” (cit. en Evans, 1996, p. 534). La noción de complicidad estructural, propuesta por O’Donnell, posibilita ampliar aún más el rol del aparato estatal en los mecanismos de decisión que posee al momento de relacionarse con las fuerzas expresadas por distintos núcleos empresariales -como los relacionados con el agronegocio-. Además, nos permite considerar el lugar del Estado en la relación entre distintas naciones dentro del proceso de acumulación desigual del capital a nivel planetario. No solamente los Estados son aún actores importantes, sino que tienen la capacidad de animar o inhibir procesos y decisiones frente a los designios de las empresas transnacionales (Dicken, 1992, p. 103). En palabras de Schmitter 81985): “Existe acuerdo entre los teóricos especializados en el Estado sobre la importancia de la autonomía relativa, pero existe también desacuerdo sobre qué es y por qué existe. El Estado puede (algunos dirían debe) formular y aplicar políticas que no sean mero reflejo de las preferencias ya establecidas y de las demandas articuladas de los grupos, estratos y clases de la sociedad, pero no está claro si esta capacidad es un atributo permanente o un suceso episódico, una necesidad funcional o una opción eventual, una propiedad consistente o una respuesta coyuntural. Bajo estas divergencias teóricas (y, a veces, escolásticas) está el tema central de si el Estado tiene “intereses” propios y los recursos necesarios para hacerlos prevalecer ante la resistencia de aquellos grupos con intereses opuestos. Esto, a su vez, está ligado a la pregunta de si el Estado puede diseñar sus propios “instrumentos de intervención”, es decir, si puede elegir el contenido y las formas de su interacción con los grupos sociales y si puede imponer a esos grupos la concepción de intereses y la forma de acción colectiva que él prefiere” (pp. 49-50). Acerca de los vínculos entre los grupos privilegiados en relación con lo económico y el Estado, y la manera en que aquellos suelen incidir en éste, el sociólogo inglés Tom Bottomore (1976) explica: “Acompañando a la gradual extensión de la propiedad pública se ha producido un incremento de la regulación gubernamental de la economía como conjunto, íntimamente relacionado con la planificación para el crecimiento de la economía, y también eso, según se ha afirmado, disminuye el poder de los propietarios privados de la riqueza. Pero la asociación entre corpora- 148 - ciones de negocios y gobierno puede ser interpretada de diversas maneras; como el control creciente de los intereses privados por una autoridad política elegida, o como el progresivo control del gobierno por los intereses privados. No es nada fácil desenmarañar estas corrientes de influencia y de poder que se manifiestan en direcciones contrarias, pero se puede intentar considerando la medida en que los representantes de las grandes corporaciones ocupan cargos políticos importantes, y examinando el carácter de determinadas decisiones políticas o de la política económica y social general durante un período de tiempo más largo” (pp. 142-143 – las itálicas nos pertenecen).2 Para desenmarañar la compleja trama de relaciones entre el capital privado y los proyectos que son impulsados por el Estado, -en este caso provincial- proponemos recuperar la propuesta conceptual de Carla Gras y Valeria Hernández (2013) sobre los cuatros pilares elementales sobre los que se asienta el modelo agrario dominante: a) pilar tecnológico: incluyendo biotecnologías y sistemas de innovación, la incorporación de nuevas tecnologías configuró un factor importante de la transformación de los sistemas de producción agropecuarios, al punto que algunos autores hablan de la existencia de un nuevo paradigma tecnológico mientras que otros afirman que se trata de la tercera revolución agrícola; b) pilar financiero: en lo referido a la valoración de las commodities agrícolas, el capital financiero influye “por arriba” al alterar los precios y las rentabilidades relativas sobre las especializaciones productivas de cada país. Se crearon mercados de materias primas en los 1990s -Bolsa de Chicago- y a través del capital financiero se extendió el desarrollo de fondos de inversión que habilitó un fuerte ingreso de capitales a la producción agropecuaria con la participación de grandes empresas industriales y de servicios. Este nuevo contexto provocó que los productores privilegien los logros financieros por sobre los productivos; c) pilar productivo: tierra y trabajo. Estos dos factores claves del agronegocio se vieron afectados en la nueva configuración productiva. La concentración de la tierra se ha profundizado en este último tiempo y ha sido un rasgo distintivo de la nueva estructura agraria argentina, pero este “acapara- 2 Citamos este pasaje de Bottomore sin ignorar que corresponde a un contexto histórico social distinto del nuestro. No obstante la base de su razonamiento -en cuanto a las íntimas relaciones entre el empresariado y el Estado- es aplicable a nuestro interés. - 149 - miento” no implica tener la propiedad de la tierra sino el arrendamiento de la misma. Comienzan a aparecer actores muy influyentes denominados los “sin tierra”. En cuanto al trabajo, comienza una reconfiguración de actores3 vinculados a determinadas tareas, las principales son la terciarización (contratismo) y la especialización tecnológica. Esto implica una red del negocio agrícola donde se vincula el trabajo físico (prestadoras de servicios agrícolas: tractorista de la sembradora, el maquinista de la cosechadora o de la fumigadora, el piloto de la fumigadora, entre otras) y el intelectual (agribusinessman: especialistas, técnicos, entre otros). d) pilar organizacional: las estrategias empresariales y las nuevas identidades profesionales. El análisis del modelo de agronegocio requiere considerar también los modos en que los actores se apropiaron de estos pilares que hemos venido analizando. Estos modos conjugan la lógica del negocio globalizado, coyunturas territoriales y trayectorias empresarias. Es posible identificar estilos locales del agribusiness. En este contexto, fueron pocos los actores que pudieron reconvertirse en la nueva trama de relaciones de producción. Y los que pudieron, fueron participando en distintas estrategias empresariales individuales y colectivas, como son las asociaciones de empresarios “innovadores”. En este conjunto de pilares elementales del agronegocio, consideramos que se podría agregar uno más. El quinto pilar lo denominaremos político-estatal: éste implica las diferentes estrategias del sector político-estatal orientadas a generar las condiciones óptimas en relación a la lógica productiva del agronegocio y a la racionalidad empresarial asociada al mismo. Los pilares enumerados no son estáticos, pues se entrecruzan y se superponen como parte de la complejidad que presupone la realidad social y política de los fenómenos en estudio, a pesar de tener un grado de autonomía relativa. En este panorama, el pilar político-estatal se encuentra entrecruzado y superpuesto con los demás pilares del agronegocio. El pilar político-estatal –como categoría de análisis- nos permite visualizar las acciones concretas del gobierno (legislaciones, políticas públicas, impuestos, entre otras) permitiendo facilitar la fluidez de los flujos propios del agronegocio. En palabras de Milton Santos (2000): 3 La figura del contratista no es nueva en el mundo agrario; no obstante en el marco del agronegocio adquiere una especificidad. Ahora se relaciona mucho más con la tecnología avanzada. - 150 - “Aquello que comúnmente se denomina ‘espacio de flujos’ no abarca realmente todo el espacio. Se trata, en realidad, de un subsistema formado por puntos o, como máximo, líneas y manchas, donde el soporte esencial es el conjunto de artefactos destinados a facilitar la fluidez y autorizar el movimiento de los factores esenciales de la economía globalizada” (p. 251). Esquema 1: pilares del agronegocio PILAR TECNOLÓGICO (Biotecnología y sistemas de innovación) PILAR POLÍTICO ESTATAL Estrategias gubernamentales para garan zar el funcionamiento del modelo PILAR PRODUCTIVO Tierra y Trabajo Agronegocio PILAR ORGANIZACIONAL Las estrategias empresariales y las nuevas iden dades empresariales PILAR FINANCIERO La valorización de las commodi es agrícolas Fuente: elaboración propia Esta aproximación teórica propuesta sobre los vínculos entre el Estado y el empresariado ligado al agronegocio nos permite considerar al heterogéneo y diversificado conjunto de políticas públicas y marcos jurídicos provinciales relevados y analizados a través de la técnica de recolección de información denominada análisis documental. - 151 - Las fuentes documentales analizadas fueron los Boletines Oficiales del Gobierno de la Provincia de Córdoba, cuyo análisis sistemático nos posibilitó identificar leyes, decretos y programas impulsados por las dependencias del gobierno provincial, tanto relativas al poder ejecutivo como legislativo. El total de Boletines Oficiales analizados –la periodicidad habitual de su publicación es diaria- fue de 5.760. En estos boletines están plasmadas ideas y acciones del Estado provincial que de una u otra manera han circulado e influido públicamente durante los últimos veinte años. Examen de las acciones gubernamentales (poderes públicos: Ejecutivo y Legislativos) El examen de las distintas políticas públicas nos permite elaborar etapas del proceso histórico de los sucesivos gobiernos provinciales con respecto a cada una de las acciones llevadas a cabo durante los veinte años considerados, acciones que pueden visualizarse a través del paso del tiempo en dependencias gubernamentales y legislaciones. Éstas fueron el marco regulatorio para promover un determinado modelo agrario e ir reconfigurando la escena política y económica. En este sentido, a través del cuadro nº 1 se pretende articular el proceso de desarrollo del agronegocio en la provincia de Córdoba con el proceso histórico correspondiente al accionar de los sucesivos gobiernos provinciales. Cuadro Nº1: Proceso histórico de expansión del agronegocio en relación con el grado de compromiso de los gobiernos provinciales GOBIERNOS PROVINCIALES MESTRE UCR 1995-1999 I GOBIERNO DE DE LA SOTA UPC 1999 – 2003 - 152 - ETAPAS ETAPA DE LEGITIMACIÓN II GOBIERNO DE DE LA SOTA UPC 2003 – 2007 I GOBIERNO DE SCHIARETTI UPC 2007 – 2011 III GOBIERNO DE DE LA SOTA UPC 2011 – 2015 II GOBIERNO DE SCHIARETTI UPC 2015 - 2019 ETAPA DE CONSOLIDACIÓN Y JERARQUIZACIÓN ETAPA DE CONTINUIDAD Y AUGE Fuente: Elaboración propia a partir del examen de los boletines oficiales de la provincia de Córdoba (1996-2016) El proceso de descentralización desarrollado durante la década de 1990 generó una ampliación de la autonomía de los gobiernos provinciales y locales, a partir de la cual éstos comenzaron a tener mayores posibilidades de elaborar y sancionar marcos jurídicos y políticas públicas propias. En este orden, el Estado provincial de Córdoba, actuando como “Estado asegurador agrario”, ha promovido acciones con la intención de incentivar el agronegocio como el principal modelo productivo en el territorio provincial, mediante iniciativas concretas y específicas problematizadas en esta investigación. Al mismo tiempo, generó meros paliativos orientados a amortiguar los efectos nocivos de dicha orientación sobre los sectores excluidos o menos favorecidos de la cadena de producción implicada por la agricultura transgénica. En este cuadro, puede observarse un Estado provincial intervencionista, activo y comprometido con la promoción del agronegocio en la provincia, estableciendo una red estratégica con las entidades empresariales. Según hemos podido comprobar, el Estado provincial articuló de manera recurrente con entidades empresariales ligadas al agro, en lo referido a la elaboración e implementación de políticas públicas destinadas al sector. Las entidades con mayor participación en la toma de decisiones públicas, según pudimos detectar, son CARTEZ, SR, FAA, CONINAGRO, AACREA y AAPRESID, apareciendo como un sector supuestamente homogéneo. - 153 - En nuestro examen de marcos jurídicos, planes y programas no observamos la participación de otros sectores que, como las asociaciones mencionadas, también forman parte del sector agrario, aunque al parecer no gozan de la influencia pública y de la capacidad de lobby demostradas por aquellas. En este escenario de inclusiones y exclusiones selectivas, nunca fueron consultados seriamente por los funcionarios gubernamentales un conjunto de sectores: pequeños productores vinculados con la agricultura familiar, sindicatos de trabajadores rurales, organizaciones socio-ambientales, entre otros. Las cuatro etapas históricas presentadas anteriormente no son compartimentos estancos sino que se relacionan entre sí, ya que es complejo identificar una fecha específica que corresponda al inicio y final de cada periodo. Por esa razón, hemos tomado la decisión de visualizar el proceso histórico del agronegocio en Córdoba con los distintos gobiernos provinciales, proponiendo cuatro períodos diferenciables: de legitimación, de consolidación, de jerarquización y de continuidad. Podemos articular tales etapas con la evolución y las estimaciones de la producción de soja en la provincia de Córdoba: tal como expresamos en el cuadro expuesto a continuación, parece existir una correlación entre el aumento de la producción de la soja y la implementación de diferentes políticas públicas y marcos jurídicos en consonancia con los intereses empresariales del agronegocio. Cuadro Nº 2: Estimaciones sobre la producción de soja en la Provincia de Córdoba Producción de soja en la Provincia de Córdoba (1996-2016) Campaña Superficie sembrada Superficie Cosechada Producción 1996/97 1.901.300 1.818.700 2.906.200 1997/98 2.096.800 2.070.300 5.820.700 1998/99 2.564.600 2.459.950 5.263.300 1999/00 2.729.600 2.707.400 6.932.900 2000/01 3.151.500 3.088.960 8.154.200 2001/02 3.452.900 3.444.370 9.658.300 2002/03 3.564.352 3.543.402 9.851.100 2003/04 4.172.940 4.128.670 8.376.200 2004/05 3.981.145 3.925.909 11.190.869 - 154 - 2005/06 4.343.718 4.273.718 11.123.165 2006/07 4.477.882 4.447.482 14.173.030 2007/08 4.699.230 4.660.530 12.750.000 2008/09 5.196.748 5.128.458 11.172.286 2009/10 5.128.640 5.033.690 12.993.225 2010/11 5.054.390 5.040.290 12.252.266 2011/12 5.014.250 4.857.850 9.783.899 2012/13 5.349.312 5.256.042 13.080.804 2013/14 5.052.760 4.965.360 14.917.671 2014/15 5.413.330 5.284.530 18.619.067 2015/16 5.579.530 5.299.930 17.922.969 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. El proceso metodológico para definir esos períodos en el accionar gubernamental de la provincia en relación al desarrollo del agronegocio lo realizamos a partir de diferentes filtros. Estos, que en total fueron cuatro, nos permitieron elaborar diferentes cuadros para procesar los Boletines tal como presentamos a continuación. El primer filtro se realizó con los 5760 boletines oficiales de Córdoba, dando como resultado una base de datos mucho menor. De ese resultado se obtuvo un segundo filtro donde quedaron sólo 916 acciones gubernamentales, con las especificidades del accionar de las distintas dependencias gubernamentales relacionadas con la agricultura y el ambiente. También, se consideró las acciones de los distintos gobernadores y marcos jurídicos. En el siguiente cuadro Nº 3 se observa la cantidad de boletines oficiales procesados en el marco de este filtro, que abordan el accionar del gobierno y del poder legislativo de la provincia. En esta instancia lo que se busca es identificar acciones estatales ligadas a la agroindustria, agricultura familiar, agroecología, y toda actividad que surja de las entidades gubernamentales relacionadas con la agricultura y el ambiente: - 155 - Cuadro Nº 3: Segundo filtro SEGUNDO FILTRO GOB. Año MESES Tot. E F M A M J J A S O N D Mestre - UCR 1996 3 - 3 1 3 1 1 - 3 1 6 15 (1995 - 1999) 1997 3 1 1 4 5 4 2 4 2 3 - - 29 1998 - 1 - - - - - 1 1 - 6 9 18 1999 1 - 2 - 1 5 4 3 7 8 3 1 35 El inicio 37 De la Sota - UPC 2000 3 3 5 9 8 7 3 9 5 11 4 15 82 (1999 - 2003) 2001 4 4 3 7 8 3 10 5 4 6 11 10 75 2002 12 3 12 34 6 8 20 - 8 1 5 3 112 2003 5 1 2 14 9 14 3 7 10 1 3 4 73 2004 9 4 4 6 2 21 19 - 4 2 3 5 79 Etapa de consolidación De la Sota- UPC 2005 - - 4 7 13 - 13 - 4 2 8 4 55 2006 - 2 5 4 7 4 2 6 8 3 1 4 46 2007 1 1 - 1 7 - - 3 - - - - 13 Schiaretti - UPC 2008 2 - 2 4 - - 2 1 1 6 - 4 22 (2007 – 2011) 2009 1 1 1 1 1 6 1 1 3 5 3 7 31 Auge y jerarquización 2010 4 1 8 2 3 1 5 3 4 - 2 5 38 2011 4 6 2 1 1 6 4 1 4 1 2 2 34 De la Sota - UPC 2012 - 1 5 1 4 5 - - - 2 - - 18 (2011 – 2015) 2013 - 1 - 7 - 3 4 8 1 2 4 3 33 2014 - 2 - 1 3 2 1 1 2 1 1 1 15 2015 - 3 3 1 4 - 3 3 2 - 1 3 23 2016 2 - 4 3 6 4 5 7 5 2 5 5 48 (2003 - 2007) Etapa de consolidación Etapa de profundización Schiaretti - UPC (2015 – 2019) RESULTADO: 916 Elaboración propia a partir del análisis de Boletines Oficiales de la Provincia de Córdoba 1996-2016 - 156 - Con el tercer filtro quedó toda la información precisa y exhaustiva sobre el desenvolvimiento de las entidades gubernamentales estudiadas, como también los decretos y leyes relacionadas con nuestros objetivos de trabajo. Para ello, se realizó dos listados detallados: el primer listado corresponde a Planes, Programas y Decretos y el segundo corresponde a las leyes provinciales. En ambos casos se tuvo en cuenta los sucesivos gobiernos nacionales y provinciales que han pasado durante el periodo de tiempo seleccionado (Mestre: 1995 a 1999 - De la Sota: 1999 a 2003 - De la Sota: 2003 a 2007– Schiaretti: 2007 a 2011 – De la Sota: 2011 a 2015 – Schiaretti: 2015 a 2019), ese dato se lo cruzó con los meses y por último con el contexto nacional y el valor del precio de los commodities y el precio histórico del dólar. Cabe mencionar que en esta instancia, la información sigue sin ordenarse de acuerdo a la propuesta teórica-metodológica. Finalmente, en el cuarto filtro mediante la construcción de varios cuadros, separados por cada uno de los sucesivos gobiernos provinciales, se pudo articular la estrategia teórica–metodológica propuesta en esta investigación. En esta instancia, se clasificó y se examinó exhaustivamente el accionar de los sucesivos gobiernos provinciales –lo cual había sido considerado en el marco teórico como el quinto pilar en donde se asienta la matriz del agronegocio- en cuanto a sus iniciativas políticas y normativas en relación con los demás pilares del agronegocio identificados en el marco teórico-metodológico (pilar productivo: tierra y trabajo; pilar tecnológico; pilar organizacional y pilar financiero). Como ejemplo ilustrativo, adjuntamos una imagen de unos de los seis cuadros realizados: - 157 - Elaboración propia a partir del análisis de Boletines Oficiales del Gobierno de la Provincia de Córdoba 1996-2016 A modo de conclusión En el presente trabajo hemos realizado una síntesis del contenido que posee la tesis doctoral defendida el día 06 de septiembre de 2019. Tratamos de reconstruir las principales especificidades teórico–metodológicas propuestas para responder nuestro objeto de estudio. Indagamos y reconstruimos los principales rasgos del proceso de expansión y profundización del agronegocio en Argentina, centrándonos, específicamente, en la escala provincial de Córdoba. En este contexto, hemos abordado un conjunto de variables a fin de destacar el avance cuantitativo de dicho modelo agrario, examinando las considerables y significativas transformaciones experimentadas por la provincia de Córdoba en lo relativo a sus principales actividades productivas y su territorio, como consecuencia de la introducción de la lógica del modelo - 158 - agrario dominante. Este proceso fue ampliamente favorecido desde las instancias gubernamentales provinciales, tomando en consideración el accionar de los Poderes ejecutivo y legislativo. A partir de la inclusión de la dimensión político-estatal que incorporamos junto a otras dimensiones o pilares propuestos por otros investigadores como constitutivos del modelo de agronegocios o agribusiness –pilar productivo: tierra y trabajo; pilar tecnológico; pilar financiero; pilar organizacional-, y mediante un trabajo de campo basado en la consulta a Boletines Oficiales de la provincia, análisis de debates parlamentarios y entrevistas a especialistas, hemos constatado empíricamente la configuración de vínculos y articulaciones de reciprocidad entre los sucesivos gobiernos provinciales de Córdoba -independientemente del partido político en el poder en cada momento- y sectores privados, pertenecientes al mundo empresarial, inscriptos en la lógica del agronegocio en el período 1996- 2016. Tales lazos tomaron múltiples formas: desde políticas públicas, regulaciones y discursos públicos de funcionarios gubernamentales dirigidos a argumentar y legitimar los intereses económicos y sociales del empresariado del agronegocio, hasta la incorporación de referentes del sector en las áreas del gobierno ligadas a la agricultura, actores cuyas actividades económicas principales se asociaban con dicho modelo. Hemos podido reconocer una considerable e ininterrumpida influencia de asociaciones empresariales identificadas con determinadas facetas del agronegocio –especialmente, de entidades representativas de los autodefinidos “empresarios innovadores”- en los espacios y procesos de toma de decisiones públicas relacionadas con el mundo agrario. Los criterios y opiniones de dichas asociaciones, según pudimos constatar, fueron habitualmente escuchadas y tenidas en cuenta de manera especial por los funcionarios de turno –cuando no eran ellos mismos autoridades o socios de dichas entidades- con menoscabo de otras perspectivas, de otros intereses, de otras necesidades y de otras voces enunciadas por sectores subalternos respecto del paradigma dominante. Pudimos observar un Estado provincial intervencionista, activo y comprometido con la promoción del agronegocio en la provincia, estableciendo una red estratégica con las entidades empresariales, no sólo de consulta y apoyo en la toma de decisión, sino también mediante movimientos de cargos privados a cargos públicos o viceversa, lo que suele denominarse, con sentido crítico, puertas giratorias. Las entidades con mayor participación en - 159 - la toma de decisiones públicas, según pudimos detectar, son CARTEZ, SRA, FAA, CONINAGRO, AAPRESID y AACREA apareciendo como un sector supuestamente homogéneo. En cuanto a la sistematización de la información hemos distinguido cuatro etapas históricas que no son compartimentos estancos sino que se relacionan entre sí, ya que es complejo identificar una fecha específica que corresponda al inicio y final de cada periodo. Por esa razón, hemos tomado la decisión de articular el proceso histórico del agronegocio en Argentina con los distintos gobiernos nacionales y los gobiernos provinciales cordobeses, proponiendo cuatro períodos distinguibles: de legitimación, de consolidación, de jerarquización y de continuidad. Respecto del avance del agronegocio en la provincia de Córdoba, el Estado provincial, y dentro de éste, los poderes ejecutivo y legislativo, desde 1996, no fueron neutrales ni indiferentes; por el contrario, mediante una multiplicidad de medidas, favorecieron sustancialmente los intereses y las demandas del empresariado del agronegocio, en detrimento de intereses sociales y puntos de vista alternativos. Todo esto expresa una cuestión básica y elemental: la política (el poder, el Estado) y la economía, aún considerando su autonomía relativa y sus especificidades, no pueden analizarse de manera escindida. Referencias bibliográficas: Bottomore, T. (1976) La Sociología como crítica social. Barcelona, España: Ediciones Península. Evans, P. (1996) “El Estado como problema y como solución” en Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales, 35 (140), pp. 529 – 562. Giddens, A. (2003) La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración. Buenos Aires, Argentina: Amorrortu. Gras, C. & Hernández, V. (2013) “Los pilares del modelo de agribusiness y sus estilos personales”, en Gras, C. & Hernández, V. (Coords.) El agro como negocio. Producción, sociedad y territorios en la globalización. Buenos Aires, Argentina: Biblos. - 160 - Gras, C. y Hernández, V (2016) Radiografía del nuevo campo argentino del terrateniente al empresario transnacional. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI. Gudynas, E. (2009) “Estado y mercado en América Latina: una pareja despareja. Cuando el mercado es plural y el Estado es heterogéneo”. Revista Nueva Sociedad, 221. Gunder Frank, A. (1980) La crisis mundial. Tomo II: El tercer Mundo. Barcelona, España: Editorial Bruguera. Harvey, D. (2005) El nuevo imperialismo: acumulación por desposesión. Buenos Aires, Argentina: CLACSO. O’Donnell, G. (1984) “Apuntes para una teoría del Estado”, en Oszlak, O. Teoría de la burocracia estatal. Buenos Aires, Argentina: Paidós. Panitch, L. & Gindin, S. (2004) “Capitalismo global e imperio norteamericano” en Panitch, L. & Gindin, S. (Eds.). Socialist Register. El nuevo desafío imperial. Buenos Aires, Argentina: CLACSO. Romero, L. & Rofman, A. (1973) Sistema socioeconómico y estructura regional en la Argentina. Buenos Aires, Argentina: Amorrortu. Santos, M. (2000) La naturaleza del espacio: Técnica y tiempo razón y emoción. Barcelona, España: Editorial Ariel S.A. Santos, M. (2000) La naturaleza del espacio: Técnica y tiempo razón y emoción. Barcelona, España: Editorial Ariel S.A. Sassen, S. (2007) Una sociología de la globalización Madrid: Katz Editores, Argentina: Buenos Aires. Schmitter, P. (1985) “Neocorporatismo y Estado”. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 31, pp. 47-78. Svampa, M. (2008) Cambio de época. Movimientos sociales y poder político. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI-CLACSO - 161 - - 162 - Tensiones en el campo agroambiental a partir del análisis del vector mediático del complejo de poder desarrollista agropecuario cordobés. Entre la pedagogía agrobiotecnológica y la construcción de la sustentabilidad empresarial Ignacio González Asis Universidad Nacional de Villa María (UNVM) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Emanuel Barrera Calderón Universidad Nacional de Córdoba (UNC) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Introducción En los últimos quince años, el sector agropecuario en la provincia de Córdoba ha comenzado a procesar una serie de tensiones que se evidencian como indicadores a escala local de un tipo de conflictividad agroambiental. Ésta, se encuentra vinculada a una serie de transformaciones que han cambiado tanto la estructuración interna de lo agrario, como también su vinculación con la sociedad en general y su metabolismo con la naturaleza. Puntualmente, nos interesa resaltar dos procesos de conflictividad social, enmarcados en la consolidación de un campo agroambiental, en tanto campo de poder-saber, y que se vinculan principalmente con la transformación tecnológica y territorial-productiva como consecuencia de la incorporación del paquete Siembra Directa (SD)/Organismos Genéticamente Modificados (OGM)/Biocidas: para nuestro caso particularmente la asociación SojaRR-Glifosato. Tanto la problemática de las denominadas fumigaciones, como las preocupantes tasas de desmonte comprometen al mundo rural en conflictos con la sociedad en su - 163 - conjunto, evidenciando la magnitud que ha adquirido la degradación de los territorios y la naturaleza bajo una lógica agroextractivista. Ante estas nuevas conflictividades, el agro ha respondido de manera corporativa, como un complejo de poder desarrollista agropecuario, a través del diseño y la implementación estratégica de dispositivos de control y legitimación social renovando la apuesta para continuar su proceso de expansión y profundización capitalista sobre el territorio. Dentro de este complejo de poder, el vector mediático aglutina la función de construcción simbólica y de disputa discursiva, tanto en el campo agroambiental como hacia dentro del sector agropecuario y del sistema alimentario en general. En este contexto, el trabajo que presentamos abordará algunos procesos constitutivos del conflicto agroambiental en torno al modelo biotecnológico en la provincia de Córdoba. Particularmente, nos interesa la dimensión de construcción simbólica y discursiva de este campo, cuya función de hegemonía está operada, en parte al menos, por el vector mediático del complejo de poder a escala provincial. Puntualmente, nos preguntamos; ¿Cómo opera el vector mediático del complejo de poder desarrollista agropecuario en función de la construcción de sentidos de lo ambiental y su relación con el modelo agrobiotecnológico? ¿De qué forma contribuyó al planteo y la aceptación del modelo a nivel provincial? ¿Cómo abordó temas o acontecimientos claves de la agenda ambiental cordobesa, en particular los referentes a las “fumigaciones” y “desmontes”? Para responder estos interrogantes utilizamos una estrategia multimetodológica para abordar la conflictividad agroambiental y enfocar en los medios como agentes relacionados a un complejo corporativo constituido en un dispositivo social de mayor magnitud. Principalmente, recurrimos al análisis del discurso de fuentes periodísticas, complementando dicho análisis a partir de fuentes estadísticas, documentales, entre otras. Complejo de poder desarrollista y desarrollo agropecuario sustentable en el campo agroambiental cordobés Si bien el cultivo de soja comienza aproximadamente en la década del ‘70 a nivel provincial, es recién a mediados de los ‘90 cuando la producción de la oleaginosa toma verdadero impulso, principalmente debido a la innovación biotecnológica de OGM y su institucionalización gubernamental. A partir de ese momento, el aumento de su producción ha sido de gran magnitud, - 164 - llegando a dominar el ámbito productivo. La expansión territorial del cultivo se revela en las más de cinco millones de hectáreas implantadas que llegó a cubrir su producción, lejos del maíz con su cerca del millón de hectáreas de implantación1. De esta forma, los paisajes rurales se tiñeron de verde, al tiempo que la sociedad en su conjunto se preguntaba el por qué de tal fenómeno y los diarios agropecuarios y medios oficiales anunciaban records de cosechas, exportaciones y divisas. Fundamentalmente, lo que interesa de ese fenómeno para nuestro trabajo es lo que denominaremos como ruptura del contrato territorial con la sociedad, ruptura que está en la base del conflicto que enfrenta al agro con diversos colectivos y organizaciones sociales y ambientales por el problema social y sanitario de la contaminación ambiental por agrotóxicos, las denominadas “fumigaciones”. En consonancia, otro fenómeno de gran impacto, íntimamente relacionado a la reconfiguración territorial-productiva que el modelo agrobiotecnológico habilitó, sitúa al “desmonte” y el avance de la frontera agropecuaria hacia las zonas extra-pampeanas provinciales como otra de las problemáticas sociales emblemáticas, lo que planteó una línea de disputa agroambiental entre “productivismo” y “ambientalismo” relevante para nuestro estudio. La ruptura del contrato territorial con los pueblos rurales, rururbanos y periurbanos se hace evidente principalmente con los numerosos conflictos por las fumigaciones, la campaña Paren de Fumigarnos, la Red Universitaria de Ambiente y Salud (REDUAS), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), el juicio y sentencia histórica de las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo que logra captar la atención de la urbe capital y el bloqueo a la construcción de una planta procesadora de semillas de la transnacional Monsanto, junto con marchas que llegaron a superar, en ocasiones, las diez mil personas. En el trayecto, el contrato territorial se fue intentando subsanar poco a poco a través de una serie de ordenanzas municipales de restricción y prohibición de aplicación de agrotóxicos, que de alguna forma dieron canalización pública y legislativa a los reclamos de los pueblos por los riesgos de este nuevo modelo agrobiotecnológico para la salud y la naturaleza. De esta forma, se observa un tratamiento focalizado y fragmentado de la problemática como estrategia de contención social de los conflictos particularizados en diferentes pueblos y comunidades. 1 Estimaciones de la campaña 2010/2011 obtenidas de la unidad ministerial del Sistema Integrado de Información Agropecuaria con base en datos de las agencias zonales del Ministerio de Agricultura, Ganadería, y Alimentos de la provincia de Córdoba. - 165 - Derivado de los antagonismos de este proceso de conflictividad, se configura un complejo corporativo (Gonzalez Casanova, 2006) desarrollista agropecuario que comienza a construir el dispositivo estratégico del “desarrollo agropecuario sustentable” (DAS) dando la batalla en el campo social agroambiental (Gonzalez Asis y Deon, 2019). El DAS da muestras de una serie de vectores que componen el complejo de poder del que es engendro. Podemos evidenciar su vector político, concretizado en el poder gubernamental del sector, su influencia legislativa y la expresión de sus intereses a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos (MAGyA). Este vector fue el principal promotor del dispositivo de “buenas prácticas agropecuarias” (BPAs), mecanismo inédito a nivel nacional, al menos por el hecho de incentivar económicamente a los productores por el cumplimiento de ciertas pautas, “hacer las cosas bien” según reza el discurso institucional, pautas que no cuestionan en absoluto el pilar biotecnológico del modelo. Este lema constituye el primer paso para la construcción de un orden discursivo, en donde el vector mediático ostenta su influencia, y en el que la responsabilidad de los conflictos se individualiza, desviándose hacia algunos productores que no hacen bien las cosas2, porque haciéndolas bien, aunque se construya un régimen ecológico simplificado y tóxico a escala social, el uso de agrotóxicos no representaría un peligro para la salud y la vida en los territorios. A partir del análisis de esta operativa mediático-oficial, puede observarse el intento de un tratamiento de la ruptura territorial que mencionábamos, a través de una sutura simbólica del modelo. Además, dada la intensidad del conflicto agroambiental por las fumigaciones, el dispositivo se vio reforzado por la aprobación de la ley de Política Ambiental provincial (nro. 10208), logrando de esta forma generar un relativo control social del disgusto colectivo. La estrategia se centra, entonces, en abrir en algún punto el juego político-legislativo, para dejar intacto el económico-tecnológico. Pero a lo que al trabajo refiere, lo mediático adquiere un rol fundamental como constructor de sentidos y discursos sobre lo ambiental, el conflicto social y el modelo biotecnológico que es necesario abordar con detalle. 2 Se destaca la insistencia en el enfoque individualista en la cantidad de notas de Agrovoz relacionada a clausuras de maquinaria aplicadora y depósitos de agrotóxicos, un 10% del corpus trabajado sobre agroquímicos, como puede verse en el cuadro 1. - 166 - Modelo biotecnológico, agriculturización (sojización) pampeana y bovinización extra-pampeana Las transformaciones sociales, económicas y tecnológicas, desencadenaron además una reestructuración territorial productiva, en tanto cambios en la matriz técnica y geográfica de producción, que llevó a una agriculturización (principalmente sojización) de la zona pampeana núcleo al tiempo que la producción bovina se desplazó hacia las zonas antes marginales, llevando a la bovinización de las zonas extra-pampeanas (Hocsman y Preda, 2007), regiones que tampoco quedaron exentas del crecimiento progresivo del cultivo de soja. Lo relevante de este proceso para nuestro análisis es que esa reconfiguración provocó un avance acelerado de la frontera agropecuaria y una presión inusitada sobre las poblaciones y territorialidades campesinas del noroeste provincial, provocando una de las más altas tasas de desmontes a nivel mundial y una exclusión-desplazamiento de las economías campesinas. Más allá de ciertas manifestaciones de tensión social al respecto, fue recién en 2010, a propósito del tratamiento a nivel provincial de la ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que el tema tomó interés público y diversos sectores de la sociedad comenzaron a vincular al agro con tasas escandalosas de deforestación. Además, para su adecuación a la ley nacional de presupuestos mínimos para la conservación del bosque nativo, el proceso de elaboración de la ley debía ser participativo, para lo que se constituyó una comisión (COTBN) de carácter plural y participativo. Luego, a través del poder de influencia del sector agropecuario en la política provincial, el proyecto elaborado por la COTBN sería alterado previo a su tratamiento y aprobado, truncando de esta forma el proceso participativo y dando muestras además del riesgo a las instituciones democráticas de decisión a nivel local que implica la territorialización de intereses y regímenes globales (Bonanno, 2003: 211). Posteriormente a ese truncado proceso participativo, el conflicto siguió latente, aunque no así el desmonte que no cesó su avanzada hacia el bosque nativo y las poblaciones de la zona extra-pampeana provincial. No obstante, los ganaderos nucleados en la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ), Sociedad Rural de Jesús María (SRJM), Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO) y Federación Agraria Argentina (FAA) comenzaron a cuestionar la reglamentación de la ley y a apuntar a la dirección de ambiente provincial y a la policía am- 167 - biental de persecución y trabas al “desarrollo sustentable” de la producción y de las comunidades locales. Recurrieron a diversas instancias, realizando diversas convocatorias y reuniones informativas en varias localidades de la región, en donde el suplemento Agrovoz cumplió el papel de publicista de las convocatorias y de apuntalador de ese régimen discursivo3. Finalmente, concibieron un proyecto de DAS para el arco noroeste provincial, cuyo lema fue “producir conservando y conservar produciendo”. Sin intenciones de entrar en detalles de esta estrategia4, lo interesante es concebirla como parte del dispositivo estratégico del complejo de poder desarrollista agropecuario para continuar su avanzada de expansión territorial procesando un conflicto a nivel social por la deforestación y la ley de OTBN. Siete años después de la primera ley, y ya vencido el plazo de actualización dado por la ley nacional, el conflicto, de latente, pasa a ser explícito y público al momento de debatir la modificación de la ley. Entran en escena una diversidad de agentes antagonizando, por un lado, el complejo de poder, particularmente los intereses ganaderos y desarrollistas territoriales del noroeste de Córdoba y sus ramificaciones en la política local, y por otro lado, un sujeto colectivo relativamente conformado en los últimos años al calor del conflicto agroambiental en general, diverso y heterogéneo, rural y urbano, el movimiento ambientalista cordobés. El debate aún continúa, ya que diversas iniciativas del movimiento ambiental, entre las que se puede destacar una marcha de aproximadamente treinta mil personas el día en que se trataría la ley, frenaron su modificación que proyectaba redefinir las categorías de conservación acordes a los intereses ganaderos y contrario al principio de no regresividad de la ley nacional. Vale agregar que la estrategia gubernamental fue la del tratamiento conjunto de la ley OTBN y de la ley Agroforestal, intentando dar una señal a la sociedad de que el agro no sólo iba a cuidar de los bosques que quedan, sino que comenzaría a reforestar la zona pampeana para saldar la relación con la naturaleza, luego de una cosecha arruinada por las inundaciones y de pueblos enteros hundiéndose en las napas y anegados por repentinas inundaciones. Evidentemente la estrategia no funcionó, ya que la ley de OTBN no fue tratada, dando muestras de una memoria colectiva viva de lo que fue el proceso de elaboración de la ley en 2010. 3 4 Un ejemplo de esto puede encontrarse en el siguiente artículo: http://agrovoz.lavoz.com.ar/actualidad/que-reclaman-la-provincia-las-rurales-del-norte-cordobes Se puede consultar algo más en Deón y Gonzalez Asis, 2019. - 168 - Una aproximación conceptual al vector mediático del complejo desarrollista de poder Una vez descrita y analizada sumariamente lo que denominamos “cuestión agroambiental”, es decir, esta serie de tensiones y conflictos que llevan a la convergencia de problemáticas agrarias y ambientales y que enmarcamos en la emergencia de un campo de disputa agroambiental, es momento de enfocar en detalle, y según los objetivos específicos planteados, la operativa del vector mediático del complejo desarrollista agropecuario a nivel local. Para esto, realizamos una recopilación y análisis de artículos del suplemento Agrovoz trabajándolo con ciertas herramientas conceptuales que es necesario explicitar sumariamente. En la actualidad, nos encontramos en un periodo de transición entre un modelo productivo basado en conocimientos de tipo material y a mano, a otro modelo basado en conocimientos de tipo inmaterial y mediados por sistemas expertos a través de universidades, asociaciones y especialmente de las redes sociales y los portales de internet (Gras y Hernández, 2008; Liaudat, 2016). Consideramos que uno de los actores clave en este plano son los medios de comunicación. Si como dice Ramonet (2002), el primer poder es el económico y financiero que opera como reproductor del modo de producción imperante, “el segundo poder es el poder mediático” ya que representa el aparato ideológico de la globalización. De esta manera, los medios de comunicación masiva se constituyen en un sistema ideológico que genera y reproduce discursos que, en el marco de la globalización, circulan de manera impensada. Es decir, lo que dice la prensa, lo repite la televisión, también la radio, y no solo en los noticieros, sino también en las ficciones imponiendo temas y agendas (Ramonet, 2002). En este sentido, la mediación comunicativa, entendida como dinámica social, cognitiva y estructural (Bacallao Pino, 2009), articula la producción de “marcas de referencia” y modelos de representación de la realidad, y la institucionalización de determinados modos estructurados (y estructurantes) de comunicabilidad social. Por tanto, la mediación comunicativa puede ser comprendida en el entorno más amplio de los procesos generales de mediación social. Es decir, desde una complementariedad y convergencia entre la mediación social y la producción social de comunicación, se entiende a los - 169 - medios no sólo como instituciones reproductoras, sino también productoras del orden social (Bacallao Pino, 2009). De esta manera, el complejo de poder utiliza el vector comunicacional para garantizar la hegemonía del modelo productivo y para naturalizar lo biotecnológico como única forma viable de producción. Como construcciones simbólicas, las representaciones poseen un carácter performativo (Carniglia, 2009), y en consecuencia instituyen la capacidad de propiciar acciones a través de los mensajes que contienen, siempre, el efecto de acotar las interpretaciones de los objetos simbólicos y/o materiales a los cuales remiten generando mundos reales y/o posibles, y dentro de estos universos verosímiles o virtuales. Podemos decir que el vector mediático representa sistemas activos de significación situacionales que están enmarcados en condiciones socioculturales e históricas específicas, por lo cual, se establecen los alcances y límites de la acción comunicativa como una relación social y un proceso simbólico siempre situados y/o sitiados (Carniglia, 2009). Esta situacionalidad encuentra, en la mediatización de las ruralidades, particularidades propias de la conflictividad imperante en este contexto. Autores como Carniglia (2009, 2011, 2012) y Liaudat (2016) abordan la mirada de la comunicación rural mediatizada como un proceso sociocultural complejo que interroga sobre qué, cómo y por qué medios de comunicación como, entre otros, los periódicos agrarios, es decir publicaciones con predominio de noticias sobre la ruralidad, despliegan su capacidad de, por una parte, instalar los temas, sentidos o representaciones y modos de leer y, por otra, constituir a los propios lectores, entre otros aspectos de las lecturas. Dice Mabel Grillo al respecto, “un medio es un punto importante de pasaje de sentidos y cuando está dirigido a un público específico nos dice cómo constituye a sus lectores como grupo, dándonos pistas para ver posibles huellas en las cuales ese colectivo se siente interpelado y puede reconocerse” (Grillo en Carniglia, 2011: 1). Se entiende, entonces, que la prensa rural tenga una larga historia en Argentina, casi tan larga como la propia prensa, a partir de un papel importante en la promoción de las ideologías dominantes sobre lo nacional (Carniglia, 2011). En los últimos 30 años, pueden identificarse algunos fenómenos como contribuciones fundamentales para la mediatización del sector según Carniglia (2012) como, por ejemplo, la transmisión de Canal Rural desde 1996 (señal de televisión por cable, especializada y con alcance nacional e internacional) y la emergencia de nuevos periódicos, programas audiovisuales - 170 - y soportes multimediales sobre temáticas agrarias generales y/o puntuales. Además, el abordaje de nuevos temas por los periódicos y/o la renovación en el tratamiento de otros tópicos clásicos como la cuestión tecnológica, el ejercicio de nuevas, o al menos renovadas, funciones por los suplementos rurales de los diarios, por caso, la de llevar información y opiniones del campo a la ciudad, el crecimiento y la renovación, al menos en parte, de los roles y oficios del periodismo agrario, los remates de ganado bovino por televisión, la relevancia sostenida, por continuidad y creciente convocatoria, de las exposiciones agrodinámicas y/o estáticas organizadas por agencias públicas como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y, en más de una ocasión, por empresas a cargo también de proyectos editoriales relacionados con las diferentes ruralidades argentinas, por ejemplo, los diarios nacionales de más extensa trayectoria y/o mayor circulación. También, ha sido muy significativa la creciente organización de eventos empresariales y técnicos relativos a distintas actividades productivas y objetos tecnológicos. En cada periodo histórico, el vector mediático ha cumplido un papel fundamental en la transmisión de una manera adulatoria de los principales avances tecnológicos para el sector realizando una tarea pedagógica para transformar las prácticas “tradicionales” de los productores. Es decir, han tenido la intención de enseñar y “formar en” a sus lectores a partir de la generación, circulación y apropiación de conocimiento para la transformación de los universos rurales locales, nacionales y globales. Esta tarea pedagógica ha sido llevada a cabo por el poder mediático desde una intervención con perfil técnico e informativo mediante el cual una visión parcial de la realidad se presenta como la descripción de lo que ocurre, como la verdad (Carniglia, 2009). La participación de científicos en los diversos medios de comunicación y el uso de las imágenes detalladas busca abonar a este carácter de neutralidad valorativa que se pretenden expresar. De esta manera, se invisibilizan los posicionamientos político-ideológicos liberales que sostienen gran parte de los mismos, presentando una concepción acrítica del desarrollo tecnológico como la solución para todos los problemas de los productores. Al respecto, Carniglia (2009) sostiene que emergen al menos tres sentidos globales: Primero, una concepción acotada de la ruralidad: el agronegocio, como red temática y sistema de significaciones textualizadas. Segundo, una estrategia tecnodifusora: compendio de dispositivos desplegados también en una proporción significativa del artículo clave; y tercero, un discurso agrarista: una posición respecto del campo argentino que, enunciada en - 171 - relación al contexto, reitera una ideología definida en la nota de opinión del responsable periodístico de la publicación. Todas estas significaciones o posiciones de sentido se interrelacionan intensamente en torno a un complejo núcleo común y, en consecuencia, resultan relevantes en el tratamiento noticioso de la cuestión rural argentina. En síntesis, dice Carniglia (2009), la construcción de lo noticioso para el vector mediático especializado en el periodismo rural se organiza bajo un tratamiento que privilegia: una opción productiva: la intensificación agropecuaria; una alternativa tecnológica: la incorporación de tecnología moderna; • un mercado privilegiado: la exportación; • un patrón ambiental subordinado: la sustentabilidad mercantil; • un modelo de productor agropecuario: el agricultor-empresario profesional innovador; • un espacio productivo centrífugo: la pampa extendida; • un patrón de política agraria: la subordinación del Estado; y • un discurso agrolegitimador: el campo como sector socioproductivo más importante. De esta manera, la tarea pedagógica del vector responde a un modelo de prensa acotado a lo productivo-tecnológico, que oculta y niega sistemáticamente cuando tiende a testimoniar e incluso celebrar la creciente penetración del capital agroindustrial en el campo argentino (Carniglia, 2009). Particularmente, en este trabajo nos proponemos analizar los artículos periodísticos en formato digital del suplemento AgroVoz del diario cordobés de mayor tirada, La Voz del Interior, el cual representa un engranaje fundamental en el complejo de poder provincial desde donde se despliegan estrategias legitimadoras de los discursos hegemónicos agrorrurales. Como casos testigo, abordaremos el tratamiento de dos problemáticas agroambientales que han estado en agenda en los últimos años, a saber: lo referido a las fumigaciones y al desmonte. • • - 172 - Construcciones mediáticas agroambientales del complejo de poder desarrollista cordobés: análisis sobre las fumigaciones y el desmonte En este trabajo nos valdremos, como acercamiento metodológico desde donde argumentaremos nuestras reflexiones, de la construcción de un análisis elemental de los mensajes noticiosos del suplemento AgroVoz del diario La Voz del Interior. Este suplemento es un producto de periodismo especializado que surgió como iniciativa conjunta entre el diario La Voz del Interior y el programa de televisión Agroverdad, lo que adquiere una significación por implicar una convergencia de fuerzas productoras de discursos a nivel provincial. En esta medida, AgroVoz presenta un sitio que ha apuntado a convertirse en un referente calificado de información en el sector agropecuario y agroindustrial de la provincia y la región, con alcance global5. Se destaca la impronta del suplemento a través de la presunción del lugar que ocupa el poder mediático en la Provincia. Esto es, como promotor de una pedagogía del modelo imperante y también como constructor de un orden discursivo crecientemente ambientalizado. Abordaje metodológico El análisis de las problemáticas mencionadas tuvo una delimitación temporal de 2015 a 2019 a partir de la sistematización de los artículos de AgroVoz digitalizados en la página web del diario La Voz del Interior. Dado el enfoque centrado en la situacionalidad conflictiva del análisis, recurrimos a una búsqueda focalizada de artículos sobre “fumigaciones” que nos trasladó a años anteriores en donde el conflicto por la instalación de Monsanto y el juicio por contaminación ambiental en Barrio Ituzaingó Anexo fueron centrales en la agenda ambiental cordobesa. Para la recolección del corpus de estudio, recurrimos a la lectura de cada artículo tratando de identificar, por un lado, referencias al desmonte, deforestación, bosque y monte, lo cual dio 5 Al respecto no se conoce un periódico agrario en soporte impreso con publicación diaria. Sin embargo, los diarios de distinto alcance incorporan en sus páginas de manera diversa la compleja problemática de la agricultura moderna. Un modo es la publicación eventual de noticias puntuales, en el cuerpo principal, sobre aspectos económicos, políticos, sociales y tecnológicos del campo. Por otra parte, algunos diarios argentinos especializados en noticias económicas incluyen secciones con contenidos agrarios, por ejemplo, precios y cotizaciones de productos agropecuarios - 173 - como resultado un total de 68 artículos. Por otro lado, centramos la búsqueda de artículos referidos a agroquímicos, herbicidas, plaguicidas, fitosanitarios, Barrio Ituzaingó, Monsanto, glifosato, tecnología agrícola, entre otros significantes que arrojó un total de 201 artículos noticiosos6. En una primera aproximación comparativa, se puede observar la desproporcionada cantidad de artículos referidos a agrotóxicos, cuestión posiblemente relacionada a la centralidad que posee lo biotecnológico como pilar fundamental del modelo. Sumado a lo anterior, el conflicto vinculado a esta problemática tiene una larga trayectoria en la provincia, datando sus orígenes en el año 2001, poco tiempo después de la adopción del paquete a nivel provincial. Del total de artículos que integran el corpus sobre desmontes, el 25% hacen referencia al debate entre ambientalismo y productivismo a partir de una intencionalidad de formar opinión y estimular un posicionamiento respecto a esta dicotomía. El 75% hacen mención a temas vinculados a lo estatal, entendiéndose esto como el tratamiento de leyes, políticas públicas, o bien de cursos y capacitaciones con participación de organismos estatales y también, relacionado a ilegalismos y delitos donde interviene la Policía Ambiental, como puede observarse en el siguiente cuadro. Cuadro 1. Cantidad de artículos sobre desmontes en AgroVoz DESMONTES Cantidad Porcentaje Debate (artículos centrados en formar opinión y sentido común en torno al conflicto entre ambientalismo y productivismo) 17 25% Política, leyes, regulaciones (Todo lo que tiene q ver con políticas de gobierno, leyes, regulaciones) 40 58,8% Cursos, capacitaciones, jornadas con intervención de algún organismo estatal (INTA, Universidades, Ministerios, etc.) 5 7,3% Ilegalismos, delitos, clausuras (vinculado al desmonte/deforestación) 6 8,9% Tema del Articulo Fuente: elaboración propia 6 El corpus de estudio de los artículos puede consultarse en el siguiente link: https://drive.google. com/file/d/1yn6vQ16YoLlhkRMXUGBWm9eTnWq6sdlH/view?usp=sharing - 174 - En lo que respecta a la estructura general del corpus sobre fumigaciones, además de la mayor magnitud y extensión de los artículos, observamos una complejidad creciente y un tratamiento más diferenciado de las distintas temáticas. Por un lado, en lo referido a las temáticas centrales, vemos un porcentaje que da cuenta de la vinculación inmediata entre fumigaciones y “buenas prácticas agropecuarias”. Si bien este ensamblaje representa un 5% del corpus, al momento de realizar el análisis de contenido -algo que no explicitaremos en este trabajo-, la referencia a las BPA’s crece significativamente, llegando a un porcentaje mayoritario de los artículos. En una segunda instancia, vemos cómo el tratamiento de los ilegalismos, delitos y clasuras, referido fundamentalmente a la ley de productos químicos y biológicos de uso agropecuario, ocupa un 10% del corpus discursivo, fenómeno que evidencia el efecto individualizador del discurso, en donde se evade el cuestionamiento del modelo, para dirigir la mirada hacia el cumplimiento de la ley. Esto se ve reforzado con el tratamiento de políticas públicas, leyes y regulaciones, que apuntan principalmente a disciplinar al ámbito productivo en la necesidad de atenerse a las nuevas reglamentaciones, a la formación en aplicación de los productos y a una serie de normativas tendientes al control, en donde la Subsecretaría de Fiscalización del Ministerio de Agricultura figura como el agente central de este proceso. Mención aparte merecen los artículos vinculados al debate desatado por el conflicto ambiental y la aplicación de agrotóxicos, que acapara un 40% del corpus analizado. Estos artículos, destinados a formar opinión y sentido común en el ámbito productivo, son indicativos de la conflictividad agroambiental creciente, en un intento discursivo por establecer coordenadas de concepción de lo agroambiental, del modelo biotecnológico, y de la aceptación y procesamiento de los conflictos por fumigaciones. Por último, vemos un 30% del corpus destinado a dar información sobre toma de decisiones empresariales referidas a lanzamientos tecnológicos, estudios específicos para la productividad y demás información claramente sesgada y centrada en el modelo de agronegocios y la biotecnología agropecuaria. - 175 - Cuadro 2. Cantidad de artículos sobre fumigaciones en AgroVoz FUMIGACIONES Cantidad Porcentaje BPAs (artículos cuya temática se centra en la relación entre agroquímicos y BPAs) 10 5% Ilegalismos, delitos, clausuras (Ley 9164) 21 10% Debate (artículos centrados en formar opinión y sentido común en torno al conflicto por agrotóxicos) 80 40% Información (toma de decisiones empresarias y productivas) 60 30% Política, leyes, regulaciones (Todo lo que tiene q ver con políticas de gobierno, leyes, regulaciones, recetas, cursos y formación) 30 15% Tema del artículo Fuente: Elaboración propia A partir la sistematización de los corpus, el análisis e interpretación consistió en la aplicación de un sistema de variables que permitió identificar los procesos de conflictividad y los tipos de discursos que operaron en el tratamiento de la problemática. Todos somos ambientalistas, fumigando con buenas prácticas agropecuarias En un análisis cronológico vinculado a la conflictividad agroambiental por las fumigaciones, puede observarse que el corpus no presenta una vinculación significativa que pueda adjudicarse a los acontecimientos clave de la agenda ambiental cordobesa. Una excepción a esto fue el relativo al fallo del Tribunal Superior de Justicia, acontecimiento relevante, que ratificó la condena a hacia el sector productivo personificado en el productor agropecuario y los aplicadores de agrotóxicos condenador por contaminación dolosa. En relación a lo anterior, pudimos observar una predominante invisibilización de la conflictividad agroambiental, dejando dentro de la construcción discursiva aquello que pueda ser positivo para la aceptación del pilar biotecnológico, en un esfuerzo pedagógico y formativo hacia las prácticas de - 176 - aplicación, en la ambientalización del sistema productivo, en el refuerzo y la aplicación de la ley y las normativas vigentes, apuntalado por información científica brindada por centros en agronegocios y cámaras empresariales. En este sentido, se configuró una realidad de cierto carácter hermético, fuertemente centrada en la afirmación del cariz positivo de lo agrobiotecnológico, y en poca respuesta a la conflictividad creciente, invisibilizando las críticas, argumentos e investigaciones y evidencias científicas sobre los riesgos y daños a la salud y los ecosistemas que el modelo productivo tuvo como consecuencias. Consecuentemente, consideramos adecuado al tratamiento del corpus sobre fumigaciones analizar los argumentos centrales de la configuración de lo agrobiotecnológico, de su carácter supuestamente positivo, y de la adecuada utilización tecnológica que llevaría a la sustentabilidad empresarial y a la ambientalización del sector. Entonces, como argumentos centrales de mantenimiento del modelo biotecnológico en torno a las fumigaciones, podemos resaltar la persistencia del lema de “alimentar al mundo”. Este artilugio discursivo se ve como un supuesto de la necesidad de la producción intensificada y biotecnológica, construyendo una concepción en donde lo que se produce son alimentos, y que la única manera, viable y eficiente, es con la biotecnología. Lo cual se evidencia en frases como “Pronto habrá que alimentar a nueve mil millones de personas” (06/07/2012, “Prácticas agrícolas al banquillo”, Agrovoz); o fórmulas tales como: El incremento de la población mundial requiere de mayor cantidad y calidad de alimentos, pero los recursos naturales que se disponen en cuanto superficie y agua son limitados, [...] la tecnología juega un rol clave (25/09/2015, “Aseguran que, sin plaguicidas, la producción frutihortícola caería un 40%”, Agrovoz) Por otro lado, y subsumido a lo anterior, se ve la creciente preocupación por la “sustentabilidad”: “nuestro ecosistema global reclama atender los tres planos de la sustentabilidad: en términos sociales, económicos y ambientales” (25/09/2015, “Un abogado en la pulverizadora”, Agrovoz.). Así es como la modernización opera como un factor de sustento fundamental, en donde lo opuesto es el “anacronismo” del cuestionamiento al uso de agrotóxicos. En todos los casos, se recurre al apoyo argumentativo de información “científica y confiable” sobre la aplicación de agrotóxicos. - 177 - Como mencionamos, hay una apuesta por la individualización del conflicto, como estrategia de evasión del cuestionamiento al modelo agropecuario biotecnológico. No obstante, como complemento de esta individualización del enfoque discursivo, se observa una operatoria de despersonalización y por lo tanto desvinculación punitiva en relación a la contaminación ambiental. Esto puede observarse, por un lado, en la utilización del término “prácticas”, es decir que se adjudica a un uso cultural, generalizado pero desvinculado del modelo. Por lo cual, no es lo tecnológico en sí, sino las personas a través de sus prácticas, por ende es un uso de la tecnología hecha cuerpo, regular e instituido lo que hay que modelar, para llegar a un uso adecuado, una “buena práctica”: “[Los agroquímicos] no tienen nada de malo por sí mismos, sino que los problemas pueden provenir por malas prácticas a la hora de su aplicación” (07/10/2015, “Anibal Fernández: ‘Los agroquímicos no tienen nada de malo’”, Agrovoz) Como resultado de la estrategia discursiva tenemos, entonces, que se desvincula lo tecnológico del conflicto -no es la tecnología, es quién y cómo la usa-, se invisibiliza el modelo adoptando una perspectiva individualista, al tiempo que se despersonaliza la responsabilidad a partir de la construcción y separación de las prácticas como objetivo de aplicación de una pedagogía y una formación adecuada para el control social de la conflictividad. Allí es donde también puede notarse la profunda herida y la incomprensibilidad del juzgamiento como delito de contaminación ambiental a la producción agropecuaria. En este sentido, se resalta reiteradas veces y desde distintos agentes del complejo agropecuario la no aceptación del fallo del Tribunal Superior de Justicia que ratificó la condena al productor y los aplicadores por el juicio de Barrio Ituzaingó Anexo, replicando la voz del por entonces secretario de agricultura de la Nación que decía: “No se debe confundir el uso no responsable con un ilícito penal fundado en la ley de residuos peligrosos” (23/09/2015, Juan Carlos Vaca, “Secretario de Agricultura de la Nación discrepa con el fallo del TSJ”, Agrovoz). Paralelamente, se observa cómo este armado discursivo realiza un desplazamiento estratégico, llevando la contaminación ambiental desde el ámbito penal, de lo punible, al ámbito moral del “hacer bien”. En relación a esto último, puede notarse el gran disgusto que generó la mencionada condena, que deriva de una aplicación de la ley de residuos peligrosos, dejando de lado la aplicación de la ley de productos químicos y biológicos de uso agropecuario, algo que resultó difícil de concebir, si no inconcebible, desde - 178 - estos marcos discursivos e indigerible a nivel de estrategia política para los sectores del complejo agrario. Por último, en la temática de agroquímicos, el suplemento Agrovoz jugó el papel de portavoz de los diversos agentes que conforman el complejo de poder desarrollista agropecuario, replicando permanentemente las voces de quienes conforman este entramado. Es así que la apelación a la política provincial y del ministerio de Agricultura, a las entidades agrarias de la Mesa de Enlace, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y fertilizantes (CASAFE), la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Facultad de Ciencias Agronómicas (FCA-UNC), entre otros agentes se configura en una constante del discurso, invisibilizando la diversidad de voces críticas al modelo y su pilar tecnológico. Se configura, entonces, un mundo en donde las prácticas agropecuarias deben referenciarse principalmente en la ley de agroquímicos, en la actitud moral de hacer bien las cosas, y en una cantidad de agentes que repiten intensamente un monólogo de legitimación y de sustento aparentemente científico y moderno de un régimen cada vez más criticado e impugnado a nivel social. El renovado dilema de “Producir conservando y conservar produciendo” La problemática del “desmonte” según AgroVoz, se ha caracterizado por un recorte espacial donde, la mayoría de los artículos periodísticos hacen referencia al arco noroeste cordobés (departamentos de Punilla, Cruz del Eje, Minas, Pocho, Tulumba, Ischilin, Río Seco y Sobremonte), el cual representa el último reducto de bosque nativo en la provincia. Además, aquí es donde se llevan a cabo las capacitaciones y cursos vinculados, fundamentalmente, a la ganadería. No obstante, este abordaje espacial se amplía a la zona pampeana con la sanción de la Ley Agroforestal que aparece como un recurso del Estado provincial para, aparentemente, resolver el problema de la deforestación/ desmonte (donde insistentemente se hace alusión a las inundaciones como secuela). En este sentido, y teniendo en cuenta el proceso de conflictividad, de 2015 a 2019 AgroVoz aborda la problemática del desmonte en términos de dos leyes, por un lado, la Ley de Bosques y por otro, la Ley Agroforestal. Durante el 2015, en un contexto agitado política y electoralmente, el medio - 179 - periodístico, primero, visibiliza la capacitación en la actividad ganadera con conservación del monte, los cual, venía siendo un tema característico del corrimiento de la frontera agropecuaria. Y segundo, se visualiza un abordaje intensivo respecto a la demanda y presión de sectores del agro (como Sociedades Rurales y FAA) al gobierno provincial por una reforma de la ley de bosques que permita producir de manera “sustentable” social y económicamente: El arco noroeste está en problemas porque la Secretaría de Ambiente dispone de uno o dos técnicos idóneos para hacer el seguimiento y habilitación para trabajar, con una movilidad también mínima para cubrir una extensa área, pero a la vez cuenta con un cuerpo de Policía Ambiental con móviles y avionetas para hacer tareas de represión con una celeridad extraordinaria ante posibles infracciones a la Ley de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo. Todo esto cuando, en realidad, deberían los productores contar con algún nivel de asesoramiento por parte del Gobierno de la Provincia de Córdoba, a partir del concepto de que es posible producir conservando, ya que ni la conservación ni la producción a ultranza nos van a llevar a buen puerto. (22/12/2015, Valdez, H., “El arco noroeste en problemas: la misión de producir conservando”, AgroVoz) Las presiones tienen tal dimensión que reclaman al Ejecutivo provincial que la designación del ministro Busso no es la que las “Entidades del Agro” habían sugerido.7 En el año 2016, es donde se encuentra mayor producción de artículos sobre la temática (31 en total) ya que se profundiza en la conflictividad por la Ley de Bosque, preparando el terreno para su inminente tratamiento. Sobre esto, las coberturas varían entre el pedido permanente de revisión de las zonas prohibidas para el desmonte, la elevación de una propuesta de mapeo de “las entidades del agro cordobés” a través del lema “producir conservando y conservar produciendo” basado en el planteo del antagonismo, más o menos implícito, con el ambientalismo. En un artículo de mayo de ese año, el medio publica: 7 “Este encuentro con Schiaretti se realizará en un contexto de relaciones más calmo que cuando este mandatario asumió su segunda gestión al frente de la Provincia y fue recibido con críticas por parte de la dirigencia agropecuaria que no compartían la designación de Busso al frente de la cartera agropecuaria.” (El agro cordobés se reúne mañana con Schiaretti. 28 de diciembre de 2015. AgroVoz) - 180 - Si bien la ley nacional de ordenamiento de bosque nativo prevé que cada cinco años se debe evaluar la conformación de las tres zonas de intervención (verde, amarilla y roja), los productores sostienen que la Provincia no ha convocado a ninguna entidad de la producción para trabajar en su revisión. Las instituciones, sin embargo, están haciendo su propio relevamiento que, al parecer, no coincide con el mapa vigente. “Se ha contratado un estudio de imágenes satelitales que refleja que la zona roja no supera las 400 mil hectáreas. Por ejemplo, muestra que la zona de Cruz del Eje y Deán Funes es toda amarilla y es allí donde la degradación de los bosques es altísima”, puntualizó Angeli. (13/05/2016, “Bosque nativo: productores piden rever zonas prohibidas”, AgroVoz) En esta nota, el conflicto parece que sigue estando vinculado con lo ambiental, representado en la Ley de Bosques. Esto toma una postura concreta, la desestimación del mapa surgido de la Ley a través de un relevamiento satelital que las entidades están haciendo. Disrumpiendo el discurso hegemónico aparecen, en ese año, las manifestaciones del Movimiento Campesino Cordobés a partir de un comunicado que sienta una posición diferente a la que se podía observar en la cobertura del medio. Este comunicado presenta ciertos distanciamientos y críticas a las entidades del agro y revaloriza la Ley a la vez que le demanda al Estado mayor presupuesto para los Planes de Manejo y Conservación del Monte.8 En diciembre de 2016, las manifestaciones toman el espacio público y se desarrollan diversas manifestaciones en la Legislatura provincial. “Ante el avance del gobierno provincial en su intento de imponer una nueva Ley de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo convocamos a toda la ciudadanía a manifestarse en contra de lo que será una amenaza para todos los cordobeses y cordobesas. Si este proyecto se convierte en ley aumentarán los riesgos de inundaciones, sequías, eventos climáticos severos, y por otro lado incidirá en el precio de los alimentos, la peligrosidad en las rutas y el deterioro en la calidad del agua y el aire en zonas rurales y urbanas”, advirtió el MCC. (12/12/2016, “El Movimiento Campesino marcha a la Legislatura por la Ley de Bosques”. AgroVoz) 8 Sobre esto último, poco se puede ver en el artículo en cuestión: http://agrovoz.lavoz.com.ar/ganaderia/el-movimiento-campesino-tambien-fijo-su-postura-sobre-la-ley-de-bosques - 181 - En el mismo artículo se exponen cuatro aspectos que el Movimiento denuncia como perjudiciales: Van a avanzar con el rolado selectivo sobre más de dos millones de hectáreas, mediante el cambio de zonas rojas a zona amarilla, donde se permite el uso de rolo.(...) Se va a proceder a espaldas de la sociedad violando la ley provincial de ambiente, sin consulta ni audiencia previa. (...) Disminuyendo la superficie de conservación, se va contra la ley nacional, lo que solo provocará la impugnación del proyecto provincial dejando a los campesinos y productores que han ordenado el territorio sin acceso al financiamiento que viene por pago de servicios ambientales. (...) La agenda de Cartez y Federación Agraria es el acaparamiento de tierras, la lógica financiera de la agricultura y la mentira de la ganadería sustentable con desmonte sólo hará que aumente el precio de la tierra para negociar la compra de grandes capitales extranjeros y locales. (12/12/2016, “El Movimiento Campesino marcha a la Legislatura por la Ley de Bosques”, AgroVoz) Esta es una de las pocas ocasiones donde el medio muestra que el sector no es homogéneo en cuanto a los intereses y posiciones de sus actores. Sobre todo, porque se encuentra una fuerte presencia en la circulación del discurso de la postura que tiene la SRJM por sobre los demás actores. Para el año 2017, el tratamiento de la problemática sigue igual de controvertido, aunque ahora toma otros ribetes, ya que comienza con la mención de reuniones entre el Gobierno Provincial y “el agro” para abordar la Ley de Bosques y las inundaciones. El gobernador Juan Schiaretti recibe este martes a representantes de las cuatro entidades rurales que integran la Comisión de Enlace cordobesa […]. Según informaron fuentes tanto oficiales como de las asociaciones rurales, se prevé que la reunión sea a temario abierto y se toquen todos los temas que preocupan al sector agropecuario cordobés. (3/01/2017, “El agro se reúne con Schiaretti por la Ley de Bosques y las inundaciones”, AgroVoz) Luego, se adentra en la polémica entre “el agro” (aunque puntualmente se refiere a la CARTEZ) y artistas que se manifestaron en contra del desmonte como Raly Barrionuevo, Piñón Fijo y Doña Jovita y titula: “En la obra sobre el bosque, Cartez reprobó a los artistas” (13 /01/2017, AgroVoz). Al - 182 - respecto, Don Tecnológico y Don Productivo, a partir de una editorial ficcionalizada de dos gauchos apostados en una tranquera, muestran una posible tensión entre CARTEZ, con una posición más confrontativa y SRJM, desde una más consensual respecto a las manifestaciones de artistas populares. En ese año, la cobertura sobre el tema menciona la puesta en vigencia de la Ley Agroforestal en la Provincia de Córdoba, la cual: Se trata de una iniciativa que obliga a que, como mínimo, el dos por ciento de la superficie de los campos destinados a actividades agropecuarias tenga cobertura vegetal arbórea o de forestación, lo que significa plantar unos 50 millones de árboles en todo el territorio cordobés. (13/09/2017, “Comenzó a regir la Ley que obliga a forestar los campos en Córdoba”, AgroVoz) En el año 2018, son muy pocos los artículos que abordan el tema vinculado al desmonte y se enfocan exclusivamente en la aplicación de la Ley Agroforestal, así como también, los beneficios que tendrán los productores y capacitaciones sobre el Plan Agroforestal y árboles nativos.9 Para el 2019, se encuentra un solo artículo que se vincula a las tensiones durante las instancias electorales a nivel nacional sobre la Ley de Bosques. Específicamente, “Don Tecnológico” y “Don Productivo”, visibilizan una interna en el radicalismo respecto a la mencionada Ley. Finalmente, la dicotomía planteada desde el medio de comunicación entre productivismo/ambientalismo pretende generar una trampa discursiva con el objetivo de reforzar la idea del ambiente como recurso natural a ser explotado. Incluso, entre los argumentos productivistas se presenta con fuerza la noción de “sustentabilidad” como justificación por lo cual, encontramos una recurrencia al dispositivo del Desarrollo Agropecuario Sustentable para la identificación de un “nosotros” y un “otros” que tiene efectos concretos en la construcción simbólica, como también en la incidencia del sector hacia medidas estatales y políticas públicas. Conclusiones 9 Sobre esto, se ocupan artículos tales como “Plan agroforestal: la unidad de medida son 300 árboles por hectárea” (30 de agosto de 2018. AgroVoz), o “Diciembre, fecha clave en el Plan Agroforestal” (28 de septiembre de 2018, Agrovoz) - 183 - Desde los `70 a partir de las políticas neoliberales para el agro, pero especialmente desde los `90, el carácter familiar del interlocutor comienza a perderse, ganando peso una mirada netamente empresarial. En cuanto al sujeto colectivo que se interpela bajo la figura del “campo” hemos visualizado que este constituye un colectivo sin diferencia de clases y cuya mayor característica es ser el “motor de la nación”. A partir de la reconstrucción histórica y del mapeo de los medios actuales, podemos afirmar la predominancia de un único modelo basado en el capitalismo agropecuario con las diversas lógicas que despliega en diferentes etapas históricas en función del contexto internacional, la coyuntura política local y el desarrollo tecnológico. A lo largo de toda la historia argentina han existido luchas por imponer diversos modelos de desarrollo agropecuario, fortaleciéndose en las últimas décadas un modelo basado en los agronegocios y la agrobiotecnología con graves consecuencias sociales, ambientales y económicas. Este modelo se desarrolla por la fuerza, pero especialmente por la construcción de formas de dominación consensual, donde los medios de comunicación han jugado un papel fundamental (Liaudat, 2016), tanto hacia dentro del complejo de poder, como hacia fuera, en tanto control y legitimación social. En este sentido, hemos visto a los medios masivos de comunicación como pieza fundamental de un modelo que se asienta en combinación de un capitalismo financiero en un orden civilizatorio que basa su consolidación en la expansión del consumo y la destrucción de la naturaleza. Por lo cual, un determinado mensaje hacia el interior y el exterior del campo agroambiental, según se apreciará, predomina en los textos multimodales de las noticias más destacadas desde una orientación o sesgo hacia un determinado modo de desarrollo del capitalismo en el campo argentino (Carniglia, 2009). Justamente, al ser AgroVoz un suplemento especializado tiene un destinatario concreto que entiende políticamente al sector. En este sentido, encontramos un incentivo autoreproductivo que funciona como una especie de “hegemonía interna”. Se observa, además, que se apunta principalmente a los productores agropecuarios como destinatarios esenciales del mensaje, siendo Agrovoz un vector a partir del cual el poder agrobiotecnológico construye una naturalización del modelo de agricultura moderna, así como también propone y reproduce un contrato territorial con la sociedad donde se inserta. En resumen, el vector mediático ha constituido un eslabón fundamental del acaparamiento territorial biotecnológico, siendo los productores los elementos últimos en los que se asienta. - 184 - A partir de este análisis del suplemento Agrovoz, encontramos un discurso simple y rápido, que no busca efectos a largo plazo, donde los artículos son relativamente cortos, las frases son breves, los títulos son impactantes, como una cuña publicitaria, como cualquier discurso de cultura de masas. En síntesis, la primera característica es la rapidez, para evitar el aburrimiento. Y la segunda característica es la sencillez del lenguaje, es decir, el discurso dominante de los grandes sistemas mediáticos se presenta de manera elemental, es un vocabulario que todos sus lectores poseen, es una construcción sintáctica, una construcción retórica y entendible por lo que se apunta a la sencillez de la construcción del mensaje. En términos generales, el discurso que se presenta en el medio sobre el desmonte, es conflictivo y fundamentalmente, confrontativo. Esto puede identificarse, por ejemplo, en la réplica del discurso del ministro de Agricultura de la Provincia, Julián López a partir de declaraciones en la presentación del libro “El Aporte del Campo a la Economía de Córdoba”, realizada en la Bolsa de Cereales de Córdoba. En esa ocasión “expresó una fuerte preocupación por el accionar de grupos a los que denominó de ‘fundambientalistas’ que ‘le venden terror y miedo al resto de la sociedad’” (25/11/2015, “Alta preocupación en la Provincia por el ‘fundambientalismo’”, AgroVoz). La idea de “fundambientalistas” es representativa de la noción de ambientalismo que se manejan desde la cartera de Agricultura de la Gobernación. Se puede ser productivista y medio ambientalista, pero no ambientalismo “en extremo”. Aunque no se sabe cuál sería ese extremo. Más precisamente, al ambientalizarse, se realiza el efecto discursivo de correr el tablero dejando fuera a los grupos y posicionamientos que no aceptan las propuestas de la sustentabilidad empresarial y productivista, es decir, del “desarrollo agropecuario sustentable”. Esto habilita la noción de sustentabilidad, incluso el mismo artículo tiene esta estructura. Por otro lado, y en menor medida, el discurso se presenta como informativo y pedagógico a partir de un rol de publicista de las convocatorias, talleres y capacitaciones vinculadas a la temática. En el caso de las fumigaciones, tal como hemos visto, se destaca un discurso eminentemente pedagógico y formativo enfocado en la moralización de las prácticas de aplicación de agrotóxicos y, por ende, la acriticidad del modelo, así como también, en la ambientalización del sistema productivo, en el refuerzo disciplinario de la aplicación de la ley y las normativas vigentes, apuntalado por información científica brindada por centros en agronegocios y cámaras empresariales. - 185 - En definitiva, se puede concluir que el tratamiento discursivo de las temáticas abordadas se encuadra dentro de ciertos parámetros o presupuestos que implican una vectorización de los intereses del complejo de poder desarrollista, particularmente la naturalización y la no alternativa al modelo asentado en lo biotecnológico. Además, el esfuerzo por visibilizar permanentemente a los diversos vectores del complejo, principalmente al Estado, pero también a diversos agentes que forman parte constitutiva del modelo, tales como las Facultar de Ciencias Agropecuarias de la UNC, el INTA, las entidades agropecuarias, la bolsa de cereales, centros de formación e investigación sobre agronegocios, entre otros. Paralelamente, una invisibilización, y cuando no, una estigmatización de los diversos colectivos, investigadores, comunicadores y agentes que disputan ese modelo desde otras coordenadas y marcos de construcción discursiva, en donde el mercado exportador, la rentabilidad óptima y el modelo agrobiotecnológico no son tomados como naturales o esenciales a la producción, y donde se subvierten ciertos órdenes discursivos que están fuera de los intereses del modelo de agronegocios dominante. Referencias bibliográficas Bacallao Pino, L. M. 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La denominada sojización que hace referencia al exponencial crecimiento del área sembrada con dicha oleaginosa y la liquidación de unidades productivas fueron algunas de las consecuencias que permitieron sostener la vigencia de una etapa radicalmente distinta en el capitalismo agrario argentino. En ese marco, se dio cuenta de las estrategias expansivas que por medio del arriendo implementaron algunos sujetos agrarios, el renovado auge que adquirió el contratismo de maquinarias y los procesos de diferenciación social en sectores de la estructura social agraria anteriormente homogéneos, especialmente en lo que se conoce como agricultura familiar. En contrapartida, se mostraron los mecanismos de persistencia de formas de producción no estrictamente capitalistas en un contexto que crecientemente lo era. También se evidenció la configuración de nuevas subjetividades y los desplazamientos en algunos de los componen- 189 - tes identitarios que habían caracterizado a los sujetos agrarios en el pasado.1 Estos trabajos expusieron un abanico de situaciones, relaciones y prácticas en las que se vieron implicados los sujetos agrarios en el contexto productivo que se abrió a partir de la década de 1990. Asimismo, proporcionaron una caracterización detallada de los rasgos que asumió el nuevo patrón productivo, en particular respecto a la centralidad que adquirieron saberes que no solo trasvasaron lo meramente agronómico sino que le adicionaron mayor complejidad al ‘negocio’ agrícola y que favorecieron una agricultura donde cada vez más predominaron las prácticas de corte empresarial. En estrecha vinculación con lo anterior, nos interesa destacar una segunda dimensión que hace referencia a las lógicas institucionales de las asociaciones de productores. Con la incorporación de los adelantos en las áreas de la biotecnología y la ingeniería genética, las innovaciones organizacionales y los nuevos sentidos que se proyectaron sobre lo rural cobraron centralidad entidades que hicieron de la promoción de los avances mencionados su principal función. Así, un nutrido número de investigaciones dio cuenta de los contornos de la nueva institucionalidad que comenzó a caracterizar al agro nacional durante los noventa. Se estudiaron en profundidad tanto sus modelos organizativos como los discursos y las imágenes que sobre la actividad agropecuaria construyeron.2 A pesar de que se carece de investigaciones que observen las articulaciones que se dieron entre este nuevo tipo de asociaciones con las que históricamente habían predominado en el agro, es decir, las gremiales, se ha sostenido que las primeras tensionaron las lógicas institucionales de las segundas. En este sentido, las asociaciones gremiales incorporaron –con mayor o menor intensidad– una serie de servicios para sus asociados que no solo plantearon un distanciamiento de las funciones tradicionalmente asumidas sino que supusieron una respuesta para garantizar su reproducción y la de sus bases sociales. Consideramos que existe una tercera dimensión, aquella que da cuenta de las mutaciones que se propiciaron en el aparato estatal vinculado al agro durante la década de 1990. A pesar de que el Estado fue un tópico densamen1 La cantidad de trabajos es abundante y no es nuestro objetivo realizar un estudio exhaustivo de los mismos, por lo tanto, en relación con los tópicos que señalamos arriba remitimos a algunos de los que consideramos más significativos: Azcuy Ameghino (2008 [2004]), Balsa, (2008); Barsky & Gelman (2009 [2001]); Cloquell (2007); Gras (2010); Hernández (2009); Muzlera (2009); Olivera (2014); López Castro (2012); López Castro & Prividera (2011). 2 Entre las más significativas se pueden mencionar: Flood (2005); Bocchicchio & Cattáneo (2005); Lattuada, (2003 y 2006); Alapín (2008); Gras (2009a); Gras & Hernández (2013a) y Liaudat (2015). - 190 - te trabajado quedan –en relación con los actores agrarios– algunas cuestiones por desentrañar. Se ha llamado la atención sobre la eliminación de una vasta red de instituciones y mecanismos de intervención en los mercados agropecuarios pero no se ha observado con mayor detenimiento las acciones que se estructuraron para paliar esas ausencias. Por ejemplo, la eliminación de la Junta Nacional de Carnes dio paso a la creación del Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCV) o las respuestas que se estructuraron en el caso de las economías regionales como el Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) o el Instituto Nacional de la Yerba Mate. Más atención recibieron las políticas públicas destinadas a atender las necesidades de reconversión de los sectores más vulnerables de la estructura social agraria, como el caso del Programa Cambio Rural. Asimismo, relativa atención concitó la situación durante el período considerado de organismos de investigación y extensión agraria como el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).3 En este punto, creemos significativo explorar cómo la eliminación y/o el deterioro de la institucionalidad agraria estatal creó un amplio espacio de acción para los actores ligados al agronegocio que facilitó la difusión de las prácticas y saberes que el mismo propiciaba. Así, el presente capítulo tiene como objetivo explorar los procesos de penetración del agronegocio a partir del estudio de las dinámicas locales de las asociaciones gremiales de productores. Para ello, tomaremos como objeto de análisis las lógicas institucionales de una entidad gremial de primer grado, la Sociedad Rural de Río Cuarto (SRRC).4 La elección de las escalas locales se vincula con la consideración de que fue por medio de las asociaciones gremiales de primer grado, con lógicas territoriales históricamente arraigadas –es decir, que poseían una extensa red de vínculos no solo con los productores sino también con, por ejemplo, proveedores de insumos y servicios para el agro– el canal a partir del cual se propició la adopción de los imperativos del agronegocio. En este 3 Ver por ejemplo los trabajos de: Lattuada (2000); Calandra (2009); Ramírez (2013); Chazarreta (2013). 4 La SRRC es una entidad de primer grado que se encontraba – y encuentra – adherida a la Confederaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ) y, por su intermedio, a las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). La primera de estas organizaciones reúne a entidades de primer grado de las provincias de Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan y La Rioja. A nivel nacional CARTEZ se encuentra adherida a CRA, que agrupa a diversas entidades de segundo grado del interior del país. Surgida a inicios de la década de 1940, se constituyó en uno de los interlocutores privilegiados en el diálogo con el Estado. - 191 - sentido, partimos de considerar que, lejos de establecerse lógicas excluyentes entre las asociaciones gremiales y las de carácter técnico, se tendieron estrechos lazos entre sus dirigencias que favorecieron la rápida incorporación de los adelantos técnicos y organizacionales que propició el agronegocio. Esta acción implicó una reconfiguración de las solidaridades entre actores en el patrón socio-productivo anterior. Es decir, si bien la vigencia del agronegocio, y más específicamente el accionar de entidades como la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA) o la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID), no implicó el total desplazamiento de los actores estatales que en otros periodos históricos habían monopolizado las actividades de capacitación y de venta de servicios –como el INTA– sí actuó como el plasma que propició la construcción de nuevas solidaridades que apuntalaron los lineamientos del nuevo modelo productivo. Así, la acción de estas entidades conjuntamente con las sociedades rurales locales no solo favoreció la adopción de las prácticas que tendieron a una profesionalización del ‘oficio’ de productor agropecuario sino que también posibilitó la construcción de nuevos sentidos sobre las modalidades de operar dentro y fuera del proceso productivo que tendieron a cimentar una agricultura de tipo empresarial. Con ese trasfondo, el presente capítulo se encuentra organizado en dos secciones. En la primera, realizamos una contextualización de los cambios en el aparato estatal vinculados con el agro que consideramos favorecieron la gravitación de actores no-estatales en la difusión de los imperativos productivos. En ese panorama hacemos hincapié tanto en la eliminación y deterioro de un conjunto de instituciones asociadas al modelo de desarrollo rural anterior como en el surgimiento de nuevos espacios dentro del aparato estatal para atender a los sectores más vulnerables de la estructura agraria y a aquellos de perfil empresarial. La segunda sección se encuentra dedicada a mostrar las lógicas institucionales de la entidad objeto de estudio. Nos interesa detenernos en dos aspectos que marcan la penetración de las lógicas del agronegocio: en las solidaridades que se construyeron con los actores asociados a la nueva institucionalidad agraria y, vinculadas a ellas, en el conjunto de saberes y prácticas que se consideraron como indispensables para el contexto productivo. - 192 - El nuevo rostro del Estado en el agro En la emergencia y consolidación del nuevo patrón socio-productivo que se cristalizó durante la década de 1990 fue central el decreto 2284/91 que estableció una desregulación casi generalizada de los mercados, para dejar librado –al menos en teoría– al libre juego de sus fuerzas la tarea de efectuar la mejor asignación de los recursos y, de esa forma, ajustar progresivamente los precios internos a los del comercio internacional. En su extenso articulado la normativa ponía fin a todo un entramado de instituciones, mecanismos y disposiciones que, desde la década de 1930, habían regulado las facultades de intervención del Estado sobre los diferentes campos de la economía. Consecuentemente, hacía lo mismo con diferentes tasas y contribuciones destinadas a solventarlos. Los efectos del decreto presidencial se desplegaron sobre diferentes dimensiones de la actividad económica. Una de las principales fue la desregulación del comercio interior, por medio de la cual se dejaron sin vigencia las restricciones a la oferta de bienes y servicios en todo el territorio nacional que, se consideraba, distorsionaban los precios de mercado evitando la interacción espontánea de la oferta y de la demanda. Bajo esta idea, se liberalizó el transporte automotor de cargas por carretera, la carga y descarga de mercaderías y la contratación entre los transportistas y los dadores de carga. También la norma dejó sin eficacia las limitaciones al ejercicio de las profesiones universitarias o no universitarias y habilitaba la importación de medicamentos elaborados y acondicionados para su venta al público a laboratorios, farmacias, droguerías, hospitales públicos y privados y obras sociales. Asimismo, se derogaron las disposiciones relativas al ‘Compre Nacional’ adoptadas a comienzos de la década de 1970 y ciertos regímenes de promoción industrial para regiones y productos específicos, aunque posteriormente continuaron en pie algunas excepciones como en el caso de la industria automotriz (Neffa, 1998, p. 339). Junto con la desregulación del mercado de bienes y servicios interno se implementó una amplia apertura del mercado externo disminuyendo la protección aduanera para favorecer la importación de todo tipo de bienes, especialmente los medios de producción, con el objeto de aumentar la competitividad. Se estimularon las importaciones aprovechando la existencia de crédito internacional, la paridad cambiaria, la reducción de aranceles y la eliminación de barreras no arancelarias. En contrapartida, los estímulos para incrementar las exportaciones fueron en un comienzo relativamente limitados e indirectos y se dieron con posterioridad a la apertura, al reducir las tasas - 193 - de estadística y cambiar profundamente el sistema de relaciones laborales en las actividades portuarias para eliminar riesgos de conflictos y reducir los costos laborales (Gerchunoff & Torre, 1996; Neffa, 1998). También en virtud del decreto 2284/91 se simplificaron los requisitos para la inscripción en el Registro de Importadores y Exportadores de la Administración Nacional de Aduanas y otros trámites que, se entendía, hacían engorrosos los negocios. Paralelamente, el decreto tendió a la reducción del tamaño de la administración pública. La necesidad de saldar el déficit fiscal no solo habilitó a la venta de activos pertenecientes al Estado sino que también procuró la eliminación de reparticiones o su descentralización y la reducción de personal más que la modernización de las mismas. Este proceso resultó sumamente ambiguo y dispar puesto que convivían en el mismo Estado áreas que evidenciaban cierto grado de modernización y tecnificación mientras que en otras se mantenían los esquemas de funcionamiento y planteles tradicionales aun cuando se hubiera creado una cúpula o sector tecnocrático en ellos (Palermo & Novaro, 1996, p. 299). En este sentido, el impulso reformista del gobierno de Menem avanzó tanto hacia la reducción del peso cuantitativo del sector público en el empleo, en la producción de bienes y servicios y en el número de empresas, como en la disminución de la capacidad y la voluntad de intervención y regulación (Rapoport, 2010, p. 387). En virtud de esta normativa se eliminó un conjunto de instituciones y mecanismos que tenían como objetivo regular la producción y comercialización de productos agrícolas así como las tasas e impuestos que contribuían a su sostenimiento. De esta forma, se avanzó decididamente en el desmantelamiento de la arquitectura institucional estatal vinculada al agro, lo que marcó un hito en el sostenido deterioro de la institucionalidad agraria (Barsky & Dávila, 2009). Así, en virtud del mencionado decreto –y de sucesivas medidas– se evaporó todo un entramado institucional de contención económica y social de los productores que había funcionado por más de medio siglo. Entre los organismos con atribuciones que suponían intervenciones directas y la posibilidad de regular los mercados de productos agropecuarios se encontraban: las Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, la Corporación Argentina de Productores de Carnes, el Mercado Nacional de Hacienda, la Dirección de Yerba Mate, la Comisión Reguladora de la Producción y comercio de Yerba Mate, el Instituto Forestal Nacional y el Mercado de Contratación Pesquera. También se eliminaron los cupos de siembra, cosecha, elaboración y comercialización de caña de azúcar y azúcar, yerba mate y viñedos, uva y vino. Se dejaron sin vigencia las regulaciones del mercado - 194 - de leche e industria láctea, se derogaron las contribuciones e impuestos que financiaban a los organismos disueltos y se vendieron los bienes de dichos organismos (Barsky & Dávila, 2009, p. 190). Otras reparticiones estatales que cumplían importantes funciones dentro del esquema productivo como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) fueron objeto de diferentes recortes tanto en recursos financieros como en humanos, lo que comprometió su existencia. La reducción al mínimo de la institucionalidad agraria motivó la introducción de innovaciones institucionales para suplir carencias o cubrir nuevas necesidades del sector ante las exigencias del nuevo contexto económico. Dentro de estas, se encontraban, por ejemplo, la implementación de diversos proyectos de desarrollo rural y programas sociales para atender a sectores específicos de la estructura agraria como: el programa Cambio Rural, el Programa Social Agropecuario, el Proyecto minifundios, PROHUERTA, entre otros. Muchos de ellos fueron financiados por créditos de organismos multilaterales que apoyaban y promovían la reforma del Estado (Lattuada, 2006, pp. 100-110). En contrapartida, nos interesa destacar la presencia de innovaciones en el seno del Estado tendientes a favorecer los procesos de reconversión empresaria de los productores. A esta función la cumplía la Unidad de Agronegocios creada en 1994 y dependiente de la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca (SAGYP), la cual estaba a cargo Héctor Ordóñez, reconocido ingeniero agrónomo, considerado como uno de los principales voceros del agronegocio.5 Esta repartición brindaba capacitación y asistencia técnica en agronegocios, era –en términos de Ordóñez–: “(…) una consultora gratuita, para grupos emprendedores y lo usamos como experiencias en casos pilotos”.6 En casi un año de actividad se habían realizado más de 50 talleres con 5 En 1991 la fundación del INASE (Instituto Nacional de Semillas) y la elaboración del marco jurídico de semillas para el país. En 1994 la creación y la Coordinación de la Unidad de Agronegocios Alimentarios en la SAGPYA. Desarrolló el marco jurídico de las denominaciones de origen. Desde 1993 hasta 1998, y luego hasta la fecha se realizaron más de 150 Agribusiness Workshops en más de 90 localidades del interior con la participación de casi 25.000 productores rurales, profesionales del sector y PYMES Agroalimentarias. En lo académico se destacó por una amplia actividad en docencia e investigación. En 1999 fue co-fundador del Programa de Agronegocios y Alimentos de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. En la actualidad era miembro de los Directorios del Grupo Los Grobo S.A. y Bioceres S.A. (Carini, 2017). Valeria Hernández (2009) ha llamado la atención sobre el foro académico y la naturalización del nuevo paradigma productivo. 6 AHMRC, H, P, sábado 14/10/1995, p. 20. - 195 - la participación de más de 5000 productores de todo el país con el objetivo de que se: “(…) involucren del negocio agropecuario más allá de la tranquera (…) hay que ver qué pasa después de la tranquera, con una visión que cubra todo lo que ocurre después del campo, hasta que el producto llega al consumidor (…) hay que invertir en publicidad, en conocer el negocio, a meterse en la cadena comercial”.7 Como puede observarse, desde el Estado se promovía la internalización de las prácticas que desde ciertos sectores se consideraban insoslayables para transitar con éxito por el contexto productivo que planteaba el agronegocio. De esta forma, se trazaban nuevas coordenadas para los productores que apuntaban a una complementariedad de saberes y habilidades que trasvasaban lo rural (Hernández, 2009). El discurso de estos actores estatales suponía una ruptura con el modelo anterior en la forma de concebir la actividad agropecuaria que discursivamente convergía con el de las asociaciones técnicas y comenzaba a plantear un nuevo escenario donde éstas ocuparon un rol fundamental en la difusión de los adelantos técnicos, las prácticas y habilidades implicadas en las nuevas modalidades de concebir la actividad productiva. Una nueva sinergia: la difusión del agronegocio y las solidaridades entre asociaciones gremiales y técnicas Las investigaciones predominantes referidas a las lógicas institucionales de las asociaciones de productores durante el agronegocio plantean un esquema dicotómico de análisis en el que se habría operado una suerte de ‘división de trabajo’ entre las asociaciones técnicas y las asociaciones gremiales, devenidas en tradicionales. En este sentido, las primeras se ocuparon de aspectos vinculados a la capacitación y actualización de las prácticas agronómicas de los productores mientras las segundas seguían cumpliendo el rol de defensa y reivindicación de los intereses de sus asociados. En este enfoque no se habría operado competencia entre las asociaciones por las bases sociales y, por ende, las asociaciones gremiales preservaron su antigua 7 AHMRC, H, P, sábado 14/10/1995, p. 20. - 196 - significatividad (Gras, 2009). En contraposición, se sostuvo que las entidades reivindicativas para evitar la erosión de sus bases sociales frente a las asociaciones que cobraban centralidad en el nuevo modelo agropecuario implementaron una serie de reacomodamientos en sus perfiles institucionales. Los mismos consistieron en fortalecer aquellos aspectos vinculados con la oferta de servicios y capacitación a sus asociados que antes habían ocupado un lugar marginal (Lattuada, 2006). Más allá de estos contrapuntos, nuestra propuesta se posiciona en una situación intermedia: pensar las tipologías institucionales y, por ende, las lógicas desplegadas por las entidades no como ámbitos excluyentes sino, por el contrario, atendiendo a las múltiples relaciones que las atravesaron.8 En este sentido, en la esfera de acción que encontraron las agencias estatales y las asociaciones técnicas para difundir los lineamientos del agronegocio cumplieron un rol fundamental las sociedades rurales. Estos actores, lejos de la imagen tradicional que proyecta un sector de la literatura especializada (Carini, 2018), fueron eslabones importantes en la promoción de las nuevas técnicas y habilidades y permitieron una rápida difusión de los mismos debido a su anclaje territorial; esto es: su capacidad para movilizar a sus asociados dentro de un espacio regional considerable, sus vínculos con los proveedores de insumos y de maquinaria así como con profesionales del sector y, en definitiva, la infraestructura que disponían. Este proceso da cuenta no solo de la disposición de estos actores para introducir las nuevas lógicas productivas sino también de cierta flexibilidad en sus perfiles institucionales. Es decir, evidencian la posibilidad de realizar cambios en las funciones que históricamente habían asumido a los fines de acomodar sus estructuras organizacionales a los requerimientos del contexto productivo y garantizar tanto la reproducción de sus bases sociales como la continuidad institucional. Un proceso que evidencia lo anterior fue la acción conjunta emprendida entre AAPRESID con la SRRC para la promoción de la siembra directa. Sobre esa base, en los siguientes sub-apartados damos cuenta, en primer lugar, de cierto desplazamiento de los actores que habían ocupado un lugar central en la divulgación de prácticas y saberes agronómicos en el modelo agropecuario anterior y su relevo por los que el nuevo contexto productivo (y discursivo) comenzaba a otorgarles centralidad. En segundo lugar, mostramos las acciones realizadas por AAPRESID y la SRRC para favorecer la incorporación de la siembra directa en el espacio del sur de Córdoba. 8 Un discusión sobre éstas cuestiones la hemos realizado en: Carini (2018). - 197 - La juventud rural y la redefinición de los perfiles gremiales de la SRRC La vigencia del agronegocio como nuevo patrón productivo que orientó las prácticas y estrategias de los productores agropecuarios supuso, desde un punto de vista institucional, la necesidad de redefinir las lógicas de las entidades que tradicionalmente habían asumido como función esencial la defensa gremial de los intereses de sus asociados. En el caso de la SRRC este imperativo se tradujo en la estructuración de una serie de servicios tendientes a profesionalizar las prácticas productivas de sus asociados, proceso en el cual comenzó a adquirir mayor relevancia la organización de conferencias y charlas. Entre los principales temas que fueron objeto de divulgación pueden reconocerse dos grupos. Por una parte, los temas atinentes a la administración de las unidades productivas, donde se ofrecían, entre otras cuestiones, disertaciones respecto a cómo realizar análisis de costos y cálculos de rentabilidad que se encontraban a cargo de especialistas de las Facultades de Ciencias Económicas y de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto.9 Por otra parte, también encontraban canalización entre las inquietudes de la dirigencia agraria temáticas estrictamente productivas como el manejo de los rodeos, los criterios de elección de los toros reproductores, las pasturas de invierno y, en menor medida, el uso de tecnología. Al igual que las anteriores, estas exposiciones estaban a cargo de los técnicos de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad local y de los del INTA.10 Este conjunto de acciones fueron sostenidas por las sucesivas comisiones directivas de la entidad y encontraban como marco privilegiado la feria anual de invierno. Sin embargo, desde la segunda mitad de la década de 1990 comenzó a percibirse con mayor claridad la necesidad de la formación de los productores en general y de los asociados a la SRRC en particular en los imperativos del agronegocio. Así lo entendían los miembros de la comisión directiva del Ateneo y lo expresaban en una editorial de la entidad. En su 9 Cfr.: AHMRC, H, P, miércoles 09/11/1988, p. 22; AHMRC, H, P, Suplemento Especial, lunes 03/09/1990, p. 8; AHMRC, H, Suplemento Especial, lunes 03/09/1990, p. 5; AHMRC, H, P, domingo 01/09/1991, p. 24. AHMRC, H, P, sábado 05/09/1992, p. 3 y ARHMRC, H, SA, viernes 05/09/1993, p. 34. 10 Cfr.: AHMRC, H, P, miércoles 09/11/1988, p. 22; AHMRC, H, P, Suplemento Especial, lunes 03/09/1990, p. 8; AHMRC, H, Suplemento Especial, lunes 03/09/1990, p. 5; AHMRC, H, P, domingo 01/09/1991, p. 24. AHMRC, H, P, sábado 05/09/1992, p. 3 y ARHMRC, H, SA, viernes 05/09/1993, p. 34. - 198 - intervención apelaban a la necesidad de profundizar las acciones tendientes a la reconversión empresaria, dando cuenta de los profundos cambios que ella implicaba: “Quienes integramos el Ateneo Juvenil de la Sociedad Rural de Río Cuarto asumimos hoy (…) la responsabilidad de hacer conocer nuestros puntos de vista sobre algunos aspectos que consideramos de primordial importancia para nuestro quehacer en el campo. Compenetrados de esta realidad, argentina y mundial, que responde a una profunda transformación de las estructuras sociales, políticas y económicas, nos hemos ‘metido’ en el cambio y sabemos de la necesidad de la reconversión. Más aún, de la necesidad de aumentar y mejorar los niveles de producción, teniendo bien en claro que cada establecimiento de campo es una empresa, que debe manejarse como tal: qué comprar o qué vender, cuánto y a qué precio, atendiendo a los cambios que no solo se dan a nivel tecnológico, sino de la producción”.11 En la introducción de la columna institucional los jóvenes enunciaban los fundamentos sobre los que se asentaba la actividad desarrollada por el Ateneo y la comisión directiva de la entidad. Esta discursividad marcaba un nuevo sentido que implicaba una transformación respecto a los tópicos sostenidos históricamente por la entidad. Aparecía ahora una interpelación que sostenía como imperativo, entre otras cuestiones, un manejo de tipo empresarial de las unidades productivas –sensible a las fluctuaciones en los mercados– y la incorporación de los avances tecnológicos.12 Esa transformación no solo fue en el plano de lo discursivo sino que estuvo acompañada por otros desplazamientos que tuvieron materialización en las actividades desarrolladas por la SRRC. Se incorporaron nuevos actores tanto en el rol de organizadores como en el de expositores, los destinatarios de las actividades y las temáticas abordadas cambiaron, lo que nos indica una ampliación en la esfera de actuación de los dirigentes ruralistas riocuartenses más consustanciada con los lineamientos del agronegocio. En este sentido, a diferencia del primer momento que señalamos, en donde podía observarse un predominio de los técnicos de la Universidad Nacional de Río Cuarto y 11 AHMRC, H, SA, viernes 18/08/1995, p. 5. 12 No obstante, el resto de la intervención de los directivos del Ateneo transitaba por la discursividad históricamente sostenida por la entidad: criticaban las ‘perversas’ cargas impositivas, la ausencia de créditos, la onerosidad de los servicios, la discriminación del sector y, en definitiva, la necesidad de implementar una política agropecuaria. Cfr.: AHMRC, H, SA, viernes 18/08/1995, p. 5. - 199 - de la Extensión local del INTA, comenzaron a cobrar preponderancia los especialistas asociados a la nueva institucionalidad que adquiría relevancia dentro del modelo de desarrollo agrario que comenzaba a emerger. Los representantes de instituciones como AAPRESID y AACREA fueron los que tuvieron a cargo las nuevas instancias de socialización de saberes y actuaron, en varias ocasiones, como sus co-organizadores. La presencia de estos actores también marcaba la incorporación de otras temáticas. Las nuevas técnicas de manejo de los rodeos, las renovadas formas de asumir la gestión del negocio agrícola y, fundamentalmente, la siembra directa fueron algunos de las que lograron mayor trascendencia dentro del conjunto de actividades encaradas por la entidad. Las conferencias, charlas y capacitaciones ya no solo estaban dirigidas a la formación de los jóvenes sino que eran abiertas al conjunto de los productores que integraban la entidad y al público en general.13 Como señalamos más arriba, los temas asociados al nuevo modelo de desarrollo agropecuario convivieron con los que tradicionalmente eran el núcleo de preocupaciones de la juventud ruralista, es decir, sin desplazarlos los colocaron en un segundo plano dentro de las actividades estructuradas por la entidad. Este proceso planteaba una redefinición en los perfiles institucionales que habían caracterizado a la SRRC. Históricamente, en tanto asociación reivindicativa, asumía como principal tarea la defensa de los intereses de sus bases sociales. Esta acción se ejercía, fundamentalmente, frente al Estado en todos sus niveles y se activaba, generalmente, en momentos de tensión por las consecuencias de la aplicación de las políticas públicas, especialmente las de tipo impositivo. En ese diagrama institucional, la oferta de servicios para sus asociados ocupaba un lugar subsidiario que se limitaba a la provisión de las guías ganaderas y la eventual realización de los trámites para acceder a los beneficios impositivos dispuestos en casos de emergencia agropecuaria provincial que –si se quiere– era una extensión de la propia actividad gremial.14 Hacia fines de 2001 la dirigencia ruralista entendía que la entidad había transitado un profundo proceso de cambio en sus perfiles institucionales: las actividades ya no contemplaban solamente las instancias de confrontación gremial sino que se complementaban con la oferta de diversos servicios. 13 Ver Tabla 1. Detalle de eventos sobre siembra directa organizados por la SRRC. 14 Cfr.: AHMRC, H, P, sábado 09/04/1988, p. 19; AHMRC, H, P, sábado 17/12/1988, p. 21; AHMRC, H, P, viernes 22/12/1989, p. 18 y AHMRC, H, P, jueves 11/07/1991, p. 15. - 200 - “Además de la defensa gremial de los productores agropecuarios, esta Sociedad Rural de Río Cuarto, tal como lo señalan sus Estatutos, tiene como objetivos la promoción, apoyo y difusión de las actividades del campo y es, como lo atestigua nuestro permanente quehacer, una entidad de servicios para con los asociados. Así, nuestra Comisión Directiva, los organismos técnicos, nuestras asesorías y el Ateneo Juvenil, trabajan permanentemente en la organización y realización de distintos eventos que cumplen con la premisa señalada”.15 En esta forma de concebir la actividad gremial resultaron significativas las solidaridades entabladas con las asociaciones técnicas que propician nuevas modalidades de operar dentro del proceso productivo. Se asistía, en el plano discursivo, a una convergencia entre parte de los actores estatales, las asociaciones técnicas y la dirigencia de las entidades reivindicativas o gremiales.16 Este contexto no solo modificó las formas de interpelar a las bases sociales sino que redefinió cursos de acción institucional, lo que no implicó abandonar las funciones de representación y defensa de los intereses de sus asociados. De esta forma, más que a una exclusión de lógicas entre entidades gremiales y técnicas se asistió a una complementación que favoreció la rápida difusión de los imperativos del agronegocio. 2.2. Saberes para un nuevo agro: las estrategias de difusión de la siembra directa Como pudo observarse en el entramado institucional anteriormente descripto, la necesidad de renovar permanentemente los conocimientos orientaba las decisiones de la dirigencia rural. Una parte significativa de este esfuerzo institucional se colocó en la promoción de las nuevas prácticas culturales tanto agrícolas como ganaderas. Hubo en este sentido una fuerte campaña de promoción de la siembra directa. Recordemos que, si bien se venía trabajando desde hacía varios años en esta innovación, con la constitución de AAPRESID (en 1989) tomó impulso la tarea de difusión. De esta manera, fue para mediados de la década de 1990 que comenzó a masificarse su uso (Alapín, 2008). Este hecho se produjo gracias a la convergencia de 15 AHMRC, H, SA, viernes 19/10/2001, p. 13 16 Liaudat ha estudiado los procesos de convergencia discursiva entre AACREA y AAPRESID. Ver: LIAUDAT, María (2015), op cit. - 201 - varios factores, algunos de índole económica como la baja en el precio de los agroquímicos, pero fundamentalmente se debió a la sinergia de organismos públicos como el INTA, organizaciones del sector como los grupos CREA y las empresas privadas (fabricantes y comercializadoras de agroquímicos e industrias de maquinarias e implementos agrícolas) que se logró el cometido (Alapin, 2008; Gras & Hernández, 2009). La conformación de esta red de difusión, gravitante no solo en la expansión de la siembra directa sino también del paquete tecnológico, logró su penetración en la región a través del vínculo con actores locales como la SRRC. Si bien para los asociados a la SRRC la implementación de la siembra directa podía resultar ‘atractiva’, en principio, por las potencialidades que tenía para ‘rejuvenecer’ los campos ganaderos, fue difundida en asociación con el cultivo de la soja que tuvo una rápida acogida en la región.17 El Relevamiento Provincial de Productores Agropecuarios de 1999 indicaba que unos 8.049 establecimientos de Córdoba sobre 19.012 empleaban siembra directa, lo que representaba un 42,34%. Esta modalidad ocupaba más de la mitad del espacio económico destinado a las actividades agrícolas, es decir, aproximadamente 2.300.000 hectáreas que en términos porcentuales llegaban al 46,95%. Para la región del sur de Córdoba esos porcentajes eran sensiblemente menores: 1176 explotaciones agropecuarias utilizaban siembra directa sobre unas 438.212 hectáreas; porcentualmente no superaban el 20% del total de las explotaciones agropecuarias y operaban sobre un poco más del 25% de hectáreas. En esta línea, en el espacio económico del departamento de Río Cuarto la siembra directa ocupaba 194.101 hectáreas que representaba un 27,34% del total, mientras que dicha técnica era instrumentada por el 20,09% de las unidades productivas que en términos absolutos eran 554.18 Igualmente, otro factor sensible para los productores del sur cordobés era el impacto que la labranza cero podía tener para evitar los procesos de erosión del suelo frecuentes en la región. Bajo ese imperativo fue que se realizaron las primeras experiencias de difusión que se detallan en la tabla 1. Generalmente, las actividades comprendían dos instancias: una estática en la cual los técnicos le comentaban al auditorio sobre las potencialidades de la técnica de siembra directa a partir de ‘casos testigos’. Así, los ingenieros agrónomos de AAPRESID comentaban las ‘bondades’ de la siembra directa 17 Algunos indicios de esta cuestión los hemos desarrollado en: Carini (2012 y 2014). 18 MAGyRR. Relevamiento Provincial de Productores Agropecuarios, 1999. Lamentablemente el Relevamiento… no detallaba las dimensiones de las explotaciones agropecuarias que empleaban la siembra directa, cuestión que nos permitiría aproximarnos a qué tipo productores fueron los que afrontaron inicialmente las nuevas escalas productivas. - 202 - dando cuenta de las experiencias en campos o parcelas de sus asociados en diferentes regiones del país y con diversos cultivos, especialmente vinculados a la producción de soja. Entre las virtudes de no labrar los campos se mencionaba: “aumento del rendimiento y tiempo libre de producción”19 así como la posibilidad de un “Mejor aprovechamiento del agua, los bajos costos del cultivo y el incremento del margen bruto, además, lógicamente del aspecto conservacionista (…) la aplicación del sistema permite una disminución, sino un freno total, del efecto erosivo de la combinación de lluvias y herramientas”.20 La otra instancia de las jornadas, la dinámica, tenía lugar en los campos aledaños a la ciudad de Río Cuarto y consistía en mostrar no solo in situ los resultados de los cultivos sino también el funcionamiento de sembradoras para poder apreciar mejor la mecánica de la siembra directa. Las parcelas que se seleccionaban para la demostración estaban generalmente implantadas con maní, cultivo que, junto con la soja, lideró el proceso de agriculturización en la región.21 Hacia la finalización del período hubo muestras que comprendieron experiencias en pasturas y algunas conferencias que abordaron la temática referida a la vinculación entre siembra directa y ganadería.22 No existen registros que nos permitan tener una idea acabada de la participación de los productores en general y de los asociados de la SRRC en particular. La prensa menciona eventos que contaron con la presencia de veinte personas y otras veces ochenta personas. Esas cifras son sustancialmente distintas cuando los eventos de promoción se realizan en el marco de las ferias de otoño o de invierno. 19 AHMRC, H, P, martes 17/06/1992, p. 29. 20 AHMRC, H, SA, viernes 12/02/1993, p. 7. 21 El Censo Nacional Agropecuario de 1988 registró – para el sur de Córdoba – ya un marcado predominio dentro del rubro de las oleaginosas para la soja, ocupando un 47,6% de la superficie total del sur cordobés, lo que implicaba alrededor de 230.000 hectáreas. Le seguía en importancia el girasol con un 37,06% y el maní con un 15,34%, representando 177.913,8 hectáreas el primero y 73.671,8 hectáreas el segundo del total del área destinada a oleaginosas La situación descripta se profundizó en 2002, tal como lo muestra el registro censal de ese año. La soja siguió liderando el grupo de las oleaginosas pero ahora ocupaba 813.568,6 hectáreas que representa casi un 70% de la superficie total implantada con oleaginosas de la región. Las otros dos cultivos, si bien registraron aumentos en superficie, sobre todo el maní que en el período intercensal crece un 128,36%, ocupan lugares más modestos que en relación a la soja. En efecto, ésta registró un crecimiento del 256% para la superficie implantada, en tanto que a nivel provincial ese incremento representó un 145% y en el departamento de Río Cuarto llegaba en la diferencia intercensal a 349%. No obstante, fue el departamento Roque Sáenz Peña el que presentaba el mayor incremento, con un 592%. INDEC, Censo Nacional Agropecuario, 1998 y 2002. 22 AHMRC, H, P, miércoles 14/12/1994; AHMRC, H, P, jueves 27/07/1995, p. 22. - 203 - Tabla 1. Detalle de eventos sobre siembra directa organizados por la SRRC Fecha Temática y modalidad Personas encargadas Entidades auspiciantes y/o co-organizadoras La labranza conservacionista dentro del sistema de producción. Resultados de los ensayos de labranza cero y labranza reducida de los grupos CREA de Sábado la zona Centro. Soja: actualiza(*) 21/07/1990 ción técnica del cultivo. Resultados de los ensayos de la campaña 1989/1990. Actualización técnica de los cultivos de girasol y maíz. Actualización técnica en maní y sorgo. AACREA zona centro Miércoles Charla sobre siembra directa. 17/06/1992 CREA-zona centro Ing. Gabriel Tellería Viernes Jornada sobre siembra directa en Ing. Claudio Neu12/02/1993 San Basilio mann AAPRESID, INTA, Asociación de Ingenieros Agrónomos del Sur de Córdoba Ing. Rogelio Fogante (AAPRESID) Ing. Gustavo Oliveiro (Producir Conser- AAPRESID vando) Fundación Producir Conservando Carlos Crevetto Viernes Congreso Regional sobre Siem27/05/1994 bra Directa. Lamarca (Chile) Ing. Felipe Solá (SAGyP) Ing. Oscar Carreras (MAGPyRR) Dr. Víctor Trucco (UNRC) - 204 - AACREA-zona centro INTA UNRC. Miércoles Jornada de siembra directa en 14/12/1994 Chaján AACREA-Región Centro Ing. Daniel Canova CREA-Sampacho y Chaján Jorge Cignetti Ing. Gabriel Tellería Jueves Jornada sobre siembra directa 27/07/1995 Ing. Jorge Ossana AAPRESID Ing. Hernán Ottamendi Ing. Daniel Canova Ing. Gabriel Pellizón Viernes Actualización en siembra di14/07/2000 recta. Ing. Pablo López AAPRESID SAyG (Córdoba) Ing. Horacio Scuriatti Fuente: elaboración propia sobre la base de notas periodísticas y memorias institucionales para el período 1988-2002. Nota: en la tabla no están reflejadas las charlas y conferencias desarrolladas en el marco de las ferias organizadas por la entidad. (*) No encontramos referencias concretas de los técnicos a cargo de las conferencias. Estrechamente vinculada a la promoción de la siembra directa y, por ende, del cultivo de soja, aparecía la cuestión del manejo adecuado de fertilizantes que incluía, además, el conocimiento de información sobre aspectos fitosanitarios y recaudos sobre las modificaciones que paulatinamente fue sufriendo su aplicación.23 El empleo de estas sustancias, más la necesidad de hacer un uso eficiente de este y otros recursos, requería disponer de un saber experto, en particular, en las instancias iniciales de estos procesos. Sobre esa base también se realizaron campañas advirtiendo sobre la necesidad del asesoramiento técnico. En este punto, las cámaras de capacitación y actualización cumplieron un papel significativo, puesto que fue desde esos ámbitos que se tendieron diversos vínculos con la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto y con la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Sur de Córdoba.24 Se gestionó de esta manera 23 AHMRC, H, P, lunes 03/02/1997, p. 22. 24 SRRC, Memorias, año 1996. - 205 - establecer diferentes formas de asesoría para los asociados a la entidad mediante la firma de convenios con ambas instituciones. Como pudo observarse, durante la década de 1990 aconteció un proceso tendiente a la profesionalización de los productores del sur de Córdoba impulsado por la dirigencia de la SRRC. Las diferentes acciones generadas con la finalidad tanto de mejorar las prácticas agronómicas y empresariales como de acercar a sus asociados novedosas pautas, instrumentos y habilidades para operar dentro y fuera del proceso productivo comprendieron la estructuración de lazos con diversos actores. De esta forma, se fortalecieron vínculos que tradicionalmente habían caracterizado las lógicas institucionales como los que habían tenido lugar con la Universidad Nacional de Río Cuarto o el INTA. También se generaron nuevas solidaridades: la acción coordinada entre actores que el modelo productivo perfilaba como ‘usinas’ de los saberes y prácticas consideradas ‘adecuadas’ como AAPRESID y AACREA. Estas acciones nos permiten repensar las visiones que planteaban como excluyentes las lógicas institucionales de ambos tipos de entidades. Consideraciones Finales Los cambios que motorizó el nuevo modelo de desarrollo agrario durante la década de 1990 tuvieron profundas implicancias en la dimensión institucional del agro. La presencia de una nueva institucionalidad provocó – en muchas ocasiones – la redefinición de prácticas, discursos y estrategias en aquellas entidades agropecuarias que tradicionalmente habían asumido la defensa de los intereses sectoriales. En el caso de la entidad estudiada, las estrategias de reforzamiento gremial que la SRRC había comenzado a estructurar hacia fines de la década de 1980 sirvieron como plataforma desde la cual se procuró mejorar la performance empresaria de sus asociados. En ese marco, la prensa escrita funcionó como un medio de socialización de los nuevos saberes y habilidades del agronegocio a la par que se constituyó como un mecanismo de interpelación tendiente a fijar la legitimidad del nuevo modelo productivo. Sobre esa base, la dirigencia rural cimentó un discurso que se caracterizó por su alta performatividad empresaria. Así, eficiencia, tecnología, cálculo racional, manejo empresario, asesoramiento, fueron las coordenadas desde las cuales se procuró producir un cambio en las formas tradicionales de concebir (y operar) dentro y fuera del proceso productivo. Estos enunciados inscriptos en una matriz discursiva de tipo tecnologizante - 206 - – que sin alterar bruscamente los principios discursivos históricamente sostenidos por la entidad – fueron apropiados por la dirigencia y empleados tanto para interpelar a sus bases sociales como para interpretar los problemas sectoriales. En contrapartida, se llevaron a cabo acciones de promoción de ciertas habilidades y saberes – como la siembra directa – que sirvieron de plataforma desde la cual se propició un acercamiento de las nuevas competencias a las bases sociales que garantizasen un tránsito airoso por las condiciones de producción cada vez más exigentes. Entendemos acciones constituyeron medidas no solo para acercar o facilitar a los productores de la SRRC un acceso diferencial a determinados bienes y servicios o fomentar la empresarialidad como estrategia de reproducción de las empresas agropecuarias sino también una nueva concepción de la actividad agropecuaria, la que necesariamente debía ser asumida como un negocio en el que intermediaban de forma decisiva competencias no exclusivamente agronómicas. Una mirada de conjunto de estas instancias nos permite advertir un esfuerzo institucional por favorecer la recomposición de los rasgos socio-económicos de las bases sociales de la entidad. Al mismo tiempo, comprendió una modalidad distinta de concebir la actividad gremial. Así, los momentos de movilización gremial característicos de este tipo de entidades no fueron desplazados sino que se complementaron con acciones que procuraban mejorar la rentabilidad de las empresas agropecuarias de los asociados a la SRRC. En la raíz de este proceso se encontraban el convencimiento de que el contexto económico y productivo había cambiado dramáticamente y que requería de respuestas agresivas que posibilitaran mejorar la performance empresaria de los productores. Asimismo, el fortalecimiento de dimensiones que previamente ocupaban un lugar marginal en el perfil institucional de la SRRC, como los servicios, fue una respuesta necesaria para evitar la erosión o migración de sus bases sociales hacia otros espacios institucionales que pudieran satisfacer estos requerimientos. Referencias bibliográficas Alapín, H. (2008). Rastrojos y algo más. Historia de la siembra directa en Argentina. 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Los dejo así, en el vértice de esta pirámide de responsabilidades y ante la oportunidad, ante la perspectiva y ante la posibilidad de una obra trascendente por realizar”. (Pablo Hary, fundador y expresidente de AACREA) El campo siempre tuvo un peso determinante en la economía argentina. Para el año 2017 las cadenas agroalimentarias aportaron el 9,53% del total de Producto Bruto Interno (PBI). Esta contribución se puede subdividir en dos grandes sectores: el sector primario (PP) y la industria manufacturera de origen agropecuario (MOA) que sumaron el 3,92% y 5,61% respectivamente. A su vez, el campo tiene una participación decisiva en la producción de bienes exportables: las cadenas agroalimentarias proporcionaron 6 de cada 10 dólares ingresados al país en concepto de exportaciones durante el mismo - 211 - año considerado (Pisani Claro y Miazzo, 2019). La Provincia de Córdoba aporta el 29,4% del total de la producción de granos a nivel nacional. Para la campaña agrícola 2018/2019 de las 141.500.000 toneladas cosechadas en todo el país casi 42.000.000 provenían de Córdoba.1 Es por ello que el sector agropecuario se constituye en un eslabón de suma importancia en la configuración de la estructura social de Argentina y, particularmente, de la provincia de Córdoba. Para Carla Gras (2012) “desde mediados del siglo XIX la dinámica del agro estuvo entrelazada con la posición dominante de un conjunto de grandes terratenientes-capitalistas asentados en la región pampeana” (p. 464). Desde ese lugar privilegiado, los dirigentes del sector han podido incidir en la definición de un modelo de desarrollo económico, político y social. En los últimos cuarenta años, el mundo rural argentino ha experimentado profundas transformaciones que han sido el resultado de un nuevo patrón de poder a nivel mundial basado en la apertura externa y el retiro del Estado, lo que permitió la reinserción de Argentina en el mundo a partir de un régimen de acumulación fundado en la valorización financiera del capital (Basualdo, 2007). Así, a partir de los años noventa del siglo pasado se consolida un nuevo modelo productivo: el agronegocio, que se caracteriza por una lógica de transectorialidad, la priorización de las necesidades del consumidor global respecto del local, la generalización del uso de las tecnologías y el acaparamiento de tierras para la producción en gran escala (Gras, 2013). Como nunca antes las tecnologías y, especialmente, la biotecnología, la ingeniería genética, las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) y el management se transforman en un elemento central, dinamizador de los tradicionales factores de producción (Gras y Hernández, 2016). Como correlato de este proceso, el mundo rural se complejizó y surgieron nuevos actores sociales. Es en este contexto que las tradicionales organizaciones de representación gremial (Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria Argentina, Confederación Intercooperativa Agropecuaria y Confederaciones Rurales Argentinas) perdieron la exclusividad de la representación de intereses del empresariado rural (Gras, 2011; Lattuada & Neiman, 2005; Panero, 2013) y surgieron nuevas asociaciones técnicas como la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA) y la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (AAPRESID) que modifican sustancialmente el mapa asociativo del sector. 1 Unidad Ministerial del Sistema Integrado de Información Agropecuaria (UMSIIA), Ministerio de Agricultura y Ganadería. Recuperado en: http//prensa.cba.gov.ar [Consultado: setiembre 2019]. - 212 - En una primera aproximación al tema, pudimos constatar que la mayoría de la producción académica sobre el modelo de agronegocio está pensada en clave global o nacional, con eje en la pampa húmeda, territorio que incluye el sur y este de la Provincia de Córdoba. Sin despreciar esos importantes aportes, nos proponemos abonar a una visión regional e indagar cómo se manifiesta este proceso transformador en el noroeste de Córdoba, zona que escapa al espacio pampeano. En conjunción con lo dicho, es observable también que desde los estudios sociales agrarios en Córdoba se ha centrado la mirada en los sectores desplazados o subalternos del agronegocio, alrededor de los cuales se han producido importantes trabajos de investigación. Sobre esa consideración, el presente trabajo tiene como objetivo indagar acerca de cuáles son los rasgos distintivos de las prácticas, representaciones y sentidos que los empresarios rurales nucleados en los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola de la Región Córdoba Norte (en adelante CREA) despliegan para generar consenso y legitimación social en espacios rurales en transformación. El estudio de esta asociación en particular, nos permite poner en discusión el carácter monolítico que muchas veces se ha asignado a las élites empresarias argentinas, entendidas como fracción de clase, cuestión que, a nuestro entender, impide indagar y reconocer las características particulares de las transformaciones estructurales y la influencia que ellas han producido sobre los distintos actores sociales en un territorio determinado. Cuando hacemos referencia a la construcción hegemónica de los grupos CREA lo entendemos como un proceso social complejo y contradictorio producto de relaciones sociales que expresan una configuración socio-política atravesada por diversas dimensiones de lo social.2 Es decir, entendemos que a través de sus prácticas los empresarios no solo producen renta sino también sentidos y representaciones, creando y recreando realidades. Por lo tanto, no pensamos en la hegemonía como una dimensión exclusivamente estructural sino que nos interesa poder abonar a la comprensión de los aspectos simbólicos e ideológicos de dicho proceso, cuyos sentidos y representaciones se manifiestan en el accionar de estos empresarios. 2 Estas relaciones sociales se enmarcan en un determinado contexto histórico, por lo tanto, configuran un bloque histórico contingente que supera la idea de una simple alianza de clases y que Gramsci (1981) define como “el concepto en el cual el contenido económico-social y la forma ética-política se identifican concretamente en la reconstrucción de los diversos períodos históricos” (p. 137). - 213 - Dentro de ese marco, es necesario interpretar qué particularidades adquiere, o cómo se expresa dicho proceso hegemónico en relación con nuestro referente empírico. Para ello, retomamos el planteo de Gras (2013), quien brinda herramientas metodológicas para el análisis de los procesos hegemónicos, que nos permiten interpretar que los empresarios rurales nucleados en AACREA interpelan al conjunto del empresariado rural de un modo concreto con exhortaciones prácticas a la acción primero “tranqueras adentro” y luego “tranqueras afuera”. Nos interesa destacar aquí que esta diferenciación entre “tranqueras adentro y afuera” se hace al sólo efecto analítico puesto que en la práctica funcionan como un solo proceso que se retroalimenta en forma permanente. Cuando hablamos de las acciones “tranqueras adentro”, hacemos referencia a las modificaciones en la organización de la producción y en las estrategias desarrolladas por los empresarios, la implementación de redes y la profesionalización de la gestión. Mientras que las acciones “tranquera afuera” se vinculan con buscar conectar a la clase empresarial con el entorno social en el que está inserta y con el Estado, movilizando para ello mecanismos de influencia. El ámbito por excelencia de esta articulación ha sido el del conocimiento, la ciencia y la tecnología. Tranqueras adentro de los CREA-Córdoba Norte A fines de la década del 1990 en pleno proceso de expansión de la producción de soja en el área pampeana venía paralelamente creciendo la cantidad de miembros CREA en la Región Centro de la cual ya participaban los primeros grupos que se habían constituido en la zona Norte de nuestra provincia.3 Un miembro del Grupo CREA Totoral, que comenzó a funcionar en 1987, Hernán Fernández de Maussión (de la Empresa El Espinillo S.A.) recuerda esos momentos y relata que “es a partir del 1995, con el boom agrícola, con la siembra directa y la soja RR que se da un cambio muy grande, se empiezan a pasar todos los campos de la ganadería a la agricultura”.4 Así, la conformación de la elite empresarial del noroeste cordobés se complejiza, 3 La Región Centro de CREA está compuesta por 17 grupos que ubicados en la zona pampeana se dedican principalmente a la producción agrícola, ganadería y tambo. Distribuidos en los departamentos Río Cuarto, Juárez Celman, General Roca, San Martín y Roque Sáenz Peña de la Provincia de Córdoba, parte de San Luis y Provincia de Buenos Aires. 4 30 años CREA Totoral (2018). Recuperado en https://www.youtube.com/watch?v=3vDSmcsAOTM [Consultado en julio 2019]. - 214 - no sólo por la llegada de nuevos actores con origen en la Región Pampeana, sino también por la transformación de actores tradicionales de la zona con una fuerte historia ligada a la producción ganadera. Estos productores son los que dan origen al primer grupo CREA en Totoral. En ese marco, en 1998, surge del grupo Totoral la propuesta de fundar una nueva Región CREA (que denominaron CREA Córdoba Norte), escindidos de la Región Centro, que reuniera a los empresarios del centro-norte de Córdoba.5 Dicha moción se lleva a la asamblea de la Región Centro y se aprueba. Fruto del crecimiento, del desarrollo productivo y de la acción política de sus dirigentes se funda la Región Córdoba Norte integrada inicialmente por cuatro (4) grupos todos del Departamento Totoral. La Región Córdoba Norte actualmente abarca los departamentos Colón, Totoral, Río Primero, Punilla, Río Seco, Cruz del Eje, Río Segundo y San Justo. Debemos destacar que los grupos no se organizan de acuerdo a la división política departamental de la provincia sino por zona productiva. En la actualidad la Región está constituida por catorce (14) grupos de los que participan unos 125 empresarios, a saber: Jesús María, Cañada de Luque-Sitón, Totoral, Río Primero, Sierras Chicas, Caroya, Leopoldo Lugones, Ganaderos del Noroeste, Monte Cristo, Proyección Norte, Pie de Sierras, Arroyito, Barranca Yaco y Laguna Larga. Estas empresas son de características distintas por su tamaño y tipo de producción, las hay cien por ciento agrícolas (10), mixtas (2) y otras dedicadas exclusivamente a la producción ganadera (2). A pesar de que la cantidad de empresas dedicadas a la agricultura es preponderante coexisten con otros modelos productivos, lo que sumado a la distinta escala de empresa, nos permite pensar que, si bien la composición de los grupos es heterogénea, CREA logra construir una forma asociativa relativamente flexible que posibilita la participación de todos ellos en la medida que se ajusten a los principios y valores que orientan al movimiento. En cuanto a la estructura institucional, la Región Córdoba Norte está conformada por una Mesa de Presidentes, integrada por los presidentes de los 14 grupos que la componen. A su vez, cuenta con la organización de la Mesa de Asesores, que nuclea a todos los sujetos que se desempeñan en dicha función y que actúan en los grupos de la región. Es preciso señalar que 5 El argumento principal de esta escisión tenía que ver con las dificultades operativas que le significaba a los miembros CREA del norte de Córdoba trasladarse hasta la zona sur cada vez que había una reunión y el importante crecimiento numérico que habían tenido durante los ‘90 - 215 - es la Mesa de Presidentes quien designa al Vocal Regional, encargado de llevar las problemáticas de la región a AACREA y, al mismo tiempo, está el Coordinador Regional, quien es un técnico contratado por AACREA. Ambos integran el ejecutivo, cuyo objetivo es impulsar lo que la mesa de presidentes determina. Un primer análisis que se desprende de la estructura interna de la región, es la consolidación de las “Mesas de Afinidad”, insertas en el Área de Investigación/Desarrollo (I+D). Según Darío, “son mesas que se abocan a charlar y discutir temas específicos. A los ganaderos, por ejemplo, les encanta charlar sobre vacas y muchas veces cuando son grupos mixtos se conversa sobre garbanzo, poroto, soja, pero nadie quiere hablar sobre vacas” (Darío, comunicación personal, 20 de junio de 2019). Si pensamos en términos de hegemonía, lo podemos relacionar con la dimensión de “tranqueras adentro”. El movimiento construye estas Mesas de Afinidad con el objetivo de discutir problemáticas regionales pero con la especificidad correspondiente a cada tipo de empresario. Esto funciona como un incentivo para el productor debido a que les permite acceder a una información detallada y selectiva según la composición de su empresa y, a su vez, apuntan a construir un “sentido de grupo o colectivo” debido a que el temario de las reuniones refleja problemáticas e intereses comunes. Tranqueras afuera: integración a la comunidad Como consecuencia de un contexto de gran expansión del agronegocio y de una profunda crisis de representación política que caracterizó el final de la década de 1990 y los primeros años del presente siglo es que la dirigencia de AACREA se considera fortalecida y en condiciones de poder “trascender”. El escenario post crisis del 2001 “encuentra a la institución preparada en valores y principios” (Fernando, comunicación personal, 20 de mayo 2019) para aprovechar la oportunidad de salir “tranqueras afuera”. El Congreso Nacional de AACREA del 2004 incorpora formalmente a sus objetivos institucionales la política de integración a la comunidad. Esta política tiene un importante desarrollo en la región que se traduce en la vigencia de tres programas: EduCREA, Formación de Líderes y Vínculos con el espacio público y articulación política. - 216 - EduCREA El Programa EduCREA “busca contribuir a mejorar la educación en las comunidades con las que se vinculan las empresas CREA para construir entre todos una Argentina posible”6 y tiene los siguientes objetivos: promover el desarrollo personal de directivos y docentes a través de la formación y capacitación, fomentar la formación de estudiantes; y el trabajo en red con participación en espacios públicos y privados. Entre las herramientas utilizadas, se destacan los Grupos CREA de Escuelas, que se relaciona con la transferencia de la metodología CREA al ámbito educativo, en establecimientos de enseñanza inicial, primaria, secundaria, terciaria y universitaria. A su vez, la realización de congresos y jornadas temáticas, capacitaciones para nivel inicial y medio en las cuales se trabajan diferentes aspectos como seguridad, liderazgo en gestión educativa, emprendedurismo, educación ambiental, entre otras; de acuerdo a las necesidades de la red.7 En palabras de un productor que promueve el programa en su región: (…) nuestro motor fue seguir la visión 2025, ser “empresas integradas a la comunidad”. Yo realmente quiero mostrarles a los chicos un poco el mundo real al que van a salir cuando se reciban. Además me doy cuenta el impacto que genera en los alumnos estas vivencias a campo, realmente los motiva a finalizar sus estudios.8 Las escuelas de la región que participan actualmente del programa son: Pringles (Sinsacate- nivel primario), Pablo Rueda (La Granja-nivel primario), Reconquista (Villa del Rosario- nivel primario), Sarmiento (Obispo Trejo-nivel medio), IBAT (Villa del Rosario-nivel medio), IPET 413 (Sinsacate – nivel medio) , IPEM 217 (Villa del Totoral-nivel medio), IPEM 223 (San José de la Dormida-nivel medio) , C.E.N.M.A (Jesús María-nivel medio adultos) y uno de la localidad de Alta Gracia, que “va y viene” (Darío, comunicación personal, 20 de junio de 2019). Estas escuelas participan de la Red CREA en el desarrollo del proyecto educativo “Así son los suelos de mi país”. Este proyecto se comenzó 6 CREA. Recuperado en www.crea.org.ar/Educrea. [consultado marzo 2019]. 7 CREA. Recuperado en www.crea.org.ar/Educrea. [consultado marzo 2019]. 8 CREA. Recuperado en https://www.crea.org.ar/un-nuevo-grupo-crea-escuelas-esta-en-marcha/ [consultado Mayo 2019]. - 217 - a implementar en 2017 junto a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo y la Alianza Mundial por el Suelo de la FAO y está orientado a estudiantes de los últimos años de escuelas secundarias. El objetivo del proyecto es “que cada escuela elabore un trabajo de investigación sobre el suelo que, en todas sus etapas, constará de instancias de intercambio y discusión entre alumnos, docentes, productores, investigadores de las entidades asociadas y todas aquellas personas involucradas en el tema”.9 Indagando en los fundamentos de la denominación del proyecto, observamos que la idea surge de pensar el suelo como “elemento síntesis”,10 lo que permite ilustrar un aspecto que también se refleja en las revistas, de tratar de construir sentidos y representaciones en torno al principio del suelo como “algo sagrado” y, a su vez, como factor básico de “producción de alimentos y de sostenibilidad”. El proyecto contempla la experiencia de transitar un día entero en un campo, detectar una problemática, seleccionada como un “estudio de caso” y armar una solución probable. Al final del día, se conforma una mesa valorativa de intercambio, donde participan miembros CREA y referentes temáticos, que realizan las distintas devoluciones a las instituciones educativas participantes. Así, desde el Equipo Coordinador del proyecto educativo se propone “integrar escuelas, productores, miembros CREA, investigadores y a la comunidad para que, entre todos, podamos reflexionar y generar conocimiento sobre el suelo con una mirada productiva y también ambiental, teniendo en cuenta los desafíos para su uso y conservación”.11 La implementación del citado programa por su forma y contenido apunta a extender a la comunidad una particular visión sobre el uso del recurso suelo tendiente a legitimar las prácticas agronómicas de las empresas CREA radicadas en el territorio y su relación con el medio ambiente. Otra vertiente del programa EduCREA, son las Prácticas Profesionalizantes que “contribuyen a fortalecer la vinculación entre el mundo educativo 9 CREA. Recuperado en [consultado Junio 2019]. https://www.crea.org.ar/asi-son-los-suelos-de-mi-pais-edicion-2018/ 10 CREA. Recuperado en [consultado Junio 2019]. https://www.crea.org.ar/asi-son-los-suelos-de-mi-pais-edicion-2018/ 11 CREA. Recuperado en [consultado Junio 2019]. https://www.crea.org.ar/asi-son-los-suelos-de-mi-pais-edicion-2018/ - 218 - y el mundo productivo, abriendo las puertas de las empresas CREA”.12 En palabras de uno de nuestros entrevistados: Otra cosa que tenemos en la Región es que muchos grupos le dan lugar a los chicos de los colegios para hacer sus pasantías. Dentro de la currícula de los colegios agro-técnicos, tienen que hacer pasantías el último año, que se llaman prácticas profesionalizantes y el problema es que no tienen donde hacerlo. Entonces hay una articulación fuerte de dos o tres grupos que le brindan al colegio local la posibilidad de hacer sus pasantías. (Darío, comunicación personal, 20 de junio de 2019). Es decir, estas prácticas le permiten al productor evaluar las capacidades de los practicantes ante la necesidad de incorporar a su empresa un profesional o técnico capacitado en algún momento. Por último, CREA tiene un programa de becas universitarias otorgadas junto a la Fundación Integrar perteneciente a la Escuela Argentina de Negocios con el objetivo de “promover el desarrollo personal de jóvenes de contextos socioeconómicos vulnerables brindándoles oportunidades de educación superior”.13 De la misma forma, con el programa “Aulas en Movimiento”, se proponen “fortalecer el concepto de educación pública, promover la formación de comunidades del aprendizaje, gestionar las prácticas colaborativas necesarias para lograr una educación inclusiva y compartir el anhelo de enseñar y aprender” (Revista CREA, nº 455, septiembre 2018, p. 68). A través de dicho programa, el movimiento capacita a directores y directoras de escuelas en metodología CREA, en articulación con fundaciones/organizaciones especializadas como Asociación Civil Endurece. Este programa es patrocinado, entre otros por Banco Galicia, Santander Río, Bayer, Compañía Argentina de Granos, Stihl, etc.14 No obstante, en la fundamentación del referido programa se apela constantemente a conceptos como “educación pública y educación inclusiva” como objetivos permanentes a ser sostenidos por el movimiento. Como explica Ambrogi (2016), poder enten- 12 CREA. Recuperado en www.crea.org.ar/Educrea. [consultado Abril 2019]. 13 EAN en el desayuno de negocios de la Fundación Integrar (2018). Escuela Argentina de Negocios (EAN) Recuperado en www.ean.edu.ar/nota/213-ean-en-el-desayuno-de-trabajo-de-la-fundacion-integrar. [consultado Junio 2019]. 14 CREA. Recuperado en www.crea.org.ar/Educrea. [consultado Junio 2019]. - 219 - der estas producciones y la transmisión de estas producciones en contextos educativos desde una perspectiva gramsciana, es entender a la educación como dimensión fundamental estratégica y disputada a nivel social. La manera en que la educación se configura como objeto de disputa- sus formas y contenidos- se correlaciona dialécticamente con el modelo de acumulación general y los procesos de construcción de hegemonía (p. 161). Nos interesa destacar el rol del Facilitador del Programa EduCREA, quien es designado por CREA, y que, en el caso de la Región Córdoba Norte, dicha tarea la desarrolla quien a su vez es Coordinador Regional, lo que evidencia la importancia que la entidad le asigna a esta actividad en el marco de su estrategia de integración a la comunidad. Un aspecto a resaltar, es que desde la Mesa de Integración a la Comunidad se alienta a los productores a participar de las distintas reuniones con las escuelas para transferir la metodología CREA de resolución de problemas. A la hora de evaluar el programa, el Facilitador Regional toma como indicador central la cantidad de miembros CREA involucrados en él. Acorde con lo descripto, sostenemos que el movimiento, a través del Facilitador y los productores involucrados en el programa, generan una articulación con directoras, directores y la comunidad educativa en general, con presencia en nueve localidades del noroeste de Córdoba. Esta articulación permite construir una referencia de CREA en las distintas localidades donde las escuelas están asentadas, y a su vez, ir consolidando vínculos institucionales orientados a compartir la metodología, cultura y valores de CREA. Otro elemento relevante a subrayar es que existe una fuerte participación de las empresas transnacionales en la ejecución de estos programas. Así, Bayer Argentina15 les entregó a cada una de las escuelas intervinientes en el programa un kit de experimentación de suelo, aire y agua para la realización de ensayos así como una estación agro-meteorológica muy costosa. Creemos que esto posibilita que exista un doble juego, en el cual Bayer se hace conocida en las distintas escuelas lo que funciona como un incentivo para que más escuelas quieran participar del programa. Al haber más escuelas, se amplía la referencia del movimiento CREA en la región. En síntesis, se puede observar cómo los integrantes de CREA reconocen que la educación es un recurso imprescindible en términos de cons- 15 En 2018 Bayer AG compra la empresa Monsanto, productora del herbicida Round Up Ready (RR), marca comercial del Glifosato. - 220 - trucción de hegemonía hacia afuera, debido a que está dirigida a producir un sentido común orientado por el ethos y valores CREA, donde la consigna “el campo somos todos” expresa esa dimensión de la hegemonía como “dirección intelectual y moral” de la sociedad de la mano del empresario que busca “involucrarse y ser referente de la comunidad”. Formación de Líderes En referencia al programa de Formación de Líderes, se proyecta “promover la formación de líderes sociales sostenibles, a través de la generación de un ámbito de grupo, intercambio y capacitación”.16 Los dos pilares del programa son el “Fortalecimiento del Entramado Social”, orientado a estudiantes secundarios que llevan a cabo proyectos de desarrollo en sus localidades y las “Jornadas de Líderes” y eventos comunitarios, que tienen como objetivo transferir la metodología CREA, a jóvenes, adultos, y organizaciones sociales. Así, en palabras de Gramsci (2013, p. 372) “la exigencia del contacto entre los intelectuales y los sencillos, pero no para limitar la actividad científica y mantener una unidad al bajo nivel de las masas, sino precisamente para construir un bloque moral intelectual que haga políticamente posible un progreso intelectual de masa, y no sólo de reducidos grupos intelectuales”. A su vez, argumenta que: La conciencia de ser parte de una determinada fuerza hegemónica (o sea, la consciencia política) es la primera fase de una ulterior y progresiva autoconsciencia, en la cual se unifican finalmente la teoría y la práctica. Por tanto, tampoco la unidad de teoría y práctica es un dato fáctico mecánico, sino un devenir histórico, que tiene su fase elemental y primitiva en el sentido de distinguirse, separarse e independizarse, sentido que al principio es casi meramente instintivo, pero que progresa hasta la posesión real y completa de una concepción del mundo coherente y unitario. Por eso hay que subrayar que el desarrollo político del concepto de hegemonía representa un gran progreso filosófico, además de político-práctico, porque implica necesariamente y supone una unidad intelectual y una ética concorde con una concepción de lo real que ha superado el sentido común (Gramsci, 2013, p. 373). 16 CREA. Recuperado en htpps://www.crea.org.ar/formación-de-lideres/ [consultado Junio 2019]. - 221 - Entendemos, que para que la construcción hegemónica opere como dirección intelectual y moral de la sociedad, es necesario desarrollar una lucha por las ideas, por una determinada concepción del mundo; y quienes llevan adelante esa disputa por el sentido común son los líderes, que en este caso están formados en la “cultura CREA” para cumplir con su objetivo. Vínculos con el espacio público y articulación política Otro de los pilares de la línea estratégica de integración a la comunidad lo constituyen los vínculos con el espacio público y la articulación política. En tal sentido, reconocemos que la Región Córdoba Norte ha desplegado, a la largo de su historia, un entramado de articulaciones y redes con instituciones diversas, en aras a consolidar al movimiento como un actor referente en ese territorio. Por ejemplo, podemos mencionar la recientemente inaugurada “Diplomatura para operarios rurales”, creada “con el objetivo de brindar formación teórico-práctica para jerarquizar la formación de los encargados rurales, proveyéndoles herramientas que les permita mejorar la eficiencia y calidad de las actividades que realizan en los establecimientos agropecuarios”.17 En el dictado de la diplomatura participan CREA, la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Sociedad Rural de Jesús María (en adelante SRJM), que a su vez, brinda las instalaciones para el dictado del curso. (Darío, comunicación personal, 20 de junio de 2019). Asimismo, en la entrevista Darío nos plantea que el movimiento posee docentes de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica y la Universidad Siglo XXI que se desempeñan como asesores técnicos. Además, en distintos eventos como congresos, Jornadas de Actualización Técnica, cursos, es observable la articulación con instituciones de formación superior. Por último, se advierte la presencia de estudiantes de agronomía de la Universidad Nacional de Córdoba, que efectúan pasantías en las empresas que integran el movimiento. Con estos ejemplos, queremos ilustrar la construcción de vínculos institucionales que va tejiendo el movimiento CREA a los fines de ir consolidando un sentido del “ser empresarial”, que construye referencia en la 17 Sociedad Rural de Jesús María (SRJM). Recuperado en http://srjm.org.ar/noticias/capacitacion/ [consultado Setiembre 2019]. - 222 - comunidad. Como argumenta Ambrogi (2016), “los empresarios y la nueva cultura empresaria deben plantearse como encargados de conducir a la sociedad y desde ese rol deben ser los encargados de elaborar formas técnicas de poner en marcha la política-moral” (p. 160). En tal sentido, existe una mayor articulación e inserción de disciplinas orientadas a las ciencias agronómicas tanto de universidades públicas como privadas. Sin embargo, a pesar del fuerte discurso en favor del management empresarial, existen dificultades para muchos productores del norte al momento de articular con carreras orientadas a las ciencias de la administración. En relación al tema, creemos importante retomar la reflexión de uno de nuestros entrevistados, quien argumentó que “el 90% de las empresas no tiene un cuerpo de administración, puesto que la misma es realizada por el productor o un estudio contable (…) salvo el 10% de las empresas más grandes que si tiene una administración” (Darío, comunicación personal, 20 de junio de 2019). A nuestro entender, esta realidad nos indica primero, la heterogeneidad del tamaño de las empresas que integran los CREA Región Norte, lo que nos permite inferir que en la disputa de poder “tranqueras adentro” estas “empresas más grandes” poniendo en juego sus capitales, se constituyen en “dirección intelectual y moral” de los empresarios de la Región. Por último, nos interesa destacar la relación entre la SRJM y CREA que ha sido construida históricamente logrando una articulación cada vez mayor. Esta articulación se acepta como “natural” y facilitada por actores que habiendo sido tradicionales ganaderos de la región, originalmente se nuclearon en SRJM, aunque hoy integran los CREA. Ejemplo de ello, es que incluso hubo momentos en que dirigentes de la Región Córdoba Norte de CREA han sido miembros de la Comisión Directiva de la SRJM, reconociendo en “la Rural como un nodo político institucional importante” (Darío, comunicación personal, 20 de junio de 2019). No obstante, conviene subrayar que existen contrastes en cuanto a las lógicas de acción de ambas organizaciones. Por una parte, según lo manifestó un alto miembro CREA, la relación no está planteada en términos de competencia por la representación, ya que como dijimos más arriba, como organización técnica-empresarial, AACREA no se plantea la representación gremial de sus asociados. En tal sentido, un ejemplo que nos permite acercarnos a las lógicas de acción política de las entidades gremiales, la explicitaba un alto funcionario de la SRJM, quien decía: - 223 - Es hasta ingenuo pensar que como sector podemos tener legisladores en su mayoría del campo…es necesario ejercer lobby: a ver… yo digo que la perfección del lobby son los legisladores en Estados Unidos, donde las [empresas petroleras] dicen ‘nosotros tenemos mayoría en ambas cámaras, pero ¿cómo? Sí, nosotros hemos puesto tanta plata que sobre los temas de petróleo el legislador va a votar lo que yo diga” para concluir diciendo: “si hay una cosa que se discute con AACREA es esto, son monjes negros. Hacen las cosas bien pero no derrama nada eso (Luciano, comunicación personal, 26 de julio de 2019). Siendo que AACREA se posiciona desde una lógica de diálogo a partir de la producción de datos empíricos que hacen llegar permanentemente a los decisores políticos y en la búsqueda de ocupar lugares estratégicos en las instituciones estatales, la SRJM piensa la relación en términos de tensión y disputa con el Estado, a los fines de hacer llegar los reclamos del sector. Además, queremos remarcar que existen diferencias importantes en cuanto a la relación que cada entidad tiene con el asociado. De esa forma, identificamos que en CREA hay una preocupación constante por inculcar “los valores y la cultura CREA” a sus miembros a través de una dinámica organizacional que incluye la reunión de grupo, mesas y demás instancias institucionales, sumado a los congresos y jornadas de actualización técnicas. Por su parte, la SRJM prioriza la dimensión del “afuera”, según lo expresó un integrante de la Comisión Directiva: [Para] nosotros como dirigentes el gran desafío no es hablar mucho para nuestros asociados sino hablar para el resto de la gente… si nos tenemos que convencer entre nosotros estamos en problemas, en realidad yo tengo que convencer a una persona o hacerle ver que el 90% de lo que se pone sobre la mesa, cada vez que come, son alimentos que producimos (Luciano, comunicación personal, 26 de julio de 2019). Con esto queremos destacar que, en términos de construcción hegemónica “hacia adentro”, CREA hace mucho hincapié en el vínculo constante con el productor, a través de la presencia en distintas instancias organizacionales y en las reuniones de grupo. Lo que nos permite considerar, la relevancia del peso de la estructura organizativa a los fines de orientar prácticas y representaciones al interior de los miembros CREA, construyendo así un sentido de homogeneidad. - 224 - Relación con el Estado En 2018 se realizó el VIIº Congreso Regional Córdoba Norte de CREA bajo el lema “Gestionemos oportunidades”. En dicho evento, al cumplirse 20 años de la creación de la Región, un lugar importante a la hora de las evaluaciones, lo ocupó el balance del proceso de integración a la comunidad. Uno de los pilares de la línea de integración a la comunidad lo constituye el vínculo con los distintos niveles del Estado. Conviene destacar, que las dos vías principales de incidencia de CREA en las políticas estatales son la producción de datos técnicos y la ocupación de cargos estratégicos. Según el mismo movimiento define: “para CREA, tan importante como generar conocimientos, es compartirlos y transferirlos. Somos una organización apartidaria que fomenta espacios de diálogo con líderes y referentes políticos poniendo a su disposición en forma pública la información técnica que generamos”.18 (El destacado en el original). En el libro publicado en 2010 con motivo de cumplirse los 50 años del movimiento, se menciona que CREA entiende la política partidaria como la política del gremialismo rural. En virtud de ello, “el miembro CREA no debe intervenir en política, ni partidaria ni gremial. Pero no tiene limitación alguna para incursionar, a título personal, en toda política que crea conveniente en las diversas instituciones que tiene el país”.19 Así, el Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba (MAyG) fue implementado por un miembro CREA siendo Secretario de Agricultura de la Provincia. Fue el resultado del trabajo del Consejo Consultivo, órgano que funciona en el ámbito del MAyG “está integrado por 50 entidades vinculadas al sector agropecuario y agroindustrial, como CREA, las gremiales que conforman la Mesa de Enlace local, el INTA, AAPRESID, la Comunidad Agroalimentaria, el Colegio de Ingenieros Agrónomos, el Colegio de Veterinarios y casas de altos estudios”.20 Pudimos identificar como relevante, que los lineamientos del programa de BPA contienen los mismos conceptos utilizados en los manuales 18 Friedlander, M. (2018). Infocampo.com.ar. Fuertes críticas a Productores CREA por reunirse con Lousteau: “es una vergüenza”. Recuperado en https://www.infocampo.com.ar/fuertes-criticas-a-productores-crea-por-reunirse-con-lousteau-es-una-verguenza [consultado Agosto 2019]. 19 CREA 1960-2010. 50 años contribuyendo al progreso de la patria, (2010, p.97). 20 Noticias, Gobierno de Córdoba. (2018). Recuperado en https://prensa.cba.gov.ar/campo/el-consejo-consultivo-de-bpa-incorporo-la-fruticultura/. [consultado Agosto 2019]. - 225 - CREA, con el fin de orientar prácticas y sentidos del productor agropecuario. Puntualmente, nos referimos a los conceptos de sostenibilidad y buenas prácticas. A su vez, destacamos que el interés de CREA por participar y proveer de conocimientos al Consejo Consultivo apunta a legitimar su producción técnica y teórica hacia dentro del sector. En la entrevista con Carlos, nuestro interlocutor destacó como parte de “la relación institucional con CREA, la participación de los mismos en los Consejos de Conservación de Suelos, los Consorcios Canaleros o el Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias” (Carlos, comunicación personal, 04 de septiembre de 2019). Según argumenta Gras, estos empresarios buscan (…) situarse como actores con proyectos y propuestas, y no sólo como sector que busca defender las posiciones alcanzadas. En esa esfera, el papel de las asociaciones profesionales es central. Con ellas adquiere relevancia la influencia en el diseño y ejecución de políticas públicas, en particular aquellas que moldean las condiciones de producción del sector agropecuario y que inciden en su dinámica de acumulación (Gras, 2012, p. 473). En el congreso anteriormente referido de la Región Córdoba Norte, uno de los paneles fue un conversatorio entre el nombrado Juan Cruz Molina Hafford y Francisco Iguerabide, actual Director de Desarrollo Agropecuario Sostenible del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba, ex presidente de AACREA. Los dos panelistas relatan su experiencia en la gestión pública, alentando a los miembros CREA a “trascender la empresa”. Según explica Molina, “Estoy convencido que las cosas se cambian desde adentro, las agendas no existen si vos no las instalás, tema que no se instala tema que no existe. El campo, que es mi compromiso, la política agropecuaria, necesita temas que quiere instalar. Los espacios de participación están, si no los ocupa el movimiento CREA los ocupan otros”.21 Por su parte, Iguerabide se presenta diciendo en tono de broma “somos miembros CREA y estamos trabajando juntos con Liliana [Liliana Alassia es Directora de Producción del MAyG] en el Ministerio: vinimos hoy en calidad de doble agente”. Concluye argumentando que CREA es una máquina de formar gente, crea líderes. “Los valores no sirven en una cajita, se explicitan en la acción. No se queden solamente con el grupo CREA. No me preo21 VII Congreso Región Córdoba Norte. (2018) Recuperado en: https://www.youtube.com/channel/ UCZTLtDvutIcCTieeC0uDD6g [consultado Abril 2019]. - 226 - cupa el conocimiento lo que es irremplazable son los vínculos”22.Por su lado, Molina cierra diciendo que “hacer política es llevar adelante, construir, transmitir lo que cada uno de ustedes conoce plenamente. Desde las herramientas de gestión, facilitación, planificación financiera, plan de trabajo y revisión de la gestión, trasladada a la participación pública”. Para continuar explicitando lo que para él es hacer política: “Políticamente se habla de “territorio”, ¿cuál es mi territorio? mi territorio es CREA. Yo “hago” CREA, hago facilitación y gestión CREA en mi participación pública porque me formé en CREA y mi soporte sigue siendo CREA. Si yo tengo que hacer un primer llamado lo hago en mi red de relaciones CREA”.23 Según aclara Castellani (2016), “el pasaje por el Estado no solo permite ocupar puestos de toma de decisión en un momento determinado, sino que facilita el conocimiento sobre la lógica estatal y la ampliación de red de conexiones en el espacio público” (p.76). Lo desarrollado en este apartado nos sirve para argumentar que, a nuestro entender, un aspecto clave de la construcción hegemónica de CREA es el “traslado” del modelo de gestión de la empresa privada al ámbito de la gestión pública, sin contradicción alguna. Empresarios “exitosos” y munidos de valores permiten a su vez mejorar la calidad de la administración del Estado. Consideraciones finales En las últimas décadas asistimos a la profundización y consolidación del modelo del agronegocio en nuestro país. Este nuevo patrón socio-productivo, que habilitó el ingreso de capitales de riesgo al sector, supuso un acelerado proceso de agriculturización y, en su última etapa de desarrollo, de “sojización” de la producción con fuerte tendencia al monocultivo. Esto se da en el marco de un importante crecimiento de la producción agrícola en términos cuantitativos y consecuentemente de las ganancias de los grupos económicos que la impulsan. Como derivación de este proceso, se verificó un desplazamiento de la frontera agrícola hacia zonas tradicionalmente de producción ganadera o mixta, como es el norte cordobés, proceso favorecido 22 VII Congreso Región Córdoba Norte. (2018) Recuperado en: https://www.youtube.com/channel/ UCZTLtDvutIcCTieeC0uDD6g [consultado Abril 2019]. 23 VII Congreso Región Córdoba Norte (2018) Recuperado en: https://www.youtube.com/channel/ UCZTLtDvutIcCTieeC0uDD6g [consultado Abril 2019]. - 227 - por la incorporación de semillas genéticamente modificadas y un paquete tecnológico adaptado a la zona que lo acompaña. Lo desarrollado en el presente trabajo, nos permite afirmar, a modo de primera conclusión, que no sólo se corre la frontera agropecuaria en el norte y oeste de la Provincia de Córdoba, sino que junto con ella, se modifican las lógicas productivas y aparecen y se consolidan en esta región actores que originalmente surgieron para dar cuenta de realidades típicas de la pampa húmeda, como es el caso de CREA. En este proceso, se complejiza la estructura económica y social del norte cordobés, modificándose la composición del empresariado de la región. Estos actores, en parte nucleados en la Región Córdoba Norte de CREA, no sólo van a modificar el mapa de representación de intereses en la zona, sino que van a constituirse como actores sociales que, con su accionar, se mostraron capaces y dispuestos a construir hegemonía. Tras veinte años de intervención económica, social, política, educativa y cultural en este territorio, orientada a legitimar sus prácticas, valores y sentidos, en la actualidad son actores principales del entramado social del norte provincial. Esta es una historia que se inicia a fines de la década de los ’90, cuando surge la Región Córdoba Norte de CREA, asociación técnica que busca perfilar y organizar a este “empresario innovador”. Con una clara vocación hegemónica ya probada en la pampa húmeda, CREA intenta constituirse en “dirección intelectual y moral” no solo del sector agropecuario sino del mundo social en general. Este proceso se desenvuelve en dos “niveles”. Por un lado, “tranqueras adentro” se desarrollan estrategias dirigidas a aglutinar ideológicamente al productor-empresario alrededor de valores y conceptos que combinan, por un lado, una orientación moral y un ethos de raíz cristiana, articulados con un núcleo conceptual que podemos identificar como neoliberal, que apela a la idea del “empresario exitoso” a partir del esfuerzo individual, el libre mercado y la no intervención del Estado. CREA interpela al productor a partir de la valorización de la tecnología y el management, la experimentación, la producción y transmisión de conocimientos como elementos constitutivos del empresario innovador. A su vez, el proceso de construcción hegemónica sale “tranqueras afuera” con la política de inserción en la comunidad, que le permiten a la Región Córdoba Norte de CREA encaminarse al objetivo de perfilar “un empresario que integrado a su comunidad, sea referente de innovación y sos- - 228 - tenibilidad”24. Así, la empresa será sustentable, en tanto y en cuanto lo sea desde el punto de vista económico, ambiental y social. Es a partir de esta estrategia, que programas nacionales como EduCREA tienen amplio desarrollo en la región. Como resultado del mismo, doce escuelas públicas y privadas de nivel primario y medio se encuentran articuladas en una red, cuyo objetivo es el de abordar distintas problemáticas que afectan a la comunidad educativa con “metodología CREA”. Como una parte del programa de sustentabilidad social de la empresa CREA y en la misma línea de inserción en la comunidad que el movimiento desarrolla en la Región, implementan también el programa de Prácticas Profesionalizantes que les permite a los empresarios incidir al momento de definir el perfil del recurso humano técnico en formación, adaptándolo desde el vamos a las necesidades de la empresa CREA. Esta tarea, se ve favorecida ya que hay docentes de las carreras de agronomía que a su vez son asesores técnicos de los grupos de productores. Un aspecto destacable de esta vocación hegemónica a la que hacíamos referencia se manifiesta en la lógica con que CREA se relaciona con el Estado provincial, donde importantes cargos en el área del MAyG son hoy ocupados por miembros del movimiento. Lo mismo sucede en otros organismos descentralizados como el INTA, donde la asociación tiene lugares asignados por estatuto en el Consejo Directivo Nacional, en los Centros Regionales, en las Estaciones Experimentales y Agencias de Extensión. A nuestro entender, esto le permite incidir en el diseño y ejecución de las políticas estatales para el sector y tener injerencia en la distribución de recursos públicos. En este punto consideramos importante, como tema de futuras investigaciones, profundizar en el perfil y las trayectorias de estos empresarios para aproximarnos a una mejor definición de su composición, para reconocer el origen de su heterogeneidad, particularidades y contradicciones. De nuestra parte y solo a modo de hipótesis, planteamos que en la conformación de la elite empresarial del noroeste cordobés, confluyen tres vertientes: por un lado, familias tradicionales de Córdoba, dedicadas por generaciones a la ganadería extensiva y que en general se referenciaron en la SRJM; por otro lado, sectores cuyo origen se encuentra en el sector industrial de la provincia y que en algún momento se diversificaron adquiriendo tierras en la zona, y por último empresarios agropecuarios provenientes del sur y el este de Córdoba (Preda, 2015) que, respondiendo a la necesidad de expan24 CREA. Recuperado en: https://www.crea.org.ar/mision-y-vision/. [consultado Marzo 2019]. - 229 - sión de la empresa, se instalan en el norte de la provincia vía arrendamiento o compra de campos, atraídos por el diferencial de precios relativos en el costo de la hectárea. Esta reconfiguración del sector empresarial impactó también modificando el mapa asociativo en la región. Así, la SRJM pierde desde mediados de la década del ’90 la exclusividad de la representación de los intereses del empresariado agropecuario. Algunas de las asociaciones tradicionalmente abocadas a la representación gremial, debieron readecuar, en función de ello, sus lógicas de acción corporativa ante un empresario que prioriza la centralidad de los saberes técnicos por encima de la representación sectorial. Por último, queremos destacar la relevancia que adquiere un análisis situado de los procesos político-sociales, recuperando la historia social del territorio en cuestión. En virtud de ello, podríamos argumentar que la expansión del modelo de agronegocios tuvo su especificidad en el norte de Córdoba, que la distingue de otros territorios de la Argentina, fundamentalmente de la pampa húmeda. Entendemos por lo tanto, que el territorio y los actores que habitan en él, configuran los límites para la expansión y/o resistencias al modelo del agronegocio. Como dijimos, a fines de la década de los ’90 en el centro-norte de la Provincia de Córdoba, en un contexto de profunda crisis política, económica y social, y trascendiendo fronteras agroecológicas, un grupo de empresarios rurales asume el desafío de construir la Región Córdoba Norte de CREA. Munidos de capital económico pero también de una nueva lógica productiva, estos empresarios generan renta, pero en el mismo proceso producen valores, prácticas y sentidos con el objetivo de constituirse como elite en referencia moral e intelectual del conjunto de la sociedad. Referencias bibliográficas Ambrogi, S. (2016). Protagonistas del Progreso. Estrategias empresariales en la localidad de Malvinas Argentinas, Córdoba, Argentina (2013-2015). Trabajo Final para optar por la Licenciatura en Antropología. Córdoba: FFyH, UNC (Mimeo). Basualdo, E. (2007). “Concepto de patrón o régimen de acumulación y conformación estructural de la economía”. Maestría en Economía - 230 - Política Argentina. Área de Economía y Tecnología de la FLACSO. Castellani, A. (2016). Radiografía de la élite económica argentina: estructura y organización en los años noventa. Buenos Aires: UNSAM Edita. Gramsci, A. (1981). Cuadernos de la cárcel. Edición crítica del Instituto Gramsci, a cargo de Valentino Gerratana, 6 tomos. México D. F.: Era Gramsci, A. (2013). Antología. Buenos Aires: Siglo XXI. Gras, C. (2011). “Conflicto agrario, actores sociales y la construcción política del “campo”, en Poggi, M., Carreras Doallo, X., Muzlera, J. (comp.). Aportes, sujetos y miradas del conflicto agrario argentino (1910-2010), Rosario: Prohistoria. Gras, C. (2012). Empresarios rurales y acción política en Argentina. Estudios Sociológicos, vol XXX, nº 89, pp. 459-487. Gras, C. (2013). Expansión agrícola y agricultura empresarial. El caso argentino. Revista de Ciencias Sociales; 26; 32, pp. 73-92. Gras, C. & Hernández, V. (2016). Modelos de desarrollo e innovación tecnológica: una revolución conservadora. Mundo Agrario, Vol. 17, Nº 36, pp. 1-37. Lattuada, M. & Neiman, G. (2005). El campo argentino. Crecimiento con exclusión. Buenos Aires: Capital Intelectual. Manzo, A. (2014). La estructura del estado neoliberal propia de los años 90: Las bases institucionales del modelo del agronegocio en Argentina. Revista Direito e Praxis Vol. 5, n. 8, 2014. Panero, M. O. (2013). “La representación de los sectores dominantes del agro en debate. La Sociedad Rural Argentina” en: Gras, C. y Hernández, V. (Coords.) El agro como negocio: producción, sociedad y territorios en la globalización, Buenos Aires: Editorial Biblos. Preda, G. (2015). La expansión del capital agrario en el norte de Córdoba. Transformaciones y disputa por el territorio. Revista de Ciencias Sociales, vol. 28, nº 36, pp. 55-76. - 231 - Fuentes Publicaciones institucionales • • • Revista CREA Números 447-458. Año 2018. Libro CREA 1960-2010. 50 años contribuyendo al progreso de la patria (2010). Manual del miembro CREA. Videos institucionales • • • VII Congreso Región Córdoba Norte. Disponible en: https://www.youtube.com/channel/UCZTLtDvutIcCTieeC0uDD6g 30 Años CREA Totoral. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=3vDSmcsAOTM Panel 20 años de historia de CREA Región Córdoba Norte, Disponible en : https://www.youtube.com/watch?v=pnPjjThGcW0 Entrevistados • • • Entrevistado Darío es Ingeniero Agrónomo. Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Ocupa al momento de las entrevistas un alto cargo en la Región Córdoba Norte de CREA. Ex directivo de la Sociedad Rural de Jesús María Entrevistado Fernando es Ingeniero en Producción Agropecuaria. Universidad Católica Argentina (UCA). Miembro de la Comisión Directiva nacional de la Asociación Argentina de Consorcios de Experimentación Agrícola (AACREA). Actualmente es funcionario del MAyG de la Provincia de Córdoba. Entrevistado Luciano es Ingeniero Agrónomo. Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Ex miembro CREA. Actual integrante de la Comisión Directiva de la SRJM. Entrevistado Carlos es Abogado. Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Ex ministro de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba. - 232 - Sobre los autores Adrián Alejandro Almirón es Profesor y Licenciado en Historia Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Doctor en Humanidades y Artes por la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Docente Investigador con lugar de trabajo en la Facultad de Humanidades y en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas de la UNNE. Profesor Adjunto de Historia Argentina y Latinoamericana Contemporánea. Se especializa en Historia Regional, aborda especialmente sobre la política de tierras en el Territorio Nacional y provincia del Chaco, destacando las políticas públicas, los conflictos y las demandas de los sujetos agrarios. Joaquín Ambroggio es Licenciado en Sociología por la Universidad Nacional de Villa María (UNVM). Docente auxiliar del Espacio Curricular Realidad Social Política y Económica de la Licenciatura en Turismo (CRES-Jesús María, UNVM). Integrante del Observatorio de Políticas Públicas (OPP, IAPCS-UNVM). Participa en diversos proyectos de investigación y vinculación institucional acreditados por la Universidad Nacional de Villa María. Ignacio González Asis es Licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Villa María (UNVM). Becario doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Doctorando en Estudios Sociales Agrarios (FCS-FCA, CEA, UNC). Docente en el seminario Problemáticas Agrorrurales I y II (UNVM). Participa en diversos proyectos de investigación radicados en la Universidad Nacional de Córdoba y la Uni- 233 - versidad Nacional de Villa María. En el presente se encuentra investigando problemáticas vinculadas al desarrollo rural en la provincia de Córdoba. Emanuel Barrera Calderón es Doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Docente e investigador de la Universidad Nacional Villa María (UNVM). Docente interino de la Universidad Provincial de Córdoba. Becario posdoctoral del Consejo de Investigaciones en Ciencia y Tecnología (CONICET) con lugar de trabajo en el Centro de Investigaciones en Ciencias Económicas (Grupo Asociado al Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad, CIECS-CONICET). Actualmente investiga sobre “Asociativismo agrario en Córdoba: análisis de la consolidación de las redes transectoriales para el desarrollo socioeconómico de los Grupos CREA - Región Córdoba Norte”. María Celia Bravo es Doctora en Historia por la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Se desempeña como Profesora Titular (por concurso) de la cátedra Historia de la Argentina (curso especial) de la carrera de Profesorado y Licenciatura en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la UNT. Es directora del Doctorado en Humanidades de la FFyL de la UNT y de Travesía, revista de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNT. Su línea de trabajo reside en el estudio de los actores agrarios y política azucarera argentina, expresiones corporativas y políticas, formación de identidades. Sobre este tema ha publicado artículos y libros. Entre ellos se destaca Campesinos, azúcar y política: cañeros, acción corporativa y vida política en Tucumán (1895-1930) (Prohistoria, 2008) y La agricultura: actores, expresiones corporativas y políticas (Imago Mundi, 2017). Gabriel Fernando Carini. Profesor y Licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). Magíster en Ciencias Sociales (UNRC). Doctor en Historia (UNC). Posdoctor en Ciencias Sociales (UNC). Investigador Asistente del CONICET. Profesor en el Departamento de Historia, Facultad de Ciencias Humanas de la UNRC y en la Escuela de Historia, Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. Miembro del Área de Historia CIFFyH ‘María Saleme de Burnichon’ de la UNC. Actualmente co-dirige el proyecto “Estado, asociaciones agrarias y territorios en disputa: problemas, debates y dimensiones (Argentina, mediados del siglo XX a la actualidad)” (SeCyT-UNC, 2018-2022). Editor general de Coordenadas. Revista de historia local y regio- 234 - nal. Se especializa en las articulaciones entre asociaciones empresarias, Estado y partidos políticos desde la segunda mitad del siglo XX a la actualidad. Gabriel Eduardo Grégoire es Profesor Universitario en Historia por la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam). Máster en Nuevas Tecnologías aplicadas a Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona, España y se encuentra en proceso de escritura de la tesis sobre el desarrollo de las organizaciones empresariales en La Pampa para obtener el Doctorado en Historia (UNC). Docente regular del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam a cargo de la cátedra Didáctica Especial. Participa de equipos de investigación en el Instituto de Estudios Sociohistóricos (UNLPam). Es autor de libros, capítulos de libros y de publicaciones de divulgación referidas principalmente a la económica regional y la enseñanza de la historia. Ha presentado ponencias en numerosos congresos, workshops y jornadas nacionales e internacionales y posee una extensa trayectoria como docente de nivel medio. Silvia B. Lázzaro es Doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Miembros del Instituto de Investigaciones en Historia y Ciencias Sociales (IdIHCS-UNLP-CONICET). Profesora Titular Ordinaria en las Facultades de Humanidades y Ciencias de la Educación y en la de Ciencias Económicas ambas dependientes de la UNLP. Sus líneas de investigación se centran en la Historia agraria del agro pampeano durante el siglo XX, particularmente en las articulaciones entre las políticas públicas y las corporaciones agrarias. Rocío Soledad Poggetti es Profesora en Historia y Licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). Licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad del Salvador (USAL) y Especialista en la Enseñanza de las Ciencias Sociales por el Instituto Nacional de Formación Docente Ministerio de Educación (INFOD). Doctoranda en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Miembro de equipos de investigación acreditados en la UNC y la UNRC. Asesora de la Confederacion Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) en la mesa de informe social del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Coordinadora de equipos de trabajo en balance social para coopera- 235 - tivas agropecuarias. Miembro del Gabinete de balance social cooperativo del Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo (CGCyM). Enrique Torres Castaños es Licenciado en Sociología por la Universidad Nacional de Villa María (UNVM). Docente a cargo del Espacio Curricular Realidad Social Política y Económica de la Licenciatura en Turismo (CRES-Jesús María). Asimismo, se desempeña en esa misma unidad académica como Adscripto en la cátedra de Historia Social Argentina de la Licenciatura en Sociología. Participa en diversos proyectos de investigación acreditados por la Universidad Nacional de Villa María y la Universidad Nacional de Córdoba. Se especializa en las asociaciones técnicas del agro, en particular, los procesos de construcción de hegemonía que despliegan algunas de ellas en el territorio noroeste de Córdoba. Ignacio Sánchez es profesor en Historia por la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Becario doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Instituto Superior de Estudios Sociales (ISES-CONICET). Doctorando en Humanidades por la UNT. Miembro del Proyecto de Implementación Plurianual (PIP): “La construcción social de lo político: cañeros y trabajadores en los pueblos azucareros: 1896-1966”. Cuenta con publicaciones en revistas en diversas revistas nacionales de reconocido prestigio como Travesía, Historia Regional y Cuadernos de Historia. Enrique Torres Castaños es Licenciado en Sociología por la Universidad Nacional de Villa María (UNVM). Docente a cargo del Espacio Curricular Realidad Social Política y Económica de la Licenciatura en Turismo (CRES-Jesús María). Asimismo, se desempeña en esa misma unidad académica como Adscripto en la cátedra de Historia Social Argentina de la Licenciatura en Sociología. Participa en diversos proyectos de investigación acreditados por la Universidad Nacional de Villa María y la Universidad Nacional de Córdoba. Se especializa en las asociaciones técnicas del agro, en particular, los procesos de construcción de hegemonía que despliegan algunas de ellas en el territorio noroeste de Córdoba. Vanesa Villarreal es Licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Villa María y Doctora en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario. Docente e Investigadora en la Universidad Nacional de Villa Ma- 236 - ría y miembro del equipo de Investigación “Transformaciones agrorrurales de la provincia de Córdoba (2003-2020): sujetos, políticas y tramas productivas”. Enrique César Schaller Licenciado en Historia. Investigador Adjunto del CONICET, Instituto de Investigaciones Geohistóricas. Profesor Titular de “Seminario de Historia Argentina y Regional”, Facultad de Humanidades, UNNE; Profesor Adjunto de “Historia Económica”, Facultad de Ciencias Económicas, UNNE. Se especializa en la historia económica e institucional de Corrientes y Chaco. En relación con estas provincias ha realizado trabajos sobre el proceso de distribución de la tierra y actualmente desarrolla una investigación sobre la organización estatal y las políticas públicas desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la década de 1990. - 237 -