Consultas comunitarias

Este trabajo analiza las consultas comunitarias resultantes de conflictos socioambientales en Argentina, enmarcándolas en un boom de estas experiencias participativas en Latinoamérica. El objetivo es explicar las motivaciones que impulsan la realización de consultas comunitarias, y cuáles son sus efectos para las sociedades que participan y en la
institucionalidad ambiental. Nos basamos en 13 años de investigaciones sobre conflictividad socioambiental en Argentina, incluyendo trabajo de campo en diferentes localidades y análisis de diversas fuentes documentales. Analizamos en profundidad el caso de la consulta por minería en Loncopué, en 2012, la segunda consulta realizada en Argentina por este tema.

Aquí encuentran el Informe Especial No. 31 que se titula: "La travesía del Pueblo Xinka hacia el  proceso de Pre consulta: un camino  allanado por la fuerza de la lucha, la  organización y la movilización", producido por Rodrigo Batres Marroquín, integrante del Equipo de El Observador.

En este reciente material de El Observador, Rodrigo Batres describe y analiza la organización del proceso de Pre consulta y Consulta comunitaria a las comunidades y actores sociales en el margen de impacto del proyecto minero El Escobal operado por la Minera San Rafael, Sociedad Anónima (MINERASA), subsidiaria en Guatemala de la transnacional Pan American Silver, y cuyas operaciones están suspendidas por la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) del 3 de septiembre de 2018, en la cual esta alta Corte determinó, en los mismos términos en que en mayo de 2017 resolvió el amparo para el caso de los proyectos hidroeléctricos Oxec I y II, que debían realizarse los procesos de Pre consulta y Consulta pero que el proyecto minero El Escobal podrá reiniciar actividades hasta que los mismos se concreten.

En el análisis se evidencian las posiciones de las autoridades gubernamentales de intentar repetir específicamente lo que ha sucedido, tanto en el caso de los proyectos hidroeléctricos Oxec I y II, así como lo que sucedió recientemente en el caso del proceso de Pre consulta y Consulta para el caso del proyecto minero Fénix que opera la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) en el municipio de El Estor, Izabal, en el sentido que la Consulta Comunitaria únicamente pase a ser un mecanismo de "diálogo" y de trámite para legitimar las operaciones mineras, toda vez que, si bien las operaciones mineras están suspendidas desde entonces, este proceso ya no es previo, ni libre ni informado, tal como lo demanda el Convenio 169 de la OIT.

Sin embargo, en el caso de las comunidades xinkas que se han venido oponiendo al proyecto, el MEM, dirigido en el actual gobierno por el empresario vinculado a negocios de electricidad, Alberto Pimentel Mata, se ha encontrado con una organización fuerte y una posición muy clara de que el proyecto minero El Escobal y MINERASA deben irse porque son rechazados su presencia. El MEM ha intentado desde la gestión de Luis Chang Navarro, titular de esta cartera durante el gobierno de Jimmy Morales Cabrera y un abierto operador de las empresas, dividir a las comunidades en su posición de rechazo a las opraciones mineras, y debe recordarse que durante el gobierno de Otto Pérez Molina y el PP, hasta se implementó un Estado de Sitio para neutralizar la resistencia sin lograrlo.

Resultado de la tenacidad del pueblo Xinka, el proceso de pre consulta arrancó formalmente en mayo de 2021 y, a la fecha ha arribado a varios acuerdos para allanar el camino para concretarlo, del cual las expec tativas de los participantes no son las mismas, ya que, por un lado, el Estado y la transnacional minera Pan American Silver esperan que rinda los resultados necesarios para reiniciar las actividades extractivas del proyecto El Escobal; en tanto que el pueblo Xinka confía en que los diferentes estudios que se realicen, respalden su convicción de que el proyecto debe ser suspendido.

¿Qué pasará si como resultado del proceso de consulta la población Xinka ratifica su convicción de que este proyecto minero debe de ser suspendido definitivamente?

En todo caso, será la historia misma y la fuerza política y cultural del pueblo Xinka y no los términos en que la CC definió la consulta, los que tracen el futuro del proyecto minero El Escobal.

Esperamos que este Informe Especial contribuya a la formación política y aporte a un pensamiento crítico para la verdadera transformación de Guatemala.

El presente ensayo es una crítica sobre los procesos de criminalización de las resistencias comunitarias contra la imposición y el despojo que desde el Estado de Guatemala se impulsan y se sostienen en nombre del capitalismo occidental. Lo que se busca es revisar los mecanismos por los cuales se producen las totalizaciones que instalan públicamente como verdaderas las racionalidades que fundamentan las actividades extractivas, asimismo apuntamos a visibilizar todo aquello que la totalización excluye dentro de los procesos políticos y las relaciones sociales que el Estado condiciona en diferentes espacios-tiempos a través de acciones sociales violentas, tanto manifiestas como latentes, en contra de los pueblos en resistencia.

Presentación. En representación del Centro Legal de Defensores del Medio Ambiente, presento ante el V Encuentro Mesoamericano de la Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua-REDLAR-, el tema consulta comunitaria y participación democrática. El principal objetivo es poder trasladar la experiencia sobre las consultas comunitarias especialmente de Guatemala, las cuales se están constituyendo por un lado, en un movimiento social-comunitario, por ejemplo, en Guatemala se calcula que son más de 500,000 personas las que se han movilizado y votado; por el otro lado, ya es un cuerpo normativo en pleno desarrollo protegido por el derecho internacional de los derechos humanos en la región interamericana. En este contexto, la resistencia comunitaria que ha tomado forma regional en los últimos años, consolidándose a través de las consultas comunitarias-municipales, está generando una correlación de fuerzas sociales dirigida a equilibrar la relación de poder por la defensa de los territorios y recursos naturales. En el caso de la represa Xalalá a gran escala en Guatemala, dentro de las causas del fracaso de la licitación según declaraciones públicas, está la falta de control del gobierno sobre las comunidades del lugar, parece que las empresas no quisieron arriesgar su inversión. De la resistencia comunitaria debe partirse para la lucha contra el racismo para conservar la integridad de los territorios y sus recursos naturales. La resistencia comunitaria, adquiere el carácter de oposición política y jurídica, se constituye en una de las vertientes del derecho a la autodeterminación de los pueblos, exigiendo el reconocimiento a sus autogobiernos históricos, demostrando su capacidad para conservar los recursos naturales ecológicamente equilibrados. Mientras la ideología del racismo 3 persista en los Estados, las autorizaciones administrativas y judiciales que afecten los territorios y recursos naturales de los pueblos 1 Carlos Estuardo Loarca Solórzano, guatemalteco, Licenciado en ciencias jurídicas y sociales. Consultor del Centro Legal de Defensores del Medio Ambiente para el V Encuentro Mesoamericano REDLAR en Boquete, Panamá 22-25 de abril de 2009 http://www.edlc.org/es/ 2 http://www.redlar.org/ Consultada el lunes 20 de abril de 2009 a las 15:15 horas. 3 Todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la superioridad de determinados pueblos o personas o que la propugnan aduciendo razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas. Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Introducción Debido a la grave crisis por la que atraviesa el país, transparentada a partir del final del conflicto armado en cuanto al modelo político, jurídico, ideológico y económico del Estado de Guatemala y sus pueblos, se encuentra en constante pugna un nuevo contrato social de tipo incluyente, que pretende destruir el sistema excluyente socioeconómico, patriarcal y racista. El nuevo modelo defendido por las mayorías en contra de las oligarquías guatemaltecas, pretende de una vez por todas, imponer una verdadera democracia.