Ciudadanía y pueblos indígenas

Se plantea la discusión conceptual de lo que implica que haya población indígena residiendo, sea por migración o sea que por que siempre la ciudad ha sido su asentamiento, de lo que implica la ciudadanía diferenciada o la ciudadanía factual, en los hechos, por parte de miembros de diferentes pueblos indígenas residentes en la ciudad de México.

El tema principal de la monografía es la ciudadanía específica de las mujeres indígenas, cuya defensa de derechos específicos las sitúan como personas defensoras de derechos humanos, y así también defensoras de la vida y el territorio. Para ello el trabajo sigue el siguiente esquema dividido en cinco apartados que cuenta de manera simple y general qué implica el ejercicio de ciudadanía específica por parte de mujeres indígenas, quiénes son personas defensoras de derechos humanos de acuerdo al derecho internacional, cuáles son los derechos específicos de los pueblos indígenas, el contexto de despojo intensificado por el neoliberalismo y extractivismo, y por último, la obligación de los estados de proteger a quienes defienden derechos.
La historia del despojo que sufren las comunidades indígenas en el continente tiene una trayectoria de siglos, esa apropiación violenta e ilegal de tierras y bienes naturales son parte necesaria para mantener el sistema capitalista. Ante esta ocupación las comunidades indígenas se organizan para resistir en respeto de la dignidad y la identidad. Es un trabajo-marco conociendo la inmensa diversidad de experiencias de comunidades indígenas y del liderazgo de mujeres indígenas en la defensa de la vida y el territorio. Entendiendo que el nivel de reconocimiento socio-político y el grado de redistribución de recursos, el proyecto político del momento, afectarán de una manera u otra la actividad de defensa de derechos que se realice.

Introducción Para muchos, está claro que el movimiento indígena de México en la última década del siglo XX construyó el núcleo de sus demandas nacionales en torno al tema de la autonomía indígena. 1 Para quienes piensan así, los Acuerdos de San Andrés, firmados en febrero de 1996 por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal, constituyen la prueba fehaciente de su aserto. E f e c t i v a m e n t e , estos acuerdos se refieren de manera central a la autonomía como la modalidad por medio de la cual los indígenas podrían ejercer el derecho a la libre determinación que les corresponde como descendientes directos de las poblaciones originarias que habitaban el territorio mexicano antes de la conquista y colonización y del establecimiento del estado mexicano (Hernández y Vera, 1998). Incluso, la reforma, en materia de derechos indígenas, hecha a la Constitución Política de la República Mexicana en abril de 2001-a pesar de que, a juicio de muchos simpatizantes de la causa zapatista, no se ajustó a lo acordado en San Andrés Larráinzar entre zapatistas y el gobierno federal-también concede un lugar central al tema de la autonomía. 2 En lo que estrictamente se refiere a la movilización indígena, los datos señalan que la autonomía comenzó a ubicarse en una posición privilegiada en la lista de reclamos indígenas hacia finales de la década de 1970 (Barre, 1983). Pero hacia finales de la década de 1980, el énfasis va siendo mayor, sobre todo en las vísperas del V centenario del desembarco europeo en América (Sarmiento, 1998). En 1992, los indígenas movilizados de la región latinoamericana, en un hecho sin