Principio de oportunidad

La cultura jurídica chilena ha construido la potestad sancionadora administrativa sobre la noción del ius puniendi estatal único. Este trabajo cuestiona esta idea, planteando una perspectiva responsiva que permite explicar los nuevos meca- nismos incorporados en esta área, tales como autodenuncias, programas de cum- plimientos o subsanación de infracciones.

Hoy en día es difícil pensar que el suicidio puede ser punible en un Estado democrático. Sin embargo, la legislación colombiana, sí sanciona al que ayuda al suicida o al que mata al que quiere morir. Esta situación plantea interrogantes dogmáticos muy interesantes que son explorados en este texto. En particular, se argumenta que a la persona no le es exigible otro actuar conforme a derecho, o, en su defecto, que de ser así, el juicio de reproche es de baja entidad. En consecuencia, dicho análisis se aplica a una figura procesal particular: el principio de oportunidad. Ello, pues, dicha figura es una expresión del carácter subsidiario y de última ratio del Derecho Penal.

Artículo reúne la doctrina procesal y ius filosófica de los principios procesales del sistema acusatorio, tales como: el principio acusatorio, principio de la titularidad fiscal de la persecución; principio de discrecionalidad; principio de oportunidad y legalidad; principio de inocencia, in dubio pro reo, proceso previo; control previo de la afectación de derechos; precisión de la imputación; indisponibilidad para la víctima; promoción de intereses de la víctima; control procesal mutuo; vinculación a la Constitución y tratados de DDHH; prontitud del juzgamiento, limitación de instrucción y concentración; contradictoriedad, igualdad y defensa procesal; publicidad; inmediatez; oralidad; rectoría del juicio; libertad de prueba; sana crítica; motivación de la sentencia; juicio de única instancia; garantía de ejecución de la pena;

Es indudable que el principio de oportunidad tiene difícil encaje en el Derecho procesal civil, eminentemente dispositivo en función de las máximas nemo iudex sine actore y ne eat iudex ultra petita partium, en correspondencia, en el campo del Derecho sustantivo privado, con el principio de autonomía de la voluntad. Sin embargo, existen procedimientos civiles de índole indisponible en razón de los derechos en ellos comprometidos como los especiales sobre capacidad de las personas y de menores que, por razón de la relación sustantiva sometida a decisión, requieren una especial intervención del Ministerio Fiscal y un pronunciamiento judicial que constituya una nueva situación jurídica de una persona en cumplimiento de la legislación procesal, por lo que quedan fuera de la órbita del principio dispositivo imperante en los procedimientos ordinarios. En estos procesos especiales nos centramos para descubrir si el principio de oportunidad nacido en el terreno penal es o no extrapolable al sistema procesal civil.

There is no doubt that the principle of opportunity is difficult to fit into the Law of civil procedure, which is essentially dispositive according to the maxims nemo iudex sine actore and ne eat iudex ultra petita partium, corresponding, in the field of substantive private Law, to the principle of parties’ autonomy. However, there are civil procedures that are not available because of the rights involved, such as special procedures relating to the capacity of persons and minors, which, because of the substantive relationship that is the subject of the decision, require special intervention by the Public Prosecutor's Office and a judicial ruling that constitutes a new legal situation for a person in compliance with procedural Law, and therefore fall outside the scope of the dispositive principle that prevails in ordinary procedures. In these special procedures we focus on whether or not the principle of opportunity born in the criminal field can be extrapolated to the civil procedural system.

En nuestro antiguo sistema inquisitivo, con las deficiencias propias y vulneración de garantías del procesado como objeto del procedimiento, la investigación o sumario, estaba siempre contenida por la decisión de condena del inculpado, como fin último del sistema. Los otros fines accesorios, como el aseguramiento de la persona del delincuente o sus bienes, giraban siempre en torno a este objetivo único de condena del procesado. Una diferencia notoria con el sistema antes aludido, está precisamente en esta discrecionalidad administrativa, no propia de un principio de legalidad extrema, en la cual se le encarga al ente investigador, en una primera etapa, la posibilidad de seleccionar aquellos casos que decide investigar, para luego, una vez tomada la decisión, elegir alguno de los objetivos propuestos.

La cultura jurídica chilena ha construido la potestad sancionadora administrativa sobre la noción del ius puniendi estatal único. Este trabajo cuestiona esta idea, planteando una perspectiva responsiva que permite explicar los nuevos meca- nismos incorporados en esta área, tales como autodenuncias, programas de cum- plimientos o subsanación de infracciones.